Gustavo Cufré es el nuevo presidente de la Acumar
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Nombraron nuevo presidente de la Acumar
Fecha de Publicación: 11/12/2013
Fuente: Prensa de Presidencia de la Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Se publicó hoy en el Boletín Oficial la designación de Gustavo Cufré como presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y el cambio de composición del organismo, que tendrá ocho integrantes: tres del Ejecutivo, dos de la provincia de Buenos Aires y dos de la Capital Federal.
Por Decreto 2104/2013 publicado hoy en el Boletín Oficial se designó presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) a Marcelo Gustavo Cufré.
El Decreto lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del Jefe de Gabinete, Jorge M. Capitanich.
Asimismo por Decreto 2103/2013, suscripto en acuerdo de ministros, se dispuso que la Acumar esté conformada por ocho integrantes. Su titular tendrá rango y jerarquía de Secretario y será designado por el Poder Ejecutivo nacional. Los restantes integrantes serán tres representantes del Poder Ejecutivo, dos de la provincia de Buenos Aires y dos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El decreto entró en vigencia hoy.
En los considerandos expresa que el cambio obedece a “razones operativas y con el fin de perfeccionar el uso de los recursos públicos incrementando la calidad de la acción estatal, y considerando la importancia de los cometidos asignados a la Acumar, como ente de derecho público interjurisdiccional”.
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Fecha de Publicación: 11/12/2013
Fuente: Prensa de Presidencia de la Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Se publicó hoy en el Boletín Oficial la designación de Gustavo Cufré como presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y el cambio de composición del organismo, que tendrá ocho integrantes: tres del Ejecutivo, dos de la provincia de Buenos Aires y dos de la Capital Federal.
Por Decreto 2104/2013 publicado hoy en el Boletín Oficial se designó presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) a Marcelo Gustavo Cufré.
El Decreto lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del Jefe de Gabinete, Jorge M. Capitanich.
Asimismo por Decreto 2103/2013, suscripto en acuerdo de ministros, se dispuso que la Acumar esté conformada por ocho integrantes. Su titular tendrá rango y jerarquía de Secretario y será designado por el Poder Ejecutivo nacional. Los restantes integrantes serán tres representantes del Poder Ejecutivo, dos de la provincia de Buenos Aires y dos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El decreto entró en vigencia hoy.
En los considerandos expresa que el cambio obedece a “razones operativas y con el fin de perfeccionar el uso de los recursos públicos incrementando la calidad de la acción estatal, y considerando la importancia de los cometidos asignados a la Acumar, como ente de derecho público interjurisdiccional”.
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Esta vez fueron las algas que contaminaron en Sali-Dulce
Una floración de algas causó muerte de peces
Fecha de Publicación: 10/12/2013
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Las altas temperaturas y la dura sequía hidrológica que afecta a los cauces de la cuenca Salí- Dulce, propició una importante aparición de peces muertos que fue detectada aguas abajo del embalse de Las Termas de Río Hondo.
Así lo hizo saber en diálogo con Nuevo Diario, el defensor del Pueblo de la Provincia, Martín Díaz Achával, a partir del trabajo impulsado desde el sistema de alerta temprana que detectó el episodio de mortandad de varias especies, en la zona del piletón del dique.
“Fue producto de la sequía que originó un episodio de floración de algas importantes, color turquesa, que generó una baja de oxígeno en las aguas, producto del calor y el bajo nivel de agua”, resaltó el ombudsman.
Aparición de algas
El agobiante calor registrado en los últimos días fue motivo suficiente para que nuevamente, se originara la presencia de una “mancha verde” como describieron ciudadanos de la vecina ciudad, lo que técnicamente se denomina “bloom de algas” generado por el calentamiento de las aguas.
Como lo refleja la imagen, la zona del piletón de Las Termas de Río Hondo sufrió este nuevo embate ambiental, fenómeno que desde hace unos días fue detectado aguas abajo del embalse y podría volver a regenerase, de no registrarse lluvias en la cuenca.
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Fecha de Publicación: 10/12/2013
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Las altas temperaturas y la dura sequía hidrológica que afecta a los cauces de la cuenca Salí- Dulce, propició una importante aparición de peces muertos que fue detectada aguas abajo del embalse de Las Termas de Río Hondo.
Así lo hizo saber en diálogo con Nuevo Diario, el defensor del Pueblo de la Provincia, Martín Díaz Achával, a partir del trabajo impulsado desde el sistema de alerta temprana que detectó el episodio de mortandad de varias especies, en la zona del piletón del dique.
“Fue producto de la sequía que originó un episodio de floración de algas importantes, color turquesa, que generó una baja de oxígeno en las aguas, producto del calor y el bajo nivel de agua”, resaltó el ombudsman.
Aparición de algas
El agobiante calor registrado en los últimos días fue motivo suficiente para que nuevamente, se originara la presencia de una “mancha verde” como describieron ciudadanos de la vecina ciudad, lo que técnicamente se denomina “bloom de algas” generado por el calentamiento de las aguas.
Como lo refleja la imagen, la zona del piletón de Las Termas de Río Hondo sufrió este nuevo embate ambiental, fenómeno que desde hace unos días fue detectado aguas abajo del embalse y podría volver a regenerase, de no registrarse lluvias en la cuenca.
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Atuel: sigue el proceso judicial entre La Pampa y Mendoza
Un avance por el Atuel, otra retranca judicial
Fecha de Publicación: 10/12/2013
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
Temas de la semana que se fue: la Corte Suprema pidiéndole una posición al gobierno nacional respecto del daño ambiental que Mendoza causa con el corte del Río Atuel; y otro arreglo del fiscal Amado en el contexto de un Poder Judicial cuestionado incluso por los defensores oficiales.
Una de cal...
La Corte Suprema de Justicia dio un paso histórico que beneficia los intereses de la provincia de La Pampa en la pelea para que le sean reconocidos los derechos que tiene sobre el Río Atuel, y que Mendoza se niega a hacer prácticos pese a las numerosas constancias legislativas, judiciales, institucionales y administrativas que no dejan lugar a dudas respecto de qué debe hacerse.
Durante la semana que se fue, se conoció que el máximo organismo judicial requirió un posicionamiento concreto de la Secretaría de Ambiente de la Nación en el marco del expediente donde se denunció el daño ambiental que perjudica a La Pampa, y que no fue motorizado por los gobernantes o los organismos oficiales de nuestra provincia sino por dos abogados en forma particular.
La presentación de Miguel Palazzani y Andrés Gil Domínguez data del año 2010 y la decisión de la Corte pone más aún en evidencia el extraño comportamiento del gobierno pampeano, que tiene contradicciones consigo mismo y que pese a los anuncios de formalizar una presentación ante el máximo organismo judicial sigue retardando ese trámite.
El gobierno de Oscar Mario Jorge, en principio, apostó todas sus fichas a una salida diplomática, confiando en la negociación política pese a los claros signos que había de que en ese terreno el destino era el fracaso: ni siquiera alcanzó el convenio firmado en el año 2008 con presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que Mendoza torciera un poco su brazo.
Cuando la sugerencia de los especialistas y la presión de numerosos sectores políticos y sociales se hizo insoportable, el gobernador anunció el inicio de una demanda: lo hizo en contexto preelectoral y sin dar detalles respecto de cómo sería exactamente ese presentación.
Desde entonces sólo ha pasado el tiempo y el Ejecutivo no concretó su compromiso, sino que encontró diversas razones con las cuales demorar la formalización del planteo: una de ellas fue la curiosa resolución de buscar constitucionalistas que representaran a la Provincia, para lo cual el gobernador viajó a Buenos Aires a entrevistarse con los gestores de reconocidos -y costosos- estudios de Abogacía.
Resulta llamativo, cuando no incomprensible, que el gobierno no se volcara a consultar a quienes ya habían hecho una presentación ante la Corte y habían tenido en el mes de setiembre la novedad de que el organismo estaba dispuesto a tratar el tema, independientemente de cuáles fueran después sus procedimientos.
Para beneficio de La Pampa, la diligencia de la propia Corte en el expediente que presentaron los abogados, puede en parte suplantar la larga ausencia oficial y poner la situación a resolución concreta, aunque de todos modos una cosa es que el daño ambiental sea de alguna manera resarcido por sus causantes y otra es que el río vuelva a correr del modo en que está establecido en numerosos espacios institucionales.
...y una de arena...
Durante la semana que se fue, un nuevo hecho de corrupción quedó oculto a los ojos de la población pampeana, ya que el fiscal de los arreglos -Jorge Marcelo Amado- les facilitó a dos involucrados en un fraude al Estado la posibilidad de no sentarse en el banquillo y acordar de modo tal que no tuvieran que pasar un solo día en la cárcel.
Tras el desplome del polideportivo de Ataliva Roca, lo que se derrumbó esta vez es la ilusión de los ciudadanos preocupados por la cosa pública que aspiraban no sólo a una sentencia de ocasión sino a conocer en un juicio oral y público cuál fue el modus operandi y cuál el papel de los involucrados (técnicos, políticos, etc), incluyendo el rol del entonces intendente Martín Borthiry, que logró zafar de brindar su testimonio, que le había sido requerido y que ofreció por escrito.
El arreglo de Amado -aceptado por los jueces, siempre veloces para aplicar la mano blanda en estos casos de guante blanco- impidió el esclarecimiento total del caso: el acuerdo implica condenas de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para Juan Armando Velázquez (inspector del Ministerio de Obras Públicas) y Raúl Lechner (director técnico de la constructora Sol Obras).
En el primer caso, se lo responsabiliza de un fraude en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta como delito continuado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, todo en concurso ideal por tratarse de un único hecho; en el segundo, por fraude a la administración pública como delito continuado, en concurso ideal con falsedad ideológica.
