Quieren llevar "tranquilidad" por el pozo de Allen
08:00 | 
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Eco Sitio |
Reunión clave con Ysur-YPF por contaminación
Fecha de Publicación: 07/09/2015
Fuente: Noticias Net
Provincia/Región: Río Negro
Autoridades de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro, el Departamento Provincial de Aguas y la Secretaría de Energía, se reunieron con representantes de la empresa Ysur-YPF con el objetivo de avanzar en diferentes acciones para brindar tranquilidad y mantener la calidad de vida de los vecinos de Allen ante los hechos de público conocimiento.
En este marco, la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dina Migani, expresó que se solicitó a la empresa Ysur-YPF una serie de condiciones más, además de establecidas por las leyes provinciales M N° 3266 y N° 4742, Decreto N° 656/04 y Ley Nacional 25.675, que deberán presentar en los plazos correspondientes. En representación de la Municipalidad de Allen participó la intendenta de Allen, Sabina Costa, y su secretaria Legal y Técnica, Norma Coronel. Las partes mencionadas volverán a reunirse en 15 días.
Migani fue la primera oradora del encuentro y durante su alocución uno de los pedidos efectuados a los máximos referentes de la compañía petrolera fue que “escuchen a la gente, que instruyan a los mandos medios que trabajan en las locaciones, para que ante la consulta, requerimientos, exigencias, puedan informar y brindar tranquilidad a los vecinos lindantes a las zonas de actividad petrolera”.
Al finalizar la reunión, la titular de SAyDS informó que se van a intensificar e incrementar las inspecciones que realizan los técnicos de la Secretaría. Cabe aclarar que la actividad petrolera es auditada en campo de manera permanente, luego del procedimiento de evaluación de impacto ambiental correspondiente por el área de fiscalización de la SAYDS.
Migani expresó que también se requirió a la empresa Ysur-YPF que efectúen con mayor frecuencia mediciones de calidad de aire y sonido. Asimismo, en orden a los recientes sucesos acaecidos, la operadora deberá presentar un programa de gestión de calidad y control de los contratistas que asegure la no afectación de la población, como así también que detallen los recursos humanos a disposición para el cumplimiento de tales labores.
Por su parte, el secretario de Energía, Marcelo Echegoyen indicó que se establecieron mecanismos de coordinación y comunicación permanente, como así también se anunciaron cambios que la empresa deberá cumplir en futuras operaciones ante el montaje de una locación: fosas de quema para pozos en ensayo, instalación de sistemas de control en tiempo real de los gases durante los ensayos y del aire circundante en las diferentes locaciones. Además deberán mejorar los muros de contención de cada lugar.
Sumado a los requerimientos de Ambiente, los funcionarios provinciales informaron que la empresa al realizar perforaciones deberá aislar adecuadamente todo equipo que pueda tener líquidos potencialmente contaminantes. Los controles también abarcarán las acciones anteriores a las perforaciones, con adecuadas tareas de desmonte en la periferia. Finalizadas las locaciones deberán instalar freatímetros, en este caso bajo los lineamientos de técnicos del DPA.
Por último, se establecieron condiciones para el transporte de lodos, áridos y para el mantenimiento de las calles que utilicen las máquinas la firma.
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Fecha de Publicación: 07/09/2015
Fuente: Noticias Net
Provincia/Región: Río Negro
Autoridades de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro, el Departamento Provincial de Aguas y la Secretaría de Energía, se reunieron con representantes de la empresa Ysur-YPF con el objetivo de avanzar en diferentes acciones para brindar tranquilidad y mantener la calidad de vida de los vecinos de Allen ante los hechos de público conocimiento.
En este marco, la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dina Migani, expresó que se solicitó a la empresa Ysur-YPF una serie de condiciones más, además de establecidas por las leyes provinciales M N° 3266 y N° 4742, Decreto N° 656/04 y Ley Nacional 25.675, que deberán presentar en los plazos correspondientes. En representación de la Municipalidad de Allen participó la intendenta de Allen, Sabina Costa, y su secretaria Legal y Técnica, Norma Coronel. Las partes mencionadas volverán a reunirse en 15 días.
Migani fue la primera oradora del encuentro y durante su alocución uno de los pedidos efectuados a los máximos referentes de la compañía petrolera fue que “escuchen a la gente, que instruyan a los mandos medios que trabajan en las locaciones, para que ante la consulta, requerimientos, exigencias, puedan informar y brindar tranquilidad a los vecinos lindantes a las zonas de actividad petrolera”.
Al finalizar la reunión, la titular de SAyDS informó que se van a intensificar e incrementar las inspecciones que realizan los técnicos de la Secretaría. Cabe aclarar que la actividad petrolera es auditada en campo de manera permanente, luego del procedimiento de evaluación de impacto ambiental correspondiente por el área de fiscalización de la SAYDS.
Migani expresó que también se requirió a la empresa Ysur-YPF que efectúen con mayor frecuencia mediciones de calidad de aire y sonido. Asimismo, en orden a los recientes sucesos acaecidos, la operadora deberá presentar un programa de gestión de calidad y control de los contratistas que asegure la no afectación de la población, como así también que detallen los recursos humanos a disposición para el cumplimiento de tales labores.
Por su parte, el secretario de Energía, Marcelo Echegoyen indicó que se establecieron mecanismos de coordinación y comunicación permanente, como así también se anunciaron cambios que la empresa deberá cumplir en futuras operaciones ante el montaje de una locación: fosas de quema para pozos en ensayo, instalación de sistemas de control en tiempo real de los gases durante los ensayos y del aire circundante en las diferentes locaciones. Además deberán mejorar los muros de contención de cada lugar.
Sumado a los requerimientos de Ambiente, los funcionarios provinciales informaron que la empresa al realizar perforaciones deberá aislar adecuadamente todo equipo que pueda tener líquidos potencialmente contaminantes. Los controles también abarcarán las acciones anteriores a las perforaciones, con adecuadas tareas de desmonte en la periferia. Finalizadas las locaciones deberán instalar freatímetros, en este caso bajo los lineamientos de técnicos del DPA.
Por último, se establecieron condiciones para el transporte de lodos, áridos y para el mantenimiento de las calles que utilicen las máquinas la firma.
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Cerro Atajo de Catamarca en conflicto minero
Piden suspender el informe de impacto ambiental de Cerro Atajo
Fecha de Publicación: 07/09/2015
Fuente: El Ancasti (Catamarca)
Provincia/Región: Catamarca
Los legisladores, señalan que a pesar de haber un acuerdo entre Agua Rica y CAMYEN por la zona, aún sigue vigente el litigio entre las dos empresas.
El bloque de diputados del Frente Cívico y Social solicitó a la Secretaría de Minería de la provincia que no apruebe el informe de impacto ambiental para la puesta en marcha del proyecto minero Cerro Atajo por parte de Agua Rica hasta tanto se resuelva el conflicto judicial que tiene la empresa con CAMYEN. El pedido fue realizado a través de una nota que fue presentada por el bloque ante el secretario de Minería, Rodolfo Micone.
En la presentación, los legisladores piden que "se deniegue o suspenda emitir resolución alguna respecto a cualquier solicitud de aprobación que existiere con relación al Informe de Impacto Ambiental relativo a las 17 minas del Cerro Atajo, áreas que hubieran sido objeto de "Contrato de Exploración con Opción de Explotación" suscripto entre Minera Agua Rica y Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN)".
El FCS justifica su pedido al señalar que si bien entre las empresas "existe un acuerdo transaccional a fin de aunar esfuerzos para realizar actividades de prospección y exploración en el área," que fue presentado en el Juzgado de Minas, Agua Rica-Yamana Gold no cesó su planteo judicial por las 17 minas, por lo que el proceso sigue. La empresa había impuesto un incidente de oposición y nulidad solicitando que se deje sin efecto la concesión de mina vacante otorgada a CAMYEN.
En la presentación, los legisladores relatan la firma del contrato entre Yamana y CAMYEN por Cerro Atajo que incluye este "acuerdo transaccional", pero también recuerdan que el 16 de junio, se presentaron en el juzgado los apoderados de ambas empresas a solicitar la "suspensión de los plazos procesales del litigio, sin que se modifique "derechos de las partes con relación a estos obrados" y tampoco implica "renuncia sobre derechos y las acciones instauradas."
"Es decir que hasta aquí tenemos un litigio que versa sobre la propiedad de la mina, un contrato de exploración con opción de explotación que incluye un acuerdo transaccional y una presentación conjunta de las empresas del que no se desprende dicha transacción. La contradicción es evidente", indican.
Para los legisladores, "resulta sugestivo" que el acuerdo transaccional "pareciera ser incluso anterior al contrato de exploración con opción de explotación, siendo la presentación judicial conjunta muy posterior a éste, amén de la contradicción antes expuesta. Es decir que más allá de que se hubiera proveído por parte del juez de Minas la suspensión de los plazos procesales, está claro que la pretensión procesal de Agua Rica subsiste y con éste también el conflicto sobre la propiedad".
En el marco de esta "contradicción”, los diputados plantean lo que puede suceder a futuro si se aprueba el informe de impacto ambiental con relación a lo que establece las normativas mineras. En esa línea, señalan que "esta situación adquiere relevancia a la luz de lo previsto por el Código de Minería (artículo 248) que establece que las personas que desarrollen la actividad minera (Prospección, exploración, explotación) serán responsables de todo daño ambiental que se produzca por el incumplimiento de lo establecido en la presente Sección, ya sea que lo ocasionen en forma directa o por las personas que se encuentran bajo su dependencia o por parte de contratistas o subcontratistas, o que lo causa el riesgo o vicio de la cosa". Además, agrega que: "El titular del derecho minero será solidariamente responsable, en los mismos casos, del daño que ocasionen las personas por él habilitadas para el ejercicio de tal derecho"
"Es decir, el Código de Minería establece una responsabilidad por daño ambiental objetiva, amplia y solidaria, respecto de lo cual no es indiferente la propiedad que pudiera existir sobre la mina. Circunstancia que en Cerro Atajo se mantiene vigente el litigio", señalan los legisladores.
Por otra parte, agregan que "los criterios en torno a la interpretación de la normativa ambiental debe formularse en base a los criterios plasmados por la Ley General del Ambiente Nº 26.675 que ha tipificado los principios de prevención y precautorio que deben ser rectores en la salvaguarda de la gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable".
Por todo lo expuesto, es que los diputados solicitan que "en tanto se sostenga la incertidumbre de torno de la propiedad de las minas correspondientes al Área denominada Cerro Atajo".
Actualmente, el informe de impacto ambiental para la puesta en marcha de esta zona está en análisis en la Secretaría de Minería.
El viernes se conoció que la empresa Minera Agua Rica avanza con los trabajos de prospección sobre Cerro Atajo, a partir de la aprobación de la Declaración Jurada de Prospección por parte de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (DIPGAM).
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Fecha de Publicación: 07/09/2015
Fuente: El Ancasti (Catamarca)
Provincia/Región: Catamarca
Los legisladores, señalan que a pesar de haber un acuerdo entre Agua Rica y CAMYEN por la zona, aún sigue vigente el litigio entre las dos empresas.
El bloque de diputados del Frente Cívico y Social solicitó a la Secretaría de Minería de la provincia que no apruebe el informe de impacto ambiental para la puesta en marcha del proyecto minero Cerro Atajo por parte de Agua Rica hasta tanto se resuelva el conflicto judicial que tiene la empresa con CAMYEN. El pedido fue realizado a través de una nota que fue presentada por el bloque ante el secretario de Minería, Rodolfo Micone.
En la presentación, los legisladores piden que "se deniegue o suspenda emitir resolución alguna respecto a cualquier solicitud de aprobación que existiere con relación al Informe de Impacto Ambiental relativo a las 17 minas del Cerro Atajo, áreas que hubieran sido objeto de "Contrato de Exploración con Opción de Explotación" suscripto entre Minera Agua Rica y Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN)".
El FCS justifica su pedido al señalar que si bien entre las empresas "existe un acuerdo transaccional a fin de aunar esfuerzos para realizar actividades de prospección y exploración en el área," que fue presentado en el Juzgado de Minas, Agua Rica-Yamana Gold no cesó su planteo judicial por las 17 minas, por lo que el proceso sigue. La empresa había impuesto un incidente de oposición y nulidad solicitando que se deje sin efecto la concesión de mina vacante otorgada a CAMYEN.
En la presentación, los legisladores relatan la firma del contrato entre Yamana y CAMYEN por Cerro Atajo que incluye este "acuerdo transaccional", pero también recuerdan que el 16 de junio, se presentaron en el juzgado los apoderados de ambas empresas a solicitar la "suspensión de los plazos procesales del litigio, sin que se modifique "derechos de las partes con relación a estos obrados" y tampoco implica "renuncia sobre derechos y las acciones instauradas."
