Agroquímicos fuera de control en toda Argentina
23:07 | 
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Eco Sitio |
Mal uso y falta de control: El drama de los chicos que crecen en pueblos fumigados
Fecha de Publicación: 06/01/2013
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Clarín recorrió durante nueve días tres provincias y comprobó que se utilizan plaguicidas cerca de escuelas y viviendas. Las denuncias sobre los efectos en la salud y la desidia del Estado.
Pedro Mores llegó a la medianoche del jueves 29 de noviembre al hospital Regional de Sáenz Peña, Chaco, con un DNI para su hijo. “Ya tiene mi apellido”, repitió dos veces como para tranquilizarse. En un rincón de la cama, Gonzalo, su hijo, respiraba gracias a una máscara de oxígeno.
Cerca, varios pacientes eran atendidos de urgencia en los pasillos mientras que un hombre dormía en una reposera en la puerta de terapia intensiva. También había dos perros entre una familia sentada en el suelo y lista para pasar la noche.
“Riesgo inminente de óbito”, decía el último parte médico de Gonzalo, eufemismo que indicaba que el bebé de 2 meses y 27 días podía morir en cualquier momento.
En su diagnóstico, entre una marea de términos médicos, se leía “malformación cráneo encefálica” . Gonzalo fue gestado en uno de los tantos pueblos de Argentina expuestos a las fumigaciones de agroquímicos sin control en el que las estadísticas oficiales marcan numerosos casos de malformaciones.
Pedro Mores, su papá, vive en uno de los bordes del pueblo de Gancedo, Chaco. “Acá fumigan constantemente con aviones y con los tractores, que llaman ´mosquitos´. Dan la vuelta sobre las casas. En el pueblo hay más casos como el de mi hijo. Y somos siete mil habitantes. Esto de los venenos empezó en los ´90 y cada vez tiran más. Nosotros teníamos plantas de frutas que se han secado y las frutas ya no crecen”.
Un informe de mayo de 2012 del Ministerio de Salud de la Nación , al que accedió Clarín, confirma la sospecha de Mores. En las poblaciones expuestas a las fumigaciones con agroquímicos, ya sea aéreas o terrestres, hay un 30% más de casos de cáncer que en otras de zonas no expuestas. Las malformaciones en estas zonas se cuatriplicaron en diez años.
Las denuncias sobre los efectos de los agroquímicos, insumos fundamentales para el modelo de agronegocio actual que promueve cosechas de alta rentabilidad , suelen perderse en la polémica. Desde CASAFE, la Cámara que reúne a 25 empresas de agroquímicos, entre las que se cuenta a Monsanto, Bayer y Syngenta que dominan el 80% del mercado, niegan que estos productos que se utilizan para matar plagas sean tóxicos, si se usan de acuerdo a las instrucciones y al “uso responsable”.
“Desde la Cámara nuestro objetivo principal es la defensa de las buenas prácticas agrícolas. Estos productos no causan ningún efecto sobre la salud humana y el medioambiente”, asegura a Clarín Juan Cruz Jaime, presidente de la entidad, que en el último año dio 45 cursos para capacitar a 3.500 productores y que tiene un programa para evitar la reutilización de los envases de agroquímicos.
El Estado, en tanto, no controla el correcto uso de estas sustancias y las evidencias en los problemas de salud están a la vista. Recorrer los pueblos, como lo hizo Clarín durante nueve días, muestra intimidades dolorosas.
Después de Estados Unidos y Brasil, Argentina es la tercera productora mundial de soja . En la última cosecha se sembraron 19 millones de hectáreas y en cada una de ellas, como mínimo, se estima que se usaron diez litros de glifosato. Por lo tanto en un año se rociaron por lo menos 190 millones de litros del herbicida. Estas fumigaciones –según estimaciones de organizaciones ambientalistas– afectan a 12 millones de personas en todo el país, quienes reciben estos agroquímicos sobre sus casas, escuelas, pozos de agua, sobre sus vidas.
Los reclamos sobre las consecuencias en la salud empezaron a conocerse en 2005 en las provincias de Córdoba, Chaco, Santa Fe, Misiones, Entre Ríos y Buenos Aires. Los sembradíos se extendían, rodeaban a pueblos y escuelas, y apenas los separaban de las casas los alambrados y calles angostas de tierra.
Hugo Gómez Demaio es jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Provincial de Posadas, Misiones. Hace más de una década comenzó a notar un crecimiento en la cantidad de recién nacidos con malformaciones. Elaboró un mapa con la procedencia de los que padecían mielomeningocele , un defecto del cierre del tubo neural que se a durante el primer mes del embarazo. Una malformación que puede acarrear hidrocefalia, parálisis y daño neurológico que muchas veces es irreversible.
“Vimos que todos fueron gestados en zonas de uso masivo de agrotóxicos e incluso en la población no expuesta había agroquímicos circulando en sangre, cuyos efectos combinados no se conocen”, asegura Gómez Demaio. Luego aclara: “Porque yo sé cómo actúa el glifosato, pero no sé cómo lo hace si lo combina con el herbicida llamado “2,4D”, que es uno de los componentes del “agente naranja” usado por Estados Unidos en la guerra de Vietnam ”.
En Argentina no existe una ley nacional de agroquímicos, pero sí hay una norma general de protección al ambiente. Por su parte, las provincias tienen legislaciones particulares que intentan regular el uso de los herbicidas e insecticidas.
Ante las denuncias reiteradas de los posibles efectos sobre la salud de estas sustancias, Cristina de Kirchner creó en 2009 la Comisión Nacional de Investigaciones sobre Agroquímicos, con varios organismos públicos encabezados por el Ministro de Salud. Tras un período de investigación, la comisión denunció el “uso inadecuado de los productos fitosanitarios, atribuido entre otras causas, al incumplimiento de la legislación vigente”.
Entonces, el Gobierno decidió crear un “Programa Federal para el fortalecimiento de los sistemas locales de control”. Según CASAFE, “tuvimos unas reuniones pero desde hace dos años dejaron de convocarnos”.
El poco o nulo resultado del Programa Federal puede observarse en el recorrido por las zonas afectadas en el noreste argentino.
El pueblo de Avia Terai, en la provincia del Chaco, puede ser el ejemplo de la falta de control. A las siete de la mañana, tres carros tirados por caballos hacen fila frente a un pozo público para sacar el agua que después se venderá en el pueblo, de más de 5.000 habitantes. Dos mujeres en bicicleta también esperan su turno para cargar agua. Tienen dos bidones colgados del manubrio.
En las etiquetas se lee “Roundup” . Es el glifosato de Monsanto cuyo envase no debería usarse para transportar agua.
Avia Terai está repleto de campos sembrados. La soja y los girasoles crecen hasta el límite del pueblo. Una pista de aterrizaje es otro de los límites. Desde ahí despegan los aviones fumigadores, justo pegado al barrio “Padre Mugica” , construido hace pocos años por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Detrás de la pista de aterrizaje está instalada una empresa de agroquímicos que recomendó a los pobladores que no caminaran por los alrededores porque “hay polvo tóxico en el aire”.
En el barrio Mugica viven 108 familias. Cada una tiene alguna persona con algún tipo de discapacidad. La mayoría son menores.
Nadia Leguizamón es una de ellos: tiene 12 años y hace dos que dejó de caminar . “No me dijeron nunca cuál era el diagnóstico, siempre tuvo dificultades para moverse”, explica su mamá, Viviana Pérez , mientras acomoda a su hija en la silla de ruedas que tiene un almohadón bordado que dice “Sos mi vida”. “Muchas veces me dijeron que el veneno de los cultivos pudo haber influido. Cerca del campo siempre había fumigaciones”.
Ramón es el padre de Nadia y trabaja en el campo mientras su mujer intenta conseguir un turno con el traumatólogo. Su hija está cada vez peor. Y no quiere dejar pasar el tiempo. Ramón se pregunta, de manera retórica, “¿qué se puede hacer con la empresa de fumigación cada vez que pasa el “avioncito? como la llaman en el barrio a la pequeña nave que fumiga.
Su paso queda evidenciado, según los vecinos, por un polvo blanco que queda sobre las casas y porque los árboles están secos.
Katherina Pardo iba a la Escuela 532, a pocas cuadras de la casa de Nadia. Recuerda que muchos de sus compañeros se desmayaban los días en que se fumigaba. “Estaba naturalizado que en determinada época del año aparecían dolores en la cabeza y desmayos” Ahora, con 21 años, sigue tratando de que las cosas cambien “porque la gente tiene derecho a no ser fumigada”. Su lucha es lograr que se habilite una escuela para los chicos con necesidades especiales. “Cada vez son más y no pueden ir a clase”, dice.
Gabriela es la maestra a cargo de los trece alumnos con capacidades diferentes que asisten a clase en un aula prestada de la escuela de Avia Terai. Asegura que hay demasiados casos de nacimientos con malformaciones en la zona. “Es un pueblo pequeño para que haya tantos”, agrega.
“La falta de control del Estado en la aplicación de agroquímicos se agrava porque después de que la población estuvo expuesta no se le brinda asistencia para el tratamiento de las enfermedades y el seguimiento del paciente para su calidad de vida”, se indica desde la Red de Salud Popular “Ramón Carrillo” de Chaco. Desde la organización aseguran que hay registros de uso de los herbicidas glifosato y 2,4D, el componente del agente naranja cuya aplicación aérea está prohibida en esta provincia y la aplicación terrestre que está restringida desde marzo a agosto. “Sin embargo, la gente reconoce que lo usan mezclados”, dicen.
La abogada de la Red, Alejandra Gómez, afirma que al no haber un sistema de control del Estado, “no se sabe qué es lo que se está aplicando, y tampoco la forma de aplicación, y entonces esto genera más enfermedad”.
Las denuncias se repiten en otras provincias a través de la “Red de médicos de pueblos fumigados” o la agrupación “Paren de fumigar”.
La falta de respuesta del Estado provocó que la población reclame por la vía judicial. En la Leonesa y en Las Palmas, a sesenta kilómetros de la capital de Resistencia, sus habitantes intentaron detener en la justicia las fumigaciones que avanzaban sobre sus casas desde los arrozales. El juez les dio la razón. Ordenó detenerlas.
En agosto pasado, en Córdoba, un juez condenó por primera vez a un productor agropecuario y a un fumigador por haber rociado agroquímicos sobre el barrio Ituzaingó. La condena fue apelada, pero la Justicia no resolvió si existe o no relación entre el uso de los agroquímicos y el aumento de las enfermedades detectadas.
También en la Leonesa y Las Palmas el gobierno chaqueño ordenó hacer un relevamiento en los hospitales. Después de casi diez años de denuncias, por primera vez en 2010, ese informe confirmó las sospechas de los vecinos: los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 %.
El informe señala la “multicausalidad” del cáncer, pero indica que “este incremento de la casuística coincide” con el aumento de prácticas y técnicas de cultivo que incluyen pulverizaciones aéreas con herbicidas que se da en la “expansión de la frontera agrícola”. Desde el Centro de Epidemiología provincial criticaron el estudio, pero no presentaron un informe alternativo. Tampoco realizaron estudios epidemiológicos, sugeridos por la Comisión creada por el Gobierno. Las sugerencias quedaron en el olvido. Y la frontera agrícola se siguió extendiendo. Santiago del Estero, precisamente en Quimilí, en el noreste, es un ejemplo de este avance. Cuando Clarín visitó el pueblo, un avión terminaba de realizar la tercer pasada sobre el girasol que rodea la Escuela 146 “La Pampa”. Un guardia con un perro alertó sobre la presencia de esta enviada y el avión desapareció .
