Santa Fe: otro intento de cuidar la población de agrotóxicos
08:24 | 
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La Legislatura provincial evalúa modificar la ley de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 19/06/2013
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
La iniciativa presentada por el diputado Tessa fue elaborada por entidades y vecinos nucleados en la campaña Paren de Fumigarnos. Ingresó un proyecto basado en las distancias de aplicación y no en la toxicidad de los productos, como fija la norma vigente.
Entidades ambientalistas, vecinos de pueblos fumigados y dirigentes gremiales nucleados en la campaña Paren de Fumigarnos presentaron ayer en Rosario un proyecto de su autoría que ingresó a la Legislatura santafesina para modificar la ley de agroquímicos en la provincia. La propuesta establece parámetros sobre en las distancias de aplicación respecto de los lugares poblados, y no se basa en la toxicidad de los plaguicidas, tal como lo establece la norma actual Nº 11.273.
La iniciativa entre otros objetivos busca prohibir la fumigación aérea y limitar todo tipo de aspersiones a 800 metros de centros poblados y zonas sensibles y a 1.000 de las escuelas rurales. Además propone priorizar las áreas libres de agroquímicos para la producción de alimentos de consumo humano y de agricultura familiar, actividades desplazadas por las explotaciones agrarias fuertemente basadas en métodos químicos y manipulación genética, con graves consecuencias para la salud de la población.
El texto propuesto introduce también regulaciones a la venta, transporte y aplicación de agroquímicos, a la utilización en plantas de acopio y banquinas, y disposiciones sobre el destino de los envases, entre otras restricciones.
"Desde la Cámara de Diputados nos llegó el ofrecimiento de dar forma legal a esos mínimos aunque indispensables paliativos por los cuales reclamaron con su firma cerca de 30 mil santafesinos en 2012 y fue así que, con el aporte y la firma del diputado José María Tessa, durante la última semana de mayo se presentó el borrador para que los legisladores lo evalúen y lo conviertan en ley", señalaron los impulsores del proyecto.
El proyecto fue rubricado además por los diputados Santiago Mascheroni; Pablo Di Bert; Oscar Urruty y Gerardo Rico.
Intentos fallidos. En los últimos tres años, los integrantes del colectivo ambientalista Paren de Fumigarnos, integrado en Santa Fe por organizaciones y vecinos de más de 90 pueblos, intentaron sin éxito introducir iniciativas en la Lelgislatura santafesina. "Una tras otra fueron ignoradas, ocultadas y en ocasiones confrontadas con proyectos en los que claramente aparece la asesoría del aceitado lobby empresarial-lucrativo", recordaron los impulsores de la nueva iniciativa.
El flamante proyecto postula un cambio radical de los parámetros para la aplicación de plaguicidas, ya que la ley vigente Nº 11.273 se basa en la toxicidad (determinada por el Senasa) de los agrotóxicos a la hora de fijar distancias desde las zonas pobladas.
Es que algunos productos que en Argentina son clasificados como de baja toxicidad (como el glifosato, considerado de "banda verde"), en otras partes del mundo están prohibidos porque está científicamente demostrada su alta peligrosidad para la salud humana y para el medio ambiente.
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Fecha de Publicación: 19/06/2013
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
La iniciativa presentada por el diputado Tessa fue elaborada por entidades y vecinos nucleados en la campaña Paren de Fumigarnos. Ingresó un proyecto basado en las distancias de aplicación y no en la toxicidad de los productos, como fija la norma vigente.Entidades ambientalistas, vecinos de pueblos fumigados y dirigentes gremiales nucleados en la campaña Paren de Fumigarnos presentaron ayer en Rosario un proyecto de su autoría que ingresó a la Legislatura santafesina para modificar la ley de agroquímicos en la provincia. La propuesta establece parámetros sobre en las distancias de aplicación respecto de los lugares poblados, y no se basa en la toxicidad de los plaguicidas, tal como lo establece la norma actual Nº 11.273.
La iniciativa entre otros objetivos busca prohibir la fumigación aérea y limitar todo tipo de aspersiones a 800 metros de centros poblados y zonas sensibles y a 1.000 de las escuelas rurales. Además propone priorizar las áreas libres de agroquímicos para la producción de alimentos de consumo humano y de agricultura familiar, actividades desplazadas por las explotaciones agrarias fuertemente basadas en métodos químicos y manipulación genética, con graves consecuencias para la salud de la población.
El texto propuesto introduce también regulaciones a la venta, transporte y aplicación de agroquímicos, a la utilización en plantas de acopio y banquinas, y disposiciones sobre el destino de los envases, entre otras restricciones.
"Desde la Cámara de Diputados nos llegó el ofrecimiento de dar forma legal a esos mínimos aunque indispensables paliativos por los cuales reclamaron con su firma cerca de 30 mil santafesinos en 2012 y fue así que, con el aporte y la firma del diputado José María Tessa, durante la última semana de mayo se presentó el borrador para que los legisladores lo evalúen y lo conviertan en ley", señalaron los impulsores del proyecto.
El proyecto fue rubricado además por los diputados Santiago Mascheroni; Pablo Di Bert; Oscar Urruty y Gerardo Rico.
Intentos fallidos. En los últimos tres años, los integrantes del colectivo ambientalista Paren de Fumigarnos, integrado en Santa Fe por organizaciones y vecinos de más de 90 pueblos, intentaron sin éxito introducir iniciativas en la Lelgislatura santafesina. "Una tras otra fueron ignoradas, ocultadas y en ocasiones confrontadas con proyectos en los que claramente aparece la asesoría del aceitado lobby empresarial-lucrativo", recordaron los impulsores de la nueva iniciativa.
El flamante proyecto postula un cambio radical de los parámetros para la aplicación de plaguicidas, ya que la ley vigente Nº 11.273 se basa en la toxicidad (determinada por el Senasa) de los agrotóxicos a la hora de fijar distancias desde las zonas pobladas.
Es que algunos productos que en Argentina son clasificados como de baja toxicidad (como el glifosato, considerado de "banda verde"), en otras partes del mundo están prohibidos porque está científicamente demostrada su alta peligrosidad para la salud humana y para el medio ambiente.
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“Basura Cero: Un futuro sin desperdicios”
Basura Cero: La incineración no soluciona la crisis de los residuos
Fecha de Publicación: 18/06/2013
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Capital Federal
Esta mañana se realizó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la conferencia “Basura Cero: Un futuro sin desperdicios”, a cargo del Dr. Paul Connett[1], especialista en gestión de residuos, quien alertó sobre los riesgos de la incineración. El evento fue convocado por la Coalición Anti-incineración (de la cual forma parte la organización ambientalista Greenpeace) y la Alianza Global por Alternativas a la Incineración (GAIA), y contó con la participación de Legisladores, funcionarios del Gobierno de la Ciudad y referentes locales en la materia.
Connett advirtió sobre de los impactos ambientales y sanitarios de la incineración y sostuvo que no es una solución a la crisis de los residuos. Para el especialista la única estrategia sustentable es la implementación de la Ley de Basura Cero.
Las tecnologías de incineración que se promueven falsamente como solución a los rellenos sanitarios, en la práctica siguen necesitando lugares de disposición final para las cenizas (resultado del proceso de combustión) que son altamente tóxicas. Además, de la combustión se generan emisiones de un sinfín de sustancias peligrosas que afectan la salud de las personas.
El doctor dejó en evidencia casos y proyectos fallidos que son promovidos por la industria de la incineración como ejemplos exitosos de nuevas tecnologías. Señaló que en el mundo no existen experiencias de pirolisis o gasificación en actividad que utilicen residuos domiciliarios; ambas tecnologías son citadas frecuentemente por el sector corporativo de la incineración, por sus supuestas ventajas.
Greenpeace, como miembro activo de la Coalición[2], denunció en reiteradas oportunidades el colapso de los rellenos del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y la creciente polémica por la aparición de varios proyectos de gestión de residuos sólidos urbanos que prevén la incineración e implican nuevos riesgos ambientales y sanitarios. Recientemente advirtió que el GCBA estaba evaluando proyectos de incineración presentados en una licitación para plantas de tratamiento de basura, prohibidos por la Ley 1854.
(1) Paul Connett, graduado de la Universidad de Cambridge, es doctor en química por la Universidad de Dartmouth y especialista en química y toxicología ambiental. Durante las últimas tres décadas, se ha dedicado a investigar sobre gestión de residuos y ha realizado más de 2.500 presentaciones públicas en 60 países. Actualmente, dirige el Proyecto de Estudios sobre la Salud Ambiental de EE.UU. (AEHSP) por sus siglas en inglés
(2) La Coalición Ciudadana Anti-incineración, creada en 1995, es una red de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales que, preocupados por la expansión de la incineración de residuos en la Argentina y sus impactos sobre el ambiente y la salud humana, busca promover alternativas sustentables.
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Fecha de Publicación: 18/06/2013
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Capital Federal
Esta mañana se realizó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la conferencia “Basura Cero: Un futuro sin desperdicios”, a cargo del Dr. Paul Connett[1], especialista en gestión de residuos, quien alertó sobre los riesgos de la incineración. El evento fue convocado por la Coalición Anti-incineración (de la cual forma parte la organización ambientalista Greenpeace) y la Alianza Global por Alternativas a la Incineración (GAIA), y contó con la participación de Legisladores, funcionarios del Gobierno de la Ciudad y referentes locales en la materia.Connett advirtió sobre de los impactos ambientales y sanitarios de la incineración y sostuvo que no es una solución a la crisis de los residuos. Para el especialista la única estrategia sustentable es la implementación de la Ley de Basura Cero.
