Nube tóxica de agrotóxico prohibido en Europa
18:31 | 
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Eco Sitio |
Nube tóxica, nube de dudas
Fecha de Publicación: 08/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital Federal
Tras el escape del plaguicida que provocó alarma el jueves en la Ciudad, hubo críticas a la empresa de la Terminal 4 por el manejo de las cargas y por la falta de información sobre las sustancias que se almacenan. El agrotóxico involucrado está prohibido en Europa.
El día después de la nube tóxica que afectó a Buenos Aires se desarrolló bajo una nube de cuestionamientos, preguntas e inquietudes de entidades ambientalistas y trabajadores portuarios. En esta nube pueden discernirse varios nubarrones específicos: 1) La acusación a la empresa que administra la Terminal 4 por falta de medidas de seguridad y mal manejo de las cargas: el accidente se habría originado en la exposición del contenedor a excesiva temperatura; 2) críticas a los gobiernos nacional y porteño por “falta de coordinación y planificación ante accidentes de este orden”; 3) “falta de información adecuada sobre presencia de sustancias tóxicas a pocas cuadras de zonas densamente pobladas”; 4) cuestionamiento de fondo al empleo de plaguicidas como el que ocasionó el accidente, cuyo uso está prohibido en la Unión Europea. En respuesta, una fuente del Ministerio de Seguridad de la Nación sostuvo que “se aplicaron protocolos internacionales” y que “hubo mala información y errores del gobierno porteño”.
Los trabajadores de la Terminal 4 del puerto de Buenos Aires –donde el jueves se produjo el estallido en un container que almacenaba el plaguicida Thiodicarb– se negaron ayer a tomar servicio y criticaron “la falta de información sobre la nube tóxica y el detalle de lo que había en el contenedor”, sumados a “un sistema de evacuación insuficiente”: responsabilizan a la empresa APM Terminal, a cargo del servicio. Según Juan Carlos Andrade –delegado de Terminal 4, Marina Mercante–, “la empresa almacena hasta un 20 por ciento más de los contenedores que caben en la Terminal 4, lo cual hace que no los disponga adecuadamente: los que tienen plaguicidas como el Thiodicarb deben estar a una temperatura que no supere los 23 grados: esto no se cumplió y podría explicar el accidente”. Además, “no hubo un plan de evacuación correcto y sí mucha confusión entre la Prefectura nacional y Defensa Civil de la Ciudad: unos decían que había que evacuar y otros que nos quedáramos”.
Por su parte, el Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA) pidió que el trabajo de los estibadores vuelva a considerarse insalubre, en relación con “la manipulación cotidiana de los contenedores”.
También Lorena Pujó –coordinadora de la Campaña de Tóxicos de Greenpeace Argentina– sostuvo que “la gente recibió información confusa, sin coordinación entre la Nación, de la que depende el puerto, y la Ciudad de Buenos Aires, donde el puerto está. Debe haber procedimientos previamente establecidos para contingencias, en los puertos de la Ciudad y de Dock Sud. Ya hace unos meses hubo un derrame de amoníaco y, el jueves, si no hubiera llovido, no sabemos hasta dónde se hubiera extendido el peligro”. Pujó también denunció que ayer “quisimos tomar muestras del agua y sedimentos, pero la Prefectura nos lo impidió”. Verónica Odriozola –coordinadora para América latina de la ONG Salud Sin Daño– advirtió que “el Thiodicarb, al incendiarse, puede haber producido compuestos con más toxicidad que la que el producto tiene en principio y, de hecho, se midió ácido sulfhídrico en el aire”.
Una fuente del Ministerio de Seguridad de la Nación respondió que, cuando se produjo el accidente, “se aplicó el protocolo internacional de seguridad. Identificada la sustancia y establecido su grado de toxicidad, moderada, el secretario de Seguridad informó a la población, procurando bajar el nivel de alarma generado por informaciones erróneas como que se trataba de mercurio. Hubo, sí, un problema de comunicación del Gobierno de la Ciudad: llegaron a evacuar el Edificio del Plata, lo cual no correspondía”. En cuanto a la prohibición de ingreso ayer a Greenpeace, “fue porque la Justicia investiga lo sucedido y hay que preservar las pruebas”.
La ambientalista Odriozola agregó que “el hecho de que esto haya sucedido en Buenos Aires hace más visible un tema que en comunidades del interior está muy presente: los riesgos del uso de plaguicidas expone a las poblaciones cercanas, como se vio en el caso testigo del barrio Ituzaingó, en Córdoba”, y destacó que “el Thiodicarb está prohibido en la Unión Europea”. Efectivamente, el 31 de mayo de 2007 la Comisión Europea decidió retirar la autorización para productos conteniendo Thiodicarb, porque implica “un riesgo dietario para niños de uno a tres años en caso de consumo de uvas tratadas con el producto, y para adultos por consumir vino”, así como por “posible contaminación de aguas subterráneas”.
Una fuente del Senasa destacó que, en el país, “el Thiodicarb está registrado como de ‘toxicidad moderada’ y su producción y uso están sujetos al cumplimiento de las normativas”.
Durante la tarde de ayer, este diario intentó en vano comunicarse con la empresa APM Terminal, así como con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
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Fecha de Publicación: 08/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital Federal
Tras el escape del plaguicida que provocó alarma el jueves en la Ciudad, hubo críticas a la empresa de la Terminal 4 por el manejo de las cargas y por la falta de información sobre las sustancias que se almacenan. El agrotóxico involucrado está prohibido en Europa.El día después de la nube tóxica que afectó a Buenos Aires se desarrolló bajo una nube de cuestionamientos, preguntas e inquietudes de entidades ambientalistas y trabajadores portuarios. En esta nube pueden discernirse varios nubarrones específicos: 1) La acusación a la empresa que administra la Terminal 4 por falta de medidas de seguridad y mal manejo de las cargas: el accidente se habría originado en la exposición del contenedor a excesiva temperatura; 2) críticas a los gobiernos nacional y porteño por “falta de coordinación y planificación ante accidentes de este orden”; 3) “falta de información adecuada sobre presencia de sustancias tóxicas a pocas cuadras de zonas densamente pobladas”; 4) cuestionamiento de fondo al empleo de plaguicidas como el que ocasionó el accidente, cuyo uso está prohibido en la Unión Europea. En respuesta, una fuente del Ministerio de Seguridad de la Nación sostuvo que “se aplicaron protocolos internacionales” y que “hubo mala información y errores del gobierno porteño”.
Los trabajadores de la Terminal 4 del puerto de Buenos Aires –donde el jueves se produjo el estallido en un container que almacenaba el plaguicida Thiodicarb– se negaron ayer a tomar servicio y criticaron “la falta de información sobre la nube tóxica y el detalle de lo que había en el contenedor”, sumados a “un sistema de evacuación insuficiente”: responsabilizan a la empresa APM Terminal, a cargo del servicio. Según Juan Carlos Andrade –delegado de Terminal 4, Marina Mercante–, “la empresa almacena hasta un 20 por ciento más de los contenedores que caben en la Terminal 4, lo cual hace que no los disponga adecuadamente: los que tienen plaguicidas como el Thiodicarb deben estar a una temperatura que no supere los 23 grados: esto no se cumplió y podría explicar el accidente”. Además, “no hubo un plan de evacuación correcto y sí mucha confusión entre la Prefectura nacional y Defensa Civil de la Ciudad: unos decían que había que evacuar y otros que nos quedáramos”.
Por su parte, el Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA) pidió que el trabajo de los estibadores vuelva a considerarse insalubre, en relación con “la manipulación cotidiana de los contenedores”.
También Lorena Pujó –coordinadora de la Campaña de Tóxicos de Greenpeace Argentina– sostuvo que “la gente recibió información confusa, sin coordinación entre la Nación, de la que depende el puerto, y la Ciudad de Buenos Aires, donde el puerto está. Debe haber procedimientos previamente establecidos para contingencias, en los puertos de la Ciudad y de Dock Sud. Ya hace unos meses hubo un derrame de amoníaco y, el jueves, si no hubiera llovido, no sabemos hasta dónde se hubiera extendido el peligro”. Pujó también denunció que ayer “quisimos tomar muestras del agua y sedimentos, pero la Prefectura nos lo impidió”. Verónica Odriozola –coordinadora para América latina de la ONG Salud Sin Daño– advirtió que “el Thiodicarb, al incendiarse, puede haber producido compuestos con más toxicidad que la que el producto tiene en principio y, de hecho, se midió ácido sulfhídrico en el aire”.
Una fuente del Ministerio de Seguridad de la Nación respondió que, cuando se produjo el accidente, “se aplicó el protocolo internacional de seguridad. Identificada la sustancia y establecido su grado de toxicidad, moderada, el secretario de Seguridad informó a la población, procurando bajar el nivel de alarma generado por informaciones erróneas como que se trataba de mercurio. Hubo, sí, un problema de comunicación del Gobierno de la Ciudad: llegaron a evacuar el Edificio del Plata, lo cual no correspondía”. En cuanto a la prohibición de ingreso ayer a Greenpeace, “fue porque la Justicia investiga lo sucedido y hay que preservar las pruebas”.
La ambientalista Odriozola agregó que “el hecho de que esto haya sucedido en Buenos Aires hace más visible un tema que en comunidades del interior está muy presente: los riesgos del uso de plaguicidas expone a las poblaciones cercanas, como se vio en el caso testigo del barrio Ituzaingó, en Córdoba”, y destacó que “el Thiodicarb está prohibido en la Unión Europea”. Efectivamente, el 31 de mayo de 2007 la Comisión Europea decidió retirar la autorización para productos conteniendo Thiodicarb, porque implica “un riesgo dietario para niños de uno a tres años en caso de consumo de uvas tratadas con el producto, y para adultos por consumir vino”, así como por “posible contaminación de aguas subterráneas”.
Una fuente del Senasa destacó que, en el país, “el Thiodicarb está registrado como de ‘toxicidad moderada’ y su producción y uso están sujetos al cumplimiento de las normativas”.
Durante la tarde de ayer, este diario intentó en vano comunicarse con la empresa APM Terminal, así como con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
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Otro año más sin fondos para la ley de bosques
Por quinto año se incumple la ley de bosques
Fecha de Publicación: 08/12/2012
Fuente: http://blogs.lanacion.com.ar/ecologico
Provincia/Región: Nacional
Fecha de Publicación: 08/12/2012
Fuente: http://blogs.lanacion.com.ar/ecologico
Provincia/Región: Nacional
Un año más, un presupuesto más y, como se esperaba, un nuevo incumplimiento. Se trata del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.El actual proyecto de ley de Presupuesto, asignó al fondo $230 millones mientras que la norma N° 26.331, art. 31, incisos a) y b): se establece una partida no menor del 0,3% del Presupuesto Nacional, ($ 1.515 millones), y una asignación específica del 2% de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, que elevaría el monto a $2.327 millones.
El hecho deja ver al menos dos problemas: el primero y más evidente es el incumplimiento y la falta de voluntad política en avanzar en una protección genuina. Y el segundo, tal vez aún más grave, es que de este modo se pone en duda la creación de fondos especiales para poder afrontar otro tipo de conflictos ambientales. Uno que se discute hoy, por caso, es el que crea el proyecto para la disposición de residuos eléctricos y electrónicos. Y se da la razón a los grupos que ponen trabas para que este tipo de normas no avance.
Ante la pobre asignación al fondo de bosques y como todavía el presupuesto está en etapa de discusión, las ONG Fundación Vida Silvestre Argentina, Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y asociaciones de productores y de la industria foresto-industrial (como FAIMA y AFOA), manifestaron su preocupación frente a la insuficiente partida y enviaron una carta a los presidentes de bloque de la Cámara de Diputados.
El Fondo para la conservación de los bosques nativos establece en el artículo 30 “el objeto de compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan”. El fondo tiene un sentido federal, ya que el 30% está destinado a fortalecer la capacidad técnica y de control, mientras que el 70% restante a compensar a los titulares que efectúen tareas de conservación y manejo sostenible de los bosques.
“A cinco años de la promulgación de la Ley de Bosques, ésta se encuentra muy lejos de cumplirse, ya que viene padeciendo falencias similares desde el año 2008. Por esta razón, las cinco organizaciones firmantes solicitan de carácter urgente apoyar un incremento en el presupuesto . Del mismo modo, el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), y provincias como Tierra del Fuego, San Luis, Misiones, Salta y Chaco, ya vienen reclamando hace un tiempo sobre esta problemática“, indicaron las ONG mediante un comunicado.
