Entre Ríos actualiza el ordenamiento de bosques
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Actualizan el ordenamiento territorial de bosques nativos
Fecha de Publicación: 27/10/2012
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Entre Ríos
Técnicos de Recursos Forestales y el equipo de Sistemas de Información Geográfica trabajan en la actualización del ordenamiento, prevista en la Ley Nacional. Ya finalizaron los trabajos en los departamentos Esquina y Sauce, y antes de fin de año tienen previsto culminar toda la Región del Espinal.
En el marco de la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos, técnicos de la Dirección de Recursos Forestales (DRF) y el equipo de Sistema de Información Geográfica (SIG) -ambos organismos del Ministerio de la Producción- se encuentran trabajando en la actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia de Corrientes (Otbn). Ya se completaron los muestreos de los departamentos Esquina y Sauce, y durante noviembre y diciembre tienen previsto completar toda la región del Espinal.
Según lo establecen ambas normativas vigentes, el Organismo de Aplicación de la Ley (en este caso la DRF) debe realizar una actualización del ordenamiento en un plazo no mayor a los cinco años.
Según explicó el técnico de la DRF, Rolando Teves, se completaron los muestreos de los puntos de control en los departamentos Esquina y Sauce. Durante el mes de noviembre se completarán los muestreos en los departamentos Mercedes, Curuzú Cuatiá, Monte Caseros que componen la Región del Espinal.
“Se estima que en el mes de diciembre de 2012 se completará la actualización de del ordenamiento territorial de la región del Espinal. Con los avances tecnológicos de estos últimos años, hoy tenemos la posibilidad de un mayor nivel de detalle en el mapeo de las áreas de bosque nativo, lo cual por supuesto redundará en una mayor precisión de los mismos”, sostuvo el técnico.
El equipo técnico de la DRF realizó este mes una reunión en la localidad de Pueblo Libertador, con el fin de informar a la comunidad de la zona sobre el trabajo que se está realizando.
Según explicó el director de Recursos Forestales, Luis María Mestres, se está “trabajando en equipo el ordenamiento y tenemos previsto también invitar a participar de estas actividades a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, así como también a la comunidad a medida que vayamos avanzando en la actualización”.
Además, y según informó el funcionario, luego de esta etapa se realizará la presentación y propuesta formal de este a actualización a los fines que sea aprobada por Ley Provincial, según lo establecen las normativas vigentes que rigen este procedimiento.
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Fecha de Publicación: 27/10/2012
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Entre Ríos
Técnicos de Recursos Forestales y el equipo de Sistemas de Información Geográfica trabajan en la actualización del ordenamiento, prevista en la Ley Nacional. Ya finalizaron los trabajos en los departamentos Esquina y Sauce, y antes de fin de año tienen previsto culminar toda la Región del Espinal.En el marco de la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos, técnicos de la Dirección de Recursos Forestales (DRF) y el equipo de Sistema de Información Geográfica (SIG) -ambos organismos del Ministerio de la Producción- se encuentran trabajando en la actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia de Corrientes (Otbn). Ya se completaron los muestreos de los departamentos Esquina y Sauce, y durante noviembre y diciembre tienen previsto completar toda la región del Espinal.
Según lo establecen ambas normativas vigentes, el Organismo de Aplicación de la Ley (en este caso la DRF) debe realizar una actualización del ordenamiento en un plazo no mayor a los cinco años.
Según explicó el técnico de la DRF, Rolando Teves, se completaron los muestreos de los puntos de control en los departamentos Esquina y Sauce. Durante el mes de noviembre se completarán los muestreos en los departamentos Mercedes, Curuzú Cuatiá, Monte Caseros que componen la Región del Espinal.
“Se estima que en el mes de diciembre de 2012 se completará la actualización de del ordenamiento territorial de la región del Espinal. Con los avances tecnológicos de estos últimos años, hoy tenemos la posibilidad de un mayor nivel de detalle en el mapeo de las áreas de bosque nativo, lo cual por supuesto redundará en una mayor precisión de los mismos”, sostuvo el técnico.
El equipo técnico de la DRF realizó este mes una reunión en la localidad de Pueblo Libertador, con el fin de informar a la comunidad de la zona sobre el trabajo que se está realizando.
Según explicó el director de Recursos Forestales, Luis María Mestres, se está “trabajando en equipo el ordenamiento y tenemos previsto también invitar a participar de estas actividades a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, así como también a la comunidad a medida que vayamos avanzando en la actualización”.
Además, y según informó el funcionario, luego de esta etapa se realizará la presentación y propuesta formal de este a actualización a los fines que sea aprobada por Ley Provincial, según lo establecen las normativas vigentes que rigen este procedimiento.
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También piden en Tucumán por los agrotóxicos
Aplicación responsable de agroquímicos
Fecha de Publicación: 26/10/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Algunas lluvias recién están dándose en la zona granaría de Tucumán, y los productores y aplicadores ya están en los preparativos previos a las aplicaciones, y en algunos casos ya las están realizando en forma terrestre o aérea, por lo que deberán tomar todos los recaudos necesarios para evitar accidentes por deriva o la mala aplicación, con los resultados negativos en el control de las malezas que esto conlleva.
En nuestra provincia se sembraron en los últimos años alrededor de 230.000 hectáreas (ha) de soja, 45.000 ha de maíz, tiene plantadas unas 240.000 ha de caña de azúcar y alrededor de 36.000 ha de cítricos, a lo que deben sumarse las tierras utilizadas de poroto, tabaco, papa, frutilla y demás hortalizas que se cultivan.
Esto da una idea del alto volumen de agroquímicos utilizados durante el año, por lo que es fundamental que los responsables del uso y manipuleo de estos productos lo realicen como corresponde.
Es por ello necesario verificar las condiciones climáticas reinantes, las que deben ser las correctas para evitar accidentes, como así también el perfecto funcionamiento de las pulverizadoras, para colocar el líquido asperjado en el lugar justo y en el momento preciso, y tener el correcto asesoramiento técnico para evitar daños mayores y posibles causas judiciales por daños y perjuicios.
Las aplicaciones de productos fitosanitarios como insecticidas, herbicidas, funguicidas y fertilizantes deben ser transportados, depositados, manejados, aplicados y desechar de manera correctas los residuos, para evitar daños a cultivos vecinos y al medio ambiente circundante.
Los agroquímicos no son inocuos para la salud humana ni para el ambiente, aunque su peligrosidad varía según su grado de toxicidad y su formulación. El riesgo asociado a ellos depende de las dosis utilizadas, las condiciones climáticas, el tipo de producto, el modo de aplicación y del tipo y grado de exposición. Por lo tanto, su uso responsable es indispensable para prevenir los posibles daños derivados.
La legislación aplicable vigente debe ser estrictamente cumplida por todos los sujetos en el nivel que corresponda, incluyendo aquellos responsables de su fiscalización y control. Todas las personas involucradas en el manejo y aplicación de agroquímicos, a lo largo de su ciclo de vida, deben cumplir lo dispuesto por la legislación actual.
Adecuaciones
Sólo el uso apropiado de estos productos y el adecuado y oportuno asesoramiento técnico, hará que podamos controlar convenientemente malezas, insectos, enfermedades y/o cualquier organismo nocivo que afecte a nuestros cultivos, y que no seamos responsables directos de los daños que podamos originar al medio ambiente que nos rodea y evitar represalias y sanciones.
Desde hace unos días, cuatro diputados nacionales presentaron un proyecto de ley para impedir las aplicaciones aéreas de agroquímicos en todo el territorio nacional y, en el caso de aplicaciones terrestres, que las mismas se realicen a más de 1.000 metros de límites de zonas urbanas y periurbanas.
Entre los fundamentos, los autores sostienen que el actual modelo productivo agrario, sustentado en la reproducción agro-industrial de granos de generación biotecnológica o transgénicos u organismos genéticamente manipulados (OGM), conlleva la utilización de cantidades crecientes de plaguicidas (herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc.), que estarían afectando seriamente la salud de la población que convive con estos cultivos.
Dentro del texto del proyecto, que difundió la Fundación Barbechando, y que fue girado a las Comisiones de Agricultura y Ganadería; Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Legislación Penal, se encuentran algunos artículos en el cual se prohibiría en todo el territorio nacional las pulverizaciones aéreas de plaguicidas, agrotóxicos o biocidas químicos o biológicos, con destino al uso agropecuario en el control de insectos, ácaros, hongos o plantas silvestres, de interés agrícola y/o forestal, cualquiera sea el producto activo o formulado, así como su dosis, además de prohibir la aplicación terrestre, dentro de un radio de 1.000 metros a partir del límite de las plantas urbanas y periurbanas.
Toman como ejemplos los casos de Barrio Ituzaingó Anexo, en la periferia de la Ciudad de Córdoba, de San Nicolás, Trenque Lauquen o Bayauca (Provincia de Buenos Aires, o en los cinco pueblos del sur de Santa Fe que tienen el común denominador de altas tasas de enfermedades oncológicas y malformaciones congénitas, en lugares que son pulverizados con agroquímicos, y afirman que las aplicaciones con aviones o helicópteros han demostrado que producen una "deriva" de los venenos que se esparcen de manera incontrolable.
