"Muchachos" de la UOCRA quieren minería en Chubut
08:48 | 
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La UOCRA apoya la explotación minera en la Meseta
Fecha de Publicación: 01/10/2014
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
La Unión Obrera de la Construcción de Chubut (UOCRA), se expresó en contra del Proyecto de Ley presentado por la Unión de Asambleas Ciudadanas, ya que consideran que “encara contra una actividad legal y legítima amparada y promovida por uno de los cuatro Códigos Nacionales vigentes en Argentina”.
“Sabemos lo que es no tener trabajo, por eso acompañamos a los compañeros de la Meseta con su reclamo hecho Manifiesto, ellos y nosotros, los trabajadores de la construcción necesitamos de trabajos genuinos ya que son estos los que le permiten al trabajador la Justicia Social, acercar a la mesa el sustento diario, tener una bien ganada protección familiar”, reza el escrito de la UOCRA.
Asimismo, resalta que “en Santa Cruz la inversión minera es una oportunidad para los compañeros de la construcción, hemos estado ahí con muchos compañeros chubutenses. Queremos que se debata para que también aquí sea una importante oportunidad laboral como lo es en todas las provincias que aprovechan la riqueza de sus recursos minerales”.
“Aprovechamos esta oportunidad para solicitarles a los legisladores, a que debatan el tema de la Industria Minera. Entendemos que están tan preocupados como nosotros en que haya más y mejores fuentes de trabajo, muchos compañeros viven innecesariamente una dramática situación sin salarios. La industria minería metalífera es una de esas herramientas que la política tiene a mano para combatir el desempleo y generar Bienestar General”, puntualizan.
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Fecha de Publicación: 01/10/2014
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
La Unión Obrera de la Construcción de Chubut (UOCRA), se expresó en contra del Proyecto de Ley presentado por la Unión de Asambleas Ciudadanas, ya que consideran que “encara contra una actividad legal y legítima amparada y promovida por uno de los cuatro Códigos Nacionales vigentes en Argentina”.
“Sabemos lo que es no tener trabajo, por eso acompañamos a los compañeros de la Meseta con su reclamo hecho Manifiesto, ellos y nosotros, los trabajadores de la construcción necesitamos de trabajos genuinos ya que son estos los que le permiten al trabajador la Justicia Social, acercar a la mesa el sustento diario, tener una bien ganada protección familiar”, reza el escrito de la UOCRA.
Asimismo, resalta que “en Santa Cruz la inversión minera es una oportunidad para los compañeros de la construcción, hemos estado ahí con muchos compañeros chubutenses. Queremos que se debata para que también aquí sea una importante oportunidad laboral como lo es en todas las provincias que aprovechan la riqueza de sus recursos minerales”.
“Aprovechamos esta oportunidad para solicitarles a los legisladores, a que debatan el tema de la Industria Minera. Entendemos que están tan preocupados como nosotros en que haya más y mejores fuentes de trabajo, muchos compañeros viven innecesariamente una dramática situación sin salarios. La industria minería metalífera es una de esas herramientas que la política tiene a mano para combatir el desempleo y generar Bienestar General”, puntualizan.
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La Justicia salteña frena otro desmonte
La Justicia salteña suspendió otro desmonte denunciado por Greenpeace
Fecha de Publicación: 01/10/2014
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
Tras recibir la denuncia de Greenpeace por el cargo de “destrucción de bosques”, la justicia notificó al dueño de la finca San Francisco, José María García del Río, que debe suspender el desmonte (1). El predio se encuentra en el departamento de San Martín, en un área protegida por la Ley Nacional de Bosques (2)
El documento, fechado el 27 de septiembre, dispone que por orden del Juzgado de Garantías n°1 a cargo de la Dra. María Flores “deberá hacer cesar todas las actividades de desmontes que se estén realizando en los terrenos pertenecientes a la finca, hasta tanto no se resuelva sobre el hecho denunciado”.
Los ambientalistas habían denunciado el desmonte ilegal en 2013 y nuevamente la semana pasada, cuando comprobaron que habían avanzado las topadoras y las quemas en más de 3 mil hectáreas. Luego fueron encerrados por el dueño del lugar, quien les impidió la salida hasta que llegó la Policía (3). La organización presentó la denuncia por destrucción de bosques y privación ilegítima de la libertad.
La resolución se suma al fallo que la Justicia salteña dictó el mes pasado para el caso Cuchuy, que autorizó a Greenpeace a continuar bloqueando las cisternas que alimentan las topadoras y mantener los controles contra los desmontes en la zona. (4)
La finca San Francisco fue recategorizada por el gobierno de Juan Manuel Urtubey como Categoría III - verde, que habilita el desmonte de 6.383 hectáreas para uso agrícola y ganadero. Tres mil de ellas ya fueron deforestadas.
Los cambios de zonificación que está realizando ilegalmente el gobierno de Salta con el objetivo de autorizar desmontes en zonas protegidas por la Ley de Bosques superan las 150.000 hectáreas y se están ejecutando en este momento.
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Fecha de Publicación: 01/10/2014
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
Tras recibir la denuncia de Greenpeace por el cargo de “destrucción de bosques”, la justicia notificó al dueño de la finca San Francisco, José María García del Río, que debe suspender el desmonte (1). El predio se encuentra en el departamento de San Martín, en un área protegida por la Ley Nacional de Bosques (2)
El documento, fechado el 27 de septiembre, dispone que por orden del Juzgado de Garantías n°1 a cargo de la Dra. María Flores “deberá hacer cesar todas las actividades de desmontes que se estén realizando en los terrenos pertenecientes a la finca, hasta tanto no se resuelva sobre el hecho denunciado”.
Los ambientalistas habían denunciado el desmonte ilegal en 2013 y nuevamente la semana pasada, cuando comprobaron que habían avanzado las topadoras y las quemas en más de 3 mil hectáreas. Luego fueron encerrados por el dueño del lugar, quien les impidió la salida hasta que llegó la Policía (3). La organización presentó la denuncia por destrucción de bosques y privación ilegítima de la libertad.
La resolución se suma al fallo que la Justicia salteña dictó el mes pasado para el caso Cuchuy, que autorizó a Greenpeace a continuar bloqueando las cisternas que alimentan las topadoras y mantener los controles contra los desmontes en la zona. (4)
La finca San Francisco fue recategorizada por el gobierno de Juan Manuel Urtubey como Categoría III - verde, que habilita el desmonte de 6.383 hectáreas para uso agrícola y ganadero. Tres mil de ellas ya fueron deforestadas.
Los cambios de zonificación que está realizando ilegalmente el gobierno de Salta con el objetivo de autorizar desmontes en zonas protegidas por la Ley de Bosques superan las 150.000 hectáreas y se están ejecutando en este momento.
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Wichis solicitan a Urtubey que pare los desmontes
Comunidades Wichis piden a Urtubey que cancele los permisos de desmonte
Fecha de Publicación: 30/09/2014
Fuente: Que Pasa Salta
Provincia/Región: Salta
Las comunidades Wichis de Cuchuy, Corralito y San José, junto a 23 comunidades de la zona de General Mosconi y General Ballivian, reclamaron al gobernador Juan Manuel Urtubey que retire las autorizaciones de desmonte en la zona, ya que el afecta su forma de vida y su supervivencia. Al mismo tiempo, manifestaron su apoyo a la actividad de Greenpeace en sus territorios.
“El bosque es nuestra vida, sin él no somos nadie. Nos da comida, de allí sacamos nuestros remedios naturales. También es nuestra fuente de trabajo, nos provee de chaguar con el que elaboramos artesanías para vender”, señala el documento enviado al mandatario.
El reclamo exige un freno inmediato a la deforestación ilegal: “Nos oponemos a los desmontes que se realizan en nuestro territorio. Como máximo representante del gobierno de Salta, le exigimos que haga efectivo el cumplimiento de las leyes nacionales de Bosques Nativos (26.331) y de Emergencia de la Posesión y Propiedad Comunitaria Indígena (26.160).”
Los firmantes advirtieron que el reclamo continuará hasta que las topadoras se retiren definitivamente.
“A su vez, hacemos público nuestro apoyo a los integrantes de Greenpeace, quienes trabajan para frenar la destrucción de nuestra fuente de vida: los Bosques. La labor que están realizando en nuestro territorio es bienvenida”. Concluye el texto.
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Fecha de Publicación: 30/09/2014
Fuente: Que Pasa Salta
Provincia/Región: Salta
Las comunidades Wichis de Cuchuy, Corralito y San José, junto a 23 comunidades de la zona de General Mosconi y General Ballivian, reclamaron al gobernador Juan Manuel Urtubey que retire las autorizaciones de desmonte en la zona, ya que el afecta su forma de vida y su supervivencia. Al mismo tiempo, manifestaron su apoyo a la actividad de Greenpeace en sus territorios.
“El bosque es nuestra vida, sin él no somos nadie. Nos da comida, de allí sacamos nuestros remedios naturales. También es nuestra fuente de trabajo, nos provee de chaguar con el que elaboramos artesanías para vender”, señala el documento enviado al mandatario.
El reclamo exige un freno inmediato a la deforestación ilegal: “Nos oponemos a los desmontes que se realizan en nuestro territorio. Como máximo representante del gobierno de Salta, le exigimos que haga efectivo el cumplimiento de las leyes nacionales de Bosques Nativos (26.331) y de Emergencia de la Posesión y Propiedad Comunitaria Indígena (26.160).”
Los firmantes advirtieron que el reclamo continuará hasta que las topadoras se retiren definitivamente.
“A su vez, hacemos público nuestro apoyo a los integrantes de Greenpeace, quienes trabajan para frenar la destrucción de nuestra fuente de vida: los Bosques. La labor que están realizando en nuestro territorio es bienvenida”. Concluye el texto.
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Córdoba a la deriva por crecidas severas
Córdoba, en déficit para prevenir crecidas severas
Fecha de Publicación: 30/09/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El equipamiento existente es insuficiente y atrasado. Está en marcha un plan de la Provincia y la UNC para sumar instrumental, que prometen culminar en 2015.
Córdoba tiene un insuficiente y atrasado sistema para registrar lluvias, por lo que carece de estadísticas confiables de precipitaciones en todo su mapa. Tampoco tiene un sistema integral de alerta de crecidas de ríos, para prevenir emergencias. A eso, suma que no cuenta con un radar que pueda anticipar tormentas severas con precisión, como se hace en otras regiones del mundo e incluso del país.
En ese marco, algunas medidas para mitigar ese déficit se han puesto en marcha y otras se anuncian, a partir de convenios entre la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Si el plan se cumple, en algo más de un año Córdoba estaría en mejores condiciones de anticipar las crecidas de sus ríos, adelantar la ocurrencia de temporales y contar con estadísticas que permitan mejores diagnósticos sobre precipitaciones.
El deterioro no está sólo marcado por no haber incorporado equipamiento en las últimas décadas, sino porque además el viejo existente se fue desmantelando. Un ejemplo: hasta los años ’80 había entre 500 y 700 pluviómetros en Córdoba, a razón de uno por cada estación de ferrocarril, entre otros sitios. Al derrumbarse el sistema nacional ferroviario, casi nada quedó de aquello.
Por hacerse
Edgar Castelló, secretario de Recursos Hídricos de Córdoba, dijo que está en marcha un programa mediante un convenio con el Laboratorio de Hidráulica de la UNC para la instalación, operación y mantenimiento de nuevo equipamiento.
Juan Pablo Brarda, director de Recursos Hídricos, precisó que entre 2014 y 2015 se colocará instrumental que permitiría “mejorar la alerta temprana sobre crecidas de ríos y optimizar la información estadística disponible de lluvias”. Parte de la aparatología ya se adquirió y algo ya se instaló.
Brarda citó que se comenzaron a instalar 21 limnímetros, que miden el caudal de ríos e informan en tiempo real a una central de monitoreo. Algunos de ellos han sido colocados en los ríos Quinto, Dulce y Tercero.
También se sumarán 18 pluviógrafos, que miden lluvia caída y envían también datos al instante sobre precipitaciones, que se colocarán en las cuencas serranas más críticas.
Esos equipos presentan dos dilemas que tratan de salvar. Uno es que para enviar información al instante requieren energía, en sitios que por lo general no cuentan con red eléctrica, por lo que debe apelarse a paneles solares o baterías. El otro es evitar el vandalismo, porque al estar en puntos remotos se facilita su destrucción. “En cada caso se instalarán con tejido perimetral y protecciones, pero cuando hay intención de destruir, no hay modo”, planteó Brarda.