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Nube de agroquímicos sobre Capital Federal
Una nube tóxica causó caos y pánico en el centro de la ciudad
Fecha de Publicación: 07/12/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital Federal
Durante dos horas hubo autoevacuaciones y preocupación por la combustión de un pesticida en un contenedor en la terminal 4; un olor nauseabundo afectó Puerto Madero, Retiro, San Telmo y Recoleta
Una densa y fétida nube tóxica, provocada por la combustión de un contenedor con pesticidas en el puerto, generó ayer pánico y caos en el centro porteño. A las 9.30, la nube, que afectó principalmente a los barrios de Retiro, San Telmo, Constitución, Puerto Madero y zonas de Recoleta, generó preocupación y trastornos durante dos horas. Oficinistas que se autoevacuaban de los edificios del microcentro, las líneas de subte que no completaban su recorrido, el tránsito colapsado y los vuelos demorados fueron algunas de las consecuencias del siniestro.
La sustancia, identificada por las autoridades como Thiodicarb, es un pesticida fabricado a base de carbamato, incluido entre los productos que pueden explotar o hacer reacciones de autocombustión por exposición a altas temperaturas, como las ocurridas ayer, que son las causas que se analizan en la investigación del siniestro que ocurrió en la terminal 4 del Puerto de Buenos Aires.
A pesar de la situación crítica que se vivió durante algunos minutos, no se registraron heridos de gravedad: "Por prevención se atendió a 150 personas en el lugar y sus inmediaciones, y se trasladó a 97 personas a hospitales porteños", indicaron en el Ministerio de Salud de la ciudad. Los cuadros generales presentados por los atendidos fueron cefaleas, mareos, náuseas e irritación ocular.
La emergencia fue atendida inmediatamente por la Prefectura Naval Argentina y Defensa Civil de la ciudad de Buenos Aires. El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, que se presentó en la zona donde se incendió el contenedor con un mameluco para protección química blanco y máscara antigás, aseguró: "Fue un incendio dentro de un container. Estamos produciendo el enfriamiento de los tambores donde venía el plaguicida".
"En la oficina nos preocupamos porque pensamos que alguien había dejado abierta una hornalla o el horno y abrimos las ventanas, pero apenas nos dimos cuenta de que venía de afuera las volvimos a cerrar", contó Mirta Peralta, una empleada de una empresa de Retiro. "Más tarde, un par de compañeras mías se descompusieron y tuvieron que venir a atenderlas", agregó.
Minutos más tarde se descartó que la toxicidad del producto pudiera expandirse más allá de un radio de 600 metros. Fue precisamente ese perímetro el que quedó restringido. Se evacuó el puerto de Buenos Aires, se cortó la circulación vehicular de la autopista Illia y se cerró la estación de Retiro.
La línea C de subtes interrumpió su servicio y las demás no llegaban hasta sus cabeceras del centro porteño. También se evacuaron algunos edificios, como los tribunales de Comodoro Py. También se vio afectada la actividad del aeroparque metropolitano y de la estación de Buquebus.
"Hay que llevar tranquilidad para todos los vecinos: ya no hay riesgo tóxico en la ciudad", aseguró por la tarde Diego Santilli, ministro de Ambiente y Espacio Público.
"Esta mañana nuestra estación de monitoreo de control del aire de La Boca detectó lo que estaba sucediendo y nos indicó que había un alto nivel de ácido sulfhídrico", agregó. Ese ácido surge como reacción de la mezcla del plaguicida con el agua.
"El nivel más alto se detectó a las 9.15 en la estación de monitoreo de La Boca (Brasil al 100) y fue disminuyendo posteriormente hasta volver a valores normales", indicaron en el gobierno porteño.
Uno de los trascendidos de ayer daba cuenta de que cuando el humo comenzó a salir del contenedor, especulando con que alguno de los tambores se habría caído y sufrido una fisura, se le tiró agua para tratar de sofocarlo. Este hecho podría haber potenciado la emanación posterior. Sin embargo, hasta anoche era investigada esta versión.
El contenedor que sufrió el siniestro, por causas que se investigan, estaba cargado con más de 17 toneladas de insecticida sólido, envasado en 390 tambores. Arribó al puerto de Buenos Aires el 26 de noviembre desde el puerto de Shanghai, China, y su destino final era la terminal de Caacupé-Miports, en Paraguay.
Según pudo saber LA NACION, se encontraba en "tránsito" en la terminal 4 del puerto de Buenos Aires, aguardando el servicio de barcazas para partir rumbo a Paraguay. Al ser un contenedor de trasbordo, la terminal no tiene conocimiento de qué contiene ni del fabricante ni del cliente. Es que se trata de una exportación de China a Paraguay con escala en Buenos Aires.
Al menos 30 contenedores de 40 pies, como el que sufrió el incidente, se encuentran todavía estibados en la terminal 4. Sólo se sabe que contienen sustancias peligrosas, aunque no si se trata del mismo pesticida. La intensa lluvia de ayer demoró los peritajes que realizaban en forma conjunta el organismo a cargo de la seguridad portuaria, la Prefectura Naval, y las autoridades de Toxicología y Medio Ambiente del Ministerio de Salud.
El protocolo operativo para contenedores cargados con "sustancias tóxicas", una vez descargados del buque, comienza con una "estiba segregada". Aunque no se sabe exactamente cuál es la carga, se sabe que es un código IMO 6.1, es decir, sustancia tóxica según el código de la Organización Marítima Internacional (IMO, en inglés). "Al no venir con ninguna indicación específica sobre su almacenamiento, se lo estibó a la intemperie, que es lo común en estos casos", dijeron fuentes de la terminal.
La naviera a cargo del transporte de la carga es la alemana Hamburg Süd, que declinó revelar el nombre del cargador.
Más Información:
- Greenpeace - Reclama información precisa sobre la nube tóxica
- Río Negro OL - Nube tóxica y temporal colapsaron Buenos Aires
- Renace - Levemente muertos: Humo de agrotóxicos en el Puerto de BsAs
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Vinaza: Tucumán no cumplió parte del acuerdo
Tucumán no cumplió todavía en limpiar los canales de vinaza
Fecha de Publicación: 07/12/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
El gobierno de Tucumán no cumplió con el compromiso de evacuar los millones de litros de vinaza que se encuentran almacenados en canales de riego y de desagüe en la vecina provincia y que para Santiago del Estero representan una amenaza para el embalse.
El secretario de Medio Ambiente tucumano, Alfredo Montalván, había asumido este compromiso ante el fiscal de Estado, Raúl Abate, y del defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával. Ello, como consecuencia del serio incidente protagonizado por el ingenio La Florida, de Jorge Rocchia Ferro, que semanas atrás descargó millones de litros de vinaza pura en pueblos del departamento Jiménez, al romperse los tapones del canal interprovincial del Este que contenía el desecho.
La provincia radicó una denuncia por este episodio para que se investigue la responsabilidad de la empresa y también de funcionarios que debían controlar la planta.
“La Florida tiene una medida cautelar de la Justicia Federal en contra por la cual no puede usar el canal para almacenar vinaza, pero hay otros ingenios como el Concepción que también almacena. Tucumán no cumplió con la promesa que hizo Montalván, hablé con él y me confirmó que están haciendo los trámites previos, porque había autorización y por ende derechos adquiridos, para que solucionen esta cuestión y prohiban la utilización de canales como reservorios”, comentó Díaz Achával en diálogo con EL LIBERAL.
Señaló que algunos ingenios usaban los canales públicos para trasladar la vinaza hacia los campos donde se realiza el fertirriego y que ya no lo podrán hacer. “Esto surge como consecuencia del impresionante vuelco en El Palomar y en El Arenal, se debe aplicar sanción a quien provocó esto, pero también se deben tomar medidas preventivas y que se reduzcan posibilidades de accidentes”, añadió Díaz Achával.
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Fecha de Publicación: 07/12/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
El gobierno de Tucumán no cumplió con el compromiso de evacuar los millones de litros de vinaza que se encuentran almacenados en canales de riego y de desagüe en la vecina provincia y que para Santiago del Estero representan una amenaza para el embalse.El secretario de Medio Ambiente tucumano, Alfredo Montalván, había asumido este compromiso ante el fiscal de Estado, Raúl Abate, y del defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával. Ello, como consecuencia del serio incidente protagonizado por el ingenio La Florida, de Jorge Rocchia Ferro, que semanas atrás descargó millones de litros de vinaza pura en pueblos del departamento Jiménez, al romperse los tapones del canal interprovincial del Este que contenía el desecho.
La provincia radicó una denuncia por este episodio para que se investigue la responsabilidad de la empresa y también de funcionarios que debían controlar la planta.
“La Florida tiene una medida cautelar de la Justicia Federal en contra por la cual no puede usar el canal para almacenar vinaza, pero hay otros ingenios como el Concepción que también almacena. Tucumán no cumplió con la promesa que hizo Montalván, hablé con él y me confirmó que están haciendo los trámites previos, porque había autorización y por ende derechos adquiridos, para que solucionen esta cuestión y prohiban la utilización de canales como reservorios”, comentó Díaz Achával en diálogo con EL LIBERAL.
Señaló que algunos ingenios usaban los canales públicos para trasladar la vinaza hacia los campos donde se realiza el fertirriego y que ya no lo podrán hacer. “Esto surge como consecuencia del impresionante vuelco en El Palomar y en El Arenal, se debe aplicar sanción a quien provocó esto, pero también se deben tomar medidas preventivas y que se reduzcan posibilidades de accidentes”, añadió Díaz Achával.
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Capital Federal: nube tóxica de agroquímico
Evacúan el centro de Buenos Aires por nube tóxica
Fecha de Publicación: 06/12/2012
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Capital Federal
Se incendió un contenedor con insecticida en el puerto. El fuerte olor provocó mareos y problemas respiratorios. Las autoridades pidieron cerrar puertas y ventanas
La ciudad de Buenos Aires amaneció cubierta por una nube tóxica, provocada por el incendio de un contenedor con productos químicos, según reportaron las autoridades municipales. Distintos edificios del Microcentro, Retiro y Tribunales, zonas de intensa actividad, debieron ser evacuados.
El Gobierno porteño recomendó a los habitantes no salir de sus hogares hasta que se pudiera establecer el nivel de toxicidad de la nube. También pidió cerrar puertas y ventanas, no usar el aire acondicionado y llamar a emergencias (107) ante cualquier inconveniente de salud. Hubo personas atendidas por mareos, problemas de respiración e irritación en los ojos.
Alberto Tita, responsable de Relaciones Institucionales del Puerto, confirmó que se trata de "un contenedor que volcó y explotó” y en su interior “tenía pesticida" para hormigas. Asimismo, explicó que "estos contenedores están en el sector de cargas peligrosas" de la terminal portuaria.
El secretario de Seguridad de la nación, Sergio Berni, informó que el incendio ya fue apagado y sostuvo que la sustancia quemada es ya es "de baja peligrosidad", dado que fue diluyéndose con el viento.
La noticia explotó en las redes sociales. El hashtag #NubeTóxica, que se convirtió en una tendencia mundial, sirvió para mantener informados a los vecinos, mientras que otros se lo tomaron con humor.
El jefe de Gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, aún no se pronunció sobre la situación de la ciudad, dado que está fuera del país. Acudió a México DF para presenciar la asunción del alcalde, Miguel Ángel Mancera.
Más Información:
- Sin Mordaza - Nube tóxica en Buenos Aires
- La Gaceta - Por una nube tóxica, Buenos Aires entró en pánico
- TN - Nube tóxica, olor y evacuados en Buenos Aires
- La Noticia Primero - Nube tóxica en Buenos Aires: Qué es el insecticida Tiodicarb
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Fecha de Publicación: 06/12/2012
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Capital Federal
Se incendió un contenedor con insecticida en el puerto. El fuerte olor provocó mareos y problemas respiratorios. Las autoridades pidieron cerrar puertas y ventanas
La ciudad de Buenos Aires amaneció cubierta por una nube tóxica, provocada por el incendio de un contenedor con productos químicos, según reportaron las autoridades municipales. Distintos edificios del Microcentro, Retiro y Tribunales, zonas de intensa actividad, debieron ser evacuados.
