Córdoba insiste con su incostitucional ley de bosques
09:36 | 
Publicado por
Eco Sitio |
La Provincia insistirá en acreditara nivel nacional la ley de bosques
Fecha de Publicación: 25/09/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Ante productores del arco noroeste, los ministros Calvo y Scalerandi aceptaron conformar una mesa de trabajo para atender sus reclamos.
Con consignas tales como “Cruz del Eje quiere trabajar” o “pretender que se críe un ternero cada 10 hectáreas significa el fin de la ganadería en Córdoba” más de un centenar de productores y dirigentes agropecuarios del noroeste cordobés recibieron ayer en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María a los enviados del gobernador.
Los ministros de Agua, Ambiente y Energía, Miguel Calvo, y de Agricultura, Néstor Scalerandi –junto con sus segundos, Luis Federico Bocco y Juan Cruz Molina– concurrieron a escuchar y responder los reclamos. Durante una ordenada pero por momentos tensa asamblea (tal el carácter asignado por los convocantes ruralistas) los productores pidieron “una solución política urgente y una reglamentación que respete el espíritu de la ley de bosques”, junto con medidas de prevención y de apoyo tras los recientes incendios rurales. Sobre este último punto, los funcionarios recomendaron hacer las declaraciones para encuadrarse en los seis departamentos bajo zona de desastre.
Al cabo de más de dos horas de deliberaciones, se acordó integrar una mesa de trabajo y una primera reunión el próximo lunes 7 de octubre, en Jesús María. Allí, explicó el ministro Calvo, se buscará avanzar “con un plan de acción y con un cronograma de tareas ya establecido en base a un relevamiento que van a hacer las propias entidades y algunas tareas que también vamos a traer nosotros, para poder amalgamar y dar soluciones a los planteos”.
Las Rurales del arco noroeste cordobés tenían bajo la manga una medida de protesta –hasta se mencionó un corte de ruta– tras declararse en estado de alerta. Según los productores, hay más de cinco millones de hectáreas alcanzadas por resguardos ambientales y pusieron bajo la lupa puntos de colisión de la ley 9.814/2010 y sus reglamentaciones. El último decreto 1.131, publicado el mes pasado, desató una fuerte oposición.
Calvo explicó que el objetivo del Gobierno provincial es “limar diferencias” y avanzar en la acreditación de la ley provincial en el ámbito nacional, por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y así acceder a los fondos por servicios ambientales (unos 20 millones de pesos anuales) para compensar a los productores.
Los ganaderos con campos en zonas de monte argumentan que esas compensaciones sumarían unos siete pesos por hectárea, mientras que con un manejo silvopastoril y pasturas implantadas generan mano de obra y producen unos 50 kilos de ternero por año, a razón de 550/600 pesos por hectárea.
“Tengo 228 hectáreas en Cruz del Eje atravesadas por un canal de riego; quiero hacer plantaciones de olivo y frutales, pero no puedo hacer nada y ahora me entero que cualquier intervención está suspendida hasta 2015”, expuso Alejandro Arrigoni, uno de los asistentes.
Ante los reclamos, el ministro Calvo aclaró que “no hay un veto” de la ley de ordenamiento territorial, sino que se han diferido artículos que habilitan cambios en el uso del suelo en zona roja (por ejemplo, desmonte para proyectos bajo riego) “por cuanto la ley nacional lo prohíbe expresamente”. Pero negó que estén vedadas las picadas perimetrales de alambrados o cortafuegos. “En ningún momento estamos cambiando el objetivo de la ley”, afirmó y mencionó que el mandato del gobernador es “encontrar puntos de encuentro” y empezar a dialogar también sobre la revisión quinquenal de la ley, que debería darse en 2015.
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Fecha de Publicación: 25/09/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Ante productores del arco noroeste, los ministros Calvo y Scalerandi aceptaron conformar una mesa de trabajo para atender sus reclamos.
Con consignas tales como “Cruz del Eje quiere trabajar” o “pretender que se críe un ternero cada 10 hectáreas significa el fin de la ganadería en Córdoba” más de un centenar de productores y dirigentes agropecuarios del noroeste cordobés recibieron ayer en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María a los enviados del gobernador.
Los ministros de Agua, Ambiente y Energía, Miguel Calvo, y de Agricultura, Néstor Scalerandi –junto con sus segundos, Luis Federico Bocco y Juan Cruz Molina– concurrieron a escuchar y responder los reclamos. Durante una ordenada pero por momentos tensa asamblea (tal el carácter asignado por los convocantes ruralistas) los productores pidieron “una solución política urgente y una reglamentación que respete el espíritu de la ley de bosques”, junto con medidas de prevención y de apoyo tras los recientes incendios rurales. Sobre este último punto, los funcionarios recomendaron hacer las declaraciones para encuadrarse en los seis departamentos bajo zona de desastre.
Al cabo de más de dos horas de deliberaciones, se acordó integrar una mesa de trabajo y una primera reunión el próximo lunes 7 de octubre, en Jesús María. Allí, explicó el ministro Calvo, se buscará avanzar “con un plan de acción y con un cronograma de tareas ya establecido en base a un relevamiento que van a hacer las propias entidades y algunas tareas que también vamos a traer nosotros, para poder amalgamar y dar soluciones a los planteos”.
Las Rurales del arco noroeste cordobés tenían bajo la manga una medida de protesta –hasta se mencionó un corte de ruta– tras declararse en estado de alerta. Según los productores, hay más de cinco millones de hectáreas alcanzadas por resguardos ambientales y pusieron bajo la lupa puntos de colisión de la ley 9.814/2010 y sus reglamentaciones. El último decreto 1.131, publicado el mes pasado, desató una fuerte oposición.
Calvo explicó que el objetivo del Gobierno provincial es “limar diferencias” y avanzar en la acreditación de la ley provincial en el ámbito nacional, por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y así acceder a los fondos por servicios ambientales (unos 20 millones de pesos anuales) para compensar a los productores.
Los ganaderos con campos en zonas de monte argumentan que esas compensaciones sumarían unos siete pesos por hectárea, mientras que con un manejo silvopastoril y pasturas implantadas generan mano de obra y producen unos 50 kilos de ternero por año, a razón de 550/600 pesos por hectárea.
“Tengo 228 hectáreas en Cruz del Eje atravesadas por un canal de riego; quiero hacer plantaciones de olivo y frutales, pero no puedo hacer nada y ahora me entero que cualquier intervención está suspendida hasta 2015”, expuso Alejandro Arrigoni, uno de los asistentes.
Ante los reclamos, el ministro Calvo aclaró que “no hay un veto” de la ley de ordenamiento territorial, sino que se han diferido artículos que habilitan cambios en el uso del suelo en zona roja (por ejemplo, desmonte para proyectos bajo riego) “por cuanto la ley nacional lo prohíbe expresamente”. Pero negó que estén vedadas las picadas perimetrales de alambrados o cortafuegos. “En ningún momento estamos cambiando el objetivo de la ley”, afirmó y mencionó que el mandato del gobernador es “encontrar puntos de encuentro” y empezar a dialogar también sobre la revisión quinquenal de la ley, que debería darse en 2015.
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Continúan los trabajos para la planta solar en San Juan
La planta solar se hará en 4 etapas y 22 meses
Fecha de Publicación: 25/09/2013
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
El contrato con la firma Schmid Group se firmará durante la visita presidencial, el 3 de octubre.
Cristian Schmid, presidente y principal accionista de la alemana Schmid Group -el proveedor líder de tecnología solar y quien hará la ingeniería de planta en San Juan- tiene previsto llegar a esta provincia el 2 de octubre, dos días después que un grupo de técnicos e ingenieros de la firma alemana, y uno antes que la presidenta Cristina Fernández. La mandataria nacional será la figura central en la firma del contrato entre el gobierno sanjuanino y esa importante firma mundial, para la construcción de la primera fábrica de paneles solares de Sudamérica que se levantará en el Parque Industrial de 9 de Julio. Tras la firma, se calcula que pasará un mes hasta que la provincia realice el primer pago, y a partir de allí correrán estrictos 22 meses para entregar a la provincia la planta en plena producción. ‘’Para el segundo semestre del 2015, la fábrica estará produciendo’’, aseguró Víctor Doña, presidente de Energía Provincial Sociedad del Estado y quien llevó adelante las negociaciones finales del contrato. La fábrica que se instalará en la provincia se irá entregando en cuatro etapas, a partir del mes número 17: lo primero será la habilitación del edificio con todas sus instalaciones, lo cual permitirá el ingreso de la gente local que se va a capacitar en su manejo. Luego, y a intervalos de 45 días; se irán entregando las tres líneas de producción que son la fábrica de módulos, luego la de celdas fotovoltaicas y por último, la de lingotes y chapas. ‘’Están todas cobijadas en el mismo edificio pero vamos a ir recibiendo por partes mientras empezamos a producir’’ explicó el titular de la estatal EPSE que se hará cargo de la planta. Costará más de U$S 100 millones, pero la cifra exacta y la forma en que se harán los pagos aún no han sido precisados por el Gobierno.
La provincia de San Juan adquirirá así una fábrica llave en mano integrada para la producción de lingotes silicio monocristalino, obleas o chapas de silicio monocristalino, celdas fotovoltaicas y paneles o módulos fotovoltaicos. ‘’Lo que faltará para ser una fábrica completa de polisilicio es llegar a la fabricación del silicio solar, que por ahora no lo vamos a hacer. Vamos a comprar el silicio solar necesario para la fabricación de los paneles’’, explicó Doña. La planta sanjuanina tendrá una producción de 70 MW. Teniendo en cuenta que cada panel solar será de 300 vatios, la fábrica estatal producirá 234 mil paneles por año que podrá vender a otras provincias para instalar centrales solares. También está la intención de que en el futuro todos los barrios del IPV se entreguen con electricidad solar.
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Fecha de Publicación: 25/09/2013
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
El contrato con la firma Schmid Group se firmará durante la visita presidencial, el 3 de octubre.
Cristian Schmid, presidente y principal accionista de la alemana Schmid Group -el proveedor líder de tecnología solar y quien hará la ingeniería de planta en San Juan- tiene previsto llegar a esta provincia el 2 de octubre, dos días después que un grupo de técnicos e ingenieros de la firma alemana, y uno antes que la presidenta Cristina Fernández. La mandataria nacional será la figura central en la firma del contrato entre el gobierno sanjuanino y esa importante firma mundial, para la construcción de la primera fábrica de paneles solares de Sudamérica que se levantará en el Parque Industrial de 9 de Julio. Tras la firma, se calcula que pasará un mes hasta que la provincia realice el primer pago, y a partir de allí correrán estrictos 22 meses para entregar a la provincia la planta en plena producción. ‘’Para el segundo semestre del 2015, la fábrica estará produciendo’’, aseguró Víctor Doña, presidente de Energía Provincial Sociedad del Estado y quien llevó adelante las negociaciones finales del contrato. La fábrica que se instalará en la provincia se irá entregando en cuatro etapas, a partir del mes número 17: lo primero será la habilitación del edificio con todas sus instalaciones, lo cual permitirá el ingreso de la gente local que se va a capacitar en su manejo. Luego, y a intervalos de 45 días; se irán entregando las tres líneas de producción que son la fábrica de módulos, luego la de celdas fotovoltaicas y por último, la de lingotes y chapas. ‘’Están todas cobijadas en el mismo edificio pero vamos a ir recibiendo por partes mientras empezamos a producir’’ explicó el titular de la estatal EPSE que se hará cargo de la planta. Costará más de U$S 100 millones, pero la cifra exacta y la forma en que se harán los pagos aún no han sido precisados por el Gobierno.
La provincia de San Juan adquirirá así una fábrica llave en mano integrada para la producción de lingotes silicio monocristalino, obleas o chapas de silicio monocristalino, celdas fotovoltaicas y paneles o módulos fotovoltaicos. ‘’Lo que faltará para ser una fábrica completa de polisilicio es llegar a la fabricación del silicio solar, que por ahora no lo vamos a hacer. Vamos a comprar el silicio solar necesario para la fabricación de los paneles’’, explicó Doña. La planta sanjuanina tendrá una producción de 70 MW. Teniendo en cuenta que cada panel solar será de 300 vatios, la fábrica estatal producirá 234 mil paneles por año que podrá vender a otras provincias para instalar centrales solares. También está la intención de que en el futuro todos los barrios del IPV se entreguen con electricidad solar.
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Botnia: el 27 será el Grito Blanco
Conflicto con Botnia: el 27 de septiembre será el Grito Blanco en defensa de la vida
Fecha de Publicación: 25/09/2013
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
El 27 de septiembre a las 8:45 en la Plaza Urquiza, se vivirá una nueva edición del Grito Blanco que es organizado por la Asamblea Ciudadana Ambiental y todas las escuelas de la ciudad, en contra de la presencia de Botnia y en defensa de la vida.
