El TLA falló a favor de La Pampa por el caso Atuel
08:18 | 
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Atuel: el fallo 'es un paso adelante', dijo el secretario Lastiri
Fecha de Publicación: 13/11/2012
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
"Me pone muy contento, creo que es un paso adelante para la causa pampeana", dijo el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Néstor Lastiri, con respecto al fallo del Tribunal Latinoamericano del Agua, dado a conocer el viernes, que reconoce el incumplimiento sistemático de Mendoza de las decisiones judiciales y tratados vinculados con la interprovincialidad del río Atuel.
Al momento de ser entrevistado por LA ARENA, ayer a primera hora de la mañana, el secretario Lastiri no había leído la totalidad de la fundamentación del fallo, pero en términos generales destacó que el organismo continental haya especificado que nuestra provincia debe contar con un caudal mínimo y la necesidad de crear una organización o comité de cuenca. "Es cierto que el fallo no es vinculante, pero lo trascendente es que tendrá repercusión a nivel nacional, como ya la tiene en los medios porteños, donde se resalta la justicia de lo que nuestra provincia viene reclamando desde hace tantos años".
"El Tribunal ratificó que los reclamos de La Pampa son legítimos, que se está cometiendo una injusticia. Y la calidad del Tribunal no deja lugar a dudas sobre una supuesta parcialidad".
¿Esta decisión del Tribunal hará cambiar la postura del gobierno pampeano? Lastiri aludió al costado político, de la negociación interprovincial con la Nación como mediadora: "El fallo favorable a La Pampa también será leído por el gobierno nacional, haciéndose evidente que no se trata de un capricho de los pampeanos, porque se ratifica la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia y el convenio firmado (por los gobernadores pampeano y mendocino) en 2008 (con el aval de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner).
"Para ser claros y contundentes, lo que el Tribunal Latinoamericano del Agua dijo, es que Mendoza ha incumplido permanentemente. Esto es muy positivo para la postura pampeana", agregó Lastiri, en alusión a la definción de la Sexta Audiencia Pública del Tribunal sobre el reclamo presentado por la Fundación Chadileuvú contra Mendoza y el gobierno nacional por los perjuicios ocasionados a La Pampa por el corte del río Atuel..
Anteayer, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, se expidió contundentemente a favor de La Pampa el jurado conformado por los juristas Philippe Texier (francés) y Alexandre Camanho de Assis (brasileño), el muralista mexicano Ariosto Otero, la secretaria académica de la Facultad sede del tribunal Silvia Nonna, y Giselle Boza Solano (costarricense).
El fallo reconoce "el estado de inobservancia en normas y en principios ambientales vigentes, así como el incumplimiento de las decisiones ejecutivas, judiciales y convenciones relacionadas a la problemática (del Atuel) por la provincia de Mendoza y el Estado nacional argentino".
Apenas se conoció la sentencia, el presidente de la Fuchad, Héctor Gómez, quien junto al diputado Martín Berhongaray y Wálter Cazenave, sustentó la demanda pampeana, dijo del fallo: "Se hizo justicia, el tribunal nos dio totalmente la razón. Fue un fallo muy bien fundado".
"Ahora pueden iniciar una demanda".
El diario mendocino Los Andes fue el único medio -por lo menos hasta ayer- de esa provincia que se hizo eco del fallo del Tribunal Latinoamericano del Agua. Uno de los datos que destacó es que para el titular de este organismo es llamativo que el gobierno pampeano no tenga una conducta más activa en este conflicto y que La Pampa está ahora en una mejor posición para buscar un resarcimiento económico.
Bajo el título "Fallo: piden a Mendoza derivar aguas a La Pampa", el diario informó en su edición escrita y en la página web que "El Tribunal Latinoamericano del Agua, que sesionó en Buenos Aires, se expidió ayer a favor de la provincia vecina en cuanto a su tradicional reclamo"
Escrito por el corresponsal en Buenos Aires e ilustrado con una imagen de los integrantes del jurado, el artículo señala que el veredicto sintonizó las expectativas previas de que sería desfavorable para la provincia mendocina y también para el gobierno nacional.
"La sentencia del TLA -dice la crónica de Los Andes- no es vinculante para ninguno de los tres Estados intervinientes en este largo diferendo, pero dicho tribunal emite sanciones de carácter "moral" y recomendaciones tendientes a solucionar las controversias entre Estados". En ese sentido, acotó, "La Pampa está ahora en condiciones de llevar los argumentos del jurado internacional a la Corte Suprema de Justicia argentina para iniciar una nueva demanda contra Mendoza y la Nación, en busca de un resarcimiento económico".
La vía resarcitoria "no ha sido tomada aún por el gobierno pampeano que encabeza Oscar Mario Jorge, un gobernador que responde a la Casa Rosada", según Los Andes. "Sin embargo, fuerzas vivas de esa provincia y la oposición le exigen que avance en contra de Mendoza y utilice el fallo del TLA que se conoció ayer (por el viernes)". Las fuerzas vivas son, principalmente, la Fundación Chadileuvú y otras ONGs, que fueron las que llevaron el tema ante el Tribunal Latinoamericano del Agua.
Derecho.
"En concreto, el TLA resolvió reconocer que tanto el Estado mendocino como el nacional no han observado ni cumplido una serie de normas internacionales y nacionales que garantizan el acceso al agua como un derecho humano esencial y exhortó a ambas partes -Mendoza y Nación- a cumplir el fallo de la Corte Suprema de 1987 y los tratados firmados con La Pampa en 1989, 1992 y 2008", detalló Los Andes. "Este último, firmado por Celso Jaque, compromete a Mendoza a enviar a la provincia vecina una correntía de agua mínima y permanente, lo que es rechazado por los regantes del Sur mendocino y la oposición local".
Otros datos que destacó el periódico es que el fallo advierte que si el conflicto se prolonga "se estará denegando el derecho humano de acceso al agua a las poblaciones pampeanas", recomienda la creación de una comisión "técnica e imparcial" integrada por mendocinos y pampeanos que defina cuánta es la cantidad de agua mínima que debería llegar a La Pampa, sugiere la conformación de un Comité de Cuenca "provisorio".
Sorpresa.
La crónica relata que el presidente del TLA, el abogado Javier Bogantes, "se mostró sorprendido -antes de que el Jurado leyera el fallo- de que el gobierno de La Pampa no tenga una conducta más activa en el conflicto con Mendoza y haya tenido que ser una ONG la que acudió a esta instancia internacional".
Relacionada.
El diario incluyó una nota relacionada, "El jurado y los fundamentos", en la que brindó algunos detalles técnicos del tema, como el nombre y funciones de los integrantes del jurado, y un comentario de que el TLA es "una instancia internacional, autónoma e independiente, de justicia ambiental, creada con el fin de contribuir a la solución de controversias relacionadas con los sistemas hídricos". Detalló que para la formulación de este fallo, el TLA basó su veredicto en "el reconocimiento universal del Derecho Humano al Agua, en la Constitución Argentina, en la Ley General del Ambiente, en el Régimen de Gestión Ambiental de Agua y en el veredicto de la V Audiencia TLA, entre otros".
También en Página/12.
El diario porteño Página/12 dedicó una página completa al veredicto del Tribunal Latinoamericano del Agua. Si bien la mayor parte del texto se refiere al caso del río Atuel, la crónica también menciona los fallos sobre la demanda contra el Ceamse de los vecinos de González Catán y por el proyecto minero de Pascua Lama.
Bajo el título "Un Tribunal del Agua para un cauce seco", la crónica lleva la firma de la periodista Rocío Magnani, una joven que en agosto del año pasado recorrió el cauce del río Atuel en oportunidad de la visita del presidente Javier Bogantes. Su crónica destaca el pedido del TLA de que se establezca un caudal mínimo permanente para nuestra provincia.
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Fecha de Publicación: 13/11/2012
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
"Me pone muy contento, creo que es un paso adelante para la causa pampeana", dijo el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Néstor Lastiri, con respecto al fallo del Tribunal Latinoamericano del Agua, dado a conocer el viernes, que reconoce el incumplimiento sistemático de Mendoza de las decisiones judiciales y tratados vinculados con la interprovincialidad del río Atuel.
Al momento de ser entrevistado por LA ARENA, ayer a primera hora de la mañana, el secretario Lastiri no había leído la totalidad de la fundamentación del fallo, pero en términos generales destacó que el organismo continental haya especificado que nuestra provincia debe contar con un caudal mínimo y la necesidad de crear una organización o comité de cuenca. "Es cierto que el fallo no es vinculante, pero lo trascendente es que tendrá repercusión a nivel nacional, como ya la tiene en los medios porteños, donde se resalta la justicia de lo que nuestra provincia viene reclamando desde hace tantos años".
"El Tribunal ratificó que los reclamos de La Pampa son legítimos, que se está cometiendo una injusticia. Y la calidad del Tribunal no deja lugar a dudas sobre una supuesta parcialidad".
¿Esta decisión del Tribunal hará cambiar la postura del gobierno pampeano? Lastiri aludió al costado político, de la negociación interprovincial con la Nación como mediadora: "El fallo favorable a La Pampa también será leído por el gobierno nacional, haciéndose evidente que no se trata de un capricho de los pampeanos, porque se ratifica la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia y el convenio firmado (por los gobernadores pampeano y mendocino) en 2008 (con el aval de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner).
"Para ser claros y contundentes, lo que el Tribunal Latinoamericano del Agua dijo, es que Mendoza ha incumplido permanentemente. Esto es muy positivo para la postura pampeana", agregó Lastiri, en alusión a la definción de la Sexta Audiencia Pública del Tribunal sobre el reclamo presentado por la Fundación Chadileuvú contra Mendoza y el gobierno nacional por los perjuicios ocasionados a La Pampa por el corte del río Atuel..
Anteayer, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, se expidió contundentemente a favor de La Pampa el jurado conformado por los juristas Philippe Texier (francés) y Alexandre Camanho de Assis (brasileño), el muralista mexicano Ariosto Otero, la secretaria académica de la Facultad sede del tribunal Silvia Nonna, y Giselle Boza Solano (costarricense).
El fallo reconoce "el estado de inobservancia en normas y en principios ambientales vigentes, así como el incumplimiento de las decisiones ejecutivas, judiciales y convenciones relacionadas a la problemática (del Atuel) por la provincia de Mendoza y el Estado nacional argentino".
Apenas se conoció la sentencia, el presidente de la Fuchad, Héctor Gómez, quien junto al diputado Martín Berhongaray y Wálter Cazenave, sustentó la demanda pampeana, dijo del fallo: "Se hizo justicia, el tribunal nos dio totalmente la razón. Fue un fallo muy bien fundado".
"Ahora pueden iniciar una demanda".
El diario mendocino Los Andes fue el único medio -por lo menos hasta ayer- de esa provincia que se hizo eco del fallo del Tribunal Latinoamericano del Agua. Uno de los datos que destacó es que para el titular de este organismo es llamativo que el gobierno pampeano no tenga una conducta más activa en este conflicto y que La Pampa está ahora en una mejor posición para buscar un resarcimiento económico.
Bajo el título "Fallo: piden a Mendoza derivar aguas a La Pampa", el diario informó en su edición escrita y en la página web que "El Tribunal Latinoamericano del Agua, que sesionó en Buenos Aires, se expidió ayer a favor de la provincia vecina en cuanto a su tradicional reclamo"
Escrito por el corresponsal en Buenos Aires e ilustrado con una imagen de los integrantes del jurado, el artículo señala que el veredicto sintonizó las expectativas previas de que sería desfavorable para la provincia mendocina y también para el gobierno nacional.
"La sentencia del TLA -dice la crónica de Los Andes- no es vinculante para ninguno de los tres Estados intervinientes en este largo diferendo, pero dicho tribunal emite sanciones de carácter "moral" y recomendaciones tendientes a solucionar las controversias entre Estados". En ese sentido, acotó, "La Pampa está ahora en condiciones de llevar los argumentos del jurado internacional a la Corte Suprema de Justicia argentina para iniciar una nueva demanda contra Mendoza y la Nación, en busca de un resarcimiento económico".
La vía resarcitoria "no ha sido tomada aún por el gobierno pampeano que encabeza Oscar Mario Jorge, un gobernador que responde a la Casa Rosada", según Los Andes. "Sin embargo, fuerzas vivas de esa provincia y la oposición le exigen que avance en contra de Mendoza y utilice el fallo del TLA que se conoció ayer (por el viernes)". Las fuerzas vivas son, principalmente, la Fundación Chadileuvú y otras ONGs, que fueron las que llevaron el tema ante el Tribunal Latinoamericano del Agua.
Derecho.
"En concreto, el TLA resolvió reconocer que tanto el Estado mendocino como el nacional no han observado ni cumplido una serie de normas internacionales y nacionales que garantizan el acceso al agua como un derecho humano esencial y exhortó a ambas partes -Mendoza y Nación- a cumplir el fallo de la Corte Suprema de 1987 y los tratados firmados con La Pampa en 1989, 1992 y 2008", detalló Los Andes. "Este último, firmado por Celso Jaque, compromete a Mendoza a enviar a la provincia vecina una correntía de agua mínima y permanente, lo que es rechazado por los regantes del Sur mendocino y la oposición local".
