Tercer Congreso de Médicos de Pueblos Fumigados
08:00 | 
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Médicos de pueblos fumigados debatirán sobre agrotóxicos
Fecha de Publicación: 25/08/2015
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
El tercer Congreso de Médicos de Pueblos Fumigados sesionará por primera vez en Buenos Aires, donde investigadores médicos de distintas universidades debatirán sobre la relación entre el uso de agrotóxicos y su incidencia en los abortos espontáneos, malformaciones congénitas, daños neurológicos y distintos tipos de cáncer.
El Congreso debatirá entre el 15 y 17 de octubre en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en donde participarán los autores de los estudios de toxicidad argentinos en los que se basó la Organización Mundial de la Salud (OMS) para recategorizar como cancerígeno el glifosato.
El encuentro, bajo el lema “Alimentemos un mundo sin veneno”, será organizado por la Red Universitaria de Ambiente y Salud/Médicos de Pueblos Fumigados, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Medicina de la UBA y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), entre otros.
El primer congreso tuvo lugar hace cinco años en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, a partir de la inquietud de un grupo de médicos que se hicieron eco de la denuncia de sus pacientes, quienes aseguraron que se enfermaban de cáncer, trastornos endocrinos, inmunológicos y reproductivos de una manera nueva a partir de la fumigación de cultivos transgénicos.
A este primer encuentro asistieron 300 profesionales de 12 provincias, y científicos del Conicet mostraron sus investigaciones que reafirmaban el vínculo entre agroquímicos y daño a la salud.
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Fecha de Publicación: 25/08/2015
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
El tercer Congreso de Médicos de Pueblos Fumigados sesionará por primera vez en Buenos Aires, donde investigadores médicos de distintas universidades debatirán sobre la relación entre el uso de agrotóxicos y su incidencia en los abortos espontáneos, malformaciones congénitas, daños neurológicos y distintos tipos de cáncer.
El Congreso debatirá entre el 15 y 17 de octubre en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en donde participarán los autores de los estudios de toxicidad argentinos en los que se basó la Organización Mundial de la Salud (OMS) para recategorizar como cancerígeno el glifosato.
El encuentro, bajo el lema “Alimentemos un mundo sin veneno”, será organizado por la Red Universitaria de Ambiente y Salud/Médicos de Pueblos Fumigados, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Medicina de la UBA y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), entre otros.
El primer congreso tuvo lugar hace cinco años en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, a partir de la inquietud de un grupo de médicos que se hicieron eco de la denuncia de sus pacientes, quienes aseguraron que se enfermaban de cáncer, trastornos endocrinos, inmunológicos y reproductivos de una manera nueva a partir de la fumigación de cultivos transgénicos.
A este primer encuentro asistieron 300 profesionales de 12 provincias, y científicos del Conicet mostraron sus investigaciones que reafirmaban el vínculo entre agroquímicos y daño a la salud.
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Córdoba sufre varios focos de incendios forestales
Logran controlar incendios de riesgo extremo en Córdoba
Fecha de Publicación: 25/08/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Un foco entre Río Segundo y Pilar habría afectado entre 150 y 200 hectáreas. La ruta 9 está cortada. Tres familias debieron ser evacuadas. También hubo focos a 10 kilómetros del Cerro Colorado, en Villa Parque Siquiman y Los Gigantes
Bomberos lograron controlar este lunes un intenso frente desatado entre las localidades de Pilar y Río Segundo, por el cual fue necesario cortar la circulación en la ruta 9. Además, hubo un foco a 10 kilómetros del Cerro Colorado, en una jornada de riesgo extremo de incendio.
Desde la Provincia indicaron que el peligro de incendio es extremo por los vientos y la vegetación seca.
Entre Pilar y Río Segundo
Varias dotaciones de bomberos trabajaron para controlar el fuego que se inició esta tarde en un bosque de eucalipto de Río Segundo, conocido como el médano verde, y que habría afectado entre 150 y 200 hectáreas. Además, tres familias debieron ser evacuadas por temor a que el fuego alcanzara sus viviendas.
Según informó el jefe de Bomberos de Río Segundo, Dario Saldaña, el incendio comenzó alrededor de las 16 en una zona de pastizales, cerca del barrio Francisco Martínez, y luego se trasladó al bosque de eucaliptos. “Está controlado aunque tenemos focos de incendios activos”, dijo Saldaña.
Además, el fuego atravesó la ruta 9 sur a la altura de Río Segundo, cerca del puente que une esa ciudad con la localidad de Pilar, afectando un campo. “Habíamos apagado el fuego pero se reinició”, señaló el jefe de bomberos.
También se informó que las llamas tomaron para el lado de una fábrica de maderas, y que guardia de bomberos controla la zona.
Respecto de la situación de las familias evacuadas, el comisario mayor Jorge Flores, a cargo de la departamental Río Segundo, dijo que están en buen estado de salud y que sus viviendas no fueron afectadas.
Saldaña dijo que aún no pudieron establecer las causas del siniestro. Una persona que trabaja en el lugar contó a La Voz que un grupo de chicos jugaban en la zona donde se originó el fuego.
Por el intenso humo permanece cortada la ruta 9 sur, entre Pilar y Río Segundo. Los conductores son desviados por un puente urbano que une ambas ciudades. Desde bomberos indicaron que por lo menos trabajarán hasta las 23. Del operativo participan bomberos de Río Segundo, Pilar, Toledo, Laguna Larga y Oncativo.
En el norte de Córdoba
Unos 60 bomberos combatían este tarde un frente de incendio entre Santa Elena y el Cerro Colorado, donde el intenso viento y la temperatura en aumento complica las tareas.
Al lugar concurrieron aviones hidrantes y aún se desconoce la magnitud del incendio.
El incendio se desató cerca del paraje Cañada, 10 kilómetros al sur del Cerro Colorado, indicó Alfredo Lobo, guardiaparque del lugar, y durante la noche del lunes estaba siendo controlado, quedando una guardia de cenizas.
Focos apagados
Más temprano, los bomberos lograron controlar un incendio en Villa Parque Siquiman. Cinco dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar.
También hubo un incendio en Los Gigantes, donde estuvieron bomberos de Mina Clavero, de Parques Nacionales y un avión hidrante de la Provincia.
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Fecha de Publicación: 25/08/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Un foco entre Río Segundo y Pilar habría afectado entre 150 y 200 hectáreas. La ruta 9 está cortada. Tres familias debieron ser evacuadas. También hubo focos a 10 kilómetros del Cerro Colorado, en Villa Parque Siquiman y Los Gigantes
Bomberos lograron controlar este lunes un intenso frente desatado entre las localidades de Pilar y Río Segundo, por el cual fue necesario cortar la circulación en la ruta 9. Además, hubo un foco a 10 kilómetros del Cerro Colorado, en una jornada de riesgo extremo de incendio.
Desde la Provincia indicaron que el peligro de incendio es extremo por los vientos y la vegetación seca.
Entre Pilar y Río Segundo
Varias dotaciones de bomberos trabajaron para controlar el fuego que se inició esta tarde en un bosque de eucalipto de Río Segundo, conocido como el médano verde, y que habría afectado entre 150 y 200 hectáreas. Además, tres familias debieron ser evacuadas por temor a que el fuego alcanzara sus viviendas.
Según informó el jefe de Bomberos de Río Segundo, Dario Saldaña, el incendio comenzó alrededor de las 16 en una zona de pastizales, cerca del barrio Francisco Martínez, y luego se trasladó al bosque de eucaliptos. “Está controlado aunque tenemos focos de incendios activos”, dijo Saldaña.
Además, el fuego atravesó la ruta 9 sur a la altura de Río Segundo, cerca del puente que une esa ciudad con la localidad de Pilar, afectando un campo. “Habíamos apagado el fuego pero se reinició”, señaló el jefe de bomberos.
También se informó que las llamas tomaron para el lado de una fábrica de maderas, y que guardia de bomberos controla la zona.
Respecto de la situación de las familias evacuadas, el comisario mayor Jorge Flores, a cargo de la departamental Río Segundo, dijo que están en buen estado de salud y que sus viviendas no fueron afectadas.
Saldaña dijo que aún no pudieron establecer las causas del siniestro. Una persona que trabaja en el lugar contó a La Voz que un grupo de chicos jugaban en la zona donde se originó el fuego.
Por el intenso humo permanece cortada la ruta 9 sur, entre Pilar y Río Segundo. Los conductores son desviados por un puente urbano que une ambas ciudades. Desde bomberos indicaron que por lo menos trabajarán hasta las 23. Del operativo participan bomberos de Río Segundo, Pilar, Toledo, Laguna Larga y Oncativo.
En el norte de Córdoba
Unos 60 bomberos combatían este tarde un frente de incendio entre Santa Elena y el Cerro Colorado, donde el intenso viento y la temperatura en aumento complica las tareas.
Al lugar concurrieron aviones hidrantes y aún se desconoce la magnitud del incendio.
El incendio se desató cerca del paraje Cañada, 10 kilómetros al sur del Cerro Colorado, indicó Alfredo Lobo, guardiaparque del lugar, y durante la noche del lunes estaba siendo controlado, quedando una guardia de cenizas.
Focos apagados
Más temprano, los bomberos lograron controlar un incendio en Villa Parque Siquiman. Cinco dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar.
También hubo un incendio en Los Gigantes, donde estuvieron bomberos de Mina Clavero, de Parques Nacionales y un avión hidrante de la Provincia.
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La constitucionalidad o no de la 7722 para fin de año
La Corte resolverá al fin sobre el futuro de la minería
Fecha de Publicación: 25/08/2015
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Quien por estos días está a cargo del tribunal, Jorge Nanclares, asegura que el fallo acerca de los planteos de inconstitucionalidad sobre la ley 7722, la ley "antiminera", saldrá "con relativa prontitud". La causa ya lleva ocho años y la sentencia podría conocerse antes de fin de año, justo en el cambio de Gobierno. Cornejo no apuró el fallo, aunque prefiere que la ley sea ratificada.
Tras ocho años, la Suprema Corte de Mendoza aparece como decidida a resolver uno de los temas más controversiales que duermen en su seno: la constitucionalidad o no de la ley 7722, la conocida ley "antiminera".
Fue uno de sus miembros, Jorge Nanclares, quien en la última semana comenzó a hacer público el interés del Tribunal por resolver la cuestión en un tiempo político justo.
Si la Corte cumple con lo que está diciendo, Alfredo Cornejo podría tener terminado por ahora este conflicto que ya involucró a tres gobernadores.
No hay evidencias concretas de que el próximo mandatario haya pedido expresamente ante la Corte que apuren la sentencia. En el último tiempo mantuvo algunos contactos informales con algunos de sus integrantes en los que, incluso, le dijeron que el tema estaba verde todavía.
Es más: Cornejo no tiene puesta la cabeza en la minería hoy por hoy consciente de que, en el corto plazo al menos, las restricciones legales y la situación del país alejaron a los inversores fuertes.
Nanclares salió a apurar el paso. "La sentencia por la 7722 va a salir con relativa prontitud. Esa prontitud no significa inminencia, pero esperamos que el fallo salga antes de fin de año", fue la ratificación del juez a este diario.
Nanclares está por este mes a cargo de la presidencia de la Corte (el titular Pedro Llorente está de licencia) y anticipó asimismo que en cinco o diez días podría estar listo el auto de sentencia para que empiece a correr el plazo legal de los 60 días hábiles que la Corte tendrá para resolver.
"La sentencia puede salir en el día 5 o en el día 59, no lo sé. Pero esperamos llegar antes de fin de año", confió a MDZ Online el magistrado.
La causa de la 7722 está desde hace dos años a resolución del plenario de la Corte, pero estaba virtualmente adormecida desde ese entonces. Tanto era así que los abogados patrocinantes habían pedido la suspensión de los expedientes para evitar la caducidad de los mismos ante las demoras del Tribunal.
Pero tras las elecciones provinciales de junio todo el proceso se aceleró. A comienzos de este mes, la Corte decidió no hacer lugar al pedido del Procurador, Rodolfo González, para implementar el mecanismo de audiencia pública antes de resolver la cuestión de fondo, más allá de que en ese momento se especuló con que el fallo seguiría demorado todavía.
La Corte, con cuatro votos en contra y tres en disidencia, no dio lugar a la posibilidad que la controvertida causa se ventile públicamente en una audiencia entre las partes.
Los jueces que se opusieron fueron Julio Gómez, Alejandro Pérez Hualde, Herman Salvini y Pedro Llorente. En tanto, quienes la respaldaron (y votaron en disidencia) fueron Omar Palermo, Jorge Nanclares y Mario Adaro, este último, impulsor de las audiencias públicas como mecanismo de resolución de sentencias conflictivas.
El argumento de los magistrados para no dar lugar al pedido del Procurador fue, entre otros, que las pruebas sustanciadas en el expediente ya son suficientes como para dictar una sentencia y que el debate de la norma cuestionada ya se produjo en el ámbito de la Legislatura cuando la ley se trató durante el gobierno de Julio Cobos.
El Fiscal de Estado, Fernando Simón, algo así interpretó, e insistió con una presentación formal para que la Corte convocara a la audiencia.
Según entiende Simón, las audiencias fueron instauradas en 2013 por la Corte para tratar asuntos que excedan el interés de las partes, y queda claro que la discusión por la minería es, en Mendoza, uno de los asuntos más polémicos.
Por otro lado, la misma Corte fijó, hace dos años, que con el acuerdo de tres miembros bastaba para la convocatoria a la audiencia.
Lo único que podría demorar los plazos planteados por Nanclares es que se decida hacer lugar al reclamo de Simón. Pero difícilmente los supremos vuelvan sobre sus pasos, aunque el Fiscal apuesta a que, al menos, expliquen por qué no se atrevieron a una convocatoria abierta antes de la esperada sentencia final.
La audiencia podía haber funcionado también como escenario para que los estudios de abogados mineros que impulsaron los planteos de inconstitucionalidad pudieran contrarrestar sus argumentos con las organizaciones ambientalistas.
Una cosa está definida en el sector: en caso de un fallo contrario a sus intereses, recurrirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con lo cual el devenir judicial del tema seguirá varios años más. Aunque esta vez en Buenos Aires.