Esta comunidad indígena –de 110 familias que vive en la zona conocida como “Lote 4”– asegura que las fumigaciones secaron los árboles frutales y que los chicos quedan con los ojos irritados después de cada pasada. En total, son 24 alumnos en la escuela, pero Chiqui –una de las mujeres de la comunidad indígena– cree que pronto serán menos. “Nos rodean, y muchos se casan y se van”, dice.
A unos metros un tractor “mosquito” pasa por un campo sembrado con soja. Su dueño explica que no sabe qué producto está tirando, porque acaba de llegar. Cerca, a unos dieciocho kilómetros, una topadora amarilla lucha contra las ramas secas y espinosas del bosque original para ampliar la frontera productiva.
Los Texeira viven una realidad parecida en un rincón de Misiones, en Colonia Alicia, justo donde el Río Uruguay da una curva que se dibuja como frontera en los mapas. Desde la casa de madera se ve el río y las plantaciones de tabaco y soja que fueron comiendo a la selva que se extendía sobre la tierra colorada. Después de caminar casi una hora, Rosana Texeira fue a pedir una crema a la intendencia para su hijo menor, Lucas. Tiene un año y diez meses y no puede exponerse al sol. En la zona, se alcanza una temperatura de 36 grados hacia el mediodía. Lucas tiene ictiosis severa. Es un caso llamado “niño lagarto”.
En realidad, es un bebé gracioso que se refresca en el agua que inunda el patio.
La piel de Lucas se descama aceleradamente, sus plantas de pies se abren y lastiman aún más rápido y sus párpados se llenan por dentro de cascaritas. Lucas parece que llorara sangre.
“Los médicos dicen que es un caso raro. Una vez nos dijeron que era de tanto agroquímico que hay en el ambiente. Pero nadie lo confirma,” cuenta Arnoldo Texeira, el padre de Lucas y sospecha.
Sospecha como Pedro Mores lo hace sentado al lado de la cama de Gonzalo, su hijo recién nacido. Mientras espera que el diagnóstico de riesgo de muerte inminente no se cumpla y que pronto alguien le dé una mochila de oxígeno y así poder volver a su casa.
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Fecha de Publicación: 06/01/2013
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Clarín recorrió durante nueve días tres provincias y comprobó que se utilizan plaguicidas cerca de escuelas y viviendas. Las denuncias sobre los efectos en la salud y la desidia del Estado.Pedro Mores llegó a la medianoche del jueves 29 de noviembre al hospital Regional de Sáenz Peña, Chaco, con un DNI para su hijo. “Ya tiene mi apellido”, repitió dos veces como para tranquilizarse. En un rincón de la cama, Gonzalo, su hijo, respiraba gracias a una máscara de oxígeno.
Cerca, varios pacientes eran atendidos de urgencia en los pasillos mientras que un hombre dormía en una reposera en la puerta de terapia intensiva. También había dos perros entre una familia sentada en el suelo y lista para pasar la noche.
“Riesgo inminente de óbito”, decía el último parte médico de Gonzalo, eufemismo que indicaba que el bebé de 2 meses y 27 días podía morir en cualquier momento.
En su diagnóstico, entre una marea de términos médicos, se leía “malformación cráneo encefálica” . Gonzalo fue gestado en uno de los tantos pueblos de Argentina expuestos a las fumigaciones de agroquímicos sin control en el que las estadísticas oficiales marcan numerosos casos de malformaciones.
Pedro Mores, su papá, vive en uno de los bordes del pueblo de Gancedo, Chaco. “Acá fumigan constantemente con aviones y con los tractores, que llaman ´mosquitos´. Dan la vuelta sobre las casas. En el pueblo hay más casos como el de mi hijo. Y somos siete mil habitantes. Esto de los venenos empezó en los ´90 y cada vez tiran más. Nosotros teníamos plantas de frutas que se han secado y las frutas ya no crecen”.
Un informe de mayo de 2012 del Ministerio de Salud de la Nación , al que accedió Clarín, confirma la sospecha de Mores. En las poblaciones expuestas a las fumigaciones con agroquímicos, ya sea aéreas o terrestres, hay un 30% más de casos de cáncer que en otras de zonas no expuestas. Las malformaciones en estas zonas se cuatriplicaron en diez años.
Las denuncias sobre los efectos de los agroquímicos, insumos fundamentales para el modelo de agronegocio actual que promueve cosechas de alta rentabilidad , suelen perderse en la polémica. Desde CASAFE, la Cámara que reúne a 25 empresas de agroquímicos, entre las que se cuenta a Monsanto, Bayer y Syngenta que dominan el 80% del mercado, niegan que estos productos que se utilizan para matar plagas sean tóxicos, si se usan de acuerdo a las instrucciones y al “uso responsable”.
“Desde la Cámara nuestro objetivo principal es la defensa de las buenas prácticas agrícolas. Estos productos no causan ningún efecto sobre la salud humana y el medioambiente”, asegura a Clarín Juan Cruz Jaime, presidente de la entidad, que en el último año dio 45 cursos para capacitar a 3.500 productores y que tiene un programa para evitar la reutilización de los envases de agroquímicos.
El Estado, en tanto, no controla el correcto uso de estas sustancias y las evidencias en los problemas de salud están a la vista. Recorrer los pueblos, como lo hizo Clarín durante nueve días, muestra intimidades dolorosas.
Después de Estados Unidos y Brasil, Argentina es la tercera productora mundial de soja . En la última cosecha se sembraron 19 millones de hectáreas y en cada una de ellas, como mínimo, se estima que se usaron diez litros de glifosato. Por lo tanto en un año se rociaron por lo menos 190 millones de litros del herbicida. Estas fumigaciones –según estimaciones de organizaciones ambientalistas– afectan a 12 millones de personas en todo el país, quienes reciben estos agroquímicos sobre sus casas, escuelas, pozos de agua, sobre sus vidas.
Los reclamos sobre las consecuencias en la salud empezaron a conocerse en 2005 en las provincias de Córdoba, Chaco, Santa Fe, Misiones, Entre Ríos y Buenos Aires. Los sembradíos se extendían, rodeaban a pueblos y escuelas, y apenas los separaban de las casas los alambrados y calles angostas de tierra.
Hugo Gómez Demaio es jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Provincial de Posadas, Misiones. Hace más de una década comenzó a notar un crecimiento en la cantidad de recién nacidos con malformaciones. Elaboró un mapa con la procedencia de los que padecían mielomeningocele , un defecto del cierre del tubo neural que se a durante el primer mes del embarazo. Una malformación que puede acarrear hidrocefalia, parálisis y daño neurológico que muchas veces es irreversible.
“Vimos que todos fueron gestados en zonas de uso masivo de agrotóxicos e incluso en la población no expuesta había agroquímicos circulando en sangre, cuyos efectos combinados no se conocen”, asegura Gómez Demaio. Luego aclara: “Porque yo sé cómo actúa el glifosato, pero no sé cómo lo hace si lo combina con el herbicida llamado “2,4D”, que es uno de los componentes del “agente naranja” usado por Estados Unidos en la guerra de Vietnam ”.
En Argentina no existe una ley nacional de agroquímicos, pero sí hay una norma general de protección al ambiente. Por su parte, las provincias tienen legislaciones particulares que intentan regular el uso de los herbicidas e insecticidas.
Ante las denuncias reiteradas de los posibles efectos sobre la salud de estas sustancias, Cristina de Kirchner creó en 2009 la Comisión Nacional de Investigaciones sobre Agroquímicos, con varios organismos públicos encabezados por el Ministro de Salud. Tras un período de investigación, la comisión denunció el “uso inadecuado de los productos fitosanitarios, atribuido entre otras causas, al incumplimiento de la legislación vigente”.
Entonces, el Gobierno decidió crear un “Programa Federal para el fortalecimiento de los sistemas locales de control”. Según CASAFE, “tuvimos unas reuniones pero desde hace dos años dejaron de convocarnos”.
El poco o nulo resultado del Programa Federal puede observarse en el recorrido por las zonas afectadas en el noreste argentino.
El pueblo de Avia Terai, en la provincia del Chaco, puede ser el ejemplo de la falta de control. A las siete de la mañana, tres carros tirados por caballos hacen fila frente a un pozo público para sacar el agua que después se venderá en el pueblo, de más de 5.000 habitantes. Dos mujeres en bicicleta también esperan su turno para cargar agua. Tienen dos bidones colgados del manubrio.
En las etiquetas se lee “Roundup” . Es el glifosato de Monsanto cuyo envase no debería usarse para transportar agua.
Avia Terai está repleto de campos sembrados. La soja y los girasoles crecen hasta el límite del pueblo. Una pista de aterrizaje es otro de los límites. Desde ahí despegan los aviones fumigadores, justo pegado al barrio “Padre Mugica” , construido hace pocos años por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Detrás de la pista de aterrizaje está instalada una empresa de agroquímicos que recomendó a los pobladores que no caminaran por los alrededores porque “hay polvo tóxico en el aire”.
En el barrio Mugica viven 108 familias. Cada una tiene alguna persona con algún tipo de discapacidad. La mayoría son menores.
Nadia Leguizamón es una de ellos: tiene 12 años y hace dos que dejó de caminar . “No me dijeron nunca cuál era el diagnóstico, siempre tuvo dificultades para moverse”, explica su mamá, Viviana Pérez , mientras acomoda a su hija en la silla de ruedas que tiene un almohadón bordado que dice “Sos mi vida”. “Muchas veces me dijeron que el veneno de los cultivos pudo haber influido. Cerca del campo siempre había fumigaciones”.
Ramón es el padre de Nadia y trabaja en el campo mientras su mujer intenta conseguir un turno con el traumatólogo. Su hija está cada vez peor. Y no quiere dejar pasar el tiempo. Ramón se pregunta, de manera retórica, “¿qué se puede hacer con la empresa de fumigación cada vez que pasa el “avioncito? como la llaman en el barrio a la pequeña nave que fumiga.
Su paso queda evidenciado, según los vecinos, por un polvo blanco que queda sobre las casas y porque los árboles están secos.
Katherina Pardo iba a la Escuela 532, a pocas cuadras de la casa de Nadia. Recuerda que muchos de sus compañeros se desmayaban los días en que se fumigaba. “Estaba naturalizado que en determinada época del año aparecían dolores en la cabeza y desmayos” Ahora, con 21 años, sigue tratando de que las cosas cambien “porque la gente tiene derecho a no ser fumigada”. Su lucha es lograr que se habilite una escuela para los chicos con necesidades especiales. “Cada vez son más y no pueden ir a clase”, dice.
Gabriela es la maestra a cargo de los trece alumnos con capacidades diferentes que asisten a clase en un aula prestada de la escuela de Avia Terai. Asegura que hay demasiados casos de nacimientos con malformaciones en la zona. “Es un pueblo pequeño para que haya tantos”, agrega.
“La falta de control del Estado en la aplicación de agroquímicos se agrava porque después de que la población estuvo expuesta no se le brinda asistencia para el tratamiento de las enfermedades y el seguimiento del paciente para su calidad de vida”, se indica desde la Red de Salud Popular “Ramón Carrillo” de Chaco. Desde la organización aseguran que hay registros de uso de los herbicidas glifosato y 2,4D, el componente del agente naranja cuya aplicación aérea está prohibida en esta provincia y la aplicación terrestre que está restringida desde marzo a agosto. “Sin embargo, la gente reconoce que lo usan mezclados”, dicen.
La abogada de la Red, Alejandra Gómez, afirma que al no haber un sistema de control del Estado, “no se sabe qué es lo que se está aplicando, y tampoco la forma de aplicación, y entonces esto genera más enfermedad”.
Las denuncias se repiten en otras provincias a través de la “Red de médicos de pueblos fumigados” o la agrupación “Paren de fumigar”.
