Ley de agroquímicos en Santa Fe genera fuerte debate
08:00 | 
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Entre insultos y sin consenso, avanzó la ley de agroquímicos en Diputados
Fecha de Publicación: 17/10/2015
Fuente: Rosario3
Provincia/Región: Santa Fe
El proyecto de la socialista Bertero obtuvo media sanción con 20 votos positivos, 13 negativos y 5 abstenciones. La iniciativa permite fumigaciones aéreas y terrestres, desde los 100 metros de una zona urbana. Malestar entre ambientalistas, que acusaron de “genocidio” a los legisladores. Crónica de una jornada caliente en Santa Fe
Domingo Rodríguez, Mingo, y su pareja Isabel Sánchez siguen la sesión de la Cámara de Diputados en la que se trata la regulación del uso de agroquímicos. Se asoman desde la barra mientras esperan que se vote esa ley. Ellos tienen un tambo y producen de manera agroecológica en un campo de 30 hectáreas que alquilan en Díaz, en el centro sur provincial. Pero son y fueron víctimas de las fumigaciones: hace doce años perdieron a Milagros, su hija que nació con una malformación severa, y Mingo dice que él se enfermó de los huesos por el veneno que tiran desde los campos vecinos.
Los dos militan en el colectivo “Paren de Fumigarnos”, que apoya una de las dos iniciativas que llegaron a la sesión de este jueves a la tarde. El proyecto de José María Tessa, que prohíbe las fumigaciones aéreas y pone como distancia mínima para las terrestres los 800 metros desde una zona urbana. La otra iniciativa, de la oficialista Inés Bertero, permite las aplicaciones aéreas desde los 800 metros y, por tierra, desde apenas 100.
Los ambientalistas comparten la barra con productores rurales y aeroaplicadores. Unos temen que el proyecto de Bertero sea ley. “Es regresivo, anticonstitucional y no proteje la salud, que es un derecho fundamental”, aseguran los primeros. Los otros, el de Tessa. “Nos restringe la capacidad de producir. El de Bertero es que el menos daño nos hace”, replica uno de los integrantes de Carsfe (la cámara que los nuclea). Pujan desde las gradas por dos iniciativas opuestas, por dos mundos distintos.
-¡Qué bárbaro! Tan poca gente decide sobre la vida de tantos-, interpela Alejandro Simbrón, otro militante de Paren de Fumigarnos, de barba y pelo largo vestido con un buzo, a un aeroaplicador. El hombre con chomba rosa, vaquero oscuro y zapatos mantiene el silencio.
Los dos, codo a codo en la barra, siguen mirando a los legisladores. Alejandro insiste y ahora enfoca al hombre de chomba rosa.
-Es tremendo, ¿no?
-Disculpame, estoy escuchando.
Mingo es testigo del cruce entre el ambientalista y el aeroaplicador. “Yo no habló con ellos. Está todo dicho. Son los kiosqueros de Monsanto”, define. Él y su mujer culpan a los agroquímicos por la muerte de Milagros, su hija que vivió sólo 27 días. Nació con “espina bífida dorsal”. “En lugar de la parte baja de la columna, tenía un hueco, ni piel, ni hueso. Nos dijeron que si vivía iba a ser un vegetal”, describe ella, cruda.
Son las 16.50. Los diputados se preparan para votar el proyecto de Bertero, que obtuvo despacho de mayoría en comisión. Se aprueba con 20 positivos (mayoría del Frente Progresista y el PRO), 13 negativos (Nuevo Encuentro, Movimiento Evita y el sector de Agustín Rossi) y cinco abstenciones.
Los productores y aeroaplicadores aplauden en la barra. “Ellos están contentos pero se están intoxicando también”, protesta Paulina Riera, del colectivo ambiental.
Justificaciones
Cuando empieza a hablar la socialista Bertero parece escuchar los insultos desde la barra. Son los segundos que ella recibe en una larga jornada. Los primeros fueron al mediodía, al salir de la comisión de Asuntos Constitucionales (un trámite que duró diez minutos). También hubo para Mario Lacava (PJ), Raúl Fernández (PRO), Ariel Bermúdez (CC-ARI) y Darío Boscarol (UCR), los otros firmantes, a quienes los ambientalistas responsabilizaron de “genocidio” y fomentar el cáncer (ver informe de Rosario3.com con mapa en Santa Fe). http://www.rosario3.com/noticias/Mapa-del-cancer-en-Santa-Fe-factor-ambiental-y-agroquimicos-en-debate-20150929-0045.html
Ahora, en su discurso en el recinto, Bertero reconoce que existe “una cuestión conflictiva de nuestro modelo productivo” y que “los agroquímicos en mayor o menor medida son tóxicos”.
Destaca que el texto introduce nuevos controles, la presencia de un veedor fitosanitario (ingenieros agrónomos) en las localidades pero en los dos puntos centrales no logró acuerdo y el texto quedó igual. El artículo 34 define que la zona libre de sustancias químicas será hasta los 100 metros si hay una cortina vegetal y si no, hasta los 200. Desde allí se podrá fumigar con herbicidas de “banda azul y verde”, entre ellos glifosato, que se utiliza para la soja transgénica, el principal problema de la región. El artículo 33 permite fumigaciones aéreas desde los 800 metros y hasta los 3000 con controles especiales.
Tessa, derrotado, da un discurso breve. “Acá hay dos valores en juego. La preservación de la vida, que considero el derecho más importante, y por otro lado la producción. Estamos retrocediendo frente a la ley vigente que es de 1995 y tiene 500 metros de resguardo. Este conflicto va a seguir”, recuerda y después sentencia: “En las orillas de los pueblos viven los más humildes”.
Otro silencio en el recinto. Nadie aplaude.
Después siguen reflexiones contradictorias, como la de Susana García (Frente Progresista) que habla de los millones de toneladas de granos (se esperan 247 para 2020), de los millones de hectáreas sembradas (se pasará de 33 actuales a 42 en 2020), del crecimiento del monocultivo, del desmonte, que comparte la defensa de la vida de Tessa “pero en esta ley hay avances y por eso la apoyamos”. Norberto Nicotra (Unión PRO) también vota a favor pero critica fuerte que los intendentes o presidentes comunales pueden modificar estos límites. “¿Entonces para qué lo votamos?”, se pregunta.
“¿Cómo puede ser que estamos todos de acuerdo que faltan controles, que falla la franja libre de agrotóxicos, pero ahora votamos una ley para que sea aún menor?”, plantea Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita (PJ). “Esto es regresivo y no es fruto del consenso. Esperemos que el Senado no lo apruebe”, añade. El también kirchnerista Leandro Busatto retoma esa idea y cuestiona el modelo sojero: “No podemos entregar los próximos 10 años con esta forma de producir e hipotecar los próximos 100 años. Años de enfermedad y abandono de la salud pública”.
Hay aplausos del otro sector de la barra. No de Isabel y Mingo, que se fueron hace rato. Cansados de esperar y sin fe. El tambero y productor agroecológico contó que él no va a dejar que lo sigan fumigando, que sus animales (tiene cerdos y gallinas) no seguirán comiendo glifosato. “Yo a las avioneta las corro a los tiros”, advirtió. La frase reciente de Tessa resuena: “Este conflicto va a seguir”.
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Fecha de Publicación: 17/10/2015
Fuente: Rosario3
Provincia/Región: Santa Fe
El proyecto de la socialista Bertero obtuvo media sanción con 20 votos positivos, 13 negativos y 5 abstenciones. La iniciativa permite fumigaciones aéreas y terrestres, desde los 100 metros de una zona urbana. Malestar entre ambientalistas, que acusaron de “genocidio” a los legisladores. Crónica de una jornada caliente en Santa Fe
Domingo Rodríguez, Mingo, y su pareja Isabel Sánchez siguen la sesión de la Cámara de Diputados en la que se trata la regulación del uso de agroquímicos. Se asoman desde la barra mientras esperan que se vote esa ley. Ellos tienen un tambo y producen de manera agroecológica en un campo de 30 hectáreas que alquilan en Díaz, en el centro sur provincial. Pero son y fueron víctimas de las fumigaciones: hace doce años perdieron a Milagros, su hija que nació con una malformación severa, y Mingo dice que él se enfermó de los huesos por el veneno que tiran desde los campos vecinos.
Los dos militan en el colectivo “Paren de Fumigarnos”, que apoya una de las dos iniciativas que llegaron a la sesión de este jueves a la tarde. El proyecto de José María Tessa, que prohíbe las fumigaciones aéreas y pone como distancia mínima para las terrestres los 800 metros desde una zona urbana. La otra iniciativa, de la oficialista Inés Bertero, permite las aplicaciones aéreas desde los 800 metros y, por tierra, desde apenas 100.
Los ambientalistas comparten la barra con productores rurales y aeroaplicadores. Unos temen que el proyecto de Bertero sea ley. “Es regresivo, anticonstitucional y no proteje la salud, que es un derecho fundamental”, aseguran los primeros. Los otros, el de Tessa. “Nos restringe la capacidad de producir. El de Bertero es que el menos daño nos hace”, replica uno de los integrantes de Carsfe (la cámara que los nuclea). Pujan desde las gradas por dos iniciativas opuestas, por dos mundos distintos.
-¡Qué bárbaro! Tan poca gente decide sobre la vida de tantos-, interpela Alejandro Simbrón, otro militante de Paren de Fumigarnos, de barba y pelo largo vestido con un buzo, a un aeroaplicador. El hombre con chomba rosa, vaquero oscuro y zapatos mantiene el silencio.
Los dos, codo a codo en la barra, siguen mirando a los legisladores. Alejandro insiste y ahora enfoca al hombre de chomba rosa.
-Es tremendo, ¿no?
-Disculpame, estoy escuchando.
Mingo es testigo del cruce entre el ambientalista y el aeroaplicador. “Yo no habló con ellos. Está todo dicho. Son los kiosqueros de Monsanto”, define. Él y su mujer culpan a los agroquímicos por la muerte de Milagros, su hija que vivió sólo 27 días. Nació con “espina bífida dorsal”. “En lugar de la parte baja de la columna, tenía un hueco, ni piel, ni hueso. Nos dijeron que si vivía iba a ser un vegetal”, describe ella, cruda.
Son las 16.50. Los diputados se preparan para votar el proyecto de Bertero, que obtuvo despacho de mayoría en comisión. Se aprueba con 20 positivos (mayoría del Frente Progresista y el PRO), 13 negativos (Nuevo Encuentro, Movimiento Evita y el sector de Agustín Rossi) y cinco abstenciones.
Los productores y aeroaplicadores aplauden en la barra. “Ellos están contentos pero se están intoxicando también”, protesta Paulina Riera, del colectivo ambiental.
Justificaciones
Cuando empieza a hablar la socialista Bertero parece escuchar los insultos desde la barra. Son los segundos que ella recibe en una larga jornada. Los primeros fueron al mediodía, al salir de la comisión de Asuntos Constitucionales (un trámite que duró diez minutos). También hubo para Mario Lacava (PJ), Raúl Fernández (PRO), Ariel Bermúdez (CC-ARI) y Darío Boscarol (UCR), los otros firmantes, a quienes los ambientalistas responsabilizaron de “genocidio” y fomentar el cáncer (ver informe de Rosario3.com con mapa en Santa Fe). http://www.rosario3.com/noticias/Mapa-del-cancer-en-Santa-Fe-factor-ambiental-y-agroquimicos-en-debate-20150929-0045.html
Ahora, en su discurso en el recinto, Bertero reconoce que existe “una cuestión conflictiva de nuestro modelo productivo” y que “los agroquímicos en mayor o menor medida son tóxicos”.
Destaca que el texto introduce nuevos controles, la presencia de un veedor fitosanitario (ingenieros agrónomos) en las localidades pero en los dos puntos centrales no logró acuerdo y el texto quedó igual. El artículo 34 define que la zona libre de sustancias químicas será hasta los 100 metros si hay una cortina vegetal y si no, hasta los 200. Desde allí se podrá fumigar con herbicidas de “banda azul y verde”, entre ellos glifosato, que se utiliza para la soja transgénica, el principal problema de la región. El artículo 33 permite fumigaciones aéreas desde los 800 metros y hasta los 3000 con controles especiales.
Tessa, derrotado, da un discurso breve. “Acá hay dos valores en juego. La preservación de la vida, que considero el derecho más importante, y por otro lado la producción. Estamos retrocediendo frente a la ley vigente que es de 1995 y tiene 500 metros de resguardo. Este conflicto va a seguir”, recuerda y después sentencia: “En las orillas de los pueblos viven los más humildes”.
Otro silencio en el recinto. Nadie aplaude.
Después siguen reflexiones contradictorias, como la de Susana García (Frente Progresista) que habla de los millones de toneladas de granos (se esperan 247 para 2020), de los millones de hectáreas sembradas (se pasará de 33 actuales a 42 en 2020), del crecimiento del monocultivo, del desmonte, que comparte la defensa de la vida de Tessa “pero en esta ley hay avances y por eso la apoyamos”. Norberto Nicotra (Unión PRO) también vota a favor pero critica fuerte que los intendentes o presidentes comunales pueden modificar estos límites. “¿Entonces para qué lo votamos?”, se pregunta.