"Es decir que hasta aquí tenemos un litigio que versa sobre la propiedad de la mina, un contrato de exploración con opción de explotación que incluye un acuerdo transaccional y una presentación conjunta de las empresas del que no se desprende dicha transacción. La contradicción es evidente", indican.
Para los legisladores, "resulta sugestivo" que el acuerdo transaccional "pareciera ser incluso anterior al contrato de exploración con opción de explotación, siendo la presentación judicial conjunta muy posterior a éste, amén de la contradicción antes expuesta. Es decir que más allá de que se hubiera proveído por parte del juez de Minas la suspensión de los plazos procesales, está claro que la pretensión procesal de Agua Rica subsiste y con éste también el conflicto sobre la propiedad".
En el marco de esta "contradicción”, los diputados plantean lo que puede suceder a futuro si se aprueba el informe de impacto ambiental con relación a lo que establece las normativas mineras. En esa línea, señalan que "esta situación adquiere relevancia a la luz de lo previsto por el Código de Minería (artículo 248) que establece que las personas que desarrollen la actividad minera (Prospección, exploración, explotación) serán responsables de todo daño ambiental que se produzca por el incumplimiento de lo establecido en la presente Sección, ya sea que lo ocasionen en forma directa o por las personas que se encuentran bajo su dependencia o por parte de contratistas o subcontratistas, o que lo causa el riesgo o vicio de la cosa". Además, agrega que: "El titular del derecho minero será solidariamente responsable, en los mismos casos, del daño que ocasionen las personas por él habilitadas para el ejercicio de tal derecho"
"Es decir, el Código de Minería establece una responsabilidad por daño ambiental objetiva, amplia y solidaria, respecto de lo cual no es indiferente la propiedad que pudiera existir sobre la mina. Circunstancia que en Cerro Atajo se mantiene vigente el litigio", señalan los legisladores.
Por otra parte, agregan que "los criterios en torno a la interpretación de la normativa ambiental debe formularse en base a los criterios plasmados por la Ley General del Ambiente Nº 26.675 que ha tipificado los principios de prevención y precautorio que deben ser rectores en la salvaguarda de la gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable".
Por todo lo expuesto, es que los diputados solicitan que "en tanto se sostenga la incertidumbre de torno de la propiedad de las minas correspondientes al Área denominada Cerro Atajo".
Actualmente, el informe de impacto ambiental para la puesta en marcha de esta zona está en análisis en la Secretaría de Minería.
El viernes se conoció que la empresa Minera Agua Rica avanza con los trabajos de prospección sobre Cerro Atajo, a partir de la aprobación de la Declaración Jurada de Prospección por parte de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (DIPGAM).
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Botnia:llaman a declarar a uruguayos por causa
Botnia/ Citan a declarar a uruguayos por contaminación
Fecha de Publicación: 07/09/2015
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El abogado Luis Leissa, que representa a la Asamblea Ciudadana Ambiental, informó que el juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró resolvió citar a declarar a dos uruguayos, en el marco de la causa en la que la pastera UPM ex Botnia está denunciada por contaminación y que se sustancia desde 2006.
En concreto Leissa dijo que “se trata de un funcionario de la Caru Uruguay, llamado Héctor Viera que resultó afectado por las emanaciones tóxicas de Botnia en ocasión de un incidente que se produjo en septiembre de 2013 y que también afectó a otros tres trabajadores argentinos de la Caru que prestan tareas en el Puente Internacional General San Martín”.
El abogado mencionó que Viera ha sido convocado en calidad de testigo para el 19 de noviembre y también reveló que el Juez Seró resolvió citar al médico uruguayo Jean H. Jaurés Díaz quien fue el facultativo de Fray Bentos que atendió el día del hecho a Viera y a los otros afectados por las emanaciones de la pastera.
Asimismo Leissa dijo que “a estas actuaciones que comenzaron en el 2006 por infracción al artículo 55º de la Ley 24.051 y en la que la Asamblea Ciudadana ambiental de Gualeguaychú es querellante, se han agregado ahora y por conexidad, las actuaciones por otro incidente de contaminación ocurrido el 28 de febrero de 2014 y que fue percibido claramente ese día y durante horas en Gualeguaychú”. El abogado dijo que originalmente “esas actuaciones habían sido tramitadas por la Fiscalía de Gualeguaychú que meses atrás se declaró incompetente y elevó el expediente al Juzgado Federal a cargo de Seró”, informó Maximaonline.
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Fecha de Publicación: 07/09/2015
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El abogado Luis Leissa, que representa a la Asamblea Ciudadana Ambiental, informó que el juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró resolvió citar a declarar a dos uruguayos, en el marco de la causa en la que la pastera UPM ex Botnia está denunciada por contaminación y que se sustancia desde 2006.
En concreto Leissa dijo que “se trata de un funcionario de la Caru Uruguay, llamado Héctor Viera que resultó afectado por las emanaciones tóxicas de Botnia en ocasión de un incidente que se produjo en septiembre de 2013 y que también afectó a otros tres trabajadores argentinos de la Caru que prestan tareas en el Puente Internacional General San Martín”.
El abogado mencionó que Viera ha sido convocado en calidad de testigo para el 19 de noviembre y también reveló que el Juez Seró resolvió citar al médico uruguayo Jean H. Jaurés Díaz quien fue el facultativo de Fray Bentos que atendió el día del hecho a Viera y a los otros afectados por las emanaciones de la pastera.
Asimismo Leissa dijo que “a estas actuaciones que comenzaron en el 2006 por infracción al artículo 55º de la Ley 24.051 y en la que la Asamblea Ciudadana ambiental de Gualeguaychú es querellante, se han agregado ahora y por conexidad, las actuaciones por otro incidente de contaminación ocurrido el 28 de febrero de 2014 y que fue percibido claramente ese día y durante horas en Gualeguaychú”. El abogado dijo que originalmente “esas actuaciones habían sido tramitadas por la Fiscalía de Gualeguaychú que meses atrás se declaró incompetente y elevó el expediente al Juzgado Federal a cargo de Seró”, informó Maximaonline.
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UPM ex Botnia
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Béla Hidvégi cazo un yaguareté y salió impune
Béla Hidvégi, el húngaro que vino a la Argentina a cazar un yaguareté y salió impune
Fecha de Publicación: 06/09/2015
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El presidente honorario del Safari Club Internacional quedó exonerado de la causa por la caza ilegal de un yaguareté, por prescripción; la Red Yaguareté denuncia que quedan menos de 250 animales en el país
Luego de que el dentista estadounidense Walter Palmer cazara al león Cecil, el león más famoso de Zimbabwe, la historia dio la vuelta al mundo. El caso continuó con el pedido de extradición de Palmer y la detención de los dos elementos locales involucrados, pero en la Argentina también sucede, y ni siquiera hay consecuencias legales.
Osos polares, leones, chitas, leopardos, elefantes, distintos tipos de antílopes y lobos fueron víctima del fusil de uno de sus colegas del Safari Club Internacional. Se trata del húngaro, Béla Hidvégi,que en 2006 vino hasta la región chaqueña de Santiago del Estero para cazar un yaguareté, una práctica prohibida en el país hace más de 30 años.
El yaguareté es una especie en peligro crítico de extinción en la Argentina, declarada por ley como Monumento Natural Nacional, protegida no sólo por la ley Argentina sino también por la codificación internacional. Nicolás Lodeiro Ocamapo, presidente de la ONG Red Yaguareté, afirma a LA NACION que quedan en el país entre 170 y 250 ejemplares en el país, y menos de 30 en la zona donde Béla Hidvégi, presidente honorario del Safari Club Internacional (la mayor organización de cazadores del mundo), mató a uno.
Luego de cometer el crimen, Hidvégi contó detalladamente, cómo mató al animal en una nota titulada A jaguár birodalmában, publicada en la revista húngara Nimród Safari.
A partir de esa publicación, en la que el húngaro confiesa haber contratado la ayuda de al menos tres hombres locales, la ONG Red Yaguareté comenzó una batalla legal que terminó el 5 de julio pasado, cuando tras reiterados pedidos de informes, la justicia santiaguina reveló que la causa había prescrito hace ya un año, por falta de actividad en la causa.
El presidente de Red Yaguareté le relató a LA NACION que en la entrevista Hidvégi cuenta que los colaboradores locales le habían "asegurado" que le conseguirían no sólo un permiso de caza sino también para poder llevarse el cuerpo, considerado un "trofeo" por los cazadores. Sin embargo, el yaguareté es una especie protegida por el derecho nacional desde 1982, y el comercio de sus restos se encuentra prohibido.
En la revista "Nimród Safari", Hidvégi relató la caza, lo que motivó que el hecho fuera conocido y se le iniciara una causa en su contra.
Lodeiro asegura que las autoridades correspondientes "dejaron caer la causa". Por el crimen, Hidvégi podría haber sido condenado con una multa o con una pena de prisión. "Acá no hubo ni multa. Nosotros hicimos todo lo que pudimos para mantener el proceso vivo, pero el problema es que se abre una causa y le cae a un fiscal que no le importa", relata.
Pese a los reiterados intentos de LA NACION, la Dirección Nacional de Fauna, que pertenece a la Secretaría de Ambiente y Desarollo Sustentable, no respondió sobre el caso del yaguareté.
"Lo que se busca con estos animales es el trofeo, así que esto no pudo haber sido obra de una sola persona, porque ha debido de tener la connivencia de otros operadores para llevarse el trofeo", explica Jorge Carlos Macellaro, presidente del Capítulo Argentino del Safari Club Internacional.
Macellaro asegura que ni Hidvégi ni ningún extranjero que llega a la Argentina para cazar tiene contacto con la organización que preside y que "una cacería de este tipo se hace de forma absolutamente clandestina".
Durante su cacería, Hivégi tomó varias fotografías. Esta es la del yaguareté muerto, en cuerpo entero.
En su sitio web, Vadasz Museum, el cazador húngaro destaca la "filosofía" que se esconde detrás de su obsesión por coleccionar como "trofeos" los cadáveres de los animales que mata. "El 'trofeo' es el más grande premio para el cazador, prueba física que puedes tocar; es como una medalla de oro en otros deportes", detalla.
Hidvégi se enorgullece de ser uno de los cuatro europeos en haber logrado un "Triple Grand Slam", un premio por haber matado a más de 30 diferentes especies de cabras, ovejas y antílopes. En su museo personal tiene más de 150 cadáveres de animales embalsados, que cazó en todos los continentes y asegura que mató al menos 200 animales, fuera de Europa.
El húngaro posa con la distinción "Capra World Slam", un premio por haber matado a más de 30 distintas especies de cabras.
Conocida la prescripción de la causa, la Red Yaguareté le pidió al Safari Club internacional, del cual el húngaro es miembro vitalicio y presidente honorario, que sea expulsado de esa asociación por faltar al Comité de Ética, que asegura regirse acorde al derecho internacional y condenar tanto la caza clandestina como el tráfico de animales muertos.
Ante la consulta de LA NACION, desde esa entidad (de la que también es miembro el dentista Walter Palmer) respondieron que toman "todas las acusaciones de caza ilegal o antiética muy seriamente, y un detallado proceso para ese tipo de alegaciones", pero que las reglas "que rigen ese proceso, requiere mantener esos asuntos de manera confidencial".
En tanto, la Red Yaguareté inició una campaña para exigirle a SCI que Hedvegi sea sancionado y que revele quienes fueron sus cómplices locales, a través de la plataforma online Change.org
"Si la imputación que se le hace es correcta, apoyamos la moción -asegura Macellaro, del Capítulo Argentino del SCI. No aceptamos a ningún miembro que no respete los códigos de conservación de ambiente", se explaya.
Béla Hidvégi, cuyo correo personal fue facilitado por el Capítulo Húngaro del SCI, el cual preside, no respondió a ninguna de las preguntas que le formuló este diario.
Mientras tanto, Lodeiro recalca que en la Argentina "quedan menos de 250 yaguaretés silvestres y sólo 20 o 30 en la región chaqueña. La falta de una condena es un antecedente nefasto" indicó Lodeiro Ocampo.
"Detener la cacería y el comercio de sus restos son dos de las acciones más urgentes para evitar su extinción. El yaguareté está en peligro crítico de desaparecer y necesitamos del compromiso de todos para salvarlo", exhortó.