Las tecnologías de incineración que se promueven falsamente como solución a los rellenos sanitarios, en la práctica siguen necesitando lugares de disposición final para las cenizas (resultado del proceso de combustión) que son altamente tóxicas. Además, de la combustión se generan emisiones de un sinfín de sustancias peligrosas que afectan la salud de las personas.
El doctor dejó en evidencia casos y proyectos fallidos que son promovidos por la industria de la incineración como ejemplos exitosos de nuevas tecnologías. Señaló que en el mundo no existen experiencias de pirolisis o gasificación en actividad que utilicen residuos domiciliarios; ambas tecnologías son citadas frecuentemente por el sector corporativo de la incineración, por sus supuestas ventajas.
Greenpeace, como miembro activo de la Coalición[2], denunció en reiteradas oportunidades el colapso de los rellenos del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y la creciente polémica por la aparición de varios proyectos de gestión de residuos sólidos urbanos que prevén la incineración e implican nuevos riesgos ambientales y sanitarios. Recientemente advirtió que el GCBA estaba evaluando proyectos de incineración presentados en una licitación para plantas de tratamiento de basura, prohibidos por la Ley 1854.
(1) Paul Connett, graduado de la Universidad de Cambridge, es doctor en química por la Universidad de Dartmouth y especialista en química y toxicología ambiental. Durante las últimas tres décadas, se ha dedicado a investigar sobre gestión de residuos y ha realizado más de 2.500 presentaciones públicas en 60 países. Actualmente, dirige el Proyecto de Estudios sobre la Salud Ambiental de EE.UU. (AEHSP) por sus siglas en inglés
(2) La Coalición Ciudadana Anti-incineración, creada en 1995, es una red de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales que, preocupados por la expansión de la incineración de residuos en la Argentina y sus impactos sobre el ambiente y la salud humana, busca promover alternativas sustentables.
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Santa Cruz: rebeldía fiscal minera. Quieren más.
Mineras en rebeldía fiscal
Fecha de Publicación: 18/06/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santa Cruz
Las compañías mineras que operan en la provincia austral se resisten a pagar un gravamen fijado recientemente para el sector. Irán a la Justicia para rechazar la mayor carga impositiva. Temen que sea un antecedente que pueda ser imitado por otros distritos.
Las empresas mineras que operan en Santa Cruz anticiparon que no pagarán el impuesto que aprobó recientemente la Legislatura provincial y llevarían su reclamo a la Justicia en los próximos días. El Impuesto Inmobiliario que grava con una alícuota del 1 por ciento a las reservas de minerales declaradas desató el reclamo del sector, celoso de proteger el generoso esquema tributario de los ‘90. Las mineras buscan evitar que otras provincias, que también están preocupadas en cómo captar una mayor porción de la renta minera, imiten el mecanismo. Por otro lado, si bien el giro de utilidades está limitado por el gobierno, en línea con el control de cambios, en el primer trimestre el sector fue favorecido frente a otros.
La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó el jueves pasado el Impuesto Inmobiliario Minero, que grava con una alícuota del 1 por ciento el valor de las reservas del yacimiento. El proyecto fue impulsado por el gobernador Daniel Peralta, quien está enfrentado con el gobierno nacional, y contó con la aprobación de los legisladores peronistas que le responden y de la UCR, mientras que el kirchnerismo se abstuvo.
A partir de la ley, las mineras deben presentar de forma anual una declaración jurada donde se detalla el volumen de las reservas, “el cual no podrá ser menor al volumen consignado en el estudio de factibilidad –que se realiza al comienzo de la inversión– y/o en los estados contables, más las variaciones emergentes de la explotación de la mina y la exploración llevada a cabo”, indica la norma. La cotización de las reservas se determinará por el precio del metal en el mercado nacional o internacional, según el que resulte mayor al último día hábil del año.
Las mineras plantean que la norma viola la estabilidad fiscal que les fue asegurada por 30 años a comienzos de los ‘90, por lo que se negarán a pagar el impuesto e irán a la Justicia. El argumento de la estabilidad fiscal es un clásico por parte de las empresas ante cada modificación del esquema de captación de la renta por parte del sector público. Del mismo modo, las mineras sostienen que los derechos de exportación que aplicó Néstor Kirchner durante su presidencia también violan el pacto fiscal, el cual supone una ventaja extraordinaria para las empresas con relación a otros sectores cuyas inversiones también son riesgosas e inciertas.
Los proyectos más importantes en Santa Cruz son Cerro Vanguardia, propiedad en un 92,5 por ciento de AngloGold Ashanti y 7,5 por ciento de la empresa provincial Fomicruz; Manantial Espejo, de Pan American Silver Corp; la mina San José, de Minera Santa Cruz; y la mina Martha, de Minera Polimet. En tanto, Yamana Gold busca explotar para 2015 oro y plata en Puerto Deseado, donde tiene problemas con la comunidad, después de no haberse podido instalar en Esquel por el fuerte rechazo popular. La norma votada por Santa Cruz marca que los proyectos en etapa de prospección y exploración quedan exentos hasta haber presentado el estudio de factibilidad, al igual que los proyectos con participación de Fomicruz.
Desde el año pasado, el gobierno limita el giro de dividendos al exterior. La regulación no es escrita, aunque rige para todos los sectores en línea con la introducción de la prohibición para la compra de dólares para atesorar. En términos relativos frente a otras actividades, la minería en el primer trimestre resultó beneficiada. Según el último balance cambiario del Banco Central, la minería explicó 105 de los 153 millones de dólares que se giraron al exterior. De todos modos resulta un monto inferior al registrado años anteriores, cuando no existía el control de cambios. Según fuentes consultadas por este diario, Minera Alumbrera, que opera en Catamarca, puede enviar al exterior 1 millón de dólares por día, unos 250 millones anuales. Barrick Gold, que extrae oro en el yacimiento de Veladero, en tanto, reinvierte utilidades para su megaproyecto binacional Pascua-Lama, aunque pide al gobierno que apruebe giros como señal hacia su casa matriz.
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Fecha de Publicación: 18/06/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santa Cruz
Las compañías mineras que operan en la provincia austral se resisten a pagar un gravamen fijado recientemente para el sector. Irán a la Justicia para rechazar la mayor carga impositiva. Temen que sea un antecedente que pueda ser imitado por otros distritos.
Las empresas mineras que operan en Santa Cruz anticiparon que no pagarán el impuesto que aprobó recientemente la Legislatura provincial y llevarían su reclamo a la Justicia en los próximos días. El Impuesto Inmobiliario que grava con una alícuota del 1 por ciento a las reservas de minerales declaradas desató el reclamo del sector, celoso de proteger el generoso esquema tributario de los ‘90. Las mineras buscan evitar que otras provincias, que también están preocupadas en cómo captar una mayor porción de la renta minera, imiten el mecanismo. Por otro lado, si bien el giro de utilidades está limitado por el gobierno, en línea con el control de cambios, en el primer trimestre el sector fue favorecido frente a otros.
La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó el jueves pasado el Impuesto Inmobiliario Minero, que grava con una alícuota del 1 por ciento el valor de las reservas del yacimiento. El proyecto fue impulsado por el gobernador Daniel Peralta, quien está enfrentado con el gobierno nacional, y contó con la aprobación de los legisladores peronistas que le responden y de la UCR, mientras que el kirchnerismo se abstuvo.
A partir de la ley, las mineras deben presentar de forma anual una declaración jurada donde se detalla el volumen de las reservas, “el cual no podrá ser menor al volumen consignado en el estudio de factibilidad –que se realiza al comienzo de la inversión– y/o en los estados contables, más las variaciones emergentes de la explotación de la mina y la exploración llevada a cabo”, indica la norma. La cotización de las reservas se determinará por el precio del metal en el mercado nacional o internacional, según el que resulte mayor al último día hábil del año.
Las mineras plantean que la norma viola la estabilidad fiscal que les fue asegurada por 30 años a comienzos de los ‘90, por lo que se negarán a pagar el impuesto e irán a la Justicia. El argumento de la estabilidad fiscal es un clásico por parte de las empresas ante cada modificación del esquema de captación de la renta por parte del sector público. Del mismo modo, las mineras sostienen que los derechos de exportación que aplicó Néstor Kirchner durante su presidencia también violan el pacto fiscal, el cual supone una ventaja extraordinaria para las empresas con relación a otros sectores cuyas inversiones también son riesgosas e inciertas.
Los proyectos más importantes en Santa Cruz son Cerro Vanguardia, propiedad en un 92,5 por ciento de AngloGold Ashanti y 7,5 por ciento de la empresa provincial Fomicruz; Manantial Espejo, de Pan American Silver Corp; la mina San José, de Minera Santa Cruz; y la mina Martha, de Minera Polimet. En tanto, Yamana Gold busca explotar para 2015 oro y plata en Puerto Deseado, donde tiene problemas con la comunidad, después de no haberse podido instalar en Esquel por el fuerte rechazo popular. La norma votada por Santa Cruz marca que los proyectos en etapa de prospección y exploración quedan exentos hasta haber presentado el estudio de factibilidad, al igual que los proyectos con participación de Fomicruz.
