Vale abandonó el proyecto Potacio-Río Colorado
08:27 | 
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La brasileña Vale confirmó que abandonó una inversión millonaria en Mendoza
Fecha de Publicación: 11/03/2013
Fuente: iEco - Clarín
Provincia/Región: Mendoza
En un comunicado la empresa confirmó que suspendió la construcción del proyecto Potasio Rio Colorado "por el actual conexto macroeconómico". La obra estaba parada desde diciembre.
La brasileña Vale, una empresa con fuerte participación estatal y de fondos vinculados a compañías públicas, confirmó hoy está suspendiendo la construcción del proyecto Potasio Rio Colorado, tal y como anticipó este diario. "Teniendo en cuenta que, en el actual contexto macroeconómico, los fundamentos económicos del proyecto no están en línea con el compromiso de Vale con la disciplina en la inversión de su capital y con la creación de valor. En el caso de que se reinicie el emprendimiento, será dada preferencia a los trabajadores actuales del proyecto", dice el comunicado que la empresa envió por la suspensión del proyecto Potasio Río Colorado en Malargüe, en el sur mendocino.
Según la empresa, evaluarán el reinicio de las obras en caso de que el contexto cambie, mientras que aseguran que seguirán cumpliendo sus compromisos. "Vale continuará cumpliendo con los compromisos relativos a sus concesiones y seguirá buscando soluciones que mejoren los fundamentos económicos del proyecto, para en ese momento, evaluar su reinicio", finaliza el comunicado.
El proyecto Río Colorado era uno de los más ambiciosos emprendimientos mineros en el país, localizado en Malargüe, Mendoza, y que según estaba previsto iría a representar una inversión de casi US$ 6.000 millones. El tema era un punto clave de la agenda del encuentro bilateral cancelado, esta semana, entre las presidentas Cristina Kirchner y Dilma Rousseff.
La muerte del venezolano Hugo Chávez, el martes último, indujo a las jefas de Estado a postergar la cita que debía realizarse en Calafate. Pero a priori se sabía que eran escasas las chances de resolverse un conflicto entre la minera y el gobierno argentino. Vale había demandado una “adecuación” del tipo de cambio y una reducción impositiva que tornara “más rentable” la explotación de ese yacimiento. Pero ya inicios de la semana pasada, cuando desembarcó en Buenos Aires, el ministro de Desarrollo e Industria de Brasil Fernando Pimentel supo que eran escasas las probabilidades de avanzar en la dirección que pretendía la compañía minera brasileña.
En las negociaciones del 4 de marzo, Pimentel abordó con sus colegas de Buenos Aires múltiples temas bilaterales, sobre los que se explayó sin problemas. Pero al ser interrogado por la prensa específicamente sobre la Vale en Argentina, el funcionario (un íntimo de la presidenta Rousseff) declaró: “Ahora la negociación será directamente entre la empresa y el gobierno argentino”, con lo cual dio a entender que la intermediación oficial brasileña se había agotado.
Por lo que se supo luego, fue en esa cita que los funcionarios argentinos le transmitieron la negativa de Cristina a aceptar las demandas de la empresa.
Según la edición de ayer del diario Folha de Sao Paulo, “al gobierno (de Dilma) le gustaría por cuestiones políticas que el proyecto continúe. Pero entiende que la posición argentina lo está volviendo inviable”.
En los cálculos de Vale, de los 6.000 millones de dólares previstos originalmente, la obra minera podría demandar ahora casi el doble.
La razón, dijeron, es el costo salarial y tributario, que se ha visto incrementado en los últimos tiempos sin que hubiera una disposición oficial a mejorar el tipo de cambio que rige para el ingreso de los dólares al país.
El conflicto viene de largo. Ya en diciembre del año pasado la empresa decretó vacaciones colectivas de los trabajadores.
Los directivos se reunieron con el gobernador de Mendoza Francisco Pérez y le plantearon los problemas. Esa cita terminó en un punto muerto y con la empresa que puso como plazo máximo para detener los trabajos de montaje de la mina el 28 de febrero último.
Pero en febrero, una reunión entre los cancilleres Héctor Timerman y Antonio Patriota, en Río de Janeiro, renovó las esperanzas de reactivación del proyecto. “Nuestros embajadores y equipos designados por las presidentas Dilma Rousseff y Cristina Kirchner, están trabajando denodadamente para que Vale continúe en Argentina y siga con las inversiones”, dijo el ministro argentino en una rueda de prensa. Y agregó: “El proyecto todavía va dar grandes satisfacciones a ambas partes: al inversor y a la República Argentina”. Sin embargo las obras siguen paralizadas y los proveedores aún no han recibido ninguna comunicación.
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Fecha de Publicación: 11/03/2013
Fuente: iEco - Clarín
Provincia/Región: Mendoza
En un comunicado la empresa confirmó que suspendió la construcción del proyecto Potasio Rio Colorado "por el actual conexto macroeconómico". La obra estaba parada desde diciembre.La brasileña Vale, una empresa con fuerte participación estatal y de fondos vinculados a compañías públicas, confirmó hoy está suspendiendo la construcción del proyecto Potasio Rio Colorado, tal y como anticipó este diario. "Teniendo en cuenta que, en el actual contexto macroeconómico, los fundamentos económicos del proyecto no están en línea con el compromiso de Vale con la disciplina en la inversión de su capital y con la creación de valor. En el caso de que se reinicie el emprendimiento, será dada preferencia a los trabajadores actuales del proyecto", dice el comunicado que la empresa envió por la suspensión del proyecto Potasio Río Colorado en Malargüe, en el sur mendocino.
Según la empresa, evaluarán el reinicio de las obras en caso de que el contexto cambie, mientras que aseguran que seguirán cumpliendo sus compromisos. "Vale continuará cumpliendo con los compromisos relativos a sus concesiones y seguirá buscando soluciones que mejoren los fundamentos económicos del proyecto, para en ese momento, evaluar su reinicio", finaliza el comunicado.
El proyecto Río Colorado era uno de los más ambiciosos emprendimientos mineros en el país, localizado en Malargüe, Mendoza, y que según estaba previsto iría a representar una inversión de casi US$ 6.000 millones. El tema era un punto clave de la agenda del encuentro bilateral cancelado, esta semana, entre las presidentas Cristina Kirchner y Dilma Rousseff.
La muerte del venezolano Hugo Chávez, el martes último, indujo a las jefas de Estado a postergar la cita que debía realizarse en Calafate. Pero a priori se sabía que eran escasas las chances de resolverse un conflicto entre la minera y el gobierno argentino. Vale había demandado una “adecuación” del tipo de cambio y una reducción impositiva que tornara “más rentable” la explotación de ese yacimiento. Pero ya inicios de la semana pasada, cuando desembarcó en Buenos Aires, el ministro de Desarrollo e Industria de Brasil Fernando Pimentel supo que eran escasas las probabilidades de avanzar en la dirección que pretendía la compañía minera brasileña.
En las negociaciones del 4 de marzo, Pimentel abordó con sus colegas de Buenos Aires múltiples temas bilaterales, sobre los que se explayó sin problemas. Pero al ser interrogado por la prensa específicamente sobre la Vale en Argentina, el funcionario (un íntimo de la presidenta Rousseff) declaró: “Ahora la negociación será directamente entre la empresa y el gobierno argentino”, con lo cual dio a entender que la intermediación oficial brasileña se había agotado.
Por lo que se supo luego, fue en esa cita que los funcionarios argentinos le transmitieron la negativa de Cristina a aceptar las demandas de la empresa.
Según la edición de ayer del diario Folha de Sao Paulo, “al gobierno (de Dilma) le gustaría por cuestiones políticas que el proyecto continúe. Pero entiende que la posición argentina lo está volviendo inviable”.
En los cálculos de Vale, de los 6.000 millones de dólares previstos originalmente, la obra minera podría demandar ahora casi el doble.
La razón, dijeron, es el costo salarial y tributario, que se ha visto incrementado en los últimos tiempos sin que hubiera una disposición oficial a mejorar el tipo de cambio que rige para el ingreso de los dólares al país.
El conflicto viene de largo. Ya en diciembre del año pasado la empresa decretó vacaciones colectivas de los trabajadores.
Los directivos se reunieron con el gobernador de Mendoza Francisco Pérez y le plantearon los problemas. Esa cita terminó en un punto muerto y con la empresa que puso como plazo máximo para detener los trabajos de montaje de la mina el 28 de febrero último.
Pero en febrero, una reunión entre los cancilleres Héctor Timerman y Antonio Patriota, en Río de Janeiro, renovó las esperanzas de reactivación del proyecto. “Nuestros embajadores y equipos designados por las presidentas Dilma Rousseff y Cristina Kirchner, están trabajando denodadamente para que Vale continúe en Argentina y siga con las inversiones”, dijo el ministro argentino en una rueda de prensa. Y agregó: “El proyecto todavía va dar grandes satisfacciones a ambas partes: al inversor y a la República Argentina”. Sin embargo las obras siguen paralizadas y los proveedores aún no han recibido ninguna comunicación.
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Neuquén lento para inventariar sus glaciares
Neuquén todavía no inventarió sus glaciares
Fecha de Publicación: 10/03/2013
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Neuquén
La provincia de Neuquén se quedó al margen del primer inventario de glaciares que realizó el organismo técnico nacional porque todavía no se firmó el convenio para su implementación.
En el primer informe del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conicet, se relevaron cuerpos de hielo en seis de once provincias, donde se identificaron más de 4 mil glaciares que cubren un área superior a los 3 mil 700 kilómetros cuadrados, según se informó oficialmente.
La ley de protección de glaciares fue sancionada en el año 2010, promulgada en febrero de 2011, pero no se aplicó por medidas cautelares presentadas por la provincia de San Juan hasta setiembre del año pasado cuando la Corte Suprema de Justicia habilitó el relevamiento.
Fuentes oficiales de la secretaría de Ambiente y de la presidencia de la Legislatura indicaron que hubo contactos el año pasado con la subsecretaria de Planificación y Políticas Ambientales de la Nación, Silvia Alicia Révora, para avanzar en el convenio, pero por el cambio de rango de la subsecretaría de medio ambiente a Secretaría, la gestión se había demorado. "Es inminente la firma del convenio, ya están nombrados los técnicos que ya participaron de encuentros en La Rioja", se informó. Se aclaró que hay un plazo de 5 años para realizar el relevamiento. San Juan expuso reparos por la actividad minera en la zona cordillerana. Neuquén había planteado una definición en torno a lo que era periglaciar por una probable afectación a la actividad petrolífera. La Legislatura sancionó una declaración, por unanimidad, en setiembre del año pasado en la que se estableció la necesidad de iniciar el inventario con prioridad en las provincias patagónicas y se argumentó el cuidado del agua potable para consumo humano frente a las actividades contaminantes.
Según un informe del Conicet, de acuerdo a los avances registrados por los distintos equipos que se encuentran trabajando, se relevaron al momento más de 4 mil cuerpos de hielo en distintas subcuencas de las provincias de Catamarca, Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En total, la sumatoria de estos cuerpos cubre una superficie mayor a 3.700 kilómetros cuadrados, más de 17 veces el tamaño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Neuquén hubo una polémica en torno al proyecto geotérmico en Copahue. Vecinos autoconvocados presentaron un amparo pero luego se lo habilitó en instancia superior.
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Fecha de Publicación: 10/03/2013
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Neuquén
La provincia de Neuquén se quedó al margen del primer inventario de glaciares que realizó el organismo técnico nacional porque todavía no se firmó el convenio para su implementación.En el primer informe del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conicet, se relevaron cuerpos de hielo en seis de once provincias, donde se identificaron más de 4 mil glaciares que cubren un área superior a los 3 mil 700 kilómetros cuadrados, según se informó oficialmente.
La ley de protección de glaciares fue sancionada en el año 2010, promulgada en febrero de 2011, pero no se aplicó por medidas cautelares presentadas por la provincia de San Juan hasta setiembre del año pasado cuando la Corte Suprema de Justicia habilitó el relevamiento.
Fuentes oficiales de la secretaría de Ambiente y de la presidencia de la Legislatura indicaron que hubo contactos el año pasado con la subsecretaria de Planificación y Políticas Ambientales de la Nación, Silvia Alicia Révora, para avanzar en el convenio, pero por el cambio de rango de la subsecretaría de medio ambiente a Secretaría, la gestión se había demorado. "Es inminente la firma del convenio, ya están nombrados los técnicos que ya participaron de encuentros en La Rioja", se informó. Se aclaró que hay un plazo de 5 años para realizar el relevamiento. San Juan expuso reparos por la actividad minera en la zona cordillerana. Neuquén había planteado una definición en torno a lo que era periglaciar por una probable afectación a la actividad petrolífera. La Legislatura sancionó una declaración, por unanimidad, en setiembre del año pasado en la que se estableció la necesidad de iniciar el inventario con prioridad en las provincias patagónicas y se argumentó el cuidado del agua potable para consumo humano frente a las actividades contaminantes.
Según un informe del Conicet, de acuerdo a los avances registrados por los distintos equipos que se encuentran trabajando, se relevaron al momento más de 4 mil cuerpos de hielo en distintas subcuencas de las provincias de Catamarca, Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En total, la sumatoria de estos cuerpos cubre una superficie mayor a 3.700 kilómetros cuadrados, más de 17 veces el tamaño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Neuquén hubo una polémica en torno al proyecto geotérmico en Copahue. Vecinos autoconvocados presentaron un amparo pero luego se lo habilitó en instancia superior.