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Fecha de Publicación: 06/09/2015
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El presidente honorario del Safari Club Internacional quedó exonerado de la causa por la caza ilegal de un yaguareté, por prescripción; la Red Yaguareté denuncia que quedan menos de 250 animales en el país
Luego de que el dentista estadounidense Walter Palmer cazara al león Cecil, el león más famoso de Zimbabwe, la historia dio la vuelta al mundo. El caso continuó con el pedido de extradición de Palmer y la detención de los dos elementos locales involucrados, pero en la Argentina también sucede, y ni siquiera hay consecuencias legales.
Osos polares, leones, chitas, leopardos, elefantes, distintos tipos de antílopes y lobos fueron víctima del fusil de uno de sus colegas del Safari Club Internacional. Se trata del húngaro, Béla Hidvégi,que en 2006 vino hasta la región chaqueña de Santiago del Estero para cazar un yaguareté, una práctica prohibida en el país hace más de 30 años.
El yaguareté es una especie en peligro crítico de extinción en la Argentina, declarada por ley como Monumento Natural Nacional, protegida no sólo por la ley Argentina sino también por la codificación internacional. Nicolás Lodeiro Ocamapo, presidente de la ONG Red Yaguareté, afirma a LA NACION que quedan en el país entre 170 y 250 ejemplares en el país, y menos de 30 en la zona donde Béla Hidvégi, presidente honorario del Safari Club Internacional (la mayor organización de cazadores del mundo), mató a uno.
Luego de cometer el crimen, Hidvégi contó detalladamente, cómo mató al animal en una nota titulada A jaguár birodalmában, publicada en la revista húngara Nimród Safari.
A partir de esa publicación, en la que el húngaro confiesa haber contratado la ayuda de al menos tres hombres locales, la ONG Red Yaguareté comenzó una batalla legal que terminó el 5 de julio pasado, cuando tras reiterados pedidos de informes, la justicia santiaguina reveló que la causa había prescrito hace ya un año, por falta de actividad en la causa.
El presidente de Red Yaguareté le relató a LA NACION que en la entrevista Hidvégi cuenta que los colaboradores locales le habían "asegurado" que le conseguirían no sólo un permiso de caza sino también para poder llevarse el cuerpo, considerado un "trofeo" por los cazadores. Sin embargo, el yaguareté es una especie protegida por el derecho nacional desde 1982, y el comercio de sus restos se encuentra prohibido.
En la revista "Nimród Safari", Hidvégi relató la caza, lo que motivó que el hecho fuera conocido y se le iniciara una causa en su contra.
Lodeiro asegura que las autoridades correspondientes "dejaron caer la causa". Por el crimen, Hidvégi podría haber sido condenado con una multa o con una pena de prisión. "Acá no hubo ni multa. Nosotros hicimos todo lo que pudimos para mantener el proceso vivo, pero el problema es que se abre una causa y le cae a un fiscal que no le importa", relata.
Pese a los reiterados intentos de LA NACION, la Dirección Nacional de Fauna, que pertenece a la Secretaría de Ambiente y Desarollo Sustentable, no respondió sobre el caso del yaguareté.
"Lo que se busca con estos animales es el trofeo, así que esto no pudo haber sido obra de una sola persona, porque ha debido de tener la connivencia de otros operadores para llevarse el trofeo", explica Jorge Carlos Macellaro, presidente del Capítulo Argentino del Safari Club Internacional.
Macellaro asegura que ni Hidvégi ni ningún extranjero que llega a la Argentina para cazar tiene contacto con la organización que preside y que "una cacería de este tipo se hace de forma absolutamente clandestina".
Durante su cacería, Hivégi tomó varias fotografías. Esta es la del yaguareté muerto, en cuerpo entero.
En su sitio web, Vadasz Museum, el cazador húngaro destaca la "filosofía" que se esconde detrás de su obsesión por coleccionar como "trofeos" los cadáveres de los animales que mata. "El 'trofeo' es el más grande premio para el cazador, prueba física que puedes tocar; es como una medalla de oro en otros deportes", detalla.
Hidvégi se enorgullece de ser uno de los cuatro europeos en haber logrado un "Triple Grand Slam", un premio por haber matado a más de 30 diferentes especies de cabras, ovejas y antílopes. En su museo personal tiene más de 150 cadáveres de animales embalsados, que cazó en todos los continentes y asegura que mató al menos 200 animales, fuera de Europa.
El húngaro posa con la distinción "Capra World Slam", un premio por haber matado a más de 30 distintas especies de cabras.
Conocida la prescripción de la causa, la Red Yaguareté le pidió al Safari Club internacional, del cual el húngaro es miembro vitalicio y presidente honorario, que sea expulsado de esa asociación por faltar al Comité de Ética, que asegura regirse acorde al derecho internacional y condenar tanto la caza clandestina como el tráfico de animales muertos.
Ante la consulta de LA NACION, desde esa entidad (de la que también es miembro el dentista Walter Palmer) respondieron que toman "todas las acusaciones de caza ilegal o antiética muy seriamente, y un detallado proceso para ese tipo de alegaciones", pero que las reglas "que rigen ese proceso, requiere mantener esos asuntos de manera confidencial".
En tanto, la Red Yaguareté inició una campaña para exigirle a SCI que Hedvegi sea sancionado y que revele quienes fueron sus cómplices locales, a través de la plataforma online Change.org
"Si la imputación que se le hace es correcta, apoyamos la moción -asegura Macellaro, del Capítulo Argentino del SCI. No aceptamos a ningún miembro que no respete los códigos de conservación de ambiente", se explaya.
Béla Hidvégi, cuyo correo personal fue facilitado por el Capítulo Húngaro del SCI, el cual preside, no respondió a ninguna de las preguntas que le formuló este diario.
Mientras tanto, Lodeiro recalca que en la Argentina "quedan menos de 250 yaguaretés silvestres y sólo 20 o 30 en la región chaqueña. La falta de una condena es un antecedente nefasto" indicó Lodeiro Ocampo.
"Detener la cacería y el comercio de sus restos son dos de las acciones más urgentes para evitar su extinción. El yaguareté está en peligro crítico de desaparecer y necesitamos del compromiso de todos para salvarlo", exhortó.
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Acuerdan pautas para explotación de hidrocarburos
Acuerdan parámetros para la explotación de hidrocarburos
Fecha de Publicación: 06/09/2015
Fuente: Roca Digital
Provincia/Región: Río Negro
Funcionarios municipales, provinciales y directivos de la empresa YSUR acordaron pautas para el desarrollo de la actividad hidrocarburífera en Allen, tras los recientes incidentes que derivaron en trastornos a la población y efectos sobre el ambiente.
A raíz de los diferentes incidentes ocurrido por la explotación de hidrocarburos en el ejido de Allen, se reunieron representantes de la empresa que realiza las operaciones, YSUR, con funcionarios municipales y provinciales, en donde se acordaron diversos aspectos intentando minimizar los trastornos a la población y efectos secundarios al ambiente en general.
En la reunión, realizada en la empresa YSUR, participaron la intendenta de Allen, Sabina Costa, su secretaria Legal y Técnica, Norma Coronel, además de directivos de esa empresa, y varios funcionarios provinciales. Entre ellos, el secretario de Energía, Marcelo Echegoyen; el secretario de Hidrocarburos, Sebastián Caldiero; la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dina Migani y de Planificación, Laura Perilli; el presidente de la empresa Aguas Rionegrinas, Roger García, y la representante del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Viviana Hernández.
"En esta reunión avanzamos sobre algunas cuestiones técnicas del desarrollo del proyecto en las inmediaciones a la ciudad de Allen”, explicó Echegoyen, remarcando que "los responsables de la compañía nos dieron detalles sobre las localizaciones, de las instalaciones complementarias y sobre lo que tienen previsto hacer. La intención fue reunirnos para coordinar las tareas, establecer criterios técnicos en todos los aspectos, con el fin de garantizar el mínimo impacto en la vida de los vecinos”.
El funcionario indicó que "se establecieron mecanismos de coordinación y comunicación permantente entre los distintos actores y se realizaron cambios importantes en la manera en la que de ahora en más se llevarán adelante los trabajos”.
Las disposiciones que deberá cumplimentar la empresa YSUR en sus futuras operaciones abarcan cada uno de los pasos de montaje de una locación. Desde las fosas de quema para pozos en ensayo hasta la instalación de un sistema de control en tiempo real de los gases durante los ensayos y del aire circundante en distintos puntos de la locación. A su vez, deberá trabajar en los muros de contención de cada una de sus locaciones.
Cuando se realicen perforaciones, la empresa tendrá que aislar adecuadamente todo equipo que pueda tener líquidos potencialmente contaminantes. Las tareas de control también alcanzarán a los momentos previos a la perforación con adecuados trabajos de desmonte en la periferia. Mientras que al concluir cada una de sus locaciones, se instalarán freatímetros bajo los lineamientos técnicos que indique el DPA.
Finalmente, se fijaron pautas para el transporte de lodos, áridos y para el mantenimiento de las calles utilizadas por la compañía con las máquinas relacionadas con su actividad, entre otras especificaciones, se informó.
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Fecha de Publicación: 06/09/2015
Fuente: Roca Digital
Provincia/Región: Río Negro
Funcionarios municipales, provinciales y directivos de la empresa YSUR acordaron pautas para el desarrollo de la actividad hidrocarburífera en Allen, tras los recientes incidentes que derivaron en trastornos a la población y efectos sobre el ambiente.
A raíz de los diferentes incidentes ocurrido por la explotación de hidrocarburos en el ejido de Allen, se reunieron representantes de la empresa que realiza las operaciones, YSUR, con funcionarios municipales y provinciales, en donde se acordaron diversos aspectos intentando minimizar los trastornos a la población y efectos secundarios al ambiente en general.
En la reunión, realizada en la empresa YSUR, participaron la intendenta de Allen, Sabina Costa, su secretaria Legal y Técnica, Norma Coronel, además de directivos de esa empresa, y varios funcionarios provinciales. Entre ellos, el secretario de Energía, Marcelo Echegoyen; el secretario de Hidrocarburos, Sebastián Caldiero; la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dina Migani y de Planificación, Laura Perilli; el presidente de la empresa Aguas Rionegrinas, Roger García, y la representante del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Viviana Hernández.
"En esta reunión avanzamos sobre algunas cuestiones técnicas del desarrollo del proyecto en las inmediaciones a la ciudad de Allen”, explicó Echegoyen, remarcando que "los responsables de la compañía nos dieron detalles sobre las localizaciones, de las instalaciones complementarias y sobre lo que tienen previsto hacer. La intención fue reunirnos para coordinar las tareas, establecer criterios técnicos en todos los aspectos, con el fin de garantizar el mínimo impacto en la vida de los vecinos”.
El funcionario indicó que "se establecieron mecanismos de coordinación y comunicación permantente entre los distintos actores y se realizaron cambios importantes en la manera en la que de ahora en más se llevarán adelante los trabajos”.
Las disposiciones que deberá cumplimentar la empresa YSUR en sus futuras operaciones abarcan cada uno de los pasos de montaje de una locación. Desde las fosas de quema para pozos en ensayo hasta la instalación de un sistema de control en tiempo real de los gases durante los ensayos y del aire circundante en distintos puntos de la locación. A su vez, deberá trabajar en los muros de contención de cada una de sus locaciones.
Cuando se realicen perforaciones, la empresa tendrá que aislar adecuadamente todo equipo que pueda tener líquidos potencialmente contaminantes. Las tareas de control también alcanzarán a los momentos previos a la perforación con adecuados trabajos de desmonte en la periferia. Mientras que al concluir cada una de sus locaciones, se instalarán freatímetros bajo los lineamientos técnicos que indique el DPA.
Finalmente, se fijaron pautas para el transporte de lodos, áridos y para el mantenimiento de las calles utilizadas por la compañía con las máquinas relacionadas con su actividad, entre otras especificaciones, se informó.
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San Luis quiere ir dando pasos hacia las renovables
Poggi: “Queremos diversificar nuestra matriz energética hacia las energías limpias”
Fecha de Publicación: 06/09/2015
Fuente: ANSL
Provincia/Región: San Luis
El gobernador de la Provincia, CPN Claudio Poggi, presentó el Mapa de Recursos Renovables de San Luis, una herramienta clave en la lucha contra el cambio climático que brinda información para un desarrollo sustentable, uniendo sin enfrentar el progreso con el medioambiente. “Es un paso importante en lo que significa la diversificación de la matriz energética, para la utilización de las energías limpias y sustentables, que no se agotan y no contaminan. A cada acción que realizamos para el cuidado del medioambiente, la hacemos pensando en el futuro, para que las próximas generaciones tengan las mismas oportunidades que hoy tenemos nosotros”, dijo el primer mandatario provincial durante el acto que se realizó en la Sala de Situación de Terrazas de Portezuelo, pasado el mediodía de este martes.
