Piden conocer el IA de Bajo el Durazno
09:00 | 
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Quieren saber cuál será el daño ambiental que causará la minera Bajo el Durazno
Fecha de Publicación: 12/11/2014
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Representantes de la ONG Conciencia Solidaria pidieron a las Direcciones de Minería y de Medio Ambiente de Tucumán conocer el Informe de Impacto Ambiental del proyecto minero Bajo el Durazno.
Tal como lo contempla la ley Nº 25831 (Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental), los activistas presentaron este lunes los pedidos de informes, dirigidos al director de Medio Ambiente, Rubén Amado Dip y a Juan Carlos Rongetti, director de Minería provincial.
“Sabemos que ya se firmó el acuerdo entre YMAD y la empresa minera. Sin embargo, jamás se presentó un estudio sobre el daño ambiental que esta explotación nos causará”, afirmó Iván Berkman, representante local de Conciencia Solidaria.
Para la explotación de Bajo el Durazno, todo indica que la firma Glencore Xstrata Cooper utilizará la misma infraestructura que hoy dispone Minera la Alumbrera, emprendimiento que se encuentra presto a agotarse, luego del comienzo de la explotación, en 1997.
Bajo el Durazno es un yacimiento de oro, plata y cobre, ubicado a pocos kilómetros del lugar donde está ubicado el yacimiento de Bajo La Alumbrera, en Catamarca.
“Cómo puede ser que el Gobierno de Catamarca e YMAD hayan acordado algo tan importante sin tener en cuenta el impacto ambiental que generará esto. Ni siquiera convocaron a una audiencia pública para dar a conocer esto. ¿Qué tienen que ocultarnos?, se preguntó el referente de Conciencia Solidaria.
Mediante una cinta transportadora de varios kilómetros de longitud todo el mineral explotado en el yacimiento Bajo el Durazno será llevado hasta los molinos de trituración, aislados los minerales bajo el nocivo método de flotación que utiliza espumas químicas para la separación de los metalíferos, y luego, todo ese barro mineral formado por los elementos saqueados y el agua pura arrebatada, llegarán a través de un mineraloducto de 316 kilómetros hasta el sur de Tucumán, a la localidad de Ranchillos.
“Una nueva oportunidad se nos ofrece momento a momento. Una renovada posibilidad de coexistir en armonía. Depende de nuestra actitud. Y no es que nada se pueda hacer, o que estos monstruos devoradores sean omnipotentes. La cuestión es: ¿hemos descubierto la potente energía que tiene un solo acto a favor de la vida?”, agregó Berkman.
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Fecha de Publicación: 12/11/2014
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Representantes de la ONG Conciencia Solidaria pidieron a las Direcciones de Minería y de Medio Ambiente de Tucumán conocer el Informe de Impacto Ambiental del proyecto minero Bajo el Durazno.
Tal como lo contempla la ley Nº 25831 (Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental), los activistas presentaron este lunes los pedidos de informes, dirigidos al director de Medio Ambiente, Rubén Amado Dip y a Juan Carlos Rongetti, director de Minería provincial.
“Sabemos que ya se firmó el acuerdo entre YMAD y la empresa minera. Sin embargo, jamás se presentó un estudio sobre el daño ambiental que esta explotación nos causará”, afirmó Iván Berkman, representante local de Conciencia Solidaria.
Para la explotación de Bajo el Durazno, todo indica que la firma Glencore Xstrata Cooper utilizará la misma infraestructura que hoy dispone Minera la Alumbrera, emprendimiento que se encuentra presto a agotarse, luego del comienzo de la explotación, en 1997.
Bajo el Durazno es un yacimiento de oro, plata y cobre, ubicado a pocos kilómetros del lugar donde está ubicado el yacimiento de Bajo La Alumbrera, en Catamarca.
“Cómo puede ser que el Gobierno de Catamarca e YMAD hayan acordado algo tan importante sin tener en cuenta el impacto ambiental que generará esto. Ni siquiera convocaron a una audiencia pública para dar a conocer esto. ¿Qué tienen que ocultarnos?, se preguntó el referente de Conciencia Solidaria.
Mediante una cinta transportadora de varios kilómetros de longitud todo el mineral explotado en el yacimiento Bajo el Durazno será llevado hasta los molinos de trituración, aislados los minerales bajo el nocivo método de flotación que utiliza espumas químicas para la separación de los metalíferos, y luego, todo ese barro mineral formado por los elementos saqueados y el agua pura arrebatada, llegarán a través de un mineraloducto de 316 kilómetros hasta el sur de Tucumán, a la localidad de Ranchillos.
“Una nueva oportunidad se nos ofrece momento a momento. Una renovada posibilidad de coexistir en armonía. Depende de nuestra actitud. Y no es que nada se pueda hacer, o que estos monstruos devoradores sean omnipotentes. La cuestión es: ¿hemos descubierto la potente energía que tiene un solo acto a favor de la vida?”, agregó Berkman.
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Laguna de Chimpay contaminada con agroquímicos
Confirman agroquímicos en la laguna de Chimpay
Fecha de Publicación: 12/11/2014
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Finalmente se confirmó ayer que la laguna "Rosario Burgos" en el parque ceferiniano se encuentra contaminada con polisulfuro. Así lo sostuvo, Pablo Crowley, de la unidad regional de Epidemiología y Salud Ambiental (Uresa), que ordenó los análisis.
El polisulfuro es utilizado en la producción frutícola como fungicida e insecticida. El grado de contaminación que produjo se ubica en nivel 3. Es decir, que si bien el primer impacto del producto (compuesto mayormente por sulfuro y calcio), tuvo un efecto cáustico, elevando la temperatura del agua y sacándole oxígeno, lo cual generó la muerte de peces, su acción es menor con el correr de los días. De hecho cuando se fumiga se recomienda que los trabajadores no se expongan en un plazo que va desde las 48 a las 72 horas.
En el caso de este espejo de agua, que tiene un drenaje muy poco caudaloso hacia un pequeño brazo del río, se recomienda que no se utilice al menos por unos 30 días más. En las personas, el polisulfuro que se ha asentado en el lecho de la laguna puede generar irritaciones en la piel y en los ojos.
Por ahora la hipótesis más firme es que en el lugar se lavó maquinaria que tenía el producto.
Ante esto surgieron dos inquietudes en la población: la primera; saber si los productores cumplen con los protocolos obligatorios para el manejo de agroquímicos, lavado de máquinas y disposición de envases. Y la segunda, qué organismo hace cumplir estas normas.
Es que si bien existen multas y penas, la jurisdicción o quién aplica la ley parecen diluirse en una serie de responsabilidades no especificas.
En este caso han intervenido la Uresa, la policía, y también deberían hacerlo el Departamento Provincial de Aguas y Medio Ambiente de la provincia.
La laguna "Rosario Burgos", es un pequeño espejo de agua de 800 metros de largo, que alcanza 50 metros de ancho. Esta ubicada sobre el ingreso al parque ceferiniano, a mano derecha. Allí se realiza canotaje, pesca, y hasta avistaje de aves.
Hace poco más de una semana, una extraña mancha blanco amarillenta cubrió parte de su superficie. Poco después la aparición de peces y aves muertas hizo que se dispararan las alarmas en el municipio, que puso en conocimiento de esto a la Uresa y la policía.
En ese momento, el presidente del Concejo Deliberante, Cristian Sepúlveda sostuvo que es "es un hecho grave. Es un desastre". Señaló que se realizó una denuncia penal y se le dio intervención al área especializada en este tipo de situaciones de la zona sanitaria del Valle Medio. "Sabemos dos empresas de la zona denunciaron el robo de agroquímicos y creemos que puede venir por ese lado" indicó Sepúlveda en diálogo con este medio.
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Fecha de Publicación: 12/11/2014
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Finalmente se confirmó ayer que la laguna "Rosario Burgos" en el parque ceferiniano se encuentra contaminada con polisulfuro. Así lo sostuvo, Pablo Crowley, de la unidad regional de Epidemiología y Salud Ambiental (Uresa), que ordenó los análisis.
El polisulfuro es utilizado en la producción frutícola como fungicida e insecticida. El grado de contaminación que produjo se ubica en nivel 3. Es decir, que si bien el primer impacto del producto (compuesto mayormente por sulfuro y calcio), tuvo un efecto cáustico, elevando la temperatura del agua y sacándole oxígeno, lo cual generó la muerte de peces, su acción es menor con el correr de los días. De hecho cuando se fumiga se recomienda que los trabajadores no se expongan en un plazo que va desde las 48 a las 72 horas.
En el caso de este espejo de agua, que tiene un drenaje muy poco caudaloso hacia un pequeño brazo del río, se recomienda que no se utilice al menos por unos 30 días más. En las personas, el polisulfuro que se ha asentado en el lecho de la laguna puede generar irritaciones en la piel y en los ojos.
Por ahora la hipótesis más firme es que en el lugar se lavó maquinaria que tenía el producto.
Ante esto surgieron dos inquietudes en la población: la primera; saber si los productores cumplen con los protocolos obligatorios para el manejo de agroquímicos, lavado de máquinas y disposición de envases. Y la segunda, qué organismo hace cumplir estas normas.
Es que si bien existen multas y penas, la jurisdicción o quién aplica la ley parecen diluirse en una serie de responsabilidades no especificas.
En este caso han intervenido la Uresa, la policía, y también deberían hacerlo el Departamento Provincial de Aguas y Medio Ambiente de la provincia.
La laguna "Rosario Burgos", es un pequeño espejo de agua de 800 metros de largo, que alcanza 50 metros de ancho. Esta ubicada sobre el ingreso al parque ceferiniano, a mano derecha. Allí se realiza canotaje, pesca, y hasta avistaje de aves.
Hace poco más de una semana, una extraña mancha blanco amarillenta cubrió parte de su superficie. Poco después la aparición de peces y aves muertas hizo que se dispararan las alarmas en el municipio, que puso en conocimiento de esto a la Uresa y la policía.
En ese momento, el presidente del Concejo Deliberante, Cristian Sepúlveda sostuvo que es "es un hecho grave. Es un desastre". Señaló que se realizó una denuncia penal y se le dio intervención al área especializada en este tipo de situaciones de la zona sanitaria del Valle Medio. "Sabemos dos empresas de la zona denunciaron el robo de agroquímicos y creemos que puede venir por ese lado" indicó Sepúlveda en diálogo con este medio.
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Nación dice que clausura de Dioxitek es política
Desde la Nación creen que la clausura de Dioxitek es política
Fecha de Publicación: 12/11/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Fuentes cercanas a la Cnea le achacan la responsabilidad a la gestión de Mestre. Dicen que está en riesgo la provisión de combustible a las plantas atómicas.
Buenos Aires. La clausura de la planta de Dioxitek en el barrio Alta Córdoba es una decisión estrictamente política del gobierno de Ramón Mestre, según la evaluación de fuentes cercanas a la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea).
Lo hicieron tras el cierre de la planta, luego de cumplirse el plazo de la última prórroga que se había firmado con el municipio.
“Dioxitek es la única planta del Estado en Alta Córdoba”, dijeron esas fuentes consultadas por La Voz del Interior . “Si fuera por el riesgo que supone, también hay otras plantas en ese barrio que deberían haber sido clausuradas y después verificarse, una por una, si realmente son peligrosas. Fue una decisión política”.
La evaluación se produjo ayer, en el segundo día en el que fueron vanos los intentos por obtener alguna información del Ministerio de Planificación Federal, del que depende la Cnea y, en consecuencia, Dioxitek. Tampoco pudo establecerse si desde la clausura hubo comunicación entre el titular de esa cartera, Julio De Vido, y el intendente capitalino, Ramón Mestre.
Las mismas fuentes aseguraron que la prolongación de la clausura de la planta procesadora de dióxido de uranio puede poner en riesgo el funcionamiento de las centrales nucleares Atucha I y II y Embalse. Dioxitek es la única productora del combustible para esas tres centrales que generan electricidad para 7 millones de personas, dijeron. “Si la clausura se extiende –estimaron–, a los tres meses las centrales dejarán de funcionar”.
Tampoco es una tarea sencilla la importación del dióxido de uranio. Podría hacerse desde Canadá, pero tendría que producirse un combustible igual al de Dioxitek, para el que están adecuadas las centrales nucleares. Además, una clausura prolongada de la planta de Alta Córdoba afectaría las exportaciones del material a India, Perú, Egipto y Australia.
“Pero por sobre todo –subrayaron las fuentes– está la decisión no sólo económica sino también de soberanía política de parte del Gobierno nacional de realizar en el país el ciclo completo de combustible nuclear por el altísimo valor agregado que conlleva”.
Formosa, lejos
El reemplazo de Dioxitek por una planta en el Polo Científico Tecnológico de Formosa, por otra parte, es una tarea que, según las fuentes, demandaría “entre dos y tres años, desde su construcción hasta su puesta en funcionamiento”. La semana pasada se aprobó el primer estudio de impacto ambiental, y en los últimos meses se retomaron a nivel diplomático las conversaciones con el gobierno de Paraguay, pese a no requerirse de su aprobación porque no se trata de una planta nuclear.
“No tiene sentido técnico, sino estrictamente político”, remataron las fuentes sobre la clausura de Dioxitek.
Incertidumbre
Futuro laboral. Los empleados de la planta de elaboración de dióxido de uranio clausurada el lunes por la Municipalidad de Córdoba afirmaron que se encuentran en medio de la incertidumbre, y que analizan realizar medidas de fuerza.
Preocupación. La medida puso en vilo a 140 trabajadores de la planta, a los que se suman otros 160 de empresas tercerizadas que brindan servicio en las instalaciones, ubicadas en Rodríguez Peña al 3200. Alberto Castro, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Dioxitek, sostuvo que desde la firma les dijeron que los puestos de trabajo no se perderán.
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Fecha de Publicación: 12/11/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Fuentes cercanas a la Cnea le achacan la responsabilidad a la gestión de Mestre. Dicen que está en riesgo la provisión de combustible a las plantas atómicas.
Buenos Aires. La clausura de la planta de Dioxitek en el barrio Alta Córdoba es una decisión estrictamente política del gobierno de Ramón Mestre, según la evaluación de fuentes cercanas a la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea).
Lo hicieron tras el cierre de la planta, luego de cumplirse el plazo de la última prórroga que se había firmado con el municipio.
“Dioxitek es la única planta del Estado en Alta Córdoba”, dijeron esas fuentes consultadas por La Voz del Interior . “Si fuera por el riesgo que supone, también hay otras plantas en ese barrio que deberían haber sido clausuradas y después verificarse, una por una, si realmente son peligrosas. Fue una decisión política”.
La evaluación se produjo ayer, en el segundo día en el que fueron vanos los intentos por obtener alguna información del Ministerio de Planificación Federal, del que depende la Cnea y, en consecuencia, Dioxitek. Tampoco pudo establecerse si desde la clausura hubo comunicación entre el titular de esa cartera, Julio De Vido, y el intendente capitalino, Ramón Mestre.
Las mismas fuentes aseguraron que la prolongación de la clausura de la planta procesadora de dióxido de uranio puede poner en riesgo el funcionamiento de las centrales nucleares Atucha I y II y Embalse. Dioxitek es la única productora del combustible para esas tres centrales que generan electricidad para 7 millones de personas, dijeron. “Si la clausura se extiende –estimaron–, a los tres meses las centrales dejarán de funcionar”.