Conflicto con Botnia: el 27 de septiembre será el Grito Blanco en defensa de la vida
Desde la Asamblea se adelantó que esta actividad se realiza con docentes, padres y alumnos de las distintas escuelas y niveles. Para este año se ha pensado concentrar primero en 25 de Mayo y Rocamora para luego marchar hacia la Plaza Urquiza, donde se desarrollará el acto central.
Tal como ocurre desde hace años, luego de entonar las estrofas del Himno Nacional, cada delegación de escuelas expresará su derecho a vivir en un ambiente sano.
El Grito Blanco es una actividad original de Gualeguaychú, que el área educativa de la provincia hace suya al adherir a esta jornada y profundizar la temática de la educación ambiental de manera integral.
Nacida como la expresión de una comunidad que está luchando para que no se deteriore su entorno y se debilite su sustentabilidad, el Grito Blanco es una expresión genuina de los niños y adolescentes que también se sienten protagonistas en el paradigma que implica defender la vida.
En este contexto, todas las atenciones están puestas sobre la actitud que adoptará el gobierno uruguayo de José Mujica, respecto si autoriza o no el aumento de la producción a la pastera UPM (ex Botnia), intención que ya ha generado un profundo malestar en el Estado argentino que incluso ha obligado al canciller Héctor Timerman a adelantar su opinión sobre que sería nefasto conceder ese permiso a la empresa.
En principio Mujica pensaba dialogar sobre este tema en Nueva York con su par de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pero ese encuentro bilateral pasó en principio para el lunes, cuando ambos mandatarios asistan al bautismo de una embarcación de la empresa Buquebus que llevará el nombre de Francisco Papa.
Mujica tiene que responder a la empresa por su solicitud de aumentar la producción anual a 1,3 millones de toneladas, tras haber completado la producción pautada, reclamo que es rechazado por los vecinos de Gualeguaychú, el gobierno entrerriano y el argentino.
Si Mujica no accede al aumento de la producción, se producirá el envío masivo de trabajadores al seguro de paro, tanto de la planta de celulosa como de las actividades conexas, como el transporte.
El presidente uruguayo se reunió la semana pasada con un representante de UPM, y está analizando toda la situación para tomar una decisión.
Por ese motivo busca tener un encuentro con Cristina Kirchner para abordar en conjunto el tema, luego de que el canciller Héctor Timerman, tras reunirse con el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, rechazó la posibilidad de un aumento de la producción de pasta de celulosa y amenazó con volver a llevar esa cuestión a la Corte Internacional de La Haya.
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Fecha de Publicación: 25/09/2013
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
El 27 de septiembre a las 8:45 en la Plaza Urquiza, se vivirá una nueva edición del Grito Blanco que es organizado por la Asamblea Ciudadana Ambiental y todas las escuelas de la ciudad, en contra de la presencia de Botnia y en defensa de la vida.
Conflicto con Botnia: el 27 de septiembre será el Grito Blanco en defensa de la vida
Desde la Asamblea se adelantó que esta actividad se realiza con docentes, padres y alumnos de las distintas escuelas y niveles. Para este año se ha pensado concentrar primero en 25 de Mayo y Rocamora para luego marchar hacia la Plaza Urquiza, donde se desarrollará el acto central.
Tal como ocurre desde hace años, luego de entonar las estrofas del Himno Nacional, cada delegación de escuelas expresará su derecho a vivir en un ambiente sano.
El Grito Blanco es una actividad original de Gualeguaychú, que el área educativa de la provincia hace suya al adherir a esta jornada y profundizar la temática de la educación ambiental de manera integral.
Nacida como la expresión de una comunidad que está luchando para que no se deteriore su entorno y se debilite su sustentabilidad, el Grito Blanco es una expresión genuina de los niños y adolescentes que también se sienten protagonistas en el paradigma que implica defender la vida.
En este contexto, todas las atenciones están puestas sobre la actitud que adoptará el gobierno uruguayo de José Mujica, respecto si autoriza o no el aumento de la producción a la pastera UPM (ex Botnia), intención que ya ha generado un profundo malestar en el Estado argentino que incluso ha obligado al canciller Héctor Timerman a adelantar su opinión sobre que sería nefasto conceder ese permiso a la empresa.
En principio Mujica pensaba dialogar sobre este tema en Nueva York con su par de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pero ese encuentro bilateral pasó en principio para el lunes, cuando ambos mandatarios asistan al bautismo de una embarcación de la empresa Buquebus que llevará el nombre de Francisco Papa.
Mujica tiene que responder a la empresa por su solicitud de aumentar la producción anual a 1,3 millones de toneladas, tras haber completado la producción pautada, reclamo que es rechazado por los vecinos de Gualeguaychú, el gobierno entrerriano y el argentino.
Si Mujica no accede al aumento de la producción, se producirá el envío masivo de trabajadores al seguro de paro, tanto de la planta de celulosa como de las actividades conexas, como el transporte.
El presidente uruguayo se reunió la semana pasada con un representante de UPM, y está analizando toda la situación para tomar una decisión.
Por ese motivo busca tener un encuentro con Cristina Kirchner para abordar en conjunto el tema, luego de que el canciller Héctor Timerman, tras reunirse con el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, rechazó la posibilidad de un aumento de la producción de pasta de celulosa y amenazó con volver a llevar esa cuestión a la Corte Internacional de La Haya.
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Marcha por los Río Libres partió ayer
La marcha por el No a las represas descansa en Oberá
Fecha de Publicación: 24/09/2013
Fuente: Radio Cataratas
Provincia/Región: Misiones
En la tarde de ayer la marcha por los Río Libres que pide un plebiscito a los misioneros por la represa de Garabí – Panambí, llegó a la ciudad de Oberá. Hoy marcharán hacia Alem y Bompland.
La marcha por los Ríos Libre partió en la mañana de ayer desde la localidad de Panambí con la lectura de una proclama por el No a las Represas y un homenaje a Ignacio Abirarú, héroe de la batalla de Mbororé.
Por la tarde, la marcha llegó a la ciudad y frente a la catedral de Oberá. Para hoy se espera la partida hacia la localidad de Leandro N. Alem, se descansa en Bompland y Santa Ana y después en Garupá, donde se espera la actuación de Joselo Schuap para arribar a Posadas el 28 a la plaza 9 de Julio, por la mañana. Participan entidades políticas, sociales, religiosas, económicas. Todo el pueblo se está poniendo de pie ante el No a las represas – dijo a Radiocataratas.com, Raúl Aramendi titular de Serpaj Misiones, quien además puntualizó que “Misiones ya hizo su aporte al país con Yacyretá, no queremos más represas para enviar electricidad a Buenos Aires y Sao Pablo. Nos quieren hacer sufrir más a nosotros para beneficio de otra gente”.
“Son cerca de 5 mil hectáreas las que perderá Misiones por el avance de las aguas. En Brasil, frente a Panambí en Porto Veracruz, los vecinos detuvieron las obras de estudio de Impacto Ambiental que se debía desarrollar durante 21 meses. 45 millones de dólares sale solo el estudio y 5 mil millones de dólares saldrá la represa según la pagina web del grupo empresario que lleva adelante el proyecto” agregó. “La Organización Mundial de la Salud (Oms) recomendó no construir más represas al norte del paralelo 32 por las condiciones climáticas y las consecuencias que puede traer el repesado de las aguas” concluyó.
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Fecha de Publicación: 24/09/2013
Fuente: Radio Cataratas
Provincia/Región: Misiones
En la tarde de ayer la marcha por los Río Libres que pide un plebiscito a los misioneros por la represa de Garabí – Panambí, llegó a la ciudad de Oberá. Hoy marcharán hacia Alem y Bompland.
La marcha por los Ríos Libre partió en la mañana de ayer desde la localidad de Panambí con la lectura de una proclama por el No a las Represas y un homenaje a Ignacio Abirarú, héroe de la batalla de Mbororé.
Por la tarde, la marcha llegó a la ciudad y frente a la catedral de Oberá. Para hoy se espera la partida hacia la localidad de Leandro N. Alem, se descansa en Bompland y Santa Ana y después en Garupá, donde se espera la actuación de Joselo Schuap para arribar a Posadas el 28 a la plaza 9 de Julio, por la mañana. Participan entidades políticas, sociales, religiosas, económicas. Todo el pueblo se está poniendo de pie ante el No a las represas – dijo a Radiocataratas.com, Raúl Aramendi titular de Serpaj Misiones, quien además puntualizó que “Misiones ya hizo su aporte al país con Yacyretá, no queremos más represas para enviar electricidad a Buenos Aires y Sao Pablo. Nos quieren hacer sufrir más a nosotros para beneficio de otra gente”.
“Son cerca de 5 mil hectáreas las que perderá Misiones por el avance de las aguas. En Brasil, frente a Panambí en Porto Veracruz, los vecinos detuvieron las obras de estudio de Impacto Ambiental que se debía desarrollar durante 21 meses. 45 millones de dólares sale solo el estudio y 5 mil millones de dólares saldrá la represa según la pagina web del grupo empresario que lleva adelante el proyecto” agregó. “La Organización Mundial de la Salud (Oms) recomendó no construir más represas al norte del paralelo 32 por las condiciones climáticas y las consecuencias que puede traer el repesado de las aguas” concluyó.
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Comunidad Kaxipayiñ contra Chevron
Mapuches contra Chevron
Fecha de Publicación: 24/09/2013
Fuente: AIM
Provincia/Región: Neuquén
Integrantes de la comunidad Kaxipayiñ impiden el acceso de operarios de YPF a la planta Turbo Expander, porque pese a los compromisos asumidos por la empresa se siguen realizando trabajos en el lugar, que es propiedad mapuche.
El werken del Kaxipayiñ, Gabriel Cherqui, explicó en Radio Calf que se quedarán en el lugar impediendo el ingreso de los operarios y exigirán que “así como se comprometió Jesús Grande con un escrito ya donde se retiraría este sector de acá adentro que sea en el día de hoy, y que no sea de aquí a cuando termine la explotación de hidrocarburos”.
En un comunicado de la Confederación Mapuche de Neuquén se expresa que “el miércoles 18/09, y tras una extensa reunión entre autoridades mapuche del Lof Kaxipayiñ (Logko, Pijan Kuse, Werken) y el director Ejecutivo de YPF (Jesus Grande) se analizó lo improcedente desde el punto de vista del derecho mapuche, de haber instalado la Gerencia de Producción de No Convencionales en territorio comunitario mapuche”.
En este sentido, la empresa se comprometió a “aceptar la decisión de la comunidad de retirar las oficinas operativas de YPF del territorio comunitario” y se solicitó que tal compromiso fuera realizado por escrito.
Es por ello, que ante la continuidad de la explotación hidrocarburífera por la empresa petrolera, miembros de la comunidad mapuche decidieron impedir a los operarios entrar a trabajar esta mañana hasta que YPF no desaloje el lugar. Los manifestantes están ubicados a la vera de la ruta 151 a la altura de la planta Mega S.A., dónde está la planta Turbo Expander y los almacenes de YPF.
Por último, el comunicado explica: “queremos dejar en claro que no permitirá ninguna actividad ligada al uso de la tecnología del Fracking por lo peligroso para la vida mapuche y de nuestra madre naturaleza. YPF no ha comenzado a reparar los daños de dos décadas de Repsol y ya anuncia más muerte con la llegada del Fracking y Chevron. Necesitamos que la población de Neuquén y la región apoye esta decisión mapuche, porque estamos queriendo proteger la fuente de agua de la ciudad que es el Lago Mari Menuko/Los Barreales”.
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Fecha de Publicación: 24/09/2013
Fuente: AIM
Provincia/Región: Neuquén
Integrantes de la comunidad Kaxipayiñ impiden el acceso de operarios de YPF a la planta Turbo Expander, porque pese a los compromisos asumidos por la empresa se siguen realizando trabajos en el lugar, que es propiedad mapuche.
El werken del Kaxipayiñ, Gabriel Cherqui, explicó en Radio Calf que se quedarán en el lugar impediendo el ingreso de los operarios y exigirán que “así como se comprometió Jesús Grande con un escrito ya donde se retiraría este sector de acá adentro que sea en el día de hoy, y que no sea de aquí a cuando termine la explotación de hidrocarburos”.
En un comunicado de la Confederación Mapuche de Neuquén se expresa que “el miércoles 18/09, y tras una extensa reunión entre autoridades mapuche del Lof Kaxipayiñ (Logko, Pijan Kuse, Werken) y el director Ejecutivo de YPF (Jesus Grande) se analizó lo improcedente desde el punto de vista del derecho mapuche, de haber instalado la Gerencia de Producción de No Convencionales en territorio comunitario mapuche”.