El Gobierno porteño recomendó a los habitantes no salir de sus hogares hasta que se pudiera establecer el nivel de toxicidad de la nube. También pidió cerrar puertas y ventanas, no usar el aire acondicionado y llamar a emergencias (107) ante cualquier inconveniente de salud. Hubo personas atendidas por mareos, problemas de respiración e irritación en los ojos.
Alberto Tita, responsable de Relaciones Institucionales del Puerto, confirmó que se trata de "un contenedor que volcó y explotó” y en su interior “tenía pesticida" para hormigas. Asimismo, explicó que "estos contenedores están en el sector de cargas peligrosas" de la terminal portuaria.
El secretario de Seguridad de la nación, Sergio Berni, informó que el incendio ya fue apagado y sostuvo que la sustancia quemada es ya es "de baja peligrosidad", dado que fue diluyéndose con el viento.
La noticia explotó en las redes sociales. El hashtag #NubeTóxica, que se convirtió en una tendencia mundial, sirvió para mantener informados a los vecinos, mientras que otros se lo tomaron con humor.
El jefe de Gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, aún no se pronunció sobre la situación de la ciudad, dado que está fuera del país. Acudió a México DF para presenciar la asunción del alcalde, Miguel Ángel Mancera.
Más Información:
- Sin Mordaza - Nube tóxica en Buenos Aires
- La Gaceta - Por una nube tóxica, Buenos Aires entró en pánico
- TN - Nube tóxica, olor y evacuados en Buenos Aires
- La Noticia Primero - Nube tóxica en Buenos Aires: Qué es el insecticida Tiodicarb
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Extractivismo: 'Crímenes de lesa naturaleza'
'Crímenes de lesa naturaleza'
Fecha de Publicación: 06/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un tribunal integrado por organizaciones sociales, intelectuales y científicos declaró culpables a las empresas mineras y sojeras y a los gobiernos que permiten “avances sobre territorios campesinos e indígenas”.
“El modelo extractivista impuesto en el país es tal que nos permite hablar de ecocidio y de genocidio”, sentenció la socióloga Maristella Svampa ante Página/12, respecto de cómo impacta la extensión de la frontera agrícola y la inserción de empresas internacionales para desarrollar proyectos petrolíferos y de megaminería, entre otros, que contribuyen al “daño de la naturaleza y el avance sobre territorios de campesinos e indígenas”. Fue durante la presentación de la sentencia final del “Juicio ético a las transnacionales” que durante más de un año llevaron a cabo un centenar de organizaciones sociales, intelectuales y científicos. En el documento presentado determinan la responsabilidad de empresas y gobiernos, sostienen que hay violaciones de derechos sociales y económicos, a la salud y a un ambiente sano, en función de la Ley General Ambiental 25.675.
Minera La Alumbrera YMAD UTE, Minera Agua Rica, Barrick Gold Corporation, Grupo Monsanto, Repsol, Ledesma SA, Río Tinto-Vale SA y Potasio Río Colorado SA, Proyecto Navidad (Pan American Silver) Pan American Energy, Grupo Cargill, Alto Paraná, son las empresas investigadas y condenadas por “crímenes de lesa naturaleza”. Eso, en el marco de un modelo capitalista de “maldesarrollo” que fomenta la “mercantilización de la naturaleza”. La condena es simbólica y sólo persigue hacer públicos los efectos de estas explotaciones.
El encuentro, concretado en la Sala 5 del 3º piso del edificio anexo de la Cámara de Diputados, fue promovido y ejecutado por el proyecto de Resistencias Populares a la Recolonización del Continente, impulsado por el Centro de Investigaciones y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos y el Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía. “La idea del lugar tiene que ver con que queremos interpelar a todos los poderes políticos”, contó Patricia Agosto, de Pañuelos. Es que la información recabada por las Fiscalías Populares fue entregada ante la Corte Suprema de Justicia, el Poder Ejecutivo Nacional y a los legisladores nacionales.
El Tribunal Etico Popular da cuenta de cómo las empresas transnacionales impactan en el territorio argentino, y de que su operatividad “no sería posible sin la complicidad y garantía de los gobiernos, de los parlamentos, del sistema de Justicia, universidades y medios de comunicación”, sostienen en las 21 páginas de la sentencia final.
Como ejemplo reciente de lo que significa rechazar el modelo que denuncian, los integrantes del Tribunal mencionaron los hechos del pasado 27 de noviembre en Trelew, Chubut. Allí, integrantes de la Unión de Asambleas Patagónicas fueron agredidos por personas identificadas como del gremio de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), mientras se manifestaban en contra de la aprobación de un marco regulatorio de la Ley 5001 que –si se concretaba– habría permitido la instalación de emprendimientos de minería a gran escala. “Hoy podemos definir una nueva forma de represión que es la tercerización de la represión, porque no lo hace la policía ni existe un juez o un fiscal que la apruebe, sino que involucra a trabajadores contratados que son sicarios”, sacó a la luz Rodríguez Pardo. La “criminalización de la protesta social” es uno de los puntos en el apartado que hace referencia a las “violaciones de derechos civiles y políticos”.
Igual sucede, dicen, con los derechos culturales de los pueblos originarios a través de una “compleja trama” que finalmente cae en la “desapropiación de saberes ancestrales y el avance sobre su territorio”.
“Las empresas logran una licencia que no tienen”, advirtió Agosto. En ese sentido, en la sentencia señalan la decisión de no realizar consultas públicas y el “ocultamiento de información respecto de los proyectos”, así como también los “laxos controles estatales”, que figuran en el apartado que determina las responsabilidades.
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Fecha de Publicación: 06/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un tribunal integrado por organizaciones sociales, intelectuales y científicos declaró culpables a las empresas mineras y sojeras y a los gobiernos que permiten “avances sobre territorios campesinos e indígenas”.
“El modelo extractivista impuesto en el país es tal que nos permite hablar de ecocidio y de genocidio”, sentenció la socióloga Maristella Svampa ante Página/12, respecto de cómo impacta la extensión de la frontera agrícola y la inserción de empresas internacionales para desarrollar proyectos petrolíferos y de megaminería, entre otros, que contribuyen al “daño de la naturaleza y el avance sobre territorios de campesinos e indígenas”. Fue durante la presentación de la sentencia final del “Juicio ético a las transnacionales” que durante más de un año llevaron a cabo un centenar de organizaciones sociales, intelectuales y científicos. En el documento presentado determinan la responsabilidad de empresas y gobiernos, sostienen que hay violaciones de derechos sociales y económicos, a la salud y a un ambiente sano, en función de la Ley General Ambiental 25.675.
Minera La Alumbrera YMAD UTE, Minera Agua Rica, Barrick Gold Corporation, Grupo Monsanto, Repsol, Ledesma SA, Río Tinto-Vale SA y Potasio Río Colorado SA, Proyecto Navidad (Pan American Silver) Pan American Energy, Grupo Cargill, Alto Paraná, son las empresas investigadas y condenadas por “crímenes de lesa naturaleza”. Eso, en el marco de un modelo capitalista de “maldesarrollo” que fomenta la “mercantilización de la naturaleza”. La condena es simbólica y sólo persigue hacer públicos los efectos de estas explotaciones.
El encuentro, concretado en la Sala 5 del 3º piso del edificio anexo de la Cámara de Diputados, fue promovido y ejecutado por el proyecto de Resistencias Populares a la Recolonización del Continente, impulsado por el Centro de Investigaciones y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos y el Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía. “La idea del lugar tiene que ver con que queremos interpelar a todos los poderes políticos”, contó Patricia Agosto, de Pañuelos. Es que la información recabada por las Fiscalías Populares fue entregada ante la Corte Suprema de Justicia, el Poder Ejecutivo Nacional y a los legisladores nacionales.
El Tribunal Etico Popular da cuenta de cómo las empresas transnacionales impactan en el territorio argentino, y de que su operatividad “no sería posible sin la complicidad y garantía de los gobiernos, de los parlamentos, del sistema de Justicia, universidades y medios de comunicación”, sostienen en las 21 páginas de la sentencia final.
Como ejemplo reciente de lo que significa rechazar el modelo que denuncian, los integrantes del Tribunal mencionaron los hechos del pasado 27 de noviembre en Trelew, Chubut. Allí, integrantes de la Unión de Asambleas Patagónicas fueron agredidos por personas identificadas como del gremio de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), mientras se manifestaban en contra de la aprobación de un marco regulatorio de la Ley 5001 que –si se concretaba– habría permitido la instalación de emprendimientos de minería a gran escala. “Hoy podemos definir una nueva forma de represión que es la tercerización de la represión, porque no lo hace la policía ni existe un juez o un fiscal que la apruebe, sino que involucra a trabajadores contratados que son sicarios”, sacó a la luz Rodríguez Pardo. La “criminalización de la protesta social” es uno de los puntos en el apartado que hace referencia a las “violaciones de derechos civiles y políticos”.
Igual sucede, dicen, con los derechos culturales de los pueblos originarios a través de una “compleja trama” que finalmente cae en la “desapropiación de saberes ancestrales y el avance sobre su territorio”.
“Las empresas logran una licencia que no tienen”, advirtió Agosto. En ese sentido, en la sentencia señalan la decisión de no realizar consultas públicas y el “ocultamiento de información respecto de los proyectos”, así como también los “laxos controles estatales”, que figuran en el apartado que determina las responsabilidades.
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Rellenos del Ceamse en el límite
De tres rellenos, dos tienen orden de cierre y otro está al borde del colapso
Fecha de Publicación: 05/12/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
El de José León Suárez, sobre el Camino del Buen Ayre, podría quedar saturado en abril. A los de González Catán y Ensenada, que no deberían estar funcionando, todavía no se les hallaron alternativas por la oposición vecinal.
Durante 2011 la Ciudad y todos los municipios bonaerenses enterraron 6.501.853 toneladas de basura. Todas fueron a parar a tres rellenos sanitarios , los únicos que están en funcionamiento en el ámbito metropolitano: son el Norte III (en José León Suárez, el más grande de los tres), González Catán III y Ensenada. Están al borde del colapso e incluso, uno de ellos, funciona pese a que la Suprema Corte de Justicia provincial ordenó su cierre en 2006. Sin embargo, son la única opción para las millones de toneladas de residuos que se generan y que aumentan año a año .
Según cifras de la Ceamse (el ente que administra la disposición final de la basura y que conforman los gobiernos de Nación, Provincia y Ciudad) sólo entre 2009 y 2011, la cantidad de residuos enterrados aumento más de 850 mil toneladas. Y de acuerdo con las estimaciones de ambientalistas, trabajadores del sector e incluso la misma gobernación bonaerense, el relleno sanitario Norte III debería dejar de funcionar en abril de 2013 . Pero lo cierto es que no existen opciones a dónde derivar las 11 mil toneladas de basura que todos los días llegan a José León Suárez (más de 6.000 se generan en la Ciudad). Tal es así que en septiembre la Provincia anunció que iba a prorrogar su cierre hasta 2016. Sin prever ninguna obra de infraestructura, la idea era hacer crecer las montañas de basura , que ya se pueden ver desde la autopista del Buen Ayre.
El proyecto de prórroga de Daniel Scioli generó polémica y fuerte rechazo de los intendentes Sergio Massa (Tigre), Gabriel Katopodis (San Martín), Joaquín de la Torre (San Miguel) y Luis Andreotti (San Fernando) que llegaron a amenazar con impedir la circulación de camiones por sus distritos. Pero si bien dicen que no quieren seguir recibiendo la basura de otros municipios ni de la Ciudad, sus propios planes para reducir son proyectos a largo plazo.
Por otro lado, los trabajadores de la Ceamse resisten el cierre del relleno: “Sabemos que no hay ninguna opción a los tres existentes. Acá trabajan miles de personas. Habíamos aportado una solución alternativa, pero fue rechazada”, contó un dirigente gremial a Clarín . Es que el Gobierno nacional se niega a ceder terrenos de Campo de Mayo –colindante con el Norte III– para seguir enterrando basura.
Por su parte, los rellenos de Ensenada (donde va la basura de los municipios de Berisso, Ensenada, La Plata y Magdalena) y González Catán (La Matanza) fueron observados también por el impacto negativo que generan . De hecho la Corte bonaerense ordenó el cierre de Ensenada en 2006. Lo mismo sucedió con el de González Catán. Pero ambas clausuras están condicionadas a que existan nuevos rellenos sanitarios a donde derivar la basura.
