Aprueban ley que incentiva la investigación marítima
La ley del mar
Fecha de Publicación: 22/08/2015
Fuente: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA
Provincia/Región: Nacional
Por unanimidad, el Senado aprobó la ley que crea el Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Ciencia, tiene por objetivo fortalecer la presencia nacional en el Atlántico Sur a partir de la generación de conocimientos y del manejo de sus recursos naturales. En una entrevista exclusiva, Lino Barañao, explica los alcances de esta novedosa legislación.
Una rápida mirada al nuevo mapa oficial de la República Argentina permite tomar conciencia de un hecho, que siempre fue así, pero que no por eso resultaba evidente: la enorme importancia que tienen los espacios no continentales y el Mar Argentino en relación con el territorio nacional.
Casi 5 mil kilómetros de costas marinas y una de las plataformas continentales más extensas del mundo que fueron casi ninguneadas a lo largo del desarrollo histórico nacional, seguramente eclipsadas por el esplendor de la pampa húmeda y los intereses de sus dueños.
Esa persistente deuda histórica comenzó a ser saldada en los últimos años con el lanzamiento de Pampa Azul una iniciativa estratégica de investigación científica en el Mar Argentino, coordinada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), de la que participan otros ministerios y numerosos organismos nacionales. El programa agrupa un conjunto de actividades de exploración y conservación; de innovación tecnológica para los sectores productivos vinculados al mar y de divulgación científica.
Este verdadero cambio de paradigma se vino a confirmar con la reciente sanción de la flamante ley que crea el Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos (PROMAR). La norma, que fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso, tiene por objetivo fortalecer la presencia del país en el Mar Argentino a través de una serie de acciones entre las cuales se enumeran: profundizar el conocimiento científico como fundamento de las políticas de conservación y manejo de los recursos naturales; promover innovaciones tecnológicas aplicables a la explotación sustentable de los recursos naturales y al desarrollo de las industrias vinculadas al mar y fortalecer la conciencia marítima de la sociedad argentina y respaldar con información científica la presencia de nuestro país en el Atlántico Sur, entre muchas otras.
Pero además, para asegurarse de que todo esto no se quede en una simple enumeración de buenas intenciones, la iniciativa dispone la creación de un fondo que no podrá ser menor a los 250 millones de pesos anuales destinado a la provisión de recursos humanos, infraestructura y tecnología necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. “Creo que es un proyecto que va a ser emblemático ya que por primera vez se va a encarar, en forma seria y con financiamiento, la investigación del Mar Argentino”, anuncia el ministro Lino Barañao.
- ¿Está conforme con el texto de la ley que acaba de aprobar el Congreso?
– Muy conforme. Sobre todo por el amplio respaldo que tuvo. Se trata de una tarea de largo plazo, obviamente, pero que va a tener repercusiones en muchas áreas: producción de alimentos, pesca y acuicultura, producción de energía, recursos minerales. Además, obviamente, tiene una connotación de soberanía. Hay una cantidad enorme de recursos de los que debemos ser custodios y, obviamente, también aprovecharlos en forma sustentable. Más allá de la investigación científica es necesario tener en cuenta que, hoy por hoy, los recursos del mar pueden aportar una proporción considerable del PBI. De hecho, nosotros creemos que en un plazo de entre 5 y 10 años los recursos marinos podrían aportar hasta un 15 por ciento del PBI. No sólo proveniente de la pesca, sino también, de algo que queremos promocionar que es la acuicultura, que es, actualmente, una tendencia mundial. Si uno lo piensa un poco, comer merluza es como comer faisán, en el sentido de que ambas son especies salvajes. No tenemos un equivalente marino a la ganadería o a la avicultura. De hecho, suelo decir que según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación) tenemos dos records Guinness: somos el país con mayor potencialidad para el desarrollo de la acuicultura y el que menos ha hecho. No es casual que recientemente el Ministerio de Agricultura haya enviado un proyecto de ley de fomento a la acuicultura. Esto muestra hasta qué punto hemos logrado una sintonía entre todos los decisores de la política.
- ¿De qué manera se establece el financiamiento para esta iniciativa?
– En la ley se establece que son fondos que provienen del Tesoro Nacional, no hay un impuesto específico. Tampoco se toman fondos de la pesca para evitar conflictos de intereses. Decidimos que sea un aporte adicional y así, de paso, sentar las bases sobre cómo debería ir creciendo el presupuesto de ciencia y técnica en el futuro. Existe un consenso de que tenemos que llegar al 1% del PBI, para eso podría establecerse por ley un incremento escalonado que apunte a alcanzar ese objetivo en una determinada cantidad de años como se hizo con Educación. Mi visión es otra, creo que el presupuesto debería ser establecido de manera similar a lo que ocurre en Estados Unidos, donde se asigna sobre la base de metas y de proyectos particulares. Entonces, para el área de salud va el director de los Institutos Nacionales de Salud y dice: “tenemos que poner tanta plata para cáncer porque hay que hacer tales inversiones; otra prioridad son las enfermedades contagiosas, y así sucesivamente”, y luego, los legisladores convalidan ese presupuesto y quedan en condiciones de exigir el cumplimiento de determinado tipo de metas. Me parece que eso es más lógico que simplemente asignar más plata a ciencia y tecnología sin tener una evaluación posible. Acá estamos agregando, por lo menos, 250 millones de pesos anuales para un objetivo particular. Desde el principio sabíamos que había que hacer inversiones considerables. Una de ellas fue la adquisición de un buque, que vamos a inaugurar en breve, que se compró a Alemania, que requiere de mantenimiento y compra de equipos. Además, estas expediciones son relativamente costosas. Por eso resultaba necesario contar con un financiamiento específico. Si el día de mañana la decisión es desarrollar la tecnología satelital, bueno, habrá un fondo particular para eso con metas claras y evaluables. Así iremos subiendo hasta alcanzar el 1%.
- En la ley queda por designar quién será la autoridad de aplicación de la iniciativa. ¿Qué opinión tiene al respecto?
– Creemos que nuestro Ministerio está en condiciones de ser la autoridad de aplicación. Fue el originario de la idea y, además, tiene la capacidad de financiar a todos. Quiero decir, no estamos diciendo que por ser autoridad de aplicación vamos a ser los únicos beneficiarios sino todo lo contrario, decimos que nosotros somos la garantía de que los recursos llegarán a todos los que hayan hecho un aporte significativo en ese sentido. Por otra parte, más que por destinario la asignación va a estar definida por instrumentos. Por ejemplo: cuánto necesitamos destinar a recursos humanos, bueno, eso va a tener una asignación específica y se crearán becas para que la gente se forme y se financiarán planes de estudio en universidades; cuánto necesitamos para mantener una flota de investigación, los costos de las campañas, actividades científicas como congresos, estadías en el exterior. Entonces, uno define los instrumentos y hace convocatorias abiertas donde se presenta la gente de los distintos organismos. Me parece la forma más transparente y la que genera menos conflicto. Y nosotros tenemos la capacidad administrativa para hacer eso. Por otra parte, todas las acciones van a ser validadas por todos los ministerios. Eso garantiza que haya equidad. Creo que en este tiempo, el funcionamiento de Pampa Azul ha demostrado que se puede gerenciar algo en forma colectiva y, al mismo tiempo, eficiente.
- ¿Cuál es la relación que existe entre ciencia y soberanía en proyectos como Pampa Azul y PROMAR?
– Está claro que hoy por hoy la representación científica es la que define la legitimidad de ciertos reclamos. De hecho, es un concepto que ya está instalado en el Tratado Antártico donde la presencia de los países es evaluada en base a la información científica que producen. Por eso Argentina tiene la trayectoria que tiene, porque no hay solamente militares en las bases sino también científicos y hay papers que aportan al conocimiento universal sobre la Antártida. Si no tuviéramos esa presencia científica la posición argentina sería bastante más endeble. Lo mismo ocurre con el Mar Argentino. Durante mucho tiempo no hemos tenido ninguna presencia sustantiva más que la acción voluntarista de algunos investigadores con el apoyo de organismos internacionales. Pero Argentina no es visto como un país que preste atención al mar. En ese contexto, cualquier reclamo que hagamos sobre territorios en el Atlántico Sur tiene un peso relativo. Entonces, es muy importante salir con un proyecto, con un fuerte apoyo internacional, para hacer una investigación objetiva, rigurosa, que contribuya al conocimiento universal pero también que promueva el uso sustentable de los recursos que nos pertenecen. No basta con tener una flota de Prefectura, hay que tener también presencia en congresos científicos internacionales exponiendo los resultados de nuestras investigaciones y también brindar información hacia adentro: qué está pasando con el manejo de las costas, cuál es el impacto del turismo, y una cantidad de información que hay que tener en forma coherente y organizada. Eso es lo que va a mostrar que Argentina ejerce realmente su soberanía en esta porción de su territorio. Además, es muy difícil defender algo cuando uno no tiene información propia.
- Parece haber surgido una nueva mirada que implica darle al Mar Argentino y sus recursos la importancia que verdaderamente tiene pero que durante muchos años no se le dio.
– Sí, realmente nunca se pensó a la Argentina como un país marítimo. Uno piensa: Inglaterra porque es una isla, Portugal porque está frente al Atlántico, pero si uno mira el potencial que tiene Argentina, la cantidad de kilómetros de costa y demás, es inadmisible que se haya ignorado durante tanto tiempo la importancia de este recurso. Durante mucho tiempo hemos dedicado más recursos a investigaciones en astronomía que en el Mar Argentino. Hemos participado en procesos internacionales financiando observatorios, poniendo antenas de radioastronomía, estudiando las fuentes últimas de energía del universo. Lo cual está muy bien. Pero en términos de efectos concretos sobre nuestra sociedad, está claro que hay otras prioridades que deberían haber tenido una inversión igual o superior a algunas disciplinas puramente básicas.
- ¿Tiene confianza en que en un plazo de 10 años el país habrá dado un salto cualitativo en cuanto a su presencia y generación de conocimientos sobre el Mar Argentino?
– Yo creo que sí, porque el nivel de consenso que hemos logrado permite suponer que se trata de una iniciativa irreversible.
Un antes y un después
“Si todo funciona bien se abre un panorama muy positivo para todos los investigadores que nos dedicamos a las ciencias del mar en la Argentina”, afirma con satisfacción Martín Saraceno, investigador del CIMA y profesor del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de Exactas UBA.
Saraceno también integra el Consejo Asesor Científico Tecnológico del Proyecto Pampa Azul, organismo que fue consultado y que dio una opinión positiva sobre el texto del proyecto de ley de creación del PROMAR antes de ser enviado al Congreso para su aprobación.
“La ley pone varios temas en primer plano –explica Saraceno-. Uno es el hecho de que conocimiento también es soberanía. Hay que tener en cuenta que los ingleses instalaron en las Malvinas un instituto de investigación con varios científicos de primer nivel y con muchos recursos para trabajar.
Afortunadamente, Argentina entendió que sólo se puede defender eficazmente aquello que se conoce mucho”.
Por otro lado, el oceanógrafo considera que la ley constituye la herramienta más eficaz para asegurar los recursos necesarios para el desarrollo de un proyecto tan ambicioso como Pampa Azul. De esta manera, los investigadores podrán planear con más tranquilidad sus trabajos en el mediano y largo plazo. “Una campaña oceanográfica importante se planifica hasta tres años antes.
Incluyendo el proyecto se extiende hasta 5 o 6 años de anticipación. Es fundamental saber que, llegado el momento, vas a contar con un buque en condiciones de operar y con el combustible necesario para completar la campaña, que el personal estará capacitado para efectuar las tareas requeridas y que están los instrumentos necesarios para medir lo que haya que medir. Pensá que el monto promedio por día para desplazar un buque es de entre 10 y 20 mil dólares. Son gastos muy importantes”.
Saraceno también destaca la promoción de la cooperación internacional que se estableció en la norma: “En oceanografía todos los proyectos importantes requieren de la colaboración de varios países”. Y subraya la importancia que tiene que la ley fije la formación de recursos humanos como uno de sus objetivos. “Eso fue algo que, desde el Consejo Asesor, destacamos desde el principio y que atañe directamente a nuestra facultad que es donde se forman los oceanógrafos, biólogos marinos, geólogos. Si no se impulsara un aumento en el número de investigadores dedicados a las ciencias del mar, el proyecto nacería con las patas cortas porque su despliegue en el tiempo va a generar una demanda laboral que necesitará ser satisfecha”.
“Este proyecto claramente va a marcar un antes y un después”, completa, optimista.
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Fecha de Publicación: 22/08/2015
Fuente: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA
Provincia/Región: Nacional
Por unanimidad, el Senado aprobó la ley que crea el Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Ciencia, tiene por objetivo fortalecer la presencia nacional en el Atlántico Sur a partir de la generación de conocimientos y del manejo de sus recursos naturales. En una entrevista exclusiva, Lino Barañao, explica los alcances de esta novedosa legislación.
Una rápida mirada al nuevo mapa oficial de la República Argentina permite tomar conciencia de un hecho, que siempre fue así, pero que no por eso resultaba evidente: la enorme importancia que tienen los espacios no continentales y el Mar Argentino en relación con el territorio nacional.
Casi 5 mil kilómetros de costas marinas y una de las plataformas continentales más extensas del mundo que fueron casi ninguneadas a lo largo del desarrollo histórico nacional, seguramente eclipsadas por el esplendor de la pampa húmeda y los intereses de sus dueños.
Esa persistente deuda histórica comenzó a ser saldada en los últimos años con el lanzamiento de Pampa Azul una iniciativa estratégica de investigación científica en el Mar Argentino, coordinada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), de la que participan otros ministerios y numerosos organismos nacionales. El programa agrupa un conjunto de actividades de exploración y conservación; de innovación tecnológica para los sectores productivos vinculados al mar y de divulgación científica.
Este verdadero cambio de paradigma se vino a confirmar con la reciente sanción de la flamante ley que crea el Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos (PROMAR). La norma, que fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso, tiene por objetivo fortalecer la presencia del país en el Mar Argentino a través de una serie de acciones entre las cuales se enumeran: profundizar el conocimiento científico como fundamento de las políticas de conservación y manejo de los recursos naturales; promover innovaciones tecnológicas aplicables a la explotación sustentable de los recursos naturales y al desarrollo de las industrias vinculadas al mar y fortalecer la conciencia marítima de la sociedad argentina y respaldar con información científica la presencia de nuestro país en el Atlántico Sur, entre muchas otras.
