UAC se pronuncia ante el intento de modificar la 7722
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Ante un nuevo intento de modificación de la 7722
Fecha de Publicación: 14/06/2014
Fuente: Unión de Asambleas Ciudadanas
Provincia/Región: Mendoza
Repudiamos el intento de modificación de la Ley Provincial 7722, que fue sancionada en 2007 como fruto de la lucha del pueblo de Mendoza. Este nuevo embate corporativo entre diputados del bloque del PJ y las empresas transnacionales intenta que la megaminería saqueante, secante y contaminante se instale en Mendoza.
Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura nos declaramos en estado de alerta ante el intento de modificación de la Ley 7722 propuesta por los diputados provinciales José Oscar Muñoz, Raúl Guerra y la diputada provincial Silvia Ramos, pertenecientes al bloque del FPV-PJ. Esta iniciativa intenta limitar la aplicabilidad de la ley. Pero esto en la práctica significaría volverla ineficaz y se pondría en riesgo el recurso hídrico de la provincia.
La propuesta de Muñoz, Guerra y Ramos se basa en compatibilizar los alcances de la ley 7722 con los artículos 33 y 36 del Código de Minería[1]. Cabe recordar que esos artículos datan de la sanción original del Código, es decir, fueron pensados en el siglo XIX, para una realidad completamente diferente que la actual. Por otra parte, los artículos 33 y 36 se refieren exclusivamente a los derechos de cateo y no a la totalidad de las etapas que conlleva una explotación minera, como sí lo hace la ley vigente: cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización.
Ratificamos también que la 7722 es constitucional, ya que se ajusta a los principios de la política ambiental establecidos en el artículo 4º de la Ley Nacional 25675, que es una ley de presupuestos mínimos, según el artículo 41 de la Constitución Nacional. Por el contrario, incluir parámetros del Código de Minería de la Nación dentro de una ley ambiental sí es inconstitucional. Es decir que limitar la aplicabilidad de la Ley 7722 a los artículos 33 y 36 del Código de Minería contradice a la Constitución Nacional, a la Ley Nacional 25675 (“Ley General del Ambiente”) y atenta contra el derecho a un ambiente sano, garantizado por el artículo 41 de la Constitución.
¿Pero qué significaría incluir los artículos 33 y 36 del Código de Minería dentro de la ley 7722? Significaría, entre otras cosas, que la ley sólo mantendría su vigencia a menos de 50 metros de los ríos, a menos de 40 metros de las casas y a menos de 30 metros de acueductos y canales. Es decir que se podría utilizar cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otras sustancias similares en los procesos mineros, siempre y cuando tuvieran la precaución de, por ejemplo, ubicarse a 51 metros por lo menos de nuestros ríos. ¿Suena ridículo? Lo es. ¿Suena peligroso? Lo es. Porque de esa manera no se cuidan las cuencas de alimentación de los ríos y el acuífero, no se tiene en cuenta a los glaciares, ni se protege a los regantes y a los consumidores. En otras palabras, de modificarse, la ley 7722 se vuelve completamente ineficaz para cuidar los intereses sociales, ambientales, culturales y económicos de la provincia.
Otra de las propuestas expresadas en este proyecto es limitar el alcance de la 7722 al radio de 10 km desde el centro de cualquier localidad provincial. Este planteo no resuelve las consecuencias ambientales y sociales de contaminar el agua, la tierra y el aire con sustancias tóxicas. Mendoza es un pueblo que comprendió la importancia vital del agua desde la naciente de los ríos, de los glaciares, de las áreas periglaciares, de los humedales altoandinos y de las áreas naturales protegidas. Este tipo de planteo, propuesto por los legisladores, resulta irracional y malintencionado.
El proyecto que impulsan Muñoz, Guerra y Ramos pretende también limitar la intervención de la Legislatura y de los municipios afectados.Esta intervención, recordamos, ha sido de fundamental importancia, junto al reclamo popular, para ponerle un límite al proceso de entrega irrestricta del territorio a las corporaciones extranjeras, como ocurrió con el rechazo del proyecto San Jorge.
Pese a que la sociedad ha comprendido perfectamente la distinción entre minería y megaminería, desde el poder político y económico insisten en la estrategia de confundir ambos conceptos para plantear que el rechazo es irracional. Recordamos nuevamente que nunca ha habido, ni hay, ni habrá megaminería en Mendoza, porque NUNCA TUVO NI TENDRÁ LICENCIA SOCIAL.
Si el poder económico concentrado y los representantes de los distintos poderes del Estado, los cuales deberían velar por los intereses de lxs mendocinxs, siguen en estos intentos de violar la Ley Provincial 7722, el pueblo volverá a las calles y a las rutas para recordarles que el agua de Mendoza no se negocia y que Mendoza ya dijo NO a la megaminería.
[1] Limitaciones al derecho de cateo:
Art. 33. – Ni el permiso para explorar ni la concesión de una mina dan derecho a ocupar la superficie con trabajos y construcciones mineras sin el formal consentimiento del propietario: 1 - En el recinto de todo edificio y en el de los sitios murados. 2- En los jardines, huertos y viñedos, murados o sólidamente empalizados; y no estando así, la prohibición se limitará a un espacio de DIEZ MIL (10.000) metros cuadrados en los jardines, y de VEINTICINCO MIL (25.000) en los huertos y viñedos. 3- A menor distancia de CUARENTA (40) metros de las casas, y de CINCO (5) a DIEZ (10) metros, de los demás edificios. Cuando las casas sean de corta extensión y poco costo, la zona de protección se limitará a DIEZ (10) metros, que pueden extenderse hasta QUINCE (15). 4- A una distancia menor de TREINTA (30) metros de los acueductos, canales, vías férreas, abrevaderos y vertientes.
Art. 36. – No pueden emprenderse trabajos mineros en el recinto de los cementerios, calles y sitios públicos; ni a menor distancia de CINCUENTA (50) metros de los edificios, caminos de hierro,carreteros, acueductos y ríos públicos. Pero la autoridad acordará el permiso para penetrar ese radio, cuando previo el informe de un ingeniero y los comprobantes que los interesados presentaren, resulte que no hay inconveniente, o que, habiéndolo, puede salvarse.”
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Fecha de Publicación: 14/06/2014
Fuente: Unión de Asambleas Ciudadanas
Provincia/Región: Mendoza
Repudiamos el intento de modificación de la Ley Provincial 7722, que fue sancionada en 2007 como fruto de la lucha del pueblo de Mendoza. Este nuevo embate corporativo entre diputados del bloque del PJ y las empresas transnacionales intenta que la megaminería saqueante, secante y contaminante se instale en Mendoza.
Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura nos declaramos en estado de alerta ante el intento de modificación de la Ley 7722 propuesta por los diputados provinciales José Oscar Muñoz, Raúl Guerra y la diputada provincial Silvia Ramos, pertenecientes al bloque del FPV-PJ. Esta iniciativa intenta limitar la aplicabilidad de la ley. Pero esto en la práctica significaría volverla ineficaz y se pondría en riesgo el recurso hídrico de la provincia.
La propuesta de Muñoz, Guerra y Ramos se basa en compatibilizar los alcances de la ley 7722 con los artículos 33 y 36 del Código de Minería[1]. Cabe recordar que esos artículos datan de la sanción original del Código, es decir, fueron pensados en el siglo XIX, para una realidad completamente diferente que la actual. Por otra parte, los artículos 33 y 36 se refieren exclusivamente a los derechos de cateo y no a la totalidad de las etapas que conlleva una explotación minera, como sí lo hace la ley vigente: cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización.
Ratificamos también que la 7722 es constitucional, ya que se ajusta a los principios de la política ambiental establecidos en el artículo 4º de la Ley Nacional 25675, que es una ley de presupuestos mínimos, según el artículo 41 de la Constitución Nacional. Por el contrario, incluir parámetros del Código de Minería de la Nación dentro de una ley ambiental sí es inconstitucional. Es decir que limitar la aplicabilidad de la Ley 7722 a los artículos 33 y 36 del Código de Minería contradice a la Constitución Nacional, a la Ley Nacional 25675 (“Ley General del Ambiente”) y atenta contra el derecho a un ambiente sano, garantizado por el artículo 41 de la Constitución.
¿Pero qué significaría incluir los artículos 33 y 36 del Código de Minería dentro de la ley 7722? Significaría, entre otras cosas, que la ley sólo mantendría su vigencia a menos de 50 metros de los ríos, a menos de 40 metros de las casas y a menos de 30 metros de acueductos y canales. Es decir que se podría utilizar cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otras sustancias similares en los procesos mineros, siempre y cuando tuvieran la precaución de, por ejemplo, ubicarse a 51 metros por lo menos de nuestros ríos. ¿Suena ridículo? Lo es. ¿Suena peligroso? Lo es. Porque de esa manera no se cuidan las cuencas de alimentación de los ríos y el acuífero, no se tiene en cuenta a los glaciares, ni se protege a los regantes y a los consumidores. En otras palabras, de modificarse, la ley 7722 se vuelve completamente ineficaz para cuidar los intereses sociales, ambientales, culturales y económicos de la provincia.
Otra de las propuestas expresadas en este proyecto es limitar el alcance de la 7722 al radio de 10 km desde el centro de cualquier localidad provincial. Este planteo no resuelve las consecuencias ambientales y sociales de contaminar el agua, la tierra y el aire con sustancias tóxicas. Mendoza es un pueblo que comprendió la importancia vital del agua desde la naciente de los ríos, de los glaciares, de las áreas periglaciares, de los humedales altoandinos y de las áreas naturales protegidas. Este tipo de planteo, propuesto por los legisladores, resulta irracional y malintencionado.
El proyecto que impulsan Muñoz, Guerra y Ramos pretende también limitar la intervención de la Legislatura y de los municipios afectados.Esta intervención, recordamos, ha sido de fundamental importancia, junto al reclamo popular, para ponerle un límite al proceso de entrega irrestricta del territorio a las corporaciones extranjeras, como ocurrió con el rechazo del proyecto San Jorge.
Pese a que la sociedad ha comprendido perfectamente la distinción entre minería y megaminería, desde el poder político y económico insisten en la estrategia de confundir ambos conceptos para plantear que el rechazo es irracional. Recordamos nuevamente que nunca ha habido, ni hay, ni habrá megaminería en Mendoza, porque NUNCA TUVO NI TENDRÁ LICENCIA SOCIAL.
Si el poder económico concentrado y los representantes de los distintos poderes del Estado, los cuales deberían velar por los intereses de lxs mendocinxs, siguen en estos intentos de violar la Ley Provincial 7722, el pueblo volverá a las calles y a las rutas para recordarles que el agua de Mendoza no se negocia y que Mendoza ya dijo NO a la megaminería.
[1] Limitaciones al derecho de cateo:
Art. 33. – Ni el permiso para explorar ni la concesión de una mina dan derecho a ocupar la superficie con trabajos y construcciones mineras sin el formal consentimiento del propietario: 1 - En el recinto de todo edificio y en el de los sitios murados. 2- En los jardines, huertos y viñedos, murados o sólidamente empalizados; y no estando así, la prohibición se limitará a un espacio de DIEZ MIL (10.000) metros cuadrados en los jardines, y de VEINTICINCO MIL (25.000) en los huertos y viñedos. 3- A menor distancia de CUARENTA (40) metros de las casas, y de CINCO (5) a DIEZ (10) metros, de los demás edificios. Cuando las casas sean de corta extensión y poco costo, la zona de protección se limitará a DIEZ (10) metros, que pueden extenderse hasta QUINCE (15). 4- A una distancia menor de TREINTA (30) metros de los acueductos, canales, vías férreas, abrevaderos y vertientes.
Art. 36. – No pueden emprenderse trabajos mineros en el recinto de los cementerios, calles y sitios públicos; ni a menor distancia de CINCUENTA (50) metros de los edificios, caminos de hierro,carreteros, acueductos y ríos públicos. Pero la autoridad acordará el permiso para penetrar ese radio, cuando previo el informe de un ingeniero y los comprobantes que los interesados presentaren, resulte que no hay inconveniente, o que, habiéndolo, puede salvarse.”
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Río Negro: quieren crear el Parque Provincial Cayu Leufu
Quieren crear Parque provincial para conservar muestra de ecosistema de bosques
Fecha de Publicación: 13/06/2014
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
Los legisladores César Miguel, Martín Doñate y Silvia Horne (FpV) presentaron un proyecto de ley para crear el “Parque Provincial Cayu Leufu”, con el fin de conservar una muestra representativa del ecosistema más oriental de los bosques andino-patagónicos y del ecosistema de transición entre el bosque y la estepa, así como sus sistemas hídricos y bellezas paisajísticas.
La propuesta tiene como objetivo prioritario la conservación de los recursos naturales en la altas cuencas de seis de los principales ríos de la región andina dentro del territorio provincial.
Según los autores, la conservación de estas cuencas resulta estratégica para garantizar a futuro el desarrollo humano en pueblos y ciudades ubicadas aguas abajo, como asimismo el desarrollo de las actividades agropecuarias que tradicionalmente se realizan en los valles inferiores.
En el área comprendida se encuentran las nacientes de los ríos Foyel, Los Repollos, Ternero y Villegas –de vertiente hacia el océano Pacífico- y los ríos Pichileufu y Chubut –de vertiente hacia el océano Atlántico-. Aguas abajo de estos cauces hídricos, se encuentran la ciudad de El Bolsón, los poblados del El Foyel y el vecino pueblo El Maitén de la provincia del Chubut.
La creación de este Parque busca garantizar a perpetuidad la provisión de bienes y servicios ambientales de alta calidad a las poblaciones y comunidades vecinas; promover el bienestar general de la población a través de la realización de actividades recreativas, educativas, científicas y de esparcimiento compatibles con la conservación de los recursos naturales; proteger la biodiversidad, los recursos genéticos, las nacientes de cuencas hídricas, la calidad de las aguas y del aire y la pristinidad del ambiente natural; y conservar los valores, tradiciones y costumbres de los pueblos originarios y pobladores criollos asentados dentro del área protegida.
La iniciativa plantea que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, como autoridad de aplicación del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, coordinaría la elaboración del plan de manejo para el área protegida y su zonificación. con los organismos provinciales vinculados al manejo integral del área y con participación de pobladores locales, comunidades indígenas, ONGs ambientalistas y organismos académicos.
Los planes de manejo para el área deberán obligatoriamente contar con la debida participación de los pobladores criollos y de las comunidades indígenas preexistentes que queden involucrados en el Parque Provincial, a fin de respetar las prácticas, usos y costumbres ancestrales y culturales relacionados a la administración y aprovechamiento de los recursos naturales, a fin de realizar un manejo de los recursos que garantice un desarrollo compatible con el área protegida.
El territorio propuesto como Área Natural Protegida se encuentra ubicado dentro de la Reserva de Biósfera Andino Nor-Patagónica, que fue incorporada a la Red Mundial de Reservas de Biósfera en septiembre de 2007, a través del Programa sobre el Hombre y la Biósfera (MAB) de la Unesco, que añadió además una superficie equivalente de Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes de Chile, contiguo a la reserva argentina, constituyendo una unidad ambiental con carácter binacional de más de 5.000.000 de hectáreas.
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Fecha de Publicación: 13/06/2014
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
Los legisladores César Miguel, Martín Doñate y Silvia Horne (FpV) presentaron un proyecto de ley para crear el “Parque Provincial Cayu Leufu”, con el fin de conservar una muestra representativa del ecosistema más oriental de los bosques andino-patagónicos y del ecosistema de transición entre el bosque y la estepa, así como sus sistemas hídricos y bellezas paisajísticas.
La propuesta tiene como objetivo prioritario la conservación de los recursos naturales en la altas cuencas de seis de los principales ríos de la región andina dentro del territorio provincial.