“¿Cómo puede ser que estamos todos de acuerdo que faltan controles, que falla la franja libre de agrotóxicos, pero ahora votamos una ley para que sea aún menor?”, plantea Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita (PJ). “Esto es regresivo y no es fruto del consenso. Esperemos que el Senado no lo apruebe”, añade. El también kirchnerista Leandro Busatto retoma esa idea y cuestiona el modelo sojero: “No podemos entregar los próximos 10 años con esta forma de producir e hipotecar los próximos 100 años. Años de enfermedad y abandono de la salud pública”.
Hay aplausos del otro sector de la barra. No de Isabel y Mingo, que se fueron hace rato. Cansados de esperar y sin fe. El tambero y productor agroecológico contó que él no va a dejar que lo sigan fumigando, que sus animales (tiene cerdos y gallinas) no seguirán comiendo glifosato. “Yo a las avioneta las corro a los tiros”, advirtió. La frase reciente de Tessa resuena: “Este conflicto va a seguir”.
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Agrotóxicos: denuncian alta incidencia de cáncer
Los agrotóxicos bajo la lupa
Fecha de Publicación: 17/10/2015
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Son profesionales de la salud que trabajan en poblaciones cercanas a las fumigaciones. Denuncian que allí una de cada tres muertes es por cáncer. Desde hoy y hasta el sábado presentarán las nuevas investigaciones y expondrán testimonios de los damnificados.
En Argentina cerca de 12 millones de personas sufren 50 fumigaciones de agrotóxicos al año por vivir en pueblos próximos a los 20 millones de hectáreas de monocultivos. Allí, una de cada tres muertes es por cáncer y en algunos pueblos la cifra alcanza una de cada dos, en lo que los médicos regionales califican de “verdadera epidemia” de esta enfermedad. La Red de Médicos de Pueblos Fumigados presentará entre hoy y el sábado los resultados de este y otros estudios sobre los efectos de los agrotóxicos en la salud. La difusión será durante el Tercer Congreso de Médicos de Pueblos Fumigados que se realizará en conjunto con universidades como las de Córdoba, Rosario y este año la de Buenos Aires.
“Es necesario traer esta información hacia las ciudades y la academia”, explicó a Página/12 el médico pediatra y neonatólogo Medardo Avila Vázquez, que coordina la Red Universitaria de Ambiente y Salud e integra la red de Médicos de Pueblos Fumigados. El miembro del equipo organizador del congreso explicó que el objetivo de este año es “centralizar la información que hemos recabado sobre el impacto de los agroquímicos en los pueblos rurales. Hay datos epidemiológicos y trece papers que publicaron nuestros compañeros del Conicet que prueban que el glifosato afecta la estructura de las células de humanos y otros animales que son fumigados”, agregó.
El congreso se realizará entre hoy y el sábado en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la UBA y reunirá “datos científicos sobre el efecto de los agrotóxicos. Pero también será una oportunidad para conocer los testimonios reales de aquellos que han visto su salud y la de sus seres queridos deteriorarse cada vez más por el sólo hecho de vivir en pueblos próximos a los monocultivos”, relató Avila Vázquez.
Según el médico, “cuesta hacer circular esta información. Es un trabajo doble porque es enorme la cantidad de dinero que Monsanto destina para estafar a los pueblos con falsas pruebas o investigaciones que apuntan a demostrar que el glifosato no hace daño a la salud”. Además, está “probado que en los poblados próximos a las áreas fumigadas el número de muertes por cáncer, que en el país es de 1 cada 5, se eleva a una cada tres y llega a una cada dos en los casos más graves”. Según el pediatra, hay una “verdadera epidemia de cáncer en algunos pueblos y el uso de agrotóxicos sigue en aumento”.
Argentina es una de las naciones que más consume estos agroquímicos: “A diferencia de otros países donde el límite establecido es de tres litros por hectárea, aquí se utilizan hasta doce” y en total son “200 millones de litros de glifosato los que se usan anualmente, lo que es igual a cinco litros por habitante al año”, agregó el especialista. Además, señaló que “las plagas desarrollan una resistencia, por lo que el uso de agrotóxicos aumenta cada vez más”.
Avila Vázquez expresó que si bien es muy importante para la sustentabilidad del país sostener el negocio agrícola, esto se torna de “enorme gravedad para el ámbito sanitario con el uso de químicos. Vimos hace poco en el congreso de Agroecología que existen alternativas”.
En el congreso se presentarán “pruebas de que los agrotóxicos son verdaderamente nocivos también para los alimentos que llegan a las ciudades como el arroz, la leche en polvo y otros muchos alimentos se contaminan. Si bien son los pueblos que reciben la nube tóxica quienes están en la trinchera y se enferman inmediatamente, es algo que afecta a toda la población”, amplió Avila Vázquez.
El neonatólogo agregó que “los agroquímicos son el diez por ciento del negocio. Desde el área de salud queremos alertar que nos están enfermando, contaminándonos y que esto aumenta todos los años. Este año el uso de agroquímicos aumentó un 11 por ciento, en paralelo aumentaron los casos de cáncer”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 17/10/2015
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Son profesionales de la salud que trabajan en poblaciones cercanas a las fumigaciones. Denuncian que allí una de cada tres muertes es por cáncer. Desde hoy y hasta el sábado presentarán las nuevas investigaciones y expondrán testimonios de los damnificados.
En Argentina cerca de 12 millones de personas sufren 50 fumigaciones de agrotóxicos al año por vivir en pueblos próximos a los 20 millones de hectáreas de monocultivos. Allí, una de cada tres muertes es por cáncer y en algunos pueblos la cifra alcanza una de cada dos, en lo que los médicos regionales califican de “verdadera epidemia” de esta enfermedad. La Red de Médicos de Pueblos Fumigados presentará entre hoy y el sábado los resultados de este y otros estudios sobre los efectos de los agrotóxicos en la salud. La difusión será durante el Tercer Congreso de Médicos de Pueblos Fumigados que se realizará en conjunto con universidades como las de Córdoba, Rosario y este año la de Buenos Aires.
“Es necesario traer esta información hacia las ciudades y la academia”, explicó a Página/12 el médico pediatra y neonatólogo Medardo Avila Vázquez, que coordina la Red Universitaria de Ambiente y Salud e integra la red de Médicos de Pueblos Fumigados. El miembro del equipo organizador del congreso explicó que el objetivo de este año es “centralizar la información que hemos recabado sobre el impacto de los agroquímicos en los pueblos rurales. Hay datos epidemiológicos y trece papers que publicaron nuestros compañeros del Conicet que prueban que el glifosato afecta la estructura de las células de humanos y otros animales que son fumigados”, agregó.
El congreso se realizará entre hoy y el sábado en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la UBA y reunirá “datos científicos sobre el efecto de los agrotóxicos. Pero también será una oportunidad para conocer los testimonios reales de aquellos que han visto su salud y la de sus seres queridos deteriorarse cada vez más por el sólo hecho de vivir en pueblos próximos a los monocultivos”, relató Avila Vázquez.
Según el médico, “cuesta hacer circular esta información. Es un trabajo doble porque es enorme la cantidad de dinero que Monsanto destina para estafar a los pueblos con falsas pruebas o investigaciones que apuntan a demostrar que el glifosato no hace daño a la salud”. Además, está “probado que en los poblados próximos a las áreas fumigadas el número de muertes por cáncer, que en el país es de 1 cada 5, se eleva a una cada tres y llega a una cada dos en los casos más graves”. Según el pediatra, hay una “verdadera epidemia de cáncer en algunos pueblos y el uso de agrotóxicos sigue en aumento”.
Argentina es una de las naciones que más consume estos agroquímicos: “A diferencia de otros países donde el límite establecido es de tres litros por hectárea, aquí se utilizan hasta doce” y en total son “200 millones de litros de glifosato los que se usan anualmente, lo que es igual a cinco litros por habitante al año”, agregó el especialista. Además, señaló que “las plagas desarrollan una resistencia, por lo que el uso de agrotóxicos aumenta cada vez más”.
Avila Vázquez expresó que si bien es muy importante para la sustentabilidad del país sostener el negocio agrícola, esto se torna de “enorme gravedad para el ámbito sanitario con el uso de químicos. Vimos hace poco en el congreso de Agroecología que existen alternativas”.
En el congreso se presentarán “pruebas de que los agrotóxicos son verdaderamente nocivos también para los alimentos que llegan a las ciudades como el arroz, la leche en polvo y otros muchos alimentos se contaminan. Si bien son los pueblos que reciben la nube tóxica quienes están en la trinchera y se enferman inmediatamente, es algo que afecta a toda la población”, amplió Avila Vázquez.
El neonatólogo agregó que “los agroquímicos son el diez por ciento del negocio. Desde el área de salud queremos alertar que nos están enfermando, contaminándonos y que esto aumenta todos los años. Este año el uso de agroquímicos aumentó un 11 por ciento, en paralelo aumentaron los casos de cáncer”, concluyó.
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Misiones apuesta a más seguridad en sus PN
Ecología fortalece políticas de seguridad para los parques provinciales
Fecha de Publicación: 16/10/2015
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Con la participación de un oferente se realizó en las dependencias del Servicio Administrativo del Ministerio de Ecología y RNR, la apertura de sobres para el llamado a Licitación Pública para la instalación de antenas receptoras de frecuencia VHF para el Sistema de Áreas Naturales protegidas de la provincia de Misiones.
Este mejoramiento tanto en lo comunicacional como en infraestructura y mejor servicio están enmarcadas en las políticas de fortalecimiento para que los Guardaparques puedan desarrollar las actividades de manera eficiente y asegurar su integridad y por sobre todo la de los visitantes a estas áreas, dado que en el caso de llegar a una situación de emergencia es clave contar con comunicación, principalmente al hablar de lugares aislados de centros comunitarios y de señales telefónicas. Por otra parte las tareas de instalación comenzarían en el periodo 30 días, y en un periodo no mayor a 120 días estaría funcionando a pleno en todo el sistema de área protegida de la provincia, incluyendo la sede central del Ministerio de Ecología en la ciudad de Posadas. El valor total del pliego fue de tres millones setecientos setenta y cinco mil pesos.
Con estos equipos de última generación se complementa el equipo existente en base a antenas, torres, bases y repetidoras para destacamentos, equipos móviles para los vehículos y equipos portátiles (handies) para los Guardaparques, cuando se encuentren desarrollando actividades caminando dentro y fuera de las áreas, principalmente en operativos de control y fiscalización entre otras. Los equipos son todos VHF marca kenwood. De esta manera a partir de esta decisión del gobierno provincial a través del Ministerio de Ecología, permitirá tener comunicación en diferentes puntos de la provincia de manera eficiente e inmediata y en tiempo real.
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Fecha de Publicación: 16/10/2015
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Con la participación de un oferente se realizó en las dependencias del Servicio Administrativo del Ministerio de Ecología y RNR, la apertura de sobres para el llamado a Licitación Pública para la instalación de antenas receptoras de frecuencia VHF para el Sistema de Áreas Naturales protegidas de la provincia de Misiones.
Este mejoramiento tanto en lo comunicacional como en infraestructura y mejor servicio están enmarcadas en las políticas de fortalecimiento para que los Guardaparques puedan desarrollar las actividades de manera eficiente y asegurar su integridad y por sobre todo la de los visitantes a estas áreas, dado que en el caso de llegar a una situación de emergencia es clave contar con comunicación, principalmente al hablar de lugares aislados de centros comunitarios y de señales telefónicas. Por otra parte las tareas de instalación comenzarían en el periodo 30 días, y en un periodo no mayor a 120 días estaría funcionando a pleno en todo el sistema de área protegida de la provincia, incluyendo la sede central del Ministerio de Ecología en la ciudad de Posadas. El valor total del pliego fue de tres millones setecientos setenta y cinco mil pesos.
Con estos equipos de última generación se complementa el equipo existente en base a antenas, torres, bases y repetidoras para destacamentos, equipos móviles para los vehículos y equipos portátiles (handies) para los Guardaparques, cuando se encuentren desarrollando actividades caminando dentro y fuera de las áreas, principalmente en operativos de control y fiscalización entre otras. Los equipos son todos VHF marca kenwood. De esta manera a partir de esta decisión del gobierno provincial a través del Ministerio de Ecología, permitirá tener comunicación en diferentes puntos de la provincia de manera eficiente e inmediata y en tiempo real.
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La Rioja: represión a manifestantes contra minería
Reprimieron a manifestantes y a un diputado en Famatina
Fecha de Publicación: 16/10/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: La Rioja
Protestaban contra la minera instalada en La Rioja. La Policía de esa provincia reprimió con gases y balas de goma.
La policía de La Rioja reprimió con gases y balas de goma a vecinos de Famatina y dirigentes políticos que intentaban avanzar hacia un emprendimiento minero para reclamar su desmantelamiento, lo que dejó como saldo dos heridos leves, entre ellos el diputado nacional radical Julio Martínez.
Así lo aseguró la diputada provincial y asambleísta contra la minería Lucía Ávila, en declaraciones radiales, quien se encontraba esta mañana en la pequeña localidad de Angulo, a 300 kilómetros de la capital provincial, donde se encuentra un corte de ruta desde hace cinco días, en rechazo de la minera salteña Midais.
Ávila relató, en declaraciones a FM América de la ciudad de La Rioja, que esta mañana "32 policías dispararon balas de goma y gases contra vecinos que intentaban llegar" al campamento de la minera salteña, situado a unos 2.000 metros de altura en el cordón del Famatina, desde la localidad de Angulo, que se encuentra en el cruce de la ruta nacional 78 y río Blanco.
La legisladora relató que se habían convocado decenas de vecinos decididos a ir hasta la minera, pese a que hay 25 personas de los asambleístas antiminería con orden judicial de no acercarse a menos de 3.000 metros del campamento.