La falta de respuesta del Estado provocó que la población reclame por la vía judicial. En la Leonesa y en Las Palmas, a sesenta kilómetros de la capital de Resistencia, sus habitantes intentaron detener en la justicia las fumigaciones que avanzaban sobre sus casas desde los arrozales. El juez les dio la razón. Ordenó detenerlas.
En agosto pasado, en Córdoba, un juez condenó por primera vez a un productor agropecuario y a un fumigador por haber rociado agroquímicos sobre el barrio Ituzaingó. La condena fue apelada, pero la Justicia no resolvió si existe o no relación entre el uso de los agroquímicos y el aumento de las enfermedades detectadas.
También en la Leonesa y Las Palmas el gobierno chaqueño ordenó hacer un relevamiento en los hospitales. Después de casi diez años de denuncias, por primera vez en 2010, ese informe confirmó las sospechas de los vecinos: los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 %.
El informe señala la “multicausalidad” del cáncer, pero indica que “este incremento de la casuística coincide” con el aumento de prácticas y técnicas de cultivo que incluyen pulverizaciones aéreas con herbicidas que se da en la “expansión de la frontera agrícola”. Desde el Centro de Epidemiología provincial criticaron el estudio, pero no presentaron un informe alternativo. Tampoco realizaron estudios epidemiológicos, sugeridos por la Comisión creada por el Gobierno. Las sugerencias quedaron en el olvido. Y la frontera agrícola se siguió extendiendo. Santiago del Estero, precisamente en Quimilí, en el noreste, es un ejemplo de este avance. Cuando Clarín visitó el pueblo, un avión terminaba de realizar la tercer pasada sobre el girasol que rodea la Escuela 146 “La Pampa”. Un guardia con un perro alertó sobre la presencia de esta enviada y el avión desapareció .
Esta comunidad indígena –de 110 familias que vive en la zona conocida como “Lote 4”– asegura que las fumigaciones secaron los árboles frutales y que los chicos quedan con los ojos irritados después de cada pasada. En total, son 24 alumnos en la escuela, pero Chiqui –una de las mujeres de la comunidad indígena– cree que pronto serán menos. “Nos rodean, y muchos se casan y se van”, dice.
A unos metros un tractor “mosquito” pasa por un campo sembrado con soja. Su dueño explica que no sabe qué producto está tirando, porque acaba de llegar. Cerca, a unos dieciocho kilómetros, una topadora amarilla lucha contra las ramas secas y espinosas del bosque original para ampliar la frontera productiva.
Los Texeira viven una realidad parecida en un rincón de Misiones, en Colonia Alicia, justo donde el Río Uruguay da una curva que se dibuja como frontera en los mapas. Desde la casa de madera se ve el río y las plantaciones de tabaco y soja que fueron comiendo a la selva que se extendía sobre la tierra colorada. Después de caminar casi una hora, Rosana Texeira fue a pedir una crema a la intendencia para su hijo menor, Lucas. Tiene un año y diez meses y no puede exponerse al sol. En la zona, se alcanza una temperatura de 36 grados hacia el mediodía. Lucas tiene ictiosis severa. Es un caso llamado “niño lagarto”.
En realidad, es un bebé gracioso que se refresca en el agua que inunda el patio.
La piel de Lucas se descama aceleradamente, sus plantas de pies se abren y lastiman aún más rápido y sus párpados se llenan por dentro de cascaritas. Lucas parece que llorara sangre.
“Los médicos dicen que es un caso raro. Una vez nos dijeron que era de tanto agroquímico que hay en el ambiente. Pero nadie lo confirma,” cuenta Arnoldo Texeira, el padre de Lucas y sospecha.
Sospecha como Pedro Mores lo hace sentado al lado de la cama de Gonzalo, su hijo recién nacido. Mientras espera que el diagnóstico de riesgo de muerte inminente no se cumpla y que pronto alguien le dé una mochila de oxígeno y así poder volver a su casa.
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Atucha II: primeras pruebas con 'éxito'
Atucha II superó sus primeras pruebas con 'éxito'
Fecha de Publicación: 06/01/2013
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
La dependencia precisó que los trabajos realizados para esta prueba incluyeron "hacer circular y calentar 500.000 litros de agua liviana mediante las 2 bombas principales del reactor y las 4 bombas del moderador, para luego presurizar el reactor, el sistema primario y el moderador, a una presión equivalente a 175 veces la presión atmosférica para probar su resistencia y hermeticidad".
Según Planificación, este avance se suma a otras acciones destacadas, como la carga de elementos combustibles en el reactor, que comenzó el 14 de diciembre último.
Esta tarea implica cargar en el interior del reactor los 451 elementos combustibles que constituyen el primer núcleo de la central, piezas producidas íntegramente en el país y que contienen 85 toneladas de uranio.
Entre febrero y abril se hará la segunda prueba en caliente de la Central, generando vapor de origen no nuclear, que incluirá la sincronización del generador con la red nacional de alta tensión.
Finalmente, se drenará el total del agua liviana usada para las pruebas, se procederá al secado absoluto de todos los sistemas, y se cargarán el reactor y los sistemas nucleares con 600 toneladas de agua pesada producida en la Planta de Arroyito, Neuquén.
En consecuencia, la Central quedará en condiciones de iniciar la puesta en marcha nuclear para posteriormente generar energía eléctrica e integrarse al Sistema Interconectado Nacional, al cual aportará el equivalente al 4% del consumo total del país, indicaron.
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Fecha de Publicación: 06/01/2013
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
La dependencia precisó que los trabajos realizados para esta prueba incluyeron "hacer circular y calentar 500.000 litros de agua liviana mediante las 2 bombas principales del reactor y las 4 bombas del moderador, para luego presurizar el reactor, el sistema primario y el moderador, a una presión equivalente a 175 veces la presión atmosférica para probar su resistencia y hermeticidad". Según Planificación, este avance se suma a otras acciones destacadas, como la carga de elementos combustibles en el reactor, que comenzó el 14 de diciembre último.
Esta tarea implica cargar en el interior del reactor los 451 elementos combustibles que constituyen el primer núcleo de la central, piezas producidas íntegramente en el país y que contienen 85 toneladas de uranio.
Entre febrero y abril se hará la segunda prueba en caliente de la Central, generando vapor de origen no nuclear, que incluirá la sincronización del generador con la red nacional de alta tensión.
Finalmente, se drenará el total del agua liviana usada para las pruebas, se procederá al secado absoluto de todos los sistemas, y se cargarán el reactor y los sistemas nucleares con 600 toneladas de agua pesada producida en la Planta de Arroyito, Neuquén.
En consecuencia, la Central quedará en condiciones de iniciar la puesta en marcha nuclear para posteriormente generar energía eléctrica e integrarse al Sistema Interconectado Nacional, al cual aportará el equivalente al 4% del consumo total del país, indicaron.
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Sigue la polémica por la nueva planta de residuos
Polémica bonaerense por la planta de residuos de San Martín
Fecha de Publicación: 05/01/2013
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital Federal
Katopodis, Curto y Massa salieron a advertirle al gobierno provincial que su objetivo es que le ponga fecha de cierre al relleno sanitario Norte III. Desde la gobernación evitaron confrontar.
La puesta en marcha de la planta de tratamiento de residuos en San Martín trajo cola. Los intendentes que pegaron el faltazo al acto encabezado el jueves por el gobernador Daniel Scioli y el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, criticaron la decisión, pusieron en duda la habilitación y reclamaron, sin vueltas, que se cierre el relleno sanitario Norte III, en donde la Ciudad y los distritos del Conurbano entierran la basura.
El primero en hablar fue el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, el distrito donde está ubicado el predio de la CEAMSE que recibe la basura. Dijo que no quiere que se entierren más residuos en su partido. "No queremos ser el basurero de la Ciudad de Buenos Aires y vamos a exigir al Gobierno de la Ciudad que cumpla con la Ley de Basura Cero y reduzca progresivamente sus envíos", apuntó en relación al plan que Macri firmó con Scioli para achicar las toneladas que envía en un 78%, en un lapso de un año y medio.
El jefe comunal confirmó que no fue al acto de inauguración de la planta, pese a estar invitado, porque "no iba a avalar" con su presencia la situación. En concreto, la apertura confirma que la intención del gobierno es continuar operando en el Norte III, mientras que los intendentes quieren que se clausure la actividad.
"No queremos más contaminación, tenemos que seguir buscando elementos para un cambio de paradigma. No se puede seguir enterrando basura como se viene haciendo desde hace 30 años", dijo Katopodis y agregó que estudiarán qué competencia tienen las comunas en el contralor que se realizará sobre la Ciudad para que cumpla con el convenio.
Pero el intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto, encendió la mecha al asegurar que la planta funciona desde hace tres años y que "no tiene habilitación". El dato fue desmentido después por el gobierno provincial y también por trabajadores de la CEAMSE.
"Hace muchos años que ya estaba trabajando. Por televisión se veían cosas que de alguna manera se venían haciendo, como el trabajo con cartones; plástico y vidrio, por eso se trata de una 're-inauguración', porque ya venía trabajando, quizá no al 100%, pero venía acumulando trabajo", dijo Curto a radio América. Curto lamentó que la provincia siga siendo el "patio de atrás" donde Capital entierra su basura y llamó a que cada distrito se haga cargo de su basura. "Capital Federal tiene lugar; tiene tierra y es la ciudad que produce más basura", acotó.
El jefe comunal de Tigre, Sergio Massa, también habló y pidió que el gobierno provincial ponga fecha de cierre del relleno sanitario. "Estamos con la pretención, con el resto de los municipios, de que se le ponga fecha final de cierre al Norte III", señaló Massa y pidió que se castigue a los grandes generadores de residuos.
El gobierno de Scioli evitó cruzar a los intendentes. El titular del Organismo Para el Desarrollo Sostenible (OPDS) Hugo Bilbao, sólo se limitó a decir en diálogo con Tiempo Argentino que "la planta tiene todas las habilitaciones correspondientes”.
La planta de la polémica procesará diariamente 1000 toneladas de las 6 mil que envía la Ciudad a diario y recuperará alrededor de 600 toneladas: 200 de residuos secos se recuperarán para su venta (cartón, papel, plástico y metales) y las otras 400 se “bioestabilizarán” para ser usadas luego como cobertura del relleno. «
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Fecha de Publicación: 05/01/2013
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital Federal
Katopodis, Curto y Massa salieron a advertirle al gobierno provincial que su objetivo es que le ponga fecha de cierre al relleno sanitario Norte III. Desde la gobernación evitaron confrontar.La puesta en marcha de la planta de tratamiento de residuos en San Martín trajo cola. Los intendentes que pegaron el faltazo al acto encabezado el jueves por el gobernador Daniel Scioli y el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, criticaron la decisión, pusieron en duda la habilitación y reclamaron, sin vueltas, que se cierre el relleno sanitario Norte III, en donde la Ciudad y los distritos del Conurbano entierran la basura.
El primero en hablar fue el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, el distrito donde está ubicado el predio de la CEAMSE que recibe la basura. Dijo que no quiere que se entierren más residuos en su partido. "No queremos ser el basurero de la Ciudad de Buenos Aires y vamos a exigir al Gobierno de la Ciudad que cumpla con la Ley de Basura Cero y reduzca progresivamente sus envíos", apuntó en relación al plan que Macri firmó con Scioli para achicar las toneladas que envía en un 78%, en un lapso de un año y medio.
El jefe comunal confirmó que no fue al acto de inauguración de la planta, pese a estar invitado, porque "no iba a avalar" con su presencia la situación. En concreto, la apertura confirma que la intención del gobierno es continuar operando en el Norte III, mientras que los intendentes quieren que se clausure la actividad.