Es realmente preocupante que siga habiendo derivas de productos y que, a raíz de esto, se busque prohibir aplicaciones en su totalidad, como las aéreas, por aplicaciones mal realizadas.
Legislación vigente
De una buena vez por todas debemos encuadrarnos dentro de lo que la ley estipula y cumplir con las recomendaciones de aplicación dadas por instituciones como la Eeaoc, el INTA y la Dirección de Agricultura de Tucumán, que están en permanente contacto con el productor. Además, se cuenta con la Ley de Agroquímicos 6.291/91 y su Decreto Reglamentario 299/3. Es la herramienta que se tiene para regular todas las acciones relacionadas a los agroquímicos, a fin de asegurar su correcta utilización con el fin de proteger la salud humana, animal y vegetal, y evitar que promulguen leyes que, en definitiva, afecten la producción por incumplimiento de las actuales.
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Fecha de Publicación: 26/10/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Algunas lluvias recién están dándose en la zona granaría de Tucumán, y los productores y aplicadores ya están en los preparativos previos a las aplicaciones, y en algunos casos ya las están realizando en forma terrestre o aérea, por lo que deberán tomar todos los recaudos necesarios para evitar accidentes por deriva o la mala aplicación, con los resultados negativos en el control de las malezas que esto conlleva.En nuestra provincia se sembraron en los últimos años alrededor de 230.000 hectáreas (ha) de soja, 45.000 ha de maíz, tiene plantadas unas 240.000 ha de caña de azúcar y alrededor de 36.000 ha de cítricos, a lo que deben sumarse las tierras utilizadas de poroto, tabaco, papa, frutilla y demás hortalizas que se cultivan.
Esto da una idea del alto volumen de agroquímicos utilizados durante el año, por lo que es fundamental que los responsables del uso y manipuleo de estos productos lo realicen como corresponde.
Es por ello necesario verificar las condiciones climáticas reinantes, las que deben ser las correctas para evitar accidentes, como así también el perfecto funcionamiento de las pulverizadoras, para colocar el líquido asperjado en el lugar justo y en el momento preciso, y tener el correcto asesoramiento técnico para evitar daños mayores y posibles causas judiciales por daños y perjuicios.
Las aplicaciones de productos fitosanitarios como insecticidas, herbicidas, funguicidas y fertilizantes deben ser transportados, depositados, manejados, aplicados y desechar de manera correctas los residuos, para evitar daños a cultivos vecinos y al medio ambiente circundante.
Los agroquímicos no son inocuos para la salud humana ni para el ambiente, aunque su peligrosidad varía según su grado de toxicidad y su formulación. El riesgo asociado a ellos depende de las dosis utilizadas, las condiciones climáticas, el tipo de producto, el modo de aplicación y del tipo y grado de exposición. Por lo tanto, su uso responsable es indispensable para prevenir los posibles daños derivados.
La legislación aplicable vigente debe ser estrictamente cumplida por todos los sujetos en el nivel que corresponda, incluyendo aquellos responsables de su fiscalización y control. Todas las personas involucradas en el manejo y aplicación de agroquímicos, a lo largo de su ciclo de vida, deben cumplir lo dispuesto por la legislación actual.
Adecuaciones
Sólo el uso apropiado de estos productos y el adecuado y oportuno asesoramiento técnico, hará que podamos controlar convenientemente malezas, insectos, enfermedades y/o cualquier organismo nocivo que afecte a nuestros cultivos, y que no seamos responsables directos de los daños que podamos originar al medio ambiente que nos rodea y evitar represalias y sanciones.
Desde hace unos días, cuatro diputados nacionales presentaron un proyecto de ley para impedir las aplicaciones aéreas de agroquímicos en todo el territorio nacional y, en el caso de aplicaciones terrestres, que las mismas se realicen a más de 1.000 metros de límites de zonas urbanas y periurbanas.
Entre los fundamentos, los autores sostienen que el actual modelo productivo agrario, sustentado en la reproducción agro-industrial de granos de generación biotecnológica o transgénicos u organismos genéticamente manipulados (OGM), conlleva la utilización de cantidades crecientes de plaguicidas (herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc.), que estarían afectando seriamente la salud de la población que convive con estos cultivos.
Dentro del texto del proyecto, que difundió la Fundación Barbechando, y que fue girado a las Comisiones de Agricultura y Ganadería; Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Legislación Penal, se encuentran algunos artículos en el cual se prohibiría en todo el territorio nacional las pulverizaciones aéreas de plaguicidas, agrotóxicos o biocidas químicos o biológicos, con destino al uso agropecuario en el control de insectos, ácaros, hongos o plantas silvestres, de interés agrícola y/o forestal, cualquiera sea el producto activo o formulado, así como su dosis, además de prohibir la aplicación terrestre, dentro de un radio de 1.000 metros a partir del límite de las plantas urbanas y periurbanas.
Toman como ejemplos los casos de Barrio Ituzaingó Anexo, en la periferia de la Ciudad de Córdoba, de San Nicolás, Trenque Lauquen o Bayauca (Provincia de Buenos Aires, o en los cinco pueblos del sur de Santa Fe que tienen el común denominador de altas tasas de enfermedades oncológicas y malformaciones congénitas, en lugares que son pulverizados con agroquímicos, y afirman que las aplicaciones con aviones o helicópteros han demostrado que producen una "deriva" de los venenos que se esparcen de manera incontrolable.
Es realmente preocupante que siga habiendo derivas de productos y que, a raíz de esto, se busque prohibir aplicaciones en su totalidad, como las aéreas, por aplicaciones mal realizadas.
Legislación vigente
De una buena vez por todas debemos encuadrarnos dentro de lo que la ley estipula y cumplir con las recomendaciones de aplicación dadas por instituciones como la Eeaoc, el INTA y la Dirección de Agricultura de Tucumán, que están en permanente contacto con el productor. Además, se cuenta con la Ley de Agroquímicos 6.291/91 y su Decreto Reglamentario 299/3. Es la herramienta que se tiene para regular todas las acciones relacionadas a los agroquímicos, a fin de asegurar su correcta utilización con el fin de proteger la salud humana, animal y vegetal, y evitar que promulguen leyes que, en definitiva, afecten la producción por incumplimiento de las actuales.
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Soja: contaminación, usurpación, represión y muertes
Soja: contaminación, usurpación, represión y muertes
Fecha de Publicación: 26/10/2012
Fuente: RadioProvincia
Provincia/Región: Santiago del Estero
Radio Provincia elaboró un informe sobre los violentos desalojos que sufren campesinos e indígenas por parte de sojeros con aval político y judicial.
Radio Provincia realizó un informe especial sobre la situación que atraviesan campesinos y comunidades originarias, víctimas de la represión de grupos empresarios que quieren expandir el negocio sojero. Estos sectores de fuerte poder económico cuentan con aval político y judicial y, para apoderarse de tierras ocupadas ancestralmente, no dudan en asesinar a sus pobladores.
La última víctima fue Miguel Galván. Se trata de un campesino de 40 años que fue asesinado por un “sicario”. El crimen sucedió en el paraje El Simbol, en Santiago del Estero, al límite con Salta. El presunto autor del crimen, Paulino Patrón, está prófugo pero, mientras tanto, la empresa que ocupó el territorio de la familia Galván, sigue alambrando los campos.
Este hecho se produjo a poco de cumplirse un año de la muerte de Cristian Ferreyra, un militante del MOCASE. Antes, corrieron la misma suerte Sandra Juárez, Javier Chocobar y Roberto López.
Organizaciones de todo el país exigen que el Congreso debata la llamada “Ley Cristian Ferreyra”, que tiene como objetivo frenar los desalojos rurales y la violencia ejercida por empresarios terratenientes, hacia los campesinos e indígenas que defienden sus territorios.
Brindaron su testimonio para el informe el periodista Darío Aranda; el Secretario de Tierras del Mocase Paulo Aranda; y Deolinda Carrizo, integrante del MOCASE y protagonismo en las audiencias que se realizaron en el Congreso para debatir el proyecto de ley.
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Fecha de Publicación: 26/10/2012
Fuente: RadioProvincia
Provincia/Región: Santiago del Estero
Radio Provincia elaboró un informe sobre los violentos desalojos que sufren campesinos e indígenas por parte de sojeros con aval político y judicial. Radio Provincia realizó un informe especial sobre la situación que atraviesan campesinos y comunidades originarias, víctimas de la represión de grupos empresarios que quieren expandir el negocio sojero. Estos sectores de fuerte poder económico cuentan con aval político y judicial y, para apoderarse de tierras ocupadas ancestralmente, no dudan en asesinar a sus pobladores.
La última víctima fue Miguel Galván. Se trata de un campesino de 40 años que fue asesinado por un “sicario”. El crimen sucedió en el paraje El Simbol, en Santiago del Estero, al límite con Salta. El presunto autor del crimen, Paulino Patrón, está prófugo pero, mientras tanto, la empresa que ocupó el territorio de la familia Galván, sigue alambrando los campos.