Pero además, para asegurarse de que todo esto no se quede en una simple enumeración de buenas intenciones, la iniciativa dispone la creación de un fondo que no podrá ser menor a los 250 millones de pesos anuales destinado a la provisión de recursos humanos, infraestructura y tecnología necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. “Creo que es un proyecto que va a ser emblemático ya que por primera vez se va a encarar, en forma seria y con financiamiento, la investigación del Mar Argentino”, anuncia el ministro Lino Barañao.
- ¿Está conforme con el texto de la ley que acaba de aprobar el Congreso?
– Muy conforme. Sobre todo por el amplio respaldo que tuvo. Se trata de una tarea de largo plazo, obviamente, pero que va a tener repercusiones en muchas áreas: producción de alimentos, pesca y acuicultura, producción de energía, recursos minerales. Además, obviamente, tiene una connotación de soberanía. Hay una cantidad enorme de recursos de los que debemos ser custodios y, obviamente, también aprovecharlos en forma sustentable. Más allá de la investigación científica es necesario tener en cuenta que, hoy por hoy, los recursos del mar pueden aportar una proporción considerable del PBI. De hecho, nosotros creemos que en un plazo de entre 5 y 10 años los recursos marinos podrían aportar hasta un 15 por ciento del PBI. No sólo proveniente de la pesca, sino también, de algo que queremos promocionar que es la acuicultura, que es, actualmente, una tendencia mundial. Si uno lo piensa un poco, comer merluza es como comer faisán, en el sentido de que ambas son especies salvajes. No tenemos un equivalente marino a la ganadería o a la avicultura. De hecho, suelo decir que según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación) tenemos dos records Guinness: somos el país con mayor potencialidad para el desarrollo de la acuicultura y el que menos ha hecho. No es casual que recientemente el Ministerio de Agricultura haya enviado un proyecto de ley de fomento a la acuicultura. Esto muestra hasta qué punto hemos logrado una sintonía entre todos los decisores de la política.
- ¿De qué manera se establece el financiamiento para esta iniciativa?
– En la ley se establece que son fondos que provienen del Tesoro Nacional, no hay un impuesto específico. Tampoco se toman fondos de la pesca para evitar conflictos de intereses. Decidimos que sea un aporte adicional y así, de paso, sentar las bases sobre cómo debería ir creciendo el presupuesto de ciencia y técnica en el futuro. Existe un consenso de que tenemos que llegar al 1% del PBI, para eso podría establecerse por ley un incremento escalonado que apunte a alcanzar ese objetivo en una determinada cantidad de años como se hizo con Educación. Mi visión es otra, creo que el presupuesto debería ser establecido de manera similar a lo que ocurre en Estados Unidos, donde se asigna sobre la base de metas y de proyectos particulares. Entonces, para el área de salud va el director de los Institutos Nacionales de Salud y dice: “tenemos que poner tanta plata para cáncer porque hay que hacer tales inversiones; otra prioridad son las enfermedades contagiosas, y así sucesivamente”, y luego, los legisladores convalidan ese presupuesto y quedan en condiciones de exigir el cumplimiento de determinado tipo de metas. Me parece que eso es más lógico que simplemente asignar más plata a ciencia y tecnología sin tener una evaluación posible. Acá estamos agregando, por lo menos, 250 millones de pesos anuales para un objetivo particular. Desde el principio sabíamos que había que hacer inversiones considerables. Una de ellas fue la adquisición de un buque, que vamos a inaugurar en breve, que se compró a Alemania, que requiere de mantenimiento y compra de equipos. Además, estas expediciones son relativamente costosas. Por eso resultaba necesario contar con un financiamiento específico. Si el día de mañana la decisión es desarrollar la tecnología satelital, bueno, habrá un fondo particular para eso con metas claras y evaluables. Así iremos subiendo hasta alcanzar el 1%.
- En la ley queda por designar quién será la autoridad de aplicación de la iniciativa. ¿Qué opinión tiene al respecto?
– Creemos que nuestro Ministerio está en condiciones de ser la autoridad de aplicación. Fue el originario de la idea y, además, tiene la capacidad de financiar a todos. Quiero decir, no estamos diciendo que por ser autoridad de aplicación vamos a ser los únicos beneficiarios sino todo lo contrario, decimos que nosotros somos la garantía de que los recursos llegarán a todos los que hayan hecho un aporte significativo en ese sentido. Por otra parte, más que por destinario la asignación va a estar definida por instrumentos. Por ejemplo: cuánto necesitamos destinar a recursos humanos, bueno, eso va a tener una asignación específica y se crearán becas para que la gente se forme y se financiarán planes de estudio en universidades; cuánto necesitamos para mantener una flota de investigación, los costos de las campañas, actividades científicas como congresos, estadías en el exterior. Entonces, uno define los instrumentos y hace convocatorias abiertas donde se presenta la gente de los distintos organismos. Me parece la forma más transparente y la que genera menos conflicto. Y nosotros tenemos la capacidad administrativa para hacer eso. Por otra parte, todas las acciones van a ser validadas por todos los ministerios. Eso garantiza que haya equidad. Creo que en este tiempo, el funcionamiento de Pampa Azul ha demostrado que se puede gerenciar algo en forma colectiva y, al mismo tiempo, eficiente.
- ¿Cuál es la relación que existe entre ciencia y soberanía en proyectos como Pampa Azul y PROMAR?
– Está claro que hoy por hoy la representación científica es la que define la legitimidad de ciertos reclamos. De hecho, es un concepto que ya está instalado en el Tratado Antártico donde la presencia de los países es evaluada en base a la información científica que producen. Por eso Argentina tiene la trayectoria que tiene, porque no hay solamente militares en las bases sino también científicos y hay papers que aportan al conocimiento universal sobre la Antártida. Si no tuviéramos esa presencia científica la posición argentina sería bastante más endeble. Lo mismo ocurre con el Mar Argentino. Durante mucho tiempo no hemos tenido ninguna presencia sustantiva más que la acción voluntarista de algunos investigadores con el apoyo de organismos internacionales. Pero Argentina no es visto como un país que preste atención al mar. En ese contexto, cualquier reclamo que hagamos sobre territorios en el Atlántico Sur tiene un peso relativo. Entonces, es muy importante salir con un proyecto, con un fuerte apoyo internacional, para hacer una investigación objetiva, rigurosa, que contribuya al conocimiento universal pero también que promueva el uso sustentable de los recursos que nos pertenecen. No basta con tener una flota de Prefectura, hay que tener también presencia en congresos científicos internacionales exponiendo los resultados de nuestras investigaciones y también brindar información hacia adentro: qué está pasando con el manejo de las costas, cuál es el impacto del turismo, y una cantidad de información que hay que tener en forma coherente y organizada. Eso es lo que va a mostrar que Argentina ejerce realmente su soberanía en esta porción de su territorio. Además, es muy difícil defender algo cuando uno no tiene información propia.
- Parece haber surgido una nueva mirada que implica darle al Mar Argentino y sus recursos la importancia que verdaderamente tiene pero que durante muchos años no se le dio.
– Sí, realmente nunca se pensó a la Argentina como un país marítimo. Uno piensa: Inglaterra porque es una isla, Portugal porque está frente al Atlántico, pero si uno mira el potencial que tiene Argentina, la cantidad de kilómetros de costa y demás, es inadmisible que se haya ignorado durante tanto tiempo la importancia de este recurso. Durante mucho tiempo hemos dedicado más recursos a investigaciones en astronomía que en el Mar Argentino. Hemos participado en procesos internacionales financiando observatorios, poniendo antenas de radioastronomía, estudiando las fuentes últimas de energía del universo. Lo cual está muy bien. Pero en términos de efectos concretos sobre nuestra sociedad, está claro que hay otras prioridades que deberían haber tenido una inversión igual o superior a algunas disciplinas puramente básicas.
- ¿Tiene confianza en que en un plazo de 10 años el país habrá dado un salto cualitativo en cuanto a su presencia y generación de conocimientos sobre el Mar Argentino?
– Yo creo que sí, porque el nivel de consenso que hemos logrado permite suponer que se trata de una iniciativa irreversible.
Un antes y un después
“Si todo funciona bien se abre un panorama muy positivo para todos los investigadores que nos dedicamos a las ciencias del mar en la Argentina”, afirma con satisfacción Martín Saraceno, investigador del CIMA y profesor del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de Exactas UBA.
Saraceno también integra el Consejo Asesor Científico Tecnológico del Proyecto Pampa Azul, organismo que fue consultado y que dio una opinión positiva sobre el texto del proyecto de ley de creación del PROMAR antes de ser enviado al Congreso para su aprobación.
“La ley pone varios temas en primer plano –explica Saraceno-. Uno es el hecho de que conocimiento también es soberanía. Hay que tener en cuenta que los ingleses instalaron en las Malvinas un instituto de investigación con varios científicos de primer nivel y con muchos recursos para trabajar.
Afortunadamente, Argentina entendió que sólo se puede defender eficazmente aquello que se conoce mucho”.
Por otro lado, el oceanógrafo considera que la ley constituye la herramienta más eficaz para asegurar los recursos necesarios para el desarrollo de un proyecto tan ambicioso como Pampa Azul. De esta manera, los investigadores podrán planear con más tranquilidad sus trabajos en el mediano y largo plazo. “Una campaña oceanográfica importante se planifica hasta tres años antes.
Incluyendo el proyecto se extiende hasta 5 o 6 años de anticipación. Es fundamental saber que, llegado el momento, vas a contar con un buque en condiciones de operar y con el combustible necesario para completar la campaña, que el personal estará capacitado para efectuar las tareas requeridas y que están los instrumentos necesarios para medir lo que haya que medir. Pensá que el monto promedio por día para desplazar un buque es de entre 10 y 20 mil dólares. Son gastos muy importantes”.
Saraceno también destaca la promoción de la cooperación internacional que se estableció en la norma: “En oceanografía todos los proyectos importantes requieren de la colaboración de varios países”. Y subraya la importancia que tiene que la ley fije la formación de recursos humanos como uno de sus objetivos. “Eso fue algo que, desde el Consejo Asesor, destacamos desde el principio y que atañe directamente a nuestra facultad que es donde se forman los oceanógrafos, biólogos marinos, geólogos. Si no se impulsara un aumento en el número de investigadores dedicados a las ciencias del mar, el proyecto nacería con las patas cortas porque su despliegue en el tiempo va a generar una demanda laboral que necesitará ser satisfecha”.
“Este proyecto claramente va a marcar un antes y un después”, completa, optimista.
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Megaminería: de eso no se habla
La megaminería no entra en la campaña
Fecha de Publicación: 22/08/2015
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Hace un mes se realizó un cónclave minero en la provincia de San Juan, organizado por las empresas mineras transnacionales conjuntamente con la Fundación DAR que dirige Pepe Scioli, hermano del candidato presidencial Daniel Scioli. Este último y su compañero de fórmula, Carlos Zannini, fueron los invitados estrella junto con los gobernadores de las provincias que forman parte de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI). Las grandes empresas, entre ellas Barrick Gold, Panamerican Silver, Yamana Gold, presentaron 10 puntos a los candidatos del oficialismo, exigiendo garantías “para fortalecer al sector”. Entre otros puntos, se destaca la pretensión de avanzar con la megaminería en aquellas provincias donde existe resistencia popular, fundamentalmente en Córdoba, Chubut, Mendoza y La Rioja.
Scioli realizó promesas y señaló que “la minería generará millones de dólares y trabajo”, contradiciendo a la propia realidad que muestra que allí donde se instala la megaminería sólo quedan territorios contaminados, promesas de trabajo que nunca se cumplen, economías regionales devastadas, recursos saqueados, conflictividad social y multinacionales enriquecidas. Habló también de una “minería sustentable”, lo cual en realidad es un oxímoron creado por los departamentos de marketing de las grandes empresas mineras para ilusionar y confundir a las poblaciones.
Un dato elocuente del encuentro fue la participación de Rosana Bertone, la gobernadora electa de Tierra del Fuego, provincia donde existe una ley que prohíbe este tipo de minería. La futura gobernadora ya anticipó cual será su política, prometiendo que incorporará la provincia a OFEMI.
Esta nueva arremetida del sector minero coincide con la publicación de la Encíclica papal “Laudato Si”, un poderoso documento de ecología política. Hay que reconocer el valor que tiene esta verdadera Eco-Encíclica: crítica fuerte al consumismo, al desarrollismo, a la tecnocracia, al mundo financiero y a la creciente privatización de la naturaleza. La encíclica aboga además por el respeto a otros saberes y culturas, por el comunitarismo; reivindica las luchas sociales, la ecología de saberes, la deuda ecológica del Norte para con los países de Sur, la naturaleza como sujeto ... En fin, un manuscrito que sin tapujos, y con el lenguaje de los movimientos sociales, denuncia los modelos de maldesarrollo que padece gran parte del planeta, especialmente nuestra región.
Pese a que todo el establishment peronista peregrinó por el Vaticano para sacarse fotografías con el Papa Francisco, y todos buscan el modo en cómo utilizar su figura en campaña, la encíclica fue prácticamente ninguneada. Por su parte, Mauricio Macri recomendó su lectura, algo que pareciera no hizo él mismo, ya que cuando se refiere a estos temas no sólo repite el engañoso eslogan de “minería sustentable”, sino que además pretende ocultar que él es el principal responsable del gravísimo retroceso socio-ambiental en la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, Sergio Massa, en sus ya famosos spots con tonadas regionales, prometió una política de doble estándar: “impulsar la minería” en San Juan y “cuidar el agua” en Mendoza. Los otros candidatos, sean de izquierda o progresistas, si bien -en parte- acompañan las luchas socioambientales, poco proponen en términos de alternativas al modelo extractivista, ignorando la ingente bibliografía y propuestas sobre estos temas en la región.
Así, mientras los candidatos se sitúan entre el cinismo y la ignorancia, las asambleas ciudadanas que vienen resistiendo el extractivismo en diferentes lugares del país proclaman que “gane quien gane aquí no habrá megaminería”, anticipando la conflictividad social que se avecina, como consecuencia de los nuevos embates de las empresas y los gobiernos para avanzar sobre los territorios sin licencia social.
En este contexto, hay que señalar que acaba de consumarse un hecho de extrema gravedad, inadvertido por la agenda mediática-política. El 1° de agosto empezó a regir el nuevo Código Civil y Comercial y con él se perdió el acceso público a todos los ríos del país. En efecto, a través de la modificación de un artículo del actual Código se eliminó el camino público de 35 metros que existía en ambas márgenes de los ríos del país y que permitía su uso y goce por la población. Así, de un plumazo se realizó la mayor privatización de tierras de la historia de nuestro país (aproximadamente 208 mil hectáreas, más de 10 veces la Ciudad de Buenos Aires) en manos de la especulación inmobiliaria que demuestra cada vez mayor poder de control sobre los poderes políticos.