"No queremos más contaminación, tenemos que seguir buscando elementos para un cambio de paradigma. No se puede seguir enterrando basura como se viene haciendo desde hace 30 años", dijo Katopodis y agregó que estudiarán qué competencia tienen las comunas en el contralor que se realizará sobre la Ciudad para que cumpla con el convenio.
Pero el intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto, encendió la mecha al asegurar que la planta funciona desde hace tres años y que "no tiene habilitación". El dato fue desmentido después por el gobierno provincial y también por trabajadores de la CEAMSE.
"Hace muchos años que ya estaba trabajando. Por televisión se veían cosas que de alguna manera se venían haciendo, como el trabajo con cartones; plástico y vidrio, por eso se trata de una 're-inauguración', porque ya venía trabajando, quizá no al 100%, pero venía acumulando trabajo", dijo Curto a radio América. Curto lamentó que la provincia siga siendo el "patio de atrás" donde Capital entierra su basura y llamó a que cada distrito se haga cargo de su basura. "Capital Federal tiene lugar; tiene tierra y es la ciudad que produce más basura", acotó.
El jefe comunal de Tigre, Sergio Massa, también habló y pidió que el gobierno provincial ponga fecha de cierre del relleno sanitario. "Estamos con la pretención, con el resto de los municipios, de que se le ponga fecha final de cierre al Norte III", señaló Massa y pidió que se castigue a los grandes generadores de residuos.
El gobierno de Scioli evitó cruzar a los intendentes. El titular del Organismo Para el Desarrollo Sostenible (OPDS) Hugo Bilbao, sólo se limitó a decir en diálogo con Tiempo Argentino que "la planta tiene todas las habilitaciones correspondientes”.
La planta de la polémica procesará diariamente 1000 toneladas de las 6 mil que envía la Ciudad a diario y recuperará alrededor de 600 toneladas: 200 de residuos secos se recuperarán para su venta (cartón, papel, plástico y metales) y las otras 400 se “bioestabilizarán” para ser usadas luego como cobertura del relleno. «
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Denunciaron desmontes en el Chaco
Campesinos del Chaco, contra los desmontes
Fecha de Publicación: 05/01/2013
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Chaco
Tres organizaciones campesinas del Interfluvio Teuco-Bermejito denunciaron que empresarios forestales promueven el demonte ilegal en esa región del departamento chaqueño de General Güemes.
Las asociaciones Fortín, Interfluvio y Confluencia divulgaron un comunicado a fin de "poner en conocimiento del pueblo y de las autoridades competentes los hechos sucedidos".
"Cada día, cada mes, cada año que pasa", avanza la deforestación ilegal "y hasta el momento no hemos recibido ninguna atención por parte de las autoridades" provinciales o municipales, agregó el texto avalado también por el Frente Nacional Campesino (FNC).
Según la denuncia, "un grupo de millonarios e influyentes empresarios forestales se enriquecen arrasando el monte perteneciente a históricos habitantes criollos y comunidades indígenas" en el Interfluvio, un área de más de 200 mil hectáreas.
"A cambio de la riqueza que se llevan, los empresarios forestales distribuyen limosnas entre los que aceptan la tala de árboles y 'ayudan' a los dirigentes y punteros" que les responden, sostuvo el comunicado de las tres asociaciones de campesinos criollos.
La comercialización de madera proveniente del desmonte "viola deliberadamente los derechos de los campesinos criollos". «
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Fecha de Publicación: 05/01/2013
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Chaco
Tres organizaciones campesinas del Interfluvio Teuco-Bermejito denunciaron que empresarios forestales promueven el demonte ilegal en esa región del departamento chaqueño de General Güemes.
Las asociaciones Fortín, Interfluvio y Confluencia divulgaron un comunicado a fin de "poner en conocimiento del pueblo y de las autoridades competentes los hechos sucedidos".
"Cada día, cada mes, cada año que pasa", avanza la deforestación ilegal "y hasta el momento no hemos recibido ninguna atención por parte de las autoridades" provinciales o municipales, agregó el texto avalado también por el Frente Nacional Campesino (FNC).
Según la denuncia, "un grupo de millonarios e influyentes empresarios forestales se enriquecen arrasando el monte perteneciente a históricos habitantes criollos y comunidades indígenas" en el Interfluvio, un área de más de 200 mil hectáreas.
"A cambio de la riqueza que se llevan, los empresarios forestales distribuyen limosnas entre los que aceptan la tala de árboles y 'ayudan' a los dirigentes y punteros" que les responden, sostuvo el comunicado de las tres asociaciones de campesinos criollos.
La comercialización de madera proveniente del desmonte "viola deliberadamente los derechos de los campesinos criollos". «
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Sali Dulce: por vinaza en El Palomar actúa la justicia
Desactivan un potencial desastre ecológico que amenazaba a Santiago
Fecha de Publicación: 04/01/2013
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Estaba construido en el límite interprovincial. Un ex juez federal dijo que la medida fue generada por las publicaciones de EL LIBERAL.
Un potencial desastre ecológico que se cernía sobre la localidad El Palomar del departamento Jiménez, fue desactivado al vaciarse un inmenso reservorio con vinaza que construyó el ingenio La Florida en el límite entre Tucumán y Santiago del Estero. La novedad la proporcionó el abogado querellante y ex juez federal de Tucumán, Oscar Sarrulle, quien sostuvo que la medida fue en respuesta a las publicaciones de EL LIBERAL advirtiendo sobre el riesgo ambiental que enfrentaban los pobladores de la población santiagueña. Como se recordará, a principios de noviembre de 2012, esta localidad fue afectada por un derrame de más de 80 millones de litros de vinaza pura que llegó a través de un canal interprovincial.
Precisamente, el letrado dijo que técnicos de la firma que pertenece al empresario Jorge Rocchia Ferro, procedieron a vaciar un piletón de 5 kilómetros de largo, por 45 metros de ancho y 4,5 metros de profundidad construido en Los Hardoy, a metros del canal interprovincial del Este, en el departamento Cruz Alta.
Repercusión
“Si no hubiera salido estas noticias en las tapas de EL LIBERAL, seguramente hubiéramos estados tapados de vinaza. Se disipó un potencial peligro, esperemos que no larguen de nuevo, los ingenieros prometieron no largar más. Espero que así sea”, expresó Sarrulle que patrocina a los pobladores de El Palomar que en 2011 también fueron víctimas de un vuelco de vinaza de esa firma.
Este inmenso piletón lleno de vinaza generaba preocupación en los habitantes y las publicaciones acciones de EL LIBERAL también generaron la actuación de la Defensoría del Pueblo y de la Secretaría del Agua que enviaron un equipo de control que inspeccionó a la planta industrial y que confirmó la existencia del reservorio.
Fecha de Publicación: 04/01/2013
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Estaba construido en el límite interprovincial. Un ex juez federal dijo que la medida fue generada por las publicaciones de EL LIBERAL.Un potencial desastre ecológico que se cernía sobre la localidad El Palomar del departamento Jiménez, fue desactivado al vaciarse un inmenso reservorio con vinaza que construyó el ingenio La Florida en el límite entre Tucumán y Santiago del Estero. La novedad la proporcionó el abogado querellante y ex juez federal de Tucumán, Oscar Sarrulle, quien sostuvo que la medida fue en respuesta a las publicaciones de EL LIBERAL advirtiendo sobre el riesgo ambiental que enfrentaban los pobladores de la población santiagueña. Como se recordará, a principios de noviembre de 2012, esta localidad fue afectada por un derrame de más de 80 millones de litros de vinaza pura que llegó a través de un canal interprovincial.
Precisamente, el letrado dijo que técnicos de la firma que pertenece al empresario Jorge Rocchia Ferro, procedieron a vaciar un piletón de 5 kilómetros de largo, por 45 metros de ancho y 4,5 metros de profundidad construido en Los Hardoy, a metros del canal interprovincial del Este, en el departamento Cruz Alta.
Repercusión
“Si no hubiera salido estas noticias en las tapas de EL LIBERAL, seguramente hubiéramos estados tapados de vinaza. Se disipó un potencial peligro, esperemos que no larguen de nuevo, los ingenieros prometieron no largar más. Espero que así sea”, expresó Sarrulle que patrocina a los pobladores de El Palomar que en 2011 también fueron víctimas de un vuelco de vinaza de esa firma.
Este inmenso piletón lleno de vinaza generaba preocupación en los habitantes y las publicaciones acciones de EL LIBERAL también generaron la actuación de la Defensoría del Pueblo y de la Secretaría del Agua que enviaron un equipo de control que inspeccionó a la planta industrial y que confirmó la existencia del reservorio.
Piden una multa millonaria
Sarrulle recordó que está pendiente un pronunciamiento del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, a cargo de Fernando Poviña, a su pedido de que se aplique una aistrente al ingenio, por haber violado una disposición judicial para usar canales públicos como depósito de vinaza.
Explicó que la aistrente es una multa que tiende a disuadir que se cometa nuevamente el hecho denunciado. De acuerdo con sus cálculos, el valor de esa multa rondaría los 30 millones de pesos.
Paralelamente, en el Juzgado Federal local se tramita una denuncia de Fiscalía de Estado y de la Defensoría del Pueblo en contra de La Florida. Por la misma, el fiscal Pedro Simón pidió la imputación y la indagatoria de Rocchia Ferro y del gerente de la firma, y que se aplique una cautelar solicitada por Fiscalía, hasta que se disipe el peligro de nuevos vuelcos de vinaza.
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Aniversario de la 'pueblada' de Famatina y Chilecito
Recuerdan la 'pueblada' contra la megaminería
Fecha de Publicación: 04/01/2013
Fuente: El Independiente Digital
Provincia/Región: La Rioja
Al cumplirse el primer aniversario del levantamiento social más importante de los últimos tiempos, el diputado Guillermo Galván saludó al pueblo de Famatina y Chilecito por su constante lucha a favor del cuidado del medio ambiente y los recursos naturales.
A su vez recordó que desde el Movimiento de Unidad Radical y el bloque Frente Cívico, que integra junto a la legisladora Judit Díaz Bazán presentaron distintos pedidos de informes al Ejecutivo provincial y al secretario de Minería, para obtener información con todo lo relacionado al proyecto de exploración y explotación minera.
A su vez, el abogado Raúl Alfredo Galván junto a sus colegas Gustavo Galván y Gabriel García Cruz que fueron los abogados de varios de los ciudadanos que se vieron involucrados en las tan recordadas “listas negras”, hecho que provocó el estallido social, dijeron ya que hablar de listas negras “nos recuerda a una época muy oscura de la historia argentina”.
Guillermo Galván desde el Frente Cívico intentó interpelar a los ministros de Hacienda y al de Gobierno, pero todo resultó sin éxito ya que el oficialismo nunca permitió usar esta herramienta de la Democracia como lo es la interpelación de la Cámara de Diputados a un ministro.
“Este espacio político fue el único que se animó a solicitar la rescisión del contrato con la empresa Osisko Mining Corporation, un contrato que se firmó a oscuras y nadie conocía los términos y cláusulas del contrato, incluso a nosotros como legisladores siempre se nos puso impedimentos para obtener una copia del contrato”, explico Galván.
Además el legislador resaltó el trabajo militante que realizaron los jóvenes radicales que militan en el espacio Cantera Popular, ya que lograron poner el tema minero de Famatina en cada comité de las distintas provincias del país, como así mismo en cada universidad a través de Franja Morada.
Incluso se consiguió el acompañamiento tanto en Famatina como en la ciudad Capital de las máximas autoridades de la Juventud Radical, Franja Morada y la Federación Universitaria Argentina acompañados por Mauricio Pansa quien se desempeña como secretario General de Franja Morada en la Provincia e integra el equipo nacional de la agrupación universitaria”.
