Las 'inspecciones pautadas' a Sierra Grande
17:31 | 
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Inspecciones en la Minera Sierra Grande
Fecha de Publicación: 12/02/2013
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
Fecha de Publicación: 12/02/2013
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
La semana pasada el secretario de Minería de Río Negro, Gustavo Ferreyra, realizó una visita a MCC Minera Sierra Grande, para realizar una de las dos inspecciones mensuales previstas y avanzar en cuestiones relacionadas a la seguridad y la higiene de la empresa.
"Asumimos un compromiso con la comunidad de Sierra Grande de realizar dos inspecciones mensuales al yacimiento más importante de Río Negro", explicó el secretario.
Durante la recorrida los responsables del área de Seguridad e Higiene en el complejo minero informaron sobre la incorporación de maquinaria nueva de alta tecnología, con manejo por control remoto, de palas para uso subterráneo.
"Es un elemento muy importante porque significa que en zonas de riesgo va a ser operadas a distancia", detalló Ferreyra.
También se avanzó sobre las tareas de capacitación planificadas para todo el año y las inducciones de seguridad que deben realizarse, "sobre todo en una actividad donde la rotación de personal suele ser una de las características, entonces les exigimos que estén permanentemente capacitando", añadió.
El titular de Minería en la provincia se había reunido en enero con directivos de la empresa, acordando allí los mecanismos de control e inspección que empezaron a implementarse.
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Jorge Rodríguez es el nuevo juez para el Riachuelo
Nombran juez para causa Riachuelo
Fecha de Publicación: 12/02/2013
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Riachuelo
El juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, se quedó, mediante un acuerdo de la Corte Suprema, con el expediente abierto para la supervisión del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo por parte del ente ACUMAR. Reemplaza a su par de Quilmes, Luis Armella, luego de que éste fuera eyectado en 2012 por un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que señalaba presuntas irregularidades en las contrataciones a firmas privadas. Este último afronta además una causa en el Consejo de la Magistratura. Cuestiones sensibles para el titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, cuya agenda ambiental lo llevará a fin de mes rumbo a un foro global en Kenia.
Hace quince días, en absoluta reserva, Juan José Mussi (titular de ACUMAR) presentó a Rodríguez a los intendentes que intervienen en la causa judicial mediante la cual la Corte impulsa la limpieza del Riachuelo. Estuvieron Jorge Ferraresi (Avellaneda), Darío Díaz Pérez (Lanús), Darío Giustozzi (Almirante Brown) y Marissa Fassi (Cañuelas), entre otros. El cargo de Rodríguez es estratégico: es quien debe controlar el marco legal (y los tiempos) de las acciones de ACUMAR.
El encuentro dejó señales inquietantes. Un 50% del financiamiento de ACUMAR debe provenir de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad. Ninguna de las dos jurisdicciones lo ha aportado en 2012, aunque en el primer caso han llegado indicios de que este año cumplirán con lo establecido. Ante la falta de fondos se paralizarían diversas acciones (incluidas obras), entre ellas las auditorías a los balances contables que viene realizando la AGN. Con este escenario, el organismo de control que preside el radical Leandro Despouy sólo quedaría habilitado a lo dispuesto por la Corte, o sea, el seguimiento presupuestario.
El rol de la AGN fue determinante para la salida de Armella, juez de buena sintonía con Lorenzetti, quien luego de una serie de audiencias en el máximo tribunal terminó apartado ante la sospecha de una presunta conexión con empresarios contratados por ACUMAR. Al mismo tiempo terminó denunciado en la Magistratura. Si bien el caso lo lleva el senador radical Mario Cimadevilla, todo indica, cuando se trata de asuntos de alto voltaje político, que éste será instruido por el pleno de la Comisión de Disciplina y Acusación controlada por el kirchnerismo. Rodríguez asumió todas las facultades de Armella.
Las dudas entre los secretarios letrados de la Corte pasan por el hecho de que al tratarse de un expediente con características únicas (es impulsado directamente por el máximo tribunal), cuestiones de atribuciones y jurisprudencia suelen generar diversas "lagunas" en el entendimiento de los jueces a cargo. Juez penal histórico de Morón, tiene en su haber la particularida d de ser uno de los pocos magistrados que han trabajado en estrecha sintonía con el FBI por un caso de falsificación de billetes que lo llevó a requerir la presencia en el país de un equipo enviado desde Estados Unidos.
El caso ACUMAR es clave para Lorenzetti, quien ha hecho de las cuestiones ambientales uno de los pilares de su gestión como titular del máximo tribunal. De hecho, los últimos días de febrero lo encontrarán al justice rumbo a Nairobi, en Kenia, para presidir una reunión de jueces de distintos países para tratar cuestiones relacionadas con el derecho ambiental. El cónclave es una extensión de la cumbre Río+20, lo cual le da a este escenario la particularidad de reunir a miembros de los tres poderes de distintos países.
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Fecha de Publicación: 12/02/2013
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Riachuelo
El juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, se quedó, mediante un acuerdo de la Corte Suprema, con el expediente abierto para la supervisión del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo por parte del ente ACUMAR. Reemplaza a su par de Quilmes, Luis Armella, luego de que éste fuera eyectado en 2012 por un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que señalaba presuntas irregularidades en las contrataciones a firmas privadas. Este último afronta además una causa en el Consejo de la Magistratura. Cuestiones sensibles para el titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, cuya agenda ambiental lo llevará a fin de mes rumbo a un foro global en Kenia.
Hace quince días, en absoluta reserva, Juan José Mussi (titular de ACUMAR) presentó a Rodríguez a los intendentes que intervienen en la causa judicial mediante la cual la Corte impulsa la limpieza del Riachuelo. Estuvieron Jorge Ferraresi (Avellaneda), Darío Díaz Pérez (Lanús), Darío Giustozzi (Almirante Brown) y Marissa Fassi (Cañuelas), entre otros. El cargo de Rodríguez es estratégico: es quien debe controlar el marco legal (y los tiempos) de las acciones de ACUMAR.
El encuentro dejó señales inquietantes. Un 50% del financiamiento de ACUMAR debe provenir de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad. Ninguna de las dos jurisdicciones lo ha aportado en 2012, aunque en el primer caso han llegado indicios de que este año cumplirán con lo establecido. Ante la falta de fondos se paralizarían diversas acciones (incluidas obras), entre ellas las auditorías a los balances contables que viene realizando la AGN. Con este escenario, el organismo de control que preside el radical Leandro Despouy sólo quedaría habilitado a lo dispuesto por la Corte, o sea, el seguimiento presupuestario.
El rol de la AGN fue determinante para la salida de Armella, juez de buena sintonía con Lorenzetti, quien luego de una serie de audiencias en el máximo tribunal terminó apartado ante la sospecha de una presunta conexión con empresarios contratados por ACUMAR. Al mismo tiempo terminó denunciado en la Magistratura. Si bien el caso lo lleva el senador radical Mario Cimadevilla, todo indica, cuando se trata de asuntos de alto voltaje político, que éste será instruido por el pleno de la Comisión de Disciplina y Acusación controlada por el kirchnerismo. Rodríguez asumió todas las facultades de Armella.
Las dudas entre los secretarios letrados de la Corte pasan por el hecho de que al tratarse de un expediente con características únicas (es impulsado directamente por el máximo tribunal), cuestiones de atribuciones y jurisprudencia suelen generar diversas "lagunas" en el entendimiento de los jueces a cargo. Juez penal histórico de Morón, tiene en su haber la particularida d de ser uno de los pocos magistrados que han trabajado en estrecha sintonía con el FBI por un caso de falsificación de billetes que lo llevó a requerir la presencia en el país de un equipo enviado desde Estados Unidos.
El caso ACUMAR es clave para Lorenzetti, quien ha hecho de las cuestiones ambientales uno de los pilares de su gestión como titular del máximo tribunal. De hecho, los últimos días de febrero lo encontrarán al justice rumbo a Nairobi, en Kenia, para presidir una reunión de jueces de distintos países para tratar cuestiones relacionadas con el derecho ambiental. El cónclave es una extensión de la cumbre Río+20, lo cual le da a este escenario la particularidad de reunir a miembros de los tres poderes de distintos países.
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Mendoza incorpora más Sitios Ramsar
Avanza la recuperación de 30 humedales en Mendoza
Fecha de Publicación: 11/02/2013
Fuente: Telam
Provincia/Región: Mendoza
Con la incorporación de las lagunas de Llancanelo y Guanacache como `Sitios de la Convención Sobre los Humedales Ramsar´ y varias acciones desarrolladas en acuíferos, la provincia de Mendoza impulsa el cuidado por sus humedales, imprescindibles para conservar la flora y la fauna de sus desiertos.
“El trabajo que realizamos para la conservación responde a la necesidad de cuidar y administrar un recurso fundamental para la provincia como son los humedales, que están conectados de forma esencial al cuidado del recurso hídrico”, dijo a Télam el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable mendocino, Marcos Zandomeni.
Desde hace una década, Mendoza se sumó a esta iniciativa de recuperar y conservar los sistemas húmedos con la incorporación de dos sitios a la `Convención Sobre los Humedales Ramsar´ como son la Laguna Llancanelo, ubicada en el sur provincial; y Guanacache, en el límite con las provincias de San Luis y San Juan, que abarca casi un millón de hectáreas con la totalidad del Parque Nacional Sierra Las Quijadas y las lagunas de Desaguadero y Bebedero.
“Sacando los ríos, todos los espejos de agua -sean artificiales o no- son humedales”, explicó Zandomeni, en relación a la amplia variedad de hábitats interiores, costeros y marinos que se identifican como áreas que se inundan temporalmente y donde la napa freática aflora en suelos de baja permeabilidad y juega un rol fundamental en el ecosistema.
La Convención sobre los Humedales es un tratado intergubernamental aprobado el 2 de febrero de 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, relativo a la conservación y el uso racional de los humedales, y en la actualidad más de 145 países de todo el mundo han adherido a la misma.
Al cumplirse esta semana un nuevo año de su celebración, los países participantes de la Convención Ramsar buscan proteger los humedales por ser sistemas ecológicos que no sólo actúan como ordenadores del ciclo del agua y sus nutrientes, sino en el control de inundaciones y sequías, en la provisión de agua, como refugio de la vida silvestre, y hasta en la regulación del clima.
Todos estos beneficios, según explicó el funcionario, “implican también la conservación de la flora y fauna nativas y la identidad cultural”, y “demandan la mejora de insumos para el turismo y la pesca deportiva, logrando así la preservación de nuestros activos ambientales para lograr el desarrollo sustentable de nuestra provincia”.
Si bien la actividad humana en general ha modificado sustancialmente el índice de transformación de los humedales y se han destruido en el mundo muchos más de los que se han creado, en los últimos años se ha volcado mayor atención a la conservación de los humedales dada su importancia para el abastecimiento de agua dulce con fines domésticos, agrícolas o industriales.
En Mendoza existe una treintena de humedales registrados que, además de los dos sitios Ramsar, constituyen áreas protegidas como son las lagunas de Llancanelo; del Diamante; Horcones (en el Parque provincial Aconcagua); y Atuel, Sosneado, y Salinas, las tres ubicadas al sur, en San Rafael.
Todos ellos, más allá del suministro de agua, proveen importantes beneficios a las comunidades como la remoción de tóxicos; ser hábitats clave como bancos genéticos y fuente de vida silvestre; y espacios para recreación y turismo con gran significancia socio-cultural.
“Nuestra provincia, se suma a esta iniciativa de recuperar y conservar los sistemas húmedos, con la posibilidad de nuevas propuestas de incorporación y trabajar en el manejo y gestión de los humedales en forma participativa con las comunidades locales involucradas”, dijo Zandomeni.
Estas actividades incluyen la pesca, la agricultura, la actividad forestal, el manejo de vida silvestre, el pastoreo, el transporte, la recreación y el turismo.
Entre las recientes acciones desarrolladas en el marco del Programa Humedales de la dirección de Recursos Naturales Renovables, se destacan el monitoreo de la calidad de agua del Dique Potrerillos; rescate y traslocación de peces de la Reserva Laguna la Salina en San Rafael; y la captura y desove del pejerrey en el embalse Agua del Toro, para incubar las ovas en la estación de piscicultura del Club de Pescadores de San Rafael y sembrarlos en los demás embalses provinciales.
En tanto, en el marco del `Programa de Seguridad y Prevención de los Espejos de Agua´ se hicieron rescates a personas embarcadas y bañistas, distribución de folletería y bolsas para residuos, control nocturno de pesca y fuego, y la recolección de residuos en lagos y perilagos.
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Fecha de Publicación: 11/02/2013
Fuente: Telam
Provincia/Región: Mendoza
Con la incorporación de las lagunas de Llancanelo y Guanacache como `Sitios de la Convención Sobre los Humedales Ramsar´ y varias acciones desarrolladas en acuíferos, la provincia de Mendoza impulsa el cuidado por sus humedales, imprescindibles para conservar la flora y la fauna de sus desiertos.“El trabajo que realizamos para la conservación responde a la necesidad de cuidar y administrar un recurso fundamental para la provincia como son los humedales, que están conectados de forma esencial al cuidado del recurso hídrico”, dijo a Télam el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable mendocino, Marcos Zandomeni.
Desde hace una década, Mendoza se sumó a esta iniciativa de recuperar y conservar los sistemas húmedos con la incorporación de dos sitios a la `Convención Sobre los Humedales Ramsar´ como son la Laguna Llancanelo, ubicada en el sur provincial; y Guanacache, en el límite con las provincias de San Luis y San Juan, que abarca casi un millón de hectáreas con la totalidad del Parque Nacional Sierra Las Quijadas y las lagunas de Desaguadero y Bebedero.
“Sacando los ríos, todos los espejos de agua -sean artificiales o no- son humedales”, explicó Zandomeni, en relación a la amplia variedad de hábitats interiores, costeros y marinos que se identifican como áreas que se inundan temporalmente y donde la napa freática aflora en suelos de baja permeabilidad y juega un rol fundamental en el ecosistema.
La Convención sobre los Humedales es un tratado intergubernamental aprobado el 2 de febrero de 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, relativo a la conservación y el uso racional de los humedales, y en la actualidad más de 145 países de todo el mundo han adherido a la misma.
Al cumplirse esta semana un nuevo año de su celebración, los países participantes de la Convención Ramsar buscan proteger los humedales por ser sistemas ecológicos que no sólo actúan como ordenadores del ciclo del agua y sus nutrientes, sino en el control de inundaciones y sequías, en la provisión de agua, como refugio de la vida silvestre, y hasta en la regulación del clima.
Todos estos beneficios, según explicó el funcionario, “implican también la conservación de la flora y fauna nativas y la identidad cultural”, y “demandan la mejora de insumos para el turismo y la pesca deportiva, logrando así la preservación de nuestros activos ambientales para lograr el desarrollo sustentable de nuestra provincia”.
Si bien la actividad humana en general ha modificado sustancialmente el índice de transformación de los humedales y se han destruido en el mundo muchos más de los que se han creado, en los últimos años se ha volcado mayor atención a la conservación de los humedales dada su importancia para el abastecimiento de agua dulce con fines domésticos, agrícolas o industriales.
En Mendoza existe una treintena de humedales registrados que, además de los dos sitios Ramsar, constituyen áreas protegidas como son las lagunas de Llancanelo; del Diamante; Horcones (en el Parque provincial Aconcagua); y Atuel, Sosneado, y Salinas, las tres ubicadas al sur, en San Rafael.
Todos ellos, más allá del suministro de agua, proveen importantes beneficios a las comunidades como la remoción de tóxicos; ser hábitats clave como bancos genéticos y fuente de vida silvestre; y espacios para recreación y turismo con gran significancia socio-cultural.
“Nuestra provincia, se suma a esta iniciativa de recuperar y conservar los sistemas húmedos, con la posibilidad de nuevas propuestas de incorporación y trabajar en el manejo y gestión de los humedales en forma participativa con las comunidades locales involucradas”, dijo Zandomeni.
Estas actividades incluyen la pesca, la agricultura, la actividad forestal, el manejo de vida silvestre, el pastoreo, el transporte, la recreación y el turismo.