“Para que funcionen como alertas, necesitaremos poder ajustar los equipos para que entreguen una señal continua y eficiente”, advirtió como desafío Castelló. El sistema de comunicaciones que se utilizará es un punto aún por resolver, junto con técnicos de la UNC.
Hasta ahora, Córdoba sólo tiene un sistema de “alerta temprana” para advertir crecidas en el río San Antonio, que desemboca en el lago San Roque. Lo opera el organismo nacional Cirsa, que también tiene un equipo sobre el río Cosquín, en la misma cuenca, y otro en La Suela, afluente del Anisacate, que tributa al rio Segundo. A esto, se suma un sistema de alerta del municipio de Mina Clavero, para el río que lo atraviesa.
Las alertas son más necesarias en la zona serrana, por la rapidez con que se generan crecidas en pendiente. La más trágica que se recuerde fue la del arroyo Noguinet, en San Carlos Minas, hace 22 años.
Sumados
En el último año, la Provincia incorporó 37 estaciones hidrometeorológicas, en diversos puntos, que miden lluvias y caudales potenciales.
También se colocaron (en Capital y Salsipuedes), dos de siete estaciones meteorológicas (que miden temperatura, humedad, vientos y otras variables climáticas). Las otras cinco se instalarán en las zonas de Río Cuarto, Alta Gracia, Marcos Juárez, Laboulaye y Río Seco. Esas estaciones se suman a las ocho que, sin mayor tecnología, en Córdoba opera el Servicio Meteorológico Nacional y a las tres del Inta.
El último punto son los sencillos y económicos pluviómetros, recipientes que sólo miden lluvia caída pero requieren de alguien que cada día los revise. Según Brarda, unos 400 se están incorporando y serán de utilidad para tener una estadística más global y confiable de las precipitaciones en Córdoba.
Castelló acotó que, a la vez, se firmará un convenio con la Bolsa de Cereales de Córdoba para intercambiar datos con la red de pluviómetros que opera esa organización, con objetivos más agropecuarios.
El monitoreo de toda la información del sistema lo haría Recursos Hídricos, aunque lo relativo a crecidas y tormentas se compartiría con Defensa Civil, según se indicó.
Para estar a tono con un modelo de prevención moderno y preciso, Córdoba necesitaría un radar meteorológico, del que hoy carece.
Un radar meteorológico en la UNC
Anuncio. La UNC anunció en 2006 que en su predio se instalaría un radar meteorológico Doppler. No hay ninguno en Córdoba y existen apenas nueve en el país. Aunque demorado, recientemente se ratificó el proyecto y los elementos están en construcción.
Alcance. Un radar de ese tipo permitiría pronosticar en un radio de 400 kilómetros (alcanzaría para todo el mapa cordobés), la ocurrencia de tormentas de lluvias, vientos y granizos. Sería de marcada utilidad para anticipar temporales severos, con mayor precisión respecto de intensidad y zona afectable que las actuales advertencias del Servicio Meteorológico Nacional, muy generales y para grandes zonas. Ese radar, junto a otros para diferentes provincias, forma parte de un plan demorado pero ratificado por el Ministerio de Defensa.
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Fecha de Publicación: 30/09/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El equipamiento existente es insuficiente y atrasado. Está en marcha un plan de la Provincia y la UNC para sumar instrumental, que prometen culminar en 2015.
Córdoba tiene un insuficiente y atrasado sistema para registrar lluvias, por lo que carece de estadísticas confiables de precipitaciones en todo su mapa. Tampoco tiene un sistema integral de alerta de crecidas de ríos, para prevenir emergencias. A eso, suma que no cuenta con un radar que pueda anticipar tormentas severas con precisión, como se hace en otras regiones del mundo e incluso del país.
En ese marco, algunas medidas para mitigar ese déficit se han puesto en marcha y otras se anuncian, a partir de convenios entre la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Si el plan se cumple, en algo más de un año Córdoba estaría en mejores condiciones de anticipar las crecidas de sus ríos, adelantar la ocurrencia de temporales y contar con estadísticas que permitan mejores diagnósticos sobre precipitaciones.
El deterioro no está sólo marcado por no haber incorporado equipamiento en las últimas décadas, sino porque además el viejo existente se fue desmantelando. Un ejemplo: hasta los años ’80 había entre 500 y 700 pluviómetros en Córdoba, a razón de uno por cada estación de ferrocarril, entre otros sitios. Al derrumbarse el sistema nacional ferroviario, casi nada quedó de aquello.
Por hacerse
Edgar Castelló, secretario de Recursos Hídricos de Córdoba, dijo que está en marcha un programa mediante un convenio con el Laboratorio de Hidráulica de la UNC para la instalación, operación y mantenimiento de nuevo equipamiento.
Juan Pablo Brarda, director de Recursos Hídricos, precisó que entre 2014 y 2015 se colocará instrumental que permitiría “mejorar la alerta temprana sobre crecidas de ríos y optimizar la información estadística disponible de lluvias”. Parte de la aparatología ya se adquirió y algo ya se instaló.
Brarda citó que se comenzaron a instalar 21 limnímetros, que miden el caudal de ríos e informan en tiempo real a una central de monitoreo. Algunos de ellos han sido colocados en los ríos Quinto, Dulce y Tercero.
También se sumarán 18 pluviógrafos, que miden lluvia caída y envían también datos al instante sobre precipitaciones, que se colocarán en las cuencas serranas más críticas.
Esos equipos presentan dos dilemas que tratan de salvar. Uno es que para enviar información al instante requieren energía, en sitios que por lo general no cuentan con red eléctrica, por lo que debe apelarse a paneles solares o baterías. El otro es evitar el vandalismo, porque al estar en puntos remotos se facilita su destrucción. “En cada caso se instalarán con tejido perimetral y protecciones, pero cuando hay intención de destruir, no hay modo”, planteó Brarda.
“Para que funcionen como alertas, necesitaremos poder ajustar los equipos para que entreguen una señal continua y eficiente”, advirtió como desafío Castelló. El sistema de comunicaciones que se utilizará es un punto aún por resolver, junto con técnicos de la UNC.
Hasta ahora, Córdoba sólo tiene un sistema de “alerta temprana” para advertir crecidas en el río San Antonio, que desemboca en el lago San Roque. Lo opera el organismo nacional Cirsa, que también tiene un equipo sobre el río Cosquín, en la misma cuenca, y otro en La Suela, afluente del Anisacate, que tributa al rio Segundo. A esto, se suma un sistema de alerta del municipio de Mina Clavero, para el río que lo atraviesa.
Las alertas son más necesarias en la zona serrana, por la rapidez con que se generan crecidas en pendiente. La más trágica que se recuerde fue la del arroyo Noguinet, en San Carlos Minas, hace 22 años.
Sumados
En el último año, la Provincia incorporó 37 estaciones hidrometeorológicas, en diversos puntos, que miden lluvias y caudales potenciales.
También se colocaron (en Capital y Salsipuedes), dos de siete estaciones meteorológicas (que miden temperatura, humedad, vientos y otras variables climáticas). Las otras cinco se instalarán en las zonas de Río Cuarto, Alta Gracia, Marcos Juárez, Laboulaye y Río Seco. Esas estaciones se suman a las ocho que, sin mayor tecnología, en Córdoba opera el Servicio Meteorológico Nacional y a las tres del Inta.
El último punto son los sencillos y económicos pluviómetros, recipientes que sólo miden lluvia caída pero requieren de alguien que cada día los revise. Según Brarda, unos 400 se están incorporando y serán de utilidad para tener una estadística más global y confiable de las precipitaciones en Córdoba.
Castelló acotó que, a la vez, se firmará un convenio con la Bolsa de Cereales de Córdoba para intercambiar datos con la red de pluviómetros que opera esa organización, con objetivos más agropecuarios.
El monitoreo de toda la información del sistema lo haría Recursos Hídricos, aunque lo relativo a crecidas y tormentas se compartiría con Defensa Civil, según se indicó.
Para estar a tono con un modelo de prevención moderno y preciso, Córdoba necesitaría un radar meteorológico, del que hoy carece.
Un radar meteorológico en la UNC
Anuncio. La UNC anunció en 2006 que en su predio se instalaría un radar meteorológico Doppler. No hay ninguno en Córdoba y existen apenas nueve en el país. Aunque demorado, recientemente se ratificó el proyecto y los elementos están en construcción.
Alcance. Un radar de ese tipo permitiría pronosticar en un radio de 400 kilómetros (alcanzaría para todo el mapa cordobés), la ocurrencia de tormentas de lluvias, vientos y granizos. Sería de marcada utilidad para anticipar temporales severos, con mayor precisión respecto de intensidad y zona afectable que las actuales advertencias del Servicio Meteorológico Nacional, muy generales y para grandes zonas. Ese radar, junto a otros para diferentes provincias, forma parte de un plan demorado pero ratificado por el Ministerio de Defensa.
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Bajo El Durazno firma contrato
Se firma el contrato para la explotación de Bajo El Durazno
Fecha de Publicación: 30/09/2014
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
El convenio será entre las empresas Ymad y Minera Alumbrera. Se invertirán 60 millones de dólares para la puesta en marcha.
Hoy será una jornada histórica para la Provincia porque se firmará el contrato entre las empresas Ymad y Minera Alumbrera para la opción de la explotación de Bajo El Durazno. Después de 17 años, la Provincia pondrá en marcha un nuevo yacimiento. El último fue Bajo La Alumbrera en 1997. Como impacto directo significará ingresos por regalías mineras y utilidades y la generación de 80 fuentes de trabajo.
El acto será a las 18 en la sala Ezequiel Soria del Cine Teatro Catamarca y el acuerdo será entre ambas empresas ya que Bajo El Durazno se encuentra dentro del área de Farallón Negro que pertenece a Ymad. Por un contrato que se firmó hace algunos años, tras un llamado a licitación internacional, Minera Alumbrera tenía la opción a la exploración y a la explotación.
El yacimiento es de cobre y oro y tiene similares características que Bajo La Alumbrera ya que se encuentra a 2 kilómetros de esta mina. Ymad ya venía realizando estudios de exploración desde hace más de 40 años. En el último período, se incorporó Minera Alumbrera. En 2013, Minera realizó una campaña de perforación de 5.000 metros. Luego, en octubre de 2013, la Secretaría de Minería aprobó la ejecución de la ampliación del programa de perforación para la etapa de exploración del proyecto Bajo El Durazno.
Las exploraciones realizadas permitieron ubicar un recurso geológico estimado en 200 millones de toneladas de minerales.
La explotación
Para esta nueva etapa, está previsto que la empresa Minera Alumbrera (integrada por las inversoras Glencore, Goldcorp y Yamana) invierta 60 millones de dólares. Esto implicará equipamiento, maquinaria y desarrollo de infraestructura. La inversión también se verá reflejada en compras a proveedores locales.
Se estima que se podrán generar 80 fuentes de trabajo, ya se incorporaron 45 personas que pertenecen al área de influencia del proyecto. El plazo para la explotación es de dos años.
La relación entre Minera Alumbrera e Ymad es de socios ya que está última es la propietaria del yacimiento. Es por ello que Ymad percibe utilidades que en el caso de Minera Alumbrera son del 20%.
Precisamente, uno de los puntos a destacar es que a partir de la puesta en marcha de Bajo El Durazno, Ymad percibirá el 30% de utilidades.
El inicio de las tareas para la extracción del mineral garantiza que Minera Alumbrera compensará la baja de la producción, prevista para los años, 2015-2016 por el agotamiento del yacimiento. Es decir que permitirá extender la vida útil de la planta ya que el mineral que se extraiga será tratado en la planta que tiene la empresa.
Para la Provincia, es importante poner en marcha Bajo el Durazno como proyecto adicional a la actividad que ya se desarrolla en Bajo de la Alumbrera, dado que permitirá mantener su nivel de producción, y continuar con la percepción de los beneficios económicos que recibe la provincia.
En definitiva, el inicio de la explotación es un evento auspicioso para la Provincia ya que inicia su actividad en un contexto de retracción para el sector a nivel nacional. Además, implicará un incremento en las utilidades que percibe la Provincia.
Solo queda por resolver la polémica entre Belén y Andalgalá que se disputan la propiedad del yacimiento a partir de un conflicto limítrofe. Un informe del juez de Minas, Guillermo Cerda, aseveró que el yacimiento está en Belén. Sin embargo, Andalgalá no aceptó el pronunciamiento.