Por Maristella Svampa y Enrique Viale
Socióloga y escritora; abogado ambientalista
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Catamarca capacitó sobre bosques nativos
Ambiente realizó capacitación para el ordenamiento territorial de bosques nativos
Fecha de Publicación: 22/08/2015
Fuente: Diario C
Provincia/Región: Catamarca
En la jornada de hoy, la Secretaría de Estado y Ambiente y Desarrollo Sustentable de Catamarca, a cargo del CPN Armando Zavaleta, llevó a cabo en las instalaciones del CAPE (ex regimiento) el curso-taller denominado “Proceso Participativo del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos”.
Los encargados de llevar adelante el evento fueron la psicóloga social Mirta López y la trabajadora social Florencia Presta, coordinadora del área de participación social y la asistente técnica de la misma, respectivamente; la bióloga Julieta Bono, quien se desempeña como coordinadora del área de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, y la ingeniera forestal Camila Jordán, también técnica OTBN, todas pertenecientes a la Dirección de Bosques Nativos de la Secretaría de Ambiente de la Nación.
AL respecto, López remarcó: “La Ley 26.331 nos indica que tenemos que hacer el ordenamiento territorial de los bosques nativos a través de un proceso participativo. La Secretaría de Ambiente de la Nación brinda a través de la Dirección de Bosques esta capacitación que tiende a la reflexión sobre cómo debe hacerse en cada provincia, con lo cual en ésta jornada nos capacitamos sobre todos los momentos que lleva un proceso de ordenamiento territorial”.
Por último, la especialista hizo referencia al análisis que deben realizar los actores sociales “para invitar a la gente” y la metodología que se utiliza para comunicarse con las comunidades originarias y poblaciones campesinas “ya que no es fácil”, y que además “son fundamentales porque habitan dentro del territorio de bosques nativos”.
Participaron del evento personal técnico de las direcciones de Bosques Nativos y Biodiversidad de la provincia, como así también integrantes del sector privado.
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Fecha de Publicación: 22/08/2015
Fuente: Diario C
Provincia/Región: Catamarca
En la jornada de hoy, la Secretaría de Estado y Ambiente y Desarrollo Sustentable de Catamarca, a cargo del CPN Armando Zavaleta, llevó a cabo en las instalaciones del CAPE (ex regimiento) el curso-taller denominado “Proceso Participativo del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos”.
Los encargados de llevar adelante el evento fueron la psicóloga social Mirta López y la trabajadora social Florencia Presta, coordinadora del área de participación social y la asistente técnica de la misma, respectivamente; la bióloga Julieta Bono, quien se desempeña como coordinadora del área de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, y la ingeniera forestal Camila Jordán, también técnica OTBN, todas pertenecientes a la Dirección de Bosques Nativos de la Secretaría de Ambiente de la Nación.
AL respecto, López remarcó: “La Ley 26.331 nos indica que tenemos que hacer el ordenamiento territorial de los bosques nativos a través de un proceso participativo. La Secretaría de Ambiente de la Nación brinda a través de la Dirección de Bosques esta capacitación que tiende a la reflexión sobre cómo debe hacerse en cada provincia, con lo cual en ésta jornada nos capacitamos sobre todos los momentos que lleva un proceso de ordenamiento territorial”.
Por último, la especialista hizo referencia al análisis que deben realizar los actores sociales “para invitar a la gente” y la metodología que se utiliza para comunicarse con las comunidades originarias y poblaciones campesinas “ya que no es fácil”, y que además “son fundamentales porque habitan dentro del territorio de bosques nativos”.
Participaron del evento personal técnico de las direcciones de Bosques Nativos y Biodiversidad de la provincia, como así también integrantes del sector privado.
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Quieren minería de uranio en Chubut
Impulsan proyecto de minería del uranio en Chubut
Fecha de Publicación: 21/08/2015
Fuente: u-238.com.ar
Provincia/Región: Chubut
Para los próximos años, se esperan que las inversiones mineras sean del orden de los 30 mil millones de dólares en Argentina. Dentro de ese monto, también se cuentan las iniciativas que existen en la provincia de Chubut que hoy se encuentran paralizadas.
Se trata, en total, de cuatro proyectos que podrían requerir inversiones por un monto de 1.400 millones de dólares y crear 7.500 puestos de trabajo. Uno de estos proyectos es el yacimiento de Cerro Solo que, según estimaciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) contiene 8.754 toneladas de uranio recuperable. Allí la inversión inicial llegaría a los 170 millones de dólares, generando 300 puestos de mano de obra directos y otros 800 indirectos.
“Se puede afirmar que de llevarse adelante la explotación de uranio en este distrito minero, la Argentina dejaría de importar el mineral (importa anualmente un valor de 100M de dólares) y tendría excedente para exportar”, asegura el informe de la Cámara de Proveedores Mineros de Chubut.
Otro de los proyectos es Navidad. El estudio económico preliminar indicó una producción de 15.000 ton/día durante los 17 años de vida del yacimiento. Durante los primeros 5 años de operación, se prevé una producción de casi 20.000.000 onzas/año de plata, luego promediaría 16.500.000 onzas/año. La construcción demandaría 1.500 trabajadores directos mientras que en la etapa de operación se emplearían 500 personas. Entre fuentes directas e indirectas se habla de 4.000 nuevos trabajadores.
En tanto, en la iniciativa Suyai en la Cordillera se estima que la vida útil de la mina es de 10 años continuos, con una planta estable de 450 trabajadores en relación de dependencia de la mina, más otros 1.000 puestos de empleo generados en forma indirecta vía proveedores de servicios varios. En caso de entrar en explotación la empresa prevé que en la etapa de construcción de la mina subterránea, se necesitarán más de 800 empleados durante un plazo de 18 meses y se invertirán $ 1.760 millones de los cuales más del 35% se gastará en insumos y servicios locales.
Finalmente, el proyecto de las arenas silíceas se trata de un yacimiento ubicado en la meseta central, a 120 kilómetros de Trelew. Estas arenas debido a sus características físico/químicas son utilizadas para inyectarlas en pozos productivos petroleros del tipo no convencional. El consumo promedio de arena como sostén para estos pozos varía entre 27.500 a 35.000 bolsas de 100 libras, esto equivale a un promedio por pozo de 1.400 toneladas de agentes de sostén. Actualmente estas arenas se importan y de explotarse en el país permitiría un ahorro al país de unos 300 millones de dólares.
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Fecha de Publicación: 21/08/2015
Fuente: u-238.com.ar
Provincia/Región: Chubut
Para los próximos años, se esperan que las inversiones mineras sean del orden de los 30 mil millones de dólares en Argentina. Dentro de ese monto, también se cuentan las iniciativas que existen en la provincia de Chubut que hoy se encuentran paralizadas.
Se trata, en total, de cuatro proyectos que podrían requerir inversiones por un monto de 1.400 millones de dólares y crear 7.500 puestos de trabajo. Uno de estos proyectos es el yacimiento de Cerro Solo que, según estimaciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) contiene 8.754 toneladas de uranio recuperable. Allí la inversión inicial llegaría a los 170 millones de dólares, generando 300 puestos de mano de obra directos y otros 800 indirectos.
“Se puede afirmar que de llevarse adelante la explotación de uranio en este distrito minero, la Argentina dejaría de importar el mineral (importa anualmente un valor de 100M de dólares) y tendría excedente para exportar”, asegura el informe de la Cámara de Proveedores Mineros de Chubut.
Otro de los proyectos es Navidad. El estudio económico preliminar indicó una producción de 15.000 ton/día durante los 17 años de vida del yacimiento. Durante los primeros 5 años de operación, se prevé una producción de casi 20.000.000 onzas/año de plata, luego promediaría 16.500.000 onzas/año. La construcción demandaría 1.500 trabajadores directos mientras que en la etapa de operación se emplearían 500 personas. Entre fuentes directas e indirectas se habla de 4.000 nuevos trabajadores.
En tanto, en la iniciativa Suyai en la Cordillera se estima que la vida útil de la mina es de 10 años continuos, con una planta estable de 450 trabajadores en relación de dependencia de la mina, más otros 1.000 puestos de empleo generados en forma indirecta vía proveedores de servicios varios. En caso de entrar en explotación la empresa prevé que en la etapa de construcción de la mina subterránea, se necesitarán más de 800 empleados durante un plazo de 18 meses y se invertirán $ 1.760 millones de los cuales más del 35% se gastará en insumos y servicios locales.
Finalmente, el proyecto de las arenas silíceas se trata de un yacimiento ubicado en la meseta central, a 120 kilómetros de Trelew. Estas arenas debido a sus características físico/químicas son utilizadas para inyectarlas en pozos productivos petroleros del tipo no convencional. El consumo promedio de arena como sostén para estos pozos varía entre 27.500 a 35.000 bolsas de 100 libras, esto equivale a un promedio por pozo de 1.400 toneladas de agentes de sostén. Actualmente estas arenas se importan y de explotarse en el país permitiría un ahorro al país de unos 300 millones de dólares.
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Pumas en Buenos Aires luego de 60 años
Vuelven a ver pumas en Buenos Aires
Fecha de Publicación: 21/08/2015
Fuente: El Federal
Provincia/Región: Buenos Aires
Luego de más de 60 años sin registros, un trabajo de investigación que documenta más de 100 reportes sobre la presencia de especies de Puma concolor en distintos ámbitos rurales de la provincia de Buenos Aires. Las evidencias de estas poblaciones se hallaron en el Sistema de Ventania y en el noroeste y norte del pastizal pampeano.
Se trata de un estudio realizado por el paleontólogo dolorense Nicolás Chimento, del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”; y por Eduardo R. De Lucca, miembro del Centro para el Estudio y Manejo de Predadores de Argentina de la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”.
Según manifestaron los investigadores este felino “es un carnívoro de gran resiliencia, capaz de subsistir en ambientes modificados por el hombre. No obstante, Puma concolor había sufrido retracciones en su rango y extinciones locales en la ecorregión Pampeana”.
En el mapa de observaciones confeccionado por Chimento y De Lucca, se pueden observar las huellas de un adulto y una cría fotografiadas entre mayo y junio de 2014, en un establecimiento rural de Vuelta de Obligado (partido de San Pedro).
Para los especialistas, el registro en distintas áreas de especímenes jóvenes y de hembras con cachorros, sugiere que en la ecorregión Pampeana está teniendo lugar un proceso de recolonización por parte del puma”.
Este estudio fue cedido al Grupo Conservacionista de Fósiles, quienes en base a los datos aportados, indicaron que “será recomendable monitorear de cerca este fenómeno, ya que cuando un gran carnívoro vuelve a ocupar un área donde previamente estaba extinto, conocer sus movimientos tanto en áreas rurales como urbanas facilita la identificación de las problemáticas de conservación y de manejo a enfrentar”.
En este marco, advirtieron la necesidad de ser proactivos: “permanecer indiferentes ante este resurgir del puma en la provincia más poblada del país, seguramente surgirán conflictos con consecuencias negativas tanto para humanos como para este “nuevo” ocupante del ecosistema de las pampas”.
Un atisbo de ello por ejemplo se dio en Ramallo, donde, entre septiembre y noviembre de 2014, se hallaron huellas de pumas junto con terneros y ovejas depredadas en las cercanías de un campo. El antiguo tigre de las pampas vuelve a recuperar su reino.
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Fecha de Publicación: 21/08/2015
Fuente: El Federal
Provincia/Región: Buenos Aires
Luego de más de 60 años sin registros, un trabajo de investigación que documenta más de 100 reportes sobre la presencia de especies de Puma concolor en distintos ámbitos rurales de la provincia de Buenos Aires. Las evidencias de estas poblaciones se hallaron en el Sistema de Ventania y en el noroeste y norte del pastizal pampeano.
Se trata de un estudio realizado por el paleontólogo dolorense Nicolás Chimento, del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”; y por Eduardo R. De Lucca, miembro del Centro para el Estudio y Manejo de Predadores de Argentina de la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”.
Según manifestaron los investigadores este felino “es un carnívoro de gran resiliencia, capaz de subsistir en ambientes modificados por el hombre. No obstante, Puma concolor había sufrido retracciones en su rango y extinciones locales en la ecorregión Pampeana”.
En el mapa de observaciones confeccionado por Chimento y De Lucca, se pueden observar las huellas de un adulto y una cría fotografiadas entre mayo y junio de 2014, en un establecimiento rural de Vuelta de Obligado (partido de San Pedro).
Para los especialistas, el registro en distintas áreas de especímenes jóvenes y de hembras con cachorros, sugiere que en la ecorregión Pampeana está teniendo lugar un proceso de recolonización por parte del puma”.
Este estudio fue cedido al Grupo Conservacionista de Fósiles, quienes en base a los datos aportados, indicaron que “será recomendable monitorear de cerca este fenómeno, ya que cuando un gran carnívoro vuelve a ocupar un área donde previamente estaba extinto, conocer sus movimientos tanto en áreas rurales como urbanas facilita la identificación de las problemáticas de conservación y de manejo a enfrentar”.
En este marco, advirtieron la necesidad de ser proactivos: “permanecer indiferentes ante este resurgir del puma en la provincia más poblada del país, seguramente surgirán conflictos con consecuencias negativas tanto para humanos como para este “nuevo” ocupante del ecosistema de las pampas”.
Un atisbo de ello por ejemplo se dio en Ramallo, donde, entre septiembre y noviembre de 2014, se hallaron huellas de pumas junto con terneros y ovejas depredadas en las cercanías de un campo. El antiguo tigre de las pampas vuelve a recuperar su reino.
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UICN Argentina reclama la ley de humedales
ONGs argentinas piden la pronta aprobación de la ley de humedales
Fecha de Publicación: 21/08/2015
Fuente: Diario el Tiempo
Provincia/Región: Nacional
El Comité Argentino de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza pidió la “urgente necesidad” de sancionar una Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación, Protección y Uso Racional y Sostenible de los Humedales.
El pedido lo hacen 11 organizaciones ecologistas, junto a la Universidad de Chilecito (La Rioja) y la Administración Nacional de Parques Nacionales, “a la vista de los últimos acontecimientos de graves inundaciones en el noreste de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe”.
El proyecto de ley tiene sanción de la Cámara de Senadores de la Argentina desde el 13 de noviembre de 2013. “Sin embargo, el proceso en Diputados se ha vuelto extremadamente lento”. En 2014 el proyecto tuvo dictamen favorable de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, para luego pasar a la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, pero ésta no le ha dado tratamiento hasta la fecha.