Hace algunos días, la minería dio esa misma señal en Córdoba. Allí el máximo órgano de Justicia provincial respaldó la constitucionalidad de la ley 8925, una norma que tiene el mismo perfil restrictivo para la actividad que la 7722.
Los ambientalistas locales festejaron ese respaldo y lo vieron como un antecedente de lo que puede llegar a ocurrir aquí. Sin embargo, más allá de las posibles similitudes, también existen muchas diferencias.
Es verdad que ambas leyes son abiertamente antimineras y que la cordobesa también prohíbe sustancias químicas, al igual que la mendocina.
Pero la ley en Córdoba prohíbe la minería a cielo abierto, mientras la mendocina no.
La provincia mediterránea, entienden los promineros, no tiene reservas minerales metalíferas de importancia, ya que su principal recurso mineral son las rocas de aplicación, por lo que la prohibición allí no afecta el futuro económico de la provincia.
"Aquí en Mendoza ocurre lo diametralmente opuesto: sólo el 4% de la superficie está cultivada y el 96% restante son desierto y montañas plagadas de minerales", argumentan.
Y dan sus argumentos legales también: "Fue un fallo político, en donde casi no se sustanciaron pruebas, como ocurrió aquí".
"El fallo basa gran parte de su fundamentación en la decisión del Parlamento Europeo en prohibir el cianuro en Europa. ¡Esto es lamentable!, y algo que muchos que están en contra de la actividad en Mendoza repiten permanentemente. La verdad es que se refiere a la resolución del Parlamento Europeo sobre la prohibición del uso del cianuro en la actividad minera del mes de mayo de 2010, sin aclarar que esta recomendación fue rechazada por la Comisión Europea, que es un organismo superior", es el argumento uno de los abogados que defendió a la minería en Mendoza.
Todo por aquella presión sobre Cobos
La ley fue sancionada durante el gobierno de Julio Cobos, al ritmo de los cortes de rutas y las protestas en el Valle de Uco de entonces, justo en momentos en que el entonces gobernador concretaba sus aspiraciones de convertirse en candidato a vicepresidente.
Ante los cortes de ruta en el Sur que amenazaban con convertirse en un escándalo nacional, el entonces presidente, Néstor Kirchner, le ordenó a Cobos: "Desactivame ya ese kilombo". Y Cleto actuó en consecuencia.
En una semana, ambas cámaras sancionaron en la Legislatura las restricciones, que terminaron por alejar a todos los proyectos de megaminería casi para siempre.
En términos generales, la norma prohíbe el uso de sustancias químicas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico en la minería metalífera y establece que la declaración de impacto ambiental (DIA) de cada proceso extractivo debe ser ratificada por ley en la Legislatura.
A los pocos días de la sanción de la ley, el 20 de julio de 2007, se desencadenaron 12 planteos de inconstitucionalidad, en su mayoría de empresas mineras, que fueron patrocinadas siete de los once pendientes por el estudio de abogados Barraza, Rodríguez, Díaz y Gregorio, el mismo que impulsó el fallido proyecto San Jorge.
Los planteos de inconstitucionalidad consideraron discriminatorio que esta actividad no pueda utilizar sustancias como el cianuro o el ácido sulfúrico y otras actividades productivas sí. Y, por otro lado, entendieron que existió una confusión de poderes, ya que la Legislatura tiene que aprobar la Declaración de Impacto Ambiental cuando para otras autorizaciones del mismo orden, basta sólo con un decreto del Poder Ejecutivo.
El lardo período de sustanciación de pruebas fue uno de los elementos que jugó a favor de la demora injustificable en una sentencia, que debe entenderse solo por la poca intención de la Corte de verse obligada a fallar.
Aquí la Justicia, con pocas ganas, debió hacerse cargo de conflicto que la política no pudo resolver. Mientras sale el compromiso de Nanclares, aún resta saber qué pasará con otras causas complejas, como la investigación sobre la corrupción en Irrigación por el otorgamiento irregular de los 21 pozos en Agrelo, la discusión por la tarifa eléctrica o el conflicto por el tope salarial, por mencionar algunos.
El lardo período de sustanciación de pruebas fue uno de los elementos que jugó a favor de la demora injustificable en una sentencia, que debe entenderse solo por la poca intención de la Corte de verse obligada a fallar.
"La verdad, este fue un juicio que se debía haber resuelto mucho más rápido, en 30 días por ejemplo, porque era una cuestión de puro derecho", fue la amarga confesión de Nanclares.
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Fecha de Publicación: 25/08/2015
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Quien por estos días está a cargo del tribunal, Jorge Nanclares, asegura que el fallo acerca de los planteos de inconstitucionalidad sobre la ley 7722, la ley "antiminera", saldrá "con relativa prontitud". La causa ya lleva ocho años y la sentencia podría conocerse antes de fin de año, justo en el cambio de Gobierno. Cornejo no apuró el fallo, aunque prefiere que la ley sea ratificada.
Tras ocho años, la Suprema Corte de Mendoza aparece como decidida a resolver uno de los temas más controversiales que duermen en su seno: la constitucionalidad o no de la ley 7722, la conocida ley "antiminera".
Fue uno de sus miembros, Jorge Nanclares, quien en la última semana comenzó a hacer público el interés del Tribunal por resolver la cuestión en un tiempo político justo.
Si la Corte cumple con lo que está diciendo, Alfredo Cornejo podría tener terminado por ahora este conflicto que ya involucró a tres gobernadores.
No hay evidencias concretas de que el próximo mandatario haya pedido expresamente ante la Corte que apuren la sentencia. En el último tiempo mantuvo algunos contactos informales con algunos de sus integrantes en los que, incluso, le dijeron que el tema estaba verde todavía.
Es más: Cornejo no tiene puesta la cabeza en la minería hoy por hoy consciente de que, en el corto plazo al menos, las restricciones legales y la situación del país alejaron a los inversores fuertes.
Nanclares salió a apurar el paso. "La sentencia por la 7722 va a salir con relativa prontitud. Esa prontitud no significa inminencia, pero esperamos que el fallo salga antes de fin de año", fue la ratificación del juez a este diario.
Nanclares está por este mes a cargo de la presidencia de la Corte (el titular Pedro Llorente está de licencia) y anticipó asimismo que en cinco o diez días podría estar listo el auto de sentencia para que empiece a correr el plazo legal de los 60 días hábiles que la Corte tendrá para resolver.
"La sentencia puede salir en el día 5 o en el día 59, no lo sé. Pero esperamos llegar antes de fin de año", confió a MDZ Online el magistrado.
La causa de la 7722 está desde hace dos años a resolución del plenario de la Corte, pero estaba virtualmente adormecida desde ese entonces. Tanto era así que los abogados patrocinantes habían pedido la suspensión de los expedientes para evitar la caducidad de los mismos ante las demoras del Tribunal.
Pero tras las elecciones provinciales de junio todo el proceso se aceleró. A comienzos de este mes, la Corte decidió no hacer lugar al pedido del Procurador, Rodolfo González, para implementar el mecanismo de audiencia pública antes de resolver la cuestión de fondo, más allá de que en ese momento se especuló con que el fallo seguiría demorado todavía.
La Corte, con cuatro votos en contra y tres en disidencia, no dio lugar a la posibilidad que la controvertida causa se ventile públicamente en una audiencia entre las partes.
Los jueces que se opusieron fueron Julio Gómez, Alejandro Pérez Hualde, Herman Salvini y Pedro Llorente. En tanto, quienes la respaldaron (y votaron en disidencia) fueron Omar Palermo, Jorge Nanclares y Mario Adaro, este último, impulsor de las audiencias públicas como mecanismo de resolución de sentencias conflictivas.
El argumento de los magistrados para no dar lugar al pedido del Procurador fue, entre otros, que las pruebas sustanciadas en el expediente ya son suficientes como para dictar una sentencia y que el debate de la norma cuestionada ya se produjo en el ámbito de la Legislatura cuando la ley se trató durante el gobierno de Julio Cobos.
El Fiscal de Estado, Fernando Simón, algo así interpretó, e insistió con una presentación formal para que la Corte convocara a la audiencia.
Según entiende Simón, las audiencias fueron instauradas en 2013 por la Corte para tratar asuntos que excedan el interés de las partes, y queda claro que la discusión por la minería es, en Mendoza, uno de los asuntos más polémicos.
Por otro lado, la misma Corte fijó, hace dos años, que con el acuerdo de tres miembros bastaba para la convocatoria a la audiencia.
Lo único que podría demorar los plazos planteados por Nanclares es que se decida hacer lugar al reclamo de Simón. Pero difícilmente los supremos vuelvan sobre sus pasos, aunque el Fiscal apuesta a que, al menos, expliquen por qué no se atrevieron a una convocatoria abierta antes de la esperada sentencia final.
La audiencia podía haber funcionado también como escenario para que los estudios de abogados mineros que impulsaron los planteos de inconstitucionalidad pudieran contrarrestar sus argumentos con las organizaciones ambientalistas.
Una cosa está definida en el sector: en caso de un fallo contrario a sus intereses, recurrirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con lo cual el devenir judicial del tema seguirá varios años más. Aunque esta vez en Buenos Aires.
Hace algunos días, la minería dio esa misma señal en Córdoba. Allí el máximo órgano de Justicia provincial respaldó la constitucionalidad de la ley 8925, una norma que tiene el mismo perfil restrictivo para la actividad que la 7722.
Los ambientalistas locales festejaron ese respaldo y lo vieron como un antecedente de lo que puede llegar a ocurrir aquí. Sin embargo, más allá de las posibles similitudes, también existen muchas diferencias.
Es verdad que ambas leyes son abiertamente antimineras y que la cordobesa también prohíbe sustancias químicas, al igual que la mendocina.
Pero la ley en Córdoba prohíbe la minería a cielo abierto, mientras la mendocina no.
La provincia mediterránea, entienden los promineros, no tiene reservas minerales metalíferas de importancia, ya que su principal recurso mineral son las rocas de aplicación, por lo que la prohibición allí no afecta el futuro económico de la provincia.
"Aquí en Mendoza ocurre lo diametralmente opuesto: sólo el 4% de la superficie está cultivada y el 96% restante son desierto y montañas plagadas de minerales", argumentan.
Y dan sus argumentos legales también: "Fue un fallo político, en donde casi no se sustanciaron pruebas, como ocurrió aquí".
"El fallo basa gran parte de su fundamentación en la decisión del Parlamento Europeo en prohibir el cianuro en Europa. ¡Esto es lamentable!, y algo que muchos que están en contra de la actividad en Mendoza repiten permanentemente. La verdad es que se refiere a la resolución del Parlamento Europeo sobre la prohibición del uso del cianuro en la actividad minera del mes de mayo de 2010, sin aclarar que esta recomendación fue rechazada por la Comisión Europea, que es un organismo superior", es el argumento uno de los abogados que defendió a la minería en Mendoza.
Todo por aquella presión sobre Cobos
La ley fue sancionada durante el gobierno de Julio Cobos, al ritmo de los cortes de rutas y las protestas en el Valle de Uco de entonces, justo en momentos en que el entonces gobernador concretaba sus aspiraciones de convertirse en candidato a vicepresidente.
Ante los cortes de ruta en el Sur que amenazaban con convertirse en un escándalo nacional, el entonces presidente, Néstor Kirchner, le ordenó a Cobos: "Desactivame ya ese kilombo". Y Cleto actuó en consecuencia.
En una semana, ambas cámaras sancionaron en la Legislatura las restricciones, que terminaron por alejar a todos los proyectos de megaminería casi para siempre.
En términos generales, la norma prohíbe el uso de sustancias químicas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico en la minería metalífera y establece que la declaración de impacto ambiental (DIA) de cada proceso extractivo debe ser ratificada por ley en la Legislatura.
A los pocos días de la sanción de la ley, el 20 de julio de 2007, se desencadenaron 12 planteos de inconstitucionalidad, en su mayoría de empresas mineras, que fueron patrocinadas siete de los once pendientes por el estudio de abogados Barraza, Rodríguez, Díaz y Gregorio, el mismo que impulsó el fallido proyecto San Jorge.
Los planteos de inconstitucionalidad consideraron discriminatorio que esta actividad no pueda utilizar sustancias como el cianuro o el ácido sulfúrico y otras actividades productivas sí. Y, por otro lado, entendieron que existió una confusión de poderes, ya que la Legislatura tiene que aprobar la Declaración de Impacto Ambiental cuando para otras autorizaciones del mismo orden, basta sólo con un decreto del Poder Ejecutivo.
El lardo período de sustanciación de pruebas fue uno de los elementos que jugó a favor de la demora injustificable en una sentencia, que debe entenderse solo por la poca intención de la Corte de verse obligada a fallar.
Aquí la Justicia, con pocas ganas, debió hacerse cargo de conflicto que la política no pudo resolver. Mientras sale el compromiso de Nanclares, aún resta saber qué pasará con otras causas complejas, como la investigación sobre la corrupción en Irrigación por el otorgamiento irregular de los 21 pozos en Agrelo, la discusión por la tarifa eléctrica o el conflicto por el tope salarial, por mencionar algunos.
El lardo período de sustanciación de pruebas fue uno de los elementos que jugó a favor de la demora injustificable en una sentencia, que debe entenderse solo por la poca intención de la Corte de verse obligada a fallar.
"La verdad, este fue un juicio que se debía haber resuelto mucho más rápido, en 30 días por ejemplo, porque era una cuestión de puro derecho", fue la amarga confesión de Nanclares.
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Extraen hidrocarburos del “Cabo San Sebastián”
Madryn: el Ministerio de Ambiente asegura que retiró los hidrocarburos del “Cabo San Sebastián”
Fecha de Publicación: 24/08/2015
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
El ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la Provincia, José María Musmeci, encabezó otra jornada de intenso trabajo de extracción de hidrocarburos del interior de los buques de la empresa Alpesca que permanecen varados sobre el lado sur de la Terminal Marítima Multipropósito “Almirante Storni”, dejando vacío al escorado “Cabo San Sebastián” e iniciando el vaciado del pesquero “Cabo Buena Esperanza”.
Con la participación de un camión cisterna dotado con bombas de alta prestación, un equipo de trabajo conformado por personal técnico y buzos del Ministerio de Ambiente, con apoyo de buzos de la estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental (SIPA) de la Prefectura Naval Argentina, se dedicó gran parte del sábado a la extracción de líquidos del pesquero “Cabo San Sebastián”, siempre durante el tiempo que lo permitió la marea, el equipamiento y la jornada, climatológicamente muy compleja.