Otros datos que destacó el periódico es que el fallo advierte que si el conflicto se prolonga "se estará denegando el derecho humano de acceso al agua a las poblaciones pampeanas", recomienda la creación de una comisión "técnica e imparcial" integrada por mendocinos y pampeanos que defina cuánta es la cantidad de agua mínima que debería llegar a La Pampa, sugiere la conformación de un Comité de Cuenca "provisorio".
Sorpresa.
La crónica relata que el presidente del TLA, el abogado Javier Bogantes, "se mostró sorprendido -antes de que el Jurado leyera el fallo- de que el gobierno de La Pampa no tenga una conducta más activa en el conflicto con Mendoza y haya tenido que ser una ONG la que acudió a esta instancia internacional".
Relacionada.
El diario incluyó una nota relacionada, "El jurado y los fundamentos", en la que brindó algunos detalles técnicos del tema, como el nombre y funciones de los integrantes del jurado, y un comentario de que el TLA es "una instancia internacional, autónoma e independiente, de justicia ambiental, creada con el fin de contribuir a la solución de controversias relacionadas con los sistemas hídricos". Detalló que para la formulación de este fallo, el TLA basó su veredicto en "el reconocimiento universal del Derecho Humano al Agua, en la Constitución Argentina, en la Ley General del Ambiente, en el Régimen de Gestión Ambiental de Agua y en el veredicto de la V Audiencia TLA, entre otros".
También en Página/12.
El diario porteño Página/12 dedicó una página completa al veredicto del Tribunal Latinoamericano del Agua. Si bien la mayor parte del texto se refiere al caso del río Atuel, la crónica también menciona los fallos sobre la demanda contra el Ceamse de los vecinos de González Catán y por el proyecto minero de Pascua Lama.
Bajo el título "Un Tribunal del Agua para un cauce seco", la crónica lleva la firma de la periodista Rocío Magnani, una joven que en agosto del año pasado recorrió el cauce del río Atuel en oportunidad de la visita del presidente Javier Bogantes. Su crónica destaca el pedido del TLA de que se establezca un caudal mínimo permanente para nuestra provincia.
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Campesinos e indígenas desplazados por los desmontes
Desmonte en zonas prohibidas
Fecha de Publicación: 12/11/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
El organismo presentó un informe sobre la situación rural en el noroeste provincial. El texto advierte sobre posibles conflictos.
El corrimiento de la frontera agropecuaria implica la violación de derechos de campesinos y comunidades indígenas. Lo afirmó la Defensoría del Pueblo de la Nación en su último informe sobre la situación rural en el nordeste de Salta, donde constató desmontes en zonas prohibidas, violencia sobre comunidades, incumplimiento de leyes nacionales y provinciales, falta de control por parte del gobierno provincial y la ausencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
“Se ha verificado una clara vulneración a los derechos de pobladores criollos e indígenas, un potencial daño al medio ambiente, debilidad en el accionar de la provincia para la solución de los hechos observados y la existencia de un conflicto social latente, que demanda la urgente atención por parte de todas las autoridades con el fin de evitar una escalada que produzca consecuencias imposibles de remediar”, alertó la Defensoría del Pueblo.
La ruta nacional 81 recorre el nordeste de Salta, desde Embarcación hasta Formosa. En el kilómetro 1790 se ubica la localidad de Fortín Dragones (departamento San Martín). Criollos y comunidades wichí denunciaron en 2011 ante la Defensoría la presión para que dejaran sus tierras, tala indiscriminada, cierre de caminos, falta de presencia del INAI, inacción del Ministerio de Ambiente, necesidad de agua potable y de mejoras en las escuelas. La Defensoría del Pueblo realizó tres visitas, confirmó las denuncias y acaba de publicar el informe de situación “Vulneración a los derechos de pobladores criollos e indígenas por deslindes y desmontes irregulares” y envió una carta al gobernador, Juan Manuel Urtubey.
“(La región visitada) se encuentra sometida a una alta presión desmontadora impulsada por los altos valores de la soja, que han ‘empujado’ a la ganadería fuera de las zonas centrales de la Argentina desplazándola hacia el gran Chaco argentino, y por lo tanto también a Salta. Estos cambios atentan directamente contra el sistema tradicional de producción ganadera del criollo chaqueño”, afirma la Defensoría, que recorrió doce comunidades.
Hace hincapié en tres leyes (dos nacionales y una provincial) que protegen a las comunidades pero que no se cumplen. La ley 26.160 (sancionada en 2006) suspende los desalojos y ordena realizar un relevamiento catastral de comunidades. “El fracaso del relevamiento es tal que implicó la anulación en 2011 del convenio entre INAI y el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (Ippis), por el que se financiaba al equipo de técnicos que efectuaría el relevamiento. Apenas una decena de carpetas había sido presentada”, detalla.
La Ley Provincial 7658 es similar a la 26.160, pero para criollos de Salta. Suspende los desalojos y prevé la realización de un censo de campesinos. “El relevamiento nunca se realizó, por lo que la situación no pasó de ser una expresión de deseos”, cuestiona la Defensoría.
La ley 26.331, conocida como “ley de bosques”, establecía un reordenamiento territorial que identificara las zonas de monte en tres colores: rojo (no se puede desmontar), amarillo (requiere autorizaciones para realizar actividades intensivas) y verde (se puede desmontar). Las comunidades visitadas están ubicadas en zonas rojas y amarillas.
El informe precisa que la provincia cuenta sólo con un equipo de campo para fiscalizar y controlar la problemática de bosques de toda la provincia. Advierte que en Salta se autoriza a desmontar “sin saber si las comunidades están reclamando esos espacios (..). Las multas no tienen ningún impacto sobre los desmontadores y, habiéndose retirado del predio (el equipo provincial), las topadoras siguen su marcha”, asegura la Defensoría.
Hace especial mención al “proceso de arrinconamiento” que padecen las comunidades mediante el cercado de fincas vecinas que limitan los espacios de ganadería de criollos e indígenas. “Sus capacidades productivas se ven fuertemente mermadas”, explica el informe. Los alambrados cierran los caminos vecinales y limitan el paso de los animales hacia las aguadas, y en consecuencia se restringe la actividad económica de subsistencia que desarrollan las comunidades.
De la visita y los testimonios, la Defensoría señala la “falta de presencia del INAI, circunstancia que favorecería las vulneraciones de los derechos de los pueblos originarios”. El director de Derechos Sociales de la Defensoría, Horacio Esber, apuntó a la situación nacional: “Los estados provinciales, por acción u omisión, están ausentes en lo que respecta a los derechos de campesinos y comunidades indígenas, y dejan amplias regiones libres al accionar de empresarios y particulares que violan toda la legislación que protege a los sectores más vulnerables del campo”.
La Defensoría remarca como hecho positivo la unión de 17 comunidades originarias y la conformación de la Federación Wichí. De similar manera, se organizaron 40 familias campesinas como Asociación de Criollos. “Estamos igual que cuando vino la Defensoría. Los empresarios nos encierran, voltean los quebrachales y los palo santo, y se nos vienen con las topadoras encima”, explicó Ramón Paz, de la Federación Wichí de la cuenca del río Bermejo. Afirmó que la provincia “siempre promete (mejoras) pero nunca cumple”, advirtió que ya no recurren al INAI “porque siempre nos quieren manejar” y pidió dejar clara la posición wichí y criolla: “Siempre trabajamos acá, no nos van a correr, tenemos derecho a vivir donde nacimos”.
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Fecha de Publicación: 12/11/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
El organismo presentó un informe sobre la situación rural en el noroeste provincial. El texto advierte sobre posibles conflictos.El corrimiento de la frontera agropecuaria implica la violación de derechos de campesinos y comunidades indígenas. Lo afirmó la Defensoría del Pueblo de la Nación en su último informe sobre la situación rural en el nordeste de Salta, donde constató desmontes en zonas prohibidas, violencia sobre comunidades, incumplimiento de leyes nacionales y provinciales, falta de control por parte del gobierno provincial y la ausencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
“Se ha verificado una clara vulneración a los derechos de pobladores criollos e indígenas, un potencial daño al medio ambiente, debilidad en el accionar de la provincia para la solución de los hechos observados y la existencia de un conflicto social latente, que demanda la urgente atención por parte de todas las autoridades con el fin de evitar una escalada que produzca consecuencias imposibles de remediar”, alertó la Defensoría del Pueblo.
La ruta nacional 81 recorre el nordeste de Salta, desde Embarcación hasta Formosa. En el kilómetro 1790 se ubica la localidad de Fortín Dragones (departamento San Martín). Criollos y comunidades wichí denunciaron en 2011 ante la Defensoría la presión para que dejaran sus tierras, tala indiscriminada, cierre de caminos, falta de presencia del INAI, inacción del Ministerio de Ambiente, necesidad de agua potable y de mejoras en las escuelas. La Defensoría del Pueblo realizó tres visitas, confirmó las denuncias y acaba de publicar el informe de situación “Vulneración a los derechos de pobladores criollos e indígenas por deslindes y desmontes irregulares” y envió una carta al gobernador, Juan Manuel Urtubey.
“(La región visitada) se encuentra sometida a una alta presión desmontadora impulsada por los altos valores de la soja, que han ‘empujado’ a la ganadería fuera de las zonas centrales de la Argentina desplazándola hacia el gran Chaco argentino, y por lo tanto también a Salta. Estos cambios atentan directamente contra el sistema tradicional de producción ganadera del criollo chaqueño”, afirma la Defensoría, que recorrió doce comunidades.
Hace hincapié en tres leyes (dos nacionales y una provincial) que protegen a las comunidades pero que no se cumplen. La ley 26.160 (sancionada en 2006) suspende los desalojos y ordena realizar un relevamiento catastral de comunidades. “El fracaso del relevamiento es tal que implicó la anulación en 2011 del convenio entre INAI y el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (Ippis), por el que se financiaba al equipo de técnicos que efectuaría el relevamiento. Apenas una decena de carpetas había sido presentada”, detalla.
La Ley Provincial 7658 es similar a la 26.160, pero para criollos de Salta. Suspende los desalojos y prevé la realización de un censo de campesinos. “El relevamiento nunca se realizó, por lo que la situación no pasó de ser una expresión de deseos”, cuestiona la Defensoría.
La ley 26.331, conocida como “ley de bosques”, establecía un reordenamiento territorial que identificara las zonas de monte en tres colores: rojo (no se puede desmontar), amarillo (requiere autorizaciones para realizar actividades intensivas) y verde (se puede desmontar). Las comunidades visitadas están ubicadas en zonas rojas y amarillas.
El informe precisa que la provincia cuenta sólo con un equipo de campo para fiscalizar y controlar la problemática de bosques de toda la provincia. Advierte que en Salta se autoriza a desmontar “sin saber si las comunidades están reclamando esos espacios (..). Las multas no tienen ningún impacto sobre los desmontadores y, habiéndose retirado del predio (el equipo provincial), las topadoras siguen su marcha”, asegura la Defensoría.
Hace especial mención al “proceso de arrinconamiento” que padecen las comunidades mediante el cercado de fincas vecinas que limitan los espacios de ganadería de criollos e indígenas. “Sus capacidades productivas se ven fuertemente mermadas”, explica el informe. Los alambrados cierran los caminos vecinales y limitan el paso de los animales hacia las aguadas, y en consecuencia se restringe la actividad económica de subsistencia que desarrollan las comunidades.
De la visita y los testimonios, la Defensoría señala la “falta de presencia del INAI, circunstancia que favorecería las vulneraciones de los derechos de los pueblos originarios”. El director de Derechos Sociales de la Defensoría, Horacio Esber, apuntó a la situación nacional: “Los estados provinciales, por acción u omisión, están ausentes en lo que respecta a los derechos de campesinos y comunidades indígenas, y dejan amplias regiones libres al accionar de empresarios y particulares que violan toda la legislación que protege a los sectores más vulnerables del campo”.
La Defensoría remarca como hecho positivo la unión de 17 comunidades originarias y la conformación de la Federación Wichí. De similar manera, se organizaron 40 familias campesinas como Asociación de Criollos. “Estamos igual que cuando vino la Defensoría. Los empresarios nos encierran, voltean los quebrachales y los palo santo, y se nos vienen con las topadoras encima”, explicó Ramón Paz, de la Federación Wichí de la cuenca del río Bermejo. Afirmó que la provincia “siempre promete (mejoras) pero nunca cumple”, advirtió que ya no recurren al INAI “porque siempre nos quieren manejar” y pidió dejar clara la posición wichí y criolla: “Siempre trabajamos acá, no nos van a correr, tenemos derecho a vivir donde nacimos”.
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Nuevo avance de la minería y rechazo en Famatina
Famatina rechazó la política minera de Beder Herrera
Fecha de Publicación: 12/11/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: La Rioja
Los manifestantes se convocaron ayer en una asamblea, apenas conocieron que la Secretaría de Minería de La Rioja autorizó la exploración del Famatina a una empresa subsidiaria de Osisko Mining Corp, la Minera El Portal.
La autorización data de agosto y fue publicada hace cinco días en el Boletín Oficial de la provincia.