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Fecha de Publicación: 04/01/2013
Fuente: El Independiente Digital
Provincia/Región: La Rioja
Al cumplirse el primer aniversario del levantamiento social más importante de los últimos tiempos, el diputado Guillermo Galván saludó al pueblo de Famatina y Chilecito por su constante lucha a favor del cuidado del medio ambiente y los recursos naturales.
A su vez recordó que desde el Movimiento de Unidad Radical y el bloque Frente Cívico, que integra junto a la legisladora Judit Díaz Bazán presentaron distintos pedidos de informes al Ejecutivo provincial y al secretario de Minería, para obtener información con todo lo relacionado al proyecto de exploración y explotación minera.
A su vez, el abogado Raúl Alfredo Galván junto a sus colegas Gustavo Galván y Gabriel García Cruz que fueron los abogados de varios de los ciudadanos que se vieron involucrados en las tan recordadas “listas negras”, hecho que provocó el estallido social, dijeron ya que hablar de listas negras “nos recuerda a una época muy oscura de la historia argentina”.
Guillermo Galván desde el Frente Cívico intentó interpelar a los ministros de Hacienda y al de Gobierno, pero todo resultó sin éxito ya que el oficialismo nunca permitió usar esta herramienta de la Democracia como lo es la interpelación de la Cámara de Diputados a un ministro.
“Este espacio político fue el único que se animó a solicitar la rescisión del contrato con la empresa Osisko Mining Corporation, un contrato que se firmó a oscuras y nadie conocía los términos y cláusulas del contrato, incluso a nosotros como legisladores siempre se nos puso impedimentos para obtener una copia del contrato”, explico Galván.
Además el legislador resaltó el trabajo militante que realizaron los jóvenes radicales que militan en el espacio Cantera Popular, ya que lograron poner el tema minero de Famatina en cada comité de las distintas provincias del país, como así mismo en cada universidad a través de Franja Morada.
Incluso se consiguió el acompañamiento tanto en Famatina como en la ciudad Capital de las máximas autoridades de la Juventud Radical, Franja Morada y la Federación Universitaria Argentina acompañados por Mauricio Pansa quien se desempeña como secretario General de Franja Morada en la Provincia e integra el equipo nacional de la agrupación universitaria”.
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Agreden a periodista fumigándolo, quedó internado
Periodista internado, fue agredido con agroquímicos por un productor agrario
Fecha de Publicación: 03/01/2013
Fuente: DIario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
Un periodista de la ciudad bonaerense de Alberti, denunció hoy que debió ser internado en el hospital local tras ser rociado con agrotóxicos por un productor agrario, que fumigaba un campo situado a 50 metros del casco urbano.
Oscar Alfredo Di Vincensi, que trabaja en el periódico local "PerteneSer" y en la radio 94.1 "Punto Cero", padeció una intoxicación y problemas respiratorios después de que una maquina fumigadora le arrojó plaguicidas cuando filmaba el accionar, que está prohibido por ley si se realiza a menos de mil metros de las viviendas.
Atacado por denunciar el uso de agroquímicos
En su cuenta de la red social Facebook y por medio del canal de Internet YouTube, el periodista difundió las imágenes de la agresión y acusó del hecho a un productor agrario de la zona que es hermano, según Di Vincensi, de la jefa de Bromatología y Medio Ambiente comunal, María Beatriz Zunino.
El 8 de agosto pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia avaló un recurso de amparo presentado por una familia oriunda de Alberti, que denunció haber sufrido los efectos de fumigaciones con agroquímicos realizadas cerca de su vivienda.
En su dictamen, el máximo tribunal bonaerense respaldó los alcances de la Ordenanza Municipal 1690 de Alberti, que establece la restricción de aplicar agroquímicos a una distancia inferior a los mil metros del casco urbano.
Reclamo contra el uso de agroquimicos y cuestionamientos a la intendencia
En diciembre último, durante la última sesión del Concejo Deliberante de Alberti, ciudad ubicada a 190 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, un grupo de habitantes ingresó al recinto con pancartas en las que expresaron su rechazo a la fumigación con agrotóxicos cerca de la población.
Además, ofrecieron a los ediles vasos con glifosato, uno de los plaguicidas más utilizados para prácticas agrarias.
Los manifestantes cuestionaron los permisos que la intendenta local, Marta Médici, otorgó a productores de la zona para fumigar a una distancia de 100 metros de las viviendas.
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Fecha de Publicación: 03/01/2013
Fuente: DIario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
Un periodista de la ciudad bonaerense de Alberti, denunció hoy que debió ser internado en el hospital local tras ser rociado con agrotóxicos por un productor agrario, que fumigaba un campo situado a 50 metros del casco urbano.
Oscar Alfredo Di Vincensi, que trabaja en el periódico local "PerteneSer" y en la radio 94.1 "Punto Cero", padeció una intoxicación y problemas respiratorios después de que una maquina fumigadora le arrojó plaguicidas cuando filmaba el accionar, que está prohibido por ley si se realiza a menos de mil metros de las viviendas.
Atacado por denunciar el uso de agroquímicos
En su cuenta de la red social Facebook y por medio del canal de Internet YouTube, el periodista difundió las imágenes de la agresión y acusó del hecho a un productor agrario de la zona que es hermano, según Di Vincensi, de la jefa de Bromatología y Medio Ambiente comunal, María Beatriz Zunino.
El 8 de agosto pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia avaló un recurso de amparo presentado por una familia oriunda de Alberti, que denunció haber sufrido los efectos de fumigaciones con agroquímicos realizadas cerca de su vivienda.
En su dictamen, el máximo tribunal bonaerense respaldó los alcances de la Ordenanza Municipal 1690 de Alberti, que establece la restricción de aplicar agroquímicos a una distancia inferior a los mil metros del casco urbano.
Reclamo contra el uso de agroquimicos y cuestionamientos a la intendencia
En diciembre último, durante la última sesión del Concejo Deliberante de Alberti, ciudad ubicada a 190 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, un grupo de habitantes ingresó al recinto con pancartas en las que expresaron su rechazo a la fumigación con agrotóxicos cerca de la población.
Además, ofrecieron a los ediles vasos con glifosato, uno de los plaguicidas más utilizados para prácticas agrarias.
Los manifestantes cuestionaron los permisos que la intendenta local, Marta Médici, otorgó a productores de la zona para fumigar a una distancia de 100 metros de las viviendas.
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Macri y Scioli juntos por la basura
Macri y Scioli inauguraron una planta procesadora de residuos
Fecha de Publicación: 03/01/2013
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital Federal
Ambos mandatarios se mostraron juntos en un acto en José León Suárez. Ratificaron acuerdos medioambientales. Fotos
El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, renovaron esta mañana el "compromiso" para trabajar en "acuerdo" y en "consenso" para reducir el volumen de residuos que la Capital Federal envía a la provincia.
Al inaugurar juntos una planta de tratamiento de residuos en el partido bonaerense de San Martín, Scioli destacó "la responsabilidad social que exige este tema" y destacó la necesidad de "un consenso, un acuerdo a la altura de lo que es está problemática que tenemos que ir revirtiendo".
"Estamos encontrando alternativas en otros lugares de nuestra provincia. En Ensenada se está construyendo una planta de ultima tecnología para toda la región capital, cumpliendo un fallo de la Corte provincial. Hemos tenido reuniones de trabajo con el presidente de la federación argentina de municipios y con intendentes", señaló el gobernador.
Y agregó: "No le den a esto ninguna otra lectura más allá del sentido común. Es un problema que se trató pensando en nuestras responsabilidades institucionales. A la gente no le preocupa si es un jefe de gobierno de un partido político o de otro, la gente necesita la solución de los problemas".
Por su parte, Macri remarcó que el problema de la basura "obliga a que todos trabajemos en equipo" y subrayó que "todos debemos comprometernos a un país y un área metropolitana verde".
"Es un compromiso que tenemos con la provincia en contra del cambio climático y a favor de políticas sustentables. Esto es fruto del trabajo de un año y medio. En marzo esperamos estrenar una planta de dos mil toneladas, que se sumará a lo que está planta nueva consigue".
Por último, Macri fue consultado por el subte, pero evitó dar nuevas precisiones al hacer una broma al gobernador Scioli: "Por el subte, salvo que el gobernador quiera hacer algún aporte al subsidio, trabajaremos para el buen transporte de la gente". Luego, fuera de broma, agregó: "Esperamos dar un mejor servicio, no sólo en confort y en seguridad".
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Fecha de Publicación: 03/01/2013
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital Federal
Ambos mandatarios se mostraron juntos en un acto en José León Suárez. Ratificaron acuerdos medioambientales. Fotos
El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, renovaron esta mañana el "compromiso" para trabajar en "acuerdo" y en "consenso" para reducir el volumen de residuos que la Capital Federal envía a la provincia.
Al inaugurar juntos una planta de tratamiento de residuos en el partido bonaerense de San Martín, Scioli destacó "la responsabilidad social que exige este tema" y destacó la necesidad de "un consenso, un acuerdo a la altura de lo que es está problemática que tenemos que ir revirtiendo".
"Estamos encontrando alternativas en otros lugares de nuestra provincia. En Ensenada se está construyendo una planta de ultima tecnología para toda la región capital, cumpliendo un fallo de la Corte provincial. Hemos tenido reuniones de trabajo con el presidente de la federación argentina de municipios y con intendentes", señaló el gobernador.
Y agregó: "No le den a esto ninguna otra lectura más allá del sentido común. Es un problema que se trató pensando en nuestras responsabilidades institucionales. A la gente no le preocupa si es un jefe de gobierno de un partido político o de otro, la gente necesita la solución de los problemas".
Por su parte, Macri remarcó que el problema de la basura "obliga a que todos trabajemos en equipo" y subrayó que "todos debemos comprometernos a un país y un área metropolitana verde".
"Es un compromiso que tenemos con la provincia en contra del cambio climático y a favor de políticas sustentables. Esto es fruto del trabajo de un año y medio. En marzo esperamos estrenar una planta de dos mil toneladas, que se sumará a lo que está planta nueva consigue".
Por último, Macri fue consultado por el subte, pero evitó dar nuevas precisiones al hacer una broma al gobernador Scioli: "Por el subte, salvo que el gobernador quiera hacer algún aporte al subsidio, trabajaremos para el buen transporte de la gente". Luego, fuera de broma, agregó: "Esperamos dar un mejor servicio, no sólo en confort y en seguridad".
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Macri comienza con el plan de reducción de RSU
Comienza el plan de tratamiento de la basura
Fecha de Publicación: 03/01/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital Federal
Desde mañana el gobierno porteño pondrá oficialmente en marcha la planta de tratamiento de residuos en el distrito de San Martín con la que planea reducir un 10% las seis mil toneladas que diariamente envía a Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) para ser enterradas.
Así lo adelantó a LA NACION el ministro de Ambiente y Espacio Público de la ciudad, Diego Santilli, quien aseguró: "Ya la hemos probado con 750 toneladas y el porcentaje que se evita enviar a los rellenos es de un 57 por ciento. Así que con las mil toneladas que se enviarán desde el jueves (por mañana) evitaremos enterrar el 60 por ciento de basura prometido", dijo Santilli.
El jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, se había comprometido ante el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, a reducir en 18 meses un 78% la cantidad de basura que entierra la ciudad en terreno de la provincia.
A partir de ayer comenzó a funcionar la primera etapa que contempla la citada reducción del 10%.
La planta, según se informó, hará un doble tratamiento: habrá separación y enfardado de material reutilizable y tratamiento biológico para la basura orgánica que se transformará en compost, que luego se usará como capa de cobertura del relleno sanitario.
Además, a mediados de este mes se abrirán los sobres de la licitación de otras tres plantas (que estarán en la ciudad de Buenos Aires) y que, con nueva tecnología, se encargarán de procesar otras 3000 toneladas de basura diaria.
