La minería en Mendoza sin perspectivas buenas
08:17 | 
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Minería en Mendoza: más dudas que certezas
Fecha de Publicación: 25/08/2013
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
A la tradicional resistencia por cuestiones ambientales se suman la baja en los precios internacionales, suba de costos en dólares y otras trabas nacionales. Cómo enfrentar lo que viene.
La abrupta finalización del proyecto de extracción de sales de potasio en Malargüe hace seis meses fue –además de un golpe a la economía local– una muestra más de lo que viene sucediendo con la minería en el país.
De hecho, lo que pasó en el sur provincial tuvo sus “réplicas” en otros sitios de Argentina, donde se postergaron o frenaron diversos proyectos mineros, producto principalmente de la baja relativa de los precios internacionales y de la suba de costos en dólares que afecta a todas las actividades.
En el mundo, sitios especializados en el tema minero (tal el caso de BNAmerica) hablan del “fin del súper ciclo de la minería”, debido a que ha sido uno de los comodities o bienes primarios que más valor perdieron en los últimos años después de una etapa con precios “descomunales”.
En Mendoza, en especial por la insistencia de ambientalistas y la existencia de la Ley 7.722 que prohíbe la utilización de cianuro y otras sustancias para extraer metales, la actividad no explota. A esto se suman otras reglas que, a nivel nacional, traban algunas inversiones. Es el caso de las retenciones y la dificultad para repatriar utilidades.
En este contexto, surge la discusión sobre si Mendoza perdió su momento para desarrollar la minería. Un estudio realizado por el Ieral-Fundación Mediterránea en marzo-un mes después de la partida de la brasileña Vale- expresa que la minería local genera una fuerte controversia.
Diversos actores del sector coinciden con la idea y -en especial- ponen el acento en los requerimientos ambientales de la provincia. Algo que podría definirse en cualquier momento cuando la Suprema Corte se expida sobre la constitucionalidad o no de la llamada ley anti-minera (7.722).
Los precios
Jorge Day, uno de los economistas investigadores del Ieral-Fundación Mediterránea, expresó que en los últimos meses se notó una mayor caída de los precios internacionales de los metales, al tiempo que a nivel mundial se han reducido los montos que se destinaban a financiar inversiones mineras.
Según su visión, es claro que estos no son tiempos de boom minero. “Es que el gran demandante de metales, China, viene con una desaceleración en su crecimiento (su demanda crece más lentamente). Y muy despacio van subiendo las tasas de interés de largo plazo, lo que juega en contra de los precios internacionales de los metales”, comentó Day.
Con respecto al cloruro de potasio, el caso testigo para Mendoza, el informe del Ieral expresaba en marzo que este mineral tiene un mercado más restringido que otros metales pero que, más allá de que tuvo un precio récord de casi 900 dólares la tonelada, cayó a la mitad de ese valor y en los últimos meses su precio seguía en baja.
Al respecto, desde la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza (Camem) coinciden en la menor demanda existente pero, aseguran, “la minería siempre ha tenido ciclos, y este es uno más”. Para ellos, la baja actual no debería afectar los planes de la provincia de cara al desarrollo de esta actividad.
“Acabamos de terminar un súper ciclo de precios de metales”, coincide Chabert con Day, quien también admite que los proyectos actuales en el país han frenado su ritmo de inversión. Según su criterio, no obstante, esta realidad no durará de por vida. Por este motivo, desde la Cámara pretenden prepararse con tiempo para el próximo período de alta de esta rentable actividad. “Lo ideal es aprovechar estos momentos de crisis para explorar”, lanzó el empresario.
Al respecto, Rodrigo González, economista e investigador de la Fundación Ideal, estimó que -más allá de la baja actual de valores- las perspectivas internacionales seguirán siendo favorables si se las compara con los precios de referencia históricos, en especial del oro y de la plata.
En el mismo sentido, Juan Carlos Ortiz, secretario del sindicato de trabajadores mineros (Aoma), expresó que el actual es un mal momento para la minería por el precio de los metales pero que esto puede ser pasajero. “El problema más grave es la confianza de los empresarios, y ahí es donde Mendoza falla”, opinó.
La cuestión ambiental
Ortiz expresó que la provincia está al final de la lista de posibles inversiones mineras debido a que -por “miedos electorales”- ni siquiera se trata de hablar del tema. En este sentido, el Ieral expresaba en su análisis que, “por un lado, la provincia tiene potencial, pero por el otro, existe una fuerte oposición a esta actividad, especialmente por razones ambientales. Comparada con otros lugares mineros, Mendoza es un lugar de fuertes trabas para recibir inversiones de este tipo”, reza el análisis realizado por el Ieral.
Así, se indica que la provincia es considerada con fuertes trabas para recibir inversiones mineras. De hecho, Mendoza está a la cabeza de un ranking en el que las firmas desisten de invertir debido a las exigencias sociales como el “compre local”.
Le siguen California en Estados Unidos y San Juan. “De la encuesta a empresas mineras en el mundo, sorprende que este tipo de exigencias sociales en Mendoza sea considerado como una traba importante, en comparación con otras regiones en el mundo”, expresa el informe.
El mencionado potencial en recursos minerales sale ganando desde el punto de vista de infraestructura, como rutas y disponibilidad de energía en relación con otras regiones mineras, pero queda en desventaja cuando de datos geológicos existentes se trata.
Al tanto de la situación, Chabert expresa que “es absurdo no saber los recursos que tenemos. Las empresas están dispuestas a explorar, pero si tuvieran un horizonte positivo para desarrollar la actividad, algo que hoy no existe”, sostuvo el dirigente, a pesar de que no se ha frenado la publicación de edictos o permisos para hacerlo.
La mirada a Mendoza como plaza para invertir -según la encuesta de la Fundación Mediterránea- se desdibuja porque es la que presenta mayores trabas en materia de regulación ambiental, a la par de California.
En este sentido, Marcelo Girao, geógrafo, profesor de la UNCuyo y miembro de la Asamblea Popular del Agua, coincidió en que varios proyectos mineros desisten de invertir en Mendoza a causa de la Ley 7.722 y de los férreos controles que se ha exigido a la actividad desde este tipo de organismos.
Sin embargo, no todas las restricciones locales están relacionadas con el conflicto de intereses entre agro y minería, por decirlo de alguna manera. Es que el trabajo del Ieral también coloca a Mendoza a la cabeza de las regiones con potencial minero con mayores obstáculos impositivos y legales.
En este sentido, el economista Daniel Garro, de la consultora Valor, opinó que Mendoza ha dado señales muy negativas para las inversiones mineras en los últimos 10 años, lo que requiere de mucho tiempo para que se revierta, ya que las inversiones mineras son de magnitudes altas y de largo plazo.
Girao aclara que la mayoría de los impuestos que debe tributar el sector son nacionales, por lo que no debería haber diferencia con otras provincias de Argentina. Esto a pesar de que hace un par de años la actividad pasó de no pagar Ingresos Brutos a hacerlo en un 0,5%. Ese monto, no obstante, no es significativo en comparación con el impuesto a las Ganancias y las retenciones”, acotó Girao.
En este punto, es probable que el control ambiental social siga siendo determinante para las empresas que, a similares condiciones nacionales, miran a San Juan con mejores ojos a la hora de planificar inversiones.
“En lo económico no veo que aquí haya más trabas que en otras provincias”, agregó el geógrafo, quien expresó que en otras provincias también se han hecho acuerdos con las empresas mineras para aumentar el porcentaje de regalías que quedan en las arcas. La exigencia de contratar a firmas locales (algo que dudosamente respetó Vale) también es moneda corriente, según el geógrafo.
Costos y utilidades
Aunque según Chabert, la legislación argentina es “buena” para el desarrollo de la actividad, las normativas nacionales actuales no serían las que más incentivan las inversiones extranjeras en general, de donde provienen la mayoría de los emprendimientos mineros.
La ley nacional 24.196, a la que Mendoza adhiere, regula esta actividad; data de la década de los ’90 y -entre otras especificaciones- exige a las empresas tributar el 3% en concepto de regalías.
Además, se cobra entre el 5% y 10% de las retenciones de acuerdo con el proceso realizado al producto extraído.
“Aunque las normas básicas son interesantes, no es tan fácil cuando un día se dice una cosa y al otro día algo diferente”, comenta Chabert en relación a variables rápidas de la economía nacional.
Uno de los motivos por los que Vale decidió abortar el proyecto en Malargüe fue -según declararon sus directivos- la sustancial suba en sus costos en dólares. Según reza el informe del Ieral, la evolución de los precios en Argentina durante 2009-2013 aumentó más del 60% en dólares, lo que influyó directamente en el costo de la inversión.
El secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina, Héctor Laplace, le dijo al diario Clarín unas semanas atrás que “un inversor viene con dólares en el bolsillo, los cambia a $ 5,50 y después va a comprar un clavito y lo paga a un dólar de $ 8,50”.
La diferencia en el tipo de cambio desalienta las grandes inversiones y tal vez fue ese uno de los motivos por los que el Gobierno Nacional le permitirá a la petrolera Chevron llevarse buena parte de sus utilidades.
Sucede que el límite impuesto dos años atrás a la repatriación de utilidades a empresas extranjeras es otra cuestión que desalienta inversiones, según el estudio de la Mediterránea.
“En 2011 se repatriaron unos U$S 4.500 millones y durante 2012 se redujo a menos de U$S 300 millones”, consigna el análisis, y agrega que, aunque con dicha medida se evita que los dólares huyan del país, otro efecto es que disminuye la llegada de inversiones extranjeras, algo manifestado por las empresas mineras consultadas.
En tanto, el pedido por fondos adicionales o de construcción de infraestructura también tiraría para atrás las intenciones de algunas firmas. Aunque las exigencias de intendencias de otras provincias por donde pasaría el tren para sacar el potasio también influyó en la partida de Vale, esto es visto como una traba importante más en Mendoza que, por caso, en San Juan.
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Fecha de Publicación: 25/08/2013
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
A la tradicional resistencia por cuestiones ambientales se suman la baja en los precios internacionales, suba de costos en dólares y otras trabas nacionales. Cómo enfrentar lo que viene. La abrupta finalización del proyecto de extracción de sales de potasio en Malargüe hace seis meses fue –además de un golpe a la economía local– una muestra más de lo que viene sucediendo con la minería en el país.
De hecho, lo que pasó en el sur provincial tuvo sus “réplicas” en otros sitios de Argentina, donde se postergaron o frenaron diversos proyectos mineros, producto principalmente de la baja relativa de los precios internacionales y de la suba de costos en dólares que afecta a todas las actividades.
En el mundo, sitios especializados en el tema minero (tal el caso de BNAmerica) hablan del “fin del súper ciclo de la minería”, debido a que ha sido uno de los comodities o bienes primarios que más valor perdieron en los últimos años después de una etapa con precios “descomunales”.