Según los autores, la conservación de estas cuencas resulta estratégica para garantizar a futuro el desarrollo humano en pueblos y ciudades ubicadas aguas abajo, como asimismo el desarrollo de las actividades agropecuarias que tradicionalmente se realizan en los valles inferiores.
En el área comprendida se encuentran las nacientes de los ríos Foyel, Los Repollos, Ternero y Villegas –de vertiente hacia el océano Pacífico- y los ríos Pichileufu y Chubut –de vertiente hacia el océano Atlántico-. Aguas abajo de estos cauces hídricos, se encuentran la ciudad de El Bolsón, los poblados del El Foyel y el vecino pueblo El Maitén de la provincia del Chubut.
La creación de este Parque busca garantizar a perpetuidad la provisión de bienes y servicios ambientales de alta calidad a las poblaciones y comunidades vecinas; promover el bienestar general de la población a través de la realización de actividades recreativas, educativas, científicas y de esparcimiento compatibles con la conservación de los recursos naturales; proteger la biodiversidad, los recursos genéticos, las nacientes de cuencas hídricas, la calidad de las aguas y del aire y la pristinidad del ambiente natural; y conservar los valores, tradiciones y costumbres de los pueblos originarios y pobladores criollos asentados dentro del área protegida.
La iniciativa plantea que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, como autoridad de aplicación del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, coordinaría la elaboración del plan de manejo para el área protegida y su zonificación. con los organismos provinciales vinculados al manejo integral del área y con participación de pobladores locales, comunidades indígenas, ONGs ambientalistas y organismos académicos.
Los planes de manejo para el área deberán obligatoriamente contar con la debida participación de los pobladores criollos y de las comunidades indígenas preexistentes que queden involucrados en el Parque Provincial, a fin de respetar las prácticas, usos y costumbres ancestrales y culturales relacionados a la administración y aprovechamiento de los recursos naturales, a fin de realizar un manejo de los recursos que garantice un desarrollo compatible con el área protegida.
El territorio propuesto como Área Natural Protegida se encuentra ubicado dentro de la Reserva de Biósfera Andino Nor-Patagónica, que fue incorporada a la Red Mundial de Reservas de Biósfera en septiembre de 2007, a través del Programa sobre el Hombre y la Biósfera (MAB) de la Unesco, que añadió además una superficie equivalente de Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes de Chile, contiguo a la reserva argentina, constituyendo una unidad ambiental con carácter binacional de más de 5.000.000 de hectáreas.
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Relevaran el impacto de agroquímicos en la salud
Salud: estudiarán el impacto de la aplicación de agroquímicos
Fecha de Publicación: 13/06/2014
Fuente: La Opinion de Pergamino
Provincia/Región: Buenos Aires
Autoridades de la Secretaría de Salud del Municipio se reunieron ayer con representantes de la Facultad de Agronomía y de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires para avanzar en un estudio ambiental que permita determinar los efectos que los fitosanitarios tienen en el ambiente y la salud de la población.
Ayer por la mañana estuvieron en Pergamino representantes de las facultades de Agronomía y de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Buenos Aires, quienes se reunieron con autoridades de la Secretaría de Salud del Municipio para compartir información sobre la marcha de un proyecto que se está llevando adelante y que se profundizará en relación al impacto ambiental y sanitario que genera la aplicación de agroquímicos.
En el encuentro estuvieron el doctor Leandro Peñaloza, secretario de Salud del Municipio; la doctora Adriana Torriggino, directora de Epidemiología y Estadística; José Apesteguía, secretario de la Producción; Jorge Elustondo, director ejecutivo del Instituto de Etica Legal y Calidad Agroindustrial de la Facultad de Agronomía de la UBA; Edda Villaamil Lepori y María Irigoyen, representantes de la cátedra Toxicología y Química Legal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Durante la reunión se abordaron distintos temas, entre ellos se analizaron variables para continuar el estudio científico que se desarrolla desde hace un tiempo y que tiene que ver con él determinar el impacto que genera en determinadas zonas el uso de fitosanitarios.
En la actualidad, más de veinte investigadores se encuentran analizando el material obtenido en el muestreo de suelos, aguas superficiales y aguas en profundidad tomados en el área del sector oeste de Pergamino hace un año.
El doctor Leandro Peñaloza, comentó los alcances del encuentro al referir: “Hace un año atrás nos reunimos con el ingeniero Elustondo y con gente del Ministerio de Asuntos Agrarios en la Universidad Nacional de Buenos Aires para coordinar una serie de esfuerzos tendientes a que pudiera realizarse un trabajo en Pergamino para tener un conocimiento real y con basamento científico sobre los impactos ambientales por la aplicación de agroquímicos.
“Creemos que esto es importante porque en la literatura general no existe”, planteó el funcionario y agregó: “Consideramos que somos un Municipio saludable, pero de cualquier manera tenemos que corroborar esto a través de estudios científicos.
“Para nosotros es un gusto que gente con este nivel de preparación pueda trabajar en Pergamino”, añadió el titular de la cartera de Salud.
Proyecto de investigación
El ingeniero Elustondo, que guía el trabajo de los profesionales, brindó precisiones sobre el proyecto de investigación que se está llevando adelante. “Empezamos a trabajar en la UBA, en la Facultad de Agronomía a la cual pertenezco y en la de Farmacia y Bioquímica a la cual pertenecen las doctoras. Este tema fue planteado al ministro de Ciencia y Técnica y también se interesaron las autoridades del Ministerio de Agricultura de la Nación y trabajamos en un proyecto de investigación y desarrollo que lo financia la cartera de Ciencia y Técnica de la Nación y es adoptante el Ministerio de Agricultura.
“Hoy cuesta mucho tiempo armar un Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID), y en conjunto con el equipo elegimos Pergamino, por la importancia de esta zona y por la tradición agrícola que posee”, apuntó.
Con respecto a la zona de trabajo especificó que “dentro de Pergamino hemos tomado el área oeste, o sea aguas arriba del arroyo Pergamino y el Botija y ya hace un año empezamos a hacer muestreos de suelos y agua superficiales, aguas en profundidad y estamos trabajando con todo ese material.
“En la Facultad de Agronomía están trabajando seis cátedras con diecinueve investigadores y se están obteniendo los primeros resultados; trabajamos en este primer ciclo agrícola, la semana pasada estuvimos muestreando porque ya arrancó el ciclo agrícola siguiente y se están haciendo los barbechos químicos y sobre esas bases estamos trabajando”, explicó Elustondo.
Consultado sobre el resultado de la primera fase, el profesional aclaró: “Está en estudio, los datos tienen que ser cruzados, vistos por los investigadores de Farmacia y Bioquímica y por otros investigadores” y eludió brindar mayores precisiones.
En la misma línea comentó: “Participa también la doctora Claudia Hopenhayn de la Universidad de Kentucky, que es una epidemióloga argentina que hace tres años y medio que colabora con nosotros y ella nos va a hacer su aporte en el momento oportuno cuando uno pueda observar todos los datos”.
Impacto en la salud
Uno de los principales interrogantes que genera el tema de la aplicación de agroquímicos, sobre todo en zonas de producción como las que conforman el Partido de Pergamino, es el impacto que el uso de fitosanitarios puede tener para la salud humana. Al respecto, la doctora Villaamil Lepori manifestó: “Queremos evaluar qué es lo que pasa y cuál es el impacto de los agroquímicos que se están utilizando, principalmente con lo que tiene que ver con los cultivos transgénicos, tanto en el ambiente como en la salud humana”.
En este sentido, la especialista consideró que “es importantísimo tener datos del uso, de cómo se aplican los fitosanitarios y de los probables o no niveles de exposición en la población humana”.
“Queremos evaluar los alimentos y algunas cuestiones en sangre y orina de la gente que está probablemente expuesta y la que no lo está también para poder comparar”, indicó y sostuvo que la intención es “fijar criterios para prevenir a futuro y evitar ver situaciones de riesgo.
“Necesitamos tener contacto con la gente, hacerle una serie de preguntas para saber usos y hábitos alimentarios, y necesitamos tomar varias muestras”, añadió y señaló que se va a estudiar lo que se llama “dieta completa”, es decir el plato de comida ya elaborado, “la bebida, el mate, la leche que toman, el pan, las facturas, porque puedo encontrar alto contenido de plaguicida en la carne, pero quizás cuando la cocino desaparece, entonces quizás estoy evaluando algo que no se correlaciona adecuadamente con la realidad”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 13/06/2014
Fuente: La Opinion de Pergamino
Provincia/Región: Buenos Aires
Autoridades de la Secretaría de Salud del Municipio se reunieron ayer con representantes de la Facultad de Agronomía y de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires para avanzar en un estudio ambiental que permita determinar los efectos que los fitosanitarios tienen en el ambiente y la salud de la población.
Ayer por la mañana estuvieron en Pergamino representantes de las facultades de Agronomía y de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Buenos Aires, quienes se reunieron con autoridades de la Secretaría de Salud del Municipio para compartir información sobre la marcha de un proyecto que se está llevando adelante y que se profundizará en relación al impacto ambiental y sanitario que genera la aplicación de agroquímicos.
En el encuentro estuvieron el doctor Leandro Peñaloza, secretario de Salud del Municipio; la doctora Adriana Torriggino, directora de Epidemiología y Estadística; José Apesteguía, secretario de la Producción; Jorge Elustondo, director ejecutivo del Instituto de Etica Legal y Calidad Agroindustrial de la Facultad de Agronomía de la UBA; Edda Villaamil Lepori y María Irigoyen, representantes de la cátedra Toxicología y Química Legal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Durante la reunión se abordaron distintos temas, entre ellos se analizaron variables para continuar el estudio científico que se desarrolla desde hace un tiempo y que tiene que ver con él determinar el impacto que genera en determinadas zonas el uso de fitosanitarios.
En la actualidad, más de veinte investigadores se encuentran analizando el material obtenido en el muestreo de suelos, aguas superficiales y aguas en profundidad tomados en el área del sector oeste de Pergamino hace un año.
El doctor Leandro Peñaloza, comentó los alcances del encuentro al referir: “Hace un año atrás nos reunimos con el ingeniero Elustondo y con gente del Ministerio de Asuntos Agrarios en la Universidad Nacional de Buenos Aires para coordinar una serie de esfuerzos tendientes a que pudiera realizarse un trabajo en Pergamino para tener un conocimiento real y con basamento científico sobre los impactos ambientales por la aplicación de agroquímicos.
“Creemos que esto es importante porque en la literatura general no existe”, planteó el funcionario y agregó: “Consideramos que somos un Municipio saludable, pero de cualquier manera tenemos que corroborar esto a través de estudios científicos.
“Para nosotros es un gusto que gente con este nivel de preparación pueda trabajar en Pergamino”, añadió el titular de la cartera de Salud.
Proyecto de investigación
El ingeniero Elustondo, que guía el trabajo de los profesionales, brindó precisiones sobre el proyecto de investigación que se está llevando adelante. “Empezamos a trabajar en la UBA, en la Facultad de Agronomía a la cual pertenezco y en la de Farmacia y Bioquímica a la cual pertenecen las doctoras. Este tema fue planteado al ministro de Ciencia y Técnica y también se interesaron las autoridades del Ministerio de Agricultura de la Nación y trabajamos en un proyecto de investigación y desarrollo que lo financia la cartera de Ciencia y Técnica de la Nación y es adoptante el Ministerio de Agricultura.
“Hoy cuesta mucho tiempo armar un Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID), y en conjunto con el equipo elegimos Pergamino, por la importancia de esta zona y por la tradición agrícola que posee”, apuntó.
Con respecto a la zona de trabajo especificó que “dentro de Pergamino hemos tomado el área oeste, o sea aguas arriba del arroyo Pergamino y el Botija y ya hace un año empezamos a hacer muestreos de suelos y agua superficiales, aguas en profundidad y estamos trabajando con todo ese material.
“En la Facultad de Agronomía están trabajando seis cátedras con diecinueve investigadores y se están obteniendo los primeros resultados; trabajamos en este primer ciclo agrícola, la semana pasada estuvimos muestreando porque ya arrancó el ciclo agrícola siguiente y se están haciendo los barbechos químicos y sobre esas bases estamos trabajando”, explicó Elustondo.
Consultado sobre el resultado de la primera fase, el profesional aclaró: “Está en estudio, los datos tienen que ser cruzados, vistos por los investigadores de Farmacia y Bioquímica y por otros investigadores” y eludió brindar mayores precisiones.
En la misma línea comentó: “Participa también la doctora Claudia Hopenhayn de la Universidad de Kentucky, que es una epidemióloga argentina que hace tres años y medio que colabora con nosotros y ella nos va a hacer su aporte en el momento oportuno cuando uno pueda observar todos los datos”.
Impacto en la salud
Uno de los principales interrogantes que genera el tema de la aplicación de agroquímicos, sobre todo en zonas de producción como las que conforman el Partido de Pergamino, es el impacto que el uso de fitosanitarios puede tener para la salud humana. Al respecto, la doctora Villaamil Lepori manifestó: “Queremos evaluar qué es lo que pasa y cuál es el impacto de los agroquímicos que se están utilizando, principalmente con lo que tiene que ver con los cultivos transgénicos, tanto en el ambiente como en la salud humana”.
En este sentido, la especialista consideró que “es importantísimo tener datos del uso, de cómo se aplican los fitosanitarios y de los probables o no niveles de exposición en la población humana”.
“Queremos evaluar los alimentos y algunas cuestiones en sangre y orina de la gente que está probablemente expuesta y la que no lo está también para poder comparar”, indicó y sostuvo que la intención es “fijar criterios para prevenir a futuro y evitar ver situaciones de riesgo.
“Necesitamos tener contacto con la gente, hacerle una serie de preguntas para saber usos y hábitos alimentarios, y necesitamos tomar varias muestras”, añadió y señaló que se va a estudiar lo que se llama “dieta completa”, es decir el plato de comida ya elaborado, “la bebida, el mate, la leche que toman, el pan, las facturas, porque puedo encontrar alto contenido de plaguicida en la carne, pero quizás cuando la cocino desaparece, entonces quizás estoy evaluando algo que no se correlaciona adecuadamente con la realidad”, concluyó.
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Entre Ríos: darían media sanción a ley de agroquímicos
Antes del receso tendría media sanción la ley de agroquímicos
Fecha de Publicación: 13/06/2014
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Arlettaz dijo que restan definir detalles y minimizó la discusión sobre la distancia de fumigación en los centros poblados. Quieren que vaya a Diputados antes de las vacaciones de invierno
La semana que viene saldría el dictamen favorable al proyecto de la nueva ley de agroquímicos, sobre la base del texto elaborado por los senadores Oscar Arlettaz y Enrique Cresto, quienes buscarán que obtenga la media sanción de la Cámara alta antes del receso invernal de la Legislatura.
En diálogo con UNO, el presidente de la Comisión de Producción de ese cuerpo (Arlettaz) dijo que fueron recibidas todas las organizaciones ambientalistas que solicitaron reuniones, y desmintió las denuncias de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) sobre el supuesto rechazo ante un pedido de audiencia.
Si bien el legislador asegura que el debate sobre las distancias de fumigación es importante, destacó que tienen mayor relevancia las capacitaciones de los fumigadores, no solo respecto del uso que deben darle a los químicos de mayor y menor toxicidad, sino del lavado de las maquinarias.
“Está prácticamente listo el despacho de comisión, no falta gran cosa, días atrás estuve en Alemania y solicité el envío de información respecto de la legislación de ese país, porque me quedé sorprendido al ver que las plantaciones frutales están pegadas a las casas y que las fumigaciones se realizan a un metro de distancia de las granjas avícolas”, dijo Arlettaz, y agregó que la idea es sumar la mayor cantidad de antecedentes posible.