Lo cierto es que en 2004 el cierre del relleno de Villa Domínico (en Avellaneda), movilizado por la presión de los vecinos, generó una gran conciencia en la opinión pública, porque a partir de ese momento todos los intentos por colocarlos en diferentes localidades fueron fuertemente resistidos . Durante 25 años Villa Domínico recibió 47 millones de toneladas de residuos y tenía montañas de 24 metros de alto.
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Fecha de Publicación: 05/12/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
El de José León Suárez, sobre el Camino del Buen Ayre, podría quedar saturado en abril. A los de González Catán y Ensenada, que no deberían estar funcionando, todavía no se les hallaron alternativas por la oposición vecinal.Durante 2011 la Ciudad y todos los municipios bonaerenses enterraron 6.501.853 toneladas de basura. Todas fueron a parar a tres rellenos sanitarios , los únicos que están en funcionamiento en el ámbito metropolitano: son el Norte III (en José León Suárez, el más grande de los tres), González Catán III y Ensenada. Están al borde del colapso e incluso, uno de ellos, funciona pese a que la Suprema Corte de Justicia provincial ordenó su cierre en 2006. Sin embargo, son la única opción para las millones de toneladas de residuos que se generan y que aumentan año a año .
Según cifras de la Ceamse (el ente que administra la disposición final de la basura y que conforman los gobiernos de Nación, Provincia y Ciudad) sólo entre 2009 y 2011, la cantidad de residuos enterrados aumento más de 850 mil toneladas. Y de acuerdo con las estimaciones de ambientalistas, trabajadores del sector e incluso la misma gobernación bonaerense, el relleno sanitario Norte III debería dejar de funcionar en abril de 2013 . Pero lo cierto es que no existen opciones a dónde derivar las 11 mil toneladas de basura que todos los días llegan a José León Suárez (más de 6.000 se generan en la Ciudad). Tal es así que en septiembre la Provincia anunció que iba a prorrogar su cierre hasta 2016. Sin prever ninguna obra de infraestructura, la idea era hacer crecer las montañas de basura , que ya se pueden ver desde la autopista del Buen Ayre.
El proyecto de prórroga de Daniel Scioli generó polémica y fuerte rechazo de los intendentes Sergio Massa (Tigre), Gabriel Katopodis (San Martín), Joaquín de la Torre (San Miguel) y Luis Andreotti (San Fernando) que llegaron a amenazar con impedir la circulación de camiones por sus distritos. Pero si bien dicen que no quieren seguir recibiendo la basura de otros municipios ni de la Ciudad, sus propios planes para reducir son proyectos a largo plazo.
Por otro lado, los trabajadores de la Ceamse resisten el cierre del relleno: “Sabemos que no hay ninguna opción a los tres existentes. Acá trabajan miles de personas. Habíamos aportado una solución alternativa, pero fue rechazada”, contó un dirigente gremial a Clarín . Es que el Gobierno nacional se niega a ceder terrenos de Campo de Mayo –colindante con el Norte III– para seguir enterrando basura.
Por su parte, los rellenos de Ensenada (donde va la basura de los municipios de Berisso, Ensenada, La Plata y Magdalena) y González Catán (La Matanza) fueron observados también por el impacto negativo que generan . De hecho la Corte bonaerense ordenó el cierre de Ensenada en 2006. Lo mismo sucedió con el de González Catán. Pero ambas clausuras están condicionadas a que existan nuevos rellenos sanitarios a donde derivar la basura.
Lo cierto es que en 2004 el cierre del relleno de Villa Domínico (en Avellaneda), movilizado por la presión de los vecinos, generó una gran conciencia en la opinión pública, porque a partir de ese momento todos los intentos por colocarlos en diferentes localidades fueron fuertemente resistidos . Durante 25 años Villa Domínico recibió 47 millones de toneladas de residuos y tenía montañas de 24 metros de alto.
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Gran parte de las mineras sin licencia ambiental
La mayoria de los emprendimientos mineros en Chubut tienen la licencia ambiental vencida
Fecha de Publicación: 05/12/2012
Fuente: InfoGlaciar
Provincia/Región: Chubut
La abogada Silvia De los Santos, quien hace dos semanas presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Superior de Justicia del Chubut, representando a las comunidades mapuches, informó los aspectos fundamentales de la presentación legal y explicó por qué consideran que la mitad de los 135 proyectos mineros de Chubut están en condiciones irregulares. Además, anticipó que algunos de esos proyectos no tienen especificada la ubicación exacta dentro del territorio provincial lo que rozaría la “clandestinidad”, aseguró De los Santos.
El principal pedido que hicieron ante el máximo tribunal de justicia de la provincia es que se suspenda de manera inmediata los más de 70 proyectos mineros que tienen la licencia ambiental vencida. Esos proyectos, ante el impedimento legal de hacer una explotación concreta a partir de la Ley provincial 5001, están en etapa de exploración y prospección, que son las fases preliminares a la explotación extractiva de los recursos minerales. “La información en que basamos nuestra acción de amparo es pública, está en la página de Internet del Ministerio de Ambiente”, explicó a El Diario la abogada Silvia De los Santos. Este medio pudo corroborar que la cartera ambiental reconoce públicamente el vencimiento de las licencias, algunas que incluso están caducas desde el año 2009. Además, la otra mitad de los proyectos, es decir los que aun están vigentes, vencerían el año que viene: “La licencia ambiental que da el ministerio es por dos años”, explicó la abogada que patrocina a Marcelo Pintihueque, miembro del lof Comunidad Chubut que integra a los descendientes mapuches de toda la provincia.
Sin embargo, la situación irregular no sólo se daría en los proyectos que ya están vencidos: de los más de 70 proyectos con licencia ambiental vencida sólo tres tuvieron “consulta pública escrita”, uno de los pasos legales más importantes para que las empresas puedan realizar sus tareas de cateo y estudio de viabilidad económica. “De esos tres uno es el que corresponde a una zona del famoso proyecto minero Navidad, en la meseta provincial”, comentó la abogada. La misma situación corre para los que aun cuentan con licencia: según informó la abogada, 31 proyectos mineros están en la etapa inicial sin realizar la consulta pública. “Eso directamente viola cualquier legislación ambiental”, sostuvo Silvia de los Santos.
En otro punto del amparo presentado a la justicia, Marcelo Pintihueque solicita que se intime al gobierno a que explicite algunos de los proyectos que en los documentos no se especifica la ubicación geográfica ni qué tipo de minerales tienen. “Sino los informan pensamos que pueden ser clandestinos porque no encontramos otra explicación para obviar la información”, especuló la letrada.
El objetivo del amparo
En el texto del amparo, las comunidades mapuches le hacen tres pedidos al Tribunal Superior de la provincia: la suspensión de los proyectos con licencia ambiental vencida, que se abstengan de habilitar nuevos proyectos sin la realización de la consulta pública y que se declaren inconstitucionales sino se tienen en cuenta la opinión de las comunidades originarias, según lo establece el artículo 169 de la OIT a la que Argentina adhiere con rango constitucional.
“El pedido de inconstitucionalidad es la cuestión de fondo. Esto nace a partir de que el territorio indígena no esta delimitado en la provincia, a pesar de que el gobierno tiene al menos dos proyectos para empezar a definir el territorio. Uno de esos proyectos es un convenio con la Universidad de la Patagonia en el que se había presupuestado seis millones de pesos para realizarlo”, declaró De los Santos.
Ante la pregunta de por qué apelaron directamente al máximo tribunal de justicia, la abogada informó que se basa a partir de la interjurisdicción tanto municipal como departamental de algunos de los 135 proyectos mineros. “En esta semana el tribunal tenía que resolver si era de su competencia y todavía no tuvimos novedades”, aclaró la abogada.
“La falsa teoría del control”
“A partir del 2009, durante el gobierno de Mario Das Neves, se especifica que las mineras tienen que realizar un informe de impacto ambiental y no un estudio ambiental. Esto, que parece ser un juego de palabras es una diferencia sustancial: el informe sólo determina la contaminación o no por sustancias, mientras que el estudio de impacto ambiental analiza todos los aspectos de una actividad tan compleja y peligrosa como la minería”, aseguró la abogada Silvia De los Santos. Pero además, hay otro aspecto legal negativo que proviene de la época dasnevista: “El Estado, como no tiene posibilidades de controlar esta actividad sólo les exige a las mineras una declaración jurada de que no contaminan; declaración que luego no controla nadie y evidencia la falsa teoría del control”.
Por último, De los Santos analizó la falta de infraestructura y personal que tiene la provincia para auditar las actividades extractivas: “En el Instituto Provincial del Agua sólo hay cuatro personas para hacer inspecciones sobre cómo se utilizan los cursos de agua; y en Medio Ambiente, según la información oficial, no existen cuerpos de inspectores para las diferentes especialidades que pueden ser en radioactividad, en ingeniería, en aguas superficiales o aguas subterráneas donde cada uno de esos aspectos exige una formación diferente”. “Tampoco hay un laboratorio específico para analizar por ejemplo si en el agua hay presencia de metales pesados u otras sustancias radioactivas. Sólo controlan contaminación bacteriológica como el escheriquia coli”, aseguró la abogada y opinó que de esa manera no sólo no podrían controlar los 135 proyectos mineros de la provincia, “sino tampoco los 15500 pozos petroleros que hay en Chubut”.
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Fecha de Publicación: 05/12/2012
Fuente: InfoGlaciar
Provincia/Región: Chubut
La abogada Silvia De los Santos, quien hace dos semanas presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Superior de Justicia del Chubut, representando a las comunidades mapuches, informó los aspectos fundamentales de la presentación legal y explicó por qué consideran que la mitad de los 135 proyectos mineros de Chubut están en condiciones irregulares. Además, anticipó que algunos de esos proyectos no tienen especificada la ubicación exacta dentro del territorio provincial lo que rozaría la “clandestinidad”, aseguró De los Santos.
El principal pedido que hicieron ante el máximo tribunal de justicia de la provincia es que se suspenda de manera inmediata los más de 70 proyectos mineros que tienen la licencia ambiental vencida. Esos proyectos, ante el impedimento legal de hacer una explotación concreta a partir de la Ley provincial 5001, están en etapa de exploración y prospección, que son las fases preliminares a la explotación extractiva de los recursos minerales. “La información en que basamos nuestra acción de amparo es pública, está en la página de Internet del Ministerio de Ambiente”, explicó a El Diario la abogada Silvia De los Santos. Este medio pudo corroborar que la cartera ambiental reconoce públicamente el vencimiento de las licencias, algunas que incluso están caducas desde el año 2009. Además, la otra mitad de los proyectos, es decir los que aun están vigentes, vencerían el año que viene: “La licencia ambiental que da el ministerio es por dos años”, explicó la abogada que patrocina a Marcelo Pintihueque, miembro del lof Comunidad Chubut que integra a los descendientes mapuches de toda la provincia.
Sin embargo, la situación irregular no sólo se daría en los proyectos que ya están vencidos: de los más de 70 proyectos con licencia ambiental vencida sólo tres tuvieron “consulta pública escrita”, uno de los pasos legales más importantes para que las empresas puedan realizar sus tareas de cateo y estudio de viabilidad económica. “De esos tres uno es el que corresponde a una zona del famoso proyecto minero Navidad, en la meseta provincial”, comentó la abogada. La misma situación corre para los que aun cuentan con licencia: según informó la abogada, 31 proyectos mineros están en la etapa inicial sin realizar la consulta pública. “Eso directamente viola cualquier legislación ambiental”, sostuvo Silvia de los Santos.
En otro punto del amparo presentado a la justicia, Marcelo Pintihueque solicita que se intime al gobierno a que explicite algunos de los proyectos que en los documentos no se especifica la ubicación geográfica ni qué tipo de minerales tienen. “Sino los informan pensamos que pueden ser clandestinos porque no encontramos otra explicación para obviar la información”, especuló la letrada.
El objetivo del amparo
En el texto del amparo, las comunidades mapuches le hacen tres pedidos al Tribunal Superior de la provincia: la suspensión de los proyectos con licencia ambiental vencida, que se abstengan de habilitar nuevos proyectos sin la realización de la consulta pública y que se declaren inconstitucionales sino se tienen en cuenta la opinión de las comunidades originarias, según lo establece el artículo 169 de la OIT a la que Argentina adhiere con rango constitucional.
“El pedido de inconstitucionalidad es la cuestión de fondo. Esto nace a partir de que el territorio indígena no esta delimitado en la provincia, a pesar de que el gobierno tiene al menos dos proyectos para empezar a definir el territorio. Uno de esos proyectos es un convenio con la Universidad de la Patagonia en el que se había presupuestado seis millones de pesos para realizarlo”, declaró De los Santos.