Tampoco es una tarea sencilla la importación del dióxido de uranio. Podría hacerse desde Canadá, pero tendría que producirse un combustible igual al de Dioxitek, para el que están adecuadas las centrales nucleares. Además, una clausura prolongada de la planta de Alta Córdoba afectaría las exportaciones del material a India, Perú, Egipto y Australia.
“Pero por sobre todo –subrayaron las fuentes– está la decisión no sólo económica sino también de soberanía política de parte del Gobierno nacional de realizar en el país el ciclo completo de combustible nuclear por el altísimo valor agregado que conlleva”.
Formosa, lejos
El reemplazo de Dioxitek por una planta en el Polo Científico Tecnológico de Formosa, por otra parte, es una tarea que, según las fuentes, demandaría “entre dos y tres años, desde su construcción hasta su puesta en funcionamiento”. La semana pasada se aprobó el primer estudio de impacto ambiental, y en los últimos meses se retomaron a nivel diplomático las conversaciones con el gobierno de Paraguay, pese a no requerirse de su aprobación porque no se trata de una planta nuclear.
“No tiene sentido técnico, sino estrictamente político”, remataron las fuentes sobre la clausura de Dioxitek.
Incertidumbre
Futuro laboral. Los empleados de la planta de elaboración de dióxido de uranio clausurada el lunes por la Municipalidad de Córdoba afirmaron que se encuentran en medio de la incertidumbre, y que analizan realizar medidas de fuerza.
Preocupación. La medida puso en vilo a 140 trabajadores de la planta, a los que se suman otros 160 de empresas tercerizadas que brindan servicio en las instalaciones, ubicadas en Rodríguez Peña al 3200. Alberto Castro, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Dioxitek, sostuvo que desde la firma les dijeron que los puestos de trabajo no se perderán.
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La ley de semillas y la privatización de biodiversidad
“El anteproyecto de ley de semillas posibilita una mayor privatización de la biodiversidad nativa”
Fecha de Publicación: 11/11/2014
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
Entrevista a Tamara Perelmuter. Consultada por la nueva ley de semillas que impulsa el oficialismo, la politóloga advierte que su sanción profundizará la expropiación y la privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre en Argentina. Además, fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley, considerándolos delitos penales.
Licenciada en Ciencia Política, docente de la materia Sociología Rural de la UBA, militante de Patria Grande y miembro de la campaña "No a la nueva ley “Monsanto” de semillas en Argentina"
¿Cuáles son los puntos más importantes del proyecto de ley que los impulsa a organizarse y lanzar esta campaña en contra de su sanción?, ¿por qué la denominan ley “Monsanto”?
Contrariamente a lo que el nombre pareciera sugerir, las leyes de semillas que se están impulsando en la mayoría de nuestros países no tienen el objetivo de proteger a las semillas sino de otorgar derechos de propiedad intelectual sobre las mismas, aplicando los Derechos de Obtentor (derecho que se le otorga a quienes produjeran variedades mejoradas de semillas agrícolas para explotar en exclusividad el material de reproducción de la variedad, pero no alcanza al producto obtenido); y permitiendo de esta forma su apropiación, privatización y monopolización.
Las actuales leyes de semillas hacen ilegales a las semillas criollas y nativas y criminalizan a quienes han sido históricamente sus creadores, cuidadores y criadores. Además, permiten que las empresas se apropien de las semillas campesinas al permitir el registro de variedades “descubiertas”, lo que además de ser absurdo desde el punto de vista de los supuestos principios de la propiedad intelectual (que dice privatizar sólo lo inventado), es un absurdo en el ámbito de las semillas ya que toda variedad vegetal es obra humana. En otras palabras, las nuevas leyes permiten a las empresas o centros de investigación apropiarse del trabajo ajeno, más específicamente de las semillas campesinas.
En el caso de Argentina, lo que está en discusión es la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, que es del año 1973, cuyo última revisión del reglamento es de 1991. Condensa en un mismo cuerpo legal todo lo referido a producción, certificación y comercialización de semillas por un lado; y la protección de la propiedad intelectual en semillas por el otro.
El anteproyecto de Ley que se está discutiendo a puertas cerradas en el Ministerio de Agricultura responde a una avanzada en varios sentidos: 1) avanza sobre el denominado “uso propio” de las semillas, al limitar la posibilidad de “guardar semilla” para la siguiente cosecha, derecho básico de los agricultores y fundamento de toda agricultura. El anteproyecto remarca que sólo podrán hacer uso de esta prerrogativa los denominados agricultores exceptuados, quienes deben estar debidamente inscriptos en el Registro Nacional de Usuarios de Semillas; 2) ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semillas libremente a partir de la cosecha anterior. Según el anteproyecto de ley, solamente podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en el Registro Nacional de Usuarios de Semillas; 3) abre las puertas para que se profundicen la expropiación y la privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina. El anteproyecto de ley hace posible una mayor privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de Argentina al expandir sobre todas las especies vegetales los llamados derechos de obtentor, es decir, cierta forma de propiedad intelectual sobre las semillas que permite a quien “desarrolla” una nueva variedad de semilla tener el control sobre la misma durante una cantidad de años; 4) el Proyecto fortalece aún más la posibilidad de apropiación al extender por veinte años el derecho de obtentor; y, en particular, para el caso de vides, árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales, la duración de la protección es de veinticinco años; 5) fortalece un sistema policial para asegurar que las disposiciones de la ley se observen adecuadamente y permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley considerándolos, además, delitos penales.
¿Quién elaboró este proyecto de ley?, ¿se convocó a los diversos sectores interesados a participar en su redacción?
Desde 2003 existen intentos por transformar nuevamente la Ley de Semillas, con la intención de brindarle mayor certidumbre a las empresas recortando derechos de los productores. El 2012 fue una año con varias novedades al respecto. Por un lado, la empresa Monsanto anunció que se instalará en la provincia de Córdoba para instalar una de las plantas más grandes de América Latina en la localidad de Malvinas, a 12 kilómetros de la capital cordobesa. Por otro lado, la misma empresa presentó junto al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, la nueva tecnología en soja Intacta RR2, que fue modificada genéticamente por Monsanto para lograr un cultivo que, como su antecesor, será resistente al glifosato (el más popular herbicida) y le agregará resistencia al ataque de insectos. Finalmente, en la misma conferencia, el ministro anunció que desde el Gobierno nacional se está trabajando en una nueva Ley de Semillas para reforzar los derechos de propiedad intelectual de biotecnología agrícola. Se inició así un proceso de negociaciones en el marco de la Comisión Nacional de Semillas (CONASE), en las que participaron miembros de organismos públicos (INTA, INASE, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca), del sector privado (ASA, CASEM, AACREA, AAPRESID) y de las entidades de productores agrarios (Federación Agraria, Sociedad Rural, Coninagro y CRA).
El nuevo texto tuvo desde el primer momento la opinión favorable de la industria semillera, de la AAPRESID y también de la AACREA, de la Sociedad Rural Argentina, de CRA y de Coninagro, aunque estas últimas con algunas objeciones. La Federación Agraria, en cambio, formuló su rechazo y se retiró de la mesa de negociaciones. Otros actores vinculados a las semillas, como las organizaciones campesinas e indígenas, o aquellas relacionadas con la denominada agricultura familiar, no fueron consultadas ni incorporadas formalmente al debate. Para fines de 2012, las negociaciones estaban estancadas.
En mayo de 2014, la Secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura del Ministerio de Agricultura, Carla Campos Bilbao, presentó un nuevo anteproyecto de Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, en el marco de unas jornadas de la que participaron varias organizaciones campesinas y de pequeños productores de todo el país. Respecto de una versión anterior, el nuevo borrador incorpora artículos en relación a las especies nativas y criollas, agricultura familiar y pueblos originarios y su vínculo con el resto de la ley. En relación a las semillas criollas, el anteproyecto plantea que es facultad del Instituto Nacional de Semillas (INASE) regular la producción y el comercio de semillas de las especies nativas y criollas. En cuanto a la agricultura familiar y pueblos originarios, se debe tener presente que este capítulo se introduce fundamentalmente para poder aplicar las excepciones que plantea el anteproyecto de ley en su artículo 32 y que parece ser una especie de consuelo para que los agricultores acepten el cercenamiento al uso propio de las semillas.
¿Qué tipo de organizaciones nuclea la Campaña?, ¿qué acciones de protesta están llevando a cabo?
Somos organizaciones sociales, políticas, socioambientales y campesinas y nuestras mayores acciones hoy se centran en difundir la problemática haciendo charlas, talleres, volanteadas, radios abiertas y todo lo que sea necesario en ese sentido. Estamos haciendo una campaña de fotos en las redes sociales con la leyenda No a la nueva ley “Monsanto” de semillas en Argentina. Y estamos organizando, junto a otras organizaciones que no son de la campaña, una jornada pública de debate en el Congreso Nacional para discutir las leyes de semillas y el modelo productivo.
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Fecha de Publicación: 11/11/2014
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
Entrevista a Tamara Perelmuter. Consultada por la nueva ley de semillas que impulsa el oficialismo, la politóloga advierte que su sanción profundizará la expropiación y la privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre en Argentina. Además, fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley, considerándolos delitos penales.
Licenciada en Ciencia Política, docente de la materia Sociología Rural de la UBA, militante de Patria Grande y miembro de la campaña "No a la nueva ley “Monsanto” de semillas en Argentina"
¿Cuáles son los puntos más importantes del proyecto de ley que los impulsa a organizarse y lanzar esta campaña en contra de su sanción?, ¿por qué la denominan ley “Monsanto”?
Contrariamente a lo que el nombre pareciera sugerir, las leyes de semillas que se están impulsando en la mayoría de nuestros países no tienen el objetivo de proteger a las semillas sino de otorgar derechos de propiedad intelectual sobre las mismas, aplicando los Derechos de Obtentor (derecho que se le otorga a quienes produjeran variedades mejoradas de semillas agrícolas para explotar en exclusividad el material de reproducción de la variedad, pero no alcanza al producto obtenido); y permitiendo de esta forma su apropiación, privatización y monopolización.
Las actuales leyes de semillas hacen ilegales a las semillas criollas y nativas y criminalizan a quienes han sido históricamente sus creadores, cuidadores y criadores. Además, permiten que las empresas se apropien de las semillas campesinas al permitir el registro de variedades “descubiertas”, lo que además de ser absurdo desde el punto de vista de los supuestos principios de la propiedad intelectual (que dice privatizar sólo lo inventado), es un absurdo en el ámbito de las semillas ya que toda variedad vegetal es obra humana. En otras palabras, las nuevas leyes permiten a las empresas o centros de investigación apropiarse del trabajo ajeno, más específicamente de las semillas campesinas.
En el caso de Argentina, lo que está en discusión es la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, que es del año 1973, cuyo última revisión del reglamento es de 1991. Condensa en un mismo cuerpo legal todo lo referido a producción, certificación y comercialización de semillas por un lado; y la protección de la propiedad intelectual en semillas por el otro.
El anteproyecto de Ley que se está discutiendo a puertas cerradas en el Ministerio de Agricultura responde a una avanzada en varios sentidos: 1) avanza sobre el denominado “uso propio” de las semillas, al limitar la posibilidad de “guardar semilla” para la siguiente cosecha, derecho básico de los agricultores y fundamento de toda agricultura. El anteproyecto remarca que sólo podrán hacer uso de esta prerrogativa los denominados agricultores exceptuados, quienes deben estar debidamente inscriptos en el Registro Nacional de Usuarios de Semillas; 2) ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semillas libremente a partir de la cosecha anterior. Según el anteproyecto de ley, solamente podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en el Registro Nacional de Usuarios de Semillas; 3) abre las puertas para que se profundicen la expropiación y la privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina. El anteproyecto de ley hace posible una mayor privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de Argentina al expandir sobre todas las especies vegetales los llamados derechos de obtentor, es decir, cierta forma de propiedad intelectual sobre las semillas que permite a quien “desarrolla” una nueva variedad de semilla tener el control sobre la misma durante una cantidad de años; 4) el Proyecto fortalece aún más la posibilidad de apropiación al extender por veinte años el derecho de obtentor; y, en particular, para el caso de vides, árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales, la duración de la protección es de veinticinco años; 5) fortalece un sistema policial para asegurar que las disposiciones de la ley se observen adecuadamente y permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley considerándolos, además, delitos penales.
¿Quién elaboró este proyecto de ley?, ¿se convocó a los diversos sectores interesados a participar en su redacción?
Desde 2003 existen intentos por transformar nuevamente la Ley de Semillas, con la intención de brindarle mayor certidumbre a las empresas recortando derechos de los productores. El 2012 fue una año con varias novedades al respecto. Por un lado, la empresa Monsanto anunció que se instalará en la provincia de Córdoba para instalar una de las plantas más grandes de América Latina en la localidad de Malvinas, a 12 kilómetros de la capital cordobesa. Por otro lado, la misma empresa presentó junto al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, la nueva tecnología en soja Intacta RR2, que fue modificada genéticamente por Monsanto para lograr un cultivo que, como su antecesor, será resistente al glifosato (el más popular herbicida) y le agregará resistencia al ataque de insectos. Finalmente, en la misma conferencia, el ministro anunció que desde el Gobierno nacional se está trabajando en una nueva Ley de Semillas para reforzar los derechos de propiedad intelectual de biotecnología agrícola. Se inició así un proceso de negociaciones en el marco de la Comisión Nacional de Semillas (CONASE), en las que participaron miembros de organismos públicos (INTA, INASE, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca), del sector privado (ASA, CASEM, AACREA, AAPRESID) y de las entidades de productores agrarios (Federación Agraria, Sociedad Rural, Coninagro y CRA).
El nuevo texto tuvo desde el primer momento la opinión favorable de la industria semillera, de la AAPRESID y también de la AACREA, de la Sociedad Rural Argentina, de CRA y de Coninagro, aunque estas últimas con algunas objeciones. La Federación Agraria, en cambio, formuló su rechazo y se retiró de la mesa de negociaciones. Otros actores vinculados a las semillas, como las organizaciones campesinas e indígenas, o aquellas relacionadas con la denominada agricultura familiar, no fueron consultadas ni incorporadas formalmente al debate. Para fines de 2012, las negociaciones estaban estancadas.
En mayo de 2014, la Secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura del Ministerio de Agricultura, Carla Campos Bilbao, presentó un nuevo anteproyecto de Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, en el marco de unas jornadas de la que participaron varias organizaciones campesinas y de pequeños productores de todo el país. Respecto de una versión anterior, el nuevo borrador incorpora artículos en relación a las especies nativas y criollas, agricultura familiar y pueblos originarios y su vínculo con el resto de la ley. En relación a las semillas criollas, el anteproyecto plantea que es facultad del Instituto Nacional de Semillas (INASE) regular la producción y el comercio de semillas de las especies nativas y criollas. En cuanto a la agricultura familiar y pueblos originarios, se debe tener presente que este capítulo se introduce fundamentalmente para poder aplicar las excepciones que plantea el anteproyecto de ley en su artículo 32 y que parece ser una especie de consuelo para que los agricultores acepten el cercenamiento al uso propio de las semillas.
¿Qué tipo de organizaciones nuclea la Campaña?, ¿qué acciones de protesta están llevando a cabo?