En Mendoza, en especial por la insistencia de ambientalistas y la existencia de la Ley 7.722 que prohíbe la utilización de cianuro y otras sustancias para extraer metales, la actividad no explota. A esto se suman otras reglas que, a nivel nacional, traban algunas inversiones. Es el caso de las retenciones y la dificultad para repatriar utilidades.
En este contexto, surge la discusión sobre si Mendoza perdió su momento para desarrollar la minería. Un estudio realizado por el Ieral-Fundación Mediterránea en marzo-un mes después de la partida de la brasileña Vale- expresa que la minería local genera una fuerte controversia.
Diversos actores del sector coinciden con la idea y -en especial- ponen el acento en los requerimientos ambientales de la provincia. Algo que podría definirse en cualquier momento cuando la Suprema Corte se expida sobre la constitucionalidad o no de la llamada ley anti-minera (7.722).
Los precios
Jorge Day, uno de los economistas investigadores del Ieral-Fundación Mediterránea, expresó que en los últimos meses se notó una mayor caída de los precios internacionales de los metales, al tiempo que a nivel mundial se han reducido los montos que se destinaban a financiar inversiones mineras.
Según su visión, es claro que estos no son tiempos de boom minero. “Es que el gran demandante de metales, China, viene con una desaceleración en su crecimiento (su demanda crece más lentamente). Y muy despacio van subiendo las tasas de interés de largo plazo, lo que juega en contra de los precios internacionales de los metales”, comentó Day.
Con respecto al cloruro de potasio, el caso testigo para Mendoza, el informe del Ieral expresaba en marzo que este mineral tiene un mercado más restringido que otros metales pero que, más allá de que tuvo un precio récord de casi 900 dólares la tonelada, cayó a la mitad de ese valor y en los últimos meses su precio seguía en baja.
Al respecto, desde la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza (Camem) coinciden en la menor demanda existente pero, aseguran, “la minería siempre ha tenido ciclos, y este es uno más”. Para ellos, la baja actual no debería afectar los planes de la provincia de cara al desarrollo de esta actividad.
“Acabamos de terminar un súper ciclo de precios de metales”, coincide Chabert con Day, quien también admite que los proyectos actuales en el país han frenado su ritmo de inversión. Según su criterio, no obstante, esta realidad no durará de por vida. Por este motivo, desde la Cámara pretenden prepararse con tiempo para el próximo período de alta de esta rentable actividad. “Lo ideal es aprovechar estos momentos de crisis para explorar”, lanzó el empresario.
Al respecto, Rodrigo González, economista e investigador de la Fundación Ideal, estimó que -más allá de la baja actual de valores- las perspectivas internacionales seguirán siendo favorables si se las compara con los precios de referencia históricos, en especial del oro y de la plata.
En el mismo sentido, Juan Carlos Ortiz, secretario del sindicato de trabajadores mineros (Aoma), expresó que el actual es un mal momento para la minería por el precio de los metales pero que esto puede ser pasajero. “El problema más grave es la confianza de los empresarios, y ahí es donde Mendoza falla”, opinó.
La cuestión ambiental
Ortiz expresó que la provincia está al final de la lista de posibles inversiones mineras debido a que -por “miedos electorales”- ni siquiera se trata de hablar del tema. En este sentido, el Ieral expresaba en su análisis que, “por un lado, la provincia tiene potencial, pero por el otro, existe una fuerte oposición a esta actividad, especialmente por razones ambientales. Comparada con otros lugares mineros, Mendoza es un lugar de fuertes trabas para recibir inversiones de este tipo”, reza el análisis realizado por el Ieral.
Así, se indica que la provincia es considerada con fuertes trabas para recibir inversiones mineras. De hecho, Mendoza está a la cabeza de un ranking en el que las firmas desisten de invertir debido a las exigencias sociales como el “compre local”.
Le siguen California en Estados Unidos y San Juan. “De la encuesta a empresas mineras en el mundo, sorprende que este tipo de exigencias sociales en Mendoza sea considerado como una traba importante, en comparación con otras regiones en el mundo”, expresa el informe.
El mencionado potencial en recursos minerales sale ganando desde el punto de vista de infraestructura, como rutas y disponibilidad de energía en relación con otras regiones mineras, pero queda en desventaja cuando de datos geológicos existentes se trata.
Al tanto de la situación, Chabert expresa que “es absurdo no saber los recursos que tenemos. Las empresas están dispuestas a explorar, pero si tuvieran un horizonte positivo para desarrollar la actividad, algo que hoy no existe”, sostuvo el dirigente, a pesar de que no se ha frenado la publicación de edictos o permisos para hacerlo.
La mirada a Mendoza como plaza para invertir -según la encuesta de la Fundación Mediterránea- se desdibuja porque es la que presenta mayores trabas en materia de regulación ambiental, a la par de California.
En este sentido, Marcelo Girao, geógrafo, profesor de la UNCuyo y miembro de la Asamblea Popular del Agua, coincidió en que varios proyectos mineros desisten de invertir en Mendoza a causa de la Ley 7.722 y de los férreos controles que se ha exigido a la actividad desde este tipo de organismos.
Sin embargo, no todas las restricciones locales están relacionadas con el conflicto de intereses entre agro y minería, por decirlo de alguna manera. Es que el trabajo del Ieral también coloca a Mendoza a la cabeza de las regiones con potencial minero con mayores obstáculos impositivos y legales.
En este sentido, el economista Daniel Garro, de la consultora Valor, opinó que Mendoza ha dado señales muy negativas para las inversiones mineras en los últimos 10 años, lo que requiere de mucho tiempo para que se revierta, ya que las inversiones mineras son de magnitudes altas y de largo plazo.
Girao aclara que la mayoría de los impuestos que debe tributar el sector son nacionales, por lo que no debería haber diferencia con otras provincias de Argentina. Esto a pesar de que hace un par de años la actividad pasó de no pagar Ingresos Brutos a hacerlo en un 0,5%. Ese monto, no obstante, no es significativo en comparación con el impuesto a las Ganancias y las retenciones”, acotó Girao.
En este punto, es probable que el control ambiental social siga siendo determinante para las empresas que, a similares condiciones nacionales, miran a San Juan con mejores ojos a la hora de planificar inversiones.
“En lo económico no veo que aquí haya más trabas que en otras provincias”, agregó el geógrafo, quien expresó que en otras provincias también se han hecho acuerdos con las empresas mineras para aumentar el porcentaje de regalías que quedan en las arcas. La exigencia de contratar a firmas locales (algo que dudosamente respetó Vale) también es moneda corriente, según el geógrafo.
Costos y utilidades
Aunque según Chabert, la legislación argentina es “buena” para el desarrollo de la actividad, las normativas nacionales actuales no serían las que más incentivan las inversiones extranjeras en general, de donde provienen la mayoría de los emprendimientos mineros.
La ley nacional 24.196, a la que Mendoza adhiere, regula esta actividad; data de la década de los ’90 y -entre otras especificaciones- exige a las empresas tributar el 3% en concepto de regalías.
Además, se cobra entre el 5% y 10% de las retenciones de acuerdo con el proceso realizado al producto extraído.
“Aunque las normas básicas son interesantes, no es tan fácil cuando un día se dice una cosa y al otro día algo diferente”, comenta Chabert en relación a variables rápidas de la economía nacional.
Uno de los motivos por los que Vale decidió abortar el proyecto en Malargüe fue -según declararon sus directivos- la sustancial suba en sus costos en dólares. Según reza el informe del Ieral, la evolución de los precios en Argentina durante 2009-2013 aumentó más del 60% en dólares, lo que influyó directamente en el costo de la inversión.
El secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina, Héctor Laplace, le dijo al diario Clarín unas semanas atrás que “un inversor viene con dólares en el bolsillo, los cambia a $ 5,50 y después va a comprar un clavito y lo paga a un dólar de $ 8,50”.
La diferencia en el tipo de cambio desalienta las grandes inversiones y tal vez fue ese uno de los motivos por los que el Gobierno Nacional le permitirá a la petrolera Chevron llevarse buena parte de sus utilidades.
Sucede que el límite impuesto dos años atrás a la repatriación de utilidades a empresas extranjeras es otra cuestión que desalienta inversiones, según el estudio de la Mediterránea.
“En 2011 se repatriaron unos U$S 4.500 millones y durante 2012 se redujo a menos de U$S 300 millones”, consigna el análisis, y agrega que, aunque con dicha medida se evita que los dólares huyan del país, otro efecto es que disminuye la llegada de inversiones extranjeras, algo manifestado por las empresas mineras consultadas.
En tanto, el pedido por fondos adicionales o de construcción de infraestructura también tiraría para atrás las intenciones de algunas firmas. Aunque las exigencias de intendencias de otras provincias por donde pasaría el tren para sacar el potasio también influyó en la partida de Vale, esto es visto como una traba importante más en Mendoza que, por caso, en San Juan.
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Comenzaron a detruir los terraplenes de Corrientes
Supervisaron la destrucción del terraplén de Yahaveré
Fecha de Publicación: 24/08/2013
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) constató mediante una nueva inspección, los trabajos de destrucción del terraplén no autorizado en Yahaveré, departamento de Concepción, a cargo de la Dirección de Vialidad Provincial (DPV) para llevar adelante la ejecución de la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala 4, que ordenó retrotraer a las condiciones existentes antes de la realización de las obras.
Cabe recordar que dicha medida sólo dictaminó respecto a la no presentación del Estudio de Impacto Ambiental (Esia) previo al inicio de la obra cuestionada, en ningún momento dictaminó sobre el impacto ambiental que la obra ocasionó. Las tareas para la destrucción de los tramos que aún quedan del terraplén se desarrollan conforme a un plan de trabajo presentado por el Icaa y aprobado por el juez que entiende en la causa. Se constató además que se encuentran en la zona de obra todos los equipamientos necesarios para la ejecución de las mismas por parte de la DPV.
Se estableció así disminuir la rasante del camino hasta alcanzar las cotas definidas, el tipo de máquina a utilizar como también sobre el retiro del excedente del camino y depósito del mismo.
El terraplén fue construido con suelo del lugar, extraído de ambos costados del mismo, con alturas variables de entre 90 centímetros y 1,20 metros, sin la compactación mecánica que se utiliza en una ruta convencional, por lo que a la acción de los agentes climatológicos de los últimos meses se sumó el paso del tiempo, que realizó el trabajo de erosión y destrucción.
El Icaa aconsejó hacer la tarea lo más rápido posible, buscando reducir la intervención al hábitat natural a lo indispensable, evitando de ese modo disturbar la abundante presencia de fauna autóctona presente en el paisaje construido.