Entre las recientes acciones desarrolladas en el marco del Programa Humedales de la dirección de Recursos Naturales Renovables, se destacan el monitoreo de la calidad de agua del Dique Potrerillos; rescate y traslocación de peces de la Reserva Laguna la Salina en San Rafael; y la captura y desove del pejerrey en el embalse Agua del Toro, para incubar las ovas en la estación de piscicultura del Club de Pescadores de San Rafael y sembrarlos en los demás embalses provinciales.
En tanto, en el marco del `Programa de Seguridad y Prevención de los Espejos de Agua´ se hicieron rescates a personas embarcadas y bañistas, distribución de folletería y bolsas para residuos, control nocturno de pesca y fuego, y la recolección de residuos en lagos y perilagos.
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La UNC vincula las fumigaciones con enfermedades
Abortos espontáneos, malformaciones y cáncer aumentan en zonas fumigadas
Fecha de Publicación: 11/02/2013
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
Una investigación realizada en la ciudad cordobesa donde funcionaría la planta de Monsanto demuestra que en los barrios cercanos a cultivos se pierden 25 de cada 100 embarazos, 40 veces más que la media nacional. Las enfermedades se concentran en la población más expuesta a agroquímicos
La situación sanitaria de Malvinas Argentinas, una localidad ubicada a 14 kilómetros de la ciudad de Córdoba y rodeada de campos de soja, despierta nuevamente la alarma por las consecuencias que los agroquímicos generan en la salud. Una investigación realizada por un grupo de profesionales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba reveló que la incidencia de abortos espontáneos, enfermedades respiratorias y dermatitis en esa población supera promedios nacionales y mundiales. La mayor cantidad de casos, incluyendo malformaciones y cáncer, se concentran en los habitantes de barrios expuestos a fumigaciones.
La situación sanitaria observada en Malvinas Argentinas se asemeja de manera notable con las problemáticas detectadas en el barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba, caso emblemático de las consecuencias que los agroquímicos pueden ocasionar en la salud. El agravante es que en la localidad investigada recientemente, Monsanto está construyendo una de las plantas de producción de semillas de maíz más grandes del mundo.
Esta situación fue justamente la que motivó a un grupo de cientifícos a analizar la situación socio ambiental y sanitaria de esa ciudad. Ante los preocupantes resultados obtenidos, advirtieron que el funcionamiento de la polémica planta en el lugar agravaría el cuadro de vulnerabilidad detectado en la población.
La salud reproductiva es uno de los aspectos más alarmantes que revela el estudio realizado sobre 3.563 pobladores de Malvinas Argentinas. La localidad posee el índice más alto de abortos espontáneos de Argentina, ya que se pierden el 22% de los embarazos de mujeres en edad reproductiva, un dato que asciende al 25% en los barrios más expuestos a fumigaciones. El número es 40 veces mayor a la media nacional, que constituye un 0,6%.
A la vez, en base a la comparación entre la cantidad de enfermedades registradas en los sectores de la ciudad más alejados a los campos y aquellos barrios que lindan con los cultivos, la investigación de la UNC indica que en éstos últimos existen ocho veces más probabilidad de padecer cáncer y más del doble de riesgo de nacimientos con malformaciones.
En tanto, la incidencia de las enfermedades pulmonares y la dermatitis en toda la localidad superan los promedios registrados a nivel mundial. Entre estas patologías también se observó una mayor cantidad de casos en los habitantes expuestos a agroquímicos.
“La primera conclusión fue que Malvinas Argentina posee el perfil de enfermedades que caracteriza a los pueblos fumigados en la Argentina”, afirman los autores de esta investigación, impulsada por el médico Medardo Ávila Vázquez, quien también fue querrelante en el juicio por fumigaciones de barrio Ituzaingó Anexo en la capital provincial.
“Algo grave está pasando”
La conclusión del estudio realizado durante cuatro meses en Malvinas Argentinas a través de técnicas cualitativas y cuantitativas establece: “El alto impacto encontrado en salud reproductiva, respiratoria y dérmica más la distribución espacial de las mismas, incluyendo tumores y cánceres, con mayor presencia en las zonas más expuestas a los pesticidas, reflejan grados de vulnerabilidad ambiental muy grandes”. Además, el estudio recuerda que según el último censo esta localidad es la más pobre de la provincia, lo que agrava su situación sanitaria.
Pero más allá de las particularidades de este caso, el informe difundido días atrás en conferencia de prensa destaca el significado que estos datos adquieren en relación a las consecuencias de las fumigaciones para la población.
Recordando que en Argentina los abortos espontáneos tienen una prevalencia de alrededor de 0.6% entre las mujeres en edad reproductiva, los médicos alertan: “Un valor de 22% de abortos espontáneos en Malvinas Argentinas nos dice que algo grave está pasando. Estos valores se corresponden con los hallados por el grupo de investigación de la Dra. Aiassa (Universidad Nacional de Rio Cuarto y el Conicet), quien encuestando 166 hogares de la localidad de Las Vertientes en Provincia de Córdoba, Argentina, en el año 2008 encontró que el 19% de mujeres en edad reproductiva tuvieron 1-2 o más abortos espontáneos”.
Y agregan: “Estos valores le están dando la dimensión a un problema referido por médicos obstetras y generalistas de cientos de pueblos fumigados en la Argentina”.
En este sentido, la investigación señala que “agrotóxicos y pérdida de embarazo es una relación cada vez más notificada en todo el mundo” y explica que en la población de Malvinas Argentinas no se encontraron otros factores que podrían estar afectando la salud reproductiva.
A la vez, en base a la distribución espacial de nacimientos con malformaciones en la localidad estudiada, sus autores destacan: “En este estudio también se verificó que hay mayor probabilidad de tener hijos con malformaciones si el hogar está más cerca de campos fumigados”.
Algo similar ocurrió con los casos de cáncer. Aunque la cantidad de afectados se encuentra dentro de las tasas estipuladas a nivel mundial, nuevamente la mayoría se concentran en los barrios más expuestos a fumigaciones.
Ante este panorama detectado en Malvinas Argentinas, en su conclusión la investigación de la UNC establece: “Someter a esta población a un nuevo golpe en su salud ambiental, como el que generará una enorme planta de semillas transgénicas de Monsanto en su jurisdicción no es recomendable desde el punto de vista médico e intolerable desde el punto de vista social”.
Un problema que se expande
La ciudad de Malvinas Argentinas se encuentra en una zona rural de gran actividad productiva, donde según los profesionales las aplicaciones de pesticidas se realizan intensamente alrededor de la localidad “sin existir retiro ambiental real (los cultivos y fumigaciones llegan hasta el mismo borde de las viviendas), de manera que la deriva de los pesticidas caen sobre la población exponiéndola a sus efectos”. Esta situación se repite en una gran cantidad de pueblos de nuestro país.
En ese marco, el estudio subraya el importante aumento de aplicación de agroquímicos registrado en las últimas décadas en Argentina: “El consumo nacional de estos venenos aumentó de 34 millones de litros en 1990, a 375 millones en 2012”.
Y continúa: “En los territorios donde se fumigan estos agrotóxicos viven doce millones de personas, y desde el año 2000 crecen las protestas de los habitantes que resultan afectados en su salud”.
Los investigadores advierten que estos cambios en la agricultura también se perciben en el consultorio: las patologías asociadas a las fumigaciones, poco habituales tiempo atrás, “ahora componen más del 80% de las consultas médicas de la población rural fumigada”, relata el estudio.
La salud de Malvinas Argentinas en numeros
* Embarazos: se pierden el 22% de los embarazos por abortos espontáneos, cifra que asciende a 25% en barrios más expuestos a fumigaciones. Se trata del índice más alto de Argentina.
* Enfermedades Respiratorias: afectan al 15% de la población de la ciudad y a un 20% en los barrios lindantes con cultivos.
* Dermatitis: la incidencia de esta patología en la localidad cordobesa es de 9% mientras que a nivel mundial es tan sólo de entre un 1% y un 3%.
* Cáncer: afecta a un 1,83% de la población, en consonancia con la incidencia estimada en el mundo, pero todos los casos detectados se encuentran en la zona más expuesta a pulverizaciones.
Buscan generar un centro de atención para pacientes afectados por agroquímicos
El pediatra Medardo Ávila Vázquez, uno de los autores de la investigación realizada en Malvinas Argentinas, advirtió que “el sistema de atención de salud no está preparado” para responder a las consecuencias de las fumigaciones en la salud. Por ello, junto a otros profesionales buscan crear este año un centro de atención especializado para pacientes afectados por agroquímicos en el Hospital de Clínicas de la ciudad de Córdoba.
“Además de los relevamientos epidemiológicos, nos preocupa la atención de los enfermos, porque tiene características propias”, indicó el médico que además fue querellante en el primer juicio por fumigaciones ante el impacto de esta actividad en la salud de los habitantes del barrio Ituzaingó Anexo.
En este sentido, Ávila Vazquez relató que existen diversas dificultades para tratar de manera adecuada a las personas afectadas por las pulverizaciones y brindarles un tratamiento y seguimiento adecuado.
“No tenemos formación en las facultades, no hay programas ni campañas de los gobiernos para trabajarlo y en la universidad el tema está muy disperso. Estamos en una etapa de tratar de registrarlo y denunciarlo pero nos encontramos con una demanda de atención de pacientes y colegas que piden información -que intentamos dar a través de la Web para difundir información científica- pero necesitamos un centro que se dedique a este tema”, advirtió el especialista.
La respuesta de los médicos
Ávila Vazquez explicó que la toxicología tradicional se dedica especialmente a las intoxicaciones agudas y no abarca la exposición crónica y periódica a los tóxicos, tal como ocurre en las poblaciones expuestas a agroquímicos. “Eso genera una nueva situación de atención médica que es lo que vamos intentar elaborar. Hay un déficit muy grande en cuanto a qué respuestas damos a los pacientes”.
Es por ello que en los próximos meses un grupo de profesionales de distintas especialidades pretende crear un centro de atención para estos pacientes con el apoyo de la Universidad Nacional de Córdoba.
“Los médicos no saben a dónde derivar, con quién consultar, qué hacer. Pueden atender un caso pero después preguntan cómo seguir estudiando a los familiares, qué medidas preventivas se pueden tomar”, ilustró el especialista en la temática.
Y agregó: “Hay tantos pacientes generados por esto que se convierten en un grupo específico, que son pacientes contaminados, y es necesaria una respuesta sistemática, interdisciplinaria”, finalizó.
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Fecha de Publicación: 11/02/2013
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
Una investigación realizada en la ciudad cordobesa donde funcionaría la planta de Monsanto demuestra que en los barrios cercanos a cultivos se pierden 25 de cada 100 embarazos, 40 veces más que la media nacional. Las enfermedades se concentran en la población más expuesta a agroquímicos
La situación sanitaria de Malvinas Argentinas, una localidad ubicada a 14 kilómetros de la ciudad de Córdoba y rodeada de campos de soja, despierta nuevamente la alarma por las consecuencias que los agroquímicos generan en la salud. Una investigación realizada por un grupo de profesionales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba reveló que la incidencia de abortos espontáneos, enfermedades respiratorias y dermatitis en esa población supera promedios nacionales y mundiales. La mayor cantidad de casos, incluyendo malformaciones y cáncer, se concentran en los habitantes de barrios expuestos a fumigaciones.
La situación sanitaria observada en Malvinas Argentinas se asemeja de manera notable con las problemáticas detectadas en el barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba, caso emblemático de las consecuencias que los agroquímicos pueden ocasionar en la salud. El agravante es que en la localidad investigada recientemente, Monsanto está construyendo una de las plantas de producción de semillas de maíz más grandes del mundo.
Esta situación fue justamente la que motivó a un grupo de cientifícos a analizar la situación socio ambiental y sanitaria de esa ciudad. Ante los preocupantes resultados obtenidos, advirtieron que el funcionamiento de la polémica planta en el lugar agravaría el cuadro de vulnerabilidad detectado en la población.
La salud reproductiva es uno de los aspectos más alarmantes que revela el estudio realizado sobre 3.563 pobladores de Malvinas Argentinas. La localidad posee el índice más alto de abortos espontáneos de Argentina, ya que se pierden el 22% de los embarazos de mujeres en edad reproductiva, un dato que asciende al 25% en los barrios más expuestos a fumigaciones. El número es 40 veces mayor a la media nacional, que constituye un 0,6%.
A la vez, en base a la comparación entre la cantidad de enfermedades registradas en los sectores de la ciudad más alejados a los campos y aquellos barrios que lindan con los cultivos, la investigación de la UNC indica que en éstos últimos existen ocho veces más probabilidad de padecer cáncer y más del doble de riesgo de nacimientos con malformaciones.
En tanto, la incidencia de las enfermedades pulmonares y la dermatitis en toda la localidad superan los promedios registrados a nivel mundial. Entre estas patologías también se observó una mayor cantidad de casos en los habitantes expuestos a agroquímicos.
“La primera conclusión fue que Malvinas Argentina posee el perfil de enfermedades que caracteriza a los pueblos fumigados en la Argentina”, afirman los autores de esta investigación, impulsada por el médico Medardo Ávila Vázquez, quien también fue querrelante en el juicio por fumigaciones de barrio Ituzaingó Anexo en la capital provincial.
“Algo grave está pasando”
La conclusión del estudio realizado durante cuatro meses en Malvinas Argentinas a través de técnicas cualitativas y cuantitativas establece: “El alto impacto encontrado en salud reproductiva, respiratoria y dérmica más la distribución espacial de las mismas, incluyendo tumores y cánceres, con mayor presencia en las zonas más expuestas a los pesticidas, reflejan grados de vulnerabilidad ambiental muy grandes”. Además, el estudio recuerda que según el último censo esta localidad es la más pobre de la provincia, lo que agrava su situación sanitaria.
Pero más allá de las particularidades de este caso, el informe difundido días atrás en conferencia de prensa destaca el significado que estos datos adquieren en relación a las consecuencias de las fumigaciones para la población.
Recordando que en Argentina los abortos espontáneos tienen una prevalencia de alrededor de 0.6% entre las mujeres en edad reproductiva, los médicos alertan: “Un valor de 22% de abortos espontáneos en Malvinas Argentinas nos dice que algo grave está pasando. Estos valores se corresponden con los hallados por el grupo de investigación de la Dra. Aiassa (Universidad Nacional de Rio Cuarto y el Conicet), quien encuestando 166 hogares de la localidad de Las Vertientes en Provincia de Córdoba, Argentina, en el año 2008 encontró que el 19% de mujeres en edad reproductiva tuvieron 1-2 o más abortos espontáneos”.
Y agregan: “Estos valores le están dando la dimensión a un problema referido por médicos obstetras y generalistas de cientos de pueblos fumigados en la Argentina”.
En este sentido, la investigación señala que “agrotóxicos y pérdida de embarazo es una relación cada vez más notificada en todo el mundo” y explica que en la población de Malvinas Argentinas no se encontraron otros factores que podrían estar afectando la salud reproductiva.
A la vez, en base a la distribución espacial de nacimientos con malformaciones en la localidad estudiada, sus autores destacan: “En este estudio también se verificó que hay mayor probabilidad de tener hijos con malformaciones si el hogar está más cerca de campos fumigados”.
Algo similar ocurrió con los casos de cáncer. Aunque la cantidad de afectados se encuentra dentro de las tasas estipuladas a nivel mundial, nuevamente la mayoría se concentran en los barrios más expuestos a fumigaciones.
Ante este panorama detectado en Malvinas Argentinas, en su conclusión la investigación de la UNC establece: “Someter a esta población a un nuevo golpe en su salud ambiental, como el que generará una enorme planta de semillas transgénicas de Monsanto en su jurisdicción no es recomendable desde el punto de vista médico e intolerable desde el punto de vista social”.
Un problema que se expande
La ciudad de Malvinas Argentinas se encuentra en una zona rural de gran actividad productiva, donde según los profesionales las aplicaciones de pesticidas se realizan intensamente alrededor de la localidad “sin existir retiro ambiental real (los cultivos y fumigaciones llegan hasta el mismo borde de las viviendas), de manera que la deriva de los pesticidas caen sobre la población exponiéndola a sus efectos”. Esta situación se repite en una gran cantidad de pueblos de nuestro país.