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Fecha de Publicación: 30/09/2014
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
El convenio será entre las empresas Ymad y Minera Alumbrera. Se invertirán 60 millones de dólares para la puesta en marcha.
Hoy será una jornada histórica para la Provincia porque se firmará el contrato entre las empresas Ymad y Minera Alumbrera para la opción de la explotación de Bajo El Durazno. Después de 17 años, la Provincia pondrá en marcha un nuevo yacimiento. El último fue Bajo La Alumbrera en 1997. Como impacto directo significará ingresos por regalías mineras y utilidades y la generación de 80 fuentes de trabajo.
El acto será a las 18 en la sala Ezequiel Soria del Cine Teatro Catamarca y el acuerdo será entre ambas empresas ya que Bajo El Durazno se encuentra dentro del área de Farallón Negro que pertenece a Ymad. Por un contrato que se firmó hace algunos años, tras un llamado a licitación internacional, Minera Alumbrera tenía la opción a la exploración y a la explotación.
El yacimiento es de cobre y oro y tiene similares características que Bajo La Alumbrera ya que se encuentra a 2 kilómetros de esta mina. Ymad ya venía realizando estudios de exploración desde hace más de 40 años. En el último período, se incorporó Minera Alumbrera. En 2013, Minera realizó una campaña de perforación de 5.000 metros. Luego, en octubre de 2013, la Secretaría de Minería aprobó la ejecución de la ampliación del programa de perforación para la etapa de exploración del proyecto Bajo El Durazno.
Las exploraciones realizadas permitieron ubicar un recurso geológico estimado en 200 millones de toneladas de minerales.
La explotación
Para esta nueva etapa, está previsto que la empresa Minera Alumbrera (integrada por las inversoras Glencore, Goldcorp y Yamana) invierta 60 millones de dólares. Esto implicará equipamiento, maquinaria y desarrollo de infraestructura. La inversión también se verá reflejada en compras a proveedores locales.
Se estima que se podrán generar 80 fuentes de trabajo, ya se incorporaron 45 personas que pertenecen al área de influencia del proyecto. El plazo para la explotación es de dos años.
La relación entre Minera Alumbrera e Ymad es de socios ya que está última es la propietaria del yacimiento. Es por ello que Ymad percibe utilidades que en el caso de Minera Alumbrera son del 20%.
Precisamente, uno de los puntos a destacar es que a partir de la puesta en marcha de Bajo El Durazno, Ymad percibirá el 30% de utilidades.
El inicio de las tareas para la extracción del mineral garantiza que Minera Alumbrera compensará la baja de la producción, prevista para los años, 2015-2016 por el agotamiento del yacimiento. Es decir que permitirá extender la vida útil de la planta ya que el mineral que se extraiga será tratado en la planta que tiene la empresa.
Para la Provincia, es importante poner en marcha Bajo el Durazno como proyecto adicional a la actividad que ya se desarrolla en Bajo de la Alumbrera, dado que permitirá mantener su nivel de producción, y continuar con la percepción de los beneficios económicos que recibe la provincia.
En definitiva, el inicio de la explotación es un evento auspicioso para la Provincia ya que inicia su actividad en un contexto de retracción para el sector a nivel nacional. Además, implicará un incremento en las utilidades que percibe la Provincia.
Solo queda por resolver la polémica entre Belén y Andalgalá que se disputan la propiedad del yacimiento a partir de un conflicto limítrofe. Un informe del juez de Minas, Guillermo Cerda, aseveró que el yacimiento está en Belén. Sin embargo, Andalgalá no aceptó el pronunciamiento.
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Chubut: reforestan zona afectadas por incendios
La Subsecretaría de Bosques sembró más de 1.000 plantines en Jornada de Forestación en área afectadas por incendios
Fecha de Publicación: 29/09/2014
Fuente: Gobierno de Chubut
Provincia/Región: Chubut
Se llevó adelante para recuperar áreas degradadas en la Reserva de Usos Múltiples Lago Epuyén. Se sembraron más de 1.000 plantines con especies nativas, en una hectárea y media.
El Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos, a través de la Subsecretaría de Bosques, llevó adelante la segunda “Jornada de Forestación con Especies Nativas”, con el objetivo de recuperar las áreas degradadas por incendios forestales, en la Reserva de Usos Múltiples Lago Epuyén, Puerto Patriada.
Las tareas, desarrolladas en forma conjunta con el municipio de El Hoyo, incluyeron la siembra de 1.200 plantas de ciprés, en una superficie aproximada de 1,5 hectáreas.
Al respecto, el responsable técnico de la delegación de la Subsecretaria de Bosques con asiento en la localidad de El Hoyo, Gerardo Finster, dijo: “Si bien las condiciones meteorológicas no ayudaron, dado que el viento y la lluvia se hicieron presentes, con la colaboración de 35 vecinos junto con integrantes de las Brigada de Incendios del Servicio Provincial de Manejo del Fuego con asiento en Puerto Patriada, Las Golondrinas y de la Delegación Forestal de El Hoyo, logramos plantar una superficie aún mayor a la esperada”.
Asimismo, Finster recordó que “es la segunda experiencia de implantación comunitaria que se vive tras el último gran incendio forestal que afectó la zona”.
Por último sostuvo que “este tipo de proyecto se canaliza a través de la Ley Nacional de Bosque Nativo N°26.331, a través de la cual anualmente se presentan planes institucionales y privados con el objetivo de recuperar zonas de bosque nativo degradado”.
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Fecha de Publicación: 29/09/2014
Fuente: Gobierno de Chubut
Provincia/Región: Chubut
Se llevó adelante para recuperar áreas degradadas en la Reserva de Usos Múltiples Lago Epuyén. Se sembraron más de 1.000 plantines con especies nativas, en una hectárea y media.
El Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos, a través de la Subsecretaría de Bosques, llevó adelante la segunda “Jornada de Forestación con Especies Nativas”, con el objetivo de recuperar las áreas degradadas por incendios forestales, en la Reserva de Usos Múltiples Lago Epuyén, Puerto Patriada.
Las tareas, desarrolladas en forma conjunta con el municipio de El Hoyo, incluyeron la siembra de 1.200 plantas de ciprés, en una superficie aproximada de 1,5 hectáreas.
Al respecto, el responsable técnico de la delegación de la Subsecretaria de Bosques con asiento en la localidad de El Hoyo, Gerardo Finster, dijo: “Si bien las condiciones meteorológicas no ayudaron, dado que el viento y la lluvia se hicieron presentes, con la colaboración de 35 vecinos junto con integrantes de las Brigada de Incendios del Servicio Provincial de Manejo del Fuego con asiento en Puerto Patriada, Las Golondrinas y de la Delegación Forestal de El Hoyo, logramos plantar una superficie aún mayor a la esperada”.
Asimismo, Finster recordó que “es la segunda experiencia de implantación comunitaria que se vive tras el último gran incendio forestal que afectó la zona”.
Por último sostuvo que “este tipo de proyecto se canaliza a través de la Ley Nacional de Bosque Nativo N°26.331, a través de la cual anualmente se presentan planes institucionales y privados con el objetivo de recuperar zonas de bosque nativo degradado”.
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Represas de Santa Cruz podrían afectar glaciares
Represas: variadas opiniones sobre el impacto en el Glaciar
Fecha de Publicación: 29/09/2014
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
Sin fecha aún para la audiencia pública, ya se escuchan diferentes voces sobre los impactos que generarían las represas. El grupo llamado “Río Santa Cruz sin represas”, apoyado por la fundación nacional “banco de Bosques”, se opone a la construcción. Cita fundamentos del ingeniero Gerardo Bartolomé, quien advierte del impacto en el glaciar, pero se ubica en una postura de término medio.
Varias son las posturas que se consolidan con el pasar de los meses, y a medida que se acerca el llamado a una Audiencia Pública de carácter provincial en la que las empresas constructoras deben presentar su Estudio de Impacto Ambiental sobre las represas a construirse en el río Santa Cruz.
Como ya informara La Opinión Austral, aún no se definió la fecha de la audiencia.
Hasta ahora, el gobernador provincial Daniel Peralta sólo anticipó su intención de que se desarrolle en Comandante Luis Piedra Buena, la que junto a El Calafate son las localidades más cercanas a ambos futuros complejos hidroeléctricos.
Precisamente en la villa turística se vienen dando anuncios y diferentes firmas, que contemplan el proceso de inicio de obra.
Pero ahora, en El Calafate también comienzan a escucharse voces no tan de acuerdo con la construcción de las represas.
Horas atrás, en la sede de la Asociación de Guías Turísticos, se presentó el documental DamNation, que muestra impactos negativos de las represas en Estados Unidos.
Junto a la película se escuchó una presentación de Emiliano Ezcurra, de la fundación ambientalista “Banco de Bosques”, dedicada a la preservación de bosques nativos en Argentina.
Oposición
El ambientalista puso el alerta explicando con varios fundamentos que las represas tendrán un impacto negativo en el ambiente de la zona, particularmente sobre el lago Argentino, que con sus aguas alimenta el río Santa Cruz y sobre el glaciar Perito Moreno, el más famoso de varios glaciares que son el origen del lago.
Desde su fundación, Escurra comenzó a trabajar junto a un grupo de habitantes de esta provincia que actúa con el nombre de “Río Santa Cruz”.
Para la primera semana de noviembre organizan una bajada en kayak por ese mismo río, como forma de protesta a la construcción de las represas, cuestionando también que a esta altura de los acontecimientos aún no se cuente con los estudios de impacto ambiental.
Ezcurra dice que las represas significan pagar un alto costo ambiental para generar energía en la “Kuwait de la energía eólica (Santa Cruz)”.
Que se haya conseguido el financiamiento para las obras no significa que es tarde para frenar el proceso, dice Ezcurra. A quienes presenciaron la exhibición de la película y luego en entrevistas periodísticas, el ambientalista que está de paso por Santa Cruz comparó el caso de las represas santacruceñas con las que se proyectaron y no se construyeron sobre el río Bermejo.
La postura es tajante: que no se construyan las represas y que el financiamiento sea dirigido a energías renovables.
Bartolomé, otra postura
La campaña “Río Santa Cruz sin represas” en parte se basa en los estudios de Gerardo Bartolomé, ingeniero civil y estudioso de la Patagonia que desde tiempo viene planteando el impacto negativo que la represa “Néstor Kirchner” podría tener sobre el lago y el glaciar Perito Moreno.
Bartolomé encabezó una campaña recientemente, reuniendo 20 mil firmas mediante la página www.change.org, con una carta dirigida a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y a la intendenta del Parque Nacional Los Glaciares, pidiendo que se revea el proyecto original.
El ingeniero plantea que la operatividad de la empresa acelerará los tiempos de subida y bajada de la coa del lago, y que ello generaría una corriente que erosionaría constantemente el frente del glaciar, haciendo que este no alcance a tocar tierra y por lo tanto no se produzca el famoso proceso de cierre y posterior ruptura.
Días atrás, Bartolomé fue convocado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, donde se tomó nota del planteo del profesional.
“Yo no estoy en contra que se construyan esas represas, lo que digo es que hay un aspecto que creo no se ha tenido en cuenta y que debe ser estudiado”, explicó Bartolomé en una entrevista dada ayer a la radio calafatense FM Dimensión, en la que reforzó los conceptos escritos en un artículo de una revista ambiental.
Para el ingeniero, que es autor de varios libros sobre la Patagonia y sus recursos naturales, incluso siguiendo rutas del Francisco Moreno y del inglés Darwin, “la alternativa es cambiar la cota de la represa Néstor Kirchner”, bajando su máximo permitido para que esto haga que no sea tan grande la oscilación del nivel de agua y que se minimice el efecto de la corriente que podría formarse en el lago.
El punto preocupante para el ingeniero es que los estudios que se deben realizar para saber si el impacto será finalmente el que se prevé, deben hacerse con datos de mediciones que llevan mucho tiempo, y que su recolección atrase la obra, o que la información científica esté cuando la obra esté comenzada.
La crítica del ingeniero es que primero deberían haberse realizado los estudios y luego licitarse la obra.
Pero además, Gerardo Bartolomé se diferenció del grupo “Río Santa Cruz sin represas”. “Me encantaría que las represas no fueran necesarias, pero tarde o temprano estas y otras se terminarán haciendo. Son un mal necesario, entonces sería bueno que las hagamos de manera inteligente y limitar el impacto”.
Por ahora la conclusión es que la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación conformará un grupo multidiciplinario que estudie los aportes como el realizado por Bartolomé.