Lechner ya tenía prontuario propio, ya que había sido condenado por delitos de guante blanco a raíz de su tarea como funcionario en la Municipalidad de Puan.
Sol Obras fue una empresa privilegiada por el gobierno de Carlos Verna: su nacimiento y la cantidad de grandes obras que le fueron adjudicadas de modo inmediato generaron inmediatas y justificadas sospechas, además confirmadas cuando la firma abandonó numerosos emprendimientos iniciados en el interior de la provincia y dejó el tendal de deudas a sus proveedores y a cientos de trabajadores en la calle.
Los arreglos de Amado ya no constituyen novedad alguna y son más bien la norma ordinaria, pero no por ello debe dejar de señalarse que el mecanismo no está concebido para que los delitos de corrupción se tramiten de espaldas a la ciudadanía.
El Poder Judicial pampeano tiene un comportamiento contradictorio, que ha sido oportunamente advertido en esta semana que se fue por un grupo de defensores oficiales: el sistema luce contemporizador y amable, retardado y demorón con los delincuentes poderosos y acomodados, los que cometen estafas, fraudes y peculados; luce en cambio diligente para aplicar la mano dura -a veces incluso sin que haya pruebas- sobre quienes no tienen recursos económicos ni de otro tipo como para chicanear en los expedientes y aprovecharse de todas las trampas habidas y por haber.
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Fecha de Publicación: 10/12/2013
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
Temas de la semana que se fue: la Corte Suprema pidiéndole una posición al gobierno nacional respecto del daño ambiental que Mendoza causa con el corte del Río Atuel; y otro arreglo del fiscal Amado en el contexto de un Poder Judicial cuestionado incluso por los defensores oficiales.
Una de cal...
La Corte Suprema de Justicia dio un paso histórico que beneficia los intereses de la provincia de La Pampa en la pelea para que le sean reconocidos los derechos que tiene sobre el Río Atuel, y que Mendoza se niega a hacer prácticos pese a las numerosas constancias legislativas, judiciales, institucionales y administrativas que no dejan lugar a dudas respecto de qué debe hacerse.
Durante la semana que se fue, se conoció que el máximo organismo judicial requirió un posicionamiento concreto de la Secretaría de Ambiente de la Nación en el marco del expediente donde se denunció el daño ambiental que perjudica a La Pampa, y que no fue motorizado por los gobernantes o los organismos oficiales de nuestra provincia sino por dos abogados en forma particular.
La presentación de Miguel Palazzani y Andrés Gil Domínguez data del año 2010 y la decisión de la Corte pone más aún en evidencia el extraño comportamiento del gobierno pampeano, que tiene contradicciones consigo mismo y que pese a los anuncios de formalizar una presentación ante el máximo organismo judicial sigue retardando ese trámite.
El gobierno de Oscar Mario Jorge, en principio, apostó todas sus fichas a una salida diplomática, confiando en la negociación política pese a los claros signos que había de que en ese terreno el destino era el fracaso: ni siquiera alcanzó el convenio firmado en el año 2008 con presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que Mendoza torciera un poco su brazo.
Cuando la sugerencia de los especialistas y la presión de numerosos sectores políticos y sociales se hizo insoportable, el gobernador anunció el inicio de una demanda: lo hizo en contexto preelectoral y sin dar detalles respecto de cómo sería exactamente ese presentación.
Desde entonces sólo ha pasado el tiempo y el Ejecutivo no concretó su compromiso, sino que encontró diversas razones con las cuales demorar la formalización del planteo: una de ellas fue la curiosa resolución de buscar constitucionalistas que representaran a la Provincia, para lo cual el gobernador viajó a Buenos Aires a entrevistarse con los gestores de reconocidos -y costosos- estudios de Abogacía.
Resulta llamativo, cuando no incomprensible, que el gobierno no se volcara a consultar a quienes ya habían hecho una presentación ante la Corte y habían tenido en el mes de setiembre la novedad de que el organismo estaba dispuesto a tratar el tema, independientemente de cuáles fueran después sus procedimientos.
Para beneficio de La Pampa, la diligencia de la propia Corte en el expediente que presentaron los abogados, puede en parte suplantar la larga ausencia oficial y poner la situación a resolución concreta, aunque de todos modos una cosa es que el daño ambiental sea de alguna manera resarcido por sus causantes y otra es que el río vuelva a correr del modo en que está establecido en numerosos espacios institucionales.
...y una de arena...
Durante la semana que se fue, un nuevo hecho de corrupción quedó oculto a los ojos de la población pampeana, ya que el fiscal de los arreglos -Jorge Marcelo Amado- les facilitó a dos involucrados en un fraude al Estado la posibilidad de no sentarse en el banquillo y acordar de modo tal que no tuvieran que pasar un solo día en la cárcel.
Tras el desplome del polideportivo de Ataliva Roca, lo que se derrumbó esta vez es la ilusión de los ciudadanos preocupados por la cosa pública que aspiraban no sólo a una sentencia de ocasión sino a conocer en un juicio oral y público cuál fue el modus operandi y cuál el papel de los involucrados (técnicos, políticos, etc), incluyendo el rol del entonces intendente Martín Borthiry, que logró zafar de brindar su testimonio, que le había sido requerido y que ofreció por escrito.
El arreglo de Amado -aceptado por los jueces, siempre veloces para aplicar la mano blanda en estos casos de guante blanco- impidió el esclarecimiento total del caso: el acuerdo implica condenas de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para Juan Armando Velázquez (inspector del Ministerio de Obras Públicas) y Raúl Lechner (director técnico de la constructora Sol Obras).
En el primer caso, se lo responsabiliza de un fraude en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta como delito continuado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, todo en concurso ideal por tratarse de un único hecho; en el segundo, por fraude a la administración pública como delito continuado, en concurso ideal con falsedad ideológica.
Lechner ya tenía prontuario propio, ya que había sido condenado por delitos de guante blanco a raíz de su tarea como funcionario en la Municipalidad de Puan.
Sol Obras fue una empresa privilegiada por el gobierno de Carlos Verna: su nacimiento y la cantidad de grandes obras que le fueron adjudicadas de modo inmediato generaron inmediatas y justificadas sospechas, además confirmadas cuando la firma abandonó numerosos emprendimientos iniciados en el interior de la provincia y dejó el tendal de deudas a sus proveedores y a cientos de trabajadores en la calle.
Los arreglos de Amado ya no constituyen novedad alguna y son más bien la norma ordinaria, pero no por ello debe dejar de señalarse que el mecanismo no está concebido para que los delitos de corrupción se tramiten de espaldas a la ciudadanía.
El Poder Judicial pampeano tiene un comportamiento contradictorio, que ha sido oportunamente advertido en esta semana que se fue por un grupo de defensores oficiales: el sistema luce contemporizador y amable, retardado y demorón con los delincuentes poderosos y acomodados, los que cometen estafas, fraudes y peculados; luce en cambio diligente para aplicar la mano dura -a veces incluso sin que haya pruebas- sobre quienes no tienen recursos económicos ni de otro tipo como para chicanear en los expedientes y aprovecharse de todas las trampas habidas y por haber.
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Entre Ríos prohibe la quema de pasturas
Prohíben realizar quemas por tres meses en todo el territorio provincial
Fecha de Publicación: 10/12/2013
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde este lunes, y hasta el 28 de febrero de 2014, está prohibido realizar cualquier tipo de quemas en la provincia. La medida, resuelta por la secretaría de Ambiente de Entre Ríos, se debe al elevado índice de peligro de incendios que se registra en esta época, la estación más seca y cálida del año. Además, quedan sin efecto todas las autorizaciones otorgadas por dicho organismo hasta esa fecha. En lo que va del año el Plan Provincial de Manejo del Fuego labraron 110 actas de infracción.
Según lo establece la ley provincial de Manejo del Fuego 9868, la Secretaría de Ambiente, en su carácter de autoridad de aplicación, puede actuar impidiendo la sucesión de quemas cuando lo considere necesario.
En este marco, y teniendo en cuenta las condiciones climáticas y las pérdidas generadas por quemas incontroladas, el titular del organismo, Fernando Raffo, emitió la resolución 589 que prohíbe la realización de cualquier tipo de incendio.
Actas
En lo que va del año, desde el Plan Provincial de Manejo del Fuego, se labraron alrededor de 110 actas, en su mayoría a través de vuelos de patrullaje. El período de mayor actividad fue el que comprende los meses de abril a septiembre.
En cuanto a las causas de las actas son por quemas no autorizadas de pastizales, productos de desmontes y, en menor proporción, por la actividad forestal.
Para realizar los patrullajes terrestres y aéreos se programaron rutas de búsqueda basadas en los puntos de calor detectados por imágenes satelitales. Los medios aéreos son facilitados por el Plan Nacional de Manejo del Fuego.
Una vez realizadas las actas se procedió a notificar a los presuntos infractores a los fines de que realicen el descargo correspondiente ante el Plan de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Ambiente.
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Fecha de Publicación: 10/12/2013
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde este lunes, y hasta el 28 de febrero de 2014, está prohibido realizar cualquier tipo de quemas en la provincia. La medida, resuelta por la secretaría de Ambiente de Entre Ríos, se debe al elevado índice de peligro de incendios que se registra en esta época, la estación más seca y cálida del año. Además, quedan sin efecto todas las autorizaciones otorgadas por dicho organismo hasta esa fecha. En lo que va del año el Plan Provincial de Manejo del Fuego labraron 110 actas de infracción.
Según lo establece la ley provincial de Manejo del Fuego 9868, la Secretaría de Ambiente, en su carácter de autoridad de aplicación, puede actuar impidiendo la sucesión de quemas cuando lo considere necesario.