Desde el año pasado, el gobierno limita el giro de dividendos al exterior. La regulación no es escrita, aunque rige para todos los sectores en línea con la introducción de la prohibición para la compra de dólares para atesorar. En términos relativos frente a otras actividades, la minería en el primer trimestre resultó beneficiada. Según el último balance cambiario del Banco Central, la minería explicó 105 de los 153 millones de dólares que se giraron al exterior. De todos modos resulta un monto inferior al registrado años anteriores, cuando no existía el control de cambios. Según fuentes consultadas por este diario, Minera Alumbrera, que opera en Catamarca, puede enviar al exterior 1 millón de dólares por día, unos 250 millones anuales. Barrick Gold, que extrae oro en el yacimiento de Veladero, en tanto, reinvierte utilidades para su megaproyecto binacional Pascua-Lama, aunque pide al gobierno que apruebe giros como señal hacia su casa matriz.
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La ley de Semillas saldrá luego de las elecciones
Argentina: le darán un negocio en bandeja a Monsanto
Fecha de Publicación: 18/06/2013
Fuente: biodiversidadla.org - Diario Hoy
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, aseguró ayer que el envío del proyecto de ley de Semillas quedaría para después de las elecciones de octubre para evitar que esta iniciativa "se manche de contenido político".
Con esa frase, el funcionario intenta correr el eje del debate que han instalado los pequeños y medianos productores, y que este diario ha publicado a mediados de febrero: la Ley de Semillas implica un negocio millonario a la medida de las corporaciones que comercializan semillas y biotecnología, principalmente Monsanto, Nidera y Syngenta, perjudicando a las economías regionales.
Concretamente, la nueva ley buscaría extender la propiedad intelectual mas allá de la función del evento en la semilla en sí mismo, abarcando el control sobre la comercialización de lo producido, lo que violaría la actual normativa argentina que declara no patentables a las variedades vegetales, plantas y semillas. Mediante la nueva ley se deroga además el “uso propio” gratuito de semillas.
Se trataría de un negociado multimillonario que podría terminar hipotecando uno de los recursos más valiosos que tiene nuestro país: la actividad agrícola.
La iniciativa, a su vez, tendría otro costado oscuro: incrementaría de forma considerable los costos de producción, lo que podría implicar importantes aumentos en los precios de los alimentos, agravando aún más la escalada inflacionaria que se registra en el país, de manera ininterrumpida, desde el año 2007.
El secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa y productor agropecuario, Matías de Velazco, explicó a Hoy que “con el proyecto de ley del Gobierno las semillas se dividen en los genes por un lado, que pasan a estar regulados por la ley de patentes y las semillas por la ley de semillas. Es como si cuando uno va a comprar un auto tiene que pagarle impuesto al que fabrica los neumáticos, la radio, etcétera, por se parado. Una barbaridad”. Y agregó: “Si sale ese proyecto, el que pierde es el sector productivo agropecuario en general, pequeño y mediano, mientras que los grandes beneficiados son los semilleros y las biotecnológicas”, como Monsanto.
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Fecha de Publicación: 18/06/2013
Fuente: biodiversidadla.org - Diario Hoy
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, aseguró ayer que el envío del proyecto de ley de Semillas quedaría para después de las elecciones de octubre para evitar que esta iniciativa "se manche de contenido político".
Con esa frase, el funcionario intenta correr el eje del debate que han instalado los pequeños y medianos productores, y que este diario ha publicado a mediados de febrero: la Ley de Semillas implica un negocio millonario a la medida de las corporaciones que comercializan semillas y biotecnología, principalmente Monsanto, Nidera y Syngenta, perjudicando a las economías regionales.
Concretamente, la nueva ley buscaría extender la propiedad intelectual mas allá de la función del evento en la semilla en sí mismo, abarcando el control sobre la comercialización de lo producido, lo que violaría la actual normativa argentina que declara no patentables a las variedades vegetales, plantas y semillas. Mediante la nueva ley se deroga además el “uso propio” gratuito de semillas.
Se trataría de un negociado multimillonario que podría terminar hipotecando uno de los recursos más valiosos que tiene nuestro país: la actividad agrícola.
La iniciativa, a su vez, tendría otro costado oscuro: incrementaría de forma considerable los costos de producción, lo que podría implicar importantes aumentos en los precios de los alimentos, agravando aún más la escalada inflacionaria que se registra en el país, de manera ininterrumpida, desde el año 2007.
El secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa y productor agropecuario, Matías de Velazco, explicó a Hoy que “con el proyecto de ley del Gobierno las semillas se dividen en los genes por un lado, que pasan a estar regulados por la ley de patentes y las semillas por la ley de semillas. Es como si cuando uno va a comprar un auto tiene que pagarle impuesto al que fabrica los neumáticos, la radio, etcétera, por se parado. Una barbaridad”. Y agregó: “Si sale ese proyecto, el que pierde es el sector productivo agropecuario en general, pequeño y mediano, mientras que los grandes beneficiados son los semilleros y las biotecnológicas”, como Monsanto.
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A pesar de la negación del gobierno, los desmontes siguen
Ambientalistas afirman que continúan los desmontes en Córdoba
Fecha de Publicación: 17/06/2013
Fuente: Telam
Provincia/Región: Córdoba
La presentación, con publicaciones de numerosos investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, fue efectuada por el Foro Ambiental Córdoba ante el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía que encabeza Manuel Calvo, con el fin de aportar "estudios científicos sobre la situación de los bosques y desmontes".
De acuerdo con la asociación, los trabajos muestran "la pérdida de 68.176 hectáreas de tierras forestales entre 2006 y 2011 en la Región Chaqueña de Córdoba", en el noroeste de la provincia.
Asimismo aportaron datos sobre la "dramática reducción" de la superficie de bosques cerrados en el norte, noroeste y oeste cordobés, que pasó de un 25% en 1999 a un 5% en 2010, y el desmonte de 8.162 hectáreas desde diciembre de 2011.
"Esperamos que esta información, generada desde distintos ámbitos académicos", sirva a las autoridades "para tener un conocimiento más preciso de la problemática de los bosques en la provincia", aseguraron Federico Kopta y Carolina Quir, presidente y secretaria del Foro, respectivamente.
Asimismo solicitaron al gobierno cordobés que "los pedidos de información pendientes tengan una pronta y precisa respuesta", dado que se han requerido explicaciones "sobre cada uno de los desmontes detectados por la Asociación Guyra Paraguay desde diciembre de 2011".
Los pedidos fueron realizados en el marco de la Ley 8.803 de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado de la Provincia de Córdoba y hasta el momento, según los ambientalistas, de un total de 19 solicitudes sólo recibieron dos respuestas.
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Fecha de Publicación: 17/06/2013
Fuente: Telam
Provincia/Región: Córdoba
La presentación, con publicaciones de numerosos investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, fue efectuada por el Foro Ambiental Córdoba ante el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía que encabeza Manuel Calvo, con el fin de aportar "estudios científicos sobre la situación de los bosques y desmontes".De acuerdo con la asociación, los trabajos muestran "la pérdida de 68.176 hectáreas de tierras forestales entre 2006 y 2011 en la Región Chaqueña de Córdoba", en el noroeste de la provincia.
Asimismo aportaron datos sobre la "dramática reducción" de la superficie de bosques cerrados en el norte, noroeste y oeste cordobés, que pasó de un 25% en 1999 a un 5% en 2010, y el desmonte de 8.162 hectáreas desde diciembre de 2011.
"Esperamos que esta información, generada desde distintos ámbitos académicos", sirva a las autoridades "para tener un conocimiento más preciso de la problemática de los bosques en la provincia", aseguraron Federico Kopta y Carolina Quir, presidente y secretaria del Foro, respectivamente.
Asimismo solicitaron al gobierno cordobés que "los pedidos de información pendientes tengan una pronta y precisa respuesta", dado que se han requerido explicaciones "sobre cada uno de los desmontes detectados por la Asociación Guyra Paraguay desde diciembre de 2011".
Los pedidos fueron realizados en el marco de la Ley 8.803 de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado de la Provincia de Córdoba y hasta el momento, según los ambientalistas, de un total de 19 solicitudes sólo recibieron dos respuestas.
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La UBA tratará residuos para hacerlos combustibles
Universidad transformará basura en biocombustible
Fecha de Publicación: 17/06/2013
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Buenos Aires
La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) trabaja en la separación de residuos en origen y la producción de biocombustibles en viejos rellenos sanitarios y compost con miras a reducir las seis toneladas de basura diarias que se colectan en la ciudad.
Esta planta completa en parte el Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), impulsado por el municipio, sólo para trabajar sobre los residuos de los grandes generadores del distrito: barrios cerrados, bancos y grandes comercios, como así también los residuos que se generan en la vía pública.
La UBA, indicaron desde la entidad, genera 518.000 kilos de residuos sólidos, de los cuales el 50% son reciclables y podrían volver al circuito industrial.