En ese marco, el estudio subraya el importante aumento de aplicación de agroquímicos registrado en las últimas décadas en Argentina: “El consumo nacional de estos venenos aumentó de 34 millones de litros en 1990, a 375 millones en 2012”.
Y continúa: “En los territorios donde se fumigan estos agrotóxicos viven doce millones de personas, y desde el año 2000 crecen las protestas de los habitantes que resultan afectados en su salud”.
Los investigadores advierten que estos cambios en la agricultura también se perciben en el consultorio: las patologías asociadas a las fumigaciones, poco habituales tiempo atrás, “ahora componen más del 80% de las consultas médicas de la población rural fumigada”, relata el estudio.
La salud de Malvinas Argentinas en numeros
* Embarazos: se pierden el 22% de los embarazos por abortos espontáneos, cifra que asciende a 25% en barrios más expuestos a fumigaciones. Se trata del índice más alto de Argentina.
* Enfermedades Respiratorias: afectan al 15% de la población de la ciudad y a un 20% en los barrios lindantes con cultivos.
* Dermatitis: la incidencia de esta patología en la localidad cordobesa es de 9% mientras que a nivel mundial es tan sólo de entre un 1% y un 3%.
* Cáncer: afecta a un 1,83% de la población, en consonancia con la incidencia estimada en el mundo, pero todos los casos detectados se encuentran en la zona más expuesta a pulverizaciones.
Buscan generar un centro de atención para pacientes afectados por agroquímicos
El pediatra Medardo Ávila Vázquez, uno de los autores de la investigación realizada en Malvinas Argentinas, advirtió que “el sistema de atención de salud no está preparado” para responder a las consecuencias de las fumigaciones en la salud. Por ello, junto a otros profesionales buscan crear este año un centro de atención especializado para pacientes afectados por agroquímicos en el Hospital de Clínicas de la ciudad de Córdoba.
“Además de los relevamientos epidemiológicos, nos preocupa la atención de los enfermos, porque tiene características propias”, indicó el médico que además fue querellante en el primer juicio por fumigaciones ante el impacto de esta actividad en la salud de los habitantes del barrio Ituzaingó Anexo.
En este sentido, Ávila Vazquez relató que existen diversas dificultades para tratar de manera adecuada a las personas afectadas por las pulverizaciones y brindarles un tratamiento y seguimiento adecuado.
“No tenemos formación en las facultades, no hay programas ni campañas de los gobiernos para trabajarlo y en la universidad el tema está muy disperso. Estamos en una etapa de tratar de registrarlo y denunciarlo pero nos encontramos con una demanda de atención de pacientes y colegas que piden información -que intentamos dar a través de la Web para difundir información científica- pero necesitamos un centro que se dedique a este tema”, advirtió el especialista.
La respuesta de los médicos
Ávila Vazquez explicó que la toxicología tradicional se dedica especialmente a las intoxicaciones agudas y no abarca la exposición crónica y periódica a los tóxicos, tal como ocurre en las poblaciones expuestas a agroquímicos. “Eso genera una nueva situación de atención médica que es lo que vamos intentar elaborar. Hay un déficit muy grande en cuanto a qué respuestas damos a los pacientes”.
Es por ello que en los próximos meses un grupo de profesionales de distintas especialidades pretende crear un centro de atención para estos pacientes con el apoyo de la Universidad Nacional de Córdoba.
“Los médicos no saben a dónde derivar, con quién consultar, qué hacer. Pueden atender un caso pero después preguntan cómo seguir estudiando a los familiares, qué medidas preventivas se pueden tomar”, ilustró el especialista en la temática.
Y agregó: “Hay tantos pacientes generados por esto que se convierten en un grupo específico, que son pacientes contaminados, y es necesaria una respuesta sistemática, interdisciplinaria”, finalizó.
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Los glaciares son hielos de nadie
Glaciares: no hay inventario oficial y las mineras siguen sin control
Fecha de Publicación: 10/02/2013
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Cristina la vetó en 2008, casi como un gesto de gentileza a la presión para que no existiera ejercida por las mineras que operan en el país, pero la ley de glaciares terminó por ser sancionada y promulgada, a su pesar, el 28 de octubre de 2010. Desde entonces, su aplicación es deuda: primero la frenó la Barrick, en fuero judicial, y ahora, tras un fallo de la Corte que ratificó su vigencia, es el Gobierno quien dilata su aplicación.
La norma tenía por objeto preservar a los glaciares como reservas de agua y prohíbe cualquier actividad sobre su superficie. Para eso ordenaba la realización de un inventario de todas las masas de hielo y áreas periglaciares del país. Definía un plazo de 180 días para la realización del relevamiento, y nombraba al Instituto Argentino de Glaciología y Nivología (Ianigla), con sede en Mendoza, como autoridad de aplicación.
Más de dos años después, el Ianigla no consigue explicar por qué todavía no se terminó de hacer el inventario, lo que permite a las megamineras seguir operando sin restricciones. Pero además son las mismas autoridades del organismo las que vienen promoviendo cambios en el mecanismo establecido por la ley para hacer el conteo.
El diputado Julio Martínez (UCR-La Rioja) aseguró a Clarín que no existe presupuesto para que este año se concrete el inventario. “Darle presupuesto –explicó– significa que el Ianigla tenga plata para contratar técnicos, comprar vehículos y equipamiento adecuado para subir a la montaña. Son 11 provincias argentinas y casi 4 mil kilómetros de Cordillera donde hay que ir a buscar glaciares. Y el Ianigla no tiene posibilidad de hacerlo porque carece de medios económicos”.
Pero ocurre algo más. Martínez dice que se está liberando a las provincias la potestad de contar los glaciares dentro de sus límites (ver recuadro). “Están dejando a Beder Herrera y a Gioja hacer el inventario, los mismos gobernadores que dicen que no hay glaciares. O a Corpacci, que reprimió por pedido de Bajo La Alumbrera’”, dice.
El Ianigla es una unidad del Conicet en la que participan además la Universidad Nacional de Cuyo y los Gobiernos de Mendoza y San Juan.
Clarín pidió una entrevista con su titular, el geólogo Ricardo Villalba. Pero la petición fue enviada a canales burocráticas y el diálogo no se concretó. Sectores del ambientalismo vienen denunciando una sospechosa cercanía entre funcionarios del instituto con lobbistas del sector minero: una posible incompatibilidad de funciones, al menos ética.
La vicepresidente del Ianigla, Claudia Viviana Rubinstein, doctora en Geología, está casada con el geólogo Martín Carotti. Carotti estuvo al frente de la Asesoría de Relaciones con la Comunidad de la empresa Minera El Portal / OSISKO Mining en La Rioja y es señalado por los asambleístas de Famatina y Chilecito como quien colaboró en las tareas de inteligencia que derivaron en el armado de listas negras de manifestantes antimineros en diciembre de 2011.
Rubinstein, según un informe de las Asambleas Ciudadanas La Rioja, sería socia de su esposo en la compra-venta de propiedades mineras. Diferentes documentos lo certifican, y también Rubistein.
Clarín mantuvo este diálogo con la funcionaria: –Circula un informe en el que se la involucra a usted y a su marido en negocios mineros.
–Yo no estoy involucrada. Estoy difamada.
–¿Tiene algún tipo de negocio?
–Los cateos que tengo con mi marido los tengo, pero son otras cuestiones, que ya expliqué en su momento ….
–¿Qué es un cateo?
–Un cateo es un permiso de exploración de yacimientos. Eso cualquiera lo puede tener. Vaya a la Secretaría Minería y fíjese quién tiene cateos.
–¿Su marido es empleado de Osisko?
–No, fue consultor.
–¿En qué etapa está el inventario de glaciares? –Se está haciendo.
- ¿Pero dónde podemos acceder a esa información?
–La información está, pero lo que pasa es que no tiene por qué llegar a los medios.
–¿Por qué la aplicación de la ley se demora? Ya pasaron los 180 días de plazo para hacer el inventario.
–Para que las cosas se pongan en marcha hay que pasar un tiempo.
Después de este diálogo, Martín Carotti, se comunicó con Clarín y dijo que tanto él como su mujer son objeto de una campaña difamatoria. “En cuanto a mi supuesto trabajo como “lobbista”, en realidad me dedico al diseño de contenidos técnicos de comunicación minera –explicó–. Claro, no cuento con la simpatía de los ambientalistas”.
También ofreció la dirección de su blog, donde reconoce que trabajó para Osisko en la época de los conflictos del Famatina y que es socio de su esposa en propiedades mineras. “Somos socios por relación conyugal, todo contrato de exploración debe ser firmado por ambos”, explica y aclara que “las escasas propiedades mineras vigentes a su nombre y los contratos firmados en calidad de cónyuge, son anteriores a su función en la vicedirección del instituto”.
El mes pasado se cumplió el primer aniversario del corte ambientalista al pie del Famatina, en La Rioja. Entonces los manifestantes expresaron que no dejarían pasar a nadie que no sea del Ianigla para hacer el inventario demorado de glaciares que exige la ley. Huelen que algo, del mecanismo establecido, no termina de quedar claro, y tienen razones para sospechar.
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Fecha de Publicación: 10/02/2013
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Cristina la vetó en 2008, casi como un gesto de gentileza a la presión para que no existiera ejercida por las mineras que operan en el país, pero la ley de glaciares terminó por ser sancionada y promulgada, a su pesar, el 28 de octubre de 2010. Desde entonces, su aplicación es deuda: primero la frenó la Barrick, en fuero judicial, y ahora, tras un fallo de la Corte que ratificó su vigencia, es el Gobierno quien dilata su aplicación.La norma tenía por objeto preservar a los glaciares como reservas de agua y prohíbe cualquier actividad sobre su superficie. Para eso ordenaba la realización de un inventario de todas las masas de hielo y áreas periglaciares del país. Definía un plazo de 180 días para la realización del relevamiento, y nombraba al Instituto Argentino de Glaciología y Nivología (Ianigla), con sede en Mendoza, como autoridad de aplicación.
Más de dos años después, el Ianigla no consigue explicar por qué todavía no se terminó de hacer el inventario, lo que permite a las megamineras seguir operando sin restricciones. Pero además son las mismas autoridades del organismo las que vienen promoviendo cambios en el mecanismo establecido por la ley para hacer el conteo.
El diputado Julio Martínez (UCR-La Rioja) aseguró a Clarín que no existe presupuesto para que este año se concrete el inventario. “Darle presupuesto –explicó– significa que el Ianigla tenga plata para contratar técnicos, comprar vehículos y equipamiento adecuado para subir a la montaña. Son 11 provincias argentinas y casi 4 mil kilómetros de Cordillera donde hay que ir a buscar glaciares. Y el Ianigla no tiene posibilidad de hacerlo porque carece de medios económicos”.
Pero ocurre algo más. Martínez dice que se está liberando a las provincias la potestad de contar los glaciares dentro de sus límites (ver recuadro). “Están dejando a Beder Herrera y a Gioja hacer el inventario, los mismos gobernadores que dicen que no hay glaciares. O a Corpacci, que reprimió por pedido de Bajo La Alumbrera’”, dice.
El Ianigla es una unidad del Conicet en la que participan además la Universidad Nacional de Cuyo y los Gobiernos de Mendoza y San Juan.
Clarín pidió una entrevista con su titular, el geólogo Ricardo Villalba. Pero la petición fue enviada a canales burocráticas y el diálogo no se concretó. Sectores del ambientalismo vienen denunciando una sospechosa cercanía entre funcionarios del instituto con lobbistas del sector minero: una posible incompatibilidad de funciones, al menos ética.
La vicepresidente del Ianigla, Claudia Viviana Rubinstein, doctora en Geología, está casada con el geólogo Martín Carotti. Carotti estuvo al frente de la Asesoría de Relaciones con la Comunidad de la empresa Minera El Portal / OSISKO Mining en La Rioja y es señalado por los asambleístas de Famatina y Chilecito como quien colaboró en las tareas de inteligencia que derivaron en el armado de listas negras de manifestantes antimineros en diciembre de 2011.
Rubinstein, según un informe de las Asambleas Ciudadanas La Rioja, sería socia de su esposo en la compra-venta de propiedades mineras. Diferentes documentos lo certifican, y también Rubistein.
Clarín mantuvo este diálogo con la funcionaria: –Circula un informe en el que se la involucra a usted y a su marido en negocios mineros.
–Yo no estoy involucrada. Estoy difamada.
–¿Tiene algún tipo de negocio?
–Los cateos que tengo con mi marido los tengo, pero son otras cuestiones, que ya expliqué en su momento ….
–¿Qué es un cateo?
–Un cateo es un permiso de exploración de yacimientos. Eso cualquiera lo puede tener. Vaya a la Secretaría Minería y fíjese quién tiene cateos.
–¿Su marido es empleado de Osisko?
–No, fue consultor.
–¿En qué etapa está el inventario de glaciares? –Se está haciendo.
- ¿Pero dónde podemos acceder a esa información?
–La información está, pero lo que pasa es que no tiene por qué llegar a los medios.
–¿Por qué la aplicación de la ley se demora? Ya pasaron los 180 días de plazo para hacer el inventario.
–Para que las cosas se pongan en marcha hay que pasar un tiempo.
Después de este diálogo, Martín Carotti, se comunicó con Clarín y dijo que tanto él como su mujer son objeto de una campaña difamatoria. “En cuanto a mi supuesto trabajo como “lobbista”, en realidad me dedico al diseño de contenidos técnicos de comunicación minera –explicó–. Claro, no cuento con la simpatía de los ambientalistas”.
También ofreció la dirección de su blog, donde reconoce que trabajó para Osisko en la época de los conflictos del Famatina y que es socio de su esposa en propiedades mineras. “Somos socios por relación conyugal, todo contrato de exploración debe ser firmado por ambos”, explica y aclara que “las escasas propiedades mineras vigentes a su nombre y los contratos firmados en calidad de cónyuge, son anteriores a su función en la vicedirección del instituto”.
El mes pasado se cumplió el primer aniversario del corte ambientalista al pie del Famatina, en La Rioja. Entonces los manifestantes expresaron que no dejarían pasar a nadie que no sea del Ianigla para hacer el inventario demorado de glaciares que exige la ley. Huelen que algo, del mecanismo establecido, no termina de quedar claro, y tienen razones para sospechar.
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Sali-Dulce: más allá de las multas....
Se esperan sanciones 'penales' por vinaza
Fecha de Publicación: 10/02/2013
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Criticó a las empresas que no se preocupan por proteger el medio ambiente.
Las medidas adoptadas en los últimos días con multas millonarias a una industria que derramó vinaza por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán fueron bien vistas por el vicegobernador de la Provincia, Angel Niccolai, pero aclaró que espera “sanciones penales”.
“Se trabaja con firmeza y usando todas las herramientas disponibles a través de los organismos de contralor y aplicación para que se cumplan las leyes, como debe ser”, manifestó en diálogo con Nuevo Diario.
“En el caso de que haya transgresiones deben efectuarse sanciones como las de días atrás, pero además desde las justicia esperamos sanciones penales para quienes agreden de modo alevoso las disposiciones ambientales, poniendo en riesgo el ecosistema, la producción, la salud de la gente y todo lo que implica dañar el medio ambiente”, manifestó el vicegobernador.
El funcionario criticó a las empresas que no muestran preocupación en proteger el medio ambiente “para que las generaciones futuras disfruten de un ambiente sano”.
“Simplemente, lo que se pide es que se hagan las inversiones necesarias, no estamos contra la producción”, manifestó el funcionario provincial desde Las Termas de Río Hondo.
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Fecha de Publicación: 10/02/2013
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Criticó a las empresas que no se preocupan por proteger el medio ambiente.
Las medidas adoptadas en los últimos días con multas millonarias a una industria que derramó vinaza por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán fueron bien vistas por el vicegobernador de la Provincia, Angel Niccolai, pero aclaró que espera “sanciones penales”.