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Fecha de Publicación: 24/08/2013
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) constató mediante una nueva inspección, los trabajos de destrucción del terraplén no autorizado en Yahaveré, departamento de Concepción, a cargo de la Dirección de Vialidad Provincial (DPV) para llevar adelante la ejecución de la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala 4, que ordenó retrotraer a las condiciones existentes antes de la realización de las obras.Cabe recordar que dicha medida sólo dictaminó respecto a la no presentación del Estudio de Impacto Ambiental (Esia) previo al inicio de la obra cuestionada, en ningún momento dictaminó sobre el impacto ambiental que la obra ocasionó. Las tareas para la destrucción de los tramos que aún quedan del terraplén se desarrollan conforme a un plan de trabajo presentado por el Icaa y aprobado por el juez que entiende en la causa. Se constató además que se encuentran en la zona de obra todos los equipamientos necesarios para la ejecución de las mismas por parte de la DPV.
Se estableció así disminuir la rasante del camino hasta alcanzar las cotas definidas, el tipo de máquina a utilizar como también sobre el retiro del excedente del camino y depósito del mismo.
El terraplén fue construido con suelo del lugar, extraído de ambos costados del mismo, con alturas variables de entre 90 centímetros y 1,20 metros, sin la compactación mecánica que se utiliza en una ruta convencional, por lo que a la acción de los agentes climatológicos de los últimos meses se sumó el paso del tiempo, que realizó el trabajo de erosión y destrucción.
El Icaa aconsejó hacer la tarea lo más rápido posible, buscando reducir la intervención al hábitat natural a lo indispensable, evitando de ese modo disturbar la abundante presencia de fauna autóctona presente en el paisaje construido.
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Presentaron la Semana de la Movilidad Sostenible
Semana Argentina de la Movilidad Sostenible
Fecha de Publicación: 24/08/2013
Fuente: Portal lanoticia1.com
Provincia/Región: Santa Fe - Nacional
Es organizada por la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático y STS Rosario, entre el 16 y el 22 de septiembre. El objetivo es informar y promocionar políticas públicas que los gobiernos locales de la Argentina implementan para lograr un sistema integral de transporte que sea menos contaminante, costoso y selectivo, y más inclusivo, ambiental y social.
Como consecuencia del predominio del automóvil privado como modo de transporte y el papel marginal que se le ha ofrecido al peatón, la bicicleta y los servicios públicos de transporte, han surgido propuestas para mejorar los indicadores sociales, ambientales y culturales a partir del reordenamiento y la planificación de las ciudades.
En esta última década, muchas ciudades comenzaron a intervenir para solucionar estas problemáticas y emprendieron políticas públicas sustentables para mejorar el acceso a la vía pública y bajar los índices de contaminación existentes.
Algunos ejemplos son: Distrito Federal de México, Bogotá, Madrid, Andalucía, San Pablo, Curitiba, Santiago de Chile, Panamá, Brasilia, Lima, Berlín, Tokio y Buenos Aires, entre otras.
En este marco, la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático y STS Rosario organizan entre el 16 y el 22 de septiembre la primera Semana Argentina de la Movilidad Sostenible a la que municipios, comunas y gobiernos provinciales pueden adherir mediante el desarrollo de una acción permanente y de una movilización ciudadana.
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Fecha de Publicación: 24/08/2013
Fuente: Portal lanoticia1.com
Provincia/Región: Santa Fe - Nacional
Es organizada por la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático y STS Rosario, entre el 16 y el 22 de septiembre. El objetivo es informar y promocionar políticas públicas que los gobiernos locales de la Argentina implementan para lograr un sistema integral de transporte que sea menos contaminante, costoso y selectivo, y más inclusivo, ambiental y social.
Como consecuencia del predominio del automóvil privado como modo de transporte y el papel marginal que se le ha ofrecido al peatón, la bicicleta y los servicios públicos de transporte, han surgido propuestas para mejorar los indicadores sociales, ambientales y culturales a partir del reordenamiento y la planificación de las ciudades.
En esta última década, muchas ciudades comenzaron a intervenir para solucionar estas problemáticas y emprendieron políticas públicas sustentables para mejorar el acceso a la vía pública y bajar los índices de contaminación existentes.
Algunos ejemplos son: Distrito Federal de México, Bogotá, Madrid, Andalucía, San Pablo, Curitiba, Santiago de Chile, Panamá, Brasilia, Lima, Berlín, Tokio y Buenos Aires, entre otras.
En este marco, la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático y STS Rosario organizan entre el 16 y el 22 de septiembre la primera Semana Argentina de la Movilidad Sostenible a la que municipios, comunas y gobiernos provinciales pueden adherir mediante el desarrollo de una acción permanente y de una movilización ciudadana.
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“Necesitamos de muchos Chevrones"
"El shale es lo que Dios nos dio para comer en Argentina"
Fecha de Publicación: 23/08/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Lo dijo el presidente de YPF, Miguel Galuccio, y aseguró que necesitamos muchos Chevrones más para lograr el desarrollo de Vaca Muerta y bajar las importaciones.
Buenos Aires. El presidente y Ceo de YPF, Miguel Galuccio, aseguró que el gas y el petróleo no convencional “es lo que Dios nos dio para comer” en la Argentina, por lo que consideró que se necesitan “muchos” acuerdos como el firmado con la estadounidense Chevron para la explotación de ese recurso.
Al disertar en la reunión anual del Consejo de las Américas, Galuccio sostuvo que “el shale es lo que Dios nos dio para comer y que necesitamos muchos Chevrones en el país si queremos acelerar el desarrollo de (el área petrolera) Vaca Muerta”.
Tras señalar que “la Argentina es un país diferente con (el gas y petróleo) no convencionales”, Galuccio destacó que, en un año, YPF “más que duplicó su capacidad, con un incremento del 94 por ciento de la inversión y aumentando 3 y 4,2 por ciento las producciones de petróleo y gas, respectivamente”.
Galuccio destacó que en el último año YPF aumentó en un 140 por ciento los equipos de perforación, de 25 a 66, y que elevó la inversión de 5.500 millones de pesos a más de 10 mil millones de pesos.
“Que una empresa haya más que duplicado su capacidad en un año es una tarea faraónica”, afirmó el titular de la petrolera con mayoría estatal, quien destacó: “Tomamos una empresa con 460 millones de pesos de caja y hoy tenemos más de cinco mil millones y extendimos los vencimientos de deuda de 1,9 a 3,7 años”.
En ese sentido, comentó que, cuando el Estado se hizo cargo del 51 por ciento de YPF, el 85 por ciento de la deuda estaba en dólares y hoy tiene el 53 por ciento de ella en pesos.
El Ceo de YPF aseguró que “el shale tiene una importancia estratégica para el país”, aunque aclaró que actualmente “el 70 u 80 por ciento de las perforaciones son en (petróleo y gas) convencionales”.
Tras asegurar que “YPF tiene como prioridad proteger el agua dulce”, en referencia a las críticas por la contaminación que podría traer la explotación de shale gas y el shale oil, Galuccio explicó que el acuerdo con Chevron “apunta a desarrollar 250 kilómetros cuadrados”. Y precisó que en la primera etapa del acuerdo con Chevron se explorarán 20 kilómetros cuadrados, lo que aportará 1.650 empleos directos y alrededor de dos mil indirectos.
“Necesitamos de muchos Chevrones en la Argentina si queremos acelerar el desarrollo de Vaca Muerta y disminuir la diferencia entre lo que importamos y lo que producimos. Importamos divisas y dinero que se van y no dejan nada para el país; lo que necesitamos son más socios”, aseguró el presidente de YPF y recordó que de los 1.240 millones de dólares que invertirá Chevron, 300 millones serán desembolsados en un primer tramo.
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Fecha de Publicación: 23/08/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Lo dijo el presidente de YPF, Miguel Galuccio, y aseguró que necesitamos muchos Chevrones más para lograr el desarrollo de Vaca Muerta y bajar las importaciones.Buenos Aires. El presidente y Ceo de YPF, Miguel Galuccio, aseguró que el gas y el petróleo no convencional “es lo que Dios nos dio para comer” en la Argentina, por lo que consideró que se necesitan “muchos” acuerdos como el firmado con la estadounidense Chevron para la explotación de ese recurso.
Al disertar en la reunión anual del Consejo de las Américas, Galuccio sostuvo que “el shale es lo que Dios nos dio para comer y que necesitamos muchos Chevrones en el país si queremos acelerar el desarrollo de (el área petrolera) Vaca Muerta”.
Tras señalar que “la Argentina es un país diferente con (el gas y petróleo) no convencionales”, Galuccio destacó que, en un año, YPF “más que duplicó su capacidad, con un incremento del 94 por ciento de la inversión y aumentando 3 y 4,2 por ciento las producciones de petróleo y gas, respectivamente”.
Galuccio destacó que en el último año YPF aumentó en un 140 por ciento los equipos de perforación, de 25 a 66, y que elevó la inversión de 5.500 millones de pesos a más de 10 mil millones de pesos.
“Que una empresa haya más que duplicado su capacidad en un año es una tarea faraónica”, afirmó el titular de la petrolera con mayoría estatal, quien destacó: “Tomamos una empresa con 460 millones de pesos de caja y hoy tenemos más de cinco mil millones y extendimos los vencimientos de deuda de 1,9 a 3,7 años”.
En ese sentido, comentó que, cuando el Estado se hizo cargo del 51 por ciento de YPF, el 85 por ciento de la deuda estaba en dólares y hoy tiene el 53 por ciento de ella en pesos.
El Ceo de YPF aseguró que “el shale tiene una importancia estratégica para el país”, aunque aclaró que actualmente “el 70 u 80 por ciento de las perforaciones son en (petróleo y gas) convencionales”.
Tras asegurar que “YPF tiene como prioridad proteger el agua dulce”, en referencia a las críticas por la contaminación que podría traer la explotación de shale gas y el shale oil, Galuccio explicó que el acuerdo con Chevron “apunta a desarrollar 250 kilómetros cuadrados”. Y precisó que en la primera etapa del acuerdo con Chevron se explorarán 20 kilómetros cuadrados, lo que aportará 1.650 empleos directos y alrededor de dos mil indirectos.
“Necesitamos de muchos Chevrones en la Argentina si queremos acelerar el desarrollo de Vaca Muerta y disminuir la diferencia entre lo que importamos y lo que producimos. Importamos divisas y dinero que se van y no dejan nada para el país; lo que necesitamos son más socios”, aseguró el presidente de YPF y recordó que de los 1.240 millones de dólares que invertirá Chevron, 300 millones serán desembolsados en un primer tramo.
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En localidad de Río Negro prohibieron el fracking
Prohibieron el fracking en Allen
Fecha de Publicación: 23/08/2013
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
Tras la movilización de vecinos y organizaciones, los concejales trataron el tema sobre tablas. El rechazo fue consensuado durante un cuarto intermedio, en medio de la sesión de esta noche.