Somos organizaciones sociales, políticas, socioambientales y campesinas y nuestras mayores acciones hoy se centran en difundir la problemática haciendo charlas, talleres, volanteadas, radios abiertas y todo lo que sea necesario en ese sentido. Estamos haciendo una campaña de fotos en las redes sociales con la leyenda No a la nueva ley “Monsanto” de semillas en Argentina. Y estamos organizando, junto a otras organizaciones que no son de la campaña, una jornada pública de debate en el Congreso Nacional para discutir las leyes de semillas y el modelo productivo.
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Decomisan 100 toneladas de Palo Santo
Chaco: 100 toneladas de Palo Santo acopiados en un galpón
Fecha de Publicación: 11/11/2014
Fuente: Noticias Ambientales
Provincia/Región: Chaco
Una gran cantidad de madera fue hallada en una fábrica abonada en las afueras de la ciudad de Sáenz Peña
Inspectores de la Dirección de Bosques detectaron el acopio de una gran cantidad de madera en un galpón abonado, donde antes funcionaba la fábrica Narampol, a las afuera de la ciudad de Sáenz Peña. Con los datos en manos arribaron al lugar inspectores de la Dirección de Bosques, para constatar el hallazgo y proceder en consecuencia
Este procedimiento y el resultado del mismo fue posible gracias al trabajo que realizaron los inspectores de la Dirección de Bosques entre ellos Pedro Gutiérrez quien dedicó muchas hora de su tiempo para investigar y descubrir el procedimiento que utilizaba esta gente para no ser descubierto, para lo cual los camiones debieron ingresar cerrados con los acoplados totalmente tapados para no ser detectados y poder acopiarlos en este lugar.
Pedro Gutiérrez, el inspector que manejaba la información del acopio, trabajó durante tres meses para detectar esta irregularidad, trabajo que significó no solo seguimiento, sino también guardias para detectar el ingreso y egreso de los camiones y la comprobación fehaciente de que en ese lugar se estaba bajando madera para su acopio, una madera muy precisada y cara.
Según explicó el ingeniero Arroyo, esta madera, cuyos algunos ejemplares datan de entre 79 a 25 años, fueron traídas de la zona de Misión Nueva Pompeya y probablemente tenía como destino la exportación. Llamó la atención la forma en que se produjo el acopio de este material, aseguraron los técnicos que de los años que trabajan al frente de al Dirección de Bosques era la primera vez que veían este tipo de accionar, para ocultar la madera y acopiarlas de esta forma, una nueva modalidad, seguramente por el tipo de madera, ya que se trata de una madera muy preciada y cara que se está cuidando mucho porque se tiende a la extinción de la misma.
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Fecha de Publicación: 11/11/2014
Fuente: Noticias Ambientales
Provincia/Región: Chaco
Una gran cantidad de madera fue hallada en una fábrica abonada en las afueras de la ciudad de Sáenz Peña
Inspectores de la Dirección de Bosques detectaron el acopio de una gran cantidad de madera en un galpón abonado, donde antes funcionaba la fábrica Narampol, a las afuera de la ciudad de Sáenz Peña. Con los datos en manos arribaron al lugar inspectores de la Dirección de Bosques, para constatar el hallazgo y proceder en consecuencia
Este procedimiento y el resultado del mismo fue posible gracias al trabajo que realizaron los inspectores de la Dirección de Bosques entre ellos Pedro Gutiérrez quien dedicó muchas hora de su tiempo para investigar y descubrir el procedimiento que utilizaba esta gente para no ser descubierto, para lo cual los camiones debieron ingresar cerrados con los acoplados totalmente tapados para no ser detectados y poder acopiarlos en este lugar.
Pedro Gutiérrez, el inspector que manejaba la información del acopio, trabajó durante tres meses para detectar esta irregularidad, trabajo que significó no solo seguimiento, sino también guardias para detectar el ingreso y egreso de los camiones y la comprobación fehaciente de que en ese lugar se estaba bajando madera para su acopio, una madera muy precisada y cara.
Según explicó el ingeniero Arroyo, esta madera, cuyos algunos ejemplares datan de entre 79 a 25 años, fueron traídas de la zona de Misión Nueva Pompeya y probablemente tenía como destino la exportación. Llamó la atención la forma en que se produjo el acopio de este material, aseguraron los técnicos que de los años que trabajan al frente de al Dirección de Bosques era la primera vez que veían este tipo de accionar, para ocultar la madera y acopiarlas de esta forma, una nueva modalidad, seguramente por el tipo de madera, ya que se trata de una madera muy preciada y cara que se está cuidando mucho porque se tiende a la extinción de la misma.
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Hierro Indio, proyecto minero a votación
Minería: llegó la hora de la votación
Fecha de Publicación: 11/11/2014
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
El proyecto minero se tratará en la sesión de la semana que viene, ya que el debate en comisiones se considera cerrado. El PJ pretende aprobarlo, pero tiene en contra al radicalismo y a un intendente propio: Juan Carlos de Paolo, de General Alvear.
El Senado provincial votará la semana próxima el proyecto Hierro Indio, que tendrá una definición muy reñida en el recinto.
A este acuerdo arribaron peronistas y radicales a lo largo de una jornada en la que, a pesar de definirse la fecha para tratar el proyecto, se confirmaron las diferencias entre los principales partidos.
El PJ quiere que se apruebe la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que habilita la exploración de una zona de Malargüe en búsqueda de hierro. La UCR, en cambio, decidió ayer que pedirá que la DIA vuelva al Poder Ejecutivo para incluir un informe sectorial de General Alvear. Este es un pedido del intendente del departamento sureño, Juan Carlos de Paolo, quien se ha convertido en un obstáculo duro para el proyecto, a pesar de pertenecer al justicialismo.
Así de enredada quedó la discusión de la minería. Ayer hubo reunión de comisiones en el Senado. Los radicales evacuaron algunas dudas, pero volvieron a pedir que se cumpla el artículo 5 de la ley 7722. Ese artículo dice que "la autoridad de aplicación garantizará, en todo proceso de evaluación del proceso de impacto ambiental, la participación de los municipios de las cuencas hídricas y aquellas regiones que se manifiesten como tales, afectadas por el proyecto respectivo".
Se trata de un párrafo en el cual se origina el reclamo del intendente De Paolo, que reclama participación debido a que Alvear ocupa la misma cuenca que Malargüe: la del río Atuel. Esto quiere decir que el grueso de los radicales y el intendente De Paolo se han convertido en aliados en este pedido.
El jefe del bloque de senadores del justicialismo, Fernando Simón, cree en cambio que Alvear no puede reclamar participación en el expediente porque su departamento no resultará afectado por esta etapa del proyecto. Por lo tanto, rechaza la vuelta de la DIA al Ejecutivo, como piden los radicales y De Paolo.
Estancados
Como el debate se estancó en este punto, radicales y peronistas definieron ayer que Hierro Indio se discutirá la semana que viene en el recinto, con o sin despacho de comisión.
Así lo confirmó Gerardo del Río, jefe del bloque de senadores de la UCR, al final de una jornada que incluyó una reunión en la sede del partido para discutir la minería, entre otros temas.
Este arreglo tiene un punto a favor para el PJ: evitará que el oficialismo deba conseguir los dos tercios de los votos para el tratamiento de Hierro Indio en el recinto.
Ahora, respecto de la votación, en la que solo hará falta que alguna de las dos posturas obtenga la mitad más uno para imponerse, el final por ahora no se puede anticipar.
El PJ tiene 18 representantes y puede sumar 19 votos en total si suma el del legislador de Unidad Popular, Néstor Márquez. Pero el oficialismo no descarta que el bloque se divida por las posiciones encontradas que genera la minería.
La UCR, por su parte, tiene 16 representantes y su conductor, Del Río, sostiene que la mayoría ya decidió que votará en contra de Hierro Indio.
En este escenario tendrán mucho peso los votos del PRO, el FIT y el Frente Renovador, que tienen un representante cada uno en el Senado.
De pasar el filtro de la Cámara Alta, el proyecto todavía deberá discutirse en Diputados.
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Fecha de Publicación: 11/11/2014
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
El proyecto minero se tratará en la sesión de la semana que viene, ya que el debate en comisiones se considera cerrado. El PJ pretende aprobarlo, pero tiene en contra al radicalismo y a un intendente propio: Juan Carlos de Paolo, de General Alvear.
El Senado provincial votará la semana próxima el proyecto Hierro Indio, que tendrá una definición muy reñida en el recinto.
A este acuerdo arribaron peronistas y radicales a lo largo de una jornada en la que, a pesar de definirse la fecha para tratar el proyecto, se confirmaron las diferencias entre los principales partidos.
El PJ quiere que se apruebe la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que habilita la exploración de una zona de Malargüe en búsqueda de hierro. La UCR, en cambio, decidió ayer que pedirá que la DIA vuelva al Poder Ejecutivo para incluir un informe sectorial de General Alvear. Este es un pedido del intendente del departamento sureño, Juan Carlos de Paolo, quien se ha convertido en un obstáculo duro para el proyecto, a pesar de pertenecer al justicialismo.
Así de enredada quedó la discusión de la minería. Ayer hubo reunión de comisiones en el Senado. Los radicales evacuaron algunas dudas, pero volvieron a pedir que se cumpla el artículo 5 de la ley 7722. Ese artículo dice que "la autoridad de aplicación garantizará, en todo proceso de evaluación del proceso de impacto ambiental, la participación de los municipios de las cuencas hídricas y aquellas regiones que se manifiesten como tales, afectadas por el proyecto respectivo".
Se trata de un párrafo en el cual se origina el reclamo del intendente De Paolo, que reclama participación debido a que Alvear ocupa la misma cuenca que Malargüe: la del río Atuel. Esto quiere decir que el grueso de los radicales y el intendente De Paolo se han convertido en aliados en este pedido.
El jefe del bloque de senadores del justicialismo, Fernando Simón, cree en cambio que Alvear no puede reclamar participación en el expediente porque su departamento no resultará afectado por esta etapa del proyecto. Por lo tanto, rechaza la vuelta de la DIA al Ejecutivo, como piden los radicales y De Paolo.
Estancados
Como el debate se estancó en este punto, radicales y peronistas definieron ayer que Hierro Indio se discutirá la semana que viene en el recinto, con o sin despacho de comisión.
Así lo confirmó Gerardo del Río, jefe del bloque de senadores de la UCR, al final de una jornada que incluyó una reunión en la sede del partido para discutir la minería, entre otros temas.
Este arreglo tiene un punto a favor para el PJ: evitará que el oficialismo deba conseguir los dos tercios de los votos para el tratamiento de Hierro Indio en el recinto.
Ahora, respecto de la votación, en la que solo hará falta que alguna de las dos posturas obtenga la mitad más uno para imponerse, el final por ahora no se puede anticipar.
El PJ tiene 18 representantes y puede sumar 19 votos en total si suma el del legislador de Unidad Popular, Néstor Márquez. Pero el oficialismo no descarta que el bloque se divida por las posiciones encontradas que genera la minería.
La UCR, por su parte, tiene 16 representantes y su conductor, Del Río, sostiene que la mayoría ya decidió que votará en contra de Hierro Indio.
En este escenario tendrán mucho peso los votos del PRO, el FIT y el Frente Renovador, que tienen un representante cada uno en el Senado.
De pasar el filtro de la Cámara Alta, el proyecto todavía deberá discutirse en Diputados.
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Catamarca llama a presentar proyectos de Bosques
Convocatoria anual de Proyectos de Bosques Nativos
Fecha de Publicación: 10/11/2014
Fuente: Diario C
Provincia/Región: Catamarca
La Dirección Provincial de Bosques Nativos, dependiente de la Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable, informa que a partir del lunes 10 de noviembre, y hasta el viernes 5 de diciembre próximo, se encuentra abierta la convocatoria del período 2015, para la presentación de proyectos de bosques nativos, para ser financiados por el Fondo Nacional de Compensación de Bosques Nativos.
Estos proyectos, que incluyen diferentes modalidades, tales como conservación, manejo sostenible, o formulación, con distintos tipos a su vez de cada uno, deberán ser presentados en los formularios que deben solicitarse en las oficinas de la Dirección Provincial de Bosques Nativos, junto con la documentación que se indicará en el respectivo instructivo que se entrega allí.
La atención al público, para consultas y solicitud de formularios y condiciones para la presentación de proyectos, se realiza en las oficinas de la Dirección mencionada, ubicadas en el pabellón 1 del CAPE, en horario de 8 a 12 hs.
La presentación de proyectos deberá hacerse en la oficina citada, impresa en papel y en formato digital, por lo que se recomienda a los propietarios de campos y técnicos responsables que se asesoren correctamente en la Dirección Provincial de Bosques Nativos, antes de la presentación final.
Por otra parte, también se informa que los formularios para la presentación de proyectos y sus instructivos podrán leerse en la página web de la Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable (www.ambiente.catamarca.gov.ar).
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Fecha de Publicación: 10/11/2014
Fuente: Diario C
Provincia/Región: Catamarca
La Dirección Provincial de Bosques Nativos, dependiente de la Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable, informa que a partir del lunes 10 de noviembre, y hasta el viernes 5 de diciembre próximo, se encuentra abierta la convocatoria del período 2015, para la presentación de proyectos de bosques nativos, para ser financiados por el Fondo Nacional de Compensación de Bosques Nativos.
Estos proyectos, que incluyen diferentes modalidades, tales como conservación, manejo sostenible, o formulación, con distintos tipos a su vez de cada uno, deberán ser presentados en los formularios que deben solicitarse en las oficinas de la Dirección Provincial de Bosques Nativos, junto con la documentación que se indicará en el respectivo instructivo que se entrega allí.
La atención al público, para consultas y solicitud de formularios y condiciones para la presentación de proyectos, se realiza en las oficinas de la Dirección mencionada, ubicadas en el pabellón 1 del CAPE, en horario de 8 a 12 hs.
La presentación de proyectos deberá hacerse en la oficina citada, impresa en papel y en formato digital, por lo que se recomienda a los propietarios de campos y técnicos responsables que se asesoren correctamente en la Dirección Provincial de Bosques Nativos, antes de la presentación final.
Por otra parte, también se informa que los formularios para la presentación de proyectos y sus instructivos podrán leerse en la página web de la Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable (www.ambiente.catamarca.gov.ar).
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Córdoba: hoy clausurarían complejo nuclear
El municipio cerrará hoy la planta de Dioxitek
Fecha de Publicación: 10/11/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Está previsto que hoy inhabilite la planta. Funam criticó la clausura "tardía" de la planta.
La Municipalidad de Córdoba dice que cualquier relación entre la clausura de la planta de la empresa Dioxitek, prevista para hoy, y la explosión del depósito de la firma Raponi Industrial Química, ambas ubicadas en Alta Córdoba, es mera coincidencia.
La planta de tratamiento de dióxido de uranio está ubicada a sólo tres cuadras del depósito de químicos que estalló el jueves pasado, ocasionando destrozos estructurales en una veintena de casas, además de dos heridos graves. Dioxitek está ubicada en Rodríguez Peña 3250 y el depósito en Avellaneda 2971.
La planta de tratamiento de uranio provee a las centrales nucleares de un insumo vital. "A través de un proceso químico que purifica el mineral de uranio, Dioxitek cumple una función de gran importancia en el Ciclo del Combustible Nuclear que utilizan las centrales Atucha I y II y Embalse. La energía generada por estas tres centrales abastece en la actualidad a 1 de cada 10 lamparitas eléctricas utilizadas por las familias argentinas", señala la firma en su sitio de Internet.
La planta ya fue clausurada varias veces. Se aguarda su traslado a la provincia de Formosa y la posterior remediación del terreno de Alta Córdoba.