“Se trabaja con firmeza y usando todas las herramientas disponibles a través de los organismos de contralor y aplicación para que se cumplan las leyes, como debe ser”, manifestó en diálogo con Nuevo Diario.
“En el caso de que haya transgresiones deben efectuarse sanciones como las de días atrás, pero además desde las justicia esperamos sanciones penales para quienes agreden de modo alevoso las disposiciones ambientales, poniendo en riesgo el ecosistema, la producción, la salud de la gente y todo lo que implica dañar el medio ambiente”, manifestó el vicegobernador.
El funcionario criticó a las empresas que no muestran preocupación en proteger el medio ambiente “para que las generaciones futuras disfruten de un ambiente sano”.
“Simplemente, lo que se pide es que se hagan las inversiones necesarias, no estamos contra la producción”, manifestó el funcionario provincial desde Las Termas de Río Hondo.
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De noche metrobús arrasa con árboles
El metrobús arrasa con los espacios verdes
Fecha de Publicación: 09/02/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital Federal
Algunos árboles se trasplantan y otros se talan. El trabajo se hace de noche. También afectará a la Plaza de la República. Un recurso de amparo reclama paralizar la obra y remediar el daño ambiental provocado.
El sonido de las raíces que crujen se escucha en medio del silencio de la noche. Una grúa intenta levantar el tronco de un palo borracho mientras una topadora tira hacia el costado, tratando de vencer la resistencia del árbol. Las dos máquinas lo tienen enlazado con sogas, mientras dos hombres golpean con palas de mano la tierra de las raíces y un tercero las recorta con la motosierra. Casi dos horas les costó sacar el árbol en la plazoleta central de la Avenida 9 de Julio, a la altura de Chile, con aparente destino de trasplante. La operación, impulsada por la misma gestión que proclama una “Ciudad Verde”, se realiza en horas de la noche, cuando la actividad en la avenida se reduce al paso apurado de algunos vehículos. Se trata de las obras para construir el metrobús, un corredor para la circulación rápida de colectivos en el centro de la avenida, que prevé el levantamiento de las plazoletas centrales a lo largo de doce cuadras y su reemplazo por dos anchas hileras de cemento. Un ex legislador presentó ayer un recurso de amparo para frenar las obras, argumentando que los trabajos “están destruyendo el paisaje cultural urbano de la 9 de Julio, referencia mundial de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los espacios más emblemáticos de nuestra ciudad” (ver aparte). Además, considera que la obra “es ilegal porque no fue aprobada por la Legislatura”. Y reclama que se declare nula la licitación de las obras y se proceda a la “recomposición del ambiente dañado”.
“En medicina, esto se llama iatrogenia: para resolver un problema se crean otros más graves. Es una barbaridad eliminar estos parques para acortar un poco el tiempo del transporte”, dijo a Página/12 el arquitecto Rodolfo Livingston, integrante de ProAmba, una organización que, junto a la Red por el Patrimonio, evalúa la presentación de otro recurso de amparo para frenar la obra.
El cuestionamiento no es sólo ambiental o paisajístico, sino que apunta al sentido de la obra. “No encontramos antecedentes en el mundo donde por encima de una línea de subte (la C) se construya un metrobús”, dijo a este diario Facundo Di Filippo, del Partido Social de la Ciudad, uno de los firmantes del amparo.
El metrobús ocupará dos carriles por mano en el centro de la 9 de Julio, desde la avenida San Juan, al sur, hasta Arroyo, en el norte. Por allí circularán en ambos sentidos, de punta a punta, diez líneas de colectivos. Habrá en total cinco paradas, cada cuatro cuadras, pero cada una tendrá una extensión promedio de 200 metros, para permitir la detención de las unidades de todas las líneas. Las autoridades estiman que permitiría reducir a 20 minutos el tiempo de recorrido que hoy demanda 40 o más.
Hasta ahora, la construcción del primer tramo, desde la avenida Belgrano hasta Sarmiento, sólo afectó un pequeño cantero central. Lo mismo ocurrirá desde Lavalle hasta Córdoba. Esa etapa debe estar terminada antes de que empiece marzo. El problema para los espacios verdes se genera desde Belgrano hacia el sur, donde en el centro de la avenida se abre una plazoleta de veinte metros de ancho por cuadra, hasta San Juan. Allí hay plantados frondosos árboles, entre ellos tipas, jacarandás y palos borrachos. La misma situación se plantea desde Córdoba hacia el norte, hasta Arenales. En total, son doce cuadras, con una superficie equivalente a tres plazas con una superficie de una manzana.
No talen Buenos Aires
Página/12 recorrió el jueves, en tres horarios distintos, la zona de obras. De día, el trabajo febril se concentra en el levantamiento del asfalto y la pavimentación. Pero entrada la noche, lo que se escucha es el impiadoso rugir de la motosierra, que mutila gruesas ramas de los árboles a extraer. Un equipo integrado por dos camiones, una grúa y dos retroexcavadoras despliega su energía en las plazoletas centrales desde México hasta Venezuela. Los vehículos no están identificados, pero una técnica a cargo del operativo revela que pertenecen al Ministerio de Espacio Público. Los árboles, aseguran, son extraídos del verde central para ser trasplantados a los canteros laterales, sobre Lima o Bernardo de Irigoyen.
–¿Por qué hacen este trabajo de noche?– preguntó Página/12 a los técnicos responsables de la extracción de árboles.
–Porque hay menos tránsito y es más fácil el traslado con la grúa.
Podrá ser así, pero también es cierto que se le ahorra al público la vista de un procedimiento que por momentos parece cruel. Al menos el que presenciaron los cronistas de este diario, en el que fue necesario el tironeo de dos máquinas y el ataque con palas y motosierra para vencer la resistencia de ese árbol, que parecía no querer salir de ese sitio.
Según los empleados a cargo del trabajo, las especies extraídas son plantadas en otros canteros, pero como todo se hace en la oscuridad y la desinformación, parece imposible saber si todos los árboles extraídos han sido trasplantados. Al menos uno corrió destino de tala por motosierra, como lo demuestra el tronco cortado al ras, que puede verse apenas se remueve la tierra que lo esconde, en 9 de Julio y México.
El saber popular da por cierto que el verano no es tiempo de poda ni de trasplantes. Página/12 fue en busca de fundamentos científicos de esa afirmación: “El verano es una época mala para trasplantes. Sacarle tierra y cortarle las raíces representa mucho estrés hídrico para las plantas. Las hojas transpiran más y requieren más agua, lo cual no favorece el crecimiento de las raíces”, explicó Betina Guarnaschelli, docente de la Cátedra de Dasonomía (ciencias del bosque) de la Facultad de Agronomía de la UBA. “El momento para hacer un trasplante es primavera u otoño. Hacerlo en esta época tiene grandes riesgos, y más con las altas temperaturas de estos días”, agregó la experta
Pero los tiempos electorales no son iguales a los de la naturaleza: el macrismo prevé desdoblar las elecciones locales de las nacionales, y adelantarlas para julio. “Con obras como el metrobús y el enrejado del Parque Centenario, están haciendo una intervención urbana significativa en un año electoral, a costa de los intereses de los porteños”, estimó Di Filippo.
Para la arquitecta Cira Szklowin, de la Red por el Patrimonio, “resulta claro que el patrimonio arbóreo de la Avenida 9 de Julio peligra al estar subordinado a la necesidad de una obra ampliamente criticada, incluso en la respectiva audiencia pública”. La arquitecta fue testigo de una de esas drásticas podas en la 9 de Julio y, al consultar al profesional a cargo del trabajo, recibió como respuesta que la poda “era necesaria para conservar las energías del árbol, que iba a ser trasplantado en otra parte de la avenida llevado con una retroexcavadora, que me quedara tranquila”.
“Con esta mutilación, los árboles reciben un impacto irreversible, ya que al dejar sólo las ramas principales, pierden su estructura, equilibrio, funciones ambientales y paisajísticas”, dijo Szklowin. “De esas ramas desmochadas, de 10 a 15 centímetros de diámetro, sin capacidad para reconstruir las ramas y subramas que conformaban la copa del árbol, sólo pueden crecer ramilletes de brotes delgados, una especie de peluquín verde que recubre la calva rama mutilada”, ironizó. “Es decir, de árboles con copa esplendorosa pasamos a tener muñones con peluca, como se puede ver por toda la ciudad en los últimos años.” En efecto, por estos días son frecuentes los llamados de lectores de distintos barrios que reportan podas indiscriminadas fuera de tiempo.
“Es un absurdo que se haya arrasado con el arbolado antes de que la Subsecretaría de Transporte envíe el proyecto al Ministerio de Ambiente y Espacio Público”, dijo a Página/12 el diputado Adrián Camps (Partido Socialista Auténtico), presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Legislatura. Se refería a que días atrás, el ministro Diego Santilli, en una entrevista radial, se excusó de dar detalles sobre el tema porque aún su cartera no tenía el plan de obra. Para el legislador, “esto demuestra la falta de planificación con que se maneja la administración macrista y la desconexión que existe entre las distintas áreas del gobierno PRO”.
“El metrobús tiene un impacto ambiental enorme, cambia el paisaje de la 9 de Julio –advirtió Camps–. Y además tiene un costo exorbitante: 166 millones de pesos, a razón de 55 millones por kilómetro, cuando el de Juan B. Justo costó 12,5 millones por kilómetro.”
Según Camps, el informe ambiental de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad habilita la obra con argumentos insólitos. “Los canteros centrales están codificados como Urbanización Parque y, de acuerdo con el Código de Planeamiento Urbano, sólo pueden hacerse obras complementarias con el uso. Pero la Agencia le dio vía libre al proyecto porque el metrobús es una obra “de interés público”. “Por más que Macri se esfuerce por publicitar su Ciudad Verde, todas sus políticas se encaminan a que los porteños tengamos una ciudad cada vez más gris”, concluyó el diputado.
“La zona de San Telmo y Monserrat –agregó– es una de las que tienen menos árboles y espacios verdes en la ciudad. Y lo poco que hay lo sacan”.
No trasplanten el Obelisco
“Están destruyendo las plazoletas, sacando más de 200 árboles frondosos y modificando la Plaza de la República, donde se emplaza el Obelisco”, advirtió Di Filippo, uno de los firmantes del amparo presentado ayer y que tramita en el juzgado a cargo de Guillermo Scheibler. “Están alterando radicalmente un paisaje urbano que debiera ser protegido. Por lo tanto, se ha lesionando el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano”, fundamentó el ex legislador.
Es que, debido a que el trazado del metrobús afecta el área central de la avenida “más ancha del mundo”, la obra debe esquivar el monumento más emblemático de Buenos Aires, lo cual “afecta 200 metros cuadrados de la Plaza de la República”, alertó Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, otro de los firmantes del amparo.
“Un árbol no es un objeto, una ficha que se puede mover de un lado a otro del tablero. Tiene su lugar en el mundo. Es lo mismo que un monumento: no podemos trasladar el Obelisco a Esmeralda”, expresó Rodolfo Livingston. “Esta obra es un atentado a la ciudad. Es la avenida más ancha del mundo, una imagen de Buenos Aires, escenario de acontecimientos políticos y culturales”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 09/02/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital Federal
Algunos árboles se trasplantan y otros se talan. El trabajo se hace de noche. También afectará a la Plaza de la República. Un recurso de amparo reclama paralizar la obra y remediar el daño ambiental provocado.El sonido de las raíces que crujen se escucha en medio del silencio de la noche. Una grúa intenta levantar el tronco de un palo borracho mientras una topadora tira hacia el costado, tratando de vencer la resistencia del árbol. Las dos máquinas lo tienen enlazado con sogas, mientras dos hombres golpean con palas de mano la tierra de las raíces y un tercero las recorta con la motosierra. Casi dos horas les costó sacar el árbol en la plazoleta central de la Avenida 9 de Julio, a la altura de Chile, con aparente destino de trasplante. La operación, impulsada por la misma gestión que proclama una “Ciudad Verde”, se realiza en horas de la noche, cuando la actividad en la avenida se reduce al paso apurado de algunos vehículos. Se trata de las obras para construir el metrobús, un corredor para la circulación rápida de colectivos en el centro de la avenida, que prevé el levantamiento de las plazoletas centrales a lo largo de doce cuadras y su reemplazo por dos anchas hileras de cemento. Un ex legislador presentó ayer un recurso de amparo para frenar las obras, argumentando que los trabajos “están destruyendo el paisaje cultural urbano de la 9 de Julio, referencia mundial de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los espacios más emblemáticos de nuestra ciudad” (ver aparte). Además, considera que la obra “es ilegal porque no fue aprobada por la Legislatura”. Y reclama que se declare nula la licitación de las obras y se proceda a la “recomposición del ambiente dañado”.
“En medicina, esto se llama iatrogenia: para resolver un problema se crean otros más graves. Es una barbaridad eliminar estos parques para acortar un poco el tiempo del transporte”, dijo a Página/12 el arquitecto Rodolfo Livingston, integrante de ProAmba, una organización que, junto a la Red por el Patrimonio, evalúa la presentación de otro recurso de amparo para frenar la obra.
El cuestionamiento no es sólo ambiental o paisajístico, sino que apunta al sentido de la obra. “No encontramos antecedentes en el mundo donde por encima de una línea de subte (la C) se construya un metrobús”, dijo a este diario Facundo Di Filippo, del Partido Social de la Ciudad, uno de los firmantes del amparo.
El metrobús ocupará dos carriles por mano en el centro de la 9 de Julio, desde la avenida San Juan, al sur, hasta Arroyo, en el norte. Por allí circularán en ambos sentidos, de punta a punta, diez líneas de colectivos. Habrá en total cinco paradas, cada cuatro cuadras, pero cada una tendrá una extensión promedio de 200 metros, para permitir la detención de las unidades de todas las líneas. Las autoridades estiman que permitiría reducir a 20 minutos el tiempo de recorrido que hoy demanda 40 o más.
Hasta ahora, la construcción del primer tramo, desde la avenida Belgrano hasta Sarmiento, sólo afectó un pequeño cantero central. Lo mismo ocurrirá desde Lavalle hasta Córdoba. Esa etapa debe estar terminada antes de que empiece marzo. El problema para los espacios verdes se genera desde Belgrano hacia el sur, donde en el centro de la avenida se abre una plazoleta de veinte metros de ancho por cuadra, hasta San Juan. Allí hay plantados frondosos árboles, entre ellos tipas, jacarandás y palos borrachos. La misma situación se plantea desde Córdoba hacia el norte, hasta Arenales. En total, son doce cuadras, con una superficie equivalente a tres plazas con una superficie de una manzana.
No talen Buenos Aires
Página/12 recorrió el jueves, en tres horarios distintos, la zona de obras. De día, el trabajo febril se concentra en el levantamiento del asfalto y la pavimentación. Pero entrada la noche, lo que se escucha es el impiadoso rugir de la motosierra, que mutila gruesas ramas de los árboles a extraer. Un equipo integrado por dos camiones, una grúa y dos retroexcavadoras despliega su energía en las plazoletas centrales desde México hasta Venezuela. Los vehículos no están identificados, pero una técnica a cargo del operativo revela que pertenecen al Ministerio de Espacio Público. Los árboles, aseguran, son extraídos del verde central para ser trasplantados a los canteros laterales, sobre Lima o Bernardo de Irigoyen.
–¿Por qué hacen este trabajo de noche?– preguntó Página/12 a los técnicos responsables de la extracción de árboles.
–Porque hay menos tránsito y es más fácil el traslado con la grúa.
Podrá ser así, pero también es cierto que se le ahorra al público la vista de un procedimiento que por momentos parece cruel. Al menos el que presenciaron los cronistas de este diario, en el que fue necesario el tironeo de dos máquinas y el ataque con palas y motosierra para vencer la resistencia de ese árbol, que parecía no querer salir de ese sitio.
Según los empleados a cargo del trabajo, las especies extraídas son plantadas en otros canteros, pero como todo se hace en la oscuridad y la desinformación, parece imposible saber si todos los árboles extraídos han sido trasplantados. Al menos uno corrió destino de tala por motosierra, como lo demuestra el tronco cortado al ras, que puede verse apenas se remueve la tierra que lo esconde, en 9 de Julio y México.