En este sentido, la empresa se comprometió a “aceptar la decisión de la comunidad de retirar las oficinas operativas de YPF del territorio comunitario” y se solicitó que tal compromiso fuera realizado por escrito.
Es por ello, que ante la continuidad de la explotación hidrocarburífera por la empresa petrolera, miembros de la comunidad mapuche decidieron impedir a los operarios entrar a trabajar esta mañana hasta que YPF no desaloje el lugar. Los manifestantes están ubicados a la vera de la ruta 151 a la altura de la planta Mega S.A., dónde está la planta Turbo Expander y los almacenes de YPF.
Por último, el comunicado explica: “queremos dejar en claro que no permitirá ninguna actividad ligada al uso de la tecnología del Fracking por lo peligroso para la vida mapuche y de nuestra madre naturaleza. YPF no ha comenzado a reparar los daños de dos décadas de Repsol y ya anuncia más muerte con la llegada del Fracking y Chevron. Necesitamos que la población de Neuquén y la región apoye esta decisión mapuche, porque estamos queriendo proteger la fuente de agua de la ciudad que es el Lago Mari Menuko/Los Barreales”.
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Inventario de glaciares de San Juan estaría para el 2014
Estiman que el inventario de glaciares será aprobado en el 2014
Fecha de Publicación: 23/09/2013
Fuente: Eco2Site
Provincia/Región: San Juan
El equipo de técnicos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia) está revisando actualmente el inventario de glaciares que realizó la provincia de San Juan en las cuencas de los ríos Jáchal y San Juan, y calcula que terminará de aprobarlo ‘a mediados del año próximo.
La homologación del Ianiglia es un paso crucial que debe obtener la provincia para el cumplimiento con la Ley nacional de Protección de Glaciares 26.639, y la representante informó que se va a controlar paso por paso lo que ya hizo el equipo local.
La licenciada en Geografía, Laura Zalazar, que trabaja justamente en ese instituto para la realización del inventario nacional de glaciares sostuvo que ‘’hay dos grupos del Ianiglia trabajando en el proceso de homologación del inventario provincial’’, el cual está ‘’en un 50%’’ de avance sin que se hayan producido cuestionamientos hasta el momento. ‘’Revisamos si la base de datos está completa, como también las imágenes (satelitales) que se utilizaron; incluiremos un control de todo el proceso’’, afirmó la profesional, quien anticipó que también se enviará personal para hacer trabajos de campo en el próximo verano, en las cuencas al Sur de Jáchal y los ríos Los patos, Blanco y San Juan, en Calingasta.
’Es una prioridad San Juan en este momento, debemos terminar el mapeo, hacer trabajo de campo, después elaborar informes y mandar avisos internos. Creo que a mediados del año que viene lo terminamos’’, aseguró. Zalazar estuvo en San Juan disertando en el INTA de Pocito sobre cómo se hace el relevamiento nacional de glaciares, en el marco de conferencias preparatorias para el Congreso del Agua que organiza la Universidad Nacional en esta provincia en el mes de octubre (ver aparte).
‘’El inventario arranca desde la selección de imágenes satelitales, de ahí se hacen una serie de procesos sobre la imagen para extraer lo que es hielo descubierto, después se trabaja con otro tipo de imágenes para glaciares de escombros y con hielo cubierto. Una vez que hemos mapeado en gabinete, vamos al campo para verificar que coincida con lo que estamos viendo en la realidad y poder estimar el error’’, explicó. Agregó que esa tarea no se hace por provincias sino por cuencas hidrológicas. Por ejemplo, la cuenca de Jáchal comprende una parte de San Juan y otra de La Rioja.
Respecto al relevamiento de glaciares nacional, Zalazar adelantó que ya está listo el trabajo en Mendoza y Tunuyán, pero ahora resta la aprobación de un revisor externo al Ianiglia ‘’quien finalmente aprueba si el trabajo está bien hecho’’.
Además se está trabajando en las provincias de Santa Cruz y Chubut y se ha iniciado la tarea en Neuquén y en Catamarca. El plazo para el inventario de glaciares es de 5 años y se arrancó en el 2011, por lo que hay tiempo hasta el 2016 para presentarlo. El plazo de 180 días que establece la ley es sólo para áreas ‘prioritarias’ dentro del país. ‘’Las provincias debían definir cuáles eran y ninguna lo hizo, por lo que no se trabajó en ellas específicamente’’, informó Zalazar.
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Fecha de Publicación: 23/09/2013
Fuente: Eco2Site
Provincia/Región: San Juan
El equipo de técnicos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia) está revisando actualmente el inventario de glaciares que realizó la provincia de San Juan en las cuencas de los ríos Jáchal y San Juan, y calcula que terminará de aprobarlo ‘a mediados del año próximo.
La homologación del Ianiglia es un paso crucial que debe obtener la provincia para el cumplimiento con la Ley nacional de Protección de Glaciares 26.639, y la representante informó que se va a controlar paso por paso lo que ya hizo el equipo local.
La licenciada en Geografía, Laura Zalazar, que trabaja justamente en ese instituto para la realización del inventario nacional de glaciares sostuvo que ‘’hay dos grupos del Ianiglia trabajando en el proceso de homologación del inventario provincial’’, el cual está ‘’en un 50%’’ de avance sin que se hayan producido cuestionamientos hasta el momento. ‘’Revisamos si la base de datos está completa, como también las imágenes (satelitales) que se utilizaron; incluiremos un control de todo el proceso’’, afirmó la profesional, quien anticipó que también se enviará personal para hacer trabajos de campo en el próximo verano, en las cuencas al Sur de Jáchal y los ríos Los patos, Blanco y San Juan, en Calingasta.
’Es una prioridad San Juan en este momento, debemos terminar el mapeo, hacer trabajo de campo, después elaborar informes y mandar avisos internos. Creo que a mediados del año que viene lo terminamos’’, aseguró. Zalazar estuvo en San Juan disertando en el INTA de Pocito sobre cómo se hace el relevamiento nacional de glaciares, en el marco de conferencias preparatorias para el Congreso del Agua que organiza la Universidad Nacional en esta provincia en el mes de octubre (ver aparte).
‘’El inventario arranca desde la selección de imágenes satelitales, de ahí se hacen una serie de procesos sobre la imagen para extraer lo que es hielo descubierto, después se trabaja con otro tipo de imágenes para glaciares de escombros y con hielo cubierto. Una vez que hemos mapeado en gabinete, vamos al campo para verificar que coincida con lo que estamos viendo en la realidad y poder estimar el error’’, explicó. Agregó que esa tarea no se hace por provincias sino por cuencas hidrológicas. Por ejemplo, la cuenca de Jáchal comprende una parte de San Juan y otra de La Rioja.
Respecto al relevamiento de glaciares nacional, Zalazar adelantó que ya está listo el trabajo en Mendoza y Tunuyán, pero ahora resta la aprobación de un revisor externo al Ianiglia ‘’quien finalmente aprueba si el trabajo está bien hecho’’.
Además se está trabajando en las provincias de Santa Cruz y Chubut y se ha iniciado la tarea en Neuquén y en Catamarca. El plazo para el inventario de glaciares es de 5 años y se arrancó en el 2011, por lo que hay tiempo hasta el 2016 para presentarlo. El plazo de 180 días que establece la ley es sólo para áreas ‘prioritarias’ dentro del país. ‘’Las provincias debían definir cuáles eran y ninguna lo hizo, por lo que no se trabajó en ellas específicamente’’, informó Zalazar.
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Etiquetas:
ecosistemas,
glaciares,
legislación y derecho ambiental,
minería,
San Juan
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Río Negro: clausuran yacimiento por contaminación
Clausuraron un yacimiento petrolero
Fecha de Publicación: 23/09/2013
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: Río Negro
Derrames de crudo, piletas naturales con lodo y cañerías de transporte muy deterioradas fueron algunas de las observaciones que hizo la Secretaría de Medio Ambiente de Río Negro. Hay riesgo de que las lluvias arrastren crudo hasta el lago de Casa de Piedra. Las comunidades mapuches habían denunciado la situación. El video es de la Fundación Ambiental Acción Sustentable.
La Secretaría de Medio Ambiente de Río Negro oficializó el jueves último la clausura de manera preventiva del área hidrocarburífera de Puesto Morales Sur, en la zona de Sargento Ocón, en la provincia de Rio Negro. Las comunidades mapuches del lugar habían denunciado los derrmes.
Ese organismo de control junto a otras dependencias del Estado detectó una serie de irregularidades en el yacimiento que opera la empresa canadiense Petrolífera (Gran Tierra Energy) y por ese motivo se definió la medida precautoria, sin precedentes en la provincia, según informó el diario Río Negro. Derrames de crudo, piletas naturales con lodos que serán analizados y cañerías de transporte muy deterioradas, fueron algunas de las observaciones.
Desde hacía tres semans las comunidades mapuches Quelug Leufú y Ñanculeufú mantenían el paso bloqueado a las operadoras Petrolífera y CGC debido a que reclaman un plan de remediación ambiental y la renegociación de los valores que perciben por los derechos de servidumbre.
El subsecretario de Control y Fiscalización de Medio Ambiente, Rodrigo Romera Bueno, fue quien encabezó el operativo el lunes pasado junto a Viviana Hernández (DPA), profesionales de la Secretaría de Energía que conduce Guillermo Gesualdo y representantes del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco). La inspección duró más de cinco horas el pasado martes y avanzó sobre las tierras del superficiario Silverio García, en Puesto Morales sur.
Uno de los mayores problemas se descubrió en el pozo 22 donde una tubería reventó hace pocos días y derramó crudo sobre una picada. Al advertir lo sucedido los funcionarios provinciales ordenaron a la operadora responsable la inmediata remediación del suelo y la colocación de barreras oleofílicas para evitar que las lluvias arrastren el hidrocarburo hacia las aguas del perilago de Casa de Piedra.
Para el Longko de la comunidad Quelug Leufú, Eduardo Figueroa, el problema ambiental tiene que ver con la falta de inversión de las operadoras. "Hoy hubo una inspección y se pudo ver cómo las vacas anduvieron comiendo donde se derramó el petróleo. Los animales se van muriendo. Las petroleras tienen dinero, nosotros no podemos aguantar", expresó al diario Río Negro.
Martín Ñanculeo, Longko de la comunidad Ñanculeufú, también destacó la clausura parcial del yacimiento y reclamó que se abra un canal de diálogo con la otra operadora que tiene la concesión del área, la Compañía General de Combustible (CGC).
"Los superficiarios reclaman que se los escuche y se les dé participación en la actividad hidrocarburífera. Hay gente de las mismas comunidades indígenas que puede capacitarse y controlar los yacimientos, quién mejor que ellos para cuidar la tierra. Hoy desde el gobierno vemos una buena predisposición y creemos que este puede ser el comienzo de una solución a corto plazo si las empresas dialogan, plantean un plan de remediación y remuneran los daños ambientales que se han causado en los campos", agregó Francisco Anaya.
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Fecha de Publicación: 23/09/2013
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: Río Negro
Derrames de crudo, piletas naturales con lodo y cañerías de transporte muy deterioradas fueron algunas de las observaciones que hizo la Secretaría de Medio Ambiente de Río Negro. Hay riesgo de que las lluvias arrastren crudo hasta el lago de Casa de Piedra. Las comunidades mapuches habían denunciado la situación. El video es de la Fundación Ambiental Acción Sustentable.
La Secretaría de Medio Ambiente de Río Negro oficializó el jueves último la clausura de manera preventiva del área hidrocarburífera de Puesto Morales Sur, en la zona de Sargento Ocón, en la provincia de Rio Negro. Las comunidades mapuches del lugar habían denunciado los derrmes.
Ese organismo de control junto a otras dependencias del Estado detectó una serie de irregularidades en el yacimiento que opera la empresa canadiense Petrolífera (Gran Tierra Energy) y por ese motivo se definió la medida precautoria, sin precedentes en la provincia, según informó el diario Río Negro. Derrames de crudo, piletas naturales con lodos que serán analizados y cañerías de transporte muy deterioradas, fueron algunas de las observaciones.
Desde hacía tres semans las comunidades mapuches Quelug Leufú y Ñanculeufú mantenían el paso bloqueado a las operadoras Petrolífera y CGC debido a que reclaman un plan de remediación ambiental y la renegociación de los valores que perciben por los derechos de servidumbre.
El subsecretario de Control y Fiscalización de Medio Ambiente, Rodrigo Romera Bueno, fue quien encabezó el operativo el lunes pasado junto a Viviana Hernández (DPA), profesionales de la Secretaría de Energía que conduce Guillermo Gesualdo y representantes del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco). La inspección duró más de cinco horas el pasado martes y avanzó sobre las tierras del superficiario Silverio García, en Puesto Morales sur.
