Sospechas sobre agroquímicos fundadas
09:34 | 
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Estudio médico avala sospechas sobre agroquímicos
Fecha de Publicación: 29/10/2012
Fuente: lt10digital
Provincia/Región: Santa Fe - Nacional
Mientras organizaciones civiles acampan frente a la Legislatura provincial para reclamar que se trate la reforma a ley de Fitosanitarios –que está a punto de perder estado parlamentario por segunda vez y nuevamente en el Senado– estudios realizados desde la Universidad Nacional de Rosario sobre diez localidades santafesinas que conviven con fumigaciones de agroquímicos señalan un aumento de enfermedades endócrinas, respiratorias y dermatológicas en sus habitantes. El relevamiento alcanza los últimos diez años, cuando el área de la soja se expandió exponencialmente, a poco de que el país aprobara cultivo de variedades transgénicas. Sus resultados también apuntaron que en algunas localidades se duplicó la pérdida de embarazos en lugares donde la fumigación se realiza a menos de 500 metros del casco urbano. A pesar de que todavía no pueden atar el fenómeno solamente a la exposición de los pesticidas agrícolas, los especialistas apuestan a profundizar los registros de salud con ayuda del gobierno provincial.
Hace 15 años, la entrada de las semillas de soja modificadas genéticamente, junto con el irremediable acompañamiento del glifosato como agente de fumigación para los cultivos, comenzaban a delinear otro paisaje en el país. Santa Fe, y en especial el sur, tradicional corazón del cultivo de trigo y la actividad ganadera, emprendió el camino hacia la sojización, siguiendo lineamientos productivos nacionales e internacionales. La resistencia a las inclemencias del tiempo del “nuevo” cultivo, entre otros factores, generó paulatinamente el avance a tierras antes impensadas para este tipo de agricultura.
A la par del incesante avance de la frontera transgénica comenzaron a verse indicios del impacto en los suelos y la población. La utilización de los agroquímicos necesarios para que la soja arroje buenos rindes fue foco de sospecha para los habitantes de las zonas rurales, quienes se preguntaron si existía quizás una relación directa entre estos fitosanitarios y las enfermedades, en muchos casos mortales, que los afectaban.
En 2010 comenzó a desarrollarse desde la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, una iniciativa novedosa tendiente a lidiar con la sospecha. La intención era doble. Por un lado, diseñar un mecanismo práctico de evaluación final para los estudiantes que terminan la carrera, en contacto con la población. Y, en segundo lugar, poner a la universidad pública a producir conocimiento científico al servicio de esa comunidad, respondiendo a sus necesidades de saber qué estaba pasando con la repentina proliferación de ciertas enfermedades por encima de los índices acostumbrados. Así surgieron los “campamentos sanitarios”, una serie de relevamientos sobre la salud de la población a manos de estudiantes y un equipo de docentes. Registros epidemiológicos domiciliarios, controles en niños dentro de las escuelas primarias, trabajos de promoción de la salud y prevención de enfermedades a través de talleres.
“Desde diciembre de 2010 llevamos realizados diez campamentos, en los cuales hemos involucrado, a través de los estudios, a 65.000 personas. En promedio, hemos cubierto al 65 por ciento de la población de las localidades, con picos interesantes como el de Totoras, con un 88 por ciento de la población entrevistada”, relata a El Ciudadano Damián Verzeñassi, responsable académico de los campamentos.
Para llevarlos a cabo, el contingente académico trabajó junto a diversas instituciones locales y provinciales: escuelas, centros de jubilados, municipios, comunas, y ministerios. Las localidades cubiertas por los campamentos sanitarios fueron Santa Isabel, Murphy, María Teresa, San Gregorio, Villa Cañás, Bovril (Entre Ríos), Bouquet, María Susana, Wheelwright y Totoras.
“Las formas de producción que hemos instalado en nuestra región están teniendo un peso importante no sólo en la ganancia económica de algunos, sino también en la forma en que nos enfermamos y morimos”, describe Verzeñassi, quien asegura que en los últimos 15 años se modificaron los indicadores de salud de todas las comunidades relevadas. Los principales problemas que padece la población son hipertensión y diabetes, lo que coincide con el promedio a nivel nacional. Pero también apareció con fuerza algo que todavía no se registra en la estadística oficial: los problemas endócrinos, principalmente de la glándula tiroides. “Identificamos en estas poblaciones, que viven en general a menos de 500 metros de las áreas donde se fumiga un cambio en la forma de enfermar, y un incremento notable del hipotiroidismo, de enfermedades crónicas respiratorias y dermatológicas”, sindica.
Según el especialista, la pérdida de embarazos es otra de las cifras que ha aumentado en todas las localidades, en muchos casos duplicándose cuantitativamente en los últimos 10 años. “El impacto es muy importante como para desatenderlo”, remarca Verzeñassi. El especialista sostiene que ha quedado de manifiesto que quienes viven en áreas más próximas a las fumigaciones, presentan mayor cantidad de problemas de salud que los que viven más lejos. “Entendemos que el Ministerio de Salud provincial debería tener una participación mucho más activa”, reclama.
“La Justicia de Córdoba, por ejemplo, habló del principio precautorio en el fallo histórico de un tiempo atrás, respecto de lo que sucedió en el barrio Ituzaingó Anexo, donde hubo condenados por la aplicación sobre sus poblaciones. El propio Ministerio de Salud santafesino tiene un estudio a pedido de la Justicia por el caso San Jorge. Ese relevamiento demostró que en el período en el que se prohibió la fumigación alrededor de un barrio específico, las consultas respecto a los problemas de salud disminuyeron notablemente”, aporta el médico.
Para Verzeñassi no es tarde para una reacción de las autoridades. “En vez de recorrer los pueblos con promotores de las buenas prácticas y de las bondades de algunas sustancias químicas –que las mismas empresas que las producen reconocen que generan daños– que se pongan a ver cómo aportan realmente con acciones concretas”, expresa.
El contexto es otra vez crítico. A fin de mes puede volver a caer el estado parlamentario del proyecto para modificar la ley 11.273 de Fitosanitarios, normativa que regula, entre otras cosas, la amplitud de la franja agronómica, es decir, la distancia hasta la línea a partir de la cual está permitido fumigar. Dos veces fue aprobada por Diputados y en la primera el Senado no la trató. Ahora el desenlace está, aun faltando muy poco para la fecha, todavía abierto, pendiente de la voluntad de los senadores santafesinos.
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Fecha de Publicación: 29/10/2012
Fuente: lt10digital
Provincia/Región: Santa Fe - Nacional
Mientras organizaciones civiles acampan frente a la Legislatura provincial para reclamar que se trate la reforma a ley de Fitosanitarios –que está a punto de perder estado parlamentario por segunda vez y nuevamente en el Senado– estudios realizados desde la Universidad Nacional de Rosario sobre diez localidades santafesinas que conviven con fumigaciones de agroquímicos señalan un aumento de enfermedades endócrinas, respiratorias y dermatológicas en sus habitantes. El relevamiento alcanza los últimos diez años, cuando el área de la soja se expandió exponencialmente, a poco de que el país aprobara cultivo de variedades transgénicas. Sus resultados también apuntaron que en algunas localidades se duplicó la pérdida de embarazos en lugares donde la fumigación se realiza a menos de 500 metros del casco urbano. A pesar de que todavía no pueden atar el fenómeno solamente a la exposición de los pesticidas agrícolas, los especialistas apuestan a profundizar los registros de salud con ayuda del gobierno provincial.
Hace 15 años, la entrada de las semillas de soja modificadas genéticamente, junto con el irremediable acompañamiento del glifosato como agente de fumigación para los cultivos, comenzaban a delinear otro paisaje en el país. Santa Fe, y en especial el sur, tradicional corazón del cultivo de trigo y la actividad ganadera, emprendió el camino hacia la sojización, siguiendo lineamientos productivos nacionales e internacionales. La resistencia a las inclemencias del tiempo del “nuevo” cultivo, entre otros factores, generó paulatinamente el avance a tierras antes impensadas para este tipo de agricultura.
A la par del incesante avance de la frontera transgénica comenzaron a verse indicios del impacto en los suelos y la población. La utilización de los agroquímicos necesarios para que la soja arroje buenos rindes fue foco de sospecha para los habitantes de las zonas rurales, quienes se preguntaron si existía quizás una relación directa entre estos fitosanitarios y las enfermedades, en muchos casos mortales, que los afectaban.
En 2010 comenzó a desarrollarse desde la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, una iniciativa novedosa tendiente a lidiar con la sospecha. La intención era doble. Por un lado, diseñar un mecanismo práctico de evaluación final para los estudiantes que terminan la carrera, en contacto con la población. Y, en segundo lugar, poner a la universidad pública a producir conocimiento científico al servicio de esa comunidad, respondiendo a sus necesidades de saber qué estaba pasando con la repentina proliferación de ciertas enfermedades por encima de los índices acostumbrados. Así surgieron los “campamentos sanitarios”, una serie de relevamientos sobre la salud de la población a manos de estudiantes y un equipo de docentes. Registros epidemiológicos domiciliarios, controles en niños dentro de las escuelas primarias, trabajos de promoción de la salud y prevención de enfermedades a través de talleres.
“Desde diciembre de 2010 llevamos realizados diez campamentos, en los cuales hemos involucrado, a través de los estudios, a 65.000 personas. En promedio, hemos cubierto al 65 por ciento de la población de las localidades, con picos interesantes como el de Totoras, con un 88 por ciento de la población entrevistada”, relata a El Ciudadano Damián Verzeñassi, responsable académico de los campamentos.
Para llevarlos a cabo, el contingente académico trabajó junto a diversas instituciones locales y provinciales: escuelas, centros de jubilados, municipios, comunas, y ministerios. Las localidades cubiertas por los campamentos sanitarios fueron Santa Isabel, Murphy, María Teresa, San Gregorio, Villa Cañás, Bovril (Entre Ríos), Bouquet, María Susana, Wheelwright y Totoras.
“Las formas de producción que hemos instalado en nuestra región están teniendo un peso importante no sólo en la ganancia económica de algunos, sino también en la forma en que nos enfermamos y morimos”, describe Verzeñassi, quien asegura que en los últimos 15 años se modificaron los indicadores de salud de todas las comunidades relevadas. Los principales problemas que padece la población son hipertensión y diabetes, lo que coincide con el promedio a nivel nacional. Pero también apareció con fuerza algo que todavía no se registra en la estadística oficial: los problemas endócrinos, principalmente de la glándula tiroides. “Identificamos en estas poblaciones, que viven en general a menos de 500 metros de las áreas donde se fumiga un cambio en la forma de enfermar, y un incremento notable del hipotiroidismo, de enfermedades crónicas respiratorias y dermatológicas”, sindica.
Según el especialista, la pérdida de embarazos es otra de las cifras que ha aumentado en todas las localidades, en muchos casos duplicándose cuantitativamente en los últimos 10 años. “El impacto es muy importante como para desatenderlo”, remarca Verzeñassi. El especialista sostiene que ha quedado de manifiesto que quienes viven en áreas más próximas a las fumigaciones, presentan mayor cantidad de problemas de salud que los que viven más lejos. “Entendemos que el Ministerio de Salud provincial debería tener una participación mucho más activa”, reclama.
“La Justicia de Córdoba, por ejemplo, habló del principio precautorio en el fallo histórico de un tiempo atrás, respecto de lo que sucedió en el barrio Ituzaingó Anexo, donde hubo condenados por la aplicación sobre sus poblaciones. El propio Ministerio de Salud santafesino tiene un estudio a pedido de la Justicia por el caso San Jorge. Ese relevamiento demostró que en el período en el que se prohibió la fumigación alrededor de un barrio específico, las consultas respecto a los problemas de salud disminuyeron notablemente”, aporta el médico.
Para Verzeñassi no es tarde para una reacción de las autoridades. “En vez de recorrer los pueblos con promotores de las buenas prácticas y de las bondades de algunas sustancias químicas –que las mismas empresas que las producen reconocen que generan daños– que se pongan a ver cómo aportan realmente con acciones concretas”, expresa.
El contexto es otra vez crítico. A fin de mes puede volver a caer el estado parlamentario del proyecto para modificar la ley 11.273 de Fitosanitarios, normativa que regula, entre otras cosas, la amplitud de la franja agronómica, es decir, la distancia hasta la línea a partir de la cual está permitido fumigar. Dos veces fue aprobada por Diputados y en la primera el Senado no la trató. Ahora el desenlace está, aun faltando muy poco para la fecha, todavía abierto, pendiente de la voluntad de los senadores santafesinos.
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Cumbre clave en Uruguay por Botnia
Controles sobre Botnia: cumbre clave en Uruguay
Fecha de Publicación: 29/10/2012
Fuente: Ambito Financiero
Provincia/Región: Nacional
La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) mantendrá un encuentro mañana en la ciudad uruguaya de Paysandú, en medio de la expectativa por la demorada difusión de los resultados del monitoreo conjunto de la pastera de UPM (ex Botnia).
Pese a que hasta el momento los técnicos del Comité Científico binacional ingresaron a la planta casi una veintena de veces, las conclusiones de los controles acordados por Cristina de Kirchner y José Mujica en 2010 no fueron dadas a conocer aún de manera pública.