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Botnia: sigue la judicialización del conflicto
Nada se sabe de los monitoreos a Botnia, pero sigue la criminalización de la protesta
Fecha de Publicación: 10/03/2013
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
Mientras la cancillerías de Argentina y del Uruguay le siguen dando cobertura de impunidad para que la pastera Botnia (UPM) continúe con su ecocidio, los asambleístas –depositarios de la lucha de Gualeguaychú- enfrentan el calvario de haber sido criminalizados por el gobierno nacional por llevar adelante su defensa ambiental.
El miércoles 20 a las 9 deberán comparecer varios asambleístas ante la Cámara Federal de Paraná para responder la figura de “homicidio culposo” por el accidente que le costó la vida al motociclista Walter Maulucci ocurrido el 26 de abril de 2009.
Los cuatro asambleístas que deberán comparecer ante la Justicia Federal son: María Alicia Rivero, Miguel Ángel González, Miguel Pérez y Enrique Reichel. A propósito, justo es recordar que el fiscal federal de Paraná, Ricardo Álvarez, es también el responsable de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima). El objetivo de esa Unidad Fiscal es velar por la protección ambiental, y que se optimice la prevención y persecución en todo el país de los delitos ambientales, pero jamás se acercó a Gualeguaychú para interiorizarse de la lucha de la comunidad. Por el contrario, fue funcional a la criminalización de la protesta.
Por eso la Asamblea pide que se ejerza la solidaridad con quienes están procesados y para ello está organizando el viaje del 20 de marzo con el objeto de concentrarse frente a la Cámara Federal con asiento en Paraná. Los interesados en ir deben anotarse en la Casa de la Cultura Municipal.
Por último, la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) no ha podido ni querido dar a conocer los casi veinte informes de monitoreo a la pastera. El desacuerdo entre ambas delegaciones es funcional a la estrategia que permite blindar de impunidad a Botnia, suscribir a la teoría de los hechos consumados (concepto que impide el ejercicio de la Justicia) y asiste a uno de los mayores ecocidios que se padecen en la región. Mientras tanto, son los luchadores ambientales los únicos que son sentados ante la justicia.
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Fecha de Publicación: 10/03/2013
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
Mientras la cancillerías de Argentina y del Uruguay le siguen dando cobertura de impunidad para que la pastera Botnia (UPM) continúe con su ecocidio, los asambleístas –depositarios de la lucha de Gualeguaychú- enfrentan el calvario de haber sido criminalizados por el gobierno nacional por llevar adelante su defensa ambiental.
El miércoles 20 a las 9 deberán comparecer varios asambleístas ante la Cámara Federal de Paraná para responder la figura de “homicidio culposo” por el accidente que le costó la vida al motociclista Walter Maulucci ocurrido el 26 de abril de 2009.
Los cuatro asambleístas que deberán comparecer ante la Justicia Federal son: María Alicia Rivero, Miguel Ángel González, Miguel Pérez y Enrique Reichel. A propósito, justo es recordar que el fiscal federal de Paraná, Ricardo Álvarez, es también el responsable de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima). El objetivo de esa Unidad Fiscal es velar por la protección ambiental, y que se optimice la prevención y persecución en todo el país de los delitos ambientales, pero jamás se acercó a Gualeguaychú para interiorizarse de la lucha de la comunidad. Por el contrario, fue funcional a la criminalización de la protesta.
Por eso la Asamblea pide que se ejerza la solidaridad con quienes están procesados y para ello está organizando el viaje del 20 de marzo con el objeto de concentrarse frente a la Cámara Federal con asiento en Paraná. Los interesados en ir deben anotarse en la Casa de la Cultura Municipal.
Por último, la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) no ha podido ni querido dar a conocer los casi veinte informes de monitoreo a la pastera. El desacuerdo entre ambas delegaciones es funcional a la estrategia que permite blindar de impunidad a Botnia, suscribir a la teoría de los hechos consumados (concepto que impide el ejercicio de la Justicia) y asiste a uno de los mayores ecocidios que se padecen en la región. Mientras tanto, son los luchadores ambientales los únicos que son sentados ante la justicia.
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Mapuches: contaminación, resistencia y judicialización
Derrame de petróleo
Fecha de Publicación: 09/03/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Neuquén
Fecha de Publicación: 09/03/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Neuquén
Una petrolera estadounidense en territorio mapuche, denuncias de contaminación y la judicialización de comunidades indígenas. Es la situación en Portezuelo Chico (Neuquén), donde la compañía Apache Corporation explota nueve pozos en territorio de la comunidad Winkul Newen y se produjo derrame de petróleo. “El Poder Judicial siempre ha estado a favor de la petrolera y del gobierno provincial, garantizando la explotación a costa de nuestras vidas, desconocen nuestros derechos”, afirmó Relmu Ñamku, integrante de la comunidad. A pesar de haber violado convenios internacionales y leyes nacionales que obligan a consultar a la comunidad, la jueza Ivonne San Martín autorizó el ingreso de la petrolera y procesó a dirigentes mapuches.
En octubre pasado, la comunidad Winkul Newen denunció un derrame petrolero de un ducto en Portezuelo Chico (a 25 kilómetros de Cutral-Có, donde Apache tiene nueve pozos). La comunidad cerró el ingreso a sus 3000 hectáreas y exigió una mesa de diálogo para la remediación ambiental y discutir el impacto social y cultural. “Hay incontables derrames en el yacimiento. Una mañana nos levantamos y había ‘llovido’ petróleo. La contaminación es una constante”, advirtió Ñamku.
El 28 de diciembre, la jueza de Zapala Ivonne San Martín ordenó que la comunidad liberara el paso a la petrolera. La comunidad resistió la medida en la tranquera y, pedrada mediante, la auxiliar de Justicia Verónica Pelayes sufrió rotura de tabique nasal y cinco puntos de sutura. Fueron detenidas tres autoridades mapuches.
Comenzó entonces una campaña mediática en Neuquén que hizo hincapié en la “violencia mapuche”. El abogado de Pelayes, Julián Alvarez, argumentó que la pedrada “fue un intento de homicidio” y llamó a los mapuches “delincuentes que viven en la ilegalidad”. Alvarez es abogado de la Sociedad Rural de Neuquén y defensor del ex juez de la dictadura militar Pedro Laurentino Duarte, acusado por organismos de derechos humanos de colaboracionista de la última dictadura militar.
El 26 de enero, el gobernador Jorge Sapag también denominó “violentos” a los integrantes de la comunidad Winkul Newen.
Organismos de derechos humanos emitieron un comunicado conjunto: “Nos duele el rostro desfigurado de Verónica Pelayes y lo lamentamos profundamente. También nos duelen tantos rostros invisibilizados, anónimos, discriminados, olvidados que por siglos lucharon y luchan en la actualidad. ¿Será que los integrantes de las comunidades indígenas y campesinas deben estar presos porque defienden sus territorios de los avances ambiciosos de las empresas transnacionales y de los gobiernos?”. La nota lleva la firma de Mesa Coordinadora por los Derechos Humanos de Zapala, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), la Asamblea Popular Zapala, la Pastoral Social local y el obispo emérito Marcelo Melani, entre otros.
El 14 de febrero, la empresa –con policías y seguridad privada– volvió al territorio mapuche e intentó ingresar. La comunidad denunció que estaba “sitiada” por la empresa y apuntó al papel del Poder Judicial. “Siempre ha estado a favor de la explotación petrolera, jamás se han preocupado por la falta de agua o la contaminación. Pero cuando bloqueamos el ingreso de la empresa, siempre los jueces mandan despliegues policiales increíbles. La jueza San Martín es un ejemplo de esa ‘Justicia’, es una jueza antimapuche”, acusó Ñamku y exigió el cumplimiento del derecho a consulta vigente en tratados internacionales a los que Argentina suscribió.
El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) denuncia desde hace cinco años la judicialización de la lucha del pueblo mapuche. Afirma que, sólo en Neuquén, hay 250 dirigentes indígenas judicializados por defender el territorio. En su informe anual 2010 “Los derechos humanos del pueblo mapuche” les dedican un apartado como “emblemas de discriminación” a las juezas Ivonne San Martín y Carina Alvarez: “Tienen una actitud ‘militante’ en contra del pueblo mapuche y un abierto desafío al cumplimiento de la Constitución y de los tratados internacionales. Se han destacado por sus reiteradas y sistemáticas negativas a reconocer los derechos indígenas. Hacen una decidida utilización de la policía para desalojar y disciplinar las resistencias indígenas”.
La petrolera Apache Corporation tiene presencia en Australia, Estados Unidos, Egipto, Reino Unido, Canadá y Argentina. Apache –que no respondió los llamados de este diario– realizó en 2011, también en territorio mapuche y en las afueras de Zapala, la primera perforación en América latina con la técnica de “multifractura horizontal” (una de las formas de “fracking”, con grandes volúmenes de agua y químicos a presión, que rompen la roca y extraen el hidrocarburo). Una técnica muy cuestionada por sus efectos socioambientales y prohibida en Irlanda del Norte, Bulgaria y Francia.
Relmu Ñamku remarcó que el conflicto se da en “un contexto en el que el gobierno nacional, provincial y empresas, entre ellas Apache, han firmado acuerdos para la explotación petrolera convencional y avance del fracking”. E insistió con la necesidad de una “mesa de diálogo”.
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Ordenan detener a empresario por contaminar
Ordenan detener a empresario por contaminar en Río Hondo
Fecha de Publicación: 09/03/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
Está acusado de arrojar desechos industriales al lago y provocar la mortandad de peces. La polución de la represa impacta de manera directa en la laguna Mar Chiquita.
El juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, ordenó la detención del empresario tucumano Héctor Gregorio Mateo acusado, junto a otros industriales, de contaminar y provocar la mortandad de peces en el lago de Río Hondo, informaron ayer fuentes judiciales.
Según informó el Nuevo Diario, Mateo se había ausentado a la indagatoria prevista el lunes, en la causa por contaminación con desechos industriales en el lago de Las Termas, que investiga el Juzgado Federal de Santiago del Estero (ver mapa).
Mateo es miembro de la mesa directiva del ingenio La Corona de la firma Azucarera Argentina S.A., y había prometido a través de su abogado defensor comparecer en la Justicia en un plazo de 48 horas. Lo que no fue cumplido y por lo que se resolvió su detención inmediata, explica el diario santiagueño.
Con anterioridad, en la misma instrucción judicial, prestaron declaración indagatoria los empresarios Miguel Ángel González y Julio José Columbres, propietario de los ingenios Nuñorco y Santa Bárbara, además de Aguilares y el Centro Azucarero Regional Tucumán.
También, declararon en el Juzgado Federal de Santiago del Estero los empresarios Santiago Daniel Gassep (Azucarera del Sur), Catalina Inés Lonac (Los Balcanes) y Jorge Alberto Rocchia Ferro (ingenios La Florida, Cruz Alta y Aguijares). En tanto, aún queda pendiente la indagatoria de Mario Rubén Menéndez (Litoral Citrus), que presentó un certificado médico y la citación fue reprogramada para el próximo miércoles.
En las declaraciones indagatorias, la mayoría de los empresarios tucumanos señalaron que las empresas “cumplen al pie de la letra” con lo dispuesto por la Secretaria de Medio Ambiente de Tucumán. “El tratamiento de la vinaza lo realizamos en lagunas, para evitar que los residuos lleguen al río, pero en la volteada caemos todos”, coincidieron.
En el avance de la causa, el juez Molinari analiza la posibilidad de citar a funcionarios municipales de localidades del interior de Tucumán.
Mortandad de peces. Las denuncias se sucedieron en los últimos tiempos por la mortandad de peces en los piletones del dique frontal de Río Hondo de la villa turística, ubicada a 78 kilómetros al norte de la capital santiagueña. Varios estudios demostraron que la contaminación es provocada por industrias tucumanas instaladas cerca de la cuenca Salí-Dulce, que afectan el lago y provoca la mortandad de miles de peces.
En las zonas afectadas se determinó que la fauna se ve comprometida por la sobresaturación de algas y que el oxígeno disuelto somete a los peces del embalse a condiciones que comprometen su desarrollo.
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Una contaminación entre provincias
Fecha de Publicación: 09/03/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
El lago de Río Hondo sufre recurrentes episodios de contaminación. El último ocurrió en febrero, cuando murieron cientos de peces y aves. Empresarios azucareros de Tucumán están acusados de contaminar la cuenca que llega a Santiago. El juez mandó detener a uno de ellos.
El juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, ordenó la detención del empresario tucumano Héctor Gregorio Mateos, acusado junto a otros industriales de contaminar y provocar la mortandad de peces en el lago de Río Hondo. En la misma resolución, el magistrado revocó la exención de prisión al propietario de la empresa Azucarera Argentina, de Tucumán, que no asistió a una indagatoria por infringir la Ley de Residuos Peligrosos. Los episodios de contaminación en ese lago son recurrentes: el último ocurrió a mediados de febrero pasado, cuando apareció una gigantesca mancha tóxica en el Dique Frontal que provocó la muerte de cientos de peces e incluso de aves, vacas y perros.
Con anterioridad, en la misma instrucción judicial, prestaron declaración indagatoria los empresarios Miguel Angel González y Julio José Columbres, propietario de los ingenios Nuñorco y Santa Bárbara, además de Aguilares y el Centro Azucarero Regional Tucumán.