La legisladora aseguró que algunos manifestantes, muchos de ellos mujeres y niños, lograron pasar "el primer grupo policial, pero recibieron balas de goma y gases".
De todas formas, señaló, todas las personas permanecían en el corte de ruta.
Como consecuencia de la represión, el diputado Martínez, de Fuerza Cívica Riojana, sufrió una herida leve en una oreja, en tanto que también el empresario Paulo D'Alessandro sufrió una lesión, dijo Ávila.
Tras la represión los manifestantes ingresaron camionetas y un jeep al cauce del río Blanco para evacuar a los afectados.
"El gobernador Luis Beder Herrera debe entender que la decisión es defender el agua y la vida. Por más que repriman, la gente no se va a ir" advirtió la diputada provincial.
En tanto, la Asamblea Riojana Capital convocó a movilizarse hoy a las 19 frente a la Casa de Gobierno de la provincia, en la capital, para repudiar la represión y ratificar que "el Famatina y el río Blanco no se tocan y la gente tampoco", informó.
Más Información:
Video: así fue la represión policial contra antimineros
Diputado radical denunció haber sido baleado en una protesta anti-minera
Diputado denunció haber sido baleado en una protesta anti-minera
Reprimieron protesta anti-minera en Famatina: el diputado radical Martínez resultó herido
"Esta empresa minera tiene que dar explicaciones", dijo el intendente de Famatina
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Fecha de Publicación: 16/10/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: La Rioja
Protestaban contra la minera instalada en La Rioja. La Policía de esa provincia reprimió con gases y balas de goma.
La policía de La Rioja reprimió con gases y balas de goma a vecinos de Famatina y dirigentes políticos que intentaban avanzar hacia un emprendimiento minero para reclamar su desmantelamiento, lo que dejó como saldo dos heridos leves, entre ellos el diputado nacional radical Julio Martínez.
Así lo aseguró la diputada provincial y asambleísta contra la minería Lucía Ávila, en declaraciones radiales, quien se encontraba esta mañana en la pequeña localidad de Angulo, a 300 kilómetros de la capital provincial, donde se encuentra un corte de ruta desde hace cinco días, en rechazo de la minera salteña Midais.
Ávila relató, en declaraciones a FM América de la ciudad de La Rioja, que esta mañana "32 policías dispararon balas de goma y gases contra vecinos que intentaban llegar" al campamento de la minera salteña, situado a unos 2.000 metros de altura en el cordón del Famatina, desde la localidad de Angulo, que se encuentra en el cruce de la ruta nacional 78 y río Blanco.
La legisladora relató que se habían convocado decenas de vecinos decididos a ir hasta la minera, pese a que hay 25 personas de los asambleístas antiminería con orden judicial de no acercarse a menos de 3.000 metros del campamento.
La legisladora aseguró que algunos manifestantes, muchos de ellos mujeres y niños, lograron pasar "el primer grupo policial, pero recibieron balas de goma y gases".
De todas formas, señaló, todas las personas permanecían en el corte de ruta.
Como consecuencia de la represión, el diputado Martínez, de Fuerza Cívica Riojana, sufrió una herida leve en una oreja, en tanto que también el empresario Paulo D'Alessandro sufrió una lesión, dijo Ávila.
Tras la represión los manifestantes ingresaron camionetas y un jeep al cauce del río Blanco para evacuar a los afectados.
"El gobernador Luis Beder Herrera debe entender que la decisión es defender el agua y la vida. Por más que repriman, la gente no se va a ir" advirtió la diputada provincial.
En tanto, la Asamblea Riojana Capital convocó a movilizarse hoy a las 19 frente a la Casa de Gobierno de la provincia, en la capital, para repudiar la represión y ratificar que "el Famatina y el río Blanco no se tocan y la gente tampoco", informó.
Más Información:
Video: así fue la represión policial contra antimineros
Diputado radical denunció haber sido baleado en una protesta anti-minera
Diputado denunció haber sido baleado en una protesta anti-minera
Reprimieron protesta anti-minera en Famatina: el diputado radical Martínez resultó herido
"Esta empresa minera tiene que dar explicaciones", dijo el intendente de Famatina
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El río Uruguay contaminado con 200.000 litros de gasoil
Ambientalistas advierten sobre 'visiones economicistas' y falta de políticas para proteger el río Uruguay
Fecha de Publicación: 16/10/2015
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
El derrame de 200.000 litros de gasoil en el río Uruguay a la altura de Paysandú, ocurrido el 2 de octubre, sumó un agravante más a una serie de situaciones que afectan al río Uruguay y su biodiversidad. El integrante de la Asamblea Ambiental de Colón, Carlos Serrati advirtió a AIM que “no existen políticas que preserven la calidad del agua del río” frente a “visiones economicistas que tienen que ver con el usufructo del río y el rendimiento económico que este puede
Las autoridades involucradas en la investigación del hecho y en las medidas necesarias para evitar que el combustible líquido contamine las zonas de tomas de las plantas de agua potable, hacen referencia al “accidente” ocurrido el 2 de octubre en Paysandú y cómo. En las últimas horas, La Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) señaló que la mancha de combustible se desplaza hacia el sur, a unos 400 metros de la costa y que se trabaja en la colocación de una barrera absorbente en la boca del arroyo La Curtiembre para evitar el escurrimiento de residuos oleosos.
Sin embargo, hay una realidad que tiene que ver con las permanentes consecuencias que -a esta altura de las circunstancias- que genera el usufructo económico del río, con efectos que a esta altura deberían dejar de considerarse colaterales sino más bien inherentes a determinados emprendimientos y formas de explotar el recurso natural.
El integrante de la Asamblea Ambiental de Colón, Carlos Serratti, dijo a AIM que el derrame sucedió “aguas abajo de Colón y las condiciones de ese momento, con el río crecido y una fuerte correntada hacia el sur, hicieron que no subiera el agua, porque a veces el río corre en sentido inverso, de sur a norte, de acuerdo a las características que tiene el Uruguay en esta zona”.
Sin embargo, más allá de la situación puntual admitió que “la preocupación más grave es la fragilidad que tiene el río Uruguay en cuanto a que este tipo de cosas sucedan y que se agregan a otras tantas más” y, en ese marco, hizo referencia al estudio de la Universidad nacional de Entre Ríos (Uner) sobre los efectos de los plaguicidas en el lago de Salto Grande, con numerosos casos de cáncer detectados.
“Nosotros estamos aguas abajo de Salto Grande y esas consecuencias las vivimos casi a diario. Por ejemplo, la plata de agua potable de Colón toma agua del río y no sabemos si está diseñada para este tipo de productos”, sostuvo el ambientalista que agregó que la situación se agrava si se consideran los derrames y “el fenómeno de las crecientes que arrastran un montón de sustancias que se generan en los campos agrícolas” y también a los vertidos de Botnia cerca de la toma de la planta de agua potable de Fray Bentos.
Expresando una lectura general de la problemática, Serratti explicó que la visión de la asamblea “va más allá de un hecho simple y puntual o de características accidentales, sino que tiene que ver con una visión que hay sobre el río Uruguay de usufructo de sus aguas y de su curso. Esto es lo que está poniendo en riesgo de la población”.
“Hay varias cosas que se va sumando sobre nuestro querido río Uruguay que las vemos con cierta impotencia”, reconoció y frente a eso no se observan políticas activas y sistemáticas que ataquen la problemática: “nosotros vemos que, más allá de las intencionalidades que se muestran en los discursos, este es un río internacional donde no existen políticas que preserven nuestra situación. Venimos sufriendo la contaminación de empresas que están a la vera del río del lado argentino sin que el Estado provincial ni las jurisdicciones nacionales intervenga en tiempo y forma”.
“Lo que percibimos es que hay una dejadez y una actitud de desidia en cuanto la calidad del agua del río Uruguay y de su biodiversidad”, dijo Serrati mientras nota con preocupación el avance de “visiones economicistas que tienen que ver con el usufructo del río y el rendimiento económico que este puede llegar a generar, sin visualizar otros aspectos que hacen a la calidad de las aguas del río y su sanidad, puesto que muchas comunidades toman el agua que distribuyen en las redes de las aguas del río”.
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Fecha de Publicación: 16/10/2015
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
El derrame de 200.000 litros de gasoil en el río Uruguay a la altura de Paysandú, ocurrido el 2 de octubre, sumó un agravante más a una serie de situaciones que afectan al río Uruguay y su biodiversidad. El integrante de la Asamblea Ambiental de Colón, Carlos Serrati advirtió a AIM que “no existen políticas que preserven la calidad del agua del río” frente a “visiones economicistas que tienen que ver con el usufructo del río y el rendimiento económico que este puede
Las autoridades involucradas en la investigación del hecho y en las medidas necesarias para evitar que el combustible líquido contamine las zonas de tomas de las plantas de agua potable, hacen referencia al “accidente” ocurrido el 2 de octubre en Paysandú y cómo. En las últimas horas, La Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) señaló que la mancha de combustible se desplaza hacia el sur, a unos 400 metros de la costa y que se trabaja en la colocación de una barrera absorbente en la boca del arroyo La Curtiembre para evitar el escurrimiento de residuos oleosos.
Sin embargo, hay una realidad que tiene que ver con las permanentes consecuencias que -a esta altura de las circunstancias- que genera el usufructo económico del río, con efectos que a esta altura deberían dejar de considerarse colaterales sino más bien inherentes a determinados emprendimientos y formas de explotar el recurso natural.
El integrante de la Asamblea Ambiental de Colón, Carlos Serratti, dijo a AIM que el derrame sucedió “aguas abajo de Colón y las condiciones de ese momento, con el río crecido y una fuerte correntada hacia el sur, hicieron que no subiera el agua, porque a veces el río corre en sentido inverso, de sur a norte, de acuerdo a las características que tiene el Uruguay en esta zona”.
Sin embargo, más allá de la situación puntual admitió que “la preocupación más grave es la fragilidad que tiene el río Uruguay en cuanto a que este tipo de cosas sucedan y que se agregan a otras tantas más” y, en ese marco, hizo referencia al estudio de la Universidad nacional de Entre Ríos (Uner) sobre los efectos de los plaguicidas en el lago de Salto Grande, con numerosos casos de cáncer detectados.
“Nosotros estamos aguas abajo de Salto Grande y esas consecuencias las vivimos casi a diario. Por ejemplo, la plata de agua potable de Colón toma agua del río y no sabemos si está diseñada para este tipo de productos”, sostuvo el ambientalista que agregó que la situación se agrava si se consideran los derrames y “el fenómeno de las crecientes que arrastran un montón de sustancias que se generan en los campos agrícolas” y también a los vertidos de Botnia cerca de la toma de la planta de agua potable de Fray Bentos.
Expresando una lectura general de la problemática, Serratti explicó que la visión de la asamblea “va más allá de un hecho simple y puntual o de características accidentales, sino que tiene que ver con una visión que hay sobre el río Uruguay de usufructo de sus aguas y de su curso. Esto es lo que está poniendo en riesgo de la población”.
“Hay varias cosas que se va sumando sobre nuestro querido río Uruguay que las vemos con cierta impotencia”, reconoció y frente a eso no se observan políticas activas y sistemáticas que ataquen la problemática: “nosotros vemos que, más allá de las intencionalidades que se muestran en los discursos, este es un río internacional donde no existen políticas que preserven nuestra situación. Venimos sufriendo la contaminación de empresas que están a la vera del río del lado argentino sin que el Estado provincial ni las jurisdicciones nacionales intervenga en tiempo y forma”.
“Lo que percibimos es que hay una dejadez y una actitud de desidia en cuanto la calidad del agua del río Uruguay y de su biodiversidad”, dijo Serrati mientras nota con preocupación el avance de “visiones economicistas que tienen que ver con el usufructo del río y el rendimiento económico que este puede llegar a generar, sin visualizar otros aspectos que hacen a la calidad de las aguas del río y su sanidad, puesto que muchas comunidades toman el agua que distribuyen en las redes de las aguas del río”.
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Riachuelo: terminó la misión del Banco Mundial
Finalizó la misión del Banco Mundial por el saneamiento del Riachuelo
Fecha de Publicación: 16/10/2015
Fuente: Diario La Ciudad de Avellaneda
Provincia/Región: Riachuelo
Con una navegación por el Riachuelo y una recorrida por obras en Avellaneda, Lanús y la Ciudad de Buenos Aires finalizó la misión del Banco Mundial que supervisó el avance de las gestiones para la construcción del Colector Margen Izquierdo y el parque Curtidor ACUBA, en Lanús.
La comitiva del organismo internacional estuvo encabezada por la Directora Global de Medio Ambiente, Paula Caballero y participaron de la recorrida las máximas autoridades de ACUMAR, Gerardo López Arrojo y Ricardo Jilek, el Juez Federal de Morón, Jorge Rodríguez, el Intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi y el Secretario de Justicia de la Nación y candidato a intendente de Lanús, Julián Álvarez.
La jornada comenzó en Vuelta de Rocha, en La Boca, donde los técnicos del Banco Mundial se embarcaron junto a autoridades de ACUMAR, AySA y el Juzgado para recorrer por el lecho del río las obra de limpieza de márgenes, liberación de camino de sirga, relocalización de villas, remoción de buques y limpieza de espejo de agua, hasta el puente Alsina, para luego volver hasta el club Regatas de Avellaneda, donde se recorrieron las obras del museo del Riachuelo y la Facultad de Ciencias Ambientales para finalizar a 50 metros en el edificio donde funcionará el Centro Integral de Monitoreo de Calidad Ambiental (CIMCA).