En los últimos meses, la Argentina y Uruguay tuvieron nuevos roces diplomáticos en torno a la exposición de los resultados, que incluyeron denuncias cruzadas sobre supuestos retaceos de información.
En esa línea, en septiembre pasado el canciller argentino, Héctor Timerman, sostuvo que «hasta el momento no se ha podido dar información por parte de la CARU sobre el monitoreo de UPM debido a desacuerdos en el seno de dicha comisión sobre las normas que rigen los vuelcos de efluentes de la empresa, carencia de información uruguaya».
Al ser necesario el voto de ambas delegaciones dentro de la CARU para avanzar con la difusión del informe, el consenso urge para destrabar los datos, esperados con ansiedad a ambas márgenes del río Uruguay.
En tanto, según lo reseñado por El Argentino de Gualeguaychú, en la reunión de mañana en Paysandú se esperan informes de las cinco subcomisiones técnicas y de las cinco administrativas, vinculados al monitoreo de la polémica planta, instalada en la localidad uruguaya de Fray Bentos y que desató la irá de los ambientalistas de Gualeguaychú.
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Fecha de Publicación: 29/10/2012
Fuente: Ambito Financiero
Provincia/Región: Nacional
La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) mantendrá un encuentro mañana en la ciudad uruguaya de Paysandú, en medio de la expectativa por la demorada difusión de los resultados del monitoreo conjunto de la pastera de UPM (ex Botnia).
Pese a que hasta el momento los técnicos del Comité Científico binacional ingresaron a la planta casi una veintena de veces, las conclusiones de los controles acordados por Cristina de Kirchner y José Mujica en 2010 no fueron dadas a conocer aún de manera pública.
En los últimos meses, la Argentina y Uruguay tuvieron nuevos roces diplomáticos en torno a la exposición de los resultados, que incluyeron denuncias cruzadas sobre supuestos retaceos de información.
En esa línea, en septiembre pasado el canciller argentino, Héctor Timerman, sostuvo que «hasta el momento no se ha podido dar información por parte de la CARU sobre el monitoreo de UPM debido a desacuerdos en el seno de dicha comisión sobre las normas que rigen los vuelcos de efluentes de la empresa, carencia de información uruguaya».
Al ser necesario el voto de ambas delegaciones dentro de la CARU para avanzar con la difusión del informe, el consenso urge para destrabar los datos, esperados con ansiedad a ambas márgenes del río Uruguay.
En tanto, según lo reseñado por El Argentino de Gualeguaychú, en la reunión de mañana en Paysandú se esperan informes de las cinco subcomisiones técnicas y de las cinco administrativas, vinculados al monitoreo de la polémica planta, instalada en la localidad uruguaya de Fray Bentos y que desató la irá de los ambientalistas de Gualeguaychú.
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Volvió el bloqueo antiminero a Catamarca
Ambientalistas de Tinogasta volvieron a los bloqueos contra la minera
Fecha de Publicación: 28/10/2012
Fuente: La Voz del Interior On Line
Provincia/Región: Catamarca
La protesta se realiza sobre la ruta nacional 60 de Catamarca. La semana pasada el gobierno provincial había anunciado el levantamiento “definitivo” del corte.
Los ambientalistas que luchan contra la minería a cielo abierto volvieron a instalar bloqueos hoy sobre la ruta nacional 60, en Tinogasta, Catamarca, para impedir el tránsito de camiones con insumos para las empresas mineras que utilizan el Paso San Francisco.
A pesar de que hace una semana la Subsecretaria de Información Pública del gobierno de Catamarca informó que se levantaba "definitivamente" el piquete que permanecía desde el 10 de febrero, los grupos antimineros regresaron a Las Torres.
Ese sitio se encuentra en el ingreso del departamento Tinogasta, donde los manifestantes armaron un campamento para seguir la lucha contra la minería.
El grupo se apostó al costado de la ruta debido a que personal de la Municipalidad de Tinogasta desmanteló el rancho que era utilizado como base para impedir el paso de los camiones.
"Seguiremos en Las Torres hasta que nos devuelvan lo que nos robaron del puesto que habíamos construido a escasos metros de acá; una vez que nos devuelvan nos instalaremos allí y dejaremos este lugar", dijo Rosa de Roger a un medio digital de Tinogasta.
Y, agregó: "Encontramos la mitad de las cosas y otro poco totalmente destrozado, lógicamente si las tiraron en la ruta, la gente habrá visto que servían y terminaron llevándoselas".
"Queremos que alguien responda por nuestras cosas", reclamó.
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Fecha de Publicación: 28/10/2012
Fuente: La Voz del Interior On Line
Provincia/Región: Catamarca
La protesta se realiza sobre la ruta nacional 60 de Catamarca. La semana pasada el gobierno provincial había anunciado el levantamiento “definitivo” del corte.
Los ambientalistas que luchan contra la minería a cielo abierto volvieron a instalar bloqueos hoy sobre la ruta nacional 60, en Tinogasta, Catamarca, para impedir el tránsito de camiones con insumos para las empresas mineras que utilizan el Paso San Francisco.
A pesar de que hace una semana la Subsecretaria de Información Pública del gobierno de Catamarca informó que se levantaba "definitivamente" el piquete que permanecía desde el 10 de febrero, los grupos antimineros regresaron a Las Torres.
Ese sitio se encuentra en el ingreso del departamento Tinogasta, donde los manifestantes armaron un campamento para seguir la lucha contra la minería.
El grupo se apostó al costado de la ruta debido a que personal de la Municipalidad de Tinogasta desmanteló el rancho que era utilizado como base para impedir el paso de los camiones.
"Seguiremos en Las Torres hasta que nos devuelvan lo que nos robaron del puesto que habíamos construido a escasos metros de acá; una vez que nos devuelvan nos instalaremos allí y dejaremos este lugar", dijo Rosa de Roger a un medio digital de Tinogasta.
Y, agregó: "Encontramos la mitad de las cosas y otro poco totalmente destrozado, lógicamente si las tiraron en la ruta, la gente habrá visto que servían y terminaron llevándoselas".
"Queremos que alguien responda por nuestras cosas", reclamó.
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Mauricio Macri ha incumplido la Ley de Basura Cero
La Ciudad, rehén de su incumplimiento de la Ley de Basura Cero
Fecha de Publicación: 28/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital Federal
El 2013 será un año difícil para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en materia de gestión de residuos, debido a la nula aplicación de políticas tendientes al cumplimiento de la Ley 1854 de Basura Cero. Luego de casi seis años de gestión, el gobierno de Mauricio Macri ha incumplido las dos primeras metas de reducción de residuos enterrados que son establecidas por la ley. Es más, los residuos generados por la Ciudad y enviados a la Ceamse duplican las cifras determinadas por las metas.
Esta situación se ve agravada ya que para el año próximo está estimado el cierre del relleno Norte III, que opera la Ceamse en José León Suárez, donde van las más de 6 mil toneladas diarias de basura de la CABA.
En 2010 se cumplió la primera meta de reducción de entierro de basura plasmada en la Ley Basura Cero. Según la norma, la Ciudad debió enterrar 1.048.000 toneladas de basura, pero envió a la Ceamse más del doble: 2.110.122 toneladas. Este año, en diciembre, vence la segunda meta, que establece la reducción del 50 por ciento con respecto al año base, 2004. Lamentablemente, en abril pasado fue superada la cifra de basura que se debía enterrar en todo el año. Las más de 6 mil toneladas diarias enviadas a Ceamse desde mayo hasta diciembre de este año serán el excedente.
El proyecto que terminó concretándose en la Ley 1854, de Basura Cero, surgió en 2004, cuando el colapso de los rellenos del conurbano a los que iba la basura de la Ciudad (y más de 20 municipios del AMBA) obligó a las autoridades a buscar nuevos destinos para los residuos, lo que generó, a su vez, la movilización de vecinos de diferentes partidos del Conurbano que rechazaron ser los nuevos “beneficiarios” del sistema Ceamse.
Aquel contexto de crisis obligó a la Ciudad a pensar en un sistema que le permitiera terminar con la dependencia de otros distritos y mostró, ya entonces, que la población reconoce a los rellenos como fuente de contaminación y pérdida de calidad de vida. Nada de aquel proceso fue aprendido y, a pesar de la existencia de la ley, la situación hoy es la misma, o más grave, debido a la falta de aplicación de políticas tendientes a Basura Cero en un contexto en el que se celebra a la sociedad de consumo como el paraíso. La falta de entendimiento de que el viejo paradigma de gestión de residuos ha eclosionado hace tiempo es la barrera más evidente que tiene el Gobierno de la Ciudad para diseñar políticas tendientes a la reducción progresiva de residuos. Y no son sólo los funcionarios quienes no han captado el cambio y la necesidad de llevar adelante otro tipo de sistemas que no tengan a la tecnología como solución mágica, aunque a ellos les corresponde la tarea de gobernar.
Después de seis años, y a pesar de contar con el presupuesto más abultado del país para tratar los residuos, la gestión sigue siendo pésima. Nada ha cambiado en materia de políticas de manejo de residuos desde 2004, lo que sumado a un incremento en el consumo nos lleva a una situación sumamente crítica.
Con una generación de basura record y muy bajo nivel de recuperación para el reciclado y nula para el compostaje, la Ciudad enfrentará en 2013 la disputa con la provincia, la Nación y los municipios en la búsqueda de espacios para seguir enterrando su basura. Será tiempo de que sus autoridades decidan no seguir siendo rehenes de su propia incapacidad para aplicar la ley en un contexto que se ha vuelto más adverso debido a la falta de políticas serias.
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Fecha de Publicación: 28/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital Federal
El 2013 será un año difícil para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en materia de gestión de residuos, debido a la nula aplicación de políticas tendientes al cumplimiento de la Ley 1854 de Basura Cero. Luego de casi seis años de gestión, el gobierno de Mauricio Macri ha incumplido las dos primeras metas de reducción de residuos enterrados que son establecidas por la ley. Es más, los residuos generados por la Ciudad y enviados a la Ceamse duplican las cifras determinadas por las metas.
Esta situación se ve agravada ya que para el año próximo está estimado el cierre del relleno Norte III, que opera la Ceamse en José León Suárez, donde van las más de 6 mil toneladas diarias de basura de la CABA.
En 2010 se cumplió la primera meta de reducción de entierro de basura plasmada en la Ley Basura Cero. Según la norma, la Ciudad debió enterrar 1.048.000 toneladas de basura, pero envió a la Ceamse más del doble: 2.110.122 toneladas. Este año, en diciembre, vence la segunda meta, que establece la reducción del 50 por ciento con respecto al año base, 2004. Lamentablemente, en abril pasado fue superada la cifra de basura que se debía enterrar en todo el año. Las más de 6 mil toneladas diarias enviadas a Ceamse desde mayo hasta diciembre de este año serán el excedente.
El proyecto que terminó concretándose en la Ley 1854, de Basura Cero, surgió en 2004, cuando el colapso de los rellenos del conurbano a los que iba la basura de la Ciudad (y más de 20 municipios del AMBA) obligó a las autoridades a buscar nuevos destinos para los residuos, lo que generó, a su vez, la movilización de vecinos de diferentes partidos del Conurbano que rechazaron ser los nuevos “beneficiarios” del sistema Ceamse.
Aquel contexto de crisis obligó a la Ciudad a pensar en un sistema que le permitiera terminar con la dependencia de otros distritos y mostró, ya entonces, que la población reconoce a los rellenos como fuente de contaminación y pérdida de calidad de vida. Nada de aquel proceso fue aprendido y, a pesar de la existencia de la ley, la situación hoy es la misma, o más grave, debido a la falta de aplicación de políticas tendientes a Basura Cero en un contexto en el que se celebra a la sociedad de consumo como el paraíso. La falta de entendimiento de que el viejo paradigma de gestión de residuos ha eclosionado hace tiempo es la barrera más evidente que tiene el Gobierno de la Ciudad para diseñar políticas tendientes a la reducción progresiva de residuos. Y no son sólo los funcionarios quienes no han captado el cambio y la necesidad de llevar adelante otro tipo de sistemas que no tengan a la tecnología como solución mágica, aunque a ellos les corresponde la tarea de gobernar.
Después de seis años, y a pesar de contar con el presupuesto más abultado del país para tratar los residuos, la gestión sigue siendo pésima. Nada ha cambiado en materia de políticas de manejo de residuos desde 2004, lo que sumado a un incremento en el consumo nos lleva a una situación sumamente crítica.
Con una generación de basura record y muy bajo nivel de recuperación para el reciclado y nula para el compostaje, la Ciudad enfrentará en 2013 la disputa con la provincia, la Nación y los municipios en la búsqueda de espacios para seguir enterrando su basura. Será tiempo de que sus autoridades decidan no seguir siendo rehenes de su propia incapacidad para aplicar la ley en un contexto que se ha vuelto más adverso debido a la falta de políticas serias.
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Alumbrera: por roturas del mineraloducto cambia la traza
Ante las sucesivas roturas, Minera Alumbrera cambia la traza de su ducto por el río Gastona
Fecha de Publicación: 28/10/2012
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Según la Secretaría de Medio Ambiente provincial, la obra tiene como propósito minimizar el riesgo de que el ducto quede expuesto –con el riesgo que esto implica- durante una creciente del río.