“El plazo se venció el 8 de noviembre. Ellos consiguieron poder radicarse en Formosa, se acabó el tiempo y Dioxitek se cierra, y con esto cerramos una historia de vieja data. Habrá que ver cómo se va desmantelando ese espacio físico que fue ocupado por esa fábrica”, explicó esta mañana el secretario de Gobierno municipal, Javier Bee Sellares.
Al ser consultado sobre la posible "judicialización" de la clausura y traslado de la planta, respondió: “Es difícil darle la respuesta. Hace 45 días se hizo una inspección. Queda claro que comenzará a ser otra historia futura”.
La faja de clausura llegará tal como lo indica el plazo de la última prórroga para su funcionamiento, que venció el viernes último, según informó la Municipalidad de Córdoba.
Ese día, el secretario de Control, Fiscalización y Convivencia Ciudadana del municipio, José Fernández, aseguró que se trataba de una medida definitiva. Y aclaró que la decisión no se relaciona con la explosión del depósito.
El funcionario municipal recordó a este diario que hace 45 días se realizó el último control por parte de Higiene y Seguridad, sin que se encontraran irregularidades. Pero anunció que hoy se cumpliría con la clausura definitiva.
Demora
El titular de Funam, Raúl Montenegro, consideró que la clausura de Dioxitek “llega con 19 años de atraso y tras 26 años de lucha”.
Montenegro dijo que desde 1988 Funam viene denunciando pública, administrativa y judicialmente la inseguridad, fallas y accidentes que tiene “esa obsoleta planta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea)”.
Según Montenegro, en esa planta se depositaban caóticamente y sin membrana 57.600 toneladas de residuos radiactivos de uranio. “La planta envió miles de tambores con basura radiactiva a San Rafael en Mendoza, que sufrió numerosos accidentes, incendios y hasta explosiones, que contaminaron la atmósfera de barrio Alta Córdoba y la colectora cloacal con uranio, todo ello en secreto, ante la inacción sistemática de las áreas de ambiente de la Provincia y de la Municipalidad de Córdoba”, señaló.
Además, el titular de Funam desvirtuó el comunicado de la Cnea, que sostiene que la planta de uranio jamás tuvo incidentes que afectaran a sus trabajadores y a los vecinos. “Dioxitek desde 1982 ha tenido sistemáticas fugas de gas amoníaco que los vecinos percibían no sólo por su olor característico, sino también por sus efectos”.
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Fecha de Publicación: 10/11/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Está previsto que hoy inhabilite la planta. Funam criticó la clausura "tardía" de la planta.
La Municipalidad de Córdoba dice que cualquier relación entre la clausura de la planta de la empresa Dioxitek, prevista para hoy, y la explosión del depósito de la firma Raponi Industrial Química, ambas ubicadas en Alta Córdoba, es mera coincidencia.
La planta de tratamiento de dióxido de uranio está ubicada a sólo tres cuadras del depósito de químicos que estalló el jueves pasado, ocasionando destrozos estructurales en una veintena de casas, además de dos heridos graves. Dioxitek está ubicada en Rodríguez Peña 3250 y el depósito en Avellaneda 2971.
La planta de tratamiento de uranio provee a las centrales nucleares de un insumo vital. "A través de un proceso químico que purifica el mineral de uranio, Dioxitek cumple una función de gran importancia en el Ciclo del Combustible Nuclear que utilizan las centrales Atucha I y II y Embalse. La energía generada por estas tres centrales abastece en la actualidad a 1 de cada 10 lamparitas eléctricas utilizadas por las familias argentinas", señala la firma en su sitio de Internet.
La planta ya fue clausurada varias veces. Se aguarda su traslado a la provincia de Formosa y la posterior remediación del terreno de Alta Córdoba.
“El plazo se venció el 8 de noviembre. Ellos consiguieron poder radicarse en Formosa, se acabó el tiempo y Dioxitek se cierra, y con esto cerramos una historia de vieja data. Habrá que ver cómo se va desmantelando ese espacio físico que fue ocupado por esa fábrica”, explicó esta mañana el secretario de Gobierno municipal, Javier Bee Sellares.
Al ser consultado sobre la posible "judicialización" de la clausura y traslado de la planta, respondió: “Es difícil darle la respuesta. Hace 45 días se hizo una inspección. Queda claro que comenzará a ser otra historia futura”.
La faja de clausura llegará tal como lo indica el plazo de la última prórroga para su funcionamiento, que venció el viernes último, según informó la Municipalidad de Córdoba.
Ese día, el secretario de Control, Fiscalización y Convivencia Ciudadana del municipio, José Fernández, aseguró que se trataba de una medida definitiva. Y aclaró que la decisión no se relaciona con la explosión del depósito.
El funcionario municipal recordó a este diario que hace 45 días se realizó el último control por parte de Higiene y Seguridad, sin que se encontraran irregularidades. Pero anunció que hoy se cumpliría con la clausura definitiva.
Demora
El titular de Funam, Raúl Montenegro, consideró que la clausura de Dioxitek “llega con 19 años de atraso y tras 26 años de lucha”.
Montenegro dijo que desde 1988 Funam viene denunciando pública, administrativa y judicialmente la inseguridad, fallas y accidentes que tiene “esa obsoleta planta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea)”.
Según Montenegro, en esa planta se depositaban caóticamente y sin membrana 57.600 toneladas de residuos radiactivos de uranio. “La planta envió miles de tambores con basura radiactiva a San Rafael en Mendoza, que sufrió numerosos accidentes, incendios y hasta explosiones, que contaminaron la atmósfera de barrio Alta Córdoba y la colectora cloacal con uranio, todo ello en secreto, ante la inacción sistemática de las áreas de ambiente de la Provincia y de la Municipalidad de Córdoba”, señaló.
Además, el titular de Funam desvirtuó el comunicado de la Cnea, que sostiene que la planta de uranio jamás tuvo incidentes que afectaran a sus trabajadores y a los vecinos. “Dioxitek desde 1982 ha tenido sistemáticas fugas de gas amoníaco que los vecinos percibían no sólo por su olor característico, sino también por sus efectos”.
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Neuquén frena su ley de ambiente
La ley local de ambiente, congelada
Fecha de Publicación: 10/11/2014
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
El derrame de agua con hidrocarburos que afectó 120 metros cuadrados en el Parque Industrial de Neuquén, del que fue responsable la firma Indarsa, reactivó los interrogantes sobre los alcances y la rigurosidad de los controles ambientales en una industria de alto impacto ambiental, como lo es la petrolera. La Provincia cuenta con una Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible abocada al monitoreo y control de las actividades que puedan afectar el medioambiente.
Pese a que también concentra el poder punitivo para aplicar sanciones y multas ante daños ambientales, la intención del gobierno provincial es complementarla con una modificación a la actual norma incorporando los sucesivos decretos que se agregaron al glosario de la cartera desde el 2008 a esta parte y con especial énfasis a la actividad no convencional del petróleo.
La norma, que fue anunciada por el gobernador Jorge Sapag en la apertura de sesiones, ingresó a la Legislatura provincial, pero rápidamente quedó obturada por el debate nacional de la reforma a ley petrolera.
Los borradores iniciales, que enfrentaron a los gobernadores con YPF, contenían presupuestos ambientales mínimos. Sin embargo, y para alivianar las negociaciones, todos los apartados contextuales se terminaron quitando del texto final.
Incluso, en medio de la discusión nacional, Neuquén fue sede en mayo de una "reunión extraordinaria" del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), cuya intención era avanzar en el acuerdo de "los principios ambientales" comunes para la que sería la nueva norma ambiental. Los referentes nacionales y de las provincias recorrieron el yacimiento Loma Campana para interiorizarse en los desarrollos shale, que fue definido como el punto a incorporar en las nuevas normativas.
Con todo ese rodaje encima, la ley medioambiental puertas adentro quedó congelada a la espera de una norma nacional para los hidrocarburos. El mismo derrotero siguió un proyecto para una nueva legislación petrolera provincial, sólo que en este caso apenas un borrador posteriormente desautorizado fue todo lo que se avanzó.
Descartado el articulado medioambiental del proyecto nacional convertido en ley, se esperaba que la propuesta de la norma local recobrara impulso sobre todo ante el marco de inversiones intensivas que genera Vaca Muerta. Por el momento no hay indicios que indiquen que la propuesta lanzada el primero de marzo pueda tener éxito antes de fin de año.
El titular de Ambiente, Ricardo Esquivel, señaló que el proyecto de ley provincial para el área se encuentra en los despachos de la Cámara de Diputados. "Sabemos que se encuentra ingresado el proyecto, pero estamos realizando algunos ajustes porque según entendemos aún tenemos tiempo para sumar ciertos aportes", dijo Esquivel a "Río Negro Energía".
El titular de la cartera medioambiental asegura que no contar con una ley "no afecta en nada" el funcionamiento de la secretaría a la hora de los controles y el seguimiento de las actividades, principalmente hidrocarburíferas, que se incrementaron en los últimos 15 meses. De todos modos nada parece indicar que la norma pueda conseguir tratamiento en las semanas de tarea legislativa que restan. Por delante, algunos diputados lo reconocen, se encuentran el presupuesto y el cierre de una dura interna oficialista que abre el año electoral anticipadamente.
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Fecha de Publicación: 10/11/2014
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
El derrame de agua con hidrocarburos que afectó 120 metros cuadrados en el Parque Industrial de Neuquén, del que fue responsable la firma Indarsa, reactivó los interrogantes sobre los alcances y la rigurosidad de los controles ambientales en una industria de alto impacto ambiental, como lo es la petrolera. La Provincia cuenta con una Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible abocada al monitoreo y control de las actividades que puedan afectar el medioambiente.
Pese a que también concentra el poder punitivo para aplicar sanciones y multas ante daños ambientales, la intención del gobierno provincial es complementarla con una modificación a la actual norma incorporando los sucesivos decretos que se agregaron al glosario de la cartera desde el 2008 a esta parte y con especial énfasis a la actividad no convencional del petróleo.
La norma, que fue anunciada por el gobernador Jorge Sapag en la apertura de sesiones, ingresó a la Legislatura provincial, pero rápidamente quedó obturada por el debate nacional de la reforma a ley petrolera.
Los borradores iniciales, que enfrentaron a los gobernadores con YPF, contenían presupuestos ambientales mínimos. Sin embargo, y para alivianar las negociaciones, todos los apartados contextuales se terminaron quitando del texto final.
Incluso, en medio de la discusión nacional, Neuquén fue sede en mayo de una "reunión extraordinaria" del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), cuya intención era avanzar en el acuerdo de "los principios ambientales" comunes para la que sería la nueva norma ambiental. Los referentes nacionales y de las provincias recorrieron el yacimiento Loma Campana para interiorizarse en los desarrollos shale, que fue definido como el punto a incorporar en las nuevas normativas.
Con todo ese rodaje encima, la ley medioambiental puertas adentro quedó congelada a la espera de una norma nacional para los hidrocarburos. El mismo derrotero siguió un proyecto para una nueva legislación petrolera provincial, sólo que en este caso apenas un borrador posteriormente desautorizado fue todo lo que se avanzó.
Descartado el articulado medioambiental del proyecto nacional convertido en ley, se esperaba que la propuesta de la norma local recobrara impulso sobre todo ante el marco de inversiones intensivas que genera Vaca Muerta. Por el momento no hay indicios que indiquen que la propuesta lanzada el primero de marzo pueda tener éxito antes de fin de año.
El titular de Ambiente, Ricardo Esquivel, señaló que el proyecto de ley provincial para el área se encuentra en los despachos de la Cámara de Diputados. "Sabemos que se encuentra ingresado el proyecto, pero estamos realizando algunos ajustes porque según entendemos aún tenemos tiempo para sumar ciertos aportes", dijo Esquivel a "Río Negro Energía".
El titular de la cartera medioambiental asegura que no contar con una ley "no afecta en nada" el funcionamiento de la secretaría a la hora de los controles y el seguimiento de las actividades, principalmente hidrocarburíferas, que se incrementaron en los últimos 15 meses. De todos modos nada parece indicar que la norma pueda conseguir tratamiento en las semanas de tarea legislativa que restan. Por delante, algunos diputados lo reconocen, se encuentran el presupuesto y el cierre de una dura interna oficialista que abre el año electoral anticipadamente.
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Represas: dan a conocer los resultados de la consulta
Argentina: Resultados finales de la Consulta Popular sobre Represas
Fecha de Publicación: 09/11/2014
Fuente: Mesa NO a las Represas
Provincia/Región: Misiones
Concluido el escrutinio, ya se encuentran disponibles los resultados finales de la Consulta Popular sobre Represas Misiones 2014, actividad ciudadana y voluntaria que se desarrolló entre el 20 y el 26 de octubre en todo el territorio provincial.
En total, votaron 120.418 personas, de las cuales 116. 598 votaron por el No (96%82%), mientras que 3506 votaron por el Si (2,91%). Se anularon 323 votos —equivalente el 0,27% del total de votos— por diferentes irregularidades. Todos los votos anulados corresponden al No.
Entre las localidades con mayor participación se ubicaron Posadas, se registraron 47.590 votos; Eldorado 9272 votos; Puerto Iguazú 5538 votos; Montecarlo y Puerto Rico 5746votos; Oberá 10.390 votos.
Para destacar, el nivel de participación en las localidades que podrían ser directamente afectadas por las represas Garabí y Panambí, donde el flujo superó ampliamente a la media de participación electoral en comicios obligatorios. Tal es el caso de Alba Posse, donde votaron 4550 personas, más del 80% del padrón electoral. En tanto, en Azara, fueron 1820 los votantes.
Finalizado el escrutinio, el objetivo de la Mesa Provincial No a las Represas es hacer entrega a cada una de las fuerzas políticas, los cuerpos legislativos y poderes ejecutivos a nivel provincial y nacional, de carpetas con la información detallada de lo que ha sido esta expresión popular.
“Agradecemos a cada una de las personas, organizaciones, instituciones y medios de comunicación que participaron de alguna forma u otra en esta Consulta Popular, que además de sumar miles de voluntades en la provincia, tuvo la adhesión y el apoyo de personalidades y organismo de gran prestigio a nivel nacional e internacional” manifestaron desde la Mesa Provincial No a las Represas.
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Fecha de Publicación: 09/11/2014
Fuente: Mesa NO a las Represas
Provincia/Región: Misiones
Concluido el escrutinio, ya se encuentran disponibles los resultados finales de la Consulta Popular sobre Represas Misiones 2014, actividad ciudadana y voluntaria que se desarrolló entre el 20 y el 26 de octubre en todo el territorio provincial.
En total, votaron 120.418 personas, de las cuales 116. 598 votaron por el No (96%82%), mientras que 3506 votaron por el Si (2,91%). Se anularon 323 votos —equivalente el 0,27% del total de votos— por diferentes irregularidades. Todos los votos anulados corresponden al No.
Entre las localidades con mayor participación se ubicaron Posadas, se registraron 47.590 votos; Eldorado 9272 votos; Puerto Iguazú 5538 votos; Montecarlo y Puerto Rico 5746votos; Oberá 10.390 votos.
Para destacar, el nivel de participación en las localidades que podrían ser directamente afectadas por las represas Garabí y Panambí, donde el flujo superó ampliamente a la media de participación electoral en comicios obligatorios. Tal es el caso de Alba Posse, donde votaron 4550 personas, más del 80% del padrón electoral. En tanto, en Azara, fueron 1820 los votantes.