Durante la ceremonia, el gobernador Poggi firmó el decreto de aprobación del Mapa que identifica las zonas del territorio provincial que cuentan con las mejores condiciones para el aprovechamiento energético; y destacó la relación del mismo con el Plan Estratégico de Energía 2012 – 2025 y con las estrategias a largo plazo impulsadas en la búsqueda de un ambiente sano y una mejor calidad de vida. De esa manera, San Luis volvió a mostrarse como una provincia pionera en el fomento de las energías renovables en el país.
El estudio arrojó que en todo el territorio provincial puede explotarse la energía solar en sus dos variantes: termosolar y fotovoltaica. Así lo determinaron los resultados de la información satelital analizada y las mediciones obtenidas por equipos de la Universidad Nacional de San Luis y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, contratados por Ministerio de Medio Ambiente para confeccionar el Mapa de Energías Renovables.
“El resultado de este mapa estará disponible para todos, y será muy importante para que los inversores que quieran instalar plantas de energía solar sepan el grado de éxito que pueden tener”, agregó el gobernador, que encabezó el acto junto a la ministra de Medio Ambiente, Daiana Hissa. Participaron el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Félix Nieto Quintas y el canciller del Obispado, Mauro Quevedo.
“Con este Mapa generamos un instrumento fundamental y atractivo para una toma de decisiones con menor incertidumbre, en favor del crecimiento económico y social de la provincia, de acuerdo con la integridad y potencialidad del territorio. Además, a partir de su creación, el ciudadano dispone de información pública confiable acerca de la cantidad y calidad de los recursos renovables disponibles en la provincia, eólico y solar, y su potencial para la generación de energía a gran escala”, destacó la ministra Hissa.
En el acto, la funcionaria realizó la presentación del Mapa y destacó que “las energías limpias son el futuro en la lucha contra el cambio climático”. Enmarcadas en esta realidad, el Gobierno solicitó los estudios necesarios para contar con un mapa que esté a disposición de inversores, productores y vecinos de manera online y gratuita.
“Con este estudio sumamos 15 nuevas capas de información a las más de 420 con la que ya contaba nuestro Mapa de Ordenamiento Ambiental Territorial, que está disponible de manera gratuita en la página del Ministerio de Medio Ambiente (www.medioambiente.sanluis.gov.ar)”, puntualizó la ministra.
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Fecha de Publicación: 06/09/2015
Fuente: ANSL
Provincia/Región: San Luis
El gobernador de la Provincia, CPN Claudio Poggi, presentó el Mapa de Recursos Renovables de San Luis, una herramienta clave en la lucha contra el cambio climático que brinda información para un desarrollo sustentable, uniendo sin enfrentar el progreso con el medioambiente. “Es un paso importante en lo que significa la diversificación de la matriz energética, para la utilización de las energías limpias y sustentables, que no se agotan y no contaminan. A cada acción que realizamos para el cuidado del medioambiente, la hacemos pensando en el futuro, para que las próximas generaciones tengan las mismas oportunidades que hoy tenemos nosotros”, dijo el primer mandatario provincial durante el acto que se realizó en la Sala de Situación de Terrazas de Portezuelo, pasado el mediodía de este martes.
Durante la ceremonia, el gobernador Poggi firmó el decreto de aprobación del Mapa que identifica las zonas del territorio provincial que cuentan con las mejores condiciones para el aprovechamiento energético; y destacó la relación del mismo con el Plan Estratégico de Energía 2012 – 2025 y con las estrategias a largo plazo impulsadas en la búsqueda de un ambiente sano y una mejor calidad de vida. De esa manera, San Luis volvió a mostrarse como una provincia pionera en el fomento de las energías renovables en el país.
El estudio arrojó que en todo el territorio provincial puede explotarse la energía solar en sus dos variantes: termosolar y fotovoltaica. Así lo determinaron los resultados de la información satelital analizada y las mediciones obtenidas por equipos de la Universidad Nacional de San Luis y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, contratados por Ministerio de Medio Ambiente para confeccionar el Mapa de Energías Renovables.
“El resultado de este mapa estará disponible para todos, y será muy importante para que los inversores que quieran instalar plantas de energía solar sepan el grado de éxito que pueden tener”, agregó el gobernador, que encabezó el acto junto a la ministra de Medio Ambiente, Daiana Hissa. Participaron el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Félix Nieto Quintas y el canciller del Obispado, Mauro Quevedo.
“Con este Mapa generamos un instrumento fundamental y atractivo para una toma de decisiones con menor incertidumbre, en favor del crecimiento económico y social de la provincia, de acuerdo con la integridad y potencialidad del territorio. Además, a partir de su creación, el ciudadano dispone de información pública confiable acerca de la cantidad y calidad de los recursos renovables disponibles en la provincia, eólico y solar, y su potencial para la generación de energía a gran escala”, destacó la ministra Hissa.
En el acto, la funcionaria realizó la presentación del Mapa y destacó que “las energías limpias son el futuro en la lucha contra el cambio climático”. Enmarcadas en esta realidad, el Gobierno solicitó los estudios necesarios para contar con un mapa que esté a disposición de inversores, productores y vecinos de manera online y gratuita.
“Con este estudio sumamos 15 nuevas capas de información a las más de 420 con la que ya contaba nuestro Mapa de Ordenamiento Ambiental Territorial, que está disponible de manera gratuita en la página del Ministerio de Medio Ambiente (www.medioambiente.sanluis.gov.ar)”, puntualizó la ministra.
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Dos años esperando la ley de humedales
La ley de humedales, en riesgo
Fecha de Publicación: 05/09/2015
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
La norma fue presentada hace dos años por el propio Frente para la Victoria, y pasó sin sobresalto por el Senado. Pero, desde entonces, sufre de un largo letargo, por lo que las ONG temen que pierda estado parlamentario.
En un año en que se registra un evento de El Niño muy poderoso, que ya está trayendo lluvias extraordinarias, la ley de humedales corre el riesgo de ahogarse en la Cámara de Diputados. Y esto es serio porque estos ecosistemas ayudan a mitigar el impacto de las inundaciones, y en caso de sequía, constituyen un reservorio muy preciado tanto de agua como de biodiversidad.
La norma fue presentada hace dos años por el propio Frente para la Victoria, y pasó sin sobresalto por el Senado. Pero, desde entonces, sufre de un largo letargo, por lo que las ONG temen que pierda estado parlamentario. Aunque no hay un lobby sistemático en contra de la ley, hay provincias -como Corrientes y San Luis- que no quieren la interferencia del Estado nacional en este asunto que consideran propio.
Las organizaciones coinciden que la ley está lejos de ser perfecta y de ninguna manera impide el desarrollo en zonas bajas, aunque -por primera vez- se valoriza el tema de los servicios ambientales que prestan estos cuerpos de agua, como la regulación hídrica de un territorio, tanto absorbiendo excesos de lluvia como recargando acuíferos subterráneos. Los humedales también filtran contaminantes y almacenan carbono, entre otros efectos beneficiosos.
Pero los humedales son vulnerables porque al ser terrenos baratos (son bajos e inundables) la tentación de rellenarlos y de ocupar el territorio es enorme para los especuladores inmobiliarios.
En la Argentina existen aproximadamente 600.000 km² de humedales, lo que representa el 21,5% del país y son altamente vulnerables al desarrollo urbano y al corrimiento de la frontera agrícola ganadera, como está sucediendo en el delta del Paraná y en la cuenca del Río Lujan-Reconquista, que ha sido castigada por severas inundaciones hace sólo unas semanas.
La ley es producto del trabajo de varias universidades en colaboración con organizaciones ambientales. Entre otras cosas, establece presupuestos mínimos para los humedales y propone la planificación ambiental del territorio como parte de estrategia de protección de estos espejos de agua, que suelen concentrar gran número de especies vegetales y animales.
"Los ambientes naturales son más elásticos para atenuar los efectos de los eventos climáticos", señaló Diego Moreno, director de la Fundación Vida Silvestre, al subrayar la importancia de estos ambientes en el contexto de El Niño y el aumento de la temperatura atmosférica por la transformación del clima. "Tener humedales en buen estado nos da más elasticidad frente al clima".
Por su lado, Cali Villalonga, presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y dirigente de la agrupación Los Verdes, señaló la importancia que cumplen los humedales a la hora de mitigar inundaciones, por lo que urgió a que no pierda estado parlamentario la ley.
"Los humedales actúan como esponjas y ayudan a disminuir los efectos producidos por las fuertes lluvias, previniendo inundaciones. Hoy en día, estos ecosistemas son amenazados por proyectos inmobiliarios que convierten estas regiones en "tapones" que, en lugar de absorber, retienen el agua que baja por arroyos y ríos. La ley que los protege está trabada hace más de un año en la Cámara de Diputados, no podemos permitir que su aprobación se demore otro año", señaló Greenpeace en un comunicado.
Hasta ahora, la única comisión de la Cámara Baja que aprobó la norma fue la de Intereses Marítimos y Fluviales. Falta que la traten la de Recursos Naturales y de Presupuesto. Esta semana, el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) instó a la aprobación de la medida.
Entre las organizaciones que respaldan la ley figura la Fundación Humedales, Fundación Ambiente y recursos Naturales, Fundación Vida Silvestre, Greenpeace Argentina, Fundación Biodiversidad, Fundación Proteger, Fundación Patagonia Natural, Banco de Bosques, entre otras.
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Fecha de Publicación: 05/09/2015
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
La norma fue presentada hace dos años por el propio Frente para la Victoria, y pasó sin sobresalto por el Senado. Pero, desde entonces, sufre de un largo letargo, por lo que las ONG temen que pierda estado parlamentario.
En un año en que se registra un evento de El Niño muy poderoso, que ya está trayendo lluvias extraordinarias, la ley de humedales corre el riesgo de ahogarse en la Cámara de Diputados. Y esto es serio porque estos ecosistemas ayudan a mitigar el impacto de las inundaciones, y en caso de sequía, constituyen un reservorio muy preciado tanto de agua como de biodiversidad.
La norma fue presentada hace dos años por el propio Frente para la Victoria, y pasó sin sobresalto por el Senado. Pero, desde entonces, sufre de un largo letargo, por lo que las ONG temen que pierda estado parlamentario. Aunque no hay un lobby sistemático en contra de la ley, hay provincias -como Corrientes y San Luis- que no quieren la interferencia del Estado nacional en este asunto que consideran propio.
Las organizaciones coinciden que la ley está lejos de ser perfecta y de ninguna manera impide el desarrollo en zonas bajas, aunque -por primera vez- se valoriza el tema de los servicios ambientales que prestan estos cuerpos de agua, como la regulación hídrica de un territorio, tanto absorbiendo excesos de lluvia como recargando acuíferos subterráneos. Los humedales también filtran contaminantes y almacenan carbono, entre otros efectos beneficiosos.
Pero los humedales son vulnerables porque al ser terrenos baratos (son bajos e inundables) la tentación de rellenarlos y de ocupar el territorio es enorme para los especuladores inmobiliarios.
En la Argentina existen aproximadamente 600.000 km² de humedales, lo que representa el 21,5% del país y son altamente vulnerables al desarrollo urbano y al corrimiento de la frontera agrícola ganadera, como está sucediendo en el delta del Paraná y en la cuenca del Río Lujan-Reconquista, que ha sido castigada por severas inundaciones hace sólo unas semanas.
La ley es producto del trabajo de varias universidades en colaboración con organizaciones ambientales. Entre otras cosas, establece presupuestos mínimos para los humedales y propone la planificación ambiental del territorio como parte de estrategia de protección de estos espejos de agua, que suelen concentrar gran número de especies vegetales y animales.
"Los ambientes naturales son más elásticos para atenuar los efectos de los eventos climáticos", señaló Diego Moreno, director de la Fundación Vida Silvestre, al subrayar la importancia de estos ambientes en el contexto de El Niño y el aumento de la temperatura atmosférica por la transformación del clima. "Tener humedales en buen estado nos da más elasticidad frente al clima".
Por su lado, Cali Villalonga, presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y dirigente de la agrupación Los Verdes, señaló la importancia que cumplen los humedales a la hora de mitigar inundaciones, por lo que urgió a que no pierda estado parlamentario la ley.
"Los humedales actúan como esponjas y ayudan a disminuir los efectos producidos por las fuertes lluvias, previniendo inundaciones. Hoy en día, estos ecosistemas son amenazados por proyectos inmobiliarios que convierten estas regiones en "tapones" que, en lugar de absorber, retienen el agua que baja por arroyos y ríos. La ley que los protege está trabada hace más de un año en la Cámara de Diputados, no podemos permitir que su aprobación se demore otro año", señaló Greenpeace en un comunicado.
