Se presentó en Argentina el AR5
08:00 | 
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Se presentó en Argentina en Quinto Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático
Fecha de Publicación: 09/09/2015
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
En la publicación del IPCC participaron más de 800 especialistas de 85 distintos países y es el informe más sólido obtenido hasta el momento en materia de cambio climático; Servirá como base de información fundamental para los tomadores de decisiones en las negociaciones de cara a la COP 21 de París.
Los expertos del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) presentaron hoy los resultados de su Quinto Informe de Evaluación (AR5) y la forma de limitar y adaptarse al cambio climático, en un evento de divulgación organizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) y la Fundación Di Tella.
El Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Lorusso, señaló que “hemos logrado la mejor información a través de nuestros científicos”, sin embargo, “el mundo científico a veces entra en coalición con el mundo político”.
“Hay valores que son superiores al capital y debe resurgir la solidaridad hacia el otro y la humanidad para que se tome conciencia”, remarcó Lorusso al hacer referencia al cambio climático que afecta con mayor impacto a los más vulnerables.
“Este informe constituye el de mayor volumen científico, con información que jamás se había tenido”, aseguró el Secretario Adjunto del IPCC Carlos Martin-Novella, ante la presencia de responsables políticos, profesionales, científicos, representantes de la sociedad civil y medios de comunicación de Argentina y Sudamérica.
De la apertura participaron también el presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Hugo Bilbao, el reconocido científico argentino Vicente Barros, y el Presidente de la Fundación Torcuato Di Tella, Daniel Perczyk, y el secretario de Agricultura de la Nación, Gabriel Delgado.
Quinto Informe de Evaluación (AR5) del IPCC
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es el organismo mundial para la evaluación de la ciencia relacionada con el cambio climático. El IPCC fue creado en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para proporcionar a los tomadores de decisión evaluaciones periódicas de las bases científicas del cambio climático, sus impactos y los riesgos futuros y las opciones de adaptación y mitigación.
El Quinto Informe del IPCC muestra el estado del conocimiento actual sobre cambio climático, fue elaborado por más de 800 científicos de 85 distintos países, de los cuales 12 son argentinos. El mismo contiene 5 mil páginas organizadas 3 capítulos: Base Científica; Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad; y mitigación del cambio climático, y se citan más de 30 mil publicaciones.
A nivel mundial, a causa del cambio climático, se alerta sobre una menor cantidad y calidad de agua disponible, menor cantidad de alimentos, y mayor proliferación de enfermedades. Y se señalan al uso del cambio del suelo asociado a la deforestación, y principalmente el transporte y el uso de energías fósiles, como responsables de la mitad de las emisiones de Gases del Efecto Invernadero (GEIs).
Entre las posibles soluciones descriptas al flagelo del calentamiento global, los científicos apuntan a mejores tecnologías, transformar la matriz energética –favoreciendo el desarrollo e inversiones hacia fuentes de energía renovable- , cambios en el uso del suelo, y optimizar conductas y comportamientos, tanto individuales como sociales, en cuanto a modificar estilos de vida, patrones de consumo, pautas culturales y educación.
Las presentaciones estuvieron a cargo de: el Co-Presidente del Grupo de Trabajo III Ramón Pichs Madruga (Cuba), los Vice-Presidentes del Grupo de Trabajo II Eduardo Calvo (Perú) y José Moreno (España), la Co-Presidente del Grupo de Trabajo Especial sobre Inventarios Nacionales Thelma Krug (Brasil), los autores del IPCC Matilde Rusticucci (Argentina), Inés Camilloni (Argentina), Graciela Magrín (Argentina), Miguel Taboada (Argentina), Daniel Perczyk (Argentina), Gabriel Blanco (Argentina) Mariana Conte Grand (Argentina), Oswaldo Lucon (Brasil), Sebastian Vicuña (Chile), y el Secretario Adjunto del IPCC Carlos Martin-Novella.
“La influencia humana en el sistema climático es clara y cuanto mayores sean las emisiones de GEIs habrá impactos más severos, y en algunos casos irreversibles”, dijo Vicente Barros, Co] Presidente del Grupo de Trabajo II, al tiempo que agregó que “hoy la temperatura está en ascenso y la tierra se está calentando, aun así se puede limitar al cambio climático y construir un futuro más sustentable”.
Actualmente los estudios de cambio climático son intredisiplinarios, no sólo incluyen a científicos de la atmósfera, sino que también a sociólogos, politólogos, economistas, entre otras profesiones, y los mismos evidencian una relación directamente proporcional entre el crecimiento demográfico y económico con las emisiones de GEIs.
Jornada de capacitación para comunicadores
Previo al evento de divulgación, se llevó a cabo ayer una capacitación especial para la prensa, en la cual los periodistas profundizaron sus conocimientos en la materia y tuvieron un mano a mano con los científicos que participaron del Quinto Informe del IPCC. El mismo tuvo a Carolina Vera (Consejo Nacional de Inves-tigaciones-CONICET) como moderadora y fue presentado por Juan Pablo Vismara, subsecretario de Promoción del Desarrollo Sustentable de la Nación, y Daniel Perczyk, Presidente de la Fundación Torcuato Di Tella.
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Fecha de Publicación: 09/09/2015
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
En la publicación del IPCC participaron más de 800 especialistas de 85 distintos países y es el informe más sólido obtenido hasta el momento en materia de cambio climático; Servirá como base de información fundamental para los tomadores de decisiones en las negociaciones de cara a la COP 21 de París.
Los expertos del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) presentaron hoy los resultados de su Quinto Informe de Evaluación (AR5) y la forma de limitar y adaptarse al cambio climático, en un evento de divulgación organizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) y la Fundación Di Tella.
El Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Lorusso, señaló que “hemos logrado la mejor información a través de nuestros científicos”, sin embargo, “el mundo científico a veces entra en coalición con el mundo político”.
“Hay valores que son superiores al capital y debe resurgir la solidaridad hacia el otro y la humanidad para que se tome conciencia”, remarcó Lorusso al hacer referencia al cambio climático que afecta con mayor impacto a los más vulnerables.
“Este informe constituye el de mayor volumen científico, con información que jamás se había tenido”, aseguró el Secretario Adjunto del IPCC Carlos Martin-Novella, ante la presencia de responsables políticos, profesionales, científicos, representantes de la sociedad civil y medios de comunicación de Argentina y Sudamérica.
De la apertura participaron también el presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Hugo Bilbao, el reconocido científico argentino Vicente Barros, y el Presidente de la Fundación Torcuato Di Tella, Daniel Perczyk, y el secretario de Agricultura de la Nación, Gabriel Delgado.
Quinto Informe de Evaluación (AR5) del IPCC
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es el organismo mundial para la evaluación de la ciencia relacionada con el cambio climático. El IPCC fue creado en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para proporcionar a los tomadores de decisión evaluaciones periódicas de las bases científicas del cambio climático, sus impactos y los riesgos futuros y las opciones de adaptación y mitigación.
El Quinto Informe del IPCC muestra el estado del conocimiento actual sobre cambio climático, fue elaborado por más de 800 científicos de 85 distintos países, de los cuales 12 son argentinos. El mismo contiene 5 mil páginas organizadas 3 capítulos: Base Científica; Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad; y mitigación del cambio climático, y se citan más de 30 mil publicaciones.
A nivel mundial, a causa del cambio climático, se alerta sobre una menor cantidad y calidad de agua disponible, menor cantidad de alimentos, y mayor proliferación de enfermedades. Y se señalan al uso del cambio del suelo asociado a la deforestación, y principalmente el transporte y el uso de energías fósiles, como responsables de la mitad de las emisiones de Gases del Efecto Invernadero (GEIs).
Entre las posibles soluciones descriptas al flagelo del calentamiento global, los científicos apuntan a mejores tecnologías, transformar la matriz energética –favoreciendo el desarrollo e inversiones hacia fuentes de energía renovable- , cambios en el uso del suelo, y optimizar conductas y comportamientos, tanto individuales como sociales, en cuanto a modificar estilos de vida, patrones de consumo, pautas culturales y educación.
Las presentaciones estuvieron a cargo de: el Co-Presidente del Grupo de Trabajo III Ramón Pichs Madruga (Cuba), los Vice-Presidentes del Grupo de Trabajo II Eduardo Calvo (Perú) y José Moreno (España), la Co-Presidente del Grupo de Trabajo Especial sobre Inventarios Nacionales Thelma Krug (Brasil), los autores del IPCC Matilde Rusticucci (Argentina), Inés Camilloni (Argentina), Graciela Magrín (Argentina), Miguel Taboada (Argentina), Daniel Perczyk (Argentina), Gabriel Blanco (Argentina) Mariana Conte Grand (Argentina), Oswaldo Lucon (Brasil), Sebastian Vicuña (Chile), y el Secretario Adjunto del IPCC Carlos Martin-Novella.
“La influencia humana en el sistema climático es clara y cuanto mayores sean las emisiones de GEIs habrá impactos más severos, y en algunos casos irreversibles”, dijo Vicente Barros, Co] Presidente del Grupo de Trabajo II, al tiempo que agregó que “hoy la temperatura está en ascenso y la tierra se está calentando, aun así se puede limitar al cambio climático y construir un futuro más sustentable”.
Actualmente los estudios de cambio climático son intredisiplinarios, no sólo incluyen a científicos de la atmósfera, sino que también a sociólogos, politólogos, economistas, entre otras profesiones, y los mismos evidencian una relación directamente proporcional entre el crecimiento demográfico y económico con las emisiones de GEIs.
Jornada de capacitación para comunicadores
Previo al evento de divulgación, se llevó a cabo ayer una capacitación especial para la prensa, en la cual los periodistas profundizaron sus conocimientos en la materia y tuvieron un mano a mano con los científicos que participaron del Quinto Informe del IPCC. El mismo tuvo a Carolina Vera (Consejo Nacional de Inves-tigaciones-CONICET) como moderadora y fue presentado por Juan Pablo Vismara, subsecretario de Promoción del Desarrollo Sustentable de la Nación, y Daniel Perczyk, Presidente de la Fundación Torcuato Di Tella.
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Pascua Lama: presentan formalmente la suspensión
Minera Barrick presenta al Gobierno plan de suspensión temporal de proyecto Pascua Lama
Fecha de Publicación: 09/09/2015
Fuente: Economia y Negocios (Chile)
Provincia/Región: San Juan
Al menos dos años se suspenderá Pascua Lama, el proyecto binacional de cobre, oro y plata propiedad de la canadiense Barrick Gold y ubicado en la Región de Atacama.
Tal como adelantó "El Mercurio" el 7 de agosto, la minera presentó ayer al Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin) el plan de suspensión temporal de la iniciativa. El Gobierno tiene un plazo de 60 días para responder.
El proyecto Pascua Lama está paralizado desde 2013, cuando se encontraba en plena fase de construcción. Nunca llegó a operar, pese a que se invirtieron cerca de US$ 5 mil millones, de los US$ 8.500 millones que contemplaba toda la obra.
A la fecha, en el lugar solo se ven labores de mantención de infraestructura y aquellas necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
René Muga, director ejecutivo del proyecto, reconoce que el plan de suspensión fue presentado y dice que tiene un "carácter parcial, ya que existen instalaciones que se requiere que sigan funcionando; el plan presentado ajusta los compromisos a las condiciones actuales de paralización".
Cercanos comentan que a la empresa le cuesta cerca de US$ 200 millones al año mantener la operación como está hoy. El plan les permitiría ahorrar más del 30% de ese monto. Pero la minera deberá continuar cumpliendo con sus obligaciones ambientales durante el lapso que dure la detención.
En esta etapa de suspensión, Barrick Gold se enfocará en realizar estudios de optimización del proyecto, con el objetivo de viabilizar su desarrollo futuro cuando mejoren las condiciones de mercado, especifica Muga.
Fuentes de la empresa señalan que, probablemente, se desvinculará a parte de los trabajadores, aunque descartan que el proceso sea masivo.
El desarrollo del proyecto Pascua Lama ha sido complejo. En abril de 2013, luego de seis años de construcción, se detuvieron las obras primero por decisión judicial y luego por la paralización indefinida decretada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Esta última sancionó con 16 mil UTA a Pascua Lama, lo que el Tribunal Ambiental pidió recalcular, aunque todavía no hay una resolución final.
US$ 5 mil millones de US$ 8.500 millones, ha invertido Barrick Gold en Pascua Lama desde que inició su construcción.
US$ 200 millones anuales le costaría a la minera mantener la iniciativa tal como está hoy. El plan de suspensión le permitiría ahorrar cerca del 30% de esa cifra.
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Fecha de Publicación: 09/09/2015
Fuente: Economia y Negocios (Chile)
Provincia/Región: San Juan
Al menos dos años se suspenderá Pascua Lama, el proyecto binacional de cobre, oro y plata propiedad de la canadiense Barrick Gold y ubicado en la Región de Atacama.
Tal como adelantó "El Mercurio" el 7 de agosto, la minera presentó ayer al Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin) el plan de suspensión temporal de la iniciativa. El Gobierno tiene un plazo de 60 días para responder.
El proyecto Pascua Lama está paralizado desde 2013, cuando se encontraba en plena fase de construcción. Nunca llegó a operar, pese a que se invirtieron cerca de US$ 5 mil millones, de los US$ 8.500 millones que contemplaba toda la obra.