Sobre el mediodía de este domingo, el ministro de Ambiente, José María Musmeci, confirmó que “luego que el sábado se lograran extraer aproximadamente 6 metros cúbicos de líquidos del interior del ‘Cabo San Sebastián’, hoy domingo se buscó extraer todo lo restante e inmediatamente concluida esa tarea se transfirió el equipamiento hacia el pesquero ‘Cabo Buena Esperanza’, para el inicio del operativo en el interior del mismo”.
En el lugar, “estamos trabajando con un tractor Vactor, que cuenta con una gran capacidad de absorción a distancia, algo ventajoso teniendo en cuenta que no podemos emplazar el camión en un sitio más cercano”, añadió.
A su entender, “lo más importante” hasta aquí concretado “fue el retiro de los líquidos del interior del Cabo San Sebastián, para que no siga aportando” hidrocarburos al espejo de agua, “y ahora haber comenzado a extraer lo que le queda a los demás buques, el ‘Cabo Buena Esperanza’, ‘Cabo Dos Bahías’ y el ‘Promarsa II’”, agregó Musmeci.
Aseguró asimismo que “una vez que concluyamos con esta tarea se avanzará en conseguir la máxima estanqueidad de los diferentes espacios del ‘Cabo San Sebastián’, para poder adrizarlo cerrando todos los rumbos por donde le ingresa agua. Y cuando terminemos con los barcos de Alpesca, atenderemos la situación de los buques varados en este sector, donde se han acumulado sin ningún tipo de tratamiento ni cuidado, bajo un sistema un tanto anárquico que hace posible que sigan sucediendo este tipo de acontecimientos”.
“En lugar de aportar en la solución, hay quienes ensucian y entorpecen”
El funcionario se mostró indignado asimismo, porque “en vez de venir a aportar en la solución, les da solamente para ensuciar y entorpecer. Que quede claro que desde el Gobierno Provincial nunca se ocultó nada. Hubo un derrame e hidrocarburos en el agua y a la vista, el que estuvo contenido dentro de la manga hasta que se comenzó el sábado con la absorción y retiro de la sustancia”, respecto de lo cual “está claro y es lamentable que en la ciudad no haya elementos para resolver un derrame, en tierra”.
“En Comodoro Rivadavia, en 48 horas se atendió 1.800 metros cúbicos de petróleo y agua. Allí se hizo un trabajo espectacular y coordinado entre municipio, provincia y empresas. Acá en Madryn es remar en dulce de leche. Este domingo, ni siquiera encontramos recurso humano a primera hora para trasladar las mangueras al agua. Contamos solamente con dos buzos del Ministerio de Medio Ambiente, luego se sumaron otros de Prefectura, pero no contamos con más apoyo.
Expuso asimismo como “contradictorias” las decisiones adoptadas por el Poder Judicial, ya que “por un lado, durante la etapa anterior, no se permitió al Gobierno Provincial hacer absolutamente nada. Incluso, en el momento que ocurrió el derrame, para poder llegar al lugar fue una verdadera odisea. Todas son trabas, con una situación muy complicada, sin disponibilidad alguna de nada y todo lo que debería estar haciéndose en conjunto con otros entes y autoridades, se está haciendo bastante en soledad”, expresó Musmeci.
El Ministro recordó que “en un principio no se podía intervenir por impedimento de la Justicia, luego, la misma Justicia nos ordena el vaciamiento de los barcos, lo que me parece perfecto y vamos a evacuar todo tipo de contenido; pero hay que terminar con este tema trasladando los barcos a dique seco”.
En cuanto al contexto en el que se encuentran los barcos de Alpesca, Musmeci señaló que “en estos días estamos viendo tantas cosas, que tranquilamente se podría hablar de la existencia de intencionalidad en este tipo de sucesos. Veo tantas cosas en este puerto, que da para pensar, al menos para invitar a todos a recapacitar, sentarlos a todos en una mesa y plantear que las cosas no se están haciendo bien, no se está mirando para el lado que se debe observar”.
A su vez, enfatizó en que “no descarto que haya intencionalidad en estos temas, para nada”, marco en el cual planteó una “polémica por un informe publicado por este Ministerio, a partir de un informe aportado por el Centro Nacional Patagónico y otro que está dando vueltas, con los mismos datos y guarismos,” pero al que utilizan para políticamente para decir que hay una supuesta desmentida al comunicado del Ministerio. “Sólo hay que cotejar información entre ambos para darse cuenta que los resultados son exactamente los mismos. Hay mucho de intencionalidad política”, insistió.
Asimismo, “buscan hacer responsable al gobierno provincial de cosas que estaba imposibilitado de realizar”, lo que “evidentemente esto tiene una intencionalidad política y oportunismo”, para quienes “lo importante es sacar el mayor rédito político, no resolver este problema, y se terminan encolumnando en una crítica a un Gobierno que hace el mayor esfuerzo por solucionar y atender cada situación en torno a Alpesca, su planta, trabajadores y buques”.
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Fecha de Publicación: 24/08/2015
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
El ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la Provincia, José María Musmeci, encabezó otra jornada de intenso trabajo de extracción de hidrocarburos del interior de los buques de la empresa Alpesca que permanecen varados sobre el lado sur de la Terminal Marítima Multipropósito “Almirante Storni”, dejando vacío al escorado “Cabo San Sebastián” e iniciando el vaciado del pesquero “Cabo Buena Esperanza”.
Con la participación de un camión cisterna dotado con bombas de alta prestación, un equipo de trabajo conformado por personal técnico y buzos del Ministerio de Ambiente, con apoyo de buzos de la estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental (SIPA) de la Prefectura Naval Argentina, se dedicó gran parte del sábado a la extracción de líquidos del pesquero “Cabo San Sebastián”, siempre durante el tiempo que lo permitió la marea, el equipamiento y la jornada, climatológicamente muy compleja.
Sobre el mediodía de este domingo, el ministro de Ambiente, José María Musmeci, confirmó que “luego que el sábado se lograran extraer aproximadamente 6 metros cúbicos de líquidos del interior del ‘Cabo San Sebastián’, hoy domingo se buscó extraer todo lo restante e inmediatamente concluida esa tarea se transfirió el equipamiento hacia el pesquero ‘Cabo Buena Esperanza’, para el inicio del operativo en el interior del mismo”.
En el lugar, “estamos trabajando con un tractor Vactor, que cuenta con una gran capacidad de absorción a distancia, algo ventajoso teniendo en cuenta que no podemos emplazar el camión en un sitio más cercano”, añadió.
A su entender, “lo más importante” hasta aquí concretado “fue el retiro de los líquidos del interior del Cabo San Sebastián, para que no siga aportando” hidrocarburos al espejo de agua, “y ahora haber comenzado a extraer lo que le queda a los demás buques, el ‘Cabo Buena Esperanza’, ‘Cabo Dos Bahías’ y el ‘Promarsa II’”, agregó Musmeci.
Aseguró asimismo que “una vez que concluyamos con esta tarea se avanzará en conseguir la máxima estanqueidad de los diferentes espacios del ‘Cabo San Sebastián’, para poder adrizarlo cerrando todos los rumbos por donde le ingresa agua. Y cuando terminemos con los barcos de Alpesca, atenderemos la situación de los buques varados en este sector, donde se han acumulado sin ningún tipo de tratamiento ni cuidado, bajo un sistema un tanto anárquico que hace posible que sigan sucediendo este tipo de acontecimientos”.
“En lugar de aportar en la solución, hay quienes ensucian y entorpecen”
El funcionario se mostró indignado asimismo, porque “en vez de venir a aportar en la solución, les da solamente para ensuciar y entorpecer. Que quede claro que desde el Gobierno Provincial nunca se ocultó nada. Hubo un derrame e hidrocarburos en el agua y a la vista, el que estuvo contenido dentro de la manga hasta que se comenzó el sábado con la absorción y retiro de la sustancia”, respecto de lo cual “está claro y es lamentable que en la ciudad no haya elementos para resolver un derrame, en tierra”.
“En Comodoro Rivadavia, en 48 horas se atendió 1.800 metros cúbicos de petróleo y agua. Allí se hizo un trabajo espectacular y coordinado entre municipio, provincia y empresas. Acá en Madryn es remar en dulce de leche. Este domingo, ni siquiera encontramos recurso humano a primera hora para trasladar las mangueras al agua. Contamos solamente con dos buzos del Ministerio de Medio Ambiente, luego se sumaron otros de Prefectura, pero no contamos con más apoyo.
Expuso asimismo como “contradictorias” las decisiones adoptadas por el Poder Judicial, ya que “por un lado, durante la etapa anterior, no se permitió al Gobierno Provincial hacer absolutamente nada. Incluso, en el momento que ocurrió el derrame, para poder llegar al lugar fue una verdadera odisea. Todas son trabas, con una situación muy complicada, sin disponibilidad alguna de nada y todo lo que debería estar haciéndose en conjunto con otros entes y autoridades, se está haciendo bastante en soledad”, expresó Musmeci.
El Ministro recordó que “en un principio no se podía intervenir por impedimento de la Justicia, luego, la misma Justicia nos ordena el vaciamiento de los barcos, lo que me parece perfecto y vamos a evacuar todo tipo de contenido; pero hay que terminar con este tema trasladando los barcos a dique seco”.
En cuanto al contexto en el que se encuentran los barcos de Alpesca, Musmeci señaló que “en estos días estamos viendo tantas cosas, que tranquilamente se podría hablar de la existencia de intencionalidad en este tipo de sucesos. Veo tantas cosas en este puerto, que da para pensar, al menos para invitar a todos a recapacitar, sentarlos a todos en una mesa y plantear que las cosas no se están haciendo bien, no se está mirando para el lado que se debe observar”.
A su vez, enfatizó en que “no descarto que haya intencionalidad en estos temas, para nada”, marco en el cual planteó una “polémica por un informe publicado por este Ministerio, a partir de un informe aportado por el Centro Nacional Patagónico y otro que está dando vueltas, con los mismos datos y guarismos,” pero al que utilizan para políticamente para decir que hay una supuesta desmentida al comunicado del Ministerio. “Sólo hay que cotejar información entre ambos para darse cuenta que los resultados son exactamente los mismos. Hay mucho de intencionalidad política”, insistió.
Asimismo, “buscan hacer responsable al gobierno provincial de cosas que estaba imposibilitado de realizar”, lo que “evidentemente esto tiene una intencionalidad política y oportunismo”, para quienes “lo importante es sacar el mayor rédito político, no resolver este problema, y se terminan encolumnando en una crítica a un Gobierno que hace el mayor esfuerzo por solucionar y atender cada situación en torno a Alpesca, su planta, trabajadores y buques”.
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Piden mayor cuidado ambiental en contratos petroleros
Contratos petroleros: legisladores del FpV pidieron mayor cuidado del medio ambiente
Fecha de Publicación: 24/08/2015
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
Legisladores del bloque del Frente para la Victoria, pidieron tener mayor cuidado con la contaminación ambiental y señalaron la necesidad de que el gobierno invierta el dinero de las regalías en otras producciones provinciales. Estos requerimientos surgieron en el momento de debatirse la renegociación de contratos petroleros con las empresas Petrolifera Petroleum S.A y Petroleos Sudamericanos S.A/Necom S.A.
La legisladora Silvia Horne expresó que “nos preocupan las condiciones de vida de las personas que conviven (con esta producción) porque creemos que en el desarrollo hidrocarburífero hay tambièn consecuencias ambientales y sociales”.
“Necesitamos una política ambiental seria, que es responsabilidad de la provincia hacer tareas de prevención; tener protocolos de actuación que no los tenemos; no tenemos manuales de procedimientos ni tampoco un cuerpo de inspectores (ambientales) independientes de las empresas”, indicó Horne.
Instó a la Secretaría de Ambiente a que actúe en consecuencia: “vamos a aprobrar estos contratos, los necesitamos. Pero el papel que debe cumplir la agencia ambiental es mucho más sustantiva, es responsable del monitoreo, sanción y exigencia de corrercción, aprobación del plan de remediación y de su efectiva realización; es indispensable que el daño sea reparado, no sólo cotizarlo y que las empresas lo paguen. Esta situación es como una deuda que se refinancia al eternum cada vez vale mas, pero en términos de contaminación es solo virtual”.
Por su parte, el legislador Ariel Rivero solicitó, que “el dinero que ingresa a las arcas del Estado, con la modalidad de bono fijo, sea destinado a otras producciones que se encuentran alicaidas y que pertenecen, precisamente, a las zonas en donde hay explotación hidrocarburífera”.
“Inversión significa regalías, significa crecimiento para la provincia y para Argentina. Esa inversión que supuestamente están haciendo las empresas no se ve en el andamiaje que tiene que tener una región petrolera”, dijo Rivero.
“Lo único positivo de la renegociación de diciembre pasado fue el tema del bono que le permitió al gobierno licitar obras importantes en toda la provincia, pero creemos que faltan otras obras importantes en toda la región y la provincia”.
Rivero destacó: “quiero que se haga un reconocimiento con lo que sosteníamos con la empresa Petrobrás, una empresa corrupta, lo dijimos en junio y diciembre del año pasado y lo volvemos a sostener. El tiempo nos da la razón: Petrobrás es una empresa corrupta. Ojala en un tiempo no tengamos que observar en algún matutino que Petrobrás es también corrupta en Río Negro”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 24/08/2015
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
Legisladores del bloque del Frente para la Victoria, pidieron tener mayor cuidado con la contaminación ambiental y señalaron la necesidad de que el gobierno invierta el dinero de las regalías en otras producciones provinciales. Estos requerimientos surgieron en el momento de debatirse la renegociación de contratos petroleros con las empresas Petrolifera Petroleum S.A y Petroleos Sudamericanos S.A/Necom S.A.
La legisladora Silvia Horne expresó que “nos preocupan las condiciones de vida de las personas que conviven (con esta producción) porque creemos que en el desarrollo hidrocarburífero hay tambièn consecuencias ambientales y sociales”.