Respecto de los estudios de investigación que se llevaron a cabo a partir de la presentación del proyecto, contó que se tuvieron en cuenta los elaborados por las universidades nacionales, además destacó que se extrajo buena parte del informe realizado por el Ministerio nacional de Agricultura, junto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) para la redacción de la ley.
“Hubo un proyecto en Diputados que lo único que pretendía era poner distancia respecto de las poblaciones rurales y las escuelas, pero nosotros pensamos que había que avanzar un poco más, por eso arrancamos de cero de nuevo”, indicó.
Arlettaz sostuvo que se consideran los reclamos de las escuelas rurales por las fumigaciones que las afectan, pero cuestionó que se pone demasiado énfasis en las distancias (de prohibición de fumigar), y no en otros puntos, que son más relevantes aún, como las capacitaciones: “Si usted pone 500 metros de distancia para una fumigación terrestre y la realiza un día en el que hay viento intenso, y lo hace con un producto de alta toxicidad, vamos a tener el mismo riesgo que si estamos fumigando a 1.500 metros o a 100 con un producto bueno, lo importante es la formación del personal y la correcta utilización de los productos, que deben poseer la menor toxicidad posible”, explicó.
En ese sentido, sostuvo que en la nueva normativa, el ingeniero agrónomo de la empresa fumigadora será quien se responsabilice, tanto del buen funcionamiento de las máquinas como de la aplicación adecuada de los agroquímicos, y de la posterior limpieza de la máquina. “Más de una vez se puede ver a trabajadores que tiran los residuos en la banquina, o lavándola en una laguna, y esas son prácticas aberrantes que tienen que desterrarse porque no le hacen bien a nadie”.
Arlettaz sostuvo que el mayor apoyo lo han recibido por parte de las asociaciones de productores, quienes solicitan que se les dé una respuesta, sobre todo los rurales, quienes viven en su mayoría, en el medio del campo, rodeados por plantaciones de soja, maíz o trigo, y “muchas veces tienen la fumigación a 200 metros de su vivienda”.
Las capacitaciones que promueve el proyecto estarían a cargo del INTA y de las universidades, estas serán las encargadas de brindar las herramientas a los trabajadores. Para eso, se firmarán convenios con los colegios de ingenieros agrónomos, para que ellos sean los encargados de preparar las capacitaciones.
Las distancias
“Todavía tenemos en discusión el tema de la distancia, no hubo un criterio unificado desde la comisión, por eso también es que solicitamos información a otros países”, agregó el senador, y dijo que las organizaciones ambientalistas fueron recibidas en una reunión que se desarrolló en la Bolsa de Cereales, donde participaron alrededor de 40 asociaciones de diferentes tipos de productores. A su vez, destacó que recibieron a Daniel Verseñassi, junto al Foro Ecologista, con la presencia de las cámaras de fumigaciones y varias cooperativas de productores, quienes realizaron sus sugerencias.
Críticas desde Agmer
Desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) hicieron público, hace algunos meses, que no habían sido convocados para debatir el proyecto de ley: “Como comisión directiva central no hemos sido llamados lamentablemente”, señalaba el secretario adjunto, Alejandro Bernasconi. Desde el gremio consideraron que los legisladores deben poner la atención en la opinión de las poblaciones rurales y afirmó que la actitud de los senadores “no habla bien de quienes tienen la responsabilidad política de dar estas discusiones”.
La entidad docente declaró que cuenta con conocimiento de la realidad concreta, y cuestionaron los intereses que se están escuchando a la hora de tomar estas definiciones: “Ojalá sea el de las poblaciones que se ubican en esos lugares”, subrayó Bernasconi.
Intoxicación
Más allá de las investigaciones realizadas por los especialistas, que comprueban que el glifosato, utilizado para las cosechas de soja en todo el país, es altamente nocivo para el ser humano y que no solo afecta la fertilidad de las tierras sino que también puede producir malformaciones en seres humanos y animales; los reclamos llegan ahora desde el sector frutícola, más precisamente desde aquellos que trabajan en la cosecha de arándanos.
Uno de los casos, el cual no fue escuchado, fue el de Edgardo Burrito Ferreyra, el federaense de 47 años que falleció ayer por un cáncer, el que tanto él como su familia atribuían al trabajo con químicos que realizaba en la manipulación del arándano, en una empresa de la zona. El productor atribuía la enfermedad a los fuertes químicos que le ponían a la fruta, así lo denunció ante la firma, la que le dio la espalda junto con 10 trabajadores que atravesarían una situación similar. En la tarde de ayer, dejó de existir mientras estaba internado en el hospital Masvernat de Concordia.
El reclamo de Ferreyra no fue el único, desde el sitio web www.ecoargentina.org, reconocido a nivel nacional por realizar denuncias y hacerlas públicas, y por brindar materiales a maestros y alumnos, relacionados con el medio ambiente, se publicó el descargo de un grupo de sembradores del mismo fruto de Concordia, más precisamente de la localidad de Colonia Ayuí, quienes afirman que se ven afectados por el inescrupuloso manejo de una empresa multinacional, “que no tuvo el menor reparo en códigos ni en métodos de higiene y seguridad en la cosecha”. Debido a ello, dicen los trabajadores, se vieron en la obligación de denunciar casos de salmonelosis que fueron dados de alta antes del tiempo contemplado para su cura y trabajaron sin medidas de higiene”. A su vez solicitan que se tomen las medidas del caso y se corroboren sus dichos con la reserva del caso.
Arlettaz señaló que no tiene precisiones al respecto y que es muy difícil de determinar qué elemento ha sido el que provocó el daño en la persona.
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Fecha de Publicación: 13/06/2014
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Arlettaz dijo que restan definir detalles y minimizó la discusión sobre la distancia de fumigación en los centros poblados. Quieren que vaya a Diputados antes de las vacaciones de invierno
La semana que viene saldría el dictamen favorable al proyecto de la nueva ley de agroquímicos, sobre la base del texto elaborado por los senadores Oscar Arlettaz y Enrique Cresto, quienes buscarán que obtenga la media sanción de la Cámara alta antes del receso invernal de la Legislatura.
En diálogo con UNO, el presidente de la Comisión de Producción de ese cuerpo (Arlettaz) dijo que fueron recibidas todas las organizaciones ambientalistas que solicitaron reuniones, y desmintió las denuncias de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) sobre el supuesto rechazo ante un pedido de audiencia.
Si bien el legislador asegura que el debate sobre las distancias de fumigación es importante, destacó que tienen mayor relevancia las capacitaciones de los fumigadores, no solo respecto del uso que deben darle a los químicos de mayor y menor toxicidad, sino del lavado de las maquinarias.
“Está prácticamente listo el despacho de comisión, no falta gran cosa, días atrás estuve en Alemania y solicité el envío de información respecto de la legislación de ese país, porque me quedé sorprendido al ver que las plantaciones frutales están pegadas a las casas y que las fumigaciones se realizan a un metro de distancia de las granjas avícolas”, dijo Arlettaz, y agregó que la idea es sumar la mayor cantidad de antecedentes posible.
Respecto de los estudios de investigación que se llevaron a cabo a partir de la presentación del proyecto, contó que se tuvieron en cuenta los elaborados por las universidades nacionales, además destacó que se extrajo buena parte del informe realizado por el Ministerio nacional de Agricultura, junto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) para la redacción de la ley.
“Hubo un proyecto en Diputados que lo único que pretendía era poner distancia respecto de las poblaciones rurales y las escuelas, pero nosotros pensamos que había que avanzar un poco más, por eso arrancamos de cero de nuevo”, indicó.
Arlettaz sostuvo que se consideran los reclamos de las escuelas rurales por las fumigaciones que las afectan, pero cuestionó que se pone demasiado énfasis en las distancias (de prohibición de fumigar), y no en otros puntos, que son más relevantes aún, como las capacitaciones: “Si usted pone 500 metros de distancia para una fumigación terrestre y la realiza un día en el que hay viento intenso, y lo hace con un producto de alta toxicidad, vamos a tener el mismo riesgo que si estamos fumigando a 1.500 metros o a 100 con un producto bueno, lo importante es la formación del personal y la correcta utilización de los productos, que deben poseer la menor toxicidad posible”, explicó.
En ese sentido, sostuvo que en la nueva normativa, el ingeniero agrónomo de la empresa fumigadora será quien se responsabilice, tanto del buen funcionamiento de las máquinas como de la aplicación adecuada de los agroquímicos, y de la posterior limpieza de la máquina. “Más de una vez se puede ver a trabajadores que tiran los residuos en la banquina, o lavándola en una laguna, y esas son prácticas aberrantes que tienen que desterrarse porque no le hacen bien a nadie”.
Arlettaz sostuvo que el mayor apoyo lo han recibido por parte de las asociaciones de productores, quienes solicitan que se les dé una respuesta, sobre todo los rurales, quienes viven en su mayoría, en el medio del campo, rodeados por plantaciones de soja, maíz o trigo, y “muchas veces tienen la fumigación a 200 metros de su vivienda”.
Las capacitaciones que promueve el proyecto estarían a cargo del INTA y de las universidades, estas serán las encargadas de brindar las herramientas a los trabajadores. Para eso, se firmarán convenios con los colegios de ingenieros agrónomos, para que ellos sean los encargados de preparar las capacitaciones.
Las distancias
“Todavía tenemos en discusión el tema de la distancia, no hubo un criterio unificado desde la comisión, por eso también es que solicitamos información a otros países”, agregó el senador, y dijo que las organizaciones ambientalistas fueron recibidas en una reunión que se desarrolló en la Bolsa de Cereales, donde participaron alrededor de 40 asociaciones de diferentes tipos de productores. A su vez, destacó que recibieron a Daniel Verseñassi, junto al Foro Ecologista, con la presencia de las cámaras de fumigaciones y varias cooperativas de productores, quienes realizaron sus sugerencias.
Críticas desde Agmer
Desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) hicieron público, hace algunos meses, que no habían sido convocados para debatir el proyecto de ley: “Como comisión directiva central no hemos sido llamados lamentablemente”, señalaba el secretario adjunto, Alejandro Bernasconi. Desde el gremio consideraron que los legisladores deben poner la atención en la opinión de las poblaciones rurales y afirmó que la actitud de los senadores “no habla bien de quienes tienen la responsabilidad política de dar estas discusiones”.
La entidad docente declaró que cuenta con conocimiento de la realidad concreta, y cuestionaron los intereses que se están escuchando a la hora de tomar estas definiciones: “Ojalá sea el de las poblaciones que se ubican en esos lugares”, subrayó Bernasconi.
Intoxicación
Más allá de las investigaciones realizadas por los especialistas, que comprueban que el glifosato, utilizado para las cosechas de soja en todo el país, es altamente nocivo para el ser humano y que no solo afecta la fertilidad de las tierras sino que también puede producir malformaciones en seres humanos y animales; los reclamos llegan ahora desde el sector frutícola, más precisamente desde aquellos que trabajan en la cosecha de arándanos.
Uno de los casos, el cual no fue escuchado, fue el de Edgardo Burrito Ferreyra, el federaense de 47 años que falleció ayer por un cáncer, el que tanto él como su familia atribuían al trabajo con químicos que realizaba en la manipulación del arándano, en una empresa de la zona. El productor atribuía la enfermedad a los fuertes químicos que le ponían a la fruta, así lo denunció ante la firma, la que le dio la espalda junto con 10 trabajadores que atravesarían una situación similar. En la tarde de ayer, dejó de existir mientras estaba internado en el hospital Masvernat de Concordia.
El reclamo de Ferreyra no fue el único, desde el sitio web www.ecoargentina.org, reconocido a nivel nacional por realizar denuncias y hacerlas públicas, y por brindar materiales a maestros y alumnos, relacionados con el medio ambiente, se publicó el descargo de un grupo de sembradores del mismo fruto de Concordia, más precisamente de la localidad de Colonia Ayuí, quienes afirman que se ven afectados por el inescrupuloso manejo de una empresa multinacional, “que no tuvo el menor reparo en códigos ni en métodos de higiene y seguridad en la cosecha”. Debido a ello, dicen los trabajadores, se vieron en la obligación de denunciar casos de salmonelosis que fueron dados de alta antes del tiempo contemplado para su cura y trabajaron sin medidas de higiene”. A su vez solicitan que se tomen las medidas del caso y se corroboren sus dichos con la reserva del caso.
Arlettaz señaló que no tiene precisiones al respecto y que es muy difícil de determinar qué elemento ha sido el que provocó el daño en la persona.
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El desmonte y las represas el motivo de la creciente
Alerta por la crecida que avanza aguas abajo
Fecha de Publicación: 12/06/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Litoral
El descenso del Iguazú permitió habilitar casi todos los paseos de las cataratas, aunque varias localidades de Misiones seguían aisladas por cortes en la ruta 12. Operativos preventivos en Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Ayuda del gobierno nacional.
La crecida que experimentó el río Iguazú en Misiones comenzó a trasladarse al río Paraná. Su altura alcanzó ayer los 10,30 metros en el puerto de Posadas y los 4,2 en Ituzaingó, Corrientes. En la ciudad de Santa Fe, el Centro de Informaciones Hidrométricas de la Universidad del Litoral informó que el río creció hasta los 4,18 metros, por lo que el gobierno local declaró la emergencia hídrica. Aunque el nivel del Iguazú comenzó a descender, aliviando la descarga en el Paraná, las autoridades de Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe implementaron operativos preventivos, en los que 24 familias correntinas fueron evacuadas y se hará lo mismo con otras 500 chaqueñas. El gobierno nacional se puso a disposición de los gobiernos provinciales y municipales afectados.
La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) informó que el caudal del río Iguazú comenzó a descender en forma rápida. El organismo explicó que el río alcanzó el pico de creciente alrededor de las 3 de la mañana del martes con 38,60 metros, pero ayer descendió a 27,40. La tendencia indica que seguiría bajando porque mermaron las lluvias en el sur de Brasil.
El caudal del río Iguazú, en la provincia de Misiones, “ha comenzado la etapa de descenso”, aunque varias localidades del interior provincial continuaban aisladas ayer por la crecida del río Paraná y de varios arroyos, que producen cortes de los puentes, informó la Prefectura Naval Argentina (PNA).
El prefecto principal Julio César Mustafá, jefe de la delegación Posadas de la Prefectura nacional, sostuvo que “ha comenzado la etapa de descenso del caudal del río Iguazú y se espera que en las próximas 48 horas ese descenso llegue a la cuenca del Paraná”, que por ahora sigue creciendo pero en forma “moderada”.
En Misiones, el descenso del nivel del Iguazú permitió habilitar ayer casi todos los paseos del Parque Nacional Iguazú, donde se encuentran las cataratas, aunque permanecía cerrado el acceso a la Garganta del Diablo.
Mientras tanto, las localidades de Montecarlo, Piray, Caraguatay y Puerto Rico, en el interior de la provincia, continuaban aisladas debido al corte de la ruta nacional 12 por el embalsado de los arroyos Paranaí Guazú y Piray Guazú, que conectan con el río Paraná.
En ese marco, el intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral, declaró la emergencia hídrica, para tomar medidas preventivas que incluirán la realización de un censo de las familias que vivan en zona de riesgo y la instalación de módulos habitacionales para alojar a posibles evacuados.
El director de Gestión de Riesgos Comunal, Eduardo Aguirre Madariaga, expresó que “el pico de la crecida estaría llegando cerca del 25 del corriente mes” a la capital santafesina. Por su parte, el ingeniero del Instituto Nacional del Agua, Luis Lenzi, aseguró que el río crecería “en el orden de los seis metros en el puerto de Santa Fe”.
