Investigador pide reevaluar los pesticidas
08:00 | 
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March: “Es necesario medir el impacto social y ambiental que provocan los plaguicidas”
Fecha de Publicación: 20/03/2015
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
El ingeniero agrónomo, docente e investigador de la Universidad Nacional de Río Cuarto además señaló: “Formamos parte de un sistema toxicológico donde el peligro es proporcional a las exposiciones que tenemos a las pulverizaciones”.
“Tenemos que pensar que las aplicaciones de plaguicidas van a pasar al medio ambiente; todo va al ambiente y no sólo a la plaga por lo tanto, contamina. El input plaguicida debe tener en cuenta los costos sociales y ambientales; esta consideración hace a un sistema sustentable, un sistema sin excesos de aplicaciones para no contaminar”, sostuvo el investigador Guillermo March.
March explicó detalles de lo que se conoce como Coeficiente de Impacto Ambiental de los Plaguicidas (CIAP). Indicó que la clasificación según los riesgos se mide de acuerdo con el criterio de bandas de colores establecido: Rojo, Clase I a -Producto sumamente peligroso (muy tóxico); Rojo, Clase I b -Producto muy peligroso (tóxico); Amarillo, Clase II -Producto moderadamente peligroso (nocivo); Azul, Clase III -Producto poco peligroso; Verde, Clase IV -Producto que no ofrece peligro.
Agregó que, a la hora de medir los riesgos de impacto ambiental y social, existen indicadores que permiten evaluar la peligrosidad de los plaguicidas. En los indicadores de riesgo suele considerarse el criterio del impacto de los plaguicidas sobre los ecosistemas acuáticos, del suelo, del aire, los humanos, de movilidad del agua y de la persistencia. March sostuvo que algunas veces “fumigamos con materiales orgánicos sin saber que al cuantificar los riesgos pueden ser más contaminantes que los sintéticos. Esto se ve en los laboratorios y el uso a campo, y reiteró que incide la variable del número de veces que el productor pulveriza; de ahí la sustancial importancia del profesional, el ingeniero agrónomo, que asesora a ese productor. Los productos con bandas verdes y azules son amigables con el medio ambiente pero debemos tener cuidado con el número de aplicaciones”, enfatizó.
Impacto ambiental
El ingeniero March destacó que se puede cuantificar el impacto ambiental de los plaguicidas y complementar de esta manera su clasificación toxicológica por medio del coeficiente de impacto ambiental-Ciap. Este coeficiente tiene en cuenta, primordialmente, el impacto de una aplicación (plaguicida-insecticida-fungicida) sobre el trabajador rural, el consumidor y el ambiente. “Mediante este coeficiente -explicó el investigador- podemos cuantificar los niveles toxicológicos por nuestra intervención sobre el ambiente”. En este sentido, el profesional destacó que se pueden mejorar los valores, la baja del impacto ambiental, trabajando junto con los productores en un proceso de concientización, midiendo cuál tecnología es buena para adoptar pero con un trabajo de conciente del productor. “Los cambios son lentos pero deben ser para siempre”, enfatizó March y agregó que el CIAP “muchas veces permite lograr mejores rendimientos con menos contaminación”.
March insistió en la necesidad de cuantificar el riesgo producido por el uso de plaguicidas midiendo, sobre todo, su impacto social y ambiental con el propósito de evitar excesos y reducir su utilización para tener una producción sustentable y amigable con el ambiente. Según el especialista, los agroquímicos son utilizados masivamente por los productores porque resultan convenientes por su efectividad y su costo accesible, aunque en muchos casos se utilizan en forma exagerada y, por lo tanto, contaminante.
Remarcó que un plaguicida clase IV usado frecuentemente puede significar más riesgo para la salud y el ambiente que uno de clase I usado una sola vez. La mayoría de los plaguicidas agrícolas vendidos en Argentina pertenecen a los grupos III y IV, o sea, los menos peligrosos en cuanto a intoxicaciones agudas.
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Fecha de Publicación: 20/03/2015
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
El ingeniero agrónomo, docente e investigador de la Universidad Nacional de Río Cuarto además señaló: “Formamos parte de un sistema toxicológico donde el peligro es proporcional a las exposiciones que tenemos a las pulverizaciones”.
“Tenemos que pensar que las aplicaciones de plaguicidas van a pasar al medio ambiente; todo va al ambiente y no sólo a la plaga por lo tanto, contamina. El input plaguicida debe tener en cuenta los costos sociales y ambientales; esta consideración hace a un sistema sustentable, un sistema sin excesos de aplicaciones para no contaminar”, sostuvo el investigador Guillermo March.
March explicó detalles de lo que se conoce como Coeficiente de Impacto Ambiental de los Plaguicidas (CIAP). Indicó que la clasificación según los riesgos se mide de acuerdo con el criterio de bandas de colores establecido: Rojo, Clase I a -Producto sumamente peligroso (muy tóxico); Rojo, Clase I b -Producto muy peligroso (tóxico); Amarillo, Clase II -Producto moderadamente peligroso (nocivo); Azul, Clase III -Producto poco peligroso; Verde, Clase IV -Producto que no ofrece peligro.
Agregó que, a la hora de medir los riesgos de impacto ambiental y social, existen indicadores que permiten evaluar la peligrosidad de los plaguicidas. En los indicadores de riesgo suele considerarse el criterio del impacto de los plaguicidas sobre los ecosistemas acuáticos, del suelo, del aire, los humanos, de movilidad del agua y de la persistencia. March sostuvo que algunas veces “fumigamos con materiales orgánicos sin saber que al cuantificar los riesgos pueden ser más contaminantes que los sintéticos. Esto se ve en los laboratorios y el uso a campo, y reiteró que incide la variable del número de veces que el productor pulveriza; de ahí la sustancial importancia del profesional, el ingeniero agrónomo, que asesora a ese productor. Los productos con bandas verdes y azules son amigables con el medio ambiente pero debemos tener cuidado con el número de aplicaciones”, enfatizó.
Impacto ambiental
El ingeniero March destacó que se puede cuantificar el impacto ambiental de los plaguicidas y complementar de esta manera su clasificación toxicológica por medio del coeficiente de impacto ambiental-Ciap. Este coeficiente tiene en cuenta, primordialmente, el impacto de una aplicación (plaguicida-insecticida-fungicida) sobre el trabajador rural, el consumidor y el ambiente. “Mediante este coeficiente -explicó el investigador- podemos cuantificar los niveles toxicológicos por nuestra intervención sobre el ambiente”. En este sentido, el profesional destacó que se pueden mejorar los valores, la baja del impacto ambiental, trabajando junto con los productores en un proceso de concientización, midiendo cuál tecnología es buena para adoptar pero con un trabajo de conciente del productor. “Los cambios son lentos pero deben ser para siempre”, enfatizó March y agregó que el CIAP “muchas veces permite lograr mejores rendimientos con menos contaminación”.
March insistió en la necesidad de cuantificar el riesgo producido por el uso de plaguicidas midiendo, sobre todo, su impacto social y ambiental con el propósito de evitar excesos y reducir su utilización para tener una producción sustentable y amigable con el ambiente. Según el especialista, los agroquímicos son utilizados masivamente por los productores porque resultan convenientes por su efectividad y su costo accesible, aunque en muchos casos se utilizan en forma exagerada y, por lo tanto, contaminante.
Remarcó que un plaguicida clase IV usado frecuentemente puede significar más riesgo para la salud y el ambiente que uno de clase I usado una sola vez. La mayoría de los plaguicidas agrícolas vendidos en Argentina pertenecen a los grupos III y IV, o sea, los menos peligrosos en cuanto a intoxicaciones agudas.
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Derrame de alúmina de Aluar en Madryn
Defensoría del Pueblo de Chubut también investiga el derrame de alúmina de Aluar
Fecha de Publicación: 20/03/2015
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
El defensor del Pueblo, Héctor Simionatti, confirmó que el organismo que conduce pidió informes sobre el derrame de alúmina de Aluar en Puerto Madryn, incidente que ocurrió el 26 de diciembre pero que sólo se supo cuando lo develó Jornada.
“El lunes en virtud de la noticia aparecida en medios periodísticos, decidimos efectuar una actuación de oficio sobre el tema. Elaboramos varios pedidos de informes para que nos contesten sobre cómo está la situación. Pedimos informes a la propia empresa, al área de ambiente de la Municipalidad de Puerto Madryn, al Ministerio de Ambiente de la provincia y a la Prefectura Naval”, detalló el abogado quien dijo que los organismos tienen un plazo de diez días para contestar los informes.
Simionatti añadió que “les pedimos a las autoridades que nos respondan si tomaron inmediatamente conocimiento del hecho, las medidas adoptadas, si realizaron la denuncia ante la justicia y los órganos administrativos y, a la empresa, si había adoptado alguna acción para remediar el posible daño ambiental. Sabemos que la empresa confirmó el hecho aunque aclaró que no en la cantidad de toneladas que se referenciaba. Igual es bastante grave aunque hayan sido dos toneladas en vez de ochenta”, remarcó.
El defensor del Pueblo sostuvo que el organismo que encabeza ya ha actuado por situaciones similares con la empresa Aluar. “Existen expedientes similares, no en mi gestión porque llevo seis meses, pero sí existen actuaciones relativas al tema contaminación. Incluso tengo entendido que en su momento se elevaron las actuaciones a la Justicia sin un resultado determinado”, precisó.
Evitando prejuzgar, el abogado dijo que llama la atención el accionar del Ministerio de Ambiente, que no dio a conocer el hecho. “Este tema, de ser cierto, supone cierta gravedad. Si tomaron intervención –el Ministerio de Ambiente- llama la atención porque tal vez el mismo Ministerio tendría que haber informado a la comunidad que había ocurrido este hecho y que estaban investigando. Por ahí se llegó a la conclusión que no era grave pero hubiese sido interesante que se dé a conocer a través del mismo Ministerio de Ambiente que estaba investigando el tema”, concluyó.
“Lo malo es ocultar”
En tanto que el precandidato a intendente de Puerto Madryn, Carlos Eliceche, también opinó sobre el derrame de alúmina. “Son situaciones que afectan a la comunidad y cuando estamos hablando del medio ambiente y la naturaleza mucho más”, advirtió.
“Hay que poner en vigencia los controles con la mayor celeridad posible. Esperemos que sea el último caso. Suelen suceder accidentes, lo malo es ocultarlos. Pueden darse accidentes como en cualquier ámbito de trabajo, lo malo de esto es que se oculten”, reiteró y agregó que “para ello deben estar los controles provinciales y municipales que pongan las cosas en su lugar y actúen en tareas que prevean que no se vuelvan a repetir”.
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Entre Ríos proyecta Ley de Fiscalías Ambientales
Se inició el trabajo sobre el proyecto de ley que crea las Fiscalías Ambientales
Fecha de Publicación: 20/03/2015
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
Se reunió este martes por la mañana la Comisión de Legislación General, que preside del senador de Islas, Eduardo Melchiori • En el encuentro, se inició el trabajo sobre el proyecto de ley que crea las Fiscalías Ambientales y se decidió convocar al al Colegio de Escribanos de Entre Ríos para recibir la opinión sobre un proyecto de ley que delega en esa institución la administración, guarda y custodia del Archivo de Protocolos Notariales
Con la presencia de los representantes de Diamante, Gualeguay y Paraná, Daniel Kramer, Rubén Matorras y Carlos Brambilla. Se reunió este martes la comisión de Legislación General del Senado que preside Melchiori.
Además, se dio despacho al proyecto de Declaración del senador Enrique Cresto que declara de Interés Legislativo los festejos “Rumbo a los 70 años de LT14 Radio General Urquiza”, que se desarrollarán en los próximos meses y culminan en julio de este año.
Además de la ley que crea las Fiscalías Ambientales, se analizaron una serie de proyectos de referidos a la transferencia de inmuebles. Uno de ellos está relacionado con la donación de un inmueble del departamento Diamante, para ser destinado a la Junta de Gobierno de Colonia Ensayo.
También se trató el proyecto de ley que propone la ampliación del ejido de la localidad de Villa Paranacito, en el departamento Islas.
Se solicitaron los antecedentes sobre el proyecto de ley referido a los talles, que obliga la existencia de “todos los talles” en lo que hace a prendas de vestir.
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Fecha de Publicación: 20/03/2015
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
Se reunió este martes por la mañana la Comisión de Legislación General, que preside del senador de Islas, Eduardo Melchiori • En el encuentro, se inició el trabajo sobre el proyecto de ley que crea las Fiscalías Ambientales y se decidió convocar al al Colegio de Escribanos de Entre Ríos para recibir la opinión sobre un proyecto de ley que delega en esa institución la administración, guarda y custodia del Archivo de Protocolos Notariales
Con la presencia de los representantes de Diamante, Gualeguay y Paraná, Daniel Kramer, Rubén Matorras y Carlos Brambilla. Se reunió este martes la comisión de Legislación General del Senado que preside Melchiori.
Además, se dio despacho al proyecto de Declaración del senador Enrique Cresto que declara de Interés Legislativo los festejos “Rumbo a los 70 años de LT14 Radio General Urquiza”, que se desarrollarán en los próximos meses y culminan en julio de este año.
Además de la ley que crea las Fiscalías Ambientales, se analizaron una serie de proyectos de referidos a la transferencia de inmuebles. Uno de ellos está relacionado con la donación de un inmueble del departamento Diamante, para ser destinado a la Junta de Gobierno de Colonia Ensayo.
También se trató el proyecto de ley que propone la ampliación del ejido de la localidad de Villa Paranacito, en el departamento Islas.
Se solicitaron los antecedentes sobre el proyecto de ley referido a los talles, que obliga la existencia de “todos los talles” en lo que hace a prendas de vestir.
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Relleno de Ensenada: nuevos plazos para su cierre
Nuevo plazo para cerrar el relleno de Ensenada
Fecha de Publicación: 19/03/2015
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
Recibe 700 toneladas diarias y está colapsada. Debe dejar de funcionar el 1° de enero de 2017. Para eso, comenzarán a construir una planta en el camino a Punta Lara.
El relleno sanitario de Punta Lara tiene los días contados. Pero las más de 700 toneladas diarias de residuos domiciliarios que producen La Plata y alrededores terminarán en una planta que se construirá a pocos metros del polémico predio de la CEAMSE. En 10 días comenzará la construcción de la planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB). De esta manera, las autoridades provinciales esperan cerrar una historia de controversias con ambientalistas que comenzó en 2006, con un fallo de la Corte bonaerense que ordenó clausurar el basural que está en Ensenada.
En estos días, se hilvanan los últimos puntos de un acuerdo entre la ong Nuevo Ambiente -que inició la demanda por daños ambientales y sanitarios-, la CEAMSE, el municipio, el Gobierno bonaerense y el máximo Tribunal que dispuso la clausura. El primer paso fue dejar atrás el proyecto de tratamiento de residuos por compostaje, que comenzó en 2010 pero quedó a mitad de camino.
