Analizan la creación de un impuesto por el nuevo clima
09:00 | 
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Calentamiento global: un impuesto/incentivo al ahorro de combustible
Fecha de Publicación: 27/11/2014
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Nacional
Para hacerle frente al cambio climático, el docente e investigador Armando Tutau analizó la creación de un impuesto/incentivo al ahorro de combustible para disminuir la “huella de carbono individual” que consiste en la totalidad de Gases de Efecto Invernadero (GEI) emitidos por un individuo, organización o producto. El proyecto tiene como objetivo fomentar una mayor responsabilidad social en la Universidad y la comunidad.
Las universidades, como instituciones interdisciplinarias de saberes comunes y letrados, cumplen un rol fundamental en la sociedad moderna, a partir de la investigación y la educación. Así, las distintas esferas de las ciencias tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas. En ese sentido, Armando Tutau, investigador y docente del departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Matanza, presentó un proyecto de investigación relacionado con la responsabilidad social universitaria en relación a la sustentabilidad ambiental y el cambio climático.
En ese sentido, a partir de la iniciativa de las autoridades y particularmente del director decano, doctor Alberto Longo, el equipo dirigido por Tutau investigó las posibilidades de creación de un impuesto al consumo de petróleo (cuyo sobreconsumo se relaciona con el cambio climático). Es decir, un impuesto que premie o penalice al conductor de acuerdo al uso que hace del vehículo. “Cuando un individuo hace su declaración anual de impuestos en el registro automotor, también deberá declarar el combustible y kilometraje. Cuanto mayor es el kilometraje recorrido, mayor es el impuesto a pagar”, señala el experto a Argentina Investiga. Y agrega: “Claramente, estos valores dependerán del tipo de automóvil que uno tenga. No es lo mismo un auto eléctrico o híbrido que un transporte de combustible tradicional”.
Las motivaciones que explican las conductas individuales y colectivas pueden provenir de fuentes externas o internas. En este caso, las penalizaciones y premios actuarían como una fuente extrínseca, dado que los impuestos y las normativas son reglamentaciones aceptadas socialmente, mientras que una participación intrínseca implica que cada individuo tome conciencia de su accionar con el medio: desde evitar el derroche innecesario de energía eléctrica, o agua mientras se está regando el jardín o lavando el auto, hasta el cuidado ecológico del medio ambiente y el reciclado de residuos.
“Está comprobado que los individuos motivados extrínsecamente se involucran más en ciertas actividades en la medida que reciban premios por sus acciones. Sin embargo, lo harán de manera más superficial que si encuentran valor en la actividad como interesante o útil para la propia existencia o motivación intrínseca”, sostiene el experto.
Así, desde la Universidad se busca responsabilizar a todos los actores sobre la conducta ambiental con algo tan cotidiano como el uso del automóvil y su relación con la “huella de carbono”, es decir, la totalidad de Gases de Efecto Invernadero (GEI) emitidos de forma directa o indirecta de un individuo, organización o producto. Los GEI que motorizan el calentamiento global (y, en consecuencia, producen el cambio climático, que se percibe a través de la huella de carbono) poniendo en riesgo la sustentabilidad ecológica. De ahí que se demanden mayores instrumentos de control para aumentar la responsabilidad social ambiental y hacerle frente a un problema que afecta a 1 de cada 1.500 ricos y a 1 de cada 19 pobres.
“Considerando que los pobres inciden poco en la producción de GEI, y esto se convierte en una ‘injusticia climática’, es urgente la necesidad de proteger los ecosistemas críticos para el bienestar de las especies y propiciar el cambio hacia la construcción de cohesión social más allá de etnias, géneros u origen socioeconómico político, a partir de la democratización de procesos políticos económicos hacia oportunidades de acceso y políticas de inclusión social”, sentencia el investigador.
Universidad sustentable
La responsabilidad social universitaria es una política de gestión en donde la institución hace internas sus externalidades, en acciones coherentes y concretas, procurando que no generen impactos negativos y favoreciendo el diálogo entre los actores sociales, así como el compromiso ético y de rendición de cuentas, que asume la Universidad con sus actores propios, ajenos y futuros.
“La Universidad Nacional de La Matanza cuenta con el Instituto de Medio Ambiente al que hemos contactado y que, hace poco, redactó un Manual de identificación y tratamiento de materiales reciclables destinado a la concientización y educación, así como también lleva adelante el proyecto ‘UNLaM Sustentable’ con medidas de ahorro de energía y de papel de impresión”, expresó Tutau. Y concluyó: “Más allá del trabajo del Instituto, muchos docentes del departamento de Ciencias Económicas entendemos que la responsabilidad social debe ser ejercida por todos los actores y la comunidad en general”.
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Fecha de Publicación: 27/11/2014
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Nacional
Para hacerle frente al cambio climático, el docente e investigador Armando Tutau analizó la creación de un impuesto/incentivo al ahorro de combustible para disminuir la “huella de carbono individual” que consiste en la totalidad de Gases de Efecto Invernadero (GEI) emitidos por un individuo, organización o producto. El proyecto tiene como objetivo fomentar una mayor responsabilidad social en la Universidad y la comunidad.
Las universidades, como instituciones interdisciplinarias de saberes comunes y letrados, cumplen un rol fundamental en la sociedad moderna, a partir de la investigación y la educación. Así, las distintas esferas de las ciencias tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas. En ese sentido, Armando Tutau, investigador y docente del departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Matanza, presentó un proyecto de investigación relacionado con la responsabilidad social universitaria en relación a la sustentabilidad ambiental y el cambio climático.
En ese sentido, a partir de la iniciativa de las autoridades y particularmente del director decano, doctor Alberto Longo, el equipo dirigido por Tutau investigó las posibilidades de creación de un impuesto al consumo de petróleo (cuyo sobreconsumo se relaciona con el cambio climático). Es decir, un impuesto que premie o penalice al conductor de acuerdo al uso que hace del vehículo. “Cuando un individuo hace su declaración anual de impuestos en el registro automotor, también deberá declarar el combustible y kilometraje. Cuanto mayor es el kilometraje recorrido, mayor es el impuesto a pagar”, señala el experto a Argentina Investiga. Y agrega: “Claramente, estos valores dependerán del tipo de automóvil que uno tenga. No es lo mismo un auto eléctrico o híbrido que un transporte de combustible tradicional”.
Las motivaciones que explican las conductas individuales y colectivas pueden provenir de fuentes externas o internas. En este caso, las penalizaciones y premios actuarían como una fuente extrínseca, dado que los impuestos y las normativas son reglamentaciones aceptadas socialmente, mientras que una participación intrínseca implica que cada individuo tome conciencia de su accionar con el medio: desde evitar el derroche innecesario de energía eléctrica, o agua mientras se está regando el jardín o lavando el auto, hasta el cuidado ecológico del medio ambiente y el reciclado de residuos.
“Está comprobado que los individuos motivados extrínsecamente se involucran más en ciertas actividades en la medida que reciban premios por sus acciones. Sin embargo, lo harán de manera más superficial que si encuentran valor en la actividad como interesante o útil para la propia existencia o motivación intrínseca”, sostiene el experto.
Así, desde la Universidad se busca responsabilizar a todos los actores sobre la conducta ambiental con algo tan cotidiano como el uso del automóvil y su relación con la “huella de carbono”, es decir, la totalidad de Gases de Efecto Invernadero (GEI) emitidos de forma directa o indirecta de un individuo, organización o producto. Los GEI que motorizan el calentamiento global (y, en consecuencia, producen el cambio climático, que se percibe a través de la huella de carbono) poniendo en riesgo la sustentabilidad ecológica. De ahí que se demanden mayores instrumentos de control para aumentar la responsabilidad social ambiental y hacerle frente a un problema que afecta a 1 de cada 1.500 ricos y a 1 de cada 19 pobres.
“Considerando que los pobres inciden poco en la producción de GEI, y esto se convierte en una ‘injusticia climática’, es urgente la necesidad de proteger los ecosistemas críticos para el bienestar de las especies y propiciar el cambio hacia la construcción de cohesión social más allá de etnias, géneros u origen socioeconómico político, a partir de la democratización de procesos políticos económicos hacia oportunidades de acceso y políticas de inclusión social”, sentencia el investigador.
Universidad sustentable
La responsabilidad social universitaria es una política de gestión en donde la institución hace internas sus externalidades, en acciones coherentes y concretas, procurando que no generen impactos negativos y favoreciendo el diálogo entre los actores sociales, así como el compromiso ético y de rendición de cuentas, que asume la Universidad con sus actores propios, ajenos y futuros.
“La Universidad Nacional de La Matanza cuenta con el Instituto de Medio Ambiente al que hemos contactado y que, hace poco, redactó un Manual de identificación y tratamiento de materiales reciclables destinado a la concientización y educación, así como también lleva adelante el proyecto ‘UNLaM Sustentable’ con medidas de ahorro de energía y de papel de impresión”, expresó Tutau. Y concluyó: “Más allá del trabajo del Instituto, muchos docentes del departamento de Ciencias Económicas entendemos que la responsabilidad social debe ser ejercida por todos los actores y la comunidad en general”.
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Juzgan a campesinos en Córdoba, la soja puede más
Comienza hoy juicio que podría terminar con campesinos en prisión
Fecha de Publicación: 27/11/2014
Fuente: El Diario de Villa Carlos Paz
Provincia/Región: Córdoba
Las familias comuneras se vieron afectadas cuando el avance de la soja despertó el interés de empresarios y especuladores en el territorio que poseen e hizo surgir duros conflictos por la tierra.
El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) convocó a la ciudadanía a acompañar a la comunidad de Los Pozos en el comienzo de un juicio en Deán Funes, que puede terminar con integrantes de la misma en prisión y sentar un precedente adverso a las posesiones de cientos de pequeños ganaderos del norte provincial.
"El agronegocio y la especulación inmobiliaria se corren a los márgenes" y avanzan sobre campos comuneros en el área de los bañados de Río Dulce y Mar Chiquita, señaló un comunicado del MCC y del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-VC).
Situada al norte de la laguna de Mar Chiquita, en el departamento Tulumba, la comunidad de Los Pozos está conformada por más de 50 familias que habitan desde hace muchas décadas y sucesivas generaciones campos de uso común, donde crían vacas, cabras y ovejas como principal actividad productiva.
La región fue castigada por inundaciones, en especial la de 2002-2003 en Mar Chiquita, pero las familias comuneras se vieron aun mucho más afectadas cuando el avance de la soja despertó el interés de empresarios y especuladores en el territorio que poseen e hizo surgir duros conflictos por la tierra.
En ese marco, fue imputado el campesino Miguel Rojas por resistir el intento de desalojarlo y luego también su yerno, relató el MCC.
El juicio contra Rojas, que comienza mañana, puede terminar en una condena que implicaría para él pena de prisión y con la que, "al mismo tiempo, se desconocería la posesión del territorio a decenas de familias que podrían correr la misma suerte en el futuro", añadió la organización.
Una sentencia adversa, advirtió el MCC, "podría destruir comunidades enteras de familias campesinas que lo único que han hecho es vivir un estilo de vida autónomo, sustentable, que no encaja en los cánones del negocio que sea hace con la tierra".
El MCC subrayó que más de 500 familias de pequeños productores, que "dan de comer a los cordobeses", hoy "exigen el respeto de sus derechos sobre el territorio" y apeló "a los tres poderes del Estado para garantizar la vida de las familias campesinas".