A la fecha, en el lugar solo se ven labores de mantención de infraestructura y aquellas necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
René Muga, director ejecutivo del proyecto, reconoce que el plan de suspensión fue presentado y dice que tiene un "carácter parcial, ya que existen instalaciones que se requiere que sigan funcionando; el plan presentado ajusta los compromisos a las condiciones actuales de paralización".
Cercanos comentan que a la empresa le cuesta cerca de US$ 200 millones al año mantener la operación como está hoy. El plan les permitiría ahorrar más del 30% de ese monto. Pero la minera deberá continuar cumpliendo con sus obligaciones ambientales durante el lapso que dure la detención.
En esta etapa de suspensión, Barrick Gold se enfocará en realizar estudios de optimización del proyecto, con el objetivo de viabilizar su desarrollo futuro cuando mejoren las condiciones de mercado, especifica Muga.
Fuentes de la empresa señalan que, probablemente, se desvinculará a parte de los trabajadores, aunque descartan que el proceso sea masivo.
El desarrollo del proyecto Pascua Lama ha sido complejo. En abril de 2013, luego de seis años de construcción, se detuvieron las obras primero por decisión judicial y luego por la paralización indefinida decretada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Esta última sancionó con 16 mil UTA a Pascua Lama, lo que el Tribunal Ambiental pidió recalcular, aunque todavía no hay una resolución final.
US$ 5 mil millones de US$ 8.500 millones, ha invertido Barrick Gold en Pascua Lama desde que inició su construcción.
US$ 200 millones anuales le costaría a la minera mantener la iniciativa tal como está hoy. El plan de suspensión le permitiría ahorrar cerca del 30% de esa cifra.
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Jerarquizan area protegida de San Luis
El Área Natural Protegida Mogote Bayo fue jerarquizada
Fecha de Publicación: 09/09/2015
Fuente: Info Merlo
Provincia/Región: San Luis
La nueva infraestructura, se compone de una oficina para recepción al visitante, vivienda para el guardaparque, salón de usos múltiples y mirador. Significó una inversión de $2.587.312,08.
El gobernador de la Provincia, Claudio Poggi, participó de la actividad, donde además se realizó una liberación de aves que fueron rehabilitadas tras haber estado en cautiverio. “Vinimos a cumplir con el compromiso asumido, y con el tratado de paz entre progreso y medio ambiente”, expresó la ministra Hissa, durante el acto desarrollado en la Villa de Merlo.
El Área se encuentra sobre la Ruta Provincial N° 5, en el sector Rincón del Este, se accede a pie desde la ruta y tras una pequeña subida se llega a la nueva oficina de recepción al turista.
Mogote Bayo, que cuenta con 338 hectáreas, tiene como objetivo preservar las particularidades biológicas y ambientales, como los bosques de tabaquillo, el zorro colorado, una amplia diversidad aviar, plantas aromáticas y los efluentes de agua natural que nacen en la zona.
Junto al gobernador, participaron de la actividad la ministra de Medio Ambiente, Daiana Hissa; el ministro de Educación, Marcelo Sosa; la ministra de Turismo y Las Culturas, Liliana Bartolucci; la diputada provincial, Mónica Fernández; la intendenta de la Villa de Merlo, Gloria Petrino; la decana de la Facultad de Turismo y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Luis, Norma Pereyra; funcionarios y turistas.
También asistieron a la inauguración, guardaparques de diversas áreas y parques naturales; bomberos voluntarios de la Villa de Merlo; miembros de la Cámara de Hoteleros; integrantes de la Fundación Espacios Verdes, y vecinos.
La ministra de Medio Ambiente, Daiana Hissa, explicó que en el Área “se realizó un inventario de los recursos existentes, para saber qué y cómo protegerlos, se definieron los límites del área natural y se designó un guardaparque”.
“Se creó la infraestructura para recibir a los turistas, de esta manera tenemos un sitio adecuado para que toda la sociedad aprenda sobre nuestra flora y nuestra fauna, y la importancia de la protección”, detalló Hissa.
Además, se edificó una vivienda para el guardaparque, salón de usos múltiples y mirador. “El guardaparque es el encargado de resguardar las riquezas biológicas y culturales de cada una de nuestras áreas”, explicó.
La ministra, destacó que “estos espacios protegen el invalorable tesoro de nuestra biodiversidad, donde muchas veces buscaremos las soluciones a futuros problemas de la humanidad”.
“Al proteger estos espacios naturales, estos proporcionan una serie de bienes y servicios ecológicos, en este caso protegen gran parte de la cuenca hídrica que se ubica sierras arriba, favoreciendo así la recarga de agua en el suelo, y regulando la crecida de los ríos y arroyos”, resaltó.
Además, destacó las oportunidades para la investigación y el desarrollo turístico. “El turismo natural y el ecoturismo representan quizás la oportunidad más fuerte para desarrollos empresariales y generación de empleo”, detalló.
Hissa explicó que la nueva infraestructura “muestra una arquitectura que realza el Área sin intervenir con el paisaje”.
La funcionaria explicó que “todo esto es posible gracias a la continuidad de las acciones del Gobierno que tenemos desde hace más de 30 años en nuestra provincia; que han comenzado con Adolfo Rodríguez Saá, continuaron con Alberto Rodríguez Saá y ahora se llevan adelante con el gobernador Claudio Poggi”. “Gracias a todos ellos hemos avanzado enormemente, pudiéndonos diferenciar del resto de las provincias argentinas”, concluyó la ministra.
A continuación, el gobernador entregó una copia del Plan de Manejo Ambiental en Áreas Naturales Protegidas al guardaparque de Mogote Bayo, Julio Sosa. En la oportunidad, se realizó una liberación de aves, que fueron rehabilitadas tras haber estado en cautiverio. El jefe del Programa Biodiversidad, Jorge Heider, explicó cómo trabajan con las especies recuperadas.
Luego del desatado de cintas, el primer mandatario visitó las nuevas instalaciones, finalizando el recorrido en el mirador desde donde se puede observar el parque, las sierras y parte de la ciudad.
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Fecha de Publicación: 09/09/2015
Fuente: Info Merlo
Provincia/Región: San Luis
La nueva infraestructura, se compone de una oficina para recepción al visitante, vivienda para el guardaparque, salón de usos múltiples y mirador. Significó una inversión de $2.587.312,08.
El gobernador de la Provincia, Claudio Poggi, participó de la actividad, donde además se realizó una liberación de aves que fueron rehabilitadas tras haber estado en cautiverio. “Vinimos a cumplir con el compromiso asumido, y con el tratado de paz entre progreso y medio ambiente”, expresó la ministra Hissa, durante el acto desarrollado en la Villa de Merlo.
El Área se encuentra sobre la Ruta Provincial N° 5, en el sector Rincón del Este, se accede a pie desde la ruta y tras una pequeña subida se llega a la nueva oficina de recepción al turista.
Mogote Bayo, que cuenta con 338 hectáreas, tiene como objetivo preservar las particularidades biológicas y ambientales, como los bosques de tabaquillo, el zorro colorado, una amplia diversidad aviar, plantas aromáticas y los efluentes de agua natural que nacen en la zona.
Junto al gobernador, participaron de la actividad la ministra de Medio Ambiente, Daiana Hissa; el ministro de Educación, Marcelo Sosa; la ministra de Turismo y Las Culturas, Liliana Bartolucci; la diputada provincial, Mónica Fernández; la intendenta de la Villa de Merlo, Gloria Petrino; la decana de la Facultad de Turismo y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Luis, Norma Pereyra; funcionarios y turistas.
También asistieron a la inauguración, guardaparques de diversas áreas y parques naturales; bomberos voluntarios de la Villa de Merlo; miembros de la Cámara de Hoteleros; integrantes de la Fundación Espacios Verdes, y vecinos.
La ministra de Medio Ambiente, Daiana Hissa, explicó que en el Área “se realizó un inventario de los recursos existentes, para saber qué y cómo protegerlos, se definieron los límites del área natural y se designó un guardaparque”.
“Se creó la infraestructura para recibir a los turistas, de esta manera tenemos un sitio adecuado para que toda la sociedad aprenda sobre nuestra flora y nuestra fauna, y la importancia de la protección”, detalló Hissa.
Además, se edificó una vivienda para el guardaparque, salón de usos múltiples y mirador. “El guardaparque es el encargado de resguardar las riquezas biológicas y culturales de cada una de nuestras áreas”, explicó.
La ministra, destacó que “estos espacios protegen el invalorable tesoro de nuestra biodiversidad, donde muchas veces buscaremos las soluciones a futuros problemas de la humanidad”.
“Al proteger estos espacios naturales, estos proporcionan una serie de bienes y servicios ecológicos, en este caso protegen gran parte de la cuenca hídrica que se ubica sierras arriba, favoreciendo así la recarga de agua en el suelo, y regulando la crecida de los ríos y arroyos”, resaltó.
Además, destacó las oportunidades para la investigación y el desarrollo turístico. “El turismo natural y el ecoturismo representan quizás la oportunidad más fuerte para desarrollos empresariales y generación de empleo”, detalló.
Hissa explicó que la nueva infraestructura “muestra una arquitectura que realza el Área sin intervenir con el paisaje”.
La funcionaria explicó que “todo esto es posible gracias a la continuidad de las acciones del Gobierno que tenemos desde hace más de 30 años en nuestra provincia; que han comenzado con Adolfo Rodríguez Saá, continuaron con Alberto Rodríguez Saá y ahora se llevan adelante con el gobernador Claudio Poggi”. “Gracias a todos ellos hemos avanzado enormemente, pudiéndonos diferenciar del resto de las provincias argentinas”, concluyó la ministra.
A continuación, el gobernador entregó una copia del Plan de Manejo Ambiental en Áreas Naturales Protegidas al guardaparque de Mogote Bayo, Julio Sosa. En la oportunidad, se realizó una liberación de aves, que fueron rehabilitadas tras haber estado en cautiverio. El jefe del Programa Biodiversidad, Jorge Heider, explicó cómo trabajan con las especies recuperadas.
Luego del desatado de cintas, el primer mandatario visitó las nuevas instalaciones, finalizando el recorrido en el mirador desde donde se puede observar el parque, las sierras y parte de la ciudad.
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Dióxido de carbono emitidos por vehículos sin control
No se regulan las emisiones de CO2 de los vehículos
Fecha de Publicación: 08/09/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
En Argentina no hay normas que controlen las emanaciones de dióxido de carbono, responsable del cambio climático.
Argentina no cuenta con una normativa ni controles para limitar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los vehículos. El CO2 es el principal gas responsable del cambio climático. El 13 por ciento de las emisiones de CO2 del país se debe al transporte.
En Europa y EE.UU. la normativa exige a la industria automotriz que fabrique autos cada vez menos contaminantes. Pero en Argentina no hay regulación sobre este gas, confirmó la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Sí están reguladas las emisiones de monóxido de carbono e hidrocarburos, tóxicas para las personas y responsables del smog . Estas sustancias son las que se controlan en la Inspección Técnica Vehicular (ITV) de la ciudad de Córdoba y en plantas similares de otras localidades y provincias.
“Actualmente no se contemplan a nivel nacional los valores de emisiones de CO2 para otorgar la licencia de configuración de nuevos modelos de auto”, aseguró Julio Vassallo, del Laboratorio de Control de Emisiones Gaseosas Vehiculares de la Secretaría de Ambiente.
El funcionario también precisó que no hay obligación de controlar este gas en la ITV. Y agregó que “posiblemente en los próximos años” se desarrolle un marco normativo para el cumplimiento de emisiones de gases de efecto invernadero y eficiencia energética.
“Está actualmente en estudio entre las secretarias de estado relacionadas con la materia y los organismos de normalización”, comentó. Según Vassallo, una alternativa sería avanzar en el etiquetado de los autos, al igual que lo que sucede actualmente con algunos electrodomésticos como lavarropas y heladeras.
En 1999 la Unión Europea resolvió que los autos nuevos y usados a la venta deben tener una etiqueta que informe sobre la cantidad de emisiones de CO2 (en gramos por kilómetro) y la eficiencia en el consumo de combustible (en litros cada 100 kilómetros).
De esta forma se les otorga a los consumidores una herramienta para decidir la compra del vehículo según parámetros ambientales.
Pero a su vez, la idea es obligar a las empresas a competir por la producción de autos más eficientes para captar a los “consumidores verdes”. Finalmente, en 2009 el organismo europeo fijó un límite de emisiones que para este año es de 130 g/km en los autos familiares. Mientras que a partir de 2021 la cifra bajará a 95 g/km.
Las automotrices deben pagar una multa progresiva por cada auto vendido que se exceda en las emisiones regidas por la norma. La sanción es de cinco euros para el primer gramo por encima del límite y llega a 95 euros si se exceden en cuatro o más gramos.
Contrastes
Las filiales automotrices argentinas no informan sobre las emisiones de CO2. Por ejemplo, el Fiat 500 que se vende en Europa tiene un consumo medio de 4,2 litros cada 100 km y emite 119 g/km. Se fabrica en la planta de Polonia.
El mismo modelo que se vende en Argentina (y se fabrica en México) tiene un consumo medio de 12,8 litros cada 100 km.