Durante un cuarto intermedio desde el Legislativo decidieron aprobar el proyecto de ordenanza por el "no al fracking", presentado por el bloque de la Concertación para el Desarrollo.
Al rechazo de la metodología de extracción de hidrocarburos por fractura hidráulica, se sumó la determinación de facultar al Poder Ejecutivo local para que lleve a cabo los controles. También presentarán una medida cautelar para solicitar la inmediata suspensión de las perforaciones hoy presentes en tierras productivas.
Momentos antes de la sesión, al menos 250 personas se movilizaron por las calles céntricas de la localidad, para dirigirse hasta la sede del Deliberante y allí seguir el debate. Con la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua a la cabeza, marcharon también representantes de organizaciones políticas y de derechos humanos, el gremio Unter y la Multisectorial Alto Valle.
En el trayecto de la manifestación, que pasó y se detuvo frente al palacio municipal, no se registró la presencia de autoridades ni funcionarios.
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Fecha de Publicación: 23/08/2013
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
Tras la movilización de vecinos y organizaciones, los concejales trataron el tema sobre tablas. El rechazo fue consensuado durante un cuarto intermedio, en medio de la sesión de esta noche.Durante un cuarto intermedio desde el Legislativo decidieron aprobar el proyecto de ordenanza por el "no al fracking", presentado por el bloque de la Concertación para el Desarrollo.
Al rechazo de la metodología de extracción de hidrocarburos por fractura hidráulica, se sumó la determinación de facultar al Poder Ejecutivo local para que lleve a cabo los controles. También presentarán una medida cautelar para solicitar la inmediata suspensión de las perforaciones hoy presentes en tierras productivas.
Momentos antes de la sesión, al menos 250 personas se movilizaron por las calles céntricas de la localidad, para dirigirse hasta la sede del Deliberante y allí seguir el debate. Con la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua a la cabeza, marcharon también representantes de organizaciones políticas y de derechos humanos, el gremio Unter y la Multisectorial Alto Valle.
En el trayecto de la manifestación, que pasó y se detuvo frente al palacio municipal, no se registró la presencia de autoridades ni funcionarios.
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A UNESCO piden opinión sobre la minería en San Juan
Fecha de Publicación: 23/08/2013
Fuente: FARN
Provincia/Región: San Juan
Las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y Greenpeace solicitaron a la UNESCO, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, opinión respecto de las autorizaciones que la Provincia de San Juan otorgó a empresas mineras para operar dentro de la Reserva de Biosfera San Guillermo. Además, los ambientalistas pidieron a la Administración de Parques Nacionales (APN) información sobre los controles y monitoreos que estarían efectuando en la zona."El gobierno de Gioja no sólo ha autorizado permisos mineros en la zona de Usos Múltiples de la Reserva, sino también en la zona de Amortiguación que rodea al Parque Nacional, lo cual implica una clara violación a los estatutos de la UNESCO sobre las reservas de biosferas”, señaló Gonzalo Strano de Greenpeace. "La avanzada minera sobre estos ambientes únicos debe frenarse de inmediato. En San Guillermo hay glaciares y otros ecosistemas de alto valor ambiental que están siendo afectados por la minera Barrick Gold”, continuó el ambientalista.
"El Plan de Manejo presentado por la Provincia de San Juan el pasado 5 de junio reconoce la existencia de minería en la Reserva de Biosfera San Guillermo. Por eso solicitamos al organismo representante de UNESCO en Argentina que informe las medidas que adoptará para frenar esta actividad y qué sanciones aplicará al respecto”, afirmó Pía Marchegiani, Coordinadora de Participación de FARN.
Es importante recordar que las reservas de biosfera son áreas que pertenecen a ecosistemas terrestres o costeros, reconocidas por la UNESCO para fomentar y mostrar una relación equilibrada entre la humanidad y el medio ambiente. En ese sentido, una de sus funciones básicas es contribuir a la conservación de paisajes, ecosistemas, especies y diversidad genética.
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A un año del histórico juicio por agrotóxicos en Córdoba
Esperan que las pericias en la “causa madre” de barrio Ituzaingó comiencen en setiembre
Fecha de Publicación: 22/08/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Ayer se realizó en las calles céntricas de la ciudad una marcha para recordar que se cumplió un año de la histórica sentencia de la Cámara Primera del Crimen en el juicio contra las fumigaciones de barrio Ituzaingó Anexo. La oportunidad fue propicia para que cientos de manifestantes volvieran a decirle categóricamente “No a Monsanto en Malvinas Argentinas”.
Una de las propulsoras de esta movilización fue Sofía Gatica, pionera de las Madres de Barrio Ituzaingó, y junto a otras mujeres, querellante en la “causa madre” por las fumigaciones que causaron contaminación ambiental y que sería responsable de la enfermedad y muerte de varios habitantes de ese vecindario.
Según confirmó Gatica y especulan los abogados patrocinantes de esta causa (que busca determinar la relación entre la fumigaciones y las enfermedades de los vecinos), primeras pericias para lo que será el juicio (previsto para el año próximo) podrían iniciarse el mes próximo, en virtud de que todas las pruebas han sido presentadas y se han determinado los peritos a participar en este procedimiento.
Mientras continúa en Casación la causa apelada por el productor agropecuario Francisco Parra y al aviador Edgardo Pancello, condenados a condenó a tres años de prisión, de ejecución condicional, por contaminación ambiental, las madres de barrio Ituzaingó organizaron una marcha ayer donde analizaron qué dejó la sentencia a 12 meses del juicio contra las fumigaciones.
“Lo único que cambió es que la gente ha tomado mayor conciencia. Distintos pueblos están luchando por sus derechos y están pidiendo normas de protección para que no les fumiguen encima. Pero la sentencia en sí a barrio Ituzaingó no nos sirvió casi de nada, sólo que la Nación nos ha enviado subsidios a las familias enferma. Ese dinero por mes que les permite afrontar los tratamientos de Salud. Sobre todo aquellos vecinos cuyos niños tienen agroquímicos en sangre”, explicó Sofía Gatica a LA MAÑANA.
“Aún así, nosotros no estamos buscando subsidios, ni ayuda económica, sino prevención que es lo más importante. No se va a prevenir se si instala Monsanto en Malvinas Argentinas porque estamos hablando de más enfermedad y muerte. Por eso vamos a impedir, aunque nos lleve la vida, que esa multinacional se instale en esa localidad”, afirmó la pionera de las Madres de barrio Ituzaingó.
En ese sentido, dejó entrever que a mediados del mes próximo se estará convocando a una gran movilización a nivel nacional y latinoamericano contra la planta que la multinacional Monsanto construye en Malvinas Argentinas.
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Fecha de Publicación: 22/08/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Ayer se realizó en las calles céntricas de la ciudad una marcha para recordar que se cumplió un año de la histórica sentencia de la Cámara Primera del Crimen en el juicio contra las fumigaciones de barrio Ituzaingó Anexo. La oportunidad fue propicia para que cientos de manifestantes volvieran a decirle categóricamente “No a Monsanto en Malvinas Argentinas”.Una de las propulsoras de esta movilización fue Sofía Gatica, pionera de las Madres de Barrio Ituzaingó, y junto a otras mujeres, querellante en la “causa madre” por las fumigaciones que causaron contaminación ambiental y que sería responsable de la enfermedad y muerte de varios habitantes de ese vecindario.
Según confirmó Gatica y especulan los abogados patrocinantes de esta causa (que busca determinar la relación entre la fumigaciones y las enfermedades de los vecinos), primeras pericias para lo que será el juicio (previsto para el año próximo) podrían iniciarse el mes próximo, en virtud de que todas las pruebas han sido presentadas y se han determinado los peritos a participar en este procedimiento.
Mientras continúa en Casación la causa apelada por el productor agropecuario Francisco Parra y al aviador Edgardo Pancello, condenados a condenó a tres años de prisión, de ejecución condicional, por contaminación ambiental, las madres de barrio Ituzaingó organizaron una marcha ayer donde analizaron qué dejó la sentencia a 12 meses del juicio contra las fumigaciones.
“Lo único que cambió es que la gente ha tomado mayor conciencia. Distintos pueblos están luchando por sus derechos y están pidiendo normas de protección para que no les fumiguen encima. Pero la sentencia en sí a barrio Ituzaingó no nos sirvió casi de nada, sólo que la Nación nos ha enviado subsidios a las familias enferma. Ese dinero por mes que les permite afrontar los tratamientos de Salud. Sobre todo aquellos vecinos cuyos niños tienen agroquímicos en sangre”, explicó Sofía Gatica a LA MAÑANA.
“Aún así, nosotros no estamos buscando subsidios, ni ayuda económica, sino prevención que es lo más importante. No se va a prevenir se si instala Monsanto en Malvinas Argentinas porque estamos hablando de más enfermedad y muerte. Por eso vamos a impedir, aunque nos lleve la vida, que esa multinacional se instale en esa localidad”, afirmó la pionera de las Madres de barrio Ituzaingó.
En ese sentido, dejó entrever que a mediados del mes próximo se estará convocando a una gran movilización a nivel nacional y latinoamericano contra la planta que la multinacional Monsanto construye en Malvinas Argentinas.
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Neuquén da el Ok al acuerdo con Chevron
Luz verde en Neuquén al acuerdo YPF-Chevron
Fecha de Publicación: 22/08/2013
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Neuquén
El acuerdo entre Neuquén y YPF-Chevrón quedó ayer prácticamente sellado después de que las comisiones de Asuntos Constitucionales y Hacienda de la Legislatura neuquina votaron a su favor con un marcador de 9 a 5 en ambos casos. Ahora el convenio tendrá una votación general el 28 de este mes. Durante la reunión de la mañana, dedicada a Constitucionales, el legislador Luis Sapag del MPN reconoció que el de YPF-Chevron es el primero de tres acuerdos similares, con participación de empresas extranjeras, que el gobierno neuquino deberá acompañar en los próximos años.
“Se calcula que se necesitan tres emprendimientos de este tipo (para garantizar el autoabastecimiento), este es el principio”, recalcó. “No vamos a levantar la mano porque seamos lamebotas del gobierno. El gobierno nos aclara quién va a hacer la inversión y nos dicen si estamos de acuerdo o no”, dijo el diputado Raúl Podestá del Frente Grande. “Estamos en una emergencia energética”, advirtió la vice presidenta de la Legislatura Graciela Muñiz Saavedra del MPN.
La oposición insistió en los argumentos que había traído días atrás al recinto. “ Estamos discutiendo algo que ya está hecho.
El acuerdo es un manotazo de ahogado ante la falta de políticas energéticas del gobierno nacional”, dijo el legislador Tomás Benitez (UCR).