Hasta ahora, la única comisión de la Cámara Baja que aprobó la norma fue la de Intereses Marítimos y Fluviales. Falta que la traten la de Recursos Naturales y de Presupuesto. Esta semana, el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) instó a la aprobación de la medida.
Entre las organizaciones que respaldan la ley figura la Fundación Humedales, Fundación Ambiente y recursos Naturales, Fundación Vida Silvestre, Greenpeace Argentina, Fundación Biodiversidad, Fundación Proteger, Fundación Patagonia Natural, Banco de Bosques, entre otras.
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UNLP detecta plaguicidas en el 80% de las verduras
Ocho de cada diez, con tóxicos
Fecha de Publicación: 05/09/2015
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
El estudio analizó 60 muestras de frutas y verduras. Encontraron plaguicidas en el 83 por ciento de los cítricos y zanahorias. El 78 por ciento en morrones y 70 en verduras de hoja. Los venenos detectados fueron insecticidas y fungicidas.
Ocho de cada diez verduras y frutas tienen agrotóxicos. Lo afirma una investigación realizada por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en la que se analizaron verduras de hoja verde, cítricos y hortalizas. El 76,6 por ciento tenía al menos un químico y el 27,7 por ciento de las muestras tenía entre tres y cinco agroquímicos. “La variedad de plaguicidas es muy grande. Y el cóctel de químicos es muy fuerte”, aseguró Damián Marino, codirector del trabajo. Entre los productos que más se detectaron está el insecticida endosulfán, prohibido en Argentina desde 2013.
“Plaguicidas. Los condimentos no declarados”, es el nombre del estudio realizado por investigadores del Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental (Emisa), de la UNLP. El trabajo, realizado entre noviembre de 2014 y abril de 2015, analizó 60 muestras de frutas y verduras. Separados por categorías, el 83 por ciento de los cítricos (naranjas y mandarinas) y de zanahorias tiene agrotóxicos. También dieron positivo el 78 por ciento de los morrones y el 70 por ciento de las verduras de hoja verde (lechuga y acelga).
Los alimentos contenían los insecticidas lambdacialotrina, endosulfán, clorpirifos y cipermetrina. Y los fungicidas (para hongos) tebuconazole, tpoxiconazol. “Estos son los amigos del famoso herbicida glifosato”, destacó Damián Marino, cuando presentó su trabajo en el Congreso de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. “El endosulfán es uno de los compuestos de mayor aparición. Y recordemos que está prohibido en Argentina”, remarcó Marino.
Los investigadores coinciden en la importancia de estudiar y alertar sobre el uso del herbicida glifosato (el más utilizado en el país, en soja y maíz, entre otros), pero también remarcan que sus “amigos” están presentes de manera cotidiana en la mesa de los argentinos.
El trabajo afirma que los pequeños productores son también víctimas del modelo que los impulsa a utilizar los plaguicidas. Insta a que los gobiernos tomen medidas urgentes y llama la atención: la solución no pasa por reemplazar un veneno por otro, sino en dejar de usarlos. Afirma que siempre la industria química presenta un plaguicida como inocuo y, con el paso de los años y con muchísimos afectados, lo retiran del mercado por la afección que produce en la salud.
Marino ejemplificó con el insecticida DDT. Creado en 1947, a inicios de la década del ’60 ya era muy cuestionado. Recién en 1972 los prohibió Estados Unidos y recién en 2001 ingresó al Convenio de Estocolmo (espacio internacional auspiciado por la ONU que regula el tratamiento de sustancias tóxicas). “El agro en base a agroquímicos es una rueda infinita a expensas de la salud de los pueblos”, denunció el investigador. Y advirtió que con el famoso glifosato (utilizado en soja y maíz transgénico, entre otros cultivos) sucederá lo mismo.
El trabajo de análisis de verduras, frutas y hortalizas forma parte de un proyecto de extensión de la UNLP junto al Banco Alimentario de La Plata, ONG que recupera hasta cuatro toneladas de alimentos por mes. Y que se distribuye en comedores, parroquias y familias. También se seleccionaron frutas y verduras pertenecientes a comercios cercanos a la UNLP. La investigación destaca la responsabilidad del Estado, que permite una forma de producción y comercialización que implica alimentarse con venenos.
Un apartado está dedicado al “Límite Máximo Regulatorio (LMR)”, que corresponde a lo estipulado por el Estado de cuánto veneno puede tener un alimento. El trabajo señala que, si se toma a rajatabla el LMR, el ocho por ciento de las muestras analizadas supera el valor permitido. Pero destaca que hay productos que no están regulados y no debieran tener determinados químicos, pero sí lo tienen. Ejemplo: en las verduras, cítricos y zanahoria se encontró el insecticida cipermetrina, que no tiene LMR establecido (y que no debiera utilizarse para esos alimentos).
El LMR está basado en la Ingesta Diaria Admisible (IDA). “No está claro cómo lo determinan. En muchos casos es resultado de una ‘caja negra’ de ingreso de datos, que además cuando se publican toman información preexistente que en algunos casos tiene casi diez años de antigüedad, y no se corresponde a la dinámica de la información científica”, alertó Marino. Tampoco se diferencia el LMR-IDA para niños.
Los investigadores de la UNLP resaltaron en su trabajo la preocupación de alimentos con agrotóxicos, aún cuando cumplan los límites establecidos por el Estado. “Según nuestras mediciones, una ensalada de varios componentes puede significar la exposición simultánea a una mezcla de plaguicidas y nada se sabe respecto a la respuesta biológica para su eliminación. La toxicidad de mezclas sigue siendo un gran capítulo de investigación y debate, poco se sabe respecto a efectos de mezclas de activos de plaguicidas y sus efectos sobre la salud, más en exposiciones crónicas como este caso”, aseguró Marino.
La investigación señala que se debe trabajar para consumir productos con ausencia de plaguicidas, para lo que se requieren políticas públicas para el apoyo y acompañamiento desde los productores y hasta la comercialización.
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Fecha de Publicación: 05/09/2015
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
El estudio analizó 60 muestras de frutas y verduras. Encontraron plaguicidas en el 83 por ciento de los cítricos y zanahorias. El 78 por ciento en morrones y 70 en verduras de hoja. Los venenos detectados fueron insecticidas y fungicidas.
Ocho de cada diez verduras y frutas tienen agrotóxicos. Lo afirma una investigación realizada por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en la que se analizaron verduras de hoja verde, cítricos y hortalizas. El 76,6 por ciento tenía al menos un químico y el 27,7 por ciento de las muestras tenía entre tres y cinco agroquímicos. “La variedad de plaguicidas es muy grande. Y el cóctel de químicos es muy fuerte”, aseguró Damián Marino, codirector del trabajo. Entre los productos que más se detectaron está el insecticida endosulfán, prohibido en Argentina desde 2013.
“Plaguicidas. Los condimentos no declarados”, es el nombre del estudio realizado por investigadores del Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental (Emisa), de la UNLP. El trabajo, realizado entre noviembre de 2014 y abril de 2015, analizó 60 muestras de frutas y verduras. Separados por categorías, el 83 por ciento de los cítricos (naranjas y mandarinas) y de zanahorias tiene agrotóxicos. También dieron positivo el 78 por ciento de los morrones y el 70 por ciento de las verduras de hoja verde (lechuga y acelga).
Los alimentos contenían los insecticidas lambdacialotrina, endosulfán, clorpirifos y cipermetrina. Y los fungicidas (para hongos) tebuconazole, tpoxiconazol. “Estos son los amigos del famoso herbicida glifosato”, destacó Damián Marino, cuando presentó su trabajo en el Congreso de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. “El endosulfán es uno de los compuestos de mayor aparición. Y recordemos que está prohibido en Argentina”, remarcó Marino.
Los investigadores coinciden en la importancia de estudiar y alertar sobre el uso del herbicida glifosato (el más utilizado en el país, en soja y maíz, entre otros), pero también remarcan que sus “amigos” están presentes de manera cotidiana en la mesa de los argentinos.
El trabajo afirma que los pequeños productores son también víctimas del modelo que los impulsa a utilizar los plaguicidas. Insta a que los gobiernos tomen medidas urgentes y llama la atención: la solución no pasa por reemplazar un veneno por otro, sino en dejar de usarlos. Afirma que siempre la industria química presenta un plaguicida como inocuo y, con el paso de los años y con muchísimos afectados, lo retiran del mercado por la afección que produce en la salud.
Marino ejemplificó con el insecticida DDT. Creado en 1947, a inicios de la década del ’60 ya era muy cuestionado. Recién en 1972 los prohibió Estados Unidos y recién en 2001 ingresó al Convenio de Estocolmo (espacio internacional auspiciado por la ONU que regula el tratamiento de sustancias tóxicas). “El agro en base a agroquímicos es una rueda infinita a expensas de la salud de los pueblos”, denunció el investigador. Y advirtió que con el famoso glifosato (utilizado en soja y maíz transgénico, entre otros cultivos) sucederá lo mismo.
El trabajo de análisis de verduras, frutas y hortalizas forma parte de un proyecto de extensión de la UNLP junto al Banco Alimentario de La Plata, ONG que recupera hasta cuatro toneladas de alimentos por mes. Y que se distribuye en comedores, parroquias y familias. También se seleccionaron frutas y verduras pertenecientes a comercios cercanos a la UNLP. La investigación destaca la responsabilidad del Estado, que permite una forma de producción y comercialización que implica alimentarse con venenos.
Un apartado está dedicado al “Límite Máximo Regulatorio (LMR)”, que corresponde a lo estipulado por el Estado de cuánto veneno puede tener un alimento. El trabajo señala que, si se toma a rajatabla el LMR, el ocho por ciento de las muestras analizadas supera el valor permitido. Pero destaca que hay productos que no están regulados y no debieran tener determinados químicos, pero sí lo tienen. Ejemplo: en las verduras, cítricos y zanahoria se encontró el insecticida cipermetrina, que no tiene LMR establecido (y que no debiera utilizarse para esos alimentos).
El LMR está basado en la Ingesta Diaria Admisible (IDA). “No está claro cómo lo determinan. En muchos casos es resultado de una ‘caja negra’ de ingreso de datos, que además cuando se publican toman información preexistente que en algunos casos tiene casi diez años de antigüedad, y no se corresponde a la dinámica de la información científica”, alertó Marino. Tampoco se diferencia el LMR-IDA para niños.
Los investigadores de la UNLP resaltaron en su trabajo la preocupación de alimentos con agrotóxicos, aún cuando cumplan los límites establecidos por el Estado. “Según nuestras mediciones, una ensalada de varios componentes puede significar la exposición simultánea a una mezcla de plaguicidas y nada se sabe respecto a la respuesta biológica para su eliminación. La toxicidad de mezclas sigue siendo un gran capítulo de investigación y debate, poco se sabe respecto a efectos de mezclas de activos de plaguicidas y sus efectos sobre la salud, más en exposiciones crónicas como este caso”, aseguró Marino.
La investigación señala que se debe trabajar para consumir productos con ausencia de plaguicidas, para lo que se requieren políticas públicas para el apoyo y acompañamiento desde los productores y hasta la comercialización.
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Argentina todavía no presentó su compromiso climático
Argentina tiene ideas pero no presentó sus compromisos
Fecha de Publicación: 05/09/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Ambiente de la Nación tiene en carpeta varias propuestas para reducir las emisiones contaminantes.
Sin embargo, aún no presentó una propuesta concreta ante la ONU. Según el último inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero, Argentina figura en el puesto 21º por su nivel de contaminación. El sector de producción de alimentos (carnes y granos), para consumo interno y para exportación, emite casi el 50 por ciento del total.
Argentina tiene en marcha algunas medidas para reducir la contaminación como el corte obligatorio con biocombustibles en las naftas o la ley de energías renovables que planteaba a generar el ocho por ciento con fuentes verdes, aunque sólo llega al 1,5 por ciento.
A su vez, ha encargado diferentes estudios para evaluar nuevas propuestas como un cambio en el piloto de los calefones, elevar al 15 por ciento la generación de energía por fuentes renovables, impulsar el uso industrial de motores eléctricos más eficientes o promover la generación distribuida.
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Fecha de Publicación: 05/09/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Ambiente de la Nación tiene en carpeta varias propuestas para reducir las emisiones contaminantes.
Sin embargo, aún no presentó una propuesta concreta ante la ONU. Según el último inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero, Argentina figura en el puesto 21º por su nivel de contaminación. El sector de producción de alimentos (carnes y granos), para consumo interno y para exportación, emite casi el 50 por ciento del total.