“Necesitamos una política ambiental seria, que es responsabilidad de la provincia hacer tareas de prevención; tener protocolos de actuación que no los tenemos; no tenemos manuales de procedimientos ni tampoco un cuerpo de inspectores (ambientales) independientes de las empresas”, indicó Horne.
Instó a la Secretaría de Ambiente a que actúe en consecuencia: “vamos a aprobrar estos contratos, los necesitamos. Pero el papel que debe cumplir la agencia ambiental es mucho más sustantiva, es responsable del monitoreo, sanción y exigencia de corrercción, aprobación del plan de remediación y de su efectiva realización; es indispensable que el daño sea reparado, no sólo cotizarlo y que las empresas lo paguen. Esta situación es como una deuda que se refinancia al eternum cada vez vale mas, pero en términos de contaminación es solo virtual”.
Por su parte, el legislador Ariel Rivero solicitó, que “el dinero que ingresa a las arcas del Estado, con la modalidad de bono fijo, sea destinado a otras producciones que se encuentran alicaidas y que pertenecen, precisamente, a las zonas en donde hay explotación hidrocarburífera”.
“Inversión significa regalías, significa crecimiento para la provincia y para Argentina. Esa inversión que supuestamente están haciendo las empresas no se ve en el andamiaje que tiene que tener una región petrolera”, dijo Rivero.
“Lo único positivo de la renegociación de diciembre pasado fue el tema del bono que le permitió al gobierno licitar obras importantes en toda la provincia, pero creemos que faltan otras obras importantes en toda la región y la provincia”.
Rivero destacó: “quiero que se haga un reconocimiento con lo que sosteníamos con la empresa Petrobrás, una empresa corrupta, lo dijimos en junio y diciembre del año pasado y lo volvemos a sostener. El tiempo nos da la razón: Petrobrás es una empresa corrupta. Ojala en un tiempo no tengamos que observar en algún matutino que Petrobrás es también corrupta en Río Negro”, concluyó.
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Atuel: el corte "es una violación a la dignidad"
“El auge de las cuestiones del medio ambiente favorece a La Pampa”
Fecha de Publicación: 24/08/2015
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El constitucionalista Gregorio Badeni hizo referencia al fallo del año ‘87 y afirmó que Mendoza lo incumplió, o más precisamente lo “desconoció”, ya que aunque reconoce la interprovincialidad del río “se negó a hacer obras” que hubieran permitido la llegada del curso de agua a La Pampa.
“El auge de las cuestiones del medio ambiente favorece a La Pampa”, aseveró el constitucionalista Gregorio Badeni. El profesional representa a nuestra provincia en la demanda planteada contra Mendoza por el corte del río Atuel. Badeni dijo que no tiene aun conocimiento de la respuesta de la provincia cuyana a la demanda, teóricamente ya ingresada en la Corte Suprema de Justicia.
El constitucionalista hizo referencia al fallo del año ‘87 y afirmó que Mendoza lo incumplió, o más precisamente lo “desconoció”, ya que aunque reconoce la interprovincialidad del río “se negó a hacer obras” que hubieran permitido la llegada del curso de agua a La Pampa.
Insistió en que el corte del Atuel “es una violación a la dignidad de los pampeanos”.
‘Hay que restablecer urgente el caudal natural del Atuel, que fue históricamente una cuenca rica con población y se fue perdiendo con los años por el corte‘, dijo Badeni entrevistado en el canal cooperativo CPEtv.
Reiteró que “el Atuel es un río interjurisdiccional y La Pampa debe disfrutar de los beneficios del caudal, y como no llegó agua en estos años hay que indemnizarla por la imposibilidad de generar un área productiva donde hoy hay miseria. Es una violación grave a la dignidad de los pampeanos”.
Opinó y recordó que ‘el auge de las cuestiones del medio ambiente favorece la posición de La Pampa, pero Mendoza desconoció el fallo de la Corte de 1987 negándose a sancionar la ley para hacer obras en conjunto con un compromiso serio‘.
‘La Pampa se comprometió pero Mendoza incumplió la orden de la Corte para que el río no siga en este lamentable estado con el daño para los pobladores del oeste pampeano y toda la provincia, entonces no quedó alternativa que iniciar la demanda‘, destacó el profesional.
Apuntó que ‘la Corte se equivocó en lo de las 70.000 hectáreas porque mientras tanto se hicieron otras obras aguas arriba en Mendoza; en definitiva el punto es que arriba hay un cauce natural que se alteró por obras realizadas durante décadas por Mendoza”.
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Fecha de Publicación: 24/08/2015
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El constitucionalista Gregorio Badeni hizo referencia al fallo del año ‘87 y afirmó que Mendoza lo incumplió, o más precisamente lo “desconoció”, ya que aunque reconoce la interprovincialidad del río “se negó a hacer obras” que hubieran permitido la llegada del curso de agua a La Pampa.
“El auge de las cuestiones del medio ambiente favorece a La Pampa”, aseveró el constitucionalista Gregorio Badeni. El profesional representa a nuestra provincia en la demanda planteada contra Mendoza por el corte del río Atuel. Badeni dijo que no tiene aun conocimiento de la respuesta de la provincia cuyana a la demanda, teóricamente ya ingresada en la Corte Suprema de Justicia.
El constitucionalista hizo referencia al fallo del año ‘87 y afirmó que Mendoza lo incumplió, o más precisamente lo “desconoció”, ya que aunque reconoce la interprovincialidad del río “se negó a hacer obras” que hubieran permitido la llegada del curso de agua a La Pampa.
Insistió en que el corte del Atuel “es una violación a la dignidad de los pampeanos”.
‘Hay que restablecer urgente el caudal natural del Atuel, que fue históricamente una cuenca rica con población y se fue perdiendo con los años por el corte‘, dijo Badeni entrevistado en el canal cooperativo CPEtv.
Reiteró que “el Atuel es un río interjurisdiccional y La Pampa debe disfrutar de los beneficios del caudal, y como no llegó agua en estos años hay que indemnizarla por la imposibilidad de generar un área productiva donde hoy hay miseria. Es una violación grave a la dignidad de los pampeanos”.
Opinó y recordó que ‘el auge de las cuestiones del medio ambiente favorece la posición de La Pampa, pero Mendoza desconoció el fallo de la Corte de 1987 negándose a sancionar la ley para hacer obras en conjunto con un compromiso serio‘.
‘La Pampa se comprometió pero Mendoza incumplió la orden de la Corte para que el río no siga en este lamentable estado con el daño para los pobladores del oeste pampeano y toda la provincia, entonces no quedó alternativa que iniciar la demanda‘, destacó el profesional.
Apuntó que ‘la Corte se equivocó en lo de las 70.000 hectáreas porque mientras tanto se hicieron otras obras aguas arriba en Mendoza; en definitiva el punto es que arriba hay un cauce natural que se alteró por obras realizadas durante décadas por Mendoza”.
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Avanza investigación de la contaminación del Huapi
Impulsan nuevas acciones por la contaminación del lago Nahuel Huapi
Fecha de Publicación: 23/08/2015
Fuente: Bariloche 2000
Provincia/Región: Río Negro
Luego de la audiencia judicial realizada este jueves por el funcionamiento deficiente de la planta Depuradora de Líquidos Cloacales de Bariloche, la defensora del Pueblo de Río Negro, Nadina Díaz resolvió realizar nuevos pedidos para incorporar al expediente.
En el marco del amparo presentado ante el Juzgado Federal, la defensora solicitará que se sume como prueba el informe “Red de Monitoreo de la Calidad del Agua del lago Nahuel Huapi 2010-2014” que realizó el Departamento Provincial de Aguas (DPA).
Por otra parte, requerirá al juez subrogante, Walter López Da Silva, que pida al gobierno de Río Negro que informe qué plan de obras tiene previsto para resolver los problemas del Sistema de Saneamiento de Bariloche.
“La audiencia de hoy tuvo el objetivo de actualizar la información del expediente y chequear si hubo avances en este tiempo. Durante la charla que se mantuvo, hubo acuerdo en que el lago está siendo impactado, siendo necesario poner fin a esta situación. Como bien saben los vecinos de Bariloche, para lograr esto es fundamental invertir en la ampliación de la capacidad de la planta actual con un segundo módulo. Esperamos que esta medida acerque a las partes para la resolución final de un histórico problema de la ciudad”, expresó Nadina Díaz.
La acción colectiva (amparo ambiental Lago Nahuel Huapi - Planta Depuradora) busca revertir la grave situación de vertido de líquidos cloacales sin tratamiento al principal lago de la región cordillerana.
Si bien la medida fue presentada en 2009, recién a fines de 2012 se resolvió la jurisdicción federal y se designó al juez Leónidas Moldes (subrogado desde 2014).
En agosto de 2013 el juez Moldes aceptó el amparo contra el Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro, el Consejo de Medio Ambiente de la Provincia (hoy Secretaría de Medio Ambiente), la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB). Además, se citó a la Administración de Parques Nacionales (APN).
La prueba que analiza el juzgado incluye un informe completo del Grupo de Estudios de Aguas del Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB-Unco) realizado en seis puntos del lago que habla de “resultados alarmantes” en algunos sectores.
Por otra parte, la CEB reconoció que la situación es límite y plantea que no tiene responsabilidad legal en el tema. Presentó argumentos y citó leyes y resoluciones. Pidió inversiones.
La Municipalidad de Bariloche planteó la “falta de legitimación de la Defensoría del Pueblo” para realizar el planteo y negó la existencia de contaminación en el lago y las pruebas presentadas.
La Fiscalía de Estado de Río Negro presentó documentación y afirmó que no pudo avanzar por la falta de respuestas del Departamentos Provincial de Aguas (DPA).
La Administración de Parques Nacionales manifestó que la institución mantiene y mantuvo durante el transcurso del tiempo, un especial interés en la solución de la cuestión planteada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Río Negro en virtud de las competencias y atribuciones que la Ley 22.351 le confiere, que determina que es responsabilidad del organismo velar por el mantenimiento de la integridad de los ecosistemas en todo en cuanto se relacione con sus particulares características fisiográficas y asociaciones bióticas animales y vegetales.
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Fecha de Publicación: 23/08/2015
Fuente: Bariloche 2000
Provincia/Región: Río Negro
Luego de la audiencia judicial realizada este jueves por el funcionamiento deficiente de la planta Depuradora de Líquidos Cloacales de Bariloche, la defensora del Pueblo de Río Negro, Nadina Díaz resolvió realizar nuevos pedidos para incorporar al expediente.
En el marco del amparo presentado ante el Juzgado Federal, la defensora solicitará que se sume como prueba el informe “Red de Monitoreo de la Calidad del Agua del lago Nahuel Huapi 2010-2014” que realizó el Departamento Provincial de Aguas (DPA).
Por otra parte, requerirá al juez subrogante, Walter López Da Silva, que pida al gobierno de Río Negro que informe qué plan de obras tiene previsto para resolver los problemas del Sistema de Saneamiento de Bariloche.
“La audiencia de hoy tuvo el objetivo de actualizar la información del expediente y chequear si hubo avances en este tiempo. Durante la charla que se mantuvo, hubo acuerdo en que el lago está siendo impactado, siendo necesario poner fin a esta situación. Como bien saben los vecinos de Bariloche, para lograr esto es fundamental invertir en la ampliación de la capacidad de la planta actual con un segundo módulo. Esperamos que esta medida acerque a las partes para la resolución final de un histórico problema de la ciudad”, expresó Nadina Díaz.
La acción colectiva (amparo ambiental Lago Nahuel Huapi - Planta Depuradora) busca revertir la grave situación de vertido de líquidos cloacales sin tratamiento al principal lago de la región cordillerana.
Si bien la medida fue presentada en 2009, recién a fines de 2012 se resolvió la jurisdicción federal y se designó al juez Leónidas Moldes (subrogado desde 2014).
En agosto de 2013 el juez Moldes aceptó el amparo contra el Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro, el Consejo de Medio Ambiente de la Provincia (hoy Secretaría de Medio Ambiente), la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB). Además, se citó a la Administración de Parques Nacionales (APN).
La prueba que analiza el juzgado incluye un informe completo del Grupo de Estudios de Aguas del Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB-Unco) realizado en seis puntos del lago que habla de “resultados alarmantes” en algunos sectores.
Por otra parte, la CEB reconoció que la situación es límite y plantea que no tiene responsabilidad legal en el tema. Presentó argumentos y citó leyes y resoluciones. Pidió inversiones.
La Municipalidad de Bariloche planteó la “falta de legitimación de la Defensoría del Pueblo” para realizar el planteo y negó la existencia de contaminación en el lago y las pruebas presentadas.
La Fiscalía de Estado de Río Negro presentó documentación y afirmó que no pudo avanzar por la falta de respuestas del Departamentos Provincial de Aguas (DPA).
La Administración de Parques Nacionales manifestó que la institución mantiene y mantuvo durante el transcurso del tiempo, un especial interés en la solución de la cuestión planteada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Río Negro en virtud de las competencias y atribuciones que la Ley 22.351 le confiere, que determina que es responsabilidad del organismo velar por el mantenimiento de la integridad de los ecosistemas en todo en cuanto se relacione con sus particulares características fisiográficas y asociaciones bióticas animales y vegetales.
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Reunión del Sistema Nacional de Manejo del Fuego
Brigadistas de todo el país participaron de reunión anual del Sistema Nacional de Manejo del Fuego
Fecha de Publicación: 23/08/2015
Fuente: Infoambiente
Provincia/Región: Nacional
Brigadistas de todo el país participaron hoy de la reunión anual del Sistema Federal de Manejo del Fuego (SFMF), que fue encabezada por el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Lorusso, quien destacó la "fuerte inversión del gobierno nacional con la adquisición de 113 autobombas forestales y equipamiento".
Lorusso destacó el "profundo sentido de vocación" de los brigadistas y reconoció a Matías Albarracín, Víctor Ferreyra, Matías Vilte y Mauricio Valdez, quienes perdieron la vida mientras combatían un incendio en Salta en octubre de 2014.
"Ustedes tienen la vocación de ayudar y arriesgan la vida todos los días, son nuestros héroes anónimos”, enfatizó.
Lorusso destacó además la "fuerte inversión que realizó el gobierno nacional para mejorar la lucha contra el fuego".
"Fueron adquiridas 113 autobombas forestales y equipamiento, que contribuyen en la labor de combatir incendios", apuntó.