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Fecha de Publicación: 27/11/2014
Fuente: El Diario de Villa Carlos Paz
Provincia/Región: Córdoba
Las familias comuneras se vieron afectadas cuando el avance de la soja despertó el interés de empresarios y especuladores en el territorio que poseen e hizo surgir duros conflictos por la tierra.
El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) convocó a la ciudadanía a acompañar a la comunidad de Los Pozos en el comienzo de un juicio en Deán Funes, que puede terminar con integrantes de la misma en prisión y sentar un precedente adverso a las posesiones de cientos de pequeños ganaderos del norte provincial.
"El agronegocio y la especulación inmobiliaria se corren a los márgenes" y avanzan sobre campos comuneros en el área de los bañados de Río Dulce y Mar Chiquita, señaló un comunicado del MCC y del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-VC).
Situada al norte de la laguna de Mar Chiquita, en el departamento Tulumba, la comunidad de Los Pozos está conformada por más de 50 familias que habitan desde hace muchas décadas y sucesivas generaciones campos de uso común, donde crían vacas, cabras y ovejas como principal actividad productiva.
La región fue castigada por inundaciones, en especial la de 2002-2003 en Mar Chiquita, pero las familias comuneras se vieron aun mucho más afectadas cuando el avance de la soja despertó el interés de empresarios y especuladores en el territorio que poseen e hizo surgir duros conflictos por la tierra.
En ese marco, fue imputado el campesino Miguel Rojas por resistir el intento de desalojarlo y luego también su yerno, relató el MCC.
El juicio contra Rojas, que comienza mañana, puede terminar en una condena que implicaría para él pena de prisión y con la que, "al mismo tiempo, se desconocería la posesión del territorio a decenas de familias que podrían correr la misma suerte en el futuro", añadió la organización.
Una sentencia adversa, advirtió el MCC, "podría destruir comunidades enteras de familias campesinas que lo único que han hecho es vivir un estilo de vida autónomo, sustentable, que no encaja en los cánones del negocio que sea hace con la tierra".
El MCC subrayó que más de 500 familias de pequeños productores, que "dan de comer a los cordobeses", hoy "exigen el respeto de sus derechos sobre el territorio" y apeló "a los tres poderes del Estado para garantizar la vida de las familias campesinas".
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Denuncian contaminación en fábricas de plástico
Plomo en sangre: Empresa deberá contratar el servicio para las mediciones
Fecha de Publicación: 27/11/2014
Fuente: Sur54
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Los trabajadores plásticos presuntamente expuestos a contaminación con plomo deberán esperar a que las empresas contraten un servicio para analizar la situación, dado que desde la cartera de trabajo provincial no se realizan estas determinaciones.
Por FM Del Pueblo fue consultado sobre la denuncia de trabajadores plásticos expuestos a contaminación con plomo, presentada por el Sindicato de Plásticos de la CTA Autónoma, contra las firmas Río Chico S.A., Vinisa Fueguina S.A, El Italo Argentino y Lamiplast Austral SRL, de Ushuaia y Río Grande.
A través de un comunicado, el dirigente Jorge Herrera había calificado de “terrorífica” la situación sobre todo en Vinisa Fueguina, resaltando que es un producto cancerígeno, y esperaban algunos reactivos para que los trabajadores pudieran hacer autoanálisis en forma anónima, “debido a la violencia laboral, aprietes, y despidos por la que atraviesan”, sostuvo.
Sin embargo el ministro de Trabajo Gerardo Chekerdemian dijo no tener la denuncia todavía. “La semana pasada hicimos unas inspecciones en el ámbito de la industria del plástico, desconozco si la denuncia fue presentada en horas de la mañana de hoy en la Secretaría pero tengo conocimiento de la situación en forma mediática”, dijo.
Aclaró que estas inspecciones son meramente oculares, “no con aparatos para medir una situación así, pero los inspectores de higiene y policía han hecho inspecciones”.
Respecto de los pasos a seguir, prefirió esperar a “ver el tenor de la denuncia” y dejó en manos de las mismas empresas la contratación de una firma que se ocupe de estas mediciones.
“La empresa tiene a través de la ART los mecanismos para hacer las mediciones en ambiente, para ver si hay factores de contaminación, y obviamente los análisis de rutina a todo el personal para verificar si existe esta contaminación o no. De existir la denuncia, se pedirán oficialmente las mediciones de ambiente. La empresa tiene que contratar el servicio y llevar adelante las mediciones para demostrar en qué condiciones se encuentra el ámbito laboral”, reiteró, delegando en las supuestas infractoras la responsabilidad.
Se le preguntó si no hay forma de que lo haga el Ministerio, y señaló que “se tienen que hacer los estudios correspondientes porque no es una cuestión que se pueda determinar a simple vista”, por lo tanto no están en condiciones de realizar la tarea.
Desde el Ministerio se hacen inspecciones oculares y “se pueden tomar dos opciones, una es la suspensión de actividades o la clausura, donde además hay que dar participación a la justicia laboral, pero eso es sobre cuestiones que se detectan claramente a simple vista”, remarcó.
En caso de “contaminación por sonido, polvo en suspensión, materiales que se manipulan”, escapa a su capacidad de verificación, si bien reconoció que la inspección es competencia “tanto del Ministerio de Trabajo provincial como nacional, en lo que es seguridad e higiene y seguridad en el trabajo”.
Insistió en que “la empresa tiene que tomar la precaución de tener medidos los ambientes laborales para que no se generen los espacios de contaminación. El Ministerio tanto provincial como nacional no hace los estudios, sino que exige que los estudios estén hechos tanto en los ambientes como en los trabajadores. En este caso tiene obligación de hacerlo la ART, a pedido de la empresa”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 27/11/2014
Fuente: Sur54
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Los trabajadores plásticos presuntamente expuestos a contaminación con plomo deberán esperar a que las empresas contraten un servicio para analizar la situación, dado que desde la cartera de trabajo provincial no se realizan estas determinaciones.
Por FM Del Pueblo fue consultado sobre la denuncia de trabajadores plásticos expuestos a contaminación con plomo, presentada por el Sindicato de Plásticos de la CTA Autónoma, contra las firmas Río Chico S.A., Vinisa Fueguina S.A, El Italo Argentino y Lamiplast Austral SRL, de Ushuaia y Río Grande.
A través de un comunicado, el dirigente Jorge Herrera había calificado de “terrorífica” la situación sobre todo en Vinisa Fueguina, resaltando que es un producto cancerígeno, y esperaban algunos reactivos para que los trabajadores pudieran hacer autoanálisis en forma anónima, “debido a la violencia laboral, aprietes, y despidos por la que atraviesan”, sostuvo.
Sin embargo el ministro de Trabajo Gerardo Chekerdemian dijo no tener la denuncia todavía. “La semana pasada hicimos unas inspecciones en el ámbito de la industria del plástico, desconozco si la denuncia fue presentada en horas de la mañana de hoy en la Secretaría pero tengo conocimiento de la situación en forma mediática”, dijo.
Aclaró que estas inspecciones son meramente oculares, “no con aparatos para medir una situación así, pero los inspectores de higiene y policía han hecho inspecciones”.
Respecto de los pasos a seguir, prefirió esperar a “ver el tenor de la denuncia” y dejó en manos de las mismas empresas la contratación de una firma que se ocupe de estas mediciones.
“La empresa tiene a través de la ART los mecanismos para hacer las mediciones en ambiente, para ver si hay factores de contaminación, y obviamente los análisis de rutina a todo el personal para verificar si existe esta contaminación o no. De existir la denuncia, se pedirán oficialmente las mediciones de ambiente. La empresa tiene que contratar el servicio y llevar adelante las mediciones para demostrar en qué condiciones se encuentra el ámbito laboral”, reiteró, delegando en las supuestas infractoras la responsabilidad.
Se le preguntó si no hay forma de que lo haga el Ministerio, y señaló que “se tienen que hacer los estudios correspondientes porque no es una cuestión que se pueda determinar a simple vista”, por lo tanto no están en condiciones de realizar la tarea.
Desde el Ministerio se hacen inspecciones oculares y “se pueden tomar dos opciones, una es la suspensión de actividades o la clausura, donde además hay que dar participación a la justicia laboral, pero eso es sobre cuestiones que se detectan claramente a simple vista”, remarcó.
En caso de “contaminación por sonido, polvo en suspensión, materiales que se manipulan”, escapa a su capacidad de verificación, si bien reconoció que la inspección es competencia “tanto del Ministerio de Trabajo provincial como nacional, en lo que es seguridad e higiene y seguridad en el trabajo”.
Insistió en que “la empresa tiene que tomar la precaución de tener medidos los ambientes laborales para que no se generen los espacios de contaminación. El Ministerio tanto provincial como nacional no hace los estudios, sino que exige que los estudios estén hechos tanto en los ambientes como en los trabajadores. En este caso tiene obligación de hacerlo la ART, a pedido de la empresa”, concluyó.
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Papelón para avalar la minería en Chubut
Chubut aprobó un dictamen que le abre la puerta a la minería
Fecha de Publicación: 26/11/2014
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Chubut
La normativa aprobada abre la puerta a la explotación minera en las zonas donde los pobladores así lo acepten, a través consultas vinculantes.
La Legislatura de Chubut aprobó la madrugada de este miércoles un dictamen que abre la puerta a la explotación minera en las zonas donde los pobladores así lo acepten, a través consultas vinculantes, lo que generó fuertes protestas de ambientalistas que habían presentado una iniciativa popular en contrario, que fue descartada por los diputados.
Tras cinco horas de discusión y por 15 votos a 12, fue aprobado un dictamen que cambió radicalmente el proyecto original de iniciativa popular elaborado por la Unión de Asambleas Ciudadanas, que pretendía prohibir la megaminería en la provincia. Los artículos originales de la iniciativa popular antiminera, que ampliaba los alcances de la ley 5001 que prohíbe los yacimientos a cielo abierto y que debía tratarse ayer, fueron reemplazados por otros.
De esta forma, lo aprobado implica la suspensión por 120 días en todo el territorio de la provincia del inicio de cualquier actividad minera metalífera, lapso en el cual el Ejecutivo deberá promover el debate en torno a la actividad.
Asimismo, los diputados dispusieron que, previo al inicio de cualquier emprendimiento, deberá realizarse una consulta popular vinculante en las regiones afectadas.
El texto fue consensuado entre el bloque del oficialista FpV y una división de este denominada Interbloque, que evitaron el tratamiento del proyecto de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que fue presentado seis meses atrás, avalado por 13 mil firmas.
Ambientalistas que se encontraban en las barras de la Legislatura calificaron la actuación de los diputados de "fraude" En tanto, la oposición la tildó de "burla", mientras trabajadores petroleros y pobladores de la meseta, que creen que la minería es la única posibilidad de desarrollo para ese sector de Chubut, celebraron el resultado.
"Encontramos en los artículos (de la iniciativa popular) una inconstitucionalidad y nos hemos concentrado en esta responsabilidad de hacer cumplir la Constitución Provincial que tiene artículos que habilitan que se desarrolle la minería en la provincia", explicó la jefa del bloque del FpV, Argentina "Ika" Martínez.
En uno de los momentos de mayor tensión entre el público que presenciaba el debate, la sesión debió interrumpirse ya que manifestantes antimineros quisieron ingresar por la fuerza al sector de las barras, por lo que debió intervenir la Infantería.