El Peugeot 208 que se vende en Europa (se fabrica en Eslovaquia y Francia) consume 4,5 litros cada 100 km y emite 104 g/km, en la versión más “verde”. El mismo modelo que se fabrica en Brasil y se comercializa en Argentina tiene un consumo de 5,6 litros/100 km en ruta y 9,45 litros/100 km en la ciudad.
En ninguno de los modelos vendidos en el país se informa cuánto CO2 emiten, pero se deduce que contaminan más que los vehículos europeos ya que están equipados con motores menos eficientes.
“Una legislación similar a la europea ayudaría a empujar los valores hacia abajo en Argentina”, asegura Enrique Puliafito, ingeniero especialista en física de atmósfera y docente de la Universidad Tecnológica Nacional de Mendoza.
El experto estima que los autos que se comercializan en el país emiten entre 190 y 230 gramos por kilómetros, según utilicen GNC, diésel o nafta.
También advierte que las emisiones de un auto en funcionamiento varían por diferentes factores como velocidad, estado de los neumático, diseño aerodinámico y características de los caminos.
Puliafito aclara que el CO2 no es un gas tóxico como sí lo son los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono y el material particulado.
“Sí es importante que se controlen las emisiones de esas sustancias para no afectar la calidad del aire que respiramos”, dice.
¿Por qué hay que reducir las emisiones?
Cambio climático. EL CO2 es el principal gas de efecto invernadero responsable del cambio climático. Si el planeta se calienta más de la cuenta, habrá graves consecuencias: más eventos extremos como sequías, inundaciones y olas de calor; aumento del nivel del mar que afectará a las ciudad costeras, pérdida de la biodiversidad, aumento de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue.
Rumbo a París. En diciembre se realizará en París una cumbre de la ONU en la que se espera llegar a un acuerdo entre las naciones para lograr metas obligatorias por país para reducir las emisiones.
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Fecha de Publicación: 08/09/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
En Argentina no hay normas que controlen las emanaciones de dióxido de carbono, responsable del cambio climático.
Argentina no cuenta con una normativa ni controles para limitar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los vehículos. El CO2 es el principal gas responsable del cambio climático. El 13 por ciento de las emisiones de CO2 del país se debe al transporte.
En Europa y EE.UU. la normativa exige a la industria automotriz que fabrique autos cada vez menos contaminantes. Pero en Argentina no hay regulación sobre este gas, confirmó la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Sí están reguladas las emisiones de monóxido de carbono e hidrocarburos, tóxicas para las personas y responsables del smog . Estas sustancias son las que se controlan en la Inspección Técnica Vehicular (ITV) de la ciudad de Córdoba y en plantas similares de otras localidades y provincias.
“Actualmente no se contemplan a nivel nacional los valores de emisiones de CO2 para otorgar la licencia de configuración de nuevos modelos de auto”, aseguró Julio Vassallo, del Laboratorio de Control de Emisiones Gaseosas Vehiculares de la Secretaría de Ambiente.
El funcionario también precisó que no hay obligación de controlar este gas en la ITV. Y agregó que “posiblemente en los próximos años” se desarrolle un marco normativo para el cumplimiento de emisiones de gases de efecto invernadero y eficiencia energética.
“Está actualmente en estudio entre las secretarias de estado relacionadas con la materia y los organismos de normalización”, comentó. Según Vassallo, una alternativa sería avanzar en el etiquetado de los autos, al igual que lo que sucede actualmente con algunos electrodomésticos como lavarropas y heladeras.
En 1999 la Unión Europea resolvió que los autos nuevos y usados a la venta deben tener una etiqueta que informe sobre la cantidad de emisiones de CO2 (en gramos por kilómetro) y la eficiencia en el consumo de combustible (en litros cada 100 kilómetros).
De esta forma se les otorga a los consumidores una herramienta para decidir la compra del vehículo según parámetros ambientales.
Pero a su vez, la idea es obligar a las empresas a competir por la producción de autos más eficientes para captar a los “consumidores verdes”. Finalmente, en 2009 el organismo europeo fijó un límite de emisiones que para este año es de 130 g/km en los autos familiares. Mientras que a partir de 2021 la cifra bajará a 95 g/km.
Las automotrices deben pagar una multa progresiva por cada auto vendido que se exceda en las emisiones regidas por la norma. La sanción es de cinco euros para el primer gramo por encima del límite y llega a 95 euros si se exceden en cuatro o más gramos.
Contrastes
Las filiales automotrices argentinas no informan sobre las emisiones de CO2. Por ejemplo, el Fiat 500 que se vende en Europa tiene un consumo medio de 4,2 litros cada 100 km y emite 119 g/km. Se fabrica en la planta de Polonia.
El mismo modelo que se vende en Argentina (y se fabrica en México) tiene un consumo medio de 12,8 litros cada 100 km.
El Peugeot 208 que se vende en Europa (se fabrica en Eslovaquia y Francia) consume 4,5 litros cada 100 km y emite 104 g/km, en la versión más “verde”. El mismo modelo que se fabrica en Brasil y se comercializa en Argentina tiene un consumo de 5,6 litros/100 km en ruta y 9,45 litros/100 km en la ciudad.
En ninguno de los modelos vendidos en el país se informa cuánto CO2 emiten, pero se deduce que contaminan más que los vehículos europeos ya que están equipados con motores menos eficientes.
“Una legislación similar a la europea ayudaría a empujar los valores hacia abajo en Argentina”, asegura Enrique Puliafito, ingeniero especialista en física de atmósfera y docente de la Universidad Tecnológica Nacional de Mendoza.
El experto estima que los autos que se comercializan en el país emiten entre 190 y 230 gramos por kilómetros, según utilicen GNC, diésel o nafta.
También advierte que las emisiones de un auto en funcionamiento varían por diferentes factores como velocidad, estado de los neumático, diseño aerodinámico y características de los caminos.
Puliafito aclara que el CO2 no es un gas tóxico como sí lo son los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono y el material particulado.
“Sí es importante que se controlen las emisiones de esas sustancias para no afectar la calidad del aire que respiramos”, dice.
¿Por qué hay que reducir las emisiones?
Cambio climático. EL CO2 es el principal gas de efecto invernadero responsable del cambio climático. Si el planeta se calienta más de la cuenta, habrá graves consecuencias: más eventos extremos como sequías, inundaciones y olas de calor; aumento del nivel del mar que afectará a las ciudad costeras, pérdida de la biodiversidad, aumento de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue.
Rumbo a París. En diciembre se realizará en París una cumbre de la ONU en la que se espera llegar a un acuerdo entre las naciones para lograr metas obligatorias por país para reducir las emisiones.
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A pesar de las leyes, 20 años sin remediar pozos petroleros
La Vecinal Mosconi pide que sellen los pozos petroleros
Fecha de Publicación: 08/09/2015
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
A pesar de que desde 1995 hay una Ley vigente para sellar los pozos petroleros abandonados en zonas urbanas, desde la Vecinal de General Mosconi alertaron que "estamos en un campo minado".
El vecinalista del barrio General Mosconi, Daniel Legaz, declaró que "no quiero ser alarmista pero estamos en un campo minado de pozos abandonados y algunos todavía trabajando".
En este sentido, señaló que "este tema lo vamos a tratar con la Vecinal porque las autoridades no son conscientes de que tenemos pozos que están surgiendo: cuando baja la marea uno ve el gas".
"Los pozos sin sellar hay que tratarlos. Hay leyes que no se cumplen, desde el año 1995 rige la Ley de Sellados de Pozos pero sin embargo nadie la cumple", dijo en diálogo con Canal 9.
Finalmente, Legaz consideró que "un día va a aparecer toda la playa negra. La base de los tanques de combustibles ubicados al lado del Chalet Huego está toda corroída, de ahí a 200 metros está todo contaminado y nadie habla de eso".
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Fecha de Publicación: 08/09/2015
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
A pesar de que desde 1995 hay una Ley vigente para sellar los pozos petroleros abandonados en zonas urbanas, desde la Vecinal de General Mosconi alertaron que "estamos en un campo minado".
El vecinalista del barrio General Mosconi, Daniel Legaz, declaró que "no quiero ser alarmista pero estamos en un campo minado de pozos abandonados y algunos todavía trabajando".
En este sentido, señaló que "este tema lo vamos a tratar con la Vecinal porque las autoridades no son conscientes de que tenemos pozos que están surgiendo: cuando baja la marea uno ve el gas".
"Los pozos sin sellar hay que tratarlos. Hay leyes que no se cumplen, desde el año 1995 rige la Ley de Sellados de Pozos pero sin embargo nadie la cumple", dijo en diálogo con Canal 9.
Finalmente, Legaz consideró que "un día va a aparecer toda la playa negra. La base de los tanques de combustibles ubicados al lado del Chalet Huego está toda corroída, de ahí a 200 metros está todo contaminado y nadie habla de eso".
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Misiones y participación territorial de agricultura familiar
Misiones, la provincia con mayor desarrollo de la agricultura familiar
Fecha de Publicación: 08/09/2015
Fuente: Noticias del 6
Provincia/Región: Misiones
Con más de 32 mil explotaciones por parte de pequeños productores sobre 200 mil explotaciones que hay a nivel país. Actualmente, en la Argentina el 66% de los productores son agricultores familiares que trabajan la tierra para la producción de alimentos. En tanto, el trabajo del sector representa el 22% del producto bruto agropecuario. En este sentido, la agricultura familiar cumple un rol estratégico en el fortalecimiento de las economías regionales, el desarrollo del consumo local, el arraigo rural y el acceso a los alimentos.
La reciente sanción de la Ley nacional de Agricultura Familiar (27.118) no sólo garantiza derechos sino que jerarquiza a la vez que promueve una mayor visibilidad de los agricultores.
Cuidado del ambiente
En una reunión de camaradería llevada a cabo en el despacho de la ministra de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Viviana Rovira; en compañía del presidente de la Fundación R21 Charly Alberti, el Coordinador Nacional del Programa de Pequeñas Donaciones Francisco López Sastre, el propulsor de las Ferias Francas de Misiones Eugenio Casalaba, el subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable Juan Manuel Díaz y el subsecretario de Ordenamiento Territorial Juan Solari, se debatió sobre la situación actual de la provincial en materia de las políticas volcadas en este ámbito y del armado de acciones en el marco del programa Pequeñas Donaciones, implementado las Naciones Unidas para el Desarrollo aplicado en la Argentina en el año 2006. Tiene por finalidad apoyar iniciativas de la sociedad civil en el marco de las áreas regionales del Fondo para el Medio Ambiente Mundial conservación de la biodiversidad, cambio climático, prevención de la degradación de la tierra, manejo sustentable de bosques nativos, contaminantes orgánicos persistentes.
Por otra parte y en el contexto del cuidado de la flora y la fauna local, Alberti realizó un llamado a las autoridades nacionales a hacer entrega a este ministerio de RADARES detectores de velocidad para ser colocados en el Parque Nacional Iguazú, con el fin de contrarrestar la situación de atropellamientos a la fauna de la zona, dado que en las últimas horas, un conductor desaprensivo y con poco interés por la fauna de la provincia, arrollo a un ejemplar de PUMA en inmediaciones del parque, dándose a la fuga sin siquiera dar aviso a las autoridades del ministerio o de las fuerzas públicas, situación que pudo provocar otro hecho lamentable e inclusive poner en riesgo vidas humanas.
El Programa Pequeñas Donaciones es un programa corporativo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), implementado por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y se inauguró en año 2006 en Argentina.
El Programa está conformado por un equipo de Coordinación Nacional y un Comité Directivo Nacional compuesto por los puntos focales gubernamentales del FMAM en Argentina y diversas organizaciones de la sociedad civil con gran prestigio que participan activamente en la gestión del PPD.
Este programa apoya iniciativas de la sociedad civil en el marco de las áreas regionales del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (conservación de la biodiversidad, cambio climático, prevención de la degradación de la tierra, manejo sustentable de bosques nativos, contaminantes orgánicos persistentes, etc.) y así mismo también apunta a cumplir con Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas a través de la erradicación de la pobreza y empoderamiento local como algunos de los aspectos integrales del desarrollo sostenible.
Para ello se entregan donaciones a las Organizaciones de la Sociedad Civil para ejecutar proyectos comunitarios. La mejor manera de enfrentar los problemas del ambiente mundial es con la participación de las poblaciones locales para que se generen beneficios directos para lo comunidad.
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Fecha de Publicación: 08/09/2015
Fuente: Noticias del 6
Provincia/Región: Misiones
Con más de 32 mil explotaciones por parte de pequeños productores sobre 200 mil explotaciones que hay a nivel país. Actualmente, en la Argentina el 66% de los productores son agricultores familiares que trabajan la tierra para la producción de alimentos. En tanto, el trabajo del sector representa el 22% del producto bruto agropecuario. En este sentido, la agricultura familiar cumple un rol estratégico en el fortalecimiento de las economías regionales, el desarrollo del consumo local, el arraigo rural y el acceso a los alimentos.
La reciente sanción de la Ley nacional de Agricultura Familiar (27.118) no sólo garantiza derechos sino que jerarquiza a la vez que promueve una mayor visibilidad de los agricultores.