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Fecha de Publicación: 29/09/2014
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Santa Cruz
Sin fecha aún para la audiencia pública, ya se escuchan diferentes voces sobre los impactos que generarían las represas. El grupo llamado “Río Santa Cruz sin represas”, apoyado por la fundación nacional “banco de Bosques”, se opone a la construcción. Cita fundamentos del ingeniero Gerardo Bartolomé, quien advierte del impacto en el glaciar, pero se ubica en una postura de término medio.
Varias son las posturas que se consolidan con el pasar de los meses, y a medida que se acerca el llamado a una Audiencia Pública de carácter provincial en la que las empresas constructoras deben presentar su Estudio de Impacto Ambiental sobre las represas a construirse en el río Santa Cruz.
Como ya informara La Opinión Austral, aún no se definió la fecha de la audiencia.
Hasta ahora, el gobernador provincial Daniel Peralta sólo anticipó su intención de que se desarrolle en Comandante Luis Piedra Buena, la que junto a El Calafate son las localidades más cercanas a ambos futuros complejos hidroeléctricos.
Precisamente en la villa turística se vienen dando anuncios y diferentes firmas, que contemplan el proceso de inicio de obra.
Pero ahora, en El Calafate también comienzan a escucharse voces no tan de acuerdo con la construcción de las represas.
Horas atrás, en la sede de la Asociación de Guías Turísticos, se presentó el documental DamNation, que muestra impactos negativos de las represas en Estados Unidos.
Junto a la película se escuchó una presentación de Emiliano Ezcurra, de la fundación ambientalista “Banco de Bosques”, dedicada a la preservación de bosques nativos en Argentina.
Oposición
El ambientalista puso el alerta explicando con varios fundamentos que las represas tendrán un impacto negativo en el ambiente de la zona, particularmente sobre el lago Argentino, que con sus aguas alimenta el río Santa Cruz y sobre el glaciar Perito Moreno, el más famoso de varios glaciares que son el origen del lago.
Desde su fundación, Escurra comenzó a trabajar junto a un grupo de habitantes de esta provincia que actúa con el nombre de “Río Santa Cruz”.
Para la primera semana de noviembre organizan una bajada en kayak por ese mismo río, como forma de protesta a la construcción de las represas, cuestionando también que a esta altura de los acontecimientos aún no se cuente con los estudios de impacto ambiental.
Ezcurra dice que las represas significan pagar un alto costo ambiental para generar energía en la “Kuwait de la energía eólica (Santa Cruz)”.
Que se haya conseguido el financiamiento para las obras no significa que es tarde para frenar el proceso, dice Ezcurra. A quienes presenciaron la exhibición de la película y luego en entrevistas periodísticas, el ambientalista que está de paso por Santa Cruz comparó el caso de las represas santacruceñas con las que se proyectaron y no se construyeron sobre el río Bermejo.
La postura es tajante: que no se construyan las represas y que el financiamiento sea dirigido a energías renovables.
Bartolomé, otra postura
La campaña “Río Santa Cruz sin represas” en parte se basa en los estudios de Gerardo Bartolomé, ingeniero civil y estudioso de la Patagonia que desde tiempo viene planteando el impacto negativo que la represa “Néstor Kirchner” podría tener sobre el lago y el glaciar Perito Moreno.
Bartolomé encabezó una campaña recientemente, reuniendo 20 mil firmas mediante la página www.change.org, con una carta dirigida a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y a la intendenta del Parque Nacional Los Glaciares, pidiendo que se revea el proyecto original.
El ingeniero plantea que la operatividad de la empresa acelerará los tiempos de subida y bajada de la coa del lago, y que ello generaría una corriente que erosionaría constantemente el frente del glaciar, haciendo que este no alcance a tocar tierra y por lo tanto no se produzca el famoso proceso de cierre y posterior ruptura.
Días atrás, Bartolomé fue convocado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, donde se tomó nota del planteo del profesional.
“Yo no estoy en contra que se construyan esas represas, lo que digo es que hay un aspecto que creo no se ha tenido en cuenta y que debe ser estudiado”, explicó Bartolomé en una entrevista dada ayer a la radio calafatense FM Dimensión, en la que reforzó los conceptos escritos en un artículo de una revista ambiental.
Para el ingeniero, que es autor de varios libros sobre la Patagonia y sus recursos naturales, incluso siguiendo rutas del Francisco Moreno y del inglés Darwin, “la alternativa es cambiar la cota de la represa Néstor Kirchner”, bajando su máximo permitido para que esto haga que no sea tan grande la oscilación del nivel de agua y que se minimice el efecto de la corriente que podría formarse en el lago.
El punto preocupante para el ingeniero es que los estudios que se deben realizar para saber si el impacto será finalmente el que se prevé, deben hacerse con datos de mediciones que llevan mucho tiempo, y que su recolección atrase la obra, o que la información científica esté cuando la obra esté comenzada.
La crítica del ingeniero es que primero deberían haberse realizado los estudios y luego licitarse la obra.
Pero además, Gerardo Bartolomé se diferenció del grupo “Río Santa Cruz sin represas”. “Me encantaría que las represas no fueran necesarias, pero tarde o temprano estas y otras se terminarán haciendo. Son un mal necesario, entonces sería bueno que las hagamos de manera inteligente y limitar el impacto”.
Por ahora la conclusión es que la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación conformará un grupo multidiciplinario que estudie los aportes como el realizado por Bartolomé.
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Liberan pingüinos del Centro de Rehabilitación de MdP
Veinte pingüinos rescatados por Fauna Marina regresaron al mar
Fecha de Publicación: 29/09/2014
Fuente: Portal 0223.com.ar
Provincia/Región: Buenos Aires
El Centro de Rehabilitación del Aquarium Mar del Plata logró la recuperación de 20 ejemplares magallánicos. En lo que va del año es el cuarto grupo de estos animales asistidos y liberados.
Este sábado el día estuvo perfecto, el sol acompañó y gracias al trabajo del Centro de Rehabilitación de Fauna Marina (CRFM) veinte ejemplares de pingüinos magallánicos regresaron a su su verdadero hogar: el mar. En las instalaciones de Aquarium Mar del Plata, los especialistas dieron inicio a la liberación de los simpáticos animalitos que habían sido "hallados en muy mal estado y hoy se encuentran nuevamente en óptimas condiciones de salud y dispuestos para regresar a su hábitat"
Fabiana Álvarez, de CRFM le contó a 0223 que "los ejemplares eran veinte entre adultos y juveniles. Llegaron a nuestras instalaciones hace apróximadamente 60 días con todo tipo de lesiones, que van desde empetrolamiento hasta heridas. Tuvieron su tiempo de rehabiltación y ahora nos encontramos en fecha de emigración para estos animales, porque ellos mismos lo determinan así y estamos en el tiempo justo", completó.
Fabiana también destacó que "si bien no todos los pingüinos llegaron en el mismo momento, afortunadamente todos pudieron recuperarse para llegar a esta fecha tan importante para poder ser liberados"
En lo que va del año, este es el cuarto grupo que pasa por el proceso de recuperación. Normalmente, los pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus) están presentes en nuestras costas y con cierta frecuencia suelen sufrir problemáticas, ocasionadas por el accionar del hombre sobre el medioambiente. Cuando se encuentran en tales condiciones, se los suele hallar en nuestras playas con signos inequívocos de necesitar ayuda, porque la situación los hace vulnerables al frío y a las duras condiciones del mar.
La alta carga parasitaria y la desnutrición, son dos de las principales afecciones halladas este año. Ésta última, relacionada íntimamente con la escasa disponibilidad de alimento, producto de la sobrepesca indiscriminada. Si bien algunos ejemplares estaban contaminados con hidrocarburos, afortunadamente son pocos los casos detectados hasta el momento.
Estas tareas, son posibles y llegan a buen término, gracias a la experiencia lograda en estos años en el manejo de esta especie, sumada a los trabajos de investigación del CRFM de Aquarium Mar del Plata, en forma conjunta con organismos nacionales e internacionales.
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Fecha de Publicación: 29/09/2014
Fuente: Portal 0223.com.ar
Provincia/Región: Buenos Aires
El Centro de Rehabilitación del Aquarium Mar del Plata logró la recuperación de 20 ejemplares magallánicos. En lo que va del año es el cuarto grupo de estos animales asistidos y liberados.
Este sábado el día estuvo perfecto, el sol acompañó y gracias al trabajo del Centro de Rehabilitación de Fauna Marina (CRFM) veinte ejemplares de pingüinos magallánicos regresaron a su su verdadero hogar: el mar. En las instalaciones de Aquarium Mar del Plata, los especialistas dieron inicio a la liberación de los simpáticos animalitos que habían sido "hallados en muy mal estado y hoy se encuentran nuevamente en óptimas condiciones de salud y dispuestos para regresar a su hábitat"
Fabiana Álvarez, de CRFM le contó a 0223 que "los ejemplares eran veinte entre adultos y juveniles. Llegaron a nuestras instalaciones hace apróximadamente 60 días con todo tipo de lesiones, que van desde empetrolamiento hasta heridas. Tuvieron su tiempo de rehabiltación y ahora nos encontramos en fecha de emigración para estos animales, porque ellos mismos lo determinan así y estamos en el tiempo justo", completó.
Fabiana también destacó que "si bien no todos los pingüinos llegaron en el mismo momento, afortunadamente todos pudieron recuperarse para llegar a esta fecha tan importante para poder ser liberados"
En lo que va del año, este es el cuarto grupo que pasa por el proceso de recuperación. Normalmente, los pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus) están presentes en nuestras costas y con cierta frecuencia suelen sufrir problemáticas, ocasionadas por el accionar del hombre sobre el medioambiente. Cuando se encuentran en tales condiciones, se los suele hallar en nuestras playas con signos inequívocos de necesitar ayuda, porque la situación los hace vulnerables al frío y a las duras condiciones del mar.
La alta carga parasitaria y la desnutrición, son dos de las principales afecciones halladas este año. Ésta última, relacionada íntimamente con la escasa disponibilidad de alimento, producto de la sobrepesca indiscriminada. Si bien algunos ejemplares estaban contaminados con hidrocarburos, afortunadamente son pocos los casos detectados hasta el momento.
Estas tareas, son posibles y llegan a buen término, gracias a la experiencia lograda en estos años en el manejo de esta especie, sumada a los trabajos de investigación del CRFM de Aquarium Mar del Plata, en forma conjunta con organismos nacionales e internacionales.
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Mendoza releva pérdida de seis mil árboles en 10 años
En 10 años se perdieron seis mil árboles por tala ilegal
Fecha de Publicación: 28/09/2014
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Recursos Naturales Renovables realizó el estudio y asegura que la situación es preocupante en los tres departamentos en el oasis central de la provincia.
La todavía húmeda superficie del tronco, un impregnante olor a madera fresca y un colchón de aserrín en el piso es lo único que quedó de un grupo de álamos altos y vigorosos que daban sombra y frescura a quienes transitan por las calles rurales de Colonia Las Rosas, en el oeste tunuyanino.
El encargado de la finca aledaña vio a los hombres talando estos ejemplares pero no pudo "correrlos" porque "estaban en la vía pública". Sin embargo, gracias a su denuncia, el resto de la alameda ahora está a salvo.
En las oficinas de Recursos Naturales del Valle de Uco, tienen picos esporádicos de denuncias de particulares que dan cuenta de estos casos de tala y poda ilegal de árboles.
Sin embargo, lo que preocupa a los inspectores de esta repartición es el notable aumento en la región -y hasta la 'normalización'- de estas prácticas que están penadas por ley y que suelen ser irremediables cuando llegan a ser descubiertas.
Por un lado, están los frentistas que -cual si fueran propietarios de los árboles que están en su vereda- los cortan o podan sin autorización. Por otro lado, avanza la tala ilegal en calles rurales y poco transitadas con fines comerciales o para realizar alguna obra.
Según un estudio encarado por la repartición valletana, en la última década han desaparecido más de seis mil ejemplares de las calles en áreas rurales de los tres departamentos y ninguno se ha replantado.
"Se está perdiendo la cultura del árbol. Los vimos siempre como parte de nuestro paisaje, no tuvimos la necesidad de sembrarlos", (sic) argumenta Miguel Firpo, uno de los inspectores de Recursos. Esto explicaría el por qué ante el mínimo problema de cañerías, la primera solución que busca el vecino es pedir que saquen el árbol.