También, declararon en el Juzgado Federal de Santiago del Estero los empresarios Santiago Daniel Gassep (Azucarera del Sur), Catalina Inés Lonac (Los Balcanes) y Jorge Alberto Rocchia Ferro (ingenios La Florida, Cruz Alta y Aguijares).
En tanto, aún queda pendiente la indagatoria de Mario Rubén Menéndez (Litoral Citrus), que presentó un certificado médico y la citación fue reprogramada para el 13 de marzo próximo.
En las declaraciones indagatorias, la mayoría de los empresarios tucumanos señalaron que las empresas “cumplen al pie de la letra” con lo dispuesto por la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán. “El tratamiento de la vinaza lo realizamos en lagunas, para evitar que los residuos lleguen al río, pero en la volteada caemos todos”, coincidieron.
En el avance de la causa, el juez Molinari analiza la posibilidad de citar a funcionarios municipales de localidades del interior de Tucumán.
Las denuncias se sucedieron en los últimos tiempos por la mortandad de peces en los piletones del dique frontal de Río Hondo de la villa turística, ubicada 78 kilómetros al norte de la capital santiagueña. Varios estudios demostraron que la contaminación es provocada por industrias tucumanas instaladas en cercanías de la cuenca Salí-Dulce, que afectan el lago y provocan la mortandad de miles de peces.
En las zonas afectadas se logró determinar que la fauna se ve comprometida por la sobresaturación de algas y que el oxígeno disuelto somete a los peces del embalse a condiciones que comprometen su desarrollo normal.
El 13 de febrero, vecinos de la localidad de Villa Río Hondo, a 15 kilómetros de las Termas de Río Hondo, descubrieron una masiva mortandad de fauna silvestre. Una mancha tóxica azul y verde de unos 1500 metros de longitud provocó la mortandad. No era la primera vez que sucedía un episodio de esa naturaleza, pero lo sorpresivo fue la cantidad de fauna afectada y la rapidez con que ocurrieron las muertes.
En aquel momento, la senadora nacional Ana María Corradi (FpV) apuntó contra empresas tucumanas y los vuelcos de desechos.
La vinaza es el desecho que se genera en la elaboración de etanol con la melaza de la caña de azúcar. La legisladora viene denunciando que las empresas de Tucumán tiran la vinaza en la cuenca del Salí-Dulce, que termina en el lago de Río Hondo, y reclama un “monitoreo permanente” para evitar el volcado de esos residuos en los cursos de agua.
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Fecha de Publicación: 09/03/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
Está acusado de arrojar desechos industriales al lago y provocar la mortandad de peces. La polución de la represa impacta de manera directa en la laguna Mar Chiquita.El juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, ordenó la detención del empresario tucumano Héctor Gregorio Mateo acusado, junto a otros industriales, de contaminar y provocar la mortandad de peces en el lago de Río Hondo, informaron ayer fuentes judiciales.
Según informó el Nuevo Diario, Mateo se había ausentado a la indagatoria prevista el lunes, en la causa por contaminación con desechos industriales en el lago de Las Termas, que investiga el Juzgado Federal de Santiago del Estero (ver mapa).
Mateo es miembro de la mesa directiva del ingenio La Corona de la firma Azucarera Argentina S.A., y había prometido a través de su abogado defensor comparecer en la Justicia en un plazo de 48 horas. Lo que no fue cumplido y por lo que se resolvió su detención inmediata, explica el diario santiagueño.
Con anterioridad, en la misma instrucción judicial, prestaron declaración indagatoria los empresarios Miguel Ángel González y Julio José Columbres, propietario de los ingenios Nuñorco y Santa Bárbara, además de Aguilares y el Centro Azucarero Regional Tucumán.
También, declararon en el Juzgado Federal de Santiago del Estero los empresarios Santiago Daniel Gassep (Azucarera del Sur), Catalina Inés Lonac (Los Balcanes) y Jorge Alberto Rocchia Ferro (ingenios La Florida, Cruz Alta y Aguijares). En tanto, aún queda pendiente la indagatoria de Mario Rubén Menéndez (Litoral Citrus), que presentó un certificado médico y la citación fue reprogramada para el próximo miércoles.
En las declaraciones indagatorias, la mayoría de los empresarios tucumanos señalaron que las empresas “cumplen al pie de la letra” con lo dispuesto por la Secretaria de Medio Ambiente de Tucumán. “El tratamiento de la vinaza lo realizamos en lagunas, para evitar que los residuos lleguen al río, pero en la volteada caemos todos”, coincidieron.
En el avance de la causa, el juez Molinari analiza la posibilidad de citar a funcionarios municipales de localidades del interior de Tucumán.
Mortandad de peces. Las denuncias se sucedieron en los últimos tiempos por la mortandad de peces en los piletones del dique frontal de Río Hondo de la villa turística, ubicada a 78 kilómetros al norte de la capital santiagueña. Varios estudios demostraron que la contaminación es provocada por industrias tucumanas instaladas cerca de la cuenca Salí-Dulce, que afectan el lago y provoca la mortandad de miles de peces.
En las zonas afectadas se determinó que la fauna se ve comprometida por la sobresaturación de algas y que el oxígeno disuelto somete a los peces del embalse a condiciones que comprometen su desarrollo.
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Una contaminación entre provincias
Fecha de Publicación: 09/03/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
El lago de Río Hondo sufre recurrentes episodios de contaminación. El último ocurrió en febrero, cuando murieron cientos de peces y aves. Empresarios azucareros de Tucumán están acusados de contaminar la cuenca que llega a Santiago. El juez mandó detener a uno de ellos.
El juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, ordenó la detención del empresario tucumano Héctor Gregorio Mateos, acusado junto a otros industriales de contaminar y provocar la mortandad de peces en el lago de Río Hondo. En la misma resolución, el magistrado revocó la exención de prisión al propietario de la empresa Azucarera Argentina, de Tucumán, que no asistió a una indagatoria por infringir la Ley de Residuos Peligrosos. Los episodios de contaminación en ese lago son recurrentes: el último ocurrió a mediados de febrero pasado, cuando apareció una gigantesca mancha tóxica en el Dique Frontal que provocó la muerte de cientos de peces e incluso de aves, vacas y perros.
Con anterioridad, en la misma instrucción judicial, prestaron declaración indagatoria los empresarios Miguel Angel González y Julio José Columbres, propietario de los ingenios Nuñorco y Santa Bárbara, además de Aguilares y el Centro Azucarero Regional Tucumán.
También, declararon en el Juzgado Federal de Santiago del Estero los empresarios Santiago Daniel Gassep (Azucarera del Sur), Catalina Inés Lonac (Los Balcanes) y Jorge Alberto Rocchia Ferro (ingenios La Florida, Cruz Alta y Aguijares).
En tanto, aún queda pendiente la indagatoria de Mario Rubén Menéndez (Litoral Citrus), que presentó un certificado médico y la citación fue reprogramada para el 13 de marzo próximo.
En las declaraciones indagatorias, la mayoría de los empresarios tucumanos señalaron que las empresas “cumplen al pie de la letra” con lo dispuesto por la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán. “El tratamiento de la vinaza lo realizamos en lagunas, para evitar que los residuos lleguen al río, pero en la volteada caemos todos”, coincidieron.
En el avance de la causa, el juez Molinari analiza la posibilidad de citar a funcionarios municipales de localidades del interior de Tucumán.
Las denuncias se sucedieron en los últimos tiempos por la mortandad de peces en los piletones del dique frontal de Río Hondo de la villa turística, ubicada 78 kilómetros al norte de la capital santiagueña. Varios estudios demostraron que la contaminación es provocada por industrias tucumanas instaladas en cercanías de la cuenca Salí-Dulce, que afectan el lago y provocan la mortandad de miles de peces.
En las zonas afectadas se logró determinar que la fauna se ve comprometida por la sobresaturación de algas y que el oxígeno disuelto somete a los peces del embalse a condiciones que comprometen su desarrollo normal.
El 13 de febrero, vecinos de la localidad de Villa Río Hondo, a 15 kilómetros de las Termas de Río Hondo, descubrieron una masiva mortandad de fauna silvestre. Una mancha tóxica azul y verde de unos 1500 metros de longitud provocó la mortandad. No era la primera vez que sucedía un episodio de esa naturaleza, pero lo sorpresivo fue la cantidad de fauna afectada y la rapidez con que ocurrieron las muertes.
En aquel momento, la senadora nacional Ana María Corradi (FpV) apuntó contra empresas tucumanas y los vuelcos de desechos.
La vinaza es el desecho que se genera en la elaboración de etanol con la melaza de la caña de azúcar. La legisladora viene denunciando que las empresas de Tucumán tiran la vinaza en la cuenca del Salí-Dulce, que termina en el lago de Río Hondo, y reclama un “monitoreo permanente” para evitar el volcado de esos residuos en los cursos de agua.
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Hace rato se empleaba el Fracking y sin estudios
Fracking: en Santa Cruz se hace desde hace un año y sin Estudio de Impacto Ambiental
Fecha de Publicación: 08/03/2013
Fuente: OPI
Fecha de Publicación: 08/03/2013
Fuente: OPI
Provincia/Región: Santa Cruz
Tan increíble como inconcebible, el método extractivo de petróleo no convencional, denominado Fracking, altamente nocivo para el medio ambiente, prohibido en 4 países, fue anunciado el 13 de febrero por la presidenta en Chubut. Lo que nadie dijo es que en Santa Cruz YPF lo realiza desde diciembre de 2011 y peor aún, sin haber realizado el Estudio de Impacto Ambiental ni Audiencia Pública. En Chubut le costó el puesto al Ministro de Medio Ambiente, en nuestra provincia, ni siquiera han dado respuesta públicamente.El día 13 de febrero, la presidenta anunció el inicio de las actividades petroleras para la extracción “no convencional”, en el yacimiento El Trébol, de Chubut. En aquella oportunidad y tal como informáramos, a través de una entrevista realizada a la abogada representante de las organizaciones ambientalistas, Dra Silvia Dos Santos, el gobierno de Bussi eludió los trámites de rigor, presentando un Estudio de Impacto Ambiental incompleto y a destiempo. Este escándalo obligó al ministro de ambiente de Chubut, Marcelo Jones, a renunciar por pedido del gobernador y el mismo día que la presidenta hacía el anuncio del inicio de las operaciones, curiosamente sin mencionar la palabra “Fracking” durante todo su discurso, la Dra Dos Santos presentaba un recurso de amparo ante la Justicia.
Todos estaban escandalizados en Chubut, de la manera inconsulta en que se decidió iniciar actividades de este tipo, teniendo en cuenta que en 4 países está absolutamente prohibida esta actividad y en 11 estados detenida, de hecho en EEUU hay legislación muy contundente sobre las restricciones a este tipo de mecanismos altamente contaminantes para la extracción de hidrocarburos.
Pero la gran sorpresa la aportó el estado provincial de Santa Cruz, donde desde el mes de diciembre de 2011, lleva adelante la operación por fractura hidráulica, de parte de la empresa YPF, de manera experimental. Los lugares en los cuales se lleva a cabo esta controvertida explotación son: Estancia Cholila, Los Perales y Lomas del Cuy, todos en la zona norte de la provincia de Santa Cruz.
De acuerdo a lo expresado por el Ingeniero Eduardo Delìa, representante de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos, quien fue consultado por OPI al respecto de esta actividad en la provincia, señaló que en la región afectada a esta perjudicial actividad “se encuentra la formación de agua dulce llamado Acuífero Patagoniano, una pobre formación de la cual se abastecen las localidades de Las Heras, Pico Truncado, Koluel Kaike y Caleta Olivia y todos los establecimientos agrícolas de la zona”.
Pero lo más grave de todo esto, es lo que expresa Delía al asegurar que en Santa Cruz no se realizó ni siquiera el Estudio de Impacto Ambiental y (mucho menos) tampoco se realizó la Audiencia Pública “el hueco legal que deja todo esto, fue aprovechado por el gobierno para realizar a espaldas de la gente, esta actividad en forma experimental, pero que es altamente nociva para el medio ambiente y destruye y contamina los acuíferos”, resaltó el Ingeniero.
“Nosotros en unos días esteremos presentando un recurso, porque, mientras la presidenta hacía el anuncio en Chubut y allí las irregularidades le costaron el puesto al Ministro de Medio Ambiente, aquí, en Santa Cruz ya se está haciendo hace más de un año y en peores condiciones aún, porque no se ha cumplido con los mínimos requisitos legales exigidos para una actividad de tanto impacto como la fractura hidráulica y aún más grave es que lo haya anunciado el propio Presidente del Instituto de Energía, Juan Ferreiro, actuando totalmente por fuera de la ley”, concluyó.
Fracking
Este sistema de extracción “no convencional” de petróleo tiene más de 15 años de descubrimiento y consiste en la realización de una perforación muy profunda (3.000 o más metros) donde se inserta un tubo (casing) hasta que se choca con la denominada “piedra madre o shale” debajo de la cual está el petróleo o el gas “no convencional” (es decir de acceso ordinario como los pozos convencionales entre los 1.000 y 1.300 mts). Cuando llega a la piedra madre, la perforación comienza a realizarse en forma horizontal y para oradar la piedra se inyectan grandes cantidades de agua a presión, y se acompañan con una variedad de químicos, altamente contaminantes y corrosivos. Se podrían inyectar hasta 35 o 40 mil metros cúbicos por yacimiento, lo cual, al cabo de un tiempo y por destrucción de la roca, permite que el gas y el hidrocarburo aflores, recogiéndose luego, en el modo convencional. El agua resultante que se vuelca en la superficie, es un compuesto alterado de agua contaminada, barro y esos químicos altamente degradantes del ambiente.