Cuidado del ambiente
En una reunión de camaradería llevada a cabo en el despacho de la ministra de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Viviana Rovira; en compañía del presidente de la Fundación R21 Charly Alberti, el Coordinador Nacional del Programa de Pequeñas Donaciones Francisco López Sastre, el propulsor de las Ferias Francas de Misiones Eugenio Casalaba, el subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable Juan Manuel Díaz y el subsecretario de Ordenamiento Territorial Juan Solari, se debatió sobre la situación actual de la provincial en materia de las políticas volcadas en este ámbito y del armado de acciones en el marco del programa Pequeñas Donaciones, implementado las Naciones Unidas para el Desarrollo aplicado en la Argentina en el año 2006. Tiene por finalidad apoyar iniciativas de la sociedad civil en el marco de las áreas regionales del Fondo para el Medio Ambiente Mundial conservación de la biodiversidad, cambio climático, prevención de la degradación de la tierra, manejo sustentable de bosques nativos, contaminantes orgánicos persistentes.
Por otra parte y en el contexto del cuidado de la flora y la fauna local, Alberti realizó un llamado a las autoridades nacionales a hacer entrega a este ministerio de RADARES detectores de velocidad para ser colocados en el Parque Nacional Iguazú, con el fin de contrarrestar la situación de atropellamientos a la fauna de la zona, dado que en las últimas horas, un conductor desaprensivo y con poco interés por la fauna de la provincia, arrollo a un ejemplar de PUMA en inmediaciones del parque, dándose a la fuga sin siquiera dar aviso a las autoridades del ministerio o de las fuerzas públicas, situación que pudo provocar otro hecho lamentable e inclusive poner en riesgo vidas humanas.
El Programa Pequeñas Donaciones es un programa corporativo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), implementado por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y se inauguró en año 2006 en Argentina.
El Programa está conformado por un equipo de Coordinación Nacional y un Comité Directivo Nacional compuesto por los puntos focales gubernamentales del FMAM en Argentina y diversas organizaciones de la sociedad civil con gran prestigio que participan activamente en la gestión del PPD.
Este programa apoya iniciativas de la sociedad civil en el marco de las áreas regionales del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (conservación de la biodiversidad, cambio climático, prevención de la degradación de la tierra, manejo sustentable de bosques nativos, contaminantes orgánicos persistentes, etc.) y así mismo también apunta a cumplir con Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas a través de la erradicación de la pobreza y empoderamiento local como algunos de los aspectos integrales del desarrollo sostenible.
Para ello se entregan donaciones a las Organizaciones de la Sociedad Civil para ejecutar proyectos comunitarios. La mejor manera de enfrentar los problemas del ambiente mundial es con la participación de las poblaciones locales para que se generen beneficios directos para lo comunidad.
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Quieren llevar "tranquilidad" por el pozo de Allen
Reunión clave con Ysur-YPF por contaminación
Fecha de Publicación: 07/09/2015
Fuente: Noticias Net
Provincia/Región: Río Negro
Autoridades de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro, el Departamento Provincial de Aguas y la Secretaría de Energía, se reunieron con representantes de la empresa Ysur-YPF con el objetivo de avanzar en diferentes acciones para brindar tranquilidad y mantener la calidad de vida de los vecinos de Allen ante los hechos de público conocimiento.
En este marco, la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dina Migani, expresó que se solicitó a la empresa Ysur-YPF una serie de condiciones más, además de establecidas por las leyes provinciales M N° 3266 y N° 4742, Decreto N° 656/04 y Ley Nacional 25.675, que deberán presentar en los plazos correspondientes. En representación de la Municipalidad de Allen participó la intendenta de Allen, Sabina Costa, y su secretaria Legal y Técnica, Norma Coronel. Las partes mencionadas volverán a reunirse en 15 días.
Migani fue la primera oradora del encuentro y durante su alocución uno de los pedidos efectuados a los máximos referentes de la compañía petrolera fue que “escuchen a la gente, que instruyan a los mandos medios que trabajan en las locaciones, para que ante la consulta, requerimientos, exigencias, puedan informar y brindar tranquilidad a los vecinos lindantes a las zonas de actividad petrolera”.
Al finalizar la reunión, la titular de SAyDS informó que se van a intensificar e incrementar las inspecciones que realizan los técnicos de la Secretaría. Cabe aclarar que la actividad petrolera es auditada en campo de manera permanente, luego del procedimiento de evaluación de impacto ambiental correspondiente por el área de fiscalización de la SAYDS.
Migani expresó que también se requirió a la empresa Ysur-YPF que efectúen con mayor frecuencia mediciones de calidad de aire y sonido. Asimismo, en orden a los recientes sucesos acaecidos, la operadora deberá presentar un programa de gestión de calidad y control de los contratistas que asegure la no afectación de la población, como así también que detallen los recursos humanos a disposición para el cumplimiento de tales labores.
Por su parte, el secretario de Energía, Marcelo Echegoyen indicó que se establecieron mecanismos de coordinación y comunicación permanente, como así también se anunciaron cambios que la empresa deberá cumplir en futuras operaciones ante el montaje de una locación: fosas de quema para pozos en ensayo, instalación de sistemas de control en tiempo real de los gases durante los ensayos y del aire circundante en las diferentes locaciones. Además deberán mejorar los muros de contención de cada lugar.
Sumado a los requerimientos de Ambiente, los funcionarios provinciales informaron que la empresa al realizar perforaciones deberá aislar adecuadamente todo equipo que pueda tener líquidos potencialmente contaminantes. Los controles también abarcarán las acciones anteriores a las perforaciones, con adecuadas tareas de desmonte en la periferia. Finalizadas las locaciones deberán instalar freatímetros, en este caso bajo los lineamientos de técnicos del DPA.
Por último, se establecieron condiciones para el transporte de lodos, áridos y para el mantenimiento de las calles que utilicen las máquinas la firma.
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Fecha de Publicación: 07/09/2015
Fuente: Noticias Net
Provincia/Región: Río Negro
Autoridades de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro, el Departamento Provincial de Aguas y la Secretaría de Energía, se reunieron con representantes de la empresa Ysur-YPF con el objetivo de avanzar en diferentes acciones para brindar tranquilidad y mantener la calidad de vida de los vecinos de Allen ante los hechos de público conocimiento.
En este marco, la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dina Migani, expresó que se solicitó a la empresa Ysur-YPF una serie de condiciones más, además de establecidas por las leyes provinciales M N° 3266 y N° 4742, Decreto N° 656/04 y Ley Nacional 25.675, que deberán presentar en los plazos correspondientes. En representación de la Municipalidad de Allen participó la intendenta de Allen, Sabina Costa, y su secretaria Legal y Técnica, Norma Coronel. Las partes mencionadas volverán a reunirse en 15 días.
Migani fue la primera oradora del encuentro y durante su alocución uno de los pedidos efectuados a los máximos referentes de la compañía petrolera fue que “escuchen a la gente, que instruyan a los mandos medios que trabajan en las locaciones, para que ante la consulta, requerimientos, exigencias, puedan informar y brindar tranquilidad a los vecinos lindantes a las zonas de actividad petrolera”.
Al finalizar la reunión, la titular de SAyDS informó que se van a intensificar e incrementar las inspecciones que realizan los técnicos de la Secretaría. Cabe aclarar que la actividad petrolera es auditada en campo de manera permanente, luego del procedimiento de evaluación de impacto ambiental correspondiente por el área de fiscalización de la SAYDS.
Migani expresó que también se requirió a la empresa Ysur-YPF que efectúen con mayor frecuencia mediciones de calidad de aire y sonido. Asimismo, en orden a los recientes sucesos acaecidos, la operadora deberá presentar un programa de gestión de calidad y control de los contratistas que asegure la no afectación de la población, como así también que detallen los recursos humanos a disposición para el cumplimiento de tales labores.
Por su parte, el secretario de Energía, Marcelo Echegoyen indicó que se establecieron mecanismos de coordinación y comunicación permanente, como así también se anunciaron cambios que la empresa deberá cumplir en futuras operaciones ante el montaje de una locación: fosas de quema para pozos en ensayo, instalación de sistemas de control en tiempo real de los gases durante los ensayos y del aire circundante en las diferentes locaciones. Además deberán mejorar los muros de contención de cada lugar.
Sumado a los requerimientos de Ambiente, los funcionarios provinciales informaron que la empresa al realizar perforaciones deberá aislar adecuadamente todo equipo que pueda tener líquidos potencialmente contaminantes. Los controles también abarcarán las acciones anteriores a las perforaciones, con adecuadas tareas de desmonte en la periferia. Finalizadas las locaciones deberán instalar freatímetros, en este caso bajo los lineamientos de técnicos del DPA.
Por último, se establecieron condiciones para el transporte de lodos, áridos y para el mantenimiento de las calles que utilicen las máquinas la firma.
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Cerro Atajo de Catamarca en conflicto minero
Piden suspender el informe de impacto ambiental de Cerro Atajo
Fecha de Publicación: 07/09/2015
Fuente: El Ancasti (Catamarca)
Provincia/Región: Catamarca
Los legisladores, señalan que a pesar de haber un acuerdo entre Agua Rica y CAMYEN por la zona, aún sigue vigente el litigio entre las dos empresas.
El bloque de diputados del Frente Cívico y Social solicitó a la Secretaría de Minería de la provincia que no apruebe el informe de impacto ambiental para la puesta en marcha del proyecto minero Cerro Atajo por parte de Agua Rica hasta tanto se resuelva el conflicto judicial que tiene la empresa con CAMYEN. El pedido fue realizado a través de una nota que fue presentada por el bloque ante el secretario de Minería, Rodolfo Micone.
En la presentación, los legisladores piden que "se deniegue o suspenda emitir resolución alguna respecto a cualquier solicitud de aprobación que existiere con relación al Informe de Impacto Ambiental relativo a las 17 minas del Cerro Atajo, áreas que hubieran sido objeto de "Contrato de Exploración con Opción de Explotación" suscripto entre Minera Agua Rica y Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN)".
El FCS justifica su pedido al señalar que si bien entre las empresas "existe un acuerdo transaccional a fin de aunar esfuerzos para realizar actividades de prospección y exploración en el área," que fue presentado en el Juzgado de Minas, Agua Rica-Yamana Gold no cesó su planteo judicial por las 17 minas, por lo que el proceso sigue. La empresa había impuesto un incidente de oposición y nulidad solicitando que se deje sin efecto la concesión de mina vacante otorgada a CAMYEN.
En la presentación, los legisladores relatan la firma del contrato entre Yamana y CAMYEN por Cerro Atajo que incluye este "acuerdo transaccional", pero también recuerdan que el 16 de junio, se presentaron en el juzgado los apoderados de ambas empresas a solicitar la "suspensión de los plazos procesales del litigio, sin que se modifique "derechos de las partes con relación a estos obrados" y tampoco implica "renuncia sobre derechos y las acciones instauradas."
"Es decir que hasta aquí tenemos un litigio que versa sobre la propiedad de la mina, un contrato de exploración con opción de explotación que incluye un acuerdo transaccional y una presentación conjunta de las empresas del que no se desprende dicha transacción. La contradicción es evidente", indican.
Para los legisladores, "resulta sugestivo" que el acuerdo transaccional "pareciera ser incluso anterior al contrato de exploración con opción de explotación, siendo la presentación judicial conjunta muy posterior a éste, amén de la contradicción antes expuesta. Es decir que más allá de que se hubiera proveído por parte del juez de Minas la suspensión de los plazos procesales, está claro que la pretensión procesal de Agua Rica subsiste y con éste también el conflicto sobre la propiedad".
En el marco de esta "contradicción”, los diputados plantean lo que puede suceder a futuro si se aprueba el informe de impacto ambiental con relación a lo que establece las normativas mineras. En esa línea, señalan que "esta situación adquiere relevancia a la luz de lo previsto por el Código de Minería (artículo 248) que establece que las personas que desarrollen la actividad minera (Prospección, exploración, explotación) serán responsables de todo daño ambiental que se produzca por el incumplimiento de lo establecido en la presente Sección, ya sea que lo ocasionen en forma directa o por las personas que se encuentran bajo su dependencia o por parte de contratistas o subcontratistas, o que lo causa el riesgo o vicio de la cosa". Además, agrega que: "El titular del derecho minero será solidariamente responsable, en los mismos casos, del daño que ocasionen las personas por él habilitadas para el ejercicio de tal derecho"
"Es decir, el Código de Minería establece una responsabilidad por daño ambiental objetiva, amplia y solidaria, respecto de lo cual no es indiferente la propiedad que pudiera existir sobre la mina. Circunstancia que en Cerro Atajo se mantiene vigente el litigio", señalan los legisladores.
Por otra parte, agregan que "los criterios en torno a la interpretación de la normativa ambiental debe formularse en base a los criterios plasmados por la Ley General del Ambiente Nº 26.675 que ha tipificado los principios de prevención y precautorio que deben ser rectores en la salvaguarda de la gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable".
Por todo lo expuesto, es que los diputados solicitan que "en tanto se sostenga la incertidumbre de torno de la propiedad de las minas correspondientes al Área denominada Cerro Atajo".
Actualmente, el informe de impacto ambiental para la puesta en marcha de esta zona está en análisis en la Secretaría de Minería.