Por su parte, el coordinador nacional del SFMF, Fernando Epele, agradeció a los brigadistas por su constante esfuerzo y celebró la puesta en marcha del proceso de conformación del Sistema Federal que comenzó en 2003, gracias al cual “hoy contamos con una ley de manejo del fuego, que ponemos en debate para dar el consenso y que se vean reflejadas sus interacciones de forma democrática”.
De la reunión participaron también el presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Hugo Bilbao; los subsecretarios de Coordinación de Políticas Ambientales, Mercedes La Gioiosa; Planificación y Política Ambiental, Silvia Révora; Promoción del Desarrollo Sustentable, Juan Pablo Vismara; Control y Ficalización Ambiental y prevención de la Contaminación, Beatriz Domingorena, y el jefe de Gabinete de Asesores, Andrés Meiszner.
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Fecha de Publicación: 23/08/2015
Fuente: Infoambiente
Provincia/Región: Nacional
Brigadistas de todo el país participaron hoy de la reunión anual del Sistema Federal de Manejo del Fuego (SFMF), que fue encabezada por el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Lorusso, quien destacó la "fuerte inversión del gobierno nacional con la adquisición de 113 autobombas forestales y equipamiento".
Lorusso destacó el "profundo sentido de vocación" de los brigadistas y reconoció a Matías Albarracín, Víctor Ferreyra, Matías Vilte y Mauricio Valdez, quienes perdieron la vida mientras combatían un incendio en Salta en octubre de 2014.
"Ustedes tienen la vocación de ayudar y arriesgan la vida todos los días, son nuestros héroes anónimos”, enfatizó.
Lorusso destacó además la "fuerte inversión que realizó el gobierno nacional para mejorar la lucha contra el fuego".
"Fueron adquiridas 113 autobombas forestales y equipamiento, que contribuyen en la labor de combatir incendios", apuntó.
Por su parte, el coordinador nacional del SFMF, Fernando Epele, agradeció a los brigadistas por su constante esfuerzo y celebró la puesta en marcha del proceso de conformación del Sistema Federal que comenzó en 2003, gracias al cual “hoy contamos con una ley de manejo del fuego, que ponemos en debate para dar el consenso y que se vean reflejadas sus interacciones de forma democrática”.
De la reunión participaron también el presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Hugo Bilbao; los subsecretarios de Coordinación de Políticas Ambientales, Mercedes La Gioiosa; Planificación y Política Ambiental, Silvia Révora; Promoción del Desarrollo Sustentable, Juan Pablo Vismara; Control y Ficalización Ambiental y prevención de la Contaminación, Beatriz Domingorena, y el jefe de Gabinete de Asesores, Andrés Meiszner.
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Empresa volcó cromo en la zona del río Luján
El OPDS identificó la empresa que volcó cromo
Fecha de Publicación: 23/08/2015
Fuente: OPDS
Provincia/Región: Buenos Aires
Los inspectores del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) que estuvieron trabajando ininterrumpidamente en la zona del río Luján donde se detectó el derrame de cromo que mantuvo en alarma a la sociedad desde el viernes pasado, encontraron la empresa responsable de dicho vuelco, la cual fue clausurada por el mismo organismo.
“Por Indicación del Gobernador Daniel Scioli, realizamos una búsqueda exhaustiva en la zona del derrame, fruto de ese esfuerzo hemos podido identificar la empresa que lo realizó, y asimismo, hemos presentado a la justica la evidencia recabada”, mencionó el titular del OPDS, Ing. Hugo Bilbao.
Ni bien la empresa Estatal AySA confirmó la presencia de cromo, el OPDS desplegó gran cantidad de inspectores en la zona donde fue detectado dicho metal, e instaló una laboratorio móvil para analizar en tiempo real las muestras que iban siendo tomadas, y de esta forma seguir la pista del vuelco ilegalmente producido, que ocupó los titulares de todos los medios y generó preocupación en la ciudadanía.
Las tecnologías utilizadas por AySA, realizando un monitoreo constante de la evolución de la mancha de cromo, llevó tranquilidad a la gente, al explicar que dicho metal, se encontraba lejos de las tomas de agua que la empresa tiene en Bernal y frente al Aeroparque Jorge Newbery, por lo cual estuvo garantizada la calidad del agua potable.
“El trabajo fue arduo pero dimos con quienes atentaron contra la salud pública. La capacitación permanente de nuestros agentes y el aprovisionamiento de equipamiento de alta tecnología han permitido dar con los autores de tamaño atentado a la convivencia pública. Como ya hicimos la denuncia penal correspondiente, ahora aportamos las pruebas; esperemos que la justicia adopte las más duras penas contra quienes realizaron este acto delictivo”, continuó el Ing. Hugo Bilbao.
Luego de la clausura efectuada por el OPDS, y como ampliación de la denuncia penal realizada el viernes, las evidencias recolectadas fueron puestas a disposición de la justicia para que se continúen las acciones legales pertinentes que le caben a la empresa “Total Recubrimientos”, responsable de dicho accionar, y que utiliza cromo en su proceso productivo de galvanoplastia, el cual fue derramado en una descarga pluvial al canal arribeños que desemboca en el río Luján.
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Fecha de Publicación: 23/08/2015
Fuente: OPDS
Provincia/Región: Buenos Aires
Los inspectores del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) que estuvieron trabajando ininterrumpidamente en la zona del río Luján donde se detectó el derrame de cromo que mantuvo en alarma a la sociedad desde el viernes pasado, encontraron la empresa responsable de dicho vuelco, la cual fue clausurada por el mismo organismo.
“Por Indicación del Gobernador Daniel Scioli, realizamos una búsqueda exhaustiva en la zona del derrame, fruto de ese esfuerzo hemos podido identificar la empresa que lo realizó, y asimismo, hemos presentado a la justica la evidencia recabada”, mencionó el titular del OPDS, Ing. Hugo Bilbao.
Ni bien la empresa Estatal AySA confirmó la presencia de cromo, el OPDS desplegó gran cantidad de inspectores en la zona donde fue detectado dicho metal, e instaló una laboratorio móvil para analizar en tiempo real las muestras que iban siendo tomadas, y de esta forma seguir la pista del vuelco ilegalmente producido, que ocupó los titulares de todos los medios y generó preocupación en la ciudadanía.
Las tecnologías utilizadas por AySA, realizando un monitoreo constante de la evolución de la mancha de cromo, llevó tranquilidad a la gente, al explicar que dicho metal, se encontraba lejos de las tomas de agua que la empresa tiene en Bernal y frente al Aeroparque Jorge Newbery, por lo cual estuvo garantizada la calidad del agua potable.
“El trabajo fue arduo pero dimos con quienes atentaron contra la salud pública. La capacitación permanente de nuestros agentes y el aprovisionamiento de equipamiento de alta tecnología han permitido dar con los autores de tamaño atentado a la convivencia pública. Como ya hicimos la denuncia penal correspondiente, ahora aportamos las pruebas; esperemos que la justicia adopte las más duras penas contra quienes realizaron este acto delictivo”, continuó el Ing. Hugo Bilbao.
Luego de la clausura efectuada por el OPDS, y como ampliación de la denuncia penal realizada el viernes, las evidencias recolectadas fueron puestas a disposición de la justicia para que se continúen las acciones legales pertinentes que le caben a la empresa “Total Recubrimientos”, responsable de dicho accionar, y que utiliza cromo en su proceso productivo de galvanoplastia, el cual fue derramado en una descarga pluvial al canal arribeños que desemboca en el río Luján.
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Aprueban ley que incentiva la investigación marítima
La ley del mar
Fecha de Publicación: 22/08/2015
Fuente: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA
Provincia/Región: Nacional
Por unanimidad, el Senado aprobó la ley que crea el Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Ciencia, tiene por objetivo fortalecer la presencia nacional en el Atlántico Sur a partir de la generación de conocimientos y del manejo de sus recursos naturales. En una entrevista exclusiva, Lino Barañao, explica los alcances de esta novedosa legislación.
Una rápida mirada al nuevo mapa oficial de la República Argentina permite tomar conciencia de un hecho, que siempre fue así, pero que no por eso resultaba evidente: la enorme importancia que tienen los espacios no continentales y el Mar Argentino en relación con el territorio nacional.
Casi 5 mil kilómetros de costas marinas y una de las plataformas continentales más extensas del mundo que fueron casi ninguneadas a lo largo del desarrollo histórico nacional, seguramente eclipsadas por el esplendor de la pampa húmeda y los intereses de sus dueños.
Esa persistente deuda histórica comenzó a ser saldada en los últimos años con el lanzamiento de Pampa Azul una iniciativa estratégica de investigación científica en el Mar Argentino, coordinada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), de la que participan otros ministerios y numerosos organismos nacionales. El programa agrupa un conjunto de actividades de exploración y conservación; de innovación tecnológica para los sectores productivos vinculados al mar y de divulgación científica.
Este verdadero cambio de paradigma se vino a confirmar con la reciente sanción de la flamante ley que crea el Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos (PROMAR). La norma, que fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso, tiene por objetivo fortalecer la presencia del país en el Mar Argentino a través de una serie de acciones entre las cuales se enumeran: profundizar el conocimiento científico como fundamento de las políticas de conservación y manejo de los recursos naturales; promover innovaciones tecnológicas aplicables a la explotación sustentable de los recursos naturales y al desarrollo de las industrias vinculadas al mar y fortalecer la conciencia marítima de la sociedad argentina y respaldar con información científica la presencia de nuestro país en el Atlántico Sur, entre muchas otras.
Pero además, para asegurarse de que todo esto no se quede en una simple enumeración de buenas intenciones, la iniciativa dispone la creación de un fondo que no podrá ser menor a los 250 millones de pesos anuales destinado a la provisión de recursos humanos, infraestructura y tecnología necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. “Creo que es un proyecto que va a ser emblemático ya que por primera vez se va a encarar, en forma seria y con financiamiento, la investigación del Mar Argentino”, anuncia el ministro Lino Barañao.
- ¿Está conforme con el texto de la ley que acaba de aprobar el Congreso?
– Muy conforme. Sobre todo por el amplio respaldo que tuvo. Se trata de una tarea de largo plazo, obviamente, pero que va a tener repercusiones en muchas áreas: producción de alimentos, pesca y acuicultura, producción de energía, recursos minerales. Además, obviamente, tiene una connotación de soberanía. Hay una cantidad enorme de recursos de los que debemos ser custodios y, obviamente, también aprovecharlos en forma sustentable. Más allá de la investigación científica es necesario tener en cuenta que, hoy por hoy, los recursos del mar pueden aportar una proporción considerable del PBI. De hecho, nosotros creemos que en un plazo de entre 5 y 10 años los recursos marinos podrían aportar hasta un 15 por ciento del PBI. No sólo proveniente de la pesca, sino también, de algo que queremos promocionar que es la acuicultura, que es, actualmente, una tendencia mundial. Si uno lo piensa un poco, comer merluza es como comer faisán, en el sentido de que ambas son especies salvajes. No tenemos un equivalente marino a la ganadería o a la avicultura. De hecho, suelo decir que según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación) tenemos dos records Guinness: somos el país con mayor potencialidad para el desarrollo de la acuicultura y el que menos ha hecho. No es casual que recientemente el Ministerio de Agricultura haya enviado un proyecto de ley de fomento a la acuicultura. Esto muestra hasta qué punto hemos logrado una sintonía entre todos los decisores de la política.
- ¿De qué manera se establece el financiamiento para esta iniciativa?
– En la ley se establece que son fondos que provienen del Tesoro Nacional, no hay un impuesto específico. Tampoco se toman fondos de la pesca para evitar conflictos de intereses. Decidimos que sea un aporte adicional y así, de paso, sentar las bases sobre cómo debería ir creciendo el presupuesto de ciencia y técnica en el futuro. Existe un consenso de que tenemos que llegar al 1% del PBI, para eso podría establecerse por ley un incremento escalonado que apunte a alcanzar ese objetivo en una determinada cantidad de años como se hizo con Educación. Mi visión es otra, creo que el presupuesto debería ser establecido de manera similar a lo que ocurre en Estados Unidos, donde se asigna sobre la base de metas y de proyectos particulares. Entonces, para el área de salud va el director de los Institutos Nacionales de Salud y dice: “tenemos que poner tanta plata para cáncer porque hay que hacer tales inversiones; otra prioridad son las enfermedades contagiosas, y así sucesivamente”, y luego, los legisladores convalidan ese presupuesto y quedan en condiciones de exigir el cumplimiento de determinado tipo de metas. Me parece que eso es más lógico que simplemente asignar más plata a ciencia y tecnología sin tener una evaluación posible. Acá estamos agregando, por lo menos, 250 millones de pesos anuales para un objetivo particular. Desde el principio sabíamos que había que hacer inversiones considerables. Una de ellas fue la adquisición de un buque, que vamos a inaugurar en breve, que se compró a Alemania, que requiere de mantenimiento y compra de equipos. Además, estas expediciones son relativamente costosas. Por eso resultaba necesario contar con un financiamiento específico. Si el día de mañana la decisión es desarrollar la tecnología satelital, bueno, habrá un fondo particular para eso con metas claras y evaluables. Así iremos subiendo hasta alcanzar el 1%.
- En la ley queda por designar quién será la autoridad de aplicación de la iniciativa. ¿Qué opinión tiene al respecto?
– Creemos que nuestro Ministerio está en condiciones de ser la autoridad de aplicación. Fue el originario de la idea y, además, tiene la capacidad de financiar a todos. Quiero decir, no estamos diciendo que por ser autoridad de aplicación vamos a ser los únicos beneficiarios sino todo lo contrario, decimos que nosotros somos la garantía de que los recursos llegarán a todos los que hayan hecho un aporte significativo en ese sentido. Por otra parte, más que por destinario la asignación va a estar definida por instrumentos. Por ejemplo: cuánto necesitamos destinar a recursos humanos, bueno, eso va a tener una asignación específica y se crearán becas para que la gente se forme y se financiarán planes de estudio en universidades; cuánto necesitamos para mantener una flota de investigación, los costos de las campañas, actividades científicas como congresos, estadías en el exterior. Entonces, uno define los instrumentos y hace convocatorias abiertas donde se presenta la gente de los distintos organismos. Me parece la forma más transparente y la que genera menos conflicto. Y nosotros tenemos la capacidad administrativa para hacer eso. Por otra parte, todas las acciones van a ser validadas por todos los ministerios. Eso garantiza que haya equidad. Creo que en este tiempo, el funcionamiento de Pampa Azul ha demostrado que se puede gerenciar algo en forma colectiva y, al mismo tiempo, eficiente.