Por sus aulas y pasillos circulan 360.000 personas, es decir el 10% de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con el objetivo puesto en la mejora del ambiente, hace tres años los investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) comenzaron a trabajar en el programa Manejo Integral de los Residuos por el Ambiente (MIRA) que promueve la racionalidad del consumo y el manejo de residuos domésticos.
Así lograron concretar el proyecto institucional de separación en origen FAUBA Verde y desarrollar nuevas tecnologías para mitigar el impacto ambiental.
Junto al CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) iniciaron trabajos para desarrollar nuevas tecnologías y transferirlas con soluciones que abarcan desde la producción de compost hasta el uso de rellenos sanitarios clausurados para producir biomasa y generar energía.
En tres años lograron que los rellenos sanitarios que se cierran a la siembra de pasto se utilicen en canchas de golf y los de "plantas lignocelulósica para producir energía renovable", explicó la investigadora de la cátedra de Fertilidad y Fertilizantes de la FAUBA Marta Zubillaga.
Además en la planta norte del CEAMSE, los investigadores producen un compost con los residuos sólidos orgánicos provenientes de la poda de árboles del área metropolitana bonaerense.
Otra línea de trabajo entre la FAUBA y el CEAMSE es la utilización de viejos rellenos sanitarios clausurados, para producir biomasa (materia verde) con plantas energéticas.
"Podemos generar biomasa para la elaboración de biocombustibles de segunda generación en tierras que no son aptas para la agricultura y que, por lo tanto, no compiten con la producción de alimentos" explico Zubillaga.
Al respecto indicó que en esos rellenos se siembra la especie Miscanthus Giganteus, que importaron recientemente al país.
Hoy, el invernáculo de la Facultad de Agronomía de la UBA es el único autorizado para reproducir los rizomas de esta especie.
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Fecha de Publicación: 17/06/2013
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Buenos Aires
La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) trabaja en la separación de residuos en origen y la producción de biocombustibles en viejos rellenos sanitarios y compost con miras a reducir las seis toneladas de basura diarias que se colectan en la ciudad.Esta planta completa en parte el Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), impulsado por el municipio, sólo para trabajar sobre los residuos de los grandes generadores del distrito: barrios cerrados, bancos y grandes comercios, como así también los residuos que se generan en la vía pública.
La UBA, indicaron desde la entidad, genera 518.000 kilos de residuos sólidos, de los cuales el 50% son reciclables y podrían volver al circuito industrial.
Por sus aulas y pasillos circulan 360.000 personas, es decir el 10% de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con el objetivo puesto en la mejora del ambiente, hace tres años los investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) comenzaron a trabajar en el programa Manejo Integral de los Residuos por el Ambiente (MIRA) que promueve la racionalidad del consumo y el manejo de residuos domésticos.
Así lograron concretar el proyecto institucional de separación en origen FAUBA Verde y desarrollar nuevas tecnologías para mitigar el impacto ambiental.
Junto al CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) iniciaron trabajos para desarrollar nuevas tecnologías y transferirlas con soluciones que abarcan desde la producción de compost hasta el uso de rellenos sanitarios clausurados para producir biomasa y generar energía.
En tres años lograron que los rellenos sanitarios que se cierran a la siembra de pasto se utilicen en canchas de golf y los de "plantas lignocelulósica para producir energía renovable", explicó la investigadora de la cátedra de Fertilidad y Fertilizantes de la FAUBA Marta Zubillaga.
Además en la planta norte del CEAMSE, los investigadores producen un compost con los residuos sólidos orgánicos provenientes de la poda de árboles del área metropolitana bonaerense.
Otra línea de trabajo entre la FAUBA y el CEAMSE es la utilización de viejos rellenos sanitarios clausurados, para producir biomasa (materia verde) con plantas energéticas.
"Podemos generar biomasa para la elaboración de biocombustibles de segunda generación en tierras que no son aptas para la agricultura y que, por lo tanto, no compiten con la producción de alimentos" explico Zubillaga.
Al respecto indicó que en esos rellenos se siembra la especie Miscanthus Giganteus, que importaron recientemente al país.
Hoy, el invernáculo de la Facultad de Agronomía de la UBA es el único autorizado para reproducir los rizomas de esta especie.
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Santa Fe: presentan proyecto para limitar agroquímicos
Proyecto para limitar agroquímicos
Fecha de Publicación: 17/06/2013
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Santa Fe
La diputada Inés Bertero presentó un proyecto de ley para que con glifosato, vía aérea, no se pueda fumigar a menos de 1.000 metros de las poblaciones y los cursos de agua.
La sojización como principal eje de la economía agroexportadora trae consigo un flujo de capitales que es muy importante pero que también implica una presión constante sobre el medio ambiente. Se trata de una falsa dicotomía entre economía y salud pública, es decir, la alta rentabilidad del monocultivo y las denuncias sobre fumigaciones irregulares con productos tóxicos.
El debate hace varios años está instalado en la provincia, aunque hasta el momento no prosperó ninguno de los proyectos que tienden a limitar el uso de agroquímicos en todo el territorio santafesino. En ese contexto, la diputada socialista Inés Bertero ingresó una iniciativa para modificar la ley de fitosanitarios, que data de 1995.
"El objetivo principal es la protección de la salud humana, de los recursos naturales y de la producción agrícola. La ley vigente establece una protección sustancialmente inferior a la que por este proyecto se impulsa: en el artículo primero, se agrega la poscosecha, como parte integrante de la cadena de cuidados en el tratamiento de productos fitosanitarios", indicó la legisladora.
Además, en el texto se amplía el ámbito de aplicación de la norma a la "elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, en cualquiera de sus modalidades de dichos productos". En cuanto a la autoridad de aplicación, se propone dar participación de distintos ministerios, entendiendo el carácter multidisciplinario del problema.
La gran dificultad que tiene esta discusión es que la Nación considera que el glifosato, principal químico que se utiliza en la producción de soja, es prácticamente inocuo para la salud pública. Distintos estudios científicos dan cuenta de que eso no es así, pero el tema está atravesado por un fuerte componente económico y de intereses políticos en todo el país. Santa Fe no es la excepción.
Más que un problema, colores
No obstante la situación señalada, Bertero propone establecer prohibiciones más claras en base al principio precautorio (es decir que existen sospechas de que la actividad puede generar problemas a la salud pública). En tal sentido, prevé para los productos de Banda Roja -los más tóxicos- la prohibición de aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios de clases toxicológicas I a (producto sumamente peligroso - muy tóxico), I b (producto muy peligroso - tóxico) y II (Banda Amarilla - producto moderadamente peligroso - nocivo ) dentro de un área de 3.000 mil metros del límite de las plantas urbanas.
También, de los 1.000 metros de los límites de establecimientos educacionales rurales, de parques industriales, complejos deportivos y recreativos, barrios privados y caseríos, de zonas de interés turístico y áreas naturales protegidas declaradas tales por autoridad competente; y de 1.000 metros de las costas de los ríos, arroyos, lagunas y humedales señalados en la cartografía oficial.
En cuanto a los productos de Banda Amarilla, se prevé prohibir la aplicación terrestre de clases toxicológicas I a, I b y II (producto moderadamente peligroso-nocivo) dentro de un área de 1.000 metros de las plantas urbanas, de 500 metros del límite de los establecimientos educacionales rurales, de parques industriales, complejos deportivos, barrios privados y caseríos, de zonas de interés turístico y áreas naturales protegidas declaradas tales por autoridad competente; y 500 metros de las costas de los ríos, arroyos, lagunas y humedales.
En tanto, cuando en la jurisdicción exista ordenanza municipal o comunal que lo autorice y sólo en aquellos casos que taxativamente prevea la reglamentación, se podrán aplicar productos de Banda Azul/Verde a través de equipos terrestres hasta 200 metros del límite de las plantas urbanas, de establecimientos educacionales rurales, de parques industriales, de zonas de interés turístico, barrios privados y caseríos, áreas naturales protegidas declaradas tales por autoridad competente, de los ríos, arroyos, lagunas y humedales.
Idéntica excepción, con los mismos requisitos y utilizando los productos de clase toxicológica III y IV, será procedente para las aplicaciones aéreas que se realicen a 500 metros de los lugares que se detallan en el párrafo anterior. A su vez, el texto de la diputada socialista plantea "fomentar políticas para el establecimiento de áreas de protección o barreras ecológicas para amortiguar el impacto de las diferentes aplicaciones".
El otro aspecto importante es que se establece la aplicación del principio precautorio por el Poder Ejecutivo provincial. Es entonces que se fija exclusiones para el tratamiento del glifosato: 1.000 metros para las aspersiones aéreas y 500 metros para las terrestres. Además, la "prohibición expresa del tratamiento en camiones o vagones, mediante productos fitosanitarios, de cualquier tipo de granos, semillas o subproductos".
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Fecha de Publicación: 17/06/2013
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Santa Fe
La diputada Inés Bertero presentó un proyecto de ley para que con glifosato, vía aérea, no se pueda fumigar a menos de 1.000 metros de las poblaciones y los cursos de agua.
La sojización como principal eje de la economía agroexportadora trae consigo un flujo de capitales que es muy importante pero que también implica una presión constante sobre el medio ambiente. Se trata de una falsa dicotomía entre economía y salud pública, es decir, la alta rentabilidad del monocultivo y las denuncias sobre fumigaciones irregulares con productos tóxicos.