Ahora la empresa encargada de la disposición final de la basura del área metropolitana -CEAMSE- será la responsable de levantar sobre un terreno ubicado en el camino a Punta Lara un nuevo MBT para procesar los restos domiciliarios de La Plata, Berisso y Ensenada. El contrato aprobado por el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) y avalado por la Justicia tiene plazos fijos: un año para el desarrollo del proyecto y nueve meses más para poner el candado final al relleno a cielo abierto: 1° de enero de 2017.
La planta de TMB funcionará con este mecanismo: el primer paso será la separación del "material voluminoso" (heladeras viejas, troncos, desechos grandes). Luego, un sistema llamado "tromel" concentra el material orgánico, que representa casi la mitad del total. Eso se reutiliza en suelos. El proceso continúa con separación de materiales livianos (que se transforman en combustible derivado de residuos que se usa en hornos y cementeras) y más restos reciclables, en forma manual. Al final del procedimiento queda entre el 25 y el 30% con los que se arman fardos para rellenar canteras.
"Empezamos el camino de un acuerdo definitivo para cerrar el capítulo de Punta Lara", le dijo a Clarín el presidente del OPDS, Hugo Bilbao. En poco más de un año, los municipios deberán pagar 35 dólares por cada tonelada que ingrese a la nueva planta. Es la tarifa estipulada por la CEAMSE para el tratamiento definitivo de los residuos sólidos urbanos.
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Fecha de Publicación: 19/03/2015
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
Recibe 700 toneladas diarias y está colapsada. Debe dejar de funcionar el 1° de enero de 2017. Para eso, comenzarán a construir una planta en el camino a Punta Lara.
El relleno sanitario de Punta Lara tiene los días contados. Pero las más de 700 toneladas diarias de residuos domiciliarios que producen La Plata y alrededores terminarán en una planta que se construirá a pocos metros del polémico predio de la CEAMSE. En 10 días comenzará la construcción de la planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB). De esta manera, las autoridades provinciales esperan cerrar una historia de controversias con ambientalistas que comenzó en 2006, con un fallo de la Corte bonaerense que ordenó clausurar el basural que está en Ensenada.
En estos días, se hilvanan los últimos puntos de un acuerdo entre la ong Nuevo Ambiente -que inició la demanda por daños ambientales y sanitarios-, la CEAMSE, el municipio, el Gobierno bonaerense y el máximo Tribunal que dispuso la clausura. El primer paso fue dejar atrás el proyecto de tratamiento de residuos por compostaje, que comenzó en 2010 pero quedó a mitad de camino.
Ahora la empresa encargada de la disposición final de la basura del área metropolitana -CEAMSE- será la responsable de levantar sobre un terreno ubicado en el camino a Punta Lara un nuevo MBT para procesar los restos domiciliarios de La Plata, Berisso y Ensenada. El contrato aprobado por el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) y avalado por la Justicia tiene plazos fijos: un año para el desarrollo del proyecto y nueve meses más para poner el candado final al relleno a cielo abierto: 1° de enero de 2017.
La planta de TMB funcionará con este mecanismo: el primer paso será la separación del "material voluminoso" (heladeras viejas, troncos, desechos grandes). Luego, un sistema llamado "tromel" concentra el material orgánico, que representa casi la mitad del total. Eso se reutiliza en suelos. El proceso continúa con separación de materiales livianos (que se transforman en combustible derivado de residuos que se usa en hornos y cementeras) y más restos reciclables, en forma manual. Al final del procedimiento queda entre el 25 y el 30% con los que se arman fardos para rellenar canteras.
"Empezamos el camino de un acuerdo definitivo para cerrar el capítulo de Punta Lara", le dijo a Clarín el presidente del OPDS, Hugo Bilbao. En poco más de un año, los municipios deberán pagar 35 dólares por cada tonelada que ingrese a la nueva planta. Es la tarifa estipulada por la CEAMSE para el tratamiento definitivo de los residuos sólidos urbanos.
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Scioli quiere que Ambiente sea ministerio
Scioli elevaría a rango de ministerio la Secretaría de Ambiente nacional
Fecha de Publicación: 19/03/2015
Fuente: La Capital (Buenos Aires)
Provincia/Región: Nacional
El representante de la provincia de Buenos Aires, Hugo Bilbao, fue reelegido presidente de Consejo Federal de Medio Ambiente. La entidad coordina la elaboración de políticas ambientales a nivel nacional.
Fue un pedido unánime por parte de los responsables de las áreas de medio ambiente de todas las provincias del país en el marco de la asamblea del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) donde el Hugo Bilbao, representante de la provincia de Buenos Aires, fue reelegido en el cargo como presidente de la entidad que coordina en base al consenso federal la elaboración de políticas ambientales.
Luego de agradecer a los representantes de las jurisdicciones por renovarle la confianza a su Director Ejecutivo Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), el gobernador Daniel Scioli sostuvo que el medio ambiente tiene que convocarnos con un profundo sentido federal y como una política de estado de encarar la agenda hacia el futuro y agregó que éste es un tema que toca transversalmente a todas las áreas de mi gestión.
A su vez dijo estar convencido que los desafíos que nos plantea el cambio climático son un tema central que hace a la calidad de vida, hace a la inclusión, hace al diagrama de las inversiones que llevemos adelante para ir readecuando la infraestructura existente a esta nueva realidad de fenómenos.
Tras la votación a mano alzada donde fue elegido por unanimidad, Hugo Bilbao, afirmó que están dadas las condiciones de maduración de la sociedad y de la administración para que (la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación) sea Ministerio y ojalá lo sea en la próxima presidencia.
Bilbao destacó que el tema de ambiental ha ido creciendo mucho desde 1994 cuando tomo rango constitucional conforme a la reforma del mismo. Vemos que en la vida cotidiana cada vez hay una mayor demanda ambiental y los temas ambientales cada vez están más presentes.
Durante la asamblea del Cofema fue el representante de San Juan, Raúl Tello, quien propuso además de la renovación de los cargos de Bilbao en la presidencia y de la ministra de San Luis, Daiana Hissa, como vicepresidenta, que el Gobierno nacional otorgue rango de ministerio al área de medio ambiente.
La votación, llevada a cabo en el Salón Francés de la Residencia de los Gobernadores y en la que Hugo Bilbao, titular del OPDS, fue elegido por unanimidad, contó con la presencia del secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Lorusso; buena parte del gabinete provincial y los legisladores Alberto De Fazio y Rodolfo Manino Iriart.
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Fecha de Publicación: 19/03/2015
Fuente: La Capital (Buenos Aires)
Provincia/Región: Nacional
El representante de la provincia de Buenos Aires, Hugo Bilbao, fue reelegido presidente de Consejo Federal de Medio Ambiente. La entidad coordina la elaboración de políticas ambientales a nivel nacional.
Fue un pedido unánime por parte de los responsables de las áreas de medio ambiente de todas las provincias del país en el marco de la asamblea del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) donde el Hugo Bilbao, representante de la provincia de Buenos Aires, fue reelegido en el cargo como presidente de la entidad que coordina en base al consenso federal la elaboración de políticas ambientales.
Luego de agradecer a los representantes de las jurisdicciones por renovarle la confianza a su Director Ejecutivo Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), el gobernador Daniel Scioli sostuvo que el medio ambiente tiene que convocarnos con un profundo sentido federal y como una política de estado de encarar la agenda hacia el futuro y agregó que éste es un tema que toca transversalmente a todas las áreas de mi gestión.
A su vez dijo estar convencido que los desafíos que nos plantea el cambio climático son un tema central que hace a la calidad de vida, hace a la inclusión, hace al diagrama de las inversiones que llevemos adelante para ir readecuando la infraestructura existente a esta nueva realidad de fenómenos.
Tras la votación a mano alzada donde fue elegido por unanimidad, Hugo Bilbao, afirmó que están dadas las condiciones de maduración de la sociedad y de la administración para que (la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación) sea Ministerio y ojalá lo sea en la próxima presidencia.
Bilbao destacó que el tema de ambiental ha ido creciendo mucho desde 1994 cuando tomo rango constitucional conforme a la reforma del mismo. Vemos que en la vida cotidiana cada vez hay una mayor demanda ambiental y los temas ambientales cada vez están más presentes.
Durante la asamblea del Cofema fue el representante de San Juan, Raúl Tello, quien propuso además de la renovación de los cargos de Bilbao en la presidencia y de la ministra de San Luis, Daiana Hissa, como vicepresidenta, que el Gobierno nacional otorgue rango de ministerio al área de medio ambiente.
La votación, llevada a cabo en el Salón Francés de la Residencia de los Gobernadores y en la que Hugo Bilbao, titular del OPDS, fue elegido por unanimidad, contó con la presencia del secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Lorusso; buena parte del gabinete provincial y los legisladores Alberto De Fazio y Rodolfo Manino Iriart.
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Chubut: quieren volver al debate minero
Varios diputados coinciden en que hay que reactivar el debate minero
Fecha de Publicación: 19/03/2015
Fuente: Radio El Chubut
Provincia/Región: Chubut
Hoy vuelve a sesionar la Legislatura en Rawson sin temas de relevancia en el Orden del Día pero con un tema que parece querer instalarse nuevamente en la agenda legislativa y que está en boca de varios legisladores, como es la discusión sobre habilitar o no la minería en la provincia, que quedó trunco luego del proyecto de iniciativa popular tratado en noviembre, que sólo fijó plazos para hacer consultas a los vecinos, con una suspensión de 120 días que vence este mes y dicen que podría ser prorrogada otros cuatro meses.
Ayer el legislador del interbloque, Anselmo Montes, sostuvo que «eso de no hablar del tema minero ahora es una forma de esconder la leche y amerita que lo discutamos porque son cuatro años que va a estar el funcionario después electo. Hay que dejar de especular electoralmente y decir qué se pretende hacer con la minería», señaló.
En su caso, indicó que «no tengo problema de debatir sobre el tema, tengo una posición tomada. La gente tiene que saber cuál es la posición que tiene el candidato en relación a la minería». «Hay que sincerarse con la gente de la provincia y hacer una consulta popular vinculante que podría ser en este marco electoral de octubre. Se le tiene que preguntar por sí o por no a la gente en toda la provincia», aseguró.
En el mismo sentido se manifestó su par del FPV, Juan Ale, para quien impulsar un plebiscito en la provincia «es una de las alternativas válidas porque elegir cómo quiere vivir y de qué es propio de la población de la provincia». Consideró que este mecanismo debería ser «por región» para respetar a aquellas que optaran por rechazar la actividad minera. Y resaltó que además deben «ajustarse muchísimo los controles» en materia ambiental.
«No hay que tener miedo a un plebiscito porque se debe respetar la opinión de las mayorías», remarcó y recordó: «Mi postura siempre fue la realización de un plebiscito o consulta popular pero también hay que ajustar muchísimo los controles que se deban realizar desde Medio Ambiente para que el día de mañana ante la presentación de un proyecto con la licencia social surgida del plebiscito se pueda llevar adelante».
El tema lo viene planteando además hace tiempo el presidente del bloque de diputados de la UCR, Roberto Risso, para quien es el momento ideal para debatir de una vez el tema minero y no patearlo para después de octubre, porque sería «una hipocresía y una gran mentira». Hace una semana dijo en el recinto que lo mejor «es discutir ahora y convocar un referéndum o plebiscito para octubre y que la gente sepa qué representa cada candidato. No estamos de acuerdo en que se silencie por una especulación electoral».
Además anticipó que desde la UCR «vamos a presentar un proyecto de derogación de la ley de promoción minera de la época del exgobernador Carlos Maestro, que fue más menemista que Menem. Vamos a promover la derogación, porque está vigente la 5001 que prohíbe la minería».
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Fecha de Publicación: 19/03/2015
Fuente: Radio El Chubut
Provincia/Región: Chubut
Hoy vuelve a sesionar la Legislatura en Rawson sin temas de relevancia en el Orden del Día pero con un tema que parece querer instalarse nuevamente en la agenda legislativa y que está en boca de varios legisladores, como es la discusión sobre habilitar o no la minería en la provincia, que quedó trunco luego del proyecto de iniciativa popular tratado en noviembre, que sólo fijó plazos para hacer consultas a los vecinos, con una suspensión de 120 días que vence este mes y dicen que podría ser prorrogada otros cuatro meses.
Ayer el legislador del interbloque, Anselmo Montes, sostuvo que «eso de no hablar del tema minero ahora es una forma de esconder la leche y amerita que lo discutamos porque son cuatro años que va a estar el funcionario después electo. Hay que dejar de especular electoralmente y decir qué se pretende hacer con la minería», señaló.
En su caso, indicó que «no tengo problema de debatir sobre el tema, tengo una posición tomada. La gente tiene que saber cuál es la posición que tiene el candidato en relación a la minería». «Hay que sincerarse con la gente de la provincia y hacer una consulta popular vinculante que podría ser en este marco electoral de octubre. Se le tiene que preguntar por sí o por no a la gente en toda la provincia», aseguró.
En el mismo sentido se manifestó su par del FPV, Juan Ale, para quien impulsar un plebiscito en la provincia «es una de las alternativas válidas porque elegir cómo quiere vivir y de qué es propio de la población de la provincia». Consideró que este mecanismo debería ser «por región» para respetar a aquellas que optaran por rechazar la actividad minera. Y resaltó que además deben «ajustarse muchísimo los controles» en materia ambiental.
«No hay que tener miedo a un plebiscito porque se debe respetar la opinión de las mayorías», remarcó y recordó: «Mi postura siempre fue la realización de un plebiscito o consulta popular pero también hay que ajustar muchísimo los controles que se deban realizar desde Medio Ambiente para que el día de mañana ante la presentación de un proyecto con la licencia social surgida del plebiscito se pueda llevar adelante».
El tema lo viene planteando además hace tiempo el presidente del bloque de diputados de la UCR, Roberto Risso, para quien es el momento ideal para debatir de una vez el tema minero y no patearlo para después de octubre, porque sería «una hipocresía y una gran mentira». Hace una semana dijo en el recinto que lo mejor «es discutir ahora y convocar un referéndum o plebiscito para octubre y que la gente sepa qué representa cada candidato. No estamos de acuerdo en que se silencie por una especulación electoral».
Además anticipó que desde la UCR «vamos a presentar un proyecto de derogación de la ley de promoción minera de la época del exgobernador Carlos Maestro, que fue más menemista que Menem. Vamos a promover la derogación, porque está vigente la 5001 que prohíbe la minería».