Este hecho se produjo a poco de cumplirse un año de la muerte de Cristian Ferreyra, un militante del MOCASE. Antes, corrieron la misma suerte Sandra Juárez, Javier Chocobar y Roberto López.
Organizaciones de todo el país exigen que el Congreso debata la llamada “Ley Cristian Ferreyra”, que tiene como objetivo frenar los desalojos rurales y la violencia ejercida por empresarios terratenientes, hacia los campesinos e indígenas que defienden sus territorios.
Brindaron su testimonio para el informe el periodista Darío Aranda; el Secretario de Tierras del Mocase Paulo Aranda; y Deolinda Carrizo, integrante del MOCASE y protagonismo en las audiencias que se realizaron en el Congreso para debatir el proyecto de ley.
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Riachuelo: audiencia ante la CSJ por contrataciones
Riachuelo: la Corte analiza contrataciones realizadas por AySA
Fecha de Publicación: 26/10/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Las dudas alcanzan a firmas ligadas entre sí y con familiares del juez de la causa
La nueva audiencia ante la Corte por el saneamiento del Riachuelo fue dominada por las sospechas sobre contrataciones para obras hidráulicas en la cuenca que involucran a cinco empresas vinculadas entre sí.
El detalle de las compañías y las obras fue entregado al máximo tribunal del país por la Auditoría General de la Nación (AGN), luego de que en una publicación realizada por el matutino Página/12 se asegurara que esas empresas están vinculadas a otra integrada por familiares del juez federal de Quilmes, Luis Armella, encargado de la ejecución del fallo de la Corte por el saneamiento.
Los ministros del tribunal pidieron ayer explicaciones a uno de los organismos involucrados en el plan de recuperación de la cuenca: Agua y Saneamiento Sociedad Anónima (AySA). Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton le pidieron al presidente de la empresa estatal, Carlos Ben, detalles sobre los tipos de contrataciones que realizan. "Me queda poco claro cómo se rinden las cuentas", le dijo Highton.
Ben indicó: "La mayoría de las inversiones de AySA provienen de fondos propios. Los fondos de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo [Acumar] que aún no se ejecutaron se usan para dos obras: la planta depuradora Fiorito y la planta de tratamiento de Acuba, en Lanús".
Según Ben, AySA tiene controles internos y externos encargados de brindar los detalles de esas cuentas, que en "forma bimestral envían a Acumar". Pero los magistrados quisieron tener más precisiones y le preguntaron por las obras que tiene la compañía M&T SA, que ascienden a un monto de $ 123,4 millones de pesos. El informe de la AGN también menciona contrataciones directas a esa empresa por el alquiler de maquinaria vial por $2,7 millones.
Las dudas sobre estos contratos surgieron cuando la AGN cruzó los datos de M&T SA con las empresas Tierras Provinciales SA; Vial Rogo SA y Gildin SA, cuyas composiciones accionarias comparten al menos un socio. Algunos miembros de estas sociedades forman parte de San Martín 264 Bernal SA, entre cuyos socios figuran la esposa de Armella, Marina Laura Groba Martini; su suegro, Francisco Alberto Groba, y el tío de su mujer, Aníbal Carlos Nietzel.
"Tenemos un caso en que se da una compulsa de precios entre estas empresas para una obra que asciende a 58 millones de pesos -dijo Maqueda y preguntó-¿No se verificó la composición accionaria de los oferentes?" Ben indicó que no se había advertido ninguna anomalía en aquella compulsa y que AySA no tenía ningún otro contrato (sobre la cuenca) que no fuera con M&T SA.
En su presentación ante la Corte, Armella indicó que la empresa de su familia política es un fideicomiso conformado sólo para la construcción de un edificio en un terreno que tienen en Bernal desde hace años.
Lorenzetti, por su parte, quiso saber por qué se utilizó la contratación directa de estas empresas y le preguntó si eso obedecía a alguna resolución del juez de Quilmes. "No fue a pedido del juez de la causa sino que fue por la demora que existía en la obra", de la planta de El Jagüel, respondió el presidente de AySA. Ben también dijo que la obra millonaria cuestionada en el informe -la de la planta depuradora de Quilmes- no está dentro de la cuenca.
Pero las autoridades de la AGN sostuvieron que hay una contradicción en lo dicho por Ben, ya que, en el informe presentado a la Corte, y siempre según la documentación enviada por AySA, se argumentaba que las contrataciones directas se hacían para cumplir con los fallos del juez. El presidente de la AGN, Leandro Despouy, indicó: "Esto demuestra que se manejan fondos millonarios y que no hay ningún control".
Según el informe del organismo de control, esta operatoria se repite en obras contratadas por la Coordinación Ecológica Sociedad del Estado (Ceamse).
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Las pruebas que complican al juez de la causa Riachuelo por corrupción
Fecha de Publicación: 26/10/2012
Fuente: INFOnews
Provincia/Región: Riachuelo
En exclusiva, INFOnews accedió a una investigación de la AGN presentada a la Corte Suprema que demuestra que familiares y allegados al magistrado Luis Armella, encargado de seguir el saneamiento de la cuenca, fueron favorecidos para participar de contrataciones millonarias.
Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) da cuenta de cómo el juez federal de Quilmes, Luis Antonio Armella, encargado de seguir la limpieza del Riachuelo, favorecía a familiares y allegados suyos contratándolos por cifras millonarias para las tareas necesarias en el saneamiento.
El caso se conoció el 26 de agosto cuando el periodista Horacio Verbitsky publicó una nota al respecto que generó un pedido de la Corte Suprema de Justicia a la AGN para que investigara los hechos.
Del informe oficial, al que accedió INFOnews, surge que la empresa fantasma "San Martín 264 Bernal SA", entre cuyos socios figuran la esposa del magistrado, Marina Laura Groba Martini, su suegro Francisco Alberto Groba y el tío de su mujer Aníbal Carlos Nietzel, está vinculada a otras 5 compañías que realizan tareas de limpieza de la cuenca.
Para cumplir con el plan integral de saneamiento ambiental, elaborado por la Autoridad de la Cuenca Riachuelo-Matanza (Acumar), la Corte Suprema designó a Armella.
Entre sus funciones, el magistrado tiene la potestad de intimar al Acumar bajo apercibimiento de graves sanciones a realizar diversos proyectos en plazos perentorios. Invocando estas resoluciones, la entidad elude la licitación y las obras son realizadas por las empresas próximas al juez, quien además impugna otras compañías interesadas.
Las obras realizadas o a realizar por este grupo de empresas vinculadas a "San Martín 264 Bernal SA" -Giildin SA; Vial Rogo Constructora SA; Tierras Provinciales SA; Compañía Constructra M&T SA y Kartonsec SA- ascienden a alrededor de 250 millones de pesos.
En el informe de la AGN presentado a la Corte se detalla que "las empresas bajo análisis se encuentran vinculadas ya sea por la composición de sus órganos, la alternancia de sus socios o por la coincidencia de domicilios".
La investigación es contundente y da cuenta de que "integrantes de las seis sociedades se repiten en forma alternada en alguna de las otras, en diferentes funciones de sus órganos directivos, de administración, representación y/o fiscalización".
En total, involucrados en las seis empresas, son tres grupos familiares; la mayoría oriundos de Ranelagh, barrio residencial de Berazategui.
Asimismo, el estudio de la AGN demuestra que "las empresas Tierras Provinciales S.A; Vial Rogo S.A, Gildin S.A. y Compañía Constructora M&T S.A.: fueron instrumentadas por el mismo notario, Julio Víctor Blotta Ref Nro. 378 del Registro Notarial de La Plata".
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Fecha de Publicación: 26/10/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Las dudas alcanzan a firmas ligadas entre sí y con familiares del juez de la causaLa nueva audiencia ante la Corte por el saneamiento del Riachuelo fue dominada por las sospechas sobre contrataciones para obras hidráulicas en la cuenca que involucran a cinco empresas vinculadas entre sí.
El detalle de las compañías y las obras fue entregado al máximo tribunal del país por la Auditoría General de la Nación (AGN), luego de que en una publicación realizada por el matutino Página/12 se asegurara que esas empresas están vinculadas a otra integrada por familiares del juez federal de Quilmes, Luis Armella, encargado de la ejecución del fallo de la Corte por el saneamiento.
Los ministros del tribunal pidieron ayer explicaciones a uno de los organismos involucrados en el plan de recuperación de la cuenca: Agua y Saneamiento Sociedad Anónima (AySA). Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton le pidieron al presidente de la empresa estatal, Carlos Ben, detalles sobre los tipos de contrataciones que realizan. "Me queda poco claro cómo se rinden las cuentas", le dijo Highton.
Ben indicó: "La mayoría de las inversiones de AySA provienen de fondos propios. Los fondos de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo [Acumar] que aún no se ejecutaron se usan para dos obras: la planta depuradora Fiorito y la planta de tratamiento de Acuba, en Lanús".
Según Ben, AySA tiene controles internos y externos encargados de brindar los detalles de esas cuentas, que en "forma bimestral envían a Acumar". Pero los magistrados quisieron tener más precisiones y le preguntaron por las obras que tiene la compañía M&T SA, que ascienden a un monto de $ 123,4 millones de pesos. El informe de la AGN también menciona contrataciones directas a esa empresa por el alquiler de maquinaria vial por $2,7 millones.
