Piden un organismo que controle la cuenca Salí-Dulce
19:17 | 
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Solicitan la creación de un ente de control de la cuenca
Fecha de Publicación: 07/11/2013
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Nacional
Se propone involucrar la participación social en todas las tareas de gestión sobre los ríos.
La experiencia de participación de la Defensoría del Pueblo de la Nación en problemáticas vinculadas a las cuencas hídricas del país trajo aparejado cambios sustanciales en la merma de la contaminación industrial. Así lo hizo saber a Nuevo Diario Leandro García Silva, integrante del equipo técnico de la Defensoría, quien consideró necesario reactivar un plan integral para la recuperación ambiental de la cuenca Salí-Dulce, propuesta que hizo pública durante su participación en el simposio titulado “El abordaje multidisciplinario de las problemáticas ambientales de cuencas: los casos Matanza-Riachuelo y Salí-Dulce”, realizado ayer en la UNSE.
Asimismo, planteó la creación de un nuevo ente que contemple la integralidad ambiental de la cuenca hídrica de la que es parte Santiago.
–ND: ¿Cuál fue la experiencia impulsada en la cuenca Matanza-Riachuelo?
–GS: Antes de la sentencia de la Corte Suprema organizamos una serie de informes que permitieron describir el estado de la cuenca, junto a la participación de organizaciones civiles y las universidades, para poder hacer un diagnóstico participativo, que permitió tanto a terceros y a la Defensoría a participar ante la Corte. Hoy, después de la sentencia del máximo tribunal, coordinamos un cuerpo colegiado que tiene como función controlar que se cumpla con la sentencia que condenó al Estado nacional y a la Provincia de Buenos Aires a llevar adelante un plan integral para la recuperación ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo.
–ND: ¿Y de qué manera puede ser útil este trabajo en la cuenca Salí-Dulce?
–GS: La Defensoría del Pueblo de la Nación tiene un trabajo muy activo junto con la de Santiago en el seguimiento del cumplimiento del acuerdo tripartito, en pos de llevar adelante un plan de gestión y reconversión industrial para evitar vuelcos en el río Salí y que afecten a Santiago. La experiencia del Riachuelo puede servir para la intervención en la región, ya que el defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, expresó que es necesario crear una autoridad de cuenca para el Salí-Dulce, un proceso que está marcha, aunque sabemos que existe el Comité de Cuenca, pero es necesario la participación no sólo de todas las provincias que comparten la cuenca, sino también involucrar la participación del Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación y la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación.
–ND: ¿Un organismo paralelo al desarrollado por el Comité de Cuenca?
–GS: En realidad forma parte de un acuerdo que todavía no se ha institucionalizado y funcionará en forma permanente, tendrá competencias para regular todas las actividades en la cuenca, incluyendo la participación de la sociedad. Sería una experiencia similar al aplicado en la Matanza-Riachuelo, un camino necesario a recorrer, porque es necesario garantizar en todo el procedimiento la participación de la ciudadanía.
–ND: ¿Cómo se instrumentaría el trabajo de este ente?
–GS: En todas las cuencas interjurisdiccionales debe existir un comité y diseñar competencias para tomar definiciones en lo que deben hacer las provincias en concurso con la Nación. Por supuesto que ya hay un antecedente con el Comité de Cuenca Salí-Dulce, pero la Defensoría impulsa que se avance en la institucionalización de una autoridad de cuenca con los poderes suficientes como para poder regular toda las actividades, no sólo las de las industrias, sino los vuelcos de la actividad agropecuaria y demás factores que afecten el ecosistema de este sistema hídrico.
Adoptar una iniciativa de solución
Leandro García Silva explicó el caso de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), organismo creado por una ley nacional a la cual adhirieron las provincias de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Creemos que Santiago y las provincias que integran la cuenca pueden adoptar un camino similar posible, que debería hacerse en el marco de un acuerdo interjurisdiccional, como exige la ley nacional de agua y la ley de presupuestos mínimos para la gestión integral del agua”, explicó.
Destacó los esfuerzos impulsados por el defensor del Pueblo de la provincia, Martín Díaz Achával, “con monitoreos en rios e inspecciones en los ingenios, solicitando la definitiva reconversión industrial de las empresas de Tucumán”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 07/11/2013
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Nacional
Se propone involucrar la participación social en todas las tareas de gestión sobre los ríos.
La experiencia de participación de la Defensoría del Pueblo de la Nación en problemáticas vinculadas a las cuencas hídricas del país trajo aparejado cambios sustanciales en la merma de la contaminación industrial. Así lo hizo saber a Nuevo Diario Leandro García Silva, integrante del equipo técnico de la Defensoría, quien consideró necesario reactivar un plan integral para la recuperación ambiental de la cuenca Salí-Dulce, propuesta que hizo pública durante su participación en el simposio titulado “El abordaje multidisciplinario de las problemáticas ambientales de cuencas: los casos Matanza-Riachuelo y Salí-Dulce”, realizado ayer en la UNSE.
Asimismo, planteó la creación de un nuevo ente que contemple la integralidad ambiental de la cuenca hídrica de la que es parte Santiago.
–ND: ¿Cuál fue la experiencia impulsada en la cuenca Matanza-Riachuelo?
–GS: Antes de la sentencia de la Corte Suprema organizamos una serie de informes que permitieron describir el estado de la cuenca, junto a la participación de organizaciones civiles y las universidades, para poder hacer un diagnóstico participativo, que permitió tanto a terceros y a la Defensoría a participar ante la Corte. Hoy, después de la sentencia del máximo tribunal, coordinamos un cuerpo colegiado que tiene como función controlar que se cumpla con la sentencia que condenó al Estado nacional y a la Provincia de Buenos Aires a llevar adelante un plan integral para la recuperación ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo.
–ND: ¿Y de qué manera puede ser útil este trabajo en la cuenca Salí-Dulce?
–GS: La Defensoría del Pueblo de la Nación tiene un trabajo muy activo junto con la de Santiago en el seguimiento del cumplimiento del acuerdo tripartito, en pos de llevar adelante un plan de gestión y reconversión industrial para evitar vuelcos en el río Salí y que afecten a Santiago. La experiencia del Riachuelo puede servir para la intervención en la región, ya que el defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, expresó que es necesario crear una autoridad de cuenca para el Salí-Dulce, un proceso que está marcha, aunque sabemos que existe el Comité de Cuenca, pero es necesario la participación no sólo de todas las provincias que comparten la cuenca, sino también involucrar la participación del Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación y la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación.
–ND: ¿Un organismo paralelo al desarrollado por el Comité de Cuenca?
–GS: En realidad forma parte de un acuerdo que todavía no se ha institucionalizado y funcionará en forma permanente, tendrá competencias para regular todas las actividades en la cuenca, incluyendo la participación de la sociedad. Sería una experiencia similar al aplicado en la Matanza-Riachuelo, un camino necesario a recorrer, porque es necesario garantizar en todo el procedimiento la participación de la ciudadanía.
–ND: ¿Cómo se instrumentaría el trabajo de este ente?
–GS: En todas las cuencas interjurisdiccionales debe existir un comité y diseñar competencias para tomar definiciones en lo que deben hacer las provincias en concurso con la Nación. Por supuesto que ya hay un antecedente con el Comité de Cuenca Salí-Dulce, pero la Defensoría impulsa que se avance en la institucionalización de una autoridad de cuenca con los poderes suficientes como para poder regular toda las actividades, no sólo las de las industrias, sino los vuelcos de la actividad agropecuaria y demás factores que afecten el ecosistema de este sistema hídrico.
Adoptar una iniciativa de solución
Leandro García Silva explicó el caso de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), organismo creado por una ley nacional a la cual adhirieron las provincias de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Creemos que Santiago y las provincias que integran la cuenca pueden adoptar un camino similar posible, que debería hacerse en el marco de un acuerdo interjurisdiccional, como exige la ley nacional de agua y la ley de presupuestos mínimos para la gestión integral del agua”, explicó.
Destacó los esfuerzos impulsados por el defensor del Pueblo de la provincia, Martín Díaz Achával, “con monitoreos en rios e inspecciones en los ingenios, solicitando la definitiva reconversión industrial de las empresas de Tucumán”, concluyó.
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Riachuelo: Mussi, entre absurdos y mentiras
Riachuelo: Mussi, entre absurdos y mentiras
Fecha de Publicación: 07/11/2013
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Ruachuelo
Fecha de Publicación: 07/11/2013
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Ruachuelo
El Secretario de Medio Ambiente de la Nación sostuvo que el 50% de la Cuenca está recuperada. Greenpeace advierte que la creciente contaminación afecta a más de cinco millones de personas
"Contrario y opuesto a la razón”, es una de las tantas definiciones que se pueden encontrar sobre el término absurdo, el cual se vuelve un adjetivo obligado de utilizar al momento de analizar las declaraciones del Secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi, sobre las condiciones en las que se encuentra el Riachuelo.
"La realidad es que estamos en un 50 por ciento aproximadamente de la solución del problema de la contaminación del riachuelo”, sostuvo el funcionario oriundo de Berazategui, quien salió a desmentir el informe publicado por la organización ambientalista Blacksmith Institute y la Cruz Verde Suiza, que ubicó al río nacional como uno de los diez más contaminados del mundo. “No han tenido en cuenta el estado actual del Riachuelo que no es el mejor, no está solucionado, no está resuelto, pero que ha cambiado mucho respecto a lo que dice la información", objetó el secretario de medio ambiente kirchnerista.
Desde la lógica kirchnerista montar una playa turística sobre las costas del riachuelo podría llegar a ser una opción para las próximas temporadas de verano. Incluso, no es desfasado pensar que tales fabulaciones lleven a Mussi a querer convencer al titular de la Afip, Ricardo Echegaray, o al viceministro de Economía Axel Kiciloff, para que desistan de veranear en Punta del Este y se “regocijen” en las costas de dicho afluente.
Ahora bien, más allá de las sospechosas estadísticas anunciadas por el oriundo de Berazategui, la realidad no da mucho margen de interpretación. La mayoría de las ONG ambientalistas vienen advirtiendo que la situación no da para más, pese a los sucesivos anuncios realizados. De hecho desde Greenpeace calificaron al estado actual del río como “alarmante”. En ese sentido, un informe de la prestigiosa organización internacional sostiene que en la “zona afectada viven 5 millones de habitantes, de los cuales el 35% de la población no tiene agua potable y el 55% no posee cloacas”.
Cabe recordar que la Cuenca atraviesa 14 municipios e incluye a la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, se estiman más de 20.000 industrias y de servicios establecidas en el territorio de la Cuenca. En ese marco, la investigación de Blacksmith Institute y la Cruz Verde Suiza, es lapidario al comparar la realidad argentina con la de los sitios más contaminados del planeta, como por ejemplo la ciudad ucraniana de Chernobyl, que enfrentó una catástrofe nuclear en 1986, o con la de la ciudad de Kabwe en Zambia donde existe la principal contaminación de sus minas con plomo, así como el delta del Níger, en Nigeria, por polución de hidrocarburos.
Críticas desde la oposición
Las declaraciones llevadas a cabo por el secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi, generó una catarata de críticas por parte de dirigentes de la oposición.
“Con Macri y Cristina, tenemos los peores niveles de contaminación mundial. A través de ACUMAR hacen limpieza superficial mientras las empresas siguen volcando sustancias tóxicas al río”, sostuvo la dirigente y referente de Podemos, Vilma Ripoll. A su vez, agregó que “lo que hace falta es un plan integral de saneamiento, con presupuesto y control social de vecinos y ambientalistas, no medidas cosméticas para que nada cambie”.
Patear la pelota afuera
Ante el escándalo suscitado, Mussi (foto) intentó desligarse de las responsabilidades y achacar la contaminación del Riachuelo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
“Se ha resuelto muy poco, esto es cierto; lo hemos venido diciendo reiteradamente. La Ciudad tiene hechos alrededor de ocho pedidos de prórroga con respecto, sobre todo, a la villa 21-24, donde hay 1.393 familias; esto no lo tenemos que hacer nosotros”, manifestó el funcionario kirchnerista.
Permiten arrojar sin restricciones mercurio y plomo
Según Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y la Asociación de Vecinos de La Boca, el problema del tratamiento llevado a cabo por Acumar es que aún las empresas reconvertidas pueden tirar al río sustancias contaminantes.
La resolución N° 3 de ACUMAR permite el vertido sin restricciones de mercurio, plomo, cromo, cadmio y arsénico, entre otras. Y una presencia de oxígeno disuelto en el agua de menos de 2 mg. por litro, lo que no permite la vida de peces.
Las mediciones realizadas por Greenpeace sostienen que en tramos de la cuenca baja y media hay sólo 0,5 mg. de oxígeno por litro. Incluso si se cumplieran los límites legales, el río seguiría contaminado. Las Ongs siguen reclamando que se modifique la legislación y que se establezcan metas para disminuir el vertido de las sustancias peligrosas.
Por otra parte, de los 167 basurales erradicados en su momentos, ya reaparecieron unos 120.
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Nación relevará la biodiversidad de Argentina
Se hará un inventario de la biodiversidad de la Argentina
Fecha de Publicación: 06/11/2013
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Nacional
Esta iniciativa de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación busca diseñar acciones de protección de la riqueza natural de los ecosistemas de nuestro país.
La Argentina es uno es uno de los países con mayor riqueza de flora y fauna. Siete de las 18 ecorregiones (La Pampa, el Chaco, Yungas, el Bosque Atlántico, Alto Paraná, la Puna y la Patagonia) han sido calificadas como de alta prioridad para la conservación a nivel mundial.
Para proteger esa riqueza natural se están construyendo en la Argentina puentes entre el desarrollo productivo y la conservación del ambiente. Un Sistema Nacional de Información sobre la Biodiversidad, que será actualizado en forma permanente, busca no sólo realizar un inventario de las especies animales y vegetales, sino también identificar amenazas para diseñar acciones de protección.
“Nuestro objetivo es avanzar en la articulación entre organismos generadores de conocimiento científico y organismos de gestión de la biodiversidad”, subrayó a la Agencia CyTA la doctora Silvia Révora, subsecretaría de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
“Para establecer modelos de producción sustentables es preciso también generar un cambio cultural también entre los empresarios, los productores y la ciudadanía en su conjunto”, agregó Révora.
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Fecha de Publicación: 06/11/2013
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Nacional
Esta iniciativa de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación busca diseñar acciones de protección de la riqueza natural de los ecosistemas de nuestro país.
La Argentina es uno es uno de los países con mayor riqueza de flora y fauna. Siete de las 18 ecorregiones (La Pampa, el Chaco, Yungas, el Bosque Atlántico, Alto Paraná, la Puna y la Patagonia) han sido calificadas como de alta prioridad para la conservación a nivel mundial.
Para proteger esa riqueza natural se están construyendo en la Argentina puentes entre el desarrollo productivo y la conservación del ambiente. Un Sistema Nacional de Información sobre la Biodiversidad, que será actualizado en forma permanente, busca no sólo realizar un inventario de las especies animales y vegetales, sino también identificar amenazas para diseñar acciones de protección.
“Nuestro objetivo es avanzar en la articulación entre organismos generadores de conocimiento científico y organismos de gestión de la biodiversidad”, subrayó a la Agencia CyTA la doctora Silvia Révora, subsecretaría de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
“Para establecer modelos de producción sustentables es preciso también generar un cambio cultural también entre los empresarios, los productores y la ciudadanía en su conjunto”, agregó Révora.
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El Riachuelo en el top ten... de los más contaminados
El Riachuelo, uno de los 10 sitios “más contaminados del mundo”
Fecha de Publicación: 06/11/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Riachuelo
Un informe elaborado por una organización ambientalista lo ubica a la par de la ciudad ucraniana de Chernobil, donde se produjo el desastre nuclear en 1986.