Finalizado el escrutinio, el objetivo de la Mesa Provincial No a las Represas es hacer entrega a cada una de las fuerzas políticas, los cuerpos legislativos y poderes ejecutivos a nivel provincial y nacional, de carpetas con la información detallada de lo que ha sido esta expresión popular.
“Agradecemos a cada una de las personas, organizaciones, instituciones y medios de comunicación que participaron de alguna forma u otra en esta Consulta Popular, que además de sumar miles de voluntades en la provincia, tuvo la adhesión y el apoyo de personalidades y organismo de gran prestigio a nivel nacional e internacional” manifestaron desde la Mesa Provincial No a las Represas.
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Salta autorizará a particulares a volcar energía a la red
Salta autorizaría antes de fin de año a usuarios particulares volcar energía renovable a la red
Fecha de Publicación: 09/11/2014
Fuente: Portal energiaestrategica.com
Provincia/Región: Salta
Así estiman desde la Secretaría de Energía de la provincia ¿Cómo va a funcionar? Se deberá solicitar autorización del Ente Regulador de Servicios Públicos, para que evalúe cada caso. Habrá cupos limitados y subvenciones gubernamentales de hasta un 70 por ciento para equipamiento.
La provincia de Salta hace aproximadamente 2 años que viene trabajando en el Plan Provincial de Energías Renovables, el cual incluye en el eje temático “Marco Normativo” la ley de Balance Neto, aquella que permite inyectar energías renovables al tendido de luz eléctrica de baja tensión a todo usuario, tanto residencial como comercial e industrial, que acepte entrar dentro del régimen de ley.
De este modo, la empresa distribuidora de energía eléctrica comenzará a llevar, para cada usuario acogido a la modalidad de balance neto, una cuenta individual donde consten las transacciones económicas realizadas y la energía generada y consumida en cada período. Al inyectar energía limpia a la red, la tarifa de luz bajará en el monto por lo contribuido.
Para saber más al respecto, Energía Estratégica dialogó con Jorge Giubergia, funcionario de la Secretaria de Energía de la provincia de Salta, quien contó que “la ley está aprobada y su instrumentación se realizará a partir del presupuesto 2015”.
Dijo que “no hay impedimentos” de ningún sector que trabe la implementación de este tipo de Ley aprobada en junio de este año. “Tanto desde la gobernación como las distribuidoras de energía eléctrica y el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP), estamos buscamos un consenso mutuo para llevar a cabo de forma íntegra a la reglamentación” explicó.
Es por eso que el funcionario dejó en claro que aún se están ajustando algunas cuestiones de la normativa y agregó que para fin de año entrará en vigencia.
Acceso y subvenciones para equipamientos
El funcionario comentó que los usuarios interesados deberán presentar un petitorio de habilitación ante el Ente Regulador de los Servicios Públicos, encargado de velar por la seguridad de las conexiones, y el organismo evaluará su autorización. Resaltó, además, que la iniciativa comenzará con cupos limitados para llevar a cabo los proyectos de inyección.
Destacó que cada beneficiario podrá volcar “hasta 100 kW de potencia a la red de baja tensión, sin acumulación” y que se están destinando partidas presupuestarias por parte del gobierno provincial para incentivar la medida.
El financiamiento, según el Régimen Promocional de Inversiones, como lo estipula la Ley provincial salteña de fomento para las energías renovables, prevé la subvención de hasta un 70 por ciento del equipamiento. Lo que se traduciría alrededor de un 50 por ciento del costo total de la instalación, ya que no se incluyen subvenciones vinculados a cuestiones de asesorías técnicas.
Por otra parte, Giubergia destacó la cantidad de pedidos de asesoramiento que los salteños solicitan. “Estamos recibiendo consultas de los usuarios para conectar equipos fotovoltaicos. Además consultan sobre otras energías como la biomasa, aerogeneradores conectados a la red y calefones solares”, destacó el funcionario sobre el compromiso social ciudadano en la provincia.
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Fecha de Publicación: 09/11/2014
Fuente: Portal energiaestrategica.com
Provincia/Región: Salta
Así estiman desde la Secretaría de Energía de la provincia ¿Cómo va a funcionar? Se deberá solicitar autorización del Ente Regulador de Servicios Públicos, para que evalúe cada caso. Habrá cupos limitados y subvenciones gubernamentales de hasta un 70 por ciento para equipamiento.
La provincia de Salta hace aproximadamente 2 años que viene trabajando en el Plan Provincial de Energías Renovables, el cual incluye en el eje temático “Marco Normativo” la ley de Balance Neto, aquella que permite inyectar energías renovables al tendido de luz eléctrica de baja tensión a todo usuario, tanto residencial como comercial e industrial, que acepte entrar dentro del régimen de ley.
De este modo, la empresa distribuidora de energía eléctrica comenzará a llevar, para cada usuario acogido a la modalidad de balance neto, una cuenta individual donde consten las transacciones económicas realizadas y la energía generada y consumida en cada período. Al inyectar energía limpia a la red, la tarifa de luz bajará en el monto por lo contribuido.
Para saber más al respecto, Energía Estratégica dialogó con Jorge Giubergia, funcionario de la Secretaria de Energía de la provincia de Salta, quien contó que “la ley está aprobada y su instrumentación se realizará a partir del presupuesto 2015”.
Dijo que “no hay impedimentos” de ningún sector que trabe la implementación de este tipo de Ley aprobada en junio de este año. “Tanto desde la gobernación como las distribuidoras de energía eléctrica y el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP), estamos buscamos un consenso mutuo para llevar a cabo de forma íntegra a la reglamentación” explicó.
Es por eso que el funcionario dejó en claro que aún se están ajustando algunas cuestiones de la normativa y agregó que para fin de año entrará en vigencia.
Acceso y subvenciones para equipamientos
El funcionario comentó que los usuarios interesados deberán presentar un petitorio de habilitación ante el Ente Regulador de los Servicios Públicos, encargado de velar por la seguridad de las conexiones, y el organismo evaluará su autorización. Resaltó, además, que la iniciativa comenzará con cupos limitados para llevar a cabo los proyectos de inyección.
Destacó que cada beneficiario podrá volcar “hasta 100 kW de potencia a la red de baja tensión, sin acumulación” y que se están destinando partidas presupuestarias por parte del gobierno provincial para incentivar la medida.
El financiamiento, según el Régimen Promocional de Inversiones, como lo estipula la Ley provincial salteña de fomento para las energías renovables, prevé la subvención de hasta un 70 por ciento del equipamiento. Lo que se traduciría alrededor de un 50 por ciento del costo total de la instalación, ya que no se incluyen subvenciones vinculados a cuestiones de asesorías técnicas.
Por otra parte, Giubergia destacó la cantidad de pedidos de asesoramiento que los salteños solicitan. “Estamos recibiendo consultas de los usuarios para conectar equipos fotovoltaicos. Además consultan sobre otras energías como la biomasa, aerogeneradores conectados a la red y calefones solares”, destacó el funcionario sobre el compromiso social ciudadano en la provincia.
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Desgarrador testimonio en el Juicio Cristian Ferreyra
Argentina: Juicio Cristian Ferreyra, “A mi hijo me lo han muerto, el dolor es mío”
Fecha de Publicación: 08/11/2014
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Santiago del Estero
Continúa hoy en Monte Quemado, Santiago del Estero, el juicio por el asesinato del campesino Cristian Ferreyra en noviembre de 2011. Declararon los policías que llegaron al lugar donde el acusado Javier Juárez le habría pegado un tiro de escopeta a Ferreyra en el marco de una disputa por las tierras ancestrales de la comunidad. También declaró Mirta Salto, madre del joven de 23 años. Salto habló de repetidas amenazas por parte de las patotas del empresario agrícola Jorge Ciccioli, y contó cómo encontró a su hijo moribundo y ensangrentado, quien le dijo “me ha baleado Juárez porque le he dicho que las tierras son nuestras”. Javier Juárez es uno de los seis acusados y está imputado por homicidio y amenazas. La madre de Cristian contó también que la policía no le tomaba la declaración cuando iba a denunciar amenazas con armas.
Estaba en la siesta y mi nuera me vino a avisar que habían baleado a Cacho (Cristian Ferreyra)”, contó Mirta hoy a los jueces los jueces Élida Suárez de Bravo, María Angélica Peralta de Aguirre y Federico López Alzogaray. Momentos antes estaba en la concentración que, desde que empezó el juicio, se hace frente a la sala de audiencia sobre la ruta provincial 16. Mirta camina despacio, segura, pero con la mirada triste. Usa una remera blanca con el dibujo de Cristian y la leyenda “ni un muerto más por el derecho a la tierra”.
Carlos Abregú, Mario René Abregú, Víctor Hugo Juárez y Walter Juárez-procesados por lesiones, amenazas y abuso de armas- estaban en la sala escuchando la declaración. “Lo encontré a mi hijo tirado, lleno de sangre”, cuenta Mirta. Cristian había recibido el disparo de manos de Javier Juárez, que escuchaba la declaración en una habitación contigua a pedido de Mirta. Darío Godoy también fue herido aquel día y Sergio Ferreyra, primo de Cristian, recibió con lesiones. “Aquí estoy, llévame pa’ la sombra”, le dijo Cristian a Mirta cuando estaba en el piso. “Yo ya me voy”, fue lo último que dijo, suspiró y cerró los ojos. Así lo contó Mirta, que pidió que Juárez no estuviera en la sala.
Cuando ya terminaba la declaración Mirta pidió poder decir algo antes de irse: “A mi hijo me lo han muerto, el dolor es mío”, gritaba y uno a uno nombraba a los acusados y les decía “no tenés hijo vos”. Después directamente a uno de los acusados le dijo “y vos Walter Juárez me seguís amenazando, mátame a mí, mátame a mí”, le gritó. Ya con una crisis nerviosa se fue de la sala acompañada.
Mirta hablaba pausado y cada tanto un silencio sonaba en el auditorio, que escuchaba atentamente. Incluso la presidenta del tribunal, Suárez de Bravo, de gesto adusto y duro desde que comenzó el juicio, pareció conmovida. La madre de Cristian detalló también que el conflicto con la tierra empezó antes de Ciccionli con un empresario tucumano llamado Enrique Luque, pero Cicciolli “tenía sus secuaces para que le cuiden la tierra que dice ser era de él”.
Las provocaciones
La denuncia de amenazas de la madre de Cristian se suman a las del abogado del la querella que representa a la viuda de Cristian, Beatriz Juárez. Daniel Ibañez denunció que el padre de Beatriz, Oscar, ayer fue atacado mientras circulaba por las inmediaciones de la sala audiencias. “Es un paso más en esta escalada de violencia”, dijo Ibañez. Ya por la mañana la tensión también estuvo presente. Un hombre robusto con remera negra y gorra negra filmaba todo lo que ocurría en la ruta. No parecía ni campesino, veedor, curioso o periodista. Eso alertó a varios presentes. Representantes del Mocase VC, se acercaron hacia él. Iban acompañados por Ernesto Lamas, funcionario de la Defensoría del Público de la Nación y Camilo Galindo, del Cels.
El hombre dijo llamarse José Chávez y que trabajaba para la policía pero en un primer momento los policías no lo reconocieron. “Ellos pueden sacar fotos a nosotros y nosotros a ellos no”, se le escuchó decir a uno de los oficiales que estaba apostado custodiando el predio. Finalmente se reconocería su pertenencia y desde el Mocase VC anticiparon que van a presentar una denuncia ante la fiscalía.
"No te vayas, yo me muero"
Ángela Beatriz Ferreyra también entró triste a la sala de audiencias pero se sentó segura ante los jueces. Contó cómo fue que murió Cristian: "Pidió hablar con Cacho, cruzó unas palabras y le disparó". Lo fuerte del relato de la mujer de Cristian se plasmaba entre el público. Mirta, la madre de Cacho, lloró constantemente mientras apretaba fuerte un pañuelo.
"Con Francisco Juárez no puedo tener ningún parentesco. Él mató a mi marido", dijo Ángela. Es que el acusado de haberle disparado a Cristian es su tío. Más explícito fue el primo de Cristian, Sergio Ferreyra, quien dijo que Juárez “revienta a Godoy y después a Cristian. Jorge Ciccioli lo mandó a matar”. El empresario, mientras escuchaba, sonreía. “A ellos les interesa la soja, son grandes sojeros”, dijo mirando fijo a los jueces Sergio.
“Después de la muerte de Cristian sufrí amenazas, me han tirado la camioneta encima”, dijo.
Cuando terminó, sus compañeros lo abrazaron.
Ángela resistió la presión muy bien durante su declaración: “No te vayas yo me muero” contó que fueron las últimas palabras de Cristian, mientras la tomaba de la mano. “Ya estaba frio”, dijo. Se levantó, salió de la sala y comenzó a llorar desconsoladamente.
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Fecha de Publicación: 08/11/2014
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Santiago del Estero
Continúa hoy en Monte Quemado, Santiago del Estero, el juicio por el asesinato del campesino Cristian Ferreyra en noviembre de 2011. Declararon los policías que llegaron al lugar donde el acusado Javier Juárez le habría pegado un tiro de escopeta a Ferreyra en el marco de una disputa por las tierras ancestrales de la comunidad. También declaró Mirta Salto, madre del joven de 23 años. Salto habló de repetidas amenazas por parte de las patotas del empresario agrícola Jorge Ciccioli, y contó cómo encontró a su hijo moribundo y ensangrentado, quien le dijo “me ha baleado Juárez porque le he dicho que las tierras son nuestras”. Javier Juárez es uno de los seis acusados y está imputado por homicidio y amenazas. La madre de Cristian contó también que la policía no le tomaba la declaración cuando iba a denunciar amenazas con armas.
Estaba en la siesta y mi nuera me vino a avisar que habían baleado a Cacho (Cristian Ferreyra)”, contó Mirta hoy a los jueces los jueces Élida Suárez de Bravo, María Angélica Peralta de Aguirre y Federico López Alzogaray. Momentos antes estaba en la concentración que, desde que empezó el juicio, se hace frente a la sala de audiencia sobre la ruta provincial 16. Mirta camina despacio, segura, pero con la mirada triste. Usa una remera blanca con el dibujo de Cristian y la leyenda “ni un muerto más por el derecho a la tierra”.
Carlos Abregú, Mario René Abregú, Víctor Hugo Juárez y Walter Juárez-procesados por lesiones, amenazas y abuso de armas- estaban en la sala escuchando la declaración. “Lo encontré a mi hijo tirado, lleno de sangre”, cuenta Mirta. Cristian había recibido el disparo de manos de Javier Juárez, que escuchaba la declaración en una habitación contigua a pedido de Mirta. Darío Godoy también fue herido aquel día y Sergio Ferreyra, primo de Cristian, recibió con lesiones. “Aquí estoy, llévame pa’ la sombra”, le dijo Cristian a Mirta cuando estaba en el piso. “Yo ya me voy”, fue lo último que dijo, suspiró y cerró los ojos. Así lo contó Mirta, que pidió que Juárez no estuviera en la sala.
Cuando ya terminaba la declaración Mirta pidió poder decir algo antes de irse: “A mi hijo me lo han muerto, el dolor es mío”, gritaba y uno a uno nombraba a los acusados y les decía “no tenés hijo vos”. Después directamente a uno de los acusados le dijo “y vos Walter Juárez me seguís amenazando, mátame a mí, mátame a mí”, le gritó. Ya con una crisis nerviosa se fue de la sala acompañada.