Este es un modo de extracción que se utiliza como último recurso, cuando los yacimientos convencionales se han secado o están próximos a agotarse. El Fracking es un mecanismo que, además de alta complejidad, tiene un costo muy elevado. Paralelamente, en Europa a partir de la crisis del agua, hace algo más de 10 años atrás, fue cuestionado y suspendido en varios países. En América, igualmente, está siendo prohibido, pero la corrupción estatal en países latinoamericanos, les ha permitido a las operadoras multinacionales, operar con cierta libertad, dado que cuentan con la complicidad política de gobiernos, cámaras legislativas y de empresas estatales donde se asientan.
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Clausuraron la refinería de Petrobras
Clausuraron la refinería de Petrobras
Fecha de Publicación: 08/03/2013
Fuente: La Nueva Provincia
Provincia/Región: Buenos Aires
La medida cautelar es por no cumplir con el plan de seguridad y tener vencidos los certificados de aptitud ambiental y de descarga de gases. Se realiza una parada de planta y hay más de 500 obreros a la expectativa. "Estamos sorprendidos y preocupados", dijo el concejal y gremialista Fabio Pierdominici.
El doctor Rubén Moiola, en subrogancia a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 2, ordenó la clausura la refinería de Petrobras, Doctor Ricardo Eliçabe, como medida cautelar en el marco de una acción de amparo, porque la empresa "tiene vencidos los certificados de descarga de efluentes gaseosos desde 2003, al igual que el certificado de aptitud ambiental desde 2009 y no ha presentado el plan de remediación y readecuación tras la muerte de un operario".
Así lo confirmó Leandro Aparicio, abogado de vecinos de la planta, quienes iniciaron una acción penal que derivó en esta medida judicial. Todos viven en la calle Cacique Platero, entre la avenida Colón y Moreno, a unas dos cuadras del establecimiento industrial.
"Por esas razones, después de haberle preguntado al Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS) --autoridad de aplicación-- acerca de los permisos que están vencidos y no obtener respuesta alguna, se hace efectiva esta medida, hasta tanto se acompañen los certificados vigentes", dijo el letrado.
Aparicio manifestó que la causa la generaron los lugareños, a partir de que "casi diariamente ingresan gases cancerígenos en sus casas, que salen de esta refinería".
"Les pica y les duele mucho la garganta, produciendo carrasperas, vómitos, náuseas y dolores de cabeza, además de ser cancerígenos", advirtió.
Desde la empresa se expuso que se realizaron las correspondientes presentaciones ante el OPDS, que las mismas no fueron objetadas y que es el organismo provincial el que no emite los certificados y lleva a la empresa a no contar con dichos avales.
Al respecto, Aparicio dijo que el OPDS es un foco de corrupción.
"Dejó prescribir multas que le debió aplicar a Petrobras, ¿porque son muy ineficientes o porque son muy corruptos?", preguntó.
En ese sentido, sostuvo que desde la cúpula del organismo se ha perseguido a los inspectores honestos.
"Como lo han hecho con el ingeniero Martín Negri, al que le sacaron el sueldo, lo persiguieron y terminó suicidándose. Negri fue el primero que le hizo la clausura a Petrobras, hace unos 4 años, y el que se opuso fue el ingeniero Fernando Rey Saravia, excoordinador del CTE, organismo que tampoco cumple con su finalidad, ya que tendría que haber intimado y advertido.
"Hay que cambiar el paradigma del control ambiental porque el CTE y el OPDS defienden los intereses de las empresas y no el medio ambiente y la salud de las personas", aseguró Aparicio.
"Estaba operando bien". El concejal Fabio Pierdominici (Unión Celeste y Blanco) es dirigente sindical del gremio que agrupa a los empleados de la refinería. Ayer, durante la parada de planta, se reunió con los trabajadores y expresó su preocupación.
"Estamos sorprendidos y preocupados por que no hay motivos claros que justifiquen la clausura y porque más de 500 trabajadores dependen de ella. La planta estaba operando bien, sin falencias técnicas, en regímenes normales", destacó.
Advirtió que el riesgo de accidentes aumenta en la planta durante los procesos de parada y puesta en marcha.
"La parada que se está iniciando durará 4 días en concluirse. Ahora se está bajando la carga de crudo de las torres y se disminuye la temperatura de a poco, para la preservación de los equipos", manifestó.
Acompañó el CTE. Inspectores del Comité Técnico Ejecutivo, organismo municipal de control de grandes industrias, brindaron apoyo a los agentes judiciales que debían asegurar el cumplimiento de la medida de clausura, que alcanza a toda la refinería.
"El juzgado le pidió a la Municipalidad que el CTE se presente como personal de auxilio de la Justicia. A su vez, estamos consensuando con la empresa las maniobras que son necesarias para ir bajando la carga y parar la planta, cuestión que no se logra en diez minutos", expresó Sebastián Serra, titular de la Agencia Ambiental de la comuna.
Serra aclaró que la medida judicial se basa en aspectos administrativos --falta de documentación vigente-- y no por riesgos o eventos ambientales ocurridos en los últimos días.
Cristóbal López
El mes pasado trascendió que el empresario kirchnerista Cristóbal López cerró el acuerdo de asociación con la petrolera brasileña Petrobras, por lo cual se queda con el 51% del paquete accionario de la filial argentina. Esto abarca, entre otros activos, a la refinería local ubicada en Loma Paraguaya. Aún no se realizó el anuncio oficial.
Lo que dice el fallo judicial
El juez Rubén Moiola, al analizar el caso, en el marco de la causa "Arosteguichar Marcela Beatriz c/Petrobras Argentina S.A. y otro s/amparo", resolvió disponer la medida cautelar de clausura por encontrar "comprometido el derecho a la vida y a la salud".
Entendió el magistrado que la decisión se puede dictar porque concurren simultáneamente una "urgencia impostergable y la fuerte verosimilitud de los hechos y del derecho invocado".
Tuvo en cuenta las constancias administrativas, aunque sólo acompañadas por el CTE, ya que el OPDS no cumplió la orden judicial de incorporar el informe.
"Son demostrativas de las reiteradas fallas técnicas, accidentes e incidentes ocurridos en la refinería desde el período 2007 a la fecha, como asimismo las varias oportunidades en que la planta fue clausurada", explicó Moiola.
De la misma manera, surge que el plan de readecuación, remediación y seguridad no está cumplido en su totalidad.
Por otra parte, surge del informe del CTE que Petrobras tiene vencido tanto el certificado de aptitud ambiental como el permiso de descarga de efluentes gaseosos a la atmósfera, desde 2009 y 2003, respectivamente, "en franca violación a las normas".
"Se encuentra así acreditada la posible afectación o gravamen del derecho a un ambiente sano, a la salud y a la vida, por lo que en virtud del principio precautorio y preventivo (...), y teniendo en cuenta la índole de los bienes jurídicos comprometidos, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada", estableció Moiola.
La clausura es preventiva, hasta tanto se acredite en autos la presentación del certificado de aptitud ambiental y el permiso de descarga de efluentes gaseosos a la atmósfera, y se cumpla íntegramente con el plan de readecuación, remediación y seguridad.
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Fecha de Publicación: 08/03/2013
Fuente: La Nueva Provincia
Provincia/Región: Buenos Aires
La medida cautelar es por no cumplir con el plan de seguridad y tener vencidos los certificados de aptitud ambiental y de descarga de gases. Se realiza una parada de planta y hay más de 500 obreros a la expectativa. "Estamos sorprendidos y preocupados", dijo el concejal y gremialista Fabio Pierdominici.
El doctor Rubén Moiola, en subrogancia a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 2, ordenó la clausura la refinería de Petrobras, Doctor Ricardo Eliçabe, como medida cautelar en el marco de una acción de amparo, porque la empresa "tiene vencidos los certificados de descarga de efluentes gaseosos desde 2003, al igual que el certificado de aptitud ambiental desde 2009 y no ha presentado el plan de remediación y readecuación tras la muerte de un operario".
Así lo confirmó Leandro Aparicio, abogado de vecinos de la planta, quienes iniciaron una acción penal que derivó en esta medida judicial. Todos viven en la calle Cacique Platero, entre la avenida Colón y Moreno, a unas dos cuadras del establecimiento industrial.
"Por esas razones, después de haberle preguntado al Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS) --autoridad de aplicación-- acerca de los permisos que están vencidos y no obtener respuesta alguna, se hace efectiva esta medida, hasta tanto se acompañen los certificados vigentes", dijo el letrado.
Aparicio manifestó que la causa la generaron los lugareños, a partir de que "casi diariamente ingresan gases cancerígenos en sus casas, que salen de esta refinería".
"Les pica y les duele mucho la garganta, produciendo carrasperas, vómitos, náuseas y dolores de cabeza, además de ser cancerígenos", advirtió.
Desde la empresa se expuso que se realizaron las correspondientes presentaciones ante el OPDS, que las mismas no fueron objetadas y que es el organismo provincial el que no emite los certificados y lleva a la empresa a no contar con dichos avales.
Al respecto, Aparicio dijo que el OPDS es un foco de corrupción.
"Dejó prescribir multas que le debió aplicar a Petrobras, ¿porque son muy ineficientes o porque son muy corruptos?", preguntó.
En ese sentido, sostuvo que desde la cúpula del organismo se ha perseguido a los inspectores honestos.
"Como lo han hecho con el ingeniero Martín Negri, al que le sacaron el sueldo, lo persiguieron y terminó suicidándose. Negri fue el primero que le hizo la clausura a Petrobras, hace unos 4 años, y el que se opuso fue el ingeniero Fernando Rey Saravia, excoordinador del CTE, organismo que tampoco cumple con su finalidad, ya que tendría que haber intimado y advertido.
"Hay que cambiar el paradigma del control ambiental porque el CTE y el OPDS defienden los intereses de las empresas y no el medio ambiente y la salud de las personas", aseguró Aparicio.
"Estaba operando bien". El concejal Fabio Pierdominici (Unión Celeste y Blanco) es dirigente sindical del gremio que agrupa a los empleados de la refinería. Ayer, durante la parada de planta, se reunió con los trabajadores y expresó su preocupación.
"Estamos sorprendidos y preocupados por que no hay motivos claros que justifiquen la clausura y porque más de 500 trabajadores dependen de ella. La planta estaba operando bien, sin falencias técnicas, en regímenes normales", destacó.
Advirtió que el riesgo de accidentes aumenta en la planta durante los procesos de parada y puesta en marcha.
"La parada que se está iniciando durará 4 días en concluirse. Ahora se está bajando la carga de crudo de las torres y se disminuye la temperatura de a poco, para la preservación de los equipos", manifestó.
Acompañó el CTE. Inspectores del Comité Técnico Ejecutivo, organismo municipal de control de grandes industrias, brindaron apoyo a los agentes judiciales que debían asegurar el cumplimiento de la medida de clausura, que alcanza a toda la refinería.
"El juzgado le pidió a la Municipalidad que el CTE se presente como personal de auxilio de la Justicia. A su vez, estamos consensuando con la empresa las maniobras que son necesarias para ir bajando la carga y parar la planta, cuestión que no se logra en diez minutos", expresó Sebastián Serra, titular de la Agencia Ambiental de la comuna.
Serra aclaró que la medida judicial se basa en aspectos administrativos --falta de documentación vigente-- y no por riesgos o eventos ambientales ocurridos en los últimos días.
Cristóbal López
El mes pasado trascendió que el empresario kirchnerista Cristóbal López cerró el acuerdo de asociación con la petrolera brasileña Petrobras, por lo cual se queda con el 51% del paquete accionario de la filial argentina. Esto abarca, entre otros activos, a la refinería local ubicada en Loma Paraguaya. Aún no se realizó el anuncio oficial.
Lo que dice el fallo judicial
El juez Rubén Moiola, al analizar el caso, en el marco de la causa "Arosteguichar Marcela Beatriz c/Petrobras Argentina S.A. y otro s/amparo", resolvió disponer la medida cautelar de clausura por encontrar "comprometido el derecho a la vida y a la salud".
Entendió el magistrado que la decisión se puede dictar porque concurren simultáneamente una "urgencia impostergable y la fuerte verosimilitud de los hechos y del derecho invocado".
Tuvo en cuenta las constancias administrativas, aunque sólo acompañadas por el CTE, ya que el OPDS no cumplió la orden judicial de incorporar el informe.
"Son demostrativas de las reiteradas fallas técnicas, accidentes e incidentes ocurridos en la refinería desde el período 2007 a la fecha, como asimismo las varias oportunidades en que la planta fue clausurada", explicó Moiola.
De la misma manera, surge que el plan de readecuación, remediación y seguridad no está cumplido en su totalidad.
Por otra parte, surge del informe del CTE que Petrobras tiene vencido tanto el certificado de aptitud ambiental como el permiso de descarga de efluentes gaseosos a la atmósfera, desde 2009 y 2003, respectivamente, "en franca violación a las normas".