En lugar de autorizar a Osisko, cuyo convenio con la empresa estatal de minería EMSE está suspendido desde julio por la justicia de Chilecito, la resolución habilita los trabajos a El Portal, una empresa argentina contratada por Osisko para la exploración.
Ante ello, la portavoz de la asamblea famatinense, Carina Díaz Moreno, dijo que en la reunión de anoche en la plaza de Famatina los vecinos acordaron que "no vamos a permitir ningún capricho del gobernador".
La asambleísta dijo que "esto es un embate más de Beder Herrera, pero el pueblo está firme y sigue consciente, no nos vamos a dejar avasallar y decidiremos qué medidas tomar".
Otro integrante de las asambleas, Jesús Filomeno Ocampo, pidió a sus pares poner "en marcha los recursos que nos da nuestro sistema representativo, republicano y federal para terminar con este total desgobierno en nuestra provincia".
Ocampo advirtió que "si funcionaran en nuestra provincia los poderes de la República, la aprobación firmada por Herrera contrariando una resolución judicial vigente ya es causal de inicio del Juicio Político".
La diputada nacional radical Inés Brizuela y Doria repudió el nuevo intento de Herrera y advirtió que Herrera "se cree omnipotente, y otra vez Famatina le dirá que no pasarán".
La legisladora recordó que Herrera "desconoce la voluntad mayoritaria del pueblo, que ha decidido irrevocablemente no otorgar la licencia social".
Brizuela y Doria dijo que el gobierno nacional es "cómplice de la entrega de nuestro patrimonio, nuestra soberanía territorial y comprometerán la vida de las futuras generaciones".
El pueblo de Famatina mantiene desde el 2 de enero un bloqueo al tránsito de camiones con insumos para la minería en Alto Carrizal, para evitar que Osisko o empresas asociadas comiencen los trabajos, que además están suspendidos judicialmente.
La llegada de la primavera reavivó los intentos para iniciar la exploración porque el clima permite trabajar en altura durante el verano.
Sin embargo, el emprendimiento aún no cuenta con ningún informe previo sobre la existencia de glaciares y periglaciares en la zona, como exige la legislación nacional.
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Fecha de Publicación: 12/11/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: La Rioja
Los manifestantes se convocaron ayer en una asamblea, apenas conocieron que la Secretaría de Minería de La Rioja autorizó la exploración del Famatina a una empresa subsidiaria de Osisko Mining Corp, la Minera El Portal.La autorización data de agosto y fue publicada hace cinco días en el Boletín Oficial de la provincia.
En lugar de autorizar a Osisko, cuyo convenio con la empresa estatal de minería EMSE está suspendido desde julio por la justicia de Chilecito, la resolución habilita los trabajos a El Portal, una empresa argentina contratada por Osisko para la exploración.
Ante ello, la portavoz de la asamblea famatinense, Carina Díaz Moreno, dijo que en la reunión de anoche en la plaza de Famatina los vecinos acordaron que "no vamos a permitir ningún capricho del gobernador".
La asambleísta dijo que "esto es un embate más de Beder Herrera, pero el pueblo está firme y sigue consciente, no nos vamos a dejar avasallar y decidiremos qué medidas tomar".
Otro integrante de las asambleas, Jesús Filomeno Ocampo, pidió a sus pares poner "en marcha los recursos que nos da nuestro sistema representativo, republicano y federal para terminar con este total desgobierno en nuestra provincia".
Ocampo advirtió que "si funcionaran en nuestra provincia los poderes de la República, la aprobación firmada por Herrera contrariando una resolución judicial vigente ya es causal de inicio del Juicio Político".
La diputada nacional radical Inés Brizuela y Doria repudió el nuevo intento de Herrera y advirtió que Herrera "se cree omnipotente, y otra vez Famatina le dirá que no pasarán".
La legisladora recordó que Herrera "desconoce la voluntad mayoritaria del pueblo, que ha decidido irrevocablemente no otorgar la licencia social".
Brizuela y Doria dijo que el gobierno nacional es "cómplice de la entrega de nuestro patrimonio, nuestra soberanía territorial y comprometerán la vida de las futuras generaciones".
El pueblo de Famatina mantiene desde el 2 de enero un bloqueo al tránsito de camiones con insumos para la minería en Alto Carrizal, para evitar que Osisko o empresas asociadas comiencen los trabajos, que además están suspendidos judicialmente.
La llegada de la primavera reavivó los intentos para iniciar la exploración porque el clima permite trabajar en altura durante el verano.
Sin embargo, el emprendimiento aún no cuenta con ningún informe previo sobre la existencia de glaciares y periglaciares en la zona, como exige la legislación nacional.
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La impunidad de los cotos y los turistas-cazadores
Cómo es el millonario negocio de los turistas-cazadores en el país
Fecha de Publicación: 12/11/2012
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Aunque no existen datos oficiales, los ambientalistas hablan de un mercado de U$S 100 millones. Denuncian la falta de controles estatales y la violación de las normas que protegen a los animales. El boom de la "caza garantizada".
En Argentina, la caza está fuera de control.” Así definió Claudio Bertonatti, director del Zoológico porteño, el estado en el que se encuentra en nuestro país el “turismo cinegético”, es decir, la cacería deportiva de animales. Se trata de una actividad siempre polémica, enfocada principalmente hacia los turistas extranjeros que buscan plazas disponibles para cazar animales de gran porte. Como en general no pueden hacerlo en sus países de origen, producto de la dureza de las leyes, deciden venir a lugares donde el marco normativo y los controles son más laxos, como sucede en la Argentina.
Aunque no existen cifras oficiales, distintas organizaciones ambientalistas estiman que por año llegan unos 20 mil turistas-cazadores. Según cálculos de las mismas fuentes, cada uno de ellos gasta U$S 5000, lo que significa un mercado local de 100 millones de dólares. A su vez, de acuerdo a los especialistas, muchas veces este negocio funciona al margen de la normativa que protege a las especies en riesgo y al medio ambiente.
Uno de los puntos más cuestionados es la “caza garantizada”, donde por unos miles de dólares distintas empresas se ocupan de que la pieza ofrecida sea capturada de forma segura por el cliente. En diálogo con Tiempo Argentino, el ambientalista Carlos Fernández Balboa, de la Fundación Vida Silvestre, explicó: “El turista paga un precio determinado para cazar un animal que es ofrecido a través de una página web. Una vez cerrado el trato, se pacta un lugar. El animal es liberado en ese sitio y al extranjero le dan todas las herramientas para cazarlo.” Por su parte, el director del zoológico porteño fue lapidario sobre esta disciplina: “Es tan deportivo como dispararle a un chico en silla de ruedas”, sostuvo Bertonatti.
En el país, la habilitación de los cotos de caza debe ser avalada por el Registro Nacional de Armas (RENAR) y la Dirección de Fauna de cada provincia. El RENAR informó que existen más de 100 establecimientos autorizados, cuando en 2008 había 22. El sector, por lo visto, está creciendo.
Hoy, en Internet, más de 80 sitios ofrecen este “servicio”. Por citar algunos ejemplos, una de estas empresas, que cuenta con cotos en la región pampeana, ofrece ciervos, antílope negro y jabalíes, entre otras especies. Cada pieza ronda, en promedio, los 1600 dólares. “La cacería es garantizada”, informaron vía mail. Por 300 dólares diarios, además brindan hospedaje, comidas, traslados y armas. El paquete no incluye municiones ni permisos. El mismo funcionamiento tiene otra de estas firmas, también con tierras en La Pampa. En este caso, los precios arrancan en los 1000 dólares y superan los 6000 para animales de gran porte, como búfalos. Una vez terminada la jornada, el turista puede llevarse la cabeza o la piel de su presa. Mayormente, estos “trofeos” van hacia los Estados Unidos y España.
Jeniffer Ibarra, integrante de la Red Argentina Contra el Tráfico de Especies Silvestres (RACTES), está complemente en contra de la caza garantizada. “Es inmoral, antiética y atenta contra el bienestar de los animales y del medio ambiente”, sostuvo. Incluso, llegó a denunciar que en ciertos casos “los animales están encerrados, se los somete a torturas, se los droga y son maltratados”.
Juan Campomar, un cazador con 45 años de experiencia, relativizó las acusaciones. “Las empresas quieren ganar dinero –afirmó Campomar–, pero es muy raro, muy burdo, que sucedan cosas así. Hay otras trampas, más sutiles, que aseguran el resultado, como tener al animal en semi-cautiverio”. De todas maneras, consideró que “cuando a uno le aseguran que va a cazar, se pierde todo el sabor. Es como entrar a la cancha sabiendo que vas a ganar. Para que la caza sea deportiva, el animal y el cazador deben tener las mismas posibilidades.”
Más allá de las posturas encontradas, lo cierto es que la cacería –aún la garantizada– es legal en la Argentina, si bien, para distintos especialistas, se desarrolla en medio de un descontrol normativo. Sucede que cada provincia es la encargada de regular y determinar cómo explota esos recursos, según informó la Dirección de Fauna Silvestre de la Nación. Por ejemplo, en San Juan y La Rioja la cacería de animales está prohibida, pero en Chubut y Buenos Aires existen áreas habilitadas especialmente por los gobiernos.
Un caso que deja en evidencia las contradicciones sucede en La Pampa y Río Negro, dos provincias vecinas. En la primera, la caza del puma fue prohibida en 2006, mientras que en la segunda, se otorga un subsidio de $ 500 por cada felino derribado, ya que es considerado una “plaga”.
Respecto del estado general de la cacería en la Argentina, Bertonatti fue claro: “Está fuera de control y los cazadores hacen matanzas indignantes.” Si bien el director del Zoológico porteño reconoció que hubo avances en la lucha contra el tráfico de especies, aseguró que “no se llevan estadísticas de lo que se caza legal e ilegalmente, por lo que se desconoce el impacto de la actividad”. Asimismo, aseguró que “los permisos se otorgan sin examen previo, se habilita a los guías con débiles exigencias”.
En este sentido, la provincia de Buenos Aires es uno de los territorios más cuestionados. A través de una fuente interna –que pidió estricta reserva de su identidad y de la empresa para la que trabaja–, Tiempo tuvo acceso a los registros de una de las firmas de cacería más reconocidas del país, que opera en suelo bonaerense. Allí se detalla lo hecho en 2011 por un grupo de tiradores, integrado por cinco turistas norteamericanos, que se encontraba cazando patos. Usaron 1575 cartuchos y mataron a 877 aves. De acuerdo a la ley, sin embargo, sólo podrían haber derribado a 250.
Para Bertonatti, el origen del problema radica en que “las provincias tienen escaso personal para asegurar el control”. Contrariamente, el cazador Campomar opinó que “en Argentina hay leyes, reglamentos y controles aduaneros bastante efectivos sobre la caza legal. Eso no quita que algunos hagan trampa. Ahora, en lo que se refiere a caza furtiva o comercial, ahí sí está todo descontrolado.”
Este diario se comunicó con la Dirección de Fauna Silvestre, para conocer su posición ante las denuncias relatadas, pero al cierre de este artículo no hubo respuesta.
Por otra parte, el turismo cinegético también es acusado de generar un alto impacto por contaminación ambiental. La bióloga Sandra Gordillo denunció que, sólo en Córdoba, la caza deja unas 1000 toneladas de plomo al año, por el uso de perdigones de este metal. Según la cámara cordobesa de Turismo Cinegético, al año unos 9800 turistas pasan por la provincia para realizar cacería de palomas y otras especies. Un estudio de 2011 a cargo de María Luisa Pignata, directora del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal de la Universidad Nacional de Córdoba, comprobó que algunas zonas presentaban valores de plomo en suelo y aire muy superiores a los permitidos. Bajo determinadas condiciones, este metal puede causar enfermedades como el saturnismo, que provoca daños neurológicos, anemia e infertilidad y afecta, sobre todo, a niños de seis meses a seis años. Por esta razón, el empleo de municiones de plomo está prohibido en países como Dinamarca, Holanda e Inglaterra. En Córdoba, su uso fue restringido recién en 2012, pero en el resto del país no hay legislación al respecto.
Como se ve, son muchas las razones, culturales, normativas y de negocios, por las que hoy los animales están en el centro de la mira. «
Piden por los últimos yaguaretés
En una serie de movilizaciones realizadas frente al Obelisco y el Planetario porteño, activistas de la Red Yaguareté reclamaron en junio pasado por la matanza y comercialización de 30 jaguares o tigres criollos.
Especialmente, los ambientalistas se manifestaron a raíz del caso de un yaguareté –bautizado con el nombre de Guacurarí– que era monitoreado a través de un collar electrónico y que, sin embargo, fue asesinado por cazadores furtivos en la provincia de Misiones, en febrero pasado.
“A pesar de las severas prohibiciones legales vigentes, el mayor felino del continente se encuentra en una situación dramática. En nuestro país quedan menos de 250 ejemplares en estado silvestre, por lo que existe serio peligro de extinción”, explicó Nicolás Lodeiro, presidente de la organización proteccionista.
Por esta razón, los miembros de la Red Yaguareté exigieron a la Administración de Parques Nacionales y a la Secretaría de Ambiente de la Nación que se adopten medidas urgentes y concretas. En lo puntual, solicitaron que se asigne un presupuesto para la defensa de la especie y se apliquen las multas que prevé la ley.