- ¿Cuál es la relación que existe entre ciencia y soberanía en proyectos como Pampa Azul y PROMAR?
– Está claro que hoy por hoy la representación científica es la que define la legitimidad de ciertos reclamos. De hecho, es un concepto que ya está instalado en el Tratado Antártico donde la presencia de los países es evaluada en base a la información científica que producen. Por eso Argentina tiene la trayectoria que tiene, porque no hay solamente militares en las bases sino también científicos y hay papers que aportan al conocimiento universal sobre la Antártida. Si no tuviéramos esa presencia científica la posición argentina sería bastante más endeble. Lo mismo ocurre con el Mar Argentino. Durante mucho tiempo no hemos tenido ninguna presencia sustantiva más que la acción voluntarista de algunos investigadores con el apoyo de organismos internacionales. Pero Argentina no es visto como un país que preste atención al mar. En ese contexto, cualquier reclamo que hagamos sobre territorios en el Atlántico Sur tiene un peso relativo. Entonces, es muy importante salir con un proyecto, con un fuerte apoyo internacional, para hacer una investigación objetiva, rigurosa, que contribuya al conocimiento universal pero también que promueva el uso sustentable de los recursos que nos pertenecen. No basta con tener una flota de Prefectura, hay que tener también presencia en congresos científicos internacionales exponiendo los resultados de nuestras investigaciones y también brindar información hacia adentro: qué está pasando con el manejo de las costas, cuál es el impacto del turismo, y una cantidad de información que hay que tener en forma coherente y organizada. Eso es lo que va a mostrar que Argentina ejerce realmente su soberanía en esta porción de su territorio. Además, es muy difícil defender algo cuando uno no tiene información propia.
- Parece haber surgido una nueva mirada que implica darle al Mar Argentino y sus recursos la importancia que verdaderamente tiene pero que durante muchos años no se le dio.
– Sí, realmente nunca se pensó a la Argentina como un país marítimo. Uno piensa: Inglaterra porque es una isla, Portugal porque está frente al Atlántico, pero si uno mira el potencial que tiene Argentina, la cantidad de kilómetros de costa y demás, es inadmisible que se haya ignorado durante tanto tiempo la importancia de este recurso. Durante mucho tiempo hemos dedicado más recursos a investigaciones en astronomía que en el Mar Argentino. Hemos participado en procesos internacionales financiando observatorios, poniendo antenas de radioastronomía, estudiando las fuentes últimas de energía del universo. Lo cual está muy bien. Pero en términos de efectos concretos sobre nuestra sociedad, está claro que hay otras prioridades que deberían haber tenido una inversión igual o superior a algunas disciplinas puramente básicas.
- ¿Tiene confianza en que en un plazo de 10 años el país habrá dado un salto cualitativo en cuanto a su presencia y generación de conocimientos sobre el Mar Argentino?
– Yo creo que sí, porque el nivel de consenso que hemos logrado permite suponer que se trata de una iniciativa irreversible.
Un antes y un después
“Si todo funciona bien se abre un panorama muy positivo para todos los investigadores que nos dedicamos a las ciencias del mar en la Argentina”, afirma con satisfacción Martín Saraceno, investigador del CIMA y profesor del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de Exactas UBA.
Saraceno también integra el Consejo Asesor Científico Tecnológico del Proyecto Pampa Azul, organismo que fue consultado y que dio una opinión positiva sobre el texto del proyecto de ley de creación del PROMAR antes de ser enviado al Congreso para su aprobación.
“La ley pone varios temas en primer plano –explica Saraceno-. Uno es el hecho de que conocimiento también es soberanía. Hay que tener en cuenta que los ingleses instalaron en las Malvinas un instituto de investigación con varios científicos de primer nivel y con muchos recursos para trabajar.
Afortunadamente, Argentina entendió que sólo se puede defender eficazmente aquello que se conoce mucho”.
Por otro lado, el oceanógrafo considera que la ley constituye la herramienta más eficaz para asegurar los recursos necesarios para el desarrollo de un proyecto tan ambicioso como Pampa Azul. De esta manera, los investigadores podrán planear con más tranquilidad sus trabajos en el mediano y largo plazo. “Una campaña oceanográfica importante se planifica hasta tres años antes.
Incluyendo el proyecto se extiende hasta 5 o 6 años de anticipación. Es fundamental saber que, llegado el momento, vas a contar con un buque en condiciones de operar y con el combustible necesario para completar la campaña, que el personal estará capacitado para efectuar las tareas requeridas y que están los instrumentos necesarios para medir lo que haya que medir. Pensá que el monto promedio por día para desplazar un buque es de entre 10 y 20 mil dólares. Son gastos muy importantes”.
Saraceno también destaca la promoción de la cooperación internacional que se estableció en la norma: “En oceanografía todos los proyectos importantes requieren de la colaboración de varios países”. Y subraya la importancia que tiene que la ley fije la formación de recursos humanos como uno de sus objetivos. “Eso fue algo que, desde el Consejo Asesor, destacamos desde el principio y que atañe directamente a nuestra facultad que es donde se forman los oceanógrafos, biólogos marinos, geólogos. Si no se impulsara un aumento en el número de investigadores dedicados a las ciencias del mar, el proyecto nacería con las patas cortas porque su despliegue en el tiempo va a generar una demanda laboral que necesitará ser satisfecha”.
“Este proyecto claramente va a marcar un antes y un después”, completa, optimista.
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Fecha de Publicación: 22/08/2015
Fuente: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA
Provincia/Región: Nacional
Por unanimidad, el Senado aprobó la ley que crea el Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Ciencia, tiene por objetivo fortalecer la presencia nacional en el Atlántico Sur a partir de la generación de conocimientos y del manejo de sus recursos naturales. En una entrevista exclusiva, Lino Barañao, explica los alcances de esta novedosa legislación.
Una rápida mirada al nuevo mapa oficial de la República Argentina permite tomar conciencia de un hecho, que siempre fue así, pero que no por eso resultaba evidente: la enorme importancia que tienen los espacios no continentales y el Mar Argentino en relación con el territorio nacional.
Casi 5 mil kilómetros de costas marinas y una de las plataformas continentales más extensas del mundo que fueron casi ninguneadas a lo largo del desarrollo histórico nacional, seguramente eclipsadas por el esplendor de la pampa húmeda y los intereses de sus dueños.
Esa persistente deuda histórica comenzó a ser saldada en los últimos años con el lanzamiento de Pampa Azul una iniciativa estratégica de investigación científica en el Mar Argentino, coordinada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), de la que participan otros ministerios y numerosos organismos nacionales. El programa agrupa un conjunto de actividades de exploración y conservación; de innovación tecnológica para los sectores productivos vinculados al mar y de divulgación científica.
Este verdadero cambio de paradigma se vino a confirmar con la reciente sanción de la flamante ley que crea el Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos (PROMAR). La norma, que fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso, tiene por objetivo fortalecer la presencia del país en el Mar Argentino a través de una serie de acciones entre las cuales se enumeran: profundizar el conocimiento científico como fundamento de las políticas de conservación y manejo de los recursos naturales; promover innovaciones tecnológicas aplicables a la explotación sustentable de los recursos naturales y al desarrollo de las industrias vinculadas al mar y fortalecer la conciencia marítima de la sociedad argentina y respaldar con información científica la presencia de nuestro país en el Atlántico Sur, entre muchas otras.
Pero además, para asegurarse de que todo esto no se quede en una simple enumeración de buenas intenciones, la iniciativa dispone la creación de un fondo que no podrá ser menor a los 250 millones de pesos anuales destinado a la provisión de recursos humanos, infraestructura y tecnología necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. “Creo que es un proyecto que va a ser emblemático ya que por primera vez se va a encarar, en forma seria y con financiamiento, la investigación del Mar Argentino”, anuncia el ministro Lino Barañao.
- ¿Está conforme con el texto de la ley que acaba de aprobar el Congreso?
– Muy conforme. Sobre todo por el amplio respaldo que tuvo. Se trata de una tarea de largo plazo, obviamente, pero que va a tener repercusiones en muchas áreas: producción de alimentos, pesca y acuicultura, producción de energía, recursos minerales. Además, obviamente, tiene una connotación de soberanía. Hay una cantidad enorme de recursos de los que debemos ser custodios y, obviamente, también aprovecharlos en forma sustentable. Más allá de la investigación científica es necesario tener en cuenta que, hoy por hoy, los recursos del mar pueden aportar una proporción considerable del PBI. De hecho, nosotros creemos que en un plazo de entre 5 y 10 años los recursos marinos podrían aportar hasta un 15 por ciento del PBI. No sólo proveniente de la pesca, sino también, de algo que queremos promocionar que es la acuicultura, que es, actualmente, una tendencia mundial. Si uno lo piensa un poco, comer merluza es como comer faisán, en el sentido de que ambas son especies salvajes. No tenemos un equivalente marino a la ganadería o a la avicultura. De hecho, suelo decir que según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación) tenemos dos records Guinness: somos el país con mayor potencialidad para el desarrollo de la acuicultura y el que menos ha hecho. No es casual que recientemente el Ministerio de Agricultura haya enviado un proyecto de ley de fomento a la acuicultura. Esto muestra hasta qué punto hemos logrado una sintonía entre todos los decisores de la política.
- ¿De qué manera se establece el financiamiento para esta iniciativa?
– En la ley se establece que son fondos que provienen del Tesoro Nacional, no hay un impuesto específico. Tampoco se toman fondos de la pesca para evitar conflictos de intereses. Decidimos que sea un aporte adicional y así, de paso, sentar las bases sobre cómo debería ir creciendo el presupuesto de ciencia y técnica en el futuro. Existe un consenso de que tenemos que llegar al 1% del PBI, para eso podría establecerse por ley un incremento escalonado que apunte a alcanzar ese objetivo en una determinada cantidad de años como se hizo con Educación. Mi visión es otra, creo que el presupuesto debería ser establecido de manera similar a lo que ocurre en Estados Unidos, donde se asigna sobre la base de metas y de proyectos particulares. Entonces, para el área de salud va el director de los Institutos Nacionales de Salud y dice: “tenemos que poner tanta plata para cáncer porque hay que hacer tales inversiones; otra prioridad son las enfermedades contagiosas, y así sucesivamente”, y luego, los legisladores convalidan ese presupuesto y quedan en condiciones de exigir el cumplimiento de determinado tipo de metas. Me parece que eso es más lógico que simplemente asignar más plata a ciencia y tecnología sin tener una evaluación posible. Acá estamos agregando, por lo menos, 250 millones de pesos anuales para un objetivo particular. Desde el principio sabíamos que había que hacer inversiones considerables. Una de ellas fue la adquisición de un buque, que vamos a inaugurar en breve, que se compró a Alemania, que requiere de mantenimiento y compra de equipos. Además, estas expediciones son relativamente costosas. Por eso resultaba necesario contar con un financiamiento específico. Si el día de mañana la decisión es desarrollar la tecnología satelital, bueno, habrá un fondo particular para eso con metas claras y evaluables. Así iremos subiendo hasta alcanzar el 1%.
- En la ley queda por designar quién será la autoridad de aplicación de la iniciativa. ¿Qué opinión tiene al respecto?
– Creemos que nuestro Ministerio está en condiciones de ser la autoridad de aplicación. Fue el originario de la idea y, además, tiene la capacidad de financiar a todos. Quiero decir, no estamos diciendo que por ser autoridad de aplicación vamos a ser los únicos beneficiarios sino todo lo contrario, decimos que nosotros somos la garantía de que los recursos llegarán a todos los que hayan hecho un aporte significativo en ese sentido. Por otra parte, más que por destinario la asignación va a estar definida por instrumentos. Por ejemplo: cuánto necesitamos destinar a recursos humanos, bueno, eso va a tener una asignación específica y se crearán becas para que la gente se forme y se financiarán planes de estudio en universidades; cuánto necesitamos para mantener una flota de investigación, los costos de las campañas, actividades científicas como congresos, estadías en el exterior. Entonces, uno define los instrumentos y hace convocatorias abiertas donde se presenta la gente de los distintos organismos. Me parece la forma más transparente y la que genera menos conflicto. Y nosotros tenemos la capacidad administrativa para hacer eso. Por otra parte, todas las acciones van a ser validadas por todos los ministerios. Eso garantiza que haya equidad. Creo que en este tiempo, el funcionamiento de Pampa Azul ha demostrado que se puede gerenciar algo en forma colectiva y, al mismo tiempo, eficiente.
- ¿Cuál es la relación que existe entre ciencia y soberanía en proyectos como Pampa Azul y PROMAR?
– Está claro que hoy por hoy la representación científica es la que define la legitimidad de ciertos reclamos. De hecho, es un concepto que ya está instalado en el Tratado Antártico donde la presencia de los países es evaluada en base a la información científica que producen. Por eso Argentina tiene la trayectoria que tiene, porque no hay solamente militares en las bases sino también científicos y hay papers que aportan al conocimiento universal sobre la Antártida. Si no tuviéramos esa presencia científica la posición argentina sería bastante más endeble. Lo mismo ocurre con el Mar Argentino. Durante mucho tiempo no hemos tenido ninguna presencia sustantiva más que la acción voluntarista de algunos investigadores con el apoyo de organismos internacionales. Pero Argentina no es visto como un país que preste atención al mar. En ese contexto, cualquier reclamo que hagamos sobre territorios en el Atlántico Sur tiene un peso relativo. Entonces, es muy importante salir con un proyecto, con un fuerte apoyo internacional, para hacer una investigación objetiva, rigurosa, que contribuya al conocimiento universal pero también que promueva el uso sustentable de los recursos que nos pertenecen. No basta con tener una flota de Prefectura, hay que tener también presencia en congresos científicos internacionales exponiendo los resultados de nuestras investigaciones y también brindar información hacia adentro: qué está pasando con el manejo de las costas, cuál es el impacto del turismo, y una cantidad de información que hay que tener en forma coherente y organizada. Eso es lo que va a mostrar que Argentina ejerce realmente su soberanía en esta porción de su territorio. Además, es muy difícil defender algo cuando uno no tiene información propia.