La diputada Martínez explicó que los 120 días de suspensión para el inicio de cualquier iniciativa "no" son para quedarse "en la casa" sino para debatir "como corresponde y, si los chubutenses dicen que no, no habrá minería".
En tanto, durante la tarde y noche de ayer, mientras se desarrollaba el debate grupos de militantes contrarios a la minería irrumpieron en los canales públicos provincial y nacional.
Quienes ingresaron por la fuerza en la sede provincial de la Televisión Pública tuvieron la intención de interrumpir la transmisión y habrían agredido a trabajadores, informaron fuentes del gobierno de Chubut.
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Escándalo en Chubut: legislador K recibió pedido de minera para cambiar un proyecto popular
Fecha de Publicación: 26/11/2014
Fuente: Primera Fuente
Fecha de Publicación: 26/11/2014
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Chubut
La normativa aprobada abre la puerta a la explotación minera en las zonas donde los pobladores así lo acepten, a través consultas vinculantes.
La Legislatura de Chubut aprobó la madrugada de este miércoles un dictamen que abre la puerta a la explotación minera en las zonas donde los pobladores así lo acepten, a través consultas vinculantes, lo que generó fuertes protestas de ambientalistas que habían presentado una iniciativa popular en contrario, que fue descartada por los diputados.
Tras cinco horas de discusión y por 15 votos a 12, fue aprobado un dictamen que cambió radicalmente el proyecto original de iniciativa popular elaborado por la Unión de Asambleas Ciudadanas, que pretendía prohibir la megaminería en la provincia. Los artículos originales de la iniciativa popular antiminera, que ampliaba los alcances de la ley 5001 que prohíbe los yacimientos a cielo abierto y que debía tratarse ayer, fueron reemplazados por otros.
De esta forma, lo aprobado implica la suspensión por 120 días en todo el territorio de la provincia del inicio de cualquier actividad minera metalífera, lapso en el cual el Ejecutivo deberá promover el debate en torno a la actividad.
Asimismo, los diputados dispusieron que, previo al inicio de cualquier emprendimiento, deberá realizarse una consulta popular vinculante en las regiones afectadas.
El texto fue consensuado entre el bloque del oficialista FpV y una división de este denominada Interbloque, que evitaron el tratamiento del proyecto de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que fue presentado seis meses atrás, avalado por 13 mil firmas.
Ambientalistas que se encontraban en las barras de la Legislatura calificaron la actuación de los diputados de "fraude" En tanto, la oposición la tildó de "burla", mientras trabajadores petroleros y pobladores de la meseta, que creen que la minería es la única posibilidad de desarrollo para ese sector de Chubut, celebraron el resultado.
"Encontramos en los artículos (de la iniciativa popular) una inconstitucionalidad y nos hemos concentrado en esta responsabilidad de hacer cumplir la Constitución Provincial que tiene artículos que habilitan que se desarrolle la minería en la provincia", explicó la jefa del bloque del FpV, Argentina "Ika" Martínez.
En uno de los momentos de mayor tensión entre el público que presenciaba el debate, la sesión debió interrumpirse ya que manifestantes antimineros quisieron ingresar por la fuerza al sector de las barras, por lo que debió intervenir la Infantería.
La diputada Martínez explicó que los 120 días de suspensión para el inicio de cualquier iniciativa "no" son para quedarse "en la casa" sino para debatir "como corresponde y, si los chubutenses dicen que no, no habrá minería".
En tanto, durante la tarde y noche de ayer, mientras se desarrollaba el debate grupos de militantes contrarios a la minería irrumpieron en los canales públicos provincial y nacional.
Quienes ingresaron por la fuerza en la sede provincial de la Televisión Pública tuvieron la intención de interrumpir la transmisión y habrían agredido a trabajadores, informaron fuentes del gobierno de Chubut.
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Escándalo en Chubut: legislador K recibió pedido de minera para cambiar un proyecto popular
Fecha de Publicación: 26/11/2014
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Chubut
El legislador provincial Gustavo Muñiz fue fotografiado en el recinto mientras contestaba un mensaje de texto donde se le expresaba textualmente cómo debería quedar un artículo.
Una fotografía tomada en la Legislatura de Chubut donde se ve a un legislador kirchnerista recibiendo un pedido de una minera para modificar un artículo de un proyecto desató un escándalo a nivel nacional.
Según publica La Nación, La imagen muestra al diputado provincial por Trelew Gustavo Muñiz (Frente Para la Victoria) contestando un mensaje en el que se le pide una modificación expresa sobre un artículo en medio de un debate por la instalación de empresas de ese rubro.
"Podría corregirse un término del artículo 4? Debería decir: ... Abarcando la región o (...)", alcanza a verse en la pantalla del celular del legislador.
La imagen fue publicada en Twitter por un abogado ambientalista y rápidamente se volvió viral.
La información fue confirmada por la radio La Cien 1 de la localidad de Comodoro Rivadavia.
Al respecto, el legislador comentó que había recibido pedidos de distintos sectores una vez que el proyecto fue confeccionado.
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Quieren un plan federal de Manejo Costero Integrado
Primer taller para desarrollar un plan federal de Manejo Costero Integrado
Fecha de Publicación: 26/11/2014
Fuente: El Cordillenaro
Provincia/Región: Río Negro
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro, en forma conjunta con el COFEMA y la SAyDS de la Nación, organiza su primer taller tendiente a generar un plan federal de Manejo Costero Integrado (MCI).
El mismo tendrá lugar el 2 y 3 de diciembre en la Sala de Capacitación de la Subsecretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente de la Municipalidad de Viedma, ubicada en Brown 187 de la Capital provincial. Participaran autoridades político-institucionales, agentes técnicos de la provincia y organizaciones no gubernamentales afines a esta problemática.
Los espacios costeros representan activos estratégicos tanto para el desarrollo regional como para las economías locales pero, a su vez, estos sistemas se caracterizan por ser ambientes frágiles y fácilmente degradables.
En Argentina, si bien pueden reconocerse numerosos factores de presión sobre los espacios costeros, aún encontramos importantes extensiones con ecosistemas en muy buen estado de conservación y con gran potencial para un futuro desarrollo económico. Es aquí donde es necesario establecer prioridades y regulaciones para asegurar que el uso de los bienes y servicios que ofrecen estos ecosistemas se oriente al bien común, en concordancia con los postulados emanados del Artículo 41 de la Constitución Nacional referidos al desarrollo sustentable.
Es por ello que, a partir de la Resolución del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) N° 278/2014, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en forma conjunta con los organismos ambientales de las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, comenzó un proceso participativo tendiente a la formulación de políticas federales de manejo costero integrado (MCI) a nivel provincial y regional.
La propuesta de los talleres tiene como punto de partida la actualización de un diagnóstico inicial de la situación costera, sobre el que la Provincia ha trabajado a través de diversos proyectos, y de lineamientos preliminares de MCI a ser sometidos a una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). La EAE constituye un instrumento clave de apoyo a la toma de decisiones, planificación de políticas y planes ambientales, incorporando las esferas sociales y económicas en el proceso. Para ello se sirve de diversas herramientas, entre ellas: modelos, planteo de escenarios, análisis de riesgo, sistemas de información geográfica y procesos participativos.
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Fecha de Publicación: 26/11/2014
Fuente: El Cordillenaro
Provincia/Región: Río Negro
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro, en forma conjunta con el COFEMA y la SAyDS de la Nación, organiza su primer taller tendiente a generar un plan federal de Manejo Costero Integrado (MCI).
El mismo tendrá lugar el 2 y 3 de diciembre en la Sala de Capacitación de la Subsecretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente de la Municipalidad de Viedma, ubicada en Brown 187 de la Capital provincial. Participaran autoridades político-institucionales, agentes técnicos de la provincia y organizaciones no gubernamentales afines a esta problemática.
Los espacios costeros representan activos estratégicos tanto para el desarrollo regional como para las economías locales pero, a su vez, estos sistemas se caracterizan por ser ambientes frágiles y fácilmente degradables.
En Argentina, si bien pueden reconocerse numerosos factores de presión sobre los espacios costeros, aún encontramos importantes extensiones con ecosistemas en muy buen estado de conservación y con gran potencial para un futuro desarrollo económico. Es aquí donde es necesario establecer prioridades y regulaciones para asegurar que el uso de los bienes y servicios que ofrecen estos ecosistemas se oriente al bien común, en concordancia con los postulados emanados del Artículo 41 de la Constitución Nacional referidos al desarrollo sustentable.
Es por ello que, a partir de la Resolución del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) N° 278/2014, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en forma conjunta con los organismos ambientales de las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, comenzó un proceso participativo tendiente a la formulación de políticas federales de manejo costero integrado (MCI) a nivel provincial y regional.
La propuesta de los talleres tiene como punto de partida la actualización de un diagnóstico inicial de la situación costera, sobre el que la Provincia ha trabajado a través de diversos proyectos, y de lineamientos preliminares de MCI a ser sometidos a una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). La EAE constituye un instrumento clave de apoyo a la toma de decisiones, planificación de políticas y planes ambientales, incorporando las esferas sociales y económicas en el proceso. Para ello se sirve de diversas herramientas, entre ellas: modelos, planteo de escenarios, análisis de riesgo, sistemas de información geográfica y procesos participativos.
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Recurso para resguardar a las escuelas de fumigaciones
Agroquímicos: presentaron recurso para resguardar a las escuelas rurales
Fecha de Publicación: 26/11/2014
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
La Multisectorial Paren de Fumigarnos y las ONG ambientalistas no quieren esperar la sanción de la ley y piden que este caso particular lo atienda directamente el Ejecutivo.
La Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, a través del Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat), presentó un recurso administrativo al gobernador Antonio Bonfatti, solicitando "medidas urgentes e inmediatas para prevenir daños irreversibles, en defensa de los derechos de todos los asistentes a escuelas rurales y especialmente de los niños, legítimos acreedores del más alto nivel posible de salud establecido por el artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño del cual nuestro país es suscriptor".
Mientras las organizaciones ambientalistas, gremiales y vecinos afectados aguardan que mañana, durante la última sesión del año y luego de perder dos veces consecutivas el estado parlamentario, se avance con el tratamiento del proyecto modificatorio de la ley 11.273 (de fitosanitarios) en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y se logre pasar al recinto para obtener la media sanción, el Cepronat busca que en el caso de las escuelas rurales sea el Ejecutivo provincial quien tome directamente cartas en el asunto.
En su pedido, desde la agrupación se hizo hincapié en que los niños integran el grupo de "mayor vulnerabilidad frente a la exposición a los agroquímicos, tanto en intoxicaciones agudas como subagudas y crónicas", debido a "su mayor contacto con la naturaleza a través del juego, sus órganos respiratorios ubicados más cerca del suelo, donde los residuos tóxicos suelen acumularse, su metabolismo o su menor masa corporal".
"Los chicos y jóvenes que concurren a las más de 700 escuelas rurales de la provincia agregan a este diagnóstico su exposición permanente y más cercana que cualquiera, sin ninguna zona de amortiguación. Es decir que los más expuestos y vulnerables son los más desprotegidos" remarcaron los ambientalistas.
Además fundamentaron su pedido en el estado actual de la legislación santafesina, al que calificaron de "confuso y desactualizado" y remarcaron además que la realidad demuestra "controles laxos o inexistentes y jueces y fiscales con poco conocimiento y ningún compromiso".