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Fecha de Publicación: 16/10/2015
Fuente: Diario La Ciudad de Avellaneda
Provincia/Región: Riachuelo
Con una navegación por el Riachuelo y una recorrida por obras en Avellaneda, Lanús y la Ciudad de Buenos Aires finalizó la misión del Banco Mundial que supervisó el avance de las gestiones para la construcción del Colector Margen Izquierdo y el parque Curtidor ACUBA, en Lanús.
La comitiva del organismo internacional estuvo encabezada por la Directora Global de Medio Ambiente, Paula Caballero y participaron de la recorrida las máximas autoridades de ACUMAR, Gerardo López Arrojo y Ricardo Jilek, el Juez Federal de Morón, Jorge Rodríguez, el Intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi y el Secretario de Justicia de la Nación y candidato a intendente de Lanús, Julián Álvarez.
La jornada comenzó en Vuelta de Rocha, en La Boca, donde los técnicos del Banco Mundial se embarcaron junto a autoridades de ACUMAR, AySA y el Juzgado para recorrer por el lecho del río las obra de limpieza de márgenes, liberación de camino de sirga, relocalización de villas, remoción de buques y limpieza de espejo de agua, hasta el puente Alsina, para luego volver hasta el club Regatas de Avellaneda, donde se recorrieron las obras del museo del Riachuelo y la Facultad de Ciencias Ambientales para finalizar a 50 metros en el edificio donde funcionará el Centro Integral de Monitoreo de Calidad Ambiental (CIMCA).
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Represas en el río Santa Cruz con otra acción en CSJ
Segunda acción en la Corte Suprema por las represas
Fecha de Publicación:15/10/2015
Fuente: ahoracalafate.com.ar
Provincia/Región: Santa Cruz
La entidad ecologista Banco de Bosques presentó un segundo amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pidiendo que se revea la realización del ESTUDIO DE Impacto Ambiental de la obra de las dos represas que empiezan a construirse sobre el río Santa Cruz.
El máximo órgano judicial ya aceptó un planteo parecido de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, a fines del año pasado, aunque aún no resuelve en consecuencia.
Ahora, Banco de Bosques hizo una segunda presentación, con el patrocinio del constitucionalista Daniel Sabsay.
La Acción de Amparo tiene su base en la opinión de esa organización sobre que las represas “destruirán sitios naturales irreemplazables, y pondrán en riesgo la dinámica del glaciar Perito Moreno”.
Al entender de los ecologistas, el daño que causaran las represas sobre el hábitat de especies, su posible daño a los glaciares, y afectación sobre la reserva Laguna Nimez, no está justificado en con la idea de generar electricidad para el desarrollo.
“La realidad es que hay alternativas y no vale el sacrificio, porque construir las represas no es una cuestión de vida o muerte”, dijo al hablar con el programa Turno Mañana de FM Dimensión Emiliano Escurra, referente de la entidad.
Ezcurra confirmó la presentación de una Acción de Amparo en la CSJN, por parte del abogado Daniel Sabsay, contratado para llevar adelante jurídicamente la postura de la entidad.
Banco de Bosques es una de las 15 asociaciones nacionales e internacionales que semanas atrás firmaron una solicitada conjunta en medios gráficos nacionales, objetando la construcción de las dos represas, y pidiendo que el Estudio de Impacto Ambiental se realice por parte de actores independientes y no vinculados al proyecto.
La presentación apunta a que el Estudio de Impacto Ambiental sea realizado por terceros, y que mientras ello ocurra, o hasta que resuelva la cuestión de fondo, la Corte Suprema dictamine el cese de la obra, como “medida cautelar”.
Ezcurra tituló a la acción judicial como un “acto desesperado”, por parte de la asociación a la que pertenece, al ver que su postura y reclamos no ha sido escuchada por funcionarios del gobierno provincial y nacional.
“Nos reunimos con la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, y la verdad que es que se quedan sin repuestas, porque ni les han enviado el proyecto de la obra”, dijo Ezcurra.
El representante de Banco de Bosques comentó que el gobierno no le dio mayor participación a su secretaría de Medio Ambiente, área que solo tuvo notificaciones “muy superficiales”.
No saben que decir, porque no han participado de todo eso. Les da vergüenza”, denunció el directivo.
Al mismo tiempo contestó que pese que las posturas ambientalistas son conocidas públicamente, incluyendo la de esta entidad, ninguno de los equipos de los candidatos a gobernador por la provincia de Santa Cruz pidió interiorizarse en el tema.
En estos días, la Corte Suprema debe decidir si acepta tener la competencia para tratar la acción ingresada durante la semana pasada.
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Fecha de Publicación:15/10/2015
Fuente: ahoracalafate.com.ar
Provincia/Región: Santa Cruz
La entidad ecologista Banco de Bosques presentó un segundo amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pidiendo que se revea la realización del ESTUDIO DE Impacto Ambiental de la obra de las dos represas que empiezan a construirse sobre el río Santa Cruz.
El máximo órgano judicial ya aceptó un planteo parecido de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, a fines del año pasado, aunque aún no resuelve en consecuencia.
Ahora, Banco de Bosques hizo una segunda presentación, con el patrocinio del constitucionalista Daniel Sabsay.
La Acción de Amparo tiene su base en la opinión de esa organización sobre que las represas “destruirán sitios naturales irreemplazables, y pondrán en riesgo la dinámica del glaciar Perito Moreno”.
Al entender de los ecologistas, el daño que causaran las represas sobre el hábitat de especies, su posible daño a los glaciares, y afectación sobre la reserva Laguna Nimez, no está justificado en con la idea de generar electricidad para el desarrollo.
“La realidad es que hay alternativas y no vale el sacrificio, porque construir las represas no es una cuestión de vida o muerte”, dijo al hablar con el programa Turno Mañana de FM Dimensión Emiliano Escurra, referente de la entidad.
Ezcurra confirmó la presentación de una Acción de Amparo en la CSJN, por parte del abogado Daniel Sabsay, contratado para llevar adelante jurídicamente la postura de la entidad.
Banco de Bosques es una de las 15 asociaciones nacionales e internacionales que semanas atrás firmaron una solicitada conjunta en medios gráficos nacionales, objetando la construcción de las dos represas, y pidiendo que el Estudio de Impacto Ambiental se realice por parte de actores independientes y no vinculados al proyecto.
La presentación apunta a que el Estudio de Impacto Ambiental sea realizado por terceros, y que mientras ello ocurra, o hasta que resuelva la cuestión de fondo, la Corte Suprema dictamine el cese de la obra, como “medida cautelar”.
Ezcurra tituló a la acción judicial como un “acto desesperado”, por parte de la asociación a la que pertenece, al ver que su postura y reclamos no ha sido escuchada por funcionarios del gobierno provincial y nacional.
“Nos reunimos con la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, y la verdad que es que se quedan sin repuestas, porque ni les han enviado el proyecto de la obra”, dijo Ezcurra.
El representante de Banco de Bosques comentó que el gobierno no le dio mayor participación a su secretaría de Medio Ambiente, área que solo tuvo notificaciones “muy superficiales”.
No saben que decir, porque no han participado de todo eso. Les da vergüenza”, denunció el directivo.
Al mismo tiempo contestó que pese que las posturas ambientalistas son conocidas públicamente, incluyendo la de esta entidad, ninguno de los equipos de los candidatos a gobernador por la provincia de Santa Cruz pidió interiorizarse en el tema.
En estos días, la Corte Suprema debe decidir si acepta tener la competencia para tratar la acción ingresada durante la semana pasada.
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Ayuí Grande más protegido
Se constituyó un corredor para ampliar y proteger la zona del Ayuí Grande
Fecha de Publicación:15/10/2015
Fuente: cndigital.com.ar
Provincia/Región: Entre Rios
Empresas privadas y organismos públicos se han unido para proteger la cuenca del arroyo Ayuí Grande. Ahora es momento de que se sumen otros campos productivos para ampliar la zona protegida y beneficiarse con los servicios ambientales que brinda.
Cerca de la ciudad de Concordia se ubica la reserva natural Arroyo Ayuí Grande, de 215 hectáreas. Fue creada en el año 2000 sobre predios forestales -por iniciativa de la fundación Hábitat y Desarrollo y Masisa Argentina- con el objetivo de preservar la vida silvestre y la “salud” del arroyo que le da nombre.
Sin embargo, luego de más de 10 años de trabajo se llegó a la conclusión de que era necesario implementar un corredor de conservación del arroyo Ayuí Grande para garantizar la protección de este frágil y rico ecosistema entrerriano de agua, selva ribereña y pajonal, y fue así como FH&D y Masisa convocaron a otras entidades para que participaran.
“Los corredores biológicos están diseñados para proteger las especies nativas, cumplir con las funciones básicas de conectividad y maximizar el uso sostenible del bosque y los beneficios derivados de los servicios ambientales”, explica el ingeniero ambiental Maximiliano Bertoni de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
“Cabe aclarar que un corredor no es en sí un área protegida ya que dentro de sus límites se establecen actividades múltiples sino que lo que se busca es minimizar los efectos adversos de las actividades del hombre y promover un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales”, agrega.
Salto Grande participa del Corredor a través del programa piloto Cultivando Agua Buena, impulsado por la represa de Itaipú Binacional que apunta a alcanzar un estado de sustentabilidad en la región donde está inserta la hidroeléctrica, trabajando con los temas sociales y ambientales de las nacientes de los ríos.
En la actualidad ya están formando parte del Corredor los municipios de Concordia, La Criolla, Los Carrúas, Colonia Ayuí, y otras empresas y productores de campos vecinos que, con acciones simples como evitar la caza y el desmonte, no aplicar agroquímicos y no lavar maquinaria en el arroyo ni pescar con tramallo, están realizando un gran aporte a la conservación de la zona. Y, por supuesto, también se benefician con los servicios ambientales que brinda un ambiente en buen estado de conservación, como agua limpia, aire puro, vida silvestre y un paisaje natural y armónico.
Producir y conservar
Desde el aspecto productivo, en esta región se realiza ganadería extensiva, forestación, miel, producción de arándanos y citricultura y, si no se es cuidadoso, los agroquímicos derivados de estas actividades pueden llegar al Ayuí, contaminando sus aguas. “Para los arroyos de la zona nordeste de Entre Ríos es importante lograr corredores de conservación porque en su recorrido se combinan explotaciones agropecuarias con zonas de biodiversidad”, detalla Guillermo Meier, director de la estación experimental INTA Concordia.
“Ambas zonas no son excluyentes pero las que tienen explotaciones deben velar por el mantenimiento y mejora de aquellas en las que aún los sistemas ecológicos se encuentran presentes; por otra parte el mantenimiento de los arroyos aporta a una mejor conservación del río Uruguay”, añade.
El INTA forma parte de dicho corredor con su campo El Alambrado, que se encuentra a la vera del arroyo Ayuí Grande y donde se llevan a cabo tareas productivas y de investigación, mientras que se han dejado de realizar otros tipos de actividades (algunas deportivas) que atentaban con la tranquilidad del lugar y alteraban la vida de los animales nativos. Además, el campo también es utilizado para la observación de aves, por lo cual conviene proteger el arroyo; a mayor grado de cuidado más diversa es la avifauna presente.
“Hoy nuestro objetivo es contactar a los propietarios de los campos de la zona para que se sumen a esta iniciativa que nos beneficia a todos los que producimos y vivimos en este lugar”, enfatiza Alejandra Guido, coordinadora del proyecto Corredor de Conservación del Arroyo Ayuí Grande, desarrollado por la Fundación Hábitat y Desarrollo. “Es fundamental trabajar en equipo para llegar a resultados mayores y que sean visibles en el corto plazo, por eso convocamos a todos los que estén interesados en participar”.
Cada vez queda más claro que un ambiente no puede ser protegido de forma efectiva con iniciativas individuales o hechos aislados: la práctica demuestra que lo que realmente funciona es el trabajo en conjunto y sostenido en el tiempo. Federico Larocca, productor forestal, lo sintetiza de la siguiente manera: “Es importante ampliar el Corredor de Conservación porque las cuestiones ambientales no terminan donde termina el campo”, sostiene. “En el caso del arroyo, lo que haga cualquiera aguas arriba afecta a todos los que estamos abajo y con la fauna ocurre que si algunos la cuidan y otros cazan, lo único que se aporta es más piezas para los que cazan… y lo mismo pasa con los incendios o quemas. La conservación no tiene sentido con intentos individuales sino que es indispensable tener un ´colectivo`, pensar en común”.
Dentro de su campo de 80 hectáreas con 400 metros de costa de arroyo, Federico no permite la caza ni la pesca, se respeta el monte nativo y las quemas se realizan solo con autorización de la autoridad de aplicación provincial. “También estamos empezando a talar los pinos de regeneración natural y evitamos que se dispersen en el predio, pero por ahora son acciones individuales que se potenciarán en la medida en que seamos cada vez más los que estemos involucrados en el cuidado del ambiente”.
Hoy en día el principal objetivo y desafío del Corredor de Conservación del arroyo Ayuí Grande es sumar campos, empresas e instituciones para cuidar el arroyo y todo su ecosistema, que a la vez es fuente de servicios ambientales y de productos que mejoran la calidad de vida de quienes viven en la zona.