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Reforestar Córdoba, una deuda pendiente
Reforestar Córdoba: un debate que el diluvio reactualiza
Fecha de Publicación: 18/03/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Si se asume que la deforestación es una de las causas que agudiza los efectos de inundaciones y crecidas, se abre la oportunidad para discutir cómo sumar masa verde al mapa.
Que lluvias más intensas que las habituales causaron las inundaciones que afectaron a buena parte de la geografía cordobesa resulta incontrastable. Pero el debate sobre las circunstancias que agravaron los efectos de esos diluvios está abierto. La deforestación que ha sufrido Córdoba forma parte de esa discusión que ahora se reactualiza. Hace años que desde ámbitos técnicos y académicos se advierte que la alta tasa de desmonte agudiza los riesgos de mayores sequías sobre ríos y lagos en invierno, pero, a la vez, de crecidas más alevosas en verano.
Sin suficiente tejido verde, se afecta la esponja que absorbe agua y se acrecienta el tobogán que la deriva.
Si la deforestación se asume como problema, el remedio debería ser un verdadero plan integral de reforestación. ¿Se deberían reforestar sierras o llanos, o ambos a la vez?, ¿hay que apelar a cualquier tipo de bosque o privilegiar los de especies nativas?, ¿cómo equilibrar, si los árboles demandan más agua en una provincia a la que a veces le falta, pero son esenciales para retenerla cuando las lluvias sobran?
Plantar y producir
Desde la Cámara de la Madera de Córdoba se insiste con que se cumpla el Plan de Promoción de Forestación, que implica otorgar ventajas a dueños de campos, en sierras y llanos, para que en vez de otros usos rurales los destinen a plantaciones de árboles. La entidad, que agrupa a forestadores, aserraderos y muebleros cordobeses, apunta a crear bosques con fines productivos, que servirían también para frenar el avance de las aguas ante excesos hídricos como los recientes.
“La ley nacional 25.080, de bosques cultivados, establece un régimen de promoción de inversiones para aquellos que foresten gran cantidad de hectáreas. En Córdoba, la falta de promoción de ese plan lleva a que sólo el 1,5 por ciento de las áreas disponibles estén plantadas”, marcó la entidad.
“Existe un plan de promoción de forestación a nivel nacional y provincial, pero no avanza; los subsidios no llegan por cuestiones burocráticas”, aseguró Javier Valls, de la subcomisión forestoindustrial de la Cámara de la Madera.
Desde allí, calculan que habría un millón de hectáreas potenciales de ser convertidas en bosques cultivados, pero que hoy sólo hay unas 15 mil plantadas, concentradas casi todas en pinares del área serrana de Calamuchita.
Los bosques cultivados son implantados y se van talando para comercializar la madera, pero tras dos años el suelo está listo para ser nuevamente reutilizado, según esa entidad.
“Las plantaciones forestales pueden aportar una barrera a las precipitaciones abundantes, deteniendo parte del agua en las copas de los árboles por intercepción, reduciendo la velocidad de caída y el impacto sobre el suelo que se encuentra además cubierto y protegido por hojarasca. Luego el agua infiltra más profundamente por un perfil mejor estructurado, resultado de la acción de las raíces y del aporte de materia orgánica de las plantas. Además, este proceso genera un agua más limpia y con menos carga de sedimentos. Es notorio que donde hay plantaciones la creciente es más lenta, el suelo hace de amortiguador y tiene mayor absorción”, sintetizó Valls.
Desde la cámara empresarial no ven inconvenientes en que se combinen especies nativas con exóticas, según posibilidades y zonas. Pero son las exóticas las de crecimiento más rápido y mejor rinde comercial.
Con sentido ambiental
Las entidades ambientalistas hace años que reclaman dar vuelta el proceso de deforestación. Federico Kopta, titular del Foro Ambiental Córdoba, remarcó que “hace mucho que es imperioso frenar el desmonte y empezar a recuperar bosques, pero ni una ni otra cosa sucedieron”.
Kopta marcó la necesidad de “proteger con vegetación autóctona las cuencas hídricas serranas ya muy deterioradas, y replantar en el llano, para que además de retener aguas también se mitigue la erosión de los suelos”. Pero insistió con que “un verdadero plan de forestación que apunte a ofrecer servicios ambientales debería basarse en especies nativas”.
El biólogo subrayó que un verdadero bosque con sentido ambiental “tiene tres estratos: árboles, arbustos y herbáceas”. Precisó que “el suelo no es el mismo si sólo se conservan árboles” y que un bosque integral “protege y genera suelos, conserva la biodiversidad y diversifica producciones”.
Kopta opinó que un plan de reforestación con fines ambientales debería priorizar las especies autóctonas porque, respecto de las exóticas, se adaptan mejor al clima, consumen menos agua cuando hay sequía, regulan mejor el impacto cuando esa agua sobra por los suelos que genera, y representan un menor riesgo ante el fuego. A la vez, recordó que hay especies exóticas que resultan invasivas y que van ahogando a las nativas, como ocurre con los “siempre verde” en Sierras Chicas.
“El dilema para Córdoba es que debe contemplar la utilidad del bosque ante lluvias copiosas, pero también ante épocas de sequías, como las que hemos tenido”, remarcó.
El ambientalista no rechazó que pueda haber zonas con forestaciones cultivadas con pinos u otras exóticas para fines industriales. “Dentro de un ordenamiento territorial bien planificado, que se definan sectores para producir madera puede ser una decisión razonable”, dijo. Apuntó, por ejemplo, que en las llanuras cordobesas “si donde ahora sólo hay soja, se combinan forestaciones con soja, sería algo mejor”.
Algo más que árboles
Especialistas en forestación marcan que un plan de reforestación serio no puede limitarse a islas de árboles aislados sino a "corredores" unidos, concatenados.
El Foro Ambiental Córdoba propuso años atrás crear, para la zona rural llana y agrícola, verdaderas fajas forestales sobre banquinas y límites entre campos, privilegiando las especies nativas.
Dos planes oficiales que quedaron en la nada
En los últimos años, la Provincia anunció dos planes de forestación masiva que nunca se llevaron a cabo.
En 2011, el gobernador Juan Schiaretti envió a la Legislatura un proyecto de ley por el que se prometía plantar 17 ?millones de árboles en cinco años, sobre campos privados y banquinas de rutas. Exigía que cada dueño de campo presentara una propuesta ?que sumara arbolado a su ?lote, que, luego de aprobada, debía ejecutar. Ese proyecto nunca se transformó en ley. Sólo se plantaron unos 150 mil árboles sobre banquinas de algunas rutas, de los que apenas una parte sobrevive.
En junio de 2013, el gobernador José Manuel de la Sota anunció el envío de una ley que obligaría a cada dueño de campo a forestar “al menos el uno por ciento de su superficie”. Se estimaba que, de ese modo, en cinco años se sumarían unas 80 mil hectáreas arboladas en la provincia. A dos años, esa ley no fue tratada aún por la Legislatura.
En ambos casos, los objetivos declamados eran ayudar a fijar los suelos rurales para evitar una mayor erosión, mitigar las tormentas de tierra y colaborar con la retención de aguas en deriva.
Ninguno de los dos proyectos establecía estrategias diferenciadas ni planes específicos para reforestar las sierras, donde el bosque nativo –ya muy acotado por desmontes– resulta vital para la protección de las cuencas hídricas que alimentan de agua a Córdoba.
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Fecha de Publicación: 18/03/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Si se asume que la deforestación es una de las causas que agudiza los efectos de inundaciones y crecidas, se abre la oportunidad para discutir cómo sumar masa verde al mapa.
Que lluvias más intensas que las habituales causaron las inundaciones que afectaron a buena parte de la geografía cordobesa resulta incontrastable. Pero el debate sobre las circunstancias que agravaron los efectos de esos diluvios está abierto. La deforestación que ha sufrido Córdoba forma parte de esa discusión que ahora se reactualiza. Hace años que desde ámbitos técnicos y académicos se advierte que la alta tasa de desmonte agudiza los riesgos de mayores sequías sobre ríos y lagos en invierno, pero, a la vez, de crecidas más alevosas en verano.
Sin suficiente tejido verde, se afecta la esponja que absorbe agua y se acrecienta el tobogán que la deriva.
Si la deforestación se asume como problema, el remedio debería ser un verdadero plan integral de reforestación. ¿Se deberían reforestar sierras o llanos, o ambos a la vez?, ¿hay que apelar a cualquier tipo de bosque o privilegiar los de especies nativas?, ¿cómo equilibrar, si los árboles demandan más agua en una provincia a la que a veces le falta, pero son esenciales para retenerla cuando las lluvias sobran?
Plantar y producir
Desde la Cámara de la Madera de Córdoba se insiste con que se cumpla el Plan de Promoción de Forestación, que implica otorgar ventajas a dueños de campos, en sierras y llanos, para que en vez de otros usos rurales los destinen a plantaciones de árboles. La entidad, que agrupa a forestadores, aserraderos y muebleros cordobeses, apunta a crear bosques con fines productivos, que servirían también para frenar el avance de las aguas ante excesos hídricos como los recientes.
“La ley nacional 25.080, de bosques cultivados, establece un régimen de promoción de inversiones para aquellos que foresten gran cantidad de hectáreas. En Córdoba, la falta de promoción de ese plan lleva a que sólo el 1,5 por ciento de las áreas disponibles estén plantadas”, marcó la entidad.
“Existe un plan de promoción de forestación a nivel nacional y provincial, pero no avanza; los subsidios no llegan por cuestiones burocráticas”, aseguró Javier Valls, de la subcomisión forestoindustrial de la Cámara de la Madera.
Desde allí, calculan que habría un millón de hectáreas potenciales de ser convertidas en bosques cultivados, pero que hoy sólo hay unas 15 mil plantadas, concentradas casi todas en pinares del área serrana de Calamuchita.
Los bosques cultivados son implantados y se van talando para comercializar la madera, pero tras dos años el suelo está listo para ser nuevamente reutilizado, según esa entidad.
“Las plantaciones forestales pueden aportar una barrera a las precipitaciones abundantes, deteniendo parte del agua en las copas de los árboles por intercepción, reduciendo la velocidad de caída y el impacto sobre el suelo que se encuentra además cubierto y protegido por hojarasca. Luego el agua infiltra más profundamente por un perfil mejor estructurado, resultado de la acción de las raíces y del aporte de materia orgánica de las plantas. Además, este proceso genera un agua más limpia y con menos carga de sedimentos. Es notorio que donde hay plantaciones la creciente es más lenta, el suelo hace de amortiguador y tiene mayor absorción”, sintetizó Valls.
Desde la cámara empresarial no ven inconvenientes en que se combinen especies nativas con exóticas, según posibilidades y zonas. Pero son las exóticas las de crecimiento más rápido y mejor rinde comercial.
Con sentido ambiental
Las entidades ambientalistas hace años que reclaman dar vuelta el proceso de deforestación. Federico Kopta, titular del Foro Ambiental Córdoba, remarcó que “hace mucho que es imperioso frenar el desmonte y empezar a recuperar bosques, pero ni una ni otra cosa sucedieron”.
Kopta marcó la necesidad de “proteger con vegetación autóctona las cuencas hídricas serranas ya muy deterioradas, y replantar en el llano, para que además de retener aguas también se mitigue la erosión de los suelos”. Pero insistió con que “un verdadero plan de forestación que apunte a ofrecer servicios ambientales debería basarse en especies nativas”.
El biólogo subrayó que un verdadero bosque con sentido ambiental “tiene tres estratos: árboles, arbustos y herbáceas”. Precisó que “el suelo no es el mismo si sólo se conservan árboles” y que un bosque integral “protege y genera suelos, conserva la biodiversidad y diversifica producciones”.
Kopta opinó que un plan de reforestación con fines ambientales debería priorizar las especies autóctonas porque, respecto de las exóticas, se adaptan mejor al clima, consumen menos agua cuando hay sequía, regulan mejor el impacto cuando esa agua sobra por los suelos que genera, y representan un menor riesgo ante el fuego. A la vez, recordó que hay especies exóticas que resultan invasivas y que van ahogando a las nativas, como ocurre con los “siempre verde” en Sierras Chicas.
“El dilema para Córdoba es que debe contemplar la utilidad del bosque ante lluvias copiosas, pero también ante épocas de sequías, como las que hemos tenido”, remarcó.
El ambientalista no rechazó que pueda haber zonas con forestaciones cultivadas con pinos u otras exóticas para fines industriales. “Dentro de un ordenamiento territorial bien planificado, que se definan sectores para producir madera puede ser una decisión razonable”, dijo. Apuntó, por ejemplo, que en las llanuras cordobesas “si donde ahora sólo hay soja, se combinan forestaciones con soja, sería algo mejor”.
Algo más que árboles
Especialistas en forestación marcan que un plan de reforestación serio no puede limitarse a islas de árboles aislados sino a "corredores" unidos, concatenados.
El Foro Ambiental Córdoba propuso años atrás crear, para la zona rural llana y agrícola, verdaderas fajas forestales sobre banquinas y límites entre campos, privilegiando las especies nativas.
Dos planes oficiales que quedaron en la nada
En los últimos años, la Provincia anunció dos planes de forestación masiva que nunca se llevaron a cabo.
En 2011, el gobernador Juan Schiaretti envió a la Legislatura un proyecto de ley por el que se prometía plantar 17 ?millones de árboles en cinco años, sobre campos privados y banquinas de rutas. Exigía que cada dueño de campo presentara una propuesta ?que sumara arbolado a su ?lote, que, luego de aprobada, debía ejecutar. Ese proyecto nunca se transformó en ley. Sólo se plantaron unos 150 mil árboles sobre banquinas de algunas rutas, de los que apenas una parte sobrevive.
En junio de 2013, el gobernador José Manuel de la Sota anunció el envío de una ley que obligaría a cada dueño de campo a forestar “al menos el uno por ciento de su superficie”. Se estimaba que, de ese modo, en cinco años se sumarían unas 80 mil hectáreas arboladas en la provincia. A dos años, esa ley no fue tratada aún por la Legislatura.
En ambos casos, los objetivos declamados eran ayudar a fijar los suelos rurales para evitar una mayor erosión, mitigar las tormentas de tierra y colaborar con la retención de aguas en deriva.
Ninguno de los dos proyectos establecía estrategias diferenciadas ni planes específicos para reforestar las sierras, donde el bosque nativo –ya muy acotado por desmontes– resulta vital para la protección de las cuencas hídricas que alimentan de agua a Córdoba.
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Proponen más protección para el Iberá
Iberá: para una mejor protección de especies, proponen ampliar las áreas de conservación
Fecha de Publicación: 18/03/2015
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Investigadores de la Unne consideran prioritario actualizar las unidades de conservación en base a las necesidades de la fauna local. El trabajo se focaliza en anfibios y reptiles, aunque aseguran que permitirá el cuidado de especies regionales. Instan al análisis con las autoridades estatales.
Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) realizó durante los últimos años estudios de la biodiversidad y distribución de especies de anfibios y reptiles en la región del Iberá, cuyo resultado apunta a la revisión y necesidad de actualizar y ampliar las áreas de conservación del humedal correntino, a fin de proteger a mayor cantidad de animales; en tanto que advierten que la mayoría de estos se encuentran por fuera de las unidades de conservación.
La propuesta surge de investigadores del Laboratorio de Herpetología del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, que lograron actualizar el conocimiento de este grupo de animales en la reserva natural, a más de 15 años del primer proyecto “Fauna del Iberá”, desarrollado entre 1998 y 2000.
“Queríamos identificar cómo se encuentra la fauna de reptiles y anfibios a casi quince años del primer proyecto, las posibles amenazas que enfrentan y también determinar cuál es el grado de protección con el que cuentan actualmente” explicaron los investigadores, Blanca Beatriz Alvarez y Eduardo Etchepare.
En este contexto, consideran necesario revisar las áreas donde se focalizan los esfuerzos de conservación, pues casi la totalidad de las zonas de Iberá con mayor diversidad de especies de reptiles y anfibios están ubicadas afuera de la zona denominada “Parque Provincial o Zona Núcleo”.
En dicho estudio, el área de la Reserva del Iberá se dividió en 28 celdas de 25 kilómetros cuadrados y se confeccionó una matriz de presencia y ausencia para anfibios y otra para reptiles por celdas, a fin de tener la localización precisa de las especies dentro de cada área.
Del total de 28 celdas en que se dividió la Reserva, existen nueve que juntas contienen a todas las especies de anfibios y reptiles, al menos una vez. Pero de esas nueve, sólo una se encuentra protegida efectivamente a través de normativas vigentes, y es el Centro de Guardaparques de Carlos Pellegrini.
“Esto significa que las áreas con mayor urgencia para ser conservadas no necesariamente son las actualmente mejor protegidas” explicó Etchepare.
En la región Iberá existen cinco “Unidades de Conservación” que se crearon como compensación del impacto ambiental provocado por la creación y posterior llenado del embalse de la represa de Yacyretá. Estas unidades de conservación totalizan 630 kilómetros cuadrados protegidos, que se suman a otras áreas reguladas por el Estado provincial. La coincidencia entre las celdas prioritarias y la ubicación de las Unidades de Conservación es baja, según señalaron los investigadores.
“Entendemos que es complejo, difícil y costoso cumplir con el objetivo de cubrir todas las áreas prioritarias de conservación para toda la fauna del Iberá, pero es un trabajo necesario garantizar que los procesos ecológicos se mantengan en óptimas condiciones para que de esa forma la reserva cumpla con el fin de preservar la biodiversidad” remarcaron.
Además, manifestaron que de atenderse la necesidad de redefinir las áreas prioritarias, será un debate necesario, para las autoridades competentes y sectores involucrados, el definir sobre la conveniencia de crear nuevas Unidades de Conservación o de ampliar las actuales. Y aclaran que estas no lograron alcanzar el objetivo de mantenerse como áreas libres de actividades deteriorantes.
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Fecha de Publicación: 18/03/2015
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Investigadores de la Unne consideran prioritario actualizar las unidades de conservación en base a las necesidades de la fauna local. El trabajo se focaliza en anfibios y reptiles, aunque aseguran que permitirá el cuidado de especies regionales. Instan al análisis con las autoridades estatales.
Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) realizó durante los últimos años estudios de la biodiversidad y distribución de especies de anfibios y reptiles en la región del Iberá, cuyo resultado apunta a la revisión y necesidad de actualizar y ampliar las áreas de conservación del humedal correntino, a fin de proteger a mayor cantidad de animales; en tanto que advierten que la mayoría de estos se encuentran por fuera de las unidades de conservación.
La propuesta surge de investigadores del Laboratorio de Herpetología del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, que lograron actualizar el conocimiento de este grupo de animales en la reserva natural, a más de 15 años del primer proyecto “Fauna del Iberá”, desarrollado entre 1998 y 2000.
“Queríamos identificar cómo se encuentra la fauna de reptiles y anfibios a casi quince años del primer proyecto, las posibles amenazas que enfrentan y también determinar cuál es el grado de protección con el que cuentan actualmente” explicaron los investigadores, Blanca Beatriz Alvarez y Eduardo Etchepare.
En este contexto, consideran necesario revisar las áreas donde se focalizan los esfuerzos de conservación, pues casi la totalidad de las zonas de Iberá con mayor diversidad de especies de reptiles y anfibios están ubicadas afuera de la zona denominada “Parque Provincial o Zona Núcleo”.
En dicho estudio, el área de la Reserva del Iberá se dividió en 28 celdas de 25 kilómetros cuadrados y se confeccionó una matriz de presencia y ausencia para anfibios y otra para reptiles por celdas, a fin de tener la localización precisa de las especies dentro de cada área.
Del total de 28 celdas en que se dividió la Reserva, existen nueve que juntas contienen a todas las especies de anfibios y reptiles, al menos una vez. Pero de esas nueve, sólo una se encuentra protegida efectivamente a través de normativas vigentes, y es el Centro de Guardaparques de Carlos Pellegrini.
“Esto significa que las áreas con mayor urgencia para ser conservadas no necesariamente son las actualmente mejor protegidas” explicó Etchepare.
En la región Iberá existen cinco “Unidades de Conservación” que se crearon como compensación del impacto ambiental provocado por la creación y posterior llenado del embalse de la represa de Yacyretá. Estas unidades de conservación totalizan 630 kilómetros cuadrados protegidos, que se suman a otras áreas reguladas por el Estado provincial. La coincidencia entre las celdas prioritarias y la ubicación de las Unidades de Conservación es baja, según señalaron los investigadores.
“Entendemos que es complejo, difícil y costoso cumplir con el objetivo de cubrir todas las áreas prioritarias de conservación para toda la fauna del Iberá, pero es un trabajo necesario garantizar que los procesos ecológicos se mantengan en óptimas condiciones para que de esa forma la reserva cumpla con el fin de preservar la biodiversidad” remarcaron.
Además, manifestaron que de atenderse la necesidad de redefinir las áreas prioritarias, será un debate necesario, para las autoridades competentes y sectores involucrados, el definir sobre la conveniencia de crear nuevas Unidades de Conservación o de ampliar las actuales. Y aclaran que estas no lograron alcanzar el objetivo de mantenerse como áreas libres de actividades deteriorantes.
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Exitoso programa de compostaje en Rosario
La Planta de Tratamiento de Residuos ya produce 60 toneladas de compost por mes
Fecha de Publicación: 18/03/2015
Fuente: RosarioNet
Provincia/Región: Santa Fe
La Planta de Tratamiento de Residuos ya produce 60 toneladas de compost por mes
En la actualidad, parte del material obtenido de desechos domiciliarios es destinado a nivelar espacios verdes de la ciudad, en el marco de las estrategias de minimización de residuos.
Autoridades de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente municipal informaron que desde principios del mes de marzo la ciudad comenzó a utilizar el compost generado en la Planta de Compostaje y Tratamiento de Residuos, ubicada en Bella Vista, en el predio de 4 hectáreas donde camiones recolectores descargan los residuos dispuestos en los contenedores verdes ubicados en la vía pública.
Cabe recordar, en este sentido, que la materia orgánica se degrada de manera natural y se transforma en un fertilizante de alta calidad para los suelos, y este mismo proceso, aunque acelerado y bajo condiciones controladas, es el que se realiza en la planta.
De esa forma, el tratamiento de las fracciones orgánicas procedentes de los residuos domiciliarios permite recuperar un porcentaje elevado de material que es utilizado en parques y plazas de la ciudad por su alto contenido de nutrientes.
"En estos momentos se producen 60 toneladas de compost por mes como resultado de las 80 toneladas de residuos que se procesan por día en la planta”, señaló la subsecretaria de Medio Ambiente, María Cecilia Mijich, desde el Parque a la Bandera, uno de los espacios verdes donde empezó a utilizarse este material. Y luego añadió: “Esto permite la reducción de los volúmenes de desechos enviados a disposición final en relleno sanitario, que es una de las premisas de esta gestión municipal, objetivo que en 2014 se logró por segundo año consecutivo”.
La funcionaria agregó que “se realizan estudios mensuales para evaluar la evolución del compost, analizando metales pesados, condiciones microbiológicas, y parámetros físico- químicos, considerando la variación que se produce en las diversas épocas del año dentro de la corriente de residuos domiciliarios”.
En la misma línea, Mijich señaló que “se tomó una muestra representativa sobre la que se analizaron aspectos químicos, físicos y biológicos existentes, de acuerdo a las normas preestablecidas por organismos nacionales e internacionales, como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (Usepa), normativas europeas y autores especializados en la temática del tratamiento de fracciones orgánicas de residuos urbanos, arrojando excelentes resultados, lo que permitió que pueda ser aplicado de forma segura y efectiva en los espacios verdes de la ciudad”.
Los análisis realizados al compost fueron llevados a cabo en conjunto con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario y laboratorios privados.
En la presentación del informe también estuvieron presentes la secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Clara García, el subsecretario de Servicios Públicos, Diego Leone, el director general de Parques y Paseos, Nicolás Cordero, el director general de Gestión de Residuos, Mariano Ascheri, y la jefa de Planta de Tratamiento y Compostaje de Residuos, Cecilia Álvarez.
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Fecha de Publicación: 18/03/2015
Fuente: RosarioNet
Provincia/Región: Santa Fe
La Planta de Tratamiento de Residuos ya produce 60 toneladas de compost por mes
En la actualidad, parte del material obtenido de desechos domiciliarios es destinado a nivelar espacios verdes de la ciudad, en el marco de las estrategias de minimización de residuos.
Autoridades de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente municipal informaron que desde principios del mes de marzo la ciudad comenzó a utilizar el compost generado en la Planta de Compostaje y Tratamiento de Residuos, ubicada en Bella Vista, en el predio de 4 hectáreas donde camiones recolectores descargan los residuos dispuestos en los contenedores verdes ubicados en la vía pública.
Cabe recordar, en este sentido, que la materia orgánica se degrada de manera natural y se transforma en un fertilizante de alta calidad para los suelos, y este mismo proceso, aunque acelerado y bajo condiciones controladas, es el que se realiza en la planta.
De esa forma, el tratamiento de las fracciones orgánicas procedentes de los residuos domiciliarios permite recuperar un porcentaje elevado de material que es utilizado en parques y plazas de la ciudad por su alto contenido de nutrientes.
"En estos momentos se producen 60 toneladas de compost por mes como resultado de las 80 toneladas de residuos que se procesan por día en la planta”, señaló la subsecretaria de Medio Ambiente, María Cecilia Mijich, desde el Parque a la Bandera, uno de los espacios verdes donde empezó a utilizarse este material. Y luego añadió: “Esto permite la reducción de los volúmenes de desechos enviados a disposición final en relleno sanitario, que es una de las premisas de esta gestión municipal, objetivo que en 2014 se logró por segundo año consecutivo”.
La funcionaria agregó que “se realizan estudios mensuales para evaluar la evolución del compost, analizando metales pesados, condiciones microbiológicas, y parámetros físico- químicos, considerando la variación que se produce en las diversas épocas del año dentro de la corriente de residuos domiciliarios”.
En la misma línea, Mijich señaló que “se tomó una muestra representativa sobre la que se analizaron aspectos químicos, físicos y biológicos existentes, de acuerdo a las normas preestablecidas por organismos nacionales e internacionales, como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (Usepa), normativas europeas y autores especializados en la temática del tratamiento de fracciones orgánicas de residuos urbanos, arrojando excelentes resultados, lo que permitió que pueda ser aplicado de forma segura y efectiva en los espacios verdes de la ciudad”.
Los análisis realizados al compost fueron llevados a cabo en conjunto con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario y laboratorios privados.
En la presentación del informe también estuvieron presentes la secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Clara García, el subsecretario de Servicios Públicos, Diego Leone, el director general de Parques y Paseos, Nicolás Cordero, el director general de Gestión de Residuos, Mariano Ascheri, y la jefa de Planta de Tratamiento y Compostaje de Residuos, Cecilia Álvarez.
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Justicia ordenó el relevamiento del río Negro
Relevarán la contaminación del río Negro
Fecha de Publicación: 17/03/2015
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Las medidas fueron solicitadas en el contexto de la denuncia que presentaron los legisladores provinciales Jorge Ocampos (ARI); Bautista Mendioroz y Leonardo Ballester (UCR) y la senadora nacional Magdalena Odarda
La Justicia Federal ordenó el relevamiento del río Negro, particularmente a la altura de la Isla Jordán, en Cipolletti, para determinar la existencia de residuos, solicitó la toma de muestras del agua y un mapa hídrico que permita individualizar y determinar todas las posibles fuentes de contaminación.
Las medidas fueron solicitadas en el contexto de la denuncia que presentaron los legisladores provinciales Jorge Ocampos (ARI); Bautista Mendioroz y Leonardo Ballester (UCR) y la senadora nacional Magdalena Odarda. Se sumó, poco después como querellante, la defensora del pueblo Nadina Díaz.
Después de casi una hora el juez Jorge García Davini resolvió cuatro pasos a seguir para intentar resolver la situación. En primera instancia preguntar al Instituto Nacional del Agua si ellos están capacitados para tomar una muestra del agua. Lo mismo se le exigió a Prefectura, aunque en este caso el juez ya lo hizo de carácter obligatoria y no a modo de pedido. El tercer paso es citar al presidente de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas para que conteste una serie de preguntas en pos de analizar si la entidad es responsable de la contaminación en el río Negro. Y por último, se le solicitó a la AIC los informes sobre el nivel de contaminación del río que la entidad haya realizado durante en los últimos tres años.
"La denuncia penal que hemos presentado el 19 de febrero ya está dando los primeros frutos. Funcionarios del Poder Judicial Federal de General Roca han dado curso a una importantísima serie de medidas probatorias para determinar el grado de contaminación de las aguas de nuestro Río Negro, en especial las que bañan las costas de la Isla Jordán, balneario que, como ya hemos denunciado en reiteradas oportunidades, no se encuentra habilitado", informó satisfecho Ocampos.
Aseguró que con la senadora Odarda pretenden que los responsables remedien los daños y que tomen "de una vez por todas, las medidas necesarias para que no se continúe contaminando",
"El Estado debe dar soluciones a los problemas de la población, una solución no es habilitar piletas y nada hacer para el saneamiento de las aguas de nuestros ríos", dijo Ocampos, en referencia a las piletas que en la Isla Jordán hizo construir el intendente Abel Baratti ante la imposibilidad de utilizar el río como balneario.