El nuevo tramo del mineraloducto está ubicado paralelo al ya existente y es colocado a mayor profundidad respecto al nivel del lecho actual del Gastona, principal río de la ciudad de Concepción, a 98 kilómetros de la capital tucumana.
Hasta la fecha, se conocen al menos doce roturas de este ducto, cuyo vertido afectó cursos de agua naturales como los ríos Vis Vis, Villa Vil, Gastona y el dique Villa Lola en Alpachiri, según denunciaron organizaciones ambientalistas.
La obra en Concepción es de tipo a “cielo abierto”, lo que implica movilizar un importantísimo volumen de material del río. Así la excavación se realiza con taludes a 45 grados, por tratarse de aluvión de río. Cada 3 metros de profundidad de excavación, se construyen bermas de 3 metros de ancho. Esta propuesta permite realizar la tarea de colocación de la tubería, mientras sigue trabajando el transporte de concentrado por el ducto ya existente.
El mineraloducto tiene 316 kilómetros de extensión, desde la explotación minera Bajo La Alumbrera en Catamarca, hasta la planta de filtros ubicada en Cruz del Norte, Ranchillos, Tucumán. Desde esta planta se arrojan desechos al canal pluvial DP2, motivo por el cual la minera mantiene causas en la Justicia Federal por contaminación ambiental a la cuenca Salí-Dulce.
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Fecha de Publicación: 28/10/2012
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Según la Secretaría de Medio Ambiente provincial, la obra tiene como propósito minimizar el riesgo de que el ducto quede expuesto –con el riesgo que esto implica- durante una creciente del río.El nuevo tramo del mineraloducto está ubicado paralelo al ya existente y es colocado a mayor profundidad respecto al nivel del lecho actual del Gastona, principal río de la ciudad de Concepción, a 98 kilómetros de la capital tucumana.
Hasta la fecha, se conocen al menos doce roturas de este ducto, cuyo vertido afectó cursos de agua naturales como los ríos Vis Vis, Villa Vil, Gastona y el dique Villa Lola en Alpachiri, según denunciaron organizaciones ambientalistas.
La obra en Concepción es de tipo a “cielo abierto”, lo que implica movilizar un importantísimo volumen de material del río. Así la excavación se realiza con taludes a 45 grados, por tratarse de aluvión de río. Cada 3 metros de profundidad de excavación, se construyen bermas de 3 metros de ancho. Esta propuesta permite realizar la tarea de colocación de la tubería, mientras sigue trabajando el transporte de concentrado por el ducto ya existente.
El mineraloducto tiene 316 kilómetros de extensión, desde la explotación minera Bajo La Alumbrera en Catamarca, hasta la planta de filtros ubicada en Cruz del Norte, Ranchillos, Tucumán. Desde esta planta se arrojan desechos al canal pluvial DP2, motivo por el cual la minera mantiene causas en la Justicia Federal por contaminación ambiental a la cuenca Salí-Dulce.
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Nuevo Refugio de Vida Silvestre en Misiones
Misiones suma un nuevo Refugio de Vida Silvestre
Fecha de Publicación: 27/10/2012
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
A partir del acuerdo entre Carlos Persini, propietario de Aponapó, y la Fundación Vida Silvestre Argentina, la provincia de Misiones cuenta con una nuevo refugio de Vida Silvestre. De esta manera, ya son 6 los refugios misioneros (Arira-í, Timbó Gigante, Yaguaroundí, Caá Porá, Yacutinga y ahora Aponapó) que forman parte de la Red de Refugios de Vida Silvestre, compuesta por un total de 16 campos privados que, juntos, suman más de 177.000 hectáreas protegidas de alto valor biológico en nueve provincias del país.
“Debemos tener en cuenta que más del 80% de nuestro territorio se encuentra en manos privadas, por lo que es muy importante apoyar a los propietarios que tienen voluntad de conservar las riquezas naturales de sus propiedades como lo demuestra Aponapó. Atendiendo a esta situación, en 1987 creamos una red de reservas privadas para asesorar a los propietarios sobre cómo manejar los recursos naturales en forma sustentable” comenta Alejandra Carminati, Coordinadora de la Red de Refugios de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
Aponapó, de 70 hectáreas, pertenece a la ecorregión Selva Paranaense, también denominada Bosque Atlántico del Alto Paraná, y está ubicada en la zona de influencia de la Reserva de la Biósfera Yaboty, al este de la provincia. Conserva entre otras cosas bosquecitos de helechos arborescentes, orquídeas, bromelias, arroyos y saltos. Los propietarios han iniciado la reforestación con árboles en sitios donde la selva ha sido degradada con anterioridad a la creación de la reserva. “Tenemos la idea de extender la plantación de árboles nativos en las márgenes de los arroyos La Bonita y Paraíso, integrando a otras propietarios de la zona, por ello es que desarrollamos un vivero para aportar plantines” comenta Carlos Persini. Además, crearon la Fundación Huellas para un Futuro que desarrollará un programa de turismo educativo y acciones de extensión ambiental.
A partir del ingreso en la Red de Refugios de Vida Silvestre, los propietarios de Aponapó, de manera voluntaria, están realizando un valioso aporte para asegurar la conservación de la vida silvestre y el funcionamiento de los ecosistemas.
Sobre la Red de Refugios de Vida Silvestre
Desde hace más de veinte años, en conjunto con propietarios de campos con ambientes naturales de todo el país, la Fundación Vida Silvestre Argentina desarrolla la Red de Refugios de Vida Silvestre a fin de complementar la acción del Estado Nacional y provincial en materia de áreas protegidas. Los principales ejes de trabajo de esta Red se vinculan con el apoyo a productores a través de la asistencia técnica para llevar adelante el manejo de la reserva. En la actualidad, la red cuenta con 16 Refugios de Vida Silvestre en nueve provincias de la Argentina, completando así, más de 177.000 hectáreas. En algunos de ellos se realizan actividades turísticas como una interesante alternativa productiva que permite sostener el área y mejorar sus condiciones ambientales.
Refugio Aponapó
- Propietario: Carlos Persini, Fundación Huellas para el Futuro
- Superficie: 70 ha
- Ubicación: a 35 km de la localidad de El Soberbio, Misiones
- Ecorregión representada: Selva Paranaense
La Fundación Vida Silvestre Argentina es una organización no gubernamental, de bien público y sin fines de lucro creada en 1977. Su misión es proponer e implementar soluciones para conservar la naturaleza, promover el uso sustentable de los recursos naturales y una conducta responsable en un contexto de cambio climático. Desde 1988, está asociada y representa en la Argentina a WWF, una de las organizaciones independientes de conservación más grande del mundo, presente en 100 países.
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Fecha de Publicación: 27/10/2012
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
A partir del acuerdo entre Carlos Persini, propietario de Aponapó, y la Fundación Vida Silvestre Argentina, la provincia de Misiones cuenta con una nuevo refugio de Vida Silvestre. De esta manera, ya son 6 los refugios misioneros (Arira-í, Timbó Gigante, Yaguaroundí, Caá Porá, Yacutinga y ahora Aponapó) que forman parte de la Red de Refugios de Vida Silvestre, compuesta por un total de 16 campos privados que, juntos, suman más de 177.000 hectáreas protegidas de alto valor biológico en nueve provincias del país.“Debemos tener en cuenta que más del 80% de nuestro territorio se encuentra en manos privadas, por lo que es muy importante apoyar a los propietarios que tienen voluntad de conservar las riquezas naturales de sus propiedades como lo demuestra Aponapó. Atendiendo a esta situación, en 1987 creamos una red de reservas privadas para asesorar a los propietarios sobre cómo manejar los recursos naturales en forma sustentable” comenta Alejandra Carminati, Coordinadora de la Red de Refugios de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
Aponapó, de 70 hectáreas, pertenece a la ecorregión Selva Paranaense, también denominada Bosque Atlántico del Alto Paraná, y está ubicada en la zona de influencia de la Reserva de la Biósfera Yaboty, al este de la provincia. Conserva entre otras cosas bosquecitos de helechos arborescentes, orquídeas, bromelias, arroyos y saltos. Los propietarios han iniciado la reforestación con árboles en sitios donde la selva ha sido degradada con anterioridad a la creación de la reserva. “Tenemos la idea de extender la plantación de árboles nativos en las márgenes de los arroyos La Bonita y Paraíso, integrando a otras propietarios de la zona, por ello es que desarrollamos un vivero para aportar plantines” comenta Carlos Persini. Además, crearon la Fundación Huellas para un Futuro que desarrollará un programa de turismo educativo y acciones de extensión ambiental.
A partir del ingreso en la Red de Refugios de Vida Silvestre, los propietarios de Aponapó, de manera voluntaria, están realizando un valioso aporte para asegurar la conservación de la vida silvestre y el funcionamiento de los ecosistemas.
Sobre la Red de Refugios de Vida Silvestre
Desde hace más de veinte años, en conjunto con propietarios de campos con ambientes naturales de todo el país, la Fundación Vida Silvestre Argentina desarrolla la Red de Refugios de Vida Silvestre a fin de complementar la acción del Estado Nacional y provincial en materia de áreas protegidas. Los principales ejes de trabajo de esta Red se vinculan con el apoyo a productores a través de la asistencia técnica para llevar adelante el manejo de la reserva. En la actualidad, la red cuenta con 16 Refugios de Vida Silvestre en nueve provincias de la Argentina, completando así, más de 177.000 hectáreas. En algunos de ellos se realizan actividades turísticas como una interesante alternativa productiva que permite sostener el área y mejorar sus condiciones ambientales.
Refugio Aponapó
- Propietario: Carlos Persini, Fundación Huellas para el Futuro
- Superficie: 70 ha
- Ubicación: a 35 km de la localidad de El Soberbio, Misiones
- Ecorregión representada: Selva Paranaense
La Fundación Vida Silvestre Argentina es una organización no gubernamental, de bien público y sin fines de lucro creada en 1977. Su misión es proponer e implementar soluciones para conservar la naturaleza, promover el uso sustentable de los recursos naturales y una conducta responsable en un contexto de cambio climático. Desde 1988, está asociada y representa en la Argentina a WWF, una de las organizaciones independientes de conservación más grande del mundo, presente en 100 países.
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Se reúne el Cofema por el cambio climático
Cofema debate sobre el cambio climático
Fecha de Publicación: 27/10/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Nacional
Participan autoridades ambientales de América Latina y el Caribe Post Río+20.
Hoy concluirá en Puerto Iguazú (Misiones) el encuentro de Diálogo de Autoridades Ambientales de América Latina y el Caribe Post Río+20, organizado por el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
El encuentro se realiza desde ayer en el Centro de Eventos y Convenciones del Iguazú y continuará hoy, con la celebración de la firma de un acta de cooperación mutua “Acuerdo Iguazú” entre Argentina, Brasil y México.
Luego se suscribirá el convenio de cooperación entre el Cofema y la Cepal para desarrollar acciones de fortalecimiento institucional en materia de cambio climático.
En representación de Santiago del Estero asiste en la reunión el director de Medio Ambiente de la Provincia, Ing. Juan Carlos Targa, quien señaló a Nuevo Diario que “la biodiversidad es el tema que preocupa en este encuentro; varias de las provincias que están aquí presentes se refirieron a los proyectos de leyes en residuos electrónicos y las cubiertas usadas”, explicó en relación al peligro que ocasionan este tipo de residuos tóxicos al medioambiente.
Proyecto de ley
Respecto al proyecto de Ley sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) bajo tratamiento en el Congreso de la Nación, el funcionario santiagueño indicó que “cada provincia hizo su crítica y trata de ver qué es lo que se puede observar para incorporar una política que sea aplicable en sus respectivas provincias”.
Entre las autoridades participan del encuentro están el subsecretario de Coordinación de Políticas Ambientales, Ariel López, de la Secretaría de Ambiente de la Nación, el presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente, Ing. Alfredo Montalván, ministros y secretarios de Ambiente de todo el país (representados en Cofema) y autoridades ambientales de la Asociación Brasileña de Entidades de Estado para el Medio Ambiente (Abema) y la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (Anaae) de México.
También participan de este encuentro representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina.
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Fecha de Publicación: 27/10/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Nacional
Participan autoridades ambientales de América Latina y el Caribe Post Río+20. Hoy concluirá en Puerto Iguazú (Misiones) el encuentro de Diálogo de Autoridades Ambientales de América Latina y el Caribe Post Río+20, organizado por el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
El encuentro se realiza desde ayer en el Centro de Eventos y Convenciones del Iguazú y continuará hoy, con la celebración de la firma de un acta de cooperación mutua “Acuerdo Iguazú” entre Argentina, Brasil y México.
Luego se suscribirá el convenio de cooperación entre el Cofema y la Cepal para desarrollar acciones de fortalecimiento institucional en materia de cambio climático.
En representación de Santiago del Estero asiste en la reunión el director de Medio Ambiente de la Provincia, Ing. Juan Carlos Targa, quien señaló a Nuevo Diario que “la biodiversidad es el tema que preocupa en este encuentro; varias de las provincias que están aquí presentes se refirieron a los proyectos de leyes en residuos electrónicos y las cubiertas usadas”, explicó en relación al peligro que ocasionan este tipo de residuos tóxicos al medioambiente.