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Fecha de Publicación:15/10/2015
Fuente: cndigital.com.ar
Provincia/Región: Entre Rios
Empresas privadas y organismos públicos se han unido para proteger la cuenca del arroyo Ayuí Grande. Ahora es momento de que se sumen otros campos productivos para ampliar la zona protegida y beneficiarse con los servicios ambientales que brinda.
Cerca de la ciudad de Concordia se ubica la reserva natural Arroyo Ayuí Grande, de 215 hectáreas. Fue creada en el año 2000 sobre predios forestales -por iniciativa de la fundación Hábitat y Desarrollo y Masisa Argentina- con el objetivo de preservar la vida silvestre y la “salud” del arroyo que le da nombre.
Sin embargo, luego de más de 10 años de trabajo se llegó a la conclusión de que era necesario implementar un corredor de conservación del arroyo Ayuí Grande para garantizar la protección de este frágil y rico ecosistema entrerriano de agua, selva ribereña y pajonal, y fue así como FH&D y Masisa convocaron a otras entidades para que participaran.
“Los corredores biológicos están diseñados para proteger las especies nativas, cumplir con las funciones básicas de conectividad y maximizar el uso sostenible del bosque y los beneficios derivados de los servicios ambientales”, explica el ingeniero ambiental Maximiliano Bertoni de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
“Cabe aclarar que un corredor no es en sí un área protegida ya que dentro de sus límites se establecen actividades múltiples sino que lo que se busca es minimizar los efectos adversos de las actividades del hombre y promover un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales”, agrega.
Salto Grande participa del Corredor a través del programa piloto Cultivando Agua Buena, impulsado por la represa de Itaipú Binacional que apunta a alcanzar un estado de sustentabilidad en la región donde está inserta la hidroeléctrica, trabajando con los temas sociales y ambientales de las nacientes de los ríos.
En la actualidad ya están formando parte del Corredor los municipios de Concordia, La Criolla, Los Carrúas, Colonia Ayuí, y otras empresas y productores de campos vecinos que, con acciones simples como evitar la caza y el desmonte, no aplicar agroquímicos y no lavar maquinaria en el arroyo ni pescar con tramallo, están realizando un gran aporte a la conservación de la zona. Y, por supuesto, también se benefician con los servicios ambientales que brinda un ambiente en buen estado de conservación, como agua limpia, aire puro, vida silvestre y un paisaje natural y armónico.
Producir y conservar
Desde el aspecto productivo, en esta región se realiza ganadería extensiva, forestación, miel, producción de arándanos y citricultura y, si no se es cuidadoso, los agroquímicos derivados de estas actividades pueden llegar al Ayuí, contaminando sus aguas. “Para los arroyos de la zona nordeste de Entre Ríos es importante lograr corredores de conservación porque en su recorrido se combinan explotaciones agropecuarias con zonas de biodiversidad”, detalla Guillermo Meier, director de la estación experimental INTA Concordia.
“Ambas zonas no son excluyentes pero las que tienen explotaciones deben velar por el mantenimiento y mejora de aquellas en las que aún los sistemas ecológicos se encuentran presentes; por otra parte el mantenimiento de los arroyos aporta a una mejor conservación del río Uruguay”, añade.
El INTA forma parte de dicho corredor con su campo El Alambrado, que se encuentra a la vera del arroyo Ayuí Grande y donde se llevan a cabo tareas productivas y de investigación, mientras que se han dejado de realizar otros tipos de actividades (algunas deportivas) que atentaban con la tranquilidad del lugar y alteraban la vida de los animales nativos. Además, el campo también es utilizado para la observación de aves, por lo cual conviene proteger el arroyo; a mayor grado de cuidado más diversa es la avifauna presente.
“Hoy nuestro objetivo es contactar a los propietarios de los campos de la zona para que se sumen a esta iniciativa que nos beneficia a todos los que producimos y vivimos en este lugar”, enfatiza Alejandra Guido, coordinadora del proyecto Corredor de Conservación del Arroyo Ayuí Grande, desarrollado por la Fundación Hábitat y Desarrollo. “Es fundamental trabajar en equipo para llegar a resultados mayores y que sean visibles en el corto plazo, por eso convocamos a todos los que estén interesados en participar”.
Cada vez queda más claro que un ambiente no puede ser protegido de forma efectiva con iniciativas individuales o hechos aislados: la práctica demuestra que lo que realmente funciona es el trabajo en conjunto y sostenido en el tiempo. Federico Larocca, productor forestal, lo sintetiza de la siguiente manera: “Es importante ampliar el Corredor de Conservación porque las cuestiones ambientales no terminan donde termina el campo”, sostiene. “En el caso del arroyo, lo que haga cualquiera aguas arriba afecta a todos los que estamos abajo y con la fauna ocurre que si algunos la cuidan y otros cazan, lo único que se aporta es más piezas para los que cazan… y lo mismo pasa con los incendios o quemas. La conservación no tiene sentido con intentos individuales sino que es indispensable tener un ´colectivo`, pensar en común”.
Dentro de su campo de 80 hectáreas con 400 metros de costa de arroyo, Federico no permite la caza ni la pesca, se respeta el monte nativo y las quemas se realizan solo con autorización de la autoridad de aplicación provincial. “También estamos empezando a talar los pinos de regeneración natural y evitamos que se dispersen en el predio, pero por ahora son acciones individuales que se potenciarán en la medida en que seamos cada vez más los que estemos involucrados en el cuidado del ambiente”.
Hoy en día el principal objetivo y desafío del Corredor de Conservación del arroyo Ayuí Grande es sumar campos, empresas e instituciones para cuidar el arroyo y todo su ecosistema, que a la vez es fuente de servicios ambientales y de productos que mejoran la calidad de vida de quienes viven en la zona.
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Fumigaciones, sectores más vulnerables a su suerte
Agroquímicos: "No hay decisión para controlar y fumigan a los más pobres"
Fecha de Publicación:15/10/2015
Fuente: Radio Rosario 3
Provincia/Región: Santa Fe
Después de varias postergaciones para debatir una nueva ley de "fitosanitarios" , el diputado Tessa adelantó que el próximo jueves pedirá a sus pares "que se vote por sí o por no pero que salga". Dijo que no hubo consenso porque prima "la rentabilidad" por sobre "la vida". En María Juana, piden sanciones a una cerealera tras la muerte de un operario
El diputado provincial José María Tessa aseguró que el próximo jueves pedirá a sus pares en la Legislatura que se defina "de una vez" el debate por la nueva ley para regular las fumigaciones y el uso de agroquímicos en Santa Fe. Advirtió que en caso de no sancionarse su iniciativa el reclamo continuará porque "hay sensibilidad social y conciencia sobre el tema". Además, lamentó la muerte de un operario que manipuló fosfina en María Juana y cuestionó "no hay decisión para controlar".
El legislador de Nuevo Encuentro recordó que existe otro proyecto, de Inés Bertero, y que no hubo consenso para unificar los textos porque tienen "muchas diferencias", sobre todo en dos puntos. Su iniciativa prohíbe las fumigaciones aéreas y para las aplicaciones terrestres pone como distancia mínima 800 metros de una zona urbana (mil metros en el caso de escuelas rurales), mientras que la oficialista permite las aplicaciones con avionetas desde 1500 metros y, por tierra, desde los 100.
"Es un tema complicado, con muchos roces e intereses porque estamos en una provincia agrícola. Nuestro proyecto persigue el principio fundamental de la vida y existen demasiadas muestras de que los agroquímicos dañan la salud", afirmó Tessa a Rosario3.com.
El diputado prefirió no centrar las resistencias en un "lobby sojero" pero precisó que entre los que se oponen prima "el criterio de la rentabilidad". Son miles de hectáreas de las franjas periurbanas que quedarían alcanzadas por la norma. Sólo en San Genaro, donde se aplica un principio similar por un acuerdo impulsado por el concejal Ernesto Salto, más de 300 hectáreas quedaron bajo protección y se utilizan para producciones agroecológicas.
"No pedimos que las tierras queden ociosas sino cambiar los modelos de producción. Al menos en esas zonas hacer huertas, granjas, producciones sanas al lado de las poblaciones, que además han demostrado tener la misma rentabilidad", añadió Tessa.
"El problema es que no hay decisión para controlar. Los que terminan fumigados son los más pobres, ¿o quiénes viven en las periferias de los pueblos y las ciudades? Son los más pobres, los que vienen del norte y se instalan donde pueden, a ellos los fumigan", interpeló.
El tema se iba a votar hace dos semanas pero tras un pedido del colectivo Paren de fumigarnos se pospuso (se estaba por aprobar la iniciativa de Bertero). El jueves que pasó tampoco se trató. "La próxima semana voy a pedir que salga de una vez, por sí o por no", adelantó el diputado.
Caso fatal y denuncia en María Juana
La muerte de un operario de la cerealera Agricultores Federados Argentinos (AFA) en María Juana, por presunta intoxicación con fosfina (fosfuro de aluminio) en esa planta, demostró la gravedad del uso de tóxicos sin controles. "La fosfina está prohibida y la usan lo mismo. Acá también hay responsabilidad de quién la vende, y ese es otro de los puntos que fija nuestro proyecto: que los agroquímicos no sean de venta libre", dijo Tessa.
Horacio Brignone, vecino de esa comuna santafesina e integrante de Paren de fumigarnos, recordó que seis meses atrás hubo una "explosión en los silos de AFA".
“Ese día avisaron a los vecinos de cerrar puertas y ventanas. La fosfina cuando entra en contacto con agua puede ser explosiva. Nosotros denunciamos que seguían usando esa sustancia que está prohibida, figura entre las más tóxicas, pero no cambió nada y después tuvimos esta muerte", señaló a Rosario3.com.
"Los empleados la manipulan con un barbijo común y nada más, la llevan a mano limpia pero cuando una pastilla entra en contacto con humedad despide un gas y eso fue lo que pasó", agregó el militante ambiental con respecto al caso de Roberto Poli, un trabajador que falleció a fines del mes pasado y que su familia presentó una denuncia por la responsabilidad de la firma cerealera. Según publicó La Capital, especialistas del Centro Nacional de Intoxicaciones confirmaron que los síntomas de la víctima eran compatibles con intoxicación por fosfuro de aluminio.
Brignone criticó a las autoridades locales y provinciales por la falta de inspecciones y sanciones a la cerealera, que tiene un planta de silos importante en la pequeña localidad. "Nosotros vamos a seguir denunciando estas cosas pero no sabemos qué va a pasar con la ley. Sería un retroceso que salga la iniciativa de Bertero porque es inconstitucional y responde a los intereses de productores y las empresas", añadió.
Paren de fumigarnos pidió una audiencia a la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados, que sesionará el próximo jueves a las 10. Ese mismo día, según dijo Tessa, se definirían los controles y la forma de uso de los agroquímicos en Santa Fe.
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Fecha de Publicación:15/10/2015
Fuente: Radio Rosario 3
Provincia/Región: Santa Fe
Después de varias postergaciones para debatir una nueva ley de "fitosanitarios" , el diputado Tessa adelantó que el próximo jueves pedirá a sus pares "que se vote por sí o por no pero que salga". Dijo que no hubo consenso porque prima "la rentabilidad" por sobre "la vida". En María Juana, piden sanciones a una cerealera tras la muerte de un operario
El diputado provincial José María Tessa aseguró que el próximo jueves pedirá a sus pares en la Legislatura que se defina "de una vez" el debate por la nueva ley para regular las fumigaciones y el uso de agroquímicos en Santa Fe. Advirtió que en caso de no sancionarse su iniciativa el reclamo continuará porque "hay sensibilidad social y conciencia sobre el tema". Además, lamentó la muerte de un operario que manipuló fosfina en María Juana y cuestionó "no hay decisión para controlar".
El legislador de Nuevo Encuentro recordó que existe otro proyecto, de Inés Bertero, y que no hubo consenso para unificar los textos porque tienen "muchas diferencias", sobre todo en dos puntos. Su iniciativa prohíbe las fumigaciones aéreas y para las aplicaciones terrestres pone como distancia mínima 800 metros de una zona urbana (mil metros en el caso de escuelas rurales), mientras que la oficialista permite las aplicaciones con avionetas desde 1500 metros y, por tierra, desde los 100.
"Es un tema complicado, con muchos roces e intereses porque estamos en una provincia agrícola. Nuestro proyecto persigue el principio fundamental de la vida y existen demasiadas muestras de que los agroquímicos dañan la salud", afirmó Tessa a Rosario3.com.
El diputado prefirió no centrar las resistencias en un "lobby sojero" pero precisó que entre los que se oponen prima "el criterio de la rentabilidad". Son miles de hectáreas de las franjas periurbanas que quedarían alcanzadas por la norma. Sólo en San Genaro, donde se aplica un principio similar por un acuerdo impulsado por el concejal Ernesto Salto, más de 300 hectáreas quedaron bajo protección y se utilizan para producciones agroecológicas.
"No pedimos que las tierras queden ociosas sino cambiar los modelos de producción. Al menos en esas zonas hacer huertas, granjas, producciones sanas al lado de las poblaciones, que además han demostrado tener la misma rentabilidad", añadió Tessa.
"El problema es que no hay decisión para controlar. Los que terminan fumigados son los más pobres, ¿o quiénes viven en las periferias de los pueblos y las ciudades? Son los más pobres, los que vienen del norte y se instalan donde pueden, a ellos los fumigan", interpeló.