"Solucionar la vereda lleva tres días, pero volver a tener un ejemplar de igual volumen puede tardar hasta diez años. Muchos más si se trata de un fresno o un roble, que puede llegar a 500 años", dice Firpo.
En una región agropecuaria por naturaleza como el Valle de Uco, son también muchos los productores que "solicitan erradicar toda la hilera de ejemplares que está en la calle, porque quitan nutrientes a la producción que está cerca de la calle", comenta Hernán Ponce, otro inspector del área.
Por ley, nadie puede cortar un ejemplar del arbolado público sin autorización oficial. Estos son un bien público, por lo tanto no pueden tener un fin comercial; sólo ambiental. Esto es lo que algunos no entienden.
Los inspectores señalan que es un robo común en la región: cortar árboles en calles rurales o poco transitadas para llevarse los troncos y maderas a los aserraderos. Hay quienes aseguran que se puede obtener más de 1.500 pesos por cada planta, dependiendo de su volumen y estado.
"Si pasa un camión con la carga a la mitad es para dudar, porque el transporte de madera se hace a carga llena. También, hay que analizar si los aserraderos están inscriptos, porque sólo deben aceptar cargas con todos los papeles en regla", apunta Carlos Torrez Juárez, también de la entidad.
"Cerca de mi casa, están talando unos árboles muy grandes, pero nadie me presenta una autorización. El problema es que el municipio avala el corte de tres y esta gente se lleva como nueve", se quejó Susana, del distrito El Zampal, de Tupungato.
Recursos Naturales sólo autoriza la erradicación de un ejemplar -previa inspección- porque está seco, porque se reconoce su peligrosidad o porque necesita ser erradicado para realizar una apertura de calle u otra obra vial.
Firpo explicó que del total de pedidos de erradicación que reciben, terminan permitiendo sólo un 40%. "La idea es buscar otras soluciones, como cortar sólo las raíces que hacen daño", acotó.
Cómo actuar
Denuncias. En caso de sospechas de poda o tala ilegal, los vecinos del Valle de Uco pueden denunciar anónimamente al teléfono 02622 - 422815. O vía email a Informes-anp@mendoza.gov.ar o a dmr-valledeuco@mendoza.gov.ar.
Solicitudes de inspección. El trámite se realiza en la municipalidad de cada departamento y desde allí solicitan una inspección a Recursos Naturales. Luego si esta entidad permite la tala, la municipalidad procede al corte. El frentista debe hacerse cargo de sacar el tocón que queda. Luego el municipio tiene el deber de realizar un replante con alguna variedad.
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Fecha de Publicación: 28/09/2014
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Recursos Naturales Renovables realizó el estudio y asegura que la situación es preocupante en los tres departamentos en el oasis central de la provincia.
La todavía húmeda superficie del tronco, un impregnante olor a madera fresca y un colchón de aserrín en el piso es lo único que quedó de un grupo de álamos altos y vigorosos que daban sombra y frescura a quienes transitan por las calles rurales de Colonia Las Rosas, en el oeste tunuyanino.
El encargado de la finca aledaña vio a los hombres talando estos ejemplares pero no pudo "correrlos" porque "estaban en la vía pública". Sin embargo, gracias a su denuncia, el resto de la alameda ahora está a salvo.
En las oficinas de Recursos Naturales del Valle de Uco, tienen picos esporádicos de denuncias de particulares que dan cuenta de estos casos de tala y poda ilegal de árboles.
Sin embargo, lo que preocupa a los inspectores de esta repartición es el notable aumento en la región -y hasta la 'normalización'- de estas prácticas que están penadas por ley y que suelen ser irremediables cuando llegan a ser descubiertas.
Por un lado, están los frentistas que -cual si fueran propietarios de los árboles que están en su vereda- los cortan o podan sin autorización. Por otro lado, avanza la tala ilegal en calles rurales y poco transitadas con fines comerciales o para realizar alguna obra.
Según un estudio encarado por la repartición valletana, en la última década han desaparecido más de seis mil ejemplares de las calles en áreas rurales de los tres departamentos y ninguno se ha replantado.
"Se está perdiendo la cultura del árbol. Los vimos siempre como parte de nuestro paisaje, no tuvimos la necesidad de sembrarlos", (sic) argumenta Miguel Firpo, uno de los inspectores de Recursos. Esto explicaría el por qué ante el mínimo problema de cañerías, la primera solución que busca el vecino es pedir que saquen el árbol.
"Solucionar la vereda lleva tres días, pero volver a tener un ejemplar de igual volumen puede tardar hasta diez años. Muchos más si se trata de un fresno o un roble, que puede llegar a 500 años", dice Firpo.
En una región agropecuaria por naturaleza como el Valle de Uco, son también muchos los productores que "solicitan erradicar toda la hilera de ejemplares que está en la calle, porque quitan nutrientes a la producción que está cerca de la calle", comenta Hernán Ponce, otro inspector del área.
Por ley, nadie puede cortar un ejemplar del arbolado público sin autorización oficial. Estos son un bien público, por lo tanto no pueden tener un fin comercial; sólo ambiental. Esto es lo que algunos no entienden.
Los inspectores señalan que es un robo común en la región: cortar árboles en calles rurales o poco transitadas para llevarse los troncos y maderas a los aserraderos. Hay quienes aseguran que se puede obtener más de 1.500 pesos por cada planta, dependiendo de su volumen y estado.
"Si pasa un camión con la carga a la mitad es para dudar, porque el transporte de madera se hace a carga llena. También, hay que analizar si los aserraderos están inscriptos, porque sólo deben aceptar cargas con todos los papeles en regla", apunta Carlos Torrez Juárez, también de la entidad.
"Cerca de mi casa, están talando unos árboles muy grandes, pero nadie me presenta una autorización. El problema es que el municipio avala el corte de tres y esta gente se lleva como nueve", se quejó Susana, del distrito El Zampal, de Tupungato.
Recursos Naturales sólo autoriza la erradicación de un ejemplar -previa inspección- porque está seco, porque se reconoce su peligrosidad o porque necesita ser erradicado para realizar una apertura de calle u otra obra vial.
Firpo explicó que del total de pedidos de erradicación que reciben, terminan permitiendo sólo un 40%. "La idea es buscar otras soluciones, como cortar sólo las raíces que hacen daño", acotó.
Cómo actuar
Denuncias. En caso de sospechas de poda o tala ilegal, los vecinos del Valle de Uco pueden denunciar anónimamente al teléfono 02622 - 422815. O vía email a Informes-anp@mendoza.gov.ar o a dmr-valledeuco@mendoza.gov.ar.
Solicitudes de inspección. El trámite se realiza en la municipalidad de cada departamento y desde allí solicitan una inspección a Recursos Naturales. Luego si esta entidad permite la tala, la municipalidad procede al corte. El frentista debe hacerse cargo de sacar el tocón que queda. Luego el municipio tiene el deber de realizar un replante con alguna variedad.
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Buenos Aires: histórica medida cautelar por agroquímicos
Histórica medida cautelar por agrotóxicos
Fecha de Publicación: 28/09/2014
Fuente: Renace
Provincia/Región: Buenos Aires
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires con fecha 25 de Setiembre de 2014, en los autos "PICORELLI JORGE OMAR Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON S/ INCONST. ORD. Nº 21.296" ordenó - en carácter de medida cautelar - la suspensión de los artículos 19, 23, 27, 28 y 35 de la Ordenanza N° 21.296/2013 del municipio de General Pueyrredón, Provincia de Bs As, por los cuales se eliminaba la zona de seguridad prevista en el art. 1 de la Ordenanza derogada 18.740 que establecía un radio de mil (1.000) metros a partir del límite de las plantas urbanas o núcleos poblacionales y en la totalidad de la planta urbana, en la que se prohibía la utilización de cualquier producto químico y/o biológico de uso agropecuario y/o forestal, en particular plaguicidas y/o fertilizantes.
Con la nueva ordenanza, el municipio de Gral. Pueyrredón había fijado la distancia mínima a 100 metros, creando una franja agroecológica en la que aun se permitía - absurdamente - el uso de agrotóxicos banda IV (como el glifosato).
Que oportunamente el colectivo "Paren de Fumigar Mar del Plata", con largos años de lucha contra los agrotóxicos en la ciudad feliz, planteó directamente ante la Suprema Corte de la Provincia de Bs As una acción de inconstitucionalidad de la Ordenanza N° 21.296/2013, conjuntamente con el pedido de medida cautelar concedida efectivamente por el tribunal magno bonaerense.
El fallo se muestra como un antecedente judicial histórico en la materia ambiental donde la Suprema Corte bonaerense realiza una aplicación precisa del principio de no regresión que compone nuestro orden publico ambiental, reiteradamente avasallado por los poderes públicos.
La sentencia cautelar deviene en una clara señal de alerta como así también en un fuerte muro de contención a la contra ola de regresión normativa pretendida por varios Concejos Deliberantes del país - ante el lobby del sector agrobiotecnológico - y principalmente del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, que en el mes de Diciembre de 2013 a través de un espurio comunicado recomendó pautas sobre fumigaciones con agrotóxicos (acordadas con los sectores interesados en la venta y producción de los mismos), en la que se recomiendan distancias de hasta 100 metros para las aplicaciones terrestres y 200 metros para las aéreas.
La Suprema Corte siguiendo los lineamientos de "D. J. E. F. s/ acción de amparo", sent. de 8-VIII-2012 por fumigaciones terrestres en Alberti, donde declarara ilegal una fumigación realizada a menos de mil metros y sin autorización administrativa, hizo lugar a la cautelar señalando "que de las constancias obrantes en los expedientes administrativos que refieren a la ordenanza N° 21.296/2013, no surge que –antes del dictado de la normativa cuestionada- se haya efectuado una evaluación circunstanciada del impacto ambiental y de los eventuales daños que pudieran causarse sobre la salud de los habitantes potencialmente afectados, que sustente una modificación regulatoria de esta envergadura."
Concluye la Suprema Corte apuntando que "en adición, el despacho cautelar favorable luce conteste con la interpretación del principio de prevención, precautorio y de progresividad de aplicación al ámbito normativo urbano ambiental que esta Suprema Corte efectuara en los autos C. 111.706, sent. del 8-VIII-2012 (art. 4 de la ley 25.675; cfr. asimismo causas B. 64.464, “Dougherty”, cit.; I. 68.174, "Filón" e I. 71.446, "Fundación Biosfera", cit.)."
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Fecha de Publicación: 28/09/2014
Fuente: Renace
Provincia/Región: Buenos Aires
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires con fecha 25 de Setiembre de 2014, en los autos "PICORELLI JORGE OMAR Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON S/ INCONST. ORD. Nº 21.296" ordenó - en carácter de medida cautelar - la suspensión de los artículos 19, 23, 27, 28 y 35 de la Ordenanza N° 21.296/2013 del municipio de General Pueyrredón, Provincia de Bs As, por los cuales se eliminaba la zona de seguridad prevista en el art. 1 de la Ordenanza derogada 18.740 que establecía un radio de mil (1.000) metros a partir del límite de las plantas urbanas o núcleos poblacionales y en la totalidad de la planta urbana, en la que se prohibía la utilización de cualquier producto químico y/o biológico de uso agropecuario y/o forestal, en particular plaguicidas y/o fertilizantes.
Con la nueva ordenanza, el municipio de Gral. Pueyrredón había fijado la distancia mínima a 100 metros, creando una franja agroecológica en la que aun se permitía - absurdamente - el uso de agrotóxicos banda IV (como el glifosato).
Que oportunamente el colectivo "Paren de Fumigar Mar del Plata", con largos años de lucha contra los agrotóxicos en la ciudad feliz, planteó directamente ante la Suprema Corte de la Provincia de Bs As una acción de inconstitucionalidad de la Ordenanza N° 21.296/2013, conjuntamente con el pedido de medida cautelar concedida efectivamente por el tribunal magno bonaerense.
El fallo se muestra como un antecedente judicial histórico en la materia ambiental donde la Suprema Corte bonaerense realiza una aplicación precisa del principio de no regresión que compone nuestro orden publico ambiental, reiteradamente avasallado por los poderes públicos.
La sentencia cautelar deviene en una clara señal de alerta como así también en un fuerte muro de contención a la contra ola de regresión normativa pretendida por varios Concejos Deliberantes del país - ante el lobby del sector agrobiotecnológico - y principalmente del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, que en el mes de Diciembre de 2013 a través de un espurio comunicado recomendó pautas sobre fumigaciones con agrotóxicos (acordadas con los sectores interesados en la venta y producción de los mismos), en la que se recomiendan distancias de hasta 100 metros para las aplicaciones terrestres y 200 metros para las aéreas.