El proyecto parte del marco del artículo 41 de la Constitución Nacional y busca garantizar un piso mínimo de protección para todos los humedales del país, “reconociendo la importancia fundamental de sus bienes y servicios para la sociedad, buscando su sustentabilidad y la protección de su existencia futura para bienestar de todos”.
Causas
“Los ecosistemas de humedales se caracterizan por la presencia de agua por lo tanto, su régimen hidrológico es clave para mantener sus propiedades funcionales y estructurales. Cuando se modifica la cantidad y distribución cronológica de los flujos de agua -sea por drenado, terraplenado o canalización- se impacta negativamente sobre funciones claves de los humedales, como por ejemplo, amortiguar los excedentes hídricos que traen las grandes lluvias, las cuales en un marco de cambio climático global solo se harán más usuales y fuertes”.
Las organizaciones ambientalistas resaltaron también que “el avance de barrios cerrados y mega-urbanizaciones de modo desordenado, sin planificación participativa y una falta de atención por la importancia de mantener las llanuras de los ríos libres de asentamientos, evita que durante crecidas los ríos puedan desbordar libremente”.
“El problema de las inundaciones -que hoy afecta a cientos de personas y acarrea grandes consecuencias económicas, sanitarias y habitacionales- podría ser atendido con una ley como la reclamada para los humedales, favoreciendo una planificación estratégica del uso del territorio, brindando la posibilidad de conocer y ordenar los humedales de todo el país”.
Con esto último se contribuiría a su protección y conservación y también se posibilitaría una producción sustentable compatible con la integridad ecológica de los humedales, preservando un bien tan preciado como es el agua dulce.
Quiénes
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es la institución medioambiental global más grande y más antigua del mundo. Fue fundada en 1948 y hoy cuenta con más de 1.200 organizaciones miembro en alrededor de 160 países.
El Comité Argentino de la Uicn fue creado en 1990, actualmente nuclea a catorce miembros, uno de ellos un organismo de gobierno, la Administración de Parques Nacionales (APN); la Universidad de Chilecito y las organizaciones no gubernamentales: Centro Desarrollo y Pesca Sustentable (CeDePesca); Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn); Fundación Biodiversidad; Fundación Ecológica por una Vida Mejor; Fundación Habitat y Desarrollo; Fundación para la Conservación y el Uso Sustentable de los Humedales (Fundación Humedales); Fundación Patagonia Natural; Fundación Proteger; Fundación ProYungas; Fundación RIE; Fundación Urundei y Fundación Vida Silvestre Argentina.
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Fecha de Publicación: 21/08/2015
Fuente: Diario el Tiempo
Provincia/Región: Nacional
El Comité Argentino de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza pidió la “urgente necesidad” de sancionar una Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación, Protección y Uso Racional y Sostenible de los Humedales.
El pedido lo hacen 11 organizaciones ecologistas, junto a la Universidad de Chilecito (La Rioja) y la Administración Nacional de Parques Nacionales, “a la vista de los últimos acontecimientos de graves inundaciones en el noreste de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe”.
El proyecto de ley tiene sanción de la Cámara de Senadores de la Argentina desde el 13 de noviembre de 2013. “Sin embargo, el proceso en Diputados se ha vuelto extremadamente lento”. En 2014 el proyecto tuvo dictamen favorable de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, para luego pasar a la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, pero ésta no le ha dado tratamiento hasta la fecha.
El proyecto parte del marco del artículo 41 de la Constitución Nacional y busca garantizar un piso mínimo de protección para todos los humedales del país, “reconociendo la importancia fundamental de sus bienes y servicios para la sociedad, buscando su sustentabilidad y la protección de su existencia futura para bienestar de todos”.
Causas
“Los ecosistemas de humedales se caracterizan por la presencia de agua por lo tanto, su régimen hidrológico es clave para mantener sus propiedades funcionales y estructurales. Cuando se modifica la cantidad y distribución cronológica de los flujos de agua -sea por drenado, terraplenado o canalización- se impacta negativamente sobre funciones claves de los humedales, como por ejemplo, amortiguar los excedentes hídricos que traen las grandes lluvias, las cuales en un marco de cambio climático global solo se harán más usuales y fuertes”.
Las organizaciones ambientalistas resaltaron también que “el avance de barrios cerrados y mega-urbanizaciones de modo desordenado, sin planificación participativa y una falta de atención por la importancia de mantener las llanuras de los ríos libres de asentamientos, evita que durante crecidas los ríos puedan desbordar libremente”.
“El problema de las inundaciones -que hoy afecta a cientos de personas y acarrea grandes consecuencias económicas, sanitarias y habitacionales- podría ser atendido con una ley como la reclamada para los humedales, favoreciendo una planificación estratégica del uso del territorio, brindando la posibilidad de conocer y ordenar los humedales de todo el país”.
Con esto último se contribuiría a su protección y conservación y también se posibilitaría una producción sustentable compatible con la integridad ecológica de los humedales, preservando un bien tan preciado como es el agua dulce.
Quiénes
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es la institución medioambiental global más grande y más antigua del mundo. Fue fundada en 1948 y hoy cuenta con más de 1.200 organizaciones miembro en alrededor de 160 países.
El Comité Argentino de la Uicn fue creado en 1990, actualmente nuclea a catorce miembros, uno de ellos un organismo de gobierno, la Administración de Parques Nacionales (APN); la Universidad de Chilecito y las organizaciones no gubernamentales: Centro Desarrollo y Pesca Sustentable (CeDePesca); Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn); Fundación Biodiversidad; Fundación Ecológica por una Vida Mejor; Fundación Habitat y Desarrollo; Fundación para la Conservación y el Uso Sustentable de los Humedales (Fundación Humedales); Fundación Patagonia Natural; Fundación Proteger; Fundación ProYungas; Fundación RIE; Fundación Urundei y Fundación Vida Silvestre Argentina.
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Jujuy: organizaciones rechaza explotación petrolera
Fuerte rechazo a la explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua
Fecha de Publicación: 20/08/2015
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Jujuy
Greenpeace, Trabajadores Autoconvocados del Parque Nacional Calilegua, autoridades del Pueblo Nación Guaraní, e integrantes del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen y de la Fundación Pámpanos realizaron una conferencia de prensa en la que rechazaron la explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua por su ilegalidad y graves impactos ambientales.
"Esta actividad petrolera es ilegal y desde hace muchos años venimos denunciando sus graves impactos en las aguas subterráneas y del arroyo Yuto dentro del Parque Nacional. Desgraciadamente, hasta el momento las autoridades han hecho caso omiso a nuestros reclamos" expuso Guillermo Nicolossi, como representante de Trabajadores Autoconvocados del PN Calilegua.
"El Papa Francisco en su última encíclica nos recuerda la importancia de cuidar a nuestra madre Tierra, sus bosques y sus cursos de agua", declaró el Padre Miguel Arcángel Mendez, de ENDEPA, Equipo Nacional de Pastoral Aborigen.
Por su parte, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, anunció: “En cumplimiento de los objetivos de la organización, vamos a colaborar con la sociedad y las autoridades para controlar y denunciar la contaminación petrolera en el Parque Nacional Calilegua. Desde hace más de cuatro décadas la protección de los bosques, la biodiversidad y el agua son temas prioritarios para Greenpeace. En ese sentido, el riesgo ambiental al que está expuesto el parque nacional amerita aumentar nuestros esfuerzos para su efectiva protección”.
"La propia empresa reconoció que un tercio del Parque está en riesgo de contaminación. Extraer petróleo de un Parque Nacional es completamente ridículo e ilegal. El Gobierno de Jujuy debe cancelar en forma inmediata la explotación hidrocarburífera en Calilegua y realizar, junto al Gobierno nacional, la remediación de los pasivos ambientales. Calilegua es una maravilla de todos los argentinos que debemos defender de la voracidad petrolera”, afirmó Giardini.
Flora Cruz, autoridad del Pueblo Nación Guaraní en Jujuy y Salta, también se hizo presente en la Conferencia y declaró: "Para nosotros se trata de un lugar sagrado; con la presencia de esta empresa china, el Gobierno ha vulnerado todos nuestros derechos".
"No hay ningún beneficio para la población local, sólo riesgos de contaminación, sobre todo del agua potable. Y no olvidemos que el acceso al agua es un derecho humano. En el mundo, cada 3 segundos y medio muere un niño como consecuencia de problemáticas asociadas con la contaminación y la falta de agua", alertó Fernanda Yapur presidenta de Fundación Pampanos. "Esta lucha no es en vano, nuestras denuncias empiezan a tener repercusiones. La Nación y la Provincia deben dejar de 'tirarse la pelota entre sí' y empezar a hacerse cargo" reclamó.
Greenpeace difundió un informe (1) sobre los impactos ambientales de la explotación petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua, donde recientemente el Gobierno provincial otorgó una concesión hasta el año 2037 a la empresa china Petro AP, que durante los primeros 6 años pretende realizar 3 nuevas perforaciones. La propia empresa presentó un Estudio de Impacto Ambiental en el que advierte que existen riesgos de contaminación por derrames, incendios y derrumbes sobre más de 21 mil hectáreas de selva.
El Parque Nacional Calilegua es zona núcleo de la Reserva de Biósfera de las Yungas de la UNESCO y protege 76.306 hectáreas de uno de los ambientes de mayor biodiversidad de Argentina. Alberga la mitad de las aves del país y especies en peligro de extinción, como el yaguareté.
1) Informe “El lado oscuro de la selva. Explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua”
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Fecha de Publicación: 20/08/2015
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Jujuy
Greenpeace, Trabajadores Autoconvocados del Parque Nacional Calilegua, autoridades del Pueblo Nación Guaraní, e integrantes del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen y de la Fundación Pámpanos realizaron una conferencia de prensa en la que rechazaron la explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua por su ilegalidad y graves impactos ambientales.
"Esta actividad petrolera es ilegal y desde hace muchos años venimos denunciando sus graves impactos en las aguas subterráneas y del arroyo Yuto dentro del Parque Nacional. Desgraciadamente, hasta el momento las autoridades han hecho caso omiso a nuestros reclamos" expuso Guillermo Nicolossi, como representante de Trabajadores Autoconvocados del PN Calilegua.
"El Papa Francisco en su última encíclica nos recuerda la importancia de cuidar a nuestra madre Tierra, sus bosques y sus cursos de agua", declaró el Padre Miguel Arcángel Mendez, de ENDEPA, Equipo Nacional de Pastoral Aborigen.
Por su parte, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, anunció: “En cumplimiento de los objetivos de la organización, vamos a colaborar con la sociedad y las autoridades para controlar y denunciar la contaminación petrolera en el Parque Nacional Calilegua. Desde hace más de cuatro décadas la protección de los bosques, la biodiversidad y el agua son temas prioritarios para Greenpeace. En ese sentido, el riesgo ambiental al que está expuesto el parque nacional amerita aumentar nuestros esfuerzos para su efectiva protección”.
"La propia empresa reconoció que un tercio del Parque está en riesgo de contaminación. Extraer petróleo de un Parque Nacional es completamente ridículo e ilegal. El Gobierno de Jujuy debe cancelar en forma inmediata la explotación hidrocarburífera en Calilegua y realizar, junto al Gobierno nacional, la remediación de los pasivos ambientales. Calilegua es una maravilla de todos los argentinos que debemos defender de la voracidad petrolera”, afirmó Giardini.
Flora Cruz, autoridad del Pueblo Nación Guaraní en Jujuy y Salta, también se hizo presente en la Conferencia y declaró: "Para nosotros se trata de un lugar sagrado; con la presencia de esta empresa china, el Gobierno ha vulnerado todos nuestros derechos".
"No hay ningún beneficio para la población local, sólo riesgos de contaminación, sobre todo del agua potable. Y no olvidemos que el acceso al agua es un derecho humano. En el mundo, cada 3 segundos y medio muere un niño como consecuencia de problemáticas asociadas con la contaminación y la falta de agua", alertó Fernanda Yapur presidenta de Fundación Pampanos. "Esta lucha no es en vano, nuestras denuncias empiezan a tener repercusiones. La Nación y la Provincia deben dejar de 'tirarse la pelota entre sí' y empezar a hacerse cargo" reclamó.
Greenpeace difundió un informe (1) sobre los impactos ambientales de la explotación petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua, donde recientemente el Gobierno provincial otorgó una concesión hasta el año 2037 a la empresa china Petro AP, que durante los primeros 6 años pretende realizar 3 nuevas perforaciones. La propia empresa presentó un Estudio de Impacto Ambiental en el que advierte que existen riesgos de contaminación por derrames, incendios y derrumbes sobre más de 21 mil hectáreas de selva.
El Parque Nacional Calilegua es zona núcleo de la Reserva de Biósfera de las Yungas de la UNESCO y protege 76.306 hectáreas de uno de los ambientes de mayor biodiversidad de Argentina. Alberga la mitad de las aves del país y especies en peligro de extinción, como el yaguareté.
1) Informe “El lado oscuro de la selva. Explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua”
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Cambio en la autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo
Renunció Cufré a la presidencia del organismo encargado de sanear el Riachuelo
Fecha de Publicación: 20/08/2015
Fuente: Agencia DyN
Provincia/Región: Riachuelo
El presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo dimitió al cargo. El Gobierno nacional designó en su reemplazo a Gerardo López Arrojo.
El presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), Marcelo Cufré, renunció al cargo y el gobierno nacional designó en su reemplazo a Gerardo López Arrojo.
El nuevo titular del organismo ambiental se desempeñó como subsecretario de Políticas Socioeconómicas bonaerense y como secretario de Obras Públicas del partido de Lanús.
La renuncia de Cufré, quien había asumido en diciembre de 2013, fue aceptada por la presidenta Cristina Fernández a través del decreto 1657, publicado hoy en el Boletín Oficial, que también cuenta con la firma del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
La jefa de Estado, mediante el decreto 1658, dispuso el nombramiento de López Arrojo como nuevo titular del organismo creado en 2006 mediante la ley 26.168, a raíz de la grave contaminación ambiental de la cuenca, e integrado por funcionarios nacionales, bonaerenses y porteños.
En 2004, la problemática de la cuenca fue llevada a instancias judiciales por un grupo de vecinos que presentaron una demanda en reclamo de la recomposición del ambiente y la creación de un fondo para financiar el saneamiento.
Esta situación dio origen a la causa "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo)".
En el expediente, se responsabilizó por daños y perjuicios al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de a 44 empresas.