El viernes se conoció que la empresa Minera Agua Rica avanza con los trabajos de prospección sobre Cerro Atajo, a partir de la aprobación de la Declaración Jurada de Prospección por parte de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (DIPGAM).
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Fecha de Publicación: 07/09/2015
Fuente: El Ancasti (Catamarca)
Provincia/Región: Catamarca
Los legisladores, señalan que a pesar de haber un acuerdo entre Agua Rica y CAMYEN por la zona, aún sigue vigente el litigio entre las dos empresas.
El bloque de diputados del Frente Cívico y Social solicitó a la Secretaría de Minería de la provincia que no apruebe el informe de impacto ambiental para la puesta en marcha del proyecto minero Cerro Atajo por parte de Agua Rica hasta tanto se resuelva el conflicto judicial que tiene la empresa con CAMYEN. El pedido fue realizado a través de una nota que fue presentada por el bloque ante el secretario de Minería, Rodolfo Micone.
En la presentación, los legisladores piden que "se deniegue o suspenda emitir resolución alguna respecto a cualquier solicitud de aprobación que existiere con relación al Informe de Impacto Ambiental relativo a las 17 minas del Cerro Atajo, áreas que hubieran sido objeto de "Contrato de Exploración con Opción de Explotación" suscripto entre Minera Agua Rica y Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN)".
El FCS justifica su pedido al señalar que si bien entre las empresas "existe un acuerdo transaccional a fin de aunar esfuerzos para realizar actividades de prospección y exploración en el área," que fue presentado en el Juzgado de Minas, Agua Rica-Yamana Gold no cesó su planteo judicial por las 17 minas, por lo que el proceso sigue. La empresa había impuesto un incidente de oposición y nulidad solicitando que se deje sin efecto la concesión de mina vacante otorgada a CAMYEN.
En la presentación, los legisladores relatan la firma del contrato entre Yamana y CAMYEN por Cerro Atajo que incluye este "acuerdo transaccional", pero también recuerdan que el 16 de junio, se presentaron en el juzgado los apoderados de ambas empresas a solicitar la "suspensión de los plazos procesales del litigio, sin que se modifique "derechos de las partes con relación a estos obrados" y tampoco implica "renuncia sobre derechos y las acciones instauradas."
"Es decir que hasta aquí tenemos un litigio que versa sobre la propiedad de la mina, un contrato de exploración con opción de explotación que incluye un acuerdo transaccional y una presentación conjunta de las empresas del que no se desprende dicha transacción. La contradicción es evidente", indican.
Para los legisladores, "resulta sugestivo" que el acuerdo transaccional "pareciera ser incluso anterior al contrato de exploración con opción de explotación, siendo la presentación judicial conjunta muy posterior a éste, amén de la contradicción antes expuesta. Es decir que más allá de que se hubiera proveído por parte del juez de Minas la suspensión de los plazos procesales, está claro que la pretensión procesal de Agua Rica subsiste y con éste también el conflicto sobre la propiedad".
En el marco de esta "contradicción”, los diputados plantean lo que puede suceder a futuro si se aprueba el informe de impacto ambiental con relación a lo que establece las normativas mineras. En esa línea, señalan que "esta situación adquiere relevancia a la luz de lo previsto por el Código de Minería (artículo 248) que establece que las personas que desarrollen la actividad minera (Prospección, exploración, explotación) serán responsables de todo daño ambiental que se produzca por el incumplimiento de lo establecido en la presente Sección, ya sea que lo ocasionen en forma directa o por las personas que se encuentran bajo su dependencia o por parte de contratistas o subcontratistas, o que lo causa el riesgo o vicio de la cosa". Además, agrega que: "El titular del derecho minero será solidariamente responsable, en los mismos casos, del daño que ocasionen las personas por él habilitadas para el ejercicio de tal derecho"
"Es decir, el Código de Minería establece una responsabilidad por daño ambiental objetiva, amplia y solidaria, respecto de lo cual no es indiferente la propiedad que pudiera existir sobre la mina. Circunstancia que en Cerro Atajo se mantiene vigente el litigio", señalan los legisladores.
Por otra parte, agregan que "los criterios en torno a la interpretación de la normativa ambiental debe formularse en base a los criterios plasmados por la Ley General del Ambiente Nº 26.675 que ha tipificado los principios de prevención y precautorio que deben ser rectores en la salvaguarda de la gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable".
Por todo lo expuesto, es que los diputados solicitan que "en tanto se sostenga la incertidumbre de torno de la propiedad de las minas correspondientes al Área denominada Cerro Atajo".
Actualmente, el informe de impacto ambiental para la puesta en marcha de esta zona está en análisis en la Secretaría de Minería.
El viernes se conoció que la empresa Minera Agua Rica avanza con los trabajos de prospección sobre Cerro Atajo, a partir de la aprobación de la Declaración Jurada de Prospección por parte de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (DIPGAM).
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Botnia:llaman a declarar a uruguayos por causa
Botnia/ Citan a declarar a uruguayos por contaminación
Fecha de Publicación: 07/09/2015
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El abogado Luis Leissa, que representa a la Asamblea Ciudadana Ambiental, informó que el juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró resolvió citar a declarar a dos uruguayos, en el marco de la causa en la que la pastera UPM ex Botnia está denunciada por contaminación y que se sustancia desde 2006.
En concreto Leissa dijo que “se trata de un funcionario de la Caru Uruguay, llamado Héctor Viera que resultó afectado por las emanaciones tóxicas de Botnia en ocasión de un incidente que se produjo en septiembre de 2013 y que también afectó a otros tres trabajadores argentinos de la Caru que prestan tareas en el Puente Internacional General San Martín”.
El abogado mencionó que Viera ha sido convocado en calidad de testigo para el 19 de noviembre y también reveló que el Juez Seró resolvió citar al médico uruguayo Jean H. Jaurés Díaz quien fue el facultativo de Fray Bentos que atendió el día del hecho a Viera y a los otros afectados por las emanaciones de la pastera.
Asimismo Leissa dijo que “a estas actuaciones que comenzaron en el 2006 por infracción al artículo 55º de la Ley 24.051 y en la que la Asamblea Ciudadana ambiental de Gualeguaychú es querellante, se han agregado ahora y por conexidad, las actuaciones por otro incidente de contaminación ocurrido el 28 de febrero de 2014 y que fue percibido claramente ese día y durante horas en Gualeguaychú”. El abogado dijo que originalmente “esas actuaciones habían sido tramitadas por la Fiscalía de Gualeguaychú que meses atrás se declaró incompetente y elevó el expediente al Juzgado Federal a cargo de Seró”, informó Maximaonline.
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Fecha de Publicación: 07/09/2015
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El abogado Luis Leissa, que representa a la Asamblea Ciudadana Ambiental, informó que el juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró resolvió citar a declarar a dos uruguayos, en el marco de la causa en la que la pastera UPM ex Botnia está denunciada por contaminación y que se sustancia desde 2006.
En concreto Leissa dijo que “se trata de un funcionario de la Caru Uruguay, llamado Héctor Viera que resultó afectado por las emanaciones tóxicas de Botnia en ocasión de un incidente que se produjo en septiembre de 2013 y que también afectó a otros tres trabajadores argentinos de la Caru que prestan tareas en el Puente Internacional General San Martín”.
El abogado mencionó que Viera ha sido convocado en calidad de testigo para el 19 de noviembre y también reveló que el Juez Seró resolvió citar al médico uruguayo Jean H. Jaurés Díaz quien fue el facultativo de Fray Bentos que atendió el día del hecho a Viera y a los otros afectados por las emanaciones de la pastera.
Asimismo Leissa dijo que “a estas actuaciones que comenzaron en el 2006 por infracción al artículo 55º de la Ley 24.051 y en la que la Asamblea Ciudadana ambiental de Gualeguaychú es querellante, se han agregado ahora y por conexidad, las actuaciones por otro incidente de contaminación ocurrido el 28 de febrero de 2014 y que fue percibido claramente ese día y durante horas en Gualeguaychú”. El abogado dijo que originalmente “esas actuaciones habían sido tramitadas por la Fiscalía de Gualeguaychú que meses atrás se declaró incompetente y elevó el expediente al Juzgado Federal a cargo de Seró”, informó Maximaonline.
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UPM ex Botnia
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Béla Hidvégi cazo un yaguareté y salió impune
Béla Hidvégi, el húngaro que vino a la Argentina a cazar un yaguareté y salió impune
Fecha de Publicación: 06/09/2015
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El presidente honorario del Safari Club Internacional quedó exonerado de la causa por la caza ilegal de un yaguareté, por prescripción; la Red Yaguareté denuncia que quedan menos de 250 animales en el país
Luego de que el dentista estadounidense Walter Palmer cazara al león Cecil, el león más famoso de Zimbabwe, la historia dio la vuelta al mundo. El caso continuó con el pedido de extradición de Palmer y la detención de los dos elementos locales involucrados, pero en la Argentina también sucede, y ni siquiera hay consecuencias legales.
Osos polares, leones, chitas, leopardos, elefantes, distintos tipos de antílopes y lobos fueron víctima del fusil de uno de sus colegas del Safari Club Internacional. Se trata del húngaro, Béla Hidvégi,que en 2006 vino hasta la región chaqueña de Santiago del Estero para cazar un yaguareté, una práctica prohibida en el país hace más de 30 años.
El yaguareté es una especie en peligro crítico de extinción en la Argentina, declarada por ley como Monumento Natural Nacional, protegida no sólo por la ley Argentina sino también por la codificación internacional. Nicolás Lodeiro Ocamapo, presidente de la ONG Red Yaguareté, afirma a LA NACION que quedan en el país entre 170 y 250 ejemplares en el país, y menos de 30 en la zona donde Béla Hidvégi, presidente honorario del Safari Club Internacional (la mayor organización de cazadores del mundo), mató a uno.
Luego de cometer el crimen, Hidvégi contó detalladamente, cómo mató al animal en una nota titulada A jaguár birodalmában, publicada en la revista húngara Nimród Safari.
A partir de esa publicación, en la que el húngaro confiesa haber contratado la ayuda de al menos tres hombres locales, la ONG Red Yaguareté comenzó una batalla legal que terminó el 5 de julio pasado, cuando tras reiterados pedidos de informes, la justicia santiaguina reveló que la causa había prescrito hace ya un año, por falta de actividad en la causa.
El presidente de Red Yaguareté le relató a LA NACION que en la entrevista Hidvégi cuenta que los colaboradores locales le habían "asegurado" que le conseguirían no sólo un permiso de caza sino también para poder llevarse el cuerpo, considerado un "trofeo" por los cazadores. Sin embargo, el yaguareté es una especie protegida por el derecho nacional desde 1982, y el comercio de sus restos se encuentra prohibido.
En la revista "Nimród Safari", Hidvégi relató la caza, lo que motivó que el hecho fuera conocido y se le iniciara una causa en su contra.
Lodeiro asegura que las autoridades correspondientes "dejaron caer la causa". Por el crimen, Hidvégi podría haber sido condenado con una multa o con una pena de prisión. "Acá no hubo ni multa. Nosotros hicimos todo lo que pudimos para mantener el proceso vivo, pero el problema es que se abre una causa y le cae a un fiscal que no le importa", relata.
Pese a los reiterados intentos de LA NACION, la Dirección Nacional de Fauna, que pertenece a la Secretaría de Ambiente y Desarollo Sustentable, no respondió sobre el caso del yaguareté.
"Lo que se busca con estos animales es el trofeo, así que esto no pudo haber sido obra de una sola persona, porque ha debido de tener la connivencia de otros operadores para llevarse el trofeo", explica Jorge Carlos Macellaro, presidente del Capítulo Argentino del Safari Club Internacional.
Macellaro asegura que ni Hidvégi ni ningún extranjero que llega a la Argentina para cazar tiene contacto con la organización que preside y que "una cacería de este tipo se hace de forma absolutamente clandestina".
Durante su cacería, Hivégi tomó varias fotografías. Esta es la del yaguareté muerto, en cuerpo entero.
En su sitio web, Vadasz Museum, el cazador húngaro destaca la "filosofía" que se esconde detrás de su obsesión por coleccionar como "trofeos" los cadáveres de los animales que mata. "El 'trofeo' es el más grande premio para el cazador, prueba física que puedes tocar; es como una medalla de oro en otros deportes", detalla.
Hidvégi se enorgullece de ser uno de los cuatro europeos en haber logrado un "Triple Grand Slam", un premio por haber matado a más de 30 diferentes especies de cabras, ovejas y antílopes. En su museo personal tiene más de 150 cadáveres de animales embalsados, que cazó en todos los continentes y asegura que mató al menos 200 animales, fuera de Europa.
El húngaro posa con la distinción "Capra World Slam", un premio por haber matado a más de 30 distintas especies de cabras.
Conocida la prescripción de la causa, la Red Yaguareté le pidió al Safari Club internacional, del cual el húngaro es miembro vitalicio y presidente honorario, que sea expulsado de esa asociación por faltar al Comité de Ética, que asegura regirse acorde al derecho internacional y condenar tanto la caza clandestina como el tráfico de animales muertos.