El saber popular da por cierto que el verano no es tiempo de poda ni de trasplantes. Página/12 fue en busca de fundamentos científicos de esa afirmación: “El verano es una época mala para trasplantes. Sacarle tierra y cortarle las raíces representa mucho estrés hídrico para las plantas. Las hojas transpiran más y requieren más agua, lo cual no favorece el crecimiento de las raíces”, explicó Betina Guarnaschelli, docente de la Cátedra de Dasonomía (ciencias del bosque) de la Facultad de Agronomía de la UBA. “El momento para hacer un trasplante es primavera u otoño. Hacerlo en esta época tiene grandes riesgos, y más con las altas temperaturas de estos días”, agregó la experta
Pero los tiempos electorales no son iguales a los de la naturaleza: el macrismo prevé desdoblar las elecciones locales de las nacionales, y adelantarlas para julio. “Con obras como el metrobús y el enrejado del Parque Centenario, están haciendo una intervención urbana significativa en un año electoral, a costa de los intereses de los porteños”, estimó Di Filippo.
Para la arquitecta Cira Szklowin, de la Red por el Patrimonio, “resulta claro que el patrimonio arbóreo de la Avenida 9 de Julio peligra al estar subordinado a la necesidad de una obra ampliamente criticada, incluso en la respectiva audiencia pública”. La arquitecta fue testigo de una de esas drásticas podas en la 9 de Julio y, al consultar al profesional a cargo del trabajo, recibió como respuesta que la poda “era necesaria para conservar las energías del árbol, que iba a ser trasplantado en otra parte de la avenida llevado con una retroexcavadora, que me quedara tranquila”.
“Con esta mutilación, los árboles reciben un impacto irreversible, ya que al dejar sólo las ramas principales, pierden su estructura, equilibrio, funciones ambientales y paisajísticas”, dijo Szklowin. “De esas ramas desmochadas, de 10 a 15 centímetros de diámetro, sin capacidad para reconstruir las ramas y subramas que conformaban la copa del árbol, sólo pueden crecer ramilletes de brotes delgados, una especie de peluquín verde que recubre la calva rama mutilada”, ironizó. “Es decir, de árboles con copa esplendorosa pasamos a tener muñones con peluca, como se puede ver por toda la ciudad en los últimos años.” En efecto, por estos días son frecuentes los llamados de lectores de distintos barrios que reportan podas indiscriminadas fuera de tiempo.
“Es un absurdo que se haya arrasado con el arbolado antes de que la Subsecretaría de Transporte envíe el proyecto al Ministerio de Ambiente y Espacio Público”, dijo a Página/12 el diputado Adrián Camps (Partido Socialista Auténtico), presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Legislatura. Se refería a que días atrás, el ministro Diego Santilli, en una entrevista radial, se excusó de dar detalles sobre el tema porque aún su cartera no tenía el plan de obra. Para el legislador, “esto demuestra la falta de planificación con que se maneja la administración macrista y la desconexión que existe entre las distintas áreas del gobierno PRO”.
“El metrobús tiene un impacto ambiental enorme, cambia el paisaje de la 9 de Julio –advirtió Camps–. Y además tiene un costo exorbitante: 166 millones de pesos, a razón de 55 millones por kilómetro, cuando el de Juan B. Justo costó 12,5 millones por kilómetro.”
Según Camps, el informe ambiental de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad habilita la obra con argumentos insólitos. “Los canteros centrales están codificados como Urbanización Parque y, de acuerdo con el Código de Planeamiento Urbano, sólo pueden hacerse obras complementarias con el uso. Pero la Agencia le dio vía libre al proyecto porque el metrobús es una obra “de interés público”. “Por más que Macri se esfuerce por publicitar su Ciudad Verde, todas sus políticas se encaminan a que los porteños tengamos una ciudad cada vez más gris”, concluyó el diputado.
“La zona de San Telmo y Monserrat –agregó– es una de las que tienen menos árboles y espacios verdes en la ciudad. Y lo poco que hay lo sacan”.
No trasplanten el Obelisco
“Están destruyendo las plazoletas, sacando más de 200 árboles frondosos y modificando la Plaza de la República, donde se emplaza el Obelisco”, advirtió Di Filippo, uno de los firmantes del amparo presentado ayer y que tramita en el juzgado a cargo de Guillermo Scheibler. “Están alterando radicalmente un paisaje urbano que debiera ser protegido. Por lo tanto, se ha lesionando el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano”, fundamentó el ex legislador.
Es que, debido a que el trazado del metrobús afecta el área central de la avenida “más ancha del mundo”, la obra debe esquivar el monumento más emblemático de Buenos Aires, lo cual “afecta 200 metros cuadrados de la Plaza de la República”, alertó Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, otro de los firmantes del amparo.
“Un árbol no es un objeto, una ficha que se puede mover de un lado a otro del tablero. Tiene su lugar en el mundo. Es lo mismo que un monumento: no podemos trasladar el Obelisco a Esmeralda”, expresó Rodolfo Livingston. “Esta obra es un atentado a la ciudad. Es la avenida más ancha del mundo, una imagen de Buenos Aires, escenario de acontecimientos políticos y culturales”, concluyó.
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A la megaminería no le gusta el cepo cambiario
Crisis con las mineras por el cepo cambiario
Fecha de Publicación: 09/02/2013
Fuente: Argenpress
Provincia/Región: Nacional
Los pulpos mineros están disconformes: según los cálculos que circulan, “el sector tenía frenado el envío de más de 900 millones de dólares” (BAE, 1/2), en referencia a los dividendos que han dejado de girar a partir de las restricciones implementadas por el gobierno. En consecuencia, su liquidez en pesos es muy grande.
Inversiones I: Barrick
Las mineras están suspendiendo o retrasando sus inversiones. Xstrata, que explota La Alumbrera en Catamarca y es dueña de los proyectos de Agua Rica (Catamarca) y Pachon (San Juan), las mandó al freezer. Es una de las que tiene más dividendos para girar.
Barrick reinició su proyecto de Pascua Lama -aunque sus costos, dice, subieron de 3.500 millones de dólares a 9.000 millones. El pulpo cuenta con la posibilidad de exportar y girar utilidades por Chile, dado el carácter binacional de Pascua Lama. Por otro lado, la Ley de Glaciares opera como una espada de Damocles sobre ese proyecto y sobre Veladero (en explotación y sólo en territorio argentino), si no son concluidas antes de que caigan las cautelares que determinaron su suspensión. La semana pasada, un informe de la Unidad Especial de Auditoría Ambiental del gobierno de San Juan anunció que ni Veladero ni Pascua Lama afectan a glaciares. El informe, elaborado por Jorge Million, un ex empleado de Barrick, será girado a la Corte Suprema. El organismo previsto por la Ley (Ianigla) todavía no abrió la boca.
Inversiones II: Vale
La inversión de Vale en el yacimiento de Potasio Río Colorado, que ya venía con retraso, está parada desde diciembre y no tiene fecha cierta de reinicio. La caída de la venta de hierro, que había afectado el flujo de fondos destinados al desarrollo del proyecto minero, fue solamente una excusa (MDZ, 28/1).
“Fuentes de la Casa Rosada revelaron a MDZ que en Chile Dilma le pidió a Cristina un diferimiento tributario equivalente a 1000 milllones de dólares; la respuesta de la mandataria argentina fue negativa” (ídem).
Según ese informe, Vale también reclamó por el tipo de cambio, y por el giro de dividendos a futuro (ver artículo en esta página).
Autorizan giro
El viernes 1º de febrero se supo que el gobierno comenzó a liberar el giro de dividendos. “Las autorizaciones son en cuentagotas, pero comenzaron a aprobarse” (BAE, 1/2). El gobierno les venía exigiendo a las mineras que sustituyan los abastecimientos importados por producción nacional. Las reuniones se fueron más en “planes” que en resultados concretos. El canje sustitución de importaciones por giro de dividendos no funcionó. Tampoco es el centro de los problemas, ya que el cepo cambiario obedece a la necesidad de pagar la deuda pública y las importaciones de energía, y a la fenomenal caída de las reservas internacionales netas del Banco Central.
Asistencialismo y control político
Los estados provinciales siguen cobrando las regalías del 3%, establecidas por Menem, una gragea comparada con cualquier otro régimen minero a nivel mundial. Un reciente proyecto para aumentarlas, de la esposa de Peralta, el gobernador de Santa Cruz, duerme en el Congreso.
En las zonas donde se encuentran los yacimientos actualmente en explotación, en especial Catamarca, San Juan y Santa Cruz, hay un intento de política asistencialista, para neutralizar el descontento de las poblaciones con el daño ambiental y la falta de progreso social. Una escuela o un hospital, en comunidades de pocos habitantes, o la promoción de pequeños emprendimientos.
Como decíamos en una nota anterior: “Los pulpos mineros han ido tomando el control de las débiles economías cordilleranas y tienen un peso enorme en sus regímenes políticos”.
La crisis entre el gobierno y los pulpos mineros por el cepo cambiario, es uno de los componentes de la corrida que sufre el peso en el mercado de cambios. La consigna de esos pulpos es: devaluación y libre giro de utilidades.
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Fecha de Publicación: 09/02/2013
Fuente: Argenpress
Provincia/Región: Nacional
Los pulpos mineros están disconformes: según los cálculos que circulan, “el sector tenía frenado el envío de más de 900 millones de dólares” (BAE, 1/2), en referencia a los dividendos que han dejado de girar a partir de las restricciones implementadas por el gobierno. En consecuencia, su liquidez en pesos es muy grande.Inversiones I: Barrick
Las mineras están suspendiendo o retrasando sus inversiones. Xstrata, que explota La Alumbrera en Catamarca y es dueña de los proyectos de Agua Rica (Catamarca) y Pachon (San Juan), las mandó al freezer. Es una de las que tiene más dividendos para girar.
Barrick reinició su proyecto de Pascua Lama -aunque sus costos, dice, subieron de 3.500 millones de dólares a 9.000 millones. El pulpo cuenta con la posibilidad de exportar y girar utilidades por Chile, dado el carácter binacional de Pascua Lama. Por otro lado, la Ley de Glaciares opera como una espada de Damocles sobre ese proyecto y sobre Veladero (en explotación y sólo en territorio argentino), si no son concluidas antes de que caigan las cautelares que determinaron su suspensión. La semana pasada, un informe de la Unidad Especial de Auditoría Ambiental del gobierno de San Juan anunció que ni Veladero ni Pascua Lama afectan a glaciares. El informe, elaborado por Jorge Million, un ex empleado de Barrick, será girado a la Corte Suprema. El organismo previsto por la Ley (Ianigla) todavía no abrió la boca.
Inversiones II: Vale
La inversión de Vale en el yacimiento de Potasio Río Colorado, que ya venía con retraso, está parada desde diciembre y no tiene fecha cierta de reinicio. La caída de la venta de hierro, que había afectado el flujo de fondos destinados al desarrollo del proyecto minero, fue solamente una excusa (MDZ, 28/1).
“Fuentes de la Casa Rosada revelaron a MDZ que en Chile Dilma le pidió a Cristina un diferimiento tributario equivalente a 1000 milllones de dólares; la respuesta de la mandataria argentina fue negativa” (ídem).
Según ese informe, Vale también reclamó por el tipo de cambio, y por el giro de dividendos a futuro (ver artículo en esta página).
Autorizan giro
El viernes 1º de febrero se supo que el gobierno comenzó a liberar el giro de dividendos. “Las autorizaciones son en cuentagotas, pero comenzaron a aprobarse” (BAE, 1/2). El gobierno les venía exigiendo a las mineras que sustituyan los abastecimientos importados por producción nacional. Las reuniones se fueron más en “planes” que en resultados concretos. El canje sustitución de importaciones por giro de dividendos no funcionó. Tampoco es el centro de los problemas, ya que el cepo cambiario obedece a la necesidad de pagar la deuda pública y las importaciones de energía, y a la fenomenal caída de las reservas internacionales netas del Banco Central.
Asistencialismo y control político
Los estados provinciales siguen cobrando las regalías del 3%, establecidas por Menem, una gragea comparada con cualquier otro régimen minero a nivel mundial. Un reciente proyecto para aumentarlas, de la esposa de Peralta, el gobernador de Santa Cruz, duerme en el Congreso.
En las zonas donde se encuentran los yacimientos actualmente en explotación, en especial Catamarca, San Juan y Santa Cruz, hay un intento de política asistencialista, para neutralizar el descontento de las poblaciones con el daño ambiental y la falta de progreso social. Una escuela o un hospital, en comunidades de pocos habitantes, o la promoción de pequeños emprendimientos.
Como decíamos en una nota anterior: “Los pulpos mineros han ido tomando el control de las débiles economías cordilleranas y tienen un peso enorme en sus regímenes políticos”.
La crisis entre el gobierno y los pulpos mineros por el cepo cambiario, es uno de los componentes de la corrida que sufre el peso en el mercado de cambios. La consigna de esos pulpos es: devaluación y libre giro de utilidades.
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Lorenzetti hace punta en el derecho ambiental
Lorenzetti presidirá un consejo internacional para proteger el medioambiente
Fecha de Publicación: 08/02/2013
Fuente: Eco2Site
Provincia/Región: Nacional
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, será presidente del Consejo para la Promoción de la Justicia, Gobernanza y Ley para la Sostenibilidad Ambiental, que tendrá lugar el próximo 17 de febrero en Nairobi, Kenia. Este consejo cuenta con el aval del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y estará encabezado también por el titular del Poder Judicial de Malasia.
La cita es una continuación de RIO+20, donde se creó el International Advisory Council for the Advancement of Justice, Governance and Law for Environmental Sustainability (Consejo Asesor Internacional para la Promoción de la Justicia, la Gobernanza y la Ley para la Sostenibilidad Ambiental), con dos presidentes: Ricardo Lorenzetti (titular de la Corte Suprema de Justicia de Argentina) y Tun Arifin Zakaria (titular del Poder Judicial de Malasia).
La intención es que tanto Lorenzetti como Zakaria estén en contacto con los poderes judiciales de todo el mundo para organizar mejores sistemas para la protección del planeta Tierra. Precisamente, la primera reunión es la que se realizará en Nairobi.
El temario del encuentro incluirá presentaciones sobre Rio+20 y las nuevas perspectivas en el campo ambiental; las amenazas al desarrollo sustentable y el Gobierno de la ley; la interacción entre la adhesión al Gobierno de la Ley y el respeto de los derechos humanos: el acceso a la justicia en asuntos medioambientales, y la eficacia de la ley ambiental en el plano nacional.
Lorenzetti además integrará las conferencias magistrales “UNEP, Rio+20 y las nuevas perspectivas para el Gobierno de la Ley en el campo ambiental”, y será expositor en el panel “Acceso a la justicia, participación pública e información sobre cuestiones ambientales y principios nuevos surgidos en la ley ambiental” algo que desgraciadamente en su propio país es una quimera.
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Fecha de Publicación: 08/02/2013
Fuente: Eco2Site
Provincia/Región: Nacional
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, será presidente del Consejo para la Promoción de la Justicia, Gobernanza y Ley para la Sostenibilidad Ambiental, que tendrá lugar el próximo 17 de febrero en Nairobi, Kenia. Este consejo cuenta con el aval del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y estará encabezado también por el titular del Poder Judicial de Malasia.La cita es una continuación de RIO+20, donde se creó el International Advisory Council for the Advancement of Justice, Governance and Law for Environmental Sustainability (Consejo Asesor Internacional para la Promoción de la Justicia, la Gobernanza y la Ley para la Sostenibilidad Ambiental), con dos presidentes: Ricardo Lorenzetti (titular de la Corte Suprema de Justicia de Argentina) y Tun Arifin Zakaria (titular del Poder Judicial de Malasia).
La intención es que tanto Lorenzetti como Zakaria estén en contacto con los poderes judiciales de todo el mundo para organizar mejores sistemas para la protección del planeta Tierra. Precisamente, la primera reunión es la que se realizará en Nairobi.