En este marco, y teniendo en cuenta las condiciones climáticas y las pérdidas generadas por quemas incontroladas, el titular del organismo, Fernando Raffo, emitió la resolución 589 que prohíbe la realización de cualquier tipo de incendio.
Actas
En lo que va del año, desde el Plan Provincial de Manejo del Fuego, se labraron alrededor de 110 actas, en su mayoría a través de vuelos de patrullaje. El período de mayor actividad fue el que comprende los meses de abril a septiembre.
En cuanto a las causas de las actas son por quemas no autorizadas de pastizales, productos de desmontes y, en menor proporción, por la actividad forestal.
Para realizar los patrullajes terrestres y aéreos se programaron rutas de búsqueda basadas en los puntos de calor detectados por imágenes satelitales. Los medios aéreos son facilitados por el Plan Nacional de Manejo del Fuego.
Una vez realizadas las actas se procedió a notificar a los presuntos infractores a los fines de que realicen el descargo correspondiente ante el Plan de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Ambiente.
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Santa Cruz aplica una fuerte multa a Gold Corp
Millonaria multa a minera canadiense Gold Corp
Fecha de Publicación: 09/12/2013
Fuente: InfoGlaciar
Provincia/Región: Santa Cruz
La Secretaría de Trabajo de Santa Cruz multó en más de 20 millones de pesos a la compañía minera canadiense Gold Corp -a través de su subsidiaria Oroplata SA- por haberse detectado una serie de irregularidades en seguridad e higiene entre julio y agosto, en el yacimiento de Oro y Plata Cerro Negro, ubicado a unos 70 kilómetros de Perito Moreno.
Según un informe emitido por la Dirección Provincial de Prensa, al momento de las inspecciones se constató la falta de agua para los trabajadores, tanto en superficie como en la mina, además de baños inutilizables, depósitos en mal estado y comedor en condiciones precarias de higiene.
Al mismo tiempo se indicó que esta es la cuarta multa que se le realiza a esa compañía, recordándose que las tres primeras se confeccionaron en 2012.
La Resolución 589/13 firmada por el secretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social de la provincia, Luis Silva, establece que se multa a la empresa Oroplata SA (subsidiaria de Gold Corp) con la suma de $ 20.405.700.
«La notificación fue cursada el martes y a partir de ese momento la compañía contaba con un plazo de tres días hábiles para hacer efectivo el pago de la multa o bien apelar la misma, desconociéndose hasta ayer lo resuelto.
De todas maneras, aún apelando, la legislación indica que se debe depositar el importe al que asciende la multa «en caución hasta que se expida la Justicia».
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Fecha de Publicación: 09/12/2013
Fuente: InfoGlaciar
Provincia/Región: Santa Cruz
La Secretaría de Trabajo de Santa Cruz multó en más de 20 millones de pesos a la compañía minera canadiense Gold Corp -a través de su subsidiaria Oroplata SA- por haberse detectado una serie de irregularidades en seguridad e higiene entre julio y agosto, en el yacimiento de Oro y Plata Cerro Negro, ubicado a unos 70 kilómetros de Perito Moreno.
Según un informe emitido por la Dirección Provincial de Prensa, al momento de las inspecciones se constató la falta de agua para los trabajadores, tanto en superficie como en la mina, además de baños inutilizables, depósitos en mal estado y comedor en condiciones precarias de higiene.
Al mismo tiempo se indicó que esta es la cuarta multa que se le realiza a esa compañía, recordándose que las tres primeras se confeccionaron en 2012.
La Resolución 589/13 firmada por el secretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social de la provincia, Luis Silva, establece que se multa a la empresa Oroplata SA (subsidiaria de Gold Corp) con la suma de $ 20.405.700.
«La notificación fue cursada el martes y a partir de ese momento la compañía contaba con un plazo de tres días hábiles para hacer efectivo el pago de la multa o bien apelar la misma, desconociéndose hasta ayer lo resuelto.
De todas maneras, aún apelando, la legislación indica que se debe depositar el importe al que asciende la multa «en caución hasta que se expida la Justicia».
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Ley 7.722 y Sierra Pintada, el deseo de la APCNEAN
Detrás de los cambios a la Ley de Minería se asoma Sierra Pintada
Fecha de Publicación: 09/12/2013
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Ante un nuevo intento de modificar la Ley provincial 7.722, se dejan ver los intereses de la reapertura de la mina uranífera en el departamento. Ante esto, las Asambleas del Agua de la provincia se manifiestan en estado de alerta y rechazan el pedido de inconstitucionalidad que debe analizar la Corte de Mendoza.
Días atrás hablábamos de los pedidos de inconstitucionalidad que se hicieron ante la justicia por la Ley de Minería, la 7.722 que prohíbe el uso de sustancias químicas en la extracción de minerales del suelo mendocino.
En este sentido, uno de los planteos de inconstitucionalidad fue lanzado por la APCNEAN (Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear), un espacio que nuclea a las empresas públicas y privadas que están en derredor de la energía atómica.
El pedido pide recuperar la actividad nuclear. El propio Guillermo Rojas, Secretario Gremial de la APCNEAN, dio declaraciones públicas en las que defendió a la actividad minera uranífera al sostener que "no es contaminante".
Detrás de esto, se puede observar un marcado interés por la reapertura de la mina de Sierra Pintada.
Fue Rojas quien habló públicamente (en declaraciones a MDZ) de Sierra Pintada, e hizo hincapié sobre controles y remediación en la mina, demostrando que -desde hace un tiempo- hay un renacer en las intenciones de reapertura de la mina sanrafaelina a pesar de la fuerte crítica social que esto ha representado y sigue representando.
Desde las Asambleas Mendocinas por el Agua sostienen su rechazo a la modificación de la ley, y sobre Sierra Pintada plantean que "es un importante foco de contaminación por sus pasivos ambientales", agregando que "existen pasivos ambientales que todavía no son remediados después de muchísimo tiempo y, pese a fallos judiciales, no se logra la remediación".
Las propias asambleas lanzaron un comunicado donde destacan que los intereses que se encuentran en juego son "los del pueblo de Mendoza, los de las generaciones presentes y futuras, los de quienes no quieren que las empresas megamineras nos saqueen, sequen y contaminen. Esos intereses son los que, esperamos, defienda la Corte Suprema cuando le toque decidir sobre la constitucionalidad de la ley 7.722".
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Fecha de Publicación: 09/12/2013
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Ante un nuevo intento de modificar la Ley provincial 7.722, se dejan ver los intereses de la reapertura de la mina uranífera en el departamento. Ante esto, las Asambleas del Agua de la provincia se manifiestan en estado de alerta y rechazan el pedido de inconstitucionalidad que debe analizar la Corte de Mendoza.
Días atrás hablábamos de los pedidos de inconstitucionalidad que se hicieron ante la justicia por la Ley de Minería, la 7.722 que prohíbe el uso de sustancias químicas en la extracción de minerales del suelo mendocino.
En este sentido, uno de los planteos de inconstitucionalidad fue lanzado por la APCNEAN (Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear), un espacio que nuclea a las empresas públicas y privadas que están en derredor de la energía atómica.
El pedido pide recuperar la actividad nuclear. El propio Guillermo Rojas, Secretario Gremial de la APCNEAN, dio declaraciones públicas en las que defendió a la actividad minera uranífera al sostener que "no es contaminante".
Detrás de esto, se puede observar un marcado interés por la reapertura de la mina de Sierra Pintada.
Fue Rojas quien habló públicamente (en declaraciones a MDZ) de Sierra Pintada, e hizo hincapié sobre controles y remediación en la mina, demostrando que -desde hace un tiempo- hay un renacer en las intenciones de reapertura de la mina sanrafaelina a pesar de la fuerte crítica social que esto ha representado y sigue representando.
Desde las Asambleas Mendocinas por el Agua sostienen su rechazo a la modificación de la ley, y sobre Sierra Pintada plantean que "es un importante foco de contaminación por sus pasivos ambientales", agregando que "existen pasivos ambientales que todavía no son remediados después de muchísimo tiempo y, pese a fallos judiciales, no se logra la remediación".
Las propias asambleas lanzaron un comunicado donde destacan que los intereses que se encuentran en juego son "los del pueblo de Mendoza, los de las generaciones presentes y futuras, los de quienes no quieren que las empresas megamineras nos saqueen, sequen y contaminen. Esos intereses son los que, esperamos, defienda la Corte Suprema cuando le toque decidir sobre la constitucionalidad de la ley 7.722".
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Proyecto de Ley de presupuestos mínimos para el Delta
Enviarán al Congreso un proyecto para regular el manejo del Delta
Fecha de Publicación: 09/12/2013
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mesopotamia
Tras un encuentro en Colón, el Consejo Federal de Medio Ambiente respaldó un proyecto que será enviado al Congreso de la Nación. La iniciativa busca establecer estándares sobre el manejo del Delta.
El Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) avaló el proyecto de ley de Presupuestos Mínimos del Plan Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la Región Delta del Paraná (Piecas), para que sea tratado en el Congreso de la Nación. Dicha legislación establece los estándares o cuestiones ambientales, de cumplimiento obligatorio, a tener en cuenta sobre el manejo del Delta. Esto se dio en el marco de la asamblea ordinaria del Cofema que se realizó en Colón.
Además, durante la asamblea se trabajó en la elaboración de un documento de actualización y reafirmación del Pacto Federal ambiental de 1993, y cuyos ejes centrales son el cambio climático, la biodiversidad, la jerarquización de las áreas de ambiente y el desarrollo sustentable, entre otros.
El secretario de Ambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo, destacó como uno de los aspectos más importantes de la reunión de Cofema la aprobación, mediante resolución, del proyecto de ley de Presupuestos Mínimos del Plan Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la Región Delta del Paraná (Piecas), organismo integrado por las autoridades ambientales de la Nación y las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.