Los gobiernos de Chaco y Corrientes también activaron sus protocolos de prevención ante la inminente creciente del Paraná, ya que los pronósticos coincidían en que este fin de semana se registraría el pico de altura en sus ciudades ribereñas.
El gobierno de Corrientes advirtió sobre un panorama “poco alentador”, donde 24 familias ya fueron evacuadas en la isla de Apipé, en cercanías de la represa de Yacyretá. En este sentido, las localidades más complicadas son Ituzaingó, Itatí, Paso de la Patria y la ciudad de Corrientes.
En la localidad de Barranqueras, al sudeste de Chaco, se estima que un total de 500 familias, unas 3 mil personas, deberán ser evacuadas antes de que llegue el pico de la crecida. Los funcionarios calculan que el Paraná alcanzará un pico máximo de 8 metros de profundidad el próximo domingo.
Ante el alerta por la crecida del río, en Entre Ríos se espera que el pico llegue en aproximadamente 10 a 15 días. En la ciudad de Paraná, la Dirección de Hidráulica provincial estimó que el río alcanzará en las próximas horas los 5,90 metros de profundidad, casi 2 metros más de la altura que tuvo ayer.
En tanto, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, confirmó anoche que se pusieron a disposición de los territorios afectados las fuerzas de seguridad nacionales y anticipó que el lunes podría realizarse una reunión del Comité de Emergencia para establecer protocolos de evacuación y garantizar su asistencia.
Origen del fenómeno
El desmonte en la selva Paranaense y las represas en Brasil son los dos factores que señalan organizaciones sociales, investigadores y hasta Parques Nacionales para explicar la crecida en el río Iguazú y sus consecuencias. “Vemos a funcionarios y medios de comunicación hablando de la cantidad de agua que baja de Brasil, de los daños en las pasarelas de las cataratas, pero lo más grave es la deforestación en las cuencas superiores, las hidroeléctricas y cómo se perjudica a quienes menos tienen”, afirmó Rulo Bregagnolo, activista socioambiental misionero e integrante de la Mesa Provincial No a las Represas.
La explicación mayoritaria fue la responsabilidad de la naturaleza, expresada en las lluvias en Brasil. Marcelo Giraud es geógrafo, docente de la Universidad Nacional de Cuyo e integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza. Giraud está atento a lo que se suele llamar “desastres naturales” y maneja estadísticas, estudios y una base de datos que suele explicar el factor humano en cada desastre.
“La imagen satelital de 2013 de la cuenca del Iguazú muestra claramente cómo casi toda la cuenca en Brasil ya está deforestada. Cambiaron los cultivos tradicionales por soja. Las lluvias caen sobre un suelo con escasa cubierta vegetal, lo cual lo hace muy propenso a la erosión. Esta situación es una de las causas de que ante lluvias no tan extraordinarias, sea record el tiempo en que el agua precipitada llega al río, provocando esta crecida histórica”, explicó el geógrafo.
Federico Soria, técnico en Conservación de la Naturaleza e integrante de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), consideró que “la lluvia no fue muy diferente de otro años. De lo que no se habla es del desastre ecológico que representa la deforestación casi completa de la cuenca y de las megarrepresas (hay cinco aguas arriba y una más proyectada). La cuenca no puede retener el agua, tal como lo hacía naturalmente cuando existía la selva, y por eso baja rauda, siendo imposible que las represas la puedan retener”, aseguró y destacó la ruptura de la represa en construcción Baixo Iguazú, a pocos kilómetros de Misiones. “La ruptura fue un error humano y el agua corrió con enorme fuerza. Será la sexta represa en el cauce del río”, señaló Soria.
Giraud confirmó la ruptura de la hidroeléctrica y detalló que las represas de aguas arriba abrieron de manera repentina las compuertas. “La población ribereña, y no los capitalistas dueños de la represa, sufrió las graves consecuencias. Y a lo largo del curso del Paraná veremos las consecuencias en los próximos días”, remarcó.
Claudio Altamirano, responsable de prensa del Parque Nacional Iguazú, explicó a una radio misionera que el Iguazú nace a 800 kilómetros de las cataratas y sostuvo que las “las hidroeléctricas manejan el grifo, creo que hasta ellos se vieron sorprendidos por la cantidad de agua y decidieron abrir las compuertas. En una semana veremos la consecuencia que generó esta crecida”. El director regional de Parques Nacionales, Andrés Bosso, confirmó que la deforestación es una de las causantes del fenómeno: “Tenemos apenas el ocho por ciento de la superficie originaria de selva, hemos destruido la forestación en un 92 por ciento de la superficie y lo estamos pagando de esta manera”.
Juan Yahdjian es médico, histórico activista socioambiental misionero e integra la Mesa Provincial No a las Represas. Reconoce que siempre hubo inundaciones, pero aclara que parte del agua que hoy fluye debiera quedarse en el subsuelo de Brasil, Argentina y Paraguay (en el acuífero). “Pero ya no existe la vía de recarga de napas y ríos subterráneos, el suelo esponjoso del monte se lo llevó la inconsciente topadora, manejada por inconscientes humanos y lo reemplazó por soja en Brasil y Paraguay y por pinos-eucaliptos en Misiones. Entonces el agua de lluvia se escurre”, detalla. Yahdjian recuerda que lo natural para la región es el monte y advierte que destruirlo tiene consecuencias: “El agua busca su cauce y frenarla tiene riesgos, lo estamos viviendo en estas horas. La naturaleza no se equivoca, avisa que estamos haciendo mal las cosas, que no pensamos en nosotros y menos en nuestros hijos”.
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Fecha de Publicación: 12/06/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Litoral
El descenso del Iguazú permitió habilitar casi todos los paseos de las cataratas, aunque varias localidades de Misiones seguían aisladas por cortes en la ruta 12. Operativos preventivos en Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Ayuda del gobierno nacional.
La crecida que experimentó el río Iguazú en Misiones comenzó a trasladarse al río Paraná. Su altura alcanzó ayer los 10,30 metros en el puerto de Posadas y los 4,2 en Ituzaingó, Corrientes. En la ciudad de Santa Fe, el Centro de Informaciones Hidrométricas de la Universidad del Litoral informó que el río creció hasta los 4,18 metros, por lo que el gobierno local declaró la emergencia hídrica. Aunque el nivel del Iguazú comenzó a descender, aliviando la descarga en el Paraná, las autoridades de Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe implementaron operativos preventivos, en los que 24 familias correntinas fueron evacuadas y se hará lo mismo con otras 500 chaqueñas. El gobierno nacional se puso a disposición de los gobiernos provinciales y municipales afectados.
La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) informó que el caudal del río Iguazú comenzó a descender en forma rápida. El organismo explicó que el río alcanzó el pico de creciente alrededor de las 3 de la mañana del martes con 38,60 metros, pero ayer descendió a 27,40. La tendencia indica que seguiría bajando porque mermaron las lluvias en el sur de Brasil.
El caudal del río Iguazú, en la provincia de Misiones, “ha comenzado la etapa de descenso”, aunque varias localidades del interior provincial continuaban aisladas ayer por la crecida del río Paraná y de varios arroyos, que producen cortes de los puentes, informó la Prefectura Naval Argentina (PNA).
El prefecto principal Julio César Mustafá, jefe de la delegación Posadas de la Prefectura nacional, sostuvo que “ha comenzado la etapa de descenso del caudal del río Iguazú y se espera que en las próximas 48 horas ese descenso llegue a la cuenca del Paraná”, que por ahora sigue creciendo pero en forma “moderada”.
En Misiones, el descenso del nivel del Iguazú permitió habilitar ayer casi todos los paseos del Parque Nacional Iguazú, donde se encuentran las cataratas, aunque permanecía cerrado el acceso a la Garganta del Diablo.
Mientras tanto, las localidades de Montecarlo, Piray, Caraguatay y Puerto Rico, en el interior de la provincia, continuaban aisladas debido al corte de la ruta nacional 12 por el embalsado de los arroyos Paranaí Guazú y Piray Guazú, que conectan con el río Paraná.
En ese marco, el intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral, declaró la emergencia hídrica, para tomar medidas preventivas que incluirán la realización de un censo de las familias que vivan en zona de riesgo y la instalación de módulos habitacionales para alojar a posibles evacuados.
El director de Gestión de Riesgos Comunal, Eduardo Aguirre Madariaga, expresó que “el pico de la crecida estaría llegando cerca del 25 del corriente mes” a la capital santafesina. Por su parte, el ingeniero del Instituto Nacional del Agua, Luis Lenzi, aseguró que el río crecería “en el orden de los seis metros en el puerto de Santa Fe”.
Los gobiernos de Chaco y Corrientes también activaron sus protocolos de prevención ante la inminente creciente del Paraná, ya que los pronósticos coincidían en que este fin de semana se registraría el pico de altura en sus ciudades ribereñas.
El gobierno de Corrientes advirtió sobre un panorama “poco alentador”, donde 24 familias ya fueron evacuadas en la isla de Apipé, en cercanías de la represa de Yacyretá. En este sentido, las localidades más complicadas son Ituzaingó, Itatí, Paso de la Patria y la ciudad de Corrientes.
En la localidad de Barranqueras, al sudeste de Chaco, se estima que un total de 500 familias, unas 3 mil personas, deberán ser evacuadas antes de que llegue el pico de la crecida. Los funcionarios calculan que el Paraná alcanzará un pico máximo de 8 metros de profundidad el próximo domingo.
Ante el alerta por la crecida del río, en Entre Ríos se espera que el pico llegue en aproximadamente 10 a 15 días. En la ciudad de Paraná, la Dirección de Hidráulica provincial estimó que el río alcanzará en las próximas horas los 5,90 metros de profundidad, casi 2 metros más de la altura que tuvo ayer.
En tanto, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, confirmó anoche que se pusieron a disposición de los territorios afectados las fuerzas de seguridad nacionales y anticipó que el lunes podría realizarse una reunión del Comité de Emergencia para establecer protocolos de evacuación y garantizar su asistencia.
Origen del fenómeno
El desmonte en la selva Paranaense y las represas en Brasil son los dos factores que señalan organizaciones sociales, investigadores y hasta Parques Nacionales para explicar la crecida en el río Iguazú y sus consecuencias. “Vemos a funcionarios y medios de comunicación hablando de la cantidad de agua que baja de Brasil, de los daños en las pasarelas de las cataratas, pero lo más grave es la deforestación en las cuencas superiores, las hidroeléctricas y cómo se perjudica a quienes menos tienen”, afirmó Rulo Bregagnolo, activista socioambiental misionero e integrante de la Mesa Provincial No a las Represas.
La explicación mayoritaria fue la responsabilidad de la naturaleza, expresada en las lluvias en Brasil. Marcelo Giraud es geógrafo, docente de la Universidad Nacional de Cuyo e integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza. Giraud está atento a lo que se suele llamar “desastres naturales” y maneja estadísticas, estudios y una base de datos que suele explicar el factor humano en cada desastre.
“La imagen satelital de 2013 de la cuenca del Iguazú muestra claramente cómo casi toda la cuenca en Brasil ya está deforestada. Cambiaron los cultivos tradicionales por soja. Las lluvias caen sobre un suelo con escasa cubierta vegetal, lo cual lo hace muy propenso a la erosión. Esta situación es una de las causas de que ante lluvias no tan extraordinarias, sea record el tiempo en que el agua precipitada llega al río, provocando esta crecida histórica”, explicó el geógrafo.
Federico Soria, técnico en Conservación de la Naturaleza e integrante de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), consideró que “la lluvia no fue muy diferente de otro años. De lo que no se habla es del desastre ecológico que representa la deforestación casi completa de la cuenca y de las megarrepresas (hay cinco aguas arriba y una más proyectada). La cuenca no puede retener el agua, tal como lo hacía naturalmente cuando existía la selva, y por eso baja rauda, siendo imposible que las represas la puedan retener”, aseguró y destacó la ruptura de la represa en construcción Baixo Iguazú, a pocos kilómetros de Misiones. “La ruptura fue un error humano y el agua corrió con enorme fuerza. Será la sexta represa en el cauce del río”, señaló Soria.
Giraud confirmó la ruptura de la hidroeléctrica y detalló que las represas de aguas arriba abrieron de manera repentina las compuertas. “La población ribereña, y no los capitalistas dueños de la represa, sufrió las graves consecuencias. Y a lo largo del curso del Paraná veremos las consecuencias en los próximos días”, remarcó.
Claudio Altamirano, responsable de prensa del Parque Nacional Iguazú, explicó a una radio misionera que el Iguazú nace a 800 kilómetros de las cataratas y sostuvo que las “las hidroeléctricas manejan el grifo, creo que hasta ellos se vieron sorprendidos por la cantidad de agua y decidieron abrir las compuertas. En una semana veremos la consecuencia que generó esta crecida”. El director regional de Parques Nacionales, Andrés Bosso, confirmó que la deforestación es una de las causantes del fenómeno: “Tenemos apenas el ocho por ciento de la superficie originaria de selva, hemos destruido la forestación en un 92 por ciento de la superficie y lo estamos pagando de esta manera”.
Juan Yahdjian es médico, histórico activista socioambiental misionero e integra la Mesa Provincial No a las Represas. Reconoce que siempre hubo inundaciones, pero aclara que parte del agua que hoy fluye debiera quedarse en el subsuelo de Brasil, Argentina y Paraguay (en el acuífero). “Pero ya no existe la vía de recarga de napas y ríos subterráneos, el suelo esponjoso del monte se lo llevó la inconsciente topadora, manejada por inconscientes humanos y lo reemplazó por soja en Brasil y Paraguay y por pinos-eucaliptos en Misiones. Entonces el agua de lluvia se escurre”, detalla. Yahdjian recuerda que lo natural para la región es el monte y advierte que destruirlo tiene consecuencias: “El agua busca su cauce y frenarla tiene riesgos, lo estamos viviendo en estas horas. La naturaleza no se equivoca, avisa que estamos haciendo mal las cosas, que no pensamos en nosotros y menos en nuestros hijos”.
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Córdoba aprueba una nueva Ley Ambiental
Consenso político para la ley y desmanes en la calle
Fecha de Publicación: 12/06/2014
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Al menos 15 policías heridos y 26 personas detenidas fue el saldo de la violenta protesta contra el proyecto que anoche se aprobó con el apoyo de todos los bloques, con la excepción del Frente de Izquierda y una abstención.
Con el voto de todos los bloques de la Unicameral, con excepción del Frente de Izquierda y la abstención del legislador José De Lucca, del Frente para la Victoria, se aprobó ayer la nueva Ley de Convivencia Ambiental. La norma contó con el aporte de organizaciones ambientales durante el debate en comisión que llevó cerca de tres meses, y tuvo modificaciones que se fueron realizando al despacho final hasta último momento. Esto hizo que muchas de esas organizaciones desconocieran el texto final.
Esto, sumado al malestar de los asambleístas que resisten en un acampe en Malvinas Argentinas al considerar ésta una ley “a la medida de Monsanto”, enrareció el clima previo a la maratónica sesión de la Legislatura.
Desde temprano, un grupo de ambientalistas encabezado por la referente de las Madres de Barrio Ituzaingó, Sofía Gatica, se encadenó a las vallas que rodeaban a la Unicameral. Pero lo que fue planteado como una manifestación pacífica para impedir la aprobación de esta ley, se convirtió a pocos minutos de su tratamiento, en hechos de violencia que rozaban de a ratos lo irracional (ver en: lmcordoba.com.ar)
Estos hechos merecieron el repudio de los bloques al iniciar la sesión y del gobernador José Manuel de la Sota, quien dedicó varios tuits sobre los desmanes.