La Suprema Corte siguiendo los lineamientos de "D. J. E. F. s/ acción de amparo", sent. de 8-VIII-2012 por fumigaciones terrestres en Alberti, donde declarara ilegal una fumigación realizada a menos de mil metros y sin autorización administrativa, hizo lugar a la cautelar señalando "que de las constancias obrantes en los expedientes administrativos que refieren a la ordenanza N° 21.296/2013, no surge que –antes del dictado de la normativa cuestionada- se haya efectuado una evaluación circunstanciada del impacto ambiental y de los eventuales daños que pudieran causarse sobre la salud de los habitantes potencialmente afectados, que sustente una modificación regulatoria de esta envergadura."
Concluye la Suprema Corte apuntando que "en adición, el despacho cautelar favorable luce conteste con la interpretación del principio de prevención, precautorio y de progresividad de aplicación al ámbito normativo urbano ambiental que esta Suprema Corte efectuara en los autos C. 111.706, sent. del 8-VIII-2012 (art. 4 de la ley 25.675; cfr. asimismo causas B. 64.464, “Dougherty”, cit.; I. 68.174, "Filón" e I. 71.446, "Fundación Biosfera", cit.)."
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Catamarca: el estado deberá reciclar los papeles
En la administración pública será obligatorio reciclar los papeles
Fecha de Publicación: 27/09/2014
Fuente: Catamarca Actual
Provincia/Región: Catamarca
La Cámara de Diputados sancionó hoy la ley de Reciclado y reutilización de papeles en la administración pública. La normativa prevé que las oficinas dispongan de contenedores especiales para arrojar papeles y cartón que luego se reciclarán.
La normativa que volvió con modificaciones del Senado prohíbe la práctica de arrojar papel en contenedores no autorizados. Cada oficina pública, deberá colocar contenedores de cartón cuyas características y dimensiones sean aptas para el almacenamiento y traslado para su reciclado y posterior reingreso en la Administración Pública.
El proyecto elaborado por el diputado Guillermo Andrada, argumenta que "es deber del Estado velar por la conservación y uso sostenible de sus recursos” y que "el reciclado se plantea como la puerta de salida a muchas situaciones complicadas en el futuro”.
Advierte también que sin embargo "es necesario entender que reciclar papel y cartón es primordial para economizar energía; evitar la contaminación y el despilfarro de agua y salvar los bosques. Es un mecanismo apto para el logro de una conservación de los recursos, al mismo tiempo que optimiza a un grado máximo el aprovechamiento de éste, logrando con ello su uso sostenible. Además la utilización del papel reciclado, contribuye a una adecuada conservación del recurso forestal, al mismo tiempo que implica una forma de utilización racional”.
Enfatiza en que "el uso irresponsable del papel trae como consecuencia enormes desventajas: ineficiencia en la organización, la obligación de disponer de un espacio de almacenamiento para archivo documental, los costos económicos y de ineficacia de los procesos, entre otros. Estos inconvenientes son especialmente relevantes para cualquier empresa y, con mayor razón para la Administración Pública, en la que su consumo procede de varios orígenes: el uso del empleado en su puesto de trabajo, los procesos de gestión interna y los procesos de relación con los ciudadanos”.
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Fecha de Publicación: 27/09/2014
Fuente: Catamarca Actual
Provincia/Región: Catamarca
La Cámara de Diputados sancionó hoy la ley de Reciclado y reutilización de papeles en la administración pública. La normativa prevé que las oficinas dispongan de contenedores especiales para arrojar papeles y cartón que luego se reciclarán.
La normativa que volvió con modificaciones del Senado prohíbe la práctica de arrojar papel en contenedores no autorizados. Cada oficina pública, deberá colocar contenedores de cartón cuyas características y dimensiones sean aptas para el almacenamiento y traslado para su reciclado y posterior reingreso en la Administración Pública.
El proyecto elaborado por el diputado Guillermo Andrada, argumenta que "es deber del Estado velar por la conservación y uso sostenible de sus recursos” y que "el reciclado se plantea como la puerta de salida a muchas situaciones complicadas en el futuro”.
Advierte también que sin embargo "es necesario entender que reciclar papel y cartón es primordial para economizar energía; evitar la contaminación y el despilfarro de agua y salvar los bosques. Es un mecanismo apto para el logro de una conservación de los recursos, al mismo tiempo que optimiza a un grado máximo el aprovechamiento de éste, logrando con ello su uso sostenible. Además la utilización del papel reciclado, contribuye a una adecuada conservación del recurso forestal, al mismo tiempo que implica una forma de utilización racional”.
Enfatiza en que "el uso irresponsable del papel trae como consecuencia enormes desventajas: ineficiencia en la organización, la obligación de disponer de un espacio de almacenamiento para archivo documental, los costos económicos y de ineficacia de los procesos, entre otros. Estos inconvenientes son especialmente relevantes para cualquier empresa y, con mayor razón para la Administración Pública, en la que su consumo procede de varios orígenes: el uso del empleado en su puesto de trabajo, los procesos de gestión interna y los procesos de relación con los ciudadanos”.
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Riachuelo: relocalizarán 1300 familias que viven en la orilla
Relocalizarán 1300 familias que viven a orillas del Riachuelo
Fecha de Publicación: 27/09/2014
Fuente: Diario Z
Provincia/Región: Riachuelo
La Legislatura aprobó una ley que transfiere cinco predios al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). Es para cumplir con un fallo judicial de 2008 que ordena la relocalización de las familias que viven en riesgo ambiental a la orilla del Riachuelo.
Alrededor de 1300 familias de la Villa 21-24 recibieron hoy una excelente noticia. Seis años después del fallo Mendoza de la Corte Suprema, que ordena el saneamiento del Riachuelo y la relocalización de las familias que viven en el camino de sirga, la Legislatura aprobó una ley que transfiere cinco predios al IVC para completar el postergado traslado de las familias que viven a orillas del Riachuelo.
La norma establece la relocalización en cinco predios destinados a la construcción de nuevos complejos habitacionales en los barrios de Barracas, La Boca, Flores y Parque Chacabuco, Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo y Mataderos. La iniciativa también contempla que los edificios tendrán un máximo de 40 unidades funcionales.
El proyecto lleva la firma de los legisladores PRO, Cristian Ritondo y Karina Spalla, quienes reconocieron que la elección de los terrenos fue trabajada en conjunto con las mesas de trabajo en los barrios. “En el 2010, la Ciudad se comprometió a ofrecer las tierras y los recursos para urbanizar. Lo que hacemos, con esta ley, es efectivizar el compromiso porque hay que rezonificar e incluso expropiar algunos terrenos. Entonces se dan todas las herramientas al Ejecutivo para que puedan hacerse cargo del compromiso firmado”, dijo a Diario Z Spalla. Sin embargo, la legisladora advirtió que no hay un plazo estipulado para las nuevas urbanizaciones ya que eso “dependerá de la reglamentación que haga el Ejecutivo”.
Para el Asesor Tutelar Gustavo Moreno, quien estuvo acompañando a los vecinos durante todo el proceso, el éxito del proyecto “no es un mérito del macrismo, sino una victoria de la movilización de los vecinos de la 21-24, de la organización popular que logró torcer la voluntad del IVC, que quería relocalizar a las familias en forma desperdigada”. Moreno remarcó que hubo un acuerdo para relocalizar primero el meandro de Braian, donde se encuentran los niveles de contaminación más altos. “Los chicos siguen viviendo en condiciones paupérrimas, mucha gente muere y se enferma por cuestiones de higiene”, indicó.
El plazo para relocalizar a las 1300 familias de la Villa 21-24 venció en enero de 2013. Hasta el momento, se relocalizaron sólo 117 familias de la 21-24 en el Conjunto Urbano Padre Mugica, ubicado en General Paz y Castañares, adonde próximamente irán otras 110 familias. El gobierno no había logrado un acuerdo con el resto en relación al destino de los núcleos habitacionales, puesto que las familias pretendían que los predios se ubicaran en el mismo perímetro, entre Caseros, Vieytes, el Riachuelo y Av. Saénz.
La ley necesita una Audiencia pública y una segunda lectura. Sin embargo, el amplio consenso obtenido (fue apoyada con 54 votos a favor), garantizaría su aprobación definitiva. Spalla pronosticó que hacia fines de noviembre “estaría todo aprobado”.
Repercusiones políticas
Las distintas vertientes políticas de la Ciudad celebraron la sanción de la ley. La diputada Paula Penacca (FpV) celebró la aprobación de la norma pero subrayó “la dilación en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema en cuanto a la relocalización de las familias que viven en el camino de Sirga” e indicó que se avanzó en la aprobación de la ley “por el trabajo de curas villeros de la Iglesia Caacupé y de los delegados de las manzanas”. Además advirtió sobre la necesidad de evitar que “se repitan falencias constructivas que ya se produjeron en el barrio Padre Mugica”.
En tanto, el diputado Pablo Bergel (Bien Común) destacó “el modo participativo a través del cual se arribó a la ley con el protagonismo de los vecinos como actores y destinatarios”.
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Fecha de Publicación: 27/09/2014
Fuente: Diario Z
Provincia/Región: Riachuelo
La Legislatura aprobó una ley que transfiere cinco predios al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). Es para cumplir con un fallo judicial de 2008 que ordena la relocalización de las familias que viven en riesgo ambiental a la orilla del Riachuelo.
Alrededor de 1300 familias de la Villa 21-24 recibieron hoy una excelente noticia. Seis años después del fallo Mendoza de la Corte Suprema, que ordena el saneamiento del Riachuelo y la relocalización de las familias que viven en el camino de sirga, la Legislatura aprobó una ley que transfiere cinco predios al IVC para completar el postergado traslado de las familias que viven a orillas del Riachuelo.
La norma establece la relocalización en cinco predios destinados a la construcción de nuevos complejos habitacionales en los barrios de Barracas, La Boca, Flores y Parque Chacabuco, Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo y Mataderos. La iniciativa también contempla que los edificios tendrán un máximo de 40 unidades funcionales.
El proyecto lleva la firma de los legisladores PRO, Cristian Ritondo y Karina Spalla, quienes reconocieron que la elección de los terrenos fue trabajada en conjunto con las mesas de trabajo en los barrios. “En el 2010, la Ciudad se comprometió a ofrecer las tierras y los recursos para urbanizar. Lo que hacemos, con esta ley, es efectivizar el compromiso porque hay que rezonificar e incluso expropiar algunos terrenos. Entonces se dan todas las herramientas al Ejecutivo para que puedan hacerse cargo del compromiso firmado”, dijo a Diario Z Spalla. Sin embargo, la legisladora advirtió que no hay un plazo estipulado para las nuevas urbanizaciones ya que eso “dependerá de la reglamentación que haga el Ejecutivo”.
Para el Asesor Tutelar Gustavo Moreno, quien estuvo acompañando a los vecinos durante todo el proceso, el éxito del proyecto “no es un mérito del macrismo, sino una victoria de la movilización de los vecinos de la 21-24, de la organización popular que logró torcer la voluntad del IVC, que quería relocalizar a las familias en forma desperdigada”. Moreno remarcó que hubo un acuerdo para relocalizar primero el meandro de Braian, donde se encuentran los niveles de contaminación más altos. “Los chicos siguen viviendo en condiciones paupérrimas, mucha gente muere y se enferma por cuestiones de higiene”, indicó.
El plazo para relocalizar a las 1300 familias de la Villa 21-24 venció en enero de 2013. Hasta el momento, se relocalizaron sólo 117 familias de la 21-24 en el Conjunto Urbano Padre Mugica, ubicado en General Paz y Castañares, adonde próximamente irán otras 110 familias. El gobierno no había logrado un acuerdo con el resto en relación al destino de los núcleos habitacionales, puesto que las familias pretendían que los predios se ubicaran en el mismo perímetro, entre Caseros, Vieytes, el Riachuelo y Av. Saénz.
La ley necesita una Audiencia pública y una segunda lectura. Sin embargo, el amplio consenso obtenido (fue apoyada con 54 votos a favor), garantizaría su aprobación definitiva. Spalla pronosticó que hacia fines de noviembre “estaría todo aprobado”.