Argentina tiene en marcha algunas medidas para reducir la contaminación como el corte obligatorio con biocombustibles en las naftas o la ley de energías renovables que planteaba a generar el ocho por ciento con fuentes verdes, aunque sólo llega al 1,5 por ciento.
A su vez, ha encargado diferentes estudios para evaluar nuevas propuestas como un cambio en el piloto de los calefones, elevar al 15 por ciento la generación de energía por fuentes renovables, impulsar el uso industrial de motores eléctricos más eficientes o promover la generación distribuida.
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Mendoza: SCJ se expedirá sobre la ley 7.722 en 60 días
Minería: la Corte rechazó la audiencia y debe fallar en 60 días
Fecha de Publicación: 04/09/2015
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Una nueva votación dejó sepultado el pedido de otra convocatoria. El procurador general será el primero en opinar si la ley 7.722 es o no constitucional y luego se expedirá cada ministro. Cómo sigue.
Finalmente, fue pulgares abajo. Así se pronunció la Suprema Corte de Justicia de Mendoza al cabo de otra votación en plenario, a instancias de la Procuración, para decidir si finalmente se haría o no una audiencia pública a fin de discutir la inconstitucionalidad de la ley 7.722. El no se impuso por 5 a 2 y sepultó toda chance de discutir abiertamente en un foro antes de que el máximo tribunal emita sentencia definitiva.
Fue la segunda votación por parte de los ministros en el último mes. Cabe recordar que en agosto, con el mismo propósito, había ganado el rechazo a la audiencia, pero ajustadamente: 4 votos en contra y 3 a favor. Esta vez, el presidente de la Corte, Jorge Nanclares, que en primera instancia fue por el sí, revirtió su postura e inclinó la balanza por el no.
En realidad, fue un cambio en la modalidad acerca de si los 3 votos que inicialmente cosechó el sí podían imponerse, lo que cambió el panorama. En tal sentido, sólo se mantuvieron en tal postura Mario Adaro y Omar Palermo, mientras que Nanclares, a favor de realizar la audiencia pública pero también de decidir por mayoría simple, terminó por sumarse a la posición de sus pares Alejandro Pérez Hualde, Herman Salvini, Julio Gómez y Pedro Llorente.
Respecto a la consecución del proceso, Pérez Hualde remarcó que “no se trataba de discutir si el Poder Ejecutivo y el Legislativo aseguraron la suficiente participación ciudadana para el tratamiento de la ley 7.722. Ahora sí podemos definir si la norma es o no inconstitucional”.
Ahora, quien debe pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la ley es el procurador general de la Corte, Rodolfo González, quien hace una semana había dado lugar a un pedido de reposición por parte de la Fiscalía de Estado para que se rediscutiera la posibilidad de hacer la audiencia pública.
Luego de los 8 días hábiles de plazo para que González se expida, será el turno de que cada sala haga lo propio, para lo cual los ministros tendrán no menos de una semana. En general, el término para una sentencia definitiva es de 60 días hábiles pero, al decir de Pérez Hualde ,“la idea es que luego de ocho años de espera la resolución esté mucho antes”.
Es que la causa, ahora unificada, contra la 7.722, había comenzado en el año 2007 con 12 demandas particulares, una por cada una de las mineras que recurrieron a la Justicia para que se la declarara inconstitucional.
Lejos de la explotación
Ya en la recta final al fallo de la Corte por el pedido de inconstitucionalidad de la Ley 7.722, el abogado experto en minería, Raúl Rodríguez, describió el escenario que le espera a las empresas mineras en caso de recibir una sentencia favorable.
“La declaración de inconstitucionalidad no les garantizaría a las compañías mineras el acceso a la explotación de los recursos de la provincia”, señaló el experto.
“Aun sin la Ley 7.722 en juego, las mineras tendrían un largo camino por recorrer antes de iniciar la explotación. Tendrían que cumplir con todos los códigos ambientales y someterse a consulta pública y audiencia pública. Por eso es un error pensar que esta causa lo define todo. Por el contrario, es un proceso que recién inicia”, comentó el especialista.
Otro punto que merece aclaración es el alcance del fallo de la Corte. “La sentencia se aplica solo a las partes involucradas. Por tanto, una hipotética declaración de inconstitucionalidad de la Ley 7.722 solo afectaría a las 10 empresas involucradas en este caso. Las compañías que vengan en el futuro y se encuentren en conflicto con la Ley, deberán hacer un nuevo pedido ante la Corte. Claro que el antecedente directo de estas 10 empresas servirá para que los fallos se produzcan en un tiempo mucho menor”, observó Rodríguez.
“También podrían pedir la inconstitucionalidad algunas empresas que ya intentan operar en Mendoza, como Hierro Indio y Meryllion Resources con Cerro Amarillo”, agregó el abogado. “No habría que descartar, además, una modificación de la ley antiminera, aunque eso ya no depende de la Suprema Corte”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 04/09/2015
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Una nueva votación dejó sepultado el pedido de otra convocatoria. El procurador general será el primero en opinar si la ley 7.722 es o no constitucional y luego se expedirá cada ministro. Cómo sigue.
Finalmente, fue pulgares abajo. Así se pronunció la Suprema Corte de Justicia de Mendoza al cabo de otra votación en plenario, a instancias de la Procuración, para decidir si finalmente se haría o no una audiencia pública a fin de discutir la inconstitucionalidad de la ley 7.722. El no se impuso por 5 a 2 y sepultó toda chance de discutir abiertamente en un foro antes de que el máximo tribunal emita sentencia definitiva.
Fue la segunda votación por parte de los ministros en el último mes. Cabe recordar que en agosto, con el mismo propósito, había ganado el rechazo a la audiencia, pero ajustadamente: 4 votos en contra y 3 a favor. Esta vez, el presidente de la Corte, Jorge Nanclares, que en primera instancia fue por el sí, revirtió su postura e inclinó la balanza por el no.
En realidad, fue un cambio en la modalidad acerca de si los 3 votos que inicialmente cosechó el sí podían imponerse, lo que cambió el panorama. En tal sentido, sólo se mantuvieron en tal postura Mario Adaro y Omar Palermo, mientras que Nanclares, a favor de realizar la audiencia pública pero también de decidir por mayoría simple, terminó por sumarse a la posición de sus pares Alejandro Pérez Hualde, Herman Salvini, Julio Gómez y Pedro Llorente.
Respecto a la consecución del proceso, Pérez Hualde remarcó que “no se trataba de discutir si el Poder Ejecutivo y el Legislativo aseguraron la suficiente participación ciudadana para el tratamiento de la ley 7.722. Ahora sí podemos definir si la norma es o no inconstitucional”.
Ahora, quien debe pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la ley es el procurador general de la Corte, Rodolfo González, quien hace una semana había dado lugar a un pedido de reposición por parte de la Fiscalía de Estado para que se rediscutiera la posibilidad de hacer la audiencia pública.
Luego de los 8 días hábiles de plazo para que González se expida, será el turno de que cada sala haga lo propio, para lo cual los ministros tendrán no menos de una semana. En general, el término para una sentencia definitiva es de 60 días hábiles pero, al decir de Pérez Hualde ,“la idea es que luego de ocho años de espera la resolución esté mucho antes”.
Es que la causa, ahora unificada, contra la 7.722, había comenzado en el año 2007 con 12 demandas particulares, una por cada una de las mineras que recurrieron a la Justicia para que se la declarara inconstitucional.
Lejos de la explotación
Ya en la recta final al fallo de la Corte por el pedido de inconstitucionalidad de la Ley 7.722, el abogado experto en minería, Raúl Rodríguez, describió el escenario que le espera a las empresas mineras en caso de recibir una sentencia favorable.
“La declaración de inconstitucionalidad no les garantizaría a las compañías mineras el acceso a la explotación de los recursos de la provincia”, señaló el experto.
“Aun sin la Ley 7.722 en juego, las mineras tendrían un largo camino por recorrer antes de iniciar la explotación. Tendrían que cumplir con todos los códigos ambientales y someterse a consulta pública y audiencia pública. Por eso es un error pensar que esta causa lo define todo. Por el contrario, es un proceso que recién inicia”, comentó el especialista.
Otro punto que merece aclaración es el alcance del fallo de la Corte. “La sentencia se aplica solo a las partes involucradas. Por tanto, una hipotética declaración de inconstitucionalidad de la Ley 7.722 solo afectaría a las 10 empresas involucradas en este caso. Las compañías que vengan en el futuro y se encuentren en conflicto con la Ley, deberán hacer un nuevo pedido ante la Corte. Claro que el antecedente directo de estas 10 empresas servirá para que los fallos se produzcan en un tiempo mucho menor”, observó Rodríguez.
“También podrían pedir la inconstitucionalidad algunas empresas que ya intentan operar en Mendoza, como Hierro Indio y Meryllion Resources con Cerro Amarillo”, agregó el abogado. “No habría que descartar, además, una modificación de la ley antiminera, aunque eso ya no depende de la Suprema Corte”, concluyó.
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Ceamse llamó a licitación para reemplazar Ensenada
Ceamse llamó a licitación para construcción de planta que reemplazará relleno sanitario de Ensenada
Fecha de Publicación: 04/09/2015
Fuente: Impulso Baires
Provincia/Región: Buenos Aires
La Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) llamó hoy a licitación para la construcción de una planta de tratamiento que reciclará los residuos domiciliarios de La Plata y la región, en reemplazo del relleno sanitario que funciona en la ciudad de Ensenada.
Se trata de una planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) para los residuos de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen y Magdalena, que se construirá en siete hectáreas situadas en el arroyo El Gato y diagonal 74 a fines de este año.
La Ceamse llamó a licitación para la construcción de esta planta y detalló que los pliegos estarán a la venta hasta el próximo 14 de septiembre, previéndose que el 8 de octubre próximo se abrirán los sobres.
La planta deberá tener la capacidad de absorber 355 mil toneladas de basura por año, con un promedio de ingreso diario de 800 a mil toneladas entre los lunes y los sábados.
El Tratamiento Mecánico Biológico implica la separación de los residuos inorgánicos para su reutilización como materia prima, y el compostaje de los orgánicos y biodegradables, además del enfardado y confinamiento o incineración de los materiales a los que ya no se les pueda encontrar un nuevo destino comercial ni ecológico.
El relleno sanitario de Ensenada funciona desde 1982 para recibir los residuos sólidos urbanos de los municipios de la región que alcanzan en un promedio las 1.060 toneladas por día.
También funciona allí una planta de tratamiento de líquidos lixiviados con una capacidad de 200 metros cúbicos por día, que deben ser tratados debido a su carga bacteriológica y química antes de verterlos en medios naturales ya que pueden contaminar las aguas superficiales, subterráneas o el suelo.
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Fuente: Impulso Baires
Provincia/Región: Buenos Aires
La Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) llamó hoy a licitación para la construcción de una planta de tratamiento que reciclará los residuos domiciliarios de La Plata y la región, en reemplazo del relleno sanitario que funciona en la ciudad de Ensenada.
Se trata de una planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) para los residuos de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen y Magdalena, que se construirá en siete hectáreas situadas en el arroyo El Gato y diagonal 74 a fines de este año.
La Ceamse llamó a licitación para la construcción de esta planta y detalló que los pliegos estarán a la venta hasta el próximo 14 de septiembre, previéndose que el 8 de octubre próximo se abrirán los sobres.
La planta deberá tener la capacidad de absorber 355 mil toneladas de basura por año, con un promedio de ingreso diario de 800 a mil toneladas entre los lunes y los sábados.
El Tratamiento Mecánico Biológico implica la separación de los residuos inorgánicos para su reutilización como materia prima, y el compostaje de los orgánicos y biodegradables, además del enfardado y confinamiento o incineración de los materiales a los que ya no se les pueda encontrar un nuevo destino comercial ni ecológico.
El relleno sanitario de Ensenada funciona desde 1982 para recibir los residuos sólidos urbanos de los municipios de la región que alcanzan en un promedio las 1.060 toneladas por día.
También funciona allí una planta de tratamiento de líquidos lixiviados con una capacidad de 200 metros cúbicos por día, que deben ser tratados debido a su carga bacteriológica y química antes de verterlos en medios naturales ya que pueden contaminar las aguas superficiales, subterráneas o el suelo.