Los desmanes también ocasionaron un fuerte cruce entre los legisladores cuando la radical María Alejandra Matar pidió una cuestión de privilegio contra su par del FIT, Cintia Frencia (con el apoyo de Unión por Córdoba) a quien acusó de alentar los incidentes. Frencia, a su turno, hizo responsable a quienes aprobaron esta ley por los desmanes ocurridos previamente y adelantó que irá a la Justicia por las acusaciones de la UCR. Por su parte, el presidente del bloque de la UCR, Eduardo Yuni, aseguró que esos disturbios tuvieron por fin que no hubiera debate en el recinto de la Unicameral.
Frencia fue, junto a Nancy Lizzul del Frente Cívico, la única que se opuso al proyecto argumentando que el mismo fue diseñado para permitir el ingreso de Monsanto a Malvinas Argentinas, cuando permite el reordenamiento territorial para que la multinacional pueda instalarse donde actualmente no podría hacerlo por la actual norma de uso de suelo. Desde el FIT, la contrapropuesta era declarar la emergencia ambiental.
Lizzul no acompañó la propuesta oficialista de política ambiental, por considerarla “una elevada barrera al ingreso de nuevas industrias”. Señaló que “así como cuidamos el medio ambiente, hay que preservar los puestos de trabajo a través de seguir siendo una provincia atractiva para la radicación de nuevas industrias y emprendimientos productivos”.
Principales puntos
• Incorpora un ordenamiento ambiental de territorio que asegure el uso adecuado de los recursos ambientales.
• Introduce la obligatoriedad de la evaluación de impacto ambiental, previo al otorgamiento de la licencia ambiental, y la realización de audiencias públicas, en forma previa a cualquier resolución, con carácter no vinculante pero obligatoria.
• Obliga al control y fiscalización de las actividades antrópicas mediante la vigilancia, inspecciones, controles con motivo de denuncias, fiscalización de actividades y auditorías ambientales, entre otras.
• Introduce temáticas ambientales en la currícula de la educación formal en los distintos niveles.
• Obliga a la contratación de un seguro ambiental por quienes realicen actividades que entrañen riesgo para el ambiente.
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Fecha de Publicación: 12/06/2014
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Al menos 15 policías heridos y 26 personas detenidas fue el saldo de la violenta protesta contra el proyecto que anoche se aprobó con el apoyo de todos los bloques, con la excepción del Frente de Izquierda y una abstención.
Con el voto de todos los bloques de la Unicameral, con excepción del Frente de Izquierda y la abstención del legislador José De Lucca, del Frente para la Victoria, se aprobó ayer la nueva Ley de Convivencia Ambiental. La norma contó con el aporte de organizaciones ambientales durante el debate en comisión que llevó cerca de tres meses, y tuvo modificaciones que se fueron realizando al despacho final hasta último momento. Esto hizo que muchas de esas organizaciones desconocieran el texto final.
Esto, sumado al malestar de los asambleístas que resisten en un acampe en Malvinas Argentinas al considerar ésta una ley “a la medida de Monsanto”, enrareció el clima previo a la maratónica sesión de la Legislatura.
Desde temprano, un grupo de ambientalistas encabezado por la referente de las Madres de Barrio Ituzaingó, Sofía Gatica, se encadenó a las vallas que rodeaban a la Unicameral. Pero lo que fue planteado como una manifestación pacífica para impedir la aprobación de esta ley, se convirtió a pocos minutos de su tratamiento, en hechos de violencia que rozaban de a ratos lo irracional (ver en: lmcordoba.com.ar)
Estos hechos merecieron el repudio de los bloques al iniciar la sesión y del gobernador José Manuel de la Sota, quien dedicó varios tuits sobre los desmanes.
Los desmanes también ocasionaron un fuerte cruce entre los legisladores cuando la radical María Alejandra Matar pidió una cuestión de privilegio contra su par del FIT, Cintia Frencia (con el apoyo de Unión por Córdoba) a quien acusó de alentar los incidentes. Frencia, a su turno, hizo responsable a quienes aprobaron esta ley por los desmanes ocurridos previamente y adelantó que irá a la Justicia por las acusaciones de la UCR. Por su parte, el presidente del bloque de la UCR, Eduardo Yuni, aseguró que esos disturbios tuvieron por fin que no hubiera debate en el recinto de la Unicameral.
Frencia fue, junto a Nancy Lizzul del Frente Cívico, la única que se opuso al proyecto argumentando que el mismo fue diseñado para permitir el ingreso de Monsanto a Malvinas Argentinas, cuando permite el reordenamiento territorial para que la multinacional pueda instalarse donde actualmente no podría hacerlo por la actual norma de uso de suelo. Desde el FIT, la contrapropuesta era declarar la emergencia ambiental.
Lizzul no acompañó la propuesta oficialista de política ambiental, por considerarla “una elevada barrera al ingreso de nuevas industrias”. Señaló que “así como cuidamos el medio ambiente, hay que preservar los puestos de trabajo a través de seguir siendo una provincia atractiva para la radicación de nuevas industrias y emprendimientos productivos”.
Principales puntos
• Incorpora un ordenamiento ambiental de territorio que asegure el uso adecuado de los recursos ambientales.
• Introduce la obligatoriedad de la evaluación de impacto ambiental, previo al otorgamiento de la licencia ambiental, y la realización de audiencias públicas, en forma previa a cualquier resolución, con carácter no vinculante pero obligatoria.
• Obliga al control y fiscalización de las actividades antrópicas mediante la vigilancia, inspecciones, controles con motivo de denuncias, fiscalización de actividades y auditorías ambientales, entre otras.
• Introduce temáticas ambientales en la currícula de la educación formal en los distintos niveles.
• Obliga a la contratación de un seguro ambiental por quienes realicen actividades que entrañen riesgo para el ambiente.
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"Pierden" pastilla radiactiva en un pozo petrolero
Pierden pastilla radiactiva en un pozo, YPF descarta riesgos
Fecha de Publicación: 12/06/2014
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Quedó a más de 1.000 metros. Causó preocupación entre operarios. La petrolera estatal montó un plan de contingencia y asegura que no hay riesgos.
Una pastilla radiactiva se desprendió de una máquina que opera en un pozo petrolero y, pese a los intentos, no pudo ser "pescada" del interior de la perforación. YPF puso en marcha un plan de contingencia en el yacimiento Cerro Hamaca, a unos 20 km de la ciudad de Rincón de los Sauces. La herramienta quedó atrapada a 1.311 metros de profundidad.
A través de un comunicado oficial la petrolera nacional aseguró que el hecho se registró el pasado 24 de mayo y que se dio conocimiento a las autoridades medioambientales de nación y provincia. Reconoció además que "luego de agotar todas las alternativas de recuperación de la herramienta se determinó el cierre preventivo del pozo y la confinación de la fuente (radiactiva) de acuerdo a lo dispuesto por los procedimientos y regulaciones establecidas por las autoridades competentes, hasta el agotamiento total de su actividad".
En tanto un grupo de operarios precisaron a este medio que se trata del pozo H108 operado por la firma Petreven, al servicio de YPF. Identificaron que el yacimiento se encuentra en la margen derecha del río Colorado en la zona conocida como Gauchito Gil.
Se mostraron preocupados porque, según la información que manejaban, la compañía se preparaba para cementar el pozo dejando la pastilla en su interior, ya que se habían hecho todos los esfuerzos para "pescarla" y no lo lograron.
El jefe de gabinete de la municipalidad, Aldo Trujillo, constató que el pozo tenía una pastilla suelta en profundidad y que la herramienta que la sostenía se había desenganchado, dejando el elemento dentro de la perforación.
El coordinador del departamento de medio ambiente municipal, Carlos Videla, informó a éste diario que "la empresa YPF reconoce lo ocurrido pero minimizaron la situación, asegurando que la pastilla estaba encapsulada y que antes de cementar intentarán pescarla junto a la herramienta ya que es un equipo delicado y costoso".
Estas herramientas se bajan en las perforaciones petroleras para ejecutar una serie de radiografías a las diferentes capas de tierra (ver aparte). El proceso es el mismo que el de una radiografía normal sacada en una sala de rayos X y cuando sufren un accidente deben ser inertizadas para su tratamiento.
Desde YPF, responsable del yacimiento, aseguraron que a casi dos semanas de que ocurrió el hecho se han ejecutado mediciones en superficie en las que confirman "de manera absoluta la ausencia de emisiones", descartando "cualquier riesgo para la salud y el medio ambiente".
La herramienta utilizada ara esta operación en particular posee una fuente radiactiva, la cual se encuentra protegida por un blindaje que asegura su contención hasta el agotamiento total de su actividad. Por tratarse de un equipo que, sin el tratamiento adecuado resulta muy sensible, se establecen una serie de protocolos que, una vez asumidos, permiten eliminar los riesgos exteriores.
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Fecha de Publicación: 12/06/2014
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Quedó a más de 1.000 metros. Causó preocupación entre operarios. La petrolera estatal montó un plan de contingencia y asegura que no hay riesgos.
Una pastilla radiactiva se desprendió de una máquina que opera en un pozo petrolero y, pese a los intentos, no pudo ser "pescada" del interior de la perforación. YPF puso en marcha un plan de contingencia en el yacimiento Cerro Hamaca, a unos 20 km de la ciudad de Rincón de los Sauces. La herramienta quedó atrapada a 1.311 metros de profundidad.
A través de un comunicado oficial la petrolera nacional aseguró que el hecho se registró el pasado 24 de mayo y que se dio conocimiento a las autoridades medioambientales de nación y provincia. Reconoció además que "luego de agotar todas las alternativas de recuperación de la herramienta se determinó el cierre preventivo del pozo y la confinación de la fuente (radiactiva) de acuerdo a lo dispuesto por los procedimientos y regulaciones establecidas por las autoridades competentes, hasta el agotamiento total de su actividad".
En tanto un grupo de operarios precisaron a este medio que se trata del pozo H108 operado por la firma Petreven, al servicio de YPF. Identificaron que el yacimiento se encuentra en la margen derecha del río Colorado en la zona conocida como Gauchito Gil.
Se mostraron preocupados porque, según la información que manejaban, la compañía se preparaba para cementar el pozo dejando la pastilla en su interior, ya que se habían hecho todos los esfuerzos para "pescarla" y no lo lograron.
El jefe de gabinete de la municipalidad, Aldo Trujillo, constató que el pozo tenía una pastilla suelta en profundidad y que la herramienta que la sostenía se había desenganchado, dejando el elemento dentro de la perforación.
El coordinador del departamento de medio ambiente municipal, Carlos Videla, informó a éste diario que "la empresa YPF reconoce lo ocurrido pero minimizaron la situación, asegurando que la pastilla estaba encapsulada y que antes de cementar intentarán pescarla junto a la herramienta ya que es un equipo delicado y costoso".
Estas herramientas se bajan en las perforaciones petroleras para ejecutar una serie de radiografías a las diferentes capas de tierra (ver aparte). El proceso es el mismo que el de una radiografía normal sacada en una sala de rayos X y cuando sufren un accidente deben ser inertizadas para su tratamiento.
Desde YPF, responsable del yacimiento, aseguraron que a casi dos semanas de que ocurrió el hecho se han ejecutado mediciones en superficie en las que confirman "de manera absoluta la ausencia de emisiones", descartando "cualquier riesgo para la salud y el medio ambiente".
La herramienta utilizada ara esta operación en particular posee una fuente radiactiva, la cual se encuentra protegida por un blindaje que asegura su contención hasta el agotamiento total de su actividad. Por tratarse de un equipo que, sin el tratamiento adecuado resulta muy sensible, se establecen una serie de protocolos que, una vez asumidos, permiten eliminar los riesgos exteriores.
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Acumar avanza en controles en zona intermareal
ACUMAR monitorea parámetros biológicos en la zona intermareal
Fecha de Publicación: 11/06/2014
Fuente: IAgua
Provincia/Región: Riachuelo
ACUMAR, a través del Instituto de Limnología “Dr. Raúl Ringuelet” (ILPLA) y del Servicio de Hidrografía Naval, monitorea desde el año 2008 diferentes parámetros fisicoquímicos y biológicos, en la Franja Costera Sur del Río de la Plata (FCS) con la finalidad de evaluar la influencia del aporte que realiza la Cuenca Matanza Riachuelo en su descarga en el Río de la Plata.
La FCS es una porción de la costa del Río de la Plata, extendida entre la localidad de Palermo (CABA) y Punta Lara (Ensenada), que contiene una faja costera desde la línea de marea alta, hasta tres mil (3.000) metros en aguas abiertas en forma perpendicular a la costa.
El intermareal es una zona particular y de transición de playa de la costa del río, que queda cubierta por el agua, con las mareas astronómicas altas y descubiertas con las mareas astronómicas bajas, diarias. Dadas esas características particulares, el intermareal debe ser muestreado a pie, desde la playa, cuando se dan condiciones de marea baja.
El monitoreo de parámetros biológicos y la posibilidad de correlacionarlos con la calidad del agua y los sedimentos, además de la complementariedad entre ambos, es de suma importancia ya que permite evidenciar cambios en el ambiente, sostenidos en una mayor extensión temporal, ya que los organismos vivos están adaptados a las condiciones de permanente cambio que revelan las variaciones en los parámetros fisicoquímicos.
Los cambios en esta biota se van dando por progresivas desapariciones o reemplazos entre organismos, acompañando los cambios sostenidos en la calidad del ambiente donde viven. Por esta razón, el monitoreo de parámetros biológicos no solo se realiza en el agua y los sedimentos de la FCS, también están incluidos desde el año 2008 en el monitoreo de agua y sedimentos de la cuenca.
Para realizar esto el ILPLA recurre a la utilización de indicadores biológicos de un grupo particular de algas llamadas diatomeas y de diversos organismos que en conjunto se denominan macroinvertebrados bentónicos o de fondo. Con este objetivo, se toman muestras en el agua, la arena de la playa, en sectores con abundante vegetación ribereña, principalmente juncos y en sectores despejados de vegetación.
Estos monitoreos se realizan en ocho líneas perpendiculares a la costa, compuestas por una estación intermareal y tres de aguas abiertas (a 500, 1500 y 3.000 metros de la costa) con una frecuencia trimestral. En la desembocadura del Riachuelo, no existe la estación intermareal debido a la canalización de esa zona, que no pone al descubierto playa con las bajas y subas de la marea.
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Fecha de Publicación: 11/06/2014
Fuente: IAgua
Provincia/Región: Riachuelo
ACUMAR, a través del Instituto de Limnología “Dr. Raúl Ringuelet” (ILPLA) y del Servicio de Hidrografía Naval, monitorea desde el año 2008 diferentes parámetros fisicoquímicos y biológicos, en la Franja Costera Sur del Río de la Plata (FCS) con la finalidad de evaluar la influencia del aporte que realiza la Cuenca Matanza Riachuelo en su descarga en el Río de la Plata.
La FCS es una porción de la costa del Río de la Plata, extendida entre la localidad de Palermo (CABA) y Punta Lara (Ensenada), que contiene una faja costera desde la línea de marea alta, hasta tres mil (3.000) metros en aguas abiertas en forma perpendicular a la costa.
El intermareal es una zona particular y de transición de playa de la costa del río, que queda cubierta por el agua, con las mareas astronómicas altas y descubiertas con las mareas astronómicas bajas, diarias. Dadas esas características particulares, el intermareal debe ser muestreado a pie, desde la playa, cuando se dan condiciones de marea baja.
El monitoreo de parámetros biológicos y la posibilidad de correlacionarlos con la calidad del agua y los sedimentos, además de la complementariedad entre ambos, es de suma importancia ya que permite evidenciar cambios en el ambiente, sostenidos en una mayor extensión temporal, ya que los organismos vivos están adaptados a las condiciones de permanente cambio que revelan las variaciones en los parámetros fisicoquímicos.