La cuenca del río Matanza-Riachuelo fue ubicada entre los 10 sitios "más contaminados del mundo", a la par de la ciudad ucraniana de Chernobil, donde se produjo un desastre nuclear en 1986.
El reporte, elaborado por la organización ambientalista Blacksmith Institute y difundido junto a la Cruz Verde Suiza, advirtió que "la salud de más de 200 millones de personas corre el riesgo de polución en el mundo".
En el caso que involucra al Área Metropolitana, se trata del curso de agua que la ex secretaria de Ambiente del menemismo, María Julia Alsogaray, había prometido limpiar "en mil días", el mismo en el que el kirchnerista Juan Cabandié aseguró haber visto "peces".
El informe especificó que la cuenca del río Matanza-Riachuelo tiene unos 60 kilómetros, bordea la ciudad de Buenos Aires y "unas 15.000 industrias descargan allí sus desechos".
Estudios citados por el informe indicaron que los niveles de cinc, plomo, cobre, níquel y cromo depositados en las riberas "superan los niveles recomendados".
"Aproximadamente el 60 por ciento de las alrededor de 20.000 personas que residen en las cercanías de este río viven en zonas consideradas inapropiadas para los humanos", alertó.
Los lugares más contaminados
Junto con el Riachuelo aparecen la ciudad ucraniana de Chernobil, que enfrentó una catástrofe nuclear de 1986 y las localidades rusas de Norilsk y Dzerzhinsk.
África aporta la planta de Agbogbloshie en Ghana, de tratamiento de desechos electrónicos, Kabwe, de Zambia, por contaminación de sus minas de plomo, y el Delta del Níger, en Nigeria, por polución producto de hidrocarburos.
Asia, en tanto, quedó en el listado por el río Citarum, de Indonesia, la región de Kalimantan, del mismo país, y por Hazaribagh, en Bangladesh.
En julio pasado, durante la campaña de cara a las primarias que tendrían lugar en agosto, Cabandié había dicho que "antes uno veía acumulación de botellas, basura y animales muertos y hoy comienza a haber en algunos sectores del Riachuelo bancos de peces, es decir que se está oxigenando el agua y generando menos contaminación por parte de las empresas".
"Se está recuperando el Riachuelo para la Ciudad y los municipios", planteó entonces el legislador, en declaraciones que hicieron recordar a la promesa de Alsogaray que, en 1993, prometió que "en mil días" el curso de agua estaría limpio.
En 2008, en el marco de la causa "Mendoza", la Corte Suprema de Justicia ordenó a los gobiernos nacional, bonaerense y de esta Capital la puesta en marcha de un plan de saneamiento integral de la cuenca.
En ese marco, la denominada "Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo" (Acumar) declaró a 1.233 empresas como Agente Contaminante, de las cuales fueron clausuradas 259, que deben presentar un plan para dejar de contaminar, según datos actualizados al 27 de agosto.
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Fecha de Publicación: 06/11/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Riachuelo
Un informe elaborado por una organización ambientalista lo ubica a la par de la ciudad ucraniana de Chernobil, donde se produjo el desastre nuclear en 1986.
La cuenca del río Matanza-Riachuelo fue ubicada entre los 10 sitios "más contaminados del mundo", a la par de la ciudad ucraniana de Chernobil, donde se produjo un desastre nuclear en 1986.
El reporte, elaborado por la organización ambientalista Blacksmith Institute y difundido junto a la Cruz Verde Suiza, advirtió que "la salud de más de 200 millones de personas corre el riesgo de polución en el mundo".
En el caso que involucra al Área Metropolitana, se trata del curso de agua que la ex secretaria de Ambiente del menemismo, María Julia Alsogaray, había prometido limpiar "en mil días", el mismo en el que el kirchnerista Juan Cabandié aseguró haber visto "peces".
El informe especificó que la cuenca del río Matanza-Riachuelo tiene unos 60 kilómetros, bordea la ciudad de Buenos Aires y "unas 15.000 industrias descargan allí sus desechos".
Estudios citados por el informe indicaron que los niveles de cinc, plomo, cobre, níquel y cromo depositados en las riberas "superan los niveles recomendados".
"Aproximadamente el 60 por ciento de las alrededor de 20.000 personas que residen en las cercanías de este río viven en zonas consideradas inapropiadas para los humanos", alertó.
Los lugares más contaminados
Junto con el Riachuelo aparecen la ciudad ucraniana de Chernobil, que enfrentó una catástrofe nuclear de 1986 y las localidades rusas de Norilsk y Dzerzhinsk.
África aporta la planta de Agbogbloshie en Ghana, de tratamiento de desechos electrónicos, Kabwe, de Zambia, por contaminación de sus minas de plomo, y el Delta del Níger, en Nigeria, por polución producto de hidrocarburos.
Asia, en tanto, quedó en el listado por el río Citarum, de Indonesia, la región de Kalimantan, del mismo país, y por Hazaribagh, en Bangladesh.
En julio pasado, durante la campaña de cara a las primarias que tendrían lugar en agosto, Cabandié había dicho que "antes uno veía acumulación de botellas, basura y animales muertos y hoy comienza a haber en algunos sectores del Riachuelo bancos de peces, es decir que se está oxigenando el agua y generando menos contaminación por parte de las empresas".
"Se está recuperando el Riachuelo para la Ciudad y los municipios", planteó entonces el legislador, en declaraciones que hicieron recordar a la promesa de Alsogaray que, en 1993, prometió que "en mil días" el curso de agua estaría limpio.
En 2008, en el marco de la causa "Mendoza", la Corte Suprema de Justicia ordenó a los gobiernos nacional, bonaerense y de esta Capital la puesta en marcha de un plan de saneamiento integral de la cuenca.
En ese marco, la denominada "Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo" (Acumar) declaró a 1.233 empresas como Agente Contaminante, de las cuales fueron clausuradas 259, que deben presentar un plan para dejar de contaminar, según datos actualizados al 27 de agosto.
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Mini simulacro de emergencia nuclear en las Atuchas
Simulacro de emergencia en Atucha I y Atucha II
Fecha de Publicación: 06/11/2013
Fuente: EL Debate
Provincia/Región: Buenos Aires
Nucleoeléctrica Argentina (NASA) realizará el jueves 7 de noviembre , el 32º Ejercicio de Aplicación de Emergencia con alcance interno de la Central Nuclear Atucha I y el 1º de Atucha II, previo al inicio de la operación de la planta. Asimismo se llevará a cabo el martes 12 el simulacro externo.
Participantes
Esta actividad se desarrolla junto a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ANR) y Defensa Civil de acuerdo a lo estipulado por la licencia de operación de la planta.
Charla abierta a la comunidad
Como parte de esta acción, tendrá lugar el miércoles 6 de noviembre a las 19 hs una charla abierta a toda la comunidad sobre la implementación del ejercicio. Este encuentro se realizara en las instalaciones de la sociedad Italia de la localidad de Lima ubicada en Av .11 nº 450.
Objetivo de los simulacros
El objetivo de los simulacros es entrenar al personal y evaluar la organización prevista para actuar ante una contingencia.
Características del simulacro
Concretamente, el simulacro que se realizará el martes 12 de noviembre contempla la evacuación en los 3 kilómetros a la redonda del reactor, habrá reparto de material informativo en toda la localidad de Lima.
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Fecha de Publicación: 06/11/2013
Fuente: EL Debate
Provincia/Región: Buenos Aires
Nucleoeléctrica Argentina (NASA) realizará el jueves 7 de noviembre , el 32º Ejercicio de Aplicación de Emergencia con alcance interno de la Central Nuclear Atucha I y el 1º de Atucha II, previo al inicio de la operación de la planta. Asimismo se llevará a cabo el martes 12 el simulacro externo.
Participantes
Esta actividad se desarrolla junto a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ANR) y Defensa Civil de acuerdo a lo estipulado por la licencia de operación de la planta.
Charla abierta a la comunidad
Como parte de esta acción, tendrá lugar el miércoles 6 de noviembre a las 19 hs una charla abierta a toda la comunidad sobre la implementación del ejercicio. Este encuentro se realizara en las instalaciones de la sociedad Italia de la localidad de Lima ubicada en Av .11 nº 450.
Objetivo de los simulacros
El objetivo de los simulacros es entrenar al personal y evaluar la organización prevista para actuar ante una contingencia.
Características del simulacro
Concretamente, el simulacro que se realizará el martes 12 de noviembre contempla la evacuación en los 3 kilómetros a la redonda del reactor, habrá reparto de material informativo en toda la localidad de Lima.
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Más cultivos a fuerza de las topadoras
Se extiende la frontera del riesgo agrícola en el país
Fecha de Publicación: 05/11/2013
Fuente: blogs.lanacion.com.ar/ecologico
Provincia/Región: Nacional
Estimados foristas como quienes no han comprado la edición impresa del diario La Nación de hoy no han podido leer una nota en el Suplemento Campo sobre el avance de la frontera agrícola y sus consecuencias, la voy a transcribir. El artículo, firmado por el periodista Dante Rofi, no aparece en la edición on line porque sólo se cargan en la edición digital las notas de tapa.
La búsqueda de una renta rápida y la falta de un ordenamiento territorial exponen la región a las consecuencias de la sequía
Desde fines de los 90 y hasta la actualidad, la frontera agrícola se expandió en forma exponencial, particularmente hacia el norte del país. Este desplazamiento contó con el beneficio de un ciclo húmedo que recibió con lluvias generosas a los recién llegados, que no parecieron tener en cuenta las verdaderas características de una región donde los suelos están débilmente estructurados y las lluvias se concentran en el verano.
Hoy, que el NOA y el NEA transitan la segunda campaña agrícola consecutiva con condiciones de sequía, comienzan a quedar en evidencia las consecuencias de la falta de una efectiva planificación territorial. Asimismo, se advierte la crisis ambiental que fuera anticipada por los especialistas que oportunamente advirtieron sobre el avance imprudente de la frontera agrícola hacia ambientes no aptos para prácticas agronómicas de la pampa húmeda.
Para analizar cómo fue el proceso de expansión de la frontera agrícola y cuál es la situación actual, La Nación consultó a Roberto Casas, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA; a Ernesto Viglizzo, técnico dela Estación Experimental AgrícolaAnguil del INTA e investigador del Conicet, y a Jorge Adámoli, integrante del Grupo de Estudios de Sistemas Ecológicos en Ambientes Agrícolas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Todos los consultados coincidieron en señalar que el crecimiento de la frontera agrícola hacia el Norte estuvo relacionado con una coyuntura de valores elevados para los granos, en particular para la soja, y con una generosa oferta de tierras a bajos precios. “La expansión de la frontera agrícola no respondió a un programa de ordenamiento territorial, sino a las leyes del mercado. Coincidió con un período en el cual se alinearon altos precios para los granos, paquetes tecnológicos simples, buena rentabilidad y una concepción novedosa del negocio, con fondos de inversión que integraron los pools de siembra”, detalló Viglizzo.
Para Casas, el proceso de expansión agrícola se dio sobre diversos frentes localizados principalmente “en los bordes del Chaco semiárido y de la selva de Yungas, donde se registra una fuerte tendencia al monocultivo de soja. En este contexto aparecen como temáticas muy sensibles la simplificación del paisaje con pérdida de diversidad biológica, la fragmentación de ambientes y de hábitat, y la degradación del suelo”.
En el análisis de este especialista, se registró un proceso de “pampeanización” basado en sistemas de producción simples y en la maximización de la rentabilidad. “Pero se debe considerar que dicho modelo productivo en regiones marginales implica quedar expuestos a un mayor nivel de riesgo climático, económico y ambiental.” Y añadió que esta nueva forma de trabajar se basa en el avance de la agricultura sobre bosques, pastizales y sabanas de alto valor ecológico. “En forma conjunta, estos ecosistemas producen servicios de alta importancia ambiental, como la regulación del clima; el suministro de agua; el control de la erosión, y el ciclado de nutrientes, que dejan de producirse cuando son reemplazados por sistemas agrícolas.”
Adámoli dijo que en el proceso de expansión “no se tomaron en cuenta criterios para una equitativa distribución de la riqueza producida” y añadió que hubo una dualidad entre generación de trabajo en algunas zonas y pérdida de empleos en otras. “Hubiera sido ideal que un proceso de esta magnitud hubiera respondido a una planificación consensuada entre gobiernos locales, productores, sectores sociales y ambientales, para optimizar los impactos positivos y minimizar los negativos. La realidad es que esto no ocurrió.”
Ahora, el cambio hacia un ciclo de tiempo seco plantea interrogantes. “La ocurrencia de fases secas y húmedas en zonas semiáridas y subhúmedas parece ser una característica dominante del ciclo climático en gran parte del centro y del noroeste del país. Esas fases pueden durar entre 30 y 40 años, y el siglo XXI estaría marcando la finalización de una fase húmeda muy favorable a la expansión agrícola y el advenimiento de una fase seca menos favorable”, dijo Viglizzo. Y advirtió que los fondos de inversión que “impulsaron la expansión agrícola en tiempos de bonanza, ahora se van hacia otro tipo de negocios desvinculados del agro”.
Según Adámoli, “es común que cuando un ciclo dura –como el desvío positivo de lluvias– en torno a los 25 años, la gente asuma que eso llegó para quedarse. Pero la mayor parte de los productores no invierte y se instala pensando en abandonar todo ante contingencias desfavorables. En realidad, habría que pensar en deficiencias del Estado, tanto en la prevención de lo que iba a suceder al comenzar este proceso como en la actualidad, dejando a los productores librados a su suerte. Lo lamentable sería que terminen siendo afectadas la gente y el ambiente”.
A modo de síntesis, Casas señaló que coyunturas negativas que incluyeran un período prolongado de sequía como el actual podrían afectar a los productores y disparar procesos de desertificación de difícil reversión. “La situación descripta sin lugar a dudas amerita un análisis profundo, con intervención del Estado y de las provinciales, ya que la misma plantea serias dudas sobre la sustentabilidad del modelo productivo planteado para la región.”
Más hectáreas de las previstas
En 2004, un trabajo de investigación de docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA proyectó que de las 4.886.779 hectáreas cultivadas en la región chaqueña en el ciclo 1995/9696 se pasaría a poco más de 9.200.000 de hectáreas en 2010. Jorge Adámoli, que integró aquel equipo, explicó que tras el monitoreo se demostró que “en 2010 se destinaron a cultivos 11.413.000 ha”. En un trabajo hecho para la Fundación Producir Conservando, el especialista señala que “el 79% de las áreas transformadas eran bosques”. Y agrega que el problema no fue el porcentaje transformado, sino la falta de planificación. “En algunos sectores hay ecosistemas severamente afectados, como el bosque de tres quebrachos, en Santiago del Estero, y la zona de transición Chaco-Yungas, en Salta”.
La desertificación está latente en la región
Ante la posibilidad de la consolidación de un ciclo seco en el Norte, los especialistas advierten sobre los riesgos latentes. “Los suelos de la región son naturalmente pobres en materia orgánica y débilmente estructurados, características que potencian la susceptibilidad a la erosión hídrica. Sobre ellos, la agricultura continua provoca un acelerado descenso del contenido de materia orgánica y su degradación”, alertó Casas. Agregó que allí las lluvias se concentran entre diciembre y marzo, y que por lo general caen en forma de chaparrones de alta intensidad, con una fuerte capacidad erosiva. “En la zona se registran procesos erosivos eólicos que no eran de importancia cuando existía el bosque, pero que adquieren trascendencia sin él. En líneas generales, todo esto no fue tenido en cuenta, ya que para éstos ambientes no se recomienda el desmonte masivo, ni el monocultivo de soja”, dijo Casas.