Proyecto de ley
Respecto al proyecto de Ley sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) bajo tratamiento en el Congreso de la Nación, el funcionario santiagueño indicó que “cada provincia hizo su crítica y trata de ver qué es lo que se puede observar para incorporar una política que sea aplicable en sus respectivas provincias”.
Entre las autoridades participan del encuentro están el subsecretario de Coordinación de Políticas Ambientales, Ariel López, de la Secretaría de Ambiente de la Nación, el presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente, Ing. Alfredo Montalván, ministros y secretarios de Ambiente de todo el país (representados en Cofema) y autoridades ambientales de la Asociación Brasileña de Entidades de Estado para el Medio Ambiente (Abema) y la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (Anaae) de México.
También participan de este encuentro representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina.
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Entre Ríos actualiza el ordenamiento de bosques
Actualizan el ordenamiento territorial de bosques nativos
Fecha de Publicación: 27/10/2012
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Entre Ríos
Técnicos de Recursos Forestales y el equipo de Sistemas de Información Geográfica trabajan en la actualización del ordenamiento, prevista en la Ley Nacional. Ya finalizaron los trabajos en los departamentos Esquina y Sauce, y antes de fin de año tienen previsto culminar toda la Región del Espinal.
En el marco de la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos, técnicos de la Dirección de Recursos Forestales (DRF) y el equipo de Sistema de Información Geográfica (SIG) -ambos organismos del Ministerio de la Producción- se encuentran trabajando en la actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia de Corrientes (Otbn). Ya se completaron los muestreos de los departamentos Esquina y Sauce, y durante noviembre y diciembre tienen previsto completar toda la región del Espinal.
Según lo establecen ambas normativas vigentes, el Organismo de Aplicación de la Ley (en este caso la DRF) debe realizar una actualización del ordenamiento en un plazo no mayor a los cinco años.
Según explicó el técnico de la DRF, Rolando Teves, se completaron los muestreos de los puntos de control en los departamentos Esquina y Sauce. Durante el mes de noviembre se completarán los muestreos en los departamentos Mercedes, Curuzú Cuatiá, Monte Caseros que componen la Región del Espinal.
“Se estima que en el mes de diciembre de 2012 se completará la actualización de del ordenamiento territorial de la región del Espinal. Con los avances tecnológicos de estos últimos años, hoy tenemos la posibilidad de un mayor nivel de detalle en el mapeo de las áreas de bosque nativo, lo cual por supuesto redundará en una mayor precisión de los mismos”, sostuvo el técnico.
El equipo técnico de la DRF realizó este mes una reunión en la localidad de Pueblo Libertador, con el fin de informar a la comunidad de la zona sobre el trabajo que se está realizando.
Según explicó el director de Recursos Forestales, Luis María Mestres, se está “trabajando en equipo el ordenamiento y tenemos previsto también invitar a participar de estas actividades a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, así como también a la comunidad a medida que vayamos avanzando en la actualización”.
Además, y según informó el funcionario, luego de esta etapa se realizará la presentación y propuesta formal de este a actualización a los fines que sea aprobada por Ley Provincial, según lo establecen las normativas vigentes que rigen este procedimiento.
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Fecha de Publicación: 27/10/2012
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Entre Ríos
Técnicos de Recursos Forestales y el equipo de Sistemas de Información Geográfica trabajan en la actualización del ordenamiento, prevista en la Ley Nacional. Ya finalizaron los trabajos en los departamentos Esquina y Sauce, y antes de fin de año tienen previsto culminar toda la Región del Espinal.En el marco de la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos, técnicos de la Dirección de Recursos Forestales (DRF) y el equipo de Sistema de Información Geográfica (SIG) -ambos organismos del Ministerio de la Producción- se encuentran trabajando en la actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia de Corrientes (Otbn). Ya se completaron los muestreos de los departamentos Esquina y Sauce, y durante noviembre y diciembre tienen previsto completar toda la región del Espinal.
Según lo establecen ambas normativas vigentes, el Organismo de Aplicación de la Ley (en este caso la DRF) debe realizar una actualización del ordenamiento en un plazo no mayor a los cinco años.
Según explicó el técnico de la DRF, Rolando Teves, se completaron los muestreos de los puntos de control en los departamentos Esquina y Sauce. Durante el mes de noviembre se completarán los muestreos en los departamentos Mercedes, Curuzú Cuatiá, Monte Caseros que componen la Región del Espinal.
“Se estima que en el mes de diciembre de 2012 se completará la actualización de del ordenamiento territorial de la región del Espinal. Con los avances tecnológicos de estos últimos años, hoy tenemos la posibilidad de un mayor nivel de detalle en el mapeo de las áreas de bosque nativo, lo cual por supuesto redundará en una mayor precisión de los mismos”, sostuvo el técnico.
El equipo técnico de la DRF realizó este mes una reunión en la localidad de Pueblo Libertador, con el fin de informar a la comunidad de la zona sobre el trabajo que se está realizando.
Según explicó el director de Recursos Forestales, Luis María Mestres, se está “trabajando en equipo el ordenamiento y tenemos previsto también invitar a participar de estas actividades a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, así como también a la comunidad a medida que vayamos avanzando en la actualización”.
Además, y según informó el funcionario, luego de esta etapa se realizará la presentación y propuesta formal de este a actualización a los fines que sea aprobada por Ley Provincial, según lo establecen las normativas vigentes que rigen este procedimiento.
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También piden en Tucumán por los agrotóxicos
Aplicación responsable de agroquímicos
Fecha de Publicación: 26/10/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Algunas lluvias recién están dándose en la zona granaría de Tucumán, y los productores y aplicadores ya están en los preparativos previos a las aplicaciones, y en algunos casos ya las están realizando en forma terrestre o aérea, por lo que deberán tomar todos los recaudos necesarios para evitar accidentes por deriva o la mala aplicación, con los resultados negativos en el control de las malezas que esto conlleva.
En nuestra provincia se sembraron en los últimos años alrededor de 230.000 hectáreas (ha) de soja, 45.000 ha de maíz, tiene plantadas unas 240.000 ha de caña de azúcar y alrededor de 36.000 ha de cítricos, a lo que deben sumarse las tierras utilizadas de poroto, tabaco, papa, frutilla y demás hortalizas que se cultivan.
Esto da una idea del alto volumen de agroquímicos utilizados durante el año, por lo que es fundamental que los responsables del uso y manipuleo de estos productos lo realicen como corresponde.
Es por ello necesario verificar las condiciones climáticas reinantes, las que deben ser las correctas para evitar accidentes, como así también el perfecto funcionamiento de las pulverizadoras, para colocar el líquido asperjado en el lugar justo y en el momento preciso, y tener el correcto asesoramiento técnico para evitar daños mayores y posibles causas judiciales por daños y perjuicios.
Las aplicaciones de productos fitosanitarios como insecticidas, herbicidas, funguicidas y fertilizantes deben ser transportados, depositados, manejados, aplicados y desechar de manera correctas los residuos, para evitar daños a cultivos vecinos y al medio ambiente circundante.
Los agroquímicos no son inocuos para la salud humana ni para el ambiente, aunque su peligrosidad varía según su grado de toxicidad y su formulación. El riesgo asociado a ellos depende de las dosis utilizadas, las condiciones climáticas, el tipo de producto, el modo de aplicación y del tipo y grado de exposición. Por lo tanto, su uso responsable es indispensable para prevenir los posibles daños derivados.
La legislación aplicable vigente debe ser estrictamente cumplida por todos los sujetos en el nivel que corresponda, incluyendo aquellos responsables de su fiscalización y control. Todas las personas involucradas en el manejo y aplicación de agroquímicos, a lo largo de su ciclo de vida, deben cumplir lo dispuesto por la legislación actual.
Adecuaciones
Sólo el uso apropiado de estos productos y el adecuado y oportuno asesoramiento técnico, hará que podamos controlar convenientemente malezas, insectos, enfermedades y/o cualquier organismo nocivo que afecte a nuestros cultivos, y que no seamos responsables directos de los daños que podamos originar al medio ambiente que nos rodea y evitar represalias y sanciones.
Desde hace unos días, cuatro diputados nacionales presentaron un proyecto de ley para impedir las aplicaciones aéreas de agroquímicos en todo el territorio nacional y, en el caso de aplicaciones terrestres, que las mismas se realicen a más de 1.000 metros de límites de zonas urbanas y periurbanas.
Entre los fundamentos, los autores sostienen que el actual modelo productivo agrario, sustentado en la reproducción agro-industrial de granos de generación biotecnológica o transgénicos u organismos genéticamente manipulados (OGM), conlleva la utilización de cantidades crecientes de plaguicidas (herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc.), que estarían afectando seriamente la salud de la población que convive con estos cultivos.
Dentro del texto del proyecto, que difundió la Fundación Barbechando, y que fue girado a las Comisiones de Agricultura y Ganadería; Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Legislación Penal, se encuentran algunos artículos en el cual se prohibiría en todo el territorio nacional las pulverizaciones aéreas de plaguicidas, agrotóxicos o biocidas químicos o biológicos, con destino al uso agropecuario en el control de insectos, ácaros, hongos o plantas silvestres, de interés agrícola y/o forestal, cualquiera sea el producto activo o formulado, así como su dosis, además de prohibir la aplicación terrestre, dentro de un radio de 1.000 metros a partir del límite de las plantas urbanas y periurbanas.
Toman como ejemplos los casos de Barrio Ituzaingó Anexo, en la periferia de la Ciudad de Córdoba, de San Nicolás, Trenque Lauquen o Bayauca (Provincia de Buenos Aires, o en los cinco pueblos del sur de Santa Fe que tienen el común denominador de altas tasas de enfermedades oncológicas y malformaciones congénitas, en lugares que son pulverizados con agroquímicos, y afirman que las aplicaciones con aviones o helicópteros han demostrado que producen una "deriva" de los venenos que se esparcen de manera incontrolable.
Es realmente preocupante que siga habiendo derivas de productos y que, a raíz de esto, se busque prohibir aplicaciones en su totalidad, como las aéreas, por aplicaciones mal realizadas.
Legislación vigente
De una buena vez por todas debemos encuadrarnos dentro de lo que la ley estipula y cumplir con las recomendaciones de aplicación dadas por instituciones como la Eeaoc, el INTA y la Dirección de Agricultura de Tucumán, que están en permanente contacto con el productor. Además, se cuenta con la Ley de Agroquímicos 6.291/91 y su Decreto Reglamentario 299/3. Es la herramienta que se tiene para regular todas las acciones relacionadas a los agroquímicos, a fin de asegurar su correcta utilización con el fin de proteger la salud humana, animal y vegetal, y evitar que promulguen leyes que, en definitiva, afecten la producción por incumplimiento de las actuales.
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Fecha de Publicación: 26/10/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Algunas lluvias recién están dándose en la zona granaría de Tucumán, y los productores y aplicadores ya están en los preparativos previos a las aplicaciones, y en algunos casos ya las están realizando en forma terrestre o aérea, por lo que deberán tomar todos los recaudos necesarios para evitar accidentes por deriva o la mala aplicación, con los resultados negativos en el control de las malezas que esto conlleva.En nuestra provincia se sembraron en los últimos años alrededor de 230.000 hectáreas (ha) de soja, 45.000 ha de maíz, tiene plantadas unas 240.000 ha de caña de azúcar y alrededor de 36.000 ha de cítricos, a lo que deben sumarse las tierras utilizadas de poroto, tabaco, papa, frutilla y demás hortalizas que se cultivan.
Esto da una idea del alto volumen de agroquímicos utilizados durante el año, por lo que es fundamental que los responsables del uso y manipuleo de estos productos lo realicen como corresponde.
Es por ello necesario verificar las condiciones climáticas reinantes, las que deben ser las correctas para evitar accidentes, como así también el perfecto funcionamiento de las pulverizadoras, para colocar el líquido asperjado en el lugar justo y en el momento preciso, y tener el correcto asesoramiento técnico para evitar daños mayores y posibles causas judiciales por daños y perjuicios.
Las aplicaciones de productos fitosanitarios como insecticidas, herbicidas, funguicidas y fertilizantes deben ser transportados, depositados, manejados, aplicados y desechar de manera correctas los residuos, para evitar daños a cultivos vecinos y al medio ambiente circundante.
Los agroquímicos no son inocuos para la salud humana ni para el ambiente, aunque su peligrosidad varía según su grado de toxicidad y su formulación. El riesgo asociado a ellos depende de las dosis utilizadas, las condiciones climáticas, el tipo de producto, el modo de aplicación y del tipo y grado de exposición. Por lo tanto, su uso responsable es indispensable para prevenir los posibles daños derivados.
La legislación aplicable vigente debe ser estrictamente cumplida por todos los sujetos en el nivel que corresponda, incluyendo aquellos responsables de su fiscalización y control. Todas las personas involucradas en el manejo y aplicación de agroquímicos, a lo largo de su ciclo de vida, deben cumplir lo dispuesto por la legislación actual.
Adecuaciones
Sólo el uso apropiado de estos productos y el adecuado y oportuno asesoramiento técnico, hará que podamos controlar convenientemente malezas, insectos, enfermedades y/o cualquier organismo nocivo que afecte a nuestros cultivos, y que no seamos responsables directos de los daños que podamos originar al medio ambiente que nos rodea y evitar represalias y sanciones.