“Para que este proyecto sea tratado en el Congreso de la Nación debía contar con la aprobación del Cofema”, explicó el secretario de Ambiente y agregó que “busca establecer los presupuestos mínimos de manejo del Delta”.
El funcionario precisó que “las leyes de presupuestos mínimos son leyes federales, de cumplimiento obligatorio, que tienen que ver con cuestiones ambientales y que se empezaron a trabajar luego de la sanción de la Ley General del Ambiente. Fijan los estándares mínimos a partir de los cuales cada jurisdicción puede legislar, pero siempre en base a dichos presupuestos aprobados por ley”.
“Esta no será una ley para toda la provincia sino sólo para la región del Delta”, sostuvo Raffo al tiempo que manifestó sus expectativas para que el proyecto sea tratado y aprobado en el corto tiempo y que permitirá “fortalecer este plan y le dará trascendencia en el tiempo, más allá de las gestiones de gobierno”.
El Piecas es el organismo compuesto por las autoridades ambientales de la Nación y las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, para trabajar en la gestión integrada de la conservación del ecosistema del Delta del río Paraná.
Por otra parte, hizo un balance positivo de la asamblea de Cofema y resaltó el hecho de que se haya realizado en el sitio Ramsar Palmar Yatay, el cual tiene “una significancia especial para Entre Ríos”.
“Nos interiorizamos de las experiencias exitosas que tienen otras provincias y establecimos contactos para recibir asesoramiento sobre temas que estamos empezando a manejar, como es el cambio climático, y sobre el cual hay provincias que han avanzado bastante y han implementado programas exitosos”, expresó Raffo.
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Fecha de Publicación: 09/12/2013
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mesopotamia
Tras un encuentro en Colón, el Consejo Federal de Medio Ambiente respaldó un proyecto que será enviado al Congreso de la Nación. La iniciativa busca establecer estándares sobre el manejo del Delta.
El Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) avaló el proyecto de ley de Presupuestos Mínimos del Plan Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la Región Delta del Paraná (Piecas), para que sea tratado en el Congreso de la Nación. Dicha legislación establece los estándares o cuestiones ambientales, de cumplimiento obligatorio, a tener en cuenta sobre el manejo del Delta. Esto se dio en el marco de la asamblea ordinaria del Cofema que se realizó en Colón.
Además, durante la asamblea se trabajó en la elaboración de un documento de actualización y reafirmación del Pacto Federal ambiental de 1993, y cuyos ejes centrales son el cambio climático, la biodiversidad, la jerarquización de las áreas de ambiente y el desarrollo sustentable, entre otros.
El secretario de Ambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo, destacó como uno de los aspectos más importantes de la reunión de Cofema la aprobación, mediante resolución, del proyecto de ley de Presupuestos Mínimos del Plan Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la Región Delta del Paraná (Piecas), organismo integrado por las autoridades ambientales de la Nación y las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.
“Para que este proyecto sea tratado en el Congreso de la Nación debía contar con la aprobación del Cofema”, explicó el secretario de Ambiente y agregó que “busca establecer los presupuestos mínimos de manejo del Delta”.
El funcionario precisó que “las leyes de presupuestos mínimos son leyes federales, de cumplimiento obligatorio, que tienen que ver con cuestiones ambientales y que se empezaron a trabajar luego de la sanción de la Ley General del Ambiente. Fijan los estándares mínimos a partir de los cuales cada jurisdicción puede legislar, pero siempre en base a dichos presupuestos aprobados por ley”.
“Esta no será una ley para toda la provincia sino sólo para la región del Delta”, sostuvo Raffo al tiempo que manifestó sus expectativas para que el proyecto sea tratado y aprobado en el corto tiempo y que permitirá “fortalecer este plan y le dará trascendencia en el tiempo, más allá de las gestiones de gobierno”.
El Piecas es el organismo compuesto por las autoridades ambientales de la Nación y las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, para trabajar en la gestión integrada de la conservación del ecosistema del Delta del río Paraná.
Por otra parte, hizo un balance positivo de la asamblea de Cofema y resaltó el hecho de que se haya realizado en el sitio Ramsar Palmar Yatay, el cual tiene “una significancia especial para Entre Ríos”.
“Nos interiorizamos de las experiencias exitosas que tienen otras provincias y establecimos contactos para recibir asesoramiento sobre temas que estamos empezando a manejar, como es el cambio climático, y sobre el cual hay provincias que han avanzado bastante y han implementado programas exitosos”, expresó Raffo.
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Río Negro: quieren mineras certificadas ambientalmente
Proponen que empresas mineras certifiquen ambientalmente sus trabajos
Fecha de Publicación: 08/12/2013
Fuente: ANB
Provincia/Región: Río Negro
El legislador Ricardo Ledo (UPRN) presentó en la Legislatura rionegrina un proyecto de ley para que las empresas dedicadas a la explotación de “minerales metalíferos, mediante el proceso hidrometalúrgico a base de cianuro”, cuenten obligatoriamente con la Certificación de su Sistema de Gestión de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
Ledo afirmó en los fundamentos que la iniciativa surge de la necesidad de resguardar los recursos naturales, sin renunciar a su utilización para el desarrollo de la comunidad, a raíz de la inminente sanción de la ley que creará el Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera y derogará la ley Q 3981.
“Proponemos instrumentar las normas que aseguren la protección del ambiente mediante el uso y el manejo de recursos en forma sustentable y que el resultado de los beneficios resulten equitativos para el desarrollo de nuestro pueblo”, aseguró.
El legislador señaló, en una gacetilla, que lo que preocupa principalmente es que la extracción de oro en Río Negro sea realice con métodos seguros para la salud de la población y el medio en el que se desarrolla.
“Conocemos las dificultades que acarrea la explotación de minerales metalíferos mediante procesos de lixiviación utilizando cianuro, pero también conocemos cómo en otros lugares de nuestro país y del mundo, este tipo de mecanismo resulta seguro con controles exhaustivos por parte del Estado y de organizaciones internacionales especializadas”, resaltó.
Las normas que propone la iniciativa son las establecidas por la Organización Internacional de Estandarización, conocidas como Normas ISO, que rigen para la comercialización de los productos y para que su utilización y forma de adquisición no atenten contra el medio ambiente.
Ledo explicó que el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), establecido en la ISO 14.001, forma parte de la Administración General de una organización y debe incluir planificación, responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos que le permitan desarrollarse, alcanzar, revisar y poner en práctica la política ambiental.
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Fecha de Publicación: 08/12/2013
Fuente: ANB
Provincia/Región: Río Negro
El legislador Ricardo Ledo (UPRN) presentó en la Legislatura rionegrina un proyecto de ley para que las empresas dedicadas a la explotación de “minerales metalíferos, mediante el proceso hidrometalúrgico a base de cianuro”, cuenten obligatoriamente con la Certificación de su Sistema de Gestión de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
Ledo afirmó en los fundamentos que la iniciativa surge de la necesidad de resguardar los recursos naturales, sin renunciar a su utilización para el desarrollo de la comunidad, a raíz de la inminente sanción de la ley que creará el Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera y derogará la ley Q 3981.
“Proponemos instrumentar las normas que aseguren la protección del ambiente mediante el uso y el manejo de recursos en forma sustentable y que el resultado de los beneficios resulten equitativos para el desarrollo de nuestro pueblo”, aseguró.
El legislador señaló, en una gacetilla, que lo que preocupa principalmente es que la extracción de oro en Río Negro sea realice con métodos seguros para la salud de la población y el medio en el que se desarrolla.
“Conocemos las dificultades que acarrea la explotación de minerales metalíferos mediante procesos de lixiviación utilizando cianuro, pero también conocemos cómo en otros lugares de nuestro país y del mundo, este tipo de mecanismo resulta seguro con controles exhaustivos por parte del Estado y de organizaciones internacionales especializadas”, resaltó.
Las normas que propone la iniciativa son las establecidas por la Organización Internacional de Estandarización, conocidas como Normas ISO, que rigen para la comercialización de los productos y para que su utilización y forma de adquisición no atenten contra el medio ambiente.
Ledo explicó que el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), establecido en la ISO 14.001, forma parte de la Administración General de una organización y debe incluir planificación, responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos que le permitan desarrollarse, alcanzar, revisar y poner en práctica la política ambiental.
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El embalse de Río Hondo con poca agua
Peligra la reserva hídrica del embalse
Fecha de Publicación: 08/12/2013
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
La escasa cantidad de agua almacenada en el embalse de Río Hondo, como consecuencia de la falta de precipitaciones en la cuenca Salí-Dulce, originó un importante déficit hídrico.
El embalse de Río Hondo, al día de la fecha, se encuentra en cota 268,25 msnm, lo que representa un volumen útil disponible de solamente 42 hm3.
Entre el caudal ecológico erogado para mantener el ecosistema en el cauce inferior del río y el caudal de aporte se registra un déficit de 0,6 hm3/día. Desde la Secretaría del Agua de la Provincia informaron que en los próximos días se deberá incrementar la erogación a unos 30 m3/seg para llenado de represas y abastecer de agua a la población, con lo que se consumirá el volumen de reserva almacenado.
En consideración a esta grave situación que podría presentarse, de no producirse precipitaciones importantes que alimenten al embalse de Río Hondo, se recomienda a la población, especialmente a las cooperativas, a los intendentes y a los comisionados municipales del interior, como también a los particulares, extremar las medidas para hacer un uso limitado del agua.
Cabe resaltar que una situación similar se presenta en el ámbito de la cuenca del río Salado.
Atento a la crisis hídrica, la Secretaría del Agua advirtió que las transgresiones por sustracción indebida de agua de los cauces o de las represas serán sancionadas con el máximo rigor.