Ante la pregunta de por qué apelaron directamente al máximo tribunal de justicia, la abogada informó que se basa a partir de la interjurisdicción tanto municipal como departamental de algunos de los 135 proyectos mineros. “En esta semana el tribunal tenía que resolver si era de su competencia y todavía no tuvimos novedades”, aclaró la abogada.
“La falsa teoría del control”
“A partir del 2009, durante el gobierno de Mario Das Neves, se especifica que las mineras tienen que realizar un informe de impacto ambiental y no un estudio ambiental. Esto, que parece ser un juego de palabras es una diferencia sustancial: el informe sólo determina la contaminación o no por sustancias, mientras que el estudio de impacto ambiental analiza todos los aspectos de una actividad tan compleja y peligrosa como la minería”, aseguró la abogada Silvia De los Santos. Pero además, hay otro aspecto legal negativo que proviene de la época dasnevista: “El Estado, como no tiene posibilidades de controlar esta actividad sólo les exige a las mineras una declaración jurada de que no contaminan; declaración que luego no controla nadie y evidencia la falsa teoría del control”.
Por último, De los Santos analizó la falta de infraestructura y personal que tiene la provincia para auditar las actividades extractivas: “En el Instituto Provincial del Agua sólo hay cuatro personas para hacer inspecciones sobre cómo se utilizan los cursos de agua; y en Medio Ambiente, según la información oficial, no existen cuerpos de inspectores para las diferentes especialidades que pueden ser en radioactividad, en ingeniería, en aguas superficiales o aguas subterráneas donde cada uno de esos aspectos exige una formación diferente”. “Tampoco hay un laboratorio específico para analizar por ejemplo si en el agua hay presencia de metales pesados u otras sustancias radioactivas. Sólo controlan contaminación bacteriológica como el escheriquia coli”, aseguró la abogada y opinó que de esa manera no sólo no podrían controlar los 135 proyectos mineros de la provincia, “sino tampoco los 15500 pozos petroleros que hay en Chubut”.
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La 'ciencia' en contextos extractivistas
La 'ciencia' en contextos extractivistas
Fecha de Publicación: 05/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
“Ignorantes”, “desinformados”, “ideologizados”, “irracionales”, “fundamentalistas”... Tal una somera graduación de las categorías que habitualmente se emplean para aludir a sujetos y colectivos que se oponen a actividades extractivas que, como la megaminería a gran escala, implican no sólo graves riesgos ciertos y comprobables de contaminación sino, ya de partida, gravosos impactos de destrucción de ecosistemas, afectación a la biodiversidad y consumos siderales de agua y energía.
La lucha por la defensa de los ambientes glaciares y periglaciares, nacientes de la gran mayoría de las cuencas hídricas que sustentan la vida de nuestras provincias cordilleranas, ha sido un capítulo clave en la búsqueda por poner un límite a la voracidad extractivista. Sin embargo, está visto que ninguna ley es suficiente para garantizar los derechos más elementales de las poblaciones cuando del otro lado hay una poderosa articulación de intereses públicos-privados, que hace “socios” a grandes corporaciones transnacionales, controladoras del negocio, con gobiernos interesados en la participación (mínima, hay que decir) de la renta minera.
Asistimos actualmente a una nueva estocada del poder minero sobre la ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares (Ley 26.639). Esta vez, en el campo de burlar su aplicación. Todas las artimañas son, al parecer, válidas. Hasta la de la cooptación de “expertos”, o “técnicos” que, presentándose bajo el manto impoluto de la “objetividad científica”, certifican y sentencian visiones de la realidad muy a la medida de los intereses corporativos.
Tal es el caso de la reciente “gira” que vienen haciendo por estos días los doctores Matthias Jakob y Pablo Wainstein, presentados como “prestigiosos científicos” en el artículo titulado “La Ley de Glaciares calienta el debate”, publicado en este diario el 21 de noviembre pasado, al dar cuenta de su intervención en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, en un claro tono crítico a la ley. Lo que omite decir el artículo es que estos “prestigiosos científicos” pertenecen a la consultora canadiense BGC, empresa internacional con sede en Vancouver, costa occidental de Canadá, que se ha expandido a América del Sur, Africa, Asia, Europa y Australia con una constante: ir de la mano de las megamineras multinacionales.
Por caso, la consultora BGC trabaja para la Barrick en Doulin Creek, Alaska; en Cortez Hills, EE.UU. En Rusia también investigan para Barrick en Proyecto Fedorova, en la Península de Kola. En Africa, en la Southern Deeps y la Mina North Mara, ambas de Barrick. En Su-damérica, la consultora de estos ilustres seminaristas opera en Pueblo Viejo, en República Dominicana; en Las Cristinas, en Venezuela; en Pascua-Lama, Argentina y Chile; en Agua Rica, Catamarca, Argentina, y en el desastroso Mineraloducto de Minera Alumbrera Ltd, Catamarca, entre otras.
Estos mismos “especialistas” se presentaron también en noviembre en la capital de La Rioja para dar un “Seminario Internacional sobre Permafrost y Ambiente Periglaciar”, promovido por el gobernador Beder Herrera, tristemente célebre por vetar las leyes de prohibición de la megaminería con las que llegó a la gobernación. Antes pasaron también por San Juan, dictando el mismo seminario, en la provincia de Gioja, de manifiestos vínculos con la minería transnacional.
Así asistimos a un ya clásico “recurso” de las industrias extractivas, las que para apropiarse de los territorios sometidos a voladuras precisan también de una poco disimulada maniobra de apropiación epistémica, recurriendo sistemáticamente a la “sabiduría académica de expertos internacionales” fuertemente ligados por jugosos contratos a las propias empresas interesadas en “tener” el control de la “verdad” sobre los territorios.
La mercantilización de los bienes comunes de la naturaleza, en este caso las altas cumbres nacientes de nuestras aguas y de toda la biodiversidad de nuestros ecosistemas cordilleranos, va de la mano con la mercantilización del “conocimiento”. Para las mineras, la “verdad científica” es, ni más ni menos, una mercancía estratégica que pueden manipular a su antojo; se creen dueños de nuestros cerros; se creen dueños de la “verdad” y de la razón.
Frente a ellos, los ojos de pueblos informados y movilizados, esos que desde el poder descalifican como “ignorantes” o “fundamentalistas”, son los que hacen caer las máscaras de la “cientificidad de empresa”. Pueblos de pie, contra la mercantilización de los bienes comunes y contra la mercantilización del saber.
Horacio Machado Aráoz
Universidad Nacional de Catamarca - Colectivo Sumak Kawsay.
Ramón Navarro
Asambleas Ciudadanas de La Rioja - Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC).
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Fecha de Publicación: 05/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
“Ignorantes”, “desinformados”, “ideologizados”, “irracionales”, “fundamentalistas”... Tal una somera graduación de las categorías que habitualmente se emplean para aludir a sujetos y colectivos que se oponen a actividades extractivas que, como la megaminería a gran escala, implican no sólo graves riesgos ciertos y comprobables de contaminación sino, ya de partida, gravosos impactos de destrucción de ecosistemas, afectación a la biodiversidad y consumos siderales de agua y energía.
La lucha por la defensa de los ambientes glaciares y periglaciares, nacientes de la gran mayoría de las cuencas hídricas que sustentan la vida de nuestras provincias cordilleranas, ha sido un capítulo clave en la búsqueda por poner un límite a la voracidad extractivista. Sin embargo, está visto que ninguna ley es suficiente para garantizar los derechos más elementales de las poblaciones cuando del otro lado hay una poderosa articulación de intereses públicos-privados, que hace “socios” a grandes corporaciones transnacionales, controladoras del negocio, con gobiernos interesados en la participación (mínima, hay que decir) de la renta minera.
Asistimos actualmente a una nueva estocada del poder minero sobre la ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares (Ley 26.639). Esta vez, en el campo de burlar su aplicación. Todas las artimañas son, al parecer, válidas. Hasta la de la cooptación de “expertos”, o “técnicos” que, presentándose bajo el manto impoluto de la “objetividad científica”, certifican y sentencian visiones de la realidad muy a la medida de los intereses corporativos.
Tal es el caso de la reciente “gira” que vienen haciendo por estos días los doctores Matthias Jakob y Pablo Wainstein, presentados como “prestigiosos científicos” en el artículo titulado “La Ley de Glaciares calienta el debate”, publicado en este diario el 21 de noviembre pasado, al dar cuenta de su intervención en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, en un claro tono crítico a la ley. Lo que omite decir el artículo es que estos “prestigiosos científicos” pertenecen a la consultora canadiense BGC, empresa internacional con sede en Vancouver, costa occidental de Canadá, que se ha expandido a América del Sur, Africa, Asia, Europa y Australia con una constante: ir de la mano de las megamineras multinacionales.
Por caso, la consultora BGC trabaja para la Barrick en Doulin Creek, Alaska; en Cortez Hills, EE.UU. En Rusia también investigan para Barrick en Proyecto Fedorova, en la Península de Kola. En Africa, en la Southern Deeps y la Mina North Mara, ambas de Barrick. En Su-damérica, la consultora de estos ilustres seminaristas opera en Pueblo Viejo, en República Dominicana; en Las Cristinas, en Venezuela; en Pascua-Lama, Argentina y Chile; en Agua Rica, Catamarca, Argentina, y en el desastroso Mineraloducto de Minera Alumbrera Ltd, Catamarca, entre otras.
Estos mismos “especialistas” se presentaron también en noviembre en la capital de La Rioja para dar un “Seminario Internacional sobre Permafrost y Ambiente Periglaciar”, promovido por el gobernador Beder Herrera, tristemente célebre por vetar las leyes de prohibición de la megaminería con las que llegó a la gobernación. Antes pasaron también por San Juan, dictando el mismo seminario, en la provincia de Gioja, de manifiestos vínculos con la minería transnacional.
Así asistimos a un ya clásico “recurso” de las industrias extractivas, las que para apropiarse de los territorios sometidos a voladuras precisan también de una poco disimulada maniobra de apropiación epistémica, recurriendo sistemáticamente a la “sabiduría académica de expertos internacionales” fuertemente ligados por jugosos contratos a las propias empresas interesadas en “tener” el control de la “verdad” sobre los territorios.
La mercantilización de los bienes comunes de la naturaleza, en este caso las altas cumbres nacientes de nuestras aguas y de toda la biodiversidad de nuestros ecosistemas cordilleranos, va de la mano con la mercantilización del “conocimiento”. Para las mineras, la “verdad científica” es, ni más ni menos, una mercancía estratégica que pueden manipular a su antojo; se creen dueños de nuestros cerros; se creen dueños de la “verdad” y de la razón.
Frente a ellos, los ojos de pueblos informados y movilizados, esos que desde el poder descalifican como “ignorantes” o “fundamentalistas”, son los que hacen caer las máscaras de la “cientificidad de empresa”. Pueblos de pie, contra la mercantilización de los bienes comunes y contra la mercantilización del saber.
Horacio Machado Aráoz
Universidad Nacional de Catamarca - Colectivo Sumak Kawsay.
Ramón Navarro
Asambleas Ciudadanas de La Rioja - Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC).
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Siguen evaluando y evaluando el Riachuelo
Vuelven a evaluar la contaminación del Riachuelo
Fecha de Publicación: 04/12/2012
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Riachuelo
Legisladores de la oposición realizarán hoy una jornada de debate con organizaciones sociales para evaluar el estado en que se encuentra el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.El "Foro X la Cuenca Matanza-Riachuelo" se llevará a cabo a más de cuatro años del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó sanear esos ríos del área metropolitana.
El encuentro, que finalizará con una conferencia de prensa, fue convocado por los diputados nacionales opositores Ricardo Gil Lavedra, Alfonso Prat Gay, Victoria Donda, Roy Cortina, Margarita Stolbizer, Humberto Tumini y la senadora María Eugenia Estenssoro.
Las actividades comenzarán a las 9.30 en el Teatro José Verdi, situado en avenida Almirante Brown 736, y finalizará a las 15 con un conferencia de prensa en el Bar Roma, ubicado en la esquina de Almirante Brown y Olavarría, ambos en el barrio porteño de La Boca, informó la agencia DyN.
El objetivo del foro, dijeron los organizadores en un comunicado, será evaluar el "estado en que se encuentra el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo", a fin de "fomentar ámbitos de debate y consenso" que son los que "garantizan la participación y ejercicio de la representación política".