Desde hace unos días, cuatro diputados nacionales presentaron un proyecto de ley para impedir las aplicaciones aéreas de agroquímicos en todo el territorio nacional y, en el caso de aplicaciones terrestres, que las mismas se realicen a más de 1.000 metros de límites de zonas urbanas y periurbanas.
Entre los fundamentos, los autores sostienen que el actual modelo productivo agrario, sustentado en la reproducción agro-industrial de granos de generación biotecnológica o transgénicos u organismos genéticamente manipulados (OGM), conlleva la utilización de cantidades crecientes de plaguicidas (herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc.), que estarían afectando seriamente la salud de la población que convive con estos cultivos.
Dentro del texto del proyecto, que difundió la Fundación Barbechando, y que fue girado a las Comisiones de Agricultura y Ganadería; Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Legislación Penal, se encuentran algunos artículos en el cual se prohibiría en todo el territorio nacional las pulverizaciones aéreas de plaguicidas, agrotóxicos o biocidas químicos o biológicos, con destino al uso agropecuario en el control de insectos, ácaros, hongos o plantas silvestres, de interés agrícola y/o forestal, cualquiera sea el producto activo o formulado, así como su dosis, además de prohibir la aplicación terrestre, dentro de un radio de 1.000 metros a partir del límite de las plantas urbanas y periurbanas.
Toman como ejemplos los casos de Barrio Ituzaingó Anexo, en la periferia de la Ciudad de Córdoba, de San Nicolás, Trenque Lauquen o Bayauca (Provincia de Buenos Aires, o en los cinco pueblos del sur de Santa Fe que tienen el común denominador de altas tasas de enfermedades oncológicas y malformaciones congénitas, en lugares que son pulverizados con agroquímicos, y afirman que las aplicaciones con aviones o helicópteros han demostrado que producen una "deriva" de los venenos que se esparcen de manera incontrolable.
Es realmente preocupante que siga habiendo derivas de productos y que, a raíz de esto, se busque prohibir aplicaciones en su totalidad, como las aéreas, por aplicaciones mal realizadas.
Legislación vigente
De una buena vez por todas debemos encuadrarnos dentro de lo que la ley estipula y cumplir con las recomendaciones de aplicación dadas por instituciones como la Eeaoc, el INTA y la Dirección de Agricultura de Tucumán, que están en permanente contacto con el productor. Además, se cuenta con la Ley de Agroquímicos 6.291/91 y su Decreto Reglamentario 299/3. Es la herramienta que se tiene para regular todas las acciones relacionadas a los agroquímicos, a fin de asegurar su correcta utilización con el fin de proteger la salud humana, animal y vegetal, y evitar que promulguen leyes que, en definitiva, afecten la producción por incumplimiento de las actuales.
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Soja: contaminación, usurpación, represión y muertes
Soja: contaminación, usurpación, represión y muertes
Fecha de Publicación: 26/10/2012
Fuente: RadioProvincia
Provincia/Región: Santiago del Estero
Radio Provincia elaboró un informe sobre los violentos desalojos que sufren campesinos e indígenas por parte de sojeros con aval político y judicial.
Radio Provincia realizó un informe especial sobre la situación que atraviesan campesinos y comunidades originarias, víctimas de la represión de grupos empresarios que quieren expandir el negocio sojero. Estos sectores de fuerte poder económico cuentan con aval político y judicial y, para apoderarse de tierras ocupadas ancestralmente, no dudan en asesinar a sus pobladores.
La última víctima fue Miguel Galván. Se trata de un campesino de 40 años que fue asesinado por un “sicario”. El crimen sucedió en el paraje El Simbol, en Santiago del Estero, al límite con Salta. El presunto autor del crimen, Paulino Patrón, está prófugo pero, mientras tanto, la empresa que ocupó el territorio de la familia Galván, sigue alambrando los campos.
Este hecho se produjo a poco de cumplirse un año de la muerte de Cristian Ferreyra, un militante del MOCASE. Antes, corrieron la misma suerte Sandra Juárez, Javier Chocobar y Roberto López.
Organizaciones de todo el país exigen que el Congreso debata la llamada “Ley Cristian Ferreyra”, que tiene como objetivo frenar los desalojos rurales y la violencia ejercida por empresarios terratenientes, hacia los campesinos e indígenas que defienden sus territorios.
Brindaron su testimonio para el informe el periodista Darío Aranda; el Secretario de Tierras del Mocase Paulo Aranda; y Deolinda Carrizo, integrante del MOCASE y protagonismo en las audiencias que se realizaron en el Congreso para debatir el proyecto de ley.
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Fecha de Publicación: 26/10/2012
Fuente: RadioProvincia
Provincia/Región: Santiago del Estero
Radio Provincia elaboró un informe sobre los violentos desalojos que sufren campesinos e indígenas por parte de sojeros con aval político y judicial. Radio Provincia realizó un informe especial sobre la situación que atraviesan campesinos y comunidades originarias, víctimas de la represión de grupos empresarios que quieren expandir el negocio sojero. Estos sectores de fuerte poder económico cuentan con aval político y judicial y, para apoderarse de tierras ocupadas ancestralmente, no dudan en asesinar a sus pobladores.
La última víctima fue Miguel Galván. Se trata de un campesino de 40 años que fue asesinado por un “sicario”. El crimen sucedió en el paraje El Simbol, en Santiago del Estero, al límite con Salta. El presunto autor del crimen, Paulino Patrón, está prófugo pero, mientras tanto, la empresa que ocupó el territorio de la familia Galván, sigue alambrando los campos.
Este hecho se produjo a poco de cumplirse un año de la muerte de Cristian Ferreyra, un militante del MOCASE. Antes, corrieron la misma suerte Sandra Juárez, Javier Chocobar y Roberto López.
Organizaciones de todo el país exigen que el Congreso debata la llamada “Ley Cristian Ferreyra”, que tiene como objetivo frenar los desalojos rurales y la violencia ejercida por empresarios terratenientes, hacia los campesinos e indígenas que defienden sus territorios.
Brindaron su testimonio para el informe el periodista Darío Aranda; el Secretario de Tierras del Mocase Paulo Aranda; y Deolinda Carrizo, integrante del MOCASE y protagonismo en las audiencias que se realizaron en el Congreso para debatir el proyecto de ley.
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Riachuelo: audiencia ante la CSJ por contrataciones
Riachuelo: la Corte analiza contrataciones realizadas por AySA
Fecha de Publicación: 26/10/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Las dudas alcanzan a firmas ligadas entre sí y con familiares del juez de la causa
La nueva audiencia ante la Corte por el saneamiento del Riachuelo fue dominada por las sospechas sobre contrataciones para obras hidráulicas en la cuenca que involucran a cinco empresas vinculadas entre sí.
El detalle de las compañías y las obras fue entregado al máximo tribunal del país por la Auditoría General de la Nación (AGN), luego de que en una publicación realizada por el matutino Página/12 se asegurara que esas empresas están vinculadas a otra integrada por familiares del juez federal de Quilmes, Luis Armella, encargado de la ejecución del fallo de la Corte por el saneamiento.
Los ministros del tribunal pidieron ayer explicaciones a uno de los organismos involucrados en el plan de recuperación de la cuenca: Agua y Saneamiento Sociedad Anónima (AySA). Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton le pidieron al presidente de la empresa estatal, Carlos Ben, detalles sobre los tipos de contrataciones que realizan. "Me queda poco claro cómo se rinden las cuentas", le dijo Highton.
Ben indicó: "La mayoría de las inversiones de AySA provienen de fondos propios. Los fondos de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo [Acumar] que aún no se ejecutaron se usan para dos obras: la planta depuradora Fiorito y la planta de tratamiento de Acuba, en Lanús".
Según Ben, AySA tiene controles internos y externos encargados de brindar los detalles de esas cuentas, que en "forma bimestral envían a Acumar". Pero los magistrados quisieron tener más precisiones y le preguntaron por las obras que tiene la compañía M&T SA, que ascienden a un monto de $ 123,4 millones de pesos. El informe de la AGN también menciona contrataciones directas a esa empresa por el alquiler de maquinaria vial por $2,7 millones.
Las dudas sobre estos contratos surgieron cuando la AGN cruzó los datos de M&T SA con las empresas Tierras Provinciales SA; Vial Rogo SA y Gildin SA, cuyas composiciones accionarias comparten al menos un socio. Algunos miembros de estas sociedades forman parte de San Martín 264 Bernal SA, entre cuyos socios figuran la esposa de Armella, Marina Laura Groba Martini; su suegro, Francisco Alberto Groba, y el tío de su mujer, Aníbal Carlos Nietzel.
"Tenemos un caso en que se da una compulsa de precios entre estas empresas para una obra que asciende a 58 millones de pesos -dijo Maqueda y preguntó-¿No se verificó la composición accionaria de los oferentes?" Ben indicó que no se había advertido ninguna anomalía en aquella compulsa y que AySA no tenía ningún otro contrato (sobre la cuenca) que no fuera con M&T SA.
En su presentación ante la Corte, Armella indicó que la empresa de su familia política es un fideicomiso conformado sólo para la construcción de un edificio en un terreno que tienen en Bernal desde hace años.
Lorenzetti, por su parte, quiso saber por qué se utilizó la contratación directa de estas empresas y le preguntó si eso obedecía a alguna resolución del juez de Quilmes. "No fue a pedido del juez de la causa sino que fue por la demora que existía en la obra", de la planta de El Jagüel, respondió el presidente de AySA. Ben también dijo que la obra millonaria cuestionada en el informe -la de la planta depuradora de Quilmes- no está dentro de la cuenca.
Pero las autoridades de la AGN sostuvieron que hay una contradicción en lo dicho por Ben, ya que, en el informe presentado a la Corte, y siempre según la documentación enviada por AySA, se argumentaba que las contrataciones directas se hacían para cumplir con los fallos del juez. El presidente de la AGN, Leandro Despouy, indicó: "Esto demuestra que se manejan fondos millonarios y que no hay ningún control".
Según el informe del organismo de control, esta operatoria se repite en obras contratadas por la Coordinación Ecológica Sociedad del Estado (Ceamse).
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Las pruebas que complican al juez de la causa Riachuelo por corrupción
Fecha de Publicación: 26/10/2012
Fuente: INFOnews
Provincia/Región: Riachuelo
En exclusiva, INFOnews accedió a una investigación de la AGN presentada a la Corte Suprema que demuestra que familiares y allegados al magistrado Luis Armella, encargado de seguir el saneamiento de la cuenca, fueron favorecidos para participar de contrataciones millonarias.
Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) da cuenta de cómo el juez federal de Quilmes, Luis Antonio Armella, encargado de seguir la limpieza del Riachuelo, favorecía a familiares y allegados suyos contratándolos por cifras millonarias para las tareas necesarias en el saneamiento.
El caso se conoció el 26 de agosto cuando el periodista Horacio Verbitsky publicó una nota al respecto que generó un pedido de la Corte Suprema de Justicia a la AGN para que investigara los hechos.
Del informe oficial, al que accedió INFOnews, surge que la empresa fantasma "San Martín 264 Bernal SA", entre cuyos socios figuran la esposa del magistrado, Marina Laura Groba Martini, su suegro Francisco Alberto Groba y el tío de su mujer Aníbal Carlos Nietzel, está vinculada a otras 5 compañías que realizan tareas de limpieza de la cuenca.
Para cumplir con el plan integral de saneamiento ambiental, elaborado por la Autoridad de la Cuenca Riachuelo-Matanza (Acumar), la Corte Suprema designó a Armella.
Entre sus funciones, el magistrado tiene la potestad de intimar al Acumar bajo apercibimiento de graves sanciones a realizar diversos proyectos en plazos perentorios. Invocando estas resoluciones, la entidad elude la licitación y las obras son realizadas por las empresas próximas al juez, quien además impugna otras compañías interesadas.
Las obras realizadas o a realizar por este grupo de empresas vinculadas a "San Martín 264 Bernal SA" -Giildin SA; Vial Rogo Constructora SA; Tierras Provinciales SA; Compañía Constructra M&T SA y Kartonsec SA- ascienden a alrededor de 250 millones de pesos.
En el informe de la AGN presentado a la Corte se detalla que "las empresas bajo análisis se encuentran vinculadas ya sea por la composición de sus órganos, la alternancia de sus socios o por la coincidencia de domicilios".
La investigación es contundente y da cuenta de que "integrantes de las seis sociedades se repiten en forma alternada en alguna de las otras, en diferentes funciones de sus órganos directivos, de administración, representación y/o fiscalización".
En total, involucrados en las seis empresas, son tres grupos familiares; la mayoría oriundos de Ranelagh, barrio residencial de Berazategui.
Asimismo, el estudio de la AGN demuestra que "las empresas Tierras Provinciales S.A; Vial Rogo S.A, Gildin S.A. y Compañía Constructora M&T S.A.: fueron instrumentadas por el mismo notario, Julio Víctor Blotta Ref Nro. 378 del Registro Notarial de La Plata".
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Fecha de Publicación: 26/10/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Las dudas alcanzan a firmas ligadas entre sí y con familiares del juez de la causaLa nueva audiencia ante la Corte por el saneamiento del Riachuelo fue dominada por las sospechas sobre contrataciones para obras hidráulicas en la cuenca que involucran a cinco empresas vinculadas entre sí.