En opinión del especialista, el proceso de desertificación va dando señales, como la erosión del suelo; la salinización, y la alteración del ciclo hidrológico, entre otras. “Indudablemente en parte de la región se observan síntomas de que el proceso se ha iniciado: en el Chaco seco (Santiago del Estero, este de Salta, sudeste de Catamarca y este de La Rioja) hay procesos incipientes relacionados con la caída de la materia orgánica de los suelos; la pérdida de estructura, y el aumento de los procesos eólicos”.
Como prácticas para mitigar la situación, Casas recomendó “volver a un sistema de rotaciones, incluyendo trigo, maíz, sorgo y pasturas, que permita mantener cobertura sobre el suelo e incrementar los niveles de carbono de los mismos. Este sistema bajo siembra directa deberá incluir la alternancia de franjas con monte nativo como elemento atenuador de los vientos y como corredores verdes para conservación de biodiversidad”.
Adámoli destacó el papel fundamental que le cabe al sector productivo, de tomar en cuenta lo ocurrido para elaborar medidas de tipo paliativo para el futuro inmediato. “Lo anterior es importante, pero lo fundamental es poder generar para el mediano plazo propuestas realistas que permitan mantener la creación de riqueza, pero agregando como condición indispensable, la generación de un marco de equidad social y de responsabilidad ambiental”.
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Fecha de Publicación: 05/11/2013
Fuente: blogs.lanacion.com.ar/ecologico
Provincia/Región: Nacional
Estimados foristas como quienes no han comprado la edición impresa del diario La Nación de hoy no han podido leer una nota en el Suplemento Campo sobre el avance de la frontera agrícola y sus consecuencias, la voy a transcribir. El artículo, firmado por el periodista Dante Rofi, no aparece en la edición on line porque sólo se cargan en la edición digital las notas de tapa.
La búsqueda de una renta rápida y la falta de un ordenamiento territorial exponen la región a las consecuencias de la sequía
Desde fines de los 90 y hasta la actualidad, la frontera agrícola se expandió en forma exponencial, particularmente hacia el norte del país. Este desplazamiento contó con el beneficio de un ciclo húmedo que recibió con lluvias generosas a los recién llegados, que no parecieron tener en cuenta las verdaderas características de una región donde los suelos están débilmente estructurados y las lluvias se concentran en el verano.
Hoy, que el NOA y el NEA transitan la segunda campaña agrícola consecutiva con condiciones de sequía, comienzan a quedar en evidencia las consecuencias de la falta de una efectiva planificación territorial. Asimismo, se advierte la crisis ambiental que fuera anticipada por los especialistas que oportunamente advirtieron sobre el avance imprudente de la frontera agrícola hacia ambientes no aptos para prácticas agronómicas de la pampa húmeda.
Para analizar cómo fue el proceso de expansión de la frontera agrícola y cuál es la situación actual, La Nación consultó a Roberto Casas, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA; a Ernesto Viglizzo, técnico dela Estación Experimental AgrícolaAnguil del INTA e investigador del Conicet, y a Jorge Adámoli, integrante del Grupo de Estudios de Sistemas Ecológicos en Ambientes Agrícolas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Todos los consultados coincidieron en señalar que el crecimiento de la frontera agrícola hacia el Norte estuvo relacionado con una coyuntura de valores elevados para los granos, en particular para la soja, y con una generosa oferta de tierras a bajos precios. “La expansión de la frontera agrícola no respondió a un programa de ordenamiento territorial, sino a las leyes del mercado. Coincidió con un período en el cual se alinearon altos precios para los granos, paquetes tecnológicos simples, buena rentabilidad y una concepción novedosa del negocio, con fondos de inversión que integraron los pools de siembra”, detalló Viglizzo.
Para Casas, el proceso de expansión agrícola se dio sobre diversos frentes localizados principalmente “en los bordes del Chaco semiárido y de la selva de Yungas, donde se registra una fuerte tendencia al monocultivo de soja. En este contexto aparecen como temáticas muy sensibles la simplificación del paisaje con pérdida de diversidad biológica, la fragmentación de ambientes y de hábitat, y la degradación del suelo”.
En el análisis de este especialista, se registró un proceso de “pampeanización” basado en sistemas de producción simples y en la maximización de la rentabilidad. “Pero se debe considerar que dicho modelo productivo en regiones marginales implica quedar expuestos a un mayor nivel de riesgo climático, económico y ambiental.” Y añadió que esta nueva forma de trabajar se basa en el avance de la agricultura sobre bosques, pastizales y sabanas de alto valor ecológico. “En forma conjunta, estos ecosistemas producen servicios de alta importancia ambiental, como la regulación del clima; el suministro de agua; el control de la erosión, y el ciclado de nutrientes, que dejan de producirse cuando son reemplazados por sistemas agrícolas.”
Adámoli dijo que en el proceso de expansión “no se tomaron en cuenta criterios para una equitativa distribución de la riqueza producida” y añadió que hubo una dualidad entre generación de trabajo en algunas zonas y pérdida de empleos en otras. “Hubiera sido ideal que un proceso de esta magnitud hubiera respondido a una planificación consensuada entre gobiernos locales, productores, sectores sociales y ambientales, para optimizar los impactos positivos y minimizar los negativos. La realidad es que esto no ocurrió.”
Ahora, el cambio hacia un ciclo de tiempo seco plantea interrogantes. “La ocurrencia de fases secas y húmedas en zonas semiáridas y subhúmedas parece ser una característica dominante del ciclo climático en gran parte del centro y del noroeste del país. Esas fases pueden durar entre 30 y 40 años, y el siglo XXI estaría marcando la finalización de una fase húmeda muy favorable a la expansión agrícola y el advenimiento de una fase seca menos favorable”, dijo Viglizzo. Y advirtió que los fondos de inversión que “impulsaron la expansión agrícola en tiempos de bonanza, ahora se van hacia otro tipo de negocios desvinculados del agro”.
Según Adámoli, “es común que cuando un ciclo dura –como el desvío positivo de lluvias– en torno a los 25 años, la gente asuma que eso llegó para quedarse. Pero la mayor parte de los productores no invierte y se instala pensando en abandonar todo ante contingencias desfavorables. En realidad, habría que pensar en deficiencias del Estado, tanto en la prevención de lo que iba a suceder al comenzar este proceso como en la actualidad, dejando a los productores librados a su suerte. Lo lamentable sería que terminen siendo afectadas la gente y el ambiente”.
A modo de síntesis, Casas señaló que coyunturas negativas que incluyeran un período prolongado de sequía como el actual podrían afectar a los productores y disparar procesos de desertificación de difícil reversión. “La situación descripta sin lugar a dudas amerita un análisis profundo, con intervención del Estado y de las provinciales, ya que la misma plantea serias dudas sobre la sustentabilidad del modelo productivo planteado para la región.”
Más hectáreas de las previstas
En 2004, un trabajo de investigación de docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA proyectó que de las 4.886.779 hectáreas cultivadas en la región chaqueña en el ciclo 1995/9696 se pasaría a poco más de 9.200.000 de hectáreas en 2010. Jorge Adámoli, que integró aquel equipo, explicó que tras el monitoreo se demostró que “en 2010 se destinaron a cultivos 11.413.000 ha”. En un trabajo hecho para la Fundación Producir Conservando, el especialista señala que “el 79% de las áreas transformadas eran bosques”. Y agrega que el problema no fue el porcentaje transformado, sino la falta de planificación. “En algunos sectores hay ecosistemas severamente afectados, como el bosque de tres quebrachos, en Santiago del Estero, y la zona de transición Chaco-Yungas, en Salta”.
La desertificación está latente en la región
Ante la posibilidad de la consolidación de un ciclo seco en el Norte, los especialistas advierten sobre los riesgos latentes. “Los suelos de la región son naturalmente pobres en materia orgánica y débilmente estructurados, características que potencian la susceptibilidad a la erosión hídrica. Sobre ellos, la agricultura continua provoca un acelerado descenso del contenido de materia orgánica y su degradación”, alertó Casas. Agregó que allí las lluvias se concentran entre diciembre y marzo, y que por lo general caen en forma de chaparrones de alta intensidad, con una fuerte capacidad erosiva. “En la zona se registran procesos erosivos eólicos que no eran de importancia cuando existía el bosque, pero que adquieren trascendencia sin él. En líneas generales, todo esto no fue tenido en cuenta, ya que para éstos ambientes no se recomienda el desmonte masivo, ni el monocultivo de soja”, dijo Casas.
En opinión del especialista, el proceso de desertificación va dando señales, como la erosión del suelo; la salinización, y la alteración del ciclo hidrológico, entre otras. “Indudablemente en parte de la región se observan síntomas de que el proceso se ha iniciado: en el Chaco seco (Santiago del Estero, este de Salta, sudeste de Catamarca y este de La Rioja) hay procesos incipientes relacionados con la caída de la materia orgánica de los suelos; la pérdida de estructura, y el aumento de los procesos eólicos”.
Como prácticas para mitigar la situación, Casas recomendó “volver a un sistema de rotaciones, incluyendo trigo, maíz, sorgo y pasturas, que permita mantener cobertura sobre el suelo e incrementar los niveles de carbono de los mismos. Este sistema bajo siembra directa deberá incluir la alternancia de franjas con monte nativo como elemento atenuador de los vientos y como corredores verdes para conservación de biodiversidad”.
Adámoli destacó el papel fundamental que le cabe al sector productivo, de tomar en cuenta lo ocurrido para elaborar medidas de tipo paliativo para el futuro inmediato. “Lo anterior es importante, pero lo fundamental es poder generar para el mediano plazo propuestas realistas que permitan mantener la creación de riqueza, pero agregando como condición indispensable, la generación de un marco de equidad social y de responsabilidad ambiental”.
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En Jujuy los nativos advierten sobre la minería
Minería en Jujuy: aborígenes aseguran que “si nos terminan el agua en Susques, que es una zona de precordillera, nos morimos todos”
Fecha de Publicación: 05/11/2013
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
En una entrevista con nuestro medio, Jorge Iglesias, representante legal del Colectivo Apacheta de Susques, comunidad aborigen de la zona, e integrantes de la comunidad, Carlos Guzmán y Eusebia Soriano, denunciaron el avasallamiento de sus derechos por el gobierno provincial y por la empresa Sales de Jujuy debido a la falta de cumplimiento de leyes nacionales e internacionales en relación a los proyectos de explotación de litio, y señalaron que por dichos incumplimientos “de ninguna manera estos procedimientos se podrían estar llevando a cabo en la zona”.
Asimismo mostraron su preocupación sobre el daño que se originaría en el ambiente debido a los procesos mineros y reclamaron su participación en el mismo, ya que han sido dejados afuera.
Según manifestó Jorge Iglesias a JUJUY AL DÍA®, “la situación que se vive en Susques es de gran preocupación porque el grupo que represento siente que es avasallado en sus derechos, que desde el gobierno de la provincia y desde la empresa minera Sales de Jujuy no se le ha dado participación en todos los procedimientos que han venido desarrollando para la actividad minera actual de explotación de litio, y esto es porque se han hecho informes de impacto ambiental donde la comunidad no ha participado y además estos informes de la empresa Sales de Jujuy datan del 2010 y fueron presentados con posterioridad en el año 2012, lo que da cuenta a las claras que no le dieron ninguna participación”.
Continuo “también pueden ver el manejo de las políticas del gobierno provincial, con respecto a las otras comunidades, donde hacen dos o tres reuniones informativas, que no alcanzan para informar a nadie, sin comunicar ni notificar a los todos integrantes de la comunidad para la participación de las mismas y se reúnen con un pequeño grupo de residentes que militan en partidos políticos o pertenecen a la Comisión Municipal y así se produce la aprobación de los proyectos mineros”.
Además mencionó que “según el fallo que acaba de emitir la doctora Gils Carbó, marca claramente que este es un procedimiento irregular y por lo tanto nulo, porque se violan determinadas leyes nacionales, incluso la Constitución Nacional y convenios internacionales como el convenio 169 de la OIT. Es decir que de ninguna manera alcanzan dos o tres reuniones con una parte reducida de la comunidad para aprobar un proyecto de semejante envergadura”
“Para la ley nacional e internacional es un procedimiento nulo, irregular y manifiesto, la nulidad se manifiesta porque convocan a un pequeño grupo de personas de la comunidad a dos o tres reuniones, aparte los que aprueban estos proyecto o a quienes les hacen las preguntas es un grupo de militantes del partido político tradicional e integrantes de la comisión municipal”, añadió.
En este contexto, JUJUY AL DÍA® consultó al representante legal del colectivo Apacheta de Susques si estos procesos de exploración y explotaron de litio podrían continuar avanzando, y dijo que “para nada, de ninguna manera, porque es un procedimiento que se está llevando y avanzando a partir de los hechos, y podría decir a partir de la fuerza tanto física e intelectual, ya que venimos denunciando una serie de aprietes que han realizado a la comunidad, y también a través de un engaño manifiesto”.
Recalcó que “de ninguna manera estos procedimientos se podrían estar llevando adelante en la zona, porque con la exploración que hicieron las empresas mineras que son transnacionales en su mayoría en sociedad con JEMSE y Toyota, no se ha visto beneficiada la comunidad”.
Acerca de las presentaciones realizadas por dichas irregularidades, Iglesias comentó que “desde agosto de este año hemos realizado 6 amparos administrativos ante el Juzgado de Minas, ante la Dirección provincial de Minería, ante la Secretaria de Minería, ante el Ministerio de Producción, ante el Gobernador, y solo hemos recibido la contestación del Ministerio de Producción, requiriendo formalidades, las cuales se han presentado y ahora estamos esperando una respuesta mientras preparamos todo para ir a la vía judicial y organizando al colectivo en la lucha social en la región contando con el apoyo de las 33 comunidades”.
Además, Jorge Iglesias se refirió en declaraciones a JUJUY AL DÍA®, a la denuncia sobre el traspaso de terrenos de las comunidades originarias y expresó que “tenemos varias denuncias sobre que se han transmitido terrenos con escrituras firmadas por el gobernador antes de entregar los títulos comunitarios, esto fue aproximadamente en el año 98. Tenemos el caso particular de la señora Eusebia Soriano donde el gobernador de la provincia ha firmado la escritura transmitiéndole la propiedad de esta señora al Walter Pedicone”.
Señaló que “esto es algo que no se podría haber hecho de ninguna manera ya que las tierras comunitarias no pueden ser transmitidas ni cedidas a terceros ya que corresponden a los poseedores ancestrales, y en este caso es claro que el señor Pedicone no puede probar de ninguna manera su posesión ancestral porque no es integrante de la comunidad”.
Por su parte, Carlos Guzmán, integrante del Colectivo Apacheta de Susques y productor de la zona, manifestó a JUJUY AL DÍA® que “aún no estamos viendo mucho daño pero simplemente porque esto recién comienza pero sabemos que el gasto de agua que hacen para sacar el litio nos va a perjudicar mucho en nuestra vida cotidiana, tanto en el ganado como a nosotros. Además queremos decirle al gobierno que debemos ser partícipes de esto porque somos los dueños, ¿por qué la multinacional y el gobierno se llevan todos esto mientras que los dueños nos quedamos sin nada?”. Añadió que “no hay ninguna inversión en el pueblo, solo los comuneros participaron en reuniones pero los pequeños productores no, esa es nuestra indignación, porque no nos dan participación”.
Al referirse a las consecuencias del desarrollo de dicha explotación, Guzmán mencionó que “hemos tenido diálogo con una bióloga de Chile y uno de Francia y nos mostraron los daños que hay en la comunidad Chañarcito de Chile, y todo el impacto que generó el litio y es una pena porque de acá a 15 años nuestros hijos y nietos que a van tener si todo va a estar seco, eso queremos aclarar y que además nos tengan respeto como originarios”.