La Corte Suprema ordenó el 8 de julio de 2008 a los Estados Nacional, bonaerense y porteño reparar la grave contaminación de la cuenca metropolitana y dispuso que el juez de Quilmes Luis Armella hiciera el seguimiento de los trabajos.
El magistrado fue apartado por la propia Corte a comienzos de noviembre a raíz de las denuncias sobre supuestas irregularidades en la contratación directa de obras por medio de empresas que estarían vinculadas a su entorno.
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Fecha de Publicación: 04/12/2012
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Riachuelo
Legisladores de la oposición realizarán hoy una jornada de debate con organizaciones sociales para evaluar el estado en que se encuentra el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.El "Foro X la Cuenca Matanza-Riachuelo" se llevará a cabo a más de cuatro años del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó sanear esos ríos del área metropolitana.
El encuentro, que finalizará con una conferencia de prensa, fue convocado por los diputados nacionales opositores Ricardo Gil Lavedra, Alfonso Prat Gay, Victoria Donda, Roy Cortina, Margarita Stolbizer, Humberto Tumini y la senadora María Eugenia Estenssoro.
Las actividades comenzarán a las 9.30 en el Teatro José Verdi, situado en avenida Almirante Brown 736, y finalizará a las 15 con un conferencia de prensa en el Bar Roma, ubicado en la esquina de Almirante Brown y Olavarría, ambos en el barrio porteño de La Boca, informó la agencia DyN.
El objetivo del foro, dijeron los organizadores en un comunicado, será evaluar el "estado en que se encuentra el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo", a fin de "fomentar ámbitos de debate y consenso" que son los que "garantizan la participación y ejercicio de la representación política".
La Corte Suprema ordenó el 8 de julio de 2008 a los Estados Nacional, bonaerense y porteño reparar la grave contaminación de la cuenca metropolitana y dispuso que el juez de Quilmes Luis Armella hiciera el seguimiento de los trabajos.
El magistrado fue apartado por la propia Corte a comienzos de noviembre a raíz de las denuncias sobre supuestas irregularidades en la contratación directa de obras por medio de empresas que estarían vinculadas a su entorno.
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Advierten sobre la incineracion en Capital Federal
Ambientalistas alertan sobre el avance de la incineración de residuos de la Ciudad
Fecha de Publicación: 04/12/2012
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Capital Federal
Como resultado del encuentro, la Ciudad se comprometió a reducir un 78% de los residuos en 18 meses y la provincia a aplicar planes de reducción en sus municipios. Luego de la reunión, el Jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró en declaraciones radiales, que la Ciudad utilizará tecnologías térmicas de tratamiento de residuos, para alcanzar la meta prometida por Mauricio Macri a Daniel Scioli. Es importante remarcar que la combustión de los residuos de la Ciudad de Buenos Aires está prohibida en el artículo 7 de la Ley 1854 de Basura Cero.
“Debemos resaltar como positiva la reunión de hoy entre Macri y Scioli. No obstante, es necesario que se presente un plan acción que dé cuenta de cómo el Gobierno de la Ciudad y los Gobiernos municipales reducirán la basura enterrada. Por otro lado, la Ciudad debe aclarar cuál es la línea de base para la reducción del 78% comprometido y cuáles serán las decisiones a tomar, teniendo en cuenta que debe cumplir la ley vigente en la cual está prohibida la incineración”, señaló Consuelo Bilbao, de la campaña de Tóxicos de Greenpeace.
Al mismo tiempo, Juan Carlos Villalonga, Presidente de la Junta Directiva de Los Verdes, señaló: "Lo que surge de las declaraciones de las autoridades de la Ciudad es que están pensando en tratamientos térmicos de la basura, algo prohibido por la Ley de Basura Cero, y que tiene enormes inconvenientes técnicos. En lugar de pensar en cumplir con la legislación vigente, intentan modificarla para alcanzar la cifra comprometida. Por otro lado, la Provincia de Buenos Aires debería avanzar en prohibir la incineración para no sumar más problemas a la crisis de la basura”.
Por su parte, María Eugenia Di Paola, Directora Ejecutiva de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) sostuvo que “resulta inadmisible que la Ciudad de Buenos Aires aplique un sistema que explícitamente ha decidido no implementar en su Ley de Basura Cero, por ello solicitamos a las autoridades que tengan en cuenta las obligaciones legales asumidas por la Ciudad de Buenos Aires y las pongan en práctica sin dilaciones al igual que las correspondientes a las autoridades de la Nación y la Provincia de Buenos Aires que poseen corresponsabilidad en la temática de residuos en el área metropolitana.”
Como organización integrante de la Comisión de Asesoramiento Técnico de la Ley 1854 - de “Basura Cero”, la Fundación Ciudad sumó su preocupación por la propuesta del GCBA que contradice la ley vigente.
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Fecha de Publicación: 04/12/2012
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Capital Federal
Como resultado del encuentro, la Ciudad se comprometió a reducir un 78% de los residuos en 18 meses y la provincia a aplicar planes de reducción en sus municipios. Luego de la reunión, el Jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró en declaraciones radiales, que la Ciudad utilizará tecnologías térmicas de tratamiento de residuos, para alcanzar la meta prometida por Mauricio Macri a Daniel Scioli. Es importante remarcar que la combustión de los residuos de la Ciudad de Buenos Aires está prohibida en el artículo 7 de la Ley 1854 de Basura Cero.
“Debemos resaltar como positiva la reunión de hoy entre Macri y Scioli. No obstante, es necesario que se presente un plan acción que dé cuenta de cómo el Gobierno de la Ciudad y los Gobiernos municipales reducirán la basura enterrada. Por otro lado, la Ciudad debe aclarar cuál es la línea de base para la reducción del 78% comprometido y cuáles serán las decisiones a tomar, teniendo en cuenta que debe cumplir la ley vigente en la cual está prohibida la incineración”, señaló Consuelo Bilbao, de la campaña de Tóxicos de Greenpeace.
Al mismo tiempo, Juan Carlos Villalonga, Presidente de la Junta Directiva de Los Verdes, señaló: "Lo que surge de las declaraciones de las autoridades de la Ciudad es que están pensando en tratamientos térmicos de la basura, algo prohibido por la Ley de Basura Cero, y que tiene enormes inconvenientes técnicos. En lugar de pensar en cumplir con la legislación vigente, intentan modificarla para alcanzar la cifra comprometida. Por otro lado, la Provincia de Buenos Aires debería avanzar en prohibir la incineración para no sumar más problemas a la crisis de la basura”.
Por su parte, María Eugenia Di Paola, Directora Ejecutiva de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) sostuvo que “resulta inadmisible que la Ciudad de Buenos Aires aplique un sistema que explícitamente ha decidido no implementar en su Ley de Basura Cero, por ello solicitamos a las autoridades que tengan en cuenta las obligaciones legales asumidas por la Ciudad de Buenos Aires y las pongan en práctica sin dilaciones al igual que las correspondientes a las autoridades de la Nación y la Provincia de Buenos Aires que poseen corresponsabilidad en la temática de residuos en el área metropolitana.”
Como organización integrante de la Comisión de Asesoramiento Técnico de la Ley 1854 - de “Basura Cero”, la Fundación Ciudad sumó su preocupación por la propuesta del GCBA que contradice la ley vigente.
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Más amparos para proteger el Famatina
Dos nuevos amparos contra el gobierno riojano por Famatina
Fecha de Publicación: 03/12/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: La Rioja
Dos organizaciones no gubernamentales de La Rioja presentaron nuevos amparos judiciales contra resoluciones de la Secretaría de Minería de la provincia que habilitan trabajos de prospección de uranio en la Capital y oro en Famatina.
Las presentaciones fueron realizadas por la fundación Ambiente y Desarrollo y las Asambleas Ciudadanas de Chilecito.
Raúl Vidable, titular de la fundación y miembro del Instituto de Derecho Ambiental del Consejo de Abogados de La Rioja, informó que los amparos cuestionan los permisos a la firma estatal EMSE y a la subsidiaria de la canadiense Osisko, Portal SA. a comenzar trabajos de prospección de oro y otros minerales en el cordón del Famatina.
Al respecto, señaló que "se violó el cumplimiento de requisitos básicos que establecen las leyes para las evoluciones de impacto ambiental".
Además, dijo a radio La Red La Rioja que asi se desconoció un fallo de la justicia chileciteña "que está firme y consentido por el Gobierno provincial. Por lo tanto, no se entiende la autorización a las empresas mineras".
También se presentó un amparo en contra de la resolución 260/12 de la Secretaría de Ambiente de la Provincia que autorizó al Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) a comenzar la exploración de uranio en un sector de El Cantadero, a 20 kilómetros de la ciudad capital, la mayor concentración urbana de la provincia.
Vidable aseveró que "el gobierno sigue dando autorizaciones con total ilegalidad".
La fundación y las Asambleas vienen presentando sistemáticamente amparos para frenar la política minera del gobierno provincial, que actúa por fuera de la legislación en vigencia.
Las resoluciones sólo son conocidas cuando se publican en el Boletín Oficial, porque el gobierno ya no difunde estos actos administrativos por los medios de comunicación habituales.
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Fecha de Publicación: 03/12/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: La Rioja
Dos organizaciones no gubernamentales de La Rioja presentaron nuevos amparos judiciales contra resoluciones de la Secretaría de Minería de la provincia que habilitan trabajos de prospección de uranio en la Capital y oro en Famatina.Las presentaciones fueron realizadas por la fundación Ambiente y Desarrollo y las Asambleas Ciudadanas de Chilecito.
Raúl Vidable, titular de la fundación y miembro del Instituto de Derecho Ambiental del Consejo de Abogados de La Rioja, informó que los amparos cuestionan los permisos a la firma estatal EMSE y a la subsidiaria de la canadiense Osisko, Portal SA. a comenzar trabajos de prospección de oro y otros minerales en el cordón del Famatina.
Al respecto, señaló que "se violó el cumplimiento de requisitos básicos que establecen las leyes para las evoluciones de impacto ambiental".
Además, dijo a radio La Red La Rioja que asi se desconoció un fallo de la justicia chileciteña "que está firme y consentido por el Gobierno provincial. Por lo tanto, no se entiende la autorización a las empresas mineras".
También se presentó un amparo en contra de la resolución 260/12 de la Secretaría de Ambiente de la Provincia que autorizó al Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) a comenzar la exploración de uranio en un sector de El Cantadero, a 20 kilómetros de la ciudad capital, la mayor concentración urbana de la provincia.
Vidable aseveró que "el gobierno sigue dando autorizaciones con total ilegalidad".
La fundación y las Asambleas vienen presentando sistemáticamente amparos para frenar la política minera del gobierno provincial, que actúa por fuera de la legislación en vigencia.
Las resoluciones sólo son conocidas cuando se publican en el Boletín Oficial, porque el gobierno ya no difunde estos actos administrativos por los medios de comunicación habituales.
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Córdoba: imputan a agrónomos por fumigaciones
Al banquillo por rociar con glifosato
Fecha de Publicación: 03/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
Después de las condenas a tres años a un empresario y A un aeroaplicador, en agosto pasado, la fiscalía investiga cuatro casos semejantes. Tres en el barrio Ituzaingó Anexo y otro en Alta Gracia. Podrían enfrentar penas de entre 10 y 25 años.
El fiscal Carlos Matheu apunta a lo más alto: probar que la exposición a los agroquímicos fue la consecuencia de las enfermedades y las muertes en el barrio Ituzaingó Anexo, de Córdoba. Los lugareños fueron víctimas de lluvias de agroquímicos en reiteradas oportunidades durante diez años. Ante la multiplicidad de casos de cáncer, malformaciones en bebés y de muertes, se abrieron tres causas judiciales. El fiscal a cargo de la “causa madre” amplió las imputaciones por el delito de “contaminación ambiental dolosa” y “contaminación dolosa continuada”. Así, regresaran al banquillo de los acusados los productores rurales Francisco Parra y Eduardo Gabrielli, y el aeroaplicador Edgardo Pancello, que ya fueron enjuiciados por haber fumigado el barrio en dos oportunidades. A ellos se suman los ingenieros agrónomos Fernando y Javier Amuchástegui, Marcelo Bolatti, Ernesto Fleyer y Alejandra Mendizábal, y el aeroaplicador Gustavo Peralta. “Se trata de actores clave que no pueden desconocer la normativa en materia de agroquímicos”, dijo Matheu a Página/12.