Los cambios en esta biota se van dando por progresivas desapariciones o reemplazos entre organismos, acompañando los cambios sostenidos en la calidad del ambiente donde viven. Por esta razón, el monitoreo de parámetros biológicos no solo se realiza en el agua y los sedimentos de la FCS, también están incluidos desde el año 2008 en el monitoreo de agua y sedimentos de la cuenca.
Para realizar esto el ILPLA recurre a la utilización de indicadores biológicos de un grupo particular de algas llamadas diatomeas y de diversos organismos que en conjunto se denominan macroinvertebrados bentónicos o de fondo. Con este objetivo, se toman muestras en el agua, la arena de la playa, en sectores con abundante vegetación ribereña, principalmente juncos y en sectores despejados de vegetación.
Estos monitoreos se realizan en ocho líneas perpendiculares a la costa, compuestas por una estación intermareal y tres de aguas abiertas (a 500, 1500 y 3.000 metros de la costa) con una frecuencia trimestral. En la desembocadura del Riachuelo, no existe la estación intermareal debido a la canalización de esa zona, que no pone al descubierto playa con las bajas y subas de la marea.
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Emplean imágenes satelitales para denunciar desmontes
Greenpeace detecta desmontes en Salta con imágenes satelitales
Fecha de Publicación: 11/06/2014
Fuente: FM Alba
Provincia/Región: Salta
Greenpeace denunció con imágenes satelitales el desmonte de más de 2.500 hectáreas de bosques en zona del departamento Rivadavia y San Martín, correspondientes en este último al municipio de Embarcación. La ONG difundió las imágenes de su plataforma digital; "Guardianes"; creada para controlar el cumplimiento de la Ley de Bosques.
En "Guardianes", Greenpeace propone controlar y detectar desmontes con una aplicación dinámica y accesible. En esta herramienta los participantes reciben imágenes satelitales de los bosques nativos de Salta. Si al menos treinta personas reportan deforestación en un mismo lugar, Greenpeace verifica el dato y, si se confirma que se trata de un desmonte en una zona protegida, se abre la posibilidad de enviar la denuncia al gobierno de Salta y a la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Luego al participante se le asigna una nueva parcela de bosques para controlar. La Ley de Bosques fue sancionada en 2007 y su reglamentación en 2009, sin embargo a más de 6 años de su aprobación y vigencia su implementación enfrenta severas dificultades que deben ser resueltas de manera urgente.
Los desmontes en bosques protegidos por la Ley de Bosques que fueron detectados por los participantes son:
- 1.200 hectáreas en la finca “Establecimiento Ganadero Los Pozos”, cuyos dueños son Pedro Luis Cignetti, Jorge Ricardo Cignetti, Héctor Luca Boccolini, Guillermo Aldo Sona y Adriana Magdalena Sona.
- 700 hectáreas en la finca “La Peregrina”, cuyo dueño es el empresario uruguayo Bruno Mauricio Varela Marín
- 600 hectáreas en la finca “Establecimiento Ganadero La Luz del Chaco", cuyos dueños son Fernando Omar Muzi, Agustín Eduardo Vidizzoni y la empresa Agro-Noa S.R.L.
- 50 hectáreas en la finca "Establecimiento Ganadero Pluma de Pato”, cuyos dueños son Agustín Eduardo Vidizzoni y la empresa Agustín Vidizzoni S.A.
En estas fincas, según la zonificación establecida por la Ley de Bosques, está prohibido el desmonte; sin embargo fueron autorizados por el gobierno de Salta a pedido de sus dueños. Esto fue denunciado en un reciente informe de Greenpeace.
Las modificaciones a la zonificación de Ley de Bosques con el objetivo de desmontar en áreas protegidas, ya superan las 125.000 hectáreas, el equivalente a seis veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Esta ilegalidad también fue cuestionada hace dos semanas en un informe de la Auditoría General de la Nación.
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Fecha de Publicación: 11/06/2014
Fuente: FM Alba
Provincia/Región: Salta
Greenpeace denunció con imágenes satelitales el desmonte de más de 2.500 hectáreas de bosques en zona del departamento Rivadavia y San Martín, correspondientes en este último al municipio de Embarcación. La ONG difundió las imágenes de su plataforma digital; "Guardianes"; creada para controlar el cumplimiento de la Ley de Bosques.
En "Guardianes", Greenpeace propone controlar y detectar desmontes con una aplicación dinámica y accesible. En esta herramienta los participantes reciben imágenes satelitales de los bosques nativos de Salta. Si al menos treinta personas reportan deforestación en un mismo lugar, Greenpeace verifica el dato y, si se confirma que se trata de un desmonte en una zona protegida, se abre la posibilidad de enviar la denuncia al gobierno de Salta y a la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Luego al participante se le asigna una nueva parcela de bosques para controlar. La Ley de Bosques fue sancionada en 2007 y su reglamentación en 2009, sin embargo a más de 6 años de su aprobación y vigencia su implementación enfrenta severas dificultades que deben ser resueltas de manera urgente.
Los desmontes en bosques protegidos por la Ley de Bosques que fueron detectados por los participantes son:
- 1.200 hectáreas en la finca “Establecimiento Ganadero Los Pozos”, cuyos dueños son Pedro Luis Cignetti, Jorge Ricardo Cignetti, Héctor Luca Boccolini, Guillermo Aldo Sona y Adriana Magdalena Sona.
- 700 hectáreas en la finca “La Peregrina”, cuyo dueño es el empresario uruguayo Bruno Mauricio Varela Marín
- 600 hectáreas en la finca “Establecimiento Ganadero La Luz del Chaco", cuyos dueños son Fernando Omar Muzi, Agustín Eduardo Vidizzoni y la empresa Agro-Noa S.R.L.
- 50 hectáreas en la finca "Establecimiento Ganadero Pluma de Pato”, cuyos dueños son Agustín Eduardo Vidizzoni y la empresa Agustín Vidizzoni S.A.
En estas fincas, según la zonificación establecida por la Ley de Bosques, está prohibido el desmonte; sin embargo fueron autorizados por el gobierno de Salta a pedido de sus dueños. Esto fue denunciado en un reciente informe de Greenpeace.
Las modificaciones a la zonificación de Ley de Bosques con el objetivo de desmontar en áreas protegidas, ya superan las 125.000 hectáreas, el equivalente a seis veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Esta ilegalidad también fue cuestionada hace dos semanas en un informe de la Auditoría General de la Nación.
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Quieren la modificación de la Ley 7722
Dos legisladores sanrafaelinos apoyan la modificación de la Ley 7722
Fecha de Publicación: 11/06/2014
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
A pesar de la fuerte resistencia que existe en San Rafael sobre la modificación de la Ley 7722 -que actualmente impide el uso de sustancias tóxicas en la actividad minera- y del rechazo social generalizado por la minería, dos legisladores locales apoyan el proyecto por el que abogan sectores mineros de Malargüe.
La medida fue presentada por el diputado malargüino José Muñoz, con anuencia del vecino jefe comunal Juan Agulles y representantes de la Cámara de Comercio de Malargüe.
Hasta ahí, nada novedoso, ya que los malargüinos han adoptado un perfil minero-petrolero hace años y son férreos defensores de la actividad. Lo que sí llama la atención es que dos sanrafaelinos acompañen la iniciativa, sabiendo que el departamento ha rechazado la minería contaminante, como es el caso de la reapertura de la mina de uranio.
El proyecto para modificar la Ley 7722 es acompañado por las firmas de la presidenta del bloque de diputados del FpV, Silvia Ramos, y del diputado (también del FpV) Raúl Guerra, ambos sanrafaelinos. En contrapartida de lo propuesto por Ramos y Guerra, los concejales sanrafaelinos se han pronunciado, en unanimidad, defensores de la norma que estos legisladores quieren cambiar.
El argumento más fuerte del proyecto se basa en varios hallazgos de YPF en el sur provincial, y la posibilidad de desarrollar la actividad en esta parte de Mendoza.
A pesar de este apoyo, restará saber cómo actúa la ciudadanía, que en varias ocasiones se ha manifestado a favor del respeto de la ley 7722, y ha realizado varias campañas contra la reapertura de Sierra Pintada, la mina uranífera emblema de la minería contaminante en nuestro departamento.
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Fecha de Publicación: 11/06/2014
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
A pesar de la fuerte resistencia que existe en San Rafael sobre la modificación de la Ley 7722 -que actualmente impide el uso de sustancias tóxicas en la actividad minera- y del rechazo social generalizado por la minería, dos legisladores locales apoyan el proyecto por el que abogan sectores mineros de Malargüe.
La medida fue presentada por el diputado malargüino José Muñoz, con anuencia del vecino jefe comunal Juan Agulles y representantes de la Cámara de Comercio de Malargüe.
Hasta ahí, nada novedoso, ya que los malargüinos han adoptado un perfil minero-petrolero hace años y son férreos defensores de la actividad. Lo que sí llama la atención es que dos sanrafaelinos acompañen la iniciativa, sabiendo que el departamento ha rechazado la minería contaminante, como es el caso de la reapertura de la mina de uranio.
El proyecto para modificar la Ley 7722 es acompañado por las firmas de la presidenta del bloque de diputados del FpV, Silvia Ramos, y del diputado (también del FpV) Raúl Guerra, ambos sanrafaelinos. En contrapartida de lo propuesto por Ramos y Guerra, los concejales sanrafaelinos se han pronunciado, en unanimidad, defensores de la norma que estos legisladores quieren cambiar.
El argumento más fuerte del proyecto se basa en varios hallazgos de YPF en el sur provincial, y la posibilidad de desarrollar la actividad en esta parte de Mendoza.
A pesar de este apoyo, restará saber cómo actúa la ciudadanía, que en varias ocasiones se ha manifestado a favor del respeto de la ley 7722, y ha realizado varias campañas contra la reapertura de Sierra Pintada, la mina uranífera emblema de la minería contaminante en nuestro departamento.
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La UTN comienza a medir la energía mareomotriz
UTN realiza primeros estudios sobre energía mareomotriz
Fecha de Publicación: 10/06/2014
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Nacional
A partir de la puesta en agua del primer prototipo destinado a la instalación de sensores para evaluar el potencial mareomotriz de la zona de la Ría, la Universidad Tecnológica Nacional comenzó las mediciones para tener datos concretos sobre las posibilidades de producción de este tipo de energía.
El pasado 15 de mayo la UTN Facultad Regional Santa Cruz realizó, con la ayuda de Prefectura y de personal del Club Náutico CEMA, la puesta en agua del primer prototipo destinado a la instalación de sensores para evaluar el potencial mareomotriz de la zona de la ría.
Esta operación fue realizada en el marco del proyecto “Estudios del potencial energético de la Patagonia Austral” del cual participan la UTN, Facultad Regional Santa Cruz; YPF Tecnología con la participación del INVAP y diversos Institutos del CONICET. En síntesis, el proyecto busca entre sus objetivos la adquisición de datos fundamentales para asegurar la factibilidad económica de este tipo de energías del mar, y la ampliación de capacidades de I+D, académicas y de RRHH, en zonas remotas de nuestro país, contribuyendo a la federalización de la Ciencia y la Tecnología, en línea con las políticas de I+D impulsadas actualmente por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
La energía mareomotriz y la energía de las corrientes marinas aparecen con un alto potencial en las costas de la Patagonia austral. Debido a las grandes amplitudes de marea en sus costas, en algunos sitios del orden de 13 a 14 metros, toda la zona es vista como una de las cuencas mareomotrices más atractivas del mundo, estimándose en varios GW el potencial económicamente extraíble.
Aunque se poseen claros indicios de estos altos potenciales de la Patagonia para generar energía del mar, la casi total ausencia de datos fehacientes en este contexto resulta una debilidad a la hora de decidir las inversiones que puedan aprovechar esta fuente renovable. Si bien las alturas de marea están más documentadas, no han existido hasta ahora mediciones sistemáticas de las velocidades de corrientes en las costas de la Patagonia austral, y es por lo tanto de suma importancia iniciar estudios en este sentido.
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Fecha de Publicación: 10/06/2014
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Nacional
A partir de la puesta en agua del primer prototipo destinado a la instalación de sensores para evaluar el potencial mareomotriz de la zona de la Ría, la Universidad Tecnológica Nacional comenzó las mediciones para tener datos concretos sobre las posibilidades de producción de este tipo de energía.
El pasado 15 de mayo la UTN Facultad Regional Santa Cruz realizó, con la ayuda de Prefectura y de personal del Club Náutico CEMA, la puesta en agua del primer prototipo destinado a la instalación de sensores para evaluar el potencial mareomotriz de la zona de la ría.
Esta operación fue realizada en el marco del proyecto “Estudios del potencial energético de la Patagonia Austral” del cual participan la UTN, Facultad Regional Santa Cruz; YPF Tecnología con la participación del INVAP y diversos Institutos del CONICET. En síntesis, el proyecto busca entre sus objetivos la adquisición de datos fundamentales para asegurar la factibilidad económica de este tipo de energías del mar, y la ampliación de capacidades de I+D, académicas y de RRHH, en zonas remotas de nuestro país, contribuyendo a la federalización de la Ciencia y la Tecnología, en línea con las políticas de I+D impulsadas actualmente por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
La energía mareomotriz y la energía de las corrientes marinas aparecen con un alto potencial en las costas de la Patagonia austral. Debido a las grandes amplitudes de marea en sus costas, en algunos sitios del orden de 13 a 14 metros, toda la zona es vista como una de las cuencas mareomotrices más atractivas del mundo, estimándose en varios GW el potencial económicamente extraíble.
Aunque se poseen claros indicios de estos altos potenciales de la Patagonia para generar energía del mar, la casi total ausencia de datos fehacientes en este contexto resulta una debilidad a la hora de decidir las inversiones que puedan aprovechar esta fuente renovable. Si bien las alturas de marea están más documentadas, no han existido hasta ahora mediciones sistemáticas de las velocidades de corrientes en las costas de la Patagonia austral, y es por lo tanto de suma importancia iniciar estudios en este sentido.
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En la CABA las plazas siempre están cerca
Los porteños tendrán una plaza a no más de tres cuadras de su casa
Fecha de Publicación: 10/06/2014
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
El gobierno porteño anunció un programa integral para ser ejecutado en 20 años; prevé la creación de 78 nuevos parques, 400.000 árboles más y espacios de prioridad peatonal en los barrios
Más plazas. Miles de árboles nuevos. Terrazas con vegetación y jardines verticales. Calles con prioridad peatonal en el corazón de los barrios. Ésas son las piedras angulares de Buenos Aires Verde, u n proyecto que el gobierno de la ciudad presentó ayer , a modo de política de Estado en materia ambiental, a ser ejecutado y terminado en 20 años con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático.
La propuesta prevé incorporar 1.000.000 m2 de espacio público verde a los 750.000 ya existentes. El aspecto más significativo es que, cuando se concrete este plan, según la promesa de Mauricio Macri , no habrá casi ningún porteño que no tenga una plaza a menos de 350 metros de su casa. Hay en la ciudad hoy 371, algunas de las cuales serán ampliadas en el contexto de este plan. Para concretarlo hará falta construir al menos 78; para eso se echará mano de parcelas estatales existentes o, de ser necesario, de la compra de espacios privados.
También se impulsarán las terrazas verdes en edificios públicos y privados; la construcción de "conectores ambientales" (calles densamente arboladas); plantar 400.000 árboles hasta llevar a 1.000.000 la cantidad de ejemplares en pie; crear autopistas "verdes" y jardines verticales, y generar espacios urbanos en los barrios, delimitados con pautas que privilegien la circulación peatonal, llamadas macromanzanas.