Medidas mínimas. Las medidas mínimas peticionadas consisten en la provisión de una cisterna de agua limpia y segura, la implantación de cortinas forestales protectoras, un relevamiento sanitario de los trabajadores y asistentes a dichas escuelas, un sistema de vigilancia epidemiológica y finalmente, el alejamiento de las fumigaciones terrestres a una distancia no menor de 1.000 metros tal como lo demanda el gremio docente y la prohibición de las fumigaciones aéreas, cuya viabilidad y razonabilidad también está sostenida por los recientes dictámenes de las Comisiones de Agricultura y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados santafesina.
Finalmente y anteponiendo el artículo 41 de la Constitución Nacional, desde el Cepronat demandaron que "la dirigencia y en particular la máxima autoridad provincial, accione de acuerdo a su compromiso con el mandato constitucional".
Un recurso administrativo es el medio establecido en la ley para obtener la modificación, revocación o invalidación de una resolución administrativa. Esta última es una orden escrita dictada por el jefe de un servicio público que tiene carácter general, obligatorio y permanente, y se refiere al ámbito de competencia del servicio. Las resoluciones se dictan para cumplir las funciones que la ley encomienda a cada servicio público. En cuanto a su ámbito material, la resolución alcanza a todo aquello que complemente, desarrolle o detalle a la ley en la esfera de competencia del servicio público.
Campamento
Chabás recibirá entre el 1º y el 5 de diciembre un campamento sanitario, organizado conjuntamente entre la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y la comuna, y del cual participarán 160 estudiantes que culminarán su carrera universitaria con esta práctica. La actividad permitirá diagnosticar la situación sanitaria de la localidad y actuar en consecuencia. La intención es hacer un mapeo epidemiológico y conocer la incidencia de distintas enfermedades en la población.
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Fecha de Publicación: 26/11/2014
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
La Multisectorial Paren de Fumigarnos y las ONG ambientalistas no quieren esperar la sanción de la ley y piden que este caso particular lo atienda directamente el Ejecutivo.
La Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, a través del Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat), presentó un recurso administrativo al gobernador Antonio Bonfatti, solicitando "medidas urgentes e inmediatas para prevenir daños irreversibles, en defensa de los derechos de todos los asistentes a escuelas rurales y especialmente de los niños, legítimos acreedores del más alto nivel posible de salud establecido por el artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño del cual nuestro país es suscriptor".
Mientras las organizaciones ambientalistas, gremiales y vecinos afectados aguardan que mañana, durante la última sesión del año y luego de perder dos veces consecutivas el estado parlamentario, se avance con el tratamiento del proyecto modificatorio de la ley 11.273 (de fitosanitarios) en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y se logre pasar al recinto para obtener la media sanción, el Cepronat busca que en el caso de las escuelas rurales sea el Ejecutivo provincial quien tome directamente cartas en el asunto.
En su pedido, desde la agrupación se hizo hincapié en que los niños integran el grupo de "mayor vulnerabilidad frente a la exposición a los agroquímicos, tanto en intoxicaciones agudas como subagudas y crónicas", debido a "su mayor contacto con la naturaleza a través del juego, sus órganos respiratorios ubicados más cerca del suelo, donde los residuos tóxicos suelen acumularse, su metabolismo o su menor masa corporal".
"Los chicos y jóvenes que concurren a las más de 700 escuelas rurales de la provincia agregan a este diagnóstico su exposición permanente y más cercana que cualquiera, sin ninguna zona de amortiguación. Es decir que los más expuestos y vulnerables son los más desprotegidos" remarcaron los ambientalistas.
Además fundamentaron su pedido en el estado actual de la legislación santafesina, al que calificaron de "confuso y desactualizado" y remarcaron además que la realidad demuestra "controles laxos o inexistentes y jueces y fiscales con poco conocimiento y ningún compromiso".
Medidas mínimas. Las medidas mínimas peticionadas consisten en la provisión de una cisterna de agua limpia y segura, la implantación de cortinas forestales protectoras, un relevamiento sanitario de los trabajadores y asistentes a dichas escuelas, un sistema de vigilancia epidemiológica y finalmente, el alejamiento de las fumigaciones terrestres a una distancia no menor de 1.000 metros tal como lo demanda el gremio docente y la prohibición de las fumigaciones aéreas, cuya viabilidad y razonabilidad también está sostenida por los recientes dictámenes de las Comisiones de Agricultura y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados santafesina.
Finalmente y anteponiendo el artículo 41 de la Constitución Nacional, desde el Cepronat demandaron que "la dirigencia y en particular la máxima autoridad provincial, accione de acuerdo a su compromiso con el mandato constitucional".
Un recurso administrativo es el medio establecido en la ley para obtener la modificación, revocación o invalidación de una resolución administrativa. Esta última es una orden escrita dictada por el jefe de un servicio público que tiene carácter general, obligatorio y permanente, y se refiere al ámbito de competencia del servicio. Las resoluciones se dictan para cumplir las funciones que la ley encomienda a cada servicio público. En cuanto a su ámbito material, la resolución alcanza a todo aquello que complemente, desarrolle o detalle a la ley en la esfera de competencia del servicio público.
Campamento
Chabás recibirá entre el 1º y el 5 de diciembre un campamento sanitario, organizado conjuntamente entre la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y la comuna, y del cual participarán 160 estudiantes que culminarán su carrera universitaria con esta práctica. La actividad permitirá diagnosticar la situación sanitaria de la localidad y actuar en consecuencia. La intención es hacer un mapeo epidemiológico y conocer la incidencia de distintas enfermedades en la población.
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Hierro Indio: pedirán el desarchivo
Hierro Indio: Malargüe redobla ahora su apuesta
Fecha de Publicación: 25/11/2014
Fuente: Los Andes (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza
Según el legislador Muñoz, se pedirá el desarchivo para corregir el proyecto que el viernes pasado Diputados votó en contra.
Los malargüinos se manifestaron el sábado a la noche a favor de la minería sustentable. La movilización fue encabezada por el mismo intendente Juan Antonio Agulles (PJ), junto a los legisladores provinciales oficialistas, el diputado José Muñoz y la senadora Silvia Calvi.
Cientos de malargüinos se movilizaron pasadas las 20.30 por la avenida San Martín. El principal mensaje fue: “Sí a la minería sustentable”, pero además algunos carteles reafirmaron la postura de oponerse al trasvase del río Grande al Atuel y se le envió un mensaje al vecino departamento: “Alvear los agroquímicos contaminan”.
De la marcha participaron además de las autoridades departamentales y los legisladores, el presidente de la Cámara de Comercio Lisandro Jaeggi, concejales, empresarios, estudiantes de minería y malargüinos en general. El diputado José Muñoz (FPV) se refirió a los legisladores que desaprobaron la exploración del proyecto minero y resaltó que “algunos buscaron rédito político y difamaron en General Alvear el impacto ambiental de Hierro Indio, lo que terminó tumbando el proyecto”.
Muñoz anticipó además que el martes pedirá el desarchivo del expediente de la declaración de impacto ambiental, para que se lo envíe nuevamente al Ejecutivo y se le hagan las correcciones. “Vamos a redoblar la apuesta”, aseguró.
Ante la consulta sobre si se enmarca en la ley que se desarchive este proyecto, Muñoz aseguró: “En la política todo es posible, desde cortar rutas hasta sacar proyectos productivos para los departamentos que los necesitamos”.
El intendente Agulles también habló sobre este punto y acusó que en el día de la votación algunos legisladores “no votaron bajo razonamiento”.
Asimismo, el jefe comunal anticipó que trabajarán para lanzar una empresa municipal minera, desde donde convocarán a todas las firmas que tengan cateos en Malargüe y se les permitirá que hagan exploración para saber qué riquezas tiene el departamento sureño.
Desde este medio se le consultó al jefe comunal cuántos puestos directos generaría el proyecto Hierro Indio, teniendo en cuenta que se habla de sólo 30. En esta línea argumentó: “Acá no estamos hablando sólo de un proyecto, no es Hierro Indio, sino la minería de la provincia de Mendoza y éste era el primero.
Pero si al primero le dijeron ‘no’, siendo que era el más sencillo, el que menos impacto tenía y que menos problemas podía generar, el mensaje está claro”.
Muchos se opusieron a Hierro Indio porque adujeron que se iba a utilizar una gran cantidad de agua, a lo que el intendente malargüino aclaró que “el consumo en la explotación es muy poco, el agua que se utiliza es comparable a una finca de 80 hectáreas”.
En lo que respecta a las confrontaciones con vecinos del departamento de General Alvear, el jefe comunal aseguró: “No le declaro la guerra a nadie, eso fue un título de un periodista”, consideró.
Pero aclaró que de ahora en más seguirá trabajando, pero con una mirada desde el río Atuel hacia el Sur y no hacia el Norte.
En esta línea, también se refirió al intendente de Alvear, Juan Carlos De Paolo (PJ): “Él mismo me reconoció personalmente que manejó mal la situación y a través de la violencia y de los distintos delitos que se cometían -porque cortar una ruta nacional es un delito penal- creían que con eso iban a ganar una batalla.
Pero no ganaron una batalla, sino que ganaron un elección archivando un proyecto que perjudica a Malargüe”.
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Fecha de Publicación: 25/11/2014
Fuente: Los Andes (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza
Según el legislador Muñoz, se pedirá el desarchivo para corregir el proyecto que el viernes pasado Diputados votó en contra.
Los malargüinos se manifestaron el sábado a la noche a favor de la minería sustentable. La movilización fue encabezada por el mismo intendente Juan Antonio Agulles (PJ), junto a los legisladores provinciales oficialistas, el diputado José Muñoz y la senadora Silvia Calvi.
Cientos de malargüinos se movilizaron pasadas las 20.30 por la avenida San Martín. El principal mensaje fue: “Sí a la minería sustentable”, pero además algunos carteles reafirmaron la postura de oponerse al trasvase del río Grande al Atuel y se le envió un mensaje al vecino departamento: “Alvear los agroquímicos contaminan”.
De la marcha participaron además de las autoridades departamentales y los legisladores, el presidente de la Cámara de Comercio Lisandro Jaeggi, concejales, empresarios, estudiantes de minería y malargüinos en general. El diputado José Muñoz (FPV) se refirió a los legisladores que desaprobaron la exploración del proyecto minero y resaltó que “algunos buscaron rédito político y difamaron en General Alvear el impacto ambiental de Hierro Indio, lo que terminó tumbando el proyecto”.
Muñoz anticipó además que el martes pedirá el desarchivo del expediente de la declaración de impacto ambiental, para que se lo envíe nuevamente al Ejecutivo y se le hagan las correcciones. “Vamos a redoblar la apuesta”, aseguró.
Ante la consulta sobre si se enmarca en la ley que se desarchive este proyecto, Muñoz aseguró: “En la política todo es posible, desde cortar rutas hasta sacar proyectos productivos para los departamentos que los necesitamos”.
El intendente Agulles también habló sobre este punto y acusó que en el día de la votación algunos legisladores “no votaron bajo razonamiento”.
Asimismo, el jefe comunal anticipó que trabajarán para lanzar una empresa municipal minera, desde donde convocarán a todas las firmas que tengan cateos en Malargüe y se les permitirá que hagan exploración para saber qué riquezas tiene el departamento sureño.
Desde este medio se le consultó al jefe comunal cuántos puestos directos generaría el proyecto Hierro Indio, teniendo en cuenta que se habla de sólo 30. En esta línea argumentó: “Acá no estamos hablando sólo de un proyecto, no es Hierro Indio, sino la minería de la provincia de Mendoza y éste era el primero.