El detalle de las compañías y las obras fue entregado al máximo tribunal del país por la Auditoría General de la Nación (AGN), luego de que en una publicación realizada por el matutino Página/12 se asegurara que esas empresas están vinculadas a otra integrada por familiares del juez federal de Quilmes, Luis Armella, encargado de la ejecución del fallo de la Corte por el saneamiento.
Los ministros del tribunal pidieron ayer explicaciones a uno de los organismos involucrados en el plan de recuperación de la cuenca: Agua y Saneamiento Sociedad Anónima (AySA). Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton le pidieron al presidente de la empresa estatal, Carlos Ben, detalles sobre los tipos de contrataciones que realizan. "Me queda poco claro cómo se rinden las cuentas", le dijo Highton.
Ben indicó: "La mayoría de las inversiones de AySA provienen de fondos propios. Los fondos de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo [Acumar] que aún no se ejecutaron se usan para dos obras: la planta depuradora Fiorito y la planta de tratamiento de Acuba, en Lanús".
Según Ben, AySA tiene controles internos y externos encargados de brindar los detalles de esas cuentas, que en "forma bimestral envían a Acumar". Pero los magistrados quisieron tener más precisiones y le preguntaron por las obras que tiene la compañía M&T SA, que ascienden a un monto de $ 123,4 millones de pesos. El informe de la AGN también menciona contrataciones directas a esa empresa por el alquiler de maquinaria vial por $2,7 millones.
Las dudas sobre estos contratos surgieron cuando la AGN cruzó los datos de M&T SA con las empresas Tierras Provinciales SA; Vial Rogo SA y Gildin SA, cuyas composiciones accionarias comparten al menos un socio. Algunos miembros de estas sociedades forman parte de San Martín 264 Bernal SA, entre cuyos socios figuran la esposa de Armella, Marina Laura Groba Martini; su suegro, Francisco Alberto Groba, y el tío de su mujer, Aníbal Carlos Nietzel.
"Tenemos un caso en que se da una compulsa de precios entre estas empresas para una obra que asciende a 58 millones de pesos -dijo Maqueda y preguntó-¿No se verificó la composición accionaria de los oferentes?" Ben indicó que no se había advertido ninguna anomalía en aquella compulsa y que AySA no tenía ningún otro contrato (sobre la cuenca) que no fuera con M&T SA.
En su presentación ante la Corte, Armella indicó que la empresa de su familia política es un fideicomiso conformado sólo para la construcción de un edificio en un terreno que tienen en Bernal desde hace años.
Lorenzetti, por su parte, quiso saber por qué se utilizó la contratación directa de estas empresas y le preguntó si eso obedecía a alguna resolución del juez de Quilmes. "No fue a pedido del juez de la causa sino que fue por la demora que existía en la obra", de la planta de El Jagüel, respondió el presidente de AySA. Ben también dijo que la obra millonaria cuestionada en el informe -la de la planta depuradora de Quilmes- no está dentro de la cuenca.
Pero las autoridades de la AGN sostuvieron que hay una contradicción en lo dicho por Ben, ya que, en el informe presentado a la Corte, y siempre según la documentación enviada por AySA, se argumentaba que las contrataciones directas se hacían para cumplir con los fallos del juez. El presidente de la AGN, Leandro Despouy, indicó: "Esto demuestra que se manejan fondos millonarios y que no hay ningún control".
Según el informe del organismo de control, esta operatoria se repite en obras contratadas por la Coordinación Ecológica Sociedad del Estado (Ceamse).
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Las pruebas que complican al juez de la causa Riachuelo por corrupción
Fecha de Publicación: 26/10/2012
Fuente: INFOnews
Provincia/Región: Riachuelo
En exclusiva, INFOnews accedió a una investigación de la AGN presentada a la Corte Suprema que demuestra que familiares y allegados al magistrado Luis Armella, encargado de seguir el saneamiento de la cuenca, fueron favorecidos para participar de contrataciones millonarias.
Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) da cuenta de cómo el juez federal de Quilmes, Luis Antonio Armella, encargado de seguir la limpieza del Riachuelo, favorecía a familiares y allegados suyos contratándolos por cifras millonarias para las tareas necesarias en el saneamiento.
El caso se conoció el 26 de agosto cuando el periodista Horacio Verbitsky publicó una nota al respecto que generó un pedido de la Corte Suprema de Justicia a la AGN para que investigara los hechos.
Del informe oficial, al que accedió INFOnews, surge que la empresa fantasma "San Martín 264 Bernal SA", entre cuyos socios figuran la esposa del magistrado, Marina Laura Groba Martini, su suegro Francisco Alberto Groba y el tío de su mujer Aníbal Carlos Nietzel, está vinculada a otras 5 compañías que realizan tareas de limpieza de la cuenca.
Para cumplir con el plan integral de saneamiento ambiental, elaborado por la Autoridad de la Cuenca Riachuelo-Matanza (Acumar), la Corte Suprema designó a Armella.
Entre sus funciones, el magistrado tiene la potestad de intimar al Acumar bajo apercibimiento de graves sanciones a realizar diversos proyectos en plazos perentorios. Invocando estas resoluciones, la entidad elude la licitación y las obras son realizadas por las empresas próximas al juez, quien además impugna otras compañías interesadas.
Las obras realizadas o a realizar por este grupo de empresas vinculadas a "San Martín 264 Bernal SA" -Giildin SA; Vial Rogo Constructora SA; Tierras Provinciales SA; Compañía Constructra M&T SA y Kartonsec SA- ascienden a alrededor de 250 millones de pesos.
En el informe de la AGN presentado a la Corte se detalla que "las empresas bajo análisis se encuentran vinculadas ya sea por la composición de sus órganos, la alternancia de sus socios o por la coincidencia de domicilios".
La investigación es contundente y da cuenta de que "integrantes de las seis sociedades se repiten en forma alternada en alguna de las otras, en diferentes funciones de sus órganos directivos, de administración, representación y/o fiscalización".
En total, involucrados en las seis empresas, son tres grupos familiares; la mayoría oriundos de Ranelagh, barrio residencial de Berazategui.
Asimismo, el estudio de la AGN demuestra que "las empresas Tierras Provinciales S.A; Vial Rogo S.A, Gildin S.A. y Compañía Constructora M&T S.A.: fueron instrumentadas por el mismo notario, Julio Víctor Blotta Ref Nro. 378 del Registro Notarial de La Plata".
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Santa Fe: investigarán el cáncer y ambiente rural
Investigarán en Santa Fe la relación entre cáncer y ambiente
Fecha de Publicación: 25/10/2012
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El Programa de Medio Ambiente y Salud que depende de la Universidad de Rosario evaluará el riesgo en habitantes de poblaciones rurales santafesinas.
En el seno de la Universidad Nacional de Rosario se creó un programa destinado a la investigación y formación en medio ambiente y salud que a sólo siete meses de iniciado se propone investigar el riesgo de cáncer causado por contaminantes ambientales en el territorio santafesino. Por primera vez se lanza una iniciativa de estas características que conjuga la rigurosidad de lo académico con el compromiso estatal para hacer visible una problemática que cada vez más es motivo de preocupación de las comunidades rurales de la provincia.
El director del Promas (Programa de Medio Ambiente y Salud) es el doctor Alejandro Oliva, un médico andrólogo especializado en fertilidad masculina que desde hace años y con investigaciones que lo avalan en Argentina y en Francia, concluyó que los hombres que trabajan en establecimientos avícolas de la zona de Entre Ríos tenían disminuida su capacidad reproductiva.
"La vida en el campo ya no es lo que era antes", dispara Oliva a La Capital, derribando uno de los mitos que garantizaban la calidad del aire y del suelo de la pampa húmeda santafesina. "Esto fue así antes de los '50. Hoy, con el crecimiento exponencial de las superficies sembradas, el uso de agroquímicos, el tendido de redes de alta tensión, las antenas de celulares y la cría intensiva de animales, la realidad es bien diferente y las comunidades rurales registran un alto porcentaje de cánceres y otras enfermedades neurodegenerativas", asegura.
El Promas fue creado a instancias de docentes de cuatro facultades (Claudio Stafolani y Mirta Fleitas, de Ciencias Médicas; Luis Krapf y Jorge Ronco, Ingeniería Eléctrica; Claudia Nigro y Juan José Noste, Veterinaria, e Ivana Barbona, Estadística). Los ejes del programa se enfocan a la docencia y la investigación, con un enfoque transdisciplinario que incluya la formación de grado y posgrado. "Enfatizamos la formación de profesionales porque es un tema del que todo el mundo habla pero nadie tiene idea dónde estamos paramos", afirma Oliva.
El programa desarrollará cuatro proyectos de investigación tomando como referencia la incidencia de cáncer en la población. A partir de esta premisa apunta a la caracterización del riesgo, la localización, la mortalidad y morbimortalidad y la gestión comunitaria del contaminante. "Tres de los proyectos son de investigación pura y analizarán qué rol juega la agroindustria sobre el crecimiento de los casos de cáncer, mientras que el cuarto apunta a la intervención y gestión del riesgo", explica Oliva.
Para el análisis utilizarán la información disponible en cuanto a mortalidad de cáncer en las comunidades discriminados por provincia, crecimiento de la superficie sembrada, cuál es el volumen de consumo de agroquímicos en la provincia y cómo se los combina, localización de las redes de alta tensión y de las antenas de telefonía celular, entre otros datos. "Santa Fe se ha desarrollado en términos de alta tensión y existen evidencias de la relación entre los campos electromagnéticos, los cánceres hematopoyéticos (leucemias, linfomas) y daños neurológicos en los chicos", asegura el médico.
"Contamos con datos estadísticos sobre mortalidad de cáncer a partir de los '80, cómo se fue modificando la información desde el '95 hasta el 2010 con el ingreso de la soja transgénica. Los cánceres más frecuentes contabilizados por las estadísticas dan cuenta de un alto porcentaje de linfomas y leucemias, y de los hormonodependientes (próstata, tiroides)", asegura el médico.
En cuanto al uso de agroquímicos, Oliva asegura que el mayor riesgo de contaminación proviene de la combinación del glifosato con detergentes y otras sustancias. "Cuando la compañía que lo elabora afirma que es inocuo tiene razón, lo que no dice es que el riesgo aparece cuando se lo combina", subraya.
Derivado del proyecto anterior el Promas relacionará los casos de cáncer con el desarrollo de la ruralidad en Santa Fe. "La explotación organizada del campo comenzó entre los '50 y '60, que es cuando se industrializa el cultivo casero y se multiplican exponencialmente las superficies sembradas", asegura. "Con esta investigación reconstruiremos epidemiológicamente qué pasó en la población del '60 al '80 con el surgimiento de los herbicidas clorados; del '80 al '95 cuando entraron los fosforados y del 2008 al 2010 con el ingreso del glifosato y sus acompañantes.
Los investigadores junto con médicos y miembros de las comunidades santafesinas evaluarán también cómo impactan los riesgos ambientales en la infertilidad futura, a partir del estudio de los recién nacidos varones y de sus padres. Al respecto Oliva cita una investigación noruega donde se analizaron los cordones umbilicales de niñas nacidas en ambientes rurales y se halló una disminución de la capacidad reproductiva comparada con las que nacían en medios urbanos.
Comunicación de riesgo
En el marco de las actividades de docencia, el Programa de Medio Ambiente y Salud (Promas) junto con el Centro de Estudios Interdisciplinarios se propone la inserción de la comunicación de riesgo a través de seminarios de formación para graduados, con perspectiva transdisciplinaria y aplicabilidad comunitaria.
¿Qué es la comunicación de riesgo? Sandra Massoni, docente de posgrado y directora de la maestría en comunicación estratégica de la Universidad de Rosario, la define como el proceso mediante el cual la comunidad es informada acerca de los riesgos ambientales para la salud a los que está expuesta y la forma de reducirlos.
"Es un concepto nuevo en el mundo, más aún en Argentina. Tradicionalmente lo que se suele hacer es la comunicación de campaña frente a un desastre natural, una epidemia o emergencia sanitaria, donde sólo se aborda la dimensión informativa como si de esa forma fuera posible superar la emergencia y lograr conductas esperables en los destinatarios", explica.
"Con los años se vieron las limitaciones de este abordaje y se comenzó a ampliar la mirada trabajando lo comunicacional desde distintas dimensiones y no sólo como la simple transferencia de información", prosigue la investigadora y como ejemplo menciona las campañas de prevención del sida o el cáncer.
"El principal desafío de estos tiempos es salirse de esa idea de la comunicación sólo como transferencia. Lo importante no es el dato que se emite sino en qué proceso comunicacional están los actores porque puede ocurrir que no tengan absolutamente ninguna motivación sobre esa problemática, lo que anula el efecto que pretende la comunicación".
Sinergia
"Los pobladores están muy preocupados, ellos conviven con la gente que se muere de cáncer, con problemas de infertilidad o malformaciones", asegura el director del Promas, Alejandro Oliva. Uno de los conceptos que se agregan al análisis de los efectos de los contaminantes sobre la salud es la sinergia que se registra en esta zona del país. "Además de los agregados de moléculas prohibidas en el mundo esto se da sobre un acuífero que contiene concentraciones altas de arsénico, de alto poder cancerígeno, y nitratos provenientes de la actividad de los feed-lots, que concentran orina de origen animal a nivel de las napas para consumo humano", afirma.