“ Lo que los mueve a ustedes es la plata, Chevron pone 1000 millones de dólares y se acabó la discusión. Los lugares en donde más recursos hay son los más empobrecidos. En Tartagal, Las Heras, Cutral Co, Plaza Huincul, Añelo hay más prostíbulos que escuelas. Acá hay un crimen cantado”, dijo en una encendida intervención el legislador Raúl Godoy del Frente de Izquierda. “ Venimos de cosas raras y vamos hacia cosas raras, que si hay lobbies, sí, hay lobbies. Estamos hablando de lobbies que han derrocado gobiernos, han cambiado paradigmas No soy tan ingenuo”, concedió el diputado José Russo del MPN de voto positivo.
El diputado Jesús Escobar de Libres del Sur recordó una decena de artículos de la Constitución provincial que son violados por el convenio. Por la tarde, en la Comisión de Hacienda, el diputado Sapag ofreció una explicación sobre el modelo de negocio, profundizando en los artículos que proyectan ingresos por 12 mil millones de dólares para la provincia. El legislador Raúl Dobrusin del Frente Unidad Popular, ofreció una interpretación a los números incluidos en el dossier que acompaña el acuerdo.
“ En 8 años Chevron recuperará todo lo invertido y después es pura ganancia ”, aseguró. Dobrusin también indicó que los acuerdos por venir serán por Los Molles una zona tan rica como Vaca Muerta. “Acá no estamos decidiendo nada, estas cosas se deciden en Calafate, nosotros somos los suplentes”, concluyó el legislador Alejandro Vidal de la UCR.
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Fecha de Publicación: 22/08/2013
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Neuquén
El acuerdo entre Neuquén y YPF-Chevrón quedó ayer prácticamente sellado después de que las comisiones de Asuntos Constitucionales y Hacienda de la Legislatura neuquina votaron a su favor con un marcador de 9 a 5 en ambos casos. Ahora el convenio tendrá una votación general el 28 de este mes. Durante la reunión de la mañana, dedicada a Constitucionales, el legislador Luis Sapag del MPN reconoció que el de YPF-Chevron es el primero de tres acuerdos similares, con participación de empresas extranjeras, que el gobierno neuquino deberá acompañar en los próximos años.“Se calcula que se necesitan tres emprendimientos de este tipo (para garantizar el autoabastecimiento), este es el principio”, recalcó. “No vamos a levantar la mano porque seamos lamebotas del gobierno. El gobierno nos aclara quién va a hacer la inversión y nos dicen si estamos de acuerdo o no”, dijo el diputado Raúl Podestá del Frente Grande. “Estamos en una emergencia energética”, advirtió la vice presidenta de la Legislatura Graciela Muñiz Saavedra del MPN.
La oposición insistió en los argumentos que había traído días atrás al recinto. “ Estamos discutiendo algo que ya está hecho.
El acuerdo es un manotazo de ahogado ante la falta de políticas energéticas del gobierno nacional”, dijo el legislador Tomás Benitez (UCR).
“ Lo que los mueve a ustedes es la plata, Chevron pone 1000 millones de dólares y se acabó la discusión. Los lugares en donde más recursos hay son los más empobrecidos. En Tartagal, Las Heras, Cutral Co, Plaza Huincul, Añelo hay más prostíbulos que escuelas. Acá hay un crimen cantado”, dijo en una encendida intervención el legislador Raúl Godoy del Frente de Izquierda. “ Venimos de cosas raras y vamos hacia cosas raras, que si hay lobbies, sí, hay lobbies. Estamos hablando de lobbies que han derrocado gobiernos, han cambiado paradigmas No soy tan ingenuo”, concedió el diputado José Russo del MPN de voto positivo.
El diputado Jesús Escobar de Libres del Sur recordó una decena de artículos de la Constitución provincial que son violados por el convenio. Por la tarde, en la Comisión de Hacienda, el diputado Sapag ofreció una explicación sobre el modelo de negocio, profundizando en los artículos que proyectan ingresos por 12 mil millones de dólares para la provincia. El legislador Raúl Dobrusin del Frente Unidad Popular, ofreció una interpretación a los números incluidos en el dossier que acompaña el acuerdo.
“ En 8 años Chevron recuperará todo lo invertido y después es pura ganancia ”, aseguró. Dobrusin también indicó que los acuerdos por venir serán por Los Molles una zona tan rica como Vaca Muerta. “Acá no estamos decidiendo nada, estas cosas se deciden en Calafate, nosotros somos los suplentes”, concluyó el legislador Alejandro Vidal de la UCR.
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Ambiente lanza un programa de voluntariado
Mussi lanza Plantar, un programa de voluntariado ambiental
Fecha de Publicación: 22/08/2013
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dr. Juan José Mussi, encabezará el lanzamiento del Programa Plantar, una red nacional para promover y fortalecer al voluntariado ambiental.
“Es tiempo de militar el ambiente, de asumir el desafío y ganar la batalla cultural también en materia ambiental. Plantar es una oportunidad para reconocer y poner en valor aquello de voluntarios que hay en cada uno de los argentinos, para organizar la participación ciudadana y construir políticas públicas ambientales sustentables”, acentúa el titular de la cartera.
El Programa Plantar se basa en el convencimiento de que los cambios ambientales implican cambios culturales que sólo se pueden lograr trabajando colectivamente. En este sentido, constituye una apuesta a la formación de voluntarios y al desarrollo de proyectos ambientales.
El acto de lanzamiento se llevará a cabo el viernes 23 de agosto a las 10 horas en el Salón Néstor Kirchner, ubicado en San Martín 451 C.A.B.A., contará con la presencia de autoridades nacionales, y dará cuenta de los pilares centrales del Programa a partir de la proyección de un spot audiovisual.
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Fecha de Publicación: 22/08/2013
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dr. Juan José Mussi, encabezará el lanzamiento del Programa Plantar, una red nacional para promover y fortalecer al voluntariado ambiental.
“Es tiempo de militar el ambiente, de asumir el desafío y ganar la batalla cultural también en materia ambiental. Plantar es una oportunidad para reconocer y poner en valor aquello de voluntarios que hay en cada uno de los argentinos, para organizar la participación ciudadana y construir políticas públicas ambientales sustentables”, acentúa el titular de la cartera.
El Programa Plantar se basa en el convencimiento de que los cambios ambientales implican cambios culturales que sólo se pueden lograr trabajando colectivamente. En este sentido, constituye una apuesta a la formación de voluntarios y al desarrollo de proyectos ambientales.
El acto de lanzamiento se llevará a cabo el viernes 23 de agosto a las 10 horas en el Salón Néstor Kirchner, ubicado en San Martín 451 C.A.B.A., contará con la presencia de autoridades nacionales, y dará cuenta de los pilares centrales del Programa a partir de la proyección de un spot audiovisual.
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Gualeguaychú ratificará la denuncia contra Botnia
Ratificarán denuncia internacional contra Botnia
Fecha de Publicación: 21/08/2013
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Entre Ríos
La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú ratificará su denuncia realizada en 2005 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el funcionamiento de la papelera UPM (ex-Botnia) en la ciudad uruguaya de Fray Bentos. El organismo internacional consultó al grupo de vecinos si mantiene la denuncia realizada a fines de ese año de que la instalación de Botnia y, en ese entonces, la española Ence violaba derechos humanos de los habitantes de la cuenca del río Uruguay.
La Asamblea hizo la presentación junto al Gobierno entrerriano, a cargo de Jorge Busti, y en nombre de 40 mil ciudadanos de Gualeguaychú (se presentaron las planillas correspondientes). La causa había quedado inmovilizada y ahora se retomó el expediente para conocer qué hechos nuevos ocurrieron desde 2005.
El tema fue abordado en la última asamblea y por unanimidad se decidió sostener la presentación. La abogada de la asamblea, Ana María Angelini, señaló, además de ratificar la presentación, que se aportarán nuevas pruebas. “La ratificación de los hechos que motivaron la denuncia la tenemos que hacer la semana que viene y trabajaremos para aportar el resto de las pruebas que se han ido sumando a lo largo de todos estos años”, apuntó Angelini.
La abogada confesó que para los vecinos la causa había quedado archivada. El 19 de septiembre de 2005, el entonces gobierno de Busti denunció al Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y pidió que declarase la violación de la legalidad supranacional americana al autorizar y aprobar emprendimientos industriales, pese a las evidentes carencias en materia de control ambiental y del probado riesgo de vida para aproximadamente 300 mil personas que habitan en las dos orillas.
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Fecha de Publicación: 21/08/2013
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Entre Ríos
La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú ratificará su denuncia realizada en 2005 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el funcionamiento de la papelera UPM (ex-Botnia) en la ciudad uruguaya de Fray Bentos. El organismo internacional consultó al grupo de vecinos si mantiene la denuncia realizada a fines de ese año de que la instalación de Botnia y, en ese entonces, la española Ence violaba derechos humanos de los habitantes de la cuenca del río Uruguay.La Asamblea hizo la presentación junto al Gobierno entrerriano, a cargo de Jorge Busti, y en nombre de 40 mil ciudadanos de Gualeguaychú (se presentaron las planillas correspondientes). La causa había quedado inmovilizada y ahora se retomó el expediente para conocer qué hechos nuevos ocurrieron desde 2005.
El tema fue abordado en la última asamblea y por unanimidad se decidió sostener la presentación. La abogada de la asamblea, Ana María Angelini, señaló, además de ratificar la presentación, que se aportarán nuevas pruebas. “La ratificación de los hechos que motivaron la denuncia la tenemos que hacer la semana que viene y trabajaremos para aportar el resto de las pruebas que se han ido sumando a lo largo de todos estos años”, apuntó Angelini.
La abogada confesó que para los vecinos la causa había quedado archivada. El 19 de septiembre de 2005, el entonces gobierno de Busti denunció al Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y pidió que declarase la violación de la legalidad supranacional americana al autorizar y aprobar emprendimientos industriales, pese a las evidentes carencias en materia de control ambiental y del probado riesgo de vida para aproximadamente 300 mil personas que habitan en las dos orillas.
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Grave contaminación con plomo en niños del Riachuelo
Riachuelo: el 25% de los niños de Villa 21-24, con plomo en sangre
Fecha de Publicación: 21/08/2013
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Riachuelo
El relevamiento se efectuó en los chicos que viven a orillas de la cuenca. Además un 21,5% presenta un probable retraso en su desarrollo
Un relevamiento efectuado por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) indica que el 25% de los niños que viven en las orillas del Riachuelo tienen plomo en sangre, por lo que la Corte Suprema ordenó hace cinco años relocalizar a esas familias aunque el gobierno porteño todavía no cumplió esa disposición.
El reporte detalla que en la villa 21-24, de una muestra tomada a 962 niños menores de seis años, "el 25 por ciento tiene plomo en sangre".
El vicepresidente ejecutivo de Acumar, Antolín Magallanes, dijo que la Ciudad "lleva un gran retraso en las relocalizaciones, especialmente en las familias de la Villa 26 y la 21-24. Ellos mismos se comprometieron en audiencia pública a plazos que vencieron hace un año".