El plan, que estará terminado en 2034 y, así, atravesará seis gestiones de gobierno, hace un reconocimiento explícito de la incidencia de la insuficiencia de espacios verdes para hacer frente a las tormentas extremas que viene soportando la ciudad. Busca paliar los efectos dañinos del cambio climático, reducir las temperaturas extremas, disminuir el consumo energético y moderar la emisión de gases de efecto invernadero.
El proyecto fue anunciado ayer por Macri durante un acto en la Reserva Ecológica de la Costanera Sur; lo acompañaron el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y los ministros de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, y de Ambiente y Espacio Público, Edgardo Cenzón.
"La propuesta tiene que ver con un compromiso de la comunidad hacia una transformación definitiva de Buenos Aires en una ciudad verde, una tendencia que ya empezó y que queremos seguir proyectando", enfatizó Macri.
El plan se propone asegurar la existencia de áreas verdes a no más de tres cuadras de distancia de cada vecino, según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para lograrlo, el gobierno se comprometió a comprar nuevos predios -como el caso de la plaza Boedo- y recuperar otros para construir 78 plazas nuevas en la ciudad. Además, se ampliarán otras 30 existentes con la nivelación del suelo, la plantación de árboles y la incorporación del concepto "prioridad peatón".
"Hicimos estudios que confirmaron que el vecino necesita acceder a un espacio verde que se encuentre a no más de 350 metros de distancia. Para lograrlo, esperamos que la Legislatura nos acompañe cada vez que tengamos que expropiar un terreno", dijo Chain a LA NACION. El ministro explicó que los criterios para la selección y prioridad de cada plaza se basarán en el déficit de espacio público, el riesgo hídrico de la zona, la densidad poblacional y la vulnerabilidad social de cada sector.
Más intervenciones
Sobre los conectores ambientales, que unirán los parques y plazas entre sí con un circuito de árboles y plantas, dijo Juan Carlos Villalonga, presidente de la Agencia de Protección Ambiental (APrA): "Promueven la recuperación de las especies y si hay vida en el espacio verde de la ciudad, los vecinos tendrán más vida".
Se impulsarán las terrazas verdes, cubiertas con vegetación que ya fueron instaladas en los techos de varios edificios públicos. "Contribuyen a mitigar las grandes precipitaciones y reducen los efectos de la isla de calor. Queremos que se convierta en una ley obligatoria para la construcción y planeamos extenderlo a los edificios privados", agregó Chain.
En cuanto a los árboles, a los 600.000 existentes se agregarán 200.000 en parques y plazas y otros tantos en la vía pública. Se calcula que dentro de diez años habrá un árbol por metro cuadrado o uno cada tres habitantes. La ampliación de espacios verdes y arbolado favorecerá la captación de agua de lluvia.
Para reducir el impacto de la circulación vehicular en vías rápidas se plantarán 40.000 árboles de distintas especies en la Perito Moreno, la Dellepiane y la 25 de Mayo, que se convertirán en "autopistas verdes".
También habrá "macromanzanas", espacios urbanos barriales delimitados e intervenidos con pautas que privilegian la circulación peatonal, como los del microcentro porteño. Los próximos estarán en Belgrano y en Caballito. Se propone trasladar el flujo del tráfico vehicular a las avenidas. Este tipo de infraestructura contribuye a disminuir en un 50% los niveles de la contaminación sonora y atmosférica, un 97% las emisiones de CO2 y un 18% las temperaturas extremas, que podrían variar entre cinco y seis grados.
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Fecha de Publicación: 10/06/2014
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
El gobierno porteño anunció un programa integral para ser ejecutado en 20 años; prevé la creación de 78 nuevos parques, 400.000 árboles más y espacios de prioridad peatonal en los barrios
Más plazas. Miles de árboles nuevos. Terrazas con vegetación y jardines verticales. Calles con prioridad peatonal en el corazón de los barrios. Ésas son las piedras angulares de Buenos Aires Verde, u n proyecto que el gobierno de la ciudad presentó ayer , a modo de política de Estado en materia ambiental, a ser ejecutado y terminado en 20 años con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático.
La propuesta prevé incorporar 1.000.000 m2 de espacio público verde a los 750.000 ya existentes. El aspecto más significativo es que, cuando se concrete este plan, según la promesa de Mauricio Macri , no habrá casi ningún porteño que no tenga una plaza a menos de 350 metros de su casa. Hay en la ciudad hoy 371, algunas de las cuales serán ampliadas en el contexto de este plan. Para concretarlo hará falta construir al menos 78; para eso se echará mano de parcelas estatales existentes o, de ser necesario, de la compra de espacios privados.
También se impulsarán las terrazas verdes en edificios públicos y privados; la construcción de "conectores ambientales" (calles densamente arboladas); plantar 400.000 árboles hasta llevar a 1.000.000 la cantidad de ejemplares en pie; crear autopistas "verdes" y jardines verticales, y generar espacios urbanos en los barrios, delimitados con pautas que privilegien la circulación peatonal, llamadas macromanzanas.
El plan, que estará terminado en 2034 y, así, atravesará seis gestiones de gobierno, hace un reconocimiento explícito de la incidencia de la insuficiencia de espacios verdes para hacer frente a las tormentas extremas que viene soportando la ciudad. Busca paliar los efectos dañinos del cambio climático, reducir las temperaturas extremas, disminuir el consumo energético y moderar la emisión de gases de efecto invernadero.
El proyecto fue anunciado ayer por Macri durante un acto en la Reserva Ecológica de la Costanera Sur; lo acompañaron el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y los ministros de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, y de Ambiente y Espacio Público, Edgardo Cenzón.
"La propuesta tiene que ver con un compromiso de la comunidad hacia una transformación definitiva de Buenos Aires en una ciudad verde, una tendencia que ya empezó y que queremos seguir proyectando", enfatizó Macri.
El plan se propone asegurar la existencia de áreas verdes a no más de tres cuadras de distancia de cada vecino, según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para lograrlo, el gobierno se comprometió a comprar nuevos predios -como el caso de la plaza Boedo- y recuperar otros para construir 78 plazas nuevas en la ciudad. Además, se ampliarán otras 30 existentes con la nivelación del suelo, la plantación de árboles y la incorporación del concepto "prioridad peatón".
"Hicimos estudios que confirmaron que el vecino necesita acceder a un espacio verde que se encuentre a no más de 350 metros de distancia. Para lograrlo, esperamos que la Legislatura nos acompañe cada vez que tengamos que expropiar un terreno", dijo Chain a LA NACION. El ministro explicó que los criterios para la selección y prioridad de cada plaza se basarán en el déficit de espacio público, el riesgo hídrico de la zona, la densidad poblacional y la vulnerabilidad social de cada sector.
Más intervenciones
Sobre los conectores ambientales, que unirán los parques y plazas entre sí con un circuito de árboles y plantas, dijo Juan Carlos Villalonga, presidente de la Agencia de Protección Ambiental (APrA): "Promueven la recuperación de las especies y si hay vida en el espacio verde de la ciudad, los vecinos tendrán más vida".
Se impulsarán las terrazas verdes, cubiertas con vegetación que ya fueron instaladas en los techos de varios edificios públicos. "Contribuyen a mitigar las grandes precipitaciones y reducen los efectos de la isla de calor. Queremos que se convierta en una ley obligatoria para la construcción y planeamos extenderlo a los edificios privados", agregó Chain.
En cuanto a los árboles, a los 600.000 existentes se agregarán 200.000 en parques y plazas y otros tantos en la vía pública. Se calcula que dentro de diez años habrá un árbol por metro cuadrado o uno cada tres habitantes. La ampliación de espacios verdes y arbolado favorecerá la captación de agua de lluvia.
Para reducir el impacto de la circulación vehicular en vías rápidas se plantarán 40.000 árboles de distintas especies en la Perito Moreno, la Dellepiane y la 25 de Mayo, que se convertirán en "autopistas verdes".
También habrá "macromanzanas", espacios urbanos barriales delimitados e intervenidos con pautas que privilegian la circulación peatonal, como los del microcentro porteño. Los próximos estarán en Belgrano y en Caballito. Se propone trasladar el flujo del tráfico vehicular a las avenidas. Este tipo de infraestructura contribuye a disminuir en un 50% los niveles de la contaminación sonora y atmosférica, un 97% las emisiones de CO2 y un 18% las temperaturas extremas, que podrían variar entre cinco y seis grados.
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Catamarca: defensa corporativa a proyecto antiminero
Diputada del FV presentó un proyecto con fuerte sesgo antiminero
Fecha de Publicación: 10/06/2014
Fuente: El Ancasti (Catamarca)
Provincia/Región: Catamarca
La diputada nacional Marcia Ortiz Correa presentó un proyecto para reformar la ley nacional de Inversiones Mineras. En su fundamentación, la iniciativa está llena de contradicciones, vacíos conceptuales y críticas desmedidas contra la actividad. Pero los párrafos más insólitos son en los que realiza fuertes ataques a la política minera del Gobierno nacional y provincial, proyecto político al que pertenece y por el que fue electa.
El proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación el pasado 20 de mayo y quedó registrado como expediente Nro 3759- D- 2014 referente a la explotación minera. El proyecto de ley es una reforma nacional a la ley Nro 24. 196/93 – Régimen de Inversiones Mineras.
De la lectura del proyecto surge que la intención de la legisladora es modificar el régimen vigente para que la Provincia tenga mayor ingerencia en la discusión por los beneficios que la minería debería dejar a Catamarca. Sin embargo, la redacción del proyecto es confusa, a tal punto que no está clara la propuesta que tiene para la percepción de las regalías mineras -que la Provincia obtiene como beneficio por la explotación de los yacimientos- y las utilidades que son los beneficios por la sociedad que la Provincia tiene con la Nación y la Universidad Nacional de Tucumán en la empresa Ymad . "En lo referente a la distribución de las utilidades, necesariamente deberán resultar convenidas por el Estado provincial interviniente y las empresas contratistas que correspondan que en ningún caso podrá exceder del 65% en favor de estas (por las empresas) y considerado en relación con el último acto de comercialización del o los productos terminados" (sic).
Al referirse al régimen vigente sostiene: "Desde su primera aplicación fue causa detonante de las reiteradas protestas sociales y múltiples peticiones de los estados provinciales instando su reforma debido a los nefastos efectos padecidos”. En realidad, los conflictos sociales fueron por la resistencia de esos pueblos a la actividad minera y no por el régimen. Y añade: "Puede citarse el caso de la provincia de Catamarca que durante el año 1997 contrató la explotación de una de sus valiosas minas (de Bajo de la Alumbrera) con ajuste a dicho "régimen” que aparejó un gravísimo daño para sus habitantes por el grandilocuente y nocivo impacto ambiental, en tanto que, no le deparó el menor aporte económico que tan siquiera le resultara útil para poner en marcha al menos un incipiente desarrollo”.
La legisladora propone la eliminación del artículo 22 de la ley mencionada en el que se establece que "las provincias que adhieran al régimen ley y que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al tres por ciento (3%) sobre el valor "boca mina" del mineral extraído”. En esta línea critica "los unilaterales informes empresariales” y propone que a partir de la vigencia de la nueva ley a sancionarse "la participación provincial en las ganancias deberá ser materia de negociación entre los estados interesados y las empresas contratistas, en razón de tratarse de la principal cuestión a dirimir y que aquellos son los que se desprenden de sus valiosos minerales”. En la misma línea argumental, realiza duras críticas a las empresas mineras al señalar que "apenas brindan simples declaraciones juradas, todo lo que termina por colocar a las provincia en un crítico estado de indefensión con relación a sus legítimos intereses económicos, mientras que el sector empresarial acumula ciclópeos y desproporcionados réditos con relación a la inversión que realizan y que luego se traducen en centenares de miles de millones de dólares”.
Al referirse a la actividad minera insta a "una correcta ponderación de la grave afección social que tiene su origen en las pésimas condiciones de las explotaciones mineras conforme al actual régimen nacional. Se trata de la principal razón del desmadre de la paz interna en ciudades y pueblos involucrados, cuyas reacciones terminan por conmocionar y dividir a las comunidades, produciendo permanentes conflictos que culminan en enfrentamientos de bandos constituidos por sectores de quienes están a favor de la actividad minera y otros que se oponen a la misma", manifiesta.
En la argumentación se opone también a la minería a cielo abierto pero acota el supuesto daño ambiental que produjo en Catamarca y asegura que el proyecto minero no significó la creación de nuevas fuentes de trabajo: "Explotación minera "a cielo abierto” que en el caso de la mencionada provincia (por Catamarca) tampoco significó creación de nuevos puestos de empleo en proporción incidente a la oferta de mano de obra de los habitantes que circundan sus asentamientos y que por lo general se destacan por tratarse de ciudades o poblaciones demográficamente reducidas".
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Fecha de Publicación: 10/06/2014
Fuente: El Ancasti (Catamarca)
Provincia/Región: Catamarca
La diputada nacional Marcia Ortiz Correa presentó un proyecto para reformar la ley nacional de Inversiones Mineras. En su fundamentación, la iniciativa está llena de contradicciones, vacíos conceptuales y críticas desmedidas contra la actividad. Pero los párrafos más insólitos son en los que realiza fuertes ataques a la política minera del Gobierno nacional y provincial, proyecto político al que pertenece y por el que fue electa.
El proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación el pasado 20 de mayo y quedó registrado como expediente Nro 3759- D- 2014 referente a la explotación minera. El proyecto de ley es una reforma nacional a la ley Nro 24. 196/93 – Régimen de Inversiones Mineras.
De la lectura del proyecto surge que la intención de la legisladora es modificar el régimen vigente para que la Provincia tenga mayor ingerencia en la discusión por los beneficios que la minería debería dejar a Catamarca. Sin embargo, la redacción del proyecto es confusa, a tal punto que no está clara la propuesta que tiene para la percepción de las regalías mineras -que la Provincia obtiene como beneficio por la explotación de los yacimientos- y las utilidades que son los beneficios por la sociedad que la Provincia tiene con la Nación y la Universidad Nacional de Tucumán en la empresa Ymad . "En lo referente a la distribución de las utilidades, necesariamente deberán resultar convenidas por el Estado provincial interviniente y las empresas contratistas que correspondan que en ningún caso podrá exceder del 65% en favor de estas (por las empresas) y considerado en relación con el último acto de comercialización del o los productos terminados" (sic).
Al referirse al régimen vigente sostiene: "Desde su primera aplicación fue causa detonante de las reiteradas protestas sociales y múltiples peticiones de los estados provinciales instando su reforma debido a los nefastos efectos padecidos”. En realidad, los conflictos sociales fueron por la resistencia de esos pueblos a la actividad minera y no por el régimen. Y añade: "Puede citarse el caso de la provincia de Catamarca que durante el año 1997 contrató la explotación de una de sus valiosas minas (de Bajo de la Alumbrera) con ajuste a dicho "régimen” que aparejó un gravísimo daño para sus habitantes por el grandilocuente y nocivo impacto ambiental, en tanto que, no le deparó el menor aporte económico que tan siquiera le resultara útil para poner en marcha al menos un incipiente desarrollo”.
La legisladora propone la eliminación del artículo 22 de la ley mencionada en el que se establece que "las provincias que adhieran al régimen ley y que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al tres por ciento (3%) sobre el valor "boca mina" del mineral extraído”. En esta línea critica "los unilaterales informes empresariales” y propone que a partir de la vigencia de la nueva ley a sancionarse "la participación provincial en las ganancias deberá ser materia de negociación entre los estados interesados y las empresas contratistas, en razón de tratarse de la principal cuestión a dirimir y que aquellos son los que se desprenden de sus valiosos minerales”. En la misma línea argumental, realiza duras críticas a las empresas mineras al señalar que "apenas brindan simples declaraciones juradas, todo lo que termina por colocar a las provincia en un crítico estado de indefensión con relación a sus legítimos intereses económicos, mientras que el sector empresarial acumula ciclópeos y desproporcionados réditos con relación a la inversión que realizan y que luego se traducen en centenares de miles de millones de dólares”.
