Shale gas de Vaca Muerta explotados por Chevron
11:08 | 
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¿Hacia la soberanía hidrocarburífera de la mano de Chevron
Fecha de Publicación: 24/12/2012
Fuente: Observatorio Petrolero Sur
Provincia/Región: Neuquén
Miguel Galuccio (YPF) y Ali Moshiri (Chevron) firmaron en Houston (EE.UU.) un acuerdo multimillonario para explorar y explotar la formación Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. En una superficie de 290km² -en las áreas Loma La Lata y Loma Campana- se construirá una planta piloto y se perforarán 100 pozos, con una inversión de mil millones de dólares; primera etapa que podría ampliarse al desarrollo de 600km² y un desembolso de US$ 15 mil millones.
El objetivo de Chevron e YPF es la extracción de hidrocarburos de formaciones shale o esquisto -yacimientos no convencionales. Estas formaciones, al tener muy baja o nula permeabilidad, deben ser intervenidas -generarle grietas- para extraer los fósiles, esto se realiza mediante la inyección de millones de litros de agua a alta presión, mezclados con arena y químicos (en gran medida tóxicos); técnica conocida como fractura hidráulica o fracking. Inmensos esfuerzos para profundizar el proceso de calentamiento global.
La acumulación de daños ambientales y sanitarios (tanto en animales como humanos) registrados en EE.UU., derivados de la aplicación de esta técnica, ha generado movimientos de resistencia a nivel global. En EE.UU. se registran numerosos casos de contaminación de aguas subterráneas, aumento de la actividad sísmica, impactos sobre la producción agropecuaria e incremento de afecciones respiratorias, epidérmicas, psíquicas y otras más graves aún, ocasionadas por la ingesta de metales pesados. La agencia norteamericana de Protección Ambiental (EPA) ha confirmado la contaminación de acuíferos debido al fracking e incluso en declaraciones públicas funcionarios afirman que queda mucho por hacer para que esta técnica sea inocua. En definitiva, es un procedimiento experimental sin garantías ni certezas.
Estas situaciones han llevado a las autoridades del Estado de Vermont a prohibir el empleo de esta técnica, mientras que los Estados de Nueva Jersey y Nueva York declararon moratorias suspendiéndola. También en Europa el fracking es fuertemente cuestionado, en Francia y Bulgaria dictaron la prohibición, mientras que se dictaron moratorias en Inglaterra y otros países.
Por otra parte, la socia elegida por YPF no cuenta con las mejores cartas de presentación. Texaco (compañía contralada por Chevron) afrontó un proceso judicial en Ecuador por el cual se determinó su responsabilidad en daños socio-ambientales, registrados en la región Amazónica, y se la condenó al pago de US$ 9.500 millones en concepto de reparación y mitigación de impactos. En noviembre, la Justicia argentina hizo lugar a un embargo sobre los activos de Chevron en el país a fin de dar cumplimiento a esa sentencia que la empresa norteamericana se niega a acatar.
Asimismo, el pretendido proyecto piloto a realizarse por YPF y Chevron en Neuquén se asentará sobre territorio mapuche, el cual ya sufre la contaminación de más de tres décadas de extracción. En los años '90, a través de diferentes estudios, se confirmaron los graves impactos en aire, agua y tierra; además de documentarse casos de cáncer, malformaciones y abortos espontáneos, entre otras patologías; y la flagrante violación de derechos colectivos de este Pueblo.
Avanzada extractivista y pérdida de soberanía
Lejos de ser la herramienta de reconversión energética que se ansía y espera en estos nuevos tiempos, la empresa mixta YPF actúa como punta de lanza del conjunto del sector para la explotación masiva de no convencionales. Como lo explicita en su plan quinquenal, el objetivo de la conducción es no sólo apuntar al autoabastecimiento sino convertir al país en exportador neto de energía. A fin de cumplir esto, los primeros pasos han sido anunciados por la presidenta Cristina Fernández en la cena anual de la Unión Industrial Argentina (UIA): aumento en más de un 300% el precio del gas en boca de pozo.
Las provincias también avanzan en las reformas de los marcos jurídicos. En Chubut, el próximo 27 de diciembre, se trataría el nuevo marco regulatorio de la actividad hidrocarburífera; tanto en la fundamentación como en el articulado, todas las expectativas están puestas en la explotación de yacimientos no convencionales. Por su parte, el gobierno de la Provincia del Neuquén ha sido el principal lobista para generar las condiciones económicas y jurídicas óptimas para el desarrollo de estos yacimientos. A tal punto llega esta convicción que la gestión de Jorge Sapag autorizó recientemente a la empresa francesa Total a perforar un pozo para la explotación de no convencionales en el área natural protegida Auca Mahuida, en el norte de la provincia.
Mientras no se detallan los impactos producidos durante años por Repsol, de acuerdo a lo expresado por el gobierno en el marco de la recuperación del control de YPF, se acepta como socia a una empresa claramente destructora de territorios y condenada por ello.
Entonces, ¿a quién se beneficia con la explotación de no convencionales? Con un precio en boca de pozo mayor, ¿qué nuevas sorpresas veraniegas nos esperan? ¿Este acuerdo marca las reglas del juego para el resto de las empresas interesadas en los no convencionales? Si bien no se conocen los detalles del acuerdo firmado con Chevron, tenemos la certeza de que estas empresas avanzan cuando las condiciones son óptimas a sus intereses. A espaldas del pueblo, la empresa mixta YPF consolida el nuevo esquema de negocios para pocos y a costa de todos.
El objetivo debiera ser el autoabastecimiento energético y no necesariamente el abastecimiento hidrocarburífero. En este marco es necesaria una rediscusión de las políticas energéticas de manera de poder asignar correctamente los inmensos recursos económicos que se ponen en juego en esta alternativa depredadora. El petróleo no es el futuro.
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Fecha de Publicación: 24/12/2012
Fuente: Observatorio Petrolero Sur
Provincia/Región: Neuquén
Miguel Galuccio (YPF) y Ali Moshiri (Chevron) firmaron en Houston (EE.UU.) un acuerdo multimillonario para explorar y explotar la formación Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. En una superficie de 290km² -en las áreas Loma La Lata y Loma Campana- se construirá una planta piloto y se perforarán 100 pozos, con una inversión de mil millones de dólares; primera etapa que podría ampliarse al desarrollo de 600km² y un desembolso de US$ 15 mil millones.
El objetivo de Chevron e YPF es la extracción de hidrocarburos de formaciones shale o esquisto -yacimientos no convencionales. Estas formaciones, al tener muy baja o nula permeabilidad, deben ser intervenidas -generarle grietas- para extraer los fósiles, esto se realiza mediante la inyección de millones de litros de agua a alta presión, mezclados con arena y químicos (en gran medida tóxicos); técnica conocida como fractura hidráulica o fracking. Inmensos esfuerzos para profundizar el proceso de calentamiento global.
La acumulación de daños ambientales y sanitarios (tanto en animales como humanos) registrados en EE.UU., derivados de la aplicación de esta técnica, ha generado movimientos de resistencia a nivel global. En EE.UU. se registran numerosos casos de contaminación de aguas subterráneas, aumento de la actividad sísmica, impactos sobre la producción agropecuaria e incremento de afecciones respiratorias, epidérmicas, psíquicas y otras más graves aún, ocasionadas por la ingesta de metales pesados. La agencia norteamericana de Protección Ambiental (EPA) ha confirmado la contaminación de acuíferos debido al fracking e incluso en declaraciones públicas funcionarios afirman que queda mucho por hacer para que esta técnica sea inocua. En definitiva, es un procedimiento experimental sin garantías ni certezas.
Estas situaciones han llevado a las autoridades del Estado de Vermont a prohibir el empleo de esta técnica, mientras que los Estados de Nueva Jersey y Nueva York declararon moratorias suspendiéndola. También en Europa el fracking es fuertemente cuestionado, en Francia y Bulgaria dictaron la prohibición, mientras que se dictaron moratorias en Inglaterra y otros países.
Por otra parte, la socia elegida por YPF no cuenta con las mejores cartas de presentación. Texaco (compañía contralada por Chevron) afrontó un proceso judicial en Ecuador por el cual se determinó su responsabilidad en daños socio-ambientales, registrados en la región Amazónica, y se la condenó al pago de US$ 9.500 millones en concepto de reparación y mitigación de impactos. En noviembre, la Justicia argentina hizo lugar a un embargo sobre los activos de Chevron en el país a fin de dar cumplimiento a esa sentencia que la empresa norteamericana se niega a acatar.
Asimismo, el pretendido proyecto piloto a realizarse por YPF y Chevron en Neuquén se asentará sobre territorio mapuche, el cual ya sufre la contaminación de más de tres décadas de extracción. En los años '90, a través de diferentes estudios, se confirmaron los graves impactos en aire, agua y tierra; además de documentarse casos de cáncer, malformaciones y abortos espontáneos, entre otras patologías; y la flagrante violación de derechos colectivos de este Pueblo.
Avanzada extractivista y pérdida de soberanía
Lejos de ser la herramienta de reconversión energética que se ansía y espera en estos nuevos tiempos, la empresa mixta YPF actúa como punta de lanza del conjunto del sector para la explotación masiva de no convencionales. Como lo explicita en su plan quinquenal, el objetivo de la conducción es no sólo apuntar al autoabastecimiento sino convertir al país en exportador neto de energía. A fin de cumplir esto, los primeros pasos han sido anunciados por la presidenta Cristina Fernández en la cena anual de la Unión Industrial Argentina (UIA): aumento en más de un 300% el precio del gas en boca de pozo.
Las provincias también avanzan en las reformas de los marcos jurídicos. En Chubut, el próximo 27 de diciembre, se trataría el nuevo marco regulatorio de la actividad hidrocarburífera; tanto en la fundamentación como en el articulado, todas las expectativas están puestas en la explotación de yacimientos no convencionales. Por su parte, el gobierno de la Provincia del Neuquén ha sido el principal lobista para generar las condiciones económicas y jurídicas óptimas para el desarrollo de estos yacimientos. A tal punto llega esta convicción que la gestión de Jorge Sapag autorizó recientemente a la empresa francesa Total a perforar un pozo para la explotación de no convencionales en el área natural protegida Auca Mahuida, en el norte de la provincia.
Mientras no se detallan los impactos producidos durante años por Repsol, de acuerdo a lo expresado por el gobierno en el marco de la recuperación del control de YPF, se acepta como socia a una empresa claramente destructora de territorios y condenada por ello.
Entonces, ¿a quién se beneficia con la explotación de no convencionales? Con un precio en boca de pozo mayor, ¿qué nuevas sorpresas veraniegas nos esperan? ¿Este acuerdo marca las reglas del juego para el resto de las empresas interesadas en los no convencionales? Si bien no se conocen los detalles del acuerdo firmado con Chevron, tenemos la certeza de que estas empresas avanzan cuando las condiciones son óptimas a sus intereses. A espaldas del pueblo, la empresa mixta YPF consolida el nuevo esquema de negocios para pocos y a costa de todos.
El objetivo debiera ser el autoabastecimiento energético y no necesariamente el abastecimiento hidrocarburífero. En este marco es necesaria una rediscusión de las políticas energéticas de manera de poder asignar correctamente los inmensos recursos económicos que se ponen en juego en esta alternativa depredadora. El petróleo no es el futuro.
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El PCB de Sierra Grande deberá ser trasvasado
El paso a paso que requerirá el PCB incluye un nuevo trasvase
Fecha de Publicación: 23/12/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
Los miles de litros de bifenilos policlorados (PCB) que se encuentran almacenados en Sierra Grande deberán ser nuevamente trasvasados a tambores con certificación internacional antes de cualquier movimiento.
Así lo informó Adolfo Olmedo, presidente de la empresa Ashwell, ganadora de la licitación que sacará el tóxico PCB de la localidad.
En diálogo con "Río Negro" el empresario explicó que todo lo que pueda ir dentro de tambores especiales, será exportado a Bélgica y que los movimientos locales e internacionales del material tienen que estar certificados por una autoridad nacional competente, en este caso la Prefectura Naval.
Para el caso específico del PCB existe un tipo de tambores certificados aptos para el traslado. En apariencia, esos envases no difieren de los comunes, "pero tienen que tener determinada tecnología y son los únicos que se pueden usar", dijo Olmedo, quien aportó un dato llamativo y es que el trasvase que encargó hace unos años la provincia debe hacerse otra vez porque los tambores usados no son aptos.
Del proceso será veedora Griselda Vargas, integrante del grupo de personas que presentó un amparo para que se saque el PCB de la ciudad.