El debate hace varios años está instalado en la provincia, aunque hasta el momento no prosperó ninguno de los proyectos que tienden a limitar el uso de agroquímicos en todo el territorio santafesino. En ese contexto, la diputada socialista Inés Bertero ingresó una iniciativa para modificar la ley de fitosanitarios, que data de 1995.
"El objetivo principal es la protección de la salud humana, de los recursos naturales y de la producción agrícola. La ley vigente establece una protección sustancialmente inferior a la que por este proyecto se impulsa: en el artículo primero, se agrega la poscosecha, como parte integrante de la cadena de cuidados en el tratamiento de productos fitosanitarios", indicó la legisladora.
Además, en el texto se amplía el ámbito de aplicación de la norma a la "elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, en cualquiera de sus modalidades de dichos productos". En cuanto a la autoridad de aplicación, se propone dar participación de distintos ministerios, entendiendo el carácter multidisciplinario del problema.
La gran dificultad que tiene esta discusión es que la Nación considera que el glifosato, principal químico que se utiliza en la producción de soja, es prácticamente inocuo para la salud pública. Distintos estudios científicos dan cuenta de que eso no es así, pero el tema está atravesado por un fuerte componente económico y de intereses políticos en todo el país. Santa Fe no es la excepción.
Más que un problema, colores
No obstante la situación señalada, Bertero propone establecer prohibiciones más claras en base al principio precautorio (es decir que existen sospechas de que la actividad puede generar problemas a la salud pública). En tal sentido, prevé para los productos de Banda Roja -los más tóxicos- la prohibición de aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios de clases toxicológicas I a (producto sumamente peligroso - muy tóxico), I b (producto muy peligroso - tóxico) y II (Banda Amarilla - producto moderadamente peligroso - nocivo ) dentro de un área de 3.000 mil metros del límite de las plantas urbanas.
También, de los 1.000 metros de los límites de establecimientos educacionales rurales, de parques industriales, complejos deportivos y recreativos, barrios privados y caseríos, de zonas de interés turístico y áreas naturales protegidas declaradas tales por autoridad competente; y de 1.000 metros de las costas de los ríos, arroyos, lagunas y humedales señalados en la cartografía oficial.
En cuanto a los productos de Banda Amarilla, se prevé prohibir la aplicación terrestre de clases toxicológicas I a, I b y II (producto moderadamente peligroso-nocivo) dentro de un área de 1.000 metros de las plantas urbanas, de 500 metros del límite de los establecimientos educacionales rurales, de parques industriales, complejos deportivos, barrios privados y caseríos, de zonas de interés turístico y áreas naturales protegidas declaradas tales por autoridad competente; y 500 metros de las costas de los ríos, arroyos, lagunas y humedales.
En tanto, cuando en la jurisdicción exista ordenanza municipal o comunal que lo autorice y sólo en aquellos casos que taxativamente prevea la reglamentación, se podrán aplicar productos de Banda Azul/Verde a través de equipos terrestres hasta 200 metros del límite de las plantas urbanas, de establecimientos educacionales rurales, de parques industriales, de zonas de interés turístico, barrios privados y caseríos, áreas naturales protegidas declaradas tales por autoridad competente, de los ríos, arroyos, lagunas y humedales.
Idéntica excepción, con los mismos requisitos y utilizando los productos de clase toxicológica III y IV, será procedente para las aplicaciones aéreas que se realicen a 500 metros de los lugares que se detallan en el párrafo anterior. A su vez, el texto de la diputada socialista plantea "fomentar políticas para el establecimiento de áreas de protección o barreras ecológicas para amortiguar el impacto de las diferentes aplicaciones".
El otro aspecto importante es que se establece la aplicación del principio precautorio por el Poder Ejecutivo provincial. Es entonces que se fija exclusiones para el tratamiento del glifosato: 1.000 metros para las aspersiones aéreas y 500 metros para las terrestres. Además, la "prohibición expresa del tratamiento en camiones o vagones, mediante productos fitosanitarios, de cualquier tipo de granos, semillas o subproductos".
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Desmontes: investigadores desmienten a ministro cordobés
Ambientalistas afirman que continúan desmontes de bosques
Fecha de Publicación: 16/06/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba - Edición Electrónica
Provincia/Región: Córdoba
Según un informe presentado por varios investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, la reducción de superficies de bosques cerrados en la provincia es "dramática". La presentación fue hecha en el Foro Ambiental.
Una asociación ambientalista cordobesa presentó al gobierno de José Manuel de la Sota un informe que sostiene que la deforestación de bosques nativos no se detiene en la provincia y es "dramática".
La presentación, con publicaciones de numerosos investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, fue efectuada por el Foro Ambiental Córdoba ante el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía que encabeza Manuel Calvo, con el fin de aportar "estudios científicos sobre la situación de los bosques y desmontes".
De acuerdo con la asociación, los trabajos muestran "la pérdida de 68.176 hectáreas de tierras forestales entre 2006 y 2011 en la Región Chaqueña de Córdoba", en el noroeste de la provincia.
Asimismo aportaron datos sobre la "dramática reducción" de la superficie de bosques cerrados en el norte, noroeste y oeste cordobés, que pasó de un 25% en 1999 a un 5% en 2010, y el desmonte de 8.162 hectareas desde diciembre de 2011.
"Esperamos que esta información, generada desde distintos ámbitos académicos", sirva a las autoridades "para tener un conocimiento más preciso de la problemática de los bosques en la provincia", aseguraron Federico Kopta y Carolina Quir, presidente y secretaria del Foro, respectivamente.
Asimismo solicitaron al gobierno cordobés que "los pedidos de información pendientes tengan una pronta y precisa respuesta", dado que se han requerido explicaciones "sobre cada uno de los desmontes detectados por la Asociación Guyra Paraguay desde diciembre de 2011".
Los pedidos fueron realizados en el marco de la Ley 8.803 de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado de la Provincia de Córdoba y hasta el momento, según los ambientalistas, de un total de 19 solicitudes sólo recibieron dos respuestas.
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Fecha de Publicación: 16/06/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba - Edición Electrónica
Provincia/Región: Córdoba
Según un informe presentado por varios investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, la reducción de superficies de bosques cerrados en la provincia es "dramática". La presentación fue hecha en el Foro Ambiental.Una asociación ambientalista cordobesa presentó al gobierno de José Manuel de la Sota un informe que sostiene que la deforestación de bosques nativos no se detiene en la provincia y es "dramática".
La presentación, con publicaciones de numerosos investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, fue efectuada por el Foro Ambiental Córdoba ante el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía que encabeza Manuel Calvo, con el fin de aportar "estudios científicos sobre la situación de los bosques y desmontes".
De acuerdo con la asociación, los trabajos muestran "la pérdida de 68.176 hectáreas de tierras forestales entre 2006 y 2011 en la Región Chaqueña de Córdoba", en el noroeste de la provincia.
Asimismo aportaron datos sobre la "dramática reducción" de la superficie de bosques cerrados en el norte, noroeste y oeste cordobés, que pasó de un 25% en 1999 a un 5% en 2010, y el desmonte de 8.162 hectareas desde diciembre de 2011.
"Esperamos que esta información, generada desde distintos ámbitos académicos", sirva a las autoridades "para tener un conocimiento más preciso de la problemática de los bosques en la provincia", aseguraron Federico Kopta y Carolina Quir, presidente y secretaria del Foro, respectivamente.
Asimismo solicitaron al gobierno cordobés que "los pedidos de información pendientes tengan una pronta y precisa respuesta", dado que se han requerido explicaciones "sobre cada uno de los desmontes detectados por la Asociación Guyra Paraguay desde diciembre de 2011".
Los pedidos fueron realizados en el marco de la Ley 8.803 de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado de la Provincia de Córdoba y hasta el momento, según los ambientalistas, de un total de 19 solicitudes sólo recibieron dos respuestas.
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Nueva audiencia por el Riachuelo
Plan de saneamiento
Fecha de Publicación: 16/06/2013
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Riachuelo
A cinco años de que la Corte Suprema de Justicia ordenara un plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, esta semana se realizará una nueva audiencia para recibir y analizar los informes de los diferentes organismos y jurisdicciones que deben responder por los trabajos ante la Justicia. Recordemos que en 2008, al agotarse todas las gestiones administrativas y políticas anunciadas durante décadas, el Alto tribunal debió intervenir directamente frente a enorme peligro que representa el mayor foco contaminente del país para casi diez millones de personas que viven en la zona.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), el ente integrado por organismos de los gobiernos nacional, bonaerense y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sostuvo en un comunicado emitido desde la presidencia de la Nación que 314 empresas finalizaron el Plan de Reconversión Industrial con la reconversión de sus sistemas cloacales, por lo que sus efluentes han dejado de contaminar las aguas. Sin embargo, el sistema de control de la cuenca ha declarado a 1258 establecimientos como agentes contaminantes, de los cuales unas 890 industrias tienen planes aprobados para obras de protección ambiental.
Si bien ya hay cifras de la evolución del plan, son mínimas ante la magnitud de la polución en la zona, con el agravante de los menores recursos presupuestarios que disponen los entes involucrados. La serie de postergaciones para limpiar esta cuenca emblemática, también tuvo otras anomalías, como la separación del juez federal de Quilmes Luis Armella, a quien la Corte le asignó la responsabilidad, tras detectar irregularidades y denuncias de corrupción en su contra.