Reunión de la FAAS
La fuerte sequía que afecta a vastas regiones productivas de la provincia será motivo de reunión entre los miembros de la Federación de Asociaciones Agropecuarias Santiagueñas (FAAS), el ministro de Producción de la Provincia, Ing. Luis Gelid y el subsecretario de la Producción, Ing. Pablo Moggio, quienes analizarán hoy desde el mediodía el proceso de la operatoria del decreto de emergencia agropecuaria que rige hasta agosto de 2014.
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Fecha de Publicación: 08/12/2013
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
La escasa cantidad de agua almacenada en el embalse de Río Hondo, como consecuencia de la falta de precipitaciones en la cuenca Salí-Dulce, originó un importante déficit hídrico.
El embalse de Río Hondo, al día de la fecha, se encuentra en cota 268,25 msnm, lo que representa un volumen útil disponible de solamente 42 hm3.
Entre el caudal ecológico erogado para mantener el ecosistema en el cauce inferior del río y el caudal de aporte se registra un déficit de 0,6 hm3/día. Desde la Secretaría del Agua de la Provincia informaron que en los próximos días se deberá incrementar la erogación a unos 30 m3/seg para llenado de represas y abastecer de agua a la población, con lo que se consumirá el volumen de reserva almacenado.
En consideración a esta grave situación que podría presentarse, de no producirse precipitaciones importantes que alimenten al embalse de Río Hondo, se recomienda a la población, especialmente a las cooperativas, a los intendentes y a los comisionados municipales del interior, como también a los particulares, extremar las medidas para hacer un uso limitado del agua.
Cabe resaltar que una situación similar se presenta en el ámbito de la cuenca del río Salado.
Atento a la crisis hídrica, la Secretaría del Agua advirtió que las transgresiones por sustracción indebida de agua de los cauces o de las represas serán sancionadas con el máximo rigor.
Reunión de la FAAS
La fuerte sequía que afecta a vastas regiones productivas de la provincia será motivo de reunión entre los miembros de la Federación de Asociaciones Agropecuarias Santiagueñas (FAAS), el ministro de Producción de la Provincia, Ing. Luis Gelid y el subsecretario de la Producción, Ing. Pablo Moggio, quienes analizarán hoy desde el mediodía el proceso de la operatoria del decreto de emergencia agropecuaria que rige hasta agosto de 2014.
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San Juan quiere aminorar el impacto de Pascua Lama
San Juan discute con Barrick la desaceleración de Pascua Lama
Fecha de Publicación: 07/12/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan
El vicegobernador se reunió con el presidente de la firma
El presidente de la junta de accionistas de la minera canadiense Barrick, John L. Thornton, se reunió ayer al mediodía con el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo de San Juan, Sergio Uñac, para ponerlo al tanto de la situación del proyecto binacional Pascua-Lama, la mayor inversión minera en marcha en la Argentina.
A fines de octubre, la empresa había informado desde Toronto que llevaría a cabo un programa de desaceleración del proyecto, debido a problemas con la iniciativa del lado chileno y dificultades financieras propias. "La desaceleración será llevada a cabo de forma que permita retomar el ritmo de la construcción de forma eficiente y efectiva cuando las condiciones lo justifiquen. Mientras tanto, la compañía actualizará y redefinirá las estimaciones de costos de capital y planificará el desarrollo pendiente del proyecto en distintas fases, con programas específicos, presupuestos y objetivos. Este esquema en fases también facilitará una planificación y ejecución más eficientes, una disposición más efectiva de capital y un control de costos mejorado", había dicho.
Aunque es poco lo que se informó acerca del encuentro, la reunión de ayer versó sobre el alcance de la desaceleración. Por un lado, el vicegobernador intentó incluir más obras dentro de las tareas por realizar que las que espera concretar la empresa.
Mediante un comunicado de prensa, la gobernación sostuvo que "la reunión de trabajo fue positiva con esfuerzos de ambas partes sobre la base del diálogo para encontrar mejores alternativas al desarrollo del proyecto". De todas maneras, las partes quedaron en volver a reunirse la semana próxima. Volverá a ser de la partida el propio Thornton, una de las máximas figuras de la compañía.
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Fecha de Publicación: 07/12/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan
El vicegobernador se reunió con el presidente de la firma
El presidente de la junta de accionistas de la minera canadiense Barrick, John L. Thornton, se reunió ayer al mediodía con el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo de San Juan, Sergio Uñac, para ponerlo al tanto de la situación del proyecto binacional Pascua-Lama, la mayor inversión minera en marcha en la Argentina.
A fines de octubre, la empresa había informado desde Toronto que llevaría a cabo un programa de desaceleración del proyecto, debido a problemas con la iniciativa del lado chileno y dificultades financieras propias. "La desaceleración será llevada a cabo de forma que permita retomar el ritmo de la construcción de forma eficiente y efectiva cuando las condiciones lo justifiquen. Mientras tanto, la compañía actualizará y redefinirá las estimaciones de costos de capital y planificará el desarrollo pendiente del proyecto en distintas fases, con programas específicos, presupuestos y objetivos. Este esquema en fases también facilitará una planificación y ejecución más eficientes, una disposición más efectiva de capital y un control de costos mejorado", había dicho.
Aunque es poco lo que se informó acerca del encuentro, la reunión de ayer versó sobre el alcance de la desaceleración. Por un lado, el vicegobernador intentó incluir más obras dentro de las tareas por realizar que las que espera concretar la empresa.
Mediante un comunicado de prensa, la gobernación sostuvo que "la reunión de trabajo fue positiva con esfuerzos de ambas partes sobre la base del diálogo para encontrar mejores alternativas al desarrollo del proyecto". De todas maneras, las partes quedaron en volver a reunirse la semana próxima. Volverá a ser de la partida el propio Thornton, una de las máximas figuras de la compañía.
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Riachuelo: 442 empresas reconvertidas
Ya son 442 las empresas reconvertidas de la Cuenca Matanza Riachuelo
Fecha de Publicación: 07/12/2013
Fuente: Portal bienurbano.com.ar
Provincia/Región: Riachuelo
Según datos de ACUMAR, ya hay 442 empresas reconvertidas tras haber terminado el Plan de Reconversión Industrial. Las empresas reconvertidas son las que modificaron sus modos de producción para dejar de contaminar, luego de haber sido declaradas agentes contaminantes por ACUMAR.
En la Cuenca Matanza Riachuelo ya hay 442 empresas que finalizaron el Plan de Reconversión Industrial (PRI) y dejaron de contaminar. Cabe recordar que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) es la encargada de fiscalizar e inspeccionar cada industria y procura que se cumpla la normativa ambiental. Para lograr este objetivo, cuenta con herramientas administrativas y el poder de policía que le permite declarar como Agente Contaminante a las empresas que superan los límites de vuelcos y descargas permitidas. También, tiene la capacidad de brindar asistencia técnica y financiera para que las empresas adecuen sus procesos productivos.
El proceso de fiscalización de las industrias consiste en inspeccionar las empresas evaluando los niveles de vuelcos industriales y permisos correspondientes. En dicho caso, de existir alguna irregularidad ACUMAR declara al establecimiento Agente Contaminante y lo intima a reconvertir sus procesos industriales, lo que implica en algunos casos contar con plantas de tratamiento de los efluentes industriales, y en otros, modificar el esquema de producción o los materiales que se utilizan para tal fin, para que el proceso deje de contaminar.
Una vez intimada, la industria indica al organismo cómo llevará a cabo la reconversión hacia una producción limpia a través de una propuesta técnica denominada Programa de Reconversión Industrial (PRI). Cuando la empresa finaliza el PRI, se realiza una nueva inspección en la que se controla que efectivamente haya dejado de contaminar y se la declara “reconvertida”.
La inversión privada para implementar estos cambios ya acumula más de 20 millones de pesos. La ACUMAR, por su parte, tiene un programa de financiamiento a través de aportes no reembolsables para que las empresas que no tengan posibilidades monetarias puedan reconvertirse. Además, este mismo plan contempla la asistencia técnica, a través de un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para desarrollar a nivel técnico los programas de reconversión, sin costo para las empresas.
ACUMAR lleva declaradas a 1.197 empresas como Agente Contaminantes, de ellas se encuentran clausuradas 282 establecimientos que deben presentar un plan para dejar de contaminar.
Además, 822 empresas cuentan con un PRI aprobado y 442 ya reconvirtieron sus procesos productivos y se ajustan a las normas ambientales impuestas por ACUMAR.
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Fecha de Publicación: 07/12/2013
Fuente: Portal bienurbano.com.ar
Provincia/Región: Riachuelo
Según datos de ACUMAR, ya hay 442 empresas reconvertidas tras haber terminado el Plan de Reconversión Industrial. Las empresas reconvertidas son las que modificaron sus modos de producción para dejar de contaminar, luego de haber sido declaradas agentes contaminantes por ACUMAR.
En la Cuenca Matanza Riachuelo ya hay 442 empresas que finalizaron el Plan de Reconversión Industrial (PRI) y dejaron de contaminar. Cabe recordar que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) es la encargada de fiscalizar e inspeccionar cada industria y procura que se cumpla la normativa ambiental. Para lograr este objetivo, cuenta con herramientas administrativas y el poder de policía que le permite declarar como Agente Contaminante a las empresas que superan los límites de vuelcos y descargas permitidas. También, tiene la capacidad de brindar asistencia técnica y financiera para que las empresas adecuen sus procesos productivos.
El proceso de fiscalización de las industrias consiste en inspeccionar las empresas evaluando los niveles de vuelcos industriales y permisos correspondientes. En dicho caso, de existir alguna irregularidad ACUMAR declara al establecimiento Agente Contaminante y lo intima a reconvertir sus procesos industriales, lo que implica en algunos casos contar con plantas de tratamiento de los efluentes industriales, y en otros, modificar el esquema de producción o los materiales que se utilizan para tal fin, para que el proceso deje de contaminar.