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Fecha de Publicación: 17/03/2015
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Las medidas fueron solicitadas en el contexto de la denuncia que presentaron los legisladores provinciales Jorge Ocampos (ARI); Bautista Mendioroz y Leonardo Ballester (UCR) y la senadora nacional Magdalena Odarda
La Justicia Federal ordenó el relevamiento del río Negro, particularmente a la altura de la Isla Jordán, en Cipolletti, para determinar la existencia de residuos, solicitó la toma de muestras del agua y un mapa hídrico que permita individualizar y determinar todas las posibles fuentes de contaminación.
Las medidas fueron solicitadas en el contexto de la denuncia que presentaron los legisladores provinciales Jorge Ocampos (ARI); Bautista Mendioroz y Leonardo Ballester (UCR) y la senadora nacional Magdalena Odarda. Se sumó, poco después como querellante, la defensora del pueblo Nadina Díaz.
Después de casi una hora el juez Jorge García Davini resolvió cuatro pasos a seguir para intentar resolver la situación. En primera instancia preguntar al Instituto Nacional del Agua si ellos están capacitados para tomar una muestra del agua. Lo mismo se le exigió a Prefectura, aunque en este caso el juez ya lo hizo de carácter obligatoria y no a modo de pedido. El tercer paso es citar al presidente de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas para que conteste una serie de preguntas en pos de analizar si la entidad es responsable de la contaminación en el río Negro. Y por último, se le solicitó a la AIC los informes sobre el nivel de contaminación del río que la entidad haya realizado durante en los últimos tres años.
"La denuncia penal que hemos presentado el 19 de febrero ya está dando los primeros frutos. Funcionarios del Poder Judicial Federal de General Roca han dado curso a una importantísima serie de medidas probatorias para determinar el grado de contaminación de las aguas de nuestro Río Negro, en especial las que bañan las costas de la Isla Jordán, balneario que, como ya hemos denunciado en reiteradas oportunidades, no se encuentra habilitado", informó satisfecho Ocampos.
Aseguró que con la senadora Odarda pretenden que los responsables remedien los daños y que tomen "de una vez por todas, las medidas necesarias para que no se continúe contaminando",
"El Estado debe dar soluciones a los problemas de la población, una solución no es habilitar piletas y nada hacer para el saneamiento de las aguas de nuestros ríos", dijo Ocampos, en referencia a las piletas que en la Isla Jordán hizo construir el intendente Abel Baratti ante la imposibilidad de utilizar el río como balneario.
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Las "tierras raras" en la mira de las mineras
Avanza Programa de exploración en tierras raras
Fecha de Publicación: 17/03/2015
Fuente: Diario C
Provincia/Región: Nacional
El lanzamiento del mismo se llevó a cabo en el marco de la PDAC. Al respecto Mayoral señaló “Las tierras raras son vitales en la agenda del desarrollo, de la ciencia, y de la tecnología del futuro. Estamos diseñando la agenda de los próximos 40 años”.
El Secretario de Minería del Ministerio de Planificación Federal, Jorge Mayoral, acompañado por el Director Nacional de Minería, Miguel Guerrero; se reunió con Pedro Alcántara, Eduardo Zapettini, José Mendía, y Carlos González, del Servicio Geológico Minero Argentino.
En el encuentro se ultimaron detalles para la implementación del Programa de exploración de tierras raras en la República Argentina, lanzado en oportunidad de la participación del Gobierno Nacional a través del organismo minero en la feria minera internacional PDAC, que se llevó a cabo recientemente en Toronto, Canadá.
El Programa tiene por objeto identificar los factores geológicos favorables para la localización de depósitos de tierras raras en la República Argentina, establecer los modelos de depósitos, definir guías y métodos de exploración, y relevar regionalmente el potencial de tierras.
Este tipo de minerales se hallan con potencial presencia en más de una docena de provincias. En la actualidad, los equipos técnicos del servicio público geocientífico se encuentran trabajando en gabinete.
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Fecha de Publicación: 17/03/2015
Fuente: Diario C
Provincia/Región: Nacional
El lanzamiento del mismo se llevó a cabo en el marco de la PDAC. Al respecto Mayoral señaló “Las tierras raras son vitales en la agenda del desarrollo, de la ciencia, y de la tecnología del futuro. Estamos diseñando la agenda de los próximos 40 años”.
El Secretario de Minería del Ministerio de Planificación Federal, Jorge Mayoral, acompañado por el Director Nacional de Minería, Miguel Guerrero; se reunió con Pedro Alcántara, Eduardo Zapettini, José Mendía, y Carlos González, del Servicio Geológico Minero Argentino.
En el encuentro se ultimaron detalles para la implementación del Programa de exploración de tierras raras en la República Argentina, lanzado en oportunidad de la participación del Gobierno Nacional a través del organismo minero en la feria minera internacional PDAC, que se llevó a cabo recientemente en Toronto, Canadá.
El Programa tiene por objeto identificar los factores geológicos favorables para la localización de depósitos de tierras raras en la República Argentina, establecer los modelos de depósitos, definir guías y métodos de exploración, y relevar regionalmente el potencial de tierras.
Este tipo de minerales se hallan con potencial presencia en más de una docena de provincias. En la actualidad, los equipos técnicos del servicio público geocientífico se encuentran trabajando en gabinete.
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Analizan la huella hidrica de las lácteas
La huella hidrica, clave de la sustentabilidad
Fecha de Publicación: 17/03/2015
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Nacional
Con el apoyo de Labintex, técnicos del Inta se reunieron con investigadores de Uruguay y de Francia para validar una metodología internacional para calcular la huella hídrica en sistemas productivos lecheros.
Así como la producción de alimentos responde a rigurosos requisitos nutricionales y de calidad, según los especialistas, en el futuro también deberá estar identificada con indicadores de sustentabilidad.
Ante este desafío que ya despierta la atención del mundo y con el impulso de la red de Laboratorios virtuales del Inta en el exterior (Labintex), técnicos del Inta se reunieron con especialistas del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria –Inia– de Uruguay y del Institut de L’elevage de Francia para avanzar en la validación de metodologías que permitan calcular la huella hídrica en los sistemas productivos lecheros.
“Es importante conocer las diferencias entre las técnicas de manejo que se utilizan en los tambos de Europa y las que empleamos en la región, ya que eso facilita la construcción de una metodología validada a escala internacional para el abordaje y determinación de la huella hídrica”, aseguró Verónica Charlón, investigadora del Inta Rafaela –Santa Fe–.
En esa línea, remarcó la necesidad de adecuar variables y coeficientes utilizados en el mundo para definir la huella hídrica, debido a que “no son totalmente extrapolables a la realidad productiva de la Argentina y de Uruguay”.
De acuerdo con Charlón, la huella hídrica es un indicador que permite evaluar la eficiencia del uso del agua en los sistemas productivos y disminuir impactos negativos devenidos del mal aprovechamiento del recurso.
“Si bien sabemos que el agua es un recurso renovable, es un recurso finito que debemos proteger mejorando su aprovechamiento”, observó Charlón.
Según explicó la técnica, la actividad agropecuaria y la lechería, en particular, consumen grandes cantidades de agua. Este consumo se registra en forma directa (utilizada como bebida de los animales y para limpieza de instalaciones) o indirecta (como insumo para elaborar los alimentos que consume el ganado para producir leche).
“Debido a la gran importancia de su uso, si bien sabemos que el agua es un recurso renovable, es un recurso finito que debemos proteger mejorando su aprovechamiento”, observó la técnica, al tiempo que destacó la importancia de la huella hídrica como indicador de sustentabilidad en la producción de alimentos.
“Cada vez más hay una mayor conciencia de los problemas ambientales y todos los consumidores quieren saber más sobre cómo están producidos los alimentos”, agregó.
En consonancia con lo anterior, Daniel Rearte, coordinador de Labintex, aseguró: “En el futuro, cada alimento estará acompañado no sólo por su precio, sino por su huella de carbono, de agua y de otros indicadores que acrediten su ciclo de vida”.
Con la mirada puesta en el largo plazo, el especialista destacó el interés que despierta la sustentabilidad en el sector agroalimentario a escala global. “Hay que responder al nuevo paradigma mundial y, en ese contexto, la Argentina debe avanzar no sólo en la mejora de la calidad y valor nutricional de los alimentos que produce y exporta, sino también en los parámetros de sustentabilidad ambiental que utiliza”.
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Fecha de Publicación: 17/03/2015
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Nacional
Con el apoyo de Labintex, técnicos del Inta se reunieron con investigadores de Uruguay y de Francia para validar una metodología internacional para calcular la huella hídrica en sistemas productivos lecheros.
Así como la producción de alimentos responde a rigurosos requisitos nutricionales y de calidad, según los especialistas, en el futuro también deberá estar identificada con indicadores de sustentabilidad.
Ante este desafío que ya despierta la atención del mundo y con el impulso de la red de Laboratorios virtuales del Inta en el exterior (Labintex), técnicos del Inta se reunieron con especialistas del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria –Inia– de Uruguay y del Institut de L’elevage de Francia para avanzar en la validación de metodologías que permitan calcular la huella hídrica en los sistemas productivos lecheros.
“Es importante conocer las diferencias entre las técnicas de manejo que se utilizan en los tambos de Europa y las que empleamos en la región, ya que eso facilita la construcción de una metodología validada a escala internacional para el abordaje y determinación de la huella hídrica”, aseguró Verónica Charlón, investigadora del Inta Rafaela –Santa Fe–.
En esa línea, remarcó la necesidad de adecuar variables y coeficientes utilizados en el mundo para definir la huella hídrica, debido a que “no son totalmente extrapolables a la realidad productiva de la Argentina y de Uruguay”.
De acuerdo con Charlón, la huella hídrica es un indicador que permite evaluar la eficiencia del uso del agua en los sistemas productivos y disminuir impactos negativos devenidos del mal aprovechamiento del recurso.
“Si bien sabemos que el agua es un recurso renovable, es un recurso finito que debemos proteger mejorando su aprovechamiento”, observó Charlón.
Según explicó la técnica, la actividad agropecuaria y la lechería, en particular, consumen grandes cantidades de agua. Este consumo se registra en forma directa (utilizada como bebida de los animales y para limpieza de instalaciones) o indirecta (como insumo para elaborar los alimentos que consume el ganado para producir leche).
“Debido a la gran importancia de su uso, si bien sabemos que el agua es un recurso renovable, es un recurso finito que debemos proteger mejorando su aprovechamiento”, observó la técnica, al tiempo que destacó la importancia de la huella hídrica como indicador de sustentabilidad en la producción de alimentos.
“Cada vez más hay una mayor conciencia de los problemas ambientales y todos los consumidores quieren saber más sobre cómo están producidos los alimentos”, agregó.
En consonancia con lo anterior, Daniel Rearte, coordinador de Labintex, aseguró: “En el futuro, cada alimento estará acompañado no sólo por su precio, sino por su huella de carbono, de agua y de otros indicadores que acrediten su ciclo de vida”.
Con la mirada puesta en el largo plazo, el especialista destacó el interés que despierta la sustentabilidad en el sector agroalimentario a escala global. “Hay que responder al nuevo paradigma mundial y, en ese contexto, la Argentina debe avanzar no sólo en la mejora de la calidad y valor nutricional de los alimentos que produce y exporta, sino también en los parámetros de sustentabilidad ambiental que utiliza”.
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El factor humano en las "catástrofes naturales"
El factor humano. ¿Por qué el cambio climático no es el único culpable?
Fecha de Publicación: 16/03/2015
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Ante cada desastre natural que ocurre en el país, se acusa a lo inexorable del calentamiento global. Pero la planificación de infraestructura y territorial, entre otras políticas, podrían evitar muchas tragedias
El cambio climático es muchas cosas: un asunto que mezcla ciencia, política y diplomacia; el más grave problema que enfrenta la humanidad en el siglo XXI; un tema estrictamente ambiental (o económico); y hasta una oportunidad de negocios para algunos. Y la lista podría seguir.
En los últimos tiempos se transformó en algo más: una coartada.
"Fue algo inusual, un tsunami que cayó del cielo", dijo el gobernador José Manuel de la Sota tras las inundaciones que sufrió la provincia de Córdoba días atrás, con al menos once muertos, miles de evacuados e incalculables daños económicos.
"La naturaleza nos jugó una mala pasada con las intensas precipitaciones y el aumento del caudal de arroyos y ríos", dijo Claudio Poggi, gobernador de San Luis, provincia con cientos de evacuados y al menos un muerto.
No es algo único de provincias: Diego Santilli, entonces ministro de Ambiente y Espacio Público del gobierno de la ciudad, señaló algo similar en ocasión de las inundaciones del 2 de abril de 2013 en el distrito. Ni siquiera es un invento exclusivo de la Argentina: un funcionario paraguayo culpó al cambio climático. ¡de los baches del pavimento de Asunción!
Lo cierto es que ante la certeza del cambio climático -hay un enorme consenso de que no sólo existe sino que es de origen industrial- son muchas las cosas que se pueden hacer desde las políticas públicas y privadas. En principio, ser conscientes de que los eventos extremos (de lluvias bíblicas a sequías de órdago, pasando por granizadas, rayos y trombas) llegaron para quedarse y su frecuencia e intensidad será cada vez mayor. No es algo nuevo, ni un paper que científicos de elite hayan publicado la semana pasada: se sabe desde hace por lo menos quince años, lo difunden enorme cantidad de investigadores (entre ellos, decenas de argentinos) y se ha cumplido terca y lamentablemente. Y todo indica que seguirá; y más aún: empeorará.
Por todo eso se puede, y debe, reacondicionar ciudades, diques, rutas y espacios verdes en orden de acomodar las infraestructuras a esta nueva realidad; y no echar más leña al fuego, con desmontes y urbanizaciones poco planificadas y al calor del cortoplacismo de rápidos negocios inmobiliarios.
Previsión, ese faltante
Córdoba misma, por ejemplo, es la provincia peor administrada ambientalmente, según afirma el biólogo Raúl Montenegro, presidente de Fundación para la defensa del ambiente (Funam) y premio Nobel Alternativo 2004. Lo que tiene como consecuencia víctimas fatales humanas. En este caso el medio ambiente no es una abstracción o el intento de salvar ballenas en los mares del Sur, esas banalidades en las que se encasilla por comodidad al ecologismo.
"El cambio climático global, que en esta provincia traerá más humedad y precipitaciones, impacta sobre el nivel de resistencia ambiental y social más bajo de toda su historia", dice. "Al estar destruidos los ambientes nativos, cuando se producen lluvias intensas el agua en lugar de infiltrar o entrar en la zona de montañas, con cuencas activas, escurre, dado que ha sido destruida buena parte de la vegetación natural. Las sierras se transforman en toboganes de agua."