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Fecha de Publicación: 16/06/2013
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Riachuelo
A cinco años de que la Corte Suprema de Justicia ordenara un plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, esta semana se realizará una nueva audiencia para recibir y analizar los informes de los diferentes organismos y jurisdicciones que deben responder por los trabajos ante la Justicia. Recordemos que en 2008, al agotarse todas las gestiones administrativas y políticas anunciadas durante décadas, el Alto tribunal debió intervenir directamente frente a enorme peligro que representa el mayor foco contaminente del país para casi diez millones de personas que viven en la zona.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), el ente integrado por organismos de los gobiernos nacional, bonaerense y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sostuvo en un comunicado emitido desde la presidencia de la Nación que 314 empresas finalizaron el Plan de Reconversión Industrial con la reconversión de sus sistemas cloacales, por lo que sus efluentes han dejado de contaminar las aguas. Sin embargo, el sistema de control de la cuenca ha declarado a 1258 establecimientos como agentes contaminantes, de los cuales unas 890 industrias tienen planes aprobados para obras de protección ambiental.
Si bien ya hay cifras de la evolución del plan, son mínimas ante la magnitud de la polución en la zona, con el agravante de los menores recursos presupuestarios que disponen los entes involucrados. La serie de postergaciones para limpiar esta cuenca emblemática, también tuvo otras anomalías, como la separación del juez federal de Quilmes Luis Armella, a quien la Corte le asignó la responsabilidad, tras detectar irregularidades y denuncias de corrupción en su contra.
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Riachuelo: más de 300 empresas finalizaron el PRI
Más de trescientas empresas ya no contaminan la cuenca del Riachuelo
Fecha de Publicación: 15/06/2013
Fuente: Portal InfoNews
Provincia/Región: Riachuelo
Lo informó la ACUMAR en un trabajo en que que se destaca que 314 compañías ya finalizaron el Plan de Reconversión Industrial (PRI). Otras 890 tienen sus propuestas aprobadas y deben comenzar a trabajar.
Un total de 314 empresas finalizó el Plan de Reconversión Industrial (PRI) y dejó de contaminar la Cuenca Matanza Riachuelo, según anunció ayer la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). El organismo aclaró en un comunicado que, según datos de la Sistema de Control Industrial (SICOI), existen 26.800 establecimientos industriales y de servicios sobre esa zona que abarca todo el límite sur y oeste de la ciudad de Buenos Aires y los partidos lindantes como Avellaneda, Almirante Brown, Cañuelas, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lomas de Zamora, Lanús, Marcos Paz, Merlo, Morón y San Vicente.
Este año finalizaron los PRI 260 empresas y se llegó a un total de 314 establecimientos reconvertidos. Además, 890 las industrias tienen sus PRI aprobados y trabajan para producir limpiamente y existen en el sistema de control 1258 establecimientos declarados agentes contaminantes en toda la cuenca. En la web de la ACUMAR cualquier ciudadano interesado puede consultar los listados de cada uno de esas industrias.
ACUMAR es la encargada de fiscalizar e inspeccionar cada industria para procurar que se cumpla la normativa ambiental y dispone de herramientas administrativas y el poder de policía para declarar agente contaminante a las empresas que superan los límites de vuelcos y descargas permitidas. También, tiene la capacidad de brindar asistencia técnica y financiera para que las empresas adecuen sus procesos productivos. El proceso de fiscalización de las industrias consiste en inspeccionar las empresas para evaluar los niveles de vuelcos industriales y permisos correspondientes.
De existir alguna irregularidad, ACUMAR declara al establecimiento Agente Contaminante y lo intima a reconvertir sus procesos industriales, lo que implica en algunos casos contar con plantas de tratamiento de los efluentes industriales, y en otros, modificar el esquema de producción o los materiales que se utilizan, para que el proceso deje de contaminar. Una vez intimada, la industria indica al organismo cómo llevará a cabo la reconversión hacia una producción limpia a través de una propuesta técnica denominada Programa de Reconversión Industrial (PRI). Una vez que ACUMAR aprueba esa propuesta, la industria comienza el proceso, con controles de avance periódicos, ya que debe cumplir un plan de trabajo con tiempos determinados.
Cuando la empresa finaliza el PRI, se realiza una nueva inspección en la que se controla que efectivamente haya dejado de contaminar y se la declara "reconvertida". La ACUMAR, por su parte, tiene un programa de financiamiento a través de aportes no reembolsables para que las empresas que no tengan posibilidades monetarias puedan reconvertirse. Además, este mismo plan contempla la asistencia técnica, a través de un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial para desarrollar a nivel técnico los programas de reconversión, sin costo para las empresas.
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Fecha de Publicación: 15/06/2013
Fuente: Portal InfoNews
Provincia/Región: Riachuelo
Lo informó la ACUMAR en un trabajo en que que se destaca que 314 compañías ya finalizaron el Plan de Reconversión Industrial (PRI). Otras 890 tienen sus propuestas aprobadas y deben comenzar a trabajar.Un total de 314 empresas finalizó el Plan de Reconversión Industrial (PRI) y dejó de contaminar la Cuenca Matanza Riachuelo, según anunció ayer la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). El organismo aclaró en un comunicado que, según datos de la Sistema de Control Industrial (SICOI), existen 26.800 establecimientos industriales y de servicios sobre esa zona que abarca todo el límite sur y oeste de la ciudad de Buenos Aires y los partidos lindantes como Avellaneda, Almirante Brown, Cañuelas, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lomas de Zamora, Lanús, Marcos Paz, Merlo, Morón y San Vicente.
Este año finalizaron los PRI 260 empresas y se llegó a un total de 314 establecimientos reconvertidos. Además, 890 las industrias tienen sus PRI aprobados y trabajan para producir limpiamente y existen en el sistema de control 1258 establecimientos declarados agentes contaminantes en toda la cuenca. En la web de la ACUMAR
ACUMAR es la encargada de fiscalizar e inspeccionar cada industria para procurar que se cumpla la normativa ambiental y dispone de herramientas administrativas y el poder de policía para declarar agente contaminante a las empresas que superan los límites de vuelcos y descargas permitidas. También, tiene la capacidad de brindar asistencia técnica y financiera para que las empresas adecuen sus procesos productivos. El proceso de fiscalización de las industrias consiste en inspeccionar las empresas para evaluar los niveles de vuelcos industriales y permisos correspondientes.
De existir alguna irregularidad, ACUMAR declara al establecimiento Agente Contaminante y lo intima a reconvertir sus procesos industriales, lo que implica en algunos casos contar con plantas de tratamiento de los efluentes industriales, y en otros, modificar el esquema de producción o los materiales que se utilizan, para que el proceso deje de contaminar. Una vez intimada, la industria indica al organismo cómo llevará a cabo la reconversión hacia una producción limpia a través de una propuesta técnica denominada Programa de Reconversión Industrial (PRI). Una vez que ACUMAR aprueba esa propuesta, la industria comienza el proceso, con controles de avance periódicos, ya que debe cumplir un plan de trabajo con tiempos determinados.
Cuando la empresa finaliza el PRI, se realiza una nueva inspección en la que se controla que efectivamente haya dejado de contaminar y se la declara "reconvertida". La ACUMAR, por su parte, tiene un programa de financiamiento a través de aportes no reembolsables para que las empresas que no tengan posibilidades monetarias puedan reconvertirse. Además, este mismo plan contempla la asistencia técnica, a través de un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial para desarrollar a nivel técnico los programas de reconversión, sin costo para las empresas.
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Zamora firme con los ingenios tucumanos
Zamora: "no queremos que se burlen de la buena fe de los santiagueños"
Fecha de Publicación: 15/06/2013
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
El gobernador, Gerado Zamora habló sobre la situación ambiental de la cuenca Salí Dulce. En la oportunidad afirmó: "Vamos a ser muy duros en nuestra posición frente a los ingenios que puedan contaminar".
El mandatario provincial se refirió al tema en la mañana de este sábado en la ocasión que se le consultó sobre el convenio en conjunto entre la vecina provincia de Tucumán y la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.
“Reconocemos la decisión política del gobierno tucumano de dar mayor competencia a la Nación a través de la secretaria de medio ambiente, y ha permitido que haga controles de parte de Santiago del Estero. En el caso de los ingenios tucumanos, uno de los puntos de las actas era la vinaza y cenizas cero, donde varios ingenios se comprometieron”.
Luego agregó: “Hay un ingenio que no debe producir etanol porque para nosotros está comenzando a hacer un delito porque no tiene otra forma de enviar la vinaza que es la cuenca del Río Dulce”.
“Nosotros hemos clausurado un matadero con cien empleados y no lo volvimos a abrir por no cumplir con las medidas ambientales”.
“No queremos que se burlen de la buena fe de los santiagueños, ningún empresario “delincuente”, porque ya está procesado. Le pedimos a la Nación, en la figura de la Secretaría de Medio Ambiente, que no sea cómplice de ningún delito”.
“Hay una situación gravísima, se ven en las fotos de los piletones llenas de vinaza, no cumplió con las pautas y tuvo un año para hacer la inversión”.