Una vez intimada, la industria indica al organismo cómo llevará a cabo la reconversión hacia una producción limpia a través de una propuesta técnica denominada Programa de Reconversión Industrial (PRI). Cuando la empresa finaliza el PRI, se realiza una nueva inspección en la que se controla que efectivamente haya dejado de contaminar y se la declara “reconvertida”.
La inversión privada para implementar estos cambios ya acumula más de 20 millones de pesos. La ACUMAR, por su parte, tiene un programa de financiamiento a través de aportes no reembolsables para que las empresas que no tengan posibilidades monetarias puedan reconvertirse. Además, este mismo plan contempla la asistencia técnica, a través de un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para desarrollar a nivel técnico los programas de reconversión, sin costo para las empresas.
ACUMAR lleva declaradas a 1.197 empresas como Agente Contaminantes, de ellas se encuentran clausuradas 282 establecimientos que deben presentar un plan para dejar de contaminar.
Además, 822 empresas cuentan con un PRI aprobado y 442 ya reconvirtieron sus procesos productivos y se ajustan a las normas ambientales impuestas por ACUMAR.
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Mendoza resiste la ley 7722
Estado de situación de la ley 7722
Fecha de Publicación: 06/12/2013
Fuente: UAC
Provincia/Región: Mendoza
Tras años de idas y vueltas, acumulación de pruebas y alegatos la Suprema Corte de Justicia publicó, en el día de la fecha, su decisión de acumular los diez pedidos de inconstitucionalidad de la ley 7722 y resolver sobre el tema en pleno. Es decir, todas las causas serán tratadas en conjunto y serán los siete jueces de la Corte quienes decidan sobre el tema. Este es un hito importante, ya que éste fue una de las demandas que las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, contando con el aval de 36.000 firmas reunidas en menos de un mes, presentó a la Corte en varias oportunidades.
En la recomendación que el procurador hiciera a la Corte semanas atrás éste solicitaba “considerar la convocatoria al llamado de Tribunal Pleno atento la relevancia y trascendencia de los intereses en juego que han ocasionado las controversias”. En la resolución de la Corte hoy publicada se señala que “…el análisis y decisión de la validez constitucionalidad de la ley 7.722 importa el tratamiento de intereses que trascienden los de las partes, encontrándose en juego bienes y valores colectivos…”. Nos preguntamos: ¿Qué otros intereses hay en juego? Y respondemos: los del pueblo de Mendoza, los de las generaciones presentes y futuras, los de quienes no quieren que las empresas megamineras nos saqueen, sequen y contaminen. Esos intereses son los que, esperamos, defienda la Corte Suprema cuando le toque decidir sobre la constitucionalidad de la ley 7722.
Mientras tanto, seguiremos movilizados, organizándonos e informándonos acerca de la megaminería y otros temas de “interés colectivo”. Apoyamos la iniciativa de la Corte de convocar a audiencias públicas en temas que revistan interés institucional o que excedan el interés de las partes intervinientes y exigimos que esas instancia de participación sean realmente abiertas, populares y que pueda participar en ellas toda la ciudadanía. Desde ya y como siempre nos ponemos a disposición de quien quiera escuchar nuestra voz firme y clara en defensa de nuestra tierra, nuestra agua y nuestros bienes comunes.
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Fecha de Publicación: 06/12/2013
Fuente: UAC
Provincia/Región: Mendoza
Tras años de idas y vueltas, acumulación de pruebas y alegatos la Suprema Corte de Justicia publicó, en el día de la fecha, su decisión de acumular los diez pedidos de inconstitucionalidad de la ley 7722 y resolver sobre el tema en pleno. Es decir, todas las causas serán tratadas en conjunto y serán los siete jueces de la Corte quienes decidan sobre el tema. Este es un hito importante, ya que éste fue una de las demandas que las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, contando con el aval de 36.000 firmas reunidas en menos de un mes, presentó a la Corte en varias oportunidades.
En la recomendación que el procurador hiciera a la Corte semanas atrás éste solicitaba “considerar la convocatoria al llamado de Tribunal Pleno atento la relevancia y trascendencia de los intereses en juego que han ocasionado las controversias”. En la resolución de la Corte hoy publicada se señala que “…el análisis y decisión de la validez constitucionalidad de la ley 7.722 importa el tratamiento de intereses que trascienden los de las partes, encontrándose en juego bienes y valores colectivos…”. Nos preguntamos: ¿Qué otros intereses hay en juego? Y respondemos: los del pueblo de Mendoza, los de las generaciones presentes y futuras, los de quienes no quieren que las empresas megamineras nos saqueen, sequen y contaminen. Esos intereses son los que, esperamos, defienda la Corte Suprema cuando le toque decidir sobre la constitucionalidad de la ley 7722.
Mientras tanto, seguiremos movilizados, organizándonos e informándonos acerca de la megaminería y otros temas de “interés colectivo”. Apoyamos la iniciativa de la Corte de convocar a audiencias públicas en temas que revistan interés institucional o que excedan el interés de las partes intervinientes y exigimos que esas instancia de participación sean realmente abiertas, populares y que pueda participar en ellas toda la ciudadanía. Desde ya y como siempre nos ponemos a disposición de quien quiera escuchar nuestra voz firme y clara en defensa de nuestra tierra, nuestra agua y nuestros bienes comunes.
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Acumar evalúa la salud de 4.500 chicos en el Riachuelo
Más de 4.500 chicos menores de 6 fueron evaluados por ACUMAR
Fecha de Publicación: 06/12/2013
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo
Profesionales de salud evaluaron a chicos para saber cuál es su situación nutricional, el crecimiento físico y el desarrollo infantil de los chicos.
En el marco de la Encuesta Integral de Salud en Áreas de Riesgo (EISAR), profesionales de ACUMAR evaluaron a 4563 niños menores de 6 años para saber cuál es la situación nutricional, el crecimiento físico y el desarrollo infantil de los chicos.
La EISAR se realizó en el barrio de ACUBA, en Lanús, en la villa 21 24 de Barracas, en La Matanza, en Villa Inflamable, de Avellaneda y en Villa Lamadrid, en Lomas de Zamora y se listó a 14.238 viviendas.
Los profesionales, entre médicos toxicológicos, psicólogos, nutricionistas, terapistas ocupacionales, sociólogos, antropólogos y pediatras, evaluaron también 328 embarazadas y 1086 adultos mayores.
El objetivo es desarrollar políticas públicas en base a datos reales surgidos a través de la intervención de equipos profesionales en las zonas de riesgo. El estudio midió el impacto que el Riachuelo tiene en la vida de las personas, a través de una red sanitaria para controlar el riesgo de salud en estas zonas de riesgo ambiental.
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Fecha de Publicación: 06/12/2013
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo
Profesionales de salud evaluaron a chicos para saber cuál es su situación nutricional, el crecimiento físico y el desarrollo infantil de los chicos.
En el marco de la Encuesta Integral de Salud en Áreas de Riesgo (EISAR), profesionales de ACUMAR evaluaron a 4563 niños menores de 6 años para saber cuál es la situación nutricional, el crecimiento físico y el desarrollo infantil de los chicos.
La EISAR se realizó en el barrio de ACUBA, en Lanús, en la villa 21 24 de Barracas, en La Matanza, en Villa Inflamable, de Avellaneda y en Villa Lamadrid, en Lomas de Zamora y se listó a 14.238 viviendas.
Los profesionales, entre médicos toxicológicos, psicólogos, nutricionistas, terapistas ocupacionales, sociólogos, antropólogos y pediatras, evaluaron también 328 embarazadas y 1086 adultos mayores.
El objetivo es desarrollar políticas públicas en base a datos reales surgidos a través de la intervención de equipos profesionales en las zonas de riesgo. El estudio midió el impacto que el Riachuelo tiene en la vida de las personas, a través de una red sanitaria para controlar el riesgo de salud en estas zonas de riesgo ambiental.
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En Córdoba aparecen los conflictos por el agua
En la sierra argentina crecen señales de una guerra por el agua
Fecha de Publicación: 06/12/2013
Fuente: IPS
Provincia/Región: Córdoba
Con pocas perspectivas de solución a corto plazo, la central provincia argentina de Córdoba comienza a vivir lo que parece un argumento futurista: falta de agua en los grifos, racionamientos, denuncias entre vecinos y esperar a que llueva.
El problema se extiende por toda la provincia, pero es más evidente en su zona más habitada, la capital del mismo nombre, el área de Sierras Chicas y el sur de Punilla.
Allí, cuando las lluvias escasean, baja el nivel de los embalses que surten de agua.
Algunos municipios serranos apelan al racionamiento, como Río Ceballos, una localidad de 30.000 habitantes, a 30 kilómetros al norte de la capital.
El embalse del Dique La Quebrada, que lo abastece de agua, alcanzó el nivel más bajo de su historia, con 13,5 metros por debajo de la cota de desagüe. La intendencia (alcaldía) estableció cortes programados de suministro de 12 horas, dos veces por semana.
“Es algo que se veía venir”, contó a IPS uno de los vecinos, Omar Vergara, quien tiene una colección de baldes distribuidos por el patio de su vivienda, para recolectar agua de lluvia y usarla para regar las plantas y limpiar los pisos.
Como otros, lava su automóvil “solo a baldazos” y reutiliza el agua “menos sucia” de su lavadora y deja la potable para beber y cocinar. Mientras, regar con manguera las aceras provoca denuncias entre vecinos.
El agua se paga más a mayor consumo. Pero aún así está mal visto, por ejemplo, llenar las piscinas de esta pequeña y apacible ciudad, a la que llegaron a vivir muchos antiguos residentes de la cercana Córdoba, por su aire puro y mejor calidad de vida.