Mirta hablaba pausado y cada tanto un silencio sonaba en el auditorio, que escuchaba atentamente. Incluso la presidenta del tribunal, Suárez de Bravo, de gesto adusto y duro desde que comenzó el juicio, pareció conmovida. La madre de Cristian detalló también que el conflicto con la tierra empezó antes de Ciccionli con un empresario tucumano llamado Enrique Luque, pero Cicciolli “tenía sus secuaces para que le cuiden la tierra que dice ser era de él”.
Las provocaciones
La denuncia de amenazas de la madre de Cristian se suman a las del abogado del la querella que representa a la viuda de Cristian, Beatriz Juárez. Daniel Ibañez denunció que el padre de Beatriz, Oscar, ayer fue atacado mientras circulaba por las inmediaciones de la sala audiencias. “Es un paso más en esta escalada de violencia”, dijo Ibañez. Ya por la mañana la tensión también estuvo presente. Un hombre robusto con remera negra y gorra negra filmaba todo lo que ocurría en la ruta. No parecía ni campesino, veedor, curioso o periodista. Eso alertó a varios presentes. Representantes del Mocase VC, se acercaron hacia él. Iban acompañados por Ernesto Lamas, funcionario de la Defensoría del Público de la Nación y Camilo Galindo, del Cels.
El hombre dijo llamarse José Chávez y que trabajaba para la policía pero en un primer momento los policías no lo reconocieron. “Ellos pueden sacar fotos a nosotros y nosotros a ellos no”, se le escuchó decir a uno de los oficiales que estaba apostado custodiando el predio. Finalmente se reconocería su pertenencia y desde el Mocase VC anticiparon que van a presentar una denuncia ante la fiscalía.
"No te vayas, yo me muero"
Ángela Beatriz Ferreyra también entró triste a la sala de audiencias pero se sentó segura ante los jueces. Contó cómo fue que murió Cristian: "Pidió hablar con Cacho, cruzó unas palabras y le disparó". Lo fuerte del relato de la mujer de Cristian se plasmaba entre el público. Mirta, la madre de Cacho, lloró constantemente mientras apretaba fuerte un pañuelo.
"Con Francisco Juárez no puedo tener ningún parentesco. Él mató a mi marido", dijo Ángela. Es que el acusado de haberle disparado a Cristian es su tío. Más explícito fue el primo de Cristian, Sergio Ferreyra, quien dijo que Juárez “revienta a Godoy y después a Cristian. Jorge Ciccioli lo mandó a matar”. El empresario, mientras escuchaba, sonreía. “A ellos les interesa la soja, son grandes sojeros”, dijo mirando fijo a los jueces Sergio.
“Después de la muerte de Cristian sufrí amenazas, me han tirado la camioneta encima”, dijo.
Cuando terminó, sus compañeros lo abrazaron.
Ángela resistió la presión muy bien durante su declaración: “No te vayas yo me muero” contó que fueron las últimas palabras de Cristian, mientras la tomaba de la mano. “Ya estaba frio”, dijo. Se levantó, salió de la sala y comenzó a llorar desconsoladamente.
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Entrevista a Lucrecia Wagner sobre minería y resistencias
La megaminería y sus resistencias
Fecha de Publicación: 08/11/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Doctora en Ciencias Sociales y Humanas y licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental, Wagner estudia los procesos de movilización social de las poblaciones afectadas por los grandes emprendimientos mineros. El impacto ambiental y los conflictos.
Lucrecia Wagner es doctora en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental por la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires (Unicen). Como investigadora de Conicet, focalizó sus estudios en el análisis de la megaminería, una actividad que causa un gran impacto ambiental y genera procesos de movilización y resistencia en las poblaciones afectadas.
El desarrollo de proyectos mineros a gran escala motivados por la llegada de inversiones extranjeras se produjo en los ’90, en un marco de desregulación económica y flexibilización laboral. A partir de 2005, se visibilizaron los conflictos por el dominio de los yacimientos y la problemática tomó relevancia pública.
En este sentido, la emergencia de los debates realizados en los medios de comunicación impulsó el desplazamiento de voces civiles –en el pasado, periféricas– hacia el centro de la escena social. Durante la última década, especialistas en medioambiente promovieron foros de discusión y fomentaron instancias de participación ciudadana en las diferentes regiones de la nación. Ello, en última instancia, generó la sanción de normativas restrictivas por parte de las legislaturas provinciales respecto de la actividad minera.
–¿Por qué escogió el análisis de los problemas ambientales como objeto de estudio?
–A mí, desde niña, me gustaron los temas ambientales vinculados con la ecología. De modo que cuando fui al colegio secundario hice la orientación en exactas y naturales, y la profesora de ciencias naturales me sugirió la posibilidad de realizar la licenciatura en Diagnóstico en Gestión Ambiental en Unicen. La carrera, cuando la cursé, era muy nueva; tanto es así que soy la séptima graduada. Se trata de un mix de temáticas y perspectivas que combina asignaturas como geología, recursos biológicos y geomorfología, así como también incluye materias de corte social como antropología y sociología. Ello conformó un híbrido que me ayudó a desarrollar una mirada sobre la problemática ambiental compleja y amplia. Cuando me recibí, gané la beca de Conicet y me presenté con el objetivo de estudiar conflictos ambientales en Argentina y los modos de organización y resistencia de las comunidades afectadas. Así es como comencé a observar casos de minería de canteras como ocurría en Esquel (Chubut), que significó el primer impulso para el análisis de la minería a gran escala.
–Pero, entre tantos conflictos ambientales, ¿por qué le llamó la atención la minería en particular?
–La minería me llamaba la atención porque yo advertía que se trataba de un recurso no renovable que comprometía el futuro de las generaciones próximas y que permitía ver, en especial, el modo en que las sociedades se movilizan para defender su patrimonio. Me interesaba el caso de Catamarca y el desarrollo de la minera La Alumbrera (la primera minera metalífera grande de Argentina), aunque no existía un conflicto con demasiada repercusión en 2005. Por esos años, tuve la suerte de leer un trabajo de Diego Bombal –geógrafo mendocino– sobre superposición de usos del suelo en Mendoza que me abrió la cabeza. Bombal estudiaba la proliferación de los derechos mineros durante los ’90.
–Tal como ocurrió en otros ámbitos, los ’90 significaron un punto de inflexión en relación con la ejecución de políticas públicas que instalaron una suerte de desregulación regulada. ¿Cómo impactó en la minería?
–En los ’90 se sancionó un paquete de leyes que complementaron al Código Minero de 1884. Estas normativas resultaron muy relevantes al abrir las puertas para el desarrollo de la minería a gran escala, es decir, a la megaminería.
–La megaminería implica el desarrollo de proyectos de grandes dimensiones que demandan fuentes laborales en localidades cuyos habitantes, muchas veces, se caracterizan por no tener sus necesidades básicas satisfechas. En este sentido, ¿cuáles serían los problemas vinculados a la explotación de los recursos mineros? ¿Por qué se movilizan los vecinos?
–La primera desventaja de la megaminería en el caso argentino, a diferencia de otros países como Perú, Bolivia y Chile, es que no posee una inserción histórica. Recién en los ’90 se habilita y se impulsa la llegada de inversiones extranjeras para minería a gran escala. En efecto, si bien hubo otros proyectos, no se trata de una actividad consolidada en nuestra nación. Por otra parte, al menos en los conflictos que yo estudié, lo que ocurre como denominador común es que la misma gente que se esperanzó y observó en la minería la posibilidad de conseguir un empleo y mejorar sus condiciones de vida, enseguida se decepcionó al notar que los puestos prometidos nunca fueron efectivamente otorgados. La Alumbrera, en este sentido, representa un antecedente y un ejemplo de esa desilusión, al ver la realización de inversiones millonarias y ganancias de las que los ciudadanos nunca participan. Por último, también, tiene importancia el desarrollo de las comunicaciones a través de Internet. Incluso en 2002 ya existían ciertas redes que permitían recolectar información de anteriores manifestaciones como producto de conflictos en naciones vecinas. Experiencias previas de contaminación que fluyen y se dinamizan, que logran ser comunicadas y sirven como antecedente y como pistas para emprender acciones de resistencia.
–En relación con el impacto ambiental, ¿cuáles son las principales desventajas de la megaminería? Tengo entendido que se utilizan grandes volúmenes de agua...
–Sí, se utilizan grandes cantidades. Los yacimientos se localizan cerca de las nacientes de agua y los pobladores de la zona, en general, tienden a vincular el sitio donde esas mineras se instalan con la contaminación de las fuentes de agua. Ello, por supuesto, pone en riesgo a las comunidades que consumen el recurso.
–¿Qué ocurre respecto de la deforestación?
–Las empresas mineras actuales no necesitan encabezar procesos de deforestación porque se localizan en zonas de altura donde no existen árboles. Por ello, el principal problema por el que la gente se moviliza es el agua. De todos modos, vale subrayar que la minera necesita de una infraestructura que puede causar otros impactos ambientales asociados, como voladuras –que implican contaminación– y materiales necesarios para el traslado de sustancias requeridas para procesar esos minerales.
–¿Qué cauces siguen las convocatorias y las manifestaciones de los vecinos de las zonas afectadas?
–En la mayor parte de los casos se trata de gente que vive en las localidades perjudicadas que comienza a observar movimientos extraños. En general, son pueblos chicos y el cambio de dinámica que demanda la construcción de nueva infraestructura en sitios que no son demasiado poblados genera una preocupación. Se empieza a ver personas que no son del pueblo, grupos de trabajadores contratados que llegan a los yacimientos. Al principio, la posibilidad de nuevos puestos de trabajo promueve la gestación de grandes ilusiones que se caen conforme pasa el tiempo. Como dije antes, no son entregados todos los empleos que en un inicio son prometidos. En este sentido, los vecinos se reúnen, buscan información acerca de la empresa minera que explotará el yacimiento y se forman asambleas de discusión. En Chubut, por ejemplo, dio lugar a la formación de los Vecinos Autoconvocados de Esquel (2003) como el primer antecedente de este tipo de organizaciones que, luego, se desarrollarán en el país.
–De todas maneras, lo que observaba cuando leía sobre sus investigaciones es que cada provincia elige sus modos de proceder respecto de la explotación o no de los yacimientos...
–Sí, claro. Son las provincias las que tienen la decisión de aprobar o no estos proyectos mineros de acuerdo con la Constitución Nacional. En su artículo Nº 124, la Carta Magna señala que el dominio de los recursos naturales es provincial. En ellas y, sobre todo, en las secretarías de Medioambiente recae la responsabilidad de otorgar los permisos para que los planes de minería a gran escala se desarrollen.
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Fecha de Publicación: 08/11/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Doctora en Ciencias Sociales y Humanas y licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental, Wagner estudia los procesos de movilización social de las poblaciones afectadas por los grandes emprendimientos mineros. El impacto ambiental y los conflictos.
Lucrecia Wagner es doctora en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental por la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires (Unicen). Como investigadora de Conicet, focalizó sus estudios en el análisis de la megaminería, una actividad que causa un gran impacto ambiental y genera procesos de movilización y resistencia en las poblaciones afectadas.
El desarrollo de proyectos mineros a gran escala motivados por la llegada de inversiones extranjeras se produjo en los ’90, en un marco de desregulación económica y flexibilización laboral. A partir de 2005, se visibilizaron los conflictos por el dominio de los yacimientos y la problemática tomó relevancia pública.
En este sentido, la emergencia de los debates realizados en los medios de comunicación impulsó el desplazamiento de voces civiles –en el pasado, periféricas– hacia el centro de la escena social. Durante la última década, especialistas en medioambiente promovieron foros de discusión y fomentaron instancias de participación ciudadana en las diferentes regiones de la nación. Ello, en última instancia, generó la sanción de normativas restrictivas por parte de las legislaturas provinciales respecto de la actividad minera.
–¿Por qué escogió el análisis de los problemas ambientales como objeto de estudio?
–A mí, desde niña, me gustaron los temas ambientales vinculados con la ecología. De modo que cuando fui al colegio secundario hice la orientación en exactas y naturales, y la profesora de ciencias naturales me sugirió la posibilidad de realizar la licenciatura en Diagnóstico en Gestión Ambiental en Unicen. La carrera, cuando la cursé, era muy nueva; tanto es así que soy la séptima graduada. Se trata de un mix de temáticas y perspectivas que combina asignaturas como geología, recursos biológicos y geomorfología, así como también incluye materias de corte social como antropología y sociología. Ello conformó un híbrido que me ayudó a desarrollar una mirada sobre la problemática ambiental compleja y amplia. Cuando me recibí, gané la beca de Conicet y me presenté con el objetivo de estudiar conflictos ambientales en Argentina y los modos de organización y resistencia de las comunidades afectadas. Así es como comencé a observar casos de minería de canteras como ocurría en Esquel (Chubut), que significó el primer impulso para el análisis de la minería a gran escala.
–Pero, entre tantos conflictos ambientales, ¿por qué le llamó la atención la minería en particular?
–La minería me llamaba la atención porque yo advertía que se trataba de un recurso no renovable que comprometía el futuro de las generaciones próximas y que permitía ver, en especial, el modo en que las sociedades se movilizan para defender su patrimonio. Me interesaba el caso de Catamarca y el desarrollo de la minera La Alumbrera (la primera minera metalífera grande de Argentina), aunque no existía un conflicto con demasiada repercusión en 2005. Por esos años, tuve la suerte de leer un trabajo de Diego Bombal –geógrafo mendocino– sobre superposición de usos del suelo en Mendoza que me abrió la cabeza. Bombal estudiaba la proliferación de los derechos mineros durante los ’90.
–Tal como ocurrió en otros ámbitos, los ’90 significaron un punto de inflexión en relación con la ejecución de políticas públicas que instalaron una suerte de desregulación regulada. ¿Cómo impactó en la minería?
–En los ’90 se sancionó un paquete de leyes que complementaron al Código Minero de 1884. Estas normativas resultaron muy relevantes al abrir las puertas para el desarrollo de la minería a gran escala, es decir, a la megaminería.
–La megaminería implica el desarrollo de proyectos de grandes dimensiones que demandan fuentes laborales en localidades cuyos habitantes, muchas veces, se caracterizan por no tener sus necesidades básicas satisfechas. En este sentido, ¿cuáles serían los problemas vinculados a la explotación de los recursos mineros? ¿Por qué se movilizan los vecinos?
–La primera desventaja de la megaminería en el caso argentino, a diferencia de otros países como Perú, Bolivia y Chile, es que no posee una inserción histórica. Recién en los ’90 se habilita y se impulsa la llegada de inversiones extranjeras para minería a gran escala. En efecto, si bien hubo otros proyectos, no se trata de una actividad consolidada en nuestra nación. Por otra parte, al menos en los conflictos que yo estudié, lo que ocurre como denominador común es que la misma gente que se esperanzó y observó en la minería la posibilidad de conseguir un empleo y mejorar sus condiciones de vida, enseguida se decepcionó al notar que los puestos prometidos nunca fueron efectivamente otorgados. La Alumbrera, en este sentido, representa un antecedente y un ejemplo de esa desilusión, al ver la realización de inversiones millonarias y ganancias de las que los ciudadanos nunca participan. Por último, también, tiene importancia el desarrollo de las comunicaciones a través de Internet. Incluso en 2002 ya existían ciertas redes que permitían recolectar información de anteriores manifestaciones como producto de conflictos en naciones vecinas. Experiencias previas de contaminación que fluyen y se dinamizan, que logran ser comunicadas y sirven como antecedente y como pistas para emprender acciones de resistencia.