La tarea de ocho meses que tiene la empresa por delante está ligada a la cadena de autorizaciones que se necesitan en el ámbito nacional e internacional para mover y trasladar los tambores denominados "Naciones Unidas" que contendrán cerca de 50 toneladas de tóxicos. El primer trámite es ante la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la nación.
"Con eso estamos en condiciones de preparar el embarque. El trasvase se realiza con bombas especiales que luego son destruidas y conforman la partida como también la ropa, calzado, máscaras, todo va a parar a tambores, no puede quedar un solo rastro de PCB", señaló el hombre que recibió de manos del secretario general de la Gobernación, Hugo Lastra, la resolución que los autoriza, a un costo de 2,2 millones, a hacer los trabajos por los que la localidad esperó 10 años.
Olmedo aclaró que en los tambores irá todo lo que entre, no así los transformadores que contenían el PCB. "No pueden ser parte de la partida los transformadores, tienen otras normas de embalaje".
El transporte será en camiones autorizados por el Estado nacional y por las provincias de Río Negro y Buenos Aires por donde pasará la carga hasta llegar al puerto de Buenos Aires.
La empresa concesionaria se hará cargo de la exportación a Bélgica y del transporte controlado hasta la planta de disposición final, que se llama Indaver.
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Fecha de Publicación: 23/12/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
Los miles de litros de bifenilos policlorados (PCB) que se encuentran almacenados en Sierra Grande deberán ser nuevamente trasvasados a tambores con certificación internacional antes de cualquier movimiento.Así lo informó Adolfo Olmedo, presidente de la empresa Ashwell, ganadora de la licitación que sacará el tóxico PCB de la localidad.
En diálogo con "Río Negro" el empresario explicó que todo lo que pueda ir dentro de tambores especiales, será exportado a Bélgica y que los movimientos locales e internacionales del material tienen que estar certificados por una autoridad nacional competente, en este caso la Prefectura Naval.
Para el caso específico del PCB existe un tipo de tambores certificados aptos para el traslado. En apariencia, esos envases no difieren de los comunes, "pero tienen que tener determinada tecnología y son los únicos que se pueden usar", dijo Olmedo, quien aportó un dato llamativo y es que el trasvase que encargó hace unos años la provincia debe hacerse otra vez porque los tambores usados no son aptos.
Del proceso será veedora Griselda Vargas, integrante del grupo de personas que presentó un amparo para que se saque el PCB de la ciudad.
La tarea de ocho meses que tiene la empresa por delante está ligada a la cadena de autorizaciones que se necesitan en el ámbito nacional e internacional para mover y trasladar los tambores denominados "Naciones Unidas" que contendrán cerca de 50 toneladas de tóxicos. El primer trámite es ante la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la nación.
"Con eso estamos en condiciones de preparar el embarque. El trasvase se realiza con bombas especiales que luego son destruidas y conforman la partida como también la ropa, calzado, máscaras, todo va a parar a tambores, no puede quedar un solo rastro de PCB", señaló el hombre que recibió de manos del secretario general de la Gobernación, Hugo Lastra, la resolución que los autoriza, a un costo de 2,2 millones, a hacer los trabajos por los que la localidad esperó 10 años.
Olmedo aclaró que en los tambores irá todo lo que entre, no así los transformadores que contenían el PCB. "No pueden ser parte de la partida los transformadores, tienen otras normas de embalaje".
El transporte será en camiones autorizados por el Estado nacional y por las provincias de Río Negro y Buenos Aires por donde pasará la carga hasta llegar al puerto de Buenos Aires.
La empresa concesionaria se hará cargo de la exportación a Bélgica y del transporte controlado hasta la planta de disposición final, que se llama Indaver.
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Dictamen por la contaminación del río Chubut
Se conoció un duro dictamen por la contaminación del río Chubut
Fecha de Publicación: 23/12/2012
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
Fue solicitado por la intendenta de Rawson, Rossana Artero, a un estudio jurídico porteño especializado en temas ambientales. Habla de los peligros sociales, de los delitos que se estarían cometiendo y de la “desidia” de los funcionarios provinciales y municipales.
Un durísimo dictamen jurídico-legal sobre la contaminación del río Chubut que afecta particularmente a los ciudadanos de Rawson, está siendo evaluado desde hace varios días por la intendenta capitalina, Rossana Artero.
Aunque sus términos por ahora se mantienen en reserva, el mismo describiría con lujo de detalles los desmanes jurídicos y ambientales que se han venido cometiendo en la última década alrededor de la vital fuente de agua potable de la zona del Valle.
El dictamen lleva las firmas de dos abogados de un reconocido estudio jurídico porteño: Héctor Francisco Costanzo y Juan Pedro Cortelezzi -ex ministro del Superior Tribunal de Justicia de Chubut-, especialistas en temas ambientales, que lo escribieron a pedido de la intendenta capitalina.
Costanzo y Cortelezzi respondieron a la consulta sobre las posibles consecuencias legales y jurídicas que pudieran resultar de la desidia del Estado en el cuidado del ambiente, “en especial en todo lo atinente a la jurisdicción del Departamento con cabecera en la ciudad de Rawson, que afectaría a su población”, reza el dictamen, al que Jornada accedió en exclusiva.
“Se trata aquí de delitos contra la salud pública. Son delitos que encierran un peligro común e indeterminado. Si bien la mayoría de ellos son delitos de resultado y configuración instantánea, su persistencia en el tiempo es continua y la mayoría de las veces lenta, implacable y silenciosa”, alertan Costanzo y Cortelezzi en su informe a la intendenta Artero.
“La existencia de peligro para las personas resulta suficiente para la caracterización del hecho –agrega el dictamen- habida cuenta que lo que parece sólo un peligro desde un punto de vista, constituye ya una lesión en relación a la seguridad, la cual es uno de los bienes jurídicamente tutelado por este tipo de delitos”.
El introito del informe de los abogados culmina con una frase lapidaria: “No se debe esperar entonces que una lesión o una muerte revelen aquellos peligros latentes que hasta el momento no se manifestaron.”
Antecedentes
Los abogados se basaron para realizar su dictamen en decenas de documentos aportados por la Municipalidad de Rawson: desde llamados a licitación pública de obras para distintas obras en Rawson y Trelew, hasta disposiciones y resoluciones del Gobierno provincial, pasando por informes de la Cooperativa capitalina, grabaciones y filmaciones, y diversos recortes periodísticos, la mayoría de Jornada.
Sin dudas, el informe de Costanzo y Cortelezzi se sostiene en otro dictamen, firmado por la ingeniera Adriana Bec, responsable técnica del servicio sanitario de la Cooperativa capitalina, que escribió que desde el punto de vista bacteriológico sobre muestras de agua del río tomadas en la toma de Rawson al momento del paso de la pluma de contaminación, se observaban coliformes (bacterias de origen fecal) que “permiten concluir que no se trata de agua de origen pluvial, sino que su origen es predominantemente la capa freática con aportes de líquidos cloacales.”
Según los abogados, este informe técnico es clave: “Es el que realiza el aporte más explícito y claramente desarrollado”, dijeron Costanzo y Cortelezzi, que además dicen que el informe de Bec “permite acreditar la contaminación del río Chubut, y el modo en que afecta aguas abajo, a la población urbana y rural del Municipio de Rawson.”
Responsables
A la luz de estos datos incontrastables, el dictamen elevado a la intendenta Artero hace duras consideraciones sobre la cadena de responsabilidades: “Desconcierta que quienes componen la cadena de responsabilidades, autoridades del Municipio de Trelew y Poder Ejecutivo a través de su Ministerio de la Producción, se mantengan en una posición idéntica desde el año 2003, fecha en que cobra vigencia la ley 5028”, que declaró la emergencia ambiental vinculada con la descarga de líquidos cloacales y que afectan principalmente a la capital provincial.
Costanzo y Cortelezzi recuerdan que el Código Ambiental de la Provincia del Chubut (ley 5439), en su artículo 5º prescribe que el Estado Provincial o Municipal, según corresponda, “tiene el deber de defender, mejorar y recuperar la base ecológica más conveniente, recurriendo a todos los medios que estén a su alcance y funda como pauta de política ambiental, la prohibición, corrección o sanción de las actividades degradantes del ambiente, propiciando una progresiva disminución de los niveles de contaminación.”
Además, recuerda la obligatoriedad que la norma impone a las reparticiones municipales para “evacuar efluentes de cualquier origen que signifiquen degradación del agua sin la previa adecuación a las normas de calidad convirtiéndoles en inocuos, conculcando la evacuación de líquidos residuales a la vía pública y el agua de lluvia que hayan sufrido contactos poluentes”.
Federal y provincial
El dictamen de Costanzo y Cortelezzi expone, sin medias tintas, “acerca de la desidia de las autoridades responsables y la falta de un programa serio y confiable para evitar la contaminación”
Precisamente, a las autoridades provinciales y municipales les recuerdan que la elusión de esta responsabilidad no puede darse “sin cometer el delito de violación o incumplimiento de los Deberes de Funcionario púbico, agravada por la “negligencia” que implica dejar que las aguas se contaminen a diario.
El dictamen también abunda sobre la competencia de este tipo de cuestiones. Según Costanzo y Cortelezzi, cualquiera sea la norma penal que se aplique, “corresponde a la Justicia Federal la atención del caso.”
Quedando en el fuero provincial las cuestiones civiles (“no criminales”, aclara el dictamen) que resulten de un litigio sobre la contaminación.
En la parte final, los abogados hacen una clara recomendación a Artero: “La intendenta de Rawson posee legitimación para denunciar, querellar y/o demandar a quienes resulten imputados o accionados, toda vez que es una obligación impuesta por la Constitución local.”
Y concluyen, en tono de advertencia, enumerando las obligaciones que tiene la intendenta para no incurrir en un “encubrimiento agravado.”
Las consecuencias que podría generar este dictamen son muy amplias, tanto en términos ambientales como políticos. Y los estamentos públicos involucrados son tantos y tan cruzados, que la historia amenaza con convertirse en una de las cuestiones políticas más impactantes del año que se avecina.
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Fecha de Publicación: 23/12/2012
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
Fue solicitado por la intendenta de Rawson, Rossana Artero, a un estudio jurídico porteño especializado en temas ambientales. Habla de los peligros sociales, de los delitos que se estarían cometiendo y de la “desidia” de los funcionarios provinciales y municipales.
Un durísimo dictamen jurídico-legal sobre la contaminación del río Chubut que afecta particularmente a los ciudadanos de Rawson, está siendo evaluado desde hace varios días por la intendenta capitalina, Rossana Artero.
Aunque sus términos por ahora se mantienen en reserva, el mismo describiría con lujo de detalles los desmanes jurídicos y ambientales que se han venido cometiendo en la última década alrededor de la vital fuente de agua potable de la zona del Valle.
El dictamen lleva las firmas de dos abogados de un reconocido estudio jurídico porteño: Héctor Francisco Costanzo y Juan Pedro Cortelezzi -ex ministro del Superior Tribunal de Justicia de Chubut-, especialistas en temas ambientales, que lo escribieron a pedido de la intendenta capitalina.
Costanzo y Cortelezzi respondieron a la consulta sobre las posibles consecuencias legales y jurídicas que pudieran resultar de la desidia del Estado en el cuidado del ambiente, “en especial en todo lo atinente a la jurisdicción del Departamento con cabecera en la ciudad de Rawson, que afectaría a su población”, reza el dictamen, al que Jornada accedió en exclusiva.
“Se trata aquí de delitos contra la salud pública. Son delitos que encierran un peligro común e indeterminado. Si bien la mayoría de ellos son delitos de resultado y configuración instantánea, su persistencia en el tiempo es continua y la mayoría de las veces lenta, implacable y silenciosa”, alertan Costanzo y Cortelezzi en su informe a la intendenta Artero.
“La existencia de peligro para las personas resulta suficiente para la caracterización del hecho –agrega el dictamen- habida cuenta que lo que parece sólo un peligro desde un punto de vista, constituye ya una lesión en relación a la seguridad, la cual es uno de los bienes jurídicamente tutelado por este tipo de delitos”.
El introito del informe de los abogados culmina con una frase lapidaria: “No se debe esperar entonces que una lesión o una muerte revelen aquellos peligros latentes que hasta el momento no se manifestaron.”
Antecedentes
Los abogados se basaron para realizar su dictamen en decenas de documentos aportados por la Municipalidad de Rawson: desde llamados a licitación pública de obras para distintas obras en Rawson y Trelew, hasta disposiciones y resoluciones del Gobierno provincial, pasando por informes de la Cooperativa capitalina, grabaciones y filmaciones, y diversos recortes periodísticos, la mayoría de Jornada.