Uno de los mayores problemas se descubrió en el pozo 22 donde una tubería reventó hace pocos días y derramó crudo sobre una picada. Al advertir lo sucedido los funcionarios provinciales ordenaron a la operadora responsable la inmediata remediación del suelo y la colocación de barreras oleofílicas para evitar que las lluvias arrastren el hidrocarburo hacia las aguas del perilago de Casa de Piedra.
Para el Longko de la comunidad Quelug Leufú, Eduardo Figueroa, el problema ambiental tiene que ver con la falta de inversión de las operadoras. "Hoy hubo una inspección y se pudo ver cómo las vacas anduvieron comiendo donde se derramó el petróleo. Los animales se van muriendo. Las petroleras tienen dinero, nosotros no podemos aguantar", expresó al diario Río Negro.
Martín Ñanculeo, Longko de la comunidad Ñanculeufú, también destacó la clausura parcial del yacimiento y reclamó que se abra un canal de diálogo con la otra operadora que tiene la concesión del área, la Compañía General de Combustible (CGC).
"Los superficiarios reclaman que se los escuche y se les dé participación en la actividad hidrocarburífera. Hay gente de las mismas comunidades indígenas que puede capacitarse y controlar los yacimientos, quién mejor que ellos para cuidar la tierra. Hoy desde el gobierno vemos una buena predisposición y creemos que este puede ser el comienzo de una solución a corto plazo si las empresas dialogan, plantean un plan de remediación y remuneran los daños ambientales que se han causado en los campos", agregó Francisco Anaya.
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74º Asamblea Ordinaria del COFEMA en Chubut
Se desarrolló la 74º Asamblea Ordinaria del COFEMA en Chubut
Fecha de Publicación: 23/09/2013
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Chubut - Nacional
El miércoles y el jueves de la semana pasada se llevó a cabo en Rawson la 74º Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), órgano presidido por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro, Ingeniera Laura del Valle Juárez.
En este marco, y ante los hechos acontecidos de público conocimiento, acerca de las prolongadas sequías que han padecido especialmente el Noroeste y centro del país, así como de los devastadores incendios ocurridos en las provincias de Argentina, que han arrasado grandes superficies del territorio, con la pérdida de vidas humanas, bienes y de gran parte de la biodiversidad, se declaró la solidaridad con todas las provincias afectadas y se destacó la importancia de declarar la emergencia ambiental federal, como así también exigir a los organismos internacionales el cumplimiento de los compromisos asumidos en los tratados internacionales para dar respuestas a los sectores perjudicados.
El miércoles se ratificó mediante Resolución el Convenio con el Consejo Federal de Educación firmado en Mendoza, se aprobó la Resolución del Congreso RSU en San Juan, se declaró la necesidad de profundizar la política de gestión, control y fiscalización de hidrocarburos de reservorios no convencionales, lo que fue ilustrado por la disertación del representante del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG), Ing. Carlos Soraire, y se elaboró una Resolución con copia al Secretario de la SAyDS de la Nación, Dr. Mussi, y al Jefe de Gabinete de Ministros, Dr. Juan Manuel Abal Medina, para solicitarles a los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores que se respete el presupuesto en relación con la Ley de Protección de Bosque Nativos para todas las provincias, oportunamente solicitado por la SAyDS de la Nación.
En tanto que el jueves se declaró el castor canadiense como especie invasora para promover acciones tendientes a la prevención, control y erradicación para la protección de la biodiversidad en los ecosistemas afectados y se declaró de interés federal el plan de manejo del petrel gigante.
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Fecha de Publicación: 23/09/2013
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Chubut - Nacional
El miércoles y el jueves de la semana pasada se llevó a cabo en Rawson la 74º Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), órgano presidido por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro, Ingeniera Laura del Valle Juárez.
En este marco, y ante los hechos acontecidos de público conocimiento, acerca de las prolongadas sequías que han padecido especialmente el Noroeste y centro del país, así como de los devastadores incendios ocurridos en las provincias de Argentina, que han arrasado grandes superficies del territorio, con la pérdida de vidas humanas, bienes y de gran parte de la biodiversidad, se declaró la solidaridad con todas las provincias afectadas y se destacó la importancia de declarar la emergencia ambiental federal, como así también exigir a los organismos internacionales el cumplimiento de los compromisos asumidos en los tratados internacionales para dar respuestas a los sectores perjudicados.
El miércoles se ratificó mediante Resolución el Convenio con el Consejo Federal de Educación firmado en Mendoza, se aprobó la Resolución del Congreso RSU en San Juan, se declaró la necesidad de profundizar la política de gestión, control y fiscalización de hidrocarburos de reservorios no convencionales, lo que fue ilustrado por la disertación del representante del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG), Ing. Carlos Soraire, y se elaboró una Resolución con copia al Secretario de la SAyDS de la Nación, Dr. Mussi, y al Jefe de Gabinete de Ministros, Dr. Juan Manuel Abal Medina, para solicitarles a los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores que se respete el presupuesto en relación con la Ley de Protección de Bosque Nativos para todas las provincias, oportunamente solicitado por la SAyDS de la Nación.
En tanto que el jueves se declaró el castor canadiense como especie invasora para promover acciones tendientes a la prevención, control y erradicación para la protección de la biodiversidad en los ecosistemas afectados y se declaró de interés federal el plan de manejo del petrel gigante.
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Río Negro: habrá control ambiental exclusivo para petroleras
Río Negro creará un área de control ambiental para petroleras
Fecha de Publicación: 22/09/2013
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
El gobierno de Río Negro creará un área de control ambiental que tendrá el objetivo específico de inspeccionar el trabajo de las empresas hidrocarburíferas que operan en los yacimientos provinciales.
"Vamos a buscar a los más capacitados para conformar esta área", señaló el gobernador, Alberto Weretilneck.
En los próximos días el Ejecutivo provincial enviará un proyecto de ley a la Legislatura para impulsar la conformación de un equipo de técnicos y profesionales que sean capaces de evaluar las tareas que desarrollan las empresas petroleras que tienen la concesión de las áreas hidrocarburíferas rionegrinas.
El anuncio de la creación del área de control fue realizado por el gobernador, Alberto Weretilneck, quien el viernes y en su visita a Allen se refirió a esa iniciativa y a las inspecciones que actualmente está llevando adelante el Gobierno provincial como parte del proceso de renegociación de los contratos petroleros.
"Dentro de lo que es la renegociación hay un tema que es puntal y que tiene que ver con la verificación que debemos hacer desde las secretarías de Hidrocarburos y Medio Ambiente sobre el estado de los yacimientos, el mantenimiento y las deudas ambientales que las empresas pudieran tener. Cuando se lleven los contratos a la Legislatura y se firmen van a tener que estar establecidos los impactos ambientales, si los hubiera, en cada uno de los yacimientos, dijo Weretilneck.
El gobernador agregó que "de todos modos nosotros vamos a anunciar en el transcurso de las próximas semanas la creación de un área especifica dentro del Estado provincial, relacionada a la protección y el cuidado del medio ambiente en la industria del petróleo y el gas. Hoy la Secretaría de Medio Ambiente absorbe desde los bosques nativos hasta aspectos que tienen que ver con la minería, el agua y los proyectos turísticos. Nosotros queremos que el área que tenga que ver con el control medioambiental de la actividad del petróleo y el gas sea específica, con personal que vamos a salir a buscar en la región, a los más capacitados y preparados para que nos ayuden a controlar los impactos ambientales sobre todo con temas nuevos como puede ser el fracking y otros tipos de debates que se dan hoy en Río Negro".
Por último y con respecto al tema, Weretilneck manifestó que "pensamos que con la irrupción de nuevas tecnologías, nuevas formas de extracción y el impacto que va a tener el petróleo y el gas en la Argentina durante las próximas décadas, el Estado también debe jerarquizar los controles. No es porque la Secretaría de Medio Ambiente no esté preparada pero queremos controles más específicos".
Cabe destacar que a partir de esta semana se abre un período de 45 días y dentro de ese plazo se definirá el resultado de la renegociación de los primeros cuatro contratos petroleros. Por el canon que deben pagar las doce empresas interesadas en continuar operando las áreas hidrocarburíferas, el gobierno provincial pretende recaudar 200 millones de dólares.
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Fecha de Publicación: 22/09/2013
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
El gobierno de Río Negro creará un área de control ambiental que tendrá el objetivo específico de inspeccionar el trabajo de las empresas hidrocarburíferas que operan en los yacimientos provinciales.
"Vamos a buscar a los más capacitados para conformar esta área", señaló el gobernador, Alberto Weretilneck.
En los próximos días el Ejecutivo provincial enviará un proyecto de ley a la Legislatura para impulsar la conformación de un equipo de técnicos y profesionales que sean capaces de evaluar las tareas que desarrollan las empresas petroleras que tienen la concesión de las áreas hidrocarburíferas rionegrinas.
El anuncio de la creación del área de control fue realizado por el gobernador, Alberto Weretilneck, quien el viernes y en su visita a Allen se refirió a esa iniciativa y a las inspecciones que actualmente está llevando adelante el Gobierno provincial como parte del proceso de renegociación de los contratos petroleros.
"Dentro de lo que es la renegociación hay un tema que es puntal y que tiene que ver con la verificación que debemos hacer desde las secretarías de Hidrocarburos y Medio Ambiente sobre el estado de los yacimientos, el mantenimiento y las deudas ambientales que las empresas pudieran tener. Cuando se lleven los contratos a la Legislatura y se firmen van a tener que estar establecidos los impactos ambientales, si los hubiera, en cada uno de los yacimientos, dijo Weretilneck.
El gobernador agregó que "de todos modos nosotros vamos a anunciar en el transcurso de las próximas semanas la creación de un área especifica dentro del Estado provincial, relacionada a la protección y el cuidado del medio ambiente en la industria del petróleo y el gas. Hoy la Secretaría de Medio Ambiente absorbe desde los bosques nativos hasta aspectos que tienen que ver con la minería, el agua y los proyectos turísticos. Nosotros queremos que el área que tenga que ver con el control medioambiental de la actividad del petróleo y el gas sea específica, con personal que vamos a salir a buscar en la región, a los más capacitados y preparados para que nos ayuden a controlar los impactos ambientales sobre todo con temas nuevos como puede ser el fracking y otros tipos de debates que se dan hoy en Río Negro".
Por último y con respecto al tema, Weretilneck manifestó que "pensamos que con la irrupción de nuevas tecnologías, nuevas formas de extracción y el impacto que va a tener el petróleo y el gas en la Argentina durante las próximas décadas, el Estado también debe jerarquizar los controles. No es porque la Secretaría de Medio Ambiente no esté preparada pero queremos controles más específicos".
Cabe destacar que a partir de esta semana se abre un período de 45 días y dentro de ese plazo se definirá el resultado de la renegociación de los primeros cuatro contratos petroleros. Por el canon que deben pagar las doce empresas interesadas en continuar operando las áreas hidrocarburíferas, el gobierno provincial pretende recaudar 200 millones de dólares.
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Gualeguaychú vuelve a movilizarse
La Asamblea de Gualeguaychú vuelve a movilizarse contra las papeleras
Fecha de Publicación: 22/09/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Entre Ríos
Fecha de Publicación: 22/09/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Entre Ríos
"El objetivo es realizar una campaña de concientización sobre la lucha contra la pastera", informaron los asambleístas.
La Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú decidió reiniciar las movilizaciones contra la fábrica de celulosa instalada sobre el río Uruguay, con una manifestación que se realizará hoy en las rutas a la espera de una audiencia la semana próxima ante autoridades de Ambiente de la Nación.
La protesta se realizará desde las 14 en el cruce de la avenida Primera Junta y la ruta internacional 136, donde repartirán volantes a los automovilistas para informar sobre la continuidad de sus reclamos.
"El objetivo es realizar una campaña de concientización sobre la lucha contra la pastera e informar sobre los últimos episodios de contaminación", informó la entidad en un comunicado.
Protesta
Los manifestantes eligieron para la volanteada una esquina estratégica ubicada en la salida de la ciudad y el comienzo de la ruta que lleva a Fray Bentos.
Los asambleístas aclararon que no habrá cortes de ruta, sino una movilización para repartir panfletos.
"Teniendo en cuenta que este fin de semana se desarrolla el Paseo de los Estudiantes, no se interferirá con el tránsito vehicular", explicaron.
En su convocatoria, los asambleístas llamaron a seguir con el rechazo a las papeleras porque, dijeron, "sólo ignorantes, obsecuentes o corruptos pueden negar la contaminación de Botnia-UPM".
"Por nosotros, nuestros hijos, nietos y generaciones venideras, digamos una vez más: sí a la vida, fuera Botnia-UPM de la cuenca del río Uruguay", expresaron.
La Asamblea volverá a reunirse el próximo miércoles para analizar si concurren o no a la audiencia con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi.