Éste es uno de los puntos más conflictivos, no sólo porque aún no se conocen las ubicaciones, sino también por el resquemor que genera entre las ONG ambientalistas la posible introducción de la incineración en el distrito. En cambio, Santilli rechazó que se vaya a incinerar. "Todos los mecanismos de tratamiento de basura están dentro de la ley. De hecho, uno de los pilares de este compromiso es basura cero, ya que apostamos muy fuerte a la separación en origen", dijo.
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Fecha de Publicación: 03/01/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital Federal
Desde mañana el gobierno porteño pondrá oficialmente en marcha la planta de tratamiento de residuos en el distrito de San Martín con la que planea reducir un 10% las seis mil toneladas que diariamente envía a Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) para ser enterradas.
Así lo adelantó a LA NACION el ministro de Ambiente y Espacio Público de la ciudad, Diego Santilli, quien aseguró: "Ya la hemos probado con 750 toneladas y el porcentaje que se evita enviar a los rellenos es de un 57 por ciento. Así que con las mil toneladas que se enviarán desde el jueves (por mañana) evitaremos enterrar el 60 por ciento de basura prometido", dijo Santilli.
El jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, se había comprometido ante el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, a reducir en 18 meses un 78% la cantidad de basura que entierra la ciudad en terreno de la provincia.
A partir de ayer comenzó a funcionar la primera etapa que contempla la citada reducción del 10%.
La planta, según se informó, hará un doble tratamiento: habrá separación y enfardado de material reutilizable y tratamiento biológico para la basura orgánica que se transformará en compost, que luego se usará como capa de cobertura del relleno sanitario.
Además, a mediados de este mes se abrirán los sobres de la licitación de otras tres plantas (que estarán en la ciudad de Buenos Aires) y que, con nueva tecnología, se encargarán de procesar otras 3000 toneladas de basura diaria.
Éste es uno de los puntos más conflictivos, no sólo porque aún no se conocen las ubicaciones, sino también por el resquemor que genera entre las ONG ambientalistas la posible introducción de la incineración en el distrito. En cambio, Santilli rechazó que se vaya a incinerar. "Todos los mecanismos de tratamiento de basura están dentro de la ley. De hecho, uno de los pilares de este compromiso es basura cero, ya que apostamos muy fuerte a la separación en origen", dijo.
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Gualeguaychú quiere una reunión con Timerman
Asambleístas quieren reunirse con Timerman
Fecha de Publicación: 02/01/2013
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
Aseguran que el gobierno nacional los abandonó en la lucha para lograr la relocaclización de la pastera de UPM de Fray Bentos.
Los integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú solicitan una audiencia con el canciller argentino, Héctor Timerman, para reclamar lo que entienden que es una actitud de abandono a la lucha ambiental de esa comunidad.
“El Gobierno se olvidó que el pueblo de nuestra ciudad quiere que se saque la planta de pasta de celulosa apostada en la margen del río Uruguay”, se indicó. En ese marco, si bien ahora no se piensa volver al corte de la ruta 136, tampoco se descartó la decisión de tomar la ruta “si es necesario”, afirmó a AIM Juan Veronessi, integrante del movimiento.
El corte de la ruta 136 comenzó en 2006 y se extendió por tres años y medio. Luego, tras una extensa asamblea ampliada realizada en el Club Frigorífico Gualeguaychú, se decidió levantarlo, en junio de 2010.
Según indicó Veronessi, la lucha contra la pastera “sigue firme, ya que el convencimiento es total de que es contaminante”. El ambientalista lamentó que “con las actitudes del gobierno argentino, que acepta los informes que se están haciendo, lejos se está de que se pueda expulsar a Botnia de la zona”. En ese marco, comentó que solicitaron al Concejo Deliberante de la ciudad y a las autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal que pauten una audiencia con Timerman, “para decirle que de esta manera se está lejos de lograr lo que la ciudadanía manifestó, que es que no se quiere la planta contaminante”, y recordó que ese mismo principio sostenía el gobierno nacional cuando se fue al tribunal de La Haya.
Veronessi apuntó que desde la organización saben bien que lo único que “llama la atención es el corte”.
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Fecha de Publicación: 02/01/2013
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
Aseguran que el gobierno nacional los abandonó en la lucha para lograr la relocaclización de la pastera de UPM de Fray Bentos.Los integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú solicitan una audiencia con el canciller argentino, Héctor Timerman, para reclamar lo que entienden que es una actitud de abandono a la lucha ambiental de esa comunidad.
“El Gobierno se olvidó que el pueblo de nuestra ciudad quiere que se saque la planta de pasta de celulosa apostada en la margen del río Uruguay”, se indicó. En ese marco, si bien ahora no se piensa volver al corte de la ruta 136, tampoco se descartó la decisión de tomar la ruta “si es necesario”, afirmó a AIM Juan Veronessi, integrante del movimiento.
El corte de la ruta 136 comenzó en 2006 y se extendió por tres años y medio. Luego, tras una extensa asamblea ampliada realizada en el Club Frigorífico Gualeguaychú, se decidió levantarlo, en junio de 2010.
Según indicó Veronessi, la lucha contra la pastera “sigue firme, ya que el convencimiento es total de que es contaminante”. El ambientalista lamentó que “con las actitudes del gobierno argentino, que acepta los informes que se están haciendo, lejos se está de que se pueda expulsar a Botnia de la zona”. En ese marco, comentó que solicitaron al Concejo Deliberante de la ciudad y a las autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal que pauten una audiencia con Timerman, “para decirle que de esta manera se está lejos de lograr lo que la ciudadanía manifestó, que es que no se quiere la planta contaminante”, y recordó que ese mismo principio sostenía el gobierno nacional cuando se fue al tribunal de La Haya.
Veronessi apuntó que desde la organización saben bien que lo único que “llama la atención es el corte”.
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El control por el Salí - Dulce seguirá en Enero
Aseguran que en enero no darán respiro a los ingenios para evitar que contaminen la cuenca
Fecha de Publicación: 02/01/2013
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
Más allá de los logros conseguidos a lo largo del año pasado, en materia de lucha contra la contaminación de la cuenca Salí - Dulce, el defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Dr. Martín Díaz Achával aseguró que las inspecciones continuarán durante este primer mes del 2013 de los depósitos de vinaza y ceniza de las industrias tucumanas, ante la sospecha de que algunos pueden intentar aprovechar las lluvias importantes de la época para arrojar los desechos a los ríos.
En este sentido, el funcionario adelantó ayer que ‘se han reprogramado las inspecciones para el mes de enero para seguir de cerca el estado de piletones de vinaza y de ceniza, para que, en estos meses de lluvia, no se arrojen estos elementos a la cuenca’.
También reveló que los ingenios Concepción y Florida, van a seguir produciendo bioetanol en este verano, mientras que otros siete establecimientos industriales han dejado de operar hasta la próxima zafra.
Por otra parte, informó que los monitoreos que se realizan dos o tres veces por día, incluso los feriados, suman más de 100 mil kilómetros y se concretaron durante el año pasado más de 100 inspecciones a ingenios y se recogieron más de 30 mil datos que son importantes, y forman parte del informe periódico de 1.200 fojas que se eleva a la Secretaría de Ambiente y ésta a su vez a la Corte Suprema de Justicia.
El ombudsman también remarcó: ‘Se espera que el Gobierno de Tucumán, a través de la Secretaría de Ambiente, concrete las tareas de prohibir que los industriales utilicen canales públicos como reservorios de vinaza, que significan una potencial amenaza a la cuenca. Asimismo, que se verifique que los industriales ejecuten la construcción de los vinazoductos correspondientes y comprometidos a realizar. También, que los ingenios reutilicen el agua de filtrado de vinaza. A todo se suma, como elemento positivo, el pronto funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos cloacales San Felipe, en Tucumán’.
En cuanto a las actuaciones dirigidas a la Corte Suprema de Justicia, Díaz Achával dijo que sigue atentamente el proceso y que mantuvo la causa como la provincia lo solicitó, con la suspensión extraordinaria de los plazos procesales, y exigió además que ‘la Secretaría de Ambiente de la Nación garantice la intervención de la provincia de Santiago del Estero y de la Defensoría del Pueblo de la provincia en el contralor integral de la cuenca’.
En este sentido, destacó ‘el acertado apoyo institucional que dio el gobernador de la provincia, Gerardo Zamora que, con un decreto, ratificó lo actuado por Fiscalía de Estado ante la Corte Suprema de Justicia, porque antes ninguna causa prosperó por falta de ratificación de la demandas de anteriores administraciones gubernamentales’.
Puntualizó que ‘la decisión de la Corte Suprema de Justicia, se enmarca en una decisión política profunda, donde se gana a la contaminación en su conjunto, desde los órganos políticos, para procurar el saneamiento de la cuenca’.
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Fecha de Publicación: 02/01/2013
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
Más allá de los logros conseguidos a lo largo del año pasado, en materia de lucha contra la contaminación de la cuenca Salí - Dulce, el defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Dr. Martín Díaz Achával aseguró que las inspecciones continuarán durante este primer mes del 2013 de los depósitos de vinaza y ceniza de las industrias tucumanas, ante la sospecha de que algunos pueden intentar aprovechar las lluvias importantes de la época para arrojar los desechos a los ríos.En este sentido, el funcionario adelantó ayer que ‘se han reprogramado las inspecciones para el mes de enero para seguir de cerca el estado de piletones de vinaza y de ceniza, para que, en estos meses de lluvia, no se arrojen estos elementos a la cuenca’.
También reveló que los ingenios Concepción y Florida, van a seguir produciendo bioetanol en este verano, mientras que otros siete establecimientos industriales han dejado de operar hasta la próxima zafra.
Por otra parte, informó que los monitoreos que se realizan dos o tres veces por día, incluso los feriados, suman más de 100 mil kilómetros y se concretaron durante el año pasado más de 100 inspecciones a ingenios y se recogieron más de 30 mil datos que son importantes, y forman parte del informe periódico de 1.200 fojas que se eleva a la Secretaría de Ambiente y ésta a su vez a la Corte Suprema de Justicia.
El ombudsman también remarcó: ‘Se espera que el Gobierno de Tucumán, a través de la Secretaría de Ambiente, concrete las tareas de prohibir que los industriales utilicen canales públicos como reservorios de vinaza, que significan una potencial amenaza a la cuenca. Asimismo, que se verifique que los industriales ejecuten la construcción de los vinazoductos correspondientes y comprometidos a realizar. También, que los ingenios reutilicen el agua de filtrado de vinaza. A todo se suma, como elemento positivo, el pronto funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos cloacales San Felipe, en Tucumán’.
En cuanto a las actuaciones dirigidas a la Corte Suprema de Justicia, Díaz Achával dijo que sigue atentamente el proceso y que mantuvo la causa como la provincia lo solicitó, con la suspensión extraordinaria de los plazos procesales, y exigió además que ‘la Secretaría de Ambiente de la Nación garantice la intervención de la provincia de Santiago del Estero y de la Defensoría del Pueblo de la provincia en el contralor integral de la cuenca’.
En este sentido, destacó ‘el acertado apoyo institucional que dio el gobernador de la provincia, Gerardo Zamora que, con un decreto, ratificó lo actuado por Fiscalía de Estado ante la Corte Suprema de Justicia, porque antes ninguna causa prosperó por falta de ratificación de la demandas de anteriores administraciones gubernamentales’.
Puntualizó que ‘la decisión de la Corte Suprema de Justicia, se enmarca en una decisión política profunda, donde se gana a la contaminación en su conjunto, desde los órganos políticos, para procurar el saneamiento de la cuenca’.