Las dudas sobre estos contratos surgieron cuando la AGN cruzó los datos de M&T SA con las empresas Tierras Provinciales SA; Vial Rogo SA y Gildin SA, cuyas composiciones accionarias comparten al menos un socio. Algunos miembros de estas sociedades forman parte de San Martín 264 Bernal SA, entre cuyos socios figuran la esposa de Armella, Marina Laura Groba Martini; su suegro, Francisco Alberto Groba, y el tío de su mujer, Aníbal Carlos Nietzel.
"Tenemos un caso en que se da una compulsa de precios entre estas empresas para una obra que asciende a 58 millones de pesos -dijo Maqueda y preguntó-¿No se verificó la composición accionaria de los oferentes?" Ben indicó que no se había advertido ninguna anomalía en aquella compulsa y que AySA no tenía ningún otro contrato (sobre la cuenca) que no fuera con M&T SA.
En su presentación ante la Corte, Armella indicó que la empresa de su familia política es un fideicomiso conformado sólo para la construcción de un edificio en un terreno que tienen en Bernal desde hace años.
Lorenzetti, por su parte, quiso saber por qué se utilizó la contratación directa de estas empresas y le preguntó si eso obedecía a alguna resolución del juez de Quilmes. "No fue a pedido del juez de la causa sino que fue por la demora que existía en la obra", de la planta de El Jagüel, respondió el presidente de AySA. Ben también dijo que la obra millonaria cuestionada en el informe -la de la planta depuradora de Quilmes- no está dentro de la cuenca.
Pero las autoridades de la AGN sostuvieron que hay una contradicción en lo dicho por Ben, ya que, en el informe presentado a la Corte, y siempre según la documentación enviada por AySA, se argumentaba que las contrataciones directas se hacían para cumplir con los fallos del juez. El presidente de la AGN, Leandro Despouy, indicó: "Esto demuestra que se manejan fondos millonarios y que no hay ningún control".
Según el informe del organismo de control, esta operatoria se repite en obras contratadas por la Coordinación Ecológica Sociedad del Estado (Ceamse).
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Las pruebas que complican al juez de la causa Riachuelo por corrupción
Fecha de Publicación: 26/10/2012
Fuente: INFOnews
Provincia/Región: Riachuelo
En exclusiva, INFOnews accedió a una investigación de la AGN presentada a la Corte Suprema que demuestra que familiares y allegados al magistrado Luis Armella, encargado de seguir el saneamiento de la cuenca, fueron favorecidos para participar de contrataciones millonarias.
Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) da cuenta de cómo el juez federal de Quilmes, Luis Antonio Armella, encargado de seguir la limpieza del Riachuelo, favorecía a familiares y allegados suyos contratándolos por cifras millonarias para las tareas necesarias en el saneamiento.
El caso se conoció el 26 de agosto cuando el periodista Horacio Verbitsky publicó una nota al respecto que generó un pedido de la Corte Suprema de Justicia a la AGN para que investigara los hechos.
Del informe oficial, al que accedió INFOnews, surge que la empresa fantasma "San Martín 264 Bernal SA", entre cuyos socios figuran la esposa del magistrado, Marina Laura Groba Martini, su suegro Francisco Alberto Groba y el tío de su mujer Aníbal Carlos Nietzel, está vinculada a otras 5 compañías que realizan tareas de limpieza de la cuenca.
Para cumplir con el plan integral de saneamiento ambiental, elaborado por la Autoridad de la Cuenca Riachuelo-Matanza (Acumar), la Corte Suprema designó a Armella.
Entre sus funciones, el magistrado tiene la potestad de intimar al Acumar bajo apercibimiento de graves sanciones a realizar diversos proyectos en plazos perentorios. Invocando estas resoluciones, la entidad elude la licitación y las obras son realizadas por las empresas próximas al juez, quien además impugna otras compañías interesadas.
Las obras realizadas o a realizar por este grupo de empresas vinculadas a "San Martín 264 Bernal SA" -Giildin SA; Vial Rogo Constructora SA; Tierras Provinciales SA; Compañía Constructra M&T SA y Kartonsec SA- ascienden a alrededor de 250 millones de pesos.
En el informe de la AGN presentado a la Corte se detalla que "las empresas bajo análisis se encuentran vinculadas ya sea por la composición de sus órganos, la alternancia de sus socios o por la coincidencia de domicilios".
La investigación es contundente y da cuenta de que "integrantes de las seis sociedades se repiten en forma alternada en alguna de las otras, en diferentes funciones de sus órganos directivos, de administración, representación y/o fiscalización".
En total, involucrados en las seis empresas, son tres grupos familiares; la mayoría oriundos de Ranelagh, barrio residencial de Berazategui.
Asimismo, el estudio de la AGN demuestra que "las empresas Tierras Provinciales S.A; Vial Rogo S.A, Gildin S.A. y Compañía Constructora M&T S.A.: fueron instrumentadas por el mismo notario, Julio Víctor Blotta Ref Nro. 378 del Registro Notarial de La Plata".
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Santa Fe: investigarán el cáncer y ambiente rural
Investigarán en Santa Fe la relación entre cáncer y ambiente
Fecha de Publicación: 25/10/2012
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El Programa de Medio Ambiente y Salud que depende de la Universidad de Rosario evaluará el riesgo en habitantes de poblaciones rurales santafesinas.
En el seno de la Universidad Nacional de Rosario se creó un programa destinado a la investigación y formación en medio ambiente y salud que a sólo siete meses de iniciado se propone investigar el riesgo de cáncer causado por contaminantes ambientales en el territorio santafesino. Por primera vez se lanza una iniciativa de estas características que conjuga la rigurosidad de lo académico con el compromiso estatal para hacer visible una problemática que cada vez más es motivo de preocupación de las comunidades rurales de la provincia.
El director del Promas (Programa de Medio Ambiente y Salud) es el doctor Alejandro Oliva, un médico andrólogo especializado en fertilidad masculina que desde hace años y con investigaciones que lo avalan en Argentina y en Francia, concluyó que los hombres que trabajan en establecimientos avícolas de la zona de Entre Ríos tenían disminuida su capacidad reproductiva.
"La vida en el campo ya no es lo que era antes", dispara Oliva a La Capital, derribando uno de los mitos que garantizaban la calidad del aire y del suelo de la pampa húmeda santafesina. "Esto fue así antes de los '50. Hoy, con el crecimiento exponencial de las superficies sembradas, el uso de agroquímicos, el tendido de redes de alta tensión, las antenas de celulares y la cría intensiva de animales, la realidad es bien diferente y las comunidades rurales registran un alto porcentaje de cánceres y otras enfermedades neurodegenerativas", asegura.
El Promas fue creado a instancias de docentes de cuatro facultades (Claudio Stafolani y Mirta Fleitas, de Ciencias Médicas; Luis Krapf y Jorge Ronco, Ingeniería Eléctrica; Claudia Nigro y Juan José Noste, Veterinaria, e Ivana Barbona, Estadística). Los ejes del programa se enfocan a la docencia y la investigación, con un enfoque transdisciplinario que incluya la formación de grado y posgrado. "Enfatizamos la formación de profesionales porque es un tema del que todo el mundo habla pero nadie tiene idea dónde estamos paramos", afirma Oliva.
El programa desarrollará cuatro proyectos de investigación tomando como referencia la incidencia de cáncer en la población. A partir de esta premisa apunta a la caracterización del riesgo, la localización, la mortalidad y morbimortalidad y la gestión comunitaria del contaminante. "Tres de los proyectos son de investigación pura y analizarán qué rol juega la agroindustria sobre el crecimiento de los casos de cáncer, mientras que el cuarto apunta a la intervención y gestión del riesgo", explica Oliva.
Para el análisis utilizarán la información disponible en cuanto a mortalidad de cáncer en las comunidades discriminados por provincia, crecimiento de la superficie sembrada, cuál es el volumen de consumo de agroquímicos en la provincia y cómo se los combina, localización de las redes de alta tensión y de las antenas de telefonía celular, entre otros datos. "Santa Fe se ha desarrollado en términos de alta tensión y existen evidencias de la relación entre los campos electromagnéticos, los cánceres hematopoyéticos (leucemias, linfomas) y daños neurológicos en los chicos", asegura el médico.
"Contamos con datos estadísticos sobre mortalidad de cáncer a partir de los '80, cómo se fue modificando la información desde el '95 hasta el 2010 con el ingreso de la soja transgénica. Los cánceres más frecuentes contabilizados por las estadísticas dan cuenta de un alto porcentaje de linfomas y leucemias, y de los hormonodependientes (próstata, tiroides)", asegura el médico.
En cuanto al uso de agroquímicos, Oliva asegura que el mayor riesgo de contaminación proviene de la combinación del glifosato con detergentes y otras sustancias. "Cuando la compañía que lo elabora afirma que es inocuo tiene razón, lo que no dice es que el riesgo aparece cuando se lo combina", subraya.