Una línea telefónica de 24 horas recibe denuncias sobre “derroches de agua”.
La Cooperativa de Obras y Servicios Río Ceballos distribuye el agua residencial y también contribuye a concienciar sobre su ahorro.
Su gerente, Miguel Martinesi, explicó a IPS que el consumo por persona bajó de 270 a 170 litros diarios, mientras en la capital provincial es de 400 por habitante.
“Hay un control permanente. Los vecinos se alertan: no riegues, no laves el auto, la vereda (acera)”, subrayó.
“Vivimos una situación de emergencia” desde 2005, puntualizó a IPS el intendente de Río Ceballos, Sergio Spicogna, quien atribuye la crisis hídrica a la disminución de las lluvias y un crecimiento explosivo de la población, tras la construcción de una nueva autovía que une el municipio con Córdoba.
Antes, ese dique situado a apenas siete kilómetros de la localidad, abastecía también a dos municipios vecinos, Unquillo y Mendiolaza, con 40.000 habitantes en conjunto, “lo que hacía mucho más problemática la situación”, según el intendente.
Pero se hizo un trasvase desde el embalse que abastece la capital, el Dique San Roque, y desde allí reciben agua las dos localidades, mediante un acueducto de 30 kilómetros, que se planea extender hasta Río Ceballos.
Las autoridades provinciales proyectan otras alternativas de abastecimiento a la capital cordobesa, para que el excedente de San Roque fluya a Sierras Chicas.
Pero, explicó Spicogna, son planes muy costosos y dependen de “una sinergia” entre los municipios, la provincia y la nación.
Además, según el director de la organización ambientalista Proyecto de Conservación y Reforestación de las Sierras de Córdoba, Ricardo Suárez, el rompecabezas de los trasvases no es la solución.
“Traer agua del Dique San Roque es un problema porque, si bien es mayor que el de La Quebrada, también está por debajo de su cota normal y con una población para abastecer mucho más grande, que va a seguir creciendo”, explicó.
“Las obras siempre se hicieron tarde, el consumo es mucho mayor que las obras que se hacen, y la naturaleza tiene un límite”, planteó.
En la provincia de Córdoba, la segunda más poblada de Argentina, el promedio anual pluvial es de 779 milímetros y la disminución del bosque nativo aumentó la evaporación del agua de lluvia, por falta de masa forestal que la retenga.
Poco a poco, “este sistema semiárido se ha transformado casi en árido, con la tendencia a un desierto. Sabemos muy bien que una de las características de un desierto es carecer de agua”, alertó Suárez.
Córdoba tiene la mayor deforestación de Argentina. Solo queda cinco por ciento de los 12 millones de hectáreas de bosque nativo que la provincia tenía a principios del siglo XX.
Los incendios ocurridos entre agosto y septiembre devoraron 40.000 hectáreas más, la mayoría en bosques y pastizales serranos.
“Entre 1998 y 2002, se deforestó en Córdoba el equivalente a 67 canchas de fútbol por día, una cifra aterradora”, dijo a IPS el presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente, Raúl Montenegro.
El fuego y la tala indiscriminada empeoraron el funcionamiento de sus principales cuencas hídricas. “Colapsaron las fábricas de agua”, sintetizó el biólogo.
La “aceleración más violenta” de la tala se produjo en los años 90 y coincidió con la introducción de cultivos transgénicos (genéticamente modificados) de soja, maíz y algodón, entre otros, que a su vez también impulsaron el consumo de agua, dijo Montenegro.
“Para producir un kilogramo de grano de soja se requiere que pasen por su planta entre 1.500 y 2.000 litros de agua, y en tierras áridas más”, ejemplificó.
“Muchos creen que la mayor parte de la superficie de la provincia puede dedicarse a la agricultura, la ganadería y la plantación de árboles exóticos, y que los diminutos parques y reservas creados por los gobiernos son suficientes para conservar nuestros ambientes nativos”, cuestionó.
“Es dramáticamente falso. No hay futuro ni estabilidad ambiental sin la coexistencia equilibrada de ambientes naturales y productivos”, concluyó.
La construcción de barrios cerrados, industrias y grandes complejos turísticos, impulsa también la deforestación de la provincia, que aporta ocho por ciento del producto bruto argentino.
Por eso, para Suárez la solución es un agresivo plan de reforestación y no solo nuevas obras.
“El Dique La Quebrada se va a secar, es irreversible, porque la cuenca está deforestada (en 85 por ciento). Los suelos están casi totalmente expuestos”, sostuvo.
La organización de Suárez reforestó, con voluntarios y casi sin recursos, 40 hectáreas de bosque nativo. Se tardó 14 años. “Si los planes de reforestación fueran sistemáticos, hoy la sierra sería un gran bosque nativo”, comparó.
Martinesi agrega otras soluciones. “Tenemos que definir qué zonas queremos que crezcan, para poderles brindar la infraestructura necesaria, y cuáles no queremos dejar crecer”, sostuvo. Si no, “el problema será grave” a mediano plazo, advirtió.
El responsable del suministro de agua a Río Ceballos considera que los cambios climáticos incidieron en la crisis hídrica, con prolongados períodos de sequía, agravados por la degradación del ecosistema.
“Pero deberíamos resolver el tema de la infraestructura, ordenar el crecimiento, aprovechar bien las fuentes, para entonces poder decir que estamos complicados por la falta de lluvias”, argumentó.
“Esperar que una región crezca dependiendo de las lluvias es irresponsable”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 06/12/2013
Fuente: IPS
Provincia/Región: Córdoba
Con pocas perspectivas de solución a corto plazo, la central provincia argentina de Córdoba comienza a vivir lo que parece un argumento futurista: falta de agua en los grifos, racionamientos, denuncias entre vecinos y esperar a que llueva.
El problema se extiende por toda la provincia, pero es más evidente en su zona más habitada, la capital del mismo nombre, el área de Sierras Chicas y el sur de Punilla.
Allí, cuando las lluvias escasean, baja el nivel de los embalses que surten de agua.
Algunos municipios serranos apelan al racionamiento, como Río Ceballos, una localidad de 30.000 habitantes, a 30 kilómetros al norte de la capital.
El embalse del Dique La Quebrada, que lo abastece de agua, alcanzó el nivel más bajo de su historia, con 13,5 metros por debajo de la cota de desagüe. La intendencia (alcaldía) estableció cortes programados de suministro de 12 horas, dos veces por semana.
“Es algo que se veía venir”, contó a IPS uno de los vecinos, Omar Vergara, quien tiene una colección de baldes distribuidos por el patio de su vivienda, para recolectar agua de lluvia y usarla para regar las plantas y limpiar los pisos.
Como otros, lava su automóvil “solo a baldazos” y reutiliza el agua “menos sucia” de su lavadora y deja la potable para beber y cocinar. Mientras, regar con manguera las aceras provoca denuncias entre vecinos.
El agua se paga más a mayor consumo. Pero aún así está mal visto, por ejemplo, llenar las piscinas de esta pequeña y apacible ciudad, a la que llegaron a vivir muchos antiguos residentes de la cercana Córdoba, por su aire puro y mejor calidad de vida.
Una línea telefónica de 24 horas recibe denuncias sobre “derroches de agua”.
La Cooperativa de Obras y Servicios Río Ceballos distribuye el agua residencial y también contribuye a concienciar sobre su ahorro.
Su gerente, Miguel Martinesi, explicó a IPS que el consumo por persona bajó de 270 a 170 litros diarios, mientras en la capital provincial es de 400 por habitante.
“Hay un control permanente. Los vecinos se alertan: no riegues, no laves el auto, la vereda (acera)”, subrayó.
“Vivimos una situación de emergencia” desde 2005, puntualizó a IPS el intendente de Río Ceballos, Sergio Spicogna, quien atribuye la crisis hídrica a la disminución de las lluvias y un crecimiento explosivo de la población, tras la construcción de una nueva autovía que une el municipio con Córdoba.
Antes, ese dique situado a apenas siete kilómetros de la localidad, abastecía también a dos municipios vecinos, Unquillo y Mendiolaza, con 40.000 habitantes en conjunto, “lo que hacía mucho más problemática la situación”, según el intendente.
Pero se hizo un trasvase desde el embalse que abastece la capital, el Dique San Roque, y desde allí reciben agua las dos localidades, mediante un acueducto de 30 kilómetros, que se planea extender hasta Río Ceballos.
Las autoridades provinciales proyectan otras alternativas de abastecimiento a la capital cordobesa, para que el excedente de San Roque fluya a Sierras Chicas.
Pero, explicó Spicogna, son planes muy costosos y dependen de “una sinergia” entre los municipios, la provincia y la nación.
Además, según el director de la organización ambientalista Proyecto de Conservación y Reforestación de las Sierras de Córdoba, Ricardo Suárez, el rompecabezas de los trasvases no es la solución.
“Traer agua del Dique San Roque es un problema porque, si bien es mayor que el de La Quebrada, también está por debajo de su cota normal y con una población para abastecer mucho más grande, que va a seguir creciendo”, explicó.
“Las obras siempre se hicieron tarde, el consumo es mucho mayor que las obras que se hacen, y la naturaleza tiene un límite”, planteó.
En la provincia de Córdoba, la segunda más poblada de Argentina, el promedio anual pluvial es de 779 milímetros y la disminución del bosque nativo aumentó la evaporación del agua de lluvia, por falta de masa forestal que la retenga.
Poco a poco, “este sistema semiárido se ha transformado casi en árido, con la tendencia a un desierto. Sabemos muy bien que una de las características de un desierto es carecer de agua”, alertó Suárez.
Córdoba tiene la mayor deforestación de Argentina. Solo queda cinco por ciento de los 12 millones de hectáreas de bosque nativo que la provincia tenía a principios del siglo XX.