"Se encuentra así acreditada la posible afectación o gravamen del derecho a un ambiente sano, a la salud y a la vida, por lo que en virtud del principio precautorio y preventivo (...), y teniendo en cuenta la índole de los bienes jurídicos comprometidos, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada", estableció Moiola.
La clausura es preventiva, hasta tanto se acredite en autos la presentación del certificado de aptitud ambiental y el permiso de descarga de efluentes gaseosos a la atmósfera, y se cumpla íntegramente con el plan de readecuación, remediación y seguridad.
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La UCC contra la radicación de Monsanto
Universidad Católica se expidió en contra de la radicación de Monsanto en Malvinas
Fecha de Publicación: 08/03/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Fecha de Publicación: 08/03/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
El Centro de Bioética de la institución pidió escuchar a la población que se opone a la llegada de la multinacional, y dijo que “hay demasiada evidencia” de que la actividad de Monsanto “impactará negativamente en la salud de las personas”.El Centro de Bioética de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) emitió un duro documento donde explicitó su oposición a la instalación de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas, al afirmar que hay “demasiada evidencia” de que “las actividades, procesos y residuos del emprendimiento en cuestión impactarán negativamente en la salud de las personas en condiciones ya muy vulnerables”.
En el documento, titulado “7 puntos sobre el conflicto Monsanto en Malvinas: Otra voz”, la institución recomendó atender a los reclamos de la población de Malvinas, que mayoritariamente se resiste a la radicación de la firma, porque “es evidente que la movilización social tiene razones y sentido con elementos bien fundados”. Los vecinos reaccionan “porque son ellos los que pierden su salud y sus vidas en toda clase de exposiciones a diversos contaminantes que nunca llegan a saber fehacientemente de qué se trata”, remarcó el organismo de la Católica. “La autoridad de más de 200 muertos no es poca cosa”, agregó.
El posicionamiento público de la UCC se suma al que lanzó en setiembre del año pasado la UNC, que a través de su Consejo Superior pidió a las autoridades que respeten “los dictados de la Constitución Nacional” y el principio de precaución contemplado en la Ley Nacional 25.675. En esa resolutiva, también se sugirió indagar sobre el parecer de los vecinos mediante una consulta popular.
El comunicado de la UCC se conoció ayer y fue firmado por la mayoría de los integrantes del Centro de Bioética, entre ellos, el vicerrector Diego Fonti, mano derecha del rector Rafael Velasco. La médica y presidenta el comité, Sandra Heinzmann, dijo a la LA MAÑANA que hay que “legitimar la resistencia social, porque la gente tiene sus razones” y consideró que, como el proyecto “no tiene licencia social”, Monsanto “no debería seguir adelante” con su plan de expansión en Córdoba.
En ese sentido, aunque admitió que todavía no están “todas las pruebas” de que la instalación de la planta de transgénicos afectará la salud ambiental y de la comunidad de Malvinas, Heinzmann sostuvo que existen evidencias de “impacto serio”. Una de ellas, dijo, es un conocido informe del biólogo Raúl Montenegro, premio Nobel Alternativo 2004. Otra, prosiguió la especialista, es una investigación de campo sobre Malvinas Argentinas, elaborada por la UNC y publicada por este diario, en la que queda evidente el nivel de vulnerabilidad social y ambiental de esta población, sometida de antemano a fumigaciones por encontrarse en zona de producción agrícola de la provincia.
“No hay objetividad por encima de la vida”, reza el documento, donde se aclara que su interés es defender la vida y los derechos humanos (ver aparte).
En tanto, Monsanto prosigue con las obras sobre el predio ubicado en la Ruta A188, pese a que un fallo judicial ordenó suspender los trabajos. Ayer la multinacional informó públicamente que ni el municipio local ni la Secretaría de Ambiente de la Provincia revocaron el permiso de obra otorgado, y que tampoco la Justicia notificó sobre la mencionada suspensión.
“Empresa fuertemente sancionada”
Además de pedir que se valore la resistencia vecinal a la radicación, la UCC tuvo duras palabras para con la propia firma estadounidense, de quien recordó “ha sido fuertemente sancionada en diversos países del Primer Mundo y no por jueces desinformados”. “Pueden promoverse avances en el agro de muchas maneras más soberanas que beneficiando a estas empresas”, agregó y resaltó que “pesan hondas sospechas sobre la misma, dada su trayectoria histórica vinculada inexorablemente a la imposición de paquetes biotecnológicos ligados a los grandes intereses de mercado”. Con respecto a los productos transgénicos -especialidad de la empresa- recordó el Centro de Bioética que la mayoría de los países europeos los prohíben. “¿Por qué nuestras instituciones jurídicas y políticas no investigan los motivos?”, se preguntó la entidad.
En relación a la resolución de Cámara que suspendió provisoriamente las obras en Malvinas Argentinas, hasta tanto el municipio presente documentación requerida, la multinacional Monsanto indicó mediante un comunicado que “hasta el momento no han sido revocados el permiso de obra otorgado por la Municipalidad de Malvinas Argentinas ni la aprobación del Aviso de Proyecto emitido por la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba. Tampoco ha recibido notificación alguna de la Justicia que le impida la prosecución de las obras. “Por lo tanto, los trabajos de obra continúan su curso conforme con los permisos y autorizaciones vigentes”, señaló.
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Para el defensor de los ingenios está todo OK
Polémica: desmienten a defensor que afirmó que la vinaza no es peligrosa
Fecha de Publicación: 07/03/2013
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Las afirmaciones de que la vinaza está “demonizada” y que no es “peligrosa”, del abogado Arnaldo Ahumada, defensor de dos de los imputados en la causa por contaminación, disparó la polémica. Especialistas y funcionarios santiagueños salieron rápidamente a desmentir al letrado, recordando los graves daños que este desecho provocó en el embalse Río Hondo.
“No puede decir que la vinaza no es peligrosa, cuando se trata de un contaminante de alto impacto”, manifestó el científico Antonio Gallego, quien apuntó: “Resulta más caro su tratamiento por eso los empresarios no hacen las inversiones.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával, consideró estas expresiones del Dr. Ahumada, como parte de su estrategia para deslindar responsabilidades de sus defendidos (José Fernández y Santiago Gasep, de los ingenios Santa Rosa y Trinidad). Contrarrestando las afirmaciones del letrado, el ombudsman dijo que está probado que la vinaza representa el 80% de la contaminación de la cuenca Salí Dulce.
Ahumada había sostenido también, que hacía muchos años que se arrojaba vinaza a la cuenca y no había mortandad de peces, y que estos fenómenos ocurrieron a partir de 2010. “Algo más está viniendo a la cuenca”, advirtió. Díaz Achával le retrucó que, coincidentemente, en enero de 2010 empezó a producirse más bioetanol en Tucumán, y que con ello, se generaron descomunales volúmenes de vinaza. “Los ingenios siempre arrojaron vinaza, pero en menor cantidad, hoy se produce diariamente en cada planta, un millón de litros de vinaza”, ilustró.
El fiscal de Estado, Raúl Abate, también se sumó a la polémica y recalcó que “en la última mortandad de peces que apareció en el embalse, quedó perfectamente probado que la mortandad fue por un vuelco masivo de vinaza”.
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Fecha de Publicación: 07/03/2013
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Las afirmaciones de que la vinaza está “demonizada” y que no es “peligrosa”, del abogado Arnaldo Ahumada, defensor de dos de los imputados en la causa por contaminación, disparó la polémica. Especialistas y funcionarios santiagueños salieron rápidamente a desmentir al letrado, recordando los graves daños que este desecho provocó en el embalse Río Hondo.“No puede decir que la vinaza no es peligrosa, cuando se trata de un contaminante de alto impacto”, manifestó el científico Antonio Gallego, quien apuntó: “Resulta más caro su tratamiento por eso los empresarios no hacen las inversiones.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával, consideró estas expresiones del Dr. Ahumada, como parte de su estrategia para deslindar responsabilidades de sus defendidos (José Fernández y Santiago Gasep, de los ingenios Santa Rosa y Trinidad). Contrarrestando las afirmaciones del letrado, el ombudsman dijo que está probado que la vinaza representa el 80% de la contaminación de la cuenca Salí Dulce.
Ahumada había sostenido también, que hacía muchos años que se arrojaba vinaza a la cuenca y no había mortandad de peces, y que estos fenómenos ocurrieron a partir de 2010. “Algo más está viniendo a la cuenca”, advirtió. Díaz Achával le retrucó que, coincidentemente, en enero de 2010 empezó a producirse más bioetanol en Tucumán, y que con ello, se generaron descomunales volúmenes de vinaza. “Los ingenios siempre arrojaron vinaza, pero en menor cantidad, hoy se produce diariamente en cada planta, un millón de litros de vinaza”, ilustró.
El fiscal de Estado, Raúl Abate, también se sumó a la polémica y recalcó que “en la última mortandad de peces que apareció en el embalse, quedó perfectamente probado que la mortandad fue por un vuelco masivo de vinaza”.
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Instalan la primera torre eólica de origen nacional
Instalan en La Rioja la primera torre eólica construída en Argentina
Fecha de Publicación: 07/03/2013
Fuente: Telam
Provincia/Región: La Rioja
La tercera fase de instalación de doce nuevos aerogeneradores comenzó en el Parque Eólico Arauco, en el Valle de La Puerta, en La Rioja, y se estima que en tres meses se duplique la producción energética en ese complejo, informó su titular, Juan Fernando Carbel.
Esta energía renovable permite ahorrar una compra de combustible fósil cercana a los 12 millones de dólares anuales, dijo el directivo en un comunicado.
Carbel, junto con una delegación de la empresa rionegrina Investigaciones Aplicadas (INVAP) recorrió la primera torre eólica íntegramente construída en la Argentina y que da comienzo a la constitución de Arauco III, fase que tiene como meta instalar una docena de nuevos aerogeneradores.
Esta instalación, que se proyecta que se prolongará por tres meses, duplicará la producción del parque eólico riojano y servirá como ejemplo para la instación de un parque de similares características en la provincia de Río Negro.
Estuvieron presentes en el recorrido el gerente general de INVAP, Héctor Otheguy, y responsables del área de tecnología industrial y tecnologías alternativas de la empresa rionegrina.
La torre inicial de Arauco III conforma el paquete de las primeras torres seriadas en el país e íntegramente construída por una empresa Argentina, una pyme denominada Metalúrgica Calviño, contratista de IMPSA Wind.
Anteriormente las torres llegaban desde Corea del Sur.
Arauco III tiene un tiempo predeterminado de tres meses y se estima que tardará una semana a ocho días la colocación de cada equipo, si las condiciones del viento así lo permiten.
Una vez concluído el montaje de las torres, comenzará el trabajo de los técnicos para ensamblar las partes electrónicas y eléctricas del aerogenerador.
Posiblemente antes de que se instale el último de los aerogeneradores, el primero ya esté generando y aportando al sistema.
“Estamos satisfechos porque toda la operación salió con éxito. En el momento de la instalación tuvimos un hueco de viento, lo que permitió que la grúa opere. Generalmente si el viento posee mucha intensidad, la grúa no puede trabajar. Hoy ayudó y por ello ya tenemos montada la primera torre”, describió Carbel durante el recorrido junto con los directivos de INVAP.
“Se va a continuar con las demás sucesivamente”, dijo Carbel, y agregó que estas acciones son consideradas como “un hito para La Rioja y para todo el país, porque la torre que está siendo instalada es la primera que se construye de forma seriada en el país. La realizó una Pyme que tiene sus instalaciones en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires”, detalló.
“Hoy estamos iniciando la Tercera Etapa del parque (Arauco III), y estamos armando la licitación para una cuarta (Arauco IV), que buscará instalar 24 aerogeneradores mas. Queremos duplicar lo que tenemos en estas dos líneas. Hoy tenemos doce y queremos llegar a 24 molinos más”, concluyó Carbel.
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Fecha de Publicación: 07/03/2013
Fuente: Telam
Provincia/Región: La Rioja
La tercera fase de instalación de doce nuevos aerogeneradores comenzó en el Parque Eólico Arauco, en el Valle de La Puerta, en La Rioja, y se estima que en tres meses se duplique la producción energética en ese complejo, informó su titular, Juan Fernando Carbel.Esta energía renovable permite ahorrar una compra de combustible fósil cercana a los 12 millones de dólares anuales, dijo el directivo en un comunicado.
Carbel, junto con una delegación de la empresa rionegrina Investigaciones Aplicadas (INVAP) recorrió la primera torre eólica íntegramente construída en la Argentina y que da comienzo a la constitución de Arauco III, fase que tiene como meta instalar una docena de nuevos aerogeneradores.
Esta instalación, que se proyecta que se prolongará por tres meses, duplicará la producción del parque eólico riojano y servirá como ejemplo para la instación de un parque de similares características en la provincia de Río Negro.
Estuvieron presentes en el recorrido el gerente general de INVAP, Héctor Otheguy, y responsables del área de tecnología industrial y tecnologías alternativas de la empresa rionegrina.
La torre inicial de Arauco III conforma el paquete de las primeras torres seriadas en el país e íntegramente construída por una empresa Argentina, una pyme denominada Metalúrgica Calviño, contratista de IMPSA Wind.
Anteriormente las torres llegaban desde Corea del Sur.
Arauco III tiene un tiempo predeterminado de tres meses y se estima que tardará una semana a ocho días la colocación de cada equipo, si las condiciones del viento así lo permiten.