Derivado del proyecto anterior el Promas relacionará los casos de cáncer con el desarrollo de la ruralidad en Santa Fe. "La explotación organizada del campo comenzó entre los '50 y '60, que es cuando se industrializa el cultivo casero y se multiplican exponencialmente las superficies sembradas", asegura. "Con esta investigación reconstruiremos epidemiológicamente qué pasó en la población del '60 al '80 con el surgimiento de los herbicidas clorados; del '80 al '95 cuando entraron los fosforados y del 2008 al 2010 con el ingreso del glifosato y sus acompañantes.
Los investigadores junto con médicos y miembros de las comunidades santafesinas evaluarán también cómo impactan los riesgos ambientales en la infertilidad futura, a partir del estudio de los recién nacidos varones y de sus padres. Al respecto Oliva cita una investigación noruega donde se analizaron los cordones umbilicales de niñas nacidas en ambientes rurales y se halló una disminución de la capacidad reproductiva comparada con las que nacían en medios urbanos.
Comunicación de riesgo
En el marco de las actividades de docencia, el Programa de Medio Ambiente y Salud (Promas) junto con el Centro de Estudios Interdisciplinarios se propone la inserción de la comunicación de riesgo a través de seminarios de formación para graduados, con perspectiva transdisciplinaria y aplicabilidad comunitaria.
¿Qué es la comunicación de riesgo? Sandra Massoni, docente de posgrado y directora de la maestría en comunicación estratégica de la Universidad de Rosario, la define como el proceso mediante el cual la comunidad es informada acerca de los riesgos ambientales para la salud a los que está expuesta y la forma de reducirlos.
"Es un concepto nuevo en el mundo, más aún en Argentina. Tradicionalmente lo que se suele hacer es la comunicación de campaña frente a un desastre natural, una epidemia o emergencia sanitaria, donde sólo se aborda la dimensión informativa como si de esa forma fuera posible superar la emergencia y lograr conductas esperables en los destinatarios", explica.
"Con los años se vieron las limitaciones de este abordaje y se comenzó a ampliar la mirada trabajando lo comunicacional desde distintas dimensiones y no sólo como la simple transferencia de información", prosigue la investigadora y como ejemplo menciona las campañas de prevención del sida o el cáncer.
"El principal desafío de estos tiempos es salirse de esa idea de la comunicación sólo como transferencia. Lo importante no es el dato que se emite sino en qué proceso comunicacional están los actores porque puede ocurrir que no tengan absolutamente ninguna motivación sobre esa problemática, lo que anula el efecto que pretende la comunicación".
Sinergia
"Los pobladores están muy preocupados, ellos conviven con la gente que se muere de cáncer, con problemas de infertilidad o malformaciones", asegura el director del Promas, Alejandro Oliva. Uno de los conceptos que se agregan al análisis de los efectos de los contaminantes sobre la salud es la sinergia que se registra en esta zona del país. "Además de los agregados de moléculas prohibidas en el mundo esto se da sobre un acuífero que contiene concentraciones altas de arsénico, de alto poder cancerígeno, y nitratos provenientes de la actividad de los feed-lots, que concentran orina de origen animal a nivel de las napas para consumo humano", afirma.
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Fecha de Publicación: 25/10/2012
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El Programa de Medio Ambiente y Salud que depende de la Universidad de Rosario evaluará el riesgo en habitantes de poblaciones rurales santafesinas.
En el seno de la Universidad Nacional de Rosario se creó un programa destinado a la investigación y formación en medio ambiente y salud que a sólo siete meses de iniciado se propone investigar el riesgo de cáncer causado por contaminantes ambientales en el territorio santafesino. Por primera vez se lanza una iniciativa de estas características que conjuga la rigurosidad de lo académico con el compromiso estatal para hacer visible una problemática que cada vez más es motivo de preocupación de las comunidades rurales de la provincia.
El director del Promas (Programa de Medio Ambiente y Salud) es el doctor Alejandro Oliva, un médico andrólogo especializado en fertilidad masculina que desde hace años y con investigaciones que lo avalan en Argentina y en Francia, concluyó que los hombres que trabajan en establecimientos avícolas de la zona de Entre Ríos tenían disminuida su capacidad reproductiva.
"La vida en el campo ya no es lo que era antes", dispara Oliva a La Capital, derribando uno de los mitos que garantizaban la calidad del aire y del suelo de la pampa húmeda santafesina. "Esto fue así antes de los '50. Hoy, con el crecimiento exponencial de las superficies sembradas, el uso de agroquímicos, el tendido de redes de alta tensión, las antenas de celulares y la cría intensiva de animales, la realidad es bien diferente y las comunidades rurales registran un alto porcentaje de cánceres y otras enfermedades neurodegenerativas", asegura.
El Promas fue creado a instancias de docentes de cuatro facultades (Claudio Stafolani y Mirta Fleitas, de Ciencias Médicas; Luis Krapf y Jorge Ronco, Ingeniería Eléctrica; Claudia Nigro y Juan José Noste, Veterinaria, e Ivana Barbona, Estadística). Los ejes del programa se enfocan a la docencia y la investigación, con un enfoque transdisciplinario que incluya la formación de grado y posgrado. "Enfatizamos la formación de profesionales porque es un tema del que todo el mundo habla pero nadie tiene idea dónde estamos paramos", afirma Oliva.
El programa desarrollará cuatro proyectos de investigación tomando como referencia la incidencia de cáncer en la población. A partir de esta premisa apunta a la caracterización del riesgo, la localización, la mortalidad y morbimortalidad y la gestión comunitaria del contaminante. "Tres de los proyectos son de investigación pura y analizarán qué rol juega la agroindustria sobre el crecimiento de los casos de cáncer, mientras que el cuarto apunta a la intervención y gestión del riesgo", explica Oliva.
Para el análisis utilizarán la información disponible en cuanto a mortalidad de cáncer en las comunidades discriminados por provincia, crecimiento de la superficie sembrada, cuál es el volumen de consumo de agroquímicos en la provincia y cómo se los combina, localización de las redes de alta tensión y de las antenas de telefonía celular, entre otros datos. "Santa Fe se ha desarrollado en términos de alta tensión y existen evidencias de la relación entre los campos electromagnéticos, los cánceres hematopoyéticos (leucemias, linfomas) y daños neurológicos en los chicos", asegura el médico.
"Contamos con datos estadísticos sobre mortalidad de cáncer a partir de los '80, cómo se fue modificando la información desde el '95 hasta el 2010 con el ingreso de la soja transgénica. Los cánceres más frecuentes contabilizados por las estadísticas dan cuenta de un alto porcentaje de linfomas y leucemias, y de los hormonodependientes (próstata, tiroides)", asegura el médico.
En cuanto al uso de agroquímicos, Oliva asegura que el mayor riesgo de contaminación proviene de la combinación del glifosato con detergentes y otras sustancias. "Cuando la compañía que lo elabora afirma que es inocuo tiene razón, lo que no dice es que el riesgo aparece cuando se lo combina", subraya.
Derivado del proyecto anterior el Promas relacionará los casos de cáncer con el desarrollo de la ruralidad en Santa Fe. "La explotación organizada del campo comenzó entre los '50 y '60, que es cuando se industrializa el cultivo casero y se multiplican exponencialmente las superficies sembradas", asegura. "Con esta investigación reconstruiremos epidemiológicamente qué pasó en la población del '60 al '80 con el surgimiento de los herbicidas clorados; del '80 al '95 cuando entraron los fosforados y del 2008 al 2010 con el ingreso del glifosato y sus acompañantes.
Los investigadores junto con médicos y miembros de las comunidades santafesinas evaluarán también cómo impactan los riesgos ambientales en la infertilidad futura, a partir del estudio de los recién nacidos varones y de sus padres. Al respecto Oliva cita una investigación noruega donde se analizaron los cordones umbilicales de niñas nacidas en ambientes rurales y se halló una disminución de la capacidad reproductiva comparada con las que nacían en medios urbanos.
Comunicación de riesgo
En el marco de las actividades de docencia, el Programa de Medio Ambiente y Salud (Promas) junto con el Centro de Estudios Interdisciplinarios se propone la inserción de la comunicación de riesgo a través de seminarios de formación para graduados, con perspectiva transdisciplinaria y aplicabilidad comunitaria.
¿Qué es la comunicación de riesgo? Sandra Massoni, docente de posgrado y directora de la maestría en comunicación estratégica de la Universidad de Rosario, la define como el proceso mediante el cual la comunidad es informada acerca de los riesgos ambientales para la salud a los que está expuesta y la forma de reducirlos.
"Es un concepto nuevo en el mundo, más aún en Argentina. Tradicionalmente lo que se suele hacer es la comunicación de campaña frente a un desastre natural, una epidemia o emergencia sanitaria, donde sólo se aborda la dimensión informativa como si de esa forma fuera posible superar la emergencia y lograr conductas esperables en los destinatarios", explica.
"Con los años se vieron las limitaciones de este abordaje y se comenzó a ampliar la mirada trabajando lo comunicacional desde distintas dimensiones y no sólo como la simple transferencia de información", prosigue la investigadora y como ejemplo menciona las campañas de prevención del sida o el cáncer.