–En relación con el impacto ambiental, ¿cuáles son las principales desventajas de la megaminería? Tengo entendido que se utilizan grandes volúmenes de agua...
–Sí, se utilizan grandes cantidades. Los yacimientos se localizan cerca de las nacientes de agua y los pobladores de la zona, en general, tienden a vincular el sitio donde esas mineras se instalan con la contaminación de las fuentes de agua. Ello, por supuesto, pone en riesgo a las comunidades que consumen el recurso.
–¿Qué ocurre respecto de la deforestación?
–Las empresas mineras actuales no necesitan encabezar procesos de deforestación porque se localizan en zonas de altura donde no existen árboles. Por ello, el principal problema por el que la gente se moviliza es el agua. De todos modos, vale subrayar que la minera necesita de una infraestructura que puede causar otros impactos ambientales asociados, como voladuras –que implican contaminación– y materiales necesarios para el traslado de sustancias requeridas para procesar esos minerales.
–¿Qué cauces siguen las convocatorias y las manifestaciones de los vecinos de las zonas afectadas?
–En la mayor parte de los casos se trata de gente que vive en las localidades perjudicadas que comienza a observar movimientos extraños. En general, son pueblos chicos y el cambio de dinámica que demanda la construcción de nueva infraestructura en sitios que no son demasiado poblados genera una preocupación. Se empieza a ver personas que no son del pueblo, grupos de trabajadores contratados que llegan a los yacimientos. Al principio, la posibilidad de nuevos puestos de trabajo promueve la gestación de grandes ilusiones que se caen conforme pasa el tiempo. Como dije antes, no son entregados todos los empleos que en un inicio son prometidos. En este sentido, los vecinos se reúnen, buscan información acerca de la empresa minera que explotará el yacimiento y se forman asambleas de discusión. En Chubut, por ejemplo, dio lugar a la formación de los Vecinos Autoconvocados de Esquel (2003) como el primer antecedente de este tipo de organizaciones que, luego, se desarrollarán en el país.
–De todas maneras, lo que observaba cuando leía sobre sus investigaciones es que cada provincia elige sus modos de proceder respecto de la explotación o no de los yacimientos...
–Sí, claro. Son las provincias las que tienen la decisión de aprobar o no estos proyectos mineros de acuerdo con la Constitución Nacional. En su artículo Nº 124, la Carta Magna señala que el dominio de los recursos naturales es provincial. En ellas y, sobre todo, en las secretarías de Medioambiente recae la responsabilidad de otorgar los permisos para que los planes de minería a gran escala se desarrollen.
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Minería en Chubut, posturas para todos los gustos
Minería: para algunos técnicos el agua es suficiente y para otros corre un serio riesgo
Fecha de Publicación: 07/11/2014
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
A 20 días del plazo que tiene la Legislatura para tratar el proyecto de ley presentado por iniciativa popular por las asambleas ambientales, los técnicos que sustentan opiniones encontradas, a favor y en rechazo de la actividad minera, siguen fijando posturas y reclamando la decisión de los diputados en línea con su posicionamiento. El debate “técnico y serio” que se reclamó desde la Cámara Minera Argentina sigue sin efectivizarse y el reloj continúa avanzando hacia la última sesión previa al vencimiento de la presentación ambiental, que es la del martes 25.
El proyecto presentado por iniciativa popular hace seis meses debe ser tratado por los diputados de Chubut antes del 26 de noviembre. Pese al tiempo transcurrido, hasta el momento el mismo no se ha dado y tampoco se concretó el anunciado y reclamado debate técnico sobre la megaminería, que para varios legisladores aparece como indispensable ante lo que definieron como falta de información.
La presidente de la ONG Green Cross Argentina, la abogada Marisa Arienza, aseguró que los legisladores “tienen toda la información que necesitan” porque dijo “yo misma le presenté los estudios que tenemos sobre la cantidad de agua del arroyo y cuenca del Sacanana, y también en lo relativo al desarrollo sustentable que puede tener la minería”, advirtió.
“Hay agua para todos”
La abogada y ex consultora de la Organización de Naciones Unidas mencionó que la ONG realizó un exhaustivo trabajo sobre los posibles usos del agua en la meseta central de Chubut y advirtió que el mismo trae buenas noticias porque confirma que “hay agua suficiente para el desarrollo de todos los proyectos y que los mismos pueden coexistir”.
Para la especialista la minería solo utilizaría “el 2% del valor de recarga del acuífero” por lo que insistió en que “en la meseta hoy se puede hacer un desarrollo polifacético, porque la minería no interfiere con otras actividades como puede ser la ganadera o agrícola”.
“No es que tiene que desarrollarse la minería o nada. La actividad, si se hace de manera responsable y con los controles del caso, puede convivir tranquilamente con la agricultura, los cultivos y otros desarrollos tradicionales”, reiteró.
En diálogo con Radio Del Mar, cuando se le repreguntó sobre esta convivencia, la especialista puso como ejemplo lo que sucede en campos de New Jersey, Estados Unidos, “donde la minería y lo agropecuario se desarrollan de la mano” y en Uruguay donde el Estado garantiza, con sus controles, que la actividad no interfiera ni contamine.
“Es extractiva y destructiva”
En el otro extremo de opinión, la abogada ambientalista Silvia de los Santos fue tajante al afirmar que “la minería no puede convivir con otras actividades porque, sencillamente, es extractiva y destructiva. No hace otra cosa que destruir el territorio donde se la implanta, dejando material inerte y residuos de por vida”, sostuvo.
De los Santos también advirtió que los técnicos de las asambleas ambientalistas entregaron a los diputados “toda la información y documentación que prueba lo que estamos diciendo. Una vez que la minería eclosiona la tierra la contaminación es imparable, basta ver con lo que pasa en la minería El Adobe o las de Roma, que tienen más de 2.900 años y siguen drenando”, puntualizó.
Para ejemplificar de manera simple esa afirmación, la abogada recordó: “si uno quiere encender un tronco con un fósforo es imposible, pero si lo astillamos veremos que, con el mismo fósforo, podemos provocar una fogata impresionante. Esto pasa con la minería, que contamina y libera materiales nocivos de la propia naturaleza”
En relación al escaso tiempo que resta para el plazo que tiene la Legislatura para definir el proyecto de iniciativa popular, más restrictivo aún que la actual Ley 5.001, De los Santos recordó que el sector ambientalista “está abierto a seguir acercando información” porque “nos hablan de controles pero hoy los mismos no se hacen en el país porque, incluso, hay causas que se caen por sobreseimiento porque el Estado no tiene los fondos para controlar”.
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Fecha de Publicación: 07/11/2014
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
A 20 días del plazo que tiene la Legislatura para tratar el proyecto de ley presentado por iniciativa popular por las asambleas ambientales, los técnicos que sustentan opiniones encontradas, a favor y en rechazo de la actividad minera, siguen fijando posturas y reclamando la decisión de los diputados en línea con su posicionamiento. El debate “técnico y serio” que se reclamó desde la Cámara Minera Argentina sigue sin efectivizarse y el reloj continúa avanzando hacia la última sesión previa al vencimiento de la presentación ambiental, que es la del martes 25.
El proyecto presentado por iniciativa popular hace seis meses debe ser tratado por los diputados de Chubut antes del 26 de noviembre. Pese al tiempo transcurrido, hasta el momento el mismo no se ha dado y tampoco se concretó el anunciado y reclamado debate técnico sobre la megaminería, que para varios legisladores aparece como indispensable ante lo que definieron como falta de información.
La presidente de la ONG Green Cross Argentina, la abogada Marisa Arienza, aseguró que los legisladores “tienen toda la información que necesitan” porque dijo “yo misma le presenté los estudios que tenemos sobre la cantidad de agua del arroyo y cuenca del Sacanana, y también en lo relativo al desarrollo sustentable que puede tener la minería”, advirtió.
“Hay agua para todos”
La abogada y ex consultora de la Organización de Naciones Unidas mencionó que la ONG realizó un exhaustivo trabajo sobre los posibles usos del agua en la meseta central de Chubut y advirtió que el mismo trae buenas noticias porque confirma que “hay agua suficiente para el desarrollo de todos los proyectos y que los mismos pueden coexistir”.
Para la especialista la minería solo utilizaría “el 2% del valor de recarga del acuífero” por lo que insistió en que “en la meseta hoy se puede hacer un desarrollo polifacético, porque la minería no interfiere con otras actividades como puede ser la ganadera o agrícola”.
“No es que tiene que desarrollarse la minería o nada. La actividad, si se hace de manera responsable y con los controles del caso, puede convivir tranquilamente con la agricultura, los cultivos y otros desarrollos tradicionales”, reiteró.
En diálogo con Radio Del Mar, cuando se le repreguntó sobre esta convivencia, la especialista puso como ejemplo lo que sucede en campos de New Jersey, Estados Unidos, “donde la minería y lo agropecuario se desarrollan de la mano” y en Uruguay donde el Estado garantiza, con sus controles, que la actividad no interfiera ni contamine.
“Es extractiva y destructiva”
En el otro extremo de opinión, la abogada ambientalista Silvia de los Santos fue tajante al afirmar que “la minería no puede convivir con otras actividades porque, sencillamente, es extractiva y destructiva. No hace otra cosa que destruir el territorio donde se la implanta, dejando material inerte y residuos de por vida”, sostuvo.
De los Santos también advirtió que los técnicos de las asambleas ambientalistas entregaron a los diputados “toda la información y documentación que prueba lo que estamos diciendo. Una vez que la minería eclosiona la tierra la contaminación es imparable, basta ver con lo que pasa en la minería El Adobe o las de Roma, que tienen más de 2.900 años y siguen drenando”, puntualizó.
Para ejemplificar de manera simple esa afirmación, la abogada recordó: “si uno quiere encender un tronco con un fósforo es imposible, pero si lo astillamos veremos que, con el mismo fósforo, podemos provocar una fogata impresionante. Esto pasa con la minería, que contamina y libera materiales nocivos de la propia naturaleza”
En relación al escaso tiempo que resta para el plazo que tiene la Legislatura para definir el proyecto de iniciativa popular, más restrictivo aún que la actual Ley 5.001, De los Santos recordó que el sector ambientalista “está abierto a seguir acercando información” porque “nos hablan de controles pero hoy los mismos no se hacen en el país porque, incluso, hay causas que se caen por sobreseimiento porque el Estado no tiene los fondos para controlar”.
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Construcción sustentable en Mendoza
La construcción sustentable suma adeptos en Mendoza
Fecha de Publicación: 07/11/2014
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
La técnica se puede usar para viviendas sociales ya que su costo es inferior al de la construcción tradicional. Hay casas de este tipo en zonas rurales y semi rurales de Luján, Maipú, Lavalle, Las Heras y Malargüe.
Una vivienda realizada con materiales alternativos, con conceptos bioclimáticos, que ahorre energía y reutilice parte del agua que se gasta, son principios fundamentales de la construcción sustentable. Esta nueva corriente arquitectónica que se comenzó a desarrollar en nuestra provincia desde hace algunos años suma cada vez más profesionales, investigadores e interesados. Se trata de un tipo de edificaciones que buscan armonía con el entorno, son más económicas que las tradicionales y que permiten la autoconstrucción.
En Mendoza, hay ejemplos de proyectos y emprendimientos en zonas rurales y de montaña de los departamentos de Luján, Maipú, Lavalle, Las Heras y Malargüe. Estas nociones de sustentabilidad también pueden ser aprovechados en viviendas sociales y en casas ya construidas.
Leandro Vélez, arquitecto, investigador de la Universidad de Mendoza y director del Centro de Investigación, Desarrollo y Enseñanza de Permacultura (Cidep), empezó a trabajar con esta modalidad en 2007. “Fue un desafío muy grande porque en la provincia hay un preconcepto sobre la construcción en técnicas mixtas en tierras crudas que se utiliza en este tipo de viviendas”, comenzó a explicar el experto que aplica en sus obras aspectos bioclimáticos.
Para aprender esta forma de trabajo viajó al sur del país y se basó en el conocimiento empírico que tenían los huarpes. “No se trata de volver al pasado, sino aprovechar esa sabiduría, sumarle tecnología y vivir de alguna manera respetando el entorno”, explicó.
El problema para él, es que cuando se habla de barro inmediatamente se lo relaciona con el adobe que es un material que tiene muy mala fama, pero, según su visión, es porque no estuvo bien utilizado. A diferencia de aquellas casas de antaño que fueron desapareciendo, lo que hace Vélez es una estructura independiente metálica o de madera para luego cerrar con técnicas mixtas, como quincha, fardo, adobe, entre otros. “Yo hago verificar la estructura al cálculo técnico y el barro cumple la función de cerramiento”, detalló el profesional que tiene once obras aprobadas en la actualidad.
Lo que él destaca de este modo de edificación es que logra reducir hasta un 35 por ciento los costos en relación a la construcción tradicional y que permite la autoconstrucción asistida lo que permite ahorrar aún más. “Para mí es impresionante ver cada vez más profesionales trabajando en el tema, soy asesor externo de proyectos de tesis en la universidad y veo cómo cada vez más alumnos eligen el tema”, comentó. Con respecto a las personas interesadas reconoció que todavía hay cierta resistencia, pero que igual se avanzado si se compara con cinco años atrás. “Nosotros contamos con ejemplos concretos de obras que han tenido buenos resultados que tienen y que no le envidian nada a los sistemas convencionales”, aseguró.
Ahorro de agua y energía
El arquitecto Gustavo Monteverdi comenzó hace cuatro años a trabajar con esta modalidad, pero antes decidió utilizarse a sí mismo como “conejillo de indias”. “Primero que nada, hice mi propia casa con concepto bioclimático y sustentable acorde a la realidad de nuestra provincia”, señaló el profesional que tiene su vivienda en Rodeo de la Cruz.
Tal como su colega, Monteverdi utiliza estructuras independientes y la recubre con distintas técnicas de barro. “Trabajamos con madera de bosques implantados de Misiones o de Corrientes que no perjudican los bosques autóctonos”, precisó. Una de las ventajas de utilizar la tierra para la obra es que el barro se prepara en el mismo lugar y no se necesita movilizar fletes.
Para ahorrar agua utiliza biodigestores. “Se colocan las cloacas de modo de poder reciclar el agua gris que proviene de lavatorios, cocinas, lavarropas, ducha, que representa 80 por ciento del agua que consume una familia y se puede usar para regar”, indicó el arquitecto.
La energía solar es otro punto que incorpora este tipo de viviendas. “Por ahora empleamos la energía solar térmica para el calentamiento de agua para el uso sanitario y de cocina, para ello se usan colectores solares que son como tubos de vidrio expuestos a la radiación solar que acumulan agua caliente en un tanque asilado”, detalló. Para el resto se utiliza la energía convencional, aunque en mediano plazo podría reemplazarse también.
“Como en San Juan van comenzar a producir paneles solares tal vez su precio sea más accesible que el actual y podamos incorporarlos”, añadió.
Según su experiencia, Monteverdi nota mucha más gente interesada en la construcción sustentable que años atrás. “Si bien muchos preguntan, uno de cada diez finalmente me dice que sí”, reconoció. Dentro de ellos, la mayoría son personas que quieren volver a lo natural, se escapan de la urbe y se van a vivir a lugares alejados o de montaña. “Los mendocinos somos un poco reacios al cambio, pero si uno ve que su vecino lo hace va empezando a animarse. Lo que falta es más difusión y desterrar muchos mitos”, cerró.