Las cifras que acompañan los conceptos de Montenegro son fuertes: queda hoy en Córdoba menos del 5% de todo el bosque nativo cerrado, es decir, aquel que tiene un alto nivel de densidad y que es el que retiene más agua. En los últimos años, la provincia tuvo una de las tasas de desmonte más altas del mundo. ¿Por qué? Por un lado, la presión para extender la frontera agrícola (que se repite en todas las provincias que sufrieron inundaciones este 2015): los suelos con soja o maíz no retienen tanto el agua. Por otro, la falta de una mínima planificación urbana. "La provincia y los municipios no han establecido zonas de protección para las crecientes. Hay puentes mal construidos, malecones de cemento, rutas incorrectas, y todo eso ofrece obstáculo cuando entra el agua y actúa como un soplete hídrico, se derrama y se hace más temible", dice y añade que tampoco ha habido preparación de la población para fenómenos como crecientes o alta pluviosidad y menos para el turista. En todo lugar del mundo expuesto a sismos, volcanes o con riesgos de tsunamis se trabaja en alarmas y rutas de evacuación, incluso con carteles a la vista de todo visitante.
Pero la sociedad civil no es sólo víctima de especulaciones inmobiliarias y nulas planificaciones: también tiene su cuota de responsabilidad. Dice Francisco Marraro, investigador del INTA de Manfredi, en Córdoba, que "muchas veces las investigaciones están y se sabe qué hay que hacer, pero luego la adopción lleva más tiempo. Porque los actores sociales tienen que entender mejor ciertas cosas. En Córdoba muchos se van a vivir a las sierras por el contacto con la naturaleza, dicen, pero trabajan en la capital. Entonces hacen 30 kilómetros todos los días desde donde se hizo el loteo. La gente no ve las consecuencias de su afán por moverse al country de la sierra". Es decir,las consecuencias adversas de construir en el bosque y el derroche energético de ir y volver en auto, con el consiguiente incremento de la emisión de gases invernadero.
¿Y qué se puede hacer? Marraro dice que se podrían citar cincuenta páginas con medidas de adaptación al cambio climático ("mitigación", la otra palabra clave, refiere a la reducción de emisión de gases de efecto invernadero): "Reforestar las cuencas altas, construir o reforzar diques de contención, tener en cuenta cuencas y pendientes a la hora de habilitar el crecimiento urbano. Y pensar el manejo agronómico de los lotes. Hay pautas que hacen que disminuyan las escorrentías [aguas producto de una correntada descontrolada] y sobre eso el INTA viene trabajando". Ordenamiento territorial, en una palabra.
Para Montenegro, el hecho de que el desastre ambiental se observe a simple vista es una medida del tamaño del problema. Y menciona que si el río desbordado rompió casas e infraestructura no conviene reconstruirlas en el mismo lugar sin precauciones, porque puede volver a suceder lo mismo. Elemental. Y sucedió el 6 de marzo en Mendiolaza, Córdoba, que los vecinos salieron a quejarse y reclamar, sentido común en mano. "Están reconstruyendo la traza que fue arrasada y destruyó viviendas a sus márgenes de la misma manera, rellenándola con piedras, sin respetar el cauce del río. Así la tragedia que ya sufrimos nos volverá a suceder, por eso no vamos a permitir que continúen con esos trabajos", comentaron al diario La voz del interior los vecinos reunidos. Además pidieron un sistema de alarma temprana, relocalizar sectores del barrio, la capacitación de bomberos, personal municipal y de policías. Elemental bis.
Es que la ecuación parece simple: lluvias extraordinarias por el cambio climático, más nula preparación social y de infraestructura, igual a multiplicación de desastres no-tan-naturales. Y el asunto, por supuesto, excede a Córdoba y resulta endémico en la zona central y norte del país.
Algunas claves
Enumera la situación Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace: "Lo de Santiago del Estero, Santa Fe y Córdoba no es casual: se deforestó en zonas no permitidas por la ley, a Santa Fe le queda poco bosque, y Santiago ha deforestado muchísimo desde 1998: 1,7 millones de hectáreas, un número impresionante, donde también se autorizan desmontes en contra de la ley nacional. Todo esto no ha contribuido a mitigar el cambio climático sino todo lo contrario".
Rolando Núñez, de la Fundación Nelson Mandela, con sede en Resistencia, Chaco, aporta: "Lo que le falta a Argentina es establecer un ordenamiento territorial que marque qué zonas son y podrán ser productivas y cuáles no, regular bien las actividades humanas para que todo el país no termine siendo un gran Riachuelo". La ley de bosques supuestamente marcó qué territorio nativo podía tocarse, cuál bajo ciertas condiciones y cuál debía permanecer intocable, con un sistema tipo semáforo, zonas verdes para realizar cualquier actividad, amarillas con restricciones, y rojo para los lugares que debían respetarse tal cual están (incluso contempla una compensación monetaria para los dueños).
El tema es que no se cumplió, o se lo hizo a regañadientes. "No se respetaron las clasificaciones territoriales. Nosotros mostramos que durante todo 2014 hubo en Chaco desmontes en zonas amarillas. Hay una ley, un mundo del deber ser, y una práctica que va contra el manejo sustentable. Lamentablemente, los gobiernos provinciales no se dan cuenta de que es imposible llevar adelante acá la producción como si fuera pampa húmeda porque en poco tiempo se transforma en desierto." Además, Núñez señala la paradoja de que se eliminan bosques en zonas en las que por los costos de producción (pesticidas, fletes, fertilizantes, impuestos, etc.) resultan antieconómicas. "Es decir, hacen el daño, salinizan el suelo, pero no pueden sacar rédito", se lamenta.
Coincide Giardini: "Con la ley de bosques se buscaba entre otras cosas mitigar las lluvias más intensas, pero si no se cumple no tiene sentido". Y dice que de la ley se violó hasta en el presupuesto: "Este año tuvo 20 veces menos que lo que indicaba la ley. Debieron ser unos $ 4700 millones y fueron $ 230 millones. Eso se deriva a provincias según cantidad de bosques. Igual algo se mejoró: en Chaco y Salta tenían un millón de pesos al año para cuidar bosques y ahora pasaron a tener 40 millones cada una, pero debió ser mucho más: unos 800 millones."
Giardini agrega que hay que pensar en un diseño distinto de las ciudades, no sólo aquellas que se aposentan en zonas ex boscosas, sino también las que se instalan o extienden en zonas de humedales, por ejemplo. Como en otros aspectos, no se piensa a largo plazo.
El investigador principal del Conicet y de la UTN Pablo Canziani resume la cuestión (y hasta deja espacio para la esperanza): "Echarle la culpa al cambio climático y no hacer nada es la peor opción. El cambio climático no es algo nuevo, tiene veinte años y los informes se hacen cada vez más precisos. Si desde el sector de toma de decisión, pública y empresarial, dicen que es inevitable se trata lisa y llanamente de una mentira. Porque hasta se podría obtener algún tipo de beneficio bajo ciertas condiciones. Como la vitivinicultura en ciertas zonas de la Patagonia. ¿Quién iba a pensar que tomaríamos vino de Neuquén y de la zona del valle del río Chubut?"
Desde hace un tiempo los ecologistas, pero no sólo ellos, señalan que las catástrofes naturales ya no son naturales y el elemento de (malas) decisiones humanas pesa en el conjunto. ¿Y si se pasa de aquella coartada del principio a la acción con base científica?
La necesidad de un nuevo paradigma
En un contexto en el que los responsables de diseñar políticas desde el Estado prefieren culpar al cambio climático de los males de los que no son enteramente inocentes, suenan como posible cambio de paradigma dos hechos de las últimas semanas.
Por un lado, el director provincial del agua de la provincia de Tucumán, Juan Sirimaldi, se transformó en el primer funcionario que reconoce los desmontes como el origen de las inundaciones. "No hay dudas de que llovió de manera extraordinaria pero creo que los desmontes son responsables en un 70% de las inundaciones en Tucumán. Y me hago cargo de lo que afirmo", dijo al diario La Gaceta. Sirimaldi recorrió algunas de las zonas afectadas, en el departamento de Juan Bautista Alberdi, donde se talaron 3000 hectáreas para el cultivo de la soja. "Con monte, las inundaciones no hubieran ocurrido", agregó.
Por otro lado, y tras la descomunal serie de incendios que sufrió Chubut, con más de 34.000 hectáreas incineradas en cinco distintos focos y con dos confirmados como intencionales, el gobernador local Martín Buzzi afirmó en diálogo con la nacion que va a impedir y hasta revertir los procesos de venta de terrenos que hayan incluido daños ambientales. "Firmé un decreto de necesidad y urgencia en el que establezco que donde hubo fuego no puede haber loteos, desarrollo inmobiliario u hotelero por el plazo de diez años", dijo.
-¿Por qué un decreto?
-Según la Constitución de Chubut, el suelo tiene propietarios, pero la cubierta vegetal, los bosques nativos, son propiedad de la provincia, no se pueden tocar. Por eso, el fuego provocado es aliado de los especuladores. Además, detectamos que en estos años hubo ventas de muchos terrenos con abuso de poder. Se trataba de sitios que tenían permisos precarios de propiedad, llamados derechos de pastoreo, que fueron vendidos por poco dinero y en muchos casos bajo presión. En aquellos casos en que los anteriores dueños fueron presionados para vender podríamos revertir y devolver a los dueños originales. Es inmoral porque terrenos de 50.000 dólares la hectárea se vendieron por cien dólares, con intervención de estudios jurídicos.
-Es decir, que hay razones ambientales y sociales.
-Sí, hay casos de paisajes hermosos, con vistas al lago, que tienen dueños con historias turbulentas. Ésta no fue una campaña al desierto, sino una campaña al bosque. Pero ahora el mensaje es que no puede ser una buena noticia que se te queme el campo.
-¿Lo hace bajo el amparo de la ley de bosques o de la Constitución provincial?
-De la Constitución, porque es anterior y tiene más fuerza.
-¿Siente que está solo o que impulsa un cambio de paradigma en cierto sentido?
-El cambio climático existe, pero el tema es qué hacer con eso. En la Cordillera se notan los cambios, con temperaturas mínimas bastante más altas que hace unos pocos años. Se da cuenta cualquiera. Pero hay que hacer algo, que no es rezar, ni conferencias en la ONU o similares, sino actuar en el bosque, que es lo que nos define y además que es lo que nos da el agua y fija las cuencas hídricas..
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Fecha de Publicación: 16/03/2015
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Ante cada desastre natural que ocurre en el país, se acusa a lo inexorable del calentamiento global. Pero la planificación de infraestructura y territorial, entre otras políticas, podrían evitar muchas tragedias
El cambio climático es muchas cosas: un asunto que mezcla ciencia, política y diplomacia; el más grave problema que enfrenta la humanidad en el siglo XXI; un tema estrictamente ambiental (o económico); y hasta una oportunidad de negocios para algunos. Y la lista podría seguir.
En los últimos tiempos se transformó en algo más: una coartada.
"Fue algo inusual, un tsunami que cayó del cielo", dijo el gobernador José Manuel de la Sota tras las inundaciones que sufrió la provincia de Córdoba días atrás, con al menos once muertos, miles de evacuados e incalculables daños económicos.
"La naturaleza nos jugó una mala pasada con las intensas precipitaciones y el aumento del caudal de arroyos y ríos", dijo Claudio Poggi, gobernador de San Luis, provincia con cientos de evacuados y al menos un muerto.
No es algo único de provincias: Diego Santilli, entonces ministro de Ambiente y Espacio Público del gobierno de la ciudad, señaló algo similar en ocasión de las inundaciones del 2 de abril de 2013 en el distrito. Ni siquiera es un invento exclusivo de la Argentina: un funcionario paraguayo culpó al cambio climático. ¡de los baches del pavimento de Asunción!
Lo cierto es que ante la certeza del cambio climático -hay un enorme consenso de que no sólo existe sino que es de origen industrial- son muchas las cosas que se pueden hacer desde las políticas públicas y privadas. En principio, ser conscientes de que los eventos extremos (de lluvias bíblicas a sequías de órdago, pasando por granizadas, rayos y trombas) llegaron para quedarse y su frecuencia e intensidad será cada vez mayor. No es algo nuevo, ni un paper que científicos de elite hayan publicado la semana pasada: se sabe desde hace por lo menos quince años, lo difunden enorme cantidad de investigadores (entre ellos, decenas de argentinos) y se ha cumplido terca y lamentablemente. Y todo indica que seguirá; y más aún: empeorará.
Por todo eso se puede, y debe, reacondicionar ciudades, diques, rutas y espacios verdes en orden de acomodar las infraestructuras a esta nueva realidad; y no echar más leña al fuego, con desmontes y urbanizaciones poco planificadas y al calor del cortoplacismo de rápidos negocios inmobiliarios.
Previsión, ese faltante
Córdoba misma, por ejemplo, es la provincia peor administrada ambientalmente, según afirma el biólogo Raúl Montenegro, presidente de Fundación para la defensa del ambiente (Funam) y premio Nobel Alternativo 2004. Lo que tiene como consecuencia víctimas fatales humanas. En este caso el medio ambiente no es una abstracción o el intento de salvar ballenas en los mares del Sur, esas banalidades en las que se encasilla por comodidad al ecologismo.
"El cambio climático global, que en esta provincia traerá más humedad y precipitaciones, impacta sobre el nivel de resistencia ambiental y social más bajo de toda su historia", dice. "Al estar destruidos los ambientes nativos, cuando se producen lluvias intensas el agua en lugar de infiltrar o entrar en la zona de montañas, con cuencas activas, escurre, dado que ha sido destruida buena parte de la vegetación natural. Las sierras se transforman en toboganes de agua."
Las cifras que acompañan los conceptos de Montenegro son fuertes: queda hoy en Córdoba menos del 5% de todo el bosque nativo cerrado, es decir, aquel que tiene un alto nivel de densidad y que es el que retiene más agua. En los últimos años, la provincia tuvo una de las tasas de desmonte más altas del mundo. ¿Por qué? Por un lado, la presión para extender la frontera agrícola (que se repite en todas las provincias que sufrieron inundaciones este 2015): los suelos con soja o maíz no retienen tanto el agua. Por otro, la falta de una mínima planificación urbana. "La provincia y los municipios no han establecido zonas de protección para las crecientes. Hay puentes mal construidos, malecones de cemento, rutas incorrectas, y todo eso ofrece obstáculo cuando entra el agua y actúa como un soplete hídrico, se derrama y se hace más temible", dice y añade que tampoco ha habido preparación de la población para fenómenos como crecientes o alta pluviosidad y menos para el turista. En todo lugar del mundo expuesto a sismos, volcanes o con riesgos de tsunamis se trabaja en alarmas y rutas de evacuación, incluso con carteles a la vista de todo visitante.