“Nos sentimos muy discriminados y muy enojados porque para ellos no somos humanos, ni nuestros animales sirven. No sé qué es lo que piensa el gobierno, pero si nos terminan el agua en Susques, que es una zona de precordillera, nos morimos todos”, aseguró Guzmán.
Para finalizar, Eusebia Soriano dio su parecer acerca de la situación a la cual calificó de “muy grave, porque el gobierno no nos dio participación, y eso no puede ser, primero tendrían que habernos dado participación a los productores porque somos lo que vivimos en el campo, por el agua, por las plantas, por todo, pero para nosotros no hay ninguna ayuda, nada. No sé qué piensa el gobierno, parece que quiere liquidarnos a todos los productores”, aseguró finalmente.
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Fecha de Publicación: 05/11/2013
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
En una entrevista con nuestro medio, Jorge Iglesias, representante legal del Colectivo Apacheta de Susques, comunidad aborigen de la zona, e integrantes de la comunidad, Carlos Guzmán y Eusebia Soriano, denunciaron el avasallamiento de sus derechos por el gobierno provincial y por la empresa Sales de Jujuy debido a la falta de cumplimiento de leyes nacionales e internacionales en relación a los proyectos de explotación de litio, y señalaron que por dichos incumplimientos “de ninguna manera estos procedimientos se podrían estar llevando a cabo en la zona”.
Asimismo mostraron su preocupación sobre el daño que se originaría en el ambiente debido a los procesos mineros y reclamaron su participación en el mismo, ya que han sido dejados afuera.
Según manifestó Jorge Iglesias a JUJUY AL DÍA®, “la situación que se vive en Susques es de gran preocupación porque el grupo que represento siente que es avasallado en sus derechos, que desde el gobierno de la provincia y desde la empresa minera Sales de Jujuy no se le ha dado participación en todos los procedimientos que han venido desarrollando para la actividad minera actual de explotación de litio, y esto es porque se han hecho informes de impacto ambiental donde la comunidad no ha participado y además estos informes de la empresa Sales de Jujuy datan del 2010 y fueron presentados con posterioridad en el año 2012, lo que da cuenta a las claras que no le dieron ninguna participación”.
Continuo “también pueden ver el manejo de las políticas del gobierno provincial, con respecto a las otras comunidades, donde hacen dos o tres reuniones informativas, que no alcanzan para informar a nadie, sin comunicar ni notificar a los todos integrantes de la comunidad para la participación de las mismas y se reúnen con un pequeño grupo de residentes que militan en partidos políticos o pertenecen a la Comisión Municipal y así se produce la aprobación de los proyectos mineros”.
Además mencionó que “según el fallo que acaba de emitir la doctora Gils Carbó, marca claramente que este es un procedimiento irregular y por lo tanto nulo, porque se violan determinadas leyes nacionales, incluso la Constitución Nacional y convenios internacionales como el convenio 169 de la OIT. Es decir que de ninguna manera alcanzan dos o tres reuniones con una parte reducida de la comunidad para aprobar un proyecto de semejante envergadura”
“Para la ley nacional e internacional es un procedimiento nulo, irregular y manifiesto, la nulidad se manifiesta porque convocan a un pequeño grupo de personas de la comunidad a dos o tres reuniones, aparte los que aprueban estos proyecto o a quienes les hacen las preguntas es un grupo de militantes del partido político tradicional e integrantes de la comisión municipal”, añadió.
En este contexto, JUJUY AL DÍA® consultó al representante legal del colectivo Apacheta de Susques si estos procesos de exploración y explotaron de litio podrían continuar avanzando, y dijo que “para nada, de ninguna manera, porque es un procedimiento que se está llevando y avanzando a partir de los hechos, y podría decir a partir de la fuerza tanto física e intelectual, ya que venimos denunciando una serie de aprietes que han realizado a la comunidad, y también a través de un engaño manifiesto”.
Recalcó que “de ninguna manera estos procedimientos se podrían estar llevando adelante en la zona, porque con la exploración que hicieron las empresas mineras que son transnacionales en su mayoría en sociedad con JEMSE y Toyota, no se ha visto beneficiada la comunidad”.
Acerca de las presentaciones realizadas por dichas irregularidades, Iglesias comentó que “desde agosto de este año hemos realizado 6 amparos administrativos ante el Juzgado de Minas, ante la Dirección provincial de Minería, ante la Secretaria de Minería, ante el Ministerio de Producción, ante el Gobernador, y solo hemos recibido la contestación del Ministerio de Producción, requiriendo formalidades, las cuales se han presentado y ahora estamos esperando una respuesta mientras preparamos todo para ir a la vía judicial y organizando al colectivo en la lucha social en la región contando con el apoyo de las 33 comunidades”.
Además, Jorge Iglesias se refirió en declaraciones a JUJUY AL DÍA®, a la denuncia sobre el traspaso de terrenos de las comunidades originarias y expresó que “tenemos varias denuncias sobre que se han transmitido terrenos con escrituras firmadas por el gobernador antes de entregar los títulos comunitarios, esto fue aproximadamente en el año 98. Tenemos el caso particular de la señora Eusebia Soriano donde el gobernador de la provincia ha firmado la escritura transmitiéndole la propiedad de esta señora al Walter Pedicone”.
Señaló que “esto es algo que no se podría haber hecho de ninguna manera ya que las tierras comunitarias no pueden ser transmitidas ni cedidas a terceros ya que corresponden a los poseedores ancestrales, y en este caso es claro que el señor Pedicone no puede probar de ninguna manera su posesión ancestral porque no es integrante de la comunidad”.
Por su parte, Carlos Guzmán, integrante del Colectivo Apacheta de Susques y productor de la zona, manifestó a JUJUY AL DÍA® que “aún no estamos viendo mucho daño pero simplemente porque esto recién comienza pero sabemos que el gasto de agua que hacen para sacar el litio nos va a perjudicar mucho en nuestra vida cotidiana, tanto en el ganado como a nosotros. Además queremos decirle al gobierno que debemos ser partícipes de esto porque somos los dueños, ¿por qué la multinacional y el gobierno se llevan todos esto mientras que los dueños nos quedamos sin nada?”. Añadió que “no hay ninguna inversión en el pueblo, solo los comuneros participaron en reuniones pero los pequeños productores no, esa es nuestra indignación, porque no nos dan participación”.
Al referirse a las consecuencias del desarrollo de dicha explotación, Guzmán mencionó que “hemos tenido diálogo con una bióloga de Chile y uno de Francia y nos mostraron los daños que hay en la comunidad Chañarcito de Chile, y todo el impacto que generó el litio y es una pena porque de acá a 15 años nuestros hijos y nietos que a van tener si todo va a estar seco, eso queremos aclarar y que además nos tengan respeto como originarios”.
“Nos sentimos muy discriminados y muy enojados porque para ellos no somos humanos, ni nuestros animales sirven. No sé qué es lo que piensa el gobierno, pero si nos terminan el agua en Susques, que es una zona de precordillera, nos morimos todos”, aseguró Guzmán.
Para finalizar, Eusebia Soriano dio su parecer acerca de la situación a la cual calificó de “muy grave, porque el gobierno no nos dio participación, y eso no puede ser, primero tendrían que habernos dado participación a los productores porque somos lo que vivimos en el campo, por el agua, por las plantas, por todo, pero para nosotros no hay ninguna ayuda, nada. No sé qué piensa el gobierno, parece que quiere liquidarnos a todos los productores”, aseguró finalmente.
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Guardaparques se organizan para mejorar su situación
Guardaparques federalizarán la lucha para jerarquizar su trabajo y las políticas ambientales
Fecha de Publicación: 05/11/2013
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Nacional
“En toda América Latina hay cerca de 8.400 guardaparques, Argentina es uno de los países que más tiene y está en mejores condiciones que otros países de la región, pero aún hay mucho por hacer. En cualquier otra fuerza de seguridad hay más personal, nosotros como guardianes de la naturaleza en un continente tan extenso y con superficies tan importantes por conservar, realmente somos aún muy poquitos. Las dificultades son muchas, el escenario es alarmante en cuanto a las situaciones de inseguridad que se presentan para cuidar, proteger y recorrer las áreas, y debemos reforzar el cuerpo de guardaparques en todas las jurisdicciones si no queremos ser reemplazados por fuerzas de seguridad armadas en el corto plazo”, explicó en la entrevista con ArgentinaForestal.com la guardaparque bonaerense Alba Alé, miembro de la Asociación de Guardaparques de Argentina (AGA) y representante provisoria en la Federación Latinoamericana de Guardaparques (FLG), quien participó y expuso en el “I Encuentro de Guardaparques, Agentes de Conservación y Estudiantes”, realizado en la sede del Instituto Superior San Pedro (ISSP) N°1652.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Guardaparques de Misiones (Agumis), Diego Ciarmiello, destacó que “es la primera vez que se organiza una iniciativa con estas características en el país, y que Misiones haya marcado este primer paso es una señal de unión y fortalecimiento importante. Ahora se apunta a elevar la organización del Cuerpo de Guardaparques a nivel nacional y, además, ganar un espacio con mayor fuerza en la Federación Latinoamericana para unirnos en la búsqueda de soluciones que permitan jerarquizar el trabajo de los guardaparques por un lado, y por otro, revisar las problemáticas ambientales que son coincidentes para fortalecer la conservación de las Áreas Naturales Protegidas con una lucha más fuerte, federalizada”, adelantó el directivo.
Paralelamente a la organización sindical, desde Agumis también se promueve la formación y capacitación de los guardaparques, y en ese marco lanzarán próximamente una diplomatura para los guardaparques que será dictado en la UCA (Universidad Católica Argentina).
Así, el encuentro les permitió revisar y actualizarse sobre la situación actual de las distintas jurisdicciones y empezar a organizarse para elevar el nivel de las condiciones laborales y reactivar las acciones en el marco de la AGA.
Por su parte, Alba Alé se refirió al encuentro y consideró que “fue muy valioso, era necesario y fue oportuno, y se dio en un buen momento para medir cuál es la situación que enfrentamos y comparar con lo que sucede en otros países. En Argentina estamos mucho mejor que otros países de Latinoamérica, si bien tenemos otras necesidades y problemáticas, pero que las Áreas Naturales Protegidas estén en manos del Estado nos diferencia de otros países, donde los recursos naturales están bajo el dominio de alguna ONG o alguna otra institución. Esto es importante de valorar”, dijo.
Por otra parte, sostuvo que acordaron reactivar la AGA para lograr una representación más federal y así reforzar a los guardaparques en todas las jurisdicciones.
En cuanto a su visión sobre las ANP, Alé compartió el concepto de que se debe buscar la conservación en forma combinada con el manejo para la sostenibilidad de los recursos. “El mejor ejemplo que tiene Misiones en la Reserva de Biosfera Yabotí, donde tienen áreas intangibles, zonas núcleos y zonas de amortiguación, y en esta última se permite una mayor flexibilización de la actividad humana con aprovechamiento selectivo, ya que no hay dudas que es mejor tener a la gente adentro del bosque en forma amigable con el ambiente, que tenerlo afuera pero con el riesgo de un daño que podría ser más perjudicial para el área”, concluyó.
Lucha nacional
Tras concluir el primer encuentro, los asistentes elaboraron un documento donde quedó expresada la unificación de lucha de los trabajadores guardaparques, estudiantes, egresados, agentes de conservación (guarda faunas, brigadistas, guardaparques de apoyo, etcétera) del país, asumiendo el reconocimiento de problemáticas afines en los distintos ámbitos laborales sean estas de jurisdicción privada, municipal, Provincial, Nacional o Latinoamericana.El segundo encuentro se realizará en 2014 en Buenos Aires.
Entre los puntos acordados, señalaron que “ante situaciones adversas vividas por trabajadores en función de guardaparques en ámbitos de protección privado es de gran preocupación de este colectivo los riesgos que corren y la desprotección a la que están expuestos por no tener un marco legal que les de contención para el ejercicio de sus funciones, por ello sugerimos como una alternativa que tal vez las empresas privadas deban firmar convenios adecuados con las provincias para que estos trabajadores puedan estar encuadrados dentro de los marcos legales existentes para los que ejercen la misma función en espacios públicos”. En segundo lugar, plantearon resolver las problemáticas que se suceden por la dependencia de instituciones abocadas al manejo y gestión de ANP por depender de organismos que no tienen competencia en la temática de conservación o la cesión de atribuciones propias del Manejo y Gestión de ANP a otros organismos no específicos.
En tercer lugar, determinaron que los Guardaparques en función deben tener una participación activa en la formación de futuros guardaparques y participar y/o constituir mesas consultivas como principales ámbitos de decisión de contenidos curriculares, mesas de examen, planes de estudios, etc de las instituciones académicas formativas, dando además participación genuina y formal a los estudiantes y egresados.
En cuarto lugar, pidieron a las máximas autoridades provinciales y nacionales la ejecución de políticas de Estado que resuelvan las problemáticas de precariedad laboral que se suceden en distintas áreas naturales protegidas. Asimismo, solicitaron “tener en cuenta y consensuar las decisiones en la gestión y toma de decisiones con el cuerpo de guardaparques. Modernizar las áreas para ello, resolver según lo establecido en procedimiento administrativo”.
En sexto lugar, pidieron que se otorgue a los Cuerpos de Guardaparques del país o aquellos que los tienen en formación, toda la logística necesaria para llevar adelante en forma efectiva su función y sobre todo los elementos necesarios para el resguardo de su vida y la de terceros en situaciones extremas de inseguridad ante el delito dentro de las Áreas Protegidas en defensa de los bienes naturales tutelados de todas las jurisdicciones. Como así también los marcos legales correspondientes para resguardar actos y la capacitación adecuada tendiendo en cuenta la realidad de cada región del país.
Solicitaron también que los cargos jerárquicos sean ocupados por personal profesional capacitado para tales fines por concursos y mecanismos transparentes. Y que los guardaparques puedan ser escuchados en calidad de asesores como profesionales capacitados en manejo de gestión, administración de Áreas Protegidas en los ámbitos de la UNASUR específicos donde se planifican las políticas relacionadas a medio ambiente y cuidado de los recursos naturales.
En noveno lugar, pidieron contar con las garantías de amparo legal laboral en el ejercicio de las funciones de guardaparques, en los posibles desenlaces judiciales. También exigieron el libre ejercicio a la libertad de expresión para trabajadores que son perseguidos por dar manifestaciones públicas de las realidades laborales. Y solicitaron poner en valor la formación de la carrera de Guardaparques pública y gratuita de la provincia de Misiones y Corrientes, peticionando la réplica de otras instituciones académicas universitarias en otras provincias.
Solicitaron la definición de categorías de acuerdo a la función específica de las tareas desarrolladas, no administrativas teniendo en cuenta que existe una institución histórica en Latinoamérica que es la APN donde de ha puesto en valor la función del guardaparques por medio del reconocimiento de sus reivindicaciones laborales, ya sentado este precedente y considerando que la función es la misma ejerza donde se ejerza, en cualquiera de las jurisdicciones, es que todos los Guardaparques del país aspiran a equiparar los logros en cuanto a la profesión de esta institución modelo.
Solicitaron también la profundización y revisión del diseño del reglamento de la Ley del Guardaparques provinciales de Misiones. Para ello solicitaron una mesa técnica multidisciplinaria donde también se encuentren presentes sindicatos, Agumis, Universidades, representantes de estudiantes y egresados y todo aquel profesional y/o funcionario que se considere pertinente.
Acordaron fomentar la incorporación de Guardaparques en todas las jurisdicciones y avanzar en leyes de presupuestos mínimos (para los sistemas de ANP). Para asegurar cubrir las necesidades de los diferentes Sistemas y contar con el marco legal correspondiente para asegurar el ejercicio efectivo de la función.