El tema se iba a votar hace dos semanas pero tras un pedido del colectivo Paren de fumigarnos se pospuso (se estaba por aprobar la iniciativa de Bertero). El jueves que pasó tampoco se trató. "La próxima semana voy a pedir que salga de una vez, por sí o por no", adelantó el diputado.
Caso fatal y denuncia en María Juana
La muerte de un operario de la cerealera Agricultores Federados Argentinos (AFA) en María Juana, por presunta intoxicación con fosfina (fosfuro de aluminio) en esa planta, demostró la gravedad del uso de tóxicos sin controles. "La fosfina está prohibida y la usan lo mismo. Acá también hay responsabilidad de quién la vende, y ese es otro de los puntos que fija nuestro proyecto: que los agroquímicos no sean de venta libre", dijo Tessa.
Horacio Brignone, vecino de esa comuna santafesina e integrante de Paren de fumigarnos, recordó que seis meses atrás hubo una "explosión en los silos de AFA".
“Ese día avisaron a los vecinos de cerrar puertas y ventanas. La fosfina cuando entra en contacto con agua puede ser explosiva. Nosotros denunciamos que seguían usando esa sustancia que está prohibida, figura entre las más tóxicas, pero no cambió nada y después tuvimos esta muerte", señaló a Rosario3.com.
"Los empleados la manipulan con un barbijo común y nada más, la llevan a mano limpia pero cuando una pastilla entra en contacto con humedad despide un gas y eso fue lo que pasó", agregó el militante ambiental con respecto al caso de Roberto Poli, un trabajador que falleció a fines del mes pasado y que su familia presentó una denuncia por la responsabilidad de la firma cerealera. Según publicó La Capital, especialistas del Centro Nacional de Intoxicaciones confirmaron que los síntomas de la víctima eran compatibles con intoxicación por fosfuro de aluminio.
Brignone criticó a las autoridades locales y provinciales por la falta de inspecciones y sanciones a la cerealera, que tiene un planta de silos importante en la pequeña localidad. "Nosotros vamos a seguir denunciando estas cosas pero no sabemos qué va a pasar con la ley. Sería un retroceso que salga la iniciativa de Bertero porque es inconstitucional y responde a los intereses de productores y las empresas", añadió.
Paren de fumigarnos pidió una audiencia a la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados, que sesionará el próximo jueves a las 10. Ese mismo día, según dijo Tessa, se definirían los controles y la forma de uso de los agroquímicos en Santa Fe.
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Derrame de Barrick:la ONU se toma dos meses ....
Derrame de Barrick: en dos meses se sabrá si el agua está contaminada
Fecha de Publicación: 14/10/2015
Fuente: Clarín
Provincia/Región: San Juan
Los ríos Potrerillos, Las Taguas, La Palca, Blanco y Jáchal en San Juan fueron afectados por el derrame de más de un millón de litros de solución cianurada. La multinacional, en la mira de la Provincia de San Juan.
La pregunta es simple. Pero la respuesta puede comprometer seriamente a la minera Barrick Gold: ¿Están contaminadas las aguas de los ríos Potrerillos, Las Taguas, La Palca, Blanco y Jáchal en San Juan? El organismo técnico de Naciones Unidas que contrató el gobierno de esa provincia para auditar todos los proyectos mineros comenzó en los últimos días a estudiar la calidad del agua en el área de influencia de la mina Veladero, donde hace casi un mes se produjo un derrame de más de un millón de litros de solución cianurada.
En tanto, la justicia de San Juan intentará avanzar la próxima semana con la resolución de la situación procesal de los empresarios imputados por el derrame en forma paralela a las causas que el fuero federal lleva adelante con denuncias contra funcionarios nacionales por la cuestión ambiental.
La Organización del Sistema de las Naciones Unidas para la gestión de proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) informó que esta semana inició labores de campo el equipo técnico multidisciplinario luego de que el 2 de octubre fuera aprobado el proyecto que presentó al gobierno local y en el que trabajarán todo el mes.
La UNOPS estimó en un comunicado que dio a conocer ayer que el informe final estará listo en dos meses e incluirá la toma de muestras en aguas superficiales, subterráneas y sedimentos en más de un centenar de sitios. El estudio, que contempla dos fases de evaluación y producirá resultados en aproximadamente 60 días, valorará técnicamente el estado y la calidad del agua de los ríos Potrerillos, Las Taguas, La Palca, Blanco y Jáchal , indicó.
El organismo añadió que también se recogerán muestras en los puntos de captación de agua en las localidades de El Chinguillo, Malimán y Angualasto. UNOPS recordó que fue contratada el año pasado por la gobernación para monitorear los proyectos de minería metalífera de la provincia. En una primera fase se tomarán muestras de aguas superficiales, aguas subterráneas y sedimentos a lo largo de 121 puntos distribuidos en cuatro zonas determinadas.
Sobre estas muestras, se realizarán determinaciones analíticas correspondientes a parámetros físico-químicos, inorgánicos, orgánicos, metales totales y metales disueltos , detalló el comunicado. Además, señaló que en nueve puntos localizados aguas abajo del sitio del derrame de cianuro se realizarán análisis para conocer el estado ecológico de estos ríos, indagando sobre posibles variaciones en las comunidades biológicas características de esa zona. En una segunda fase realizarán monitoreos semanales y compararán los resultados con datos históricos existentes, lo que permitirá identificar cambios o anomalías en las características actuales del agua.
Lo que nadie contó sobre el derrame en Veladero
Repudio internacional al derrame de CIANURO de la Barrick en San Juan
¿Es válido el informe de la UNCuyo sobre el derrame en San Juan?
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Fecha de Publicación: 14/10/2015
Fuente: Clarín
Provincia/Región: San Juan
Los ríos Potrerillos, Las Taguas, La Palca, Blanco y Jáchal en San Juan fueron afectados por el derrame de más de un millón de litros de solución cianurada. La multinacional, en la mira de la Provincia de San Juan.
La pregunta es simple. Pero la respuesta puede comprometer seriamente a la minera Barrick Gold: ¿Están contaminadas las aguas de los ríos Potrerillos, Las Taguas, La Palca, Blanco y Jáchal en San Juan? El organismo técnico de Naciones Unidas que contrató el gobierno de esa provincia para auditar todos los proyectos mineros comenzó en los últimos días a estudiar la calidad del agua en el área de influencia de la mina Veladero, donde hace casi un mes se produjo un derrame de más de un millón de litros de solución cianurada.
En tanto, la justicia de San Juan intentará avanzar la próxima semana con la resolución de la situación procesal de los empresarios imputados por el derrame en forma paralela a las causas que el fuero federal lleva adelante con denuncias contra funcionarios nacionales por la cuestión ambiental.
La Organización del Sistema de las Naciones Unidas para la gestión de proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) informó que esta semana inició labores de campo el equipo técnico multidisciplinario luego de que el 2 de octubre fuera aprobado el proyecto que presentó al gobierno local y en el que trabajarán todo el mes.
La UNOPS estimó en un comunicado que dio a conocer ayer que el informe final estará listo en dos meses e incluirá la toma de muestras en aguas superficiales, subterráneas y sedimentos en más de un centenar de sitios. El estudio, que contempla dos fases de evaluación y producirá resultados en aproximadamente 60 días, valorará técnicamente el estado y la calidad del agua de los ríos Potrerillos, Las Taguas, La Palca, Blanco y Jáchal , indicó.
El organismo añadió que también se recogerán muestras en los puntos de captación de agua en las localidades de El Chinguillo, Malimán y Angualasto. UNOPS recordó que fue contratada el año pasado por la gobernación para monitorear los proyectos de minería metalífera de la provincia. En una primera fase se tomarán muestras de aguas superficiales, aguas subterráneas y sedimentos a lo largo de 121 puntos distribuidos en cuatro zonas determinadas.
Sobre estas muestras, se realizarán determinaciones analíticas correspondientes a parámetros físico-químicos, inorgánicos, orgánicos, metales totales y metales disueltos , detalló el comunicado. Además, señaló que en nueve puntos localizados aguas abajo del sitio del derrame de cianuro se realizarán análisis para conocer el estado ecológico de estos ríos, indagando sobre posibles variaciones en las comunidades biológicas características de esa zona. En una segunda fase realizarán monitoreos semanales y compararán los resultados con datos históricos existentes, lo que permitirá identificar cambios o anomalías en las características actuales del agua.
Lo que nadie contó sobre el derrame en Veladero
Repudio internacional al derrame de CIANURO de la Barrick en San Juan
¿Es válido el informe de la UNCuyo sobre el derrame en San Juan?
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¿Qué pasa con el Parque Nacional El Impenetrable?
¿Qué pasa hoy con la estancia La Fidelidad?
Fecha de Publicación: 14/10/2015
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
De acuerdo a las leyes provinciales se cumplieron todos los pasos necesarios para que se otorgue la posesión al Estado provincial para proteger la flora y la fauna amenazadas en las 150 mil hectáreas de la estancia La Fidelidad donde el Congreso de la Nación aprobó la creación del Parque Nacional El Impenetrable. ¿Por qué no se avanza?
“El juicio de expropiación está con todas las condiciones dadas como para otorgar la posesión del territorio a la provincia del Chaco. Ya la provincia hizo lo que le han pedido, que era cambiar los bonos a pesos y, sin embargo, todavía no la entregan: la causa por alguna razón sigue ahí trabada”, advirtió Teresita Iturralde, abogada de la fundación ecologista Conservation Land Trust (CLT), en declaraciones a RADIO CIUDAD.
Iturralde explicó que la Provincia de Chaco ya depositó el monto de la valuación fiscal en el marco del juicio de expropiación iniciado por la Fiscalía de Estado del Chaco para tomar posesión de las 150 mil hectáreas de la estancia La Fidelidad para avanzar con la creación del Parque Nacional El Impenetrable –que ya cuenta con una ley aprobada por el Congreso-. También subrayó que esa cifra, alrededor de 10,5 millones de pesos, se ajusta a lo que establece la ley de expropiaciones de la provincia del Chaco en su artículo 33, teniendo en cuenta que aún no hubo declaratoria formal de herederos en una causa paralela donde se tramita la sucesión del dueño de La Fidelidad, Manuel Roseo, asesinado salvajemente en enero de 2011 junto a su cuñada Nelly Bartolomé.
“Chicanas procesales”
El juez en lo Civil y Comercial de la ciudad de Juan José Castelli, Emilio Haiquel, es quién entiende tanto en el juicio de expropiación como en el sucesorio y quién tiene la última palabra para que se puedan conservar la riqueza de flora y fauna del lugar que desde hace más de un año se encuentran desprotegidos y a merced de los cazadores furtivos y explotadores forestales que ingresan al predio. Una de las últimas resoluciones del magistrado fue la de reemplazar al administrador judicial que custodiaba el bien, Eduardo Kniz, por la madre de los supuestos herederos de Manuel Roseo, Nélida Cuellar.
Ahora, a esto debe sumarse un nuevo planteo del abogado de los presuntos herederos, Gustavo Del Corro, que sería un nuevo obstáculo para que el Estado chaqueño tome posesión del predio. El letrado habría solicitado que no se entregue la posesión hasta tanto se resuelva la denuncia penal que realizó contra integrantes de la Junta de Valuaciones de la Provincia del Chaco por supuestas irregularidades en la tasación de la estancia, cercana a los 64 millones de pesos. En ese sentido, la abogada de la organización ambientalista consideró que se trata de “chicanas procesales” y que son “peticiones sin fundamento que después terminan cayendo”. No obstante, advirtió que “lo que hacen es darle más trabajo a los jueces para evaluar, más tiempo a la provincia para responder y después resulta que no tienen fundamentos y hacen que se trabe: son medidas dilatorias”.
El otro sucesorio
Iturralde marcó el contrapunto existente entre los obstáculos que se van interponiendo para evitar que el Estado se haga cargo de la protección de los recursos naturales de la estancia La Fidelidad y el rápido avance en el juicio sucesorio que deberá concluir con la declaratoria de los herederos de Manuel Roseo. Sin embargo, la abogada de CLT advirtió que “cuando se dicte la declaratoria de herederos sólo se va a resolver la mitad del problema de la titularidad de La Fidelidad”. En ese contexto, refirió que en un juzgado Civil y Comercial Nº 7 de San Martín (provincia de Buenos Aires) se encuentra abierto otro proceso sucesorio donde se reclaman derechos por el otro 50 por ciento de la estancia La Fidelidad, que correspondían a Luis Roseo –hermano de Manuel-. Según pudo saber CHACO DIA POR DIA, luego de fallecer Luis, ese 50 por ciento quedó en manos de la madre de ambos, María Carocci, quién los cedió en vida a su hijo Manuel. Ahora, una de las hermanas de Roseo, Lucía, y tres de sus sobrinas –hijas de su otra hermana Ana, también fallecida- reclaman parte de la herencia.
“Cuando se dicte declaratoria de herederos y la declaratoria de herederos quede firme, la sucesión termina. Pero que termine la sucesión, no termina el conflicto. Porque eso que piden las otras hermanas de Roseo no están dentro de la sucesión, son otros juicios que se tramitan en Buenos Aires. Entonces, el conflicto sobre la titularidad va a persistir por muchos años más, y si esperamos a que esto se arregle para entregar la estancia, ya no va a quedar nada para proteger”, alertó la abogada de la organización ecologista fundada por el magnate estadounidense Douglas Tompkins.