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Conflicto con mapuches en Yacimiento de YPF en Catriel
Mapuches cortan el acceso al Yacimiento Medanito de YPF en Catriel
Fecha de Publicación: 04/09/2015
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
Dirigentes del pueblo mapuche, convocados por la Organización Nación Mapuche, que llevan adelante un reclamo por incumplimiento de contrato contra la empresa YPF, cortaron desde ayer el acceso al yacimiento Medanito donde se encuentra la planta de la empresa petrolera estatal.
Según explicaron, el corte es por tiempo indeterminado. El plan de lucha se inició la semana pasada y se fue incrementando con el correr de los días, donde “responsabilizan a YPF por los daños y pérdidas que pudieran darse”, dice un comunicado de prensa.
“El conflicto se destraba con una simple decisión: cumplir el contrato, cosa que le reclamamos desde principios de año, pero han estado haciendo cosas raras, y ahora no sólo queremos que se cumpla el contrato, sino que rueden las cabezas de aquellos que nos han estado mintiendo acá en Catriel, de los cuales tenemos nombres y apellidos” expresaron los de dirigentes que realizan la medida de fuerza.
Señalaron que “YPF estaría pretendiendo que la pyme mapuche despida personal, y para lograrlo, optan por no cumplir determinadas parte del contrato como elemento de presión. Ante esto, los responsables de la pequeña empresa de servicios “Puelche Katriel” optó por exigir el cumplimiento del contrato, del que no están dispuestos a ceder absolutamente nada”.
“Con muchos sacrificio, después de años de lucha, logramos que nos den trabajo, y que seamos nosotros los que controlemos el cuidado del medio ambiente, pero seguramente debe haber aparecido algún oportunista que quiere quedarse con esta tarea, y empiezan a enrarecer el clima para que nos caigamos y desaparezcamos. Los mapuche hemos resistido la invasión española, hemos sobrevivido al genocidio del Gral. Roca y tengan por seguro que seguiremos resistiendo” y agregan “el pueblo mapuche siempre ha sido objeto de marginación, estar al margen de todo es normal para nosotros, y esa es nuestra fortaleza, por eso, tengan por seguro que a partir de ahora no entran más al yacimiento hasta que cumplan con lo que tienen que cumplir, y si buscan la complicidad política, judicial y policial, que lo hagan; también estamos preparados para ello, pero tengan por seguro que cada acción equivocada, la van a pagar a precios muy altos” advirtió el Inán Lonko Fernando Arce.
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Fecha de Publicación: 04/09/2015
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
Dirigentes del pueblo mapuche, convocados por la Organización Nación Mapuche, que llevan adelante un reclamo por incumplimiento de contrato contra la empresa YPF, cortaron desde ayer el acceso al yacimiento Medanito donde se encuentra la planta de la empresa petrolera estatal.
Según explicaron, el corte es por tiempo indeterminado. El plan de lucha se inició la semana pasada y se fue incrementando con el correr de los días, donde “responsabilizan a YPF por los daños y pérdidas que pudieran darse”, dice un comunicado de prensa.
“El conflicto se destraba con una simple decisión: cumplir el contrato, cosa que le reclamamos desde principios de año, pero han estado haciendo cosas raras, y ahora no sólo queremos que se cumpla el contrato, sino que rueden las cabezas de aquellos que nos han estado mintiendo acá en Catriel, de los cuales tenemos nombres y apellidos” expresaron los de dirigentes que realizan la medida de fuerza.
Señalaron que “YPF estaría pretendiendo que la pyme mapuche despida personal, y para lograrlo, optan por no cumplir determinadas parte del contrato como elemento de presión. Ante esto, los responsables de la pequeña empresa de servicios “Puelche Katriel” optó por exigir el cumplimiento del contrato, del que no están dispuestos a ceder absolutamente nada”.
“Con muchos sacrificio, después de años de lucha, logramos que nos den trabajo, y que seamos nosotros los que controlemos el cuidado del medio ambiente, pero seguramente debe haber aparecido algún oportunista que quiere quedarse con esta tarea, y empiezan a enrarecer el clima para que nos caigamos y desaparezcamos. Los mapuche hemos resistido la invasión española, hemos sobrevivido al genocidio del Gral. Roca y tengan por seguro que seguiremos resistiendo” y agregan “el pueblo mapuche siempre ha sido objeto de marginación, estar al margen de todo es normal para nosotros, y esa es nuestra fortaleza, por eso, tengan por seguro que a partir de ahora no entran más al yacimiento hasta que cumplan con lo que tienen que cumplir, y si buscan la complicidad política, judicial y policial, que lo hagan; también estamos preparados para ello, pero tengan por seguro que cada acción equivocada, la van a pagar a precios muy altos” advirtió el Inán Lonko Fernando Arce.
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Se acordaron que la Barrick también opera en Argentina
Supremo argentino pide informes a Barrick Gold sobre proyecto Pascua Lama
Fecha de Publicación: 03/09/2015
Fuente: Terra
Provincia/Región: Nacional
La Corte Suprema de Argentina solicitó hoy informes a la minera canadiense Barrick Gold sobre el proyecto Pascua Lama, que se extiende sobre territorio argentino y chileno en la Cordillera de los Andes, informaron fuentes judiciales.
El Supremo pretende conocer qué medidas se adoptaron para proteger el ambiente y prevenir posibles impactos negativos del gigantesco proyecto de extracción de oro y plata, el primero de carácter binacional en el mundo.
La orden de envío de información, aprobada en forma unánime por la Corte, no solo está dirigida a la empresa minera canadiense sino que también alcanza a un subgrupo de trabajo creado por el Gobierno argentino para abordar temas de seguridad minera y medioambiente y al Gobierno de la provincia argentina de San Juan (noroeste), donde se encuentra parte de Pascua Lama.
En particular, el máximo tribunal requirió información sobre el monitoreo de los glaciares y los recursos hídricos cercanos al proyecto minero y sobre el estado de las piletas de sedimentación de la mina, de las obras de manejo y captación de agua y del dique de colas.
La Corte tomó esta decisión previo a definir su competencia en una causa iniciada por un particular, Ricardo Vargas, contra la provincia de San Juan por presunto daño ambiental a partir del proyecto de Pascua Lama.
Para solicitar este informe, la Corte tuvo en cuenta que la Ley General del Ambiente dispone que "los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional" y "que el tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en forma conjunta".
En este marco legal, y al ser Pascua Lama un proyecto compartido por Argentina y Chile, el Supremo argentino tuvo presente que la Corte Suprema de Chile confirmó la decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó que había paralizado la construcción del proyecto del lado chileno al considerar que existía "una amenaza seria a los recursos hídricos".
Barrick Gold inició la construcción de la mina -situada entre los 3.800 y los 5.200 metros de altura- en 2009, pero a finales de 2013 anunció la desaceleración temporal del proyecto a la espera de reiniciar el ritmo de las obras si mejora la economía global y logra una menor incertidumbre en relación a los requerimientos legales y de regulación en Chile.
La compañía prevé que el yacimiento, una vez puesto en marcha, alcanzará una producción anual promedio de 750.000 a 800.000 onzas de oro y 35 millones de onzas de plata en los primeros 5 años.
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Fecha de Publicación: 03/09/2015
Fuente: Terra
Provincia/Región: Nacional
La Corte Suprema de Argentina solicitó hoy informes a la minera canadiense Barrick Gold sobre el proyecto Pascua Lama, que se extiende sobre territorio argentino y chileno en la Cordillera de los Andes, informaron fuentes judiciales.
El Supremo pretende conocer qué medidas se adoptaron para proteger el ambiente y prevenir posibles impactos negativos del gigantesco proyecto de extracción de oro y plata, el primero de carácter binacional en el mundo.
La orden de envío de información, aprobada en forma unánime por la Corte, no solo está dirigida a la empresa minera canadiense sino que también alcanza a un subgrupo de trabajo creado por el Gobierno argentino para abordar temas de seguridad minera y medioambiente y al Gobierno de la provincia argentina de San Juan (noroeste), donde se encuentra parte de Pascua Lama.
En particular, el máximo tribunal requirió información sobre el monitoreo de los glaciares y los recursos hídricos cercanos al proyecto minero y sobre el estado de las piletas de sedimentación de la mina, de las obras de manejo y captación de agua y del dique de colas.
La Corte tomó esta decisión previo a definir su competencia en una causa iniciada por un particular, Ricardo Vargas, contra la provincia de San Juan por presunto daño ambiental a partir del proyecto de Pascua Lama.
Para solicitar este informe, la Corte tuvo en cuenta que la Ley General del Ambiente dispone que "los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional" y "que el tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en forma conjunta".
En este marco legal, y al ser Pascua Lama un proyecto compartido por Argentina y Chile, el Supremo argentino tuvo presente que la Corte Suprema de Chile confirmó la decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó que había paralizado la construcción del proyecto del lado chileno al considerar que existía "una amenaza seria a los recursos hídricos".
Barrick Gold inició la construcción de la mina -situada entre los 3.800 y los 5.200 metros de altura- en 2009, pero a finales de 2013 anunció la desaceleración temporal del proyecto a la espera de reiniciar el ritmo de las obras si mejora la economía global y logra una menor incertidumbre en relación a los requerimientos legales y de regulación en Chile.
La compañía prevé que el yacimiento, una vez puesto en marcha, alcanzará una producción anual promedio de 750.000 a 800.000 onzas de oro y 35 millones de onzas de plata en los primeros 5 años.
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Agroquímicos y una discusión interminable en Santa Fe
Una discusión interminable
Fecha de Publicación: 03/09/2015
Fuente: La Opinión de Rafaela
Provincia/Región: Santa Fe
En un país donde la agricultura constituye una de las actividades económicas centrales, la utilización de fitosanitarios debe ser regulada con la mayor rigurosidad con la premisa puesta en la protección de la vida. Por eso no sorprende que la agenda de las entidades ecologistas tiene entre sus principales preocupaciones y campos de acción la cuestión de los agroquímicos, que constituyen un riesgo para la salud de las personas.
En Rafaela, el Concejo Municipal mantiene en sus cajones sin avanzar demasiado una propuesta que actualiza la ordenanza mediante la cual se establece qué está permitido y qué está prohibido al momento de realizar fumigaciones en áreas rurales o semirrurales. A pesar de la insistencia de quienes militan por la causa ambiental, los ediles no realizaron modificaciones a la legislación vigente, más allá de que por momentos recibieron a profesionales y dirigentes de entidades ligadas a la explotación agropecuaria, partes interesadas en el debate. Uno de los aspectos medulares se refiere a los límites agronómicos, esto es desde donde se puede aplicar agroquímicos una vez que termina la ciudad para evitar que este tipo de productos afecten la salud pública. Esa restricción contempla en la actualidad 200 metros, pero los ecologistas procuran que se extienda a 800 metros.
En la provincia de Santa Fe la problemática está en discusión en la Legislatura a partir de un proyecto impulsado por el diputado provincial, José María Tessa, quien propone modificar quince artículos de la ley actual que rige desde 1995 y además agregar cuatro nuevos puntos. La ley de 1995 regula la elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, distribución, fraccionamiento, expendio, aplicación y la destrucción de envases de fitosanitarios.
Entidades ecologistas se manifestaron a favor de la actualización que promueve Tessa a una ley que debe contemplar los avances constantes de la ciencia y la innovación en lo que hace a desarrollo de productos fitosanitarios. Al respecto, el proyecto prohibiría las fumigaciones aéreas a la vez que amplía los límites de cascos urbanos a preservar de la aplicación de fitosanitarios.
Al igual que en el Concejo Municipal de Rafaela, el debate hace tiempo está en la agenda de la Legislatura pero nunca termina de contar con los consensos necesarios para llegar al recinto. En este sentido, la práctica legislativa obliga a generar sólidos respaldos para que una ley no sólo sea aprobada en su cámara de origen sino que también no se trabe en la otra cámara o en el Poder Ejecutivo en caso de que haya objeciones que se transforman en un veto.
Teniendo en cuenta que hay importantes intereses económicos en juego, la construcción de consenso exige un enorme esfuerzo. Porque los límites agronómicos tienen un impacto real en los campos cercanos a pueblos y ciudades y determina qué pueden hacer sus propietarios en esa tierra y qué no. Por ejemplo, un productor que hoy siempre soja a 300 metros de la ciudad puede aplicar productos fitosanitarios, pero si la legislación se modifica y el límite agronómico se establece en 800 metros, entonces no podrá usar agroquímicos. En este contexto, lo más probable es que no siempre y deberá dedicar la tierra para otro uso.
A nivel provincial, las entidades que respaldan el proyecto Tessa están a favor de prohibir la fumigación en un perímetro de 800 metros alrededor de centros urbanos y 1.000 metros de escuelas; vedar la fumigación aérea; obliga a la reutilización de envases y prohíbe su reciclado, entre otros puntos.