"Pero hasta ahora, hay obras que no tienen fecha certera de finalización y muchas ni siquiera iniciaron", dijo el funcionario.
La Evaluación Integral de Salud en Áreas de Riesgo (Eisar) fue realizada en la Villa 21-24 hace un año por un equipo interdisciplinario de Acumar y diversos actores del barrio que fueron convocados a pedido del Centro de Atención Primaria de la Salud (Cesac) 35.
En la villa 21-24 viven 55 mil familias en 60 hectáreas y Acumar detectó 962 niños menores de seis años, 95 embarazadas y 158 adultos mayores de 60, a quienes les realizó los estudios.
El informe detalla además que "el 21,5 por ciento presenta un probable retraso en su desarrollo", según la evaluación psicomotriz, mientras que el dos por ciento de las embarazadas dio positivo en plomo".
Ivan Insúa, coordinador de monitoreo e investigación en Cuenca, de la Dirección General de Salud Ambiental de Acumar, dijo al periódico Sur Capitalino que ya lleva censados en total unas 65 mil viviendas (entre ciudad y provincia de Buenos Aires).
El funcionario de Acumar manifestó que en la vida de la villa, la cercanía al Riachuelo "no es el único factor determinante sobre la salud. También inciden las condiciones habitacionales".
En este sentido, apuntó que "en comparación con estudios realizados en barrios similares pero alejados de la Cuenca, se demostró que no hay diferencias significativas" con los registrados en la villa.
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Fecha de Publicación: 21/08/2013
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Riachuelo
El relevamiento se efectuó en los chicos que viven a orillas de la cuenca. Además un 21,5% presenta un probable retraso en su desarrolloUn relevamiento efectuado por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) indica que el 25% de los niños que viven en las orillas del Riachuelo tienen plomo en sangre, por lo que la Corte Suprema ordenó hace cinco años relocalizar a esas familias aunque el gobierno porteño todavía no cumplió esa disposición.
El reporte detalla que en la villa 21-24, de una muestra tomada a 962 niños menores de seis años, "el 25 por ciento tiene plomo en sangre".
El vicepresidente ejecutivo de Acumar, Antolín Magallanes, dijo que la Ciudad "lleva un gran retraso en las relocalizaciones, especialmente en las familias de la Villa 26 y la 21-24. Ellos mismos se comprometieron en audiencia pública a plazos que vencieron hace un año".
"Pero hasta ahora, hay obras que no tienen fecha certera de finalización y muchas ni siquiera iniciaron", dijo el funcionario.
La Evaluación Integral de Salud en Áreas de Riesgo (Eisar) fue realizada en la Villa 21-24 hace un año por un equipo interdisciplinario de Acumar y diversos actores del barrio que fueron convocados a pedido del Centro de Atención Primaria de la Salud (Cesac) 35.
En la villa 21-24 viven 55 mil familias en 60 hectáreas y Acumar detectó 962 niños menores de seis años, 95 embarazadas y 158 adultos mayores de 60, a quienes les realizó los estudios.
El informe detalla además que "el 21,5 por ciento presenta un probable retraso en su desarrollo", según la evaluación psicomotriz, mientras que el dos por ciento de las embarazadas dio positivo en plomo".
Ivan Insúa, coordinador de monitoreo e investigación en Cuenca, de la Dirección General de Salud Ambiental de Acumar, dijo al periódico Sur Capitalino que ya lleva censados en total unas 65 mil viviendas (entre ciudad y provincia de Buenos Aires).
El funcionario de Acumar manifestó que en la vida de la villa, la cercanía al Riachuelo "no es el único factor determinante sobre la salud. También inciden las condiciones habitacionales".
En este sentido, apuntó que "en comparación con estudios realizados en barrios similares pero alejados de la Cuenca, se demostró que no hay diferencias significativas" con los registrados en la villa.
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Córdoba no cumple con la Ley de Bosques... pero exige
Provincia emplaza a la Nación para que le gire los fondos
Fecha de Publicación: 20/08/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Ambiente publicó, 10 meses después, el decreto que modifica la ley provincial para armonizarla con la nacional. Ahora amenaza con acciones legales.
Finalmente, la Provincia publicó el viernes pasado el decreto que modifica la Ley de Bosques Nativos para tratar de adaptarse a la norma nacional.
Esta modificación había permanecido oculta y sin publicar en el Boletín Oficial , a pesar de que está fechada el 4 de octubre de 2012. La Voz del Interior lo dio a conocer el 5 de agosto pasado. Formalizado este paso, desde el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía de la Provincia creen que ya no hay pretexto para que la Nación no le gire los fondos que luego se destinarán a proteger ecosistemas y a compensar a sus dueños (ver Infografía).
El monto se calcula en 20 millones de pesos. Para este año, la Provincia presupuestó 1,5 millón para bosques nativos.
El viernes pasado, el titular del ministerio provincial, Manuel Calvo, emplazó por escrito al secretario de Ambiente de la Nación, Juan Mussi, para que cumpla con la normativa y “proceda a hacer efectiva la reserva de fondos que le corresponden a Córdoba, y en consecuencia sean asignados”, informaron desde esa cartera a este diario.
Y agregaron: “Se otorga un plazo de 15 días, luego de ello se evaluarán acciones legales. Córdoba cumplió con lo ordenado por la ley nacional y lo exigido por la Secretaría de Ambiente de la Nación”. No obstante, la cartera se excusó de explicar por qué el decreto modificatorio de la ley se publicó 10 meses después de su fecha de redacción.
Meses atrás, el texto fue exhibido a la Nación como normativa válida, pero no fue publicado en el Boletín Oficial . El Código Civil (artículo 2º) indica que las normativas son válidas desde su publicación.
Se especula que fue una estrategia para evitar una nueva polémica vinculada a la ley de bosques, sancionada en agosto de 2010. La normativa no dejó conforme ni a productores ni a ambientalistas y lo mismo sucedió con la reglamentación.
A su vez, la Provincia está atenta a un pedido de inconstitucionalidad por esta ley. Según la denunciante Universidad Nacional de Río Cuarto, la normativa provincial no cumpliría con los requisitos mínimos que prevé la ley nacional.
El decreto “secreto” (número 1.131) difiere la aplicación de artículos de la ley y modifica su reglamentación. Se elimina el concepto de “aprovechamiento sustentable” y la posibilidad de que, si en un predio existe o se genera infraestructura para riego, se pueda realizar un desmonte total. El texto perjudicaría a los productores que quieren aplicar riego o realizar desmonte selectivo y siembra de pasturas exóticas, prácticas incluidas propias del aprovechamiento sustentable.
La Provincia tiene dos avales jurídicos para reclamar los fondos: una resolución de abril de 2013 del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) que exige la acreditación a Córdoba y un dictamen técnico de abril de 2013 de la Dirección Nacional de Bosques Nativos.
Cronología
Debate. Como prevé la ley nacional, la Provincia conforma en 2008 la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN), integrada por sectores ambientalistas y académicos. Las organizaciones rurales denuncian esta situación.
Sanción. El 5 de agosto de 2010, la Legislatura aprueba la Ley de Bosques Nativos. El texto final no coincidió con el que se había acordado entre la COTBN y el entonces presidente de la Comisión de Asuntos Ambientales, el legislador Marcelo Falo. El ambientalismo denunció presiones del sector rural.
Inconstitucionalidad. A fines de 2010, la Universidad Nacional de Río Cuarto realiza un pedido de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, que todavía no se expidió.
Reglamentación. En febrero de 2011, se publica la reglamentación de la ley, que no conforma ni a ruralistas ni a ambientalistas.
Sin fondos. Por tercer año consecutivo, en 2012, Córdoba no recibe los fondos nacionales para proteger el bosque nativo y compensar a los dueños de predios con monte. Ambiente de la Nación confirma que la Provincia debe modificar la ley.
Decreto secreto. El 4 de octubre de 2012, la Provincia modifica la ley para percibir fondos nacionales. Lo publicó el 16 de agosto y emplazó a la Nación para que le gire los fondos.
Pérdidas recientes. Según la ONG Guyra, el 40% del bosque nativo en Córdoba se perdió después de 2004. Esas tierras pasaron a ser productivas.
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Fecha de Publicación: 20/08/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Ambiente publicó, 10 meses después, el decreto que modifica la ley provincial para armonizarla con la nacional. Ahora amenaza con acciones legales.Finalmente, la Provincia publicó el viernes pasado el decreto que modifica la Ley de Bosques Nativos para tratar de adaptarse a la norma nacional.
Esta modificación había permanecido oculta y sin publicar en el Boletín Oficial , a pesar de que está fechada el 4 de octubre de 2012. La Voz del Interior lo dio a conocer el 5 de agosto pasado. Formalizado este paso, desde el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía de la Provincia creen que ya no hay pretexto para que la Nación no le gire los fondos que luego se destinarán a proteger ecosistemas y a compensar a sus dueños (ver Infografía).
El monto se calcula en 20 millones de pesos. Para este año, la Provincia presupuestó 1,5 millón para bosques nativos.
El viernes pasado, el titular del ministerio provincial, Manuel Calvo, emplazó por escrito al secretario de Ambiente de la Nación, Juan Mussi, para que cumpla con la normativa y “proceda a hacer efectiva la reserva de fondos que le corresponden a Córdoba, y en consecuencia sean asignados”, informaron desde esa cartera a este diario.
Y agregaron: “Se otorga un plazo de 15 días, luego de ello se evaluarán acciones legales. Córdoba cumplió con lo ordenado por la ley nacional y lo exigido por la Secretaría de Ambiente de la Nación”. No obstante, la cartera se excusó de explicar por qué el decreto modificatorio de la ley se publicó 10 meses después de su fecha de redacción.
Meses atrás, el texto fue exhibido a la Nación como normativa válida, pero no fue publicado en el Boletín Oficial . El Código Civil (artículo 2º) indica que las normativas son válidas desde su publicación.
Se especula que fue una estrategia para evitar una nueva polémica vinculada a la ley de bosques, sancionada en agosto de 2010. La normativa no dejó conforme ni a productores ni a ambientalistas y lo mismo sucedió con la reglamentación.
A su vez, la Provincia está atenta a un pedido de inconstitucionalidad por esta ley. Según la denunciante Universidad Nacional de Río Cuarto, la normativa provincial no cumpliría con los requisitos mínimos que prevé la ley nacional.
El decreto “secreto” (número 1.131) difiere la aplicación de artículos de la ley y modifica su reglamentación. Se elimina el concepto de “aprovechamiento sustentable” y la posibilidad de que, si en un predio existe o se genera infraestructura para riego, se pueda realizar un desmonte total. El texto perjudicaría a los productores que quieren aplicar riego o realizar desmonte selectivo y siembra de pasturas exóticas, prácticas incluidas propias del aprovechamiento sustentable.