Sin dudas, el informe de Costanzo y Cortelezzi se sostiene en otro dictamen, firmado por la ingeniera Adriana Bec, responsable técnica del servicio sanitario de la Cooperativa capitalina, que escribió que desde el punto de vista bacteriológico sobre muestras de agua del río tomadas en la toma de Rawson al momento del paso de la pluma de contaminación, se observaban coliformes (bacterias de origen fecal) que “permiten concluir que no se trata de agua de origen pluvial, sino que su origen es predominantemente la capa freática con aportes de líquidos cloacales.”
Según los abogados, este informe técnico es clave: “Es el que realiza el aporte más explícito y claramente desarrollado”, dijeron Costanzo y Cortelezzi, que además dicen que el informe de Bec “permite acreditar la contaminación del río Chubut, y el modo en que afecta aguas abajo, a la población urbana y rural del Municipio de Rawson.”
Responsables
A la luz de estos datos incontrastables, el dictamen elevado a la intendenta Artero hace duras consideraciones sobre la cadena de responsabilidades: “Desconcierta que quienes componen la cadena de responsabilidades, autoridades del Municipio de Trelew y Poder Ejecutivo a través de su Ministerio de la Producción, se mantengan en una posición idéntica desde el año 2003, fecha en que cobra vigencia la ley 5028”, que declaró la emergencia ambiental vinculada con la descarga de líquidos cloacales y que afectan principalmente a la capital provincial.
Costanzo y Cortelezzi recuerdan que el Código Ambiental de la Provincia del Chubut (ley 5439), en su artículo 5º prescribe que el Estado Provincial o Municipal, según corresponda, “tiene el deber de defender, mejorar y recuperar la base ecológica más conveniente, recurriendo a todos los medios que estén a su alcance y funda como pauta de política ambiental, la prohibición, corrección o sanción de las actividades degradantes del ambiente, propiciando una progresiva disminución de los niveles de contaminación.”
Además, recuerda la obligatoriedad que la norma impone a las reparticiones municipales para “evacuar efluentes de cualquier origen que signifiquen degradación del agua sin la previa adecuación a las normas de calidad convirtiéndoles en inocuos, conculcando la evacuación de líquidos residuales a la vía pública y el agua de lluvia que hayan sufrido contactos poluentes”.
Federal y provincial
El dictamen de Costanzo y Cortelezzi expone, sin medias tintas, “acerca de la desidia de las autoridades responsables y la falta de un programa serio y confiable para evitar la contaminación”
Precisamente, a las autoridades provinciales y municipales les recuerdan que la elusión de esta responsabilidad no puede darse “sin cometer el delito de violación o incumplimiento de los Deberes de Funcionario púbico, agravada por la “negligencia” que implica dejar que las aguas se contaminen a diario.
El dictamen también abunda sobre la competencia de este tipo de cuestiones. Según Costanzo y Cortelezzi, cualquiera sea la norma penal que se aplique, “corresponde a la Justicia Federal la atención del caso.”
Quedando en el fuero provincial las cuestiones civiles (“no criminales”, aclara el dictamen) que resulten de un litigio sobre la contaminación.
En la parte final, los abogados hacen una clara recomendación a Artero: “La intendenta de Rawson posee legitimación para denunciar, querellar y/o demandar a quienes resulten imputados o accionados, toda vez que es una obligación impuesta por la Constitución local.”
Y concluyen, en tono de advertencia, enumerando las obligaciones que tiene la intendenta para no incurrir en un “encubrimiento agravado.”
Las consecuencias que podría generar este dictamen son muy amplias, tanto en términos ambientales como políticos. Y los estamentos públicos involucrados son tantos y tan cruzados, que la historia amenaza con convertirse en una de las cuestiones políticas más impactantes del año que se avecina.
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Cerca de un acuerdo por Botnia y su monitoreo
Resultado del monitoreo a la ex Botnia: 'estamos cerca de llegar a un acuerdo'
Fecha de Publicación: 22/12/2012
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Nacional
Lo aseguró Hernán Orduna, presidente de la delegación argentina ante la CARU. Remarcó, a elentrerios.com, que cuando eso suceda "se harán las publicaciones correspondientes".
"Esta semana no creo" que haya novedades respecto a la divulgación de los resultados del monitoreo, pero "ha habido un intercambio, donde se han ido acercando posiciones entre las dos delegaciones y una vez que se llegue a un acuerdo definitivo se harán las publicaciones correspondientes", manifestó.
"Creo que estamos muy cerca de llegar al punto del acuerdo, es preferible llegar primero a eso y después hablar", dijo e insistió: "se han acercado mucho las posiciones, esperemos que podamos llegar, en un tiempo cercano, a un acuerdo".
"Estamos en la CARU reunidos. Son muchos los temas que trata la comisión, por eso son cuatro días de reuniones. Acá la CARU no solamente tiene que administrar dos puentes, tenemos los planes de monitoreo, los de vigilancia que tienen que ver con las playas y además se está terminando de elaborar el proyecto de dragado del Río Uruguay, entre el kilómetro 0 y Paysandú y está casi terminado el pliego para el estudio de factibilidad del puente de Monte Casero y Villa Unión", detalló.
"En el caso de UPM, se comenzó en mayo de 2010 la simulación, en junio los monitoreos dentro de la planta, hace dos meses comenzaron en el río, análisis del agua", recordó y aclaró que "no se están analizando aún todos los parámetros. En este momento se está en discusión para las matrices de la contaminación del aire y luego de eso todo lo que tiene que ver con los recursos vivos, que delatan la contaminación".
"Desplegar todo eso lleva su tiempo, no es sólo la discusión por el acuerdo. Sobre todo porque se está trabajando con estándares internacionales, hemos comprado equipo de última generación para mediciones, cada una está acompañada de un protocolo, que se tuvo que aprobar por la CARU", concluyó.
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Fecha de Publicación: 22/12/2012
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Nacional
Lo aseguró Hernán Orduna, presidente de la delegación argentina ante la CARU. Remarcó, a elentrerios.com, que cuando eso suceda "se harán las publicaciones correspondientes".
"Esta semana no creo" que haya novedades respecto a la divulgación de los resultados del monitoreo, pero "ha habido un intercambio, donde se han ido acercando posiciones entre las dos delegaciones y una vez que se llegue a un acuerdo definitivo se harán las publicaciones correspondientes", manifestó.
"Creo que estamos muy cerca de llegar al punto del acuerdo, es preferible llegar primero a eso y después hablar", dijo e insistió: "se han acercado mucho las posiciones, esperemos que podamos llegar, en un tiempo cercano, a un acuerdo".
"Estamos en la CARU reunidos. Son muchos los temas que trata la comisión, por eso son cuatro días de reuniones. Acá la CARU no solamente tiene que administrar dos puentes, tenemos los planes de monitoreo, los de vigilancia que tienen que ver con las playas y además se está terminando de elaborar el proyecto de dragado del Río Uruguay, entre el kilómetro 0 y Paysandú y está casi terminado el pliego para el estudio de factibilidad del puente de Monte Casero y Villa Unión", detalló.
"En el caso de UPM, se comenzó en mayo de 2010 la simulación, en junio los monitoreos dentro de la planta, hace dos meses comenzaron en el río, análisis del agua", recordó y aclaró que "no se están analizando aún todos los parámetros. En este momento se está en discusión para las matrices de la contaminación del aire y luego de eso todo lo que tiene que ver con los recursos vivos, que delatan la contaminación".
"Desplegar todo eso lleva su tiempo, no es sólo la discusión por el acuerdo. Sobre todo porque se está trabajando con estándares internacionales, hemos comprado equipo de última generación para mediciones, cada una está acompañada de un protocolo, que se tuvo que aprobar por la CARU", concluyó.
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Atuel: docentes en La Pampa que no quieren explicar
Estudian aplicar sanciones a docentes que boicotean el Atuel
Fecha de Publicación: 22/12/2012
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
La subsecretaria de Educación, Ana María Franzante, adelantó que podrían aplicarse sanciones y que es la directora del establecimiento la que debe controlar el cumplimiento de la currícula, que incluye la problemática del río Atuel.
El Ministerio de Cultura y Educación de La Pampa salió a responder con relación a la polémica que se generó en una escuela de Santa Isabel, donde hay docentes originarios de la provincia de Mendoza que no explican el conflicto histórico entre La Pampa y esa provincia por las aguas del río Atuel. La subsecretaria de Educación, Ana María Franzante, expresó que el organismo no pudo comprobar que eso suceda, aunque adelantó que se está investigando y no descartó la aplicación de eventuales sanciones.
Parte de la currícula.
La funcionaria aclaró que la prolemática de los recursos hídricos provinciales forma parte de la currícula y que el cumplimiento de los contenidos también es responsabilidad, en principio, de la directora de la Escuela Hogar Nº 99 "Profesor Alfredo Natalio Fernández".
LA ARENA dio a conocer la semana pasada la existencia de este delicado problema, el que fue confirmado por el diputado Martín Berhongaray (Frepam) y el secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri. "En algunos lugares se aplica con más entusiasmo y en otros con menos", dijo el funcionario con relación a la enseñanza de este tema en los establecimientos educativos del oeste pampeano.
Franzante aclaró que el Ministerio de Educación trabaja con la cuestión de los ríos desde diferentes enfoques como con la impresión de materiales curriculares, que se elaboran en conjunto con la Secretaría de Recursos Hídricos. Y remarcó que a las netbooks que se entregan a los chicos se les ha incorporado "un apartado sobre el caso del Atuel".
"Mayor énfasis".
Al referirse al caso puntual de los docentes mendocinos que no explican frente al aula la problemática del Atuel desde una perspectiva pampeana en las escuelas del oeste, agregó: "el director que acompaña a esa institución es quien tiene que ver que la currícula se lleve a cabo en el aula, pero también está el coordinador de zona que acompaña para que esas políticas se realicen". A continuación señaló que al enterarse de la situación rápidamente se puso en contacto con las autoridades del establecimiento y expresó que "según la directora del colegio, el problema ahora no existe pero vamos a trabajar con las instituciones del oeste para ver qué es lo que está pasando".
Por último, la subsecretaria de Educación afirmó que el próximo año lectivo se pondrá desde el organismo provincial el "mayor énfasis en controlar qué es lo que sucede en Santa Isabel con algunos docentes mendocinos. Hay docentes enseñan el tema del Atuel como propio, y otros lo dan como uno más".
Capacitación por los ríos.
La subsecretaria de Educación de la provincia, Ana María Franzante, también expresó a este medio que el Ministerio de Cultura y Educación trabaja la problemática de los ríos pampeanos, especialmente el Atuel, en el Ciclo de Formación Docente. Destacó, además, el Cancionero de los ríos que fue reeditado, la reimpresión de Historias de Arumco y la firma de un convenio con Recursos Hídricos para la capacitación de las docentes.
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Fecha de Publicación: 22/12/2012
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
La subsecretaria de Educación, Ana María Franzante, adelantó que podrían aplicarse sanciones y que es la directora del establecimiento la que debe controlar el cumplimiento de la currícula, que incluye la problemática del río Atuel.
El Ministerio de Cultura y Educación de La Pampa salió a responder con relación a la polémica que se generó en una escuela de Santa Isabel, donde hay docentes originarios de la provincia de Mendoza que no explican el conflicto histórico entre La Pampa y esa provincia por las aguas del río Atuel. La subsecretaria de Educación, Ana María Franzante, expresó que el organismo no pudo comprobar que eso suceda, aunque adelantó que se está investigando y no descartó la aplicación de eventuales sanciones.
Parte de la currícula.
La funcionaria aclaró que la prolemática de los recursos hídricos provinciales forma parte de la currícula y que el cumplimiento de los contenidos también es responsabilidad, en principio, de la directora de la Escuela Hogar Nº 99 "Profesor Alfredo Natalio Fernández".
LA ARENA dio a conocer la semana pasada la existencia de este delicado problema, el que fue confirmado por el diputado Martín Berhongaray (Frepam) y el secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri. "En algunos lugares se aplica con más entusiasmo y en otros con menos", dijo el funcionario con relación a la enseñanza de este tema en los establecimientos educativos del oeste pampeano.
Franzante aclaró que el Ministerio de Educación trabaja con la cuestión de los ríos desde diferentes enfoques como con la impresión de materiales curriculares, que se elaboran en conjunto con la Secretaría de Recursos Hídricos. Y remarcó que a las netbooks que se entregan a los chicos se les ha incorporado "un apartado sobre el caso del Atuel".
"Mayor énfasis".