En agosto de este año, el juicio contra dos empresarios sojeros y un aeroaplicador sentó jurisprudencia en Latinoamérica. La Cámara I de Córdoba consideró que las fumigaciones “posiblemente afecten la salud”, por lo que determinó que Parra fue el autor del delito de contaminación ambiental en forma continuada, y Pancello, coautor por una fumigación realizada en 2008, y los condenó a tres años de cumplimiento condicional, y absolvieron al empresario Gabrielli.
En esta ocasión, los casos que se investigarán en la “causa madre” son cuatro: tres en Ituzaingó Anexo (uno de ellos en Capilla de los Remedios), y el cuarto en Los Cedros, cerca de Alta Gracia. La causa se abrió por la denuncia que realizaron 35 vecinos por fumigaciones ilegales en 2003 y 2004, sin embargo el último caso se añade por “conexión subjetiva”. Pancello está imputado por haber fumigado en las inmediaciones de un barrio privado llamado Las Quintas, donde residen unas treinta familias. Dado que el hecho data de 2007 y es la misma imputación, se agrega para que sea investigado por el mismo fiscal (ver aparte).
“Si no se comprueba la conexión entre las muertes y la fumigación, el delito queda consumado de todas maneras”, advirtió a este diario el fiscal de instrucción del Distrito 3, Turno 6, de Córdoba que investiga la causa. Es que “basta que exista la posibilidad de que haya peligro de contaminación del ambiente de un modo peligroso para las personas para que se considere delito”, explicó. De todas maneras, si fumigaron, los imputados también infringieron la ley de Agroquímicos de la provincia, que prohíbe utilizar endosulfán y glifosato en un radio menor a los 1500 y 500 metros de distancia de las poblaciones urbanas vigente desde 2005, entre otras normativas municipales. El barrio está sitiado de campos sojeros al este, norte y sur.
Las penas por las imputaciones determinadas hasta el momento son de tres a diez años, pero si se comprueban los casos de muerte podrían elevarse de diez a veinticinco.
Para poder probar su hipótesis, Matheu solicitó que el Instituto Superior de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) conforme un grupo interdisciplinario de especialistas cuya investigación estaría finalizada para mediados del próximo año. “Es muy difícil, pero no imposible”, reconoció. El punto más complejo se halla en que puede haber personas con predisposición genética al cáncer o distintos desencadenantes, como el tabaco. Por lo que en esos casos deberá investigarse qué generó la enfermedad.
Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, es su sigla en inglés), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, existen 931 elementos químicos cancerígenos, entre ellos los agroquímicos, insecticidas y pesticidas. Ese dato también es tomado en cuenta por el fiscal.
En Ituzaingó viven unas cinco mil personas, de ellas 82 murieron de cáncer entre 2001 y 2009. En la actualidad al menos 143 padecen esa enfermedad: los números representan aproximadamente un tres por ciento de la población, “una cifra muy elevada” para los especialistas, señaló Matheu. En tanto, el año pasado, un relevamiento de la agrupación Madres de Ituzaingó determinó que de 145 niños el 80 por ciento tiene agrotóxicos en la sangre.
“Lo que se puede probar es la función acumulada del plaguicida”, señaló a Página/12 el biólogo y docente de la UNC Raúl Montenegro, también querellante en la causa junto al grupo de vecinos. Es decir que la investigación no se cierne al momento de aplicación del plaguicida, sino que se tiene en cuenta el después: “Eso se traslada al patio de la vivienda, queda depositado en los tanques de agua de las casas, está en el propio organismo de la persona”, explicó el especialista.
María Godoy, integrante de Madres de Ituzaingó, no se mostró sorprendida por la ampliación de las imputaciones. “Los ingenieros saben que hay ordenanzas que prohíben la fumigación en lugares poblados, sin embargo firmaban para dar el permiso”, acusó. Para ella, las entrañas del problema están en la educación: “Todo el mundo está en esto, la universidad los forma así, para el mercado, no para tener en cuenta la vida”, lamentó.
En tanto, el abogado de la organización informó que en la próxima semana solicitarán a la Justicia ser querellantes en la causa, para poder aportar distintas investigaciones que realizaron a lo largo de los años desde que se constituyeron.
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Fecha de Publicación: 03/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
Después de las condenas a tres años a un empresario y A un aeroaplicador, en agosto pasado, la fiscalía investiga cuatro casos semejantes. Tres en el barrio Ituzaingó Anexo y otro en Alta Gracia. Podrían enfrentar penas de entre 10 y 25 años.El fiscal Carlos Matheu apunta a lo más alto: probar que la exposición a los agroquímicos fue la consecuencia de las enfermedades y las muertes en el barrio Ituzaingó Anexo, de Córdoba. Los lugareños fueron víctimas de lluvias de agroquímicos en reiteradas oportunidades durante diez años. Ante la multiplicidad de casos de cáncer, malformaciones en bebés y de muertes, se abrieron tres causas judiciales. El fiscal a cargo de la “causa madre” amplió las imputaciones por el delito de “contaminación ambiental dolosa” y “contaminación dolosa continuada”. Así, regresaran al banquillo de los acusados los productores rurales Francisco Parra y Eduardo Gabrielli, y el aeroaplicador Edgardo Pancello, que ya fueron enjuiciados por haber fumigado el barrio en dos oportunidades. A ellos se suman los ingenieros agrónomos Fernando y Javier Amuchástegui, Marcelo Bolatti, Ernesto Fleyer y Alejandra Mendizábal, y el aeroaplicador Gustavo Peralta. “Se trata de actores clave que no pueden desconocer la normativa en materia de agroquímicos”, dijo Matheu a Página/12.
En agosto de este año, el juicio contra dos empresarios sojeros y un aeroaplicador sentó jurisprudencia en Latinoamérica. La Cámara I de Córdoba consideró que las fumigaciones “posiblemente afecten la salud”, por lo que determinó que Parra fue el autor del delito de contaminación ambiental en forma continuada, y Pancello, coautor por una fumigación realizada en 2008, y los condenó a tres años de cumplimiento condicional, y absolvieron al empresario Gabrielli.
En esta ocasión, los casos que se investigarán en la “causa madre” son cuatro: tres en Ituzaingó Anexo (uno de ellos en Capilla de los Remedios), y el cuarto en Los Cedros, cerca de Alta Gracia. La causa se abrió por la denuncia que realizaron 35 vecinos por fumigaciones ilegales en 2003 y 2004, sin embargo el último caso se añade por “conexión subjetiva”. Pancello está imputado por haber fumigado en las inmediaciones de un barrio privado llamado Las Quintas, donde residen unas treinta familias. Dado que el hecho data de 2007 y es la misma imputación, se agrega para que sea investigado por el mismo fiscal (ver aparte).
“Si no se comprueba la conexión entre las muertes y la fumigación, el delito queda consumado de todas maneras”, advirtió a este diario el fiscal de instrucción del Distrito 3, Turno 6, de Córdoba que investiga la causa. Es que “basta que exista la posibilidad de que haya peligro de contaminación del ambiente de un modo peligroso para las personas para que se considere delito”, explicó. De todas maneras, si fumigaron, los imputados también infringieron la ley de Agroquímicos de la provincia, que prohíbe utilizar endosulfán y glifosato en un radio menor a los 1500 y 500 metros de distancia de las poblaciones urbanas vigente desde 2005, entre otras normativas municipales. El barrio está sitiado de campos sojeros al este, norte y sur.
Las penas por las imputaciones determinadas hasta el momento son de tres a diez años, pero si se comprueban los casos de muerte podrían elevarse de diez a veinticinco.
Para poder probar su hipótesis, Matheu solicitó que el Instituto Superior de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) conforme un grupo interdisciplinario de especialistas cuya investigación estaría finalizada para mediados del próximo año. “Es muy difícil, pero no imposible”, reconoció. El punto más complejo se halla en que puede haber personas con predisposición genética al cáncer o distintos desencadenantes, como el tabaco. Por lo que en esos casos deberá investigarse qué generó la enfermedad.
Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, es su sigla en inglés), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, existen 931 elementos químicos cancerígenos, entre ellos los agroquímicos, insecticidas y pesticidas. Ese dato también es tomado en cuenta por el fiscal.
En Ituzaingó viven unas cinco mil personas, de ellas 82 murieron de cáncer entre 2001 y 2009. En la actualidad al menos 143 padecen esa enfermedad: los números representan aproximadamente un tres por ciento de la población, “una cifra muy elevada” para los especialistas, señaló Matheu. En tanto, el año pasado, un relevamiento de la agrupación Madres de Ituzaingó determinó que de 145 niños el 80 por ciento tiene agrotóxicos en la sangre.
“Lo que se puede probar es la función acumulada del plaguicida”, señaló a Página/12 el biólogo y docente de la UNC Raúl Montenegro, también querellante en la causa junto al grupo de vecinos. Es decir que la investigación no se cierne al momento de aplicación del plaguicida, sino que se tiene en cuenta el después: “Eso se traslada al patio de la vivienda, queda depositado en los tanques de agua de las casas, está en el propio organismo de la persona”, explicó el especialista.
María Godoy, integrante de Madres de Ituzaingó, no se mostró sorprendida por la ampliación de las imputaciones. “Los ingenieros saben que hay ordenanzas que prohíben la fumigación en lugares poblados, sin embargo firmaban para dar el permiso”, acusó. Para ella, las entrañas del problema están en la educación: “Todo el mundo está en esto, la universidad los forma así, para el mercado, no para tener en cuenta la vida”, lamentó.
En tanto, el abogado de la organización informó que en la próxima semana solicitarán a la Justicia ser querellantes en la causa, para poder aportar distintas investigaciones que realizaron a lo largo de los años desde que se constituyeron.
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Advierten sobre contaminación de Laguna Oca
Advierten sobre contaminación de Laguna Oca: habilitar un balneario “es peligroso para la salud”
Fecha de Publicación: 03/12/2012
Fuente: La Mañana
Provincia/Región: Formosa
Proteccionistas ambientales indicaron que la Biosfera “nunca fue un lugar seguro para un balneario” por tratarse de agua muerta que recibe desde hace años residuos cloacales.
Luego de que se conozcan los resultados de una investigación realizada por La Mañana en la que se analizaron los valores de contaminación del agua que se vierte desde el riacho El Pucú hacia la Laguna Oca, se encendió la alarma sobre los potenciales peligros para el hombre que puede traer el contacto con estos residuos. Días atrás, se había informado que por la bajante del río, el balneario no podría habilitarse de inmediato, pero su apertura en este verano todavía es un misterio.
Estudios
El informe, publicado en octubre pasado, señalaba que en dos muestras extraídas y examinadas en un importante laboratorio local se daba cuenta de que el mencionado curso de agua descargaba agua contaminada con residuos orgánicos, los cuales estaban “muy por encima de los niveles normales”.
A raíz de esto, el presidente del Movimiento Ecologista Vida y Salud de Formosa, Víctor Cuyé Ríos, habló con este Diario y advirtió que el lugar donde ahora se emplaza la Reserva de Biosfera, y que fue durante años el máximo exponente local del contacto con la naturaleza y la opción turística más visitada en esta ciudad, “nunca fue un lugar para hacer un balneario, porque es agua muerta, sin circulación, y que además recibe aguas residuales y elementos químicos cloacales sin ningún tratamiento desde hace muchos años”.
Dijo el ecologista que este espejo de agua, uno de los tres más grandes de la zona sureste de Formosa, “correrá la misma suerte que la laguna De los Indios”, cuyo proceso de contaminación comenzó hace más de diez años, y en donde actualmente está prohibido bañarse por cuestiones de salubridad.
Estudios realizados por el Movimiento Ecologista indican que desde el 2008 a la actualidad, el nivel de contaminación por residuos cloacales se incrementó entre un 30 y un 40%, pese a que existen leyes que protegen y prohíben que se arrojen estos líquidos contaminados a la mencionada laguna.
Reserva
La Reserva es un grupo de zonas que pertenecen a ecosistemas terrestres o costeros, reconocidas por el programa internacional “El Hombre y la Biósfera” (MaB). Este programa, promovido por la UNESCO, tiene como objetivo fomentar y mostrar una relación equilibrada entre el hombre y su medio ambiente.