Los incendios ocurridos entre agosto y septiembre devoraron 40.000 hectáreas más, la mayoría en bosques y pastizales serranos.
“Entre 1998 y 2002, se deforestó en Córdoba el equivalente a 67 canchas de fútbol por día, una cifra aterradora”, dijo a IPS el presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente, Raúl Montenegro.
El fuego y la tala indiscriminada empeoraron el funcionamiento de sus principales cuencas hídricas. “Colapsaron las fábricas de agua”, sintetizó el biólogo.
La “aceleración más violenta” de la tala se produjo en los años 90 y coincidió con la introducción de cultivos transgénicos (genéticamente modificados) de soja, maíz y algodón, entre otros, que a su vez también impulsaron el consumo de agua, dijo Montenegro.
“Para producir un kilogramo de grano de soja se requiere que pasen por su planta entre 1.500 y 2.000 litros de agua, y en tierras áridas más”, ejemplificó.
“Muchos creen que la mayor parte de la superficie de la provincia puede dedicarse a la agricultura, la ganadería y la plantación de árboles exóticos, y que los diminutos parques y reservas creados por los gobiernos son suficientes para conservar nuestros ambientes nativos”, cuestionó.
“Es dramáticamente falso. No hay futuro ni estabilidad ambiental sin la coexistencia equilibrada de ambientes naturales y productivos”, concluyó.
La construcción de barrios cerrados, industrias y grandes complejos turísticos, impulsa también la deforestación de la provincia, que aporta ocho por ciento del producto bruto argentino.
Por eso, para Suárez la solución es un agresivo plan de reforestación y no solo nuevas obras.
“El Dique La Quebrada se va a secar, es irreversible, porque la cuenca está deforestada (en 85 por ciento). Los suelos están casi totalmente expuestos”, sostuvo.
La organización de Suárez reforestó, con voluntarios y casi sin recursos, 40 hectáreas de bosque nativo. Se tardó 14 años. “Si los planes de reforestación fueran sistemáticos, hoy la sierra sería un gran bosque nativo”, comparó.
Martinesi agrega otras soluciones. “Tenemos que definir qué zonas queremos que crezcan, para poderles brindar la infraestructura necesaria, y cuáles no queremos dejar crecer”, sostuvo. Si no, “el problema será grave” a mediano plazo, advirtió.
El responsable del suministro de agua a Río Ceballos considera que los cambios climáticos incidieron en la crisis hídrica, con prolongados períodos de sequía, agravados por la degradación del ecosistema.
“Pero deberíamos resolver el tema de la infraestructura, ordenar el crecimiento, aprovechar bien las fuentes, para entonces poder decir que estamos complicados por la falta de lluvias”, argumentó.
“Esperar que una región crezca dependiendo de las lluvias es irresponsable”, concluyó.
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Chau Mussi ... Hola Judis
Cambios en Medio Ambiente
Fecha de Publicación: 05/12/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Juan José Mussi dejará la secretaría para jurar hoy como legislador bonaerense. Según las versiones que circulaban ayer, el cargo lo ocupará Omar Judis, actual ministro de Infraestructura en Chaco.
Juan José Mussi dejará la Secretaría de Medio Ambiente para asumir como diputado en la provincia de Buenos Aires. En su reemplazo todo indicaba que sería designado el actual ministro de Infraestructura del Chaco, Omar Judis, un hombre del jefe de Gabinete Jorge Capitanich, aunque la versión no era confirmada por la Casa Rosada.
Otros de los nombres que circulaban para ocupar el cargo son el del ex senador Daniel Filmus y el del correntino Carlos Mauricio “Camau” Espínola, intendente saliente de la capital provincial.
Judis es ingeniero y fue ministro de Infraestructura, Obras y Servicios y Medio Ambiente de Capitanich durante los últimos seis años. También es rector –con licencia– de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Su mudanza a Buenos Aires para sumarse al gobierno nacional venía siendo comentada desde la semana pasada en el Chaco, donde Judis se estaba preparando para presentarse como candidato a intendente de Sáenz Peña.
La salida de Mussi, que era secretario de Medio Ambiente desde 2010, cuando reemplazó a Homero Bibiloni, se da en medio de los cambios de gabinete decididos tras la vuelta a la actividad de la presidenta Cristina Kirchner, por los que dejaron el gobierno Juan Manuel Abal Medina, Hernán Lorenzino, Norberto Yauhar, Guillermo Moreno y Arturo Puricelli. El ex intendente de Berazategui y dirigente del peronismo bonaerense confirmó su dimisión en la Casa Rosada, después de mantener una reunión con el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. Mussi jurará hoy su banca en La Plata para asumir como diputado bonaerense.
“El lunes voy a hacer efectiva la renuncia, cuando corresponda, hasta el 10 (de diciembre) estoy. Al día siguiente recién asumo como diputado”, declaró ayer. Agregó que su rol será el de “diputado raso, soldado, identificado con el proyecto y tratando de aportarle como sea”.
El recambio se definió luego de que Capitanich y el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, se reunieran para tratar, entre otras cosas, la financiación para las obras de saneamiento del Riachuelo, uno de los principales temas en la agenda de la Secretaría de Medio Ambiente.
El saneamiento de la cuenca Riachuelo-Matanza fue ordenado hace cinco años por un histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia. Si bien se ha avanzado en los trabajos de limpieza, el proceso de remediación de las zonas contaminadas, traslado de las poblaciones afectadas y reconversión de las empresas es lento y complejo.
El mes pasado, el Riachuelo fue incluido “entre los diez lugares más contaminados del mundo” en un informe de la organización ambientalista Blacksmith Institute y la Cruz Verde Suiza. Sin embargo, Mussi rechazó la veracidad del informe, que aseguró fue confeccionado con información “vieja”. En ese sentido, el ahora secretario saliente aseguró que ya se está “en un cincuenta por ciento aproximadamente de la solución del problema”, y detalló que en la cuenca están instaladas “15 mil industrias, de las cuales contaminan 1200”.
Otro tema en la agenda de la secretaría es el de la pastera UPM-Botnia, que recientemente tuvo otro cimbronazo con la autorización que otorgó el presidente uruguayo, José Mujica, para que la planta aumente su producción. Aunque toda la negociación diplomática está a cargo de la Cancillería, Medio Ambiente ha tenido injerencia en los estudios que se realizaron.
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Fecha de Publicación: 05/12/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Juan José Mussi dejará la secretaría para jurar hoy como legislador bonaerense. Según las versiones que circulaban ayer, el cargo lo ocupará Omar Judis, actual ministro de Infraestructura en Chaco.
Juan José Mussi dejará la Secretaría de Medio Ambiente para asumir como diputado en la provincia de Buenos Aires. En su reemplazo todo indicaba que sería designado el actual ministro de Infraestructura del Chaco, Omar Judis, un hombre del jefe de Gabinete Jorge Capitanich, aunque la versión no era confirmada por la Casa Rosada.
Otros de los nombres que circulaban para ocupar el cargo son el del ex senador Daniel Filmus y el del correntino Carlos Mauricio “Camau” Espínola, intendente saliente de la capital provincial.
Judis es ingeniero y fue ministro de Infraestructura, Obras y Servicios y Medio Ambiente de Capitanich durante los últimos seis años. También es rector –con licencia– de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Su mudanza a Buenos Aires para sumarse al gobierno nacional venía siendo comentada desde la semana pasada en el Chaco, donde Judis se estaba preparando para presentarse como candidato a intendente de Sáenz Peña.
La salida de Mussi, que era secretario de Medio Ambiente desde 2010, cuando reemplazó a Homero Bibiloni, se da en medio de los cambios de gabinete decididos tras la vuelta a la actividad de la presidenta Cristina Kirchner, por los que dejaron el gobierno Juan Manuel Abal Medina, Hernán Lorenzino, Norberto Yauhar, Guillermo Moreno y Arturo Puricelli. El ex intendente de Berazategui y dirigente del peronismo bonaerense confirmó su dimisión en la Casa Rosada, después de mantener una reunión con el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. Mussi jurará hoy su banca en La Plata para asumir como diputado bonaerense.
“El lunes voy a hacer efectiva la renuncia, cuando corresponda, hasta el 10 (de diciembre) estoy. Al día siguiente recién asumo como diputado”, declaró ayer. Agregó que su rol será el de “diputado raso, soldado, identificado con el proyecto y tratando de aportarle como sea”.
El recambio se definió luego de que Capitanich y el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, se reunieran para tratar, entre otras cosas, la financiación para las obras de saneamiento del Riachuelo, uno de los principales temas en la agenda de la Secretaría de Medio Ambiente.
El saneamiento de la cuenca Riachuelo-Matanza fue ordenado hace cinco años por un histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia. Si bien se ha avanzado en los trabajos de limpieza, el proceso de remediación de las zonas contaminadas, traslado de las poblaciones afectadas y reconversión de las empresas es lento y complejo.
El mes pasado, el Riachuelo fue incluido “entre los diez lugares más contaminados del mundo” en un informe de la organización ambientalista Blacksmith Institute y la Cruz Verde Suiza. Sin embargo, Mussi rechazó la veracidad del informe, que aseguró fue confeccionado con información “vieja”. En ese sentido, el ahora secretario saliente aseguró que ya se está “en un cincuenta por ciento aproximadamente de la solución del problema”, y detalló que en la cuenca están instaladas “15 mil industrias, de las cuales contaminan 1200”.
Otro tema en la agenda de la secretaría es el de la pastera UPM-Botnia, que recientemente tuvo otro cimbronazo con la autorización que otorgó el presidente uruguayo, José Mujica, para que la planta aumente su producción. Aunque toda la negociación diplomática está a cargo de la Cancillería, Medio Ambiente ha tenido injerencia en los estudios que se realizaron.
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