- Parece haber surgido una nueva mirada que implica darle al Mar Argentino y sus recursos la importancia que verdaderamente tiene pero que durante muchos años no se le dio.
– Sí, realmente nunca se pensó a la Argentina como un país marítimo. Uno piensa: Inglaterra porque es una isla, Portugal porque está frente al Atlántico, pero si uno mira el potencial que tiene Argentina, la cantidad de kilómetros de costa y demás, es inadmisible que se haya ignorado durante tanto tiempo la importancia de este recurso. Durante mucho tiempo hemos dedicado más recursos a investigaciones en astronomía que en el Mar Argentino. Hemos participado en procesos internacionales financiando observatorios, poniendo antenas de radioastronomía, estudiando las fuentes últimas de energía del universo. Lo cual está muy bien. Pero en términos de efectos concretos sobre nuestra sociedad, está claro que hay otras prioridades que deberían haber tenido una inversión igual o superior a algunas disciplinas puramente básicas.
- ¿Tiene confianza en que en un plazo de 10 años el país habrá dado un salto cualitativo en cuanto a su presencia y generación de conocimientos sobre el Mar Argentino?
– Yo creo que sí, porque el nivel de consenso que hemos logrado permite suponer que se trata de una iniciativa irreversible.
Un antes y un después
“Si todo funciona bien se abre un panorama muy positivo para todos los investigadores que nos dedicamos a las ciencias del mar en la Argentina”, afirma con satisfacción Martín Saraceno, investigador del CIMA y profesor del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de Exactas UBA.
Saraceno también integra el Consejo Asesor Científico Tecnológico del Proyecto Pampa Azul, organismo que fue consultado y que dio una opinión positiva sobre el texto del proyecto de ley de creación del PROMAR antes de ser enviado al Congreso para su aprobación.
“La ley pone varios temas en primer plano –explica Saraceno-. Uno es el hecho de que conocimiento también es soberanía. Hay que tener en cuenta que los ingleses instalaron en las Malvinas un instituto de investigación con varios científicos de primer nivel y con muchos recursos para trabajar.
Afortunadamente, Argentina entendió que sólo se puede defender eficazmente aquello que se conoce mucho”.
Por otro lado, el oceanógrafo considera que la ley constituye la herramienta más eficaz para asegurar los recursos necesarios para el desarrollo de un proyecto tan ambicioso como Pampa Azul. De esta manera, los investigadores podrán planear con más tranquilidad sus trabajos en el mediano y largo plazo. “Una campaña oceanográfica importante se planifica hasta tres años antes.
Incluyendo el proyecto se extiende hasta 5 o 6 años de anticipación. Es fundamental saber que, llegado el momento, vas a contar con un buque en condiciones de operar y con el combustible necesario para completar la campaña, que el personal estará capacitado para efectuar las tareas requeridas y que están los instrumentos necesarios para medir lo que haya que medir. Pensá que el monto promedio por día para desplazar un buque es de entre 10 y 20 mil dólares. Son gastos muy importantes”.
Saraceno también destaca la promoción de la cooperación internacional que se estableció en la norma: “En oceanografía todos los proyectos importantes requieren de la colaboración de varios países”. Y subraya la importancia que tiene que la ley fije la formación de recursos humanos como uno de sus objetivos. “Eso fue algo que, desde el Consejo Asesor, destacamos desde el principio y que atañe directamente a nuestra facultad que es donde se forman los oceanógrafos, biólogos marinos, geólogos. Si no se impulsara un aumento en el número de investigadores dedicados a las ciencias del mar, el proyecto nacería con las patas cortas porque su despliegue en el tiempo va a generar una demanda laboral que necesitará ser satisfecha”.
“Este proyecto claramente va a marcar un antes y un después”, completa, optimista.
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Megaminería: de eso no se habla
La megaminería no entra en la campaña
Fecha de Publicación: 22/08/2015
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Hace un mes se realizó un cónclave minero en la provincia de San Juan, organizado por las empresas mineras transnacionales conjuntamente con la Fundación DAR que dirige Pepe Scioli, hermano del candidato presidencial Daniel Scioli. Este último y su compañero de fórmula, Carlos Zannini, fueron los invitados estrella junto con los gobernadores de las provincias que forman parte de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI). Las grandes empresas, entre ellas Barrick Gold, Panamerican Silver, Yamana Gold, presentaron 10 puntos a los candidatos del oficialismo, exigiendo garantías “para fortalecer al sector”. Entre otros puntos, se destaca la pretensión de avanzar con la megaminería en aquellas provincias donde existe resistencia popular, fundamentalmente en Córdoba, Chubut, Mendoza y La Rioja.
Scioli realizó promesas y señaló que “la minería generará millones de dólares y trabajo”, contradiciendo a la propia realidad que muestra que allí donde se instala la megaminería sólo quedan territorios contaminados, promesas de trabajo que nunca se cumplen, economías regionales devastadas, recursos saqueados, conflictividad social y multinacionales enriquecidas. Habló también de una “minería sustentable”, lo cual en realidad es un oxímoron creado por los departamentos de marketing de las grandes empresas mineras para ilusionar y confundir a las poblaciones.
Un dato elocuente del encuentro fue la participación de Rosana Bertone, la gobernadora electa de Tierra del Fuego, provincia donde existe una ley que prohíbe este tipo de minería. La futura gobernadora ya anticipó cual será su política, prometiendo que incorporará la provincia a OFEMI.
Esta nueva arremetida del sector minero coincide con la publicación de la Encíclica papal “Laudato Si”, un poderoso documento de ecología política. Hay que reconocer el valor que tiene esta verdadera Eco-Encíclica: crítica fuerte al consumismo, al desarrollismo, a la tecnocracia, al mundo financiero y a la creciente privatización de la naturaleza. La encíclica aboga además por el respeto a otros saberes y culturas, por el comunitarismo; reivindica las luchas sociales, la ecología de saberes, la deuda ecológica del Norte para con los países de Sur, la naturaleza como sujeto ... En fin, un manuscrito que sin tapujos, y con el lenguaje de los movimientos sociales, denuncia los modelos de maldesarrollo que padece gran parte del planeta, especialmente nuestra región.
Pese a que todo el establishment peronista peregrinó por el Vaticano para sacarse fotografías con el Papa Francisco, y todos buscan el modo en cómo utilizar su figura en campaña, la encíclica fue prácticamente ninguneada. Por su parte, Mauricio Macri recomendó su lectura, algo que pareciera no hizo él mismo, ya que cuando se refiere a estos temas no sólo repite el engañoso eslogan de “minería sustentable”, sino que además pretende ocultar que él es el principal responsable del gravísimo retroceso socio-ambiental en la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, Sergio Massa, en sus ya famosos spots con tonadas regionales, prometió una política de doble estándar: “impulsar la minería” en San Juan y “cuidar el agua” en Mendoza. Los otros candidatos, sean de izquierda o progresistas, si bien -en parte- acompañan las luchas socioambientales, poco proponen en términos de alternativas al modelo extractivista, ignorando la ingente bibliografía y propuestas sobre estos temas en la región.
Así, mientras los candidatos se sitúan entre el cinismo y la ignorancia, las asambleas ciudadanas que vienen resistiendo el extractivismo en diferentes lugares del país proclaman que “gane quien gane aquí no habrá megaminería”, anticipando la conflictividad social que se avecina, como consecuencia de los nuevos embates de las empresas y los gobiernos para avanzar sobre los territorios sin licencia social.
En este contexto, hay que señalar que acaba de consumarse un hecho de extrema gravedad, inadvertido por la agenda mediática-política. El 1° de agosto empezó a regir el nuevo Código Civil y Comercial y con él se perdió el acceso público a todos los ríos del país. En efecto, a través de la modificación de un artículo del actual Código se eliminó el camino público de 35 metros que existía en ambas márgenes de los ríos del país y que permitía su uso y goce por la población. Así, de un plumazo se realizó la mayor privatización de tierras de la historia de nuestro país (aproximadamente 208 mil hectáreas, más de 10 veces la Ciudad de Buenos Aires) en manos de la especulación inmobiliaria que demuestra cada vez mayor poder de control sobre los poderes políticos.
Por Maristella Svampa y Enrique Viale
Socióloga y escritora; abogado ambientalista
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Catamarca capacitó sobre bosques nativos
Ambiente realizó capacitación para el ordenamiento territorial de bosques nativos
Fecha de Publicación: 22/08/2015
Fuente: Diario C
Provincia/Región: Catamarca
En la jornada de hoy, la Secretaría de Estado y Ambiente y Desarrollo Sustentable de Catamarca, a cargo del CPN Armando Zavaleta, llevó a cabo en las instalaciones del CAPE (ex regimiento) el curso-taller denominado “Proceso Participativo del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos”.
Los encargados de llevar adelante el evento fueron la psicóloga social Mirta López y la trabajadora social Florencia Presta, coordinadora del área de participación social y la asistente técnica de la misma, respectivamente; la bióloga Julieta Bono, quien se desempeña como coordinadora del área de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, y la ingeniera forestal Camila Jordán, también técnica OTBN, todas pertenecientes a la Dirección de Bosques Nativos de la Secretaría de Ambiente de la Nación.
AL respecto, López remarcó: “La Ley 26.331 nos indica que tenemos que hacer el ordenamiento territorial de los bosques nativos a través de un proceso participativo. La Secretaría de Ambiente de la Nación brinda a través de la Dirección de Bosques esta capacitación que tiende a la reflexión sobre cómo debe hacerse en cada provincia, con lo cual en ésta jornada nos capacitamos sobre todos los momentos que lleva un proceso de ordenamiento territorial”.
Por último, la especialista hizo referencia al análisis que deben realizar los actores sociales “para invitar a la gente” y la metodología que se utiliza para comunicarse con las comunidades originarias y poblaciones campesinas “ya que no es fácil”, y que además “son fundamentales porque habitan dentro del territorio de bosques nativos”.
Participaron del evento personal técnico de las direcciones de Bosques Nativos y Biodiversidad de la provincia, como así también integrantes del sector privado.
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Fecha de Publicación: 22/08/2015
Fuente: Diario C
Provincia/Región: Catamarca
En la jornada de hoy, la Secretaría de Estado y Ambiente y Desarrollo Sustentable de Catamarca, a cargo del CPN Armando Zavaleta, llevó a cabo en las instalaciones del CAPE (ex regimiento) el curso-taller denominado “Proceso Participativo del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos”.
Los encargados de llevar adelante el evento fueron la psicóloga social Mirta López y la trabajadora social Florencia Presta, coordinadora del área de participación social y la asistente técnica de la misma, respectivamente; la bióloga Julieta Bono, quien se desempeña como coordinadora del área de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, y la ingeniera forestal Camila Jordán, también técnica OTBN, todas pertenecientes a la Dirección de Bosques Nativos de la Secretaría de Ambiente de la Nación.
AL respecto, López remarcó: “La Ley 26.331 nos indica que tenemos que hacer el ordenamiento territorial de los bosques nativos a través de un proceso participativo. La Secretaría de Ambiente de la Nación brinda a través de la Dirección de Bosques esta capacitación que tiende a la reflexión sobre cómo debe hacerse en cada provincia, con lo cual en ésta jornada nos capacitamos sobre todos los momentos que lleva un proceso de ordenamiento territorial”.
Por último, la especialista hizo referencia al análisis que deben realizar los actores sociales “para invitar a la gente” y la metodología que se utiliza para comunicarse con las comunidades originarias y poblaciones campesinas “ya que no es fácil”, y que además “son fundamentales porque habitan dentro del territorio de bosques nativos”.
Participaron del evento personal técnico de las direcciones de Bosques Nativos y Biodiversidad de la provincia, como así también integrantes del sector privado.
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Quieren minería de uranio en Chubut
Impulsan proyecto de minería del uranio en Chubut
Fecha de Publicación: 21/08/2015
Fuente: u-238.com.ar
Provincia/Región: Chubut
Para los próximos años, se esperan que las inversiones mineras sean del orden de los 30 mil millones de dólares en Argentina. Dentro de ese monto, también se cuentan las iniciativas que existen en la provincia de Chubut que hoy se encuentran paralizadas.
Se trata, en total, de cuatro proyectos que podrían requerir inversiones por un monto de 1.400 millones de dólares y crear 7.500 puestos de trabajo. Uno de estos proyectos es el yacimiento de Cerro Solo que, según estimaciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) contiene 8.754 toneladas de uranio recuperable. Allí la inversión inicial llegaría a los 170 millones de dólares, generando 300 puestos de mano de obra directos y otros 800 indirectos.
“Se puede afirmar que de llevarse adelante la explotación de uranio en este distrito minero, la Argentina dejaría de importar el mineral (importa anualmente un valor de 100M de dólares) y tendría excedente para exportar”, asegura el informe de la Cámara de Proveedores Mineros de Chubut.
Otro de los proyectos es Navidad. El estudio económico preliminar indicó una producción de 15.000 ton/día durante los 17 años de vida del yacimiento. Durante los primeros 5 años de operación, se prevé una producción de casi 20.000.000 onzas/año de plata, luego promediaría 16.500.000 onzas/año. La construcción demandaría 1.500 trabajadores directos mientras que en la etapa de operación se emplearían 500 personas. Entre fuentes directas e indirectas se habla de 4.000 nuevos trabajadores.
En tanto, en la iniciativa Suyai en la Cordillera se estima que la vida útil de la mina es de 10 años continuos, con una planta estable de 450 trabajadores en relación de dependencia de la mina, más otros 1.000 puestos de empleo generados en forma indirecta vía proveedores de servicios varios. En caso de entrar en explotación la empresa prevé que en la etapa de construcción de la mina subterránea, se necesitarán más de 800 empleados durante un plazo de 18 meses y se invertirán $ 1.760 millones de los cuales más del 35% se gastará en insumos y servicios locales.
Finalmente, el proyecto de las arenas silíceas se trata de un yacimiento ubicado en la meseta central, a 120 kilómetros de Trelew. Estas arenas debido a sus características físico/químicas son utilizadas para inyectarlas en pozos productivos petroleros del tipo no convencional. El consumo promedio de arena como sostén para estos pozos varía entre 27.500 a 35.000 bolsas de 100 libras, esto equivale a un promedio por pozo de 1.400 toneladas de agentes de sostén. Actualmente estas arenas se importan y de explotarse en el país permitiría un ahorro al país de unos 300 millones de dólares.