Ante la consulta de LA NACION, desde esa entidad (de la que también es miembro el dentista Walter Palmer) respondieron que toman "todas las acusaciones de caza ilegal o antiética muy seriamente, y un detallado proceso para ese tipo de alegaciones", pero que las reglas "que rigen ese proceso, requiere mantener esos asuntos de manera confidencial".
En tanto, la Red Yaguareté inició una campaña para exigirle a SCI que Hedvegi sea sancionado y que revele quienes fueron sus cómplices locales, a través de la plataforma online Change.org
"Si la imputación que se le hace es correcta, apoyamos la moción -asegura Macellaro, del Capítulo Argentino del SCI. No aceptamos a ningún miembro que no respete los códigos de conservación de ambiente", se explaya.
Béla Hidvégi, cuyo correo personal fue facilitado por el Capítulo Húngaro del SCI, el cual preside, no respondió a ninguna de las preguntas que le formuló este diario.
Mientras tanto, Lodeiro recalca que en la Argentina "quedan menos de 250 yaguaretés silvestres y sólo 20 o 30 en la región chaqueña. La falta de una condena es un antecedente nefasto" indicó Lodeiro Ocampo.
"Detener la cacería y el comercio de sus restos son dos de las acciones más urgentes para evitar su extinción. El yaguareté está en peligro crítico de desaparecer y necesitamos del compromiso de todos para salvarlo", exhortó.
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Fecha de Publicación: 06/09/2015
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El presidente honorario del Safari Club Internacional quedó exonerado de la causa por la caza ilegal de un yaguareté, por prescripción; la Red Yaguareté denuncia que quedan menos de 250 animales en el país
Luego de que el dentista estadounidense Walter Palmer cazara al león Cecil, el león más famoso de Zimbabwe, la historia dio la vuelta al mundo. El caso continuó con el pedido de extradición de Palmer y la detención de los dos elementos locales involucrados, pero en la Argentina también sucede, y ni siquiera hay consecuencias legales.
Osos polares, leones, chitas, leopardos, elefantes, distintos tipos de antílopes y lobos fueron víctima del fusil de uno de sus colegas del Safari Club Internacional. Se trata del húngaro, Béla Hidvégi,que en 2006 vino hasta la región chaqueña de Santiago del Estero para cazar un yaguareté, una práctica prohibida en el país hace más de 30 años.
El yaguareté es una especie en peligro crítico de extinción en la Argentina, declarada por ley como Monumento Natural Nacional, protegida no sólo por la ley Argentina sino también por la codificación internacional. Nicolás Lodeiro Ocamapo, presidente de la ONG Red Yaguareté, afirma a LA NACION que quedan en el país entre 170 y 250 ejemplares en el país, y menos de 30 en la zona donde Béla Hidvégi, presidente honorario del Safari Club Internacional (la mayor organización de cazadores del mundo), mató a uno.
Luego de cometer el crimen, Hidvégi contó detalladamente, cómo mató al animal en una nota titulada A jaguár birodalmában, publicada en la revista húngara Nimród Safari.
A partir de esa publicación, en la que el húngaro confiesa haber contratado la ayuda de al menos tres hombres locales, la ONG Red Yaguareté comenzó una batalla legal que terminó el 5 de julio pasado, cuando tras reiterados pedidos de informes, la justicia santiaguina reveló que la causa había prescrito hace ya un año, por falta de actividad en la causa.
El presidente de Red Yaguareté le relató a LA NACION que en la entrevista Hidvégi cuenta que los colaboradores locales le habían "asegurado" que le conseguirían no sólo un permiso de caza sino también para poder llevarse el cuerpo, considerado un "trofeo" por los cazadores. Sin embargo, el yaguareté es una especie protegida por el derecho nacional desde 1982, y el comercio de sus restos se encuentra prohibido.
En la revista "Nimród Safari", Hidvégi relató la caza, lo que motivó que el hecho fuera conocido y se le iniciara una causa en su contra.
Lodeiro asegura que las autoridades correspondientes "dejaron caer la causa". Por el crimen, Hidvégi podría haber sido condenado con una multa o con una pena de prisión. "Acá no hubo ni multa. Nosotros hicimos todo lo que pudimos para mantener el proceso vivo, pero el problema es que se abre una causa y le cae a un fiscal que no le importa", relata.
Pese a los reiterados intentos de LA NACION, la Dirección Nacional de Fauna, que pertenece a la Secretaría de Ambiente y Desarollo Sustentable, no respondió sobre el caso del yaguareté.
"Lo que se busca con estos animales es el trofeo, así que esto no pudo haber sido obra de una sola persona, porque ha debido de tener la connivencia de otros operadores para llevarse el trofeo", explica Jorge Carlos Macellaro, presidente del Capítulo Argentino del Safari Club Internacional.
Macellaro asegura que ni Hidvégi ni ningún extranjero que llega a la Argentina para cazar tiene contacto con la organización que preside y que "una cacería de este tipo se hace de forma absolutamente clandestina".
Durante su cacería, Hivégi tomó varias fotografías. Esta es la del yaguareté muerto, en cuerpo entero.
En su sitio web, Vadasz Museum, el cazador húngaro destaca la "filosofía" que se esconde detrás de su obsesión por coleccionar como "trofeos" los cadáveres de los animales que mata. "El 'trofeo' es el más grande premio para el cazador, prueba física que puedes tocar; es como una medalla de oro en otros deportes", detalla.
Hidvégi se enorgullece de ser uno de los cuatro europeos en haber logrado un "Triple Grand Slam", un premio por haber matado a más de 30 diferentes especies de cabras, ovejas y antílopes. En su museo personal tiene más de 150 cadáveres de animales embalsados, que cazó en todos los continentes y asegura que mató al menos 200 animales, fuera de Europa.
El húngaro posa con la distinción "Capra World Slam", un premio por haber matado a más de 30 distintas especies de cabras.
Conocida la prescripción de la causa, la Red Yaguareté le pidió al Safari Club internacional, del cual el húngaro es miembro vitalicio y presidente honorario, que sea expulsado de esa asociación por faltar al Comité de Ética, que asegura regirse acorde al derecho internacional y condenar tanto la caza clandestina como el tráfico de animales muertos.
Ante la consulta de LA NACION, desde esa entidad (de la que también es miembro el dentista Walter Palmer) respondieron que toman "todas las acusaciones de caza ilegal o antiética muy seriamente, y un detallado proceso para ese tipo de alegaciones", pero que las reglas "que rigen ese proceso, requiere mantener esos asuntos de manera confidencial".
En tanto, la Red Yaguareté inició una campaña para exigirle a SCI que Hedvegi sea sancionado y que revele quienes fueron sus cómplices locales, a través de la plataforma online Change.org
"Si la imputación que se le hace es correcta, apoyamos la moción -asegura Macellaro, del Capítulo Argentino del SCI. No aceptamos a ningún miembro que no respete los códigos de conservación de ambiente", se explaya.
Béla Hidvégi, cuyo correo personal fue facilitado por el Capítulo Húngaro del SCI, el cual preside, no respondió a ninguna de las preguntas que le formuló este diario.
Mientras tanto, Lodeiro recalca que en la Argentina "quedan menos de 250 yaguaretés silvestres y sólo 20 o 30 en la región chaqueña. La falta de una condena es un antecedente nefasto" indicó Lodeiro Ocampo.
"Detener la cacería y el comercio de sus restos son dos de las acciones más urgentes para evitar su extinción. El yaguareté está en peligro crítico de desaparecer y necesitamos del compromiso de todos para salvarlo", exhortó.
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Acuerdan pautas para explotación de hidrocarburos
Acuerdan parámetros para la explotación de hidrocarburos
Fecha de Publicación: 06/09/2015
Fuente: Roca Digital
Provincia/Región: Río Negro
Funcionarios municipales, provinciales y directivos de la empresa YSUR acordaron pautas para el desarrollo de la actividad hidrocarburífera en Allen, tras los recientes incidentes que derivaron en trastornos a la población y efectos sobre el ambiente.
A raíz de los diferentes incidentes ocurrido por la explotación de hidrocarburos en el ejido de Allen, se reunieron representantes de la empresa que realiza las operaciones, YSUR, con funcionarios municipales y provinciales, en donde se acordaron diversos aspectos intentando minimizar los trastornos a la población y efectos secundarios al ambiente en general.
En la reunión, realizada en la empresa YSUR, participaron la intendenta de Allen, Sabina Costa, su secretaria Legal y Técnica, Norma Coronel, además de directivos de esa empresa, y varios funcionarios provinciales. Entre ellos, el secretario de Energía, Marcelo Echegoyen; el secretario de Hidrocarburos, Sebastián Caldiero; la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dina Migani y de Planificación, Laura Perilli; el presidente de la empresa Aguas Rionegrinas, Roger García, y la representante del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Viviana Hernández.
"En esta reunión avanzamos sobre algunas cuestiones técnicas del desarrollo del proyecto en las inmediaciones a la ciudad de Allen”, explicó Echegoyen, remarcando que "los responsables de la compañía nos dieron detalles sobre las localizaciones, de las instalaciones complementarias y sobre lo que tienen previsto hacer. La intención fue reunirnos para coordinar las tareas, establecer criterios técnicos en todos los aspectos, con el fin de garantizar el mínimo impacto en la vida de los vecinos”.
El funcionario indicó que "se establecieron mecanismos de coordinación y comunicación permantente entre los distintos actores y se realizaron cambios importantes en la manera en la que de ahora en más se llevarán adelante los trabajos”.
Las disposiciones que deberá cumplimentar la empresa YSUR en sus futuras operaciones abarcan cada uno de los pasos de montaje de una locación. Desde las fosas de quema para pozos en ensayo hasta la instalación de un sistema de control en tiempo real de los gases durante los ensayos y del aire circundante en distintos puntos de la locación. A su vez, deberá trabajar en los muros de contención de cada una de sus locaciones.
Cuando se realicen perforaciones, la empresa tendrá que aislar adecuadamente todo equipo que pueda tener líquidos potencialmente contaminantes. Las tareas de control también alcanzarán a los momentos previos a la perforación con adecuados trabajos de desmonte en la periferia. Mientras que al concluir cada una de sus locaciones, se instalarán freatímetros bajo los lineamientos técnicos que indique el DPA.
Finalmente, se fijaron pautas para el transporte de lodos, áridos y para el mantenimiento de las calles utilizadas por la compañía con las máquinas relacionadas con su actividad, entre otras especificaciones, se informó.
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Fecha de Publicación: 06/09/2015
Fuente: Roca Digital
Provincia/Región: Río Negro
Funcionarios municipales, provinciales y directivos de la empresa YSUR acordaron pautas para el desarrollo de la actividad hidrocarburífera en Allen, tras los recientes incidentes que derivaron en trastornos a la población y efectos sobre el ambiente.
A raíz de los diferentes incidentes ocurrido por la explotación de hidrocarburos en el ejido de Allen, se reunieron representantes de la empresa que realiza las operaciones, YSUR, con funcionarios municipales y provinciales, en donde se acordaron diversos aspectos intentando minimizar los trastornos a la población y efectos secundarios al ambiente en general.
En la reunión, realizada en la empresa YSUR, participaron la intendenta de Allen, Sabina Costa, su secretaria Legal y Técnica, Norma Coronel, además de directivos de esa empresa, y varios funcionarios provinciales. Entre ellos, el secretario de Energía, Marcelo Echegoyen; el secretario de Hidrocarburos, Sebastián Caldiero; la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dina Migani y de Planificación, Laura Perilli; el presidente de la empresa Aguas Rionegrinas, Roger García, y la representante del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Viviana Hernández.
"En esta reunión avanzamos sobre algunas cuestiones técnicas del desarrollo del proyecto en las inmediaciones a la ciudad de Allen”, explicó Echegoyen, remarcando que "los responsables de la compañía nos dieron detalles sobre las localizaciones, de las instalaciones complementarias y sobre lo que tienen previsto hacer. La intención fue reunirnos para coordinar las tareas, establecer criterios técnicos en todos los aspectos, con el fin de garantizar el mínimo impacto en la vida de los vecinos”.
El funcionario indicó que "se establecieron mecanismos de coordinación y comunicación permantente entre los distintos actores y se realizaron cambios importantes en la manera en la que de ahora en más se llevarán adelante los trabajos”.
Las disposiciones que deberá cumplimentar la empresa YSUR en sus futuras operaciones abarcan cada uno de los pasos de montaje de una locación. Desde las fosas de quema para pozos en ensayo hasta la instalación de un sistema de control en tiempo real de los gases durante los ensayos y del aire circundante en distintos puntos de la locación. A su vez, deberá trabajar en los muros de contención de cada una de sus locaciones.
Cuando se realicen perforaciones, la empresa tendrá que aislar adecuadamente todo equipo que pueda tener líquidos potencialmente contaminantes. Las tareas de control también alcanzarán a los momentos previos a la perforación con adecuados trabajos de desmonte en la periferia. Mientras que al concluir cada una de sus locaciones, se instalarán freatímetros bajo los lineamientos técnicos que indique el DPA.
Finalmente, se fijaron pautas para el transporte de lodos, áridos y para el mantenimiento de las calles utilizadas por la compañía con las máquinas relacionadas con su actividad, entre otras especificaciones, se informó.