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Habrían otorgado permiso de cateo en Comunidad Mapuche
Críticas de comunidad mapuche: Gobierno otorgó permiso para cateo minero
Fecha de Publicación: 21/09/2013
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
La Comunidad Mapuche José Manuel Pichún, integrante del Consejo Asesor Indígena, con ocupación ancestral en Cuesta del Ternero, al sur oeste de la provincia de Río Negro, denunció que el Gobierno provincial a través de la Dirección de Minería “ha otorgado parte de nuestro territorio ubicado en las nacientes del Río Ternero para la realización de cateos mineros”.
La mega-empresa multirubro Torello Hnos. con asiento en Bahía Blanca adquirió derechos Mineros en una zona de 6.972 Has. ubicadas en las nacientes del Río Ternero.
Esta Empresa en su División Textíl es proveedora de indumentaria para las Fuerzas Armadas Nacionales y fabrica uniformes para casi todas las Policías Provinciales del País.
Denunciaron que la Comunidad nunca fue notificada ni consultada de las decisiones que tomó el gobierno afectando nuestro Territorio, violando así el Estado provincial todas las leyes vigentes provinciales, nacionales e internacionales relacionadas con los Pueblos Originarios.
Manifestar también públicamente su terminante oposición al avance de Cateo, Exploración, Prospección o Explotación Minera dentro de nuestro Territorio y alertamos a toda la población ubicada sobre la Cuenca del Puelo sobre los daños irreparables que una explotación Minera a cielo abierto provocaría en las surgentes de los arroyos afectando toda la Cuenca.
Nuestro Río Ternero es uno de los que alimenta con sus aguas al río Quemquentreu que atraviesa el pueblo El Bolsón, desembocando en el Lago Puelo, dijeron.
Como Comunidad perteneciente al Pueblo Mapuche,reafirmamos nuestro compromiso de lucha ante cualquier intento de avasallamiento de nuestro territorio e invitamos a la población a estar alerta y sumarse a la lucha para la no instalación de la megaminería en ningún punto del Territorio, dice el comunicado de la Comunidad Juan M Pichun de Cuesta del ternero, Río Negro.
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Fecha de Publicación: 21/09/2013
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
La Comunidad Mapuche José Manuel Pichún, integrante del Consejo Asesor Indígena, con ocupación ancestral en Cuesta del Ternero, al sur oeste de la provincia de Río Negro, denunció que el Gobierno provincial a través de la Dirección de Minería “ha otorgado parte de nuestro territorio ubicado en las nacientes del Río Ternero para la realización de cateos mineros”.
La mega-empresa multirubro Torello Hnos. con asiento en Bahía Blanca adquirió derechos Mineros en una zona de 6.972 Has. ubicadas en las nacientes del Río Ternero.
Esta Empresa en su División Textíl es proveedora de indumentaria para las Fuerzas Armadas Nacionales y fabrica uniformes para casi todas las Policías Provinciales del País.
Denunciaron que la Comunidad nunca fue notificada ni consultada de las decisiones que tomó el gobierno afectando nuestro Territorio, violando así el Estado provincial todas las leyes vigentes provinciales, nacionales e internacionales relacionadas con los Pueblos Originarios.
Manifestar también públicamente su terminante oposición al avance de Cateo, Exploración, Prospección o Explotación Minera dentro de nuestro Territorio y alertamos a toda la población ubicada sobre la Cuenca del Puelo sobre los daños irreparables que una explotación Minera a cielo abierto provocaría en las surgentes de los arroyos afectando toda la Cuenca.
Nuestro Río Ternero es uno de los que alimenta con sus aguas al río Quemquentreu que atraviesa el pueblo El Bolsón, desembocando en el Lago Puelo, dijeron.
Como Comunidad perteneciente al Pueblo Mapuche,reafirmamos nuestro compromiso de lucha ante cualquier intento de avasallamiento de nuestro territorio e invitamos a la población a estar alerta y sumarse a la lucha para la no instalación de la megaminería en ningún punto del Territorio, dice el comunicado de la Comunidad Juan M Pichun de Cuesta del ternero, Río Negro.
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Campesinos en el Congreso, sin ser muy escuchados
Audiencia campesina con sabor a poco
Fecha de Publicación: 21/09/2013
Fuente: Por Darío Aranda - Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones campesinas de todo el país viajaron hasta Buenos Aires para presentar diez puntos de política agropecuaria para el sector, contenidos en un proyecto de ley. Sobresale el pedido de creación de un instituto para la agricultura familiar y la necesidad de frenar los desalojos. El lugar de presentación fue el edificio anexo de Congreso Nacional, en una audiencia con legisladores, pero sólo concurrieron tres diputados (uno se fue antes de que termine la audiencia) y la jornada duró sólo 34 minutos. “Salí ayer a las 2 de la tarde de Santiago. Llegué esta mañana, ni siquiera comimos, y nos dan palmadita en la espalda y no dicen que sigamos así. Es decepcionante”, sinceró Ignacio Avellanal, campesino santiagueño de Añatuya e integrante de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina).
“Vamos por lo que falta”, fue el título de la convocatoria lanzada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina (MNCI), el Frente Nacional Campesino (FNC), la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), la Coordinadora de Organizaciones Campesinas Indígenas y Trabajadores rurales de Argentina (Cocitra) y el nuevo Frente Agrario del Movimiento Evita. El documento señala la necesidad de transformar el sistema agropecuario actual “concentrado y extranjerizado”, y fortalecer un modelo basado en la soberanía alimentaria y la agricultura familiar. Diez puntos, en lo que sobresale la creación de un "Instituto de la Agricultura Familiar" y el freno a los desalojos rurales.
La gacetilla de invitación finalizaba: “Vamos por lo que falta para consolidar el modelo nacional y popular y que fortalezca nuestra soberanía alimentaría”.
Audiencia
La cita era a las 14 en el Anexo del Congreso Nacional. Desde 20 minutos antes, decenas de campesinos y dirigentes rurales estaban ya sobre la puerta que da a la calle Rivadavia. A las 14.10 ya estaban todos en la amplia Sala I. Había muchos referentes de las organizaciones del campo. Pero faltaban los diputados, que llegaron recién a las 15. De inmediato comenzó la audiencia.
“Este proyecto nace del diálogo de las organizaciones y cuenta con el apoyo del compañero (Emilio) Pérsico (subsecretario de Agricultura Familiar, y dirigente del Movimiento Evita), que le ha dado otra dinámica a la Subsecretaría”, recordó José Luis Castillo, de la Acina, y remarcó la necesidad de un instituto de la agricultura familiar: “No es nada alocado. Así como está el INTA, debemos tener uno específico de la agricultura familiar, como tienen los otros países de la región”.
Benigno López, formoseño del Frente Nacional Campesino (FNC), precisó que el sector “no cuenta con presupuesto adecuado”, y precisó que “es abultado el presupuesto del Ministerio de Agricultura, pero muy poco llega a la agricultura familiar”. López definió la situación campesina como “delicada” y recordó que “se perdió ganadería, sembrado y ni agua tenemos en muchos parajes”.
“Aquellos que apoyamos el proyecto nacional y popular, creemos que es necesario profundizarlo y democratizar el campo, democratizar la producción y comercialización. Podemos bajar el precio de los alimentos”, destacó el dirigente formoseño. Señaló que la creación de la Subsecretaría fue “un paso”, pero sostuvo que “hay que dar otros pasos”. Por ejemplo, reclamó “dejar de seguir financiando a los grandes” actores del modelo agropecuario.
Raúl Galván, chaqueño de la Cocitra, pidió “políticas públicas que aporten a nuestro sector para avanzar en el proyecto nacional y popular”. Pero aclaró que “no se puede avanzar si el 90 por ciento de las mejores tierras están en manos del agronegocio, en función del mercado mundial y del capital, y no en función del pueblo”.
“Es contradictorio para que pueda avanzar un proyecto nacional y popular si lo que avanza es el agronegocios, que destruye el ambiente, de Tierra del Fuego hasta la Quiaca. Hay que decir que no se la ha puesto un freno al agronegocios, al contrario, sigue avanzando”, denunció Galván. Y aclaró que no sólo se debe discutir por fondos, sino también la posesión de la tierra, los medios de producción, el agua y la autonomía de las organizaciones.
“Me tengo que ir”
Estaba pautado que hablen las organizaciones, y luego los legisladores presentes. Iban diecisiete minutos de audiencia, y el diputado del Frente Transversal Edgardo Depetri adelantó su alocución. “Tengo que ir a Malvinas Argentinas (Gran Buenos Aires) porque estamos en campaña, hay una ofensiva neoliberal y tenemos que frenarla. Hay que parar esta avanzada votando a los candidatos del Frente para la Victoria en Buenos Aires... y en otras provincias”.
El discurso de campaña era muy desubicado frente a campesinos que habían hecho entre 800 y 1500 kilómetros para hablar del modelo agropecuario y las necesidades del campo profundo.
Depetri mencionó casi al pasar la necesidad de “empoderar” a las organizaciones territoriales y la necesidad de la soberanía alimentaria.
“No me gusta... pero tengo que irme”, dijo. Y mientras sonaban los aplausos de rigor: se fue.
Evita
Osvaldo Lovey es dirigente del Frente Agrario del Movimiento Evita y subsecretario de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de Chaco. “Hemos conquistado la Subsecretaria (de Agricultura Familiar de Nación). No es suficiente porque el Ministerio tiene otra concepción y otras prioridades. No se puede acceder a fondos”, sinceró y reclamó que se le asigne un rol estratégico a la agricultura familiar.
Lovey, con un activa militancia en las ligas agrarias en la década del 70, fue el primero en explicitar una carencia. “Hay muy pocos diputados aquí. Es necesario que estén más diputados y necesitamos también el apoyo del Poder Ejecutivo para la agricultura familiar”.
Emilio Pérsico, del Movimiento Evita y titular de la Subsecretaria de Agricultura Familiar de Nación, seguía atento el discurso desde el otro extremo de la sala.
MNCI
Deolinda Carrizo, santiagueña, campesina del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) y del MNCI fue la última oradora de las organizaciones. Marcó la necesidad del instituto de la agricultura familiar, y aclaró que será una “herramienta”. Y reclamó que se visualice a los campesinos como sujetos productivos y económicos fundamentales en la producción de alimentos.
“La Deo”, como se la conoce en los ámbitos campesinos, resaltó como puntales de la lucha rural a las mujeres y a los jóvenes, se pidió políticas activas para ellos, y remarcó la necesidad de que el Congreso apruebe la ley de freno a los desalojos. La iniciativa fuepresentada hace dos años por las mismas organizaciones y es llamada "Cristian Ferreyra", en homenaje al joven campesino asesinado en Santiago del Estero.
“Es muy importante frenar a los agroempresarios y a las transnacionales. Muchos siguen impunes desalojando”, recordó Carrizo. Mostró un manojo de hojas, explicó que era el borrador de proyecto de ley y explicitó un sentir: “Hacemos entrega del proyecto a los diputados... deberían estar aquí más diputados”.
Legisladores
Adela Segarra, diputada del Movimiento Evita, señaló la importancia de la agricultura familiar y su vinculación con la economía popular. “Pese a la década ganada, ciertos sectores del Estado siguen siendo funcionales a los sectores neoliberales”, afirmó y advirtió que la ley propuesta es “necesaria pero no sirve si no tiene amplio apoyo y participación”.
Leonardo Grosso, también diputado del Movimiento Evita, fue también muy breve. Dijo que la audiencia y la propuesta de ley era “una invitación a la lucha” y aseguró que el Congreso estaba abierto para dar esa pelea. Reconoció la necesidad de “convencer a otros diputados”.
Sabor a poco
La audiencia duró sólo 34 minutos. Medio centenar de campesinos y dirigentes rurales estaban sentados frente a micrófonos. Había referentes de Salta, Catamarca, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza y Chaco, entre otras provincias. El comunicado contenía palabras con guiños al oficialismo, pero sólo concurrieron tres diputados. Y dos de ellos del Movimiento Evita, el mismo espacio que ocupa la Subsecretaría de Agricultura Familiar.
La experiencia reciente no es una buena señal. Las organizaciones campesinas presentaron en abril de 2011 el primer borrador de ley para frenar los desalojos campesinos. Recién luego del asesinato de Cristian Ferreyra, noviembre de 2011, fue ingresada formalmente por los diputados oficialistas (entre ellos, Edgardo Depetri). Y hubo un acto conjunto con el Movimiento Evita y La Cámpora.
En octubre de 2012 asesinaron a Miguel Galván, también campesino del Mocase-VC. Hubo otra vez un acto frente al Congreso, con legisladores oficialistas, para volver a presentar el proyecto de ley.
El kirchnerismo tiene mayoría en ambas cámaras. Pero la ley ni siquiera fue ingresada a recinto y perdió estado parlamentario. Traducido al criollo: el proyecto no fue ni tratado.