"El principal desafío de estos tiempos es salirse de esa idea de la comunicación sólo como transferencia. Lo importante no es el dato que se emite sino en qué proceso comunicacional están los actores porque puede ocurrir que no tengan absolutamente ninguna motivación sobre esa problemática, lo que anula el efecto que pretende la comunicación".
Sinergia
"Los pobladores están muy preocupados, ellos conviven con la gente que se muere de cáncer, con problemas de infertilidad o malformaciones", asegura el director del Promas, Alejandro Oliva. Uno de los conceptos que se agregan al análisis de los efectos de los contaminantes sobre la salud es la sinergia que se registra en esta zona del país. "Además de los agregados de moléculas prohibidas en el mundo esto se da sobre un acuífero que contiene concentraciones altas de arsénico, de alto poder cancerígeno, y nitratos provenientes de la actividad de los feed-lots, que concentran orina de origen animal a nivel de las napas para consumo humano", afirma.
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“La ley Monsanto” en debate
Semillas en debate
Fecha de Publicación: 25/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
“La ley Monsanto.” Es una de las formas en la que movimientos campesinos, pueblos indígenas y organizaciones sociales bautizaron al proyecto de ley de semillas que prepara el Ministerio de Agricultura. Según afirman las organizaciones, la medida, que sería tratada antes de fin de año en el Congreso, no dio participación a campesinos y pequeños productores, limita el “uso propio” (posibilidad de utilizar las semillas de la cosecha) y favorece a las corporaciones del agro. “El proyecto de ley pone en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales e implica la pérdida de los derechos de nuestro pueblo”, denuncia una declaración conjunta del Movimiento Agroecológico de Latinoamérica (Maela) y de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal).
“El proyecto de modificación de la ley está formulado a la medida de Monsanto. En el 2003 Monsanto anunció que discontinuaba su programa de mejoramiento de soja en el país ‘debido a la baja rentabilidad del negocio, que imposibilita mantener los niveles adecuados de investigación en Argentina’. Su reclamo específico era una nueva ley de semillas que le permitiera tener ‘seguridad jurídica’ en sus operaciones”, explicó Carlos Vicente, de la organización internacional Grain, que estudia el mercado de semillas y las corporaciones agrícolas.
El 21 de agosto pasado, el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, presentó la nueva soja (RR2) junto a los directivos de Monsanto. “Hay que respetar la propiedad intelectual”, reclamó ese mismo día el ministro y adelantó que el Gobierno estaba trabajando en una nueva ley de semillas, que contemple el cobro de regalías para quienes desarrollan las semillas transgénicas.
Ahora, las organizaciones campesinas y pequeños productores denuncian que no fueron convocados a debatir el proyecto que podría modificar su forma de producir alimentos. Solicitaron el proyecto al Ministerio de Agricultura y a la Comisión de Agricultura del Congreso, pero no lo obtuvieron. Recién un mes después, el proyecto fue filtrado a las organizaciones.
“Manifestamos nuestro rechazo al proyecto de ley de semillas. Manifestamos la necesidad de analizar, discutir y presentar un proyecto que de manera participativa satisfaga las necesidades de los productores”, reclamaron los dirigentes argentinos de Maela y Rapal en una carta abierta dirigida a la Presidenta y al ministro de Agricultura. En las críticas sobresale la definición que se hace de productor (artículo 1). “Es reduccionista. Es grave porque de esa definición luego se deriva quiénes serán sujetos de derecho para conservar sus propias semillas”, explica. También apunta al artículo 4, de creación de una comisión nacional de semillas con “escasa o nula” participación de la agricultura familiar.
Las organizaciones reivindican el derecho a guardar parte de la cosecha como semilla, para la próxima siembra, el llamado “uso propio” de la semilla. Según advierten, la decisión de las empresas de semillas, con Monsanto a la cabeza, es limitar el derecho histórico al “uso propio”, bajo el argumento de respetar la “propiedad intelectual”. Con el proyecto de ley, el uso propio pasa de ser un “derecho” a transformarse en una “excepción”.
“El proyecto ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior. Esta práctica es un derecho fundamental de los agricultores y agricultoras del mundo”, denuncian el Movimiento Campesino Indígena (MNCI), Grain y Amigos de la Tierra en un documento llamado “Diez motivos para luchar contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina”. Las organizaciones firmantes alertan que el proyecto de ley crea condiciones para “expandir la presencia de empresas semilleras transnacionales en el país” y reclaman que el debate sea abierto a todos los sectores de la sociedad.
La Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional del Comahue también cuestionó el proyecto de ley, propuso tomar como referencia la ley de Bolivia (considera la función social de la semilla) y solicitó “una indiscutible intervención del Estado que sostenga a las comunidades originarias y campesinas así como también a la ciudadanía toda en pos de proteger y alentar el libre intercambio de semillas. Es necesario imposibilitar la concentración, los derechos de la propiedad de las semillas y frenar el desarrollo del monocultivo en manos de multinacionales”.
La Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina (Compa), con presencia en 17 provincias, afirmó que el proyecto “atenta contra la diversidad y la producción de alimentos para el pueblo, ya que termina entregando su control a las corporaciones”. Lamenta que la “política agropecuaria priorice el agronegocios y la generación de retenciones por sobre la producción de alimentos santos para el pueblo”.
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Fecha de Publicación: 25/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
“La ley Monsanto.” Es una de las formas en la que movimientos campesinos, pueblos indígenas y organizaciones sociales bautizaron al proyecto de ley de semillas que prepara el Ministerio de Agricultura. Según afirman las organizaciones, la medida, que sería tratada antes de fin de año en el Congreso, no dio participación a campesinos y pequeños productores, limita el “uso propio” (posibilidad de utilizar las semillas de la cosecha) y favorece a las corporaciones del agro. “El proyecto de ley pone en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales e implica la pérdida de los derechos de nuestro pueblo”, denuncia una declaración conjunta del Movimiento Agroecológico de Latinoamérica (Maela) y de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal).“El proyecto de modificación de la ley está formulado a la medida de Monsanto. En el 2003 Monsanto anunció que discontinuaba su programa de mejoramiento de soja en el país ‘debido a la baja rentabilidad del negocio, que imposibilita mantener los niveles adecuados de investigación en Argentina’. Su reclamo específico era una nueva ley de semillas que le permitiera tener ‘seguridad jurídica’ en sus operaciones”, explicó Carlos Vicente, de la organización internacional Grain, que estudia el mercado de semillas y las corporaciones agrícolas.
El 21 de agosto pasado, el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, presentó la nueva soja (RR2) junto a los directivos de Monsanto. “Hay que respetar la propiedad intelectual”, reclamó ese mismo día el ministro y adelantó que el Gobierno estaba trabajando en una nueva ley de semillas, que contemple el cobro de regalías para quienes desarrollan las semillas transgénicas.
Ahora, las organizaciones campesinas y pequeños productores denuncian que no fueron convocados a debatir el proyecto que podría modificar su forma de producir alimentos. Solicitaron el proyecto al Ministerio de Agricultura y a la Comisión de Agricultura del Congreso, pero no lo obtuvieron. Recién un mes después, el proyecto fue filtrado a las organizaciones.
“Manifestamos nuestro rechazo al proyecto de ley de semillas. Manifestamos la necesidad de analizar, discutir y presentar un proyecto que de manera participativa satisfaga las necesidades de los productores”, reclamaron los dirigentes argentinos de Maela y Rapal en una carta abierta dirigida a la Presidenta y al ministro de Agricultura. En las críticas sobresale la definición que se hace de productor (artículo 1). “Es reduccionista. Es grave porque de esa definición luego se deriva quiénes serán sujetos de derecho para conservar sus propias semillas”, explica. También apunta al artículo 4, de creación de una comisión nacional de semillas con “escasa o nula” participación de la agricultura familiar.
Las organizaciones reivindican el derecho a guardar parte de la cosecha como semilla, para la próxima siembra, el llamado “uso propio” de la semilla. Según advierten, la decisión de las empresas de semillas, con Monsanto a la cabeza, es limitar el derecho histórico al “uso propio”, bajo el argumento de respetar la “propiedad intelectual”. Con el proyecto de ley, el uso propio pasa de ser un “derecho” a transformarse en una “excepción”.
“El proyecto ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior. Esta práctica es un derecho fundamental de los agricultores y agricultoras del mundo”, denuncian el Movimiento Campesino Indígena (MNCI), Grain y Amigos de la Tierra en un documento llamado “Diez motivos para luchar contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina”. Las organizaciones firmantes alertan que el proyecto de ley crea condiciones para “expandir la presencia de empresas semilleras transnacionales en el país” y reclaman que el debate sea abierto a todos los sectores de la sociedad.
La Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional del Comahue también cuestionó el proyecto de ley, propuso tomar como referencia la ley de Bolivia (considera la función social de la semilla) y solicitó “una indiscutible intervención del Estado que sostenga a las comunidades originarias y campesinas así como también a la ciudadanía toda en pos de proteger y alentar el libre intercambio de semillas. Es necesario imposibilitar la concentración, los derechos de la propiedad de las semillas y frenar el desarrollo del monocultivo en manos de multinacionales”.
La Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina (Compa), con presencia en 17 provincias, afirmó que el proyecto “atenta contra la diversidad y la producción de alimentos para el pueblo, ya que termina entregando su control a las corporaciones”. Lamenta que la “política agropecuaria priorice el agronegocios y la generación de retenciones por sobre la producción de alimentos santos para el pueblo”.
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Continuará hoy la causa Riachuelo
Causa Riachuelo: la Corte Suprema reanuda la audiencia pública
Fecha de Publicación: 25/10/2012
Fuente: Centro de Información Judicial
Provincia/Región: Riachuelo
Fue convocada a fin de evaluar el grado de avance en el cumplimiento del plan de saneamiento de la cuenca exigido por el Máximo Tribunal. Se retomará la audiencia que comenzara el pasado 11 de octubre. CIJ TV transmitirá en vivo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación reanudará este jueves, a partir de las 10, una audiencia pública convocada con el objeto de evaluar el grado de avance en el cumplimiento de los mandatos impuestos en la sentencia condenatoria dictada el 8 de julio de 2008, por la cual exigió el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo (fallo “Mendoza y otros”).
El Máximo Tribunal había dispuesto que la Autoridad de Cuenca (ACUMAR), el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora presenten una breve exposición sobre cada uno de los objetivos y resultados que integran el programa de ejecución obligatoria impuesto por el referido fallo.
También convocó a las empresas Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) y Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), para que informen sobre los actos ejecutados y las contrataciones realizadas por indicación de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
La Corte citó además al Defensor del Pueblo de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, quienes deberán informar sobre las dificultades que pudieran haber existido a la hora de realizar los controles encomendados en la sentencia y sus observaciones.
Cabe recordar que ya expusieron, el pasado 11 de octubre, Juan José Mussi (en representación de la ACUMAR), José Luis Enríquez (provincia de Buenos Aires) y Julio Marcelo Conte Grand (Ciudad de Buenos Aires).
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Fecha de Publicación: 25/10/2012
Fuente: Centro de Información Judicial
Provincia/Región: Riachuelo
Fue convocada a fin de evaluar el grado de avance en el cumplimiento del plan de saneamiento de la cuenca exigido por el Máximo Tribunal. Se retomará la audiencia que comenzara el pasado 11 de octubre. CIJ TV transmitirá en vivo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación reanudará este jueves, a partir de las 10, una audiencia pública convocada con el objeto de evaluar el grado de avance en el cumplimiento de los mandatos impuestos en la sentencia condenatoria dictada el 8 de julio de 2008, por la cual exigió el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo (fallo “Mendoza y otros”).
El Máximo Tribunal había dispuesto que la Autoridad de Cuenca (ACUMAR), el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora presenten una breve exposición sobre cada uno de los objetivos y resultados que integran el programa de ejecución obligatoria impuesto por el referido fallo.
También convocó a las empresas Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) y Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), para que informen sobre los actos ejecutados y las contrataciones realizadas por indicación de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
La Corte citó además al Defensor del Pueblo de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, quienes deberán informar sobre las dificultades que pudieran haber existido a la hora de realizar los controles encomendados en la sentencia y sus observaciones.
Cabe recordar que ya expusieron, el pasado 11 de octubre, Juan José Mussi (en representación de la ACUMAR), José Luis Enríquez (provincia de Buenos Aires) y Julio Marcelo Conte Grand (Ciudad de Buenos Aires).
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La UNT no debatió sobre los fondos mineros
El Consejo Superior no debatió sobre los fondos mineros
Fecha de Publicación: 24/10/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
El cuerpo sólo "tomó conocimiento" de los informes sobre los casi $ 560 millones que ingresaron a la UNT de YMAD.
El Consejo Superior esquivó debatir sobre los dineros que ingresaron a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), en concepto de utilidades de la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). Casi la totalidad del cuerpo adhirió el dictamen de mayoría de la comisión de Hacienda, que aconsejaba "tomar conocimiento" del contenido de los documentos.
La orden del día prenunciaba el tratamiento de los informes de gestión del ex representante de la UNT ante YMAD Rodolfo Campero y de uno de los actuales directores por la Casa de Juan B. Terán ante la firma estatal socia de Minera La Alumbrera, Florencio Aceñolaza; y de los últimos tres estados contables de YMAD. Pero casi no se habló de la cuestión dineraria.
De hecho, el único que hizo referencia a los fondos que ingresaron a la UNT en el período abarcado por los informes -8 de agosto de 2006 a 23 de marzo de este año- fue el presidente de la comisión de Hacienda, Miguel Carletti. Explicó que los casi $ 560 millones que, de acuerdo al informe de Campero, habían sido depositados en cuentas de la UNT por YMAD no habían ingresado en un mismo momento, sino por goteos anuales. "Se debe hacer un desglose, porque se cita una sola cifra; y en 2008, por ejemplo, sólo se transfirieron $ 36,8 millones; en 2009, $ 63,3 millones. Esto dista de ser la cifra global que se menciona", puntualizó. Y propuso votar por el dictamen: que el cuerpo tome conocimiento.
El informe de Aceñolaza -que contempla lo actuado por este entre julio de 2010 y marzo de este año- tuvo más debate, aunque no sobre cuestiones monetarias -el documento no habla de dinero-. La discusión se centró sobre el tema medioambiental. El consejero estudiantil Facundo Arias fundamentó su dictamen de minoría con cuestionamientos a la explotación minera a cielo abierto. "Según Aceñolaza, la megaminería no trae problemas; pero eso no se condice con la realidad", afirmó. Además, dijo que las mineras transnacionales tributan al país montos irrisorios: "sugiero que la UNT inicie un debate sobre los modelos de desarrollo; hoy son mayores los costos sociales, ambientales y económicos que los beneficios".
Carletti rechazó estos argumentos. "Hay falsedades ideológicas; las empresas tributan el 50% o más, entre impuesto a las Ganancias, regalías y otros gravámenes. Los sueldos son los más altos", manifestó. Arias no se quedó callado. "Habría que comenzar a medir ciertas acusaciones; sobre todo cuando algunos integrantes del cuerpo incurren en incompatibilidades entre su actividad privada y sus funciones en el Consejo. Eso es más tendencioso que las cuestiones ideológicas", dijo, en alusión a que el estudio contable de Carletti asesora, entre otras empresas mineras, a La Alumbrera. Carletti optó por no contestarle. "No era el tema; era algo contestatario del consejero (Arias), dijo a LA GACETA.
El cuerpo le cedió la palabra a Aceñolaza. "Estas cosas se rebaten con documentos científicos y técnicos, no con discursos, no con palabras. Se hacen controles mensuales; agua arriba, agua abajo del río Vis-vis (cercano a La Alumbrera). Los invito a leer el informe del prestigioso médico Daniel Stamboulian, que concluye que la media de casos de cáncer en la zona de minas es menor a la media provincial. Y la Universidad de San Martín hizo un estudio que arrojó que la minería soporta una carga impositiva del 54%", subrayó. Al final, los consejeros votaron por el dictamen de mayoría.
Además, al Consejo se movilizaron estudiantes de la filial de Aguilares de la Facultad de Artes. Expusieron sus reclamos -sobre cuestiones académicas, principalmente-, pero no se llevaron una respuesta que los satisficiera. El cuerpo decidió avalar lo actuado por la decana de Artes, Raquel Pastor, que se había comprometido, entre otros, a acelerar los concursos para las cátedras de la sede del sur. Los alumnos piden que las cátedras se cubran con docentes regulares, y que dejen de nombrarse interinos.
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Fecha de Publicación: 24/10/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
El cuerpo sólo "tomó conocimiento" de los informes sobre los casi $ 560 millones que ingresaron a la UNT de YMAD.El Consejo Superior esquivó debatir sobre los dineros que ingresaron a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), en concepto de utilidades de la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). Casi la totalidad del cuerpo adhirió el dictamen de mayoría de la comisión de Hacienda, que aconsejaba "tomar conocimiento" del contenido de los documentos.
La orden del día prenunciaba el tratamiento de los informes de gestión del ex representante de la UNT ante YMAD Rodolfo Campero y de uno de los actuales directores por la Casa de Juan B. Terán ante la firma estatal socia de Minera La Alumbrera, Florencio Aceñolaza; y de los últimos tres estados contables de YMAD. Pero casi no se habló de la cuestión dineraria.
De hecho, el único que hizo referencia a los fondos que ingresaron a la UNT en el período abarcado por los informes -8 de agosto de 2006 a 23 de marzo de este año- fue el presidente de la comisión de Hacienda, Miguel Carletti. Explicó que los casi $ 560 millones que, de acuerdo al informe de Campero, habían sido depositados en cuentas de la UNT por YMAD no habían ingresado en un mismo momento, sino por goteos anuales. "Se debe hacer un desglose, porque se cita una sola cifra; y en 2008, por ejemplo, sólo se transfirieron $ 36,8 millones; en 2009, $ 63,3 millones. Esto dista de ser la cifra global que se menciona", puntualizó. Y propuso votar por el dictamen: que el cuerpo tome conocimiento.