La Provincia tiene dos avales jurídicos para reclamar los fondos: una resolución de abril de 2013 del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) que exige la acreditación a Córdoba y un dictamen técnico de abril de 2013 de la Dirección Nacional de Bosques Nativos.
Cronología
Debate. Como prevé la ley nacional, la Provincia conforma en 2008 la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN), integrada por sectores ambientalistas y académicos. Las organizaciones rurales denuncian esta situación.
Sanción. El 5 de agosto de 2010, la Legislatura aprueba la Ley de Bosques Nativos. El texto final no coincidió con el que se había acordado entre la COTBN y el entonces presidente de la Comisión de Asuntos Ambientales, el legislador Marcelo Falo. El ambientalismo denunció presiones del sector rural.
Inconstitucionalidad. A fines de 2010, la Universidad Nacional de Río Cuarto realiza un pedido de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, que todavía no se expidió.
Reglamentación. En febrero de 2011, se publica la reglamentación de la ley, que no conforma ni a ruralistas ni a ambientalistas.
Sin fondos. Por tercer año consecutivo, en 2012, Córdoba no recibe los fondos nacionales para proteger el bosque nativo y compensar a los dueños de predios con monte. Ambiente de la Nación confirma que la Provincia debe modificar la ley.
Decreto secreto. El 4 de octubre de 2012, la Provincia modifica la ley para percibir fondos nacionales. Lo publicó el 16 de agosto y emplazó a la Nación para que le gire los fondos.
Pérdidas recientes. Según la ONG Guyra, el 40% del bosque nativo en Córdoba se perdió después de 2004. Esas tierras pasaron a ser productivas.
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Salta: desarrollan un sistema de monitoreo para desmontes
Las imágenes del desmonte
Fecha de Publicación: 20/08/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
En Salta, docentes y alumnos de Agronomía (UBA) desarrollan junto con pueblos originarios un sistema de monitoreo para detectar la deforestación en tiempo real. “Queremos contribuir a que las cosas ocurran de una manera menos injusta”, dijo el profesor José Paruelo.
Docentes, investigadores y estudiantes de la Facultad de Agronomía (UBA) trabajan junto a comunidades wichí de la provincia de Salta con el objetivo de frenar los desmontes ilegales en la zona. El trabajo comenzó con visitas a las comunidades afectadas y actualmente se está trabajando en la instalación de un sistema de monitoreo para detectar la deforestación en tiempo real. Los especialistas estiman que para fin de año ese sistema podrá ser gestionado por los propios miembros de las comunidades, con el uso de imágenes satelitales. “En la facultad se han desa-rrollado tecnologías y metodologías para mapear los cambios en el uso del suelo. Con esa tecnología se puede seguir el derrotero que tiene un lote en el campo, y no enterarnos tres años después de que se produjo el desmonte”, explicó a Página/12 José Paruelo, director de la carrera de Ciencias Ambientales, desde donde surgió la iniciativa. Las comunidades afectadas denuncian que las autoridades no hacen nada para frenar el desmonte.
“Nos importa entender cómo está ocurriendo este proceso, qué pasa con la dinámica del agua y con la biodiversidad vegetal, pero también qué sucede con las comunidades desde el punto de vista social y qué consecuencias genera en las poblaciones. Queremos contribuir a que las cosas ocurran de una manera menos injusta”, dijo Paruelo.
El trabajo comenzó en el este de Salta luego de la sanción de la Ley de Bosques, en 2008. Ese año la Corte Suprema de Justicia prohibió los desmontes en cuatro departamentos salteños (San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria) debido a una presentación de los pobladores, ya que allí se estaban registrando las tasas de desmontes más altas de la historia argentina. Según datos oficiales, a fines de los ’70 Salta ya había perdido el 25 por ciento de sus bosques nativos, producto de la expansión de la frontera agrícola, lo que afectó a pueblos originarios y criollos. La región del Chaco semiárido, que involucra, además del este de Salta, a las provincias del Chaco y Santiago del Estero, concentra el 90 por ciento de la deforestación total del país, y es una de las zonas más afectadas de toda Latinoamérica.
Aunque la ley fue sancionada, los desmontes siguieron. En ese contexto, un equipo de investigadores de la Facultad de Agronomía (Fauba) comenzó a trabajar junto a otras entidades para implementar un sistema de monitoreo que detecte la deforestación en tiempo real y que pueda ser gestionado por las propias comunidades afectadas. El trabajo incluyó la participación de estudiantes de grado y posgrado, de Ciencias Ambientales y también de la carrera de Agronomía y de otras facultades de la UBA. También formaron parte del proyecto la ONG Asociana y la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf). Se accedió a financiamiento mediante proyectos de extensión Ubanex, del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (Foncyt) y del Conicet.
“En buena parte del norte argentino se está produciendo desde hace diez años una muy fuerte expansión de la agricultura y de la ganadería –afirmó Paruelo–. Para eso es necesario desmontar el bosque original y en ese desmonte aparecen una serie de consecuencias. Los pueblos originarios y criollos son corridos y eso genera desarraigo y migración a periferias urbanas. Si no se van, quedan en una pequeña isla de monte y eso genera consecuencias serias en cuanto a las posibilidades de supervivencia, porque los recursos que utilizaban ya no están más, por el contexto socioeconómico que implica la expansión de las actividades agrícolas, entre ellas la expansión de la soja.”
Félix Jonathan es miembro de la comunidad wichí de General Ballivián, en el departamento salteño de San Martín: “Nosotros vivimos del monte. En el monte vamos a campear, a hacer la recolección de alimentos. Para nosotros el monte todavía existe porque ésa es nuestra cultura. No vamos a hacer desaparecer las cosas que siempre han sido nuestras. Pero nadie, ni la policía ni gendarmería, se quiere ocupar de lo que aquí sucede. Nadie interviene y, si lo hacemos nosotros, quedamos como los malos. Acá no se está respetando nada. Todos saben que el desmonte está prohibido”, dijo en una entrevista con la Redaf. “No es que nosotros queremos olvidarnos de lo que somos, sino que nos destruyen lo que nos pertenece. Queremos mantener nuestra cultura y nuestras costumbres y nos hacen quedar como los malos.”
Paruelo concluyó: “Desde la facultad estamos en condiciones de resaltar el problema de los desmontes, de visibilizarlo y de apoyar a estos pueblos en sus reclamos, pero no de solucionarlo. Es importante desde el punto de vista técnico, pero también es importante el contacto con las comunidades para saber cuáles son sus necesidades”.
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Fecha de Publicación: 20/08/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
En Salta, docentes y alumnos de Agronomía (UBA) desarrollan junto con pueblos originarios un sistema de monitoreo para detectar la deforestación en tiempo real. “Queremos contribuir a que las cosas ocurran de una manera menos injusta”, dijo el profesor José Paruelo.
Docentes, investigadores y estudiantes de la Facultad de Agronomía (UBA) trabajan junto a comunidades wichí de la provincia de Salta con el objetivo de frenar los desmontes ilegales en la zona. El trabajo comenzó con visitas a las comunidades afectadas y actualmente se está trabajando en la instalación de un sistema de monitoreo para detectar la deforestación en tiempo real. Los especialistas estiman que para fin de año ese sistema podrá ser gestionado por los propios miembros de las comunidades, con el uso de imágenes satelitales. “En la facultad se han desa-rrollado tecnologías y metodologías para mapear los cambios en el uso del suelo. Con esa tecnología se puede seguir el derrotero que tiene un lote en el campo, y no enterarnos tres años después de que se produjo el desmonte”, explicó a Página/12 José Paruelo, director de la carrera de Ciencias Ambientales, desde donde surgió la iniciativa. Las comunidades afectadas denuncian que las autoridades no hacen nada para frenar el desmonte.
“Nos importa entender cómo está ocurriendo este proceso, qué pasa con la dinámica del agua y con la biodiversidad vegetal, pero también qué sucede con las comunidades desde el punto de vista social y qué consecuencias genera en las poblaciones. Queremos contribuir a que las cosas ocurran de una manera menos injusta”, dijo Paruelo.
El trabajo comenzó en el este de Salta luego de la sanción de la Ley de Bosques, en 2008. Ese año la Corte Suprema de Justicia prohibió los desmontes en cuatro departamentos salteños (San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria) debido a una presentación de los pobladores, ya que allí se estaban registrando las tasas de desmontes más altas de la historia argentina. Según datos oficiales, a fines de los ’70 Salta ya había perdido el 25 por ciento de sus bosques nativos, producto de la expansión de la frontera agrícola, lo que afectó a pueblos originarios y criollos. La región del Chaco semiárido, que involucra, además del este de Salta, a las provincias del Chaco y Santiago del Estero, concentra el 90 por ciento de la deforestación total del país, y es una de las zonas más afectadas de toda Latinoamérica.
Aunque la ley fue sancionada, los desmontes siguieron. En ese contexto, un equipo de investigadores de la Facultad de Agronomía (Fauba) comenzó a trabajar junto a otras entidades para implementar un sistema de monitoreo que detecte la deforestación en tiempo real y que pueda ser gestionado por las propias comunidades afectadas. El trabajo incluyó la participación de estudiantes de grado y posgrado, de Ciencias Ambientales y también de la carrera de Agronomía y de otras facultades de la UBA. También formaron parte del proyecto la ONG Asociana y la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf). Se accedió a financiamiento mediante proyectos de extensión Ubanex, del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (Foncyt) y del Conicet.
“En buena parte del norte argentino se está produciendo desde hace diez años una muy fuerte expansión de la agricultura y de la ganadería –afirmó Paruelo–. Para eso es necesario desmontar el bosque original y en ese desmonte aparecen una serie de consecuencias. Los pueblos originarios y criollos son corridos y eso genera desarraigo y migración a periferias urbanas. Si no se van, quedan en una pequeña isla de monte y eso genera consecuencias serias en cuanto a las posibilidades de supervivencia, porque los recursos que utilizaban ya no están más, por el contexto socioeconómico que implica la expansión de las actividades agrícolas, entre ellas la expansión de la soja.”
Félix Jonathan es miembro de la comunidad wichí de General Ballivián, en el departamento salteño de San Martín: “Nosotros vivimos del monte. En el monte vamos a campear, a hacer la recolección de alimentos. Para nosotros el monte todavía existe porque ésa es nuestra cultura. No vamos a hacer desaparecer las cosas que siempre han sido nuestras. Pero nadie, ni la policía ni gendarmería, se quiere ocupar de lo que aquí sucede. Nadie interviene y, si lo hacemos nosotros, quedamos como los malos. Acá no se está respetando nada. Todos saben que el desmonte está prohibido”, dijo en una entrevista con la Redaf. “No es que nosotros queremos olvidarnos de lo que somos, sino que nos destruyen lo que nos pertenece. Queremos mantener nuestra cultura y nuestras costumbres y nos hacen quedar como los malos.”