Al referirse al caso puntual de los docentes mendocinos que no explican frente al aula la problemática del Atuel desde una perspectiva pampeana en las escuelas del oeste, agregó: "el director que acompaña a esa institución es quien tiene que ver que la currícula se lleve a cabo en el aula, pero también está el coordinador de zona que acompaña para que esas políticas se realicen". A continuación señaló que al enterarse de la situación rápidamente se puso en contacto con las autoridades del establecimiento y expresó que "según la directora del colegio, el problema ahora no existe pero vamos a trabajar con las instituciones del oeste para ver qué es lo que está pasando".
Por último, la subsecretaria de Educación afirmó que el próximo año lectivo se pondrá desde el organismo provincial el "mayor énfasis en controlar qué es lo que sucede en Santa Isabel con algunos docentes mendocinos. Hay docentes enseñan el tema del Atuel como propio, y otros lo dan como uno más".
Capacitación por los ríos.
La subsecretaria de Educación de la provincia, Ana María Franzante, también expresó a este medio que el Ministerio de Cultura y Educación trabaja la problemática de los ríos pampeanos, especialmente el Atuel, en el Ciclo de Formación Docente. Destacó, además, el Cancionero de los ríos que fue reeditado, la reimpresión de Historias de Arumco y la firma de un convenio con Recursos Hídricos para la capacitación de las docentes.
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Nuevo parque nacional en Chubut
Crean otro parque nacional patagónico
Fecha de Publicación: 21/12/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Chubut
El área protegida Shoonem está ubicada en el lago La Plata, dentro del ejido de Río Senguer, al sur de la provincia del Chubut y en el límite con Chile, donde linda con la reserva Las Torres. Preserva el hábitat del huemul y contiene una diversidad privilegiada. Además es un lugar de excelencia para la pesca deportiva y el ecoturismo.
Actualmente tiene una administración compartida entre el municipio y la Administración de Parques Nacionales y cuenta con infraestructura de control de contingencias, guardaparques y facilidades turísticas y científicas.
El proyecto fue impulsado ayer por el secretario de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, junto al gobernador Martín Buzzi, al encabezar en el Parque Nacional Lago Puelo la puesta en funciones del nuevo intendente Sergio Rusak y detallar un plan estratégico sustentable para el turismo provincial en los próximos 10 años.
Acerca de un futuro parque nacional en la meseta de Somuncura, en la provincia de Río Negro, Meyer confirmó que está esperando la presentación del proyecto por parte del gobernador Alberto Weretilneck. "Nos interesa muchísimo porque nuestro objetivo es llegar a tener entre el 6 y el 8% del territorio preservado, con lo que seríamos líderes a nivel mundial". Entre las propuestas a evaluar también incluyó a Tupungato (Mendoza) y Piedra Pómez (Catamarca).
En coincidencia, el ministro anticipó "el llamado a licitación del transbordador que unirá la cabecera norte del lago Puelo con la frontera con Chile".
De igual modo, dijo a los intendentes de la comarca andina que la presidenta Cristina Fernández "está por firmar la financiación para proyectos de tratamiento de residuos sólidos, por lo que tendremos la disponibilidad económica para hacer plantas en los municipios que falten. Tienen que reunirse y conseguir las hectáreas suficientes. Lo terminamos en Esquel, lo hicimos en El Bolsón, en Junín y San Martín de los Andes y en marzo se inicia en Bariloche", precisó.
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Fecha de Publicación: 21/12/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Chubut
El área protegida Shoonem está ubicada en el lago La Plata, dentro del ejido de Río Senguer, al sur de la provincia del Chubut y en el límite con Chile, donde linda con la reserva Las Torres. Preserva el hábitat del huemul y contiene una diversidad privilegiada. Además es un lugar de excelencia para la pesca deportiva y el ecoturismo.Actualmente tiene una administración compartida entre el municipio y la Administración de Parques Nacionales y cuenta con infraestructura de control de contingencias, guardaparques y facilidades turísticas y científicas.
El proyecto fue impulsado ayer por el secretario de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, junto al gobernador Martín Buzzi, al encabezar en el Parque Nacional Lago Puelo la puesta en funciones del nuevo intendente Sergio Rusak y detallar un plan estratégico sustentable para el turismo provincial en los próximos 10 años.
Acerca de un futuro parque nacional en la meseta de Somuncura, en la provincia de Río Negro, Meyer confirmó que está esperando la presentación del proyecto por parte del gobernador Alberto Weretilneck. "Nos interesa muchísimo porque nuestro objetivo es llegar a tener entre el 6 y el 8% del territorio preservado, con lo que seríamos líderes a nivel mundial". Entre las propuestas a evaluar también incluyó a Tupungato (Mendoza) y Piedra Pómez (Catamarca).
En coincidencia, el ministro anticipó "el llamado a licitación del transbordador que unirá la cabecera norte del lago Puelo con la frontera con Chile".
De igual modo, dijo a los intendentes de la comarca andina que la presidenta Cristina Fernández "está por firmar la financiación para proyectos de tratamiento de residuos sólidos, por lo que tendremos la disponibilidad económica para hacer plantas en los municipios que falten. Tienen que reunirse y conseguir las hectáreas suficientes. Lo terminamos en Esquel, lo hicimos en El Bolsón, en Junín y San Martín de los Andes y en marzo se inicia en Bariloche", precisó.
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Minera Argenta desiste de explotar en Chubut
Por la lucha del pueblo, se va la minera más grande de Chubut
Fecha de Publicación: 21/12/2012
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Chubut
Se trata de Minera Argenta, subsidiaria de la canadiense Pan American Silver, que pretendía explotar el yacimiento de plata y plomo Navidad, ubicado entre Gan Gan y Gastre en la meseta chubutense.
Cerrará sus oficinas en Puerto Madryn y Trelew. Otras empresas seguirían ese camino luego que el gobierno de Martín Buzzi decidiera suspender el proyecto de ley para permitir la minería a gran escala ante el contundente y masivo rechazo de vecinos de todos los rincones de Chubut.
La empresa minera Argenta decidió no desarrollar las inversiones previstas en la meseta de Chubut y cerrar sus oficinas en Puerto Madryn y en Trelew, a partir de la falta de un marco legal que habilite la explotación de la minería metalífera en el territorio provincial.
La empresa encargada de llevar adelante el Proyecto Navidad definió terminar sus operaciones en la provincia, tras el fallido intento de tratar en la Legislatura provincial un marco regulatorio para la actividad minera, a lo que se suma la incertidumbre de no saber si Chubut tendrá a futuro un marco jurídico que permita el desarrollo de la minería metalífera en su territorio provincial.
Una fuente ligada a la compañía indicó ayer de modo extraoficial que en los próximos días Argenta, empresa subsidiaria de la multinacional Pan American Silver, cerrará sus oficinas administrativas en Puerto Madryn y en pocas semanas hará lo propio con las dependencias que tiene en la ciudad de Trelew.
El Proyecto Navidad es uno de los yacimientos de minerales más importantes de Argentina. Con una proyección de explotación estimada en 632 millones de onzas de plata y cerca de tres mil millones de libras de plomo, es uno de los proyectos mineros más grandes del mundo.
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Fecha de Publicación: 21/12/2012
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Chubut
Se trata de Minera Argenta, subsidiaria de la canadiense Pan American Silver, que pretendía explotar el yacimiento de plata y plomo Navidad, ubicado entre Gan Gan y Gastre en la meseta chubutense.Cerrará sus oficinas en Puerto Madryn y Trelew. Otras empresas seguirían ese camino luego que el gobierno de Martín Buzzi decidiera suspender el proyecto de ley para permitir la minería a gran escala ante el contundente y masivo rechazo de vecinos de todos los rincones de Chubut.
La empresa minera Argenta decidió no desarrollar las inversiones previstas en la meseta de Chubut y cerrar sus oficinas en Puerto Madryn y en Trelew, a partir de la falta de un marco legal que habilite la explotación de la minería metalífera en el territorio provincial.
La empresa encargada de llevar adelante el Proyecto Navidad definió terminar sus operaciones en la provincia, tras el fallido intento de tratar en la Legislatura provincial un marco regulatorio para la actividad minera, a lo que se suma la incertidumbre de no saber si Chubut tendrá a futuro un marco jurídico que permita el desarrollo de la minería metalífera en su territorio provincial.
Una fuente ligada a la compañía indicó ayer de modo extraoficial que en los próximos días Argenta, empresa subsidiaria de la multinacional Pan American Silver, cerrará sus oficinas administrativas en Puerto Madryn y en pocas semanas hará lo propio con las dependencias que tiene en la ciudad de Trelew.
El Proyecto Navidad es uno de los yacimientos de minerales más importantes de Argentina. Con una proyección de explotación estimada en 632 millones de onzas de plata y cerca de tres mil millones de libras de plomo, es uno de los proyectos mineros más grandes del mundo.
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Riachuelo: Dos jueces en reemplazo de Luis Armella
Llegan los reemplazos del juez Armella
Fecha de Publicación: 21/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación designó a dos jueces federales para el proceso de ejecución del saneamiento del Riachuelo, en reemplazo del desplazado Luis Armella. El máximo tribunal emitió el miércoles una nueva resolución en la que se adopta un conjunto de medidas destinadas a reencauzar el proceso de ejecución de la sentencia, que había quedado paralizado luego de la remoción del juez federal de Quilmes. En esa resolución, la Corte resuelve dividir la ejecución de la sentencia: por un lado, mantiene la mayor parte de las temáticas vinculadas con la ejecución del Plan de Saneamiento en cabeza del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Morón, Jorge Rodríguez; por el otro, transfiere al juez federal Sergio Torres, de la Capital Federal, la función de controlar las contrataciones relacionadas con los planes de provisión de agua y cloacas (a cargo de AySA y empresas provinciales) y la gestión de residuos sólidos urbanos (a cargo del Ceamse). La Corte también instó a la pronta y completa solución para la población en situación de riesgo, solicitada al tribunal por la Defensoría del Pueblo y las ONG que integran el cuerpo colegiado encargado de supervisar el cumplimiento de la sentencia.
La ejecución de la sentencia está suspendida desde el 6 de noviembre último, cuando la Corte desplazó al juez Armella en virtud de una serie de irregularidades en las contrataciones de obras de saneamiento, de las cuales dio cuenta Página/12.
“Valoramos que se haya restablecido un procedimiento judicial de seguimiento y control de la ejecución de la sentencia, pero no comprendemos las razones por las que se escogieron a dos magistrados del fuero criminal y correccional cuando gran parte de su tarea consistirá en la revisión y supervisión de cuestiones medioambientales, administrativas y sociales”, afirmó Diego Morales, director del área de Derechos Económicos Sociales y Culturales del CELS.
“Es muy importante que la Corte haya solicitado a los magistrados que pongan especial énfasis en el cumplimiento de metas y objetivos que involucran directamente a la población en situación de riesgo, como la relocalización de barrios y asentamientos”, agregó Morales.
Sobre este aspecto, la Corte establece que deberá instarse al efectivo y completo cumplimiento del plan de relocalizaciones de aquellos que se encuentran sobre el camino de sirga y supervisarse el traslado de los vecinos de Villa Inflamable. Además, afirma que en esos procedimientos deberá resguardarse el derecho de los vecinos a participar en las decisiones, así como preservarse el derecho de todas las personas relocalizadas a acceder a los servicios públicos esenciales, a la educación, a la salud y seguridad en los nuevos inmuebles.
“En este valioso pronunciamiento, la Corte reconoce el derecho de los vecinos de Villa Inflamable de participar en las decisiones relacionadas con el proceso de relocalización de sus viviendas. Así, la Corte fija un estándar según el cual todas las medidas futuras que se realicen en el marco de la efectivización de la sentencia deberán asegurar que los vecinos accedan a la información y participen en la determinación de los detalles de su relocalización para que el proceso se considere legítimo y respetuoso de los derechos”, destacó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que acompañó en lo legal a los vecinos de ese barrio del partido de Avellaneda.
“La resolución adoptada por la Corte marca un nuevo hito en el complejo proceso de saneamiento del Riachuelo”, destaca en un comunicado la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), una de las organizaciones que integran el cuerpo colegiado. “Tal como lo ha expresado el propio tribunal, se inicia a partir de aquí una nueva etapa en la recomposición de la cuenca hídrica más contaminada de la Argentina”, agregó la organización.