Además, reclamaron la designación de una persona en cada uno de los organismos estatales competentes, cuya función sea la de coordinar interdisciplinariamente las acciones que son necesarias para salvar a estos felinos. En la actualidad, la mayoría de los trabajos de conservación son llevados a cabo por fundaciones o asociaciones civiles.
Ciento veinte años atrás, el hábitat de los yaguaretés llegaba hasta las costas del río Negro, en el territorio patagónico. Hoy, estos animales únicamente subsisten en bosques y selvas del norte, en tres poblaciones aisladas entre sí: la selva misionera, la región chaqueña y una porción de las selvas de montaña de Salta y Jujuy.
Martínez de Hoz y el Safari Club
La Argentina cuenta con una extensa lista de cazadores VIP, aunque se trata de personajes más recordados por sus prontuarios que por sus habilidades en la caza. Por caso, la nómina incluye al ex presidente Carlos Saúl Menem, al represor Albano Harguindeguy, al empresario fallecido Alfredo Yabrán y al ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. Este último fue, hasta hace pocos años, presidente de la filial local del Safari Club Internacional (SCI), una entidad donde se agrupan los cazadores más importantes e influyentes de todo el mundo. La sede central de la SCI se encuentra en Tucson, Arizona, en el oeste norteamericano, y sus miembros suelen ser conocidos por su apoyo a la industria del armamento.En 1997, el SCI realizó una entrega de premios y el entonces presidente Menem se llevó el galardón en la categoría “ciervo rojo”. El premio consistió en la reproducción de una cabeza de puma y fue recibido en Las Vegas por el ex secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan. La ceremonia tuvo lugar durante un almuerzo, en el que Kohan compartió mesa con otros famosos "hunters", como el ex presidente de los Estados Unidos George Bush.
La cifra
5000 dólares es el dinero que, se estima, gasta cada persona que llega al país para practicar turismo cinegético. No existen datos oficiales.
Las claves
* En los últimos cinco años, el número de establecimientos autorizados para esta actividad aumentó en más de un 350 por ciento.
* Las áreas con más cotos de caza son La Pampa, Buenos Aires y varias de las provincias que integran la región patagónica.
* Muchas veces, los extranjeros vienen para poder desarrollar una práctica que está prohibida en sus países de origen.
La frase
“Los cazadores hacen matanzas indignantes. No se llevan estadísticas de lo que se caza, legal o ilegalmente, por lo que se desconoce el impacto de la actividad.”
Claudio Bertonatti, director del Zoológico de Buenos Aires.
Legislación
Para poder funcionar, las empresas deben contar con el aval del Registro Nacional de Armas (RENAR) y de la Dirección de Fauna de cada provincia, que regula este tipo de recursos naturales.
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Fecha de Publicación: 12/11/2012
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Aunque no existen datos oficiales, los ambientalistas hablan de un mercado de U$S 100 millones. Denuncian la falta de controles estatales y la violación de las normas que protegen a los animales. El boom de la "caza garantizada".En Argentina, la caza está fuera de control.” Así definió Claudio Bertonatti, director del Zoológico porteño, el estado en el que se encuentra en nuestro país el “turismo cinegético”, es decir, la cacería deportiva de animales. Se trata de una actividad siempre polémica, enfocada principalmente hacia los turistas extranjeros que buscan plazas disponibles para cazar animales de gran porte. Como en general no pueden hacerlo en sus países de origen, producto de la dureza de las leyes, deciden venir a lugares donde el marco normativo y los controles son más laxos, como sucede en la Argentina.
Aunque no existen cifras oficiales, distintas organizaciones ambientalistas estiman que por año llegan unos 20 mil turistas-cazadores. Según cálculos de las mismas fuentes, cada uno de ellos gasta U$S 5000, lo que significa un mercado local de 100 millones de dólares. A su vez, de acuerdo a los especialistas, muchas veces este negocio funciona al margen de la normativa que protege a las especies en riesgo y al medio ambiente.
Uno de los puntos más cuestionados es la “caza garantizada”, donde por unos miles de dólares distintas empresas se ocupan de que la pieza ofrecida sea capturada de forma segura por el cliente. En diálogo con Tiempo Argentino, el ambientalista Carlos Fernández Balboa, de la Fundación Vida Silvestre, explicó: “El turista paga un precio determinado para cazar un animal que es ofrecido a través de una página web. Una vez cerrado el trato, se pacta un lugar. El animal es liberado en ese sitio y al extranjero le dan todas las herramientas para cazarlo.” Por su parte, el director del zoológico porteño fue lapidario sobre esta disciplina: “Es tan deportivo como dispararle a un chico en silla de ruedas”, sostuvo Bertonatti.
En el país, la habilitación de los cotos de caza debe ser avalada por el Registro Nacional de Armas (RENAR) y la Dirección de Fauna de cada provincia. El RENAR informó que existen más de 100 establecimientos autorizados, cuando en 2008 había 22. El sector, por lo visto, está creciendo.
Hoy, en Internet, más de 80 sitios ofrecen este “servicio”. Por citar algunos ejemplos, una de estas empresas, que cuenta con cotos en la región pampeana, ofrece ciervos, antílope negro y jabalíes, entre otras especies. Cada pieza ronda, en promedio, los 1600 dólares. “La cacería es garantizada”, informaron vía mail. Por 300 dólares diarios, además brindan hospedaje, comidas, traslados y armas. El paquete no incluye municiones ni permisos. El mismo funcionamiento tiene otra de estas firmas, también con tierras en La Pampa. En este caso, los precios arrancan en los 1000 dólares y superan los 6000 para animales de gran porte, como búfalos. Una vez terminada la jornada, el turista puede llevarse la cabeza o la piel de su presa. Mayormente, estos “trofeos” van hacia los Estados Unidos y España.
Jeniffer Ibarra, integrante de la Red Argentina Contra el Tráfico de Especies Silvestres (RACTES), está complemente en contra de la caza garantizada. “Es inmoral, antiética y atenta contra el bienestar de los animales y del medio ambiente”, sostuvo. Incluso, llegó a denunciar que en ciertos casos “los animales están encerrados, se los somete a torturas, se los droga y son maltratados”.
Juan Campomar, un cazador con 45 años de experiencia, relativizó las acusaciones. “Las empresas quieren ganar dinero –afirmó Campomar–, pero es muy raro, muy burdo, que sucedan cosas así. Hay otras trampas, más sutiles, que aseguran el resultado, como tener al animal en semi-cautiverio”. De todas maneras, consideró que “cuando a uno le aseguran que va a cazar, se pierde todo el sabor. Es como entrar a la cancha sabiendo que vas a ganar. Para que la caza sea deportiva, el animal y el cazador deben tener las mismas posibilidades.”
Más allá de las posturas encontradas, lo cierto es que la cacería –aún la garantizada– es legal en la Argentina, si bien, para distintos especialistas, se desarrolla en medio de un descontrol normativo. Sucede que cada provincia es la encargada de regular y determinar cómo explota esos recursos, según informó la Dirección de Fauna Silvestre de la Nación. Por ejemplo, en San Juan y La Rioja la cacería de animales está prohibida, pero en Chubut y Buenos Aires existen áreas habilitadas especialmente por los gobiernos.
Un caso que deja en evidencia las contradicciones sucede en La Pampa y Río Negro, dos provincias vecinas. En la primera, la caza del puma fue prohibida en 2006, mientras que en la segunda, se otorga un subsidio de $ 500 por cada felino derribado, ya que es considerado una “plaga”.
Respecto del estado general de la cacería en la Argentina, Bertonatti fue claro: “Está fuera de control y los cazadores hacen matanzas indignantes.” Si bien el director del Zoológico porteño reconoció que hubo avances en la lucha contra el tráfico de especies, aseguró que “no se llevan estadísticas de lo que se caza legal e ilegalmente, por lo que se desconoce el impacto de la actividad”. Asimismo, aseguró que “los permisos se otorgan sin examen previo, se habilita a los guías con débiles exigencias”.
En este sentido, la provincia de Buenos Aires es uno de los territorios más cuestionados. A través de una fuente interna –que pidió estricta reserva de su identidad y de la empresa para la que trabaja–, Tiempo tuvo acceso a los registros de una de las firmas de cacería más reconocidas del país, que opera en suelo bonaerense. Allí se detalla lo hecho en 2011 por un grupo de tiradores, integrado por cinco turistas norteamericanos, que se encontraba cazando patos. Usaron 1575 cartuchos y mataron a 877 aves. De acuerdo a la ley, sin embargo, sólo podrían haber derribado a 250.
Para Bertonatti, el origen del problema radica en que “las provincias tienen escaso personal para asegurar el control”. Contrariamente, el cazador Campomar opinó que “en Argentina hay leyes, reglamentos y controles aduaneros bastante efectivos sobre la caza legal. Eso no quita que algunos hagan trampa. Ahora, en lo que se refiere a caza furtiva o comercial, ahí sí está todo descontrolado.”
Este diario se comunicó con la Dirección de Fauna Silvestre, para conocer su posición ante las denuncias relatadas, pero al cierre de este artículo no hubo respuesta.
Por otra parte, el turismo cinegético también es acusado de generar un alto impacto por contaminación ambiental. La bióloga Sandra Gordillo denunció que, sólo en Córdoba, la caza deja unas 1000 toneladas de plomo al año, por el uso de perdigones de este metal. Según la cámara cordobesa de Turismo Cinegético, al año unos 9800 turistas pasan por la provincia para realizar cacería de palomas y otras especies. Un estudio de 2011 a cargo de María Luisa Pignata, directora del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal de la Universidad Nacional de Córdoba, comprobó que algunas zonas presentaban valores de plomo en suelo y aire muy superiores a los permitidos. Bajo determinadas condiciones, este metal puede causar enfermedades como el saturnismo, que provoca daños neurológicos, anemia e infertilidad y afecta, sobre todo, a niños de seis meses a seis años. Por esta razón, el empleo de municiones de plomo está prohibido en países como Dinamarca, Holanda e Inglaterra. En Córdoba, su uso fue restringido recién en 2012, pero en el resto del país no hay legislación al respecto.
Como se ve, son muchas las razones, culturales, normativas y de negocios, por las que hoy los animales están en el centro de la mira. «
Piden por los últimos yaguaretés
En una serie de movilizaciones realizadas frente al Obelisco y el Planetario porteño, activistas de la Red Yaguareté reclamaron en junio pasado por la matanza y comercialización de 30 jaguares o tigres criollos.
Especialmente, los ambientalistas se manifestaron a raíz del caso de un yaguareté –bautizado con el nombre de Guacurarí– que era monitoreado a través de un collar electrónico y que, sin embargo, fue asesinado por cazadores furtivos en la provincia de Misiones, en febrero pasado.
“A pesar de las severas prohibiciones legales vigentes, el mayor felino del continente se encuentra en una situación dramática. En nuestro país quedan menos de 250 ejemplares en estado silvestre, por lo que existe serio peligro de extinción”, explicó Nicolás Lodeiro, presidente de la organización proteccionista.
Por esta razón, los miembros de la Red Yaguareté exigieron a la Administración de Parques Nacionales y a la Secretaría de Ambiente de la Nación que se adopten medidas urgentes y concretas. En lo puntual, solicitaron que se asigne un presupuesto para la defensa de la especie y se apliquen las multas que prevé la ley.
Además, reclamaron la designación de una persona en cada uno de los organismos estatales competentes, cuya función sea la de coordinar interdisciplinariamente las acciones que son necesarias para salvar a estos felinos. En la actualidad, la mayoría de los trabajos de conservación son llevados a cabo por fundaciones o asociaciones civiles.
Ciento veinte años atrás, el hábitat de los yaguaretés llegaba hasta las costas del río Negro, en el territorio patagónico. Hoy, estos animales únicamente subsisten en bosques y selvas del norte, en tres poblaciones aisladas entre sí: la selva misionera, la región chaqueña y una porción de las selvas de montaña de Salta y Jujuy.
Martínez de Hoz y el Safari Club
La Argentina cuenta con una extensa lista de cazadores VIP, aunque se trata de personajes más recordados por sus prontuarios que por sus habilidades en la caza. Por caso, la nómina incluye al ex presidente Carlos Saúl Menem, al represor Albano Harguindeguy, al empresario fallecido Alfredo Yabrán y al ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. Este último fue, hasta hace pocos años, presidente de la filial local del Safari Club Internacional (SCI), una entidad donde se agrupan los cazadores más importantes e influyentes de todo el mundo. La sede central de la SCI se encuentra en Tucson, Arizona, en el oeste norteamericano, y sus miembros suelen ser conocidos por su apoyo a la industria del armamento.En 1997, el SCI realizó una entrega de premios y el entonces presidente Menem se llevó el galardón en la categoría “ciervo rojo”. El premio consistió en la reproducción de una cabeza de puma y fue recibido en Las Vegas por el ex secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan. La ceremonia tuvo lugar durante un almuerzo, en el que Kohan compartió mesa con otros famosos "hunters", como el ex presidente de los Estados Unidos George Bush.
La cifra
5000 dólares es el dinero que, se estima, gasta cada persona que llega al país para practicar turismo cinegético. No existen datos oficiales.