Finalmente, expresaron que “existiendo en la administración pública mecanismos legales de comunicación exigimos a las autoridades que utilicen los actos administrativos correspondientes y al momento de bajar lineamientos acerca de cambios que contradigan la reglamentación”.
Reclamaron la actualización de Planes de Manejo para cada área protegida como así también de los estudios de impacto ambiental para cualquier obra que se desarrolle en las áreas y zonas de influencia. De lo contrario, pidieron detener y/o impedir inicios de obras que pongan en riesgo los ambientes y ecosistemas protegidos. En un marco de respeto por los objetivos primarios de las áreas protegidas.
Finalmente, se comprometieron a la reactivación de la AGA (Asociación de Guardaparques Argentinos) con amplia representación Federal.
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Fecha de Publicación: 05/11/2013
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Nacional
“En toda América Latina hay cerca de 8.400 guardaparques, Argentina es uno de los países que más tiene y está en mejores condiciones que otros países de la región, pero aún hay mucho por hacer. En cualquier otra fuerza de seguridad hay más personal, nosotros como guardianes de la naturaleza en un continente tan extenso y con superficies tan importantes por conservar, realmente somos aún muy poquitos. Las dificultades son muchas, el escenario es alarmante en cuanto a las situaciones de inseguridad que se presentan para cuidar, proteger y recorrer las áreas, y debemos reforzar el cuerpo de guardaparques en todas las jurisdicciones si no queremos ser reemplazados por fuerzas de seguridad armadas en el corto plazo”, explicó en la entrevista con ArgentinaForestal.com la guardaparque bonaerense Alba Alé, miembro de la Asociación de Guardaparques de Argentina (AGA) y representante provisoria en la Federación Latinoamericana de Guardaparques (FLG), quien participó y expuso en el “I Encuentro de Guardaparques, Agentes de Conservación y Estudiantes”, realizado en la sede del Instituto Superior San Pedro (ISSP) N°1652.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Guardaparques de Misiones (Agumis), Diego Ciarmiello, destacó que “es la primera vez que se organiza una iniciativa con estas características en el país, y que Misiones haya marcado este primer paso es una señal de unión y fortalecimiento importante. Ahora se apunta a elevar la organización del Cuerpo de Guardaparques a nivel nacional y, además, ganar un espacio con mayor fuerza en la Federación Latinoamericana para unirnos en la búsqueda de soluciones que permitan jerarquizar el trabajo de los guardaparques por un lado, y por otro, revisar las problemáticas ambientales que son coincidentes para fortalecer la conservación de las Áreas Naturales Protegidas con una lucha más fuerte, federalizada”, adelantó el directivo.
Paralelamente a la organización sindical, desde Agumis también se promueve la formación y capacitación de los guardaparques, y en ese marco lanzarán próximamente una diplomatura para los guardaparques que será dictado en la UCA (Universidad Católica Argentina).
Así, el encuentro les permitió revisar y actualizarse sobre la situación actual de las distintas jurisdicciones y empezar a organizarse para elevar el nivel de las condiciones laborales y reactivar las acciones en el marco de la AGA.
Por su parte, Alba Alé se refirió al encuentro y consideró que “fue muy valioso, era necesario y fue oportuno, y se dio en un buen momento para medir cuál es la situación que enfrentamos y comparar con lo que sucede en otros países. En Argentina estamos mucho mejor que otros países de Latinoamérica, si bien tenemos otras necesidades y problemáticas, pero que las Áreas Naturales Protegidas estén en manos del Estado nos diferencia de otros países, donde los recursos naturales están bajo el dominio de alguna ONG o alguna otra institución. Esto es importante de valorar”, dijo.
Por otra parte, sostuvo que acordaron reactivar la AGA para lograr una representación más federal y así reforzar a los guardaparques en todas las jurisdicciones.
En cuanto a su visión sobre las ANP, Alé compartió el concepto de que se debe buscar la conservación en forma combinada con el manejo para la sostenibilidad de los recursos. “El mejor ejemplo que tiene Misiones en la Reserva de Biosfera Yabotí, donde tienen áreas intangibles, zonas núcleos y zonas de amortiguación, y en esta última se permite una mayor flexibilización de la actividad humana con aprovechamiento selectivo, ya que no hay dudas que es mejor tener a la gente adentro del bosque en forma amigable con el ambiente, que tenerlo afuera pero con el riesgo de un daño que podría ser más perjudicial para el área”, concluyó.
Lucha nacional
Tras concluir el primer encuentro, los asistentes elaboraron un documento donde quedó expresada la unificación de lucha de los trabajadores guardaparques, estudiantes, egresados, agentes de conservación (guarda faunas, brigadistas, guardaparques de apoyo, etcétera) del país, asumiendo el reconocimiento de problemáticas afines en los distintos ámbitos laborales sean estas de jurisdicción privada, municipal, Provincial, Nacional o Latinoamericana.El segundo encuentro se realizará en 2014 en Buenos Aires.
Entre los puntos acordados, señalaron que “ante situaciones adversas vividas por trabajadores en función de guardaparques en ámbitos de protección privado es de gran preocupación de este colectivo los riesgos que corren y la desprotección a la que están expuestos por no tener un marco legal que les de contención para el ejercicio de sus funciones, por ello sugerimos como una alternativa que tal vez las empresas privadas deban firmar convenios adecuados con las provincias para que estos trabajadores puedan estar encuadrados dentro de los marcos legales existentes para los que ejercen la misma función en espacios públicos”. En segundo lugar, plantearon resolver las problemáticas que se suceden por la dependencia de instituciones abocadas al manejo y gestión de ANP por depender de organismos que no tienen competencia en la temática de conservación o la cesión de atribuciones propias del Manejo y Gestión de ANP a otros organismos no específicos.
En tercer lugar, determinaron que los Guardaparques en función deben tener una participación activa en la formación de futuros guardaparques y participar y/o constituir mesas consultivas como principales ámbitos de decisión de contenidos curriculares, mesas de examen, planes de estudios, etc de las instituciones académicas formativas, dando además participación genuina y formal a los estudiantes y egresados.
En cuarto lugar, pidieron a las máximas autoridades provinciales y nacionales la ejecución de políticas de Estado que resuelvan las problemáticas de precariedad laboral que se suceden en distintas áreas naturales protegidas. Asimismo, solicitaron “tener en cuenta y consensuar las decisiones en la gestión y toma de decisiones con el cuerpo de guardaparques. Modernizar las áreas para ello, resolver según lo establecido en procedimiento administrativo”.
En sexto lugar, pidieron que se otorgue a los Cuerpos de Guardaparques del país o aquellos que los tienen en formación, toda la logística necesaria para llevar adelante en forma efectiva su función y sobre todo los elementos necesarios para el resguardo de su vida y la de terceros en situaciones extremas de inseguridad ante el delito dentro de las Áreas Protegidas en defensa de los bienes naturales tutelados de todas las jurisdicciones. Como así también los marcos legales correspondientes para resguardar actos y la capacitación adecuada tendiendo en cuenta la realidad de cada región del país.
Solicitaron también que los cargos jerárquicos sean ocupados por personal profesional capacitado para tales fines por concursos y mecanismos transparentes. Y que los guardaparques puedan ser escuchados en calidad de asesores como profesionales capacitados en manejo de gestión, administración de Áreas Protegidas en los ámbitos de la UNASUR específicos donde se planifican las políticas relacionadas a medio ambiente y cuidado de los recursos naturales.
En noveno lugar, pidieron contar con las garantías de amparo legal laboral en el ejercicio de las funciones de guardaparques, en los posibles desenlaces judiciales. También exigieron el libre ejercicio a la libertad de expresión para trabajadores que son perseguidos por dar manifestaciones públicas de las realidades laborales. Y solicitaron poner en valor la formación de la carrera de Guardaparques pública y gratuita de la provincia de Misiones y Corrientes, peticionando la réplica de otras instituciones académicas universitarias en otras provincias.
Solicitaron la definición de categorías de acuerdo a la función específica de las tareas desarrolladas, no administrativas teniendo en cuenta que existe una institución histórica en Latinoamérica que es la APN donde de ha puesto en valor la función del guardaparques por medio del reconocimiento de sus reivindicaciones laborales, ya sentado este precedente y considerando que la función es la misma ejerza donde se ejerza, en cualquiera de las jurisdicciones, es que todos los Guardaparques del país aspiran a equiparar los logros en cuanto a la profesión de esta institución modelo.
Solicitaron también la profundización y revisión del diseño del reglamento de la Ley del Guardaparques provinciales de Misiones. Para ello solicitaron una mesa técnica multidisciplinaria donde también se encuentren presentes sindicatos, Agumis, Universidades, representantes de estudiantes y egresados y todo aquel profesional y/o funcionario que se considere pertinente.
Acordaron fomentar la incorporación de Guardaparques en todas las jurisdicciones y avanzar en leyes de presupuestos mínimos (para los sistemas de ANP). Para asegurar cubrir las necesidades de los diferentes Sistemas y contar con el marco legal correspondiente para asegurar el ejercicio efectivo de la función.
Finalmente, expresaron que “existiendo en la administración pública mecanismos legales de comunicación exigimos a las autoridades que utilicen los actos administrativos correspondientes y al momento de bajar lineamientos acerca de cambios que contradigan la reglamentación”.
Reclamaron la actualización de Planes de Manejo para cada área protegida como así también de los estudios de impacto ambiental para cualquier obra que se desarrolle en las áreas y zonas de influencia. De lo contrario, pidieron detener y/o impedir inicios de obras que pongan en riesgo los ambientes y ecosistemas protegidos. En un marco de respeto por los objetivos primarios de las áreas protegidas.
Finalmente, se comprometieron a la reactivación de la AGA (Asociación de Guardaparques Argentinos) con amplia representación Federal.
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En Entre Ríos vuelve el debate sobre los Agroquímicos
El Senado retoma el tratamiento de la Ley de Agroquímicos
Fecha de Publicación: 04/11/2013
Fuente: La Calle
Provincia/Región: Entre Ríos
La comisión de Producción del Senado se reunirá el próximo miércoles con el tratamiento de la ley de agroquímicos como único punto en la agenda.
El miércoles 6 de noviembre a las 9 se reunirá la comisión de Producción del Senado.
El proyecto de ley de regulación del uso de sustancias químicas en actividades productivas, es el único punto en agenda.
Mientras tanto, tal como confirmó a APF, prosigue la “nueva instancia de consulta” que iniciaron los legisladores para buscar consensos en torno a la iniciativa.
Cabe destacar que el texto hoy en estudio ingresó en julio del 2012 al Senado luego de ser descartada la propuesta que modificaba la ley de plaguicidas que venía con media sanción de Diputados. Esta última pasó a archivo tras más de tres años de estar en la comisión que preside desde la gestión anterior, el reelecto senador Oscar Arlettaz.
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Fecha de Publicación: 04/11/2013
Fuente: La Calle
Provincia/Región: Entre Ríos
La comisión de Producción del Senado se reunirá el próximo miércoles con el tratamiento de la ley de agroquímicos como único punto en la agenda.
El miércoles 6 de noviembre a las 9 se reunirá la comisión de Producción del Senado.
El proyecto de ley de regulación del uso de sustancias químicas en actividades productivas, es el único punto en agenda.
Mientras tanto, tal como confirmó a APF, prosigue la “nueva instancia de consulta” que iniciaron los legisladores para buscar consensos en torno a la iniciativa.
Cabe destacar que el texto hoy en estudio ingresó en julio del 2012 al Senado luego de ser descartada la propuesta que modificaba la ley de plaguicidas que venía con media sanción de Diputados. Esta última pasó a archivo tras más de tres años de estar en la comisión que preside desde la gestión anterior, el reelecto senador Oscar Arlettaz.
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Botnia podrá producir por tres años más
Autorizan a la ex Botnia a producir por tres años más
Fecha de Publicación: 04/11/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Mujica le exigió nuevos controles; en Gualeguaychú se hizo otra protesta
El gobierno de José Mujica avaló la implementación de controles ambientales de UPM (ex Botnia) y le otorgó a la pastera una nueva autorización hasta 2016, según lo comunicó el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente del gobierno uruguayo, Francisco Beltrame.
Mientras tanto, por río y por tierra se realizó ayer una nueva acción de protesta contra la fábrica de pasta de celulosa y contra el gobierno uruguayo tras conocerse la nueva autorización por tres años más del funcionamiento de la planta.
Según informó en su edición de ayer el diario La República, el viernes, el ministro Beltrame firmó una nueva Autorización Ambiental de Operaciones para la planta de UPM, ya que la actual vence hoy.
Cada tres, años, este tipo de aval ambiental caduca y hay que realizar los análisis para su renovación. Beltrame anunció que la empresa viene cumpliendo con los requisitos de mejora de impacto ambiental exigidos por el gobierno para la autorización del incremento de producción en 100.000 toneladas anuales adicionales a las que ya realizaba.
El gobierno de Uruguay condicionó el aumento de la producción de la planta procesadora de pasta de celulosa al cumplimiento de una serie de obras que están relacionadas con el vertido de fósforo al río Uruguay, así como de la disminución de la temperatura de los efluentes provenientes de la planta.
Esas exigencias, que fueron aceptadas por UPM, tienen un cronograma para su ejecución.
Además, se incluyeron en aquella polémica resolución de Mujica, firmada por el ministerio ambiental, otras condicionantes vinculadas al funcionamiento de la planta y al cuidado en el manejo de sus desechos.
El ministro de Ambiente, que es mano derecha del presidente Mujica, dijo que la empresa finlandesa ya está implementando algunas de las medidas ambientales exigidas por Uruguay. Entre las primeras acciones estuvo la del control diario de la carga de fósforo en el proceso de producción.
Movilización
En Entre Ríos, en tanto, una treintena de embarcaciones y centenares de autos se movilizaron contra la fábrica de capitales finlandeses. Se trató de otra acción de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, que convocó bajo la consigna "por la salud del río y en contra de Botnia".
Hubo críticas a UPM y al gobierno de Mujica, pero también a la administración de Cristina Kirchner. En una proclama, que fue leída desde una embarcación, se pidió a ambos gobiernos "que escuchen la voz de sus pueblos y les reconozcan el derecho humano de vivir en un ambiente sano".
"Llevamos ya más de diez años en la lucha contra este monstruo contaminante y hoy volvemos a expresarnos aquí para reafirmar nuestra inclaudicable decisión de oponernos por todos los medios posibles a su permanencia en este lugar", dijeron los asambleístas.
Los ambientalistas denunciaron que "los datos que se han difundido sobre el grado de contaminación que Botnia-UPM produce en la zona no hacen más que confirmar lo que siempre hemos sostenido: nuestra lucha seguirá hasta que este monstruo contaminante se vaya de la cuenca del río Uruguay", dijeron.
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Fecha de Publicación: 04/11/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Mujica le exigió nuevos controles; en Gualeguaychú se hizo otra protesta
El gobierno de José Mujica avaló la implementación de controles ambientales de UPM (ex Botnia) y le otorgó a la pastera una nueva autorización hasta 2016, según lo comunicó el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente del gobierno uruguayo, Francisco Beltrame.
Mientras tanto, por río y por tierra se realizó ayer una nueva acción de protesta contra la fábrica de pasta de celulosa y contra el gobierno uruguayo tras conocerse la nueva autorización por tres años más del funcionamiento de la planta.
Según informó en su edición de ayer el diario La República, el viernes, el ministro Beltrame firmó una nueva Autorización Ambiental de Operaciones para la planta de UPM, ya que la actual vence hoy.
Cada tres, años, este tipo de aval ambiental caduca y hay que realizar los análisis para su renovación. Beltrame anunció que la empresa viene cumpliendo con los requisitos de mejora de impacto ambiental exigidos por el gobierno para la autorización del incremento de producción en 100.000 toneladas anuales adicionales a las que ya realizaba.