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Fecha de Publicación: 21/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación designó a dos jueces federales para el proceso de ejecución del saneamiento del Riachuelo, en reemplazo del desplazado Luis Armella. El máximo tribunal emitió el miércoles una nueva resolución en la que se adopta un conjunto de medidas destinadas a reencauzar el proceso de ejecución de la sentencia, que había quedado paralizado luego de la remoción del juez federal de Quilmes. En esa resolución, la Corte resuelve dividir la ejecución de la sentencia: por un lado, mantiene la mayor parte de las temáticas vinculadas con la ejecución del Plan de Saneamiento en cabeza del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Morón, Jorge Rodríguez; por el otro, transfiere al juez federal Sergio Torres, de la Capital Federal, la función de controlar las contrataciones relacionadas con los planes de provisión de agua y cloacas (a cargo de AySA y empresas provinciales) y la gestión de residuos sólidos urbanos (a cargo del Ceamse). La Corte también instó a la pronta y completa solución para la población en situación de riesgo, solicitada al tribunal por la Defensoría del Pueblo y las ONG que integran el cuerpo colegiado encargado de supervisar el cumplimiento de la sentencia.
La ejecución de la sentencia está suspendida desde el 6 de noviembre último, cuando la Corte desplazó al juez Armella en virtud de una serie de irregularidades en las contrataciones de obras de saneamiento, de las cuales dio cuenta Página/12.
“Valoramos que se haya restablecido un procedimiento judicial de seguimiento y control de la ejecución de la sentencia, pero no comprendemos las razones por las que se escogieron a dos magistrados del fuero criminal y correccional cuando gran parte de su tarea consistirá en la revisión y supervisión de cuestiones medioambientales, administrativas y sociales”, afirmó Diego Morales, director del área de Derechos Económicos Sociales y Culturales del CELS.
“Es muy importante que la Corte haya solicitado a los magistrados que pongan especial énfasis en el cumplimiento de metas y objetivos que involucran directamente a la población en situación de riesgo, como la relocalización de barrios y asentamientos”, agregó Morales.
Sobre este aspecto, la Corte establece que deberá instarse al efectivo y completo cumplimiento del plan de relocalizaciones de aquellos que se encuentran sobre el camino de sirga y supervisarse el traslado de los vecinos de Villa Inflamable. Además, afirma que en esos procedimientos deberá resguardarse el derecho de los vecinos a participar en las decisiones, así como preservarse el derecho de todas las personas relocalizadas a acceder a los servicios públicos esenciales, a la educación, a la salud y seguridad en los nuevos inmuebles.
“En este valioso pronunciamiento, la Corte reconoce el derecho de los vecinos de Villa Inflamable de participar en las decisiones relacionadas con el proceso de relocalización de sus viviendas. Así, la Corte fija un estándar según el cual todas las medidas futuras que se realicen en el marco de la efectivización de la sentencia deberán asegurar que los vecinos accedan a la información y participen en la determinación de los detalles de su relocalización para que el proceso se considere legítimo y respetuoso de los derechos”, destacó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que acompañó en lo legal a los vecinos de ese barrio del partido de Avellaneda.
“La resolución adoptada por la Corte marca un nuevo hito en el complejo proceso de saneamiento del Riachuelo”, destaca en un comunicado la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), una de las organizaciones que integran el cuerpo colegiado. “Tal como lo ha expresado el propio tribunal, se inicia a partir de aquí una nueva etapa en la recomposición de la cuenca hídrica más contaminada de la Argentina”, agregó la organización.
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Fiscal Penal actúa por desmonte en Salta
Un fiscal Penal interviene por la denuncia de un desmonte en Orán
Fecha de Publicación: 20/12/2012
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta
En relación a los recientes reclamos hechos por pobladores del paraje Saucelito en una manifestación pública en la ciudad de Orán a fin que se detenga el desmonte en esa región, se supo que el fiscal Penal y Correccional 2, de esa ciudad, Rodrigo Gonzalo Miralpeix ya tomó intervención y ahora el caso se trata en la órbita judicial.
Los vecinos se quejaron por la tala ilegal de más de mil hectáreas en el paraje El Saucelito, ubicado a unos tres kilómetros de Colonia Santa Rosa. Indicaron que pese a la denuncia que se radicó, la Policía y Gendarmería habrían hecho oídos sordos debido a que las empresas a cargo del desmonte les entregaría combustible gratis a cambio.
También se supo que funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente se trasladaron hasta el lugar a fin de verificar la denuncia, la cual no sólo comprobaron sino que de inmediato pusieron freno. Al respecto, se conoció que la denuncia fue hecha por Luis Sachetti, jefe de Fiscalización Ambiental, pero las actuaciones tomaron curso como una contravención. Por su parte, y debido a que las gestiones que hasta ese momento se hacía amenazaban a la empresa como mucho con una multa, los pobladores revelaron que las empresas hicieron caso omiso a las autoridades ambientales de la Provincia y siguieron adelante con el desmonte. Asimismo, sostuvieron que ante la inacción de la Policía local tomaron imágenes de las máquinas que abrieron picadas para utilizar el procedimiento del 'cadeneo' para realizar el desmonte. Explicaron que la deforestación se realiza a partir de las 20:30, para evitar los controles durante el día.
Según se informó desde la Secretaría de Ambiente, en el catastro 27.994 de Orán se encontró la vegetación "volteada y acordonada", mientras que al hacer las averiguaciones se constató que las tierras están en manos de Javier y Francisco Vidizzoni, que adquirieron 500 hectáreas de la finca El Tipal en mayo de este año. Este finquero es uno de los que también asomó en conflictos que tenían campesinos de Rivadavia, en la Finca Santafecina y La Juanita.
Denuncia verificada
A partir de todos estos hechos, ayer se pudo saber que el fiscal Miralpeix se abocó a investigar lo sucedido e incluso ya habría verificado la denuncia y por ello el caso ahora se tramita en la órbita correccional, ya que todavía en el interior no rige la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, por lo tanto la Fiscalía trabaja con la iniciación de un acta única y las diligencias preliminares del caso, entre ellas acciones para prevenir la tala en esa región. No se descarta la posibilidad que el representante del Ministerio Público no sólo inicie las actuaciones correccionales correspondientes, sino también pueda abrir una causa penal por el delito de desobediencia a la autoridad, puesto que la orden de frenar los desmontes provinieron de un Programa de Control Ambiental, con rango gubernamental.
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Fecha de Publicación: 20/12/2012
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta
En relación a los recientes reclamos hechos por pobladores del paraje Saucelito en una manifestación pública en la ciudad de Orán a fin que se detenga el desmonte en esa región, se supo que el fiscal Penal y Correccional 2, de esa ciudad, Rodrigo Gonzalo Miralpeix ya tomó intervención y ahora el caso se trata en la órbita judicial.Los vecinos se quejaron por la tala ilegal de más de mil hectáreas en el paraje El Saucelito, ubicado a unos tres kilómetros de Colonia Santa Rosa. Indicaron que pese a la denuncia que se radicó, la Policía y Gendarmería habrían hecho oídos sordos debido a que las empresas a cargo del desmonte les entregaría combustible gratis a cambio.
También se supo que funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente se trasladaron hasta el lugar a fin de verificar la denuncia, la cual no sólo comprobaron sino que de inmediato pusieron freno. Al respecto, se conoció que la denuncia fue hecha por Luis Sachetti, jefe de Fiscalización Ambiental, pero las actuaciones tomaron curso como una contravención. Por su parte, y debido a que las gestiones que hasta ese momento se hacía amenazaban a la empresa como mucho con una multa, los pobladores revelaron que las empresas hicieron caso omiso a las autoridades ambientales de la Provincia y siguieron adelante con el desmonte. Asimismo, sostuvieron que ante la inacción de la Policía local tomaron imágenes de las máquinas que abrieron picadas para utilizar el procedimiento del 'cadeneo' para realizar el desmonte. Explicaron que la deforestación se realiza a partir de las 20:30, para evitar los controles durante el día.
Según se informó desde la Secretaría de Ambiente, en el catastro 27.994 de Orán se encontró la vegetación "volteada y acordonada", mientras que al hacer las averiguaciones se constató que las tierras están en manos de Javier y Francisco Vidizzoni, que adquirieron 500 hectáreas de la finca El Tipal en mayo de este año. Este finquero es uno de los que también asomó en conflictos que tenían campesinos de Rivadavia, en la Finca Santafecina y La Juanita.
Denuncia verificada
A partir de todos estos hechos, ayer se pudo saber que el fiscal Miralpeix se abocó a investigar lo sucedido e incluso ya habría verificado la denuncia y por ello el caso ahora se tramita en la órbita correccional, ya que todavía en el interior no rige la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, por lo tanto la Fiscalía trabaja con la iniciación de un acta única y las diligencias preliminares del caso, entre ellas acciones para prevenir la tala en esa región. No se descarta la posibilidad que el representante del Ministerio Público no sólo inicie las actuaciones correccionales correspondientes, sino también pueda abrir una causa penal por el delito de desobediencia a la autoridad, puesto que la orden de frenar los desmontes provinieron de un Programa de Control Ambiental, con rango gubernamental.
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Riachuelo: designan a dos jueces
Dos nuevos jueces se harán cargo de la causa Riachuelo
Fecha de Publicación: 20/12/2012
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema designó a Sergio Torres como responsable de administrar el plan de obras de provisión de agua y tratamiento de la basura. Jorge Rodríguez trabajará con 15 distritos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió una serie de medidas que buscan reforzar la ejecución del plan de saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, en el marco del cumplimiento de la sentencia del caso Mendoza. La novedad saliente es la designación de los jueces federales Sergio Torres y Jorge Rodríguez, en lugar del juez Luis Armella, separado por el máximo tribunal el 6 de noviembre.
El escrito llevó la firma de los ministros Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda, Argibay y Zaffaroni y resuelve, entre otras cosas, deslindar a Torres, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal Correccional Federal N° 12, la responsabilidad de administrar el plan de obras de provisión de agua potable y cloacas y el tratamiento de la basura. De esta forma, Torres se hace cargo de las relaciones que complicaron a Armella, dado que tendrá que trabajar con AySA y el CEAMSE.
La competencia del Juzgado Federal en lo Criminal Correccional N° 2 de Morón, cargo del doctor Jorge E. Rodríguez, tampoco será liviana. El magistrado deberá lidiar con los 15 distritos que conforman los tres sectores de la cuenca, principales responsables del atraso más significativo del proceso: las relocalizaciones de los asentamientos que todavía ocupan el camino de sirga.
El máximo tribunal tomó en cuenta varios de los aspectos planteados en las audiencias públicas realizadas y, en ese sentido, exigió "una pronta y completa solución" a los siguientes problemas:
Relocalización de establecimientos industriales, en especial el predio ACUBA, en el partido de Lanús; creación de sistemas de medición de calidad de aire de agua; detección de conexiones clandestinas; relocalización de barrios de emergencia y asentamientos poblacionales precarios, la Corte hizo especial mención a Villa Inflamable, responsabilidad del municipio de Avellaneda.
En cuanto a las obras a concluir, el máximo tribunal pidió celeridad para que se termine la planta depuradora del Bicentenario, en Berazategui y la de tratamiento en Dock Sud. AySA se comprometió a finalizar la primera en junio de 2013 y no dio precisiones sobre la segunda.
Además, reclamaron la implementación de "medidas necesarias para que los nodos de vigilancia epidemiológica reciban información no sólo de los efectores públicos sino también de los privados". Este pedido busca darle mayor entidad al trabajo realizado por los organismos de la sociedad civil que integran el órgano consultivo y cuyo trabajo fue elogiado por el tribunal.
También pidieron "agilizar la aprobación de los planes de reconversión industrial" y "finalizar la puesta en funcionamiento de las unidades sanitarias ambientales que se encuentran en ejecución y avanzar en la licitación de aquellas aún no adjudicadas". En este punto mencionaron el caso del Hospital de Cuenca Alta en la localidad de Cañuelas que, según lo informado por ACUMAR, avanzó sólo un 40 por ciento.
Finalmente, la Corte exhortó a los magistrados "a buscar mecanismos eficaces de coordinación de su actuación para evitar tanto los conflictos de competencia como el dictado de pronunciamientos contradictorios que pudieran obstaculizar el avance del plan de saneamiento, recomposición prevención de daños en la cuenca".
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Fecha de Publicación: 20/12/2012
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema designó a Sergio Torres como responsable de administrar el plan de obras de provisión de agua y tratamiento de la basura. Jorge Rodríguez trabajará con 15 distritos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió una serie de medidas que buscan reforzar la ejecución del plan de saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, en el marco del cumplimiento de la sentencia del caso Mendoza. La novedad saliente es la designación de los jueces federales Sergio Torres y Jorge Rodríguez, en lugar del juez Luis Armella, separado por el máximo tribunal el 6 de noviembre.