Las claves
* En los últimos cinco años, el número de establecimientos autorizados para esta actividad aumentó en más de un 350 por ciento.
* Las áreas con más cotos de caza son La Pampa, Buenos Aires y varias de las provincias que integran la región patagónica.
* Muchas veces, los extranjeros vienen para poder desarrollar una práctica que está prohibida en sus países de origen.
La frase
“Los cazadores hacen matanzas indignantes. No se llevan estadísticas de lo que se caza, legal o ilegalmente, por lo que se desconoce el impacto de la actividad.”
Claudio Bertonatti, director del Zoológico de Buenos Aires.
Legislación
Para poder funcionar, las empresas deben contar con el aval del Registro Nacional de Armas (RENAR) y de la Dirección de Fauna de cada provincia, que regula este tipo de recursos naturales.
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El Delta del Paraná en peligro por la agricultura
Prácticas destructivas amenazan el Delta
Fecha de Publicación: 11/11/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
En las últimas semanas se ha hablado y escrito sobre las inundaciones ocurridas en la provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal, pero poco se ha dicho sobre el anegamiento de casi un millón de hectáreas en el Delta entrerriano, a escasos 130 kilómetros del centro porteño.
Allí nos encontramos con el Humedal Delta del Paraná, cuyos servicios ambientales son fundamentales para el futuro: garantiza la reserva de la diversidad biológica, es moderador natural de las inundaciones proveniente de las cíclicas crecientes del río Paraná y es un importantísimo reservorio de agua dulce para uso humano.
La realidad nos muestra que todo esto está en peligro, pues se están incorporando a esta zona técnicas de producción agrícolas diseñadas para tierra firme: se modifican totalmente las condiciones naturales de sus suelos y del movimiento del agua en todo el sistema. La construcción de obras públicas y privadas sospechadas de irregulares sin responder a un proyecto que garantice la sustentabilidad y sin ningún control, han sido decisivas para que esa superficie continúe aún inundada.
El Delta está surcado por innumerables cursos de agua y la napa freática está muy cercana a la superficie, en consecuencia la aplicación de agroquímicos para hacer agricultura como en tierra firme, lleva indefectiblemente a la contaminación de las aguas. Su uso es ilegal, ya que, según las mismas empresas agroquímicas, no hay un solo producto probado y registrado por la industria para ser aplicado en un humedal.
Sin embargo, son utilizados furtivamente en estas nuevas explotaciones; con el impacto inmediato sobre la flora y la fauna autóctonas, iniciándose el proceso de contaminación que irremediablemente llegará a las aguas del Río de la Plata.
Los principales centros de estudio y los científicos especializados en esta disciplina, por caso, la Fundación Humedales, la Universidad de San Martín, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas de Zamora y técnicos del INTA y del INA, han levantado reiteradamente la voz de alerta sobre los resultados negativos de estas prácticas, que ponen en riesgo la existencia misma del humedal. Lo propio hemos hecho varios integrantes de la Comisión de Recursos Naturales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN), al expresar la preocupación por el avance de los endicamientos en la región.
Sin cambios
Sin embargo, se continúa con esas prácticas destructivas. En efecto, dragados proyectados sin respaldo técnico ni estudios de impacto ambiental, endicamientos y cambios de hábitos productivos, todos sin control, están generando un panorama desalentador pues atenta contra las producciones tradicionales, muchas de ellas orgánicas, y en consecuencia contra la gente que desde hace más de un siglo las lleva adelante como modo de vida.
No se está queriendo obstaculizar cualquier emprendimiento en estas zonas, sino reclamando una producción sustentable, en consonancia con las ventajas naturales que brinda la misma, reflejando una conducta ética ambiental tal como lo establece el Programa de las naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) "Cuidar la Tierra", donde no se rechazan las opciones económicas, pero se va más allá de ellas: por ejemplo se podría intensificar la forestación con álamos y sauces, la producción ganadera para exportación y como región receptora de la hacienda expulsada por la sojización de la pradera pampeana, la producción orgánica, la apicultura, el turismo y muchas más.
Para muchas culturas el agua, o condición de humedad, es sinónimo y relativo a la vida, a la fertilidad. Debemos incorporar el tema medio ambiental dentro de las agendas políticas para generar una sociedad consciente del cuidado de los recursos naturales y su uso responsable. Más que de un tema económico o productivo, se trata de una decisión ética inherente a la condición humana.
"Pensar es fácil. Actuar es difícil. Actuar conforme al pensamiento propio es lo más difícil de todo", palabras del poeta alemán Goethe, base del concepto de ética.
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Fecha de Publicación: 11/11/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
En las últimas semanas se ha hablado y escrito sobre las inundaciones ocurridas en la provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal, pero poco se ha dicho sobre el anegamiento de casi un millón de hectáreas en el Delta entrerriano, a escasos 130 kilómetros del centro porteño.Allí nos encontramos con el Humedal Delta del Paraná, cuyos servicios ambientales son fundamentales para el futuro: garantiza la reserva de la diversidad biológica, es moderador natural de las inundaciones proveniente de las cíclicas crecientes del río Paraná y es un importantísimo reservorio de agua dulce para uso humano.
La realidad nos muestra que todo esto está en peligro, pues se están incorporando a esta zona técnicas de producción agrícolas diseñadas para tierra firme: se modifican totalmente las condiciones naturales de sus suelos y del movimiento del agua en todo el sistema. La construcción de obras públicas y privadas sospechadas de irregulares sin responder a un proyecto que garantice la sustentabilidad y sin ningún control, han sido decisivas para que esa superficie continúe aún inundada.
El Delta está surcado por innumerables cursos de agua y la napa freática está muy cercana a la superficie, en consecuencia la aplicación de agroquímicos para hacer agricultura como en tierra firme, lleva indefectiblemente a la contaminación de las aguas. Su uso es ilegal, ya que, según las mismas empresas agroquímicas, no hay un solo producto probado y registrado por la industria para ser aplicado en un humedal.
Sin embargo, son utilizados furtivamente en estas nuevas explotaciones; con el impacto inmediato sobre la flora y la fauna autóctonas, iniciándose el proceso de contaminación que irremediablemente llegará a las aguas del Río de la Plata.
Los principales centros de estudio y los científicos especializados en esta disciplina, por caso, la Fundación Humedales, la Universidad de San Martín, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas de Zamora y técnicos del INTA y del INA, han levantado reiteradamente la voz de alerta sobre los resultados negativos de estas prácticas, que ponen en riesgo la existencia misma del humedal. Lo propio hemos hecho varios integrantes de la Comisión de Recursos Naturales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN), al expresar la preocupación por el avance de los endicamientos en la región.
Sin cambios
Sin embargo, se continúa con esas prácticas destructivas. En efecto, dragados proyectados sin respaldo técnico ni estudios de impacto ambiental, endicamientos y cambios de hábitos productivos, todos sin control, están generando un panorama desalentador pues atenta contra las producciones tradicionales, muchas de ellas orgánicas, y en consecuencia contra la gente que desde hace más de un siglo las lleva adelante como modo de vida.
No se está queriendo obstaculizar cualquier emprendimiento en estas zonas, sino reclamando una producción sustentable, en consonancia con las ventajas naturales que brinda la misma, reflejando una conducta ética ambiental tal como lo establece el Programa de las naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) "Cuidar la Tierra", donde no se rechazan las opciones económicas, pero se va más allá de ellas: por ejemplo se podría intensificar la forestación con álamos y sauces, la producción ganadera para exportación y como región receptora de la hacienda expulsada por la sojización de la pradera pampeana, la producción orgánica, la apicultura, el turismo y muchas más.
Para muchas culturas el agua, o condición de humedad, es sinónimo y relativo a la vida, a la fertilidad. Debemos incorporar el tema medio ambiental dentro de las agendas políticas para generar una sociedad consciente del cuidado de los recursos naturales y su uso responsable. Más que de un tema económico o productivo, se trata de una decisión ética inherente a la condición humana.
"Pensar es fácil. Actuar es difícil. Actuar conforme al pensamiento propio es lo más difícil de todo", palabras del poeta alemán Goethe, base del concepto de ética.
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Pascua Lama: el Tribunal del Agua pidió moratoria
Moratoria para Pascua Lama
Fecha de Publicación: 11/11/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: San Juan
El Jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua instó a los Estados de Chile y Argentina a considerar la necesidad de decretar una moratoria al proyecto minero binacional Pascua Lama y a reconocer la ineficiencia del Estado chileno y la necesidad de que efectivamente aplique la ley y exija su cumplimiento con una efectiva y eficaz fiscalización, tal como insta la CIDH. Además criticó que “el Estado tampoco ha informado sobre los acuerdos y mecanismos internos que contempla las particularidades de los pueblos indígenas, que garanticen la protección efectiva de los derechos colectivos de la comunidades indígenas frente a actos que amenacen sus derechos fundamentales”.
La demanda fue presentada por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Socioambientales (OLCA) por los posibles daños irreversibles a los glaciares transfronterizos y la afectación permanente de la cuenca del río Huasco (Chile). Para el presidente del Tribunal del Agua, Javier Bogantes, “se trata de uno de los casos más emblemáticos de minería a cielo abierto en la región”.
En el veredicto se argumenta que los glaciares de roca son las principales fuentes que abastecen a los ríos, por lo cual la afectación del proyecto será muy grave para toda la cuenca.
El fallo recomendó que las autoridades cumplan el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT sobre los derechos indígenas y que la empresa Minera Nevada Ltda. “ejerza efectivamente su proclamada responsabilidad social empresarial”.
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Fecha de Publicación: 11/11/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: San Juan
El Jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua instó a los Estados de Chile y Argentina a considerar la necesidad de decretar una moratoria al proyecto minero binacional Pascua Lama y a reconocer la ineficiencia del Estado chileno y la necesidad de que efectivamente aplique la ley y exija su cumplimiento con una efectiva y eficaz fiscalización, tal como insta la CIDH. Además criticó que “el Estado tampoco ha informado sobre los acuerdos y mecanismos internos que contempla las particularidades de los pueblos indígenas, que garanticen la protección efectiva de los derechos colectivos de la comunidades indígenas frente a actos que amenacen sus derechos fundamentales”.
La demanda fue presentada por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Socioambientales (OLCA) por los posibles daños irreversibles a los glaciares transfronterizos y la afectación permanente de la cuenca del río Huasco (Chile). Para el presidente del Tribunal del Agua, Javier Bogantes, “se trata de uno de los casos más emblemáticos de minería a cielo abierto en la región”.
En el veredicto se argumenta que los glaciares de roca son las principales fuentes que abastecen a los ríos, por lo cual la afectación del proyecto será muy grave para toda la cuenca.
El fallo recomendó que las autoridades cumplan el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT sobre los derechos indígenas y que la empresa Minera Nevada Ltda. “ejerza efectivamente su proclamada responsabilidad social empresarial”.
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Una vez más dicen que mostrarán el monitoreo a UPM
En 5 días difundirían el resultado del monitoreo a UPM-Botnia
Fecha de Publicación: 10/11/2012
Fuente: El Diario de Entre Rïos
Provincia/Región: Nacional
Si se cumple el anuncio del representante uruguayo en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el 15 de noviembre se conocerían los resultados del monitoreo a la planta de pasta celulosa UPM-Botnia, en Fray Bentos.
Aunque no es la primera vez que se promete difundir los estudios, el funcionario charrúa Luis Hierro López dijo que “no difieren con los análisis de los laboratorios canadienses”.
A fines de septiembre, la delegación argentina en la CARU había pedido la divulgación y recién ahora, se estaría por darlos a conocer.
Hierro López, anticipó que el 15 de este mes habrá una audiencia pública, donde se darán a conocer nuevos resultados de la contaminación que la planta de UPM-Botnia produce en el cauce binacional.
El funcionario agregó que está en conocimiento de los últimos análisis que se han llevado adelante, pero no puede hacerlos públicos hasta no estar autorizado. “No difieren con los de los laboratorios canadienses”, deslizó.
Asimismo, opinó que hubo avances en torno a la difusión de los monitoreos: “Estamos más cerca que hace dos meses y es previsible que para fin de año haya novedades”, vaticinó. No obstante, endilgó a la Argentina las demoras en las publicaciones. Para el ex vicepresidente oriental, el problema radica en los constantes “reparos” nacionales, a los que “Uruguay contesta”.
El funcionario uruguayo aseguró que los monitoreos son diarios, tanto en la salida de la pastera como en la desembocadura del río Gualeguaychú.
Además, acotó que el mayor problema podría ser la diferencia en la temperatura del agua emitida. “Pero ya sea de 32 grados o de 27 ó 28, como cuando se enfriaba, la temperatura del efluente no cambia la cantidad de fósforo, de fenoles, o de otros eventuales contaminantes que hubiera”, dijo en declaraciones al informativo Sarandí.
A fines de septiembre, la delegación argentina en la CARU había pedido la divulgación total del monitoreo, luego de que el país vecino hubiera dicho que sólo iba a publicar los datos sin ninguna otra documentación. La misiva fue contestada 27 días después, aceptando la solicitud pero sabiendo que iba ingresar al plenario que se realizó días más tarde.