Actualmente, la reserva cuenta con 13.500 kilómetros cuadrados de agua, y está delimitada al Norte con la Avenida Napoleón Uriburu, entre Avellaneda y calle Santa Fe y el río Paraguay; al Sur, con el río Paraguay; al Oeste, con el camino a Tres Marías, y al Este con la calle Santa Fe, Chaco y costas del río.
Hace poco tiempo propusieron que toda la ciudad sea integrada a la Reserva, y la ampliación en curso redefiniría los límites, quedando delimitada por: al Norte, el Riacho Formosa; al Oeste, el Riacho El Pucú, y al Centro, sobre la ciudad.Según Cuyé, “nada de esto se cumplió”, porque los desagües cloacales siguen funcionando y se siguen haciendo. Indicó que las faltas de obras estructurales que conduzcan a estos líquidos portadores de residuos orgánicos sin tratar hacia el río Paraguay (curso con agua en movimiento) es la principal causa de la contaminación actual. “Se arrojan residuos libremente”, indicó.
El presidente de los ecologistas dijo que pese a las denuncias, nunca recibieron una respuesta por parte de autoridades locales. “La laguna no sirve para balneario y es un peligro, más allá de que quieran habilitarlo. Siempre estuvimos pendientes de ese tema, y reclamamos que las leyes se cumplan”, dijo Cuyé.
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Fecha de Publicación: 03/12/2012
Fuente: La Mañana
Provincia/Región: Formosa
Proteccionistas ambientales indicaron que la Biosfera “nunca fue un lugar seguro para un balneario” por tratarse de agua muerta que recibe desde hace años residuos cloacales.Luego de que se conozcan los resultados de una investigación realizada por La Mañana en la que se analizaron los valores de contaminación del agua que se vierte desde el riacho El Pucú hacia la Laguna Oca, se encendió la alarma sobre los potenciales peligros para el hombre que puede traer el contacto con estos residuos. Días atrás, se había informado que por la bajante del río, el balneario no podría habilitarse de inmediato, pero su apertura en este verano todavía es un misterio.
Estudios
El informe, publicado en octubre pasado, señalaba que en dos muestras extraídas y examinadas en un importante laboratorio local se daba cuenta de que el mencionado curso de agua descargaba agua contaminada con residuos orgánicos, los cuales estaban “muy por encima de los niveles normales”.
A raíz de esto, el presidente del Movimiento Ecologista Vida y Salud de Formosa, Víctor Cuyé Ríos, habló con este Diario y advirtió que el lugar donde ahora se emplaza la Reserva de Biosfera, y que fue durante años el máximo exponente local del contacto con la naturaleza y la opción turística más visitada en esta ciudad, “nunca fue un lugar para hacer un balneario, porque es agua muerta, sin circulación, y que además recibe aguas residuales y elementos químicos cloacales sin ningún tratamiento desde hace muchos años”.
Dijo el ecologista que este espejo de agua, uno de los tres más grandes de la zona sureste de Formosa, “correrá la misma suerte que la laguna De los Indios”, cuyo proceso de contaminación comenzó hace más de diez años, y en donde actualmente está prohibido bañarse por cuestiones de salubridad.
Estudios realizados por el Movimiento Ecologista indican que desde el 2008 a la actualidad, el nivel de contaminación por residuos cloacales se incrementó entre un 30 y un 40%, pese a que existen leyes que protegen y prohíben que se arrojen estos líquidos contaminados a la mencionada laguna.
Reserva
La Reserva es un grupo de zonas que pertenecen a ecosistemas terrestres o costeros, reconocidas por el programa internacional “El Hombre y la Biósfera” (MaB). Este programa, promovido por la UNESCO, tiene como objetivo fomentar y mostrar una relación equilibrada entre el hombre y su medio ambiente.
Actualmente, la reserva cuenta con 13.500 kilómetros cuadrados de agua, y está delimitada al Norte con la Avenida Napoleón Uriburu, entre Avellaneda y calle Santa Fe y el río Paraguay; al Sur, con el río Paraguay; al Oeste, con el camino a Tres Marías, y al Este con la calle Santa Fe, Chaco y costas del río.
Hace poco tiempo propusieron que toda la ciudad sea integrada a la Reserva, y la ampliación en curso redefiniría los límites, quedando delimitada por: al Norte, el Riacho Formosa; al Oeste, el Riacho El Pucú, y al Centro, sobre la ciudad.Según Cuyé, “nada de esto se cumplió”, porque los desagües cloacales siguen funcionando y se siguen haciendo. Indicó que las faltas de obras estructurales que conduzcan a estos líquidos portadores de residuos orgánicos sin tratar hacia el río Paraguay (curso con agua en movimiento) es la principal causa de la contaminación actual. “Se arrojan residuos libremente”, indicó.
El presidente de los ecologistas dijo que pese a las denuncias, nunca recibieron una respuesta por parte de autoridades locales. “La laguna no sirve para balneario y es un peligro, más allá de que quieran habilitarlo. Siempre estuvimos pendientes de ese tema, y reclamamos que las leyes se cumplan”, dijo Cuyé.
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Un proyecto para salvar el yaguareté
Un proyecto busca recuperar al jaguar en una reserva natural del noreste argentino
Fecha de Publicación: 02/12/2012
Fuente: EFE
Provincia/Región: Nacional
Un proyecto ecologista busca recuperar el jaguar, una especie en peligro de extinción en Argentina, para el área de los Esteros del Iberá y devolver el equilibrio a este ecosistema del noreste del país.
Icono de la mitología guaraní -cultura originaria de esta región-, el jaguar, o yaguareté como se lo conoce en Argentina, desapareció hacia mediados del siglo pasado de los Esteros del Iberá, unas marismas de agua dulce de 1,3 millones de hectáreas, y en todo el país se calcula que apenas quedan unos 200 ejemplares.
El proyecto emprendido por The Conservation Land Trust (CLT), organización fundada por el magnate estadounidense Douglas Tompkins y su esposa, Kristine McDivitt, buscará en principio lograr la reproducción del jaguar para luego introducirlo en el ambiente natural del Iberá, donde la fundación proyecta crear un parque nacional.
"El primer paso es aprender a criar jaguares en cautividad que sean capaces de sobrevivir en la naturaleza, que aprendan a cazar desde que son cachorros, que sepan orientarse en el ambiente y defenderse frente a desafíos del clima o de enfermedades", dijo a Efe la española Astrid Vargas, directora de Conservación de CLT en Europa.
Vargas, asesora técnica del Proyecto Jaguar, es experta en felinos y ha logrado ya la reproducción y reintroducción del lince ibérico.
Otro español, Ignacio Jiménez, está involucrado también en este proyecto como coordinador de Recuperación de Especies en la reserva natural Iberá de CLT, donde ya se han reintroducido con éxito ejemplares del oso hormiguero gigante.
Jiménez explica a Efe que en este nuevo desafío es fundamental que las nuevas crías de jaguar, que nacerán de padres que han estado cautivos y en contacto con el hombre, desarrollen un comportamiento que no sea dependiente del ser humano.
Para ello han construido corrales de 1.200 metros cuadrados, con áreas de pantano, de bosques y de pastizales, donde esperan lograr la reproducción a partir de jaguares en cautividad traídos de otros sitios de Argentina o incluso de países vecinos como Brasil, también casa de esta especie.
La idea es liberar a los animales en cautividad en las 150.000 hectáreas aptas para el jaguar dentro de la reserva natural de CLT en Iberá, aunque también la fundación planea ofrecer ejemplares para su liberación en otros parques nacionales de Argentina e incluso de otros países de Suramérica, como Brasil, Paraguay o Bolivia.
La desaparición del yaguareté en Iberá, donde este felino estaba en la cabeza de la cadena alimentaria de este ecosistema, ha derivado en desequilibrios que este proyecto podría revertir.
"Si desaparece el depredador tope, empiezan los desequilibrios en la base de la pirámide. En Iberá, poblaciones de grandes herbívoros, como los ciervos de los pantanos, ya no están siendo cazadas. Eso hace que los animales que enferman -que antes naturalmente eran depredados- permanezcan más tiempo en el sistema y por eso luego se registran mortandades fuertes en estas especies", explica Jiménez.
Un ejemplo similar ocurre con el carpincho, antes depredado por el jaguar: como su población aumenta, crecen también los casos de sarna, una enfermedad que se da en estos roedores en condiciones de alta densidad poblacional.
La desaparición del jaguar también ha colaborado con el incremento de las poblaciones de depredadores intermedios, como el zorro y el yacaré, derivando a su vez en una sobredepredación de las aves de pastizal o los lobitos de río de Iberá.
"El retorno del jaguar lo que asegurará es que el sistema se equilibre, hará que haya menos enfermedades entre sus presas y permitirá la recuperación de un montón de otras especies que están sueno deprimidas por los depredadores intermedios, los cuales son naturalmente controlados por el yaguareté", explica Jiménez.
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Fecha de Publicación: 02/12/2012
Fuente: EFE
Provincia/Región: Nacional
Un proyecto ecologista busca recuperar el jaguar, una especie en peligro de extinción en Argentina, para el área de los Esteros del Iberá y devolver el equilibrio a este ecosistema del noreste del país.Icono de la mitología guaraní -cultura originaria de esta región-, el jaguar, o yaguareté como se lo conoce en Argentina, desapareció hacia mediados del siglo pasado de los Esteros del Iberá, unas marismas de agua dulce de 1,3 millones de hectáreas, y en todo el país se calcula que apenas quedan unos 200 ejemplares.
El proyecto emprendido por The Conservation Land Trust (CLT), organización fundada por el magnate estadounidense Douglas Tompkins y su esposa, Kristine McDivitt, buscará en principio lograr la reproducción del jaguar para luego introducirlo en el ambiente natural del Iberá, donde la fundación proyecta crear un parque nacional.
"El primer paso es aprender a criar jaguares en cautividad que sean capaces de sobrevivir en la naturaleza, que aprendan a cazar desde que son cachorros, que sepan orientarse en el ambiente y defenderse frente a desafíos del clima o de enfermedades", dijo a Efe la española Astrid Vargas, directora de Conservación de CLT en Europa.
Vargas, asesora técnica del Proyecto Jaguar, es experta en felinos y ha logrado ya la reproducción y reintroducción del lince ibérico.
Otro español, Ignacio Jiménez, está involucrado también en este proyecto como coordinador de Recuperación de Especies en la reserva natural Iberá de CLT, donde ya se han reintroducido con éxito ejemplares del oso hormiguero gigante.
Jiménez explica a Efe que en este nuevo desafío es fundamental que las nuevas crías de jaguar, que nacerán de padres que han estado cautivos y en contacto con el hombre, desarrollen un comportamiento que no sea dependiente del ser humano.
Para ello han construido corrales de 1.200 metros cuadrados, con áreas de pantano, de bosques y de pastizales, donde esperan lograr la reproducción a partir de jaguares en cautividad traídos de otros sitios de Argentina o incluso de países vecinos como Brasil, también casa de esta especie.
La idea es liberar a los animales en cautividad en las 150.000 hectáreas aptas para el jaguar dentro de la reserva natural de CLT en Iberá, aunque también la fundación planea ofrecer ejemplares para su liberación en otros parques nacionales de Argentina e incluso de otros países de Suramérica, como Brasil, Paraguay o Bolivia.
La desaparición del yaguareté en Iberá, donde este felino estaba en la cabeza de la cadena alimentaria de este ecosistema, ha derivado en desequilibrios que este proyecto podría revertir.
"Si desaparece el depredador tope, empiezan los desequilibrios en la base de la pirámide. En Iberá, poblaciones de grandes herbívoros, como los ciervos de los pantanos, ya no están siendo cazadas. Eso hace que los animales que enferman -que antes naturalmente eran depredados- permanezcan más tiempo en el sistema y por eso luego se registran mortandades fuertes en estas especies", explica Jiménez.
Un ejemplo similar ocurre con el carpincho, antes depredado por el jaguar: como su población aumenta, crecen también los casos de sarna, una enfermedad que se da en estos roedores en condiciones de alta densidad poblacional.
La desaparición del jaguar también ha colaborado con el incremento de las poblaciones de depredadores intermedios, como el zorro y el yacaré, derivando a su vez en una sobredepredación de las aves de pastizal o los lobitos de río de Iberá.
"El retorno del jaguar lo que asegurará es que el sistema se equilibre, hará que haya menos enfermedades entre sus presas y permitirá la recuperación de un montón de otras especies que están sueno deprimidas por los depredadores intermedios, los cuales son naturalmente controlados por el yaguareté", explica Jiménez.
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