Pero si al primero le dijeron ‘no’, siendo que era el más sencillo, el que menos impacto tenía y que menos problemas podía generar, el mensaje está claro”.
Muchos se opusieron a Hierro Indio porque adujeron que se iba a utilizar una gran cantidad de agua, a lo que el intendente malargüino aclaró que “el consumo en la explotación es muy poco, el agua que se utiliza es comparable a una finca de 80 hectáreas”.
En lo que respecta a las confrontaciones con vecinos del departamento de General Alvear, el jefe comunal aseguró: “No le declaro la guerra a nadie, eso fue un título de un periodista”, consideró.
Pero aclaró que de ahora en más seguirá trabajando, pero con una mirada desde el río Atuel hacia el Sur y no hacia el Norte.
En esta línea, también se refirió al intendente de Alvear, Juan Carlos De Paolo (PJ): “Él mismo me reconoció personalmente que manejó mal la situación y a través de la violencia y de los distintos delitos que se cometían -porque cortar una ruta nacional es un delito penal- creían que con eso iban a ganar una batalla.
Pero no ganaron una batalla, sino que ganaron un elección archivando un proyecto que perjudica a Malargüe”.
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YPF en Río Negro no es amigable para el ambiente
YPF incumple controles ambientales en Río Negro
Fecha de Publicación: 25/11/2014
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La principal disputa del Departamento Provincial de Aguas (DPA) por controles ambientales -en ventas de combustibles- está radicada con YPF, según un informe brindado por el ente hídrico a la Legislatura rionegrina.
El documento relacionado con industrias que generan efluentes contaminantes, puntualiza que la empresa estatizada "desconoce" en "forma arbitraria" la Ley Q N° 2.952 (Código de Aguas). Está vigente desde 1996.
Pone como ejemplo que YPF "parte de la negativa permanente de brindar información técnica solicitada en forma anual".
"La empresa alude que no produce efluentes líquidos industriales que usen cuerpos receptores hídricos, por lo tanto considera improcedente la presentación de las declaraciones juradas y pago de canon de uso de cuerpo receptor hídrico establecido en esa norma"; denuncia el DPA.
A criterio del ente "esta actitud atenta contra el desarrollo e implementación de sistemas de monitoreo impidiendo la evaluación de pasivos ambientales generados, y los controles que tienen por objetivo poder actuar rápida y efectivamente ante riesgos de afectación de recursos hídricos superficiales y subterráneos".
Ante intimaciones formuladas por el Programa de Control de Calidad y Protección de los Recursos Hídricos (Cocaprhi) sobre contaminaciones de suelos y acuíferos freáticos generadas por pérdidas de tanques de almacenamiento subterráneos de hidrocarburos en expendios de combustibles, la titular del DPA, Raquel Morales revela que YPF interpuso "un recurso de revocatoria aludiendo que tanto las actuaciones como actos administrativos resultan nulas".
Agrega que a juicio de la petrolera "el DPA es incompetente en materia ambiental, a pesar de que el Código de Aguas establece que el control de la calidad y la protección de los recursos hídricos provinciales y la incorporación de cualquier actividad o acción que genere un riesgo potencial de deteriorar los recursos o afecta la salud o el bienestar de la población está regida y debe ajustarse a dicha norma". Estas previsiones se consignan en las disposiciones generales del régimen de protección y conservación de los recursos hídricos (artículos 162, 164 y concordantes).
Estos detalles están contenidos en un cúmulo de respuestas que el organismo entregó al parlamento provincial por exigencia de los bloques ARI y Alianza para la Concertación y Desarrollo (ACD).
El pedido de informes impulsado por Jorge Ocampos (ARI) solicita datos sobre la cantidad de industrias que generan efluentes contaminantes, frecuencias de las inspecciones, empresas que no acatan las normativas y resultados de medidas preventivas aplicadas, y qué tipo de controles se realiza a las empresas petroleras extractoras; entre otros puntos.
Las observaciones de la oposición están ligadas en el modo en que se administran los recursos tomando en cuenta que los artículos 171, 172 y 173 del Código apuntan a instrumentar el registro de usuarios, imponen un canon de uso y preservación de los cuerpos receptores hídricos que deben pagar los establecimientos industriales y los castigos, que incluyen multas y clausuras (que no fueron mencionadas en las respuestas).
En el extenso informe, se hace mención a que en casos de derrames -y de acuerdo al grado de afectación, volumen y ubicación- suelen concretarse inspecciones mensuales, semanales o diarias para otras operadoras petroleras que hayan incurrido en maniobras que afectan el medio ambiente.
Sin embargo, el DPA no ofrece precisiones sobre los resultados de este tipo de incidentes.
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Fecha de Publicación: 25/11/2014
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La principal disputa del Departamento Provincial de Aguas (DPA) por controles ambientales -en ventas de combustibles- está radicada con YPF, según un informe brindado por el ente hídrico a la Legislatura rionegrina.
El documento relacionado con industrias que generan efluentes contaminantes, puntualiza que la empresa estatizada "desconoce" en "forma arbitraria" la Ley Q N° 2.952 (Código de Aguas). Está vigente desde 1996.
Pone como ejemplo que YPF "parte de la negativa permanente de brindar información técnica solicitada en forma anual".
"La empresa alude que no produce efluentes líquidos industriales que usen cuerpos receptores hídricos, por lo tanto considera improcedente la presentación de las declaraciones juradas y pago de canon de uso de cuerpo receptor hídrico establecido en esa norma"; denuncia el DPA.
A criterio del ente "esta actitud atenta contra el desarrollo e implementación de sistemas de monitoreo impidiendo la evaluación de pasivos ambientales generados, y los controles que tienen por objetivo poder actuar rápida y efectivamente ante riesgos de afectación de recursos hídricos superficiales y subterráneos".
Ante intimaciones formuladas por el Programa de Control de Calidad y Protección de los Recursos Hídricos (Cocaprhi) sobre contaminaciones de suelos y acuíferos freáticos generadas por pérdidas de tanques de almacenamiento subterráneos de hidrocarburos en expendios de combustibles, la titular del DPA, Raquel Morales revela que YPF interpuso "un recurso de revocatoria aludiendo que tanto las actuaciones como actos administrativos resultan nulas".
Agrega que a juicio de la petrolera "el DPA es incompetente en materia ambiental, a pesar de que el Código de Aguas establece que el control de la calidad y la protección de los recursos hídricos provinciales y la incorporación de cualquier actividad o acción que genere un riesgo potencial de deteriorar los recursos o afecta la salud o el bienestar de la población está regida y debe ajustarse a dicha norma". Estas previsiones se consignan en las disposiciones generales del régimen de protección y conservación de los recursos hídricos (artículos 162, 164 y concordantes).
Estos detalles están contenidos en un cúmulo de respuestas que el organismo entregó al parlamento provincial por exigencia de los bloques ARI y Alianza para la Concertación y Desarrollo (ACD).
El pedido de informes impulsado por Jorge Ocampos (ARI) solicita datos sobre la cantidad de industrias que generan efluentes contaminantes, frecuencias de las inspecciones, empresas que no acatan las normativas y resultados de medidas preventivas aplicadas, y qué tipo de controles se realiza a las empresas petroleras extractoras; entre otros puntos.
Las observaciones de la oposición están ligadas en el modo en que se administran los recursos tomando en cuenta que los artículos 171, 172 y 173 del Código apuntan a instrumentar el registro de usuarios, imponen un canon de uso y preservación de los cuerpos receptores hídricos que deben pagar los establecimientos industriales y los castigos, que incluyen multas y clausuras (que no fueron mencionadas en las respuestas).
En el extenso informe, se hace mención a que en casos de derrames -y de acuerdo al grado de afectación, volumen y ubicación- suelen concretarse inspecciones mensuales, semanales o diarias para otras operadoras petroleras que hayan incurrido en maniobras que afectan el medio ambiente.
Sin embargo, el DPA no ofrece precisiones sobre los resultados de este tipo de incidentes.
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Investigadores que intentan generar energía limpia
Investigadores tras la generación de energía eléctrica, limpia y renovable
Fecha de Publicación: 25/11/2014
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Nacional
Investigadores de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas lideran innovadores desarrollos científicos a partir del uso de altas concentraciones de energía solar. Los proyectos, que emplean un motor Stirling; vapor por sales fundidas y energía fotovoltaica, permitirán a corto plazo transferir la tecnología a la producción en serie del sector industrial de nuestro país.
Desde la década del ochenta, el mundo globalizado e industrial vive una constante crisis en el abastecimiento de energía eléctrica. El creciente desarrollo tecnológico, sumado a la merma en la explotación de los recursos tradicionales como petróleo, carbón y gas, y la creciente conciencia de aplicar conceptos de energías limpias, ha volcado a los países del primer mundo a la búsqueda de nuevas fuentes energéticas renovables y alternativas.
La energía eólica, mareomotriz, geotérmica y de energía renovable procedente del aprovechamiento de la materia orgánica e inorgánica formada en algún proceso biológico o mecánico, generalmente, de las sustancias que constituyen los seres vivos (plantas, ser humano, animales, entre otros).')" onfocus="Tip('Tipo de energía renovable procedente del aprovechamiento de la materia orgánica e inorgánica formada en algún proceso biológico o mecánico, generalmente, de las sustancias que constituyen los seres vivos (plantas, ser humano, animales, entre otros).')">biomasa son algunas en desarrollo y con fuertes aplicaciones, pero la que más se utiliza en Europa y EEUU en el campo de la investigación, y en la aplicación industrial rápida, de usos poblacionales urbanos y habitacionales, es sin duda, la energía solar.
A partir de la premisa que indica que la energía solar es de gran alcance y rápida transferencia al medio productivo, expertos de la Universidad Nacional de La Plata llevan adelante una serie de proyectos de Sistemas Ópticos Concentradores en la aplicación de altas y medias temperaturas, para ello utilizan un motor Stirling; vapor por sales fundidas y energía fotovoltaica. La energía solar se divide en temperaturas bajas (80 a 120ºC), medias (150 a 300ºC) y altas (400 a 1.200ºC).
Luis Martorelli, licenciado en Astronomía y a cargo de las tres investigaciones que lleva adelante la Facultad, indicó a Argentina Investiga que “en las últimas décadas, la creciente demanda del sector industrial y de la población de nuestro país ha generado récords de consumo energético ya que ha superado los 40.000 kw/h, de manera que ha evidenciado serios problemas de abastecimiento en el suministro de energía eléctrica”.
El investigador aclaró que los distintos proyectos se encuentran en la etapa de desarrollo y todos tienen como condición prioritaria que deberán realizarse con materiales y tecnología netamente nacional. Y detalló: “El sistema de altas temperaturas con colector óptico parabólico con motor Stirling pretende alcanzar los 800 a 900ºC y generar 4 kw/h”. Este proyecto es motorizado por el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación junto con la UNLP, la Universidad Nacional de Catamarca, el Instituto Universitario Aeronáutico de Córdoba y la empresa Industrial Belgrano SA. En este caso, la radiación solar es concentrada mediante espejos cóncavos y la alta temperatura alcanzada en el foco de concentración se convierte en trabajo mecánico mediante una máquina térmica (una máquina que funciona entre una fuente caliente y una fría). El trabajo efectuado por el motor es luego convertido en energía eléctrica por un generador lineal. Este sistema puede ser utilizado en forma individual para alimentar una vivienda familiar, o en forma de planta solar de módulos para alcanzar en serie valores más elevados de producción eléctrica.