Los estudiantes hicieron oír una vez más su Grito Blanco
Una nueva edición del denominado Grito Blanco se realizó ayer en Gualeguaychú. Cientos de estudiantes de todos los niveles educativos salieron a la calle, se reunieron en Plaza Urquiza y manifestaron, una vez más, su rechazo a la pastera UPM-Botnia, de Fray Bentos, en la República Oriental del Uruguay (ROU).
La convocatoria, que se realiza por octavo año consecutivo, es coordinada por la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. Estudiantes primarios y secundarios, acompañados por la comunidad educativa como también por sus padres, participaron de la convocatoria en defensa del medio ambiente y para exigir, como se ha hecho en otras ediciones, el retiro de la pastera.
La concentración fue en Plaza Urquiza, frente a la Municipalidad de Gualeguaychú, tal como se hizo el año pasado. Los niños y adolescentes con guardapolvos blancos, hicieron oír su protesta en contra de la industria.
Según los medios gualeguaychuenses, por el sofocante calor de la jornada de ayer, se redujo en esta edición el número de estudiantes convocados, pero pese a ello el Grito blanco por la vida se hizo escuchar.
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Fecha de Publicación: 10/11/2012
Fuente: El Diario de Entre Rïos
Provincia/Región: Nacional
Si se cumple el anuncio del representante uruguayo en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el 15 de noviembre se conocerían los resultados del monitoreo a la planta de pasta celulosa UPM-Botnia, en Fray Bentos.Aunque no es la primera vez que se promete difundir los estudios, el funcionario charrúa Luis Hierro López dijo que “no difieren con los análisis de los laboratorios canadienses”.
A fines de septiembre, la delegación argentina en la CARU había pedido la divulgación y recién ahora, se estaría por darlos a conocer.
Hierro López, anticipó que el 15 de este mes habrá una audiencia pública, donde se darán a conocer nuevos resultados de la contaminación que la planta de UPM-Botnia produce en el cauce binacional.
El funcionario agregó que está en conocimiento de los últimos análisis que se han llevado adelante, pero no puede hacerlos públicos hasta no estar autorizado. “No difieren con los de los laboratorios canadienses”, deslizó.
Asimismo, opinó que hubo avances en torno a la difusión de los monitoreos: “Estamos más cerca que hace dos meses y es previsible que para fin de año haya novedades”, vaticinó. No obstante, endilgó a la Argentina las demoras en las publicaciones. Para el ex vicepresidente oriental, el problema radica en los constantes “reparos” nacionales, a los que “Uruguay contesta”.
El funcionario uruguayo aseguró que los monitoreos son diarios, tanto en la salida de la pastera como en la desembocadura del río Gualeguaychú.
Además, acotó que el mayor problema podría ser la diferencia en la temperatura del agua emitida. “Pero ya sea de 32 grados o de 27 ó 28, como cuando se enfriaba, la temperatura del efluente no cambia la cantidad de fósforo, de fenoles, o de otros eventuales contaminantes que hubiera”, dijo en declaraciones al informativo Sarandí.
A fines de septiembre, la delegación argentina en la CARU había pedido la divulgación total del monitoreo, luego de que el país vecino hubiera dicho que sólo iba a publicar los datos sin ninguna otra documentación. La misiva fue contestada 27 días después, aceptando la solicitud pero sabiendo que iba ingresar al plenario que se realizó días más tarde.
Los estudiantes hicieron oír una vez más su Grito Blanco
Una nueva edición del denominado Grito Blanco se realizó ayer en Gualeguaychú. Cientos de estudiantes de todos los niveles educativos salieron a la calle, se reunieron en Plaza Urquiza y manifestaron, una vez más, su rechazo a la pastera UPM-Botnia, de Fray Bentos, en la República Oriental del Uruguay (ROU).
La convocatoria, que se realiza por octavo año consecutivo, es coordinada por la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. Estudiantes primarios y secundarios, acompañados por la comunidad educativa como también por sus padres, participaron de la convocatoria en defensa del medio ambiente y para exigir, como se ha hecho en otras ediciones, el retiro de la pastera.
La concentración fue en Plaza Urquiza, frente a la Municipalidad de Gualeguaychú, tal como se hizo el año pasado. Los niños y adolescentes con guardapolvos blancos, hicieron oír su protesta en contra de la industria.
Según los medios gualeguaychuenses, por el sofocante calor de la jornada de ayer, se redujo en esta edición el número de estudiantes convocados, pero pese a ello el Grito blanco por la vida se hizo escuchar.
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La basura sin lugar para esconderla
Toneladas sin destino
Fecha de Publicación: 10/11/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital Federal
Ayer la Presidenta confirmó que no se usarán los terrenos de Campo de Mayo para ampliar los rellenos de la Ceamse, cuya vida útil termina en abril. Macri culpó a la Nación por el conflicto.
El cierre inminente del relleno sanitario Norte III, de la Ceamse, en José León Suárez, puso sobre la mesa la discusión sobre qué hacer con las 14 mil toneladas de basura que se generan a diario en el Area Metropolitana. Por lo pronto, la posibilidad de ampliar ese predio sobre 140 hectáreas en el predio de Campo de Mayo quedó descartado de plano: ayer, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que “no se va a tirar más basura en ese pulmón”. Pese a que la Ciudad no cumple con la Ley de Basura Cero, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, responsabilizó al gobierno nacional por el conflicto y apoyó la medida de fuerza de los trabajadores que hace una semana provocaron el retraso de la recolección y disposición de la basura.
“Tenemos montañas de basura al lado de chicos en el Gran Buenos Aires, es una tremenda afrenta al medio ambiente”, sostuvo la Presidenta ante intendentes bonaerenses, en el Salón de las Mujeres en la Casa Rosada. Allí dio a conocer la decisión de no extender la vida del relleno de José León Suárez, en General San Martín, cuyo cierre está previsto para abril o mayo del próximo año. La idea de ampliar el terreno tampoco había sido aceptada por los intendentes de ese municipio, de San Fernando, Tigre y San Miguel.
En el Area Metropolitana se generan 14.250 toneladas diarias de residuos que son dispuestas en rellenos sanitarios de Ensenada, González Catán y San Martín, que están colapsados y tienen fecha de cierre. Además, no existen nuevos sitios alternativos. La Presidenta también criticó que se siga “enterrando basura sin un procesamiento adecuado y moderno”.
“Es tiempo de que tomemos medidas con soluciones regionales de fondo, para que podamos cumplir con metas ciertas de reducción de residuos y que cada municipio se haga cargo de su basura”, apuntó a Página/12 el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis. Así, se cumpliría con la ley provincial 13.592, que establece que cada municipio debe concretar el tratamiento de sus residuos.
Para aplacar el nivel de conflicto, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, propuso buscar una salida en conjunto a través de la creación de una nueva institución que estaría conformada entre el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS), la Ceamse (creada en 1978) y la Ciudad de Buenos Aires.
Voceros de la OPDS informaron a este diario que aún no está determinado si cada organismo continuará trabajando de manera independiente. Sin embargo, desde el despacho de una de las intendencias apuntaron que la Ceamse “ya no sirve” y que la intención es lograr delinear planes conjuntos de reducción de la basura. En caso de que la Ceamse desaparezca, una posibilidad para los trabajadores sería trabajar en las nuevas plantas de tratamiento. En San Martín, por ejemplo, el próximo año se implementaría un plan de separación de residuos en origen –en oficinas oficiales y en instituciones educativas– que conllevaría la recoleccción diferenciada. Entre ese municipio, San Miguel y Tigre generan entre 300 y 400 toneladas de basura por día, mientras que la ciudad de Buenos Aires produce seis mil.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, también opinó sobre la polémica que se generó en torno de la basura y advirtió a los intendentes que Macri busca “tapar de basura” sus distritos. Señaló que la Ciudad “es el distrito mayor productor de residuos urbanos sólidos”.
Respecto de los dichos de la Presidenta, el delegado moyanista de la Asociación Gremial de Obreros y Empleados de la Ceamse (Agoec), Jorge Mancini, reiteró que esperarán una respuesta hasta la próxima semana para decidir si llevan a cabo medidas de fuerza para reclamar la estabilidad laboral de 1500 trabajadores del relleno Norte III.
Pese a que la medida de fuerza que paralizó (y podría volver a paralizar) la recolección en la Ciudad perjudica a los porteños, Macri dio el visto bueno a la protesta en declaraciones radiales: “La forma que tienen de reclamar que se extienda la tierra es no dejando entrar los camiones y la basura que se entierra no tiene dónde ir”.
Fecha de Publicación: 10/11/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital Federal
Ayer la Presidenta confirmó que no se usarán los terrenos de Campo de Mayo para ampliar los rellenos de la Ceamse, cuya vida útil termina en abril. Macri culpó a la Nación por el conflicto.El cierre inminente del relleno sanitario Norte III, de la Ceamse, en José León Suárez, puso sobre la mesa la discusión sobre qué hacer con las 14 mil toneladas de basura que se generan a diario en el Area Metropolitana. Por lo pronto, la posibilidad de ampliar ese predio sobre 140 hectáreas en el predio de Campo de Mayo quedó descartado de plano: ayer, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que “no se va a tirar más basura en ese pulmón”. Pese a que la Ciudad no cumple con la Ley de Basura Cero, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, responsabilizó al gobierno nacional por el conflicto y apoyó la medida de fuerza de los trabajadores que hace una semana provocaron el retraso de la recolección y disposición de la basura.
“Tenemos montañas de basura al lado de chicos en el Gran Buenos Aires, es una tremenda afrenta al medio ambiente”, sostuvo la Presidenta ante intendentes bonaerenses, en el Salón de las Mujeres en la Casa Rosada. Allí dio a conocer la decisión de no extender la vida del relleno de José León Suárez, en General San Martín, cuyo cierre está previsto para abril o mayo del próximo año. La idea de ampliar el terreno tampoco había sido aceptada por los intendentes de ese municipio, de San Fernando, Tigre y San Miguel.
En el Area Metropolitana se generan 14.250 toneladas diarias de residuos que son dispuestas en rellenos sanitarios de Ensenada, González Catán y San Martín, que están colapsados y tienen fecha de cierre. Además, no existen nuevos sitios alternativos. La Presidenta también criticó que se siga “enterrando basura sin un procesamiento adecuado y moderno”.
“Es tiempo de que tomemos medidas con soluciones regionales de fondo, para que podamos cumplir con metas ciertas de reducción de residuos y que cada municipio se haga cargo de su basura”, apuntó a Página/12 el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis. Así, se cumpliría con la ley provincial 13.592, que establece que cada municipio debe concretar el tratamiento de sus residuos.
Para aplacar el nivel de conflicto, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, propuso buscar una salida en conjunto a través de la creación de una nueva institución que estaría conformada entre el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS), la Ceamse (creada en 1978) y la Ciudad de Buenos Aires.
Voceros de la OPDS informaron a este diario que aún no está determinado si cada organismo continuará trabajando de manera independiente. Sin embargo, desde el despacho de una de las intendencias apuntaron que la Ceamse “ya no sirve” y que la intención es lograr delinear planes conjuntos de reducción de la basura. En caso de que la Ceamse desaparezca, una posibilidad para los trabajadores sería trabajar en las nuevas plantas de tratamiento. En San Martín, por ejemplo, el próximo año se implementaría un plan de separación de residuos en origen –en oficinas oficiales y en instituciones educativas– que conllevaría la recoleccción diferenciada. Entre ese municipio, San Miguel y Tigre generan entre 300 y 400 toneladas de basura por día, mientras que la ciudad de Buenos Aires produce seis mil.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, también opinó sobre la polémica que se generó en torno de la basura y advirtió a los intendentes que Macri busca “tapar de basura” sus distritos. Señaló que la Ciudad “es el distrito mayor productor de residuos urbanos sólidos”.
Respecto de los dichos de la Presidenta, el delegado moyanista de la Asociación Gremial de Obreros y Empleados de la Ceamse (Agoec), Jorge Mancini, reiteró que esperarán una respuesta hasta la próxima semana para decidir si llevan a cabo medidas de fuerza para reclamar la estabilidad laboral de 1500 trabajadores del relleno Norte III.
Pese a que la medida de fuerza que paralizó (y podría volver a paralizar) la recolección en la Ciudad perjudica a los porteños, Macri dio el visto bueno a la protesta en declaraciones radiales: “La forma que tienen de reclamar que se extienda la tierra es no dejando entrar los camiones y la basura que se entierra no tiene dónde ir”.
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Nuevo organismo para los RSU de Buenos Aires
Scioli crea dependencia específica para tratar el tema de la basura
Fecha de Publicación: 09/11/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
En el área metropolitana se producen 14.250 toneladas diarias de residuos, llevadas a rellenos sanitarios de Ensenada, González Catán y San Martín que están colapsados
La preocupación y el creciente apremio por la falta de soluciones duraderas al urticante problema de la basura encamina al gobernador Daniel Scioli a impulsar la creación de un nuevo ente gubernamental que se ocupe específicamente del tema que involucra a 13 millones de habitantes.
Según trascendió, Scioli sumará al organigrama de la administración provincial una dependencia que englobará al actual Organismo para el Desarrollo Sustentable (OPDS) y al segmento provincial de la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), que es un organismo tripartito en el que también participan la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, destinado a operar la disposición final de los residuos del área metropolitana.