Al referirse a la actividad minera insta a "una correcta ponderación de la grave afección social que tiene su origen en las pésimas condiciones de las explotaciones mineras conforme al actual régimen nacional. Se trata de la principal razón del desmadre de la paz interna en ciudades y pueblos involucrados, cuyas reacciones terminan por conmocionar y dividir a las comunidades, produciendo permanentes conflictos que culminan en enfrentamientos de bandos constituidos por sectores de quienes están a favor de la actividad minera y otros que se oponen a la misma", manifiesta.
En la argumentación se opone también a la minería a cielo abierto pero acota el supuesto daño ambiental que produjo en Catamarca y asegura que el proyecto minero no significó la creación de nuevas fuentes de trabajo: "Explotación minera "a cielo abierto” que en el caso de la mencionada provincia (por Catamarca) tampoco significó creación de nuevos puestos de empleo en proporción incidente a la oferta de mano de obra de los habitantes que circundan sus asentamientos y que por lo general se destacan por tratarse de ciudades o poblaciones demográficamente reducidas".
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Estremecedor relato de niños fumigados en Chaco
“Nos sentimos cucarachas, volaba y tiraba veneno sobre nosotros”
Fecha de Publicación: 09/06/2014
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Eran las 10 y 20 de la mañana del lunes 26 de mayo. Las clases comienzan a las 11. El ruido del motor de un avión irrumpe el silencio en el lote 14. “Vayan adentro, está por fumigar” grita la maestra y directora de la Escuela 182 Sylvia Losantos.
Fueron solo unos segundos y ya pasó el avión blanco con bandas rojas. La escuela está rodeada de lotes de sorgo. Por el norte, el este, el sur y el oeste. Y lo que es peor, muy cerca del perímetro del establecimiento, incumpliendo con la ley de Biocidas de la que mucho se habló, pero poco se trata de hacer respetar.
“Cuando vi que giró para volver, saqué un pañuelo o una toalla, no sé qué era, le hice señas, pero nada, volcó lo que para mí es veneno, del lado este”, prosiguió en su relato a NORTE. “Entonces corrí, saqué mi cámara y otro chico lo filmó con el (teléfono) celular”, narra angustiada y con lágrimas en los ojos la docente.
“Entonces, opté por izar la bandera para ver si eso le hacía advertir que había niños aquí, que había clases”, dice, pero fue inútil.
“Miren cómo sin piedad ni aviso se dispusieron a fumigar esa mañana a las 10 y 20 y los niños entraban a clase a las 11, hasta el agua, que estaba en el balde al lado del aljibe, recibió el veneno, esa agua beben los chicos de nuestra escuela”, y mostró una serie de fotografías y el aljibe de dónde sacan el agua.
Vómitos, estornudos y lágrimas
Los chicos que estaban en inmediaciones de la escuela, pese a haberse refugiado en las aulas, no pudieron evitar el rápido efecto de la deriva. “A mis dos chicos les agarró tos, quemazón en la garganta y la chica más chiquita tuvo vómitos”, dijo Mariela Correa, madre de cuatro niños que concurren a la Escuela 182.
El peor trance lo vivió Mariana, la nena que a esa hora venía en moto por un camino rodeado de sorgo. “Era como una niebla, todo nubes, y me descompuse pero igual alcancé a llegar a la escuela y ahí sí vomité y tuve tos todo el día”, comenta.
“Las hojas del postre se quemaron”, dijeron
Daniel, tras pasar varios días desde 26 de mayo, se ríe y muestra que “las hojas de nuestro postre se quemaron, quedaron achicarradas”, en alusión a las plantas de naranjas de donde cortan el postre diario, ya que la escuela es de jornada completa y los niños almuerzan en el establecimiento.
Seveso: “Priorizan el dinero antes que la salud”
La médica María del Carmen Seveso dijo ayer a referirse al caso denunciado en el lote 14 de Avia Terai que “quienes venimos promoviendo el debate y la participación de la ciudadanía respecto de las consecuencias que tienen para la salud y la vida la utilización de agrotóxicos vía fumigaciones aéreas y terrestres sin control y sin respetar la legislación vigente, decimos que otra vez hemos sido defraudados por la mayoría de los diputados de las bancadas mayoritarias que votaron en general, y en particular, la nueva ley de biocidas, priorizando el lobby de las multinacionales y de quienes anteponen la rentabilidad por sobre el ambiente y la salud de los chaqueños”.
Pidió una “simple investigación, porque no es necesario algo profundo ya que están las documentales del caso y los culpables de no controlar lo que se hace con las aeroaplicaciones deben responder ante la sociedad chaqueña”, manifestó.
Seveso, como médica, integra la Red de Salud Ramón Carrillo.
El caso resulta una flagrante violación a la ley de Biocidas
La ley de Biocidas (número 7032) fue promulgada hace más de un año, y se redactó posteriormente su reglamentación y se emitió una serie de resoluciones que impactan sobre la actividad rural y del profesional de la agronomía. El marco regulatorio para la aplicación de biocidas dispone la prohibición de los productos de alta toxicidad (los de banda roja) exceptuando al fosfuro de aluminio. También garantiza la utilización de equipos de aplicación adecuados mediante su verificación técnica obligatoria, certificada por profesionales competentes.
Otro punto vital es la utilización de la receta agronómica tanto de expendio como de aplicación como requisito ineludible para la aplicación de productos, así como el aviso previo a las aeroaplicaciones y las aplicaciones terrestres.
La ley establece la obligatoriedad de aplicar manual de buenas prácticas agrícolas en las zonas periurbanas que es la más conflictiva en cuanto a la deriva de agroquímicos y en torno a establecimientos educativos y sanitarios.
La normativa dispone la denominada línea agronómica, límite a partir del cual se establecen las restricciones de 500 metros para aplicaciones terrestres y 1500 para las aéreas.
La Escuela 182 está rodeada de sorgo, en esta ocasión, como muestran las fotografías tomadas por NORTE. ¿Se aplicará la ley ante esta flagrante violación?
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Fecha de Publicación: 09/06/2014
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Eran las 10 y 20 de la mañana del lunes 26 de mayo. Las clases comienzan a las 11. El ruido del motor de un avión irrumpe el silencio en el lote 14. “Vayan adentro, está por fumigar” grita la maestra y directora de la Escuela 182 Sylvia Losantos.
Fueron solo unos segundos y ya pasó el avión blanco con bandas rojas. La escuela está rodeada de lotes de sorgo. Por el norte, el este, el sur y el oeste. Y lo que es peor, muy cerca del perímetro del establecimiento, incumpliendo con la ley de Biocidas de la que mucho se habló, pero poco se trata de hacer respetar.
“Cuando vi que giró para volver, saqué un pañuelo o una toalla, no sé qué era, le hice señas, pero nada, volcó lo que para mí es veneno, del lado este”, prosiguió en su relato a NORTE. “Entonces corrí, saqué mi cámara y otro chico lo filmó con el (teléfono) celular”, narra angustiada y con lágrimas en los ojos la docente.
“Entonces, opté por izar la bandera para ver si eso le hacía advertir que había niños aquí, que había clases”, dice, pero fue inútil.
“Miren cómo sin piedad ni aviso se dispusieron a fumigar esa mañana a las 10 y 20 y los niños entraban a clase a las 11, hasta el agua, que estaba en el balde al lado del aljibe, recibió el veneno, esa agua beben los chicos de nuestra escuela”, y mostró una serie de fotografías y el aljibe de dónde sacan el agua.
Vómitos, estornudos y lágrimas
Los chicos que estaban en inmediaciones de la escuela, pese a haberse refugiado en las aulas, no pudieron evitar el rápido efecto de la deriva. “A mis dos chicos les agarró tos, quemazón en la garganta y la chica más chiquita tuvo vómitos”, dijo Mariela Correa, madre de cuatro niños que concurren a la Escuela 182.
El peor trance lo vivió Mariana, la nena que a esa hora venía en moto por un camino rodeado de sorgo. “Era como una niebla, todo nubes, y me descompuse pero igual alcancé a llegar a la escuela y ahí sí vomité y tuve tos todo el día”, comenta.
“Las hojas del postre se quemaron”, dijeron
Daniel, tras pasar varios días desde 26 de mayo, se ríe y muestra que “las hojas de nuestro postre se quemaron, quedaron achicarradas”, en alusión a las plantas de naranjas de donde cortan el postre diario, ya que la escuela es de jornada completa y los niños almuerzan en el establecimiento.
Seveso: “Priorizan el dinero antes que la salud”
La médica María del Carmen Seveso dijo ayer a referirse al caso denunciado en el lote 14 de Avia Terai que “quienes venimos promoviendo el debate y la participación de la ciudadanía respecto de las consecuencias que tienen para la salud y la vida la utilización de agrotóxicos vía fumigaciones aéreas y terrestres sin control y sin respetar la legislación vigente, decimos que otra vez hemos sido defraudados por la mayoría de los diputados de las bancadas mayoritarias que votaron en general, y en particular, la nueva ley de biocidas, priorizando el lobby de las multinacionales y de quienes anteponen la rentabilidad por sobre el ambiente y la salud de los chaqueños”.
Pidió una “simple investigación, porque no es necesario algo profundo ya que están las documentales del caso y los culpables de no controlar lo que se hace con las aeroaplicaciones deben responder ante la sociedad chaqueña”, manifestó.
Seveso, como médica, integra la Red de Salud Ramón Carrillo.
El caso resulta una flagrante violación a la ley de Biocidas
La ley de Biocidas (número 7032) fue promulgada hace más de un año, y se redactó posteriormente su reglamentación y se emitió una serie de resoluciones que impactan sobre la actividad rural y del profesional de la agronomía. El marco regulatorio para la aplicación de biocidas dispone la prohibición de los productos de alta toxicidad (los de banda roja) exceptuando al fosfuro de aluminio. También garantiza la utilización de equipos de aplicación adecuados mediante su verificación técnica obligatoria, certificada por profesionales competentes.
Otro punto vital es la utilización de la receta agronómica tanto de expendio como de aplicación como requisito ineludible para la aplicación de productos, así como el aviso previo a las aeroaplicaciones y las aplicaciones terrestres.
La ley establece la obligatoriedad de aplicar manual de buenas prácticas agrícolas en las zonas periurbanas que es la más conflictiva en cuanto a la deriva de agroquímicos y en torno a establecimientos educativos y sanitarios.
La normativa dispone la denominada línea agronómica, límite a partir del cual se establecen las restricciones de 500 metros para aplicaciones terrestres y 1500 para las aéreas.
La Escuela 182 está rodeada de sorgo, en esta ocasión, como muestran las fotografías tomadas por NORTE. ¿Se aplicará la ley ante esta flagrante violación?
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Jujuy: un centro para rehabilitar animales silvestres
Jujuy pondrá en marcha el primer Centro de Rescate Público de Fauna Autóctona del país
Fecha de Publicación: 09/06/2014
Fuente: Jujuy On Line
Provincia/Región: Jujuy
El primer Centro de Rescate Público de Fauna Autóctona del país comenzará a funcionar en noviembre en el departamento jujeño de El Carmen y tendrá como misión rehabilitar y liberar animales silvestres de la provincia.
El Centro de Asistencia a la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJU) también funcionará como un Centro de Educación Ambiental, y su creación fue posible luego de la firma de un convenio entre la Secretaría de Gestión Ambiental de Jujuy y el municipio de El Carmen.
Luis Biancucci, biólogo integrante del equipo de trabajo, dijo a Télam que en el lugar "se albergarán especies con valor de conservación", y "se van a fijar programas de reintroducción de fauna autóctona".
Además, "se rehabilitarán animales que luego, si reúnen las condiciones necesarias, serán liberados nuevamente en su hábitat natural", sostuvo.
"No queremos que el centro se transforme en un zoológico", explicó el biólogo y explicó que buscan "educar para que se entienda la importancia de no poseer animales salvajes como mascotas, además de colaborar a la conservación de las especies que estén en peligro de extinción".
El CAFAJU será solventado con fondos provinciales y también provenientes de Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la protección de Bosques Nativos, y funcionará en un predio de 20 hectáreas, en donde se realizaban, hasta 2008, tareas de atención a fauna autóctona.
En el predio "se refuncionalizará un espacio en donde se realizaba piscicultura para poner en marcha una veterinaria, se ubicará un vivero, se recuperarán recintos y el área de cuarentenas, y se forestará el lugar con especies autóctonas", indicó Biancucci.
El profesional indicó que en Jujuy existe "una gran demanda" de lugares de contención, ya que "Gendarmería incauta aves" o "familias particulares buscan deshacerse de sus animales salvajes, como por ejemplo monos, porque cuando crecen se vuelven un problema".
El centro también obedece a "una necesidad de salud poblacional, ya que muchas especies transmiten enfermedades", como por ejemplo "la psitacosis, una enfermedad de los loros", agregó.
Una vez que esté en funcionamiento, se firmarán convenios de investigación con la Universidad Nacional de Jujuy y se pondrán a disposición guías para escuelas primarias de toda la provincia, con el fin de que sus alumnos visiten el lugar y se eduquen en la temática.
El centro se propone además como un espacio de investigación científica para la comunidad universitaria, así como otro atractivo turístico para la zona.
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Fecha de Publicación: 09/06/2014
Fuente: Jujuy On Line
Provincia/Región: Jujuy
El primer Centro de Rescate Público de Fauna Autóctona del país comenzará a funcionar en noviembre en el departamento jujeño de El Carmen y tendrá como misión rehabilitar y liberar animales silvestres de la provincia.
El Centro de Asistencia a la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJU) también funcionará como un Centro de Educación Ambiental, y su creación fue posible luego de la firma de un convenio entre la Secretaría de Gestión Ambiental de Jujuy y el municipio de El Carmen.
Luis Biancucci, biólogo integrante del equipo de trabajo, dijo a Télam que en el lugar "se albergarán especies con valor de conservación", y "se van a fijar programas de reintroducción de fauna autóctona".
Además, "se rehabilitarán animales que luego, si reúnen las condiciones necesarias, serán liberados nuevamente en su hábitat natural", sostuvo.
"No queremos que el centro se transforme en un zoológico", explicó el biólogo y explicó que buscan "educar para que se entienda la importancia de no poseer animales salvajes como mascotas, además de colaborar a la conservación de las especies que estén en peligro de extinción".
El CAFAJU será solventado con fondos provinciales y también provenientes de Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la protección de Bosques Nativos, y funcionará en un predio de 20 hectáreas, en donde se realizaban, hasta 2008, tareas de atención a fauna autóctona.
En el predio "se refuncionalizará un espacio en donde se realizaba piscicultura para poner en marcha una veterinaria, se ubicará un vivero, se recuperarán recintos y el área de cuarentenas, y se forestará el lugar con especies autóctonas", indicó Biancucci.
El profesional indicó que en Jujuy existe "una gran demanda" de lugares de contención, ya que "Gendarmería incauta aves" o "familias particulares buscan deshacerse de sus animales salvajes, como por ejemplo monos, porque cuando crecen se vuelven un problema".
El centro también obedece a "una necesidad de salud poblacional, ya que muchas especies transmiten enfermedades", como por ejemplo "la psitacosis, una enfermedad de los loros", agregó.
Una vez que esté en funcionamiento, se firmarán convenios de investigación con la Universidad Nacional de Jujuy y se pondrán a disposición guías para escuelas primarias de toda la provincia, con el fin de que sus alumnos visiten el lugar y se eduquen en la temática.
El centro se propone además como un espacio de investigación científica para la comunidad universitaria, así como otro atractivo turístico para la zona.
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