El segundo proyecto que lleva adelante el Laboratorio de Óptica de la Facultad (LOCE) junto con el Centro de Investigación de Metrología y Calidad (CEMECA), perteneciente a la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia (CIC), apunta al desarrollo de un sistema Colector Cilíndrico Parabólico (CCP) para la generación de vapor a través de sales fundidas y aceites calóricos sobre una turbina de vapor con temperaturas de 400ºC. Este desarrollo, si bien requiere de un importante espacio físico para la instalación de los colectores, es el más viable a nivel tecnológico.
Martorelli ejemplificó: “Para alimentar de energía eléctrica unas mil casas se necesitaría colocar colectores cilíndricos parabólicos en un campo de 12 mil metros cuadrados, es decir, en toda una manzana”.
La tercera instancia consiste en el desarrollo de un Horno Óptico Solar (HOS) de muy altas temperaturas (1.300 a 2.000ºC) para aplicaciones metalúrgicas y vitrificantes.
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Fecha de Publicación: 25/11/2014
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Nacional
Investigadores de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas lideran innovadores desarrollos científicos a partir del uso de altas concentraciones de energía solar. Los proyectos, que emplean un motor Stirling; vapor por sales fundidas y energía fotovoltaica, permitirán a corto plazo transferir la tecnología a la producción en serie del sector industrial de nuestro país.
Desde la década del ochenta, el mundo globalizado e industrial vive una constante crisis en el abastecimiento de energía eléctrica. El creciente desarrollo tecnológico, sumado a la merma en la explotación de los recursos tradicionales como petróleo, carbón y gas, y la creciente conciencia de aplicar conceptos de energías limpias, ha volcado a los países del primer mundo a la búsqueda de nuevas fuentes energéticas renovables y alternativas.
La energía eólica, mareomotriz, geotérmica y de energía renovable procedente del aprovechamiento de la materia orgánica e inorgánica formada en algún proceso biológico o mecánico, generalmente, de las sustancias que constituyen los seres vivos (plantas, ser humano, animales, entre otros).')" onfocus="Tip('Tipo de energía renovable procedente del aprovechamiento de la materia orgánica e inorgánica formada en algún proceso biológico o mecánico, generalmente, de las sustancias que constituyen los seres vivos (plantas, ser humano, animales, entre otros).')">biomasa son algunas en desarrollo y con fuertes aplicaciones, pero la que más se utiliza en Europa y EEUU en el campo de la investigación, y en la aplicación industrial rápida, de usos poblacionales urbanos y habitacionales, es sin duda, la energía solar.
A partir de la premisa que indica que la energía solar es de gran alcance y rápida transferencia al medio productivo, expertos de la Universidad Nacional de La Plata llevan adelante una serie de proyectos de Sistemas Ópticos Concentradores en la aplicación de altas y medias temperaturas, para ello utilizan un motor Stirling; vapor por sales fundidas y energía fotovoltaica. La energía solar se divide en temperaturas bajas (80 a 120ºC), medias (150 a 300ºC) y altas (400 a 1.200ºC).
Luis Martorelli, licenciado en Astronomía y a cargo de las tres investigaciones que lleva adelante la Facultad, indicó a Argentina Investiga que “en las últimas décadas, la creciente demanda del sector industrial y de la población de nuestro país ha generado récords de consumo energético ya que ha superado los 40.000 kw/h, de manera que ha evidenciado serios problemas de abastecimiento en el suministro de energía eléctrica”.
El investigador aclaró que los distintos proyectos se encuentran en la etapa de desarrollo y todos tienen como condición prioritaria que deberán realizarse con materiales y tecnología netamente nacional. Y detalló: “El sistema de altas temperaturas con colector óptico parabólico con motor Stirling pretende alcanzar los 800 a 900ºC y generar 4 kw/h”. Este proyecto es motorizado por el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación junto con la UNLP, la Universidad Nacional de Catamarca, el Instituto Universitario Aeronáutico de Córdoba y la empresa Industrial Belgrano SA. En este caso, la radiación solar es concentrada mediante espejos cóncavos y la alta temperatura alcanzada en el foco de concentración se convierte en trabajo mecánico mediante una máquina térmica (una máquina que funciona entre una fuente caliente y una fría). El trabajo efectuado por el motor es luego convertido en energía eléctrica por un generador lineal. Este sistema puede ser utilizado en forma individual para alimentar una vivienda familiar, o en forma de planta solar de módulos para alcanzar en serie valores más elevados de producción eléctrica.
El segundo proyecto que lleva adelante el Laboratorio de Óptica de la Facultad (LOCE) junto con el Centro de Investigación de Metrología y Calidad (CEMECA), perteneciente a la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia (CIC), apunta al desarrollo de un sistema Colector Cilíndrico Parabólico (CCP) para la generación de vapor a través de sales fundidas y aceites calóricos sobre una turbina de vapor con temperaturas de 400ºC. Este desarrollo, si bien requiere de un importante espacio físico para la instalación de los colectores, es el más viable a nivel tecnológico.
Martorelli ejemplificó: “Para alimentar de energía eléctrica unas mil casas se necesitaría colocar colectores cilíndricos parabólicos en un campo de 12 mil metros cuadrados, es decir, en toda una manzana”.
La tercera instancia consiste en el desarrollo de un Horno Óptico Solar (HOS) de muy altas temperaturas (1.300 a 2.000ºC) para aplicaciones metalúrgicas y vitrificantes.
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Ruralistas contra la 'demonización' de agroquímicos
Ruralistas reprochan la 'demonización' de los agroquímicos
Fecha de Publicación: 24/11/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En un encuentro organizado por el Ministerio de Agricultura provincial, especialistas replicaron informes sobre la relación entre fumigaciones y salud. El control, clave para evitar problemas.
Juárez Celman. El debate abierto en torno al impacto del uso de agroquímicos en la salud humana ha cobrado especial notoriedad en Córdoba. Sobre todo, con la aparición de informes que apuntan a una mayor tasa de cáncer en las regiones de más actividad agrícola y a un relevamiento preliminar de un grupo de médicos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) sobre casos en la localidad de Monte Maíz, en el sudeste provincial.
En ese marco, el sector ligado a la producción rural no se había pronunciado orgánicamente sobre ambas cuestiones.
Pero el pasado jueves, una jornada sobre aplicación de agroquímicos organizadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba en Juárez Celman fue el escenario para evidenciar esos planteos.
El evento tenía por finalidad explicar a autoridades municipales, productores, entidades rurales y comunicadores información técnica y científica respecto de las “buenas prácticas agrícolas”. Aunque se transformó en un ámbito para que el sector agropecuario se mostrara contrariado ante la difusión de datos que, según considera, carecen de rigor científico y potencian el enfrentamiento entre lo urbano y lo rural.
De hecho, la molestia de algunos profesionales y funcionarios fue indisimulable y la crítica hacia los medios de comunicación no se hizo esperar. Especialmente, por la difusión de un informe preliminar sobre casos de cáncer en Monte Maíz, en el que trabajaron docentes y estudiantes de la UNC.
“No somos envenenadores, ni asesinos”, se repitió durante todo el encuentro. Claramente lo expresó el ingeniero agrónomo Daniel Igarzábal, uno de los moderadores del panel de salud, toxicología y oncología: “Cuando alguien instala una primicia, después hay que probar lo contrario. Y ellos (por algunos ambientalistas) pegaron primero y lo hicieron con la salud y, específicamente, con el cáncer”.
Pero la jornada sirvió, más allá del enojo, para discutir problemáticas puntuales de la actividad productiva en relación a los agroquímicos.
Por ejemplo, precisar la deriva (el alcance) de las aplicaciones terrestre y aéreas, la existencia o no de intoxicaciones crónicas por la exposición a productos químicos y la necesidad de ajustar las ordenanzas municipales a la ley provincial, entre otros.
Demostraciones
Una demostración de campo sobre aplicaciones aéreas y terrestres se hizo, utilizando tarjetas hidrosensibles que luego fueron analizadas con escáneres y lupas especiales. Los técnicos mostraron que la deriva de productos químicos pulverizados nunca supera los 40 metros para el caso de las aéreas y que casi no hay deriva, salvo debajo del paso de la máquina, en las aplicaciones terrestres.
Para la experiencia se cargó una avioneta y un “mosquito” terrestre con agua y fue monitoreada por periodistas, funcionarios y autoridades municipales que fueron haciendo la lectura de las tarjetas que se colocaron a distancias regulares hasta llegar a los mil metros del lugar de la aplicación.
De todos modos, el ingeniero agrónomo Rubén Massaro aclaró que esas mediciones variarían sustancialmente si se utilizaran plaguicidas volátiles. Su sugerencia fue que en las ordenanzas municipales debería restringirse el uso de esos productos, alejando su aplicación de las zonas urbanas. Ese aspecto no lo contempla la ley provincial ni la mayoría de las normativas locales. De hecho, sugirió que a ese tipo de herbicidas habría que reemplazarlos.
La clave
Los agrónomos Alberto Etienot, Daniel Igarzábal y Rubén Massaro pusieron énfasis en la necesidad de acentuar controles sobre el modo en que se aplican los agroquímicos para tranquilidad a las comunidades.
“Está muy bien que haya una ley macro, pero el que tiene que aplicarla es el gobierno local, el municipal, que sabe las características de su comunidad. Y para disminuir riesgos es necesario que se incorporen más cuestiones técnicas en las normas que hoy están faltando”, opinó Massaro.
Para Etienot, otra clave es la capacitación de los aplicadores para que se cumpla el criterio de que se puede pulverizar en determinadas condiciones de clima, con determinada calibración de la maquinaria y con un tamaño de gota adecuado.
Luego, cuestionó la falta de rigor con que muchos hablan de riesgo de intoxicación crónica (a largo plazo) por agroquímicos: “No nos dejemos subyugar con la idea de la toxicidad crónica porque lo que importa es la duración del contacto con el agroquímico”, dijo. La referencia es a que nadie recibe un contacto diario porque no se aplican todos los días, sino sólo algunas veces al año.
Experiencias
Con controles. Más allá de la ley provincial de agroquímicos, hay municipios y comunas sin voluntad o sin capacidad de controlar su cumplimiento, respecto de las controvertidas fumigaciones sobre campos pegados a áreas urbanas. Los intendentes de Colonia Almada, Corralito, Tancacha y Monte Cristo fueron encargados de informar cómo lograron frenar los enfrentamientos entre productores agropecuarios y vecinos, a través de sencillos métodos de control. En esos casos, cuentan con una estación meteorológica móvil a la que el vecino puede acceder desde una computadora y saber si las condiciones de viento, temperatura y humedad son las adecuadas para realizar una pulverización.
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Fecha de Publicación: 24/11/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En un encuentro organizado por el Ministerio de Agricultura provincial, especialistas replicaron informes sobre la relación entre fumigaciones y salud. El control, clave para evitar problemas.
Juárez Celman. El debate abierto en torno al impacto del uso de agroquímicos en la salud humana ha cobrado especial notoriedad en Córdoba. Sobre todo, con la aparición de informes que apuntan a una mayor tasa de cáncer en las regiones de más actividad agrícola y a un relevamiento preliminar de un grupo de médicos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) sobre casos en la localidad de Monte Maíz, en el sudeste provincial.
En ese marco, el sector ligado a la producción rural no se había pronunciado orgánicamente sobre ambas cuestiones.