Luego, se amplió la demanda hacia los 14 municipios bonaerenses por los que se extiende la cuenca Matanza-Riachuelo El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo con el que intimó a la ACUMAR a implementar un plan de saneamiento en respuesta al expediente conocido como la "Causa Mendoza".
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Fecha de Publicación: 20/08/2015
Fuente: Agencia DyN
Provincia/Región: Riachuelo
El presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo dimitió al cargo. El Gobierno nacional designó en su reemplazo a Gerardo López Arrojo.
El presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), Marcelo Cufré, renunció al cargo y el gobierno nacional designó en su reemplazo a Gerardo López Arrojo.
El nuevo titular del organismo ambiental se desempeñó como subsecretario de Políticas Socioeconómicas bonaerense y como secretario de Obras Públicas del partido de Lanús.
La renuncia de Cufré, quien había asumido en diciembre de 2013, fue aceptada por la presidenta Cristina Fernández a través del decreto 1657, publicado hoy en el Boletín Oficial, que también cuenta con la firma del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
La jefa de Estado, mediante el decreto 1658, dispuso el nombramiento de López Arrojo como nuevo titular del organismo creado en 2006 mediante la ley 26.168, a raíz de la grave contaminación ambiental de la cuenca, e integrado por funcionarios nacionales, bonaerenses y porteños.
En 2004, la problemática de la cuenca fue llevada a instancias judiciales por un grupo de vecinos que presentaron una demanda en reclamo de la recomposición del ambiente y la creación de un fondo para financiar el saneamiento.
Esta situación dio origen a la causa "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo)".
En el expediente, se responsabilizó por daños y perjuicios al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de a 44 empresas.
Luego, se amplió la demanda hacia los 14 municipios bonaerenses por los que se extiende la cuenca Matanza-Riachuelo El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo con el que intimó a la ACUMAR a implementar un plan de saneamiento en respuesta al expediente conocido como la "Causa Mendoza".
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Derrame de agua y petróleo en Comodoro Rivadavia
Se derramaron 2 mil metros cúbicos de agua y petróleo en Comodoro Rivadavia
Fecha de Publicación: 20/08/2015
Fuente: Telam
Provincia/Región: Chubut
Un tanque que contenía agua y petróleo en menor proporción, con una capacidad de 2.000 metros cúbicos, se desplomó y vertió su contenido al mar en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, mientras personal y vehículos especiales trabajan en las tareas de remediación ambiental, informaron fuentes de Defensa Civil
El episodio ocurrió hoy y no reportó daños personales aunque si materiales de consideración, ya que se trata de una estructura gigantesca emplazada en una elevación del terreno para facilitar el almacenamiento y la descarga, precisaron los voceros.
El tanque de almacenaje de crudo con agua está ubicado en la zona conocida como "kilómetro 9" en las afueras de Comodoro Rivadavia, la ciudad más poblada del Chubut ubicada 350 kilómetros al sur de esta capital.
Cufré detalló que "el incidente se produjo en una planta deshidratadora que pertenece a YPF, que en un comunicado informó que "se controló el incidente sin que se hayan registrado heridos ni personas afectadas".
"La contingencia ocurrió en el tanque de proceso 102, que en ese momento estaba al 70% de su capacidad total, con 2.000l metros cúbicos y contenía un fluido compuesto en un 75% de agua y un 25% de crudo".
La compañía detalló que "para las tareas de remediación se afectaron a más de 80 trabajadores y 20 vehículos de distinto porte entre camiones y retroexcavadoras" en tanto se prometió que "en paralelo, YPF trabaja en una investigación interna para aclarar las causas del suceso".
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Fecha de Publicación: 20/08/2015
Fuente: Telam
Provincia/Región: Chubut
Un tanque que contenía agua y petróleo en menor proporción, con una capacidad de 2.000 metros cúbicos, se desplomó y vertió su contenido al mar en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, mientras personal y vehículos especiales trabajan en las tareas de remediación ambiental, informaron fuentes de Defensa Civil
El episodio ocurrió hoy y no reportó daños personales aunque si materiales de consideración, ya que se trata de una estructura gigantesca emplazada en una elevación del terreno para facilitar el almacenamiento y la descarga, precisaron los voceros.
El tanque de almacenaje de crudo con agua está ubicado en la zona conocida como "kilómetro 9" en las afueras de Comodoro Rivadavia, la ciudad más poblada del Chubut ubicada 350 kilómetros al sur de esta capital.
Cufré detalló que "el incidente se produjo en una planta deshidratadora que pertenece a YPF, que en un comunicado informó que "se controló el incidente sin que se hayan registrado heridos ni personas afectadas".
"La contingencia ocurrió en el tanque de proceso 102, que en ese momento estaba al 70% de su capacidad total, con 2.000l metros cúbicos y contenía un fluido compuesto en un 75% de agua y un 25% de crudo".
La compañía detalló que "para las tareas de remediación se afectaron a más de 80 trabajadores y 20 vehículos de distinto porte entre camiones y retroexcavadoras" en tanto se prometió que "en paralelo, YPF trabaja en una investigación interna para aclarar las causas del suceso".
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La soja inunda
“El avance de la soja sobre los humedales es un peligro”
Fecha de Publicación: 19/08/2015
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires - Nacional
Sólo en el Delta del Paraná hay 270 emprendimientos urbanos, cientos de endicamientos para proteger los campos de soja, humedales disecados y una explosión ganadera en las islas. Las razones que hacen que las lluvias desborden los arroyos y no tengan contención en los terrenos.
Doscientos setenta emprendimientos urbanísticos sobre los humedales del Delta del Paraná, una producción ganadera que en las islas pasó de 160 mil cabezas a cerca de dos millones en diez años y el avance de la frontera agropecuaria con la soja transgénica y el glifosato como banderas, son algunas de las causas que no sólo provocan las inundaciones sino que ponen en peligro el abastecimiento de agua potable en el área de influencia. “La expansión del cultivo de soja sobre los humedales es muy peligrosa, porque ese cultivo, sobre los humedales, requiere de una carga mucho mayor de glifosato y esto implica una muy peligrosa contaminación del agua que en calidad y cantidad abastece a unos 14 millones de personas” en una región que incluye a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.
Las advertencias surgen de una entrevista realizada por Página/12 con Rubén Quintana, presidente de la Fundación Humedales e investigador del Conicet en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad de San Martín, y con la especialista en Comunicaciones de la Fundación, Marta Andelman. Ambos reclamaron el pronto tratamiento, en el Congreso Nacional, de un proyecto de ley de protección de los humedales que duerme el sueño de los justos desde fines de 2013, cuando obtuvo el visto bueno de una comisión de la Cámara de Senadores (ver aparte).
Quintana comenzó su carrera científica con la doctora Inés Malvárez, a quien considera “la persona que hizo la introducción del tema de los humedales en Argentina”. Recuerda que ella formó un grupo de trabajo que se especializó en el tema y que fue creado a fines de los ochenta. El grupo se especializó en analizar la situación existente en el delta del río Paraná y su área de influencia.
Como paso previo al análisis sobre la situación en Argentina, dice que con los humedales “hay problemas a nivel mundial” y cita una nota publicada en forma reciente por The Washington Post referida a “la vulnerabilidad que tienen los deltas en el mundo, porque todos están en riesgo por actividades humanas y por el cambio climático”. Quintana habla de una “visión histórica negativa de los humedales que ha llevado a la degradación y a la pérdida de humedales”.
Para cuantificar el problema, menciona el informe surgido de una reunión que se hizo en junio en Uruguay con participación de los países que forman parte de la Convención Ransar, que analiza la evolución de los humedales a nivel mundial. “Hace unos años se decía que en el siglo XX, a nivel mundial, se había perdido el 50 por ciento de la superficie de humedales; ahora se está hablando de entre un 65 y un 71 por ciento.”
Recalca que el panorama es en extremo paradójico porque, también a nivel mundial, “se ha reconocido que los humedales están entre los ecosistemas que más servicios y bienes brindan a la sociedad, de manera que debería frenarse en forma urgente su degradación”. Esos bienes son “fundamentalmente la provisión de agua para los seres humanos y en el caso de los humedales fluviales nuestros, como amortiguadores de inundaciones, algo que tiene mucha relación con lo que está pasando en estos días”. También tienen “otras funciones, de protección de costas, de purificación de agua, para pesquería y protección de otros tipos de fauna y forrajes para ganadería, y un montón de servicios muy importantes”.
Quintana señala que los humedales “siempre han tenido mala prensa” porque se los menciona como “sitios improductivos o para la producción de plagas, como los mosquitos, de manera que eso llevó a que muchos humedales hayan sido transformados muy tempranamente, incluso desde la época de los romanos, de manera que no es nada nuevo”. En décadas recientes, esa transformación se ha producido “muy aceleradamente, por avance de la frontera agrícola, por ganadería, por las urbanizaciones”.
En el caso de la Argentina, recuerda que en el Delta del Paraná “siempre hubo ganadería, pero una ganadería de isla: las vacas entraban en épocas de aguas bajas y salían en época de aguas altas, con una carga muy baja, pero a partir de la expansión de la frontera agrícola, en especial el monocultivo de soja, se produjo la expulsión de la ganadería de las tierras de pastoreo que tenía en la región pampeana y se trasladó hacia otras zonas que no eran ganaderas”. Una parte de la ganadería “se fue a la región chaqueña y otra a los humedales fluviales del Paraná y otros ríos”. Esto hizo que la zona del Delta “pasara de una carga de 160.000 cabezas que se censaron en 1997 a una carga de un millón y medio, o incluso dos millones de cabezas, en 2007, con el agravante que es una ganadería permanente, no la que entraba y salía, propiciada por un período de ocho años de aguas bajas que hizo creer que el Delta no se inundaba nunca más”. Eso trajo la construcción de “obras asociadas a esa nueva actividad, como terraplenes, la formación de loteos, parcelas que antes no existían en las islas y la instalación de boyeros (cercos) eléctricos”.
Las grandes empresas crearon “diques tanto para el cultivo como para el ganado”. Marta Andelman interviene para explicar que “el endicamiento en el Delta del Paraná ocupa hoy unas 250 mil hectáreas que representan el 14 por ciento” del total. Esto está concentrado “para peor” en el Bajo Delta y en forma particular en el departamento entrerriano de Islas del Ibicuy. Un relevamiento hecho por la Universidad de San Martín y la Fundación Humedales reveló que el endicamiento creció un 10 por ciento entre 2010 y 2013 “lo que significa un crecimiento muy alto”, a la vez que se estima que las cifras deben haber crecido desde 2013 en adelante. “A eso suma la existencia de 5100 kilómetros de terraplenes” levantados por esas mismas grandes empresas.
Otro de los aspectos negativos, muy señalado en los últimos días, es el de los emprendimientos inmobiliarios, instalados sobre todo en Tigre, Escobar e Ingeniero Maschwitz. La presencia de countries en la zona del Delta “es todavía baja, pero está creciendo, sobre todo porque el valor de las tierras es bajo, comparado con el entorno, de manera que es un buen negocio” para las inmobiliarias.
Andelman, citando el relevamiento de 2010, detalla que en ese año había “270 urbanizaciones que ocupaban entre 2000 y 10.000 hectáreas; el 90 por ciento estaban situadas en la cuenca del río Luján, en el valle de inundación, y el diez por ciento en la zona de Paranacito”, en Entre Ríos. En esa ciudad entrerriana, que ha tenido gravísimas inundaciones en el pasado reciente, se han construido barrios privados sobre los arroyos Sagastume y Martínez.
Los entrevistados señalaron que, además del incremento de emprendimientos inmobiliarios, se observa en el Delta “un avance de los cultivos de soja y de trigo”. Al mismo tiempo, justo enfrente de Villa Constitución, en Santa Fe, la empresa holandesa Bema Agri, levantó diques sobre los humedales para proteger sus plantaciones de soja transgénica. “La inundación de 2010 los obligó a romper los terraplenes para que el agua corriera y no les destruyera el endicamiento, pero luego los iban a volver a construir porque, con el precio que tenía la soja en ese momento, la inversión era muy fácil de asumir para ellos.” La empresa extranjera fue denunciada y sancionada, pero sigue firme en el mismo lugar.
Quintana advierte que lo que puede presumirse es “la expansión del cultivo de soja” sobre los humedales y Andelman subraya que eso es “muy, muy peligroso, porque el cultivo de soja sobre humedales requiere de una carga mucho mayor de glifosato y esto implica una contaminación del agua, lo que es muy grave porque uno de los servicios que nos dan los humedales es proveernos de agua pura en calidad y en cantidad”. En estos momentos, el Delta del Paraná “provee de agua a unas 14 millones de personas en su área de influencia”. Andelman advierte que “el avance de la soja sobre los humedales es un peligro muy grande para la población”.
Quintana completa diciendo que “cuando se endica un área para hacer cultivo de lo que sea, se corta toda la entrada de materia orgánica y de nutrientes que le dan fertilidad, y a la larga esos suelos se van empobreciendo”. Agrega que la región “hace 4500 años era un gran golfo marino, lo que hace que las sales marinas estén muy cerca de la superficie, lo que puede llevar a la salinización del suelo; todo demuestra que puede haber efectos dañinos para la propia producción”.
Concluye que “lo que hacemos es dar un panorama de lo que ocurre en el Delta del Paraná, pero hay que tener en cuenta que otros humedales, en otras regiones del país, están pasando por la misma situación”. Andelman subraya que “como consecuencia de esta tendencia, con los movimientos de tierra, con los agroquímicos, muchas comunidades que vivían de las producciones familiares han perdido su modo de vida y de producción, desde los apicultores hasta los que vivían de la pesca o de la agricultura, hoy han perdido su medio de vida”.
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Fecha de Publicación: 19/08/2015
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires - Nacional
Sólo en el Delta del Paraná hay 270 emprendimientos urbanos, cientos de endicamientos para proteger los campos de soja, humedales disecados y una explosión ganadera en las islas. Las razones que hacen que las lluvias desborden los arroyos y no tengan contención en los terrenos.
Doscientos setenta emprendimientos urbanísticos sobre los humedales del Delta del Paraná, una producción ganadera que en las islas pasó de 160 mil cabezas a cerca de dos millones en diez años y el avance de la frontera agropecuaria con la soja transgénica y el glifosato como banderas, son algunas de las causas que no sólo provocan las inundaciones sino que ponen en peligro el abastecimiento de agua potable en el área de influencia. “La expansión del cultivo de soja sobre los humedales es muy peligrosa, porque ese cultivo, sobre los humedales, requiere de una carga mucho mayor de glifosato y esto implica una muy peligrosa contaminación del agua que en calidad y cantidad abastece a unos 14 millones de personas” en una región que incluye a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.