Una vez concluído el montaje de las torres, comenzará el trabajo de los técnicos para ensamblar las partes electrónicas y eléctricas del aerogenerador.
Posiblemente antes de que se instale el último de los aerogeneradores, el primero ya esté generando y aportando al sistema.
“Estamos satisfechos porque toda la operación salió con éxito. En el momento de la instalación tuvimos un hueco de viento, lo que permitió que la grúa opere. Generalmente si el viento posee mucha intensidad, la grúa no puede trabajar. Hoy ayudó y por ello ya tenemos montada la primera torre”, describió Carbel durante el recorrido junto con los directivos de INVAP.
“Se va a continuar con las demás sucesivamente”, dijo Carbel, y agregó que estas acciones son consideradas como “un hito para La Rioja y para todo el país, porque la torre que está siendo instalada es la primera que se construye de forma seriada en el país. La realizó una Pyme que tiene sus instalaciones en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires”, detalló.
“Hoy estamos iniciando la Tercera Etapa del parque (Arauco III), y estamos armando la licitación para una cuarta (Arauco IV), que buscará instalar 24 aerogeneradores mas. Queremos duplicar lo que tenemos en estas dos líneas. Hoy tenemos doce y queremos llegar a 24 molinos más”, concluyó Carbel.
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Iniciativa polémica para compensar los desmontes
Bosques nativos para compensar los desmontes
Fecha de Publicación: 07/03/2013
Fuente: iEco - Clarín
Provincia/Región: Chaco - Nacional
Por $ 50 al mes, los productores que sientan culpa por el desmonte que se produjo en las provincias del Norte por la expansión de la frontera agrícola pueden lograr algo de alivio. Si donan esa cantidad durante un año, salvan una hectárea de bosque nativo en Chaco.
Una hectárea que no caerá bajo las topadoras cuando la soja se acerque. Es el sueño de Emiliano Ezcurra (41), que está en Expoagro tratando de convencer a los visitantes para que se sumen al proyecto más importante de su ONG Banco de Bosques: hacer que las 250.000 hectáreas de La Fidelidad, en el Impenetrable chaqueño, se conviertan en el primer Parque Nacional de la Argentina creado mediante suscripción popular. Los donantes lo compran y la ONG lo cede al Estado Nacional.
“Entre donaciones de particulares y empresas hemos recaudado ya el 20% de los $ 60 millones necesarios para comprar este bosque. En la recta final, aspiramos a que el Estado nacional aporte los fondos que falten para completar la totalidad”, explicó. Ezcurra convenció al Chaco para declarar el proyecto de interés público y permitir la creación de un fideicomiso para las donaciones cuando supo que la propiedad del bosque estaba en sucesión. “Además de obtener recursos económicos, el Gobierno de Chaco obtenía posicionamiento público para el Impenetrable. A los argentinos les brillan los ojos cuando hablan de la
Patagonia pero no cuando hablan de Chaco, y este bosque es uno de los últimos lugares donde se puede ver a especies en peligro de extinción, como el yaguareté o el tatú carreta. La creación del Parque también ayudará a la gente que podría acceder a un empleo con emprendimientos turísticos”, dijo.
Como lo que busca son donantes y no conflictos, Ezcurra no habla de la responsabilidad de la soja en los desmontes. Cuenta que los años que pasó en Greenpeace le hicieron comprender que el enfrentamiento no es siempre la opción más eficaz. Su argumentación para conseguir socios en la feria tiene que ver con la “deuda histórica” del sur hacia el norte: “El bosque chaqueño le dio un subsidio muy grande al campo argentino. Los durmientes para los ferrocarriles que sacaban las cosechas al puerto; los postes para las estancias o las tablas para las mangas. Es mucha madera que se extrajo durante décadas del bosque chaqueño hacia la Pampa húmeda”.
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Fecha de Publicación: 07/03/2013
Fuente: iEco - Clarín
Provincia/Región: Chaco - Nacional
Por $ 50 al mes, los productores que sientan culpa por el desmonte que se produjo en las provincias del Norte por la expansión de la frontera agrícola pueden lograr algo de alivio. Si donan esa cantidad durante un año, salvan una hectárea de bosque nativo en Chaco.
Una hectárea que no caerá bajo las topadoras cuando la soja se acerque. Es el sueño de Emiliano Ezcurra (41), que está en Expoagro tratando de convencer a los visitantes para que se sumen al proyecto más importante de su ONG Banco de Bosques: hacer que las 250.000 hectáreas de La Fidelidad, en el Impenetrable chaqueño, se conviertan en el primer Parque Nacional de la Argentina creado mediante suscripción popular. Los donantes lo compran y la ONG lo cede al Estado Nacional.
“Entre donaciones de particulares y empresas hemos recaudado ya el 20% de los $ 60 millones necesarios para comprar este bosque. En la recta final, aspiramos a que el Estado nacional aporte los fondos que falten para completar la totalidad”, explicó. Ezcurra convenció al Chaco para declarar el proyecto de interés público y permitir la creación de un fideicomiso para las donaciones cuando supo que la propiedad del bosque estaba en sucesión. “Además de obtener recursos económicos, el Gobierno de Chaco obtenía posicionamiento público para el Impenetrable. A los argentinos les brillan los ojos cuando hablan de la
Patagonia pero no cuando hablan de Chaco, y este bosque es uno de los últimos lugares donde se puede ver a especies en peligro de extinción, como el yaguareté o el tatú carreta. La creación del Parque también ayudará a la gente que podría acceder a un empleo con emprendimientos turísticos”, dijo.
Como lo que busca son donantes y no conflictos, Ezcurra no habla de la responsabilidad de la soja en los desmontes. Cuenta que los años que pasó en Greenpeace le hicieron comprender que el enfrentamiento no es siempre la opción más eficaz. Su argumentación para conseguir socios en la feria tiene que ver con la “deuda histórica” del sur hacia el norte: “El bosque chaqueño le dio un subsidio muy grande al campo argentino. Los durmientes para los ferrocarriles que sacaban las cosechas al puerto; los postes para las estancias o las tablas para las mangas. Es mucha madera que se extrajo durante décadas del bosque chaqueño hacia la Pampa húmeda”.
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Metrobus deberá modificar el proyecto
Por las plazoletas, el proyecto del Metrobus de la 9 de Julio deberá modificarse
Fecha de Publicación: 06/03/2013
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Capital Federal
El Gobierno porteño deberá modificar sus planes y abstenerse de reducir los espacios verdes parquizados por las obras del Metrobús que unirá Constitución con Retiro. El pasto pudo más que los árboles.
as obras del Metrobus que recorrerá la avenida 9 de Julio para unir Constitución con Retiro podrán retomarse pero no dentro de los planes originarios. Una resolución judicial dispuso la protección de los espacios verdes parquizados, tan característicos de la arteria porteña, y ordenó al Gobierno porteño que no realice ninguna obra que afecte la superficie de dichas plazoletas. La reubicación de árboles podrá reactivarse.
El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Guillermo Scheibler, en una resolución fechada el 5 de marzo, resolvió una serie de planteos realizados por diversos actores que presentaron acciones de amparo con el objeto de suspender las obras para la construcción del Metrobús sobre la 9 de Julio.
En la resolución, el magistrado analizó diversos planteos (entre ellos el amparo impulsado por el ex legislador Facundo Di Filippo) que solicitaban la intervención judicial por cuestionar la legalidad del procedimiento y la afectación de bienes públicos como monumentos, restos arqueológicos, y arbolado, entre otros.
Tras desestimar varios de los planteos de los amparistas por no existir “algún grado de protección patrimonial integral a la Avenida 9 de Julio” ni de la Plaza de la República “que la torne intangible”, el magistrado también rechazó los cuestionamientos por el traslado de monumentos, y destacó la existencia de normativa que autoriza –bajo una precisa serie de condiciones- la plantación, poda, trasplante o tala sobre el arbolado público.
“Sin que lo que aquí se expone implique abrir juicio respecto de la oportunidad, mérito y conveniencia de las decisiones adoptadas respecto del arbolado público existente en los espacios parquizados de la Av. 9 de Julio o pueda superar la aversión que produce la imagen de la extracción de un árbol de gran porte, no constarían elementos para afirmar que la decisión adoptada al respecto por las autoridades competentes se haya apartado de modo manifiestamente arbitrario o ilegítimo de las normas vigentes en la materia. Sin perjuicio de ello, ha de recordarse que —tal como lo exigen los artículos 10, 11 y 12 de la ley 3263 y se ha remarcado en las actuaciones administrativas— la tarea relativa a las intervenciones sobre el arbolado deben realizarse por parte de “especialistas”, “respetando las reglas del arte, antes, durante y después de las tareas de trasplante” y “en el período más apropiado para ello”, expresa el fallo al que tuvo acceso Noticias Urbanas.
Si bien las polémicas obras del Metrobus no estarían en infracción ni con los monumentos, ni con los árboles, ni con los supuestos restos arqueológicos, los casi invalorados canteros que decoran la 9 de Julio se convirtieron en la piedra en el zapato del proyecto macrista.
Según se destaca en la resolución judicial la Constitución porteña impone “la preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas” y, de acuerdo a los informes brindados por el Gobierno porteño en la causa, la instalación de las estaciones del sistema de transporte público afectaría negativamente la superficie de las plazoletas de la avenida más ancha del país.
“Del cotejo a simple vista de los planos anejados a las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada, se desprende que más allá de los recortes parciales que se efectúan en las veredas de plazoletas laterales, la obra proyectada afecta integralmente al menos diez (10) de las plazoletas centrales parquizadas existentes en la Av. 9 de Julio, tanto en su extremo Norte como Sur. No nos referimos los pequeños canteros que existían entre las Avenidas Belgrano y Córdoba, sino a las extensas plazoletas (alrededor de 18 a 20 metros de ancho por una cuadra de largo) parquizadas existentes entre Avenida Belgrano y Carlos Calvo por el Sur; y Avenida Córdoba y Arenales por el extremo Norte, que en los términos del proyecto en ejecución pierden más de la mitad de su superficie y de modo completo y total su carácter de espacio verde parquizado”, explica la resolución.
El juez Scheibler, también subraya que “la solución a un problema generado por una variable en constante aumento (el tránsito) no puede pasar por la disminución de otro elemento (espacios verdes) cuyo número es estático y escaso”. “Resulta evidente que tal camino sólo conduce al progresivo sacrificio de un bien (espacios verdes) por otro (tránsito fluido u ordenado). En la Ciudad de Buenos Aires no resultaría constitucionalmente tolerable la opción “calles vs. Espacios verdes”. Las opciones que siempre otorga la técnica y la creatividad de los funcionarios y responsables políticos de la gestión deben encontrar soluciones que concilien los intereses en juego sin que uno implique la anulación del otro”, destaca el magistrado en los fundamentos del fallo.
Con la protección de las plazoletas como eje, el magistrado ordenó “al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se abstenga de reducir la superficie de espacios verdes parquizados con motivo de la ejecución de la obra en cuestión”. A su vez dispuso que “previo a reiniciar las intervenciones sobre el arbolado público existente en el área afectada a la obra “Metrobus Corredor 9 de Julio” acredite fehacientemente ante el Tribunal: a) que la totalidad del personal interviniente se encuentra debidamente capacitado para tales tareas; b) la participación de un especialista en la materia acompañando al tribunal sus datos y antecedentes profesionales; c) la supervisión de todo el proceso por parte de un reconocido organismo público especializado en la materia que pueda dar cuenta ante el Tribunal del cabal cumplimiento de “las reglas del arte, antes, durante y después de las tareas de trasplante”; d) haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 in fine de la ley 3263 y e) un detalle del destino de los árboles trasplantados y la cantidad, especie y ubicación proyectada de la totalidad de los nuevos ejemplares a implantar”.
“A pesar de los intentos desesperados del Pro por tergiversar la sentencia, al decir que lo que ordena la Justicia ya estaba previsto en sus planes, esta medida cautelar les impide proseguir las obras tal como lo pretendían hacer y deberán rediseñar integralmente el proyecto”, sostuvo el actor del amparo que inició la causa y dirigente del Partido Social de la Ciudad, Facundo Di Filippo, quien agregó: “No podrán afectar ningún espacio verde, incluyendo plazas y plazoletas, y deben tomar medidas para no afectar la arboleda existente en la 9 de Julio. El gobierno no podrá realizar el desastre ambiental y paisajístico que tenía previsto”.
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Fecha de Publicación: 06/03/2013
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Capital Federal
El Gobierno porteño deberá modificar sus planes y abstenerse de reducir los espacios verdes parquizados por las obras del Metrobús que unirá Constitución con Retiro. El pasto pudo más que los árboles.as obras del Metrobus que recorrerá la avenida 9 de Julio para unir Constitución con Retiro podrán retomarse pero no dentro de los planes originarios. Una resolución judicial dispuso la protección de los espacios verdes parquizados, tan característicos de la arteria porteña, y ordenó al Gobierno porteño que no realice ninguna obra que afecte la superficie de dichas plazoletas. La reubicación de árboles podrá reactivarse.
El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Guillermo Scheibler, en una resolución fechada el 5 de marzo, resolvió una serie de planteos realizados por diversos actores que presentaron acciones de amparo con el objeto de suspender las obras para la construcción del Metrobús sobre la 9 de Julio.