El gobierno de Uruguay condicionó el aumento de la producción de la planta procesadora de pasta de celulosa al cumplimiento de una serie de obras que están relacionadas con el vertido de fósforo al río Uruguay, así como de la disminución de la temperatura de los efluentes provenientes de la planta.
Esas exigencias, que fueron aceptadas por UPM, tienen un cronograma para su ejecución.
Además, se incluyeron en aquella polémica resolución de Mujica, firmada por el ministerio ambiental, otras condicionantes vinculadas al funcionamiento de la planta y al cuidado en el manejo de sus desechos.
El ministro de Ambiente, que es mano derecha del presidente Mujica, dijo que la empresa finlandesa ya está implementando algunas de las medidas ambientales exigidas por Uruguay. Entre las primeras acciones estuvo la del control diario de la carga de fósforo en el proceso de producción.
Movilización
En Entre Ríos, en tanto, una treintena de embarcaciones y centenares de autos se movilizaron contra la fábrica de capitales finlandeses. Se trató de otra acción de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, que convocó bajo la consigna "por la salud del río y en contra de Botnia".
Hubo críticas a UPM y al gobierno de Mujica, pero también a la administración de Cristina Kirchner. En una proclama, que fue leída desde una embarcación, se pidió a ambos gobiernos "que escuchen la voz de sus pueblos y les reconozcan el derecho humano de vivir en un ambiente sano".
"Llevamos ya más de diez años en la lucha contra este monstruo contaminante y hoy volvemos a expresarnos aquí para reafirmar nuestra inclaudicable decisión de oponernos por todos los medios posibles a su permanencia en este lugar", dijeron los asambleístas.
Los ambientalistas denunciaron que "los datos que se han difundido sobre el grado de contaminación que Botnia-UPM produce en la zona no hacen más que confirmar lo que siempre hemos sostenido: nuestra lucha seguirá hasta que este monstruo contaminante se vaya de la cuenca del río Uruguay", dijeron.
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El Impenetrable sigue siendo arrasado
Denuncian otro 'gigantesco' desmonte en El Impenetrable
Fecha de Publicación: 04/11/2013
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Chaco
A través de imágenes satelitales aportadas por Google Earth, el Centro de Estudios Nelson Mandela denunció un gigantesco desmonte que sería ilegal en una zona ubicada 45 kilómetros al nordeste de Taco Pozo, sobre la Picada 100. Denuncian que no existe cartel identificatorio.
El Centro de Estudios Nelson Mandela Chaco denunció un nuevo “gigantesco desmonte” en zona prohibida de El Impenetrable. Se trataría de un desmonte encubierto que se ejecuta en zona amarilla, de acuerdo al ordenamiento territorial del bosque nativo, en el establecimiento “El Diamante”, ubicado a aproximadamente 45 kilómetros al nordeste de la localidad de Taco Pozo, sobre la Picada 100.
“Utilizan topadoras de gran potencia, con rolos de grandes dimensiones, provistos de múltiples cuchillas para que la destrucción de los restos forestales sea más efectiva y rápida. O sea que violaron todas las normas vigentes en la materia”, denunció el coordinador del Centro Mandela, Rolando Núñez.
“El establecimiento “El Diamante” está ubicado a aproximadamente 45 kms. al nordeste de la localidad de Taco Pozo, sobre la Picada 100. Allí se está desmontando. Las coordenadas que corresponden a una de las tranqueras de dicho establecimiento son las siguientes: 25º19’24.1”S y 62º56’14.9”O”, precisa la información.
“Aparentemente se trataría de una intervención ilegal ya que no se observó el cartel identificatorio, que es obligatorio y que debe estar instalado en el predio, con todos los datos exigidos por el ordenamiento legal, entre los que figuran el número de expediente llevado por la Dirección de Bosques, el número de resolución autorizando el permiso, el titular del permiso, el técnico responsable y la superficie autorizada”, explicó Núñez.
Describió además que “los trabajos se están realizando a lo largo de los 20 km de longitud que tiene el campo sobre la Picada 100. Ni siquiera dejaron las cortinas forestales obligatorias para proteger el predio. Los árboles topados se encuentran en el suelo, con el follaje verde, lo que comprueba que el desmonte fue ejecutado recientemente. Intervinieron la superficie boscosa, eliminando toda formación que se desarrolla normalmente en la zona debajo del monte.
Dejaron unos pocos árboles por hectárea, mucho menos de los 120 árboles que exige en pie el sistema silvopastoril chaqueño, y aún más lejos para que mantenga su condición de bosque, de acuerdo a lo establecido en la ley nacional 26.331”.
“El mapa satelital que utilizamos para ubicar el desmonte es de Google Earth. La imagen es del 13 de abril de 2013. Es nítida la gran cantidad de desmontes existentes en la zona, lo cual revela el mal funcionamiento de la Dirección de Bosques en materias de controles preventivos y sancionatorios.
La región conforma un ecosistema sumamente frágil, continuamente sometido a severos riesgos agroclimáticos, de tal modo de que los desmontes provocarán -en el corto plazo- un desbalance ambiental cuyas dimensiones y consecuencias no mide el gobierno. Las imágenes que siguen, por sus contundencias, tienen un gran valor documental”, concluye el Centro Mandela.
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Fecha de Publicación: 04/11/2013
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Chaco
A través de imágenes satelitales aportadas por Google Earth, el Centro de Estudios Nelson Mandela denunció un gigantesco desmonte que sería ilegal en una zona ubicada 45 kilómetros al nordeste de Taco Pozo, sobre la Picada 100. Denuncian que no existe cartel identificatorio.
El Centro de Estudios Nelson Mandela Chaco denunció un nuevo “gigantesco desmonte” en zona prohibida de El Impenetrable. Se trataría de un desmonte encubierto que se ejecuta en zona amarilla, de acuerdo al ordenamiento territorial del bosque nativo, en el establecimiento “El Diamante”, ubicado a aproximadamente 45 kilómetros al nordeste de la localidad de Taco Pozo, sobre la Picada 100.
“Utilizan topadoras de gran potencia, con rolos de grandes dimensiones, provistos de múltiples cuchillas para que la destrucción de los restos forestales sea más efectiva y rápida. O sea que violaron todas las normas vigentes en la materia”, denunció el coordinador del Centro Mandela, Rolando Núñez.
“El establecimiento “El Diamante” está ubicado a aproximadamente 45 kms. al nordeste de la localidad de Taco Pozo, sobre la Picada 100. Allí se está desmontando. Las coordenadas que corresponden a una de las tranqueras de dicho establecimiento son las siguientes: 25º19’24.1”S y 62º56’14.9”O”, precisa la información.
“Aparentemente se trataría de una intervención ilegal ya que no se observó el cartel identificatorio, que es obligatorio y que debe estar instalado en el predio, con todos los datos exigidos por el ordenamiento legal, entre los que figuran el número de expediente llevado por la Dirección de Bosques, el número de resolución autorizando el permiso, el titular del permiso, el técnico responsable y la superficie autorizada”, explicó Núñez.
Describió además que “los trabajos se están realizando a lo largo de los 20 km de longitud que tiene el campo sobre la Picada 100. Ni siquiera dejaron las cortinas forestales obligatorias para proteger el predio. Los árboles topados se encuentran en el suelo, con el follaje verde, lo que comprueba que el desmonte fue ejecutado recientemente. Intervinieron la superficie boscosa, eliminando toda formación que se desarrolla normalmente en la zona debajo del monte.
Dejaron unos pocos árboles por hectárea, mucho menos de los 120 árboles que exige en pie el sistema silvopastoril chaqueño, y aún más lejos para que mantenga su condición de bosque, de acuerdo a lo establecido en la ley nacional 26.331”.
“El mapa satelital que utilizamos para ubicar el desmonte es de Google Earth. La imagen es del 13 de abril de 2013. Es nítida la gran cantidad de desmontes existentes en la zona, lo cual revela el mal funcionamiento de la Dirección de Bosques en materias de controles preventivos y sancionatorios.
La región conforma un ecosistema sumamente frágil, continuamente sometido a severos riesgos agroclimáticos, de tal modo de que los desmontes provocarán -en el corto plazo- un desbalance ambiental cuyas dimensiones y consecuencias no mide el gobierno. Las imágenes que siguen, por sus contundencias, tienen un gran valor documental”, concluye el Centro Mandela.
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agricultura industrial,
Chaco,
Desmontes,
legislación y derecho ambiental
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Pascua Lama: el sector minero muy preocupado
Tildan de 'grave y muy conflictiva' la situación en Pascua Lama
Fecha de Publicación: 03/11/2013
Fuente: MDZ
Provincia/Región: San Juan
El titular de la Cámara de Servicios Mineros, el sanjuanino Fabricio Benedetti, explicó que la canadiense Barrick tiene problemas económicos y que ya se han producido despidos.
Los trabajadores y empresarios sanjuaninos involucrados en el proyecto Pascua Lama muestran una profunda (aunque no sorpresiva) preocupación por el anuncio de la minera canadiense Barrick Gold de restringir la inversión sobre el yacimiento en pos de una serie de dificultades de la compañía a nivel mundial e, indirectamente, por su conflicto con la Justicia chilena.
Tras el anuncio, realizado el jueves pasado por el vicepresidente de la minera a nivel local Guillermo Caló, el Gobierno de la provincia de San Juan exhortó a la empresa transnacional a continuar con el proyecto y a evitar pérdidas de puestos de trabajo. Misma línea siguió el Ejecutivo nacional, que respaldó la postura del gobernador interino Sergio Uñac.
Además, el Ejecutivo sanjuanino no quiere verse involucrado en un escándalo similar al que se vio envuelto el gobierno de Francisco Pérez en Mendoza, cuando tuvo que afrontar (con un altísimo costo político y social) la salida de la minera brasileña Vale y el parate absoluto de Potasio Río Colorado.
Fabricio Benedetti es el titular de la Cámara de Servicios Mineros (CASEMI) a nivel nacional y actualmente reside en San Juan, y habló con MDZ Radio para explicar el panorama que se vive en la vecina provincia, las reacciones del Gobierno provincial y nacional frente al anuncio de Barrick y las posibles soluciones al conflicto.
Si bien el empresario consideró que "lo que está haciendo Sergio Uñac es lo que tiene que hacer todo gobernador", sostuvo que "del lado de los empresarios tenemos que ver la realidad, y la realidad indica que la empresa minera está pasando por un trance económico, lo cual ha hecho frenar la construcción del megaproyecto".
Por otro lado, Benedetti aseguró que "en los últimos seis meses ha habido muchos despidos y la situación económica de los trabajadores y empresarios inversores sanjuaninos se complica".
Con respecto a las posibles soluciones para aquellos trabajadores que hayan o estén por abandonar Pascua Lama, Benedetti ve con buenos ojos una solución "a la mendocina" pero adelantó que traería alivio de manera acotada y parcial.
"Los trabajadores de la construcción se pueden reubicar en la obra pública, aunque no se si la provincia tiene los recursos necesarios. Pero están los trabajadores metalúrgicos y de transporte que son difíciles de reubicarlos", explicó. "Tenemos que trabajar con la realidad y buscando la solución para todos", concluyó.
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Fecha de Publicación: 03/11/2013
Fuente: MDZ
Provincia/Región: San Juan
El titular de la Cámara de Servicios Mineros, el sanjuanino Fabricio Benedetti, explicó que la canadiense Barrick tiene problemas económicos y que ya se han producido despidos.
Los trabajadores y empresarios sanjuaninos involucrados en el proyecto Pascua Lama muestran una profunda (aunque no sorpresiva) preocupación por el anuncio de la minera canadiense Barrick Gold de restringir la inversión sobre el yacimiento en pos de una serie de dificultades de la compañía a nivel mundial e, indirectamente, por su conflicto con la Justicia chilena.
Tras el anuncio, realizado el jueves pasado por el vicepresidente de la minera a nivel local Guillermo Caló, el Gobierno de la provincia de San Juan exhortó a la empresa transnacional a continuar con el proyecto y a evitar pérdidas de puestos de trabajo. Misma línea siguió el Ejecutivo nacional, que respaldó la postura del gobernador interino Sergio Uñac.
Además, el Ejecutivo sanjuanino no quiere verse involucrado en un escándalo similar al que se vio envuelto el gobierno de Francisco Pérez en Mendoza, cuando tuvo que afrontar (con un altísimo costo político y social) la salida de la minera brasileña Vale y el parate absoluto de Potasio Río Colorado.
Fabricio Benedetti es el titular de la Cámara de Servicios Mineros (CASEMI) a nivel nacional y actualmente reside en San Juan, y habló con MDZ Radio para explicar el panorama que se vive en la vecina provincia, las reacciones del Gobierno provincial y nacional frente al anuncio de Barrick y las posibles soluciones al conflicto.
Si bien el empresario consideró que "lo que está haciendo Sergio Uñac es lo que tiene que hacer todo gobernador", sostuvo que "del lado de los empresarios tenemos que ver la realidad, y la realidad indica que la empresa minera está pasando por un trance económico, lo cual ha hecho frenar la construcción del megaproyecto".
Por otro lado, Benedetti aseguró que "en los últimos seis meses ha habido muchos despidos y la situación económica de los trabajadores y empresarios inversores sanjuaninos se complica".
Con respecto a las posibles soluciones para aquellos trabajadores que hayan o estén por abandonar Pascua Lama, Benedetti ve con buenos ojos una solución "a la mendocina" pero adelantó que traería alivio de manera acotada y parcial.
"Los trabajadores de la construcción se pueden reubicar en la obra pública, aunque no se si la provincia tiene los recursos necesarios. Pero están los trabajadores metalúrgicos y de transporte que son difíciles de reubicarlos", explicó. "Tenemos que trabajar con la realidad y buscando la solución para todos", concluyó.
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Nueva caravana náutica frente a Botnia
Asambleístas realizan caravana náutica frente a Botnia-UPM
Fecha de Publicación: 03/11/2013
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
La Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú realizará este domingo a las 15 una caravana náutica por el río Uruguay para protestar frente a la planta de Botnia-UPM, instalada en la vecina localidad uruguaya de Fray Bentos.
Con el título “Por la salud del río Uruguay” se realizará la movilización de decenas de embarcaciones, que será acompañada por una marcha vehicular que llegará hasta el puente internacional General San Martín, que une Gualeguaychú y Fray Bentos.
“El conflicto no está solucionado. Demostremos una vez más que Gualeguaychú no acepta la presencia de la empresa ilegal y contaminante Botnia-UPM en la cuenca del río Uruguay”, expresa la convocatoria.
Hubo dudas respecto a la realización de la misma, por el mal tiempo, en la ciudad de Gualeguaychú, pero evaluando algunos pronósticos alentadores, los asamble´´istas confirmaron la realización de la misma.
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Fecha de Publicación: 03/11/2013
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
La Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú realizará este domingo a las 15 una caravana náutica por el río Uruguay para protestar frente a la planta de Botnia-UPM, instalada en la vecina localidad uruguaya de Fray Bentos.
Con el título “Por la salud del río Uruguay” se realizará la movilización de decenas de embarcaciones, que será acompañada por una marcha vehicular que llegará hasta el puente internacional General San Martín, que une Gualeguaychú y Fray Bentos.
“El conflicto no está solucionado. Demostremos una vez más que Gualeguaychú no acepta la presencia de la empresa ilegal y contaminante Botnia-UPM en la cuenca del río Uruguay”, expresa la convocatoria.
Hubo dudas respecto a la realización de la misma, por el mal tiempo, en la ciudad de Gualeguaychú, pero evaluando algunos pronósticos alentadores, los asamble´´istas confirmaron la realización de la misma.