El temario del encuentro incluirá presentaciones sobre Rio+20 y las nuevas perspectivas en el campo ambiental; las amenazas al desarrollo sustentable y el Gobierno de la ley; la interacción entre la adhesión al Gobierno de la Ley y el respeto de los derechos humanos: el acceso a la justicia en asuntos medioambientales, y la eficacia de la ley ambiental en el plano nacional.
Lorenzetti además integrará las conferencias magistrales “UNEP, Rio+20 y las nuevas perspectivas para el Gobierno de la Ley en el campo ambiental”, y será expositor en el panel “Acceso a la justicia, participación pública e información sobre cuestiones ambientales y principios nuevos surgidos en la ley ambiental” algo que desgraciadamente en su propio país es una quimera.
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Por la Ley de Bosques frenan obras de Nueva Costa
La Justicia frenó por 30 días las obras del Puerto Madero del Sur
Fecha de Publicación: 08/02/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital Federal
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata ordenó la suspensión por 30 días prorrogables de las obras en el bosque ribereño Quilmes-Avellaneda del megaemprendimiento inmobiliario, comercial y recreativo denominado Nueva Costa del Plata, que demandará una inversión estimada en 2000 millones de dólares.
La Justicia hizo lugar, de esa manera, a un reclamo de vecinos y asociaciones ambientalistas que sostienen que el proyecto inmobiliario "afecta gravemente al medio ambiente, al destruir uno de los últimos vestigios del bosque nativo costero en la región, además de incumplir con la ley de bosques (26.331)".
Por esta razón, y luego de que un juez se declaró incompetente, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, con la firma de los doctores Julio Reboredo y Leopoldo Schiffrin, ordenó la suspensión del desmonte y de la obra por 30 días prorrogables hasta tanto se realice una inspección en el lugar y se corrobore que no haya daño ambiental.
En tanto, la empresa Techint, a cargo de la obra a través de la firma Inversiones Inmobiliarias Nuevo Milenio, desmintió que los trabajos afecten el medio ambiente, aunque reconocen que las obras están "paralizadas" desde hace un mes para readecuar la ingeniería del emprendimiento, que, agregaron, "no corre riesgo de frustrarse".
El proyecto, para muchos una suerte de Puerto Madero del Sur, por la similitud en características con el coqueto barrio porteño, es un ambicioso emprendimiento enclavado en extensos territorios costeros de los partidos bonaerenses de Avellaneda y Quilmes.
Especialistas en desarrollo sustentable definen el lugar como "una las zonas más ricas en recursos naturales" del conurbano bonaerense.
Esta tesis es la defendida por quienes accionaron ante la Justicia y que pretenden que allí se cree una reserva ecológica.
"Estamos felices porque la Justicia se ocupará de este tema tan importante como es la ecología y el medio ambiente. Es nuestro último pulmón verde y quieren eliminarlo. Nosotros pretendemos que se haga un lugar abierto al público", sostuvo Nieves Baldaccini, vecina de Bernal que integra una de las siete asociaciones vecinales que rechazan la construcción del proyecto. Según los ambientalistas, el bosque ribereño de Quilmes y Avellaneda es el hábitat natural de especies poco frecuentes en la región.
Nueva Costa del Plata prevé la construcción de los accesos desde la autopista Buenos Aires-La Plata y de los caminos internos del complejo, como así también del tendido de la red de servicios básicos, con una inversión inicial de 100 millones de dólares.
El 75% del espacio que abarcará se destinará al uso público, mientras que fuentes del grupo Techint estiman que allí podrán vivir entre 25.000 y 30.000 personas, a las que se les sumarían unos 80.000 visitantes cada fin de semana.
"Hemos realizado todos los estudios de impacto ambiental que sustentan el proyecto y por eso ya se puso en marcha la obra. Estimamos que dentro de 12 a 15 años las obras estarían finalizadas. Sólo se ha trabajado en el sector de Avellaneda y allí, técnicamente, podríamos reanudar la actividad en pocas semanas aunque el fallo todavía no lo hemos visto", indicaron desde Techint, ante una consulta de LA NACION.
El abogado Leandro Giannini, que patrocina a los vecinos que defienden el espacio público, indicó que "ante la primera denuncia que hicimos, el juez de primera instancia Alberto Recondo se declaró incompetente. Concurrimos a la Cámara Federal y falló de esta manera. Ahora harán una inspección en el lugar y están pendientes otras medidas cautelares pedidas, como la contratación de un seguro ambiental por posibles daños en el lugar. Esta es una causa de casación y recomposición del daño ambiental", dijo el letrado.
Desde el municipio de Avellaneda, se indicó que en la zona se realizaron "modificaciones lógicas, pero todas las plantas que se quiten serán repuetas".
En cambio, en el sector de obra que comprende al municipio de Quilmes, los trabajos nunca comenzaron. Ocurre que por la presión vecinal, en diciembre pasado, en dos reuniones del Concejo Deliberante el intendente kirchnerista Francisco Gutiérrez no logró el quórum para conseguir el cambio de zonificación que permitirá la construcción en altura frente al río.
Costa del Plata es un emprendimiento que prevé la construcción de complejos de viviendas, restaurantes, áreas recreativas, un hotel cinco estrellas y hasta una sede universitaria en el territorio de Avellaneda. Todo a poco más de 10 minutos de la ciudad de Buenos Aires. El predio estará sobre 5 kilómetros de costa del Río de la Plata..
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Fecha de Publicación: 08/02/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital Federal
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata ordenó la suspensión por 30 días prorrogables de las obras en el bosque ribereño Quilmes-Avellaneda del megaemprendimiento inmobiliario, comercial y recreativo denominado Nueva Costa del Plata, que demandará una inversión estimada en 2000 millones de dólares.La Justicia hizo lugar, de esa manera, a un reclamo de vecinos y asociaciones ambientalistas que sostienen que el proyecto inmobiliario "afecta gravemente al medio ambiente, al destruir uno de los últimos vestigios del bosque nativo costero en la región, además de incumplir con la ley de bosques (26.331)".
Por esta razón, y luego de que un juez se declaró incompetente, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, con la firma de los doctores Julio Reboredo y Leopoldo Schiffrin, ordenó la suspensión del desmonte y de la obra por 30 días prorrogables hasta tanto se realice una inspección en el lugar y se corrobore que no haya daño ambiental.
En tanto, la empresa Techint, a cargo de la obra a través de la firma Inversiones Inmobiliarias Nuevo Milenio, desmintió que los trabajos afecten el medio ambiente, aunque reconocen que las obras están "paralizadas" desde hace un mes para readecuar la ingeniería del emprendimiento, que, agregaron, "no corre riesgo de frustrarse".
El proyecto, para muchos una suerte de Puerto Madero del Sur, por la similitud en características con el coqueto barrio porteño, es un ambicioso emprendimiento enclavado en extensos territorios costeros de los partidos bonaerenses de Avellaneda y Quilmes.
Especialistas en desarrollo sustentable definen el lugar como "una las zonas más ricas en recursos naturales" del conurbano bonaerense.
Esta tesis es la defendida por quienes accionaron ante la Justicia y que pretenden que allí se cree una reserva ecológica.
"Estamos felices porque la Justicia se ocupará de este tema tan importante como es la ecología y el medio ambiente. Es nuestro último pulmón verde y quieren eliminarlo. Nosotros pretendemos que se haga un lugar abierto al público", sostuvo Nieves Baldaccini, vecina de Bernal que integra una de las siete asociaciones vecinales que rechazan la construcción del proyecto. Según los ambientalistas, el bosque ribereño de Quilmes y Avellaneda es el hábitat natural de especies poco frecuentes en la región.
Nueva Costa del Plata prevé la construcción de los accesos desde la autopista Buenos Aires-La Plata y de los caminos internos del complejo, como así también del tendido de la red de servicios básicos, con una inversión inicial de 100 millones de dólares.
El 75% del espacio que abarcará se destinará al uso público, mientras que fuentes del grupo Techint estiman que allí podrán vivir entre 25.000 y 30.000 personas, a las que se les sumarían unos 80.000 visitantes cada fin de semana.
"Hemos realizado todos los estudios de impacto ambiental que sustentan el proyecto y por eso ya se puso en marcha la obra. Estimamos que dentro de 12 a 15 años las obras estarían finalizadas. Sólo se ha trabajado en el sector de Avellaneda y allí, técnicamente, podríamos reanudar la actividad en pocas semanas aunque el fallo todavía no lo hemos visto", indicaron desde Techint, ante una consulta de LA NACION.
El abogado Leandro Giannini, que patrocina a los vecinos que defienden el espacio público, indicó que "ante la primera denuncia que hicimos, el juez de primera instancia Alberto Recondo se declaró incompetente. Concurrimos a la Cámara Federal y falló de esta manera. Ahora harán una inspección en el lugar y están pendientes otras medidas cautelares pedidas, como la contratación de un seguro ambiental por posibles daños en el lugar. Esta es una causa de casación y recomposición del daño ambiental", dijo el letrado.
Desde el municipio de Avellaneda, se indicó que en la zona se realizaron "modificaciones lógicas, pero todas las plantas que se quiten serán repuetas".
En cambio, en el sector de obra que comprende al municipio de Quilmes, los trabajos nunca comenzaron. Ocurre que por la presión vecinal, en diciembre pasado, en dos reuniones del Concejo Deliberante el intendente kirchnerista Francisco Gutiérrez no logró el quórum para conseguir el cambio de zonificación que permitirá la construcción en altura frente al río.
Costa del Plata es un emprendimiento que prevé la construcción de complejos de viviendas, restaurantes, áreas recreativas, un hotel cinco estrellas y hasta una sede universitaria en el territorio de Avellaneda. Todo a poco más de 10 minutos de la ciudad de Buenos Aires. El predio estará sobre 5 kilómetros de costa del Río de la Plata..
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Bosques: con Ley y todo se desmonta igual
Cinco años, el mismo desmonte
Fecha de Publicación: 08/02/2013
Fuente: http://blogs.lanacion.com.ar/ecologico
Provincia/Región: Nacional
¿Qué es peor no tener ley o no cumplirla? En una nueva prueba de que en la Argentina la letra impresa no se cumple, vemos cómo ha avanzado un fenómeno nocivo para el ambiente y el desarrollo sustentable como el desmonte.
Acostumbrados ya a que los fondos especiales que se crean no sean respetados ni previsto su abastecimiento, vemos cómo se siguen perdiendo hectáreas de bosque nativo en detrimento del monocultivo de la soja.
A cinco años de la sanción de la Ley de Bosques Nativos (26.331), Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Fundación Vida Silvestre Argentina elaboraron un informe en el que advierten pocos avances en la implementación de la norma, y reclaman el cumplimiento.
Los ambientalistas advirtieron que la moratoria a nuevos permisos de desmontes establecida por ley no fue respetada. El informe “Ley de Bosques: 5 años con pocos avances” indica que desde la sanción de la Ley de Bosques el promedio de deforestación anual disminuyó casi un 20 por ciento, al pasar de aproximadamente 280.000 a 230.000 hectáreas al año. Pero esos números siguen siendo muy altos según las organizaciones ambientalistas, dado que sólo entre 2008 y 2011 se desmontaron 932.109 hectáreas en las jurisdicciones relevadas por los expertos.
En Santiago del Estero fueron eliminadas 399.660 hectáreas de bosques nativos; en Salta se “limpiaron” 222.868; en Formosa fueron taladas 113.109; y en Chaco se desmontaron unas 102.592 hectáreas.
Las organizaciones estimaron, en base a información oficial y de otras organizaciones sociales, que desde la sanción de la ley hasta fines de 2012 se deforestaron 1.145.044 hectáreas.
Los ambientalistas destacaron que veinte provincias han realizado el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos y los han refrendado mediante una ley provincial, y que “desde su aprobación en las provincias de Chaco, Misiones y San Luis la deforestación disminuyó aproximadamente un 50 por ciento”.
Sin embargo, advirtieron que los ordenamientos de Córdoba, Corrientes y Formosafueron muy cuestionados por organizaciones sociales e instituciones académicas por no cumplir varios artículos y criterios de la ley nacional.
Las provincias donde mayores desmontes se registran son Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco, afectadas estas por un abrupto cambio en las condiciones climáticas en los últimos años y por una sequía que afecta con dureza a la producción agropecuaria.
En paralelo, las provincias que aún no los han sancionado mediante una ley provincial son Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe.
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Fecha de Publicación: 08/02/2013
Fuente: http://blogs.lanacion.com.ar/ecologico
Provincia/Región: Nacional
¿Qué es peor no tener ley o no cumplirla? En una nueva prueba de que en la Argentina la letra impresa no se cumple, vemos cómo ha avanzado un fenómeno nocivo para el ambiente y el desarrollo sustentable como el desmonte.Acostumbrados ya a que los fondos especiales que se crean no sean respetados ni previsto su abastecimiento, vemos cómo se siguen perdiendo hectáreas de bosque nativo en detrimento del monocultivo de la soja.
A cinco años de la sanción de la Ley de Bosques Nativos (26.331), Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Fundación Vida Silvestre Argentina elaboraron un informe en el que advierten pocos avances en la implementación de la norma, y reclaman el cumplimiento.
Los ambientalistas advirtieron que la moratoria a nuevos permisos de desmontes establecida por ley no fue respetada. El informe “Ley de Bosques: 5 años con pocos avances” indica que desde la sanción de la Ley de Bosques el promedio de deforestación anual disminuyó casi un 20 por ciento, al pasar de aproximadamente 280.000 a 230.000 hectáreas al año. Pero esos números siguen siendo muy altos según las organizaciones ambientalistas, dado que sólo entre 2008 y 2011 se desmontaron 932.109 hectáreas en las jurisdicciones relevadas por los expertos.
En Santiago del Estero fueron eliminadas 399.660 hectáreas de bosques nativos; en Salta se “limpiaron” 222.868; en Formosa fueron taladas 113.109; y en Chaco se desmontaron unas 102.592 hectáreas.
Las organizaciones estimaron, en base a información oficial y de otras organizaciones sociales, que desde la sanción de la ley hasta fines de 2012 se deforestaron 1.145.044 hectáreas.
Los ambientalistas destacaron que veinte provincias han realizado el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos y los han refrendado mediante una ley provincial, y que “desde su aprobación en las provincias de Chaco, Misiones y San Luis la deforestación disminuyó aproximadamente un 50 por ciento”.
Sin embargo, advirtieron que los ordenamientos de Córdoba, Corrientes y Formosafueron muy cuestionados por organizaciones sociales e instituciones académicas por no cumplir varios artículos y criterios de la ley nacional.
Las provincias donde mayores desmontes se registran son Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco, afectadas estas por un abrupto cambio en las condiciones climáticas en los últimos años y por una sequía que afecta con dureza a la producción agropecuaria.
En paralelo, las provincias que aún no los han sancionado mediante una ley provincial son Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe.
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Argentina camino a eliminar el mercurio en salud
Argentina busca eliminar el mercurio en el sistema de salud
Fecha de Publicación: 07/02/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Varios hospitales comenzaron a reemplazar los termómetros con este componente y se prohibieron tensiómetros de este tipo. Aseguran que es un elemento químico que puede dañar el medio ambiente y producir daños en el sistema nervioso.
Argentina avanza hacia la eliminación del uso del mercurio en el sistema de salud. Varios hospitales iniciaron el proceso de reemplazo progresivo de los termómetros con mercurio por los digitales, como parte de una política del Ministerio de Salud de la Nación que también incluye la prohibición de tensiómetros con este elemento químico y diversas gestiones para que el mismo se deje de utilizar en la odontología. El país, además, puso en marcha un proyecto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para profundizar esta estrategia.
Los hospitales porteños Rivadavia y Garrahan, por ejemplo, ya erradicaron el uso de termómetros con mercurio. Y otros centros de salud van en el mismo camino, luego de que el Ministerio de Salud de la Nación suscribió una resolución que recomienda la eliminación del uso de estos instrumentos. La cartera, además, estableció en diciembre último un control de calidad para los termómetros sin mercurio.