En la resolución, el magistrado analizó diversos planteos (entre ellos el amparo impulsado por el ex legislador Facundo Di Filippo) que solicitaban la intervención judicial por cuestionar la legalidad del procedimiento y la afectación de bienes públicos como monumentos, restos arqueológicos, y arbolado, entre otros.
Tras desestimar varios de los planteos de los amparistas por no existir “algún grado de protección patrimonial integral a la Avenida 9 de Julio” ni de la Plaza de la República “que la torne intangible”, el magistrado también rechazó los cuestionamientos por el traslado de monumentos, y destacó la existencia de normativa que autoriza –bajo una precisa serie de condiciones- la plantación, poda, trasplante o tala sobre el arbolado público.
“Sin que lo que aquí se expone implique abrir juicio respecto de la oportunidad, mérito y conveniencia de las decisiones adoptadas respecto del arbolado público existente en los espacios parquizados de la Av. 9 de Julio o pueda superar la aversión que produce la imagen de la extracción de un árbol de gran porte, no constarían elementos para afirmar que la decisión adoptada al respecto por las autoridades competentes se haya apartado de modo manifiestamente arbitrario o ilegítimo de las normas vigentes en la materia. Sin perjuicio de ello, ha de recordarse que —tal como lo exigen los artículos 10, 11 y 12 de la ley 3263 y se ha remarcado en las actuaciones administrativas— la tarea relativa a las intervenciones sobre el arbolado deben realizarse por parte de “especialistas”, “respetando las reglas del arte, antes, durante y después de las tareas de trasplante” y “en el período más apropiado para ello”, expresa el fallo al que tuvo acceso Noticias Urbanas.
Si bien las polémicas obras del Metrobus no estarían en infracción ni con los monumentos, ni con los árboles, ni con los supuestos restos arqueológicos, los casi invalorados canteros que decoran la 9 de Julio se convirtieron en la piedra en el zapato del proyecto macrista.
Según se destaca en la resolución judicial la Constitución porteña impone “la preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas” y, de acuerdo a los informes brindados por el Gobierno porteño en la causa, la instalación de las estaciones del sistema de transporte público afectaría negativamente la superficie de las plazoletas de la avenida más ancha del país.
“Del cotejo a simple vista de los planos anejados a las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada, se desprende que más allá de los recortes parciales que se efectúan en las veredas de plazoletas laterales, la obra proyectada afecta integralmente al menos diez (10) de las plazoletas centrales parquizadas existentes en la Av. 9 de Julio, tanto en su extremo Norte como Sur. No nos referimos los pequeños canteros que existían entre las Avenidas Belgrano y Córdoba, sino a las extensas plazoletas (alrededor de 18 a 20 metros de ancho por una cuadra de largo) parquizadas existentes entre Avenida Belgrano y Carlos Calvo por el Sur; y Avenida Córdoba y Arenales por el extremo Norte, que en los términos del proyecto en ejecución pierden más de la mitad de su superficie y de modo completo y total su carácter de espacio verde parquizado”, explica la resolución.
El juez Scheibler, también subraya que “la solución a un problema generado por una variable en constante aumento (el tránsito) no puede pasar por la disminución de otro elemento (espacios verdes) cuyo número es estático y escaso”. “Resulta evidente que tal camino sólo conduce al progresivo sacrificio de un bien (espacios verdes) por otro (tránsito fluido u ordenado). En la Ciudad de Buenos Aires no resultaría constitucionalmente tolerable la opción “calles vs. Espacios verdes”. Las opciones que siempre otorga la técnica y la creatividad de los funcionarios y responsables políticos de la gestión deben encontrar soluciones que concilien los intereses en juego sin que uno implique la anulación del otro”, destaca el magistrado en los fundamentos del fallo.
Con la protección de las plazoletas como eje, el magistrado ordenó “al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se abstenga de reducir la superficie de espacios verdes parquizados con motivo de la ejecución de la obra en cuestión”. A su vez dispuso que “previo a reiniciar las intervenciones sobre el arbolado público existente en el área afectada a la obra “Metrobus Corredor 9 de Julio” acredite fehacientemente ante el Tribunal: a) que la totalidad del personal interviniente se encuentra debidamente capacitado para tales tareas; b) la participación de un especialista en la materia acompañando al tribunal sus datos y antecedentes profesionales; c) la supervisión de todo el proceso por parte de un reconocido organismo público especializado en la materia que pueda dar cuenta ante el Tribunal del cabal cumplimiento de “las reglas del arte, antes, durante y después de las tareas de trasplante”; d) haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 in fine de la ley 3263 y e) un detalle del destino de los árboles trasplantados y la cantidad, especie y ubicación proyectada de la totalidad de los nuevos ejemplares a implantar”.
“A pesar de los intentos desesperados del Pro por tergiversar la sentencia, al decir que lo que ordena la Justicia ya estaba previsto en sus planes, esta medida cautelar les impide proseguir las obras tal como lo pretendían hacer y deberán rediseñar integralmente el proyecto”, sostuvo el actor del amparo que inició la causa y dirigente del Partido Social de la Ciudad, Facundo Di Filippo, quien agregó: “No podrán afectar ningún espacio verde, incluyendo plazas y plazoletas, y deben tomar medidas para no afectar la arboleda existente en la 9 de Julio. El gobierno no podrá realizar el desastre ambiental y paisajístico que tenía previsto”.
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En el Roundup hay químicos peores que el glifosato
Nuevos estudios: Roundup lleva un compuesto más tóxico que el glifosato
Fecha de Publicación: 06/03/2013
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
País/Región: Nacional
"Según un nuevo estudio, el herbicida más utilizado en el mundo contiene compuestos más tóxicos que los declarados hasta ahora."
1.- Roundup, más tóxico de lo declarado
2.- Los adyuvantes con etoxilatos de los herbicidas basados en glifosato son tóxicos para las células humanas.
Según una nueva investigación publicada en una revista científica, Toxicología, Ropbin Mesnage, Bernay Benoît y el profesor Gilles-Eric Séralini, de la Universidad de Caen, Francia, han demostrado ( a partir de un nuevo estudio del herbicida Roundup) que el compuesto más tóxico no es el glifosato, que es la sustancia sobre la que más inciden las agencias de regulación, sino un compuesto que no siempre se muestra en la etiqueta, y que se designa por POE-15. Se emplearon métodos modernos a nivel celular ( en tres líneas celulares humanas) y espectometría de masas (estudio sobre la naturaleza de las moléculas). Esto permitió a los investigadores identificar y analizar los efectos de este compuesto.
Contexto: Se supone que el glifosato es el ingrediente activo del herbicida Roundup, el herbicida más utilizado en el mundo, y que está presente en numerosos herbicidas, tales que Roundup. Se han realizado pruebas de seguridad en mamíferos con objeto de evaluar los riesgos y determinar unas normas de regulación. Sin embargo, las formulaciones comerciales de estos herbicidas utilizan ingredientes añadidos ( los adyuvantes). Estos a menudo se consideran ingredientes confidenciales y se describen como inertes. Sin embargo, ayudan a estabilidad el compuesto químico glifosato y ayudan a penetrar en las plantas, del mismo modo que los detergentes corrosivos. Las formulaciones de los herbicidas, incluido Roundup, pueden afectar a todas las células vivas, especialmente a las células humanas. Este peligro se pasa por alto porque la Industria y las Agencias de Regulación los tratan como iguales en los estudios a largo plazo. La supuesta ausencia de toxicidad del glifosato sirve como base para la comercialización de Roundup. Las agencias ambientales y de salud, las empresas de plaguicidas, evalúan los efectos a largo plazo sobre los mamíferos pero sólo del glifosato, y no la formulación completa. Los detalles de estas evaluaciones para su regulación se mantienen celosamente guardados por empresas como Monsanto y las Agencias de Salud y Ambientales.
Conclusión y consecuencias: Este estudio demuestra que los herbicidas a base de glifosato son más tóxicos que el empleo únicamente del glifosato, explicándose por qué. Por lo tanto, las evaluaciones para su regulación, los niveles máximos autorizados en el medio ambiente, los alimentos y los piensos, son erróneas. Una bebida (como el agua contaminada por residuos de Roundup) o un cultivo transgénico tolerante a Roundup ( como la soja o el maíz transgénicos) se mostraron como tóxicos en ratas alimentadas en una investigación realizada por el equipo del Profesor Séralini. Los investigadores también han publicado las respuestas a los críticos de este estudio. Esta nueva investigación explica y confirma los resultados científicos del estudio de alimentación en ratas. En general, se trata de un asunto de preocupación para la salud pública. En primer lugar, todas las autorizaciones de herbicidas semejantes a Roundup tienen que ser cuestionadas de forma urgente. En segundo lugar, las normas reguladoras de evaluación tienen que ser revisadas completamente. Se precisa una análisis transparente e independiente por parte de la comunidad científica. Las Agencias dan sus opiniones a los Gobiernos, y al igual que las empresas de plaguicidas han dado su visto bueno. Estos organismos se equivocan porque los estudios de evaluación realizados han sido muy laxos y gran parte de la información que poseen las empresas es confidencial, por lo que se debe llevar a cabo una evaluación completa y transparente. Aquellas evaluaciones no son ni neutrales ni independientes. Se debe, como primer paso, hacer público a través de Internet todos los datos de los estudios realizados para su aprobación comercial, y las opiniones positivas sobre el uso de Roundup y productos similares. Los datos toxicológicos de la Industria deben ser hechos públicos.
Los adyuvantes de la familia POE-15 (amina de sebo polietoxilado) se han mostrado como muy tóxicos para las células humanas y deben ser regulados como tal. Las formulaciones completas deben ser utilizadas en los estudios de toxicidad a largo plazo y los resultados tenidos en cuenta en las evaluaciones para su regulación. El proceso de autorización regulatoria de pesticidas liberados al medio ambiente, que se venden en los centros comerciales y tiendas, debe ser revisado con urgencia. Además, dado que los adyuvantes son considerados como confidenciales en las formulaciones de plaguicidas, hemos de estar de acuerdo que estos descubrimientos de la toxicidad de los plaguicidas han sido muy subestimados.
Este estudio se llevó a cabo en la Universidad de Caen, con el apoyo estructural del CRIIGEN, de la Red Europea de Científicos por la Responsabilidad Social y Ambiental (ENSSER)
Contacto: criigen@unicaen.fr , Teléfono +33 (0) 231565684 (Francia). http://www.criigen.org
Notas:
(1) Mesnage R., Bernay B., GE Séralini. (2013, en prensa). Adyuvantes etoxilados de herbicidas basados en glifosato son principios activos de la toxicidad de la célula humana. Toxicología Ver aquí
(2) Séralini GE, et al. (2012). Toxicidad a largo plazo de un herbicida Roundup y Roundup-un maíz modificado genéticamente tolerante. Food and Chemical Toxicology 50 (11): 4221-4231.
(3) Séralini GE, et al. (2013). Las respuestas a los críticos: ¿Por qué hay una toxicidad a largo plazo debido a NK603 Roundup-maíz modificado genéticamente tolerante a un herbicida y Roundup. Food and Chemical Toxicology
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Fecha de Publicación: 06/03/2013
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
País/Región: Nacional
"Según un nuevo estudio, el herbicida más utilizado en el mundo contiene compuestos más tóxicos que los declarados hasta ahora."1.- Roundup, más tóxico de lo declarado
2.- Los adyuvantes con etoxilatos de los herbicidas basados en glifosato son tóxicos para las células humanas.
Según una nueva investigación publicada en una revista científica, Toxicología, Ropbin Mesnage, Bernay Benoît y el profesor Gilles-Eric Séralini, de la Universidad de Caen, Francia, han demostrado ( a partir de un nuevo estudio del herbicida Roundup) que el compuesto más tóxico no es el glifosato, que es la sustancia sobre la que más inciden las agencias de regulación, sino un compuesto que no siempre se muestra en la etiqueta, y que se designa por POE-15. Se emplearon métodos modernos a nivel celular ( en tres líneas celulares humanas) y espectometría de masas (estudio sobre la naturaleza de las moléculas). Esto permitió a los investigadores identificar y analizar los efectos de este compuesto.
Contexto: Se supone que el glifosato es el ingrediente activo del herbicida Roundup, el herbicida más utilizado en el mundo, y que está presente en numerosos herbicidas, tales que Roundup. Se han realizado pruebas de seguridad en mamíferos con objeto de evaluar los riesgos y determinar unas normas de regulación. Sin embargo, las formulaciones comerciales de estos herbicidas utilizan ingredientes añadidos ( los adyuvantes). Estos a menudo se consideran ingredientes confidenciales y se describen como inertes. Sin embargo, ayudan a estabilidad el compuesto químico glifosato y ayudan a penetrar en las plantas, del mismo modo que los detergentes corrosivos. Las formulaciones de los herbicidas, incluido Roundup, pueden afectar a todas las células vivas, especialmente a las células humanas. Este peligro se pasa por alto porque la Industria y las Agencias de Regulación los tratan como iguales en los estudios a largo plazo. La supuesta ausencia de toxicidad del glifosato sirve como base para la comercialización de Roundup. Las agencias ambientales y de salud, las empresas de plaguicidas, evalúan los efectos a largo plazo sobre los mamíferos pero sólo del glifosato, y no la formulación completa. Los detalles de estas evaluaciones para su regulación se mantienen celosamente guardados por empresas como Monsanto y las Agencias de Salud y Ambientales.