El escrito llevó la firma de los ministros Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda, Argibay y Zaffaroni y resuelve, entre otras cosas, deslindar a Torres, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal Correccional Federal N° 12, la responsabilidad de administrar el plan de obras de provisión de agua potable y cloacas y el tratamiento de la basura. De esta forma, Torres se hace cargo de las relaciones que complicaron a Armella, dado que tendrá que trabajar con AySA y el CEAMSE.
La competencia del Juzgado Federal en lo Criminal Correccional N° 2 de Morón, cargo del doctor Jorge E. Rodríguez, tampoco será liviana. El magistrado deberá lidiar con los 15 distritos que conforman los tres sectores de la cuenca, principales responsables del atraso más significativo del proceso: las relocalizaciones de los asentamientos que todavía ocupan el camino de sirga.
El máximo tribunal tomó en cuenta varios de los aspectos planteados en las audiencias públicas realizadas y, en ese sentido, exigió "una pronta y completa solución" a los siguientes problemas:
Relocalización de establecimientos industriales, en especial el predio ACUBA, en el partido de Lanús; creación de sistemas de medición de calidad de aire de agua; detección de conexiones clandestinas; relocalización de barrios de emergencia y asentamientos poblacionales precarios, la Corte hizo especial mención a Villa Inflamable, responsabilidad del municipio de Avellaneda.
En cuanto a las obras a concluir, el máximo tribunal pidió celeridad para que se termine la planta depuradora del Bicentenario, en Berazategui y la de tratamiento en Dock Sud. AySA se comprometió a finalizar la primera en junio de 2013 y no dio precisiones sobre la segunda.
Además, reclamaron la implementación de "medidas necesarias para que los nodos de vigilancia epidemiológica reciban información no sólo de los efectores públicos sino también de los privados". Este pedido busca darle mayor entidad al trabajo realizado por los organismos de la sociedad civil que integran el órgano consultivo y cuyo trabajo fue elogiado por el tribunal.
También pidieron "agilizar la aprobación de los planes de reconversión industrial" y "finalizar la puesta en funcionamiento de las unidades sanitarias ambientales que se encuentran en ejecución y avanzar en la licitación de aquellas aún no adjudicadas". En este punto mencionaron el caso del Hospital de Cuenca Alta en la localidad de Cañuelas que, según lo informado por ACUMAR, avanzó sólo un 40 por ciento.
Finalmente, la Corte exhortó a los magistrados "a buscar mecanismos eficaces de coordinación de su actuación para evitar tanto los conflictos de competencia como el dictado de pronunciamientos contradictorios que pudieran obstaculizar el avance del plan de saneamiento, recomposición prevención de daños en la cuenca".
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Shale gas: Vaca Muerta será explotado por Chevron
Chevron buscará 'shale gas' con YPF
Fecha de Publicación: 20/12/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Neuquén
Firmaron un acuerdo para perforar 100 pozos en Vaca Muerta, Neuquén. En esta primera fase se invertirían U$S 1.000 millones.
YPF y la estadounidense Chevron firmaron ayer un acuerdo para desarrollar gas no convencional (shale gas) en el yacimiento patagónico de Vaca Muerta, uno de los más importantes del mundo.
El presidente de YPF, Miguel Galuccio, y su par para América latina y África de Chevron, Ali Moshiri, firmaron “un acuerdo de términos y condiciones” para poner en marcha “el primer piloto de desarrollo masivo de petróleo no convencional” en el yacimiento de Vaca Muerta, situado en la provincia de Neuquén.
Lo harán sobre un área de 290 kilómetros cuadrados, que comprende las zonas de Loma La Lata Norte y Loma Campana.
El acuerdo se firmó en las oficinas centrales de Chevron, en Houston.
Galuccio se mostró “muy contento” de “haber terminado este hito” con Chevron, con quien YPF tiene relaciones “desde hace 50 años”.
Moshiri dijo en tanto que “YPF es muy buena en tecnología y recursos humanos”, y que la asociación de las dos empresas en este proyecto servirá “como base” para el desarrollo de “recursos no convencionales, de petróleo y gas, y de otras áreas para incursionar”.
YPF buscaba desde hace meses socios para aumentar su producción de hidrocarburos, que en Argentina pasan necesariamente por los combustibles no convencionales, muy costosos de explotar porque se encuentran a altas profundidades y atrapados en rocas y sedimentos que es necesario destruir con agua, químicos y explosiones.
YPF no maneja la tecnología llamada fracking , para la que hacen falta multimillonarias inversiones que la firma estatal no está en condiciones de afrontar.
En Vaca Muerta, hay 37 pozos perforados (27 pozos completados y por terminar), algunos iniciados en la era Repsol.
Pero el plan con Chevron es más ambicioso. Se prevé perforar 100 pozos en 12 meses en “modo factoría”. Así, los equipos trabajan como si lo hicieran en serie en una línea de ensamble industrial. Uno perfora, el otro lo prepara, otro coloca las máquinas. Los pozos están en un área relativamente pequeña, lo que abarata los costos en cañerías superficiales que los conectan y derivan el combustible. Esos 100 pozos demandarán mil millones de dólares.
Ni Galuccio ni Moshiri precisaron cuánto dinero aportará cada empresa. Pero se descuenta que el mayor capital que aportará YPF será su derecho de concesión sobre el área.
Si todo sale bien, el acuerdo terminaría en unos años con la perforación de 1.500 a 2.000 pozos y una inversión acumulada de 15 mil millones de dólares.
La perforación de los 100 pozos comenzaría hacia marzo o abril.
Datos básicos
Grande. Está desde hace años entre las 5 mayores compañías de EE.UU., según Fortune.
Global. Presente en 180 países.
Origen. Fue una de las 7 compañías en que se dividió la Standard Oil en 1911.
Devoradora. En su camino, compró firmas como Texaco y Gulf Oil.
Empleados. 62 mil directos.
Condoleza Rice. Integró su directorio antes de asumir como secretaria de Estado de George W. Bush.
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Fecha de Publicación: 20/12/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Neuquén
Firmaron un acuerdo para perforar 100 pozos en Vaca Muerta, Neuquén. En esta primera fase se invertirían U$S 1.000 millones.YPF y la estadounidense Chevron firmaron ayer un acuerdo para desarrollar gas no convencional (shale gas) en el yacimiento patagónico de Vaca Muerta, uno de los más importantes del mundo.
El presidente de YPF, Miguel Galuccio, y su par para América latina y África de Chevron, Ali Moshiri, firmaron “un acuerdo de términos y condiciones” para poner en marcha “el primer piloto de desarrollo masivo de petróleo no convencional” en el yacimiento de Vaca Muerta, situado en la provincia de Neuquén.
Lo harán sobre un área de 290 kilómetros cuadrados, que comprende las zonas de Loma La Lata Norte y Loma Campana.
El acuerdo se firmó en las oficinas centrales de Chevron, en Houston.
Galuccio se mostró “muy contento” de “haber terminado este hito” con Chevron, con quien YPF tiene relaciones “desde hace 50 años”.
Moshiri dijo en tanto que “YPF es muy buena en tecnología y recursos humanos”, y que la asociación de las dos empresas en este proyecto servirá “como base” para el desarrollo de “recursos no convencionales, de petróleo y gas, y de otras áreas para incursionar”.
YPF buscaba desde hace meses socios para aumentar su producción de hidrocarburos, que en Argentina pasan necesariamente por los combustibles no convencionales, muy costosos de explotar porque se encuentran a altas profundidades y atrapados en rocas y sedimentos que es necesario destruir con agua, químicos y explosiones.
YPF no maneja la tecnología llamada fracking , para la que hacen falta multimillonarias inversiones que la firma estatal no está en condiciones de afrontar.
En Vaca Muerta, hay 37 pozos perforados (27 pozos completados y por terminar), algunos iniciados en la era Repsol.
Pero el plan con Chevron es más ambicioso. Se prevé perforar 100 pozos en 12 meses en “modo factoría”. Así, los equipos trabajan como si lo hicieran en serie en una línea de ensamble industrial. Uno perfora, el otro lo prepara, otro coloca las máquinas. Los pozos están en un área relativamente pequeña, lo que abarata los costos en cañerías superficiales que los conectan y derivan el combustible. Esos 100 pozos demandarán mil millones de dólares.
Ni Galuccio ni Moshiri precisaron cuánto dinero aportará cada empresa. Pero se descuenta que el mayor capital que aportará YPF será su derecho de concesión sobre el área.
Si todo sale bien, el acuerdo terminaría en unos años con la perforación de 1.500 a 2.000 pozos y una inversión acumulada de 15 mil millones de dólares.
La perforación de los 100 pozos comenzaría hacia marzo o abril.
Datos básicos
Grande. Está desde hace años entre las 5 mayores compañías de EE.UU., según Fortune.
Global. Presente en 180 países.
Origen. Fue una de las 7 compañías en que se dividió la Standard Oil en 1911.
Devoradora. En su camino, compró firmas como Texaco y Gulf Oil.
Empleados. 62 mil directos.
Condoleza Rice. Integró su directorio antes de asumir como secretaria de Estado de George W. Bush.
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Corrientes: audiencia para desmontar 12 mil hectáreas
Corrientes quiere más desmontes
Fecha de Publicación: 19/12/2012
Fuente: Medio y Medio
Provincia/Región: Corrientes
El Gobierno de Corrientes convocó a una Audiencia Pública para el día 21 de diciembre en la ciudad de Curuzú Cuatiá para dar cumplimiento a la habilitación de desmontes de unas 12 mil hectáreas de Espinal repartidas en siete establecimientos rurales. Según la Fundación Iberá organización ambientalista correntina el procedimiento está viciado de ilegalidad y resulta por lo menos imprudente, ya que expone a los productores rurales a situaciones jurídicamente comprometidas. La Fundación impugnó la constitucionalidad del Plan de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Corrientes (POTBN) por ser una mera reproducción del decreto 1439/9, mediante un Recurso de Amparo presentado en agosto de 2010.
El POTBN correntino había sido manipulado en la legislatura por mandato del ejecutivo provincial de manera artificiosa para justamente dar vía libre a los desmontes en el tercio provincial sur conocido como "Espinal", un ecosistema típico y valioso de la naturaleza correntina.
El pedido de inconstitucionalidad de la norma contó con el apoyo de legisladores provinciales, técnicos y científicos intervinientes en el desarrollo del plan (organismos dependientes del CONICET) y de las principales organizaciones conservacionistas del país, como Greenpeace, Fundación Biodiversidad, Aves Argentinas, Fundación Proteger y Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Pese a ello y a más de un año de radicada la causa, el Juez interviniente no ha resuelto nada, dejando ver la pesada influencia de los sistemáticos, continuos e intimidantes mensajes emitidos por parte de las máximas esferas del Ejecutivo Provincial.
Es que es justamente en esta área del Espinal donde las empresas COPRA y ADECO AGRO, pretenden la instalación de la Represa Ayuí Grande, afectando bosques ribereños del Espinal y fueron éstos intereses, con fuerte apoyo del Ejecutivo, los que impulsaron que todo el Espinal quedara pintado de verde y a merced de las topadoras.
Una reciente resolución de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación analizó el caso pormenorizadamente y sentenció concluyente: "El plan de ordenamiento de bosques correntinos es Ilegal" (Resolución 1238/2011).
De esta forma, la provincia de Corrientes desafía y vulnera la implementación de la Ley Nacional de Protección de los Bosques Nativos, la Ley Gral. del ambiente y cuanta norma jurídica se oponga a los intereses del ejecutivo provincial, ofreciendo un pésimo antecedente, que compromete incluso inversiones privadas de manera irresponsable, dejando expuestos a productores que podrían estar actuando de buena fe.
La Fundación Iberá no pretende que el Espinal sea declarado "intocable", pero reclama que el Plan de Ordenamiento sea una herramienta técnica y legalmente válida que permita el uso sostenible de los recursos forestales. Este procedimiento es en cambio, abiertamente ilegal y se espera que sea anulado por las autoridades pertinentes.
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Fecha de Publicación: 19/12/2012
Fuente: Medio y Medio
Provincia/Región: Corrientes
El Gobierno de Corrientes convocó a una Audiencia Pública para el día 21 de diciembre en la ciudad de Curuzú Cuatiá para dar cumplimiento a la habilitación de desmontes de unas 12 mil hectáreas de Espinal repartidas en siete establecimientos rurales. Según la Fundación Iberá organización ambientalista correntina el procedimiento está viciado de ilegalidad y resulta por lo menos imprudente, ya que expone a los productores rurales a situaciones jurídicamente comprometidas. La Fundación impugnó la constitucionalidad del Plan de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Corrientes (POTBN) por ser una mera reproducción del decreto 1439/9, mediante un Recurso de Amparo presentado en agosto de 2010.El POTBN correntino había sido manipulado en la legislatura por mandato del ejecutivo provincial de manera artificiosa para justamente dar vía libre a los desmontes en el tercio provincial sur conocido como "Espinal", un ecosistema típico y valioso de la naturaleza correntina.