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Fecha de Publicación: 25/10/2012
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El Programa de Medio Ambiente y Salud que depende de la Universidad de Rosario evaluará el riesgo en habitantes de poblaciones rurales santafesinas.
En el seno de la Universidad Nacional de Rosario se creó un programa destinado a la investigación y formación en medio ambiente y salud que a sólo siete meses de iniciado se propone investigar el riesgo de cáncer causado por contaminantes ambientales en el territorio santafesino. Por primera vez se lanza una iniciativa de estas características que conjuga la rigurosidad de lo académico con el compromiso estatal para hacer visible una problemática que cada vez más es motivo de preocupación de las comunidades rurales de la provincia.
El director del Promas (Programa de Medio Ambiente y Salud) es el doctor Alejandro Oliva, un médico andrólogo especializado en fertilidad masculina que desde hace años y con investigaciones que lo avalan en Argentina y en Francia, concluyó que los hombres que trabajan en establecimientos avícolas de la zona de Entre Ríos tenían disminuida su capacidad reproductiva.
"La vida en el campo ya no es lo que era antes", dispara Oliva a La Capital, derribando uno de los mitos que garantizaban la calidad del aire y del suelo de la pampa húmeda santafesina. "Esto fue así antes de los '50. Hoy, con el crecimiento exponencial de las superficies sembradas, el uso de agroquímicos, el tendido de redes de alta tensión, las antenas de celulares y la cría intensiva de animales, la realidad es bien diferente y las comunidades rurales registran un alto porcentaje de cánceres y otras enfermedades neurodegenerativas", asegura.
El Promas fue creado a instancias de docentes de cuatro facultades (Claudio Stafolani y Mirta Fleitas, de Ciencias Médicas; Luis Krapf y Jorge Ronco, Ingeniería Eléctrica; Claudia Nigro y Juan José Noste, Veterinaria, e Ivana Barbona, Estadística). Los ejes del programa se enfocan a la docencia y la investigación, con un enfoque transdisciplinario que incluya la formación de grado y posgrado. "Enfatizamos la formación de profesionales porque es un tema del que todo el mundo habla pero nadie tiene idea dónde estamos paramos", afirma Oliva.
El programa desarrollará cuatro proyectos de investigación tomando como referencia la incidencia de cáncer en la población. A partir de esta premisa apunta a la caracterización del riesgo, la localización, la mortalidad y morbimortalidad y la gestión comunitaria del contaminante. "Tres de los proyectos son de investigación pura y analizarán qué rol juega la agroindustria sobre el crecimiento de los casos de cáncer, mientras que el cuarto apunta a la intervención y gestión del riesgo", explica Oliva.
Para el análisis utilizarán la información disponible en cuanto a mortalidad de cáncer en las comunidades discriminados por provincia, crecimiento de la superficie sembrada, cuál es el volumen de consumo de agroquímicos en la provincia y cómo se los combina, localización de las redes de alta tensión y de las antenas de telefonía celular, entre otros datos. "Santa Fe se ha desarrollado en términos de alta tensión y existen evidencias de la relación entre los campos electromagnéticos, los cánceres hematopoyéticos (leucemias, linfomas) y daños neurológicos en los chicos", asegura el médico.
"Contamos con datos estadísticos sobre mortalidad de cáncer a partir de los '80, cómo se fue modificando la información desde el '95 hasta el 2010 con el ingreso de la soja transgénica. Los cánceres más frecuentes contabilizados por las estadísticas dan cuenta de un alto porcentaje de linfomas y leucemias, y de los hormonodependientes (próstata, tiroides)", asegura el médico.
En cuanto al uso de agroquímicos, Oliva asegura que el mayor riesgo de contaminación proviene de la combinación del glifosato con detergentes y otras sustancias. "Cuando la compañía que lo elabora afirma que es inocuo tiene razón, lo que no dice es que el riesgo aparece cuando se lo combina", subraya.
Derivado del proyecto anterior el Promas relacionará los casos de cáncer con el desarrollo de la ruralidad en Santa Fe. "La explotación organizada del campo comenzó entre los '50 y '60, que es cuando se industrializa el cultivo casero y se multiplican exponencialmente las superficies sembradas", asegura. "Con esta investigación reconstruiremos epidemiológicamente qué pasó en la población del '60 al '80 con el surgimiento de los herbicidas clorados; del '80 al '95 cuando entraron los fosforados y del 2008 al 2010 con el ingreso del glifosato y sus acompañantes.
Los investigadores junto con médicos y miembros de las comunidades santafesinas evaluarán también cómo impactan los riesgos ambientales en la infertilidad futura, a partir del estudio de los recién nacidos varones y de sus padres. Al respecto Oliva cita una investigación noruega donde se analizaron los cordones umbilicales de niñas nacidas en ambientes rurales y se halló una disminución de la capacidad reproductiva comparada con las que nacían en medios urbanos.
Comunicación de riesgo
En el marco de las actividades de docencia, el Programa de Medio Ambiente y Salud (Promas) junto con el Centro de Estudios Interdisciplinarios se propone la inserción de la comunicación de riesgo a través de seminarios de formación para graduados, con perspectiva transdisciplinaria y aplicabilidad comunitaria.
¿Qué es la comunicación de riesgo? Sandra Massoni, docente de posgrado y directora de la maestría en comunicación estratégica de la Universidad de Rosario, la define como el proceso mediante el cual la comunidad es informada acerca de los riesgos ambientales para la salud a los que está expuesta y la forma de reducirlos.
"Es un concepto nuevo en el mundo, más aún en Argentina. Tradicionalmente lo que se suele hacer es la comunicación de campaña frente a un desastre natural, una epidemia o emergencia sanitaria, donde sólo se aborda la dimensión informativa como si de esa forma fuera posible superar la emergencia y lograr conductas esperables en los destinatarios", explica.
"Con los años se vieron las limitaciones de este abordaje y se comenzó a ampliar la mirada trabajando lo comunicacional desde distintas dimensiones y no sólo como la simple transferencia de información", prosigue la investigadora y como ejemplo menciona las campañas de prevención del sida o el cáncer.
"El principal desafío de estos tiempos es salirse de esa idea de la comunicación sólo como transferencia. Lo importante no es el dato que se emite sino en qué proceso comunicacional están los actores porque puede ocurrir que no tengan absolutamente ninguna motivación sobre esa problemática, lo que anula el efecto que pretende la comunicación".
Sinergia
"Los pobladores están muy preocupados, ellos conviven con la gente que se muere de cáncer, con problemas de infertilidad o malformaciones", asegura el director del Promas, Alejandro Oliva. Uno de los conceptos que se agregan al análisis de los efectos de los contaminantes sobre la salud es la sinergia que se registra en esta zona del país. "Además de los agregados de moléculas prohibidas en el mundo esto se da sobre un acuífero que contiene concentraciones altas de arsénico, de alto poder cancerígeno, y nitratos provenientes de la actividad de los feed-lots, que concentran orina de origen animal a nivel de las napas para consumo humano", afirma.
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“La ley Monsanto” en debate
Semillas en debate
Fecha de Publicación: 25/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
“La ley Monsanto.” Es una de las formas en la que movimientos campesinos, pueblos indígenas y organizaciones sociales bautizaron al proyecto de ley de semillas que prepara el Ministerio de Agricultura. Según afirman las organizaciones, la medida, que sería tratada antes de fin de año en el Congreso, no dio participación a campesinos y pequeños productores, limita el “uso propio” (posibilidad de utilizar las semillas de la cosecha) y favorece a las corporaciones del agro. “El proyecto de ley pone en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales e implica la pérdida de los derechos de nuestro pueblo”, denuncia una declaración conjunta del Movimiento Agroecológico de Latinoamérica (Maela) y de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal).
“El proyecto de modificación de la ley está formulado a la medida de Monsanto. En el 2003 Monsanto anunció que discontinuaba su programa de mejoramiento de soja en el país ‘debido a la baja rentabilidad del negocio, que imposibilita mantener los niveles adecuados de investigación en Argentina’. Su reclamo específico era una nueva ley de semillas que le permitiera tener ‘seguridad jurídica’ en sus operaciones”, explicó Carlos Vicente, de la organización internacional Grain, que estudia el mercado de semillas y las corporaciones agrícolas.
El 21 de agosto pasado, el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, presentó la nueva soja (RR2) junto a los directivos de Monsanto. “Hay que respetar la propiedad intelectual”, reclamó ese mismo día el ministro y adelantó que el Gobierno estaba trabajando en una nueva ley de semillas, que contemple el cobro de regalías para quienes desarrollan las semillas transgénicas.
Ahora, las organizaciones campesinas y pequeños productores denuncian que no fueron convocados a debatir el proyecto que podría modificar su forma de producir alimentos. Solicitaron el proyecto al Ministerio de Agricultura y a la Comisión de Agricultura del Congreso, pero no lo obtuvieron. Recién un mes después, el proyecto fue filtrado a las organizaciones.
“Manifestamos nuestro rechazo al proyecto de ley de semillas. Manifestamos la necesidad de analizar, discutir y presentar un proyecto que de manera participativa satisfaga las necesidades de los productores”, reclamaron los dirigentes argentinos de Maela y Rapal en una carta abierta dirigida a la Presidenta y al ministro de Agricultura. En las críticas sobresale la definición que se hace de productor (artículo 1). “Es reduccionista. Es grave porque de esa definición luego se deriva quiénes serán sujetos de derecho para conservar sus propias semillas”, explica. También apunta al artículo 4, de creación de una comisión nacional de semillas con “escasa o nula” participación de la agricultura familiar.
Las organizaciones reivindican el derecho a guardar parte de la cosecha como semilla, para la próxima siembra, el llamado “uso propio” de la semilla. Según advierten, la decisión de las empresas de semillas, con Monsanto a la cabeza, es limitar el derecho histórico al “uso propio”, bajo el argumento de respetar la “propiedad intelectual”. Con el proyecto de ley, el uso propio pasa de ser un “derecho” a transformarse en una “excepción”.
“El proyecto ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior. Esta práctica es un derecho fundamental de los agricultores y agricultoras del mundo”, denuncian el Movimiento Campesino Indígena (MNCI), Grain y Amigos de la Tierra en un documento llamado “Diez motivos para luchar contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina”. Las organizaciones firmantes alertan que el proyecto de ley crea condiciones para “expandir la presencia de empresas semilleras transnacionales en el país” y reclaman que el debate sea abierto a todos los sectores de la sociedad.
La Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional del Comahue también cuestionó el proyecto de ley, propuso tomar como referencia la ley de Bolivia (considera la función social de la semilla) y solicitó “una indiscutible intervención del Estado que sostenga a las comunidades originarias y campesinas así como también a la ciudadanía toda en pos de proteger y alentar el libre intercambio de semillas. Es necesario imposibilitar la concentración, los derechos de la propiedad de las semillas y frenar el desarrollo del monocultivo en manos de multinacionales”.
La Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina (Compa), con presencia en 17 provincias, afirmó que el proyecto “atenta contra la diversidad y la producción de alimentos para el pueblo, ya que termina entregando su control a las corporaciones”. Lamenta que la “política agropecuaria priorice el agronegocios y la generación de retenciones por sobre la producción de alimentos santos para el pueblo”.
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Fecha de Publicación: 25/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
“La ley Monsanto.” Es una de las formas en la que movimientos campesinos, pueblos indígenas y organizaciones sociales bautizaron al proyecto de ley de semillas que prepara el Ministerio de Agricultura. Según afirman las organizaciones, la medida, que sería tratada antes de fin de año en el Congreso, no dio participación a campesinos y pequeños productores, limita el “uso propio” (posibilidad de utilizar las semillas de la cosecha) y favorece a las corporaciones del agro. “El proyecto de ley pone en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales e implica la pérdida de los derechos de nuestro pueblo”, denuncia una declaración conjunta del Movimiento Agroecológico de Latinoamérica (Maela) y de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal).“El proyecto de modificación de la ley está formulado a la medida de Monsanto. En el 2003 Monsanto anunció que discontinuaba su programa de mejoramiento de soja en el país ‘debido a la baja rentabilidad del negocio, que imposibilita mantener los niveles adecuados de investigación en Argentina’. Su reclamo específico era una nueva ley de semillas que le permitiera tener ‘seguridad jurídica’ en sus operaciones”, explicó Carlos Vicente, de la organización internacional Grain, que estudia el mercado de semillas y las corporaciones agrícolas.
El 21 de agosto pasado, el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, presentó la nueva soja (RR2) junto a los directivos de Monsanto. “Hay que respetar la propiedad intelectual”, reclamó ese mismo día el ministro y adelantó que el Gobierno estaba trabajando en una nueva ley de semillas, que contemple el cobro de regalías para quienes desarrollan las semillas transgénicas.
Ahora, las organizaciones campesinas y pequeños productores denuncian que no fueron convocados a debatir el proyecto que podría modificar su forma de producir alimentos. Solicitaron el proyecto al Ministerio de Agricultura y a la Comisión de Agricultura del Congreso, pero no lo obtuvieron. Recién un mes después, el proyecto fue filtrado a las organizaciones.