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Fecha de Publicación: 21/08/2015
Fuente: u-238.com.ar
Provincia/Región: Chubut
Para los próximos años, se esperan que las inversiones mineras sean del orden de los 30 mil millones de dólares en Argentina. Dentro de ese monto, también se cuentan las iniciativas que existen en la provincia de Chubut que hoy se encuentran paralizadas.
Se trata, en total, de cuatro proyectos que podrían requerir inversiones por un monto de 1.400 millones de dólares y crear 7.500 puestos de trabajo. Uno de estos proyectos es el yacimiento de Cerro Solo que, según estimaciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) contiene 8.754 toneladas de uranio recuperable. Allí la inversión inicial llegaría a los 170 millones de dólares, generando 300 puestos de mano de obra directos y otros 800 indirectos.
“Se puede afirmar que de llevarse adelante la explotación de uranio en este distrito minero, la Argentina dejaría de importar el mineral (importa anualmente un valor de 100M de dólares) y tendría excedente para exportar”, asegura el informe de la Cámara de Proveedores Mineros de Chubut.
Otro de los proyectos es Navidad. El estudio económico preliminar indicó una producción de 15.000 ton/día durante los 17 años de vida del yacimiento. Durante los primeros 5 años de operación, se prevé una producción de casi 20.000.000 onzas/año de plata, luego promediaría 16.500.000 onzas/año. La construcción demandaría 1.500 trabajadores directos mientras que en la etapa de operación se emplearían 500 personas. Entre fuentes directas e indirectas se habla de 4.000 nuevos trabajadores.
En tanto, en la iniciativa Suyai en la Cordillera se estima que la vida útil de la mina es de 10 años continuos, con una planta estable de 450 trabajadores en relación de dependencia de la mina, más otros 1.000 puestos de empleo generados en forma indirecta vía proveedores de servicios varios. En caso de entrar en explotación la empresa prevé que en la etapa de construcción de la mina subterránea, se necesitarán más de 800 empleados durante un plazo de 18 meses y se invertirán $ 1.760 millones de los cuales más del 35% se gastará en insumos y servicios locales.
Finalmente, el proyecto de las arenas silíceas se trata de un yacimiento ubicado en la meseta central, a 120 kilómetros de Trelew. Estas arenas debido a sus características físico/químicas son utilizadas para inyectarlas en pozos productivos petroleros del tipo no convencional. El consumo promedio de arena como sostén para estos pozos varía entre 27.500 a 35.000 bolsas de 100 libras, esto equivale a un promedio por pozo de 1.400 toneladas de agentes de sostén. Actualmente estas arenas se importan y de explotarse en el país permitiría un ahorro al país de unos 300 millones de dólares.
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Pumas en Buenos Aires luego de 60 años
Vuelven a ver pumas en Buenos Aires
Fecha de Publicación: 21/08/2015
Fuente: El Federal
Provincia/Región: Buenos Aires
Luego de más de 60 años sin registros, un trabajo de investigación que documenta más de 100 reportes sobre la presencia de especies de Puma concolor en distintos ámbitos rurales de la provincia de Buenos Aires. Las evidencias de estas poblaciones se hallaron en el Sistema de Ventania y en el noroeste y norte del pastizal pampeano.
Se trata de un estudio realizado por el paleontólogo dolorense Nicolás Chimento, del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”; y por Eduardo R. De Lucca, miembro del Centro para el Estudio y Manejo de Predadores de Argentina de la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”.
Según manifestaron los investigadores este felino “es un carnívoro de gran resiliencia, capaz de subsistir en ambientes modificados por el hombre. No obstante, Puma concolor había sufrido retracciones en su rango y extinciones locales en la ecorregión Pampeana”.
En el mapa de observaciones confeccionado por Chimento y De Lucca, se pueden observar las huellas de un adulto y una cría fotografiadas entre mayo y junio de 2014, en un establecimiento rural de Vuelta de Obligado (partido de San Pedro).
Para los especialistas, el registro en distintas áreas de especímenes jóvenes y de hembras con cachorros, sugiere que en la ecorregión Pampeana está teniendo lugar un proceso de recolonización por parte del puma”.
Este estudio fue cedido al Grupo Conservacionista de Fósiles, quienes en base a los datos aportados, indicaron que “será recomendable monitorear de cerca este fenómeno, ya que cuando un gran carnívoro vuelve a ocupar un área donde previamente estaba extinto, conocer sus movimientos tanto en áreas rurales como urbanas facilita la identificación de las problemáticas de conservación y de manejo a enfrentar”.
En este marco, advirtieron la necesidad de ser proactivos: “permanecer indiferentes ante este resurgir del puma en la provincia más poblada del país, seguramente surgirán conflictos con consecuencias negativas tanto para humanos como para este “nuevo” ocupante del ecosistema de las pampas”.
Un atisbo de ello por ejemplo se dio en Ramallo, donde, entre septiembre y noviembre de 2014, se hallaron huellas de pumas junto con terneros y ovejas depredadas en las cercanías de un campo. El antiguo tigre de las pampas vuelve a recuperar su reino.
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Fecha de Publicación: 21/08/2015
Fuente: El Federal
Provincia/Región: Buenos Aires
Luego de más de 60 años sin registros, un trabajo de investigación que documenta más de 100 reportes sobre la presencia de especies de Puma concolor en distintos ámbitos rurales de la provincia de Buenos Aires. Las evidencias de estas poblaciones se hallaron en el Sistema de Ventania y en el noroeste y norte del pastizal pampeano.
Se trata de un estudio realizado por el paleontólogo dolorense Nicolás Chimento, del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”; y por Eduardo R. De Lucca, miembro del Centro para el Estudio y Manejo de Predadores de Argentina de la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”.
Según manifestaron los investigadores este felino “es un carnívoro de gran resiliencia, capaz de subsistir en ambientes modificados por el hombre. No obstante, Puma concolor había sufrido retracciones en su rango y extinciones locales en la ecorregión Pampeana”.
En el mapa de observaciones confeccionado por Chimento y De Lucca, se pueden observar las huellas de un adulto y una cría fotografiadas entre mayo y junio de 2014, en un establecimiento rural de Vuelta de Obligado (partido de San Pedro).
Para los especialistas, el registro en distintas áreas de especímenes jóvenes y de hembras con cachorros, sugiere que en la ecorregión Pampeana está teniendo lugar un proceso de recolonización por parte del puma”.
Este estudio fue cedido al Grupo Conservacionista de Fósiles, quienes en base a los datos aportados, indicaron que “será recomendable monitorear de cerca este fenómeno, ya que cuando un gran carnívoro vuelve a ocupar un área donde previamente estaba extinto, conocer sus movimientos tanto en áreas rurales como urbanas facilita la identificación de las problemáticas de conservación y de manejo a enfrentar”.
En este marco, advirtieron la necesidad de ser proactivos: “permanecer indiferentes ante este resurgir del puma en la provincia más poblada del país, seguramente surgirán conflictos con consecuencias negativas tanto para humanos como para este “nuevo” ocupante del ecosistema de las pampas”.
Un atisbo de ello por ejemplo se dio en Ramallo, donde, entre septiembre y noviembre de 2014, se hallaron huellas de pumas junto con terneros y ovejas depredadas en las cercanías de un campo. El antiguo tigre de las pampas vuelve a recuperar su reino.
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UICN Argentina reclama la ley de humedales
ONGs argentinas piden la pronta aprobación de la ley de humedales
Fecha de Publicación: 21/08/2015
Fuente: Diario el Tiempo
Provincia/Región: Nacional
El Comité Argentino de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza pidió la “urgente necesidad” de sancionar una Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación, Protección y Uso Racional y Sostenible de los Humedales.
El pedido lo hacen 11 organizaciones ecologistas, junto a la Universidad de Chilecito (La Rioja) y la Administración Nacional de Parques Nacionales, “a la vista de los últimos acontecimientos de graves inundaciones en el noreste de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe”.
El proyecto de ley tiene sanción de la Cámara de Senadores de la Argentina desde el 13 de noviembre de 2013. “Sin embargo, el proceso en Diputados se ha vuelto extremadamente lento”. En 2014 el proyecto tuvo dictamen favorable de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, para luego pasar a la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, pero ésta no le ha dado tratamiento hasta la fecha.
El proyecto parte del marco del artículo 41 de la Constitución Nacional y busca garantizar un piso mínimo de protección para todos los humedales del país, “reconociendo la importancia fundamental de sus bienes y servicios para la sociedad, buscando su sustentabilidad y la protección de su existencia futura para bienestar de todos”.
Causas
“Los ecosistemas de humedales se caracterizan por la presencia de agua por lo tanto, su régimen hidrológico es clave para mantener sus propiedades funcionales y estructurales. Cuando se modifica la cantidad y distribución cronológica de los flujos de agua -sea por drenado, terraplenado o canalización- se impacta negativamente sobre funciones claves de los humedales, como por ejemplo, amortiguar los excedentes hídricos que traen las grandes lluvias, las cuales en un marco de cambio climático global solo se harán más usuales y fuertes”.
Las organizaciones ambientalistas resaltaron también que “el avance de barrios cerrados y mega-urbanizaciones de modo desordenado, sin planificación participativa y una falta de atención por la importancia de mantener las llanuras de los ríos libres de asentamientos, evita que durante crecidas los ríos puedan desbordar libremente”.
“El problema de las inundaciones -que hoy afecta a cientos de personas y acarrea grandes consecuencias económicas, sanitarias y habitacionales- podría ser atendido con una ley como la reclamada para los humedales, favoreciendo una planificación estratégica del uso del territorio, brindando la posibilidad de conocer y ordenar los humedales de todo el país”.
Con esto último se contribuiría a su protección y conservación y también se posibilitaría una producción sustentable compatible con la integridad ecológica de los humedales, preservando un bien tan preciado como es el agua dulce.
Quiénes
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es la institución medioambiental global más grande y más antigua del mundo. Fue fundada en 1948 y hoy cuenta con más de 1.200 organizaciones miembro en alrededor de 160 países.
El Comité Argentino de la Uicn fue creado en 1990, actualmente nuclea a catorce miembros, uno de ellos un organismo de gobierno, la Administración de Parques Nacionales (APN); la Universidad de Chilecito y las organizaciones no gubernamentales: Centro Desarrollo y Pesca Sustentable (CeDePesca); Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn); Fundación Biodiversidad; Fundación Ecológica por una Vida Mejor; Fundación Habitat y Desarrollo; Fundación para la Conservación y el Uso Sustentable de los Humedales (Fundación Humedales); Fundación Patagonia Natural; Fundación Proteger; Fundación ProYungas; Fundación RIE; Fundación Urundei y Fundación Vida Silvestre Argentina.
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Fecha de Publicación: 21/08/2015
Fuente: Diario el Tiempo
Provincia/Región: Nacional
El Comité Argentino de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza pidió la “urgente necesidad” de sancionar una Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación, Protección y Uso Racional y Sostenible de los Humedales.
El pedido lo hacen 11 organizaciones ecologistas, junto a la Universidad de Chilecito (La Rioja) y la Administración Nacional de Parques Nacionales, “a la vista de los últimos acontecimientos de graves inundaciones en el noreste de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe”.
El proyecto de ley tiene sanción de la Cámara de Senadores de la Argentina desde el 13 de noviembre de 2013. “Sin embargo, el proceso en Diputados se ha vuelto extremadamente lento”. En 2014 el proyecto tuvo dictamen favorable de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, para luego pasar a la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, pero ésta no le ha dado tratamiento hasta la fecha.
El proyecto parte del marco del artículo 41 de la Constitución Nacional y busca garantizar un piso mínimo de protección para todos los humedales del país, “reconociendo la importancia fundamental de sus bienes y servicios para la sociedad, buscando su sustentabilidad y la protección de su existencia futura para bienestar de todos”.
Causas
“Los ecosistemas de humedales se caracterizan por la presencia de agua por lo tanto, su régimen hidrológico es clave para mantener sus propiedades funcionales y estructurales. Cuando se modifica la cantidad y distribución cronológica de los flujos de agua -sea por drenado, terraplenado o canalización- se impacta negativamente sobre funciones claves de los humedales, como por ejemplo, amortiguar los excedentes hídricos que traen las grandes lluvias, las cuales en un marco de cambio climático global solo se harán más usuales y fuertes”.
Las organizaciones ambientalistas resaltaron también que “el avance de barrios cerrados y mega-urbanizaciones de modo desordenado, sin planificación participativa y una falta de atención por la importancia de mantener las llanuras de los ríos libres de asentamientos, evita que durante crecidas los ríos puedan desbordar libremente”.
“El problema de las inundaciones -que hoy afecta a cientos de personas y acarrea grandes consecuencias económicas, sanitarias y habitacionales- podría ser atendido con una ley como la reclamada para los humedales, favoreciendo una planificación estratégica del uso del territorio, brindando la posibilidad de conocer y ordenar los humedales de todo el país”.
Con esto último se contribuiría a su protección y conservación y también se posibilitaría una producción sustentable compatible con la integridad ecológica de los humedales, preservando un bien tan preciado como es el agua dulce.
Quiénes
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es la institución medioambiental global más grande y más antigua del mundo. Fue fundada en 1948 y hoy cuenta con más de 1.200 organizaciones miembro en alrededor de 160 países.
El Comité Argentino de la Uicn fue creado en 1990, actualmente nuclea a catorce miembros, uno de ellos un organismo de gobierno, la Administración de Parques Nacionales (APN); la Universidad de Chilecito y las organizaciones no gubernamentales: Centro Desarrollo y Pesca Sustentable (CeDePesca); Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn); Fundación Biodiversidad; Fundación Ecológica por una Vida Mejor; Fundación Habitat y Desarrollo; Fundación para la Conservación y el Uso Sustentable de los Humedales (Fundación Humedales); Fundación Patagonia Natural; Fundación Proteger; Fundación ProYungas; Fundación RIE; Fundación Urundei y Fundación Vida Silvestre Argentina.
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Etiquetas:
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental,
Nacional,
recursos hídricos
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