Hay que recordar que en Rafaela se avanza con una iniciativa que promueve el reciclado de los bidones de plástico con los que se transportan agroquímicos, que son residuos peligrosos y en la actualidad no cuentan con una disposición final adecuada.
Cabe recordar que en marzo de este año, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró cinco pesticidas como cancerígenos "posibles" o "probables". En un comunicado, la IARC explicó que se ha publicado un sumario con las evaluaciones finales en la revista The Lancet Oncology en el que se detallan los hallazgos de los investigadores de la agencia. El herbicida glifosato (sustancia activa del Roundup, uno de los herbicidas más vendidos) y los insecticidas diazinón y malatión han sido clasificados como "probablemente cancerígenos para los humanos".
En la Argentina se consumen unos 300 millones de litros de glifosato en 28 millones de hectáreas, especialmente en las que se produce soja. En este sentido, sobre el herbicida glifosato hay "evidencia limitada" de que puede producir linfoma no-Hodgkin en seres humanos, y hay pruebas "convincentes" de que puede causar cáncer en animales de laboratorio. En el país, su utilización creció sustancialmente a partir del desarrollo de cosechas modificadas genéticamente para hacerlas, precisamente, resistentes al uso de este agente.
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Fecha de Publicación: 03/09/2015
Fuente: La Opinión de Rafaela
Provincia/Región: Santa Fe
En un país donde la agricultura constituye una de las actividades económicas centrales, la utilización de fitosanitarios debe ser regulada con la mayor rigurosidad con la premisa puesta en la protección de la vida. Por eso no sorprende que la agenda de las entidades ecologistas tiene entre sus principales preocupaciones y campos de acción la cuestión de los agroquímicos, que constituyen un riesgo para la salud de las personas.
En Rafaela, el Concejo Municipal mantiene en sus cajones sin avanzar demasiado una propuesta que actualiza la ordenanza mediante la cual se establece qué está permitido y qué está prohibido al momento de realizar fumigaciones en áreas rurales o semirrurales. A pesar de la insistencia de quienes militan por la causa ambiental, los ediles no realizaron modificaciones a la legislación vigente, más allá de que por momentos recibieron a profesionales y dirigentes de entidades ligadas a la explotación agropecuaria, partes interesadas en el debate. Uno de los aspectos medulares se refiere a los límites agronómicos, esto es desde donde se puede aplicar agroquímicos una vez que termina la ciudad para evitar que este tipo de productos afecten la salud pública. Esa restricción contempla en la actualidad 200 metros, pero los ecologistas procuran que se extienda a 800 metros.
En la provincia de Santa Fe la problemática está en discusión en la Legislatura a partir de un proyecto impulsado por el diputado provincial, José María Tessa, quien propone modificar quince artículos de la ley actual que rige desde 1995 y además agregar cuatro nuevos puntos. La ley de 1995 regula la elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, distribución, fraccionamiento, expendio, aplicación y la destrucción de envases de fitosanitarios.
Entidades ecologistas se manifestaron a favor de la actualización que promueve Tessa a una ley que debe contemplar los avances constantes de la ciencia y la innovación en lo que hace a desarrollo de productos fitosanitarios. Al respecto, el proyecto prohibiría las fumigaciones aéreas a la vez que amplía los límites de cascos urbanos a preservar de la aplicación de fitosanitarios.
Al igual que en el Concejo Municipal de Rafaela, el debate hace tiempo está en la agenda de la Legislatura pero nunca termina de contar con los consensos necesarios para llegar al recinto. En este sentido, la práctica legislativa obliga a generar sólidos respaldos para que una ley no sólo sea aprobada en su cámara de origen sino que también no se trabe en la otra cámara o en el Poder Ejecutivo en caso de que haya objeciones que se transforman en un veto.
Teniendo en cuenta que hay importantes intereses económicos en juego, la construcción de consenso exige un enorme esfuerzo. Porque los límites agronómicos tienen un impacto real en los campos cercanos a pueblos y ciudades y determina qué pueden hacer sus propietarios en esa tierra y qué no. Por ejemplo, un productor que hoy siempre soja a 300 metros de la ciudad puede aplicar productos fitosanitarios, pero si la legislación se modifica y el límite agronómico se establece en 800 metros, entonces no podrá usar agroquímicos. En este contexto, lo más probable es que no siempre y deberá dedicar la tierra para otro uso.
A nivel provincial, las entidades que respaldan el proyecto Tessa están a favor de prohibir la fumigación en un perímetro de 800 metros alrededor de centros urbanos y 1.000 metros de escuelas; vedar la fumigación aérea; obliga a la reutilización de envases y prohíbe su reciclado, entre otros puntos.
Hay que recordar que en Rafaela se avanza con una iniciativa que promueve el reciclado de los bidones de plástico con los que se transportan agroquímicos, que son residuos peligrosos y en la actualidad no cuentan con una disposición final adecuada.
Cabe recordar que en marzo de este año, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró cinco pesticidas como cancerígenos "posibles" o "probables". En un comunicado, la IARC explicó que se ha publicado un sumario con las evaluaciones finales en la revista The Lancet Oncology en el que se detallan los hallazgos de los investigadores de la agencia. El herbicida glifosato (sustancia activa del Roundup, uno de los herbicidas más vendidos) y los insecticidas diazinón y malatión han sido clasificados como "probablemente cancerígenos para los humanos".
En la Argentina se consumen unos 300 millones de litros de glifosato en 28 millones de hectáreas, especialmente en las que se produce soja. En este sentido, sobre el herbicida glifosato hay "evidencia limitada" de que puede producir linfoma no-Hodgkin en seres humanos, y hay pruebas "convincentes" de que puede causar cáncer en animales de laboratorio. En el país, su utilización creció sustancialmente a partir del desarrollo de cosechas modificadas genéticamente para hacerlas, precisamente, resistentes al uso de este agente.
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Fallo en favor de la Reserva Natural Puerto Mar del Plata
Fallo en favor de una reserva natural
Fecha de Publicación: 03/09/2015
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Una nueva decisión judicial, en este caso, de la justicia federal con asiento en Mar del Plata, permitirá a los turistas que concurran este verano a la ciudad balnearia seguir disfrutando de la Reserva Natural Puerto Mar del Plata, espacio de aproximadamente 45 hectáreas ubicado al sur del puerto local. Este valioso humedal de características muy particulares por tratarse de un ambiente silvestre rodeado por una ciudad posee un ecosistema donde es posible encontrar especies de flora y fauna silvestres, y en especial aves residentes como migratorias.
Desde su creación en 1987, la Fundación Reserva Natural Puerto viene desarrollando tareas de protección, educación, investigación y capacitación vinculadas a esta área, y propende a su preservación y conservación total.
En 2002, el Consorcio Portuario Regional llamó a concurso de ideas y propuestas tendientes a ocupar, en calidad de permiso de uso, un sector de playa lindero a la reserva, sin previa evaluación del impacto ambiental que provocaría. Esto motivó que la Fundación Reserva Natural Puerto presentara una acción de amparo, a efectos de suspender el llamado a concurso hasta que se cumpliera con el procedimiento administrativo de estudio de impacto, con el debido acceso a la información y la participación ciudadana. El mismo año, la justicia local emitió un fallo que ordenaba dejar sin efecto el llamado a licitación hasta tanto el Consorcio Regional Puerto Mar del Plata cumpliera con el correspondiente estudio de impacto ambiental. La resolución fue apelada por el Consorcio y se inició un derrotero judicial que llegó hasta los primeros meses de este año, cuando la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Mar del Plata dictó sentencia y confirmó aquel fallo de primera instancia, en el sentido de suspender la licitación.
Se trata de una noticia auspiciosa por varias cuestiones. En primer lugar, por la aceptación de la legitimación de una organización no gubernamental para demandar por el ambiente como derecho de incidencia colectiva, haciendo operativo el principio más importante en materia ambiental: la prevención, que impone actuar sobre las causas de los problemas y no sobre los efectos. Segundo, porque la sentencia de la Cámara Federal luce como una muy pulcra pieza jurídica y podría afirmarse que se inscribe en un marco de federalismo de concertación sumamente sugerente, que fortalece las instituciones, teniendo en cuenta que la propia resolución de alzada fue desconocida por el Consorcio durante varios meses.
Finalmente, queda claro que ya no es posible imaginar emprendimientos con potencialidad para degradar el ambiente sin contar con el debido procedimiento que analice el eventual impacto ambiental, garantizando, además, el acceso a la información pública y la participación ciudadana.
La situación representa un soplo de aire renovado que proviene de uno de los poderes que más ha dado respuestas protectoras al medio ambiente durante los últimos cinco años. Es sorprendente y paradójico ver cómo, mientras se verifican sentencias y mandatos desde el Poder Judicial, los otros dos poderes no aprueban planes públicos sobre los principales problemas ambientales del país, y tampoco proyectos para que éstos surjan de procesos participativos.
Es una noticia excelente saber que existen organizaciones no gubernamentales que, de alguna manera, muestran las fallas -por parte del Estado- en el cumplimiento de uno de sus roles esenciales, como lo es la protección del ambiente, y que el Poder Judicial sea el que, mediante sus decisiones, demuestre no sólo una independencia propia de un sistema republicano, sino el compromiso con las generaciones presentes y futuras de nuestro país.
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Fecha de Publicación: 03/09/2015
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Una nueva decisión judicial, en este caso, de la justicia federal con asiento en Mar del Plata, permitirá a los turistas que concurran este verano a la ciudad balnearia seguir disfrutando de la Reserva Natural Puerto Mar del Plata, espacio de aproximadamente 45 hectáreas ubicado al sur del puerto local. Este valioso humedal de características muy particulares por tratarse de un ambiente silvestre rodeado por una ciudad posee un ecosistema donde es posible encontrar especies de flora y fauna silvestres, y en especial aves residentes como migratorias.
Desde su creación en 1987, la Fundación Reserva Natural Puerto viene desarrollando tareas de protección, educación, investigación y capacitación vinculadas a esta área, y propende a su preservación y conservación total.
En 2002, el Consorcio Portuario Regional llamó a concurso de ideas y propuestas tendientes a ocupar, en calidad de permiso de uso, un sector de playa lindero a la reserva, sin previa evaluación del impacto ambiental que provocaría. Esto motivó que la Fundación Reserva Natural Puerto presentara una acción de amparo, a efectos de suspender el llamado a concurso hasta que se cumpliera con el procedimiento administrativo de estudio de impacto, con el debido acceso a la información y la participación ciudadana. El mismo año, la justicia local emitió un fallo que ordenaba dejar sin efecto el llamado a licitación hasta tanto el Consorcio Regional Puerto Mar del Plata cumpliera con el correspondiente estudio de impacto ambiental. La resolución fue apelada por el Consorcio y se inició un derrotero judicial que llegó hasta los primeros meses de este año, cuando la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Mar del Plata dictó sentencia y confirmó aquel fallo de primera instancia, en el sentido de suspender la licitación.
Se trata de una noticia auspiciosa por varias cuestiones. En primer lugar, por la aceptación de la legitimación de una organización no gubernamental para demandar por el ambiente como derecho de incidencia colectiva, haciendo operativo el principio más importante en materia ambiental: la prevención, que impone actuar sobre las causas de los problemas y no sobre los efectos. Segundo, porque la sentencia de la Cámara Federal luce como una muy pulcra pieza jurídica y podría afirmarse que se inscribe en un marco de federalismo de concertación sumamente sugerente, que fortalece las instituciones, teniendo en cuenta que la propia resolución de alzada fue desconocida por el Consorcio durante varios meses.
Finalmente, queda claro que ya no es posible imaginar emprendimientos con potencialidad para degradar el ambiente sin contar con el debido procedimiento que analice el eventual impacto ambiental, garantizando, además, el acceso a la información pública y la participación ciudadana.
La situación representa un soplo de aire renovado que proviene de uno de los poderes que más ha dado respuestas protectoras al medio ambiente durante los últimos cinco años. Es sorprendente y paradójico ver cómo, mientras se verifican sentencias y mandatos desde el Poder Judicial, los otros dos poderes no aprueban planes públicos sobre los principales problemas ambientales del país, y tampoco proyectos para que éstos surjan de procesos participativos.
Es una noticia excelente saber que existen organizaciones no gubernamentales que, de alguna manera, muestran las fallas -por parte del Estado- en el cumplimiento de uno de sus roles esenciales, como lo es la protección del ambiente, y que el Poder Judicial sea el que, mediante sus decisiones, demuestre no sólo una independencia propia de un sistema republicano, sino el compromiso con las generaciones presentes y futuras de nuestro país.
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