En los hechos, es la provincia de Buenos Aires quien preside y gerencia la Ceamse, por ello, el manejo de la basura en el área metropolitana prácticamente quedará en manos del ente por crearse.
Desde la Jefatura de Gabinete provincial , de donde dependerá la nueva oficina aún sin nombre definido, confirmaron la versión y explicaron a LA NACIÓN que se trata de una medida "estratégica" que apunta a "buscar una solución de fondo al problema de la basura".
Voceros gubernamentales aseguraron que, la decisión surgió de una serie de reuniones que se mantuvieron en los últimos días, en medio de la crisis que inundó de residuos las calles de la Capital Federal, e indicaron que el futuro titular será el secretario de Transporte bonaerense, Hugo Bilbao .
Bilbao fue elegido por su conocimiento de cuestiones de transporte y logística, considerados por el gobierno como los principales temas que desatan los reiterados conflictos con la basura. El funcionario, además, posee un buen diálogo con todos los actores vinculados al tema: intendentes, empresarios y sindicatos, se indicó.
Puntualmente, en su etapa de legislador provincial, Bilbao compartió bancada y coincidencias con el titular del gremio de los trabajadores de la Ceamse, Jorge Mancini, que responde al líder de Camioneros, Hugo Moyano.
14.250 toneladas diarias de residuos
En el Area Metropolitana -conformada por la Capital Federal y 30 distritos del Gran Buenos Aires y Gran La Plata- se producen 14.250 toneladas diarias de residuos que son llevadas a los rellenos sanitarios de Ensenada, González Catán y San Martín, que se encuentran colapsados y con medidas judiciales que ordenan su cierre definitivo sin que existan sitios alternativos definidos aún.
La última crisis se focalizó en el predio de San Martín, conocido como el relleno Norte III, donde se recepcionan 6.000 toneladas diarias de desechos hogareños originadas por los vecinos porteños. Este predio debería ser cerrado en abril próximo.
El gremio de trabajadores de la Ceamse reclama una ampliación del relleno de San Martín, con 140 hectáreas linderas que pertenecen a Campo de Mayo, y viene haciendo periódicas protestas para apoyar esa propuesta que es rechazada tanto por el Gobierno Nacional ni por los jefes comunales de la zona norte del conurbano, a los que afecta ambientalmente el funcionamiento de ese predio.
Desde el gobierno provincial y varias comunas del Norte del Gran Buenos Aires se viene reclamando a la administración de Mauricio Macri por la mayor reducción en los volúmenes de residuos.
La basura de la Capital Federal pasa por el centro de transferencia de San Martín y se vuelca en el relleno Norte III, ubicado en ese mismo distrito, donde gobierna el intendente Gabriel Katopodis , que le reprocha a Macri incumplir compromisos de tratamiento de los residuos para bajar su volumen, y que encuentra apoyo expreso para esta pelea en el grupo de jefes comunales la región que lidera el intendente de Tigre, Sergio Massa.
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Fecha de Publicación: 09/11/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
En el área metropolitana se producen 14.250 toneladas diarias de residuos, llevadas a rellenos sanitarios de Ensenada, González Catán y San Martín que están colapsadosLa preocupación y el creciente apremio por la falta de soluciones duraderas al urticante problema de la basura encamina al gobernador Daniel Scioli a impulsar la creación de un nuevo ente gubernamental que se ocupe específicamente del tema que involucra a 13 millones de habitantes.
Según trascendió, Scioli sumará al organigrama de la administración provincial una dependencia que englobará al actual Organismo para el Desarrollo Sustentable (OPDS) y al segmento provincial de la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), que es un organismo tripartito en el que también participan la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, destinado a operar la disposición final de los residuos del área metropolitana.
En los hechos, es la provincia de Buenos Aires quien preside y gerencia la Ceamse, por ello, el manejo de la basura en el área metropolitana prácticamente quedará en manos del ente por crearse.
Desde la Jefatura de Gabinete provincial , de donde dependerá la nueva oficina aún sin nombre definido, confirmaron la versión y explicaron a LA NACIÓN que se trata de una medida "estratégica" que apunta a "buscar una solución de fondo al problema de la basura".
Voceros gubernamentales aseguraron que, la decisión surgió de una serie de reuniones que se mantuvieron en los últimos días, en medio de la crisis que inundó de residuos las calles de la Capital Federal, e indicaron que el futuro titular será el secretario de Transporte bonaerense, Hugo Bilbao .
Bilbao fue elegido por su conocimiento de cuestiones de transporte y logística, considerados por el gobierno como los principales temas que desatan los reiterados conflictos con la basura. El funcionario, además, posee un buen diálogo con todos los actores vinculados al tema: intendentes, empresarios y sindicatos, se indicó.
Puntualmente, en su etapa de legislador provincial, Bilbao compartió bancada y coincidencias con el titular del gremio de los trabajadores de la Ceamse, Jorge Mancini, que responde al líder de Camioneros, Hugo Moyano.
14.250 toneladas diarias de residuos
En el Area Metropolitana -conformada por la Capital Federal y 30 distritos del Gran Buenos Aires y Gran La Plata- se producen 14.250 toneladas diarias de residuos que son llevadas a los rellenos sanitarios de Ensenada, González Catán y San Martín, que se encuentran colapsados y con medidas judiciales que ordenan su cierre definitivo sin que existan sitios alternativos definidos aún.
La última crisis se focalizó en el predio de San Martín, conocido como el relleno Norte III, donde se recepcionan 6.000 toneladas diarias de desechos hogareños originadas por los vecinos porteños. Este predio debería ser cerrado en abril próximo.
El gremio de trabajadores de la Ceamse reclama una ampliación del relleno de San Martín, con 140 hectáreas linderas que pertenecen a Campo de Mayo, y viene haciendo periódicas protestas para apoyar esa propuesta que es rechazada tanto por el Gobierno Nacional ni por los jefes comunales de la zona norte del conurbano, a los que afecta ambientalmente el funcionamiento de ese predio.
Desde el gobierno provincial y varias comunas del Norte del Gran Buenos Aires se viene reclamando a la administración de Mauricio Macri por la mayor reducción en los volúmenes de residuos.
La basura de la Capital Federal pasa por el centro de transferencia de San Martín y se vuelca en el relleno Norte III, ubicado en ese mismo distrito, donde gobierna el intendente Gabriel Katopodis , que le reprocha a Macri incumplir compromisos de tratamiento de los residuos para bajar su volumen, y que encuentra apoyo expreso para esta pelea en el grupo de jefes comunales la región que lidera el intendente de Tigre, Sergio Massa.
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Tucumán dice que sancionó a 8 ingenios
Fecha de Publicación: 09/11/2012
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Lo dijo en una reunión que mantuvo con el ombudsman Hugo Cabral. El funcionario ambiental dio un informe sobre los últimos sumarios iniciados a los industriales azucareros por contaminación.La contaminación por parte de los ingenios azucareros continúa. El secretario de Medio Ambiente de la provincia, Alfredo Montalván, aseguró al defensor del Pueblo, Hugo Cabral, que inició sumarios y sanciones a ocho ingenios azucareros que “en forma desaprensiva” arrojaron residuos en la Cuenca Salí Dulce, en el marco del lavado de las fábricas.
En la reunión participaron ONG's ambientalistas, especialistas en la temática junto al foro de Participación Ciudadana, creado por la Defensoría del Pueblo.
El encuentro se produjo el miércoles por una invitación del ombudsman al funcionario ambientalista a fin de que brinde un pormenorizado informe sobre lo ocurrido recientemente en la Cuenca Salí Dulce.
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Alto consumo de agua en Mendoza
Los mendocinos consumen el doble de agua de lo que recomienda la OMS
Fecha de Publicación: 09/11/2012
Fuente: Diario UNO
Provincia/Región: Mendoza
Esta alarmante situación se debe al gran derroche que existe en la provincia. Durante las dos jornadas de calor, las reservas han bajado significativamente.
De 450 a 500 son los litros que consume un mendocino por día, según estimaciones de la empresa mendocina Aysam. Este dato es significativamente mayor a los 250 litros que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
A partir de estas cifras, que superan el promedio estimado, desde la empresa de agua provincial aseguran que el derroche de los vecinos es “altísimo” y hacen hincapié en la necesidad de concientizar sobre el cuidado de este recurso.
“Derroche no sólo es lavar el auto con agua potable. Si se abre la ducha quince minutos antes de meterme también estoy derrochando. Cualquier uso no útil del agua es derroche”, remarcó Alejandro Coll, vocero de la empresa.
Si bien, Aysam no cuenta con instrumentos para medir el nivel de consumo residencial, las aproximaciones se realizan a través de la medición de las plantas potabilizadoras de Benegas y Alto Godoy.
Ambos establecimientos arrojan, desde el 20 de septiembre, un porcentaje que ronda entre el 70 y 95%. Pero en las últimas dos jornadas los gráficos han demostrado una caída que va del 65 al 75%.
Desde la empresa señalaron que este aumento de consumo se debe, mayoritariamente, al mal aprovechamiento del agua que suele ser usada para “refrescar” veredas, patios o jardines en las noches de calor.
Pese a esta situación, desde la empresa señalaron que las categorías continúan siendo aceptables, sin embargo si en los próximos días disminuye la mínima un 5% más, el panorama comenzaría a presentarse como crítico.
Estos cambios en las variantes han estado marcados por la ola de calor que se presentó desde comienzos de semana y se espera que se comience a normalizar el fin de semana.
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Fecha de Publicación: 09/11/2012
Fuente: Diario UNO
Provincia/Región: Mendoza
Esta alarmante situación se debe al gran derroche que existe en la provincia. Durante las dos jornadas de calor, las reservas han bajado significativamente.
De 450 a 500 son los litros que consume un mendocino por día, según estimaciones de la empresa mendocina Aysam. Este dato es significativamente mayor a los 250 litros que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
A partir de estas cifras, que superan el promedio estimado, desde la empresa de agua provincial aseguran que el derroche de los vecinos es “altísimo” y hacen hincapié en la necesidad de concientizar sobre el cuidado de este recurso.
“Derroche no sólo es lavar el auto con agua potable. Si se abre la ducha quince minutos antes de meterme también estoy derrochando. Cualquier uso no útil del agua es derroche”, remarcó Alejandro Coll, vocero de la empresa.
Si bien, Aysam no cuenta con instrumentos para medir el nivel de consumo residencial, las aproximaciones se realizan a través de la medición de las plantas potabilizadoras de Benegas y Alto Godoy.
Ambos establecimientos arrojan, desde el 20 de septiembre, un porcentaje que ronda entre el 70 y 95%. Pero en las últimas dos jornadas los gráficos han demostrado una caída que va del 65 al 75%.
Desde la empresa señalaron que este aumento de consumo se debe, mayoritariamente, al mal aprovechamiento del agua que suele ser usada para “refrescar” veredas, patios o jardines en las noches de calor.
Pese a esta situación, desde la empresa señalaron que las categorías continúan siendo aceptables, sin embargo si en los próximos días disminuye la mínima un 5% más, el panorama comenzaría a presentarse como crítico.
Estos cambios en las variantes han estado marcados por la ola de calor que se presentó desde comienzos de semana y se espera que se comience a normalizar el fin de semana.
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Hallan gato montés en una isla del Paraná
Hallan gato montés casi en extinción en isla del Paraná
Fecha de Publicación: 08/11/2012
Fuente: La Noticia Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
Fecha de Publicación: 08/11/2012
Fuente: La Noticia Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
Es catalogado como especie casi en extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Un gato montés sudamericano, considerado 'especie casi amenazada de extinción', fue encontrado en un sector de las islas entrerrianas ubicadas frente a Rosario, por integrantes del grupo ambientalista 'El Paraná no se toca'.
La organización explicó a Télam que las poblaciones del denominado gato de Geoffroy se distribuyen por casi la totalidad del territorio continental de la Argentina y su hallazgo "representa una buena señal ambiental, pues su alimentación consiste principalmente en roedores pequeños, entre ellos el ratón colilargo (Oligoryzomys flavescens), transmisor de la leptospirosis".
"La noticia fue realmente alentadora, pues por primera vez en este estudio se observaron dos parejas de Leopardus geoffroyi, lo que daría señal de que esta especie aprovecha los chilcales y montes arbolados de las islas para reproducirse y así poder seguir prolongando la especie", puntualizaron las fuentes.
Si bien ya se tenía conocimiento de la presencia de esta especie en el Delta del Río Paraná, ésta sería la primera documentación fotográfica para la zona de islas frente a Rosario.
La presencia de esa especie "sirve para alertar a los funcionarios públicos sobre la importancia de conservación de estos ambientes que, además de ser el límite sur del área de cría del sábalo y una de las reservas de agua dulce más importantes del Planeta, resguardan a especies de mamíferos amenazados a nivel global que cumplen funciones sanitarias de prevención de enfermedades en los ambientes naturales", explicó la organización.
El Paraná no se toca está integrada por alrededor de 3.000 miembros, entre los que figuran biólogos médicos y docentes.