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San Luis quiere ir dando pasos hacia las renovables
Poggi: “Queremos diversificar nuestra matriz energética hacia las energías limpias”
Fecha de Publicación: 06/09/2015
Fuente: ANSL
Provincia/Región: San Luis
El gobernador de la Provincia, CPN Claudio Poggi, presentó el Mapa de Recursos Renovables de San Luis, una herramienta clave en la lucha contra el cambio climático que brinda información para un desarrollo sustentable, uniendo sin enfrentar el progreso con el medioambiente. “Es un paso importante en lo que significa la diversificación de la matriz energética, para la utilización de las energías limpias y sustentables, que no se agotan y no contaminan. A cada acción que realizamos para el cuidado del medioambiente, la hacemos pensando en el futuro, para que las próximas generaciones tengan las mismas oportunidades que hoy tenemos nosotros”, dijo el primer mandatario provincial durante el acto que se realizó en la Sala de Situación de Terrazas de Portezuelo, pasado el mediodía de este martes.
Durante la ceremonia, el gobernador Poggi firmó el decreto de aprobación del Mapa que identifica las zonas del territorio provincial que cuentan con las mejores condiciones para el aprovechamiento energético; y destacó la relación del mismo con el Plan Estratégico de Energía 2012 – 2025 y con las estrategias a largo plazo impulsadas en la búsqueda de un ambiente sano y una mejor calidad de vida. De esa manera, San Luis volvió a mostrarse como una provincia pionera en el fomento de las energías renovables en el país.
El estudio arrojó que en todo el territorio provincial puede explotarse la energía solar en sus dos variantes: termosolar y fotovoltaica. Así lo determinaron los resultados de la información satelital analizada y las mediciones obtenidas por equipos de la Universidad Nacional de San Luis y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, contratados por Ministerio de Medio Ambiente para confeccionar el Mapa de Energías Renovables.
“El resultado de este mapa estará disponible para todos, y será muy importante para que los inversores que quieran instalar plantas de energía solar sepan el grado de éxito que pueden tener”, agregó el gobernador, que encabezó el acto junto a la ministra de Medio Ambiente, Daiana Hissa. Participaron el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Félix Nieto Quintas y el canciller del Obispado, Mauro Quevedo.
“Con este Mapa generamos un instrumento fundamental y atractivo para una toma de decisiones con menor incertidumbre, en favor del crecimiento económico y social de la provincia, de acuerdo con la integridad y potencialidad del territorio. Además, a partir de su creación, el ciudadano dispone de información pública confiable acerca de la cantidad y calidad de los recursos renovables disponibles en la provincia, eólico y solar, y su potencial para la generación de energía a gran escala”, destacó la ministra Hissa.
En el acto, la funcionaria realizó la presentación del Mapa y destacó que “las energías limpias son el futuro en la lucha contra el cambio climático”. Enmarcadas en esta realidad, el Gobierno solicitó los estudios necesarios para contar con un mapa que esté a disposición de inversores, productores y vecinos de manera online y gratuita.
“Con este estudio sumamos 15 nuevas capas de información a las más de 420 con la que ya contaba nuestro Mapa de Ordenamiento Ambiental Territorial, que está disponible de manera gratuita en la página del Ministerio de Medio Ambiente (www.medioambiente.sanluis.gov.ar)”, puntualizó la ministra.
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Fecha de Publicación: 06/09/2015
Fuente: ANSL
Provincia/Región: San Luis
El gobernador de la Provincia, CPN Claudio Poggi, presentó el Mapa de Recursos Renovables de San Luis, una herramienta clave en la lucha contra el cambio climático que brinda información para un desarrollo sustentable, uniendo sin enfrentar el progreso con el medioambiente. “Es un paso importante en lo que significa la diversificación de la matriz energética, para la utilización de las energías limpias y sustentables, que no se agotan y no contaminan. A cada acción que realizamos para el cuidado del medioambiente, la hacemos pensando en el futuro, para que las próximas generaciones tengan las mismas oportunidades que hoy tenemos nosotros”, dijo el primer mandatario provincial durante el acto que se realizó en la Sala de Situación de Terrazas de Portezuelo, pasado el mediodía de este martes.
Durante la ceremonia, el gobernador Poggi firmó el decreto de aprobación del Mapa que identifica las zonas del territorio provincial que cuentan con las mejores condiciones para el aprovechamiento energético; y destacó la relación del mismo con el Plan Estratégico de Energía 2012 – 2025 y con las estrategias a largo plazo impulsadas en la búsqueda de un ambiente sano y una mejor calidad de vida. De esa manera, San Luis volvió a mostrarse como una provincia pionera en el fomento de las energías renovables en el país.
El estudio arrojó que en todo el territorio provincial puede explotarse la energía solar en sus dos variantes: termosolar y fotovoltaica. Así lo determinaron los resultados de la información satelital analizada y las mediciones obtenidas por equipos de la Universidad Nacional de San Luis y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, contratados por Ministerio de Medio Ambiente para confeccionar el Mapa de Energías Renovables.
“El resultado de este mapa estará disponible para todos, y será muy importante para que los inversores que quieran instalar plantas de energía solar sepan el grado de éxito que pueden tener”, agregó el gobernador, que encabezó el acto junto a la ministra de Medio Ambiente, Daiana Hissa. Participaron el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Félix Nieto Quintas y el canciller del Obispado, Mauro Quevedo.
“Con este Mapa generamos un instrumento fundamental y atractivo para una toma de decisiones con menor incertidumbre, en favor del crecimiento económico y social de la provincia, de acuerdo con la integridad y potencialidad del territorio. Además, a partir de su creación, el ciudadano dispone de información pública confiable acerca de la cantidad y calidad de los recursos renovables disponibles en la provincia, eólico y solar, y su potencial para la generación de energía a gran escala”, destacó la ministra Hissa.
En el acto, la funcionaria realizó la presentación del Mapa y destacó que “las energías limpias son el futuro en la lucha contra el cambio climático”. Enmarcadas en esta realidad, el Gobierno solicitó los estudios necesarios para contar con un mapa que esté a disposición de inversores, productores y vecinos de manera online y gratuita.
“Con este estudio sumamos 15 nuevas capas de información a las más de 420 con la que ya contaba nuestro Mapa de Ordenamiento Ambiental Territorial, que está disponible de manera gratuita en la página del Ministerio de Medio Ambiente (www.medioambiente.sanluis.gov.ar)”, puntualizó la ministra.
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Dos años esperando la ley de humedales
La ley de humedales, en riesgo
Fecha de Publicación: 05/09/2015
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
La norma fue presentada hace dos años por el propio Frente para la Victoria, y pasó sin sobresalto por el Senado. Pero, desde entonces, sufre de un largo letargo, por lo que las ONG temen que pierda estado parlamentario.
En un año en que se registra un evento de El Niño muy poderoso, que ya está trayendo lluvias extraordinarias, la ley de humedales corre el riesgo de ahogarse en la Cámara de Diputados. Y esto es serio porque estos ecosistemas ayudan a mitigar el impacto de las inundaciones, y en caso de sequía, constituyen un reservorio muy preciado tanto de agua como de biodiversidad.
La norma fue presentada hace dos años por el propio Frente para la Victoria, y pasó sin sobresalto por el Senado. Pero, desde entonces, sufre de un largo letargo, por lo que las ONG temen que pierda estado parlamentario. Aunque no hay un lobby sistemático en contra de la ley, hay provincias -como Corrientes y San Luis- que no quieren la interferencia del Estado nacional en este asunto que consideran propio.
Las organizaciones coinciden que la ley está lejos de ser perfecta y de ninguna manera impide el desarrollo en zonas bajas, aunque -por primera vez- se valoriza el tema de los servicios ambientales que prestan estos cuerpos de agua, como la regulación hídrica de un territorio, tanto absorbiendo excesos de lluvia como recargando acuíferos subterráneos. Los humedales también filtran contaminantes y almacenan carbono, entre otros efectos beneficiosos.
Pero los humedales son vulnerables porque al ser terrenos baratos (son bajos e inundables) la tentación de rellenarlos y de ocupar el territorio es enorme para los especuladores inmobiliarios.
En la Argentina existen aproximadamente 600.000 km² de humedales, lo que representa el 21,5% del país y son altamente vulnerables al desarrollo urbano y al corrimiento de la frontera agrícola ganadera, como está sucediendo en el delta del Paraná y en la cuenca del Río Lujan-Reconquista, que ha sido castigada por severas inundaciones hace sólo unas semanas.
La ley es producto del trabajo de varias universidades en colaboración con organizaciones ambientales. Entre otras cosas, establece presupuestos mínimos para los humedales y propone la planificación ambiental del territorio como parte de estrategia de protección de estos espejos de agua, que suelen concentrar gran número de especies vegetales y animales.
"Los ambientes naturales son más elásticos para atenuar los efectos de los eventos climáticos", señaló Diego Moreno, director de la Fundación Vida Silvestre, al subrayar la importancia de estos ambientes en el contexto de El Niño y el aumento de la temperatura atmosférica por la transformación del clima. "Tener humedales en buen estado nos da más elasticidad frente al clima".
Por su lado, Cali Villalonga, presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y dirigente de la agrupación Los Verdes, señaló la importancia que cumplen los humedales a la hora de mitigar inundaciones, por lo que urgió a que no pierda estado parlamentario la ley.
"Los humedales actúan como esponjas y ayudan a disminuir los efectos producidos por las fuertes lluvias, previniendo inundaciones. Hoy en día, estos ecosistemas son amenazados por proyectos inmobiliarios que convierten estas regiones en "tapones" que, en lugar de absorber, retienen el agua que baja por arroyos y ríos. La ley que los protege está trabada hace más de un año en la Cámara de Diputados, no podemos permitir que su aprobación se demore otro año", señaló Greenpeace en un comunicado.
Hasta ahora, la única comisión de la Cámara Baja que aprobó la norma fue la de Intereses Marítimos y Fluviales. Falta que la traten la de Recursos Naturales y de Presupuesto. Esta semana, el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) instó a la aprobación de la medida.
Entre las organizaciones que respaldan la ley figura la Fundación Humedales, Fundación Ambiente y recursos Naturales, Fundación Vida Silvestre, Greenpeace Argentina, Fundación Biodiversidad, Fundación Proteger, Fundación Patagonia Natural, Banco de Bosques, entre otras.
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Fecha de Publicación: 05/09/2015
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
La norma fue presentada hace dos años por el propio Frente para la Victoria, y pasó sin sobresalto por el Senado. Pero, desde entonces, sufre de un largo letargo, por lo que las ONG temen que pierda estado parlamentario.
En un año en que se registra un evento de El Niño muy poderoso, que ya está trayendo lluvias extraordinarias, la ley de humedales corre el riesgo de ahogarse en la Cámara de Diputados. Y esto es serio porque estos ecosistemas ayudan a mitigar el impacto de las inundaciones, y en caso de sequía, constituyen un reservorio muy preciado tanto de agua como de biodiversidad.
La norma fue presentada hace dos años por el propio Frente para la Victoria, y pasó sin sobresalto por el Senado. Pero, desde entonces, sufre de un largo letargo, por lo que las ONG temen que pierda estado parlamentario. Aunque no hay un lobby sistemático en contra de la ley, hay provincias -como Corrientes y San Luis- que no quieren la interferencia del Estado nacional en este asunto que consideran propio.
Las organizaciones coinciden que la ley está lejos de ser perfecta y de ninguna manera impide el desarrollo en zonas bajas, aunque -por primera vez- se valoriza el tema de los servicios ambientales que prestan estos cuerpos de agua, como la regulación hídrica de un territorio, tanto absorbiendo excesos de lluvia como recargando acuíferos subterráneos. Los humedales también filtran contaminantes y almacenan carbono, entre otros efectos beneficiosos.
Pero los humedales son vulnerables porque al ser terrenos baratos (son bajos e inundables) la tentación de rellenarlos y de ocupar el territorio es enorme para los especuladores inmobiliarios.
En la Argentina existen aproximadamente 600.000 km² de humedales, lo que representa el 21,5% del país y son altamente vulnerables al desarrollo urbano y al corrimiento de la frontera agrícola ganadera, como está sucediendo en el delta del Paraná y en la cuenca del Río Lujan-Reconquista, que ha sido castigada por severas inundaciones hace sólo unas semanas.
La ley es producto del trabajo de varias universidades en colaboración con organizaciones ambientales. Entre otras cosas, establece presupuestos mínimos para los humedales y propone la planificación ambiental del territorio como parte de estrategia de protección de estos espejos de agua, que suelen concentrar gran número de especies vegetales y animales.
"Los ambientes naturales son más elásticos para atenuar los efectos de los eventos climáticos", señaló Diego Moreno, director de la Fundación Vida Silvestre, al subrayar la importancia de estos ambientes en el contexto de El Niño y el aumento de la temperatura atmosférica por la transformación del clima. "Tener humedales en buen estado nos da más elasticidad frente al clima".
Por su lado, Cali Villalonga, presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y dirigente de la agrupación Los Verdes, señaló la importancia que cumplen los humedales a la hora de mitigar inundaciones, por lo que urgió a que no pierda estado parlamentario la ley.