Aplicado a viviendas sociales
Pero no son únicamente las viviendas privadas las que pueden comenzar a aplicar este tipo de técnicas, sino que son muy recomendadas para viviendas sociales. En este concepto trabaja Jorge Mitchell, miembro del grupo del Laboratorio de Ambiente, Humano y Vivienda del Incihusa, CCT- Conicet, Mendoza. “Esta línea de trabajo tiene una experiencia comprobada desde hace bastante tiempo, en la provincia inclusive hay un prototipo de vivienda social que está en el Barrio Parque Sur de Godoy Cruz desde el año 81”, contó el arquitecto.
Con el pasar de los años se ha ido avanzando en esos conocimientos y se ha incorporado el concepto de sustentabilidad social. “La transferencia de conocimiento bioclimático ha demostrado que el usuario es fundamental, no sólo en el uso y mantenimiento, sino también en la operación, lo que permite que haya una adaptación socio técnica”, explicó.
Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es el diseño participativo. “Hay que garantizar que la comunidad participe en las decisiones del diseño de su vivienda, porque es un derecho que le asiste y muchas veces no lo puede hacer valer”, remarcó el experto.
Además de utilizar las condiciones del clima, es clave emplear los materiales del lugar. “Por ejemplo, ahora estamos en una tarea de transferencia con una comunidad huarpe de Lavalle que está construyendo ladrillos ecológicos con el propio suelo del lugar y con un consumo bajísimo de agua”, ejemplificó Mitchell. Por otra parte, recalcó la importancia del diseño bioclimático: “La orientación de la vivienda, una buena aislación y ventilación cruzada le permite a la persona que la habita utilizar menos energía en invierno y en verano”, señaló.
Uno de los problemas que generalmente se presentan a la hora de concretar este tipo de emprendimientos sociales es que por un lado, los decisores, tanto políticos como emprendedores privados, no están concientizados al respecto y por el otro, muchas personas no aceptan este tipo de construcción. “Por lo que es fundamental la tarea de concientización y que la decisión se toma consensuadamente con cada comunidad para satisfacer mejor sus necesidades”, destacó el profesional que ha desarrollado proyectos de investigación y desarrollo, en los que ha participado el IPV como institución beneficiaria de los resultados. “Pero lamentablemente hasta ahora no se ha concretado la construcción de algunos de dichos proyectos”, reconoció.
Finalmente, es impostergable la tarea por un hábitat sustentable, la que consume una parte considerable de energía en un contexto de crisis, donde es posible mejorar las condiciones ambientales, reducir los efectos contaminantes a la atmósfera y mitigar el cambio climático.
Charlas gratuitas abiertas al público
Para todos aquellos interesados en conocer los aspectos fundamentales sobre la construcción sustentable y natural, Fundación Rural realizará un curso gratuito al respecto. El mismo comenzó ayer y continuará los próximos miércoles 12 y 19; el horario es de 15.30 a 18.30 en la sede de la Fundación, ubicada en Godoy Cruz 127 de Ciudad.
Las charlas estará a cargo del arquitecto Gustavo Monteverdi, y tienen como principal objetivo involucrar a las personas al proceso creativo de su propio habitar, teniendo como principios el cuidado de la tierra, de las personas y de todos los seres vivos.
Los cupos son limitados, para más información comunicarse a los teléfonos 4298728 ó 4234228.
Tips para ahorrar energía y recursos en cualquier casa
Si bien Eduardo Sosa, gestor ambiental y experto en eco-eficiencia, reconoce que para aplicar los conceptos de ahorro de energía y otros recursos naturales es mejor empezar con una vivienda desde cero, también pueden adaptarse a casas ya construidas. “La potencialidad de aplicación de estas medidas depende de la capacidad de inversión, de la posibilidad de hacer reformas, de la orientación, el contexto y los patrones de consumo de sus habitantes”, señaló el profesional que aconseja a particulares y a empresas sobre el tema. “Lo primero que hay que hacer es analizar cuáles son los costos de energía, de agua, de gas, para tener un valor de lo que se está gastando y a partir de allí proponer distintas medidas”, explicó.
En cuanto a las alternativas, remarcó que se adaptan al bolsillo y necesidades de cada persona. “Podés comprar un calefón solar para producir agua caliente para la vivienda o construir un calefón solar casero haciendo pasar el tubo por una sistema de mangueras que capten el calor solar, lo único que va a faltar es la acumulación”, precisó.
Otra opción es invertir en un aire acondicionado ecológico (que no genera gases de efecto invernadero) o ahorrar en refrigeración evitando la entrada de luz directa, colocando en el exterior pinturas elastoméricas y plantas. “Por ejemplo en Córdoba aplicamos un techo verde a una oficina y complementamos con pintura elastomérica y de un verano a otro la temperatura bajó 7 grados”, comentó Sosa quien también suele aplicar rehuso de aguas grises, jardines de bajo consumo de agua, entre otros.
Pero más allá de contar con un equipamiento que incluya tecnologías apropiadas es muy importante cambiar el comportamiento de los usuarios. “Los hábitos de consumo son fundamentales a la hora de ahorrar energía y recursos, lo bueno es que no tienen costos pero en necesario aprenderlos y ejercitarlos”, cerró gestor ambiental que brindará una charla al respecto en el Mendoza Green Market.
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Fecha de Publicación: 07/11/2014
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
La técnica se puede usar para viviendas sociales ya que su costo es inferior al de la construcción tradicional. Hay casas de este tipo en zonas rurales y semi rurales de Luján, Maipú, Lavalle, Las Heras y Malargüe.
Una vivienda realizada con materiales alternativos, con conceptos bioclimáticos, que ahorre energía y reutilice parte del agua que se gasta, son principios fundamentales de la construcción sustentable. Esta nueva corriente arquitectónica que se comenzó a desarrollar en nuestra provincia desde hace algunos años suma cada vez más profesionales, investigadores e interesados. Se trata de un tipo de edificaciones que buscan armonía con el entorno, son más económicas que las tradicionales y que permiten la autoconstrucción.
En Mendoza, hay ejemplos de proyectos y emprendimientos en zonas rurales y de montaña de los departamentos de Luján, Maipú, Lavalle, Las Heras y Malargüe. Estas nociones de sustentabilidad también pueden ser aprovechados en viviendas sociales y en casas ya construidas.
Leandro Vélez, arquitecto, investigador de la Universidad de Mendoza y director del Centro de Investigación, Desarrollo y Enseñanza de Permacultura (Cidep), empezó a trabajar con esta modalidad en 2007. “Fue un desafío muy grande porque en la provincia hay un preconcepto sobre la construcción en técnicas mixtas en tierras crudas que se utiliza en este tipo de viviendas”, comenzó a explicar el experto que aplica en sus obras aspectos bioclimáticos.
Para aprender esta forma de trabajo viajó al sur del país y se basó en el conocimiento empírico que tenían los huarpes. “No se trata de volver al pasado, sino aprovechar esa sabiduría, sumarle tecnología y vivir de alguna manera respetando el entorno”, explicó.
El problema para él, es que cuando se habla de barro inmediatamente se lo relaciona con el adobe que es un material que tiene muy mala fama, pero, según su visión, es porque no estuvo bien utilizado. A diferencia de aquellas casas de antaño que fueron desapareciendo, lo que hace Vélez es una estructura independiente metálica o de madera para luego cerrar con técnicas mixtas, como quincha, fardo, adobe, entre otros. “Yo hago verificar la estructura al cálculo técnico y el barro cumple la función de cerramiento”, detalló el profesional que tiene once obras aprobadas en la actualidad.
Lo que él destaca de este modo de edificación es que logra reducir hasta un 35 por ciento los costos en relación a la construcción tradicional y que permite la autoconstrucción asistida lo que permite ahorrar aún más. “Para mí es impresionante ver cada vez más profesionales trabajando en el tema, soy asesor externo de proyectos de tesis en la universidad y veo cómo cada vez más alumnos eligen el tema”, comentó. Con respecto a las personas interesadas reconoció que todavía hay cierta resistencia, pero que igual se avanzado si se compara con cinco años atrás. “Nosotros contamos con ejemplos concretos de obras que han tenido buenos resultados que tienen y que no le envidian nada a los sistemas convencionales”, aseguró.
Ahorro de agua y energía
El arquitecto Gustavo Monteverdi comenzó hace cuatro años a trabajar con esta modalidad, pero antes decidió utilizarse a sí mismo como “conejillo de indias”. “Primero que nada, hice mi propia casa con concepto bioclimático y sustentable acorde a la realidad de nuestra provincia”, señaló el profesional que tiene su vivienda en Rodeo de la Cruz.
Tal como su colega, Monteverdi utiliza estructuras independientes y la recubre con distintas técnicas de barro. “Trabajamos con madera de bosques implantados de Misiones o de Corrientes que no perjudican los bosques autóctonos”, precisó. Una de las ventajas de utilizar la tierra para la obra es que el barro se prepara en el mismo lugar y no se necesita movilizar fletes.
Para ahorrar agua utiliza biodigestores. “Se colocan las cloacas de modo de poder reciclar el agua gris que proviene de lavatorios, cocinas, lavarropas, ducha, que representa 80 por ciento del agua que consume una familia y se puede usar para regar”, indicó el arquitecto.
La energía solar es otro punto que incorpora este tipo de viviendas. “Por ahora empleamos la energía solar térmica para el calentamiento de agua para el uso sanitario y de cocina, para ello se usan colectores solares que son como tubos de vidrio expuestos a la radiación solar que acumulan agua caliente en un tanque asilado”, detalló. Para el resto se utiliza la energía convencional, aunque en mediano plazo podría reemplazarse también.
“Como en San Juan van comenzar a producir paneles solares tal vez su precio sea más accesible que el actual y podamos incorporarlos”, añadió.
Según su experiencia, Monteverdi nota mucha más gente interesada en la construcción sustentable que años atrás. “Si bien muchos preguntan, uno de cada diez finalmente me dice que sí”, reconoció. Dentro de ellos, la mayoría son personas que quieren volver a lo natural, se escapan de la urbe y se van a vivir a lugares alejados o de montaña. “Los mendocinos somos un poco reacios al cambio, pero si uno ve que su vecino lo hace va empezando a animarse. Lo que falta es más difusión y desterrar muchos mitos”, cerró.
Aplicado a viviendas sociales
Pero no son únicamente las viviendas privadas las que pueden comenzar a aplicar este tipo de técnicas, sino que son muy recomendadas para viviendas sociales. En este concepto trabaja Jorge Mitchell, miembro del grupo del Laboratorio de Ambiente, Humano y Vivienda del Incihusa, CCT- Conicet, Mendoza. “Esta línea de trabajo tiene una experiencia comprobada desde hace bastante tiempo, en la provincia inclusive hay un prototipo de vivienda social que está en el Barrio Parque Sur de Godoy Cruz desde el año 81”, contó el arquitecto.
Con el pasar de los años se ha ido avanzando en esos conocimientos y se ha incorporado el concepto de sustentabilidad social. “La transferencia de conocimiento bioclimático ha demostrado que el usuario es fundamental, no sólo en el uso y mantenimiento, sino también en la operación, lo que permite que haya una adaptación socio técnica”, explicó.
Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es el diseño participativo. “Hay que garantizar que la comunidad participe en las decisiones del diseño de su vivienda, porque es un derecho que le asiste y muchas veces no lo puede hacer valer”, remarcó el experto.
Además de utilizar las condiciones del clima, es clave emplear los materiales del lugar. “Por ejemplo, ahora estamos en una tarea de transferencia con una comunidad huarpe de Lavalle que está construyendo ladrillos ecológicos con el propio suelo del lugar y con un consumo bajísimo de agua”, ejemplificó Mitchell. Por otra parte, recalcó la importancia del diseño bioclimático: “La orientación de la vivienda, una buena aislación y ventilación cruzada le permite a la persona que la habita utilizar menos energía en invierno y en verano”, señaló.
Uno de los problemas que generalmente se presentan a la hora de concretar este tipo de emprendimientos sociales es que por un lado, los decisores, tanto políticos como emprendedores privados, no están concientizados al respecto y por el otro, muchas personas no aceptan este tipo de construcción. “Por lo que es fundamental la tarea de concientización y que la decisión se toma consensuadamente con cada comunidad para satisfacer mejor sus necesidades”, destacó el profesional que ha desarrollado proyectos de investigación y desarrollo, en los que ha participado el IPV como institución beneficiaria de los resultados. “Pero lamentablemente hasta ahora no se ha concretado la construcción de algunos de dichos proyectos”, reconoció.
Finalmente, es impostergable la tarea por un hábitat sustentable, la que consume una parte considerable de energía en un contexto de crisis, donde es posible mejorar las condiciones ambientales, reducir los efectos contaminantes a la atmósfera y mitigar el cambio climático.
Charlas gratuitas abiertas al público
Para todos aquellos interesados en conocer los aspectos fundamentales sobre la construcción sustentable y natural, Fundación Rural realizará un curso gratuito al respecto. El mismo comenzó ayer y continuará los próximos miércoles 12 y 19; el horario es de 15.30 a 18.30 en la sede de la Fundación, ubicada en Godoy Cruz 127 de Ciudad.
Las charlas estará a cargo del arquitecto Gustavo Monteverdi, y tienen como principal objetivo involucrar a las personas al proceso creativo de su propio habitar, teniendo como principios el cuidado de la tierra, de las personas y de todos los seres vivos.
Los cupos son limitados, para más información comunicarse a los teléfonos 4298728 ó 4234228.
Tips para ahorrar energía y recursos en cualquier casa
Si bien Eduardo Sosa, gestor ambiental y experto en eco-eficiencia, reconoce que para aplicar los conceptos de ahorro de energía y otros recursos naturales es mejor empezar con una vivienda desde cero, también pueden adaptarse a casas ya construidas. “La potencialidad de aplicación de estas medidas depende de la capacidad de inversión, de la posibilidad de hacer reformas, de la orientación, el contexto y los patrones de consumo de sus habitantes”, señaló el profesional que aconseja a particulares y a empresas sobre el tema. “Lo primero que hay que hacer es analizar cuáles son los costos de energía, de agua, de gas, para tener un valor de lo que se está gastando y a partir de allí proponer distintas medidas”, explicó.
En cuanto a las alternativas, remarcó que se adaptan al bolsillo y necesidades de cada persona. “Podés comprar un calefón solar para producir agua caliente para la vivienda o construir un calefón solar casero haciendo pasar el tubo por una sistema de mangueras que capten el calor solar, lo único que va a faltar es la acumulación”, precisó.
Otra opción es invertir en un aire acondicionado ecológico (que no genera gases de efecto invernadero) o ahorrar en refrigeración evitando la entrada de luz directa, colocando en el exterior pinturas elastoméricas y plantas. “Por ejemplo en Córdoba aplicamos un techo verde a una oficina y complementamos con pintura elastomérica y de un verano a otro la temperatura bajó 7 grados”, comentó Sosa quien también suele aplicar rehuso de aguas grises, jardines de bajo consumo de agua, entre otros.
Pero más allá de contar con un equipamiento que incluya tecnologías apropiadas es muy importante cambiar el comportamiento de los usuarios. “Los hábitos de consumo son fundamentales a la hora de ahorrar energía y recursos, lo bueno es que no tienen costos pero en necesario aprenderlos y ejercitarlos”, cerró gestor ambiental que brindará una charla al respecto en el Mendoza Green Market.
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