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Neuquén tendrá su Secretaría de Ambiente
Crearán Secretaría de Ambiente
Fecha de Publicación: 08/11/2012
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El ministro de Energía, Guillermo Coco, anunció ayer la creación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, medida que se fundamenta, sostuvo, en la “firme decisión” del gobernador Jorge Sapag de priorizar el cuidado y la preservación del medio ambiente.
El funcionario efectuó este anuncio al disertar ayer en el VI Seminario Estratégico “La Recuperación del Autoabastecimiento Energético”, que se desarrolló en Buenos Aires, en el que expuso las perspectivas de las provincias productoras de hidrocarburos y cómo se preparan para afrontar los nuevos desafíos que se presentan en el país en materia de producción de energía.
Precisó que el nuevo organismo, que tendrá rango ministerial, se abocará al tratamiento, cuidado y preservación ambiental en el territorio provincial; a la vez que asegurará el cumplimiento del conjunto de normas y procedimientos para la exploración y explotación de reservorios no convencionales, que estableció la provincia a través del decreto 1483/12.
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Fecha de Publicación: 08/11/2012
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El ministro de Energía, Guillermo Coco, anunció ayer la creación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, medida que se fundamenta, sostuvo, en la “firme decisión” del gobernador Jorge Sapag de priorizar el cuidado y la preservación del medio ambiente.
El funcionario efectuó este anuncio al disertar ayer en el VI Seminario Estratégico “La Recuperación del Autoabastecimiento Energético”, que se desarrolló en Buenos Aires, en el que expuso las perspectivas de las provincias productoras de hidrocarburos y cómo se preparan para afrontar los nuevos desafíos que se presentan en el país en materia de producción de energía.
Precisó que el nuevo organismo, que tendrá rango ministerial, se abocará al tratamiento, cuidado y preservación ambiental en el territorio provincial; a la vez que asegurará el cumplimiento del conjunto de normas y procedimientos para la exploración y explotación de reservorios no convencionales, que estableció la provincia a través del decreto 1483/12.
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Preocupa la contaminación del río Chubut
Crece la preocupación social por la contaminación del río Chubut
Fecha de Publicación: 08/11/2012
Fuente: Tres Líneas
Provincia/Región: Chubut
A partir de los elevados índices de contaminación en las aguas del Río Chubut, el cuerpo deliberativo de la ciudad de Rawson y la Legislatura provincial impulsan declaraciones para lograr que el municipio de Trelew regularice la situación de los vertidos pluviales que van a parar al río.
El proyecto presentado en la Legislatura provincial por el diputado del Frente para la Victoria, Javier Cisneros, por el cual pide la suspensión de nuevas obras pluviales fue compartida por los ediles de la ciudad capital de la provincia.
El Concejo Deliberante de Rawson manifestó que coincide con “los fundamentos y requerimientos” del proyecto presentado por Cisneros. Lo más sustancial del proyecto del diputado provincial es que el municipio de Trelew suspenda la construcción de un nuevo pluvial hasta que se resuelva la cuestión ambiental del río. Hay que recordar que algunas semanas atrás se suspendió la potabilización del agua para las ciudades de Trelew, Rawson y Puerto Madryn por encontrarse elevados niveles de contaminación bacteriológica, a partir del vertido de afluente pluviales de Trelew a través de los canales Owen y Musters.
La declaración de los concejales de Rawson piden al intendente de Trelew, Máximo Pérez Catán, que respete a la comunidad vecina “preservando el medio ambiente y la calidad del agua del Río Chubut, suspendiendo toda obra y/o proyecto que no garantice los principios mencionados”.
Los concejales consideraron en los fundamentos de su declaración, que "es necesario que Trelew estudie y readecue su sistema pluvial, derivando las aguas al sistema lagunar, evitando así que las lluvias barran la ciudad, arrastrando material orgánico, aceites y todo otro elemento que contamine el Río Chubut". Por no pasar por el sistema lagunar, las aguas pluviales se vertieron en el río sin ningún tipo de tratamiento afectando en sectores donde se capta el recurso para potabilizar a las tres principales ciudades de la región norte de la provincia.
Por otra parte, el proyecto que presentó Cisneros fue elaborado por la fundación Tercer Milenio donde intima al gobierno provincial y a las municipalidades de rawson y Trelew a que “dispongan las medidas necesarias para la inmediata suspensión de las descargas de los líquidos colectados por el Sistema Pluvial de Trelew, como las de reciente ocurrencia, originadas por causas no naturales y evitables”.
Además, el proyecto recomienda que el resto de los proyectos pluviales que se realicen se enmarquen en los principios ambientales y sanitarios.
Por último, la fundación Tercer Milenio hizo una presentación ante el Defensor del Pueblo, Ricardo Azparren, para que intervenga ante la crítica situación del Río Chubut.
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Fecha de Publicación: 08/11/2012
Fuente: Tres Líneas
Provincia/Región: Chubut
A partir de los elevados índices de contaminación en las aguas del Río Chubut, el cuerpo deliberativo de la ciudad de Rawson y la Legislatura provincial impulsan declaraciones para lograr que el municipio de Trelew regularice la situación de los vertidos pluviales que van a parar al río.
El proyecto presentado en la Legislatura provincial por el diputado del Frente para la Victoria, Javier Cisneros, por el cual pide la suspensión de nuevas obras pluviales fue compartida por los ediles de la ciudad capital de la provincia.
El Concejo Deliberante de Rawson manifestó que coincide con “los fundamentos y requerimientos” del proyecto presentado por Cisneros. Lo más sustancial del proyecto del diputado provincial es que el municipio de Trelew suspenda la construcción de un nuevo pluvial hasta que se resuelva la cuestión ambiental del río. Hay que recordar que algunas semanas atrás se suspendió la potabilización del agua para las ciudades de Trelew, Rawson y Puerto Madryn por encontrarse elevados niveles de contaminación bacteriológica, a partir del vertido de afluente pluviales de Trelew a través de los canales Owen y Musters.
La declaración de los concejales de Rawson piden al intendente de Trelew, Máximo Pérez Catán, que respete a la comunidad vecina “preservando el medio ambiente y la calidad del agua del Río Chubut, suspendiendo toda obra y/o proyecto que no garantice los principios mencionados”.
Los concejales consideraron en los fundamentos de su declaración, que "es necesario que Trelew estudie y readecue su sistema pluvial, derivando las aguas al sistema lagunar, evitando así que las lluvias barran la ciudad, arrastrando material orgánico, aceites y todo otro elemento que contamine el Río Chubut". Por no pasar por el sistema lagunar, las aguas pluviales se vertieron en el río sin ningún tipo de tratamiento afectando en sectores donde se capta el recurso para potabilizar a las tres principales ciudades de la región norte de la provincia.
Por otra parte, el proyecto que presentó Cisneros fue elaborado por la fundación Tercer Milenio donde intima al gobierno provincial y a las municipalidades de rawson y Trelew a que “dispongan las medidas necesarias para la inmediata suspensión de las descargas de los líquidos colectados por el Sistema Pluvial de Trelew, como las de reciente ocurrencia, originadas por causas no naturales y evitables”.
Además, el proyecto recomienda que el resto de los proyectos pluviales que se realicen se enmarquen en los principios ambientales y sanitarios.
Por último, la fundación Tercer Milenio hizo una presentación ante el Defensor del Pueblo, Ricardo Azparren, para que intervenga ante la crítica situación del Río Chubut.
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Separan al juez Armella de la causa Riachuelo
La Corte Suprema separó al juez Armella de la causa Riachuelo
Fecha de Publicación: 07/11/2012
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Riachuelo
El máximo tribunal también lo acusó ante el Consejo de la Magistratura y denunció penalmente a todos los sospechados. El magistrado habría beneficiado a empresas de familiares y amigos.
La Corte Suprema de Justicia resolvió ayer separar al juez Luis Armella de la causa por el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo y denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura. Fuentes judiciales indicaron que el máximo tribunal también presentó ante la Cámara Federal porteña una "denuncia penal contra todos los sospechados" por las presuntas irregularidades en la contratación de obras para el saneamiento de la cuenca.
La Corte suspendió además el trámite de la causa hasta que se que designe el nuevo juez, lo que se estima ocurriría en diez o 15 días y, según las mismas fuentes, podría tratarse de “uno, dos o tres magistrados” los que continúen con la voluminosa causa.
El lunes, el gobierno había denunciado a Armella y pedido al Consejo de la Magistratura que impulse su juicio político por "mal desempeño de sus funciones", debido a las serias irregularidades detectadas en las contrataciones de las obras de saneamiento.
Armella, titular del juzgado federal de primera instancia de Quilmes, había sido designado por la Corte en julio de 2008 como responsable de la ejecución de la sentencia en la causa por daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo, que ordena medidas protectoras en relación a la contaminación de la cuenca. En ese mismo fallo había encomendado a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, ACUMAR, mejorar la calidad de vida de los habitantes, la recomposición del ambiente y la prevención del daño.
Sin embargo denuncias periodísticas, luego ratificadas por un informe de la Auditoría General de la Nación, revelaron la existencia de serias irregularidades, en particular por la obtención de contratos millonarios sin licitación por parte de empresas vinculadas al juez, en el marco del plan integral de saneamiento ambiental que el propio Armella debía supervisar.
De hecho, el 29 de agosto último la Corte ordenó al magistrado que informara detalladamente todo lo relacionado a esas publicaciones, y a la Auditoría General de la Nación que elaborara un informe sobre las contrataciones efectuadas.
El 9 de octubre último la Auditoría ratificó las irregularidades en las contrataciones, reforzando así la sospecha sobre el desempeño del cuestionado juez.
Según la denuncia presentada por el gobierno, el modus operandi de Armella consistía primero en fijar plazos brevísimos para la realización de obras por lo cual la ACUMAR u otros organismos involucrados en su ejecución se veían forzados a eludir los mecanismos de licitación y realizaban contrataciones directas que terminaron beneficiando a un grupo de empresas que no sólo están relacionadas entre sí, sino que también estarían vinculadas al propio magistrado.
Los cargos contra Armella son estafa contra la administración pública, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, con pena de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua y fue denunciado ante el Consejo por palmario mal desempeño en sus funciones que lo llevó a perder las condiciones necesarias para continuar en el ejercicio de su cargo.
Más Información:
- Perfil - Riachuelo: La Corte apartó al juez Armella y pidió investigarlo
- Clarin - Causa Riachuelo: la Corte apartó al juez que había puesto para...
- Ambito - Riachuelo: la Corte separó al juez Armella y lo denunció....
- Diario Judicial - La "Matanza" del juez Armella terminó en el Riachuelo
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Fecha de Publicación: 07/11/2012
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Riachuelo
El máximo tribunal también lo acusó ante el Consejo de la Magistratura y denunció penalmente a todos los sospechados. El magistrado habría beneficiado a empresas de familiares y amigos.La Corte Suprema de Justicia resolvió ayer separar al juez Luis Armella de la causa por el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo y denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura. Fuentes judiciales indicaron que el máximo tribunal también presentó ante la Cámara Federal porteña una "denuncia penal contra todos los sospechados" por las presuntas irregularidades en la contratación de obras para el saneamiento de la cuenca.
La Corte suspendió además el trámite de la causa hasta que se que designe el nuevo juez, lo que se estima ocurriría en diez o 15 días y, según las mismas fuentes, podría tratarse de “uno, dos o tres magistrados” los que continúen con la voluminosa causa.
El lunes, el gobierno había denunciado a Armella y pedido al Consejo de la Magistratura que impulse su juicio político por "mal desempeño de sus funciones", debido a las serias irregularidades detectadas en las contrataciones de las obras de saneamiento.
Armella, titular del juzgado federal de primera instancia de Quilmes, había sido designado por la Corte en julio de 2008 como responsable de la ejecución de la sentencia en la causa por daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo, que ordena medidas protectoras en relación a la contaminación de la cuenca. En ese mismo fallo había encomendado a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, ACUMAR, mejorar la calidad de vida de los habitantes, la recomposición del ambiente y la prevención del daño.
Sin embargo denuncias periodísticas, luego ratificadas por un informe de la Auditoría General de la Nación, revelaron la existencia de serias irregularidades, en particular por la obtención de contratos millonarios sin licitación por parte de empresas vinculadas al juez, en el marco del plan integral de saneamiento ambiental que el propio Armella debía supervisar.
De hecho, el 29 de agosto último la Corte ordenó al magistrado que informara detalladamente todo lo relacionado a esas publicaciones, y a la Auditoría General de la Nación que elaborara un informe sobre las contrataciones efectuadas.
El 9 de octubre último la Auditoría ratificó las irregularidades en las contrataciones, reforzando así la sospecha sobre el desempeño del cuestionado juez.
Según la denuncia presentada por el gobierno, el modus operandi de Armella consistía primero en fijar plazos brevísimos para la realización de obras por lo cual la ACUMAR u otros organismos involucrados en su ejecución se veían forzados a eludir los mecanismos de licitación y realizaban contrataciones directas que terminaron beneficiando a un grupo de empresas que no sólo están relacionadas entre sí, sino que también estarían vinculadas al propio magistrado.
Los cargos contra Armella son estafa contra la administración pública, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, con pena de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua y fue denunciado ante el Consejo por palmario mal desempeño en sus funciones que lo llevó a perder las condiciones necesarias para continuar en el ejercicio de su cargo.
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