"Los humedales actúan como esponjas y ayudan a disminuir los efectos producidos por las fuertes lluvias, previniendo inundaciones. Hoy en día, estos ecosistemas son amenazados por proyectos inmobiliarios que convierten estas regiones en "tapones" que, en lugar de absorber, retienen el agua que baja por arroyos y ríos. La ley que los protege está trabada hace más de un año en la Cámara de Diputados, no podemos permitir que su aprobación se demore otro año", señaló Greenpeace en un comunicado.
Hasta ahora, la única comisión de la Cámara Baja que aprobó la norma fue la de Intereses Marítimos y Fluviales. Falta que la traten la de Recursos Naturales y de Presupuesto. Esta semana, el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) instó a la aprobación de la medida.
Entre las organizaciones que respaldan la ley figura la Fundación Humedales, Fundación Ambiente y recursos Naturales, Fundación Vida Silvestre, Greenpeace Argentina, Fundación Biodiversidad, Fundación Proteger, Fundación Patagonia Natural, Banco de Bosques, entre otras.
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UNLP detecta plaguicidas en el 80% de las verduras
Ocho de cada diez, con tóxicos
Fecha de Publicación: 05/09/2015
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
El estudio analizó 60 muestras de frutas y verduras. Encontraron plaguicidas en el 83 por ciento de los cítricos y zanahorias. El 78 por ciento en morrones y 70 en verduras de hoja. Los venenos detectados fueron insecticidas y fungicidas.
Ocho de cada diez verduras y frutas tienen agrotóxicos. Lo afirma una investigación realizada por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en la que se analizaron verduras de hoja verde, cítricos y hortalizas. El 76,6 por ciento tenía al menos un químico y el 27,7 por ciento de las muestras tenía entre tres y cinco agroquímicos. “La variedad de plaguicidas es muy grande. Y el cóctel de químicos es muy fuerte”, aseguró Damián Marino, codirector del trabajo. Entre los productos que más se detectaron está el insecticida endosulfán, prohibido en Argentina desde 2013.
“Plaguicidas. Los condimentos no declarados”, es el nombre del estudio realizado por investigadores del Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental (Emisa), de la UNLP. El trabajo, realizado entre noviembre de 2014 y abril de 2015, analizó 60 muestras de frutas y verduras. Separados por categorías, el 83 por ciento de los cítricos (naranjas y mandarinas) y de zanahorias tiene agrotóxicos. También dieron positivo el 78 por ciento de los morrones y el 70 por ciento de las verduras de hoja verde (lechuga y acelga).
Los alimentos contenían los insecticidas lambdacialotrina, endosulfán, clorpirifos y cipermetrina. Y los fungicidas (para hongos) tebuconazole, tpoxiconazol. “Estos son los amigos del famoso herbicida glifosato”, destacó Damián Marino, cuando presentó su trabajo en el Congreso de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. “El endosulfán es uno de los compuestos de mayor aparición. Y recordemos que está prohibido en Argentina”, remarcó Marino.
Los investigadores coinciden en la importancia de estudiar y alertar sobre el uso del herbicida glifosato (el más utilizado en el país, en soja y maíz, entre otros), pero también remarcan que sus “amigos” están presentes de manera cotidiana en la mesa de los argentinos.
El trabajo afirma que los pequeños productores son también víctimas del modelo que los impulsa a utilizar los plaguicidas. Insta a que los gobiernos tomen medidas urgentes y llama la atención: la solución no pasa por reemplazar un veneno por otro, sino en dejar de usarlos. Afirma que siempre la industria química presenta un plaguicida como inocuo y, con el paso de los años y con muchísimos afectados, lo retiran del mercado por la afección que produce en la salud.
Marino ejemplificó con el insecticida DDT. Creado en 1947, a inicios de la década del ’60 ya era muy cuestionado. Recién en 1972 los prohibió Estados Unidos y recién en 2001 ingresó al Convenio de Estocolmo (espacio internacional auspiciado por la ONU que regula el tratamiento de sustancias tóxicas). “El agro en base a agroquímicos es una rueda infinita a expensas de la salud de los pueblos”, denunció el investigador. Y advirtió que con el famoso glifosato (utilizado en soja y maíz transgénico, entre otros cultivos) sucederá lo mismo.
El trabajo de análisis de verduras, frutas y hortalizas forma parte de un proyecto de extensión de la UNLP junto al Banco Alimentario de La Plata, ONG que recupera hasta cuatro toneladas de alimentos por mes. Y que se distribuye en comedores, parroquias y familias. También se seleccionaron frutas y verduras pertenecientes a comercios cercanos a la UNLP. La investigación destaca la responsabilidad del Estado, que permite una forma de producción y comercialización que implica alimentarse con venenos.
Un apartado está dedicado al “Límite Máximo Regulatorio (LMR)”, que corresponde a lo estipulado por el Estado de cuánto veneno puede tener un alimento. El trabajo señala que, si se toma a rajatabla el LMR, el ocho por ciento de las muestras analizadas supera el valor permitido. Pero destaca que hay productos que no están regulados y no debieran tener determinados químicos, pero sí lo tienen. Ejemplo: en las verduras, cítricos y zanahoria se encontró el insecticida cipermetrina, que no tiene LMR establecido (y que no debiera utilizarse para esos alimentos).
El LMR está basado en la Ingesta Diaria Admisible (IDA). “No está claro cómo lo determinan. En muchos casos es resultado de una ‘caja negra’ de ingreso de datos, que además cuando se publican toman información preexistente que en algunos casos tiene casi diez años de antigüedad, y no se corresponde a la dinámica de la información científica”, alertó Marino. Tampoco se diferencia el LMR-IDA para niños.
Los investigadores de la UNLP resaltaron en su trabajo la preocupación de alimentos con agrotóxicos, aún cuando cumplan los límites establecidos por el Estado. “Según nuestras mediciones, una ensalada de varios componentes puede significar la exposición simultánea a una mezcla de plaguicidas y nada se sabe respecto a la respuesta biológica para su eliminación. La toxicidad de mezclas sigue siendo un gran capítulo de investigación y debate, poco se sabe respecto a efectos de mezclas de activos de plaguicidas y sus efectos sobre la salud, más en exposiciones crónicas como este caso”, aseguró Marino.
La investigación señala que se debe trabajar para consumir productos con ausencia de plaguicidas, para lo que se requieren políticas públicas para el apoyo y acompañamiento desde los productores y hasta la comercialización.
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Fecha de Publicación: 05/09/2015
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
El estudio analizó 60 muestras de frutas y verduras. Encontraron plaguicidas en el 83 por ciento de los cítricos y zanahorias. El 78 por ciento en morrones y 70 en verduras de hoja. Los venenos detectados fueron insecticidas y fungicidas.
Ocho de cada diez verduras y frutas tienen agrotóxicos. Lo afirma una investigación realizada por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en la que se analizaron verduras de hoja verde, cítricos y hortalizas. El 76,6 por ciento tenía al menos un químico y el 27,7 por ciento de las muestras tenía entre tres y cinco agroquímicos. “La variedad de plaguicidas es muy grande. Y el cóctel de químicos es muy fuerte”, aseguró Damián Marino, codirector del trabajo. Entre los productos que más se detectaron está el insecticida endosulfán, prohibido en Argentina desde 2013.
“Plaguicidas. Los condimentos no declarados”, es el nombre del estudio realizado por investigadores del Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental (Emisa), de la UNLP. El trabajo, realizado entre noviembre de 2014 y abril de 2015, analizó 60 muestras de frutas y verduras. Separados por categorías, el 83 por ciento de los cítricos (naranjas y mandarinas) y de zanahorias tiene agrotóxicos. También dieron positivo el 78 por ciento de los morrones y el 70 por ciento de las verduras de hoja verde (lechuga y acelga).
Los alimentos contenían los insecticidas lambdacialotrina, endosulfán, clorpirifos y cipermetrina. Y los fungicidas (para hongos) tebuconazole, tpoxiconazol. “Estos son los amigos del famoso herbicida glifosato”, destacó Damián Marino, cuando presentó su trabajo en el Congreso de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. “El endosulfán es uno de los compuestos de mayor aparición. Y recordemos que está prohibido en Argentina”, remarcó Marino.
Los investigadores coinciden en la importancia de estudiar y alertar sobre el uso del herbicida glifosato (el más utilizado en el país, en soja y maíz, entre otros), pero también remarcan que sus “amigos” están presentes de manera cotidiana en la mesa de los argentinos.
El trabajo afirma que los pequeños productores son también víctimas del modelo que los impulsa a utilizar los plaguicidas. Insta a que los gobiernos tomen medidas urgentes y llama la atención: la solución no pasa por reemplazar un veneno por otro, sino en dejar de usarlos. Afirma que siempre la industria química presenta un plaguicida como inocuo y, con el paso de los años y con muchísimos afectados, lo retiran del mercado por la afección que produce en la salud.
Marino ejemplificó con el insecticida DDT. Creado en 1947, a inicios de la década del ’60 ya era muy cuestionado. Recién en 1972 los prohibió Estados Unidos y recién en 2001 ingresó al Convenio de Estocolmo (espacio internacional auspiciado por la ONU que regula el tratamiento de sustancias tóxicas). “El agro en base a agroquímicos es una rueda infinita a expensas de la salud de los pueblos”, denunció el investigador. Y advirtió que con el famoso glifosato (utilizado en soja y maíz transgénico, entre otros cultivos) sucederá lo mismo.
El trabajo de análisis de verduras, frutas y hortalizas forma parte de un proyecto de extensión de la UNLP junto al Banco Alimentario de La Plata, ONG que recupera hasta cuatro toneladas de alimentos por mes. Y que se distribuye en comedores, parroquias y familias. También se seleccionaron frutas y verduras pertenecientes a comercios cercanos a la UNLP. La investigación destaca la responsabilidad del Estado, que permite una forma de producción y comercialización que implica alimentarse con venenos.
Un apartado está dedicado al “Límite Máximo Regulatorio (LMR)”, que corresponde a lo estipulado por el Estado de cuánto veneno puede tener un alimento. El trabajo señala que, si se toma a rajatabla el LMR, el ocho por ciento de las muestras analizadas supera el valor permitido. Pero destaca que hay productos que no están regulados y no debieran tener determinados químicos, pero sí lo tienen. Ejemplo: en las verduras, cítricos y zanahoria se encontró el insecticida cipermetrina, que no tiene LMR establecido (y que no debiera utilizarse para esos alimentos).
El LMR está basado en la Ingesta Diaria Admisible (IDA). “No está claro cómo lo determinan. En muchos casos es resultado de una ‘caja negra’ de ingreso de datos, que además cuando se publican toman información preexistente que en algunos casos tiene casi diez años de antigüedad, y no se corresponde a la dinámica de la información científica”, alertó Marino. Tampoco se diferencia el LMR-IDA para niños.
Los investigadores de la UNLP resaltaron en su trabajo la preocupación de alimentos con agrotóxicos, aún cuando cumplan los límites establecidos por el Estado. “Según nuestras mediciones, una ensalada de varios componentes puede significar la exposición simultánea a una mezcla de plaguicidas y nada se sabe respecto a la respuesta biológica para su eliminación. La toxicidad de mezclas sigue siendo un gran capítulo de investigación y debate, poco se sabe respecto a efectos de mezclas de activos de plaguicidas y sus efectos sobre la salud, más en exposiciones crónicas como este caso”, aseguró Marino.
La investigación señala que se debe trabajar para consumir productos con ausencia de plaguicidas, para lo que se requieren políticas públicas para el apoyo y acompañamiento desde los productores y hasta la comercialización.
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Argentina todavía no presentó su compromiso climático
Argentina tiene ideas pero no presentó sus compromisos
Fecha de Publicación: 05/09/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Ambiente de la Nación tiene en carpeta varias propuestas para reducir las emisiones contaminantes.
Sin embargo, aún no presentó una propuesta concreta ante la ONU. Según el último inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero, Argentina figura en el puesto 21º por su nivel de contaminación. El sector de producción de alimentos (carnes y granos), para consumo interno y para exportación, emite casi el 50 por ciento del total.
Argentina tiene en marcha algunas medidas para reducir la contaminación como el corte obligatorio con biocombustibles en las naftas o la ley de energías renovables que planteaba a generar el ocho por ciento con fuentes verdes, aunque sólo llega al 1,5 por ciento.
A su vez, ha encargado diferentes estudios para evaluar nuevas propuestas como un cambio en el piloto de los calefones, elevar al 15 por ciento la generación de energía por fuentes renovables, impulsar el uso industrial de motores eléctricos más eficientes o promover la generación distribuida.
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Fecha de Publicación: 05/09/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
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Sin embargo, aún no presentó una propuesta concreta ante la ONU. Según el último inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero, Argentina figura en el puesto 21º por su nivel de contaminación. El sector de producción de alimentos (carnes y granos), para consumo interno y para exportación, emite casi el 50 por ciento del total.
Argentina tiene en marcha algunas medidas para reducir la contaminación como el corte obligatorio con biocombustibles en las naftas o la ley de energías renovables que planteaba a generar el ocho por ciento con fuentes verdes, aunque sólo llega al 1,5 por ciento.
A su vez, ha encargado diferentes estudios para evaluar nuevas propuestas como un cambio en el piloto de los calefones, elevar al 15 por ciento la generación de energía por fuentes renovables, impulsar el uso industrial de motores eléctricos más eficientes o promover la generación distribuida.
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