El pedido de inconstitucionalidad de la norma contó con el apoyo de legisladores provinciales, técnicos y científicos intervinientes en el desarrollo del plan (organismos dependientes del CONICET) y de las principales organizaciones conservacionistas del país, como Greenpeace, Fundación Biodiversidad, Aves Argentinas, Fundación Proteger y Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Pese a ello y a más de un año de radicada la causa, el Juez interviniente no ha resuelto nada, dejando ver la pesada influencia de los sistemáticos, continuos e intimidantes mensajes emitidos por parte de las máximas esferas del Ejecutivo Provincial.
Es que es justamente en esta área del Espinal donde las empresas COPRA y ADECO AGRO, pretenden la instalación de la Represa Ayuí Grande, afectando bosques ribereños del Espinal y fueron éstos intereses, con fuerte apoyo del Ejecutivo, los que impulsaron que todo el Espinal quedara pintado de verde y a merced de las topadoras.
Una reciente resolución de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación analizó el caso pormenorizadamente y sentenció concluyente: "El plan de ordenamiento de bosques correntinos es Ilegal" (Resolución 1238/2011).
De esta forma, la provincia de Corrientes desafía y vulnera la implementación de la Ley Nacional de Protección de los Bosques Nativos, la Ley Gral. del ambiente y cuanta norma jurídica se oponga a los intereses del ejecutivo provincial, ofreciendo un pésimo antecedente, que compromete incluso inversiones privadas de manera irresponsable, dejando expuestos a productores que podrían estar actuando de buena fe.
La Fundación Iberá no pretende que el Espinal sea declarado "intocable", pero reclama que el Plan de Ordenamiento sea una herramienta técnica y legalmente válida que permita el uso sostenible de los recursos forestales. Este procedimiento es en cambio, abiertamente ilegal y se espera que sea anulado por las autoridades pertinentes.
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Contaminación del acueducto en el río Colorado
La Pampa vuelca aluminio del Acueducto en el río Colorado
Fecha de Publicación: 19/12/2012
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
La empresa estatal pampeana "Aguas del Colorado" fue señalada por dos organismos oficiales como responsable de la pérdida de calidad que se está registrando en el río Colorado desde que comenzó a funcionar el Acueducto del Río Colorado. Los informes confirmaron la creciente salinidad en el agua del curso y estimaron que la causa podría estar en el volcado directo al río, sin ningún tratamiento, de los barros que quedan luego del proceso de depuración en la planta de Pichi Mahuida, donde nace el Acueducto.
Las novedades fueron publicadas por dos sitios web de carácter informativo de la ciudad de Río Colorado: Diario Digital de Río Colorado (www.inforiocolorado.com.ar) y Río Colorado Noticias (www.riocoloradonoticias.com.ar). Ambos dieron cuenta de dos informes técnicos que llegaron la semana pasada al Concejo Deliberante referidos a la calidad del agua del río Colorado, de donde se nutre la red domiciliaria de esa población.
Los informes habían sido solicitados meses atrás a raíz de las reiteradas quejas de los vecinos de Río Colorado por la "dureza" del agua que reciben en sus domicilios, y luego de conocerse un informe privado solicitado por la familia Garcia Llorente, una familia que tiene una extensa propiedad sobre la costa del río, aguas abajo del paraje Pichi Mahuida, que daba conclusiones más que preocupantes.
Curva ascendente.
En el primer informe, la empresa Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima (ARSA) detalló que la salinidad del agua del río "mantiene una curva ascendente" en forma permanente desde el año 2005. Ese año, el nivel de salinidad fue de 815 partes por millón, mientras que en la actualidad está en 1.293 ppm, muy cerca del límite máximo tolerable de la legislación argentina que es de 1.400 partes por millón.
Según puntualizó el ingeniero Edgardo Viotti, gerente de explotación de ARSA, "la salinidad del río Colorado sufre un paulatino aumento que pone en riesgo la capacidad de potabilización de las plantas de la ciudad homónima". De continuar elevándose el grado de salinidad "podría afectar la calidad del agua potable entregada a la población", advirtió el gerente, quien declinó hacer alguna consideración sobre el origen del incremento pero aconsejó un trabajo conjunto entre los organismos que tienen jurisdicción sobre el río.
El concejal Martín Castro -una de las voces consultadas por los diarios riocoloradenses- señaló que si bien la salinidad empezó a subir en el año 2005 -antes de que empezara a funcionar el Acueducto del Río Colorado-, a partir del 2009 tuvo una marcada aceleración. Con este elemento, el edil vinculó el deterioro en la calidad del río con el funcionamiento del Acueducto que abastece a 16 localidades pampeanas.
Mucho aluminio.
El segundo pedido de informes estuvo dirigido al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), principal organismo con jurisdicción sobre la calidad del agua del río. En su respuesta, el comité admitió que "existen altos niveles de concentración de aluminio en el agua a la salida del Acueducto Pampeano, en la zona de Pichi Mahuida", según el informe de Río Colorado Noticias. Ese nivel, acotó, disminuye a medida que el agua avanza río abajo.
"En ocasiones en la cuales el río, aguas abajo de la descarga, presenta concentraciones elevadas de aluminio, se comprueba que el efecto de las mismas en la columna de agua, tiene lugar en un corto trayecto", afirmó el titular del comité, el pampeano Miguel Boyero.
En su informe Boyero acepta que se deben realizar obras de depuración a la salida de la descarga de la planta potabilizadora en Pichi Mahuida. Estas obras "están previstas, pero la empresa no las realiza y tampoco se establecieron plazos para que esto se concrete". La empresa mencionada es Aguas del Colorado, un organismo estatal que tiene a su cargo la gestión integral de ese Acueducto y de otras obras similares del territorio provincial.
El aluminio provendría del producto que se utiliza como floculante en la planta potabilizadora de Pichi Mahuida. Ese producto y los elementos floculados conformarían un barro que se deposita en el fondo de las grandes piletas de potabilización, de donde se limpia en forma periódica. A estar por los artículos, esos barros se arrojarían no muy lejos del curso de agua, o bien directamente en él.
Volcado directo
"Como se recordará -informó el portal Río Colorado Noticias-, esta situación se inició a partir de un hallazgo de este medio que se topó con un durísimo informe privado, encarado por la familia García Llorente, de Pichi Mahuida, que hablaba literalmente de envenenamiento del agua sobre el Acueducto Pampeano, desde donde se arrojan los desechos de la planta potabilizadora sin tratamiento previo a las aguas del Colorado".
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Fecha de Publicación: 19/12/2012
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
La empresa estatal pampeana "Aguas del Colorado" fue señalada por dos organismos oficiales como responsable de la pérdida de calidad que se está registrando en el río Colorado desde que comenzó a funcionar el Acueducto del Río Colorado. Los informes confirmaron la creciente salinidad en el agua del curso y estimaron que la causa podría estar en el volcado directo al río, sin ningún tratamiento, de los barros que quedan luego del proceso de depuración en la planta de Pichi Mahuida, donde nace el Acueducto.
Las novedades fueron publicadas por dos sitios web de carácter informativo de la ciudad de Río Colorado: Diario Digital de Río Colorado (www.inforiocolorado.com.ar) y Río Colorado Noticias (www.riocoloradonoticias.com.ar). Ambos dieron cuenta de dos informes técnicos que llegaron la semana pasada al Concejo Deliberante referidos a la calidad del agua del río Colorado, de donde se nutre la red domiciliaria de esa población.
Los informes habían sido solicitados meses atrás a raíz de las reiteradas quejas de los vecinos de Río Colorado por la "dureza" del agua que reciben en sus domicilios, y luego de conocerse un informe privado solicitado por la familia Garcia Llorente, una familia que tiene una extensa propiedad sobre la costa del río, aguas abajo del paraje Pichi Mahuida, que daba conclusiones más que preocupantes.
Curva ascendente.
En el primer informe, la empresa Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima (ARSA) detalló que la salinidad del agua del río "mantiene una curva ascendente" en forma permanente desde el año 2005. Ese año, el nivel de salinidad fue de 815 partes por millón, mientras que en la actualidad está en 1.293 ppm, muy cerca del límite máximo tolerable de la legislación argentina que es de 1.400 partes por millón.
Según puntualizó el ingeniero Edgardo Viotti, gerente de explotación de ARSA, "la salinidad del río Colorado sufre un paulatino aumento que pone en riesgo la capacidad de potabilización de las plantas de la ciudad homónima". De continuar elevándose el grado de salinidad "podría afectar la calidad del agua potable entregada a la población", advirtió el gerente, quien declinó hacer alguna consideración sobre el origen del incremento pero aconsejó un trabajo conjunto entre los organismos que tienen jurisdicción sobre el río.
El concejal Martín Castro -una de las voces consultadas por los diarios riocoloradenses- señaló que si bien la salinidad empezó a subir en el año 2005 -antes de que empezara a funcionar el Acueducto del Río Colorado-, a partir del 2009 tuvo una marcada aceleración. Con este elemento, el edil vinculó el deterioro en la calidad del río con el funcionamiento del Acueducto que abastece a 16 localidades pampeanas.
Mucho aluminio.
El segundo pedido de informes estuvo dirigido al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), principal organismo con jurisdicción sobre la calidad del agua del río. En su respuesta, el comité admitió que "existen altos niveles de concentración de aluminio en el agua a la salida del Acueducto Pampeano, en la zona de Pichi Mahuida", según el informe de Río Colorado Noticias. Ese nivel, acotó, disminuye a medida que el agua avanza río abajo.
"En ocasiones en la cuales el río, aguas abajo de la descarga, presenta concentraciones elevadas de aluminio, se comprueba que el efecto de las mismas en la columna de agua, tiene lugar en un corto trayecto", afirmó el titular del comité, el pampeano Miguel Boyero.
En su informe Boyero acepta que se deben realizar obras de depuración a la salida de la descarga de la planta potabilizadora en Pichi Mahuida. Estas obras "están previstas, pero la empresa no las realiza y tampoco se establecieron plazos para que esto se concrete". La empresa mencionada es Aguas del Colorado, un organismo estatal que tiene a su cargo la gestión integral de ese Acueducto y de otras obras similares del territorio provincial.
El aluminio provendría del producto que se utiliza como floculante en la planta potabilizadora de Pichi Mahuida. Ese producto y los elementos floculados conformarían un barro que se deposita en el fondo de las grandes piletas de potabilización, de donde se limpia en forma periódica. A estar por los artículos, esos barros se arrojarían no muy lejos del curso de agua, o bien directamente en él.
Volcado directo
"Como se recordará -informó el portal Río Colorado Noticias-, esta situación se inició a partir de un hallazgo de este medio que se topó con un durísimo informe privado, encarado por la familia García Llorente, de Pichi Mahuida, que hablaba literalmente de envenenamiento del agua sobre el Acueducto Pampeano, desde donde se arrojan los desechos de la planta potabilizadora sin tratamiento previo a las aguas del Colorado".
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FARN presenta informe sonre la pesca Argentina
La situación pesquera en la Argentina insustentable
Fecha de Publicación: 19/12/2012
Fuente: FARN
Provincia/Región: Nacional
En el día de ayer se realizó la charla Crisis económica y social del sector pesquero: ¿tiene futuro la pesca en la Argentina? realizada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Fundación Vida Silvestre Argentina y en la Universidad Tecnológica Nacional de Mar del Plata, ante más de 30 referentes del sector. Allí se presentó la visión de distintos sectores sobre la situación actual y los desafíos que enfrenta la sociedad y el sector pesquero para mantener ecosistemas sanos y productivos que sostengan una actividad que logre un balance en las cuatro dimensiones de la sustentabilidad: la ambiental, social, política y económica.
El evento estuvo coordinado por Guillermo Cañete, Coordinador del Programa Marino de Vida Silvestre, y expusieron Ana Di Pangracio, Coordinadora de Conservación de FARN, el Capitán Luis Martini, José Michelsen, representante del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y Oscar Fortunato, Presidente del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA)
En primer lugar Guillermo Cañete de Vida Silvestre remarcó que "si existe la posibilidad de explotar el recurso hay que hacerlo, pero no de cualquier manera sino de forma responsable, por eso es fundamental generar un nuevo modelo pesquero sustentable. También es necesario una mejora en la investigación pesquera para poder responder en forma eficiente a las nuevas demandas que impone el manejo basado en el ecosistema y la incidencia del cambio climático”.