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Fecha de Publicación: 21/09/2013
Fuente: Por Darío Aranda - Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones campesinas de todo el país viajaron hasta Buenos Aires para presentar diez puntos de política agropecuaria para el sector, contenidos en un proyecto de ley. Sobresale el pedido de creación de un instituto para la agricultura familiar y la necesidad de frenar los desalojos. El lugar de presentación fue el edificio anexo de Congreso Nacional, en una audiencia con legisladores, pero sólo concurrieron tres diputados (uno se fue antes de que termine la audiencia) y la jornada duró sólo 34 minutos. “Salí ayer a las 2 de la tarde de Santiago. Llegué esta mañana, ni siquiera comimos, y nos dan palmadita en la espalda y no dicen que sigamos así. Es decepcionante”, sinceró Ignacio Avellanal, campesino santiagueño de Añatuya e integrante de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina).
“Vamos por lo que falta”, fue el título de la convocatoria lanzada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina (MNCI), el Frente Nacional Campesino (FNC), la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), la Coordinadora de Organizaciones Campesinas Indígenas y Trabajadores rurales de Argentina (Cocitra) y el nuevo Frente Agrario del Movimiento Evita. El documento señala la necesidad de transformar el sistema agropecuario actual “concentrado y extranjerizado”, y fortalecer un modelo basado en la soberanía alimentaria y la agricultura familiar. Diez puntos, en lo que sobresale la creación de un "Instituto de la Agricultura Familiar" y el freno a los desalojos rurales.
La gacetilla de invitación finalizaba: “Vamos por lo que falta para consolidar el modelo nacional y popular y que fortalezca nuestra soberanía alimentaría”.
Audiencia
La cita era a las 14 en el Anexo del Congreso Nacional. Desde 20 minutos antes, decenas de campesinos y dirigentes rurales estaban ya sobre la puerta que da a la calle Rivadavia. A las 14.10 ya estaban todos en la amplia Sala I. Había muchos referentes de las organizaciones del campo. Pero faltaban los diputados, que llegaron recién a las 15. De inmediato comenzó la audiencia.
“Este proyecto nace del diálogo de las organizaciones y cuenta con el apoyo del compañero (Emilio) Pérsico (subsecretario de Agricultura Familiar, y dirigente del Movimiento Evita), que le ha dado otra dinámica a la Subsecretaría”, recordó José Luis Castillo, de la Acina, y remarcó la necesidad de un instituto de la agricultura familiar: “No es nada alocado. Así como está el INTA, debemos tener uno específico de la agricultura familiar, como tienen los otros países de la región”.
Benigno López, formoseño del Frente Nacional Campesino (FNC), precisó que el sector “no cuenta con presupuesto adecuado”, y precisó que “es abultado el presupuesto del Ministerio de Agricultura, pero muy poco llega a la agricultura familiar”. López definió la situación campesina como “delicada” y recordó que “se perdió ganadería, sembrado y ni agua tenemos en muchos parajes”.
“Aquellos que apoyamos el proyecto nacional y popular, creemos que es necesario profundizarlo y democratizar el campo, democratizar la producción y comercialización. Podemos bajar el precio de los alimentos”, destacó el dirigente formoseño. Señaló que la creación de la Subsecretaría fue “un paso”, pero sostuvo que “hay que dar otros pasos”. Por ejemplo, reclamó “dejar de seguir financiando a los grandes” actores del modelo agropecuario.
Raúl Galván, chaqueño de la Cocitra, pidió “políticas públicas que aporten a nuestro sector para avanzar en el proyecto nacional y popular”. Pero aclaró que “no se puede avanzar si el 90 por ciento de las mejores tierras están en manos del agronegocio, en función del mercado mundial y del capital, y no en función del pueblo”.
“Es contradictorio para que pueda avanzar un proyecto nacional y popular si lo que avanza es el agronegocios, que destruye el ambiente, de Tierra del Fuego hasta la Quiaca. Hay que decir que no se la ha puesto un freno al agronegocios, al contrario, sigue avanzando”, denunció Galván. Y aclaró que no sólo se debe discutir por fondos, sino también la posesión de la tierra, los medios de producción, el agua y la autonomía de las organizaciones.
“Me tengo que ir”
Estaba pautado que hablen las organizaciones, y luego los legisladores presentes. Iban diecisiete minutos de audiencia, y el diputado del Frente Transversal Edgardo Depetri adelantó su alocución. “Tengo que ir a Malvinas Argentinas (Gran Buenos Aires) porque estamos en campaña, hay una ofensiva neoliberal y tenemos que frenarla. Hay que parar esta avanzada votando a los candidatos del Frente para la Victoria en Buenos Aires... y en otras provincias”.
El discurso de campaña era muy desubicado frente a campesinos que habían hecho entre 800 y 1500 kilómetros para hablar del modelo agropecuario y las necesidades del campo profundo.
Depetri mencionó casi al pasar la necesidad de “empoderar” a las organizaciones territoriales y la necesidad de la soberanía alimentaria.
“No me gusta... pero tengo que irme”, dijo. Y mientras sonaban los aplausos de rigor: se fue.
Evita
Osvaldo Lovey es dirigente del Frente Agrario del Movimiento Evita y subsecretario de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de Chaco. “Hemos conquistado la Subsecretaria (de Agricultura Familiar de Nación). No es suficiente porque el Ministerio tiene otra concepción y otras prioridades. No se puede acceder a fondos”, sinceró y reclamó que se le asigne un rol estratégico a la agricultura familiar.
Lovey, con un activa militancia en las ligas agrarias en la década del 70, fue el primero en explicitar una carencia. “Hay muy pocos diputados aquí. Es necesario que estén más diputados y necesitamos también el apoyo del Poder Ejecutivo para la agricultura familiar”.
Emilio Pérsico, del Movimiento Evita y titular de la Subsecretaria de Agricultura Familiar de Nación, seguía atento el discurso desde el otro extremo de la sala.
MNCI
Deolinda Carrizo, santiagueña, campesina del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) y del MNCI fue la última oradora de las organizaciones. Marcó la necesidad del instituto de la agricultura familiar, y aclaró que será una “herramienta”. Y reclamó que se visualice a los campesinos como sujetos productivos y económicos fundamentales en la producción de alimentos.
“La Deo”, como se la conoce en los ámbitos campesinos, resaltó como puntales de la lucha rural a las mujeres y a los jóvenes, se pidió políticas activas para ellos, y remarcó la necesidad de que el Congreso apruebe la ley de freno a los desalojos. La iniciativa fuepresentada hace dos años por las mismas organizaciones y es llamada "Cristian Ferreyra", en homenaje al joven campesino asesinado en Santiago del Estero.
“Es muy importante frenar a los agroempresarios y a las transnacionales. Muchos siguen impunes desalojando”, recordó Carrizo. Mostró un manojo de hojas, explicó que era el borrador de proyecto de ley y explicitó un sentir: “Hacemos entrega del proyecto a los diputados... deberían estar aquí más diputados”.
Legisladores
Adela Segarra, diputada del Movimiento Evita, señaló la importancia de la agricultura familiar y su vinculación con la economía popular. “Pese a la década ganada, ciertos sectores del Estado siguen siendo funcionales a los sectores neoliberales”, afirmó y advirtió que la ley propuesta es “necesaria pero no sirve si no tiene amplio apoyo y participación”.
Leonardo Grosso, también diputado del Movimiento Evita, fue también muy breve. Dijo que la audiencia y la propuesta de ley era “una invitación a la lucha” y aseguró que el Congreso estaba abierto para dar esa pelea. Reconoció la necesidad de “convencer a otros diputados”.
Sabor a poco
La audiencia duró sólo 34 minutos. Medio centenar de campesinos y dirigentes rurales estaban sentados frente a micrófonos. Había referentes de Salta, Catamarca, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza y Chaco, entre otras provincias. El comunicado contenía palabras con guiños al oficialismo, pero sólo concurrieron tres diputados. Y dos de ellos del Movimiento Evita, el mismo espacio que ocupa la Subsecretaría de Agricultura Familiar.
La experiencia reciente no es una buena señal. Las organizaciones campesinas presentaron en abril de 2011 el primer borrador de ley para frenar los desalojos campesinos. Recién luego del asesinato de Cristian Ferreyra, noviembre de 2011, fue ingresada formalmente por los diputados oficialistas (entre ellos, Edgardo Depetri). Y hubo un acto conjunto con el Movimiento Evita y La Cámpora.
En octubre de 2012 asesinaron a Miguel Galván, también campesino del Mocase-VC. Hubo otra vez un acto frente al Congreso, con legisladores oficialistas, para volver a presentar el proyecto de ley.
El kirchnerismo tiene mayoría en ambas cámaras. Pero la ley ni siquiera fue ingresada a recinto y perdió estado parlamentario. Traducido al criollo: el proyecto no fue ni tratado.
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Entre Ríos: primer ecoparque de la provincia
Se construirá el primer parque ecológico
Fecha de Publicación: 20/09/2013
Fuente: El Diario de Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobernador Sergio Urribarri firmó ayer en Gualeguaychú con el secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, el convenio para la construcción del primer ecoparque de la provincia que terminará con el basural a cielo abierto de la ciudad. La inversión supera los 30 millones de pesos, que ni provincia ni municipio deberán devolver.
“Veo a Urribarri muchas veces por Buenos Aires y a veces me pregunto: ¿Entre Ríos tendrá muy claro lo que hace este gobernador por su gente?” Primero, entrerriano a muerte; segundo, un hombre sumamente sencillo; y tercero, muy leal. El da lugar a que podamos cumplir con aquello de ‘ayúdame y te ayudaré’. Y así hacemos nosotros con él. Va mucho y por eso recibe estos aportes”, enfatizó el funcionario nacional.
Luego, hizo notar: “Hoy estamos aportando alrededor de 47 millones de pesos a la provincia. Podemos decir que trabajamos por el ambiente. No se pueden resolver todas las cosas, pero puedo asegurar que es un lujo trabajar junto a esta Presidenta”.
“Hay que defender con dientes y uñas este proyecto. A la clase media la hicimos nosotros, a los de abajo le dimos la posibilidad de ser clase media. Este es un proyecto para todos, incluye a todos los argentinos”, instó.
El mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador José Cáceres, el intendente Juan José Bahillo, el ministro de Educación, José Lauritto y otras autoridades. Mussi entregó a Urribarri un aporte de 11,9 millones de pesos para el Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos para la Microrregión Tierra de Palmares.
“Vinimos a firmar la aceptación de la realización de la obra del parque, con el relleno sanitario posterior, para lo cual el Gobierno tomó un crédito internacional y se lo da sin retorno al municipio por una suma de 31 millones de pesos”.
“Vinimos también a cumplir con los intendentes y con el programa Girsu, que implica contenedores, educación para separar los residuos, camiones, la planta, la compactación y el relleno sanitario”, detalló el funcionario.
CONFIANZA. Al hablar en el acto, que se llevó a cabo en el municipio, el gobernador Urribarri dijo: “Es un día muy especial para todos nosotros y en particular para Gualeguaychú”. Agradeció al “amigo y compañero” Mussi y recordó cuando en un momento difícil del país, vino con el hospital móvil a Entre Ríos, “no en su carácter de funcionario, sino como médico militante, con la chaqueta, a atender a la gente en los distintos barrios. Es un hombre que ha estado toda la vida laburando por los que menos tienen”, destacó.
Para el gobernador, la construcción del ecoparque en Gualeguaychú “va a marcar un hito en la provincia. La voluntad del pueblo y el Gobierno hoy se traduce en hechos. Y esto que ponemos en marcha es un hecho concreto”.
“Seguramente, después serán otras las ciudades que lleguen a tener una planta de residuos sólidos urbanos como ésta. Pero Gualeguaychú es el emblema de un tema que se instaló hace muchos años atrás. Hay un antes y un después en la ciudad y yo no voy a dejar de reconocerlo”, expresó.
“Si hay una palabra que se impone en estos años es la confianza, la cooperación que ha habido, como nunca al menos en nuestra provincia.
En estos años Entre Ríos se dio vuelta gracias al acompañamiento de nuestra Presidenta, trabajando de esta manera. No está todo hecho, pero en estos 10 años avanzamos mucho”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 20/09/2013
Fuente: El Diario de Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobernador Sergio Urribarri firmó ayer en Gualeguaychú con el secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, el convenio para la construcción del primer ecoparque de la provincia que terminará con el basural a cielo abierto de la ciudad. La inversión supera los 30 millones de pesos, que ni provincia ni municipio deberán devolver.
“Veo a Urribarri muchas veces por Buenos Aires y a veces me pregunto: ¿Entre Ríos tendrá muy claro lo que hace este gobernador por su gente?” Primero, entrerriano a muerte; segundo, un hombre sumamente sencillo; y tercero, muy leal. El da lugar a que podamos cumplir con aquello de ‘ayúdame y te ayudaré’. Y así hacemos nosotros con él. Va mucho y por eso recibe estos aportes”, enfatizó el funcionario nacional.