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Salta: 100 mil ha de bosque menos en 4 años
Salta perdió 100 mil ha de bosque nativo por desmonte ilegal en 4 años
Fecha de Publicación: 01/01/2013
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Salta
Un estudio de la Red Agroforestal Chaco Argentina reportó además que desde 1976 a la fecha han desaparecido dos millones de hectáreas de bosques por el mismo motivo
Unas 100 mil hectáreas de bosque nativo fueron desmontadas ilegalmente en Salta desde 2008 a septiembre último, según un informe de la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF) dado a conocer días atrás.
El estudio, además, reportó que desde 1976 a la actualidad Salta perdió dos millones de hectáreas de bosque nativo por causa de los desmontes.
El análisis destacó que "no se respetaron las zonas de prohibición de desmontes definidas por el Ordenamiento Territorial sancionado por la legislatura provincial", y que "tampoco se respetaron las restricciones fijadas por la Corte Suprema de Justicia tras denuncias de organizaciones de campesinos e indígenas".
El informe contó con el apoyo técnico de la Facultad de Agronomía de la UBA y el INTA Salta, y se enfocó en las tierras desmontadas desde 2008, cuando entró en vigencia la ley 26.331 de Ordenamiento Territorial.
Las 100 mil hectáreas desmontadas en los últimos cuatro años corresponden a zonas señaladas como "de mediano y alto valor de conservación".
En ese sentido, puntualizó que se desmontaron casi 80 mil hectáreas en categoría "amarillo", principalmente en los departamentos de San Martín y Orán, y unas 20 mil hectáreas en categoría "rojo", ubicadas en su mayoría en el departamento de Anta.
El denominado Chaco Salteño posee el 98 por ciento de las áreas marcadas en "verde", donde están permitidos los desmontes.
Sin embargo, alertó sobre la posibilidad de que se aprueben "recategorizaciones" sin que se convoque a audiencia pública, lo que permitiría que se habiliten zonas marcadas en rojo o amarillo para agricultura y ganadería a gran escala.
En la provincia norteña la mayor cantidad de hectáreas desmontadas fueron destinadas al cultivo de soja y, en menor escala, para la cria de ganado vacuno. La REDAF subrayó asimismo el carácter "conflictivo" de la Ley de Bosques, por el choque de intereses entre las comunidades campesinas y aborígenes y las explotaciones agrícola-ganadera que buscan la expansión de la frontera agropecuaria.
Organizaciones ambientalistas atribuyeron los desastres naturales que afectaron sobre todo al norte provincial, a los desmontes y la tala indiscriminada de los bosques nativos.
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Fecha de Publicación: 01/01/2013
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Salta
Un estudio de la Red Agroforestal Chaco Argentina reportó además que desde 1976 a la fecha han desaparecido dos millones de hectáreas de bosques por el mismo motivoUnas 100 mil hectáreas de bosque nativo fueron desmontadas ilegalmente en Salta desde 2008 a septiembre último, según un informe de la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF) dado a conocer días atrás.
El estudio, además, reportó que desde 1976 a la actualidad Salta perdió dos millones de hectáreas de bosque nativo por causa de los desmontes.
El análisis destacó que "no se respetaron las zonas de prohibición de desmontes definidas por el Ordenamiento Territorial sancionado por la legislatura provincial", y que "tampoco se respetaron las restricciones fijadas por la Corte Suprema de Justicia tras denuncias de organizaciones de campesinos e indígenas".
El informe contó con el apoyo técnico de la Facultad de Agronomía de la UBA y el INTA Salta, y se enfocó en las tierras desmontadas desde 2008, cuando entró en vigencia la ley 26.331 de Ordenamiento Territorial.
Las 100 mil hectáreas desmontadas en los últimos cuatro años corresponden a zonas señaladas como "de mediano y alto valor de conservación".
En ese sentido, puntualizó que se desmontaron casi 80 mil hectáreas en categoría "amarillo", principalmente en los departamentos de San Martín y Orán, y unas 20 mil hectáreas en categoría "rojo", ubicadas en su mayoría en el departamento de Anta.
El denominado Chaco Salteño posee el 98 por ciento de las áreas marcadas en "verde", donde están permitidos los desmontes.
Sin embargo, alertó sobre la posibilidad de que se aprueben "recategorizaciones" sin que se convoque a audiencia pública, lo que permitiría que se habiliten zonas marcadas en rojo o amarillo para agricultura y ganadería a gran escala.
En la provincia norteña la mayor cantidad de hectáreas desmontadas fueron destinadas al cultivo de soja y, en menor escala, para la cria de ganado vacuno. La REDAF subrayó asimismo el carácter "conflictivo" de la Ley de Bosques, por el choque de intereses entre las comunidades campesinas y aborígenes y las explotaciones agrícola-ganadera que buscan la expansión de la frontera agropecuaria.
Organizaciones ambientalistas atribuyeron los desastres naturales que afectaron sobre todo al norte provincial, a los desmontes y la tala indiscriminada de los bosques nativos.
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En Mendoza quieren un fallo rápido para la minería
La Corte apurará el fallo sobre la ley antiminera
Fecha de Publicación: 01/01/2013
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Las once demandas que piden la inconstitucionalidad de la 7.722 podrían ser resueltas antes de las elecciones, en plenario.
Fue el tema más duro que debió enfrentar el gobernador Francisco Pérez antes de su asunción y los primeros meses de gestión. La minería, después de que se archivara el proyecto San Jorge, quedó en stand by pero 2013 será un año de definiciones en la materia. La situación se resolverá, según dicen, antes de la elecciones legislativas y a través de un plenario de la Suprema Corte.
Así informaron los miembros de la Justicia con competencia en el tema. ¿Qué se define? La constitucionalidad o no de la ley 7.722 que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en la actividad minera metalífera.
La idea de la Suprema Corte es unificar las once causas presentadas contra la ley aprobada durante la gestión de Julio Cobos. La polémica normativa fue sancionada en 2007 entre cortes de rutas, presión social y pedidos por el cuidado del medio ambiente. Apenas se logró su aval en la Legislatura, se plantearon en la Justicia 13 pedidos de inconstitucionalidad por parte de empresas mineras y representantes legales.
De esas 13 causas, 11 siguieron su curso y las deberá resolver la Suprema Corte. "Una vez que se recopilen todas las pruebas, que pasemos este período, se ha decidido llamar a plenario para que sea toda la Suprema Corte la que resuelva un tema tan delicado como éste", manifestaron desde el Poder Judicial, explicando así que la decisión no recaerá sólo sobre la sala civil del máximo tribunal. Asimismo, confirmaron: "No creemos que la resolución esté después de la feria judicial. Lo más probable es que sea antes de las elecciones".
Desde el oficialismo tratarán que la resolución se produzca después de las elecciones, teniendo en cuenta lo que implica socialmente la minería. Las once causas están hoy en la Sala 2, integrada por Mario Adaro, Carlos Böhm y Herman Salvini quien hasta fines de noviembre la presidía.
Ahora, quien asumió como presidente de esa sala es Adaro, quien ya venía pidiendo tanto al ex presidente Salvini como al titular de la Suprema Corte, Pedro Llorente, convocar a un plenario que resuelva todos los planteos de inconstitucionalidad de la ley.
Finalmente, desde la Justicia confirmaron que hay consenso entre los magistrados y, a pedido del procurador general, se llamará a plenario para resolver en conjunto los planteos de inconstitucionalidad.
Que la situación decante antes de las elecciones legislativas no es lo más conveniente para el oficialismo, teniendo en cuenta que Pérez ha debido dar una y otra vez explicaciones desmintiendo que sea pro minero.
Además, durante el año que terminó hubo enfrentamientos entre intendentes justicialistas que abogaban por el desarrollo de la actividad como el guaymallino Alejandro Abraham y el lasherino Rubén Miranda, y los que se oponen, como el tunuyanino Martín Aveiro, el tupungatino Joaquín Rodríguez y el alvearense Juan Carlos De Paolo.
Incluso, hubo un proyecto para "flexibilizar" la 7.722 a través de la Legislatura de la autoría del intendente de Malargüe, Juan Agulles, al que Pérez le bajó el pulgar.
El otro puntapié se dio durante el primer trimestre cuando el emprendimiento San Jorge intentó reformular el proyecto pretendiendo extraer los minerales en Mendoza y trasladarlos y procesarlos en San Juan.
Sin embargo, el ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso, confirmó que ante el pedido de la empresa "debimos pedir algunos informes técnicos a la Suprema Corte ya que parte de la nueva propuesta tenía que ver con el proyecto anterior. Esos estudios estaban siendo analizados por los jueces a raíz del planteo de inconstitucionalidad que hizo San Jorge respecto de la 7.722". El entrecruzamiento de datos se produjo recién a principios de este mes, por eso las demoras registradas.
Lo cierto es que todo lo que tenga que ver con la minería ha sido dilatado desde los distintos poderes. Sin embargo, 2013 es el punto límite para definir. Adaro manifestó, al ser consultado, que "no hay noticias. Hay algunos esquemas que se plantearán al resto de los magistrados pero que se comunicarán cuando haya algo. Hoy no lo hay".
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Fecha de Publicación: 01/01/2013
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Las once demandas que piden la inconstitucionalidad de la 7.722 podrían ser resueltas antes de las elecciones, en plenario.
Fue el tema más duro que debió enfrentar el gobernador Francisco Pérez antes de su asunción y los primeros meses de gestión. La minería, después de que se archivara el proyecto San Jorge, quedó en stand by pero 2013 será un año de definiciones en la materia. La situación se resolverá, según dicen, antes de la elecciones legislativas y a través de un plenario de la Suprema Corte.
Así informaron los miembros de la Justicia con competencia en el tema. ¿Qué se define? La constitucionalidad o no de la ley 7.722 que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en la actividad minera metalífera.
La idea de la Suprema Corte es unificar las once causas presentadas contra la ley aprobada durante la gestión de Julio Cobos. La polémica normativa fue sancionada en 2007 entre cortes de rutas, presión social y pedidos por el cuidado del medio ambiente. Apenas se logró su aval en la Legislatura, se plantearon en la Justicia 13 pedidos de inconstitucionalidad por parte de empresas mineras y representantes legales.
De esas 13 causas, 11 siguieron su curso y las deberá resolver la Suprema Corte. "Una vez que se recopilen todas las pruebas, que pasemos este período, se ha decidido llamar a plenario para que sea toda la Suprema Corte la que resuelva un tema tan delicado como éste", manifestaron desde el Poder Judicial, explicando así que la decisión no recaerá sólo sobre la sala civil del máximo tribunal. Asimismo, confirmaron: "No creemos que la resolución esté después de la feria judicial. Lo más probable es que sea antes de las elecciones".
Desde el oficialismo tratarán que la resolución se produzca después de las elecciones, teniendo en cuenta lo que implica socialmente la minería. Las once causas están hoy en la Sala 2, integrada por Mario Adaro, Carlos Böhm y Herman Salvini quien hasta fines de noviembre la presidía.
Ahora, quien asumió como presidente de esa sala es Adaro, quien ya venía pidiendo tanto al ex presidente Salvini como al titular de la Suprema Corte, Pedro Llorente, convocar a un plenario que resuelva todos los planteos de inconstitucionalidad de la ley.
Finalmente, desde la Justicia confirmaron que hay consenso entre los magistrados y, a pedido del procurador general, se llamará a plenario para resolver en conjunto los planteos de inconstitucionalidad.
Que la situación decante antes de las elecciones legislativas no es lo más conveniente para el oficialismo, teniendo en cuenta que Pérez ha debido dar una y otra vez explicaciones desmintiendo que sea pro minero.