“Manifestamos nuestro rechazo al proyecto de ley de semillas. Manifestamos la necesidad de analizar, discutir y presentar un proyecto que de manera participativa satisfaga las necesidades de los productores”, reclamaron los dirigentes argentinos de Maela y Rapal en una carta abierta dirigida a la Presidenta y al ministro de Agricultura. En las críticas sobresale la definición que se hace de productor (artículo 1). “Es reduccionista. Es grave porque de esa definición luego se deriva quiénes serán sujetos de derecho para conservar sus propias semillas”, explica. También apunta al artículo 4, de creación de una comisión nacional de semillas con “escasa o nula” participación de la agricultura familiar.
Las organizaciones reivindican el derecho a guardar parte de la cosecha como semilla, para la próxima siembra, el llamado “uso propio” de la semilla. Según advierten, la decisión de las empresas de semillas, con Monsanto a la cabeza, es limitar el derecho histórico al “uso propio”, bajo el argumento de respetar la “propiedad intelectual”. Con el proyecto de ley, el uso propio pasa de ser un “derecho” a transformarse en una “excepción”.
“El proyecto ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior. Esta práctica es un derecho fundamental de los agricultores y agricultoras del mundo”, denuncian el Movimiento Campesino Indígena (MNCI), Grain y Amigos de la Tierra en un documento llamado “Diez motivos para luchar contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina”. Las organizaciones firmantes alertan que el proyecto de ley crea condiciones para “expandir la presencia de empresas semilleras transnacionales en el país” y reclaman que el debate sea abierto a todos los sectores de la sociedad.
La Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional del Comahue también cuestionó el proyecto de ley, propuso tomar como referencia la ley de Bolivia (considera la función social de la semilla) y solicitó “una indiscutible intervención del Estado que sostenga a las comunidades originarias y campesinas así como también a la ciudadanía toda en pos de proteger y alentar el libre intercambio de semillas. Es necesario imposibilitar la concentración, los derechos de la propiedad de las semillas y frenar el desarrollo del monocultivo en manos de multinacionales”.
La Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina (Compa), con presencia en 17 provincias, afirmó que el proyecto “atenta contra la diversidad y la producción de alimentos para el pueblo, ya que termina entregando su control a las corporaciones”. Lamenta que la “política agropecuaria priorice el agronegocios y la generación de retenciones por sobre la producción de alimentos santos para el pueblo”.
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Continuará hoy la causa Riachuelo
Causa Riachuelo: la Corte Suprema reanuda la audiencia pública
Fecha de Publicación: 25/10/2012
Fuente: Centro de Información Judicial
Provincia/Región: Riachuelo
Fue convocada a fin de evaluar el grado de avance en el cumplimiento del plan de saneamiento de la cuenca exigido por el Máximo Tribunal. Se retomará la audiencia que comenzara el pasado 11 de octubre. CIJ TV transmitirá en vivo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación reanudará este jueves, a partir de las 10, una audiencia pública convocada con el objeto de evaluar el grado de avance en el cumplimiento de los mandatos impuestos en la sentencia condenatoria dictada el 8 de julio de 2008, por la cual exigió el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo (fallo “Mendoza y otros”).
El Máximo Tribunal había dispuesto que la Autoridad de Cuenca (ACUMAR), el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora presenten una breve exposición sobre cada uno de los objetivos y resultados que integran el programa de ejecución obligatoria impuesto por el referido fallo.
También convocó a las empresas Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) y Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), para que informen sobre los actos ejecutados y las contrataciones realizadas por indicación de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
La Corte citó además al Defensor del Pueblo de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, quienes deberán informar sobre las dificultades que pudieran haber existido a la hora de realizar los controles encomendados en la sentencia y sus observaciones.
Cabe recordar que ya expusieron, el pasado 11 de octubre, Juan José Mussi (en representación de la ACUMAR), José Luis Enríquez (provincia de Buenos Aires) y Julio Marcelo Conte Grand (Ciudad de Buenos Aires).
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Fecha de Publicación: 25/10/2012
Fuente: Centro de Información Judicial
Provincia/Región: Riachuelo
Fue convocada a fin de evaluar el grado de avance en el cumplimiento del plan de saneamiento de la cuenca exigido por el Máximo Tribunal. Se retomará la audiencia que comenzara el pasado 11 de octubre. CIJ TV transmitirá en vivo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación reanudará este jueves, a partir de las 10, una audiencia pública convocada con el objeto de evaluar el grado de avance en el cumplimiento de los mandatos impuestos en la sentencia condenatoria dictada el 8 de julio de 2008, por la cual exigió el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo (fallo “Mendoza y otros”).
El Máximo Tribunal había dispuesto que la Autoridad de Cuenca (ACUMAR), el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora presenten una breve exposición sobre cada uno de los objetivos y resultados que integran el programa de ejecución obligatoria impuesto por el referido fallo.
También convocó a las empresas Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) y Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), para que informen sobre los actos ejecutados y las contrataciones realizadas por indicación de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
La Corte citó además al Defensor del Pueblo de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, quienes deberán informar sobre las dificultades que pudieran haber existido a la hora de realizar los controles encomendados en la sentencia y sus observaciones.
Cabe recordar que ya expusieron, el pasado 11 de octubre, Juan José Mussi (en representación de la ACUMAR), José Luis Enríquez (provincia de Buenos Aires) y Julio Marcelo Conte Grand (Ciudad de Buenos Aires).
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La UNT no debatió sobre los fondos mineros
El Consejo Superior no debatió sobre los fondos mineros
Fecha de Publicación: 24/10/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
El cuerpo sólo "tomó conocimiento" de los informes sobre los casi $ 560 millones que ingresaron a la UNT de YMAD.
El Consejo Superior esquivó debatir sobre los dineros que ingresaron a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), en concepto de utilidades de la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). Casi la totalidad del cuerpo adhirió el dictamen de mayoría de la comisión de Hacienda, que aconsejaba "tomar conocimiento" del contenido de los documentos.
La orden del día prenunciaba el tratamiento de los informes de gestión del ex representante de la UNT ante YMAD Rodolfo Campero y de uno de los actuales directores por la Casa de Juan B. Terán ante la firma estatal socia de Minera La Alumbrera, Florencio Aceñolaza; y de los últimos tres estados contables de YMAD. Pero casi no se habló de la cuestión dineraria.
De hecho, el único que hizo referencia a los fondos que ingresaron a la UNT en el período abarcado por los informes -8 de agosto de 2006 a 23 de marzo de este año- fue el presidente de la comisión de Hacienda, Miguel Carletti. Explicó que los casi $ 560 millones que, de acuerdo al informe de Campero, habían sido depositados en cuentas de la UNT por YMAD no habían ingresado en un mismo momento, sino por goteos anuales. "Se debe hacer un desglose, porque se cita una sola cifra; y en 2008, por ejemplo, sólo se transfirieron $ 36,8 millones; en 2009, $ 63,3 millones. Esto dista de ser la cifra global que se menciona", puntualizó. Y propuso votar por el dictamen: que el cuerpo tome conocimiento.
El informe de Aceñolaza -que contempla lo actuado por este entre julio de 2010 y marzo de este año- tuvo más debate, aunque no sobre cuestiones monetarias -el documento no habla de dinero-. La discusión se centró sobre el tema medioambiental. El consejero estudiantil Facundo Arias fundamentó su dictamen de minoría con cuestionamientos a la explotación minera a cielo abierto. "Según Aceñolaza, la megaminería no trae problemas; pero eso no se condice con la realidad", afirmó. Además, dijo que las mineras transnacionales tributan al país montos irrisorios: "sugiero que la UNT inicie un debate sobre los modelos de desarrollo; hoy son mayores los costos sociales, ambientales y económicos que los beneficios".
Carletti rechazó estos argumentos. "Hay falsedades ideológicas; las empresas tributan el 50% o más, entre impuesto a las Ganancias, regalías y otros gravámenes. Los sueldos son los más altos", manifestó. Arias no se quedó callado. "Habría que comenzar a medir ciertas acusaciones; sobre todo cuando algunos integrantes del cuerpo incurren en incompatibilidades entre su actividad privada y sus funciones en el Consejo. Eso es más tendencioso que las cuestiones ideológicas", dijo, en alusión a que el estudio contable de Carletti asesora, entre otras empresas mineras, a La Alumbrera. Carletti optó por no contestarle. "No era el tema; era algo contestatario del consejero (Arias), dijo a LA GACETA.
El cuerpo le cedió la palabra a Aceñolaza. "Estas cosas se rebaten con documentos científicos y técnicos, no con discursos, no con palabras. Se hacen controles mensuales; agua arriba, agua abajo del río Vis-vis (cercano a La Alumbrera). Los invito a leer el informe del prestigioso médico Daniel Stamboulian, que concluye que la media de casos de cáncer en la zona de minas es menor a la media provincial. Y la Universidad de San Martín hizo un estudio que arrojó que la minería soporta una carga impositiva del 54%", subrayó. Al final, los consejeros votaron por el dictamen de mayoría.
Además, al Consejo se movilizaron estudiantes de la filial de Aguilares de la Facultad de Artes. Expusieron sus reclamos -sobre cuestiones académicas, principalmente-, pero no se llevaron una respuesta que los satisficiera. El cuerpo decidió avalar lo actuado por la decana de Artes, Raquel Pastor, que se había comprometido, entre otros, a acelerar los concursos para las cátedras de la sede del sur. Los alumnos piden que las cátedras se cubran con docentes regulares, y que dejen de nombrarse interinos.
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Fecha de Publicación: 24/10/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
El cuerpo sólo "tomó conocimiento" de los informes sobre los casi $ 560 millones que ingresaron a la UNT de YMAD.El Consejo Superior esquivó debatir sobre los dineros que ingresaron a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), en concepto de utilidades de la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). Casi la totalidad del cuerpo adhirió el dictamen de mayoría de la comisión de Hacienda, que aconsejaba "tomar conocimiento" del contenido de los documentos.
La orden del día prenunciaba el tratamiento de los informes de gestión del ex representante de la UNT ante YMAD Rodolfo Campero y de uno de los actuales directores por la Casa de Juan B. Terán ante la firma estatal socia de Minera La Alumbrera, Florencio Aceñolaza; y de los últimos tres estados contables de YMAD. Pero casi no se habló de la cuestión dineraria.
De hecho, el único que hizo referencia a los fondos que ingresaron a la UNT en el período abarcado por los informes -8 de agosto de 2006 a 23 de marzo de este año- fue el presidente de la comisión de Hacienda, Miguel Carletti. Explicó que los casi $ 560 millones que, de acuerdo al informe de Campero, habían sido depositados en cuentas de la UNT por YMAD no habían ingresado en un mismo momento, sino por goteos anuales. "Se debe hacer un desglose, porque se cita una sola cifra; y en 2008, por ejemplo, sólo se transfirieron $ 36,8 millones; en 2009, $ 63,3 millones. Esto dista de ser la cifra global que se menciona", puntualizó. Y propuso votar por el dictamen: que el cuerpo tome conocimiento.
El informe de Aceñolaza -que contempla lo actuado por este entre julio de 2010 y marzo de este año- tuvo más debate, aunque no sobre cuestiones monetarias -el documento no habla de dinero-. La discusión se centró sobre el tema medioambiental. El consejero estudiantil Facundo Arias fundamentó su dictamen de minoría con cuestionamientos a la explotación minera a cielo abierto. "Según Aceñolaza, la megaminería no trae problemas; pero eso no se condice con la realidad", afirmó. Además, dijo que las mineras transnacionales tributan al país montos irrisorios: "sugiero que la UNT inicie un debate sobre los modelos de desarrollo; hoy son mayores los costos sociales, ambientales y económicos que los beneficios".
Carletti rechazó estos argumentos. "Hay falsedades ideológicas; las empresas tributan el 50% o más, entre impuesto a las Ganancias, regalías y otros gravámenes. Los sueldos son los más altos", manifestó. Arias no se quedó callado. "Habría que comenzar a medir ciertas acusaciones; sobre todo cuando algunos integrantes del cuerpo incurren en incompatibilidades entre su actividad privada y sus funciones en el Consejo. Eso es más tendencioso que las cuestiones ideológicas", dijo, en alusión a que el estudio contable de Carletti asesora, entre otras empresas mineras, a La Alumbrera. Carletti optó por no contestarle. "No era el tema; era algo contestatario del consejero (Arias), dijo a LA GACETA.
El cuerpo le cedió la palabra a Aceñolaza. "Estas cosas se rebaten con documentos científicos y técnicos, no con discursos, no con palabras. Se hacen controles mensuales; agua arriba, agua abajo del río Vis-vis (cercano a La Alumbrera). Los invito a leer el informe del prestigioso médico Daniel Stamboulian, que concluye que la media de casos de cáncer en la zona de minas es menor a la media provincial. Y la Universidad de San Martín hizo un estudio que arrojó que la minería soporta una carga impositiva del 54%", subrayó. Al final, los consejeros votaron por el dictamen de mayoría.
Además, al Consejo se movilizaron estudiantes de la filial de Aguilares de la Facultad de Artes. Expusieron sus reclamos -sobre cuestiones académicas, principalmente-, pero no se llevaron una respuesta que los satisficiera. El cuerpo decidió avalar lo actuado por la decana de Artes, Raquel Pastor, que se había comprometido, entre otros, a acelerar los concursos para las cátedras de la sede del sur. Los alumnos piden que las cátedras se cubran con docentes regulares, y que dejen de nombrarse interinos.
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