Luego, hizo notar: “Hoy estamos aportando alrededor de 47 millones de pesos a la provincia. Podemos decir que trabajamos por el ambiente. No se pueden resolver todas las cosas, pero puedo asegurar que es un lujo trabajar junto a esta Presidenta”.
“Hay que defender con dientes y uñas este proyecto. A la clase media la hicimos nosotros, a los de abajo le dimos la posibilidad de ser clase media. Este es un proyecto para todos, incluye a todos los argentinos”, instó.
El mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador José Cáceres, el intendente Juan José Bahillo, el ministro de Educación, José Lauritto y otras autoridades. Mussi entregó a Urribarri un aporte de 11,9 millones de pesos para el Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos para la Microrregión Tierra de Palmares.
“Vinimos a firmar la aceptación de la realización de la obra del parque, con el relleno sanitario posterior, para lo cual el Gobierno tomó un crédito internacional y se lo da sin retorno al municipio por una suma de 31 millones de pesos”.
“Vinimos también a cumplir con los intendentes y con el programa Girsu, que implica contenedores, educación para separar los residuos, camiones, la planta, la compactación y el relleno sanitario”, detalló el funcionario.
CONFIANZA. Al hablar en el acto, que se llevó a cabo en el municipio, el gobernador Urribarri dijo: “Es un día muy especial para todos nosotros y en particular para Gualeguaychú”. Agradeció al “amigo y compañero” Mussi y recordó cuando en un momento difícil del país, vino con el hospital móvil a Entre Ríos, “no en su carácter de funcionario, sino como médico militante, con la chaqueta, a atender a la gente en los distintos barrios. Es un hombre que ha estado toda la vida laburando por los que menos tienen”, destacó.
Para el gobernador, la construcción del ecoparque en Gualeguaychú “va a marcar un hito en la provincia. La voluntad del pueblo y el Gobierno hoy se traduce en hechos. Y esto que ponemos en marcha es un hecho concreto”.
“Seguramente, después serán otras las ciudades que lleguen a tener una planta de residuos sólidos urbanos como ésta. Pero Gualeguaychú es el emblema de un tema que se instaló hace muchos años atrás. Hay un antes y un después en la ciudad y yo no voy a dejar de reconocerlo”, expresó.
“Si hay una palabra que se impone en estos años es la confianza, la cooperación que ha habido, como nunca al menos en nuestra provincia.
En estos años Entre Ríos se dio vuelta gracias al acompañamiento de nuestra Presidenta, trabajando de esta manera. No está todo hecho, pero en estos 10 años avanzamos mucho”, concluyó.
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Fumigaciones como delitos de Lesa Humanidad
Una ley de La Cámpora contra agroquímicos complica a Insaurralde en plena campaña
Fecha de Publicación: 20/09/2013
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámpora pretende tipificar las fumigaciones como delitos de Lesa Humanidad y restringir a 2.000 metros del ejido urbano las aplicaciones de agroquimicos. La UCR y el massismo recibieron a dirigentes rurales. La iniciativa camporista aleja aún más el voto rural del oficialismo.
Sectores agropecuarios mantuvieron hoy un encuentro con las bancadas del radicalismo y el massismo en el Senado bonaerense. Intentan frenar un proyecto redactado por la senadora de La Cámpora, Marina Moretti, que aumenta las restricciones para fumigaciones aéreas con glifosato. La jugada complica aún más el escenario electoral del kirchnerismo toda vez que aleja el voto del sector rural.
Por la mañana, los representantes del agro mantuvieron una reunión con senadores y diputados radicales, y por la tarde hicieron lo mismo con los legisladores del Frente Renovador. Según trasmitieron, piden que se reglamente un decreto regulatorio de la ley de agroquímicos que Daniel Scioli tiene a su firma. Ellos consideran “un mal menor” y que establece una distancia menor para las fumigaciones con agrotóxicos de la que establece el proyecto de la senadora de La Cámpora.
Según explicó Sergio Melgarejo de Carbap, el decreto lo tiene el Gobernador desde el 29 de mayo a su firma, pero en el medio aparecieron una serie de proyectos de ley que preocuparon al sector. “Scioli tiene a la firma el proyecto que redactamos nosotros con algunos retoques en las distancias que no nos preocupa demasiado”, aseguró.
Además agregó que el ministro de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta, les planteó que la idea era trasladar a la Provincia la normativa aplicada en Cañuelas. “Eso nos preocupa un poco porque en ese distrito existe una zona de exclusión muy amplia y prohibieron las pulverizaciones aéreas”, dijo.
La presidenta de la comisión de Asuntos Agrarios y Pesca en el Senado, Silvia Pérez, dijo a LPO que el proyecto llegó desde la comisión de Ecología y hubo una primera reunión en la que se hicieron algunas modificaciones. Según explicó, la idea es mantener reuniones con algunos sectores del Ejecutivo antes de darle despacho de comisión para girarlo al recinto.
Fuentes del oficialismo en la Cámara Alta explicaron que se dejará de lado el decreto que Scioli tiene para firmar y se trabajará sobre un proyecto de ley. Sin embargo, descartan de plano el proyecto de La Cámpora. “No estamos para hacer fundamentalismo ecológico”, aseguran.
Según explican, el proyecto de ley mejora el decreto por lo que establece nuevas solo restricciones en zonas como Iglesias y escuelas rurales.
Luego de la reunión, el diputado del Frente Renovador, Jorge Solmi, explicó a La Política Online que “el problema es que lo que aparece ahora es una nueva ley que, de aprobarse, suplanta la normativa actual. Este proyecto no tiene una base científica seria, los fundamentos son sustentos panfletarios”.
El proyecto de ley al que LPO pudo tener acceso sostiene que la Provincia es uno de los principales consumidores y aplicadores de agroquímicos del país. Además cita un trabajo del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) que sostiene que muchos de los pesticidas empleados en las actividades agrícolas representan un riesgo para la salud humana
La iniciativa establece prohibiciones para aplicaciones aéreas y restricciones para las terrestres, definiendo zonas o áreas de restricción o prohibiciones específicas para su correcta utilización.
En tanto, Daniel Asseff, Gerente de Coninagro dijo que “quedamos como los grandes envenenadores de la gente cuando la realidad es que hasta los organismos científicos han demostrado el grado de inocuidad que tienen estos productos”.
Además apuntó contra el proyecto de Moretti. “Nos tratan de genocidas pero no somos tan locos como para intoxicar a nuestras familias”, aseguó Asseff. El texto de la iniciativa cita el artículo 7 del Estatuto de Roma en el que se sostiene que “las aspersiones indiscriminadas por aire y por tierra son un Delito de Lesa Humanidad porque tienen características de generalidad, sistematicidad y conocimiento”.
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Ruralistas y legisladores opositores rechazaron proyecto de agroquímicos
Fecha de Publicación: 20/09/2013
Fuente: La Opinión
Provincia/Región: Buenos Aires
El proyecto cuestionado fue presentado en la Cámara Alta por la senadora del FpV-PJ Marina Moretti y, entre otros puntos, prohíbe la utilización de agroquímicos a 2000 de los ejidos urbanos y zonas residenciales extraurbanas. La iniciativa ya obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Asuntos Agrarios del Senado aunque deberá obtener aval en otras comisiones para llegar al recinto.
“Es un proyecto cuyos fundamentos son más panfletarios que científicos. No es serio y no aborda lo esencial, que son los controles. Se puede prohibir fumigar pero si no se controla no sirve”, indicó a DIB el diputado provincial del Frente Renovador y dirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA).
El proyecto concitó el rechazo de los dirigentes rurales de diez entidades del sector. Representantes de Coninagro, Sociedad Rural, Carbap, FAA y de cámaras de sanidad agropecuaria, industrias de agroquímicos y acopiadores se reunieron hoy con los senadores de la UCR y el FAP y luego con legisladores del Frente Renovador de Sergio Massa.
Los ruralistas aseguraron que el proyecto de Moretti, que responde a la agrupación La Cámpora dentro del oficialismo, no respeta los consensos y acuerdos alcanzados entre las entidades y el Ejecutivo provincial que elaboraron un decreto reglamentario de la ley de Agroquímicos 10.699, una vieja norma que está en vigencia en la provincia desde 1991. Ese decreto está a la firma del gobernador Daniel Scioli desde hace meses y si bien impone límites a las fumigaciones estos son más laxos que los del proyecto presentado ahora por Moretti.
Como viene informando esta agencia, el decreto modificatorio de la ley 10.699 también prohíbe las fumigaciones aéreas a menos de 2 mil metros de las zonas urbanas pero fija en 500 metros el límite para las aplicaciones terrestres. Y además contempla la autorización de “aplicaciones concretas no intensivas y controladas” en casos puntuales como los cinturones hortícolas de algunas ciudades de la provincia.
Esta normativa, más permisiva, había sido objetada en algunos puntos por los dirigentes rurales que, ahora, ante la posibilidad de que avance una legislación más dura, salieron minimizaron sus disidencias con el decreto.
Para Solmi, la presentación del proyecto de ley tiene “motivaciones políticas”. “Forma parte de un paquete de leyes de un sector del oficialismo más radicalizado que busca vengarse del campo”, agregó.
Fuentes legislativas dijeron a esta agencia que en los encuentros de hoy se acordó trabajar en un nuevo proyecto “de fondo, sustentable y que aborde todos los aspectos de la cuestión” más allá de que Scioli firme o no el decreto de las ley 10.699. (DIB)
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Fecha de Publicación: 20/09/2013
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámpora pretende tipificar las fumigaciones como delitos de Lesa Humanidad y restringir a 2.000 metros del ejido urbano las aplicaciones de agroquimicos. La UCR y el massismo recibieron a dirigentes rurales. La iniciativa camporista aleja aún más el voto rural del oficialismo.
Sectores agropecuarios mantuvieron hoy un encuentro con las bancadas del radicalismo y el massismo en el Senado bonaerense. Intentan frenar un proyecto redactado por la senadora de La Cámpora, Marina Moretti, que aumenta las restricciones para fumigaciones aéreas con glifosato. La jugada complica aún más el escenario electoral del kirchnerismo toda vez que aleja el voto del sector rural.
Por la mañana, los representantes del agro mantuvieron una reunión con senadores y diputados radicales, y por la tarde hicieron lo mismo con los legisladores del Frente Renovador. Según trasmitieron, piden que se reglamente un decreto regulatorio de la ley de agroquímicos que Daniel Scioli tiene a su firma. Ellos consideran “un mal menor” y que establece una distancia menor para las fumigaciones con agrotóxicos de la que establece el proyecto de la senadora de La Cámpora.
Según explicó Sergio Melgarejo de Carbap, el decreto lo tiene el Gobernador desde el 29 de mayo a su firma, pero en el medio aparecieron una serie de proyectos de ley que preocuparon al sector. “Scioli tiene a la firma el proyecto que redactamos nosotros con algunos retoques en las distancias que no nos preocupa demasiado”, aseguró.
Además agregó que el ministro de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta, les planteó que la idea era trasladar a la Provincia la normativa aplicada en Cañuelas. “Eso nos preocupa un poco porque en ese distrito existe una zona de exclusión muy amplia y prohibieron las pulverizaciones aéreas”, dijo.
La presidenta de la comisión de Asuntos Agrarios y Pesca en el Senado, Silvia Pérez, dijo a LPO que el proyecto llegó desde la comisión de Ecología y hubo una primera reunión en la que se hicieron algunas modificaciones. Según explicó, la idea es mantener reuniones con algunos sectores del Ejecutivo antes de darle despacho de comisión para girarlo al recinto.
Fuentes del oficialismo en la Cámara Alta explicaron que se dejará de lado el decreto que Scioli tiene para firmar y se trabajará sobre un proyecto de ley. Sin embargo, descartan de plano el proyecto de La Cámpora. “No estamos para hacer fundamentalismo ecológico”, aseguran.
Según explican, el proyecto de ley mejora el decreto por lo que establece nuevas solo restricciones en zonas como Iglesias y escuelas rurales.
Luego de la reunión, el diputado del Frente Renovador, Jorge Solmi, explicó a La Política Online que “el problema es que lo que aparece ahora es una nueva ley que, de aprobarse, suplanta la normativa actual. Este proyecto no tiene una base científica seria, los fundamentos son sustentos panfletarios”.
El proyecto de ley al que LPO pudo tener acceso sostiene que la Provincia es uno de los principales consumidores y aplicadores de agroquímicos del país. Además cita un trabajo del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) que sostiene que muchos de los pesticidas empleados en las actividades agrícolas representan un riesgo para la salud humana
La iniciativa establece prohibiciones para aplicaciones aéreas y restricciones para las terrestres, definiendo zonas o áreas de restricción o prohibiciones específicas para su correcta utilización.