La estrategia también apunta al trabajo con las universidades y las asociaciones de odontólogos para que los futuros y actuales profesionales de esta rama sustituyan el uso del mercurio en las amalgamas. “Una amalgama tiene aproximadamente un 50 por ciento de mercurio. Los sustitutos son materiales sintéticos y, en principio, son iguales de eficientes”, explicó el director nacional de Determinantes de la Salud e Investigación, Ernesto de Titto. Según datos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los odontólogos usaron en 2005 en el mundo entre 240 y 300 toneladas de mercurio para amalgamas.
Para disminuir los niveles de mercurio en el sistema de salud, además, el acuerdo firmado con la OMS y el PNUD establece varias líneas de trabajo, entre ellas la capacitación a funcionarios y al personal de salud para que conozcan la importancia de reducir la circulación de este metal y los beneficios de sustituir, por ejemplo, los termómetros tradicionales por los digitales que, pese a ser más costosos, tienen mayor duración y no dañan el medio ambiente.
El mercurio es un elemento químico que suscita preocupación a nivel mundial debido a su capacidad para recorrer largas distancias a través de la atmósfera, su persistencia en el medio ambiente, su capacidad para acumularse en los ecosistemas y sus importantes efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente. Puede producir daños permanentes en el sistema nervioso, en particular en su estado de desarrollo. Debido a estos efectos, se considera que los lactantes, los niños y las mujeres en edad fértil son grupos vulnerables.
A raíz de la preocupación que ocasiona, más de 140 países aprobaron días atrás un convenio que busca reducir los efectos nocivos del mercurio. El tratado establece una serie de medidas de protección, como el control de las emisiones de mercurio de las plantas eléctricas alimentadas con carbón y de la industria, así como del uso del mercurio en las minas de oro artesanales o a pequeña escala. También incluye un artículo dedicado a la salud. En concreto, el tratado establece la eliminación progresiva de la utilización de mercurio en los termómetros e instrumentos de medición de la tensión arterial empleados en la atención sanitaria.
El proyecto que lleva adelante el PNUD, la OMS y el gobierno de Argentina –iniciativa que se replica en otros seis países- también busca mejorar la gestión de residuos sanitarios para minimizar la liberación de contaminantes orgánicos. En ese marco se capacitaron a 34 personas del sector de salud de diferentes provincias del país, los cuales se convirtieron en referentes en su lugar de trabajo y formarán a otros profesionales del sector público y privado. “El sólo hecho de aprender a distinguir un residuo peligroso y cómo se debe tirar tanto éste como un residuo común redujo en un 30 por ciento los residuos en dos hospitales donde se hicieron pruebas piloto, en General Roca (Río Negro) y Reconquista (Santa Fe)”, indicó De Titto.
También se desarrolló una tecnología para que puedan ser destruidas las drogas oncológicas que no son utilizadas a través de un proceso químico de oxidación de bajo costo y se instalará en un hospital un autoclave, tecnología eficaz y amigable con el ambiente para el tratamiento de los residuos del sector, procurando con estos modelos alentar el desarrollo de tratamiento local que reduzca la circulación de los residuos por el país.
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Fecha de Publicación: 07/02/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Varios hospitales comenzaron a reemplazar los termómetros con este componente y se prohibieron tensiómetros de este tipo. Aseguran que es un elemento químico que puede dañar el medio ambiente y producir daños en el sistema nervioso.Argentina avanza hacia la eliminación del uso del mercurio en el sistema de salud. Varios hospitales iniciaron el proceso de reemplazo progresivo de los termómetros con mercurio por los digitales, como parte de una política del Ministerio de Salud de la Nación que también incluye la prohibición de tensiómetros con este elemento químico y diversas gestiones para que el mismo se deje de utilizar en la odontología. El país, además, puso en marcha un proyecto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para profundizar esta estrategia.
Los hospitales porteños Rivadavia y Garrahan, por ejemplo, ya erradicaron el uso de termómetros con mercurio. Y otros centros de salud van en el mismo camino, luego de que el Ministerio de Salud de la Nación suscribió una resolución que recomienda la eliminación del uso de estos instrumentos. La cartera, además, estableció en diciembre último un control de calidad para los termómetros sin mercurio.
La estrategia también apunta al trabajo con las universidades y las asociaciones de odontólogos para que los futuros y actuales profesionales de esta rama sustituyan el uso del mercurio en las amalgamas. “Una amalgama tiene aproximadamente un 50 por ciento de mercurio. Los sustitutos son materiales sintéticos y, en principio, son iguales de eficientes”, explicó el director nacional de Determinantes de la Salud e Investigación, Ernesto de Titto. Según datos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los odontólogos usaron en 2005 en el mundo entre 240 y 300 toneladas de mercurio para amalgamas.
Para disminuir los niveles de mercurio en el sistema de salud, además, el acuerdo firmado con la OMS y el PNUD establece varias líneas de trabajo, entre ellas la capacitación a funcionarios y al personal de salud para que conozcan la importancia de reducir la circulación de este metal y los beneficios de sustituir, por ejemplo, los termómetros tradicionales por los digitales que, pese a ser más costosos, tienen mayor duración y no dañan el medio ambiente.
El mercurio es un elemento químico que suscita preocupación a nivel mundial debido a su capacidad para recorrer largas distancias a través de la atmósfera, su persistencia en el medio ambiente, su capacidad para acumularse en los ecosistemas y sus importantes efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente. Puede producir daños permanentes en el sistema nervioso, en particular en su estado de desarrollo. Debido a estos efectos, se considera que los lactantes, los niños y las mujeres en edad fértil son grupos vulnerables.
A raíz de la preocupación que ocasiona, más de 140 países aprobaron días atrás un convenio que busca reducir los efectos nocivos del mercurio. El tratado establece una serie de medidas de protección, como el control de las emisiones de mercurio de las plantas eléctricas alimentadas con carbón y de la industria, así como del uso del mercurio en las minas de oro artesanales o a pequeña escala. También incluye un artículo dedicado a la salud. En concreto, el tratado establece la eliminación progresiva de la utilización de mercurio en los termómetros e instrumentos de medición de la tensión arterial empleados en la atención sanitaria.
El proyecto que lleva adelante el PNUD, la OMS y el gobierno de Argentina –iniciativa que se replica en otros seis países- también busca mejorar la gestión de residuos sanitarios para minimizar la liberación de contaminantes orgánicos. En ese marco se capacitaron a 34 personas del sector de salud de diferentes provincias del país, los cuales se convirtieron en referentes en su lugar de trabajo y formarán a otros profesionales del sector público y privado. “El sólo hecho de aprender a distinguir un residuo peligroso y cómo se debe tirar tanto éste como un residuo común redujo en un 30 por ciento los residuos en dos hospitales donde se hicieron pruebas piloto, en General Roca (Río Negro) y Reconquista (Santa Fe)”, indicó De Titto.
También se desarrolló una tecnología para que puedan ser destruidas las drogas oncológicas que no son utilizadas a través de un proceso químico de oxidación de bajo costo y se instalará en un hospital un autoclave, tecnología eficaz y amigable con el ambiente para el tratamiento de los residuos del sector, procurando con estos modelos alentar el desarrollo de tratamiento local que reduzca la circulación de los residuos por el país.
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Ingenio La Florida multado por contaminar
Multa de $ 700 mil al ingenio La Florida por contaminar
Fecha de Publicación: 07/02/2013
Fuente: Tres Lineas
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
La sanción económica fue aplicada por la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán contra la firma del empresario Rocchia Ferro, la que además afronta otros dos sumarios por montos mayores. Además, emitió una resolución que prohíbe utilizar los canales públicos para almacenar el desecho.
El gobierno de Tucumán a través de la Secretaría de Medio Ambiente (Sema), aplicó dos sanciones económicas en contra del ingenio La Florida, del empresario Jorge Rocchia Ferro, por haber derramado vinaza en un canal público que transportó el desecho hasta territorio santiagueño.
Así lo confirmó en diálogo con EL LIBERAL, el titular de la Sema, Alfredo Montalván, quien precisó que emitió sendas resoluciones aplicando una multa por $ 700 mil, la primera por $ 200 mil y la segunda por $ 500 mil. En tanto, señaló que están en proceso dos sumarios administrativos que derivarán en multas mayores.
En total son cuatro los sumarios iniciados en contra de la planta, uno por cada vuelco. Es que en cuatro ocasiones, desde noviembre del año pasado hasta los primeros días de enero, la planta industrial que también elabora bioetanol, descargó a través del canal interprovincial del Este, varios millones de litros de vinaza que inundaron al pueblo El Palomar, ubicado en el departamento Jiménez. Esto provocó una crisis ambiental y preocupación por los posibles efectos sanitarios en la población.
Ante ello, el gobierno provincial a través de Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo radicaron una denuncia penal en el Juzgado Federal local en contra de los responsables de los derrames. Ante la presentación, el fiscal federal Pedro Simón hizo un requerimiento de instrucción de una causa y pidió la imputación por violar la ley de Residuos Peligrosos y la toma de declaración indagatoria de Rocchia Ferro y del gerente responsable de la planta.
Se espera que en los próximos días haya una definición sobre el pedido de imputación y de indagatoria.
“Hemos sido rigurosos porque teníamos que cumplir con una manda judicial, de levantar toda la vinaza del canal y hemos cumplido, más allá de las infracciones y el incumplimiento de parte de la empresa a la que estamos sancionando, en algunos casos con multas y otros con procesos de multas”, remarcó.
“En ese marco, hemos trabajado articuladamente con Santiago del Estero, haciendo un seguimiento”, indicó Montalván, resaltando que las actuaciones fueron informadas a la Nación.
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Fecha de Publicación: 07/02/2013
Fuente: Tres Lineas
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
La sanción económica fue aplicada por la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán contra la firma del empresario Rocchia Ferro, la que además afronta otros dos sumarios por montos mayores. Además, emitió una resolución que prohíbe utilizar los canales públicos para almacenar el desecho.El gobierno de Tucumán a través de la Secretaría de Medio Ambiente (Sema), aplicó dos sanciones económicas en contra del ingenio La Florida, del empresario Jorge Rocchia Ferro, por haber derramado vinaza en un canal público que transportó el desecho hasta territorio santiagueño.
Así lo confirmó en diálogo con EL LIBERAL, el titular de la Sema, Alfredo Montalván, quien precisó que emitió sendas resoluciones aplicando una multa por $ 700 mil, la primera por $ 200 mil y la segunda por $ 500 mil. En tanto, señaló que están en proceso dos sumarios administrativos que derivarán en multas mayores.
En total son cuatro los sumarios iniciados en contra de la planta, uno por cada vuelco. Es que en cuatro ocasiones, desde noviembre del año pasado hasta los primeros días de enero, la planta industrial que también elabora bioetanol, descargó a través del canal interprovincial del Este, varios millones de litros de vinaza que inundaron al pueblo El Palomar, ubicado en el departamento Jiménez. Esto provocó una crisis ambiental y preocupación por los posibles efectos sanitarios en la población.
Ante ello, el gobierno provincial a través de Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo radicaron una denuncia penal en el Juzgado Federal local en contra de los responsables de los derrames. Ante la presentación, el fiscal federal Pedro Simón hizo un requerimiento de instrucción de una causa y pidió la imputación por violar la ley de Residuos Peligrosos y la toma de declaración indagatoria de Rocchia Ferro y del gerente responsable de la planta.
Se espera que en los próximos días haya una definición sobre el pedido de imputación y de indagatoria.
“Hemos sido rigurosos porque teníamos que cumplir con una manda judicial, de levantar toda la vinaza del canal y hemos cumplido, más allá de las infracciones y el incumplimiento de parte de la empresa a la que estamos sancionando, en algunos casos con multas y otros con procesos de multas”, remarcó.
“En ese marco, hemos trabajado articuladamente con Santiago del Estero, haciendo un seguimiento”, indicó Montalván, resaltando que las actuaciones fueron informadas a la Nación.
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Negocian con Vale para continuar con el proyecto
Nación y Mendoza negocian contrarreloj con Vale la reactivación de Potasio Río Colorado
Fecha de Publicación: 07/02/2013
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Mendoza - Nacional
El viceministro de Economía, Axel Kicillof, el titular de Planificación, Julio De Vido, y el gobernador de Mendoza, Francisco 'Paco' Pérez, se reunieron el lunes con Sergio Leite, presidente de Vale en la Argentina, y Fernando Pimentel, ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, para negociar la reactivación del proyecto Potasio Río Colorado, emplazado al sur de Mendoza, paralizado desde fines del año pasado.
Así lo aseguró a El Inversor Online un colaborador directo del mandatario cuyano. De la reunión, que tuvo lugar en la embajada brasileña en Buenos Aires, también participó Luis María Kreckler, embajador argentino en Brasilia y hombre leal a De Vido, y máximas autoridades de la minera brasileña.
Las partes acordaron mantener un compás de espera hasta el 28 de febrero, cuando Vale comunicará los pasos a seguir.
Hasta entonces, la compañía -la mayor minera de Brasil y la tercera a nivel nacional- continuará haciéndose cargo del sueldo de los casi 4.000 trabajadores que involucra la iniciativa, que está en receso 'por tiempo indeterminado' desde fines de diciembre y está valuada en cerca de US$ 6.000 millones.
La firma también seguirá adelante con la certificación de los tareas realizadas por los proveedores y prestadores de servicios que participan de la construcción de la mina de potasio. Es que a partir de la suspensión del proyecto, la empresa dejó de pagar a buena parte de su red de contratistas que hoy acumulan créditos a favor si fecha cierta de cobro.
"Es un tema complicado porque hay muchos proveedores que realizaron trabajos para la empresa, pero aún no cobraron", señaló un estrecho colaborador de Paco Pérez. Según cálculos de la gobernación, Vale licitó en Mendoza obras por US$ 1.900 millones, de los cuales ya ejecutó US$ 1.200 millones. Desde la compañía no respondieron los llamados de este medio.
Vale busca obtener exenciones en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para sus gastos destinados a ese emprendimiento hasta iniciar la producción, originalmente calculada para fines del 2014. Si antes de la suspensión en la industria muchos desconfiaban de poder concretar la apertura en esa fecha, hoy está claro que la inauguración se postergará.
Desde Mendoza señalaron que Vale busca un ahorro impositivo de 1.000 millones de dólares y también poder liquidar las divisas que ingresa a Argentina a un valor mayor al actual. Además, destacaron que la clave para destrabar el proyecto pasa por encontrar nuevas fuentes de financiamiento, dado que a raíz de la caída del precio internacional del hierro y del potasio, Vale está reevaluando sus inversiones a nivel mundial.
"Vale está buscando, desde hace tiempo, un socio local o internacional a fin de compartir la inversión en el megayacimiento", indicaron las fuentes consultadas. La empresa brasileña -añadieron- mantuvo negociaciones con una compañía china y con otra japonesa. Incluso en los últimos meses de 2012, una consultora chilena realizó un due dilligence para evaluar una posible asociación, pero aún no existe ningún anuncio oficial al respecto.
A su vez, el proyecto prevé la construcción de una vía de ferrocarril para transportar el mineral desde Mendoza hasta el puerto de Bahía Blanca. La traza atraviesa Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Sin embargo, desde la gobernación de Mendoza advirtieron que municipios de esas provincias reclaman que el ferrocarril pase por sus localidades. Y están demorando la habilitación de las obras de construcción. El desvío de las vías implicaría una inversión adicional de US$ 1.000 millones, según comunicó la empresa a autoridades mendocinas.
Algo similar sucede con los concesionarios privados de las tierras de Río Negro y Neuquén por las que pasará el tren, que deben prestar conformidad para permitir las obras. "El 70% de los superficiarios aún no habilitó las obras", explicó un funcionario de la gobernación.
No piensan quitarle la concesión a Vale
El Gobernador dijo que ayudarán a buscar un socio financiero para el proyecto, pero que Vale seguirá con la concesión. Presionan para que se destrabe el conflicto del ferrocarril.
La paralización de los trabajos en la mina Potasio Río Colorado genera angustia en el Gobierno. Hay movimientos, reuniones y propuestas. Pero en el fondo saben que la solución no está al alcance de la mano de la Provincia, pues gran parte de las decisiones dependen del más alto nivel de mando: las presidentas Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff. Igualmente el gobernador Francisco Pérez es optimista. "Hay una decisión política de que el proyecto continúe cueste lo que cueste", asegura. Por las dudas, el Pérez aclaró que esa continuidad está pensada con la empresa Vale como operadora; es decir que, según él, no piensan en hacer caer la concesión y buscar una nueva empresa que se haga cargo.