Pero la sociedad civil no es sólo víctima de especulaciones inmobiliarias y nulas planificaciones: también tiene su cuota de responsabilidad. Dice Francisco Marraro, investigador del INTA de Manfredi, en Córdoba, que "muchas veces las investigaciones están y se sabe qué hay que hacer, pero luego la adopción lleva más tiempo. Porque los actores sociales tienen que entender mejor ciertas cosas. En Córdoba muchos se van a vivir a las sierras por el contacto con la naturaleza, dicen, pero trabajan en la capital. Entonces hacen 30 kilómetros todos los días desde donde se hizo el loteo. La gente no ve las consecuencias de su afán por moverse al country de la sierra". Es decir,las consecuencias adversas de construir en el bosque y el derroche energético de ir y volver en auto, con el consiguiente incremento de la emisión de gases invernadero.
¿Y qué se puede hacer? Marraro dice que se podrían citar cincuenta páginas con medidas de adaptación al cambio climático ("mitigación", la otra palabra clave, refiere a la reducción de emisión de gases de efecto invernadero): "Reforestar las cuencas altas, construir o reforzar diques de contención, tener en cuenta cuencas y pendientes a la hora de habilitar el crecimiento urbano. Y pensar el manejo agronómico de los lotes. Hay pautas que hacen que disminuyan las escorrentías [aguas producto de una correntada descontrolada] y sobre eso el INTA viene trabajando". Ordenamiento territorial, en una palabra.
Para Montenegro, el hecho de que el desastre ambiental se observe a simple vista es una medida del tamaño del problema. Y menciona que si el río desbordado rompió casas e infraestructura no conviene reconstruirlas en el mismo lugar sin precauciones, porque puede volver a suceder lo mismo. Elemental. Y sucedió el 6 de marzo en Mendiolaza, Córdoba, que los vecinos salieron a quejarse y reclamar, sentido común en mano. "Están reconstruyendo la traza que fue arrasada y destruyó viviendas a sus márgenes de la misma manera, rellenándola con piedras, sin respetar el cauce del río. Así la tragedia que ya sufrimos nos volverá a suceder, por eso no vamos a permitir que continúen con esos trabajos", comentaron al diario La voz del interior los vecinos reunidos. Además pidieron un sistema de alarma temprana, relocalizar sectores del barrio, la capacitación de bomberos, personal municipal y de policías. Elemental bis.
Es que la ecuación parece simple: lluvias extraordinarias por el cambio climático, más nula preparación social y de infraestructura, igual a multiplicación de desastres no-tan-naturales. Y el asunto, por supuesto, excede a Córdoba y resulta endémico en la zona central y norte del país.
Algunas claves
Enumera la situación Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace: "Lo de Santiago del Estero, Santa Fe y Córdoba no es casual: se deforestó en zonas no permitidas por la ley, a Santa Fe le queda poco bosque, y Santiago ha deforestado muchísimo desde 1998: 1,7 millones de hectáreas, un número impresionante, donde también se autorizan desmontes en contra de la ley nacional. Todo esto no ha contribuido a mitigar el cambio climático sino todo lo contrario".
Rolando Núñez, de la Fundación Nelson Mandela, con sede en Resistencia, Chaco, aporta: "Lo que le falta a Argentina es establecer un ordenamiento territorial que marque qué zonas son y podrán ser productivas y cuáles no, regular bien las actividades humanas para que todo el país no termine siendo un gran Riachuelo". La ley de bosques supuestamente marcó qué territorio nativo podía tocarse, cuál bajo ciertas condiciones y cuál debía permanecer intocable, con un sistema tipo semáforo, zonas verdes para realizar cualquier actividad, amarillas con restricciones, y rojo para los lugares que debían respetarse tal cual están (incluso contempla una compensación monetaria para los dueños).
El tema es que no se cumplió, o se lo hizo a regañadientes. "No se respetaron las clasificaciones territoriales. Nosotros mostramos que durante todo 2014 hubo en Chaco desmontes en zonas amarillas. Hay una ley, un mundo del deber ser, y una práctica que va contra el manejo sustentable. Lamentablemente, los gobiernos provinciales no se dan cuenta de que es imposible llevar adelante acá la producción como si fuera pampa húmeda porque en poco tiempo se transforma en desierto." Además, Núñez señala la paradoja de que se eliminan bosques en zonas en las que por los costos de producción (pesticidas, fletes, fertilizantes, impuestos, etc.) resultan antieconómicas. "Es decir, hacen el daño, salinizan el suelo, pero no pueden sacar rédito", se lamenta.
Coincide Giardini: "Con la ley de bosques se buscaba entre otras cosas mitigar las lluvias más intensas, pero si no se cumple no tiene sentido". Y dice que de la ley se violó hasta en el presupuesto: "Este año tuvo 20 veces menos que lo que indicaba la ley. Debieron ser unos $ 4700 millones y fueron $ 230 millones. Eso se deriva a provincias según cantidad de bosques. Igual algo se mejoró: en Chaco y Salta tenían un millón de pesos al año para cuidar bosques y ahora pasaron a tener 40 millones cada una, pero debió ser mucho más: unos 800 millones."
Giardini agrega que hay que pensar en un diseño distinto de las ciudades, no sólo aquellas que se aposentan en zonas ex boscosas, sino también las que se instalan o extienden en zonas de humedales, por ejemplo. Como en otros aspectos, no se piensa a largo plazo.
El investigador principal del Conicet y de la UTN Pablo Canziani resume la cuestión (y hasta deja espacio para la esperanza): "Echarle la culpa al cambio climático y no hacer nada es la peor opción. El cambio climático no es algo nuevo, tiene veinte años y los informes se hacen cada vez más precisos. Si desde el sector de toma de decisión, pública y empresarial, dicen que es inevitable se trata lisa y llanamente de una mentira. Porque hasta se podría obtener algún tipo de beneficio bajo ciertas condiciones. Como la vitivinicultura en ciertas zonas de la Patagonia. ¿Quién iba a pensar que tomaríamos vino de Neuquén y de la zona del valle del río Chubut?"
Desde hace un tiempo los ecologistas, pero no sólo ellos, señalan que las catástrofes naturales ya no son naturales y el elemento de (malas) decisiones humanas pesa en el conjunto. ¿Y si se pasa de aquella coartada del principio a la acción con base científica?
La necesidad de un nuevo paradigma
En un contexto en el que los responsables de diseñar políticas desde el Estado prefieren culpar al cambio climático de los males de los que no son enteramente inocentes, suenan como posible cambio de paradigma dos hechos de las últimas semanas.
Por un lado, el director provincial del agua de la provincia de Tucumán, Juan Sirimaldi, se transformó en el primer funcionario que reconoce los desmontes como el origen de las inundaciones. "No hay dudas de que llovió de manera extraordinaria pero creo que los desmontes son responsables en un 70% de las inundaciones en Tucumán. Y me hago cargo de lo que afirmo", dijo al diario La Gaceta. Sirimaldi recorrió algunas de las zonas afectadas, en el departamento de Juan Bautista Alberdi, donde se talaron 3000 hectáreas para el cultivo de la soja. "Con monte, las inundaciones no hubieran ocurrido", agregó.
Por otro lado, y tras la descomunal serie de incendios que sufrió Chubut, con más de 34.000 hectáreas incineradas en cinco distintos focos y con dos confirmados como intencionales, el gobernador local Martín Buzzi afirmó en diálogo con la nacion que va a impedir y hasta revertir los procesos de venta de terrenos que hayan incluido daños ambientales. "Firmé un decreto de necesidad y urgencia en el que establezco que donde hubo fuego no puede haber loteos, desarrollo inmobiliario u hotelero por el plazo de diez años", dijo.
-¿Por qué un decreto?
-Según la Constitución de Chubut, el suelo tiene propietarios, pero la cubierta vegetal, los bosques nativos, son propiedad de la provincia, no se pueden tocar. Por eso, el fuego provocado es aliado de los especuladores. Además, detectamos que en estos años hubo ventas de muchos terrenos con abuso de poder. Se trataba de sitios que tenían permisos precarios de propiedad, llamados derechos de pastoreo, que fueron vendidos por poco dinero y en muchos casos bajo presión. En aquellos casos en que los anteriores dueños fueron presionados para vender podríamos revertir y devolver a los dueños originales. Es inmoral porque terrenos de 50.000 dólares la hectárea se vendieron por cien dólares, con intervención de estudios jurídicos.
-Es decir, que hay razones ambientales y sociales.
-Sí, hay casos de paisajes hermosos, con vistas al lago, que tienen dueños con historias turbulentas. Ésta no fue una campaña al desierto, sino una campaña al bosque. Pero ahora el mensaje es que no puede ser una buena noticia que se te queme el campo.
-¿Lo hace bajo el amparo de la ley de bosques o de la Constitución provincial?
-De la Constitución, porque es anterior y tiene más fuerza.
-¿Siente que está solo o que impulsa un cambio de paradigma en cierto sentido?
-El cambio climático existe, pero el tema es qué hacer con eso. En la Cordillera se notan los cambios, con temperaturas mínimas bastante más altas que hace unos pocos años. Se da cuenta cualquiera. Pero hay que hacer algo, que no es rezar, ni conferencias en la ONU o similares, sino actuar en el bosque, que es lo que nos define y además que es lo que nos da el agua y fija las cuencas hídricas..
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Barrick está pensando en reflotar Pascua Lama
Barrick vuelve a poner en foco a Pascua Lama
Fecha de Publicación: 16/03/2015
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan
La minera anunció, en el último informe de la compañía, la inversión de casi 400 millones de dólares sólo para este año. Se suman otras señales, como el acuerdo político para la Ley de Glaciares en Chile que permitiría la explotación en Pascua. Por Viviana Pastor
Cuando en septiembre de 2013 se confirmaba la paralización del proyecto aurífero Pascua Lama, por incumplimientos ambientales del lado chileno, nadie sabía que pasaría con el megaproyecto binacional en el que se habían invertido 5.500 millones de dólares. El desconcierto era total.
Para San Juan significó la pérdida de 10.000 puestos de trabajo, cientos de pequeñas empresas que quedaron sin contrato y todos los sueldos suspendidos de la gente terminaron repercutiendo en la economía provincial. A principios de 2013 en Lama, donde se ubica la plata de tratamiento y campamento, la actividad era febril y los colosales edificios se levantaban en el medio de la cordillera desafiando la soledad de Los Andes. Hoy, ya sin trabajadores y las construcciones sin terminar.
Pero desde hace unos meses, la minera Barrick dio señales claras de que quiere volver a posicionar Pascua Lama. La empresa tomó la decisión de recuperar el proyecto y hacer las cosas de otra forma. Esto es seguido de cerca por más de un centenar de empresas sanjuaninas que quieren tener una oportunidad de ganar contratos del lado argentino, donde nunca hubo inconvenientes legales o ambientales. Para ellos el liderazgo chileno del proyecto nunca fue efectivo en ninguno de sus frentes.
En esta línea está el último informe enviado por la compañía, en el que dedica varios párrafos al proyecto: "En 2015, Barrick anticipa gastos de aproximadamente US$ 170 a 190 millones para Pascua Lama, y entre US$140 y 150 millones en costos de cuidado y mantenimiento, incluyendo costos de manejo del agua y aproximadamente US$30 a 40 millones para otros costos del proyecto, incluyendo aquéllos relacionados con obligaciones de permisos tanto en Argentina y Chile". Casi US$ 400 millones sólo este año.
En Chile, la empresa ha iniciado acciones que muestran un cambio de políticas en todos los frentes, hacía afuera, con la comunidad, y hacia adentro, con sus propias tareas y personal.
Pero además, hay dos nuevas decisionesque permiten proyectar una reactivación del proyecto en dos años: La nueva ley de glaciares que prepara el Congreso de Chile; y las nuevas obras destinadas a proteger el recurso hídrico que planea la empresa.
La primera es una acordada política para sancionar una Ley de Glaciares que posibilitaría la explotación minera. La letra del proyecto de ley señala que los glaciares intangibles son aquellos que están dentro de Reservas Naturales o Parque Nacionales, mientras que los que están en zonas mineras, como Pascua Lama o Andina, de la estatal Codelco, quedarían bajo el Consejo de Ministros quien decidirá el grado de protección que se les dará.
El gobierno de Chile ya firmó un acuerdo con legisladores del oficialismo y de la oposición por este proyecto de ley de glaciares. La prensa chilena opositora publicó su desacuerdo: "Gobierno propone Ley de Glaciares a la medida de Pascua Lama”, como tituló eldesconcierto.cl.
No es un tema menor, una de las denuncias que pesaba sobre Pascua era la destrucción de los glaciares Toro I, Toro II y Esperanza, que se encuentran en la zona.
El otro tema que había sacado de carrera al proyecto era la construcción de los canales destinados a proteger el recurso hídrico. Fue cuando estas obras se rompieron, que la Corte de Apelaciones de Copiapó ordenó la paralización del proyecto.
Se trata de un sistema de recolección de aguas de deshielo que impide que toquen el área de faenas, open pit, y permite que llegue a los habitantes en las mismas condiciones, como si la mina no estuviera. La primera obra le costó a Barrick 100 millones de dólares, pero una crecida la rompió. La obra se hizo nuevamente y costó otros 300 millones de dólares, pero se volvió a romper. La empresa proyecta una nueva construcción pero multiplicando por 10 la capacidad de transporte de agua, estiman que costará unos 380 millones de dólares.
También se construiría una nueva planta de tratamiento de aguas en San Juan, a la salida del túnel que une Chile y Argentina por donde pasará el mineral extraído en Pascua, a la planta de procesos ubicada en Lama.
Sin embargo, aún falta conocer la multa que se le aplicaría a la compañía por sus incumplimientos en Chile, se habló de 16 millones de dólares, pero algunos aseguran que sumando variables podrían alcanzar los 300 millones de dólares. Parece que Barrick podría optar por no pagar en ese caso y reiniciar el proceso de Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que es el equivalente a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en Argentina.Aunque aún hay mucha incertidumbre respecto a este y otros temas.
El último comunicado, la firma canadiense señalaba que "en cualquier escenario, la compañía debe obtener los permisos para un nuevo sistema de manejo de agua en Chile y construirlo. Presentaremos nuestra solicitud para un nuevo sistema a más tardar en junio, y se espera que la gestión de permisos demore 2 años".
Más cambios
En noviembre de 2014, Tiempo de San Juan publicó que la firma había convocado a los mejores profesionales chilenos y los puso al frente de áreas estratégicas, dejando fuera a quienes fueron responsables del mal manejo de las obras y el cuidado ambiental. Esta semana se supo que la paralización de Pascua en Chile, les costó el puesto a unas 250 personas.
Este año, Pascua Lama en Chile ha iniciado el programa de Visitas para las Comunidades, algo que la mina Veladero en San Juan, también propiedad de Barrick, viene haciendo desde el 2005. El objetivo es abrir Pascua a la comunidad para que conozcan el proyecto y obtengan información de primera fuente.