Las advertencias surgen de una entrevista realizada por Página/12 con Rubén Quintana, presidente de la Fundación Humedales e investigador del Conicet en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad de San Martín, y con la especialista en Comunicaciones de la Fundación, Marta Andelman. Ambos reclamaron el pronto tratamiento, en el Congreso Nacional, de un proyecto de ley de protección de los humedales que duerme el sueño de los justos desde fines de 2013, cuando obtuvo el visto bueno de una comisión de la Cámara de Senadores (ver aparte).
Quintana comenzó su carrera científica con la doctora Inés Malvárez, a quien considera “la persona que hizo la introducción del tema de los humedales en Argentina”. Recuerda que ella formó un grupo de trabajo que se especializó en el tema y que fue creado a fines de los ochenta. El grupo se especializó en analizar la situación existente en el delta del río Paraná y su área de influencia.
Como paso previo al análisis sobre la situación en Argentina, dice que con los humedales “hay problemas a nivel mundial” y cita una nota publicada en forma reciente por The Washington Post referida a “la vulnerabilidad que tienen los deltas en el mundo, porque todos están en riesgo por actividades humanas y por el cambio climático”. Quintana habla de una “visión histórica negativa de los humedales que ha llevado a la degradación y a la pérdida de humedales”.
Para cuantificar el problema, menciona el informe surgido de una reunión que se hizo en junio en Uruguay con participación de los países que forman parte de la Convención Ransar, que analiza la evolución de los humedales a nivel mundial. “Hace unos años se decía que en el siglo XX, a nivel mundial, se había perdido el 50 por ciento de la superficie de humedales; ahora se está hablando de entre un 65 y un 71 por ciento.”
Recalca que el panorama es en extremo paradójico porque, también a nivel mundial, “se ha reconocido que los humedales están entre los ecosistemas que más servicios y bienes brindan a la sociedad, de manera que debería frenarse en forma urgente su degradación”. Esos bienes son “fundamentalmente la provisión de agua para los seres humanos y en el caso de los humedales fluviales nuestros, como amortiguadores de inundaciones, algo que tiene mucha relación con lo que está pasando en estos días”. También tienen “otras funciones, de protección de costas, de purificación de agua, para pesquería y protección de otros tipos de fauna y forrajes para ganadería, y un montón de servicios muy importantes”.
Quintana señala que los humedales “siempre han tenido mala prensa” porque se los menciona como “sitios improductivos o para la producción de plagas, como los mosquitos, de manera que eso llevó a que muchos humedales hayan sido transformados muy tempranamente, incluso desde la época de los romanos, de manera que no es nada nuevo”. En décadas recientes, esa transformación se ha producido “muy aceleradamente, por avance de la frontera agrícola, por ganadería, por las urbanizaciones”.
En el caso de la Argentina, recuerda que en el Delta del Paraná “siempre hubo ganadería, pero una ganadería de isla: las vacas entraban en épocas de aguas bajas y salían en época de aguas altas, con una carga muy baja, pero a partir de la expansión de la frontera agrícola, en especial el monocultivo de soja, se produjo la expulsión de la ganadería de las tierras de pastoreo que tenía en la región pampeana y se trasladó hacia otras zonas que no eran ganaderas”. Una parte de la ganadería “se fue a la región chaqueña y otra a los humedales fluviales del Paraná y otros ríos”. Esto hizo que la zona del Delta “pasara de una carga de 160.000 cabezas que se censaron en 1997 a una carga de un millón y medio, o incluso dos millones de cabezas, en 2007, con el agravante que es una ganadería permanente, no la que entraba y salía, propiciada por un período de ocho años de aguas bajas que hizo creer que el Delta no se inundaba nunca más”. Eso trajo la construcción de “obras asociadas a esa nueva actividad, como terraplenes, la formación de loteos, parcelas que antes no existían en las islas y la instalación de boyeros (cercos) eléctricos”.
Las grandes empresas crearon “diques tanto para el cultivo como para el ganado”. Marta Andelman interviene para explicar que “el endicamiento en el Delta del Paraná ocupa hoy unas 250 mil hectáreas que representan el 14 por ciento” del total. Esto está concentrado “para peor” en el Bajo Delta y en forma particular en el departamento entrerriano de Islas del Ibicuy. Un relevamiento hecho por la Universidad de San Martín y la Fundación Humedales reveló que el endicamiento creció un 10 por ciento entre 2010 y 2013 “lo que significa un crecimiento muy alto”, a la vez que se estima que las cifras deben haber crecido desde 2013 en adelante. “A eso suma la existencia de 5100 kilómetros de terraplenes” levantados por esas mismas grandes empresas.
Otro de los aspectos negativos, muy señalado en los últimos días, es el de los emprendimientos inmobiliarios, instalados sobre todo en Tigre, Escobar e Ingeniero Maschwitz. La presencia de countries en la zona del Delta “es todavía baja, pero está creciendo, sobre todo porque el valor de las tierras es bajo, comparado con el entorno, de manera que es un buen negocio” para las inmobiliarias.
Andelman, citando el relevamiento de 2010, detalla que en ese año había “270 urbanizaciones que ocupaban entre 2000 y 10.000 hectáreas; el 90 por ciento estaban situadas en la cuenca del río Luján, en el valle de inundación, y el diez por ciento en la zona de Paranacito”, en Entre Ríos. En esa ciudad entrerriana, que ha tenido gravísimas inundaciones en el pasado reciente, se han construido barrios privados sobre los arroyos Sagastume y Martínez.
Los entrevistados señalaron que, además del incremento de emprendimientos inmobiliarios, se observa en el Delta “un avance de los cultivos de soja y de trigo”. Al mismo tiempo, justo enfrente de Villa Constitución, en Santa Fe, la empresa holandesa Bema Agri, levantó diques sobre los humedales para proteger sus plantaciones de soja transgénica. “La inundación de 2010 los obligó a romper los terraplenes para que el agua corriera y no les destruyera el endicamiento, pero luego los iban a volver a construir porque, con el precio que tenía la soja en ese momento, la inversión era muy fácil de asumir para ellos.” La empresa extranjera fue denunciada y sancionada, pero sigue firme en el mismo lugar.
Quintana advierte que lo que puede presumirse es “la expansión del cultivo de soja” sobre los humedales y Andelman subraya que eso es “muy, muy peligroso, porque el cultivo de soja sobre humedales requiere de una carga mucho mayor de glifosato y esto implica una contaminación del agua, lo que es muy grave porque uno de los servicios que nos dan los humedales es proveernos de agua pura en calidad y en cantidad”. En estos momentos, el Delta del Paraná “provee de agua a unas 14 millones de personas en su área de influencia”. Andelman advierte que “el avance de la soja sobre los humedales es un peligro muy grande para la población”.
Quintana completa diciendo que “cuando se endica un área para hacer cultivo de lo que sea, se corta toda la entrada de materia orgánica y de nutrientes que le dan fertilidad, y a la larga esos suelos se van empobreciendo”. Agrega que la región “hace 4500 años era un gran golfo marino, lo que hace que las sales marinas estén muy cerca de la superficie, lo que puede llevar a la salinización del suelo; todo demuestra que puede haber efectos dañinos para la propia producción”.
Concluye que “lo que hacemos es dar un panorama de lo que ocurre en el Delta del Paraná, pero hay que tener en cuenta que otros humedales, en otras regiones del país, están pasando por la misma situación”. Andelman subraya que “como consecuencia de esta tendencia, con los movimientos de tierra, con los agroquímicos, muchas comunidades que vivían de las producciones familiares han perdido su modo de vida y de producción, desde los apicultores hasta los que vivían de la pesca o de la agricultura, hoy han perdido su medio de vida”.
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Puerto Deseado tratará su agua con osmosis inversa
La Planta de Osmosis Inversa estaría lista para noviembre
Fecha de Publicación: 19/08/2015
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz
Así lo informó el Intendente Luis Ampuero en una recorrida por la obra realizada el jueves pasado. El 18 de este mes comenzarán a recibirse los equipamientos específicos que requerirán las instalaciones. La obra tuvo un cambio de traza que no afectará la futura urbanización de la zona.
La Planta de Osmosis Inversa, una de las obras más anheladas por todos los deseadenses, estaría finalmente terminada en octubre para comenzar a distribuir agua a partir de noviembre, según sostuvo Luis Ampuero, Intendente de nuestra Ciudad. “Es interesante, ojalá lleguemos en tiempo y forma con esta obra que se extenderá dos meses después de agosto para que Servicios Públicos (SP) pueda hacerse cargo de la distribución de esta captación de agua de mar”, señaló.
El mandatario destacó que “a través de la Secretaría de Programación Económica” se ha hecho “una asamblea abierta para hacer preguntas a los representantes” a cargo del proyecto, convocatoria que tuvo lugar meses atrás. “A partir de allí la empresa comenzó a trabajar”, dijo Ampuero. En este sentido, puso énfasis en “el compromiso que tuvo SP, por medio del Gobierno Provincial, y el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA), a través del Gobierno Nacional, para que se complete esta planta”.
“Hay un tramo de 6500 metros de zanjas y colocación de caños que debe ir hasta el depósito ubicado al final de la Avenida Lago del Desierto”, agregó el Intendente. Allí se ubicará un tanque de almacenamiento a cargo de SP desde donde se administrará el recurso que se reserve.
Por último, Ampuero recalcó que “se ha cambiado la traza”. Antes “tenía que atravesar varios campos privados”. Ahora, con este cambio, se ha podido hacer una reubicación a la vera del acceso para que se trabaje y se llegue en condiciones sin perjudicar la urbanización futura que va a tener Puerto Deseado, ya que el crecimiento se está dando hacia este sector.
Detalles de la obra
Noel Patt, representante de CPC S.A, habló con la prensa de Puerto Deseado sobre el importante proyecto que se concretará entre los meses de octubre y noviembre. Especificó el ritmo de trabajo, el calendario de llegada de los equipos y la producción que tendrán las instalaciones una vez terminadas. “Estamos dentro de los plazos establecidos”, remarcó.
Noel Patt, Jefe de Obra Civil de CPC S.A, se encuentra en Puerto Deseado por los trabajos que se están llevando a cabo para finalizar la Planta de Osmosis Inversa de nuestra Ciudad. Al respecto habló con los medios de comunicación en una recorrida que tuvo lugar la semana pasada. “La obra va con muy buenos tiempos de producción. Estamos dentro de los plazos establecidos”, explicó para luego agregar que se trabaja a un tiempo de colocación de “200 metros diarios de cañería”.
“Estamos con la toma de agua del acueducto que viene con el impulso desde la planta de osmosis y se conecta con la red en el tanque que está junto al aeropuerto”, detalló. Además, sostuvo que la planta de Punta Norte tiene buenos tiempos de construcción: “Esperamos el arribo de los equipos para el día 19 de este mes”. En esta línea señaló que “el cronograma va del 18 al 31 de este mes”, lapso en que llegará todo el equipamiento que luego será colocado en las bases existentes. Cabe agregar que la captación del agua ya está definida. “Está hecha la galería filtrante en la zona de Punta Norte y las cámaras donde van a estar las bombas” ya están terminadas, según informó Patt.
Hay que recordar que la planta producirá 3 mil metros cúbicos diarios de agua potable que se inyectarán a la red existente y contribuirán a combatir una de las mayores problemáticas que hoy aquejan a los vecinos.
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Fecha de Publicación: 19/08/2015
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz
Así lo informó el Intendente Luis Ampuero en una recorrida por la obra realizada el jueves pasado. El 18 de este mes comenzarán a recibirse los equipamientos específicos que requerirán las instalaciones. La obra tuvo un cambio de traza que no afectará la futura urbanización de la zona.
La Planta de Osmosis Inversa, una de las obras más anheladas por todos los deseadenses, estaría finalmente terminada en octubre para comenzar a distribuir agua a partir de noviembre, según sostuvo Luis Ampuero, Intendente de nuestra Ciudad. “Es interesante, ojalá lleguemos en tiempo y forma con esta obra que se extenderá dos meses después de agosto para que Servicios Públicos (SP) pueda hacerse cargo de la distribución de esta captación de agua de mar”, señaló.
El mandatario destacó que “a través de la Secretaría de Programación Económica” se ha hecho “una asamblea abierta para hacer preguntas a los representantes” a cargo del proyecto, convocatoria que tuvo lugar meses atrás. “A partir de allí la empresa comenzó a trabajar”, dijo Ampuero. En este sentido, puso énfasis en “el compromiso que tuvo SP, por medio del Gobierno Provincial, y el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA), a través del Gobierno Nacional, para que se complete esta planta”.
“Hay un tramo de 6500 metros de zanjas y colocación de caños que debe ir hasta el depósito ubicado al final de la Avenida Lago del Desierto”, agregó el Intendente. Allí se ubicará un tanque de almacenamiento a cargo de SP desde donde se administrará el recurso que se reserve.
Por último, Ampuero recalcó que “se ha cambiado la traza”. Antes “tenía que atravesar varios campos privados”. Ahora, con este cambio, se ha podido hacer una reubicación a la vera del acceso para que se trabaje y se llegue en condiciones sin perjudicar la urbanización futura que va a tener Puerto Deseado, ya que el crecimiento se está dando hacia este sector.
Detalles de la obra
Noel Patt, representante de CPC S.A, habló con la prensa de Puerto Deseado sobre el importante proyecto que se concretará entre los meses de octubre y noviembre. Especificó el ritmo de trabajo, el calendario de llegada de los equipos y la producción que tendrán las instalaciones una vez terminadas. “Estamos dentro de los plazos establecidos”, remarcó.
Noel Patt, Jefe de Obra Civil de CPC S.A, se encuentra en Puerto Deseado por los trabajos que se están llevando a cabo para finalizar la Planta de Osmosis Inversa de nuestra Ciudad. Al respecto habló con los medios de comunicación en una recorrida que tuvo lugar la semana pasada. “La obra va con muy buenos tiempos de producción. Estamos dentro de los plazos establecidos”, explicó para luego agregar que se trabaja a un tiempo de colocación de “200 metros diarios de cañería”.
“Estamos con la toma de agua del acueducto que viene con el impulso desde la planta de osmosis y se conecta con la red en el tanque que está junto al aeropuerto”, detalló. Además, sostuvo que la planta de Punta Norte tiene buenos tiempos de construcción: “Esperamos el arribo de los equipos para el día 19 de este mes”. En esta línea señaló que “el cronograma va del 18 al 31 de este mes”, lapso en que llegará todo el equipamiento que luego será colocado en las bases existentes. Cabe agregar que la captación del agua ya está definida. “Está hecha la galería filtrante en la zona de Punta Norte y las cámaras donde van a estar las bombas” ya están terminadas, según informó Patt.