En tanto, Daniel Asseff, Gerente de Coninagro dijo que “quedamos como los grandes envenenadores de la gente cuando la realidad es que hasta los organismos científicos han demostrado el grado de inocuidad que tienen estos productos”.
Además apuntó contra el proyecto de Moretti. “Nos tratan de genocidas pero no somos tan locos como para intoxicar a nuestras familias”, aseguó Asseff. El texto de la iniciativa cita el artículo 7 del Estatuto de Roma en el que se sostiene que “las aspersiones indiscriminadas por aire y por tierra son un Delito de Lesa Humanidad porque tienen características de generalidad, sistematicidad y conocimiento”.
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Ruralistas y legisladores opositores rechazaron proyecto de agroquímicos
Fecha de Publicación: 20/09/2013
Fuente: La Opinión
Provincia/Región: Buenos Aires
El proyecto cuestionado fue presentado en la Cámara Alta por la senadora del FpV-PJ Marina Moretti y, entre otros puntos, prohíbe la utilización de agroquímicos a 2000 de los ejidos urbanos y zonas residenciales extraurbanas. La iniciativa ya obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Asuntos Agrarios del Senado aunque deberá obtener aval en otras comisiones para llegar al recinto.
“Es un proyecto cuyos fundamentos son más panfletarios que científicos. No es serio y no aborda lo esencial, que son los controles. Se puede prohibir fumigar pero si no se controla no sirve”, indicó a DIB el diputado provincial del Frente Renovador y dirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA).
El proyecto concitó el rechazo de los dirigentes rurales de diez entidades del sector. Representantes de Coninagro, Sociedad Rural, Carbap, FAA y de cámaras de sanidad agropecuaria, industrias de agroquímicos y acopiadores se reunieron hoy con los senadores de la UCR y el FAP y luego con legisladores del Frente Renovador de Sergio Massa.
Los ruralistas aseguraron que el proyecto de Moretti, que responde a la agrupación La Cámpora dentro del oficialismo, no respeta los consensos y acuerdos alcanzados entre las entidades y el Ejecutivo provincial que elaboraron un decreto reglamentario de la ley de Agroquímicos 10.699, una vieja norma que está en vigencia en la provincia desde 1991. Ese decreto está a la firma del gobernador Daniel Scioli desde hace meses y si bien impone límites a las fumigaciones estos son más laxos que los del proyecto presentado ahora por Moretti.
Como viene informando esta agencia, el decreto modificatorio de la ley 10.699 también prohíbe las fumigaciones aéreas a menos de 2 mil metros de las zonas urbanas pero fija en 500 metros el límite para las aplicaciones terrestres. Y además contempla la autorización de “aplicaciones concretas no intensivas y controladas” en casos puntuales como los cinturones hortícolas de algunas ciudades de la provincia.
Esta normativa, más permisiva, había sido objetada en algunos puntos por los dirigentes rurales que, ahora, ante la posibilidad de que avance una legislación más dura, salieron minimizaron sus disidencias con el decreto.
Para Solmi, la presentación del proyecto de ley tiene “motivaciones políticas”. “Forma parte de un paquete de leyes de un sector del oficialismo más radicalizado que busca vengarse del campo”, agregó.
Fuentes legislativas dijeron a esta agencia que en los encuentros de hoy se acordó trabajar en un nuevo proyecto “de fondo, sustentable y que aborde todos los aspectos de la cuestión” más allá de que Scioli firme o no el decreto de las ley 10.699. (DIB)
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Jornada contra modelo del agro y minería
Agro y minería
Fecha de Publicación: 20/09/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba - Catamarca
Un festival en Córdoba contra Monsanto y una caminata en Catamarca contra Minera La Alumbrera. Se trata de dos acciones gestadas por asambleas socioambientales que cuestionan el modelo agropecuario y la megaminería. “Son dos caras de un mismo modelo extractivo que pone en riesgo el ambiente y la salud del pueblo, por eso estamos en la calle, decimos no a las corporaciones y sí a la vida”, afirmó Melina Dassano, del Colectivo Asambleas Socio Ambientales. En Córdoba rechazan la instalación de Monsanto y exigen una consulta popular. En Andalgalá denuncian el accionar de quince años de la megaminería, reclaman que se realice el catastro de glaciares y rechazan la instalación de nuevos proyectos (llamados Agua Rica y Filo Colorado).
“Primavera sin Monsanto” es el nombre de la jornada que se desarrollará hoy jueves en la localidad de Malvinas Argentinas (en el Gran Córdoba) para rechazar la instalación de la principal compañía de semillas transgénicas. Advierten sobre los impactos ambientales y sanitarios. La empresa planifica instalar 240 silos de semillas de maíz transgénico.
La actividad será en la Ruta 88, en la puerta del predio de Monsanto. “Jornada de arte, ciencia y derechos humanos”, invitan los organizadores. Habrá grupos musicales y dará una charla Andrés Carrasco, investigador del Conicet y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA, que en 2009 confirmó que el glifosato producía malformaciones en embriones anfibios.
También hablarán Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y la organización Madres de Ituzaingó, mujeres que –juicio mediante– lograron que la Justicia condenara a un productor y a un fumigador.
En abril pasado, investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba y del Conicet hicieron pública una encuesta realizada en Malvinas Argentinas: nueve de cada diez (87 por ciento) desean que se realice una consulta popular y el 58 por ciento explicitó que rechaza la instalación de la multinacional. El relevamiento destaca que el 73 por ciento tiene miedo de opinar en contra de Monsanto por temor a salir perjudicado y el 65 por ciento no tiene confianza en el estudio de impacto ambiental (que realizará la propia empresa).
“Decimos fuera Monsanto de Córdoba, de Argentina y de América latina porque es una empresa referente de un modelo que contamina, enferma, provoca desmontes y desalojos”, explicó Dassano, asambleísta de Córdoba, y precisó que la provincia está en “emergencia ambiental” por los desmontes, incendios y la “crisis hídrica”.
Andalgalá, en el oeste de Catamarca, fue una de las primeras ciudades del país en conocer de megaminería. En 1994 comenzó la construcción de Bajo La Alumbrera, el mayor yacimiento de cobre y oro. Luego de una década de extracción, se visibilizaron las críticas ante el incumplimiento de las promesas (trabajo, desarrollo local). También se acumularon las denuncias de contaminación. Filtraciones del dique de colas (una enorme piletón donde se vuelcan los desechos mineros), roturas del mineraloducto (un caño de 300 kilómetros) y acusaciones de contaminar el agua de la zona. En 2010, se hizo pública la construcción de un nuevo proyecto, llamado “Agua rica”. Hubo un corte de caminos y una violenta represión (febrero de 2010).
Todos los sábados, los vecinos de Andalgalá marchan en la plaza central. El próximo sábado será la caminata 200. Y habrá una gran celebración y recitales. “Caminamos por la vida, para que se vayan las empresas que tanto mal hicieron a nuestro pueblo, y caminamos a pesar de las presiones de los gobiernos en sus tres niveles, que siempre juegan para las mineras”, señaló Sergio Martínez, de la Asamblea El Algarrobo, y explicó que en el oeste catamarqueño se experimenta el “síndrome de la verdad: después de quince años de Alumbrera, el pueblo sabe que la minería es sinónimo de contaminación, saqueo, riqueza de pocos y represión”.
Martínez explicó que también se manifestarán contra la criminalización (el último hecho fue en julio, cuando fueron detenidas doce asambleístas en la tradicional Fiesta del Poncho por manifestarse en contra de la megaminería) y por la aplicación de la Ley de Glaciares. Sancionada en 2010, recién la semana pasada llegaron los técnicos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, organismo de aplicación) y estuvieron tres días relevando el cerro Aconquija (donde pretenden instalarse las empresas mineras). La Asamblea El Algarrobo denunció que el relevamiento “fue parcial”, precisó que se relevó sólo “el 25 por ciento” de la zona, no se llegó hasta la zona de los emprendimientos mineros y alertó que se dejó de lado “la zona periglaciar” (que la ley insta a relevar). Martínez alertó: “Si se aplica la ley, no puede haber minería en el Aconquija. Por eso no quieren aplicar la ley”.
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Fecha de Publicación: 20/09/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba - Catamarca
Un festival en Córdoba contra Monsanto y una caminata en Catamarca contra Minera La Alumbrera. Se trata de dos acciones gestadas por asambleas socioambientales que cuestionan el modelo agropecuario y la megaminería. “Son dos caras de un mismo modelo extractivo que pone en riesgo el ambiente y la salud del pueblo, por eso estamos en la calle, decimos no a las corporaciones y sí a la vida”, afirmó Melina Dassano, del Colectivo Asambleas Socio Ambientales. En Córdoba rechazan la instalación de Monsanto y exigen una consulta popular. En Andalgalá denuncian el accionar de quince años de la megaminería, reclaman que se realice el catastro de glaciares y rechazan la instalación de nuevos proyectos (llamados Agua Rica y Filo Colorado).
“Primavera sin Monsanto” es el nombre de la jornada que se desarrollará hoy jueves en la localidad de Malvinas Argentinas (en el Gran Córdoba) para rechazar la instalación de la principal compañía de semillas transgénicas. Advierten sobre los impactos ambientales y sanitarios. La empresa planifica instalar 240 silos de semillas de maíz transgénico.
La actividad será en la Ruta 88, en la puerta del predio de Monsanto. “Jornada de arte, ciencia y derechos humanos”, invitan los organizadores. Habrá grupos musicales y dará una charla Andrés Carrasco, investigador del Conicet y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA, que en 2009 confirmó que el glifosato producía malformaciones en embriones anfibios.
También hablarán Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y la organización Madres de Ituzaingó, mujeres que –juicio mediante– lograron que la Justicia condenara a un productor y a un fumigador.
En abril pasado, investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba y del Conicet hicieron pública una encuesta realizada en Malvinas Argentinas: nueve de cada diez (87 por ciento) desean que se realice una consulta popular y el 58 por ciento explicitó que rechaza la instalación de la multinacional. El relevamiento destaca que el 73 por ciento tiene miedo de opinar en contra de Monsanto por temor a salir perjudicado y el 65 por ciento no tiene confianza en el estudio de impacto ambiental (que realizará la propia empresa).
“Decimos fuera Monsanto de Córdoba, de Argentina y de América latina porque es una empresa referente de un modelo que contamina, enferma, provoca desmontes y desalojos”, explicó Dassano, asambleísta de Córdoba, y precisó que la provincia está en “emergencia ambiental” por los desmontes, incendios y la “crisis hídrica”.
Andalgalá, en el oeste de Catamarca, fue una de las primeras ciudades del país en conocer de megaminería. En 1994 comenzó la construcción de Bajo La Alumbrera, el mayor yacimiento de cobre y oro. Luego de una década de extracción, se visibilizaron las críticas ante el incumplimiento de las promesas (trabajo, desarrollo local). También se acumularon las denuncias de contaminación. Filtraciones del dique de colas (una enorme piletón donde se vuelcan los desechos mineros), roturas del mineraloducto (un caño de 300 kilómetros) y acusaciones de contaminar el agua de la zona. En 2010, se hizo pública la construcción de un nuevo proyecto, llamado “Agua rica”. Hubo un corte de caminos y una violenta represión (febrero de 2010).
Todos los sábados, los vecinos de Andalgalá marchan en la plaza central. El próximo sábado será la caminata 200. Y habrá una gran celebración y recitales. “Caminamos por la vida, para que se vayan las empresas que tanto mal hicieron a nuestro pueblo, y caminamos a pesar de las presiones de los gobiernos en sus tres niveles, que siempre juegan para las mineras”, señaló Sergio Martínez, de la Asamblea El Algarrobo, y explicó que en el oeste catamarqueño se experimenta el “síndrome de la verdad: después de quince años de Alumbrera, el pueblo sabe que la minería es sinónimo de contaminación, saqueo, riqueza de pocos y represión”.
Martínez explicó que también se manifestarán contra la criminalización (el último hecho fue en julio, cuando fueron detenidas doce asambleístas en la tradicional Fiesta del Poncho por manifestarse en contra de la megaminería) y por la aplicación de la Ley de Glaciares. Sancionada en 2010, recién la semana pasada llegaron los técnicos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, organismo de aplicación) y estuvieron tres días relevando el cerro Aconquija (donde pretenden instalarse las empresas mineras). La Asamblea El Algarrobo denunció que el relevamiento “fue parcial”, precisó que se relevó sólo “el 25 por ciento” de la zona, no se llegó hasta la zona de los emprendimientos mineros y alertó que se dejó de lado “la zona periglaciar” (que la ley insta a relevar). Martínez alertó: “Si se aplica la ley, no puede haber minería en el Aconquija. Por eso no quieren aplicar la ley”.
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