Ana Di Pangracio, Coordinadora de Conservación de FARN, presentó los principales resultados del informe elaborado por FARN junto a Vida Silvestre y la Defensoría del Pueblo de la Nación, detallando en los aspectos legales e institucionales de la pesca en la Argentina y haciendo especial foco en el caso de la merluza común. Di Pangracio remarcó que existen "serias falencias en materia de acceso a la información y participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones en asuntos pesqueros y deficiencias institucionales en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) con las campañas de relevamiento, sistema de revisión de pares y falta de puesta en valor de tal organismo”. También resaltó "la importancia de que se lleve adelante un entrecruzamiento de la legislación pesquera con la legislación ambiental, ajustando la primera a los principios que dispone la segunda, a fin de cambiar la acuciante realidad de la pesca en Argentina”.
Por su parte, el Capitán Luis Martini realizó una exposición que se basó en la historia y actualidad de la actividad pesquera en la Argentina, y afirmó que "la era industrial tecnológica obliga a todos los involucrados a repensar sobre la responsabilidad que se debe asumir en relación al cuidado de nuestra plataforma submarina y redefinir los planteos de desarrollo pesquero en nuestro país”. Martini también mencionó que "la sobrepesca ha destruido ecosistemas marinos completos. Un estudio de la revista Science (2009) afirma que el conjunto de las pesquerías mundiales se agotarán para el año 2048, y según otros estudios el 90% de los grandes peces (atunes) ha desaparecido en el último siglo”.
A su vez, el representante del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), José Michelsen, destacó la necesidad de defender los ingresos de los trabajadores frente a la inflación, asegurando la voluntad de diálogo con el sector empresario para lograr acuerdos en las negociaciones paritarias.
Por último, Oscar Fortunato, presidente del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), focalizó en la crisis económica que atraviesa el sector, mencionando que "las economías regionales están en crisis debido al incremento de los costos internos que no se traslada en las ventas al exterior (el sector pesquero exporta el 95% de su producción), lo que termina agotando las reservas de capital de la industria y a su vez repercute en una mayor presión sindical.. El problema hoy es económico pero va a ser social y político si no hay soluciones en el corto plazo, porque además no tenemos herramientas para cambiar la situación ni se han tomado decisiones políticas importantes al respecto”.
Finalizado el espacio de preguntas y comentarios con la intervención del público, se enfatizó la necesidad de que el Estado genere una política de manejo sustentable de los recursos pesqueros argentinos, dialogando con todos los sectores involucrados, tal como se realiza en las pesquerías mejor manejadas a nivel internacional.
Para descargar el informe "Implicancias ecológicas, sociales y económicas de la pesca no sustentable en el Mar Argentino: El caso de la Merluza”
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Fecha de Publicación: 19/12/2012
Fuente: FARN
Provincia/Región: Nacional
En el día de ayer se realizó la charla Crisis económica y social del sector pesquero: ¿tiene futuro la pesca en la Argentina? realizada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Fundación Vida Silvestre Argentina y en la Universidad Tecnológica Nacional de Mar del Plata, ante más de 30 referentes del sector. Allí se presentó la visión de distintos sectores sobre la situación actual y los desafíos que enfrenta la sociedad y el sector pesquero para mantener ecosistemas sanos y productivos que sostengan una actividad que logre un balance en las cuatro dimensiones de la sustentabilidad: la ambiental, social, política y económica.
El evento estuvo coordinado por Guillermo Cañete, Coordinador del Programa Marino de Vida Silvestre, y expusieron Ana Di Pangracio, Coordinadora de Conservación de FARN, el Capitán Luis Martini, José Michelsen, representante del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y Oscar Fortunato, Presidente del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA)
En primer lugar Guillermo Cañete de Vida Silvestre remarcó que "si existe la posibilidad de explotar el recurso hay que hacerlo, pero no de cualquier manera sino de forma responsable, por eso es fundamental generar un nuevo modelo pesquero sustentable. También es necesario una mejora en la investigación pesquera para poder responder en forma eficiente a las nuevas demandas que impone el manejo basado en el ecosistema y la incidencia del cambio climático”.
Ana Di Pangracio, Coordinadora de Conservación de FARN, presentó los principales resultados del informe elaborado por FARN junto a Vida Silvestre y la Defensoría del Pueblo de la Nación, detallando en los aspectos legales e institucionales de la pesca en la Argentina y haciendo especial foco en el caso de la merluza común. Di Pangracio remarcó que existen "serias falencias en materia de acceso a la información y participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones en asuntos pesqueros y deficiencias institucionales en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) con las campañas de relevamiento, sistema de revisión de pares y falta de puesta en valor de tal organismo”. También resaltó "la importancia de que se lleve adelante un entrecruzamiento de la legislación pesquera con la legislación ambiental, ajustando la primera a los principios que dispone la segunda, a fin de cambiar la acuciante realidad de la pesca en Argentina”.
Por su parte, el Capitán Luis Martini realizó una exposición que se basó en la historia y actualidad de la actividad pesquera en la Argentina, y afirmó que "la era industrial tecnológica obliga a todos los involucrados a repensar sobre la responsabilidad que se debe asumir en relación al cuidado de nuestra plataforma submarina y redefinir los planteos de desarrollo pesquero en nuestro país”. Martini también mencionó que "la sobrepesca ha destruido ecosistemas marinos completos. Un estudio de la revista Science (2009) afirma que el conjunto de las pesquerías mundiales se agotarán para el año 2048, y según otros estudios el 90% de los grandes peces (atunes) ha desaparecido en el último siglo”.
A su vez, el representante del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), José Michelsen, destacó la necesidad de defender los ingresos de los trabajadores frente a la inflación, asegurando la voluntad de diálogo con el sector empresario para lograr acuerdos en las negociaciones paritarias.
Por último, Oscar Fortunato, presidente del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), focalizó en la crisis económica que atraviesa el sector, mencionando que "las economías regionales están en crisis debido al incremento de los costos internos que no se traslada en las ventas al exterior (el sector pesquero exporta el 95% de su producción), lo que termina agotando las reservas de capital de la industria y a su vez repercute en una mayor presión sindical.. El problema hoy es económico pero va a ser social y político si no hay soluciones en el corto plazo, porque además no tenemos herramientas para cambiar la situación ni se han tomado decisiones políticas importantes al respecto”.
Finalizado el espacio de preguntas y comentarios con la intervención del público, se enfatizó la necesidad de que el Estado genere una política de manejo sustentable de los recursos pesqueros argentinos, dialogando con todos los sectores involucrados, tal como se realiza en las pesquerías mejor manejadas a nivel internacional.
Para descargar el informe "Implicancias ecológicas, sociales y económicas de la pesca no sustentable en el Mar Argentino: El caso de la Merluza”
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Piden declarar emergencia por las tierras rurales
Por la tierra
Fecha de Publicación: 18/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) realizó ayer una nueva presentación en la Cámara de Diputados para reclamar que se avance con un proyecto de ley que propone declarar la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras rurales. El texto fue elaborado por el conjunto de las organizaciones campesinas y presentado el año pasado por el diputado Edgardo Depetri, pero cobró un nuevo impulso político tras el asesinato en octubre pasado de Miguel Galván, campesino de Santiago del Estero. Ayer fueron recibidos por la diputada Diana Conti y colaboradores del diputado Remo Carlotto, y Depetri, todos del Frente para la Victoria. También hubo un encuentro con Liliana Parada, del FAP. En paralelo, otra delegación del MNCI mantuvo una reunión con el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, donde expresaron su preocupación en relación con un posible cambio en la ley de semillas.
La iniciativa de los campesinos propone suspender por cinco años los desalojos en todo el país. En ese tiempo, el Estado nacional debería realizar un relevamiento de tierras para conocer la situación jurídica de todos los campos del país, como así también la cantidad de familias afectadas. Como experiencia previa, el Gobierno ya realizó un relevamiento sobre la titularidad de las tierras en manos extranjeras. En realidad, el proyecto podría servir como una herramienta legal para que las distintas jurisdicciones puedan administrar los conflictos que tienen.
“Se propicia esta ley de emergencia como remedio a los innumerables conflictos por la tenencia de las tierras rurales, que son causa de una vulneración sistemática de los derechos humanos de estas familias campesinas en tanto son desalojadas y desapropiadas de sus pertenencias”, puede leerse en los fundamentos del proyecto. Más allá de la insistencia de la distintas organizaciones, la iniciativa quedará para el próximo año, ya que el período de sesiones ordinarias finalizó el 30 de noviembre.
En Salta existe una experiencia similar a lo que plantea este proyecto de ley. En diciembre de 2010, la Cámara de Senadores de esa provincia convirtió por unanimidad una ley que obliga al Estado provincial a frenar los desalojos de familias rurales y pequeños productores agropecuarios por 18 meses. La iniciativa pretende regularizar la situación dominial de aproximadamente ocho mil familias salteñas que enfrentan juicios por desalojo, a pesar de tener el derecho de posesión por habitar y trabajar las tierras por varias generaciones.
En relación con la ley de semillas, el MNCI, junto al Foro de Agricultura Familiar (Fonaf), el Frente Darío Santillán y la Mesa de Agricultores Familiares de la provincia de Buenos Aires le presentaron a Pérsico un documento con diez puntos. “Hacemos un llamado a rechazar cualquier proyecto que atente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro pueblo”, sostiene el documento.
Si bien todavía no se conoció el proyecto oficial para las semillas en el que está trabajando el Ministerio de Agricultura, el FAP y la UCR, de la mano de sus legisladores vinculados con la Federación Agraria, también presentaron sus iniciativas parlamentarias.
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Fecha de Publicación: 18/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) realizó ayer una nueva presentación en la Cámara de Diputados para reclamar que se avance con un proyecto de ley que propone declarar la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras rurales. El texto fue elaborado por el conjunto de las organizaciones campesinas y presentado el año pasado por el diputado Edgardo Depetri, pero cobró un nuevo impulso político tras el asesinato en octubre pasado de Miguel Galván, campesino de Santiago del Estero. Ayer fueron recibidos por la diputada Diana Conti y colaboradores del diputado Remo Carlotto, y Depetri, todos del Frente para la Victoria. También hubo un encuentro con Liliana Parada, del FAP. En paralelo, otra delegación del MNCI mantuvo una reunión con el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, donde expresaron su preocupación en relación con un posible cambio en la ley de semillas.La iniciativa de los campesinos propone suspender por cinco años los desalojos en todo el país. En ese tiempo, el Estado nacional debería realizar un relevamiento de tierras para conocer la situación jurídica de todos los campos del país, como así también la cantidad de familias afectadas. Como experiencia previa, el Gobierno ya realizó un relevamiento sobre la titularidad de las tierras en manos extranjeras. En realidad, el proyecto podría servir como una herramienta legal para que las distintas jurisdicciones puedan administrar los conflictos que tienen.
“Se propicia esta ley de emergencia como remedio a los innumerables conflictos por la tenencia de las tierras rurales, que son causa de una vulneración sistemática de los derechos humanos de estas familias campesinas en tanto son desalojadas y desapropiadas de sus pertenencias”, puede leerse en los fundamentos del proyecto. Más allá de la insistencia de la distintas organizaciones, la iniciativa quedará para el próximo año, ya que el período de sesiones ordinarias finalizó el 30 de noviembre.
En Salta existe una experiencia similar a lo que plantea este proyecto de ley. En diciembre de 2010, la Cámara de Senadores de esa provincia convirtió por unanimidad una ley que obliga al Estado provincial a frenar los desalojos de familias rurales y pequeños productores agropecuarios por 18 meses. La iniciativa pretende regularizar la situación dominial de aproximadamente ocho mil familias salteñas que enfrentan juicios por desalojo, a pesar de tener el derecho de posesión por habitar y trabajar las tierras por varias generaciones.
En relación con la ley de semillas, el MNCI, junto al Foro de Agricultura Familiar (Fonaf), el Frente Darío Santillán y la Mesa de Agricultores Familiares de la provincia de Buenos Aires le presentaron a Pérsico un documento con diez puntos. “Hacemos un llamado a rechazar cualquier proyecto que atente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro pueblo”, sostiene el documento.
Si bien todavía no se conoció el proyecto oficial para las semillas en el que está trabajando el Ministerio de Agricultura, el FAP y la UCR, de la mano de sus legisladores vinculados con la Federación Agraria, también presentaron sus iniciativas parlamentarias.
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