Pero el pasado jueves, una jornada sobre aplicación de agroquímicos organizadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba en Juárez Celman fue el escenario para evidenciar esos planteos.
El evento tenía por finalidad explicar a autoridades municipales, productores, entidades rurales y comunicadores información técnica y científica respecto de las “buenas prácticas agrícolas”. Aunque se transformó en un ámbito para que el sector agropecuario se mostrara contrariado ante la difusión de datos que, según considera, carecen de rigor científico y potencian el enfrentamiento entre lo urbano y lo rural.
De hecho, la molestia de algunos profesionales y funcionarios fue indisimulable y la crítica hacia los medios de comunicación no se hizo esperar. Especialmente, por la difusión de un informe preliminar sobre casos de cáncer en Monte Maíz, en el que trabajaron docentes y estudiantes de la UNC.
“No somos envenenadores, ni asesinos”, se repitió durante todo el encuentro. Claramente lo expresó el ingeniero agrónomo Daniel Igarzábal, uno de los moderadores del panel de salud, toxicología y oncología: “Cuando alguien instala una primicia, después hay que probar lo contrario. Y ellos (por algunos ambientalistas) pegaron primero y lo hicieron con la salud y, específicamente, con el cáncer”.
Pero la jornada sirvió, más allá del enojo, para discutir problemáticas puntuales de la actividad productiva en relación a los agroquímicos.
Por ejemplo, precisar la deriva (el alcance) de las aplicaciones terrestre y aéreas, la existencia o no de intoxicaciones crónicas por la exposición a productos químicos y la necesidad de ajustar las ordenanzas municipales a la ley provincial, entre otros.
Demostraciones
Una demostración de campo sobre aplicaciones aéreas y terrestres se hizo, utilizando tarjetas hidrosensibles que luego fueron analizadas con escáneres y lupas especiales. Los técnicos mostraron que la deriva de productos químicos pulverizados nunca supera los 40 metros para el caso de las aéreas y que casi no hay deriva, salvo debajo del paso de la máquina, en las aplicaciones terrestres.
Para la experiencia se cargó una avioneta y un “mosquito” terrestre con agua y fue monitoreada por periodistas, funcionarios y autoridades municipales que fueron haciendo la lectura de las tarjetas que se colocaron a distancias regulares hasta llegar a los mil metros del lugar de la aplicación.
De todos modos, el ingeniero agrónomo Rubén Massaro aclaró que esas mediciones variarían sustancialmente si se utilizaran plaguicidas volátiles. Su sugerencia fue que en las ordenanzas municipales debería restringirse el uso de esos productos, alejando su aplicación de las zonas urbanas. Ese aspecto no lo contempla la ley provincial ni la mayoría de las normativas locales. De hecho, sugirió que a ese tipo de herbicidas habría que reemplazarlos.
La clave
Los agrónomos Alberto Etienot, Daniel Igarzábal y Rubén Massaro pusieron énfasis en la necesidad de acentuar controles sobre el modo en que se aplican los agroquímicos para tranquilidad a las comunidades.
“Está muy bien que haya una ley macro, pero el que tiene que aplicarla es el gobierno local, el municipal, que sabe las características de su comunidad. Y para disminuir riesgos es necesario que se incorporen más cuestiones técnicas en las normas que hoy están faltando”, opinó Massaro.
Para Etienot, otra clave es la capacitación de los aplicadores para que se cumpla el criterio de que se puede pulverizar en determinadas condiciones de clima, con determinada calibración de la maquinaria y con un tamaño de gota adecuado.
Luego, cuestionó la falta de rigor con que muchos hablan de riesgo de intoxicación crónica (a largo plazo) por agroquímicos: “No nos dejemos subyugar con la idea de la toxicidad crónica porque lo que importa es la duración del contacto con el agroquímico”, dijo. La referencia es a que nadie recibe un contacto diario porque no se aplican todos los días, sino sólo algunas veces al año.
Experiencias
Con controles. Más allá de la ley provincial de agroquímicos, hay municipios y comunas sin voluntad o sin capacidad de controlar su cumplimiento, respecto de las controvertidas fumigaciones sobre campos pegados a áreas urbanas. Los intendentes de Colonia Almada, Corralito, Tancacha y Monte Cristo fueron encargados de informar cómo lograron frenar los enfrentamientos entre productores agropecuarios y vecinos, a través de sencillos métodos de control. En esos casos, cuentan con una estación meteorológica móvil a la que el vecino puede acceder desde una computadora y saber si las condiciones de viento, temperatura y humedad son las adecuadas para realizar una pulverización.
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Chubut tratará iniciativa popular contra la megaminería
Chubut tratará iniciativa popular contra minería a cielo abierto
Fecha de Publicación: 24/11/2014
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Chubut
La Legislatura de Chubut tratará el martes un proyecto de iniciativa popular que busca prohibir la minería con uso de cianuro a cielo abierto en la provincia, por lo cual se prevé un fuerte operativo de seguridad para evitar incidentes por la presencia de grupos a favor y en contra de la actividad, según informó la agencia de noticias DyN.
El vicegobernador Gustavo Mac Karthy explicó que "requerimos las medidas de seguridad necesarias dentro y fuera de la Legislatura porque sabemos que habrá movilizaciones tanto a favor como en contra" de la minería.
"Esperemos que el debate se dé dentro de la normalidad", anheló.
El presidente de la Legislatura afirmó que habrá "una barra para cada uno" de los sectores y estimó que se colocará "un vallado para separar bien la entrada y evitar inconvenientes".
El proyecto de Iniciativa Popular contó con 13 mil firmas y fue presentado a principios de junio por la Unión de Asambleas Ciudadanas y busca ampliar los alcances de la ley 5001, que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto con el uso de cianuro.
Uno de los vecinos promineros de Esquel que se movilizarán junto a habitantes e intendentes de la Meseta para participar del debate, Sergio Kain, recordó que "el 4 de junio presentamos una impugnación a esta iniciativa" por considerarla "inconstitucional" ya que "va en contra de dos leyes nacionales y un código". El dirigente sostuvo que de aprobarse la ley "afectará a Aluar".
"Esperemos que de una vez por todas se trate el tema seriamente, que no pase como en 2003 que se aprobó una ley como la 5001, que también es inconstitucional. La impulsaron los propios grupos antimineros y ahora también se oponen a la zonificación", prevista por esa reglamentación, añadió. Eso, dijo, "es algo que no se puede entender".
Por su parte, el vocero de la Unión de Asambleas Ciudadanas, Pablo Palicio, comentó en una entrevista con ADNSur que "la gente está entusiasmada" y que el 25 "se movilizará para presenciar una jornada histórica, salga como salga, porque la Iniciativa Popular está avalada por miles de personas".
Palicio negó que el proyecto sea anticonstitucional y manifestó que "no se va a cerrar Aluar ni a caerse el mundo por esta ley".
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Fecha de Publicación: 24/11/2014
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Chubut
La Legislatura de Chubut tratará el martes un proyecto de iniciativa popular que busca prohibir la minería con uso de cianuro a cielo abierto en la provincia, por lo cual se prevé un fuerte operativo de seguridad para evitar incidentes por la presencia de grupos a favor y en contra de la actividad, según informó la agencia de noticias DyN.
El vicegobernador Gustavo Mac Karthy explicó que "requerimos las medidas de seguridad necesarias dentro y fuera de la Legislatura porque sabemos que habrá movilizaciones tanto a favor como en contra" de la minería.
"Esperemos que el debate se dé dentro de la normalidad", anheló.
El presidente de la Legislatura afirmó que habrá "una barra para cada uno" de los sectores y estimó que se colocará "un vallado para separar bien la entrada y evitar inconvenientes".
El proyecto de Iniciativa Popular contó con 13 mil firmas y fue presentado a principios de junio por la Unión de Asambleas Ciudadanas y busca ampliar los alcances de la ley 5001, que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto con el uso de cianuro.
Uno de los vecinos promineros de Esquel que se movilizarán junto a habitantes e intendentes de la Meseta para participar del debate, Sergio Kain, recordó que "el 4 de junio presentamos una impugnación a esta iniciativa" por considerarla "inconstitucional" ya que "va en contra de dos leyes nacionales y un código". El dirigente sostuvo que de aprobarse la ley "afectará a Aluar".
"Esperemos que de una vez por todas se trate el tema seriamente, que no pase como en 2003 que se aprobó una ley como la 5001, que también es inconstitucional. La impulsaron los propios grupos antimineros y ahora también se oponen a la zonificación", prevista por esa reglamentación, añadió. Eso, dijo, "es algo que no se puede entender".
Por su parte, el vocero de la Unión de Asambleas Ciudadanas, Pablo Palicio, comentó en una entrevista con ADNSur que "la gente está entusiasmada" y que el 25 "se movilizará para presenciar una jornada histórica, salga como salga, porque la Iniciativa Popular está avalada por miles de personas".
Palicio negó que el proyecto sea anticonstitucional y manifestó que "no se va a cerrar Aluar ni a caerse el mundo por esta ley".
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Hierro Indio: Ok en Senadores, rechazado en Diputados
Diputados rechazó y archivó Hierro Indio
Fecha de Publicación: 23/11/2014
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Finalmente la UCR votó en contra e hizo caer el proyecto minero, que venía con media sanción del Senado. Clima de máxima tensión en el recinto.
La Cámara de Diputados votó en contra de Hierro Indio y el proyecto minero quedó archivado, en medio de una sesión tensa en el recinto.
La iniciativa tuvo 16 votos a favor del bloque del PJ y 28 en contra de la UCR y el FIT mientras que el massista Daniel Cassia se abstuvo y tres legisladores (entre ellos una del PJ) estuvieron ausentes.
Con su voto negativo en bloque, la UCR hizo caer la iniciativa, que ya tenía media sanción en el Senado.
"No vamos a acompañar la media sanción del Senado", había adelantado cerca de las 12.50 el jefe del bloque radical de Diputados, Néstor Parés.
El bloque del PJ votó a favor, pero sus voluntades no alcanzaron para mantener en pie el proyecto minero malargüino que puso en pie de guerra al pueblo de General Alvear.
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Fecha de Publicación: 23/11/2014
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Finalmente la UCR votó en contra e hizo caer el proyecto minero, que venía con media sanción del Senado. Clima de máxima tensión en el recinto.
La Cámara de Diputados votó en contra de Hierro Indio y el proyecto minero quedó archivado, en medio de una sesión tensa en el recinto.
La iniciativa tuvo 16 votos a favor del bloque del PJ y 28 en contra de la UCR y el FIT mientras que el massista Daniel Cassia se abstuvo y tres legisladores (entre ellos una del PJ) estuvieron ausentes.
Con su voto negativo en bloque, la UCR hizo caer la iniciativa, que ya tenía media sanción en el Senado.
"No vamos a acompañar la media sanción del Senado", había adelantado cerca de las 12.50 el jefe del bloque radical de Diputados, Néstor Parés.
El bloque del PJ votó a favor, pero sus voluntades no alcanzaron para mantener en pie el proyecto minero malargüino que puso en pie de guerra al pueblo de General Alvear.
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Llamado para conservar bosques en Formosa
Llamado para la presentación de planes de conservación y manejo de bosques nativos
Fecha de Publicación: 23/11/2014
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Formosa
El ministerio de la Producción y Ambiente, a través de la Dirección de Recursos Naturales y Gestión, en su carácter de Autoridad Local de Aplicación, lanzó la convocatoria a la presentación de planes de manejo, conservación y enriquecimiento de los bosques nativos en el marco de la aplicación de la Ley 26.331 “Operatoria 2015”.