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Fracking: bendición o maldición, según quien lo mire
Argentina, el país cuyo destino podría cambiar por el fracking
Fecha de Publicación: 02/11/2013
Fuente: BBC
Provincia/Región: Nacional
Hasta hace unos años, Argentina podía obtener de su propio suelo los hidrocarburos que necesitaba para abastecer su matriz energética, dependiente en un 52% del gas y en un 35% del petróleo, según el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).
Pero las reservas de combustible empezaron a agotarse y a partir de 2010 el país debió empezar a importarlo, algo que consume cerca del 10% del presupuesto nacional y representa uno de los principales gastos que actualmente enfrenta el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Con el objeto de revertir esta situación, la nación sudamericana está haciendo una de las mayores apuestas de su historia: buscará extraer de su subsuelo petróleo y gas no convencional atrapado a enormes profundidades dentro de la llamada "roca madre o generadora", por debajo de los yacimientos que se explotan actualmente.
Para liberar ese combustible, conocido como shale o esquisto, tendrá que aplicar una polémica técnica de fracturación hidráulica o fracking, por la que se perfora la roca inyectándole millones de litros de agua, arena y aditivos químicos con gran fuerza.
El problema, según muchos, es que se trata de una técnica cuyo impacto a largo plazo aún es desconocido y que podría ser peligrosa para el medio ambiente debido a la magnitud de la fuerza utilizada, la cantidad de agua que se requiere y la presencia de sustancias tóxicas en el suelo.
Por eso, cuando la restatizada petrolera argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) firmó un acuerdo en julio pasado con la estadounidense Chevron para desarrollar la extracción de combustible no convencional, grupos de ciudadanos, medioambientalistas, líderes políticos y sociales y otros se alzaron contra una decisión que, creen, podría poner en riesgo el futuro del país.
Viaje al corazón de Vaca Muerta
No sólo los argentinos están pendientes del futuro de la hidrofracturación en su país. Otros también lo siguen con interés. Y es que el potencial que está en juego es enorme: según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos, Argentina tiene uno de los mayores recursos comprobados del mundo de gas y petróleo shale.
El país es actualmente el único en América Latina que ya explota el combustible no convencional. Desde 2010, se perforaron al menos 100 pozos usando fracking, la mayoría de ellos pertenecientes a YPF.
La principal riqueza argentina está en una formación rocosa a 3.000 metros de profundidad llamada Vaca Muerta, que ocupa casi toda la provincia patagónica de Neuquén.
Allí, en un área de 400 kilómetros cuadrados, se concentra la explotación de no convencionales de Argentina. Tras el acuerdo con Chevron, este año se perforarán en la zona 130 pozos nuevos, cifra que ascenderá a 1.577 en los próximos cinco años, si avanza el proyecto.
BBC Mundo viajó hasta el lugar para investigar los principales cuestionamientos: la posibilidad de que genere sismos, el temor a que se agoten las fuentes de agua por su uso excesivo y la posible contaminación del suelo y de acuíferos como consecuencia del agua residual (o flowback) que queda como desecho tras ser inyectado en los pozos.
Lo primero que esta cronista pudo comprobar en persona es que lo que puede apreciarse de una fracturación hidráulica dista mucho de lo que imaginan algunos.
A pesar de la gran fuerza que se utiliza (9.000 libras por pulgada cuadrada), el fracking es apenas perceptible desde el suelo. A pocos metros del pozo se siente solamente un muy suave zumbido, que los expertos aseguran no es la fractura misma sino la vibración de los motores que inyectan el agua.
En cuanto al impacto bajo tierra, tanto la empresa petrolera como funcionarios provinciales aseguraron que las fracturas que genera la práctica no superan un radio de 150 metros.
Ambientalistas con los que conversó BBC Mundo coincidieron en que no existe evidencia de que el fracking pueda generar sismos en este país. Sin embargo, en Estados Unidos aún se investiga si existe un vínculo y estudios realizados en el Reino Unido comprobaron que la práctica sí puede causar microsismos de hasta magnitud 3 en la escala de Richter, algo que no se siente desde la superficie y que es similar a lo que causa la minería.
A pesar de lo liviano de estos temblores, hay quienes temen que la masificación de pozos no convencionales a futuro pueda generar problemas sísmicos más serios.
La controversia del agua
Otro asunto polémico es el uso del agua. En Argentina, no existe legislación que regule la actividad del fracking, pero en 2012 el gobierno de Neuquén estipuló por decreto que el agua que se utiliza para esta práctica no puede venir de fuentes subterráneas que sirvan para el consumo humano o el riego.
Según los datos oficiales, los ríos de Neuquén tienen agua de sobra para abastecer a la industria de no convencionales: se estima que cada pozo utiliza hasta 15 millones de litros de agua en total (YPF asegura que sólo usa 5 millones), lo que representa menos del 1% del caudal de los ríos. El consumo humano, la agricultura y la industria utilizan 5% y el 94% restante desagua en el mar.
En un recorrido junto con personal de YPF, BBC Mundo visitó las instalaciones de donde se extrae el agua del río Neuquén para llevarlo por cañerías hasta los yacimientos, donde luego es transportado en camión hasta cada pozo.
Sin embargo, BBC Mundo también presenció lugares donde algunas petroleras que no cuentan con la infraestructura para obtenerlo del río se abastecen de agua de pozo, a pesar de que el decreto provincial lo prohíbe.
Esta no es la única irregularidad que presenta el uso de agua para el fracking en Neuquén. El tema que más preocupa a quienes se oponen a esta práctica es la forma en la que se dispone del agua residual, que contiene entre 12 y 24 ácidos y aditivos químicos y que según el decreto provincial debe ser tratada en un 100% antes de ser desechada o reutilizada en la industria petrolera o en forma de riego.
Voceros de YPF admitieron que hasta ahora han carecido del equipo necesario para tratar el agua residual, motivo por el cual reutilizan el 40% en nuevos pozos y el resto es volcado a un acuífero subterráneo a 1.500 metros de profundidad.
Jonatan Casiet, responsable de YPF del yacimiento Loma La Lata Norte, que concentra gran parte de los pozos no convencionales de Argentina, aseguró a BBC Mundo que a esa profundidad el flowback no tiene ningún contacto con las napas de agua potable, que están a menos de 300 metros del suelo.
"Se trata de agua extremadamente salina que no sirve ni para el consumo humano ni para riego", aseguró.
Según Casiet, en noviembre empezará a operar una planta de tratamiento de agua que permitirá a la empresa recuperar el total de los fluidos. "La intención es reutilizar el 100% del agua", afirmó.
Fiscalización
Por su parte, el subsecretario de Medio Ambiente de Neuquén, Ricardo Esquivel, le dijo a BBC Mundo que los aditivos químicos representan el 0,5% del agua residual del fracking y aseguró que la provincia realiza un exhaustivo monitoreo de la actividad, incluyendo estudios de agua para garantizar que no haya contaminación.
Sin embargo, los opositores a la práctica cuestionan que la provincia no haga públicos esos estudios. Un decreto firmado por el gobernador de Neuquén estipula que los informes sobre impacto ambiental no serán analizados en audiencias públicas.
De esta forma, ni los grupos ambientalistas ni otros afectados, como las comunidades mapuches que viven en la zona, tienen posibilidad de controlar cómo se lleva a cabo esta práctica. El único que la fiscaliza es el gobierno provincial, que es, a la vez, uno de los principales beneficiados por la explotación de no convencionales.
"Pretenden que confiemos en ellos como fiscalizadores cuando hasta ahora no han hecho las cosas bien", le dijo a BBC Mundo Andrea Mazieres, quien trabaja en el departamento de Áreas Naturales Protegidas de Neuquén y forma parte de la "multisectorial contra el fracking" que se creó en esa provincia.
Junto con otros colegas, Mazieres denunció que ese departamento estatal otorgó un permiso a la petrolera francesa Total para explotar un pozo no convencional en la reserva protegida Auca Mahuida.
La falta de credibilidad en asuntos medioambientales del gobierno de Neuquén -que hace medio siglo es gobernado por el Movimiento Popular Neuquino (MPN)- es citada por la mayoría de quienes temen que esta polémica actividad no tenga la supervisión adecuada para evitar futuros desastres, como los varios derrames que sufrió la provincia en las últimas décadas como consecuencia de la explotación petrolera tradicional.
"En este país las medidas de seguridad se empiezan a tomar después de que ocurre una catástrofe. Me opongo al fracking porque me preocupa que se realice sin responsabilidad ambiental. El agua me resulta más valiosa que el petróleo y el gas", señaló Lucía Martínez, una de las tantas personas que crearon peticiones públicas en el país tras la firma del acuerdo con Chevron.
Incertidumbre
Mazieres, Martínez y los ambientalistas advierten que aún existe mucha incertidumbre sobre el impacto a largo alcance del fracking y creen que antes de apostar por una técnica que hoy es cuestionada en varios países, Argentina debería invertir esos recursos en tecnologías renovables.
"Cada pozo no convencional cuesta siete veces más que uno convencional. Si el país invirtiera ese mismo dinero en energía eólica podría generar la misma cantidad de energía y sin el impacto ambiental", le dijo a BBC Mundo Juan Carlos Villalonga, ex directivo de Greenpeace que actualmente encabeza la organización ambiental Los Verdes.
Esquivel, el subsecretario de Medio Ambiente de Neuquén, admitió que en un mundo ideal sería preferible evitar los combustibles fósiles, que generan emanaciones dañinas, pero aseguró que con la actual matriz energética de Argentina este cambio es imposible en el corto o mediano plazo.
"Nuestros autos, nuestras casas, nuestras industrias, funcionan a base de hidrocarburos. En Argentina, el petróleo está cayendo un 10% cada año y el gas un 5%. No hay tiempo, hay que buscar una solución ya y Vaca Muerta es la solución", señaló.
Conviviendo con el fracking
Quienes más reflejan la dualidad que existe en torno a la hidrofracturación son los vecinos de Añelo, poblado a 100 kilómetros de la capital neuquina, el más próximo a la zona de la explotación de no convencionales.
Según el intendente, gracias a esta nueva actividad el pueblo triplicará su población en pocos años.
Ayelén González y Federico Troncoso vinieron hace tres meses con su beba porque creen que la región vivirá un boom económico gracias al shale.
"Es positivo, cada día vienen más jóvenes a Añelo porque se está creando empleo", afirmaron a este medio.
En cambio, algunos pobladores que crecieron en el lugar están preocupados.
"Siempre es lo mismo, vienen a llevarse nuestras riquezas y sólo dejan contaminación", dijo una señora mayor que administra el quiosco local y que prefirió no dar su nombre.
Otra persona consultada por BBC Mundo, Caleb Carrasco, de 20 años, estuvo de acuerdo. "Las petroleras generan millones de dólares y mientras tanto en Añelo solo tenemos cinco calles asfaltadas y el agua no se puede tomar", dijo el joven de origen mapuche, cuya familia mantiene un pleito con YPF por el uso de tierras que consideran propias.
Lo cierto es que nadie en Añelo toma el agua, a pesar de que las autoridades aseguran que es potable. Javier, de 28 años, contó a BBC Mundo que se descompuso varias veces y tuvo ronchas en la piel hasta que dejó de beber el agua de la canilla.
"En todos los pueblos petroleros pasa lo mismo. Dicen que no va a haber contaminación pero luego la hay", dijo, resignado.
A pesar de esto, Javier, al igual que Ayelén, Federico y otros tantos, tienen la esperanza de que la explotación de no convencionales se multiplique y que Argentina se convierta en una nueva meca mundial del fracking, como es actualmente Estados Unidos, que en pocos años se convertirá en el primer productor mundial de petróleo y gas gracias a esta técnica.
Pero mientras unos sueñan con futuras riquezas petroleras y el gobierno se ilusiona con poder recuperar el autoabastecimiento energético del país en los próximos diez años, otros miran con preocupación el surgimiento de esta nueva explotación, cuyas consecuencias consideran inciertas.
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Fecha de Publicación: 02/11/2013
Fuente: BBC
Provincia/Región: Nacional
Hasta hace unos años, Argentina podía obtener de su propio suelo los hidrocarburos que necesitaba para abastecer su matriz energética, dependiente en un 52% del gas y en un 35% del petróleo, según el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).
Pero las reservas de combustible empezaron a agotarse y a partir de 2010 el país debió empezar a importarlo, algo que consume cerca del 10% del presupuesto nacional y representa uno de los principales gastos que actualmente enfrenta el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Con el objeto de revertir esta situación, la nación sudamericana está haciendo una de las mayores apuestas de su historia: buscará extraer de su subsuelo petróleo y gas no convencional atrapado a enormes profundidades dentro de la llamada "roca madre o generadora", por debajo de los yacimientos que se explotan actualmente.
Para liberar ese combustible, conocido como shale o esquisto, tendrá que aplicar una polémica técnica de fracturación hidráulica o fracking, por la que se perfora la roca inyectándole millones de litros de agua, arena y aditivos químicos con gran fuerza.
El problema, según muchos, es que se trata de una técnica cuyo impacto a largo plazo aún es desconocido y que podría ser peligrosa para el medio ambiente debido a la magnitud de la fuerza utilizada, la cantidad de agua que se requiere y la presencia de sustancias tóxicas en el suelo.
Por eso, cuando la restatizada petrolera argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) firmó un acuerdo en julio pasado con la estadounidense Chevron para desarrollar la extracción de combustible no convencional, grupos de ciudadanos, medioambientalistas, líderes políticos y sociales y otros se alzaron contra una decisión que, creen, podría poner en riesgo el futuro del país.
Viaje al corazón de Vaca Muerta
No sólo los argentinos están pendientes del futuro de la hidrofracturación en su país. Otros también lo siguen con interés. Y es que el potencial que está en juego es enorme: según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos, Argentina tiene uno de los mayores recursos comprobados del mundo de gas y petróleo shale.
El país es actualmente el único en América Latina que ya explota el combustible no convencional. Desde 2010, se perforaron al menos 100 pozos usando fracking, la mayoría de ellos pertenecientes a YPF.
La principal riqueza argentina está en una formación rocosa a 3.000 metros de profundidad llamada Vaca Muerta, que ocupa casi toda la provincia patagónica de Neuquén.
Allí, en un área de 400 kilómetros cuadrados, se concentra la explotación de no convencionales de Argentina. Tras el acuerdo con Chevron, este año se perforarán en la zona 130 pozos nuevos, cifra que ascenderá a 1.577 en los próximos cinco años, si avanza el proyecto.
BBC Mundo viajó hasta el lugar para investigar los principales cuestionamientos: la posibilidad de que genere sismos, el temor a que se agoten las fuentes de agua por su uso excesivo y la posible contaminación del suelo y de acuíferos como consecuencia del agua residual (o flowback) que queda como desecho tras ser inyectado en los pozos.
Lo primero que esta cronista pudo comprobar en persona es que lo que puede apreciarse de una fracturación hidráulica dista mucho de lo que imaginan algunos.
A pesar de la gran fuerza que se utiliza (9.000 libras por pulgada cuadrada), el fracking es apenas perceptible desde el suelo. A pocos metros del pozo se siente solamente un muy suave zumbido, que los expertos aseguran no es la fractura misma sino la vibración de los motores que inyectan el agua.
En cuanto al impacto bajo tierra, tanto la empresa petrolera como funcionarios provinciales aseguraron que las fracturas que genera la práctica no superan un radio de 150 metros.
Ambientalistas con los que conversó BBC Mundo coincidieron en que no existe evidencia de que el fracking pueda generar sismos en este país. Sin embargo, en Estados Unidos aún se investiga si existe un vínculo y estudios realizados en el Reino Unido comprobaron que la práctica sí puede causar microsismos de hasta magnitud 3 en la escala de Richter, algo que no se siente desde la superficie y que es similar a lo que causa la minería.