Lo que sí buscan es un socio que aporte el capital que a Vale le hace falta para reimpulsar la construcción de la mina. Esa fue una de las alternativas que presentaron las autoridades argentinas a los empresarios para intentar retomar las actividades. "Estamos buscando fondos de inversión que puedan asociarse a Vale y le inyecten un flujo financiero a Vale. Lo que se busca es fondos de inversión, no operadores. No buscamos operadores, es un problema financiero no operativo", aseguró el Gobernador.
Claro que Pérez no tuvo en cuenta otra variable: que la propia empresa Vale sea quien se desprenda del proyecto. De hecho en el proceso de evaluación ya hubo un cambio de manos, pues originalmente la concesión la tenía la empresa inglesa Río Tinto, quien se desprendió del proyecto y se la vendió a Vale. "El proyecto es económicamente viable. En el pico va a producir 5 millones de toneladas de potasio. Brasil, China e India necesitan 18 millones de toneladas", graficó el Gobernador.
Mientras tanto, Vale ganó algo de tiempo al pedir una prórroga para presentar el cronograma para retomar los trabajos. El plazo pedido vence el 28 de febrero. En la reunión de ayer también ratificaron el no al pedido de diferir el pago del IVA, pero sí se analizaron otro tipo de beneficios fiscales.
No voy en tren
En el gobierno afirman que la base del problema no está en Mendoza, sino en las provincias vecinas que "sobrevaluaron" las obras y los precios que tiene que pagar Vale para montar la red ferroviaria. Por eso insisten con la alternativa elaborada para que el tren que lleve el cloruro de potasio hacia el puerto sea otro y en vez de recorrer Neuquén y Río Negro, atraviese Mendoza. Esa opción, también desplegada ayer, buscan que sirva como plan B, pero también como elemento de presión sobre Neuquén para que busquen abaratar los costos.
"La alternativa que le planteamos es que en vez de construir un ferrocarril nuevo de 900 kilómetros, con expropiaciones y las obras adicionales, utilicemos la vía existente. Hay que mejorarla y construir solamente 200 kilómetros de vía. Es un recorrido más largo pero con costos menores de inversión. El problema es que se les fueron los costos con los valores que pusieron para las expropiaciones y las obras adicionales que les exigen", dijo Pérez.
El tren es la obra más demorada. La empresa brasileña Camargo Correa es la encargada de la construcción, pero Pérez puso en duda la continuidad de esa firma. "El problema es el ferrocarril. Lo iba a construir Camargo Correa, pero no aparece. Lo iban a hacer con un crédito del BNS, pero tampoco aparece. El problema está ahí", repitió. Aunque parece difícil que ocurra, si la propuesta de Pérez de "mudar" el ferrocarril prospera, queda latente un conflicto con Neuquén.
Pérez es la única persona en Mendoza que está en la negociación. Incluso no descartó viajar a Brasil para reunirse allá con las autoridades de Vale, siempre acompañando la comitiva del Gobierno Nacional que está a cargo del tama: Julio De Vido, Axel Kicillof y Jorge Mayoral.
Por ahora confían en la buena fe de la empresa, pero sí advierten que no siempre dieron toda la información sobre la realidad del proyecto y la solidez de la empresa. Por eso Pérez dijo estar sorprendido. "Hay buena predisposición, no sabemos si hay una cuestión especulativa. Nos sorprendieron. En octubre celebraron con la presidenta que se había aprobado la DIA en todas las provincias. No quiero hacer ninguna calificación que enturbie el proceso. Hemos sido sorprendidos", dijo el Gobernador.
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Fecha de Publicación: 07/02/2013
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Mendoza - Nacional
El viceministro de Economía, Axel Kicillof, el titular de Planificación, Julio De Vido, y el gobernador de Mendoza, Francisco 'Paco' Pérez, se reunieron el lunes con Sergio Leite, presidente de Vale en la Argentina, y Fernando Pimentel, ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, para negociar la reactivación del proyecto Potasio Río Colorado, emplazado al sur de Mendoza, paralizado desde fines del año pasado.
Así lo aseguró a El Inversor Online un colaborador directo del mandatario cuyano. De la reunión, que tuvo lugar en la embajada brasileña en Buenos Aires, también participó Luis María Kreckler, embajador argentino en Brasilia y hombre leal a De Vido, y máximas autoridades de la minera brasileña.
Las partes acordaron mantener un compás de espera hasta el 28 de febrero, cuando Vale comunicará los pasos a seguir.
Hasta entonces, la compañía -la mayor minera de Brasil y la tercera a nivel nacional- continuará haciéndose cargo del sueldo de los casi 4.000 trabajadores que involucra la iniciativa, que está en receso 'por tiempo indeterminado' desde fines de diciembre y está valuada en cerca de US$ 6.000 millones.
La firma también seguirá adelante con la certificación de los tareas realizadas por los proveedores y prestadores de servicios que participan de la construcción de la mina de potasio. Es que a partir de la suspensión del proyecto, la empresa dejó de pagar a buena parte de su red de contratistas que hoy acumulan créditos a favor si fecha cierta de cobro.
"Es un tema complicado porque hay muchos proveedores que realizaron trabajos para la empresa, pero aún no cobraron", señaló un estrecho colaborador de Paco Pérez. Según cálculos de la gobernación, Vale licitó en Mendoza obras por US$ 1.900 millones, de los cuales ya ejecutó US$ 1.200 millones. Desde la compañía no respondieron los llamados de este medio.
Vale busca obtener exenciones en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para sus gastos destinados a ese emprendimiento hasta iniciar la producción, originalmente calculada para fines del 2014. Si antes de la suspensión en la industria muchos desconfiaban de poder concretar la apertura en esa fecha, hoy está claro que la inauguración se postergará.
Desde Mendoza señalaron que Vale busca un ahorro impositivo de 1.000 millones de dólares y también poder liquidar las divisas que ingresa a Argentina a un valor mayor al actual. Además, destacaron que la clave para destrabar el proyecto pasa por encontrar nuevas fuentes de financiamiento, dado que a raíz de la caída del precio internacional del hierro y del potasio, Vale está reevaluando sus inversiones a nivel mundial.
"Vale está buscando, desde hace tiempo, un socio local o internacional a fin de compartir la inversión en el megayacimiento", indicaron las fuentes consultadas. La empresa brasileña -añadieron- mantuvo negociaciones con una compañía china y con otra japonesa. Incluso en los últimos meses de 2012, una consultora chilena realizó un due dilligence para evaluar una posible asociación, pero aún no existe ningún anuncio oficial al respecto.
A su vez, el proyecto prevé la construcción de una vía de ferrocarril para transportar el mineral desde Mendoza hasta el puerto de Bahía Blanca. La traza atraviesa Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Sin embargo, desde la gobernación de Mendoza advirtieron que municipios de esas provincias reclaman que el ferrocarril pase por sus localidades. Y están demorando la habilitación de las obras de construcción. El desvío de las vías implicaría una inversión adicional de US$ 1.000 millones, según comunicó la empresa a autoridades mendocinas.
Algo similar sucede con los concesionarios privados de las tierras de Río Negro y Neuquén por las que pasará el tren, que deben prestar conformidad para permitir las obras. "El 70% de los superficiarios aún no habilitó las obras", explicó un funcionario de la gobernación.
No piensan quitarle la concesión a Vale
El Gobernador dijo que ayudarán a buscar un socio financiero para el proyecto, pero que Vale seguirá con la concesión. Presionan para que se destrabe el conflicto del ferrocarril.
La paralización de los trabajos en la mina Potasio Río Colorado genera angustia en el Gobierno. Hay movimientos, reuniones y propuestas. Pero en el fondo saben que la solución no está al alcance de la mano de la Provincia, pues gran parte de las decisiones dependen del más alto nivel de mando: las presidentas Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff. Igualmente el gobernador Francisco Pérez es optimista. "Hay una decisión política de que el proyecto continúe cueste lo que cueste", asegura. Por las dudas, el Pérez aclaró que esa continuidad está pensada con la empresa Vale como operadora; es decir que, según él, no piensan en hacer caer la concesión y buscar una nueva empresa que se haga cargo.
Lo que sí buscan es un socio que aporte el capital que a Vale le hace falta para reimpulsar la construcción de la mina. Esa fue una de las alternativas que presentaron las autoridades argentinas a los empresarios para intentar retomar las actividades. "Estamos buscando fondos de inversión que puedan asociarse a Vale y le inyecten un flujo financiero a Vale. Lo que se busca es fondos de inversión, no operadores. No buscamos operadores, es un problema financiero no operativo", aseguró el Gobernador.
Claro que Pérez no tuvo en cuenta otra variable: que la propia empresa Vale sea quien se desprenda del proyecto. De hecho en el proceso de evaluación ya hubo un cambio de manos, pues originalmente la concesión la tenía la empresa inglesa Río Tinto, quien se desprendió del proyecto y se la vendió a Vale. "El proyecto es económicamente viable. En el pico va a producir 5 millones de toneladas de potasio. Brasil, China e India necesitan 18 millones de toneladas", graficó el Gobernador.
Mientras tanto, Vale ganó algo de tiempo al pedir una prórroga para presentar el cronograma para retomar los trabajos. El plazo pedido vence el 28 de febrero. En la reunión de ayer también ratificaron el no al pedido de diferir el pago del IVA, pero sí se analizaron otro tipo de beneficios fiscales.
No voy en tren
En el gobierno afirman que la base del problema no está en Mendoza, sino en las provincias vecinas que "sobrevaluaron" las obras y los precios que tiene que pagar Vale para montar la red ferroviaria. Por eso insisten con la alternativa elaborada para que el tren que lleve el cloruro de potasio hacia el puerto sea otro y en vez de recorrer Neuquén y Río Negro, atraviese Mendoza. Esa opción, también desplegada ayer, buscan que sirva como plan B, pero también como elemento de presión sobre Neuquén para que busquen abaratar los costos.
"La alternativa que le planteamos es que en vez de construir un ferrocarril nuevo de 900 kilómetros, con expropiaciones y las obras adicionales, utilicemos la vía existente. Hay que mejorarla y construir solamente 200 kilómetros de vía. Es un recorrido más largo pero con costos menores de inversión. El problema es que se les fueron los costos con los valores que pusieron para las expropiaciones y las obras adicionales que les exigen", dijo Pérez.
El tren es la obra más demorada. La empresa brasileña Camargo Correa es la encargada de la construcción, pero Pérez puso en duda la continuidad de esa firma. "El problema es el ferrocarril. Lo iba a construir Camargo Correa, pero no aparece. Lo iban a hacer con un crédito del BNS, pero tampoco aparece. El problema está ahí", repitió. Aunque parece difícil que ocurra, si la propuesta de Pérez de "mudar" el ferrocarril prospera, queda latente un conflicto con Neuquén.
Pérez es la única persona en Mendoza que está en la negociación. Incluso no descartó viajar a Brasil para reunirse allá con las autoridades de Vale, siempre acompañando la comitiva del Gobierno Nacional que está a cargo del tama: Julio De Vido, Axel Kicillof y Jorge Mayoral.
Por ahora confían en la buena fe de la empresa, pero sí advierten que no siempre dieron toda la información sobre la realidad del proyecto y la solidez de la empresa. Por eso Pérez dijo estar sorprendido. "Hay buena predisposición, no sabemos si hay una cuestión especulativa. Nos sorprendieron. En octubre celebraron con la presidenta que se había aprobado la DIA en todas las provincias. No quiero hacer ninguna calificación que enturbie el proceso. Hemos sido sorprendidos", dijo el Gobernador.
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Chaco: el que incendie paga
Cobrarán hasta $10 mil por hectárea a los que quemen el monte o leña en forma intencional
Fecha de Publicación: 06/02/2013
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
La Dirección de Bosques del Chaco determinó, mediante una nueva ley, que aplicará severas multas a quienes en los predios forestales procedan a la quema intencional de bosques o material leñoso, por un monto mayor a los 10.000 pesos por hectárea quemada.
En todo el territorio provincial está en vigencia la nueva ley de multas forestales, la 7153, mediante la cual se pretende frenar la actividad al margen de las reglamentaciones y pone bajo la lupa todo tipo de movimiento de maderas, productos forestales e incluso muebles.
“Está en vigencia la nueva ley de multas forestales 7153, que tipifica las infracciones según sean de productos en tránsito o infracciones en el predio. Todas estas multas están atadas al valor del salario mínimo, vital y móvil”, dijo a NORTE el titular de la Dirección de Bosques Miguel López. El funcionario explicó que ya se efectuaron varios operativos de control y se establecieron multas a los que transportaban productos forestales fuera de la ley.
Inclusive, en la localidad de General Pinedo, se labró un acta de infracción a un transportista de muebles de algarrobo que transitaba en forma ilegal.
Decomisarán productos
El artículo 41 de la ley --explicó López-- establece además que “los productos o subproductos forestales cuya procedencia o derechos no puedan ser acreditados serán decomisados automáticamente, quedando en disponibilidad y bajo la órbita de la Dirección de Bosques.
Se establece que a los productos o subproductos forestales secuestrados o decomisados no serán aplicables las disposiciones de la ley 5159 ni ninguna otra normativa que se oponga a la presente. La autoridad o juez que tenga bajo su órbita de competencia bienes comprendidos, como productos o subproductos forestales, dentro del plazo de cinco días hábiles de secuestrados, depositados o decomisados, deberá ponerlos a disposición de la Dirección de Bosques.
Trámite ante la Justicia
Además, la Dirección de Bosques está legitimada para iniciar, tramitar, proseguir y concluir todo tipo de causas judiciales ante todos los tribunales de la provincia y la justicia federal por infracciones al régimen forestal vigente, cuando la infracción esté comprendida en alguna de las especificaciones establecidas en el artículo 41.
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Fecha de Publicación: 06/02/2013
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
La Dirección de Bosques del Chaco determinó, mediante una nueva ley, que aplicará severas multas a quienes en los predios forestales procedan a la quema intencional de bosques o material leñoso, por un monto mayor a los 10.000 pesos por hectárea quemada. En todo el territorio provincial está en vigencia la nueva ley de multas forestales, la 7153, mediante la cual se pretende frenar la actividad al margen de las reglamentaciones y pone bajo la lupa todo tipo de movimiento de maderas, productos forestales e incluso muebles.
“Está en vigencia la nueva ley de multas forestales 7153, que tipifica las infracciones según sean de productos en tránsito o infracciones en el predio. Todas estas multas están atadas al valor del salario mínimo, vital y móvil”, dijo a NORTE el titular de la Dirección de Bosques Miguel López. El funcionario explicó que ya se efectuaron varios operativos de control y se establecieron multas a los que transportaban productos forestales fuera de la ley.
Inclusive, en la localidad de General Pinedo, se labró un acta de infracción a un transportista de muebles de algarrobo que transitaba en forma ilegal.
Decomisarán productos
El artículo 41 de la ley --explicó López-- establece además que “los productos o subproductos forestales cuya procedencia o derechos no puedan ser acreditados serán decomisados automáticamente, quedando en disponibilidad y bajo la órbita de la Dirección de Bosques.
Se establece que a los productos o subproductos forestales secuestrados o decomisados no serán aplicables las disposiciones de la ley 5159 ni ninguna otra normativa que se oponga a la presente. La autoridad o juez que tenga bajo su órbita de competencia bienes comprendidos, como productos o subproductos forestales, dentro del plazo de cinco días hábiles de secuestrados, depositados o decomisados, deberá ponerlos a disposición de la Dirección de Bosques.
Trámite ante la Justicia
Además, la Dirección de Bosques está legitimada para iniciar, tramitar, proseguir y concluir todo tipo de causas judiciales ante todos los tribunales de la provincia y la justicia federal por infracciones al régimen forestal vigente, cuando la infracción esté comprendida en alguna de las especificaciones establecidas en el artículo 41.
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