Proteger, ya
“Estas 150 mil hectáreas albergan un bosque nativo único en la zona y esa extensión permite que mucha fauna pueda vivir ahí. Si se permite que entren cazadores, la fauna se va; si los alambrados están en mal estado, los ganados de pobladores vecinos también entran y echan a la fauna, se pueden generar incendios u ocupación si no hay nadie cuidando el territorio. Si no hay nadie protegiendo se va empobreciendo cada vez más tanto el bosque como la fauna que hay ahí”, reflexionó Iturralde. Y recalcó que “es importante que la provincia entre porque tiene más recursos que los actuales titulares para poder hacer un efectivo control”. Además, la Provincia del Chaco tiene un convenio firmado con la Administración de Parques Nacionales que ya nombró a un guardaparques para garantizar la protección del lugar teniendo en cuenta que Parques Nacionales puede disponer de lanchas, camionetas, personal y recursos “que hoy no hay en terreno”.
“Hoy, La Fidelidad sigue igual de desprotegida que siempre en el terreno. No hay nadie cuidándola, está prácticamente abandonada”, concluyó Iturralde.
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Fecha de Publicación: 14/10/2015
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
De acuerdo a las leyes provinciales se cumplieron todos los pasos necesarios para que se otorgue la posesión al Estado provincial para proteger la flora y la fauna amenazadas en las 150 mil hectáreas de la estancia La Fidelidad donde el Congreso de la Nación aprobó la creación del Parque Nacional El Impenetrable. ¿Por qué no se avanza?
“El juicio de expropiación está con todas las condiciones dadas como para otorgar la posesión del territorio a la provincia del Chaco. Ya la provincia hizo lo que le han pedido, que era cambiar los bonos a pesos y, sin embargo, todavía no la entregan: la causa por alguna razón sigue ahí trabada”, advirtió Teresita Iturralde, abogada de la fundación ecologista Conservation Land Trust (CLT), en declaraciones a RADIO CIUDAD.
Iturralde explicó que la Provincia de Chaco ya depositó el monto de la valuación fiscal en el marco del juicio de expropiación iniciado por la Fiscalía de Estado del Chaco para tomar posesión de las 150 mil hectáreas de la estancia La Fidelidad para avanzar con la creación del Parque Nacional El Impenetrable –que ya cuenta con una ley aprobada por el Congreso-. También subrayó que esa cifra, alrededor de 10,5 millones de pesos, se ajusta a lo que establece la ley de expropiaciones de la provincia del Chaco en su artículo 33, teniendo en cuenta que aún no hubo declaratoria formal de herederos en una causa paralela donde se tramita la sucesión del dueño de La Fidelidad, Manuel Roseo, asesinado salvajemente en enero de 2011 junto a su cuñada Nelly Bartolomé.
“Chicanas procesales”
El juez en lo Civil y Comercial de la ciudad de Juan José Castelli, Emilio Haiquel, es quién entiende tanto en el juicio de expropiación como en el sucesorio y quién tiene la última palabra para que se puedan conservar la riqueza de flora y fauna del lugar que desde hace más de un año se encuentran desprotegidos y a merced de los cazadores furtivos y explotadores forestales que ingresan al predio. Una de las últimas resoluciones del magistrado fue la de reemplazar al administrador judicial que custodiaba el bien, Eduardo Kniz, por la madre de los supuestos herederos de Manuel Roseo, Nélida Cuellar.
Ahora, a esto debe sumarse un nuevo planteo del abogado de los presuntos herederos, Gustavo Del Corro, que sería un nuevo obstáculo para que el Estado chaqueño tome posesión del predio. El letrado habría solicitado que no se entregue la posesión hasta tanto se resuelva la denuncia penal que realizó contra integrantes de la Junta de Valuaciones de la Provincia del Chaco por supuestas irregularidades en la tasación de la estancia, cercana a los 64 millones de pesos. En ese sentido, la abogada de la organización ambientalista consideró que se trata de “chicanas procesales” y que son “peticiones sin fundamento que después terminan cayendo”. No obstante, advirtió que “lo que hacen es darle más trabajo a los jueces para evaluar, más tiempo a la provincia para responder y después resulta que no tienen fundamentos y hacen que se trabe: son medidas dilatorias”.
El otro sucesorio
Iturralde marcó el contrapunto existente entre los obstáculos que se van interponiendo para evitar que el Estado se haga cargo de la protección de los recursos naturales de la estancia La Fidelidad y el rápido avance en el juicio sucesorio que deberá concluir con la declaratoria de los herederos de Manuel Roseo. Sin embargo, la abogada de CLT advirtió que “cuando se dicte la declaratoria de herederos sólo se va a resolver la mitad del problema de la titularidad de La Fidelidad”. En ese contexto, refirió que en un juzgado Civil y Comercial Nº 7 de San Martín (provincia de Buenos Aires) se encuentra abierto otro proceso sucesorio donde se reclaman derechos por el otro 50 por ciento de la estancia La Fidelidad, que correspondían a Luis Roseo –hermano de Manuel-. Según pudo saber CHACO DIA POR DIA, luego de fallecer Luis, ese 50 por ciento quedó en manos de la madre de ambos, María Carocci, quién los cedió en vida a su hijo Manuel. Ahora, una de las hermanas de Roseo, Lucía, y tres de sus sobrinas –hijas de su otra hermana Ana, también fallecida- reclaman parte de la herencia.
“Cuando se dicte declaratoria de herederos y la declaratoria de herederos quede firme, la sucesión termina. Pero que termine la sucesión, no termina el conflicto. Porque eso que piden las otras hermanas de Roseo no están dentro de la sucesión, son otros juicios que se tramitan en Buenos Aires. Entonces, el conflicto sobre la titularidad va a persistir por muchos años más, y si esperamos a que esto se arregle para entregar la estancia, ya no va a quedar nada para proteger”, alertó la abogada de la organización ecologista fundada por el magnate estadounidense Douglas Tompkins.
Proteger, ya
“Estas 150 mil hectáreas albergan un bosque nativo único en la zona y esa extensión permite que mucha fauna pueda vivir ahí. Si se permite que entren cazadores, la fauna se va; si los alambrados están en mal estado, los ganados de pobladores vecinos también entran y echan a la fauna, se pueden generar incendios u ocupación si no hay nadie cuidando el territorio. Si no hay nadie protegiendo se va empobreciendo cada vez más tanto el bosque como la fauna que hay ahí”, reflexionó Iturralde. Y recalcó que “es importante que la provincia entre porque tiene más recursos que los actuales titulares para poder hacer un efectivo control”. Además, la Provincia del Chaco tiene un convenio firmado con la Administración de Parques Nacionales que ya nombró a un guardaparques para garantizar la protección del lugar teniendo en cuenta que Parques Nacionales puede disponer de lanchas, camionetas, personal y recursos “que hoy no hay en terreno”.
“Hoy, La Fidelidad sigue igual de desprotegida que siempre en el terreno. No hay nadie cuidándola, está prácticamente abandonada”, concluyó Iturralde.
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Famatina bloque paso a minera
Bloqueo en Famatina contra una empresa minera
Fecha de Publicación: 14/10/2015
Fuente: La Prensa
Provincia/Región: La Rioja
La minera salteña Midais pretende instalarse en torno al río Blanco para buscar oro. Pese a las temperaturas gélidas de la zona, los manifestantes pasaron la noche en el lugar y hoy comunicaron que el corte de tránsito se sostendrá "por tiempo indeterminado".
Autoridades, vecinos y asambleístas de la ciudad riojana de Famatina renovaron hoy sus quejas contra la instalación de la minera salteña Midais en torno al río Blanco para buscar oro, mientras grupos ambientalistas decidieron extender "por tiempo indeterminado" un bloqueo al paso de móviles de la empresa.
Los manifestantes también repudiaron la presencia de agentes de la Guardia de Infantería de la policía provincial, enviada a proteger el emprendimiento minero, luego de que la justicia de Chilecito aceptó un pedido de restricción de acercamiento presentado por el dueño de la compañía, Miguel Urtubey.
Los pobladores e integrantes de las asambleas ciudadanas reiniciaron el corte en el vado del río Blanco, en el acceso a la localidad de Angulos y al emprendimiento de la empresa minera por el sur sobre la ruta nacional 78, a unos 260 kilómetros de la capital.
Pese a las temperaturas gélidas de la zona, los manifestantes pasaron la noche en el lugar y hoy comunicaron que el corte de tránsito se sostendrá "por tiempo indeterminado hasta que la minera se vaya".
Por orden del gobierno riojano, el acceso al cauce del río Blanco quedó custodiado con presencia policial, de la infantería, que se instalaron en la zona con armas y escudos protectores.
Además, los manifestantes denunciaron que las fuerzas de seguridad han levantado un muro divisorio de arena que corta el río, "con el riesgo que eso significa mientras nieva en las altas cumbres" para impedir un supuesto avance de la gente.
Y, señalaron que 25 personas, claramente identificadas, no pueden acercarse ni al emprendimiento ni a su responsable, Miguel Urtube, porque la justicia de Chilecito libró órdenes de restricción que les prohibe la libre circulación a menos de 3.000 metros de donde se encuentre el empresario.
Entre ellas se encuentra la asambleísta Marcela Crabbe, candidata a diputada para el Parlasur por la Fuerza Cívica Riojana.
El intendente, Ismael Bordagaray, tampoco puede acercarse para "efectuar una orden de clausura" que la comuna dictó el jueves, por lo cual presentará un recurso de no innovar en la justicia.
Bordagaray describió que en el lugar "hay dos postas policiales y sabemos que la infantería está más arriba. Los que subían antes hasta la toma (de agua) o iban a ver el río no se pueden acercar".
"Es como otro estado dentro de Famatina, que no sabemos de quién es", añadió.
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Fecha de Publicación: 14/10/2015
Fuente: La Prensa
Provincia/Región: La Rioja
La minera salteña Midais pretende instalarse en torno al río Blanco para buscar oro. Pese a las temperaturas gélidas de la zona, los manifestantes pasaron la noche en el lugar y hoy comunicaron que el corte de tránsito se sostendrá "por tiempo indeterminado".
Autoridades, vecinos y asambleístas de la ciudad riojana de Famatina renovaron hoy sus quejas contra la instalación de la minera salteña Midais en torno al río Blanco para buscar oro, mientras grupos ambientalistas decidieron extender "por tiempo indeterminado" un bloqueo al paso de móviles de la empresa.
Los manifestantes también repudiaron la presencia de agentes de la Guardia de Infantería de la policía provincial, enviada a proteger el emprendimiento minero, luego de que la justicia de Chilecito aceptó un pedido de restricción de acercamiento presentado por el dueño de la compañía, Miguel Urtubey.
Los pobladores e integrantes de las asambleas ciudadanas reiniciaron el corte en el vado del río Blanco, en el acceso a la localidad de Angulos y al emprendimiento de la empresa minera por el sur sobre la ruta nacional 78, a unos 260 kilómetros de la capital.
Pese a las temperaturas gélidas de la zona, los manifestantes pasaron la noche en el lugar y hoy comunicaron que el corte de tránsito se sostendrá "por tiempo indeterminado hasta que la minera se vaya".
Por orden del gobierno riojano, el acceso al cauce del río Blanco quedó custodiado con presencia policial, de la infantería, que se instalaron en la zona con armas y escudos protectores.
Además, los manifestantes denunciaron que las fuerzas de seguridad han levantado un muro divisorio de arena que corta el río, "con el riesgo que eso significa mientras nieva en las altas cumbres" para impedir un supuesto avance de la gente.
Y, señalaron que 25 personas, claramente identificadas, no pueden acercarse ni al emprendimiento ni a su responsable, Miguel Urtube, porque la justicia de Chilecito libró órdenes de restricción que les prohibe la libre circulación a menos de 3.000 metros de donde se encuentre el empresario.
Entre ellas se encuentra la asambleísta Marcela Crabbe, candidata a diputada para el Parlasur por la Fuerza Cívica Riojana.
El intendente, Ismael Bordagaray, tampoco puede acercarse para "efectuar una orden de clausura" que la comuna dictó el jueves, por lo cual presentará un recurso de no innovar en la justicia.
Bordagaray describió que en el lugar "hay dos postas policiales y sabemos que la infantería está más arriba. Los que subían antes hasta la toma (de agua) o iban a ver el río no se pueden acercar".
"Es como otro estado dentro de Famatina, que no sabemos de quién es", añadió.
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Vera es nombrada vicepresidente del Grupo I del IPCC
Climatóloga argentina en el IPCC
Fecha de Publicación: 13/10/2015
Fuente: NEX Ciencia
Provincia/Región: Nacional
La climatóloga argentina Carolina Vera acaba de ser nombrada con un cargo ejecutivo en el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC, cuya asamblea plenaria se encuentra reunida dese el lunes en la ciudad de Dubrovnik, Croacia. Vera, profesora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales e Investigadora del CONICET, fue nominada como vicepresidente del Grupo de Trabajo I -centrado en las bases físicas del Cambio Climático- y posteriormente elegida por los delegados de los 140 países participantes de la asamblea.
“Antes de mi participación en la reunión ya estaba orgullosa de que el gobierno de Argentina me hubiera nominado”, sostiene la especialista en clima desde Croacia. “Ahora estoy muy contenta de que la asamblea plenaria del IPCC haya apoyado mi incorporación a la Mesa Directiva del IPCC. Espero poder contribuir a que los informes sigan proporcionando información rigurosa y justificada del cambio climático pero además que sirvan para la toma de decisiones a escala global y regional”.