El informe de Aceñolaza -que contempla lo actuado por este entre julio de 2010 y marzo de este año- tuvo más debate, aunque no sobre cuestiones monetarias -el documento no habla de dinero-. La discusión se centró sobre el tema medioambiental. El consejero estudiantil Facundo Arias fundamentó su dictamen de minoría con cuestionamientos a la explotación minera a cielo abierto. "Según Aceñolaza, la megaminería no trae problemas; pero eso no se condice con la realidad", afirmó. Además, dijo que las mineras transnacionales tributan al país montos irrisorios: "sugiero que la UNT inicie un debate sobre los modelos de desarrollo; hoy son mayores los costos sociales, ambientales y económicos que los beneficios".
Carletti rechazó estos argumentos. "Hay falsedades ideológicas; las empresas tributan el 50% o más, entre impuesto a las Ganancias, regalías y otros gravámenes. Los sueldos son los más altos", manifestó. Arias no se quedó callado. "Habría que comenzar a medir ciertas acusaciones; sobre todo cuando algunos integrantes del cuerpo incurren en incompatibilidades entre su actividad privada y sus funciones en el Consejo. Eso es más tendencioso que las cuestiones ideológicas", dijo, en alusión a que el estudio contable de Carletti asesora, entre otras empresas mineras, a La Alumbrera. Carletti optó por no contestarle. "No era el tema; era algo contestatario del consejero (Arias), dijo a LA GACETA.
El cuerpo le cedió la palabra a Aceñolaza. "Estas cosas se rebaten con documentos científicos y técnicos, no con discursos, no con palabras. Se hacen controles mensuales; agua arriba, agua abajo del río Vis-vis (cercano a La Alumbrera). Los invito a leer el informe del prestigioso médico Daniel Stamboulian, que concluye que la media de casos de cáncer en la zona de minas es menor a la media provincial. Y la Universidad de San Martín hizo un estudio que arrojó que la minería soporta una carga impositiva del 54%", subrayó. Al final, los consejeros votaron por el dictamen de mayoría.
Además, al Consejo se movilizaron estudiantes de la filial de Aguilares de la Facultad de Artes. Expusieron sus reclamos -sobre cuestiones académicas, principalmente-, pero no se llevaron una respuesta que los satisficiera. El cuerpo decidió avalar lo actuado por la decana de Artes, Raquel Pastor, que se había comprometido, entre otros, a acelerar los concursos para las cátedras de la sede del sur. Los alumnos piden que las cátedras se cubran con docentes regulares, y que dejen de nombrarse interinos.
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Médicos deberán denunciar las intoxicaciones
La nueva Ley de Agroquímicos exigirá a los médicos que hagan la denuncia en caso de que el paciente presente síntomas de intoxicación
Fecha de Publicación: 24/10/2012
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El presidente de la Comisión de Producción del Senado, Oscar Arlettaz, adelantó que el proyecto de la ley que regulará el uso de agroquímicos incluirá “la denuncia obligatoria” por parte de profesionales médicos en caso de atender a un paciente con síntomas de intoxicación con estos productos. Además informó que tras esa presentación “se hará la investigación y se determinará la responsabilidad y se aplicará la sanción correspondiente si se demuestra que hubo intoxicación con agroquímicos”. El Legislador admitió que hoy “no hay prácticamente denuncias” al respecto y dejó ver la posibilidad de convocar al Ministerio de Salud para tratar el tema. Como se informó oportunamente, la Cámara Alta tiene en estudio un nuevo proyecto para regular el uso de agroquímicos en Entre Ríos.
Se trata de una propuesta del senador Enrique Cresto. La iniciativa, dejó atrás un proyecto de modificación de la ley de plaguicidas que tenía más de tres años de salida de Diputados con media sanción.
Tras destacar que “seguramente” se convoque al Ministerio de Salud para analizar la problemática de los agroquímicos en el marco de la futura normativa, el senador Arlettaz dijo que la cartera que hoy conduce Hugo Cettour “tiene que controlar que se haga la denuncia obligatoria cuando hay un posible caso de intoxicación”.
“Ésa es la responsabilidad: cuando llega una persona equis a un centro de salud de cualquier lugar de la provincia con un posible caso de intoxicación por agroquímicos, tiene que hacerse la denuncia obligatoria, eso está reglamentado”, señaló el Legislador a Apf.
Arlettaz admitió en ese sentido que hoy “no hay prácticamente denuncias” al respecto y afirmó que “lo que falla” en relación a la aplicación de los agroquímicos “son los controles”.
“Tenemos que entre todos ayudar a que se pueda controlar la ley”, opinó el Senador luego de expresar satisfacción por el diálogo mantenido en torno al proyecto con entidades que agrupan a productores rurales.
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Fecha de Publicación: 24/10/2012
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El presidente de la Comisión de Producción del Senado, Oscar Arlettaz, adelantó que el proyecto de la ley que regulará el uso de agroquímicos incluirá “la denuncia obligatoria” por parte de profesionales médicos en caso de atender a un paciente con síntomas de intoxicación con estos productos. Además informó que tras esa presentación “se hará la investigación y se determinará la responsabilidad y se aplicará la sanción correspondiente si se demuestra que hubo intoxicación con agroquímicos”. El Legislador admitió que hoy “no hay prácticamente denuncias” al respecto y dejó ver la posibilidad de convocar al Ministerio de Salud para tratar el tema. Como se informó oportunamente, la Cámara Alta tiene en estudio un nuevo proyecto para regular el uso de agroquímicos en Entre Ríos.
Se trata de una propuesta del senador Enrique Cresto. La iniciativa, dejó atrás un proyecto de modificación de la ley de plaguicidas que tenía más de tres años de salida de Diputados con media sanción.
Tras destacar que “seguramente” se convoque al Ministerio de Salud para analizar la problemática de los agroquímicos en el marco de la futura normativa, el senador Arlettaz dijo que la cartera que hoy conduce Hugo Cettour “tiene que controlar que se haga la denuncia obligatoria cuando hay un posible caso de intoxicación”.
“Ésa es la responsabilidad: cuando llega una persona equis a un centro de salud de cualquier lugar de la provincia con un posible caso de intoxicación por agroquímicos, tiene que hacerse la denuncia obligatoria, eso está reglamentado”, señaló el Legislador a Apf.
Arlettaz admitió en ese sentido que hoy “no hay prácticamente denuncias” al respecto y afirmó que “lo que falla” en relación a la aplicación de los agroquímicos “son los controles”.
“Tenemos que entre todos ayudar a que se pueda controlar la ley”, opinó el Senador luego de expresar satisfacción por el diálogo mantenido en torno al proyecto con entidades que agrupan a productores rurales.
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Marcha a favor de la minería justamente en Esquel
Comenzaron las marchas a favor de la minería en Esquel
Fecha de Publicación: 24/10/2012
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El sábado pasado Esquel tuvo su primera marcha a favor de la minería, que fue cuestionada por los vecinos del No a la Mina quienes dicen que “no fue espontánea” y que “es una de las estrategias de las empresas para avanzar con la explotación”.
El ministro de Gobierno, Javier Touriñan, confirmó que en “breve” y quizá antes de la próxima sesión legislativa ingresen a la Cámara de Diputados las modificaciones del marco regulatorio hidrocarburífero y minero. En ese marco indicó que se trabajan las modificaciones considerando que la Ley 5.001 no prohíbe la actividad minera, “prohíbe una modalidad pero no prohíbe la actividad minera”.
En este marco Esquel vivió el sábado una de las movilizaciones más importantes a favor de la minería en la provincia. El grupo se concentró en cercanías de la plaza San Martín, desde donde marchó por las calles promoviendo esta actividad no sólo en la meseta, sino también en la cordillera del Chubut.
Desde el No a la Mina, Humberto Kadamoto, indicó que se trataba de “un pequeño grupo, muchos empresarios”. Detalló que varias de las personas eran de Esquel y portaban pecheras y banderas que claramente demuestran que “esto es algo organizado” por los grupos a favor. La marcha de manifestantes también contó con la presencia de camiones.
Según indicaron desde el No a la Mina, participó entre otros un reconocido empleado de la empresa minera y de varias reparticiones públicas en el ámbito de la salud.
Según dijo Kadamoto “estas marchas comenzaron a pedido del gobierno provincial que le dijo a las mineras que Esquel queda afuera del marco regulatorio minero, a menos que ustedes hagan algo para que los legisladores puedan sentir que también hay gente por el ´Si a la mina´ esa es la génesis, no tiene una génesis social, sino propia de una actividad que solo busca sacar la mayor cantidad posible, a cualquier costo”.
Para Kadamoto, si en 2003, a través del plebiscito unas 2.000 personas votaron por el sí a la mina y 20 mil por el no, “por lo menos deberían mantener las 2.000 personas y nosotros vemos que hoy hay más conocimiento sobre minería que en 2003, nosotros seguimos informando al respecto, incluso sobre el marco regulatorio”, afirmó.
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