Hay que recordar que la planta producirá 3 mil metros cúbicos diarios de agua potable que se inyectarán a la red existente y contribuirán a combatir una de las mayores problemáticas que hoy aquejan a los vecinos.
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En Mar del Plata hay una nueva tendencia agroecológica
Proliferan las huertas agroecológicas en Mar del Plata
Fecha de Publicación: 19/08/2015
Fuente: 0223 Vespertino Digital
Provincia/Región: Nacional
Son pequeños productores que no utilizan agroquímicos y comercializan verduras de estación en ferias o a través de Facebook. Cada vez hay más gente que prioriza el consumo de estos productos
Una gran cantidad de huertas agroecológicas han surgido durante los últimos años en Mar del Plata. Son producciones pequeñas que no utilizan agroquímicos y comercializan verduras de estación en ferias o a través de Facebook.
La gente está tomando conciencia sobre las ventajas que tienen los productos que ofrecen las huertas agroecológicas y el acento está puesto en la alimentación saludable. La mayor parte de estos emprendimientos están repartidos por Sierra de Los Padres, Batán y la zona sur de Mar del Plata.
Las verduras suelen ser un poco más costosas que las que se consiguen en un verdulería tradicional, pero quienes consumen estos productos no reparan en este hecho.
Feria Verde
Con 9 años de vida, la Feria Verde es un logro de pequeños productores responsables que se agruparon para ofrecer al público mercadería de calidad. Entre los más de 60 emprendedores que componen este proyecto, hay varios que están abocados a la producción de verduras y legumbres.
En estos espacios también se ofrece miel, dulces, conservas, panificados integrales, cereales, blends de té, cosmética natural, flores y plantas. El lema de la feria es "Volver a la Huerta".
Actualmente la Feria Verde funciona en tres espacios de Mar del Plata: Plaza Rocha (martes, jueves y sábados de 9 a 14), Plaza del Alfar (jueves de 10 a 14) y el Complejo Universitario (martes y jueves de 10 a 16).
Huerta Agroecológica Los Serenos
En el año 2013 el ingeniero agrónomo Martín Biocca decidió incursionar en este mundo y durante una temporada trabajó junto a un socio una hectárea de tierra en las afueras de Mar del Plata. Bajo el nombre de Huerta Agroecológica Los Serenos el proyecto prosperó y hoy funciona en Estación Chapadamalal.
Junto a Francisco Albani y Alejandro Moreno (sus socios actuales) tienen abarcadas cuatro hectáreas en las producen una gran variedad de verduras que luego comercializan a través de Facebook. Tienen alrededor de 15 clientes fijos por semana y unos 30 aleatorios.
Durante el invierno las verduras se cosechan el día anterior a la entrega y, en verano, durante la misma mañana. El consumidor recibe los productos en su casa y la verdura resguarda una frescura admirable.
El emprendimiento ha participado en jornadas de capacitación de la Municipalidad y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Su huerta es visitada por distintos establecimientos educativos de la ciudad.
"Notamos interés de parte de los consumidores", señaló Biocca a 0223 y dijo que la gente no se queja por el precio. "Tratamos de que la producción sea muy diversa durante todo el año, pero planificamos todo de manera escalonada con las verduras de estación", agregó.
Huerta a Puerta
Emplazada en la zona de Laguna de los Padres, la Huerta a Puerta es un emprendimiento encabezado por el ingeniero agrónomo Facundo Laiz. Junto a Loli Navarro y Patricia Vrabiescu, producen verduras libres de agroquímicos, utilizando preparados naturales con alcohol de ajo, purín de ortigas o aceite de nim.
La huerta se puso en marcha en agosto de 2014 y recién en enero de 2015 empezaron a vender a comercializar los verduras. Los productos se venden exclusivamente a través del sitio web www.huertaapuerta.com y los clientes los reciben en el domicilio.
"Tenemos muchos clientes nuevos todo el tiempo y la gente se muestra muy interesada, se nota que está tomando conciencia", reconoció Loli Navarro a 0223.
Al igual que Los Serenos, este empredimiento ofrece combos que incluyen una gran variedad de verduras y se entregan en un cajón (150 pesos). También es posible comprar productos por unidad.
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Fecha de Publicación: 19/08/2015
Fuente: 0223 Vespertino Digital
Provincia/Región: Nacional
Son pequeños productores que no utilizan agroquímicos y comercializan verduras de estación en ferias o a través de Facebook. Cada vez hay más gente que prioriza el consumo de estos productos
Una gran cantidad de huertas agroecológicas han surgido durante los últimos años en Mar del Plata. Son producciones pequeñas que no utilizan agroquímicos y comercializan verduras de estación en ferias o a través de Facebook.
La gente está tomando conciencia sobre las ventajas que tienen los productos que ofrecen las huertas agroecológicas y el acento está puesto en la alimentación saludable. La mayor parte de estos emprendimientos están repartidos por Sierra de Los Padres, Batán y la zona sur de Mar del Plata.
Las verduras suelen ser un poco más costosas que las que se consiguen en un verdulería tradicional, pero quienes consumen estos productos no reparan en este hecho.
Feria Verde
Con 9 años de vida, la Feria Verde es un logro de pequeños productores responsables que se agruparon para ofrecer al público mercadería de calidad. Entre los más de 60 emprendedores que componen este proyecto, hay varios que están abocados a la producción de verduras y legumbres.
En estos espacios también se ofrece miel, dulces, conservas, panificados integrales, cereales, blends de té, cosmética natural, flores y plantas. El lema de la feria es "Volver a la Huerta".
Actualmente la Feria Verde funciona en tres espacios de Mar del Plata: Plaza Rocha (martes, jueves y sábados de 9 a 14), Plaza del Alfar (jueves de 10 a 14) y el Complejo Universitario (martes y jueves de 10 a 16).
Huerta Agroecológica Los Serenos
En el año 2013 el ingeniero agrónomo Martín Biocca decidió incursionar en este mundo y durante una temporada trabajó junto a un socio una hectárea de tierra en las afueras de Mar del Plata. Bajo el nombre de Huerta Agroecológica Los Serenos el proyecto prosperó y hoy funciona en Estación Chapadamalal.
Junto a Francisco Albani y Alejandro Moreno (sus socios actuales) tienen abarcadas cuatro hectáreas en las producen una gran variedad de verduras que luego comercializan a través de Facebook. Tienen alrededor de 15 clientes fijos por semana y unos 30 aleatorios.
Durante el invierno las verduras se cosechan el día anterior a la entrega y, en verano, durante la misma mañana. El consumidor recibe los productos en su casa y la verdura resguarda una frescura admirable.
El emprendimiento ha participado en jornadas de capacitación de la Municipalidad y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Su huerta es visitada por distintos establecimientos educativos de la ciudad.
"Notamos interés de parte de los consumidores", señaló Biocca a 0223 y dijo que la gente no se queja por el precio. "Tratamos de que la producción sea muy diversa durante todo el año, pero planificamos todo de manera escalonada con las verduras de estación", agregó.
Huerta a Puerta
Emplazada en la zona de Laguna de los Padres, la Huerta a Puerta es un emprendimiento encabezado por el ingeniero agrónomo Facundo Laiz. Junto a Loli Navarro y Patricia Vrabiescu, producen verduras libres de agroquímicos, utilizando preparados naturales con alcohol de ajo, purín de ortigas o aceite de nim.
La huerta se puso en marcha en agosto de 2014 y recién en enero de 2015 empezaron a vender a comercializar los verduras. Los productos se venden exclusivamente a través del sitio web www.huertaapuerta.com y los clientes los reciben en el domicilio.
"Tenemos muchos clientes nuevos todo el tiempo y la gente se muestra muy interesada, se nota que está tomando conciencia", reconoció Loli Navarro a 0223.
Al igual que Los Serenos, este empredimiento ofrece combos que incluyen una gran variedad de verduras y se entregan en un cajón (150 pesos). También es posible comprar productos por unidad.
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Mató un cóndor y lo socializó por Facebook
Cazó un cóndor y guanacos y lo publicó en Facebook
Fecha de Publicación: 18/08/2015
Fuente: Sitio Andino
Provincia/Región: Mendoza
Un sancarlino asesinó a los animales autóctonos. La fundación Cullunche lo denunció en la justicia.
La caza de animales salvajes es una actividad que muchos realizan excusándose en la práctica de un deporte, pero el mayor número de la sociedad lo repudia fervientemente. Muestra de ello fueron las críticas contra el odontología norteamericano que mató al famoso león Cecil. Sin embargo, son muchos los cazadores que exhiben cual trofeo las fotos al lado de sus víctimas en las redes sociales.
Así ocurrió hace dos días en Mendoza, donde un cazador sancarlino posteó en Facebook imágenes con un cóndor y guanacos. Esto generó mucha bronca y una ONG ambientalista fue a la justicia
Según las fotografías que Vanoli habría subido a la red social, se trata de un cóndor juvenil y dos guanacos. SITIO ANDINO intentó ubicar al hombre en ese medio pero al parecer cerró su cuenta.
La denuncia fue realzada por el vicepresidente de la Fundación Cullunche, Eduardo Furlán, en la Fiscalía Correccional de Tunuyán y quedó asentada con el número 1481/15.
"Esta persona fue denunciada por infringir la Ley de Fauna y la Ley de Monumento Natural Provincial ya que aparece en las fotos habiendo matado un cóndor juvenil y guanacos", expone Cullunche en su perfil de Facebook.
Además, señala que también se hizo una presentación en la Delegación de la Dirección de Recursos Naturales Renovables.
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Fecha de Publicación: 18/08/2015
Fuente: Sitio Andino
Provincia/Región: Mendoza
Un sancarlino asesinó a los animales autóctonos. La fundación Cullunche lo denunció en la justicia.
La caza de animales salvajes es una actividad que muchos realizan excusándose en la práctica de un deporte, pero el mayor número de la sociedad lo repudia fervientemente. Muestra de ello fueron las críticas contra el odontología norteamericano que mató al famoso león Cecil. Sin embargo, son muchos los cazadores que exhiben cual trofeo las fotos al lado de sus víctimas en las redes sociales.
Así ocurrió hace dos días en Mendoza, donde un cazador sancarlino posteó en Facebook imágenes con un cóndor y guanacos. Esto generó mucha bronca y una ONG ambientalista fue a la justicia
Según las fotografías que Vanoli habría subido a la red social, se trata de un cóndor juvenil y dos guanacos. SITIO ANDINO intentó ubicar al hombre en ese medio pero al parecer cerró su cuenta.
La denuncia fue realzada por el vicepresidente de la Fundación Cullunche, Eduardo Furlán, en la Fiscalía Correccional de Tunuyán y quedó asentada con el número 1481/15.
"Esta persona fue denunciada por infringir la Ley de Fauna y la Ley de Monumento Natural Provincial ya que aparece en las fotos habiendo matado un cóndor juvenil y guanacos", expone Cullunche en su perfil de Facebook.
Además, señala que también se hizo una presentación en la Delegación de la Dirección de Recursos Naturales Renovables.
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La CAEM preocupada por el falló en Córdoba
Preocupación de empresas mineras por fallo que prohíbe la minería a cielo abierto en Córdoba
Fecha de Publicación: 18/08/2015
Fuente: Terra
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) criticó el fallo de la Justicia de Córdoba que prohibió la actividad denominada "a cielo abierto", al declarar constitucional una ley aprobada por la Legislatura de la provincia.
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba declaró la constitucionalidad de la Ley Provincial 9526, que prohíbe la actividad minero metalífera bajo la modalidad "a cielo abierto", así como el uso de determinadas sustancias, en el ámbito de toda la provincia.
La CAEM advirtió que la sentencia "no se ajusta a derecho y es arbitraria, toda vez que no se efectúa una real ponderación sobre la constitucionalidad o no de la norma recurrida, lo que claramente atenta contra la seguridad jurídica y consecuentemente, contra la posibilidad de atraer inversiones en el sector".
La entidad sostuvo que "no sólo la sentencia es endeble desde lo jurídico, sino también desde lo técnico, ya que se incurre permanentemente en fundamentaciones parciales, sin sustento alguno, ni técnico ni científico".
Con relación al análisis que se efectúa respecto del uso de agua en minería, la CAEM consideró que "se mencionan cifras e impactos que, en ningún caso, se verifican en la realidad. Todo lo contrario. La minería no solo usa porcentualmente volúmenes de agua muy inferiores al que se utiliza en otras actividades, sino principalmente, con relación al caudal de los ríos o cuencas subterráneas de los que cada proyecto se sirve".}
"Compartimos que el agua es vital para la vida. Y es por eso que el sector minero moderno es uno de los que más importantes avances ha realizado en lo que al uso eficiente y sustentable del agua se refiere, alcanzándose niveles de entre el 70% y el 90% de eficiencia en su utilización", recordó.
Respecto del uso del cianuro en el proceso productivo minero, la CAEM dijo que "parece desconocerse que, además de ser una sustancia utilizada con altísimos estándares de seguridad, presente en un sinnúmero de productos industriales de uso masivo, no se registra ni un solo accidente en el país por su utilización en minería".
"Llama la atención la referencia que se hace a la recomendación del Parlamento de la Unión Europea, en mayo de 2010, a fin de que se prohibiera el uso del cianuro en minería. Lo cierto es que, tan solo un par de meses después, la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, rechazó dicha recomendación, ya que la prohibición no está justificada desde puntos de vista ambientales o de salud", indicó la CAEM.
Con relación al impacto de la actividad minera sobre la salud humana, la cámara dijo que "no puede dejar de mencionarse el muy importante y completo estudio realizado por la Fundación del Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI), cuyo objetivo fue el de analizar científicamente la relación entre la actividad minera, la salud y los problemas ambientales en una zona de la Provincia de Catamarca".
"El estudio concluyó, entre otras cosas, que no solo no se encontraron evidencias de que la minería tuviera efectos adversos en la salud de las comunidades locales, sino que, además, la mortalidad por cáncer en la zona minera de la provincia se encontraba por debajo de los promedios nacionales", indicó.
La CAEM lamentó que existan "restricciones irrazonables hacia una actividad legítima y lícita como lo es la minera, postergándose a miles de familias argentinas".
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Fecha de Publicación: 18/08/2015
Fuente: Terra
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) criticó el fallo de la Justicia de Córdoba que prohibió la actividad denominada "a cielo abierto", al declarar constitucional una ley aprobada por la Legislatura de la provincia.