La Mesa Directiva del IPCC está formada por un presidente, tres copresidentes y tres grupos de trabajo encabezados, a su vez, por 2 copresidentes y vicepresidentes. El cargo obtenido por la Argentina es de importancia político-científica para nuestra región. La Mesa Directiva tiene una duración de 7 años.
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Fecha de Publicación: 13/10/2015
Fuente: NEX Ciencia
Provincia/Región: Nacional
La climatóloga argentina Carolina Vera acaba de ser nombrada con un cargo ejecutivo en el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC, cuya asamblea plenaria se encuentra reunida dese el lunes en la ciudad de Dubrovnik, Croacia. Vera, profesora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales e Investigadora del CONICET, fue nominada como vicepresidente del Grupo de Trabajo I -centrado en las bases físicas del Cambio Climático- y posteriormente elegida por los delegados de los 140 países participantes de la asamblea.
“Antes de mi participación en la reunión ya estaba orgullosa de que el gobierno de Argentina me hubiera nominado”, sostiene la especialista en clima desde Croacia. “Ahora estoy muy contenta de que la asamblea plenaria del IPCC haya apoyado mi incorporación a la Mesa Directiva del IPCC. Espero poder contribuir a que los informes sigan proporcionando información rigurosa y justificada del cambio climático pero además que sirvan para la toma de decisiones a escala global y regional”.
La Mesa Directiva del IPCC está formada por un presidente, tres copresidentes y tres grupos de trabajo encabezados, a su vez, por 2 copresidentes y vicepresidentes. El cargo obtenido por la Argentina es de importancia político-científica para nuestra región. La Mesa Directiva tiene una duración de 7 años.
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Instalarán alertas tempranas de crecidas en Córdoba
Córdoba y Nación acordaron instalar sistema de alertas tempranas de crecidas en ríos
Fecha de Publicación: 13/10/2015
Fuente: La Voz del Interior - Edición Electrónica
Provincia/Región: Córdoba
El convenio contempla la colocación de equipamiento en distintas cuencas para advertir sobre crecidas, a casi ocho meses de las inundaciones que afectaron diversas zonas del interior de Córdoba.
El Gobierno provincial anunció este viernes que firmó un acuerdo con la Nación que contempla la colocación de equipamiento en distintas cuencas para alertar sobre crecidas de ríos, a casi ocho meses de las inundaciones que afectaron diversas zonas del interior de Córdoba.
El ministro de Gobierno y Seguridad, Marcos Farina, suscribió un acuerdo con el Instituto Nacional del Agua (INA), representado en la oportunidad por el director del Centro de Investigación de la Región Semiárida (Cirsa), Carlos Catalini.
La iniciativa permitirá aunar esfuerzos, fijar derechos y obligaciones de ambas partes para la "adecuación y mantenimiento de estaciones telemétricas de tecnología Alert para la adquisición de datos hidrometeorológicos a tiempo real".
Cifras y sistema
El monto total de la inversión provincial alcanza los 2,5 millones de pesos, que serán desembolsados en una primera entrega de un millón y el importe restante en 12 cuotas mensuales y consecutivas de 125 mil pesos, según se anunció.
Farina explicó que el sistema de alerta temprana tiene cinco componentes: el tablero de comandos y monitoreo de alertas temprana; la información meteorológica integrada al sistema; las sirenas colocadas en las cuencas y el protocolo de emergencia de las juntas municipales de Defensa Civil.
Al referirse al tablero de comandos y monitoreo de alerta temprana, el funcionario explicó: “Pondrá en marcha un registro que unifica e integra los datos de precipitaciones registradas en cada zona en más de 90 estaciones meteorológicas mediante un sistema de información que analiza dichos datos y establece criterios y umbrales de lluvias caídas que de inmediato se transmitirán a personal de Defensa Civil”.
Este sistema, según se comunicó, fue desarrollado por la Subsecretaría de Tecnologías de la Información provincial.
Lo que dijo Defensa Civil
Por su parte, el titular de Defensa Civil de la provincia, Diego Concha, consideró que “la presencia de eventos adversos" los tiene que "encontrar trabajando juntos con un protocolo de actuación sobre una labor mancomunada y prolija, que lleve seguridad a la población".
“Con el sistema en pleno funcionamiento, al tener de inmediato la información de las precipitaciones y milimetrajes del agua caída en las distintas cuencas, podremos contactarnos al instante con los coordinadores de cada defensa civil para que puedan armar su propio protocolo de actuación ante una posible situación de evacuación, saber a donde ir y como actuar”, explicó.
En los últimos meses, Defensa Civil brindó a cada municipio "todas las herramientas para poder trabajar y asistir en emergencias dentro de cada comunidad y fortaleció la capacitación con aquellas localidades en las que se venía trabajando", según la Provincia.
"Especialmente en Sierras Chicas, el organismo provincial impulsó la generación de un esquema de organización regional y de enlaces de los mecanismos de detección de probabilidad de crecida de cursos de agua de la cuenca del arroyo Saldán", señaló el Gobierno.
Por otro lado, promovió el revelamiento de sectores dañados o amenazados por crecida de ríos y arroyos con alta población donde instalar equipos del sistema sonoro de alerta temprana conjuntamente con la Defensa Civil local y Bomberos Voluntarios, entre otras.
También estuvieron presentes, el ministro de Agua, Ambiente y Energía, Fabián López; la ministra de Gestión Pública, Verónica Bruera; Intendentes y Jefes Comunales del departamento Colón, coordinadores de Defensa Civil del interior y Bomberos Voluntarios.
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Fecha de Publicación: 13/10/2015
Fuente: La Voz del Interior - Edición Electrónica
Provincia/Región: Córdoba
El convenio contempla la colocación de equipamiento en distintas cuencas para advertir sobre crecidas, a casi ocho meses de las inundaciones que afectaron diversas zonas del interior de Córdoba.
El Gobierno provincial anunció este viernes que firmó un acuerdo con la Nación que contempla la colocación de equipamiento en distintas cuencas para alertar sobre crecidas de ríos, a casi ocho meses de las inundaciones que afectaron diversas zonas del interior de Córdoba.
El ministro de Gobierno y Seguridad, Marcos Farina, suscribió un acuerdo con el Instituto Nacional del Agua (INA), representado en la oportunidad por el director del Centro de Investigación de la Región Semiárida (Cirsa), Carlos Catalini.
La iniciativa permitirá aunar esfuerzos, fijar derechos y obligaciones de ambas partes para la "adecuación y mantenimiento de estaciones telemétricas de tecnología Alert para la adquisición de datos hidrometeorológicos a tiempo real".
Cifras y sistema
El monto total de la inversión provincial alcanza los 2,5 millones de pesos, que serán desembolsados en una primera entrega de un millón y el importe restante en 12 cuotas mensuales y consecutivas de 125 mil pesos, según se anunció.
Farina explicó que el sistema de alerta temprana tiene cinco componentes: el tablero de comandos y monitoreo de alertas temprana; la información meteorológica integrada al sistema; las sirenas colocadas en las cuencas y el protocolo de emergencia de las juntas municipales de Defensa Civil.
Al referirse al tablero de comandos y monitoreo de alerta temprana, el funcionario explicó: “Pondrá en marcha un registro que unifica e integra los datos de precipitaciones registradas en cada zona en más de 90 estaciones meteorológicas mediante un sistema de información que analiza dichos datos y establece criterios y umbrales de lluvias caídas que de inmediato se transmitirán a personal de Defensa Civil”.
Este sistema, según se comunicó, fue desarrollado por la Subsecretaría de Tecnologías de la Información provincial.
Lo que dijo Defensa Civil
Por su parte, el titular de Defensa Civil de la provincia, Diego Concha, consideró que “la presencia de eventos adversos" los tiene que "encontrar trabajando juntos con un protocolo de actuación sobre una labor mancomunada y prolija, que lleve seguridad a la población".
“Con el sistema en pleno funcionamiento, al tener de inmediato la información de las precipitaciones y milimetrajes del agua caída en las distintas cuencas, podremos contactarnos al instante con los coordinadores de cada defensa civil para que puedan armar su propio protocolo de actuación ante una posible situación de evacuación, saber a donde ir y como actuar”, explicó.
En los últimos meses, Defensa Civil brindó a cada municipio "todas las herramientas para poder trabajar y asistir en emergencias dentro de cada comunidad y fortaleció la capacitación con aquellas localidades en las que se venía trabajando", según la Provincia.
"Especialmente en Sierras Chicas, el organismo provincial impulsó la generación de un esquema de organización regional y de enlaces de los mecanismos de detección de probabilidad de crecida de cursos de agua de la cuenca del arroyo Saldán", señaló el Gobierno.
Por otro lado, promovió el revelamiento de sectores dañados o amenazados por crecida de ríos y arroyos con alta población donde instalar equipos del sistema sonoro de alerta temprana conjuntamente con la Defensa Civil local y Bomberos Voluntarios, entre otras.
También estuvieron presentes, el ministro de Agua, Ambiente y Energía, Fabián López; la ministra de Gestión Pública, Verónica Bruera; Intendentes y Jefes Comunales del departamento Colón, coordinadores de Defensa Civil del interior y Bomberos Voluntarios.
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La Ley de Humedales nuevamente sin despacho
Diputados volvió a dejar afuera la Ley de Humedales y se acortan los tiempos parlamentarios
Fecha de Publicación: 13/10/2015
Fuente: AIM
Provincia/Región: Nacional
Una vez más, el oficialismo se negó a dar despacho en la comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la nación al proyecto de Ley de Humedales, que ayudaría a mitigar las inundaciones como las que hicieron estragos en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Así, la iniciativa no pudo ser tratada en el recinto y, a principios de diciembre, perdería su estado parlamentario, registró AIM.
Pese a que, en noviembre de 2013, el texto obtuvo el apoyo unánime del Senado, el proyecto de ley que establece presupuestos mínimos para la protección de humedales sigue estancado en diputados y muy próximo a perder estado parlamentario, ya que se cumplirán dos años desde su media sanción y su ingreso a la cámara baja.
Diversas organizaciones ambientales, entre las que se incluyen ONG’s entrerrianas, vienen exigiendo a la comisión de Recursos Naturales su tratamiento, sin resultados hasta el momento. El texto ya obtuvo dictamen de las comisiones de Intereses Marítimos y de Presupuesto, pero el diputado formoseño Luis Basterra (Frente para la Victoria), principal opositor a la norma, se encargó de impedir su tratamiento en Recursos Naturales. Con fuerte influencia en ese ámbito, Basterra exigió distintas condiciones como hacer consultas al Consejo Hídrico Federal (Cohife) y al Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema), que preside el sciolista Hugo Bilbao. Después de un tiempo, el Cofema avaló el proyecto, pero el Cohife aún no. Las organizaciones sostienen que no hay razones para pedirle a esa entidad que lo avale y que el único motivo es seguir demorando el trámite.
El argumento del legislador kirchnerista es que la aprobación de este proyecto podría generar la judicialización de cuestiones ambientales y que necesita modificaciones para evitar esa situación, pero no hay que olvidarse que el texto estuvo dos años cajoneado y esto demoraría aún más el tratamiento.
En realidad, la sospecha es que el diputado formoseño teme que con la Ley de Humedales se frenen proyectos de infraestructura, urbanización y emprendimientos productivos que no cumplan con los controles que establece la normativa, que justamente tiene como fin que ese tipo de proyectos se realicen con determinados estándares para la conservación y uso racional de los humedales.
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Fecha de Publicación: 13/10/2015
Fuente: AIM
Provincia/Región: Nacional
Una vez más, el oficialismo se negó a dar despacho en la comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la nación al proyecto de Ley de Humedales, que ayudaría a mitigar las inundaciones como las que hicieron estragos en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Así, la iniciativa no pudo ser tratada en el recinto y, a principios de diciembre, perdería su estado parlamentario, registró AIM.
Pese a que, en noviembre de 2013, el texto obtuvo el apoyo unánime del Senado, el proyecto de ley que establece presupuestos mínimos para la protección de humedales sigue estancado en diputados y muy próximo a perder estado parlamentario, ya que se cumplirán dos años desde su media sanción y su ingreso a la cámara baja.
Diversas organizaciones ambientales, entre las que se incluyen ONG’s entrerrianas, vienen exigiendo a la comisión de Recursos Naturales su tratamiento, sin resultados hasta el momento. El texto ya obtuvo dictamen de las comisiones de Intereses Marítimos y de Presupuesto, pero el diputado formoseño Luis Basterra (Frente para la Victoria), principal opositor a la norma, se encargó de impedir su tratamiento en Recursos Naturales. Con fuerte influencia en ese ámbito, Basterra exigió distintas condiciones como hacer consultas al Consejo Hídrico Federal (Cohife) y al Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema), que preside el sciolista Hugo Bilbao. Después de un tiempo, el Cofema avaló el proyecto, pero el Cohife aún no. Las organizaciones sostienen que no hay razones para pedirle a esa entidad que lo avale y que el único motivo es seguir demorando el trámite.
El argumento del legislador kirchnerista es que la aprobación de este proyecto podría generar la judicialización de cuestiones ambientales y que necesita modificaciones para evitar esa situación, pero no hay que olvidarse que el texto estuvo dos años cajoneado y esto demoraría aún más el tratamiento.
En realidad, la sospecha es que el diputado formoseño teme que con la Ley de Humedales se frenen proyectos de infraestructura, urbanización y emprendimientos productivos que no cumplan con los controles que establece la normativa, que justamente tiene como fin que ese tipo de proyectos se realicen con determinados estándares para la conservación y uso racional de los humedales.
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