Paruelo concluyó: “Desde la facultad estamos en condiciones de resaltar el problema de los desmontes, de visibilizarlo y de apoyar a estos pueblos en sus reclamos, pero no de solucionarlo. Es importante desde el punto de vista técnico, pero también es importante el contacto con las comunidades para saber cuáles son sus necesidades”.
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Córdoba: zona de conflictos por la tierra
Crece la lucha por la tierra
Fecha de Publicación: 20/08/2013
Fuente: Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba
Según la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Córdoba es una de las provincias que acumulan mayor cantidad de conflictos derivados de esta problemática.
Un informe de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, que fue presentado ante el Congreso y que releva la situación de las tierras en el país, puso de manifiesto que Córdoba es una de las provincias que más conflictos presenta en cuanto a esta problemática. Andrés Guzmán, militante de JP Evita Córdoba y precandidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, aseguró a HOY DÍA CÓRDOBA que, "según revela la recopilación de datos, en el país existen al menos 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas que son pretendidas por el sector privado y estatal". "Con 69 casos registrados, Córdoba se encuentra entre las principales provincias que concentran la mayor cantidad de conflictos", agregó a este diario. En este marco, Guzmán destacó que "1.077 familias están siendo afectadas" y que "la superficie en conflicto es de 119.974 hectáreas en cuatro departamentos de Córdoba". Los estudios difundidos fueron realizados por Ricardo Vissani y Ramiro Fresneda, directores de la Subsecretaría, delegación Córdoba. "El pico más alto de los conflictos se produjo en el período que va de fines de marzo a mediados de mayo de este año, cuando 63 familias fueron expulsadas de sus tierras y cientos de ellas padecieron la represión policial", publica el informe. Quienes realizaron el trabajo denunciaron represión policial sin órdenes judiciales o sin notificación a los perjudicados. "Los desalojos se dieron en el paraje Tres Esquinas (departamento Río Primero), Cuesta Blanca (Punilla), barrio Alberdi (Capital) y Piedra Blanca (Santa María)", resaltó Guzmán. "El 95 por ciento de las tierras del país son rurales. De ahí la importancia de que haya una ley que regule lo referido a la disposición territorial y ocupación", afirmó. En este marco, el Encuentro de Organizaciones (EO), que nuclea a diversas agrupaciones que luchan por el derecho a la vivienda, denunció que cinco automóviles con efectivos policiales irrumpieron horas atrás en el predio que ocupan familias en Piedra Blanca y “desmantelaron” varias viviendas precarias. La denuncia fue expuesta ante la Unidad Judicial 4 y apunta al comisario Oscar Martínez, quien habría encabezado el operativo.
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Fecha de Publicación: 20/08/2013
Fuente: Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba
Según la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Córdoba es una de las provincias que acumulan mayor cantidad de conflictos derivados de esta problemática.Un informe de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, que fue presentado ante el Congreso y que releva la situación de las tierras en el país, puso de manifiesto que Córdoba es una de las provincias que más conflictos presenta en cuanto a esta problemática. Andrés Guzmán, militante de JP Evita Córdoba y precandidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, aseguró a HOY DÍA CÓRDOBA que, "según revela la recopilación de datos, en el país existen al menos 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas que son pretendidas por el sector privado y estatal". "Con 69 casos registrados, Córdoba se encuentra entre las principales provincias que concentran la mayor cantidad de conflictos", agregó a este diario. En este marco, Guzmán destacó que "1.077 familias están siendo afectadas" y que "la superficie en conflicto es de 119.974 hectáreas en cuatro departamentos de Córdoba". Los estudios difundidos fueron realizados por Ricardo Vissani y Ramiro Fresneda, directores de la Subsecretaría, delegación Córdoba. "El pico más alto de los conflictos se produjo en el período que va de fines de marzo a mediados de mayo de este año, cuando 63 familias fueron expulsadas de sus tierras y cientos de ellas padecieron la represión policial", publica el informe. Quienes realizaron el trabajo denunciaron represión policial sin órdenes judiciales o sin notificación a los perjudicados. "Los desalojos se dieron en el paraje Tres Esquinas (departamento Río Primero), Cuesta Blanca (Punilla), barrio Alberdi (Capital) y Piedra Blanca (Santa María)", resaltó Guzmán. "El 95 por ciento de las tierras del país son rurales. De ahí la importancia de que haya una ley que regule lo referido a la disposición territorial y ocupación", afirmó. En este marco, el Encuentro de Organizaciones (EO), que nuclea a diversas agrupaciones que luchan por el derecho a la vivienda, denunció que cinco automóviles con efectivos policiales irrumpieron horas atrás en el predio que ocupan familias en Piedra Blanca y “desmantelaron” varias viviendas precarias. La denuncia fue expuesta ante la Unidad Judicial 4 y apunta al comisario Oscar Martínez, quien habría encabezado el operativo.
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La industria de biodiesel en decadencia
La industria de biodiesel alerta sobre la caída de la actividad
Fecha de Publicación: 19/08/2013
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional
La cámara del sector señala que las fábricas trabajan al 40 por ciento de su capacidad. Reclaman un nuevo tratamiento fiscal para ese combustible.
La industria de biocombustibles de la Argentina planteó una dura advertencia sobre el impacto que puede generar la caída de la actividad de este sector —por efecto de las restricciones que impuso la Unión Europea al ingreso de biodiesel argentino— sobre el empleo, la actividad manufacturera y demandó un tratamiento igualitario en materia tributaria para este combustible, similar al que tiene el gasoil importado.
Así lo expresó la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), la cual explicó que "con instalaciones capaces de producir hasta 4,18 millones de toneladas anuales, la industria argentina de biocombustible está utilizando hoy menos de un 40 por ciento de esa capacidad instalada".
"Las restricciones a las exportaciones de biodiesel a Europa ya están generando un enorme daño a la economía argentina", indicó la cámara en un comunicado en el cual detalló que "las ventas totales mensuales al exterior se redujeron de 150 mil toneladas en el período enero-junio 2012, a 60 mil toneladas por mes en promedio durante el primer semestre de este año".
Una cifra que representa la primera caída interanual de exportaciones argentinas de biodiesel, que "provocó que la industria perdiera su rol líder en los mercados".
Carbio recordó que ante las restricciones impuestas por Europa "ha generado una enorme pérdida de valor para toda la cadena y por lo tanto para el país" y señaló que "existe la posibilidad de sostener esta industria con el aumento de corte en el mercado interno, sosteniendo los precios de la cadena y el empleo, además de sustituir en parte las crecientes importaciones de gasoil con un producto 100 por ciento nacional evitando la salida de divisas".
Otro tratamiento fiscal.En ese marco, la Carbio señala que "es necesario que el biodiesel pueda contar con el mismo régimen impositivo que el gasoil importado". Este último está exento del pago de 41 por ciento de impuestos al gasoil y el ex ITC (impuesto a la trasferencia de combustibles), mientras que el biodiesel producido en el país con mano de obra e insumos locales sí los tributa.
"Además de ser discriminatorio con la propia industria argentina, el consumidor paga más por un producto renovable que trae beneficios sociales por la mejora al medio ambiente y el trabajo que genera en el país", indican desde la cámara que reúne a las compañías del sector.
Menos valor agregado.Por otra parte, Carbio indica que de esta situación "provoca que Argentina este "comoditizando" nuevamente las exportaciones ya que debió salir a vender mayores cantidades de aceite en un mercado con demanda inelástica, situación que ya derrumbó los precios de uno de nuestros principales productos de exportación.
A fines de 2012, la Unión Europea inició una investigación por dumping y subsidios al biodiesel argentino, lo que generó una sustancial reducción de los volúmenes exportados a ese destino. "Por no haber posibles reemplazos ello implicó una drástica reducción de nuestros flujos hacia el exterior", se quejó Carbio.
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Fecha de Publicación: 19/08/2013
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional
La cámara del sector señala que las fábricas trabajan al 40 por ciento de su capacidad. Reclaman un nuevo tratamiento fiscal para ese combustible.La industria de biocombustibles de la Argentina planteó una dura advertencia sobre el impacto que puede generar la caída de la actividad de este sector —por efecto de las restricciones que impuso la Unión Europea al ingreso de biodiesel argentino— sobre el empleo, la actividad manufacturera y demandó un tratamiento igualitario en materia tributaria para este combustible, similar al que tiene el gasoil importado.
Así lo expresó la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), la cual explicó que "con instalaciones capaces de producir hasta 4,18 millones de toneladas anuales, la industria argentina de biocombustible está utilizando hoy menos de un 40 por ciento de esa capacidad instalada".
"Las restricciones a las exportaciones de biodiesel a Europa ya están generando un enorme daño a la economía argentina", indicó la cámara en un comunicado en el cual detalló que "las ventas totales mensuales al exterior se redujeron de 150 mil toneladas en el período enero-junio 2012, a 60 mil toneladas por mes en promedio durante el primer semestre de este año".
Una cifra que representa la primera caída interanual de exportaciones argentinas de biodiesel, que "provocó que la industria perdiera su rol líder en los mercados".
Carbio recordó que ante las restricciones impuestas por Europa "ha generado una enorme pérdida de valor para toda la cadena y por lo tanto para el país" y señaló que "existe la posibilidad de sostener esta industria con el aumento de corte en el mercado interno, sosteniendo los precios de la cadena y el empleo, además de sustituir en parte las crecientes importaciones de gasoil con un producto 100 por ciento nacional evitando la salida de divisas".
Otro tratamiento fiscal.En ese marco, la Carbio señala que "es necesario que el biodiesel pueda contar con el mismo régimen impositivo que el gasoil importado". Este último está exento del pago de 41 por ciento de impuestos al gasoil y el ex ITC (impuesto a la trasferencia de combustibles), mientras que el biodiesel producido en el país con mano de obra e insumos locales sí los tributa.
"Además de ser discriminatorio con la propia industria argentina, el consumidor paga más por un producto renovable que trae beneficios sociales por la mejora al medio ambiente y el trabajo que genera en el país", indican desde la cámara que reúne a las compañías del sector.
Menos valor agregado.Por otra parte, Carbio indica que de esta situación "provoca que Argentina este "comoditizando" nuevamente las exportaciones ya que debió salir a vender mayores cantidades de aceite en un mercado con demanda inelástica, situación que ya derrumbó los precios de uno de nuestros principales productos de exportación.
A fines de 2012, la Unión Europea inició una investigación por dumping y subsidios al biodiesel argentino, lo que generó una sustancial reducción de los volúmenes exportados a ese destino. "Por no haber posibles reemplazos ello implicó una drástica reducción de nuestros flujos hacia el exterior", se quejó Carbio.
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