“Si llueve aprovechan y vuelcan, es una picardía. Tuvimos siete camionetas con inspectores monitoreando, y no llegó a la cuenca. Arrojaron vinaza en terrenos baldíos. Estamos muy preocupados. Tenemos la obligación de estarlo”. Finalizó diciendo el mandatario provincial.
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Fecha de Publicación: 15/06/2013
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
El gobernador, Gerado Zamora habló sobre la situación ambiental de la cuenca Salí Dulce. En la oportunidad afirmó: "Vamos a ser muy duros en nuestra posición frente a los ingenios que puedan contaminar".
El mandatario provincial se refirió al tema en la mañana de este sábado en la ocasión que se le consultó sobre el convenio en conjunto entre la vecina provincia de Tucumán y la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.
“Reconocemos la decisión política del gobierno tucumano de dar mayor competencia a la Nación a través de la secretaria de medio ambiente, y ha permitido que haga controles de parte de Santiago del Estero. En el caso de los ingenios tucumanos, uno de los puntos de las actas era la vinaza y cenizas cero, donde varios ingenios se comprometieron”.
Luego agregó: “Hay un ingenio que no debe producir etanol porque para nosotros está comenzando a hacer un delito porque no tiene otra forma de enviar la vinaza que es la cuenca del Río Dulce”.
“Nosotros hemos clausurado un matadero con cien empleados y no lo volvimos a abrir por no cumplir con las medidas ambientales”.
“No queremos que se burlen de la buena fe de los santiagueños, ningún empresario “delincuente”, porque ya está procesado. Le pedimos a la Nación, en la figura de la Secretaría de Medio Ambiente, que no sea cómplice de ningún delito”.
“Hay una situación gravísima, se ven en las fotos de los piletones llenas de vinaza, no cumplió con las pautas y tuvo un año para hacer la inversión”.
“Si llueve aprovechan y vuelcan, es una picardía. Tuvimos siete camionetas con inspectores monitoreando, y no llegó a la cuenca. Arrojaron vinaza en terrenos baldíos. Estamos muy preocupados. Tenemos la obligación de estarlo”. Finalizó diciendo el mandatario provincial.
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Gobierno Nacional también da el OK a la Barrick Gold
De Vido recibió a autoridades de la minera Barrick Gold
Fecha de Publicación: 14/06/2013
Fuente: Portal Gente BA
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, recibió a directivos de la empresa minera Barrick Gold, quienes reafirmaron que el proyecto Lama que se desarrolla en la provincia de San Juan se mantendrá sin cambios y ratificaron la inversión prevista para 2013 de 8.700 millones de pesos.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido encabezó una reunión con el copresidente del directorio de la empresa minera Barrick Gold, John Thorton, y el vicepresidente corporativo de asuntos gubernamentales, Kelvin Dushnisky, junto con el secretario de Minería, Jorge Mayoral para analizar pormenorizadamente la situación de Lama Pascua.
En la audiencia realizada ayer se evaluó el escenario del sector minero a nivel internacional y se ratificó que el proyecto Lama se mantendrá sin cambios así como que cualquier definición referida al proyecto se tomará en los próximos encuentros entre los ejecutivos de Barrick Exploraciones Argentina S.A., el gobierno de la provincia de San Juan y el gobierno nacional.
Durante el año 2012 Barrick invirtió en Argentina 5.999 millones de pesos y tiene proyectado durante este año una inversión total en nuestro país de 9.300 millones de pesos, de los cuales 8.700 se destinarán a la construcción de Lama y 600 en la operación de Veladero. Con relación al proyecto Lama, se encuentra en etapa de construcción, generando 11.900 puestos de trabajo.
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Fecha de Publicación: 14/06/2013
Fuente: Portal Gente BA
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, recibió a directivos de la empresa minera Barrick Gold, quienes reafirmaron que el proyecto Lama que se desarrolla en la provincia de San Juan se mantendrá sin cambios y ratificaron la inversión prevista para 2013 de 8.700 millones de pesos.El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido encabezó una reunión con el copresidente del directorio de la empresa minera Barrick Gold, John Thorton, y el vicepresidente corporativo de asuntos gubernamentales, Kelvin Dushnisky, junto con el secretario de Minería, Jorge Mayoral para analizar pormenorizadamente la situación de Lama Pascua.
En la audiencia realizada ayer se evaluó el escenario del sector minero a nivel internacional y se ratificó que el proyecto Lama se mantendrá sin cambios así como que cualquier definición referida al proyecto se tomará en los próximos encuentros entre los ejecutivos de Barrick Exploraciones Argentina S.A., el gobierno de la provincia de San Juan y el gobierno nacional.
Durante el año 2012 Barrick invirtió en Argentina 5.999 millones de pesos y tiene proyectado durante este año una inversión total en nuestro país de 9.300 millones de pesos, de los cuales 8.700 se destinarán a la construcción de Lama y 600 en la operación de Veladero. Con relación al proyecto Lama, se encuentra en etapa de construcción, generando 11.900 puestos de trabajo.
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En la Cámara baja debatieron sobre residuos
Incineración de residuos, una mala opción
Fecha de Publicación: 14/06/2013
Fuente: Portal El Parlamentario
Provincia/Región: Capital Federal
Realizaron en la Cámara baja un debate titulado “Hacia una política nacional para el tratamiento de residuos. Se habló de “gestión integral” como respuesta al problema de la basura y se hizo hincapié en la necesidad de avanzar en legislación que restrinja la incineración de residuos.
Con Paul Connett como invitado central, el diputado Antonio Riestra y la senadora Norma Morandini, presidentes de las comisiones de Población de ambas cámaras legislativas, realizaron un debate sobre tratamientos de residuos. Estuvieron presentes también, junto a representantes de las organizaciones La Coalición Ciudadana Anti-incineración y la Alianza Global por Alternativas a la Incineración (GAIA), la diputada Graciela Iturraspe (UP) y la dirigente sindical docente y exdiputada Marta Maffei.
Riestra, del bloque Unidad Popular e integrante de la Comisión de Recursos Naturales, planteó en el inicio de la audiencia “la preocupación como sociedad de generar cada vez más basura, residuos domiciliarios, industriales y de todo tipo, producto del modelo de producción y consumo vigente. Pensamos qué hacer con los desechos, cuando en realidad debemos pensar qué hacer con este modelo de producción y consumo que descarta tanta cantidad de objetos, papeles y envases, entre otros residuos; por eso como sociedad debemos discutir y repensar los patrones de consumo y producción”.
Según Riestra, “la respuesta al problema de la basura es la gestión integral, abordando todas sus etapas, sobre todo desde su generación. Para ello, como legisladores debemos avanzar en legislación que restrinja la incineración de residuos, como por ejemplo en mi provincia, Santa Fe, la incineración está prohibida según la Ley 13.055; y también debemos regular el uso de envases y embalajes, reduciéndolos al mínimo posible; tenemos que trabajar con el productor y con la puesta en el mercado de su producto, extender su responsabilidad a la generación y gestión del residuo en el que se transforma ese producto, y muchas otras alternativas que tienen que ver con reducir el consumo, reutilizar y reciclar. Todo esto puede hacerse consensuadamente. Esto es perfectamente posible con voluntad política”.
Paul Connett realizó un panorama del tratamiento que los diferentes países hacen de sus residuos, y del daño que causan a la población y el ecosistema. Brindó detalles de la contaminación que produce la incineración de la basura y dijo que “se gastan millones en construir incineradores; aunque sería más lógico que ese dinero fuera invertido para reutilizar y reciclar. Por cada cuatro toneladas de basura incinerada se genera una tonelada de ceniza, que es tóxica o muy tóxica”. Connett manifestó además que “visitó hoy un centro ecológico de cartoneros en Ezeiza, que con poca inversión crearon 67 puestos de trabajo. Por eso, los recolectores merecen nuestro respeto, seguridad en su trabajo, mejor calidad de vida y educación para sus hijos”.
Connett cerró su exposición pidiendo “mejor organización, mejor educación y mejor diseño industrial. Más responsabilidad ciudadana, pero mayor responsabilidad industrial porque si no se puede reutilizar, reciclar, reducir o compostar, ese producto no debe ni puede producirse”.
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Fecha de Publicación: 14/06/2013
Fuente: Portal El Parlamentario
Provincia/Región: Capital Federal
Realizaron en la Cámara baja un debate titulado “Hacia una política nacional para el tratamiento de residuos. Se habló de “gestión integral” como respuesta al problema de la basura y se hizo hincapié en la necesidad de avanzar en legislación que restrinja la incineración de residuos.Con Paul Connett como invitado central, el diputado Antonio Riestra y la senadora Norma Morandini, presidentes de las comisiones de Población de ambas cámaras legislativas, realizaron un debate sobre tratamientos de residuos. Estuvieron presentes también, junto a representantes de las organizaciones La Coalición Ciudadana Anti-incineración y la Alianza Global por Alternativas a la Incineración (GAIA), la diputada Graciela Iturraspe (UP) y la dirigente sindical docente y exdiputada Marta Maffei.