Además, durante el año que terminó hubo enfrentamientos entre intendentes justicialistas que abogaban por el desarrollo de la actividad como el guaymallino Alejandro Abraham y el lasherino Rubén Miranda, y los que se oponen, como el tunuyanino Martín Aveiro, el tupungatino Joaquín Rodríguez y el alvearense Juan Carlos De Paolo.
Incluso, hubo un proyecto para "flexibilizar" la 7.722 a través de la Legislatura de la autoría del intendente de Malargüe, Juan Agulles, al que Pérez le bajó el pulgar.
El otro puntapié se dio durante el primer trimestre cuando el emprendimiento San Jorge intentó reformular el proyecto pretendiendo extraer los minerales en Mendoza y trasladarlos y procesarlos en San Juan.
Sin embargo, el ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso, confirmó que ante el pedido de la empresa "debimos pedir algunos informes técnicos a la Suprema Corte ya que parte de la nueva propuesta tenía que ver con el proyecto anterior. Esos estudios estaban siendo analizados por los jueces a raíz del planteo de inconstitucionalidad que hizo San Jorge respecto de la 7.722". El entrecruzamiento de datos se produjo recién a principios de este mes, por eso las demoras registradas.
Lo cierto es que todo lo que tenga que ver con la minería ha sido dilatado desde los distintos poderes. Sin embargo, 2013 es el punto límite para definir. Adaro manifestó, al ser consultado, que "no hay noticias. Hay algunos esquemas que se plantearán al resto de los magistrados pero que se comunicarán cuando haya algo. Hoy no lo hay".
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El Inta investiga sobre biocombustibles aeronáuticos
Producto bioenergético para producción sustentable
Fecha de Publicación: 31/12/2012
Fuente: AIM
Provincia/Región: Nacional
El Inta se suma a otros organismos que trabajan en pos de un biocombustible aeronáutico, que impulsará la viabilidad económica, refinación y producción sustentable de las materias primas utilizadas. Con la presencia de representantes de organismos públicos y privados, se firmó un convenio marco de cooperación para el desarrollo de biocombustible aeronáutico.
El objetivo de esta alianza estratégica es conformar un grupo de trabajo técnico productivo que posibilite el análisis y desarrollo de un proyecto de biocombustible aeronáutico a nivel nacional que tendrá como premisa la viabilidad económica, refinación y producción sustentable de las materias primas.
El presidente del Inta, Carlos Casamiquela sostuvo que este es un proyecto superador para la Argentina y que la presencia de organismos del sector público y los privados le puede dar un impulso especial a este proyecto. “El Inta ya ha empezado a trabajar en estos temas; tenemos estudios sobre las posibilidades agroclimáticas de diversas especies que son generadoras de aceites o de biocombustibles potencialmente utilizables en la aeronavegacion”, manifestó Casamiquela.
Asimismo, el presidente del organismo sostuvo que “hemos comprometido nuestro apoyo para que el Inta se siga sumando a este tipo de desafíos que valen la pena, sobre todo para recuperar la acción conjunta con la actividad privadas, y las cámaras de empresarios”. En este sentido, aseguró que el peso especifico de Aerolíneas y de YPF le dan un gran soporte a este programa de acción.
Todos los organismos intervinientes en el convenio marco desarrollan actividades cuya complementación resulta de interés para asegurar el suministro de fuentes y servicios sostenibles, equitativos y asequibles de bioenergía.
Cabe destacar que el proceso de generación y obtención de la materia prima hará participe a pequeños y medianos productores de todo el país, generando círculos virtuosos de conectividad en toda la cadena de suministros del producto final.
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Fecha de Publicación: 31/12/2012
Fuente: AIM
Provincia/Región: Nacional
El Inta se suma a otros organismos que trabajan en pos de un biocombustible aeronáutico, que impulsará la viabilidad económica, refinación y producción sustentable de las materias primas utilizadas. Con la presencia de representantes de organismos públicos y privados, se firmó un convenio marco de cooperación para el desarrollo de biocombustible aeronáutico.
El objetivo de esta alianza estratégica es conformar un grupo de trabajo técnico productivo que posibilite el análisis y desarrollo de un proyecto de biocombustible aeronáutico a nivel nacional que tendrá como premisa la viabilidad económica, refinación y producción sustentable de las materias primas.
El presidente del Inta, Carlos Casamiquela sostuvo que este es un proyecto superador para la Argentina y que la presencia de organismos del sector público y los privados le puede dar un impulso especial a este proyecto. “El Inta ya ha empezado a trabajar en estos temas; tenemos estudios sobre las posibilidades agroclimáticas de diversas especies que son generadoras de aceites o de biocombustibles potencialmente utilizables en la aeronavegacion”, manifestó Casamiquela.
Asimismo, el presidente del organismo sostuvo que “hemos comprometido nuestro apoyo para que el Inta se siga sumando a este tipo de desafíos que valen la pena, sobre todo para recuperar la acción conjunta con la actividad privadas, y las cámaras de empresarios”. En este sentido, aseguró que el peso especifico de Aerolíneas y de YPF le dan un gran soporte a este programa de acción.
Todos los organismos intervinientes en el convenio marco desarrollan actividades cuya complementación resulta de interés para asegurar el suministro de fuentes y servicios sostenibles, equitativos y asequibles de bioenergía.
Cabe destacar que el proceso de generación y obtención de la materia prima hará participe a pequeños y medianos productores de todo el país, generando círculos virtuosos de conectividad en toda la cadena de suministros del producto final.
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Sali-Dulce: para Tucumán está todo bien
Tucumán dice que no hubo contaminación
Fecha de Publicación: 31/12/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Desde finales de 2011 hasta la fecha se multó a ingenios y citrícolas por un valor superior a $1.100.000. Prometen reforzar medidas.
La Secretaría de Estado de Medio Ambiente de Tucumán (SEMA) emitió un comunicado en el cual puso a consideración el balance de las acciones y resultados ambientales logrados durante la zafra 2012, en el marco del acuerdo Vinaza y Ceniza Cero, firmado entre la vecina provincia, Santiago del Estero y la Nación.
Según explicaron desde la SEMA, se realizaron más de 3.000 monitoreos con mediciones in situ (en el lugar del muestreo) y muestras para análisis físico-químico en laboratorio.
“El objetivo de estas acciones fue contener y mitigar la contaminación producida por el vertido de efluentes de las principales industrias instaladas en la provincia”, resumió el titular de la SEMA, Ing. Alfredo Montalván.
Luego, agregó, que en el marco del convenio para el control de la contaminación, acordado por los gobiernos de Tucumán y Santiago del Estero, Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de la Nación e industrias locales, se realizaron un total de 127 inspecciones y auditorias (21 a citrícolas, 100 a ingenios y destilerías y 6 a otras relacionadas con alimentos, papel y tratamiento de líquidos cloacales), en la mayoría de los casos, realizados en forma conjunta con la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero y Ambiente de la Nación.
Aumento de inspecciones
Montalván señaló que “las acciones conjuntas fueron altamente positivas y demuestran la decisión política de controlar la contaminación sobre el Río Salí, tributarios al embalse de Río Hondo y en definitiva sobre la cuenca Salí-Dulce”.
Señaló, además, que la Dirección de Fiscalización Ambiental realizó 158 inspecciones de las cuales se derivaron 72 multas que fueron ejecutadas y cobradas.
Globalmente, el funcionario tucumano destacó que “los controles que se vienen realizando se han incrementado desde el año 2010 a la fecha en un 87%”.
Por su parte, el Ing. Rubén Dip, director de Medio Ambiente de Tucumán, expresó que “en el marco de las inspecciones y controles señalados hubo clausuras preventivas y multas. Así desde finales de 2011 a la fecha se multó a ingenios y citrícolas por un valor de $1.170.000”.
“Estas multas se hallan firmes y otras en proceso como comunicación para cobro judicial conforme a la nueva ley de trámite rápido y de embargo preventivo. En ese mismo período de tiempo se realizaron ocho clausuras preventivas a ingenios y destiladoras y seis ingenios se hallan con instrucción de sumario por procesos relacionados con el lavado de fábrica que se realiza al final de cada zafra”.
Control de las aguas
El Ing. Montalván reflejó, además, que a nivel de trabajo regional se trabajó también en el análisis de la calidad de las aguas del embalse de Las Termas de Río Hondo, Laguna de Mar Chiquita y sus respectivos tributarios.
“Estos trabajos fueron realizados por el Grupo de Gestión en Tiempo Real, dentro del Comité de la Cuenca Salí-Dulce. De esta forma, estamos generando datos que nos permitirán armar una base de datos cierta para estudiar la evolución de la eutrofización de ese cuerpo de agua”, recalcó el funcionario tucumano en el comunicado de prensa.
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Fecha de Publicación: 31/12/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Desde finales de 2011 hasta la fecha se multó a ingenios y citrícolas por un valor superior a $1.100.000. Prometen reforzar medidas. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente de Tucumán (SEMA) emitió un comunicado en el cual puso a consideración el balance de las acciones y resultados ambientales logrados durante la zafra 2012, en el marco del acuerdo Vinaza y Ceniza Cero, firmado entre la vecina provincia, Santiago del Estero y la Nación.
Según explicaron desde la SEMA, se realizaron más de 3.000 monitoreos con mediciones in situ (en el lugar del muestreo) y muestras para análisis físico-químico en laboratorio.
“El objetivo de estas acciones fue contener y mitigar la contaminación producida por el vertido de efluentes de las principales industrias instaladas en la provincia”, resumió el titular de la SEMA, Ing. Alfredo Montalván.
Luego, agregó, que en el marco del convenio para el control de la contaminación, acordado por los gobiernos de Tucumán y Santiago del Estero, Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de la Nación e industrias locales, se realizaron un total de 127 inspecciones y auditorias (21 a citrícolas, 100 a ingenios y destilerías y 6 a otras relacionadas con alimentos, papel y tratamiento de líquidos cloacales), en la mayoría de los casos, realizados en forma conjunta con la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero y Ambiente de la Nación.
Aumento de inspecciones
Montalván señaló que “las acciones conjuntas fueron altamente positivas y demuestran la decisión política de controlar la contaminación sobre el Río Salí, tributarios al embalse de Río Hondo y en definitiva sobre la cuenca Salí-Dulce”.
Señaló, además, que la Dirección de Fiscalización Ambiental realizó 158 inspecciones de las cuales se derivaron 72 multas que fueron ejecutadas y cobradas.
Globalmente, el funcionario tucumano destacó que “los controles que se vienen realizando se han incrementado desde el año 2010 a la fecha en un 87%”.
Por su parte, el Ing. Rubén Dip, director de Medio Ambiente de Tucumán, expresó que “en el marco de las inspecciones y controles señalados hubo clausuras preventivas y multas. Así desde finales de 2011 a la fecha se multó a ingenios y citrícolas por un valor de $1.170.000”.
“Estas multas se hallan firmes y otras en proceso como comunicación para cobro judicial conforme a la nueva ley de trámite rápido y de embargo preventivo. En ese mismo período de tiempo se realizaron ocho clausuras preventivas a ingenios y destiladoras y seis ingenios se hallan con instrucción de sumario por procesos relacionados con el lavado de fábrica que se realiza al final de cada zafra”.
Control de las aguas
El Ing. Montalván reflejó, además, que a nivel de trabajo regional se trabajó también en el análisis de la calidad de las aguas del embalse de Las Termas de Río Hondo, Laguna de Mar Chiquita y sus respectivos tributarios.
“Estos trabajos fueron realizados por el Grupo de Gestión en Tiempo Real, dentro del Comité de la Cuenca Salí-Dulce. De esta forma, estamos generando datos que nos permitirán armar una base de datos cierta para estudiar la evolución de la eutrofización de ese cuerpo de agua”, recalcó el funcionario tucumano en el comunicado de prensa.
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