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba declaró la constitucionalidad de la Ley Provincial 9526, que prohíbe la actividad minero metalífera bajo la modalidad "a cielo abierto", así como el uso de determinadas sustancias, en el ámbito de toda la provincia.
La CAEM advirtió que la sentencia "no se ajusta a derecho y es arbitraria, toda vez que no se efectúa una real ponderación sobre la constitucionalidad o no de la norma recurrida, lo que claramente atenta contra la seguridad jurídica y consecuentemente, contra la posibilidad de atraer inversiones en el sector".
La entidad sostuvo que "no sólo la sentencia es endeble desde lo jurídico, sino también desde lo técnico, ya que se incurre permanentemente en fundamentaciones parciales, sin sustento alguno, ni técnico ni científico".
Con relación al análisis que se efectúa respecto del uso de agua en minería, la CAEM consideró que "se mencionan cifras e impactos que, en ningún caso, se verifican en la realidad. Todo lo contrario. La minería no solo usa porcentualmente volúmenes de agua muy inferiores al que se utiliza en otras actividades, sino principalmente, con relación al caudal de los ríos o cuencas subterráneas de los que cada proyecto se sirve".}
"Compartimos que el agua es vital para la vida. Y es por eso que el sector minero moderno es uno de los que más importantes avances ha realizado en lo que al uso eficiente y sustentable del agua se refiere, alcanzándose niveles de entre el 70% y el 90% de eficiencia en su utilización", recordó.
Respecto del uso del cianuro en el proceso productivo minero, la CAEM dijo que "parece desconocerse que, además de ser una sustancia utilizada con altísimos estándares de seguridad, presente en un sinnúmero de productos industriales de uso masivo, no se registra ni un solo accidente en el país por su utilización en minería".
"Llama la atención la referencia que se hace a la recomendación del Parlamento de la Unión Europea, en mayo de 2010, a fin de que se prohibiera el uso del cianuro en minería. Lo cierto es que, tan solo un par de meses después, la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, rechazó dicha recomendación, ya que la prohibición no está justificada desde puntos de vista ambientales o de salud", indicó la CAEM.
Con relación al impacto de la actividad minera sobre la salud humana, la cámara dijo que "no puede dejar de mencionarse el muy importante y completo estudio realizado por la Fundación del Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI), cuyo objetivo fue el de analizar científicamente la relación entre la actividad minera, la salud y los problemas ambientales en una zona de la Provincia de Catamarca".
"El estudio concluyó, entre otras cosas, que no solo no se encontraron evidencias de que la minería tuviera efectos adversos en la salud de las comunidades locales, sino que, además, la mortalidad por cáncer en la zona minera de la provincia se encontraba por debajo de los promedios nacionales", indicó.
La CAEM lamentó que existan "restricciones irrazonables hacia una actividad legítima y lícita como lo es la minera, postergándose a miles de familias argentinas".
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Santa Fe y fumigaciones, debates en deuda
La aplicación de agroquímicos en la provincia de Santa Fe es un debate que todavía está verde
Fecha de Publicación: 18/08/2015
Fuente: Diario Uno (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
La ley de fitosanitarios de la provincia data de 1995. En los últimos años, varios proyectos pasaron por la Legislatura, pero todos perdieron estado parlamentario. Ahora, hay dos en discusión
Una serie de ONG que participan del Foro Santafesino por la Salud y el Ambiente, dentro de la campaña Paren de Fumigarnos impulsa desde 2007 una reforma de la ley que regula la aplicación de productos fitosanitarios. En varias oportunidades presentaron proyectos en la Legislatura que ante la falta de consenso perdieron estado parlamentario.
Ahora volvieron a la carga con una iniciativa que ingresó el diputado José María Tessa (bloque Nuevo Encuentro-Frente Santa Fe para Todos) junto a otros legisladores de la oposición. El texto plantea básicamente una zona de 800 metros libres de fumigaciones alrededor de escuelas y lugares habitados. Pero, además, intenta prohibir la fumigación aérea y brindar herramientas para fomentar la producción campesina y agroecológica.
Pero en la Cámara baja no es el único proyecto que intenta regular la aplicación de químicos para los cultivos. La diputada Inés Bertero (Partido Socialista-Frente Progresista Cívico y Social) también viene hace años intentando una regulación sobre la temática, aunque mantiene algunas diferencias con la postura de las ONG.
“En el tema de la fumigación aérea planteamos distancias progresivas a partir de los 1.500 metros. Con productos de banda verde y azul, hasta los 3.000 metros solo en los casos en que no haya piso, que no se pueda hacer fumigación terrestre. Además, siempre tiene que estar supervisado por un ingeniero agrónomo”, explicó a Diario UNO la legisladora, que aseguró que pedir la prohibición total de la fumigación aérea “es la imposibilidad práctica”. En ese sentido, indicó que esa es la única forma de hacer las aplicaciones en las épocas de lluvias.
Al ser consultada sobre los 800 metros libres de aplicaciones, la diputada dijo: “La producción agroecológica también requiere de aplicaciones, por eso nosotros planteamos que a partir de los 50 metros y hasta los 100 o 200 metros, dependiendo de si hay barrera o no, solo se podrían hacer aplicaciones con los productos que regula el Senasa para las producciones agroecológicas. A partir de los 100 o 200 metros hasta los 800 metros, se podrían aplicar los productos de banda azul o verde. Pero no podemos avanzar a partir de la prohibición total. La ley regularía un montón de cosas como la capacitación a los operarios que trabajan con estos productos, las aplicaciones de los fertilizantes, entre otras”.
Un abordaje complejo
La ley de fitosanitarios de la provincia data de 1995. En los últimos 20 años todas las discusiones parlamentarias sobre el tema cayeron en saco roto. De todas maneras, para Bertero la gran deuda es a nivel nacional donde la última reglamentación con la que se rige el Senasa es de fines de la década del 50. “No tenemos una ley federal de fitosanitarios. Eso es lo grave”, aseveró.
En la provincia, hay varios elementos que dificultan la regulación. Sin ir más lejos hay comunas que nunca definieron su límite urbano a partir del cual se deberían empezar a contar los metros libres de aplicaciones de agroquímicos.
En las últimas semanas se intensificaron las reuniones en la Legislatura para empezar a limar las diferencias entre los dos proyectos y tratar de llegar con un documento único para ser tratado en el recinto. El tema tiene preferencia para la próxima sesión (27 de agosto), aunque las diferencias pueden hacer que se retrase el debate –algo que ya ocurrió en otras oportunidades.
Por su parte, Paulina Riera, integrante de la campaña Paren de Fumigarnos expuso: “Nuestro proyecto ya lleva años de recorrer las comisiones. Ahora lo volvió a presentar Tessa y está en la comisión de Asuntos Constitucionales”.
Al ser consultada sobre las diferencias con el proyecto del oficialismo, Riera dijo: “Ese proyecto aleja a 50 metros de las personas el comienzo del uso de agrotóxicos. Ahí, a 50 metros de donde vive la gente ya se pueden empezar a utilizar distintos tipos de agrotóxicos que se van incrementando a medida que se van alejando. A las fumigaciones aéreas, ellos las permiten a cierta distancia. Mientras que el nuestro prohíbe totalmente la fumigación aérea y aleja a la terrestre a 800 metros de donde viven personas y de las escuelas rurales”.
“Lo que nosotros planteamos es que en esos 800 metros libres de tóxicos se planten verduras sin pesticidas para el consumo de la gente. Además, eso debería tener una barrera de árboles para que haga de contención de la aplicación terrestre”, argumentó.
Sobre ese punto, Bertero consideró que serían muchas las hectáreas que quedarían comprendidas dentro de la producción agroecológica y que actualmente no hay un desarrollo de la comercialización para ubicar esa producción.
Falta de consenso
Riera mencionó que en la última reunión –que se realizó el miércoles pasado y duró cerca de cinco horas–, a la que fueron invitadas las distintas organizaciones, se estuvo hablando sobre estos temas, pero no hubo grandes acuerdos. “Ellos insisten en que las buenas prácticas minimizan estas cuestiones y nosotros decimos que no. Por ahora cada cual sigue con su proyecto. El oficialismo no se mueve mucho más allá de otorgar algunos plazos, de ir ampliando progresivamente la zona de exclusión del uso de agrotóxicos. Pero lo que nosotros decimos es que los 800 metros son necesarios ya, porque mientras tanto la gente se muere”, aseguró.
“Bertero insiste en las buenas prácticas agrarias y que de esa manera se pueden manejar los tóxicos. Nosotros decimos que las buenas prácticas agrarias minimizan los efectos de los tóxicos, pero no se puede manejar el viento. Es imposible que haya ingenieros agrónomos en el momento en que se cargan los aviones. Además, si después llega a cambiar el viento, el ingeniero agrónomo no lo puede predecir”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 18/08/2015
Fuente: Diario Uno (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
La ley de fitosanitarios de la provincia data de 1995. En los últimos años, varios proyectos pasaron por la Legislatura, pero todos perdieron estado parlamentario. Ahora, hay dos en discusión
Una serie de ONG que participan del Foro Santafesino por la Salud y el Ambiente, dentro de la campaña Paren de Fumigarnos impulsa desde 2007 una reforma de la ley que regula la aplicación de productos fitosanitarios. En varias oportunidades presentaron proyectos en la Legislatura que ante la falta de consenso perdieron estado parlamentario.
Ahora volvieron a la carga con una iniciativa que ingresó el diputado José María Tessa (bloque Nuevo Encuentro-Frente Santa Fe para Todos) junto a otros legisladores de la oposición. El texto plantea básicamente una zona de 800 metros libres de fumigaciones alrededor de escuelas y lugares habitados. Pero, además, intenta prohibir la fumigación aérea y brindar herramientas para fomentar la producción campesina y agroecológica.
Pero en la Cámara baja no es el único proyecto que intenta regular la aplicación de químicos para los cultivos. La diputada Inés Bertero (Partido Socialista-Frente Progresista Cívico y Social) también viene hace años intentando una regulación sobre la temática, aunque mantiene algunas diferencias con la postura de las ONG.
“En el tema de la fumigación aérea planteamos distancias progresivas a partir de los 1.500 metros. Con productos de banda verde y azul, hasta los 3.000 metros solo en los casos en que no haya piso, que no se pueda hacer fumigación terrestre. Además, siempre tiene que estar supervisado por un ingeniero agrónomo”, explicó a Diario UNO la legisladora, que aseguró que pedir la prohibición total de la fumigación aérea “es la imposibilidad práctica”. En ese sentido, indicó que esa es la única forma de hacer las aplicaciones en las épocas de lluvias.
Al ser consultada sobre los 800 metros libres de aplicaciones, la diputada dijo: “La producción agroecológica también requiere de aplicaciones, por eso nosotros planteamos que a partir de los 50 metros y hasta los 100 o 200 metros, dependiendo de si hay barrera o no, solo se podrían hacer aplicaciones con los productos que regula el Senasa para las producciones agroecológicas. A partir de los 100 o 200 metros hasta los 800 metros, se podrían aplicar los productos de banda azul o verde. Pero no podemos avanzar a partir de la prohibición total. La ley regularía un montón de cosas como la capacitación a los operarios que trabajan con estos productos, las aplicaciones de los fertilizantes, entre otras”.
Un abordaje complejo
La ley de fitosanitarios de la provincia data de 1995. En los últimos 20 años todas las discusiones parlamentarias sobre el tema cayeron en saco roto. De todas maneras, para Bertero la gran deuda es a nivel nacional donde la última reglamentación con la que se rige el Senasa es de fines de la década del 50. “No tenemos una ley federal de fitosanitarios. Eso es lo grave”, aseveró.
En la provincia, hay varios elementos que dificultan la regulación. Sin ir más lejos hay comunas que nunca definieron su límite urbano a partir del cual se deberían empezar a contar los metros libres de aplicaciones de agroquímicos.
En las últimas semanas se intensificaron las reuniones en la Legislatura para empezar a limar las diferencias entre los dos proyectos y tratar de llegar con un documento único para ser tratado en el recinto. El tema tiene preferencia para la próxima sesión (27 de agosto), aunque las diferencias pueden hacer que se retrase el debate –algo que ya ocurrió en otras oportunidades.
Por su parte, Paulina Riera, integrante de la campaña Paren de Fumigarnos expuso: “Nuestro proyecto ya lleva años de recorrer las comisiones. Ahora lo volvió a presentar Tessa y está en la comisión de Asuntos Constitucionales”.
Al ser consultada sobre las diferencias con el proyecto del oficialismo, Riera dijo: “Ese proyecto aleja a 50 metros de las personas el comienzo del uso de agrotóxicos. Ahí, a 50 metros de donde vive la gente ya se pueden empezar a utilizar distintos tipos de agrotóxicos que se van incrementando a medida que se van alejando. A las fumigaciones aéreas, ellos las permiten a cierta distancia. Mientras que el nuestro prohíbe totalmente la fumigación aérea y aleja a la terrestre a 800 metros de donde viven personas y de las escuelas rurales”.
“Lo que nosotros planteamos es que en esos 800 metros libres de tóxicos se planten verduras sin pesticidas para el consumo de la gente. Además, eso debería tener una barrera de árboles para que haga de contención de la aplicación terrestre”, argumentó.
Sobre ese punto, Bertero consideró que serían muchas las hectáreas que quedarían comprendidas dentro de la producción agroecológica y que actualmente no hay un desarrollo de la comercialización para ubicar esa producción.
Falta de consenso
Riera mencionó que en la última reunión –que se realizó el miércoles pasado y duró cerca de cinco horas–, a la que fueron invitadas las distintas organizaciones, se estuvo hablando sobre estos temas, pero no hubo grandes acuerdos. “Ellos insisten en que las buenas prácticas minimizan estas cuestiones y nosotros decimos que no. Por ahora cada cual sigue con su proyecto. El oficialismo no se mueve mucho más allá de otorgar algunos plazos, de ir ampliando progresivamente la zona de exclusión del uso de agrotóxicos. Pero lo que nosotros decimos es que los 800 metros son necesarios ya, porque mientras tanto la gente se muere”, aseguró.
“Bertero insiste en las buenas prácticas agrarias y que de esa manera se pueden manejar los tóxicos. Nosotros decimos que las buenas prácticas agrarias minimizan los efectos de los tóxicos, pero no se puede manejar el viento. Es imposible que haya ingenieros agrónomos en el momento en que se cargan los aviones. Además, si después llega a cambiar el viento, el ingeniero agrónomo no lo puede predecir”, concluyó.
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