En su página web, la minera afirmó que aunque la construcción y operación de Pascua Lama está actualmente suspendida, la compañía mantiene sus labores de mantención y monitoreos ambientales en 7 áreas que incluyen agua, glaciares, arqueología, meteorología, y flora y fauna, entre otras.
El diario chileno La Tercera, publicó hace pocos días "El segundo tiempo de Pascua Lama”, donde destaca la nueva forma de encarar el proyecto que mostró este año la empresa.
Mientras tanto, circula una nueva cifra de inversión total de proyecto que asciende a los 9.000 millones de dólares.
Cambios gerenciales
En noviembre de 2014, Tiempo de San Juan publicaba los cambios gerenciales que se habían producido en torno al proyecto que apuntaban a la continuidad de Pascua Lama. Se trataba de la llegada de Eduardo Flores, como SVP senior del proyecto, la geógrafa Sandra Riquelme, que asumió como gerente de Relaciones Comunitarias de Barrick Pascua-Lama, profesional cuenta con 20 años de experiencia, fundamentalmente ligada a Codelco. Ed Kelleher, se sumó como nuevo director de Sustentabilidad, tiene un master en Ciencias de la Tierra en la Universidad de Waterloo, Canadá.
El Director Legal del proyecto, Francisco Charlín, llegó hace un año, después de haber estado en Antofagasta Minerals. Además, se seguían incorporando especialistas chilenos como hidrólogos, expertos en calidad de aire y glaciólogos. Fortalecer el equipo es uno de los aspectos que contiene la nueva estrategia de la compañía para afrontar los tiempos que se vienen, aseguraron.
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Fecha de Publicación: 16/03/2015
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan
La minera anunció, en el último informe de la compañía, la inversión de casi 400 millones de dólares sólo para este año. Se suman otras señales, como el acuerdo político para la Ley de Glaciares en Chile que permitiría la explotación en Pascua. Por Viviana Pastor
Cuando en septiembre de 2013 se confirmaba la paralización del proyecto aurífero Pascua Lama, por incumplimientos ambientales del lado chileno, nadie sabía que pasaría con el megaproyecto binacional en el que se habían invertido 5.500 millones de dólares. El desconcierto era total.
Para San Juan significó la pérdida de 10.000 puestos de trabajo, cientos de pequeñas empresas que quedaron sin contrato y todos los sueldos suspendidos de la gente terminaron repercutiendo en la economía provincial. A principios de 2013 en Lama, donde se ubica la plata de tratamiento y campamento, la actividad era febril y los colosales edificios se levantaban en el medio de la cordillera desafiando la soledad de Los Andes. Hoy, ya sin trabajadores y las construcciones sin terminar.
Pero desde hace unos meses, la minera Barrick dio señales claras de que quiere volver a posicionar Pascua Lama. La empresa tomó la decisión de recuperar el proyecto y hacer las cosas de otra forma. Esto es seguido de cerca por más de un centenar de empresas sanjuaninas que quieren tener una oportunidad de ganar contratos del lado argentino, donde nunca hubo inconvenientes legales o ambientales. Para ellos el liderazgo chileno del proyecto nunca fue efectivo en ninguno de sus frentes.
En esta línea está el último informe enviado por la compañía, en el que dedica varios párrafos al proyecto: "En 2015, Barrick anticipa gastos de aproximadamente US$ 170 a 190 millones para Pascua Lama, y entre US$140 y 150 millones en costos de cuidado y mantenimiento, incluyendo costos de manejo del agua y aproximadamente US$30 a 40 millones para otros costos del proyecto, incluyendo aquéllos relacionados con obligaciones de permisos tanto en Argentina y Chile". Casi US$ 400 millones sólo este año.
En Chile, la empresa ha iniciado acciones que muestran un cambio de políticas en todos los frentes, hacía afuera, con la comunidad, y hacia adentro, con sus propias tareas y personal.
Pero además, hay dos nuevas decisionesque permiten proyectar una reactivación del proyecto en dos años: La nueva ley de glaciares que prepara el Congreso de Chile; y las nuevas obras destinadas a proteger el recurso hídrico que planea la empresa.
La primera es una acordada política para sancionar una Ley de Glaciares que posibilitaría la explotación minera. La letra del proyecto de ley señala que los glaciares intangibles son aquellos que están dentro de Reservas Naturales o Parque Nacionales, mientras que los que están en zonas mineras, como Pascua Lama o Andina, de la estatal Codelco, quedarían bajo el Consejo de Ministros quien decidirá el grado de protección que se les dará.
El gobierno de Chile ya firmó un acuerdo con legisladores del oficialismo y de la oposición por este proyecto de ley de glaciares. La prensa chilena opositora publicó su desacuerdo: "Gobierno propone Ley de Glaciares a la medida de Pascua Lama”, como tituló eldesconcierto.cl.
No es un tema menor, una de las denuncias que pesaba sobre Pascua era la destrucción de los glaciares Toro I, Toro II y Esperanza, que se encuentran en la zona.
El otro tema que había sacado de carrera al proyecto era la construcción de los canales destinados a proteger el recurso hídrico. Fue cuando estas obras se rompieron, que la Corte de Apelaciones de Copiapó ordenó la paralización del proyecto.
Se trata de un sistema de recolección de aguas de deshielo que impide que toquen el área de faenas, open pit, y permite que llegue a los habitantes en las mismas condiciones, como si la mina no estuviera. La primera obra le costó a Barrick 100 millones de dólares, pero una crecida la rompió. La obra se hizo nuevamente y costó otros 300 millones de dólares, pero se volvió a romper. La empresa proyecta una nueva construcción pero multiplicando por 10 la capacidad de transporte de agua, estiman que costará unos 380 millones de dólares.
También se construiría una nueva planta de tratamiento de aguas en San Juan, a la salida del túnel que une Chile y Argentina por donde pasará el mineral extraído en Pascua, a la planta de procesos ubicada en Lama.
Sin embargo, aún falta conocer la multa que se le aplicaría a la compañía por sus incumplimientos en Chile, se habló de 16 millones de dólares, pero algunos aseguran que sumando variables podrían alcanzar los 300 millones de dólares. Parece que Barrick podría optar por no pagar en ese caso y reiniciar el proceso de Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que es el equivalente a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en Argentina.Aunque aún hay mucha incertidumbre respecto a este y otros temas.
El último comunicado, la firma canadiense señalaba que "en cualquier escenario, la compañía debe obtener los permisos para un nuevo sistema de manejo de agua en Chile y construirlo. Presentaremos nuestra solicitud para un nuevo sistema a más tardar en junio, y se espera que la gestión de permisos demore 2 años".
Más cambios
En noviembre de 2014, Tiempo de San Juan publicó que la firma había convocado a los mejores profesionales chilenos y los puso al frente de áreas estratégicas, dejando fuera a quienes fueron responsables del mal manejo de las obras y el cuidado ambiental. Esta semana se supo que la paralización de Pascua en Chile, les costó el puesto a unas 250 personas.
Este año, Pascua Lama en Chile ha iniciado el programa de Visitas para las Comunidades, algo que la mina Veladero en San Juan, también propiedad de Barrick, viene haciendo desde el 2005. El objetivo es abrir Pascua a la comunidad para que conozcan el proyecto y obtengan información de primera fuente.
En su página web, la minera afirmó que aunque la construcción y operación de Pascua Lama está actualmente suspendida, la compañía mantiene sus labores de mantención y monitoreos ambientales en 7 áreas que incluyen agua, glaciares, arqueología, meteorología, y flora y fauna, entre otras.
El diario chileno La Tercera, publicó hace pocos días "El segundo tiempo de Pascua Lama”, donde destaca la nueva forma de encarar el proyecto que mostró este año la empresa.
Mientras tanto, circula una nueva cifra de inversión total de proyecto que asciende a los 9.000 millones de dólares.
Cambios gerenciales
En noviembre de 2014, Tiempo de San Juan publicaba los cambios gerenciales que se habían producido en torno al proyecto que apuntaban a la continuidad de Pascua Lama. Se trataba de la llegada de Eduardo Flores, como SVP senior del proyecto, la geógrafa Sandra Riquelme, que asumió como gerente de Relaciones Comunitarias de Barrick Pascua-Lama, profesional cuenta con 20 años de experiencia, fundamentalmente ligada a Codelco. Ed Kelleher, se sumó como nuevo director de Sustentabilidad, tiene un master en Ciencias de la Tierra en la Universidad de Waterloo, Canadá.
El Director Legal del proyecto, Francisco Charlín, llegó hace un año, después de haber estado en Antofagasta Minerals. Además, se seguían incorporando especialistas chilenos como hidrólogos, expertos en calidad de aire y glaciólogos. Fortalecer el equipo es uno de los aspectos que contiene la nueva estrategia de la compañía para afrontar los tiempos que se vienen, aseguraron.
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Comodoro inauguró su moderna planta de RSU
Ya funciona a prueba la planta de tratamiento de residuos sólidos
Fecha de Publicación: 16/03/2015
Fuente: Diario Crónica (Chubut)
Provincia/Región: Chubut
Con la puesta en marcha de las máquinas de prensado y enfardado de residuos se puso en marcha la etapa de prueba de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos ubicada en el Acceso Sur de Comodoro Rivadavia.
Con la presencia de representantes de Clear, la empresa constructora y actual concesionaria del servicio de higiene urbana, de la Municipalidad, del Gobierno Provincial, trabajadores y otros invitados especiales, se puso en marcha esta maquinaria que responde en parte al proyecto iniciado en 2007 cuando se colocaron las bases de la planta.
Cambiar Comodoro
Ahora, en el marco del programa integral Cambiar Comodoro, se propone la clasificación y recuperación de materiales reciclables, en el marco de una nueva concesión que contempla la separación en origen y la recolección diferenciada, así como la apertura de puntos verdes para papeles, vidrios, plásticos, aluminio entre otros materiales.
Desde la Municipalidad, el intendente Néstor Di Pierro consideró que se trata de “un día histórico” porque después de casi una década se puede poner en funcionamiento esta planta que inicialmente iba a estar construida en 12 meses.
Aludió a la decisión política que permitió terminar la obra civil y el equipamiento y además, destacó que esta gestión dejará un plan de manejo integral de los residuos sólidos urbanos que va de la mano de otras medidas ambientales para la ciudad como el tratamiento de los efluentes cloacales que llegan al mar.
Período de prueba
Pasado el mediodía, se escucharon los motores de la primera máquina en funcionamiento. En los cestos ya se encontraban separados los residuos por tipo de plástico -color, densidad-, mientras que la compactadora redujo el volumen, para armar los fardos que luego irán a centros de reciclado, al menos en esta primera instancia.
Ahora, se realizará un monitoreo permanente. De a poco, se irán incorporando más residuos así como otro tipo de materiales, de forma de ir comprobando el funcionamiento y el volumen que permitirá poner en funcionamiento pleno la planta sobre fin de año.
Proceso paulatino
Esta primera etapa, según el secretario Abel Boyero, no se extenderá más de 120 días y permitirá ir corrigiendo errores, determinando procesos y adecuando el manejo de los residuos sólidos urbanos.
De todas formas, aclaró que no se clasificará el 100 por ciento de los residuos recolectados, sino que por un tiempo coexistirán la planta y el basural a cielo abierto. En este caso, apuntó que esperan poder comenzar a abandonar paulatinamente las 14 hectáreas que actualmente ocupa el basural, para ir realizando las tareas de saneamiento del predio y su entorno y poder hacer el abandono definitivo en el menor plazo posible.
En ese marco, las autoridades apuntaron la responsabilidad de los vecinos para empezar a separar en origen los residuos para evitar que algunos materiales -como cartones o papeles- se contaminen de tal modo que ya no puedan ser recuperados.
En forma paralela, se habilitará el predio en zona norte donde se realizará la disposición final de los residuos que no puedan ser reciclados.
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Fecha de Publicación: 16/03/2015
Fuente: Diario Crónica (Chubut)
Provincia/Región: Chubut
Con la puesta en marcha de las máquinas de prensado y enfardado de residuos se puso en marcha la etapa de prueba de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos ubicada en el Acceso Sur de Comodoro Rivadavia.
Con la presencia de representantes de Clear, la empresa constructora y actual concesionaria del servicio de higiene urbana, de la Municipalidad, del Gobierno Provincial, trabajadores y otros invitados especiales, se puso en marcha esta maquinaria que responde en parte al proyecto iniciado en 2007 cuando se colocaron las bases de la planta.
Cambiar Comodoro
Ahora, en el marco del programa integral Cambiar Comodoro, se propone la clasificación y recuperación de materiales reciclables, en el marco de una nueva concesión que contempla la separación en origen y la recolección diferenciada, así como la apertura de puntos verdes para papeles, vidrios, plásticos, aluminio entre otros materiales.
Desde la Municipalidad, el intendente Néstor Di Pierro consideró que se trata de “un día histórico” porque después de casi una década se puede poner en funcionamiento esta planta que inicialmente iba a estar construida en 12 meses.
Aludió a la decisión política que permitió terminar la obra civil y el equipamiento y además, destacó que esta gestión dejará un plan de manejo integral de los residuos sólidos urbanos que va de la mano de otras medidas ambientales para la ciudad como el tratamiento de los efluentes cloacales que llegan al mar.
Período de prueba
Pasado el mediodía, se escucharon los motores de la primera máquina en funcionamiento. En los cestos ya se encontraban separados los residuos por tipo de plástico -color, densidad-, mientras que la compactadora redujo el volumen, para armar los fardos que luego irán a centros de reciclado, al menos en esta primera instancia.
Ahora, se realizará un monitoreo permanente. De a poco, se irán incorporando más residuos así como otro tipo de materiales, de forma de ir comprobando el funcionamiento y el volumen que permitirá poner en funcionamiento pleno la planta sobre fin de año.
Proceso paulatino
Esta primera etapa, según el secretario Abel Boyero, no se extenderá más de 120 días y permitirá ir corrigiendo errores, determinando procesos y adecuando el manejo de los residuos sólidos urbanos.
De todas formas, aclaró que no se clasificará el 100 por ciento de los residuos recolectados, sino que por un tiempo coexistirán la planta y el basural a cielo abierto. En este caso, apuntó que esperan poder comenzar a abandonar paulatinamente las 14 hectáreas que actualmente ocupa el basural, para ir realizando las tareas de saneamiento del predio y su entorno y poder hacer el abandono definitivo en el menor plazo posible.
En ese marco, las autoridades apuntaron la responsabilidad de los vecinos para empezar a separar en origen los residuos para evitar que algunos materiales -como cartones o papeles- se contaminen de tal modo que ya no puedan ser recuperados.
En forma paralela, se habilitará el predio en zona norte donde se realizará la disposición final de los residuos que no puedan ser reciclados.
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