A pesar de lo liviano de estos temblores, hay quienes temen que la masificación de pozos no convencionales a futuro pueda generar problemas sísmicos más serios.
La controversia del agua
Otro asunto polémico es el uso del agua. En Argentina, no existe legislación que regule la actividad del fracking, pero en 2012 el gobierno de Neuquén estipuló por decreto que el agua que se utiliza para esta práctica no puede venir de fuentes subterráneas que sirvan para el consumo humano o el riego.
Según los datos oficiales, los ríos de Neuquén tienen agua de sobra para abastecer a la industria de no convencionales: se estima que cada pozo utiliza hasta 15 millones de litros de agua en total (YPF asegura que sólo usa 5 millones), lo que representa menos del 1% del caudal de los ríos. El consumo humano, la agricultura y la industria utilizan 5% y el 94% restante desagua en el mar.
En un recorrido junto con personal de YPF, BBC Mundo visitó las instalaciones de donde se extrae el agua del río Neuquén para llevarlo por cañerías hasta los yacimientos, donde luego es transportado en camión hasta cada pozo.
Sin embargo, BBC Mundo también presenció lugares donde algunas petroleras que no cuentan con la infraestructura para obtenerlo del río se abastecen de agua de pozo, a pesar de que el decreto provincial lo prohíbe.
Esta no es la única irregularidad que presenta el uso de agua para el fracking en Neuquén. El tema que más preocupa a quienes se oponen a esta práctica es la forma en la que se dispone del agua residual, que contiene entre 12 y 24 ácidos y aditivos químicos y que según el decreto provincial debe ser tratada en un 100% antes de ser desechada o reutilizada en la industria petrolera o en forma de riego.
Voceros de YPF admitieron que hasta ahora han carecido del equipo necesario para tratar el agua residual, motivo por el cual reutilizan el 40% en nuevos pozos y el resto es volcado a un acuífero subterráneo a 1.500 metros de profundidad.
Jonatan Casiet, responsable de YPF del yacimiento Loma La Lata Norte, que concentra gran parte de los pozos no convencionales de Argentina, aseguró a BBC Mundo que a esa profundidad el flowback no tiene ningún contacto con las napas de agua potable, que están a menos de 300 metros del suelo.
"Se trata de agua extremadamente salina que no sirve ni para el consumo humano ni para riego", aseguró.
Según Casiet, en noviembre empezará a operar una planta de tratamiento de agua que permitirá a la empresa recuperar el total de los fluidos. "La intención es reutilizar el 100% del agua", afirmó.
Fiscalización
Por su parte, el subsecretario de Medio Ambiente de Neuquén, Ricardo Esquivel, le dijo a BBC Mundo que los aditivos químicos representan el 0,5% del agua residual del fracking y aseguró que la provincia realiza un exhaustivo monitoreo de la actividad, incluyendo estudios de agua para garantizar que no haya contaminación.
Sin embargo, los opositores a la práctica cuestionan que la provincia no haga públicos esos estudios. Un decreto firmado por el gobernador de Neuquén estipula que los informes sobre impacto ambiental no serán analizados en audiencias públicas.
De esta forma, ni los grupos ambientalistas ni otros afectados, como las comunidades mapuches que viven en la zona, tienen posibilidad de controlar cómo se lleva a cabo esta práctica. El único que la fiscaliza es el gobierno provincial, que es, a la vez, uno de los principales beneficiados por la explotación de no convencionales.
"Pretenden que confiemos en ellos como fiscalizadores cuando hasta ahora no han hecho las cosas bien", le dijo a BBC Mundo Andrea Mazieres, quien trabaja en el departamento de Áreas Naturales Protegidas de Neuquén y forma parte de la "multisectorial contra el fracking" que se creó en esa provincia.
Junto con otros colegas, Mazieres denunció que ese departamento estatal otorgó un permiso a la petrolera francesa Total para explotar un pozo no convencional en la reserva protegida Auca Mahuida.
La falta de credibilidad en asuntos medioambientales del gobierno de Neuquén -que hace medio siglo es gobernado por el Movimiento Popular Neuquino (MPN)- es citada por la mayoría de quienes temen que esta polémica actividad no tenga la supervisión adecuada para evitar futuros desastres, como los varios derrames que sufrió la provincia en las últimas décadas como consecuencia de la explotación petrolera tradicional.
"En este país las medidas de seguridad se empiezan a tomar después de que ocurre una catástrofe. Me opongo al fracking porque me preocupa que se realice sin responsabilidad ambiental. El agua me resulta más valiosa que el petróleo y el gas", señaló Lucía Martínez, una de las tantas personas que crearon peticiones públicas en el país tras la firma del acuerdo con Chevron.
Incertidumbre
Mazieres, Martínez y los ambientalistas advierten que aún existe mucha incertidumbre sobre el impacto a largo alcance del fracking y creen que antes de apostar por una técnica que hoy es cuestionada en varios países, Argentina debería invertir esos recursos en tecnologías renovables.
"Cada pozo no convencional cuesta siete veces más que uno convencional. Si el país invirtiera ese mismo dinero en energía eólica podría generar la misma cantidad de energía y sin el impacto ambiental", le dijo a BBC Mundo Juan Carlos Villalonga, ex directivo de Greenpeace que actualmente encabeza la organización ambiental Los Verdes.
Esquivel, el subsecretario de Medio Ambiente de Neuquén, admitió que en un mundo ideal sería preferible evitar los combustibles fósiles, que generan emanaciones dañinas, pero aseguró que con la actual matriz energética de Argentina este cambio es imposible en el corto o mediano plazo.
"Nuestros autos, nuestras casas, nuestras industrias, funcionan a base de hidrocarburos. En Argentina, el petróleo está cayendo un 10% cada año y el gas un 5%. No hay tiempo, hay que buscar una solución ya y Vaca Muerta es la solución", señaló.
Conviviendo con el fracking
Quienes más reflejan la dualidad que existe en torno a la hidrofracturación son los vecinos de Añelo, poblado a 100 kilómetros de la capital neuquina, el más próximo a la zona de la explotación de no convencionales.
Según el intendente, gracias a esta nueva actividad el pueblo triplicará su población en pocos años.
Ayelén González y Federico Troncoso vinieron hace tres meses con su beba porque creen que la región vivirá un boom económico gracias al shale.
"Es positivo, cada día vienen más jóvenes a Añelo porque se está creando empleo", afirmaron a este medio.
En cambio, algunos pobladores que crecieron en el lugar están preocupados.
"Siempre es lo mismo, vienen a llevarse nuestras riquezas y sólo dejan contaminación", dijo una señora mayor que administra el quiosco local y que prefirió no dar su nombre.
Otra persona consultada por BBC Mundo, Caleb Carrasco, de 20 años, estuvo de acuerdo. "Las petroleras generan millones de dólares y mientras tanto en Añelo solo tenemos cinco calles asfaltadas y el agua no se puede tomar", dijo el joven de origen mapuche, cuya familia mantiene un pleito con YPF por el uso de tierras que consideran propias.
Lo cierto es que nadie en Añelo toma el agua, a pesar de que las autoridades aseguran que es potable. Javier, de 28 años, contó a BBC Mundo que se descompuso varias veces y tuvo ronchas en la piel hasta que dejó de beber el agua de la canilla.
"En todos los pueblos petroleros pasa lo mismo. Dicen que no va a haber contaminación pero luego la hay", dijo, resignado.
A pesar de esto, Javier, al igual que Ayelén, Federico y otros tantos, tienen la esperanza de que la explotación de no convencionales se multiplique y que Argentina se convierta en una nueva meca mundial del fracking, como es actualmente Estados Unidos, que en pocos años se convertirá en el primer productor mundial de petróleo y gas gracias a esta técnica.
Pero mientras unos sueñan con futuras riquezas petroleras y el gobierno se ilusiona con poder recuperar el autoabastecimiento energético del país en los próximos diez años, otros miran con preocupación el surgimiento de esta nueva explotación, cuyas consecuencias consideran inciertas.
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Riachuelo: la urbanización demorada y criticada
Cuestionan al gobierno porteño por demorar la relocalización de Villa Riachuelo
Fecha de Publicación: 02/11/2013
Fuente: Telam
Provincia/Región: Riachuelo
El defensor tutelar porteño, Gustavo Moreno, advirtió que "la demora en la relocalización implica un mayor perjuicio y daño" para las 215 familias que viven en el "camino de sirga", en la Villa 26, también conocida como Villa Riachuelo.
Moreno se refirió al reciente informe de la Acumar que revela que el 17 por ciento de los niños que viven en la Villa 26 tiene plomo en sangre superior al valor de referencia.
El defensor calificó este dato como “un nuevo llamado de atención al gobierno porteño por el incumplimiento del fallo de la Corte", que hace cinco años ordenó el saneamiento y la relocalización de las familias que viven en la orilla del Riachuelo.
Moreno remarcó, en diálogo con Télam, que “la demora en la relocalización implica un mayor perjuicio y daño” para las 215 familias que viven en el “camino de sirga” (espacio de 35 metros que va desde la orilla del Riachuelo hasta las primeras casillas de ladrillo y chapa) de la Villa 26, también conocida como Villa Riachuelo.
“Los plazos para la relocalización vencieron a mediados del año pasado y el gobierno porteño, a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) debería trasladar rápidamente a estas familias, y además la Corte y el juzgado federal deberían imponerles una sanción a los funcionarios de la ciudad”, señaló al referirse al incumplimiento.
Asimismo dijo que es “gravísimo” que las obras de los lugares a donde tienen que ser trasladadas las familias “aún no están terminadas” y explicó que a uno de los tres inmuebles que había inicialmente para la relocalización, (el jefe de gobierno porteño) Mauricio Macri lo destinó a la Policía Metropolitana”.
Por su parte, Maximiliano Nenna, comunero del Frente para la Victoria, contó que “desde hace dos años venimos trabajando con las familias de la Villa 26 con la problemática de la relocalización”.
En este sentido, reclamó que “el gobierno de la Ciudad resuelva rápidamente la situación de estas más de 200 familias que tienen el derecho a vivir dignamente” porque “tiene los fondos para hacerlo”.
Asimismo, el comunero señaló que “el sistema de salud de la Ciudad tendría que estar más presente con una unidad específica en la cuenca Matanza Riachuelo”.
Algunos de los resultados que arrojó el informe preliminar socioambiental de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) en la Villa 26, enmarcado en la causa por su saneamiento, son que el 17 por ciento de los niños tiene plomo en sangre superior al valor de referencia y el 37,5% de las embarazadas presentó anemia, patología que se repite en casi dos de cada diez chicos.
El asesor explicó a Télam que “las 215 familias de la villa 26 tienen muchos integrantes chicos” y que advirtió que el informe es “sólo sobre los menores de seis años, no de todos los chicos”, y explicó que "se tomó un muestreo, que igualmente es suficientemente grave”.
También dijo que algunos de los problemas de salud detectados por la contaminación son “enfermedades del estómago y de la piel” y que también hay casos de “retrasos madurativos”.
Además, dijo que hay “muchas personas enfermas que si bien no se puede establecer un nexo causal entre la contaminación y la enfermedad, necesitan pautas de higiene mínima que el camino de sirga no les permite; muchas de las viviendas no tienen descarga a cloaca, tienen inodoro pero no tienen descarga interna”.
Juan, el padre de uno de los chicos con plomo en sangre, contó a Télam que está viviendo en ese asentamiento porque no tiene "recursos para una vivienda”, y relató que tiene que "seguir llevado al nene a la Casa Cuna para que le hagan estudios”.
Otra vecina de la villa, María Angeles Romero, dijo estar preocupada porque "si sigo estando acá, el día de mañana uno de mis nenes puede llegar a tener algo”.
Serafina Falagán, presidenta de la junta comunal del barrio, señaló que “hace 14 años que tenemos los terrenos” para ser relocalizados y manifestó su deseo de que sean “trasladados todos juntos”.
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Fecha de Publicación: 02/11/2013
Fuente: Telam
Provincia/Región: Riachuelo
El defensor tutelar porteño, Gustavo Moreno, advirtió que "la demora en la relocalización implica un mayor perjuicio y daño" para las 215 familias que viven en el "camino de sirga", en la Villa 26, también conocida como Villa Riachuelo.
Moreno se refirió al reciente informe de la Acumar que revela que el 17 por ciento de los niños que viven en la Villa 26 tiene plomo en sangre superior al valor de referencia.
El defensor calificó este dato como “un nuevo llamado de atención al gobierno porteño por el incumplimiento del fallo de la Corte", que hace cinco años ordenó el saneamiento y la relocalización de las familias que viven en la orilla del Riachuelo.
Moreno remarcó, en diálogo con Télam, que “la demora en la relocalización implica un mayor perjuicio y daño” para las 215 familias que viven en el “camino de sirga” (espacio de 35 metros que va desde la orilla del Riachuelo hasta las primeras casillas de ladrillo y chapa) de la Villa 26, también conocida como Villa Riachuelo.
“Los plazos para la relocalización vencieron a mediados del año pasado y el gobierno porteño, a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) debería trasladar rápidamente a estas familias, y además la Corte y el juzgado federal deberían imponerles una sanción a los funcionarios de la ciudad”, señaló al referirse al incumplimiento.
Asimismo dijo que es “gravísimo” que las obras de los lugares a donde tienen que ser trasladadas las familias “aún no están terminadas” y explicó que a uno de los tres inmuebles que había inicialmente para la relocalización, (el jefe de gobierno porteño) Mauricio Macri lo destinó a la Policía Metropolitana”.
Por su parte, Maximiliano Nenna, comunero del Frente para la Victoria, contó que “desde hace dos años venimos trabajando con las familias de la Villa 26 con la problemática de la relocalización”.
En este sentido, reclamó que “el gobierno de la Ciudad resuelva rápidamente la situación de estas más de 200 familias que tienen el derecho a vivir dignamente” porque “tiene los fondos para hacerlo”.
Asimismo, el comunero señaló que “el sistema de salud de la Ciudad tendría que estar más presente con una unidad específica en la cuenca Matanza Riachuelo”.
Algunos de los resultados que arrojó el informe preliminar socioambiental de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) en la Villa 26, enmarcado en la causa por su saneamiento, son que el 17 por ciento de los niños tiene plomo en sangre superior al valor de referencia y el 37,5% de las embarazadas presentó anemia, patología que se repite en casi dos de cada diez chicos.
El asesor explicó a Télam que “las 215 familias de la villa 26 tienen muchos integrantes chicos” y que advirtió que el informe es “sólo sobre los menores de seis años, no de todos los chicos”, y explicó que "se tomó un muestreo, que igualmente es suficientemente grave”.
También dijo que algunos de los problemas de salud detectados por la contaminación son “enfermedades del estómago y de la piel” y que también hay casos de “retrasos madurativos”.
Además, dijo que hay “muchas personas enfermas que si bien no se puede establecer un nexo causal entre la contaminación y la enfermedad, necesitan pautas de higiene mínima que el camino de sirga no les permite; muchas de las viviendas no tienen descarga a cloaca, tienen inodoro pero no tienen descarga interna”.
Juan, el padre de uno de los chicos con plomo en sangre, contó a Télam que está viviendo en ese asentamiento porque no tiene "recursos para una vivienda”, y relató que tiene que "seguir llevado al nene a la Casa Cuna para que le hagan estudios”.
Otra vecina de la villa, María Angeles Romero, dijo estar preocupada porque "si sigo estando acá, el día de mañana uno de mis nenes puede llegar a tener algo”.
Serafina Falagán, presidenta de la junta comunal del barrio, señaló que “hace 14 años que tenemos los terrenos” para ser relocalizados y manifestó su deseo de que sean “trasladados todos juntos”.
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