Conclusión y consecuencias: Este estudio demuestra que los herbicidas a base de glifosato son más tóxicos que el empleo únicamente del glifosato, explicándose por qué. Por lo tanto, las evaluaciones para su regulación, los niveles máximos autorizados en el medio ambiente, los alimentos y los piensos, son erróneas. Una bebida (como el agua contaminada por residuos de Roundup) o un cultivo transgénico tolerante a Roundup ( como la soja o el maíz transgénicos) se mostraron como tóxicos en ratas alimentadas en una investigación realizada por el equipo del Profesor Séralini. Los investigadores también han publicado las respuestas a los críticos de este estudio. Esta nueva investigación explica y confirma los resultados científicos del estudio de alimentación en ratas. En general, se trata de un asunto de preocupación para la salud pública. En primer lugar, todas las autorizaciones de herbicidas semejantes a Roundup tienen que ser cuestionadas de forma urgente. En segundo lugar, las normas reguladoras de evaluación tienen que ser revisadas completamente. Se precisa una análisis transparente e independiente por parte de la comunidad científica. Las Agencias dan sus opiniones a los Gobiernos, y al igual que las empresas de plaguicidas han dado su visto bueno. Estos organismos se equivocan porque los estudios de evaluación realizados han sido muy laxos y gran parte de la información que poseen las empresas es confidencial, por lo que se debe llevar a cabo una evaluación completa y transparente. Aquellas evaluaciones no son ni neutrales ni independientes. Se debe, como primer paso, hacer público a través de Internet todos los datos de los estudios realizados para su aprobación comercial, y las opiniones positivas sobre el uso de Roundup y productos similares. Los datos toxicológicos de la Industria deben ser hechos públicos.
Los adyuvantes de la familia POE-15 (amina de sebo polietoxilado) se han mostrado como muy tóxicos para las células humanas y deben ser regulados como tal. Las formulaciones completas deben ser utilizadas en los estudios de toxicidad a largo plazo y los resultados tenidos en cuenta en las evaluaciones para su regulación. El proceso de autorización regulatoria de pesticidas liberados al medio ambiente, que se venden en los centros comerciales y tiendas, debe ser revisado con urgencia. Además, dado que los adyuvantes son considerados como confidenciales en las formulaciones de plaguicidas, hemos de estar de acuerdo que estos descubrimientos de la toxicidad de los plaguicidas han sido muy subestimados.
Este estudio se llevó a cabo en la Universidad de Caen, con el apoyo estructural del CRIIGEN, de la Red Europea de Científicos por la Responsabilidad Social y Ambiental (ENSSER)
Contacto: criigen@unicaen.fr , Teléfono +33 (0) 231565684 (Francia). http://www.criigen.org
Notas:
(1) Mesnage R., Bernay B., GE Séralini. (2013, en prensa). Adyuvantes etoxilados de herbicidas basados en glifosato son principios activos de la toxicidad de la célula humana. Toxicología Ver aquí
(2) Séralini GE, et al. (2012). Toxicidad a largo plazo de un herbicida Roundup y Roundup-un maíz modificado genéticamente tolerante. Food and Chemical Toxicology 50 (11): 4221-4231.
(3) Séralini GE, et al. (2013). Las respuestas a los críticos: ¿Por qué hay una toxicidad a largo plazo debido a NK603 Roundup-maíz modificado genéticamente tolerante a un herbicida y Roundup. Food and Chemical Toxicology
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Industriales tucumanos podrían ser detenidos
Industriales tucumanos dilatan indagatoria y el juez Molinari podría ordenar detenciones
Fecha de Publicación: 06/03/2013
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
La primera jornada de indagatorias fijadas por el Juzgado Federal local a industriales tucumanos acusados de contaminar el embalse Río Hondo, quedó trunca debido a que los citados José Antonio Fernández (Los Dulces Norte SA, Ingenio Santa Rosa) y Héctor Mateos (Azucarera Argentina) argumentaron motivos particulares para no presentarse ante el juez federal Guillermo Molinari. Ante esta situación, el magistrado espera que los imputados por infringir la ley de Residuos Peligrosos justifiquen las razones esgrimidas o correría vista al fiscal federal Pedro Simón, para tomar una medida que asegure el comparendo de ambos.
En tal sentido, calificadas fuentes judiciales indicaron que se podrían librar orden de detención.
En diálogo con la prensa, el juez federal Guillermo Molinari indicó que los empresarios habían sido citados, pero que “algunos de ellos manifestaron que por razones particulares que tienen que ser acreditadas oportunamente, pidieron el cambio de fecha, por una próxima, por cuestión de horas”. El magistrado dijo que estas solicitudes van a ser merituadas oportunamente y remarcó que “se les va a tomar la indagatoria, no más allá de las próximas 48 horas”.
“Los que no la justifiquen (la ausencia) ya se estaría corriendo vista al fiscal respecto de esto y se van a tomar las medidas necesarias a los fines de dar cumplimiento con la citación a indagatoria efectuada”.
En tal sentido, el juez dijo que una de las medidas que se evaluaría sería revocar la eximición de prisión otorgada en su momento a los imputados.
Molinari señaló que esta situación genera inconvenientes ya que tiene “una agenda muy apretada y la programación de las indagatorias, muchas veces no puede modificarla por falta de tiempo”.
“En el día de la fecha tenía la agenda totalmente completa y esto ya me modifica porque se me empiezan a acumular (las indagatorias) en días posteriores”. El alto funcionario judicial santiagueño reiteró que se van a reprogramar las indagatorias -en total ocho- para esta semana para que “las tomemos a todas”.
Consultado por las demás indagatorias fijadas para esta semana, enfatizó que no habrá cambios. “En este caso (aludiendo a las ausencias de Fernández y Mateos) se contempla la situación en las cuales manifiestan que por motivo de distancia, particulares o de salud se pueda evaluar un cambio de fecha. Los que no justifiquen vamos a tomar otro tipo de medidas que se van a evaluar oportunamente”, sentenció.
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Fecha de Publicación: 06/03/2013
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
La primera jornada de indagatorias fijadas por el Juzgado Federal local a industriales tucumanos acusados de contaminar el embalse Río Hondo, quedó trunca debido a que los citados José Antonio Fernández (Los Dulces Norte SA, Ingenio Santa Rosa) y Héctor Mateos (Azucarera Argentina) argumentaron motivos particulares para no presentarse ante el juez federal Guillermo Molinari. Ante esta situación, el magistrado espera que los imputados por infringir la ley de Residuos Peligrosos justifiquen las razones esgrimidas o correría vista al fiscal federal Pedro Simón, para tomar una medida que asegure el comparendo de ambos.
En tal sentido, calificadas fuentes judiciales indicaron que se podrían librar orden de detención.
En diálogo con la prensa, el juez federal Guillermo Molinari indicó que los empresarios habían sido citados, pero que “algunos de ellos manifestaron que por razones particulares que tienen que ser acreditadas oportunamente, pidieron el cambio de fecha, por una próxima, por cuestión de horas”. El magistrado dijo que estas solicitudes van a ser merituadas oportunamente y remarcó que “se les va a tomar la indagatoria, no más allá de las próximas 48 horas”.
“Los que no la justifiquen (la ausencia) ya se estaría corriendo vista al fiscal respecto de esto y se van a tomar las medidas necesarias a los fines de dar cumplimiento con la citación a indagatoria efectuada”.
En tal sentido, el juez dijo que una de las medidas que se evaluaría sería revocar la eximición de prisión otorgada en su momento a los imputados.
Molinari señaló que esta situación genera inconvenientes ya que tiene “una agenda muy apretada y la programación de las indagatorias, muchas veces no puede modificarla por falta de tiempo”.
“En el día de la fecha tenía la agenda totalmente completa y esto ya me modifica porque se me empiezan a acumular (las indagatorias) en días posteriores”. El alto funcionario judicial santiagueño reiteró que se van a reprogramar las indagatorias -en total ocho- para esta semana para que “las tomemos a todas”.
Consultado por las demás indagatorias fijadas para esta semana, enfatizó que no habrá cambios. “En este caso (aludiendo a las ausencias de Fernández y Mateos) se contempla la situación en las cuales manifiestan que por motivo de distancia, particulares o de salud se pueda evaluar un cambio de fecha. Los que no justifiquen vamos a tomar otro tipo de medidas que se van a evaluar oportunamente”, sentenció.
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Monsanto: Pese a la orden judicial sigue la obra
Pese a la orden judicial, Monsanto continúa con los trabajos en Malvinas Argentinas
Fecha de Publicación: 05/03/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
La Cámara que ordenó la paralización de las obras intimó al abogado de la Municipalidad a que devuelva el expediente que debió regresar el viernes pasado a los Tribunales. Hasta que esto no suceda, la jueza de Primera Instancia no puede ejecutar el parate.
Vecinos de Malvinas Argentinas denunciaron ayer que la multinacional Monsanto sigue adelante con la construcción de la planta en el predio sobre la Ruta A188, a pesar de que una resolución judicial del 22 de febrero pasado la obligó a suspender los trabajos. El freno a la planta regirá hasta que la Justicia resuelva el amparo que obtuvieron los ambientalistas.
Las organizaciones ambientalistas de Córdoba tomaron nota de que Monsanto proseguía con los trabajos el viernes pasado, cuando realizaron un acto de repudio a la capacitación obligatoria sobre agroquímicos para fiscales provinciales, dictada por el Ministerio de Agricultura, el Colegio de Agrónomos de Córdoba y la Fiscalía General, en un predio colindante al lugar donde se quiere instalar la multinacional.
De hecho, los sitios Web de las organizaciones ecologistas y las cámaras de Canal 10 registraron el trabajo de camiones, grúas, retroexcavadoras, y hormigoneras.
El abogado de la organización Malvinas Lucha por la Vida y presidente del Club de Derecho, Federico Macciocchi, explicó a LA MAÑANA que la Cámara del Trabajo, a través de su Sala Segunda, revocó el fallo de la jueza Claudia Salazar, haciendo lugar a la medida cautelar de paralizar las obras de la planta de Monsanto.
Aunque la Cámara notificó a la Municipalidad de Malvinas sobre dicha resolución, es el juez de primera instancia (la jueza Salazar), quien debe ejecutar esa medida. “El expediente todavía no puede remitirse al juzgado debido a las picardías por parte del abogado de la Municipalidad de Malvinas, Gustavo Asís, que han hecho que eso dilate”, indicó Macciocchi. Ese expediente se encuentra en poder de Asís, más allá del plazo de devolución que venció el viernes pasado a las 10 horas, por lo que la Sala Segunda que ordenó la paralización de las obras lo intimó a que lo restituya en 24 horas, señaló el letrado.
Por lo tanto, el estiramiento de los plazos procesales por parte del municipio donde se radicará la planta de semillas transgénicas, por ahora da vía libre a la empresa para que continúe con sus planes, pese a la obvia intención de la Justicia de paralizar el emprendimiento hasta que Malvinas dé todos los detalles del proyecto.
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Fecha de Publicación: 05/03/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
La Cámara que ordenó la paralización de las obras intimó al abogado de la Municipalidad a que devuelva el expediente que debió regresar el viernes pasado a los Tribunales. Hasta que esto no suceda, la jueza de Primera Instancia no puede ejecutar el parate.Vecinos de Malvinas Argentinas denunciaron ayer que la multinacional Monsanto sigue adelante con la construcción de la planta en el predio sobre la Ruta A188, a pesar de que una resolución judicial del 22 de febrero pasado la obligó a suspender los trabajos. El freno a la planta regirá hasta que la Justicia resuelva el amparo que obtuvieron los ambientalistas.
Las organizaciones ambientalistas de Córdoba tomaron nota de que Monsanto proseguía con los trabajos el viernes pasado, cuando realizaron un acto de repudio a la capacitación obligatoria sobre agroquímicos para fiscales provinciales, dictada por el Ministerio de Agricultura, el Colegio de Agrónomos de Córdoba y la Fiscalía General, en un predio colindante al lugar donde se quiere instalar la multinacional.
De hecho, los sitios Web de las organizaciones ecologistas y las cámaras de Canal 10 registraron el trabajo de camiones, grúas, retroexcavadoras, y hormigoneras.
El abogado de la organización Malvinas Lucha por la Vida y presidente del Club de Derecho, Federico Macciocchi, explicó a LA MAÑANA que la Cámara del Trabajo, a través de su Sala Segunda, revocó el fallo de la jueza Claudia Salazar, haciendo lugar a la medida cautelar de paralizar las obras de la planta de Monsanto.
Aunque la Cámara notificó a la Municipalidad de Malvinas sobre dicha resolución, es el juez de primera instancia (la jueza Salazar), quien debe ejecutar esa medida. “El expediente todavía no puede remitirse al juzgado debido a las picardías por parte del abogado de la Municipalidad de Malvinas, Gustavo Asís, que han hecho que eso dilate”, indicó Macciocchi. Ese expediente se encuentra en poder de Asís, más allá del plazo de devolución que venció el viernes pasado a las 10 horas, por lo que la Sala Segunda que ordenó la paralización de las obras lo intimó a que lo restituya en 24 horas, señaló el letrado.
Por lo tanto, el estiramiento de los plazos procesales por parte del municipio donde se radicará la planta de semillas transgénicas, por ahora da vía libre a la empresa para que continúe con sus planes, pese a la obvia intención de la Justicia de paralizar el emprendimiento hasta que Malvinas dé todos los detalles del proyecto.
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