Este llamado está dirigido a pequeños productores, asociaciones criollas y comunidades originarias. Se señala que toda persona física o jurídica que acredite titularidad de predios (o en su defecto, certificado expedido por el Instituto de Colonización y Tierras Fiscales actualizado de tenencia de la tierra) con bosques nativos, comprendidos en el Plan de Ordenamiento Territorial para las áreas boscosas de la provincia de Formosa, podrá acceder a la misma.
Los interesados deben dirigirse a la dirección de Recursos Naturales y Gestión, ubicada en la calle José María Uriburu 1513 en horario de 8.00 a 12.30 horas o por teléfono al 4436239, correo electrónico: bosquesnativosfsa@gmail.com;a fin de recibir la “Guía de procedimientos generales y contenidos mínimos de los planes de manejo y conservación 2015”. El plazo para la presentación de los respectivos planes es hasta el martes 09 de diciembre del presente año, inclusive.
Es la quinta convocatoria en la provincia, que se realiza desde la promulgación de la Ley 26.331. A la fecha fueron beneficiados más de 130 proyectos. En la selección de propuestas se prioriza a aquellos planes que generen mayores servicios ambientales y sociales.
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Fecha de Publicación: 23/11/2014
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Formosa
El ministerio de la Producción y Ambiente, a través de la Dirección de Recursos Naturales y Gestión, en su carácter de Autoridad Local de Aplicación, lanzó la convocatoria a la presentación de planes de manejo, conservación y enriquecimiento de los bosques nativos en el marco de la aplicación de la Ley 26.331 “Operatoria 2015”.
Este llamado está dirigido a pequeños productores, asociaciones criollas y comunidades originarias. Se señala que toda persona física o jurídica que acredite titularidad de predios (o en su defecto, certificado expedido por el Instituto de Colonización y Tierras Fiscales actualizado de tenencia de la tierra) con bosques nativos, comprendidos en el Plan de Ordenamiento Territorial para las áreas boscosas de la provincia de Formosa, podrá acceder a la misma.
Los interesados deben dirigirse a la dirección de Recursos Naturales y Gestión, ubicada en la calle José María Uriburu 1513 en horario de 8.00 a 12.30 horas o por teléfono al 4436239, correo electrónico: bosquesnativosfsa@gmail.com;a fin de recibir la “Guía de procedimientos generales y contenidos mínimos de los planes de manejo y conservación 2015”. El plazo para la presentación de los respectivos planes es hasta el martes 09 de diciembre del presente año, inclusive.
Es la quinta convocatoria en la provincia, que se realiza desde la promulgación de la Ley 26.331. A la fecha fueron beneficiados más de 130 proyectos. En la selección de propuestas se prioriza a aquellos planes que generen mayores servicios ambientales y sociales.
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Rescatan dos tigres en Tucumán
Rescatan dos tigres transportados con documentación apócrifa de Flora y Fauna de Tucumán
Fecha de Publicación: 22/11/2014
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Tucumán
Los animales eran transportados con certificados de cría en cautiverio (fotocopia del original) y una guía de tránsito otorgada por la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Alimentos de la Dirección de Flora Fauna Silvestre y suelo de la provincia de Tucumán.
El procedimiento se llevó a cabo en el marco de directivas emanadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación para la preservación del medio ambiente y la fauna silvestre.
Fuentes de la fuerza informaron que efectivos de la Sección Seguridad Vial "Lima" dependiente del Escuadrón "Zarate Brazo Largo" efectuaban un control sobre la Ruta Nacional número 9, kilómetro 94,400 cuando interceptaron la marcha de un vehículo Volkswagen Amarok.
Al llevar a cabo la requisa correspondiente, los uniformados constataron en la parte trasera del rodado un trailer donde el conductor -de nacionalidad argentina- trasladaba a dos ejemplares vivos de tigres asiáticos.
En ese momento, personal de Fuerza observó que el ciudadano transportaba certificados de cría en cautiverio (fotocopia del original) y una guía de tránsito otorgada por la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Alimentos de la Dirección de Flora Fauna Silvestre y suelo de la provincia de Tucumán.
Los gendarmes, al efectuar un minucioso control de la documentación, corroboraron que existían anomalías en la parte donde figura la especie, la cantidad y la fecha, constatando posteriormente que se trataba de un documento adulterado.
Los uniformados dieron intervención a la Secretaria de Desarrollo y Ambiente debido a que el conductor se encontraba en infracción a la Ley Nacional 22.421 (Conservación de la Fauna y Flora).
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Fecha de Publicación: 22/11/2014
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Tucumán
Los animales eran transportados con certificados de cría en cautiverio (fotocopia del original) y una guía de tránsito otorgada por la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Alimentos de la Dirección de Flora Fauna Silvestre y suelo de la provincia de Tucumán.
El procedimiento se llevó a cabo en el marco de directivas emanadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación para la preservación del medio ambiente y la fauna silvestre.
Fuentes de la fuerza informaron que efectivos de la Sección Seguridad Vial "Lima" dependiente del Escuadrón "Zarate Brazo Largo" efectuaban un control sobre la Ruta Nacional número 9, kilómetro 94,400 cuando interceptaron la marcha de un vehículo Volkswagen Amarok.
Al llevar a cabo la requisa correspondiente, los uniformados constataron en la parte trasera del rodado un trailer donde el conductor -de nacionalidad argentina- trasladaba a dos ejemplares vivos de tigres asiáticos.
En ese momento, personal de Fuerza observó que el ciudadano transportaba certificados de cría en cautiverio (fotocopia del original) y una guía de tránsito otorgada por la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Alimentos de la Dirección de Flora Fauna Silvestre y suelo de la provincia de Tucumán.
Los gendarmes, al efectuar un minucioso control de la documentación, corroboraron que existían anomalías en la parte donde figura la especie, la cantidad y la fecha, constatando posteriormente que se trataba de un documento adulterado.
Los uniformados dieron intervención a la Secretaria de Desarrollo y Ambiente debido a que el conductor se encontraba en infracción a la Ley Nacional 22.421 (Conservación de la Fauna y Flora).
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Chubut tendrá el primer aeropuerto sustentable
Se construirá en Chubut el primer aeropuerto respetuoso del medio ambiente del país
Fecha de Publicación: 22/11/2014
Fuente: Diario Crónica
Provincia/Región: Chubut
Será en esta ciudad y contará en una primera etapa con una inversión que supera los 140 millones de pesos. La apertura de la licitación para su construcción se realizará en enero de 2015.
Como resultado de las gestiones realizadas por el gobernador Martín Buzzi, se construirá en Chubut el primer aeropuerto respetuoso del medio ambiente del país. La obra, que se realizará en la ciudad de Comodoro Rivadavia, cuenta con aprobación del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y en su primera fase prevé una inversión que supera los 140 millones de pesos.
Cabe destacar que Aeropuertos Argentina 2000 avanzó en el desarrollo de la remodelación y modernización del aeropuerto “Enrique Mosconi” teniendo en cuenta las tendencias mundiales en construcción respetuosa del medio ambiente; además de que la nueva terminal del aeropuerto será certificada por la organización LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) que garantizará procesos de construcción sustentables y de alta performance.
Al respecto, el secretario de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos, Maximiliano López, indicó que "en la segunda quincena del mes de enero de 2015 se realizará la apertura de la licitación para la construcción de esta obra que beneficiará a la ciudad de Comodoro Rivadavia”.
Asimismo subrayó “la decisión del gobernador Martín Buzzi de gestionar obras de infraestructura aeroportuaria para la provincia”.
Cabe recordar que a mediados de julio de este año el gobernador Martín Buzzi recibió en Comodoro Rivadavia al titular de “Aeropuertos Argentina 2000”, Rafael Bielsa, con quien recorrió las instalaciones del Aeropuerto “Enrique Mosconi”, en función del proyecto de ampliación. Bielsa y el intendente Néstor Di Pierro, que participó del acto, destacaron “el impulso” que el Gobernador le dio al proyecto y a la obra de ampliación para que comience a concretarse.
Características de la obra
El nuevo edificio contará con 6.000 metros cuadrados, 3 cintas de equipajes, 12 mostradores de check-in, 2 mangas, sectores de preembarque internacional y de cabotaje que operarán simultáneamente, área de servicios y subsuelo de núcleos técnicos.
Este edificio formará parte de la tendencia mundial sobre construcciones respetuosas del medioambiente.
Para garantizar el cumplimiento de las normas, un inspector de LEED acompañará todo el proceso de edificación para otorgar la certificación esperada para este nuevo aeropuerto que es la “Gold”, una de las más altas que otorga dicha organización.
LEED establece normas específicas de construcción que priorizan la utilización de materiales de la zona, el uso responsable de la energía y de los recursos naturales.
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Fecha de Publicación: 22/11/2014
Fuente: Diario Crónica
Provincia/Región: Chubut
Será en esta ciudad y contará en una primera etapa con una inversión que supera los 140 millones de pesos. La apertura de la licitación para su construcción se realizará en enero de 2015.
Como resultado de las gestiones realizadas por el gobernador Martín Buzzi, se construirá en Chubut el primer aeropuerto respetuoso del medio ambiente del país. La obra, que se realizará en la ciudad de Comodoro Rivadavia, cuenta con aprobación del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y en su primera fase prevé una inversión que supera los 140 millones de pesos.
Cabe destacar que Aeropuertos Argentina 2000 avanzó en el desarrollo de la remodelación y modernización del aeropuerto “Enrique Mosconi” teniendo en cuenta las tendencias mundiales en construcción respetuosa del medio ambiente; además de que la nueva terminal del aeropuerto será certificada por la organización LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) que garantizará procesos de construcción sustentables y de alta performance.
Al respecto, el secretario de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos, Maximiliano López, indicó que "en la segunda quincena del mes de enero de 2015 se realizará la apertura de la licitación para la construcción de esta obra que beneficiará a la ciudad de Comodoro Rivadavia”.
Asimismo subrayó “la decisión del gobernador Martín Buzzi de gestionar obras de infraestructura aeroportuaria para la provincia”.
Cabe recordar que a mediados de julio de este año el gobernador Martín Buzzi recibió en Comodoro Rivadavia al titular de “Aeropuertos Argentina 2000”, Rafael Bielsa, con quien recorrió las instalaciones del Aeropuerto “Enrique Mosconi”, en función del proyecto de ampliación. Bielsa y el intendente Néstor Di Pierro, que participó del acto, destacaron “el impulso” que el Gobernador le dio al proyecto y a la obra de ampliación para que comience a concretarse.
Características de la obra
El nuevo edificio contará con 6.000 metros cuadrados, 3 cintas de equipajes, 12 mostradores de check-in, 2 mangas, sectores de preembarque internacional y de cabotaje que operarán simultáneamente, área de servicios y subsuelo de núcleos técnicos.
Este edificio formará parte de la tendencia mundial sobre construcciones respetuosas del medioambiente.
Para garantizar el cumplimiento de las normas, un inspector de LEED acompañará todo el proceso de edificación para otorgar la certificación esperada para este nuevo aeropuerto que es la “Gold”, una de las más altas que otorga dicha organización.
LEED establece normas específicas de construcción que priorizan la utilización de materiales de la zona, el uso responsable de la energía y de los recursos naturales.
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