Repercusiones políticas
Las distintas vertientes políticas de la Ciudad celebraron la sanción de la ley. La diputada Paula Penacca (FpV) celebró la aprobación de la norma pero subrayó “la dilación en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema en cuanto a la relocalización de las familias que viven en el camino de Sirga” e indicó que se avanzó en la aprobación de la ley “por el trabajo de curas villeros de la Iglesia Caacupé y de los delegados de las manzanas”. Además advirtió sobre la necesidad de evitar que “se repitan falencias constructivas que ya se produjeron en el barrio Padre Mugica”.
En tanto, el diputado Pablo Bergel (Bien Común) destacó “el modo participativo a través del cual se arribó a la ley con el protagonismo de los vecinos como actores y destinatarios”.
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Chubut: mientras haya licencia social, la minería podría avanzar
Buzzi sobre minería: “habiendo licencia social, no hay inconvenientes en avanzar”
Fecha de Publicación: 26/09/2014
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
En su paso por Comodoro el gobernador Martín Buzzi brindó declaraciones sobre la polémica que genera en la provincia el debate minero, manifestó que no habría problemas de avanzar en el desarrollo de la actividad siempre y cuando se consiga la “licencia social”.
A pesar de que se mantiene la firma la postura del gobierno sobre mantener el tema minero por fuera de la agenda oficial, la consulta se hace permanente. Esta mañana el gobernador en su ingreso al Sindicato de Petroleros Privados, en Comodoro fue consultado sobre la posibilidad de avanzar en la actividad.
La respuesta de Martín Buzzi, fue más allá de la tradicional negación por mantener el tema fuera de agenda, “la condición para que se puede avanzar es que tiene que haber licencia social, eso es el consentimiento que tiene que haber en las propias comunidades donde se desarrollan los proyectos”.
“Habiendo licencia social no hay inconveniente de avanzar con proyectos que tienen que ver con el desarrollo mineros, esto no depende solamente de algunos enunciados que se puedan hacer”, advirtió el mandatario en contacto con la prensa. En este marco, Buzzi consideró que “cada comunidad donde tiene impacto el desarrollo de la mina y cuenta con el asentimiento de la comunidad, le vamos a dar para adelante”.
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Fecha de Publicación: 26/09/2014
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
En su paso por Comodoro el gobernador Martín Buzzi brindó declaraciones sobre la polémica que genera en la provincia el debate minero, manifestó que no habría problemas de avanzar en el desarrollo de la actividad siempre y cuando se consiga la “licencia social”.
A pesar de que se mantiene la firma la postura del gobierno sobre mantener el tema minero por fuera de la agenda oficial, la consulta se hace permanente. Esta mañana el gobernador en su ingreso al Sindicato de Petroleros Privados, en Comodoro fue consultado sobre la posibilidad de avanzar en la actividad.
La respuesta de Martín Buzzi, fue más allá de la tradicional negación por mantener el tema fuera de agenda, “la condición para que se puede avanzar es que tiene que haber licencia social, eso es el consentimiento que tiene que haber en las propias comunidades donde se desarrollan los proyectos”.
“Habiendo licencia social no hay inconveniente de avanzar con proyectos que tienen que ver con el desarrollo mineros, esto no depende solamente de algunos enunciados que se puedan hacer”, advirtió el mandatario en contacto con la prensa. En este marco, Buzzi consideró que “cada comunidad donde tiene impacto el desarrollo de la mina y cuenta con el asentimiento de la comunidad, le vamos a dar para adelante”.
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A la Justicia por las fumigaciones en escuelas de Coronel Suárez
El caso de las escuelas fumigadas, a la Justicia
Fecha de Publicación: 26/09/2014
Fuente: La Nueva
Provincia/Región: Buenos Aires
Autoridades del área de Medio Ambiente de Coronel Suárez confirmaron que están analizando la presentación de un recurso de amparo para evitar nuevas aplicaciones de agroquímicos en cercanías de la Escuela Secundaria Nº 6 y la Escuela Primaria Nº 39 de Paraje El Relincho.
“Queremos tomar alguna medida que realmente tenga alguna chance de hacerse efectiva a través de la Justicia; por eso evaluamos, junto a un equipo de abogados ambientalistas, la presentación de un amparo que aunque sea evite la fumigación con agroquímicos, en los campos linderos, durante el horario de clases”, indicó Emanuel Garrido, titular de la cartera medioambiental.
La decisión de recurrir a la Justicia está directamente vinculada con un hecho grave ocurrido el 12 de este mes (ver aparte), cuando los alumnos se vieron expuestos a la aplicación de un potente herbicida mientras se hallaban en el patio del colegio.
“Lo que sucedió es algo que venimos denunciado desde hace más de dos años, y que ocurre en muchas escuelas rurales. Esto está documentado y fue presentado ante distintas autoridades de todas las órbitas de gobierno, sin obtener respuesta alguna”, denunció Garrido.
El funcionario señaló que el amparo apuntará, inicialmente, a que el dueño del campo contiguo a las escuelas de El Relincho no pueda volver a fumigar a escasa distancia de los menores.
“Es un pequeño paso a favor de la vida de los chicos, porque si el juez acepta que esto tiene que ser cumplido, por lógica y por ética, una medida similar debería hacerse extensiva al resto de las escuelas rurales que viven situaciones de este tipo”, evaluó.
Garrido confió a "La Nueva." que el amparo será respaldado por la profusa documentación con que cuenta y por nuevos análisis y estudios.
“Estamos esperando la visita de técnicos del área de Salud de Bahía Blanca, quienes realizarían un estudio sobre el agua que están tomando los nenes en las escuelas rurales. Se hará sobre las que tengamos mayor cantidad de documentación para reforzar cualquier estrategia judicial que encaremos”, dijo.
También mencionó que se está evaluando la conformación de un comité de bioética que pueda realizar estudios a los alumnos de las escuelas rurales.
"Necesitamos contar con datos concretos sobre la presencia de restos de pesticidas en la orina y sangre de los perjudicados. No sería algo improbable, tomando en cuenta que ese tipo de restos se han hallado en agua de lluvia", indicó.
Falta de regulaciones
Garrido mencionó que el caso de las escuelas de Paraje El Relincho es el primero documentado este año, ya que se filmó un video (que se encuentra en la red social youtube.com) en el que se puede apreciar a los niños en el recreo y, a unos pocos metros, las maquinarias realizando las aplicaciones.
“Pero ese no es el único caso -advirtió-. En octubre de 2013, por ejemplo, fumigaron por vía aérea una escuela de Huanguelén mientras los chicos estaban en el aula. Y además, desde 2008 hasta 2011, en El Relincho hubo fumigaciones periódicas”, expresó.
El funcionario consideró que la situación es grave debido a la falta de regulaciones.
“El ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca está trabajando en una ley nacional pero, según se sabe, fijaría una distancia de 50 metros entre las zonas pobladas y las aplicaciones terrestres, o de 200 metros en el caso de fumigaciones aéreas. Es un delirio, todo lo contrario a dar protección a las escuelas”, añadió Garrido.
“A nivel provincial, en tanto, todo lo referente a aplicación de pesticidas lo arbitra el ministerio de Asuntos Agrarios. Por eso estamos bregando para que en estos casos intervengan funcionarios y organismos que cuidan los derechos del niño", concluyó.
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Fecha de Publicación: 26/09/2014
Fuente: La Nueva
Provincia/Región: Buenos Aires
Autoridades del área de Medio Ambiente de Coronel Suárez confirmaron que están analizando la presentación de un recurso de amparo para evitar nuevas aplicaciones de agroquímicos en cercanías de la Escuela Secundaria Nº 6 y la Escuela Primaria Nº 39 de Paraje El Relincho.
“Queremos tomar alguna medida que realmente tenga alguna chance de hacerse efectiva a través de la Justicia; por eso evaluamos, junto a un equipo de abogados ambientalistas, la presentación de un amparo que aunque sea evite la fumigación con agroquímicos, en los campos linderos, durante el horario de clases”, indicó Emanuel Garrido, titular de la cartera medioambiental.
La decisión de recurrir a la Justicia está directamente vinculada con un hecho grave ocurrido el 12 de este mes (ver aparte), cuando los alumnos se vieron expuestos a la aplicación de un potente herbicida mientras se hallaban en el patio del colegio.
“Lo que sucedió es algo que venimos denunciado desde hace más de dos años, y que ocurre en muchas escuelas rurales. Esto está documentado y fue presentado ante distintas autoridades de todas las órbitas de gobierno, sin obtener respuesta alguna”, denunció Garrido.
El funcionario señaló que el amparo apuntará, inicialmente, a que el dueño del campo contiguo a las escuelas de El Relincho no pueda volver a fumigar a escasa distancia de los menores.
“Es un pequeño paso a favor de la vida de los chicos, porque si el juez acepta que esto tiene que ser cumplido, por lógica y por ética, una medida similar debería hacerse extensiva al resto de las escuelas rurales que viven situaciones de este tipo”, evaluó.
Garrido confió a "La Nueva." que el amparo será respaldado por la profusa documentación con que cuenta y por nuevos análisis y estudios.
“Estamos esperando la visita de técnicos del área de Salud de Bahía Blanca, quienes realizarían un estudio sobre el agua que están tomando los nenes en las escuelas rurales. Se hará sobre las que tengamos mayor cantidad de documentación para reforzar cualquier estrategia judicial que encaremos”, dijo.
También mencionó que se está evaluando la conformación de un comité de bioética que pueda realizar estudios a los alumnos de las escuelas rurales.
"Necesitamos contar con datos concretos sobre la presencia de restos de pesticidas en la orina y sangre de los perjudicados. No sería algo improbable, tomando en cuenta que ese tipo de restos se han hallado en agua de lluvia", indicó.
Falta de regulaciones
Garrido mencionó que el caso de las escuelas de Paraje El Relincho es el primero documentado este año, ya que se filmó un video (que se encuentra en la red social youtube.com) en el que se puede apreciar a los niños en el recreo y, a unos pocos metros, las maquinarias realizando las aplicaciones.
“Pero ese no es el único caso -advirtió-. En octubre de 2013, por ejemplo, fumigaron por vía aérea una escuela de Huanguelén mientras los chicos estaban en el aula. Y además, desde 2008 hasta 2011, en El Relincho hubo fumigaciones periódicas”, expresó.
El funcionario consideró que la situación es grave debido a la falta de regulaciones.
“El ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca está trabajando en una ley nacional pero, según se sabe, fijaría una distancia de 50 metros entre las zonas pobladas y las aplicaciones terrestres, o de 200 metros en el caso de fumigaciones aéreas. Es un delirio, todo lo contrario a dar protección a las escuelas”, añadió Garrido.
“A nivel provincial, en tanto, todo lo referente a aplicación de pesticidas lo arbitra el ministerio de Asuntos Agrarios. Por eso estamos bregando para que en estos casos intervengan funcionarios y organismos que cuidan los derechos del niño", concluyó.
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Dicen que la minería de hierro no afectará el Atuel
Atuel: niegan que pueda contaminarse
Fecha de Publicación: 26/09/2014
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza
El abogado de la firma que quiere reflotar el proyecto de extracción de hierro en Mendoza, descartó cualquier posibilidad de contaminar el río Atuel. A su vez, resaltó que se intenta "demonizar" la actividad minera ya sea por desconocimiento o mala prensa.
El pampeano Mauricio Stasi, responsable legal de la empresa que va a llevar adelante el proyecto minero Hierro Indio en Mendoza, descartó cualquier posibilidad de contaminar el río Atuel. En ese sentido, destacó que desde la década del 90 se intenta "demonizar la minería, dejando de lado que es la madre de todas las industrias".
"El yacimiento está ubicado a 70 kilómetros del río Atuel, es prácticamente imposible que haya algún tipo de contacto o que algún residuo pudiera caer al río. De todas maneras, para ese tipo de procesos utiliza agua reciclada", sentenció el jerárquico de Hierro Indio.
En ese sentido, resaltó que al momento de hacer la extracción del hierro "se usa agua para que el material esté húmedo para evitar la suspensión de polvo y la contaminación del ambiente". Y agregó: "Hay un contenedor que vuelve a juntar el agua para reutilizarla. Por lo tanto, no hay ninguna conexión con el río o alguna cuenca que esté alimentando al Atuel".
Mala prensa.
Por otro lado, manifestó que desde la década del 90 a la actualidad, se intentó "demonizar la actividad minera, dejando de lado que es la madre de todas las industrias y que sin ella no podrían existir". "Hay un gran desconocimiento sobre cómo es un proceso minero y ante la duda se plantea que la minería contamina y afecta a la salud de las personas".