Riestra, del bloque Unidad Popular e integrante de la Comisión de Recursos Naturales, planteó en el inicio de la audiencia “la preocupación como sociedad de generar cada vez más basura, residuos domiciliarios, industriales y de todo tipo, producto del modelo de producción y consumo vigente. Pensamos qué hacer con los desechos, cuando en realidad debemos pensar qué hacer con este modelo de producción y consumo que descarta tanta cantidad de objetos, papeles y envases, entre otros residuos; por eso como sociedad debemos discutir y repensar los patrones de consumo y producción”.
Según Riestra, “la respuesta al problema de la basura es la gestión integral, abordando todas sus etapas, sobre todo desde su generación. Para ello, como legisladores debemos avanzar en legislación que restrinja la incineración de residuos, como por ejemplo en mi provincia, Santa Fe, la incineración está prohibida según la Ley 13.055; y también debemos regular el uso de envases y embalajes, reduciéndolos al mínimo posible; tenemos que trabajar con el productor y con la puesta en el mercado de su producto, extender su responsabilidad a la generación y gestión del residuo en el que se transforma ese producto, y muchas otras alternativas que tienen que ver con reducir el consumo, reutilizar y reciclar. Todo esto puede hacerse consensuadamente. Esto es perfectamente posible con voluntad política”.
Paul Connett realizó un panorama del tratamiento que los diferentes países hacen de sus residuos, y del daño que causan a la población y el ecosistema. Brindó detalles de la contaminación que produce la incineración de la basura y dijo que “se gastan millones en construir incineradores; aunque sería más lógico que ese dinero fuera invertido para reutilizar y reciclar. Por cada cuatro toneladas de basura incinerada se genera una tonelada de ceniza, que es tóxica o muy tóxica”. Connett manifestó además que “visitó hoy un centro ecológico de cartoneros en Ezeiza, que con poca inversión crearon 67 puestos de trabajo. Por eso, los recolectores merecen nuestro respeto, seguridad en su trabajo, mejor calidad de vida y educación para sus hijos”.
Connett cerró su exposición pidiendo “mejor organización, mejor educación y mejor diseño industrial. Más responsabilidad ciudadana, pero mayor responsabilidad industrial porque si no se puede reutilizar, reciclar, reducir o compostar, ese producto no debe ni puede producirse”.
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Bosques en Entre Ríos, su estudio va “despacito”
Se continúa revelando geográficamente al bosque nativo
Fecha de Publicación: 14/06/2013
Fuente: El Diario de Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Remarcaron que si bien el estudio va “despacito” también lo hace a “paso firme”. Asimismo se adelantó que hasta tanto no se concluya la etapa de relevamiento no se convocará a entidades para el debate.
La presidente de la Comisión de Tierras y Obras públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Estela Almirón, informó que se continúa revelando geográficamente al bosque nativo.
La legisladora explicó que se trata de un proyecto “muy complejo” que requiere un estudio “con la seriedad y responsabilidad que nos ha pedido el gobernador (Sergio) Urribarri”.
“Nosotros continuamos trabajando en el proyecto porque es muy complejo, debido a la dificultad de efectuar los relevamientos del terreno necesarios para conocer geográficamente cual es la situación en la provincia”, explicó Almirón.
Y agregó: “Vamos despacito pero a pie firme en cada cosa y actualmente continuamos desarrollando el estudio geográfico del bosque nativo en todo el territorio provincial, que es estrictamente necesario para poder conocer en detalle y profundidad el alcance que debe tener el proyecto” de Ley, comentó.
Remarcó que el sondeo realizado por la Cámara baja es “independiente” del efectuado por el Ministerio de Producción, a lo que subrayó que “hasta no determinar cual es la situación en la provincia no convocaremos a ninguna institución ni ONG vinculada, ya que es un requisito fundamental tener estos datos para poder dialogar al respecto”.
Si bien la diputada reconoció que existen plazos que se vencieron, aclaró que los mismos “no corresponden a nuestra gestión”.
En este sentido dijo que desde la nueva composición de la Cámara, asumida en diciembre de 2011, “estamos trabajando para hacer las cosas bien y de acuerdo a la seriedad y directivas que hemos recibido del Gobernador de la provincia, ya que es un tema muy extenso y muy complejo que requiere viajar, dialogar con los vecinos de las zonas de bosques, sobrevolarlas y contar con datos técnicos para avanzar con este dossier de información necesaria para poder conocer en detalle la situación en Entre Ríos”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 14/06/2013
Fuente: El Diario de Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Remarcaron que si bien el estudio va “despacito” también lo hace a “paso firme”. Asimismo se adelantó que hasta tanto no se concluya la etapa de relevamiento no se convocará a entidades para el debate.
La presidente de la Comisión de Tierras y Obras públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Estela Almirón, informó que se continúa revelando geográficamente al bosque nativo.
La legisladora explicó que se trata de un proyecto “muy complejo” que requiere un estudio “con la seriedad y responsabilidad que nos ha pedido el gobernador (Sergio) Urribarri”.
“Nosotros continuamos trabajando en el proyecto porque es muy complejo, debido a la dificultad de efectuar los relevamientos del terreno necesarios para conocer geográficamente cual es la situación en la provincia”, explicó Almirón.
Y agregó: “Vamos despacito pero a pie firme en cada cosa y actualmente continuamos desarrollando el estudio geográfico del bosque nativo en todo el territorio provincial, que es estrictamente necesario para poder conocer en detalle y profundidad el alcance que debe tener el proyecto” de Ley, comentó.
Remarcó que el sondeo realizado por la Cámara baja es “independiente” del efectuado por el Ministerio de Producción, a lo que subrayó que “hasta no determinar cual es la situación en la provincia no convocaremos a ninguna institución ni ONG vinculada, ya que es un requisito fundamental tener estos datos para poder dialogar al respecto”.
Si bien la diputada reconoció que existen plazos que se vencieron, aclaró que los mismos “no corresponden a nuestra gestión”.
En este sentido dijo que desde la nueva composición de la Cámara, asumida en diciembre de 2011, “estamos trabajando para hacer las cosas bien y de acuerdo a la seriedad y directivas que hemos recibido del Gobernador de la provincia, ya que es un tema muy extenso y muy complejo que requiere viajar, dialogar con los vecinos de las zonas de bosques, sobrevolarlas y contar con datos técnicos para avanzar con este dossier de información necesaria para poder conocer en detalle la situación en Entre Ríos”, concluyó.
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Bosque nativo: "Hecha la ley, hecho el desmonte"
"Hecha la ley, hecho el desmonte": así se destruye un bosque nativo
Fecha de Publicación: 13/06/2013
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional
Fecha de Publicación: 13/06/2013
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional
A pesar de la sanción de la Ley de Bosques, la deforestación avanza en la Argentina.
La Ley de Bosques se sancionó en 2007 para evitar que la Argentina siga perdiendo su bosque nativo, del que hoy sólo queda el 30 por ciento. Sin embargo, cinco años después, sus objetivos no logran cumplirse.
Quizá el del bosque sea el mejor ejemplo. Lo que le pasa al ambiente nos pasa a nosotros. Podríamos tomar al país como algo que fue establecido y que resulta inmutable aún ante las peores prácticas. Pero no. Felizmente se trata de un cuerpo vivo, por lo tanto cuando alteramos el paisaje o le damos mal uso a la tierra hay impactos ambientales, sociales y políticos. Por lo tanto ese cuerpo vivo somos nosotros.
Lo que empezamos a mostrar forma parte de las nuevas tensiones y complejidades que origina la tenencia y administración de los recursos naturales.
Veremos que una ley no cambia por si misma el concepto que tenemos de los recursos, la tendencia a apropiarnos naturalmente de ellos, ni mejora su estado. Y finalmente nos hace pensar como nos cuesta entender que los derechos colectivos están sobre los individuales. Estamos acostumbrados a un modelo totalmente opuesto.
Mañana lo veremos mejor con el caso del desmonte en Salta, y el trabajo progresivo que nos falta hacer para contar con leyes que efectivamente nos sean útiles.
"Hecha la ley, hecho el desmonte": así se destruye un bosque nativo.
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La Ley de Bosques se sancionó en 2007 para evitar que la Argentina siga perdiendo su bosque nativo, del que hoy sólo queda el 30 por ciento. Sin embargo, cinco años después, sus objetivos no logran cumplirse.
Quizá el del bosque sea el mejor ejemplo. Lo que le pasa al ambiente nos pasa a nosotros. Podríamos tomar al país como algo que fue establecido y que resulta inmutable aún ante las peores prácticas. Pero no. Felizmente se trata de un cuerpo vivo, por lo tanto cuando alteramos el paisaje o le damos mal uso a la tierra hay impactos ambientales, sociales y políticos. Por lo tanto ese cuerpo vivo somos nosotros.
Lo que empezamos a mostrar forma parte de las nuevas tensiones y complejidades que origina la tenencia y administración de los recursos naturales.
Veremos que una ley no cambia por si misma el concepto que tenemos de los recursos, la tendencia a apropiarnos naturalmente de ellos, ni mejora su estado. Y finalmente nos hace pensar como nos cuesta entender que los derechos colectivos están sobre los individuales. Estamos acostumbrados a un modelo totalmente opuesto.
Mañana lo veremos mejor con el caso del desmonte en Salta, y el trabajo progresivo que nos falta hacer para contar con leyes que efectivamente nos sean útiles.
"Hecha la ley, hecho el desmonte": así se destruye un bosque nativo.
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