En diálogo con Radio Noticias, Stasi explicó que "hoy por hoy y gracias a los accesos tecnológicos y a los procesos y controles aplicados a la minería, se ha profundizado a todo nivel, tanto estatal como privado, el tema del cuidado del medioambiente". Y continuó: "No hay que olvidarse que toda empresa minera tiene el control más estricto que pueda haber. En relación a la mano de obra, no van a encontrar ningún empleado en negro porque las sanciones y las multas son altísimas".
En ese camino, dijo que hay falta de conocimiento y mala prensa. "Aparece Greenpeace que dicen no a la minería y la gente piensa que no tiene intereses políticos. Hay muchas organizaciones no gubernamentales que enarbolan la bandera del ambientalismo y después uno ve a los directivos yéndose de vacaciones al exterior y en autos de alta gama", denunció.
Inversiones.
En otro tramo de la entrevista y al ser consultado sobre el poder que podrían ejercer las empresas mineras, hasta el punto de ocultar los perjuicios a la sociedad, sentenció: "Puede ser que años atrás en una economía minera donde los valores eran más estables, las inversiones eran de magnitud exorbitante. Hoy en día el paradigma de la minería ya no tiene esos megaproyectos, en realidad la economía minera es tan variable como la economía hogareña".
Stasi, nombró el caso de la empresa brasilera Vale que "invirtió más de 28 millones de dólares para no producir nada". "Tardaron más de 10 años en hacer la investigación del suelo, en ese tiempo cambió tanto el mercado que no ahora le conviene quedarse, por eso se va del país".
Por otra parte, contó que en Argentina solo hay un yacimiento de extracción de hierro (se encuentra en la localidad rionegrina de Sierra Grande) y todo lo extraído se exporta a China. "Inició su actividad hace 5 ó 6 años con una inversión muy grande, porque al ser un mineral de baja ley y al estar mezclado con fósforo necesita un procedimiento de separación que es caro".
Beneficios.
Asimismo, subrayó que las empresas (nombró a Asindar, Siderar y Tenaris) y las cementeras tienen que comprar el hierro. "Eso implica un alto costo de logística y de importación del material". "Hierro Indio estuvo activa desde 1932 y su última etapa de funcionamiento fue en 1982. Se destinaba todo para las fabricaciones militares.
Por último, sostuvo que Hierro Indio podría reflotarse muy pronto. "Hoy nos encontramos ante un proceso que reactivó Mendoza. En caso que la legislatura apruebe este proyecto, iniciaríamos el proceso de actualización de datos para establecer la planta, estimamos dos años para hacer la prueba piloto para después producir", concluyó.
Denuncian que hay riesgo.
Un ambientalista mendocino, integrante de la Asamblea por el Agua Pura de esa provincia, denunció que la mina Hierro Indio, una iniciativa que se ubica a la vera del río Atuel, no especifica qué cantidad de agua va a usar y que un proyecto similar en Río Negro secó todos los arroyos linderos. Además, el proyecto no cuenta con la aprobación de las autoridades locales como establece la ley provincial 7722.
La investigación la realizó Federico Soria, licenciado en Turismo y quien llegó a ser coordinador de Areas Protegidas de esa provincia, y fue publicada por el diario San Rafael de esa ciudad.
Hierro Indio es una mina que busca extraer hierro en el límite entre San Rafael y Malargüe y tiene varios cuestionamientos de ambientalistas.
Federico Soria destaca en el documento: "Hierro Indio se presenta a primera vista como el más viable de las explotaciones metalíferas que se pretenden aprobar Mendoza, en el sentido que cumpliría con la ley provincial 7722, en lo que se refiere al no empleo de sustancias toxicas. Sin embargo, algunos datos respecto del uso del agua, sumados a las irregularidades detectadas en el procedimiento de aprobación, echan por tierra tal condición de viabilidad".
Expresó que la iniciativa se ubica "en la cuenca del río Atuel, a unos pocos kilómetros de dicho cauce. Según el Catastro Minero Provincial, los derechos mineros del proyecto se localizan en inmediaciones de los arroyos Felipe y Paraguay, cerca de la desembocadura de ambos con el Atuel; según la web de la empresa, el proyecto se ubica en las nacientes del Arroyo Colorado, afluente del Atuel".
Una cuestión planteada y de importancia para La Pampa, es que el proyecto "no dice cuánta agua van a usar ni de dónde la van a sacar", sobre todo en un río que "actualmente presenta un déficit hídrico". "Tampoco explica las técnicas de separación a emplear ni qué van a hacer con las impurezas y demás elementos contenidos en el mineral que ha de ser separado, algunos de los cuales pueden ser tóxicos, como el fósforo y el azufre", indicó.
"Lo otro que no se aclara es dónde y cómo se va a disponer de los efluentes del proceso de separación y cuál ha de ser su composición química. Sin estos datos concretos y con números detallados, no hay sustentabilidad posible. La experiencia más reciente en el país con respecto a la minería del hierro la tenemos en Río Negro, donde la explotación de la mina Sierra Grande, al cabo de unos años ha terminado secando todos los arroyos", dijo.
"La Legislatura debería devolver los expedientes al Ejecutivo, para que éste aclare todas las cuestiones determinantes en lo que respecta al uso de agua del Atuel y sus afluentes y, después, autorizar únicamente el método de separación magnética que no emplea agua", planteó el ambientalista. "Tampoco hay precisiones respecto del uso de la energía: qué cantidad necesita, de dónde la va sacar y cómo y por dónde la conducirá", sentenció Soria.
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Fecha de Publicación: 26/09/2014
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza
El abogado de la firma que quiere reflotar el proyecto de extracción de hierro en Mendoza, descartó cualquier posibilidad de contaminar el río Atuel. A su vez, resaltó que se intenta "demonizar" la actividad minera ya sea por desconocimiento o mala prensa.
El pampeano Mauricio Stasi, responsable legal de la empresa que va a llevar adelante el proyecto minero Hierro Indio en Mendoza, descartó cualquier posibilidad de contaminar el río Atuel. En ese sentido, destacó que desde la década del 90 se intenta "demonizar la minería, dejando de lado que es la madre de todas las industrias".
"El yacimiento está ubicado a 70 kilómetros del río Atuel, es prácticamente imposible que haya algún tipo de contacto o que algún residuo pudiera caer al río. De todas maneras, para ese tipo de procesos utiliza agua reciclada", sentenció el jerárquico de Hierro Indio.
En ese sentido, resaltó que al momento de hacer la extracción del hierro "se usa agua para que el material esté húmedo para evitar la suspensión de polvo y la contaminación del ambiente". Y agregó: "Hay un contenedor que vuelve a juntar el agua para reutilizarla. Por lo tanto, no hay ninguna conexión con el río o alguna cuenca que esté alimentando al Atuel".
Mala prensa.
Por otro lado, manifestó que desde la década del 90 a la actualidad, se intentó "demonizar la actividad minera, dejando de lado que es la madre de todas las industrias y que sin ella no podrían existir". "Hay un gran desconocimiento sobre cómo es un proceso minero y ante la duda se plantea que la minería contamina y afecta a la salud de las personas".
En diálogo con Radio Noticias, Stasi explicó que "hoy por hoy y gracias a los accesos tecnológicos y a los procesos y controles aplicados a la minería, se ha profundizado a todo nivel, tanto estatal como privado, el tema del cuidado del medioambiente". Y continuó: "No hay que olvidarse que toda empresa minera tiene el control más estricto que pueda haber. En relación a la mano de obra, no van a encontrar ningún empleado en negro porque las sanciones y las multas son altísimas".
En ese camino, dijo que hay falta de conocimiento y mala prensa. "Aparece Greenpeace que dicen no a la minería y la gente piensa que no tiene intereses políticos. Hay muchas organizaciones no gubernamentales que enarbolan la bandera del ambientalismo y después uno ve a los directivos yéndose de vacaciones al exterior y en autos de alta gama", denunció.
Inversiones.
En otro tramo de la entrevista y al ser consultado sobre el poder que podrían ejercer las empresas mineras, hasta el punto de ocultar los perjuicios a la sociedad, sentenció: "Puede ser que años atrás en una economía minera donde los valores eran más estables, las inversiones eran de magnitud exorbitante. Hoy en día el paradigma de la minería ya no tiene esos megaproyectos, en realidad la economía minera es tan variable como la economía hogareña".
Stasi, nombró el caso de la empresa brasilera Vale que "invirtió más de 28 millones de dólares para no producir nada". "Tardaron más de 10 años en hacer la investigación del suelo, en ese tiempo cambió tanto el mercado que no ahora le conviene quedarse, por eso se va del país".
Por otra parte, contó que en Argentina solo hay un yacimiento de extracción de hierro (se encuentra en la localidad rionegrina de Sierra Grande) y todo lo extraído se exporta a China. "Inició su actividad hace 5 ó 6 años con una inversión muy grande, porque al ser un mineral de baja ley y al estar mezclado con fósforo necesita un procedimiento de separación que es caro".
Beneficios.
Asimismo, subrayó que las empresas (nombró a Asindar, Siderar y Tenaris) y las cementeras tienen que comprar el hierro. "Eso implica un alto costo de logística y de importación del material". "Hierro Indio estuvo activa desde 1932 y su última etapa de funcionamiento fue en 1982. Se destinaba todo para las fabricaciones militares.
Por último, sostuvo que Hierro Indio podría reflotarse muy pronto. "Hoy nos encontramos ante un proceso que reactivó Mendoza. En caso que la legislatura apruebe este proyecto, iniciaríamos el proceso de actualización de datos para establecer la planta, estimamos dos años para hacer la prueba piloto para después producir", concluyó.
Denuncian que hay riesgo.
Un ambientalista mendocino, integrante de la Asamblea por el Agua Pura de esa provincia, denunció que la mina Hierro Indio, una iniciativa que se ubica a la vera del río Atuel, no especifica qué cantidad de agua va a usar y que un proyecto similar en Río Negro secó todos los arroyos linderos. Además, el proyecto no cuenta con la aprobación de las autoridades locales como establece la ley provincial 7722.
La investigación la realizó Federico Soria, licenciado en Turismo y quien llegó a ser coordinador de Areas Protegidas de esa provincia, y fue publicada por el diario San Rafael de esa ciudad.
Hierro Indio es una mina que busca extraer hierro en el límite entre San Rafael y Malargüe y tiene varios cuestionamientos de ambientalistas.
Federico Soria destaca en el documento: "Hierro Indio se presenta a primera vista como el más viable de las explotaciones metalíferas que se pretenden aprobar Mendoza, en el sentido que cumpliría con la ley provincial 7722, en lo que se refiere al no empleo de sustancias toxicas. Sin embargo, algunos datos respecto del uso del agua, sumados a las irregularidades detectadas en el procedimiento de aprobación, echan por tierra tal condición de viabilidad".
Expresó que la iniciativa se ubica "en la cuenca del río Atuel, a unos pocos kilómetros de dicho cauce. Según el Catastro Minero Provincial, los derechos mineros del proyecto se localizan en inmediaciones de los arroyos Felipe y Paraguay, cerca de la desembocadura de ambos con el Atuel; según la web de la empresa, el proyecto se ubica en las nacientes del Arroyo Colorado, afluente del Atuel".
Una cuestión planteada y de importancia para La Pampa, es que el proyecto "no dice cuánta agua van a usar ni de dónde la van a sacar", sobre todo en un río que "actualmente presenta un déficit hídrico". "Tampoco explica las técnicas de separación a emplear ni qué van a hacer con las impurezas y demás elementos contenidos en el mineral que ha de ser separado, algunos de los cuales pueden ser tóxicos, como el fósforo y el azufre", indicó.
"Lo otro que no se aclara es dónde y cómo se va a disponer de los efluentes del proceso de separación y cuál ha de ser su composición química. Sin estos datos concretos y con números detallados, no hay sustentabilidad posible. La experiencia más reciente en el país con respecto a la minería del hierro la tenemos en Río Negro, donde la explotación de la mina Sierra Grande, al cabo de unos años ha terminado secando todos los arroyos", dijo.
"La Legislatura debería devolver los expedientes al Ejecutivo, para que éste aclare todas las cuestiones determinantes en lo que respecta al uso de agua del Atuel y sus afluentes y, después, autorizar únicamente el método de separación magnética que no emplea agua", planteó el ambientalista. "Tampoco hay precisiones respecto del uso de la energía: qué cantidad necesita, de dónde la va sacar y cómo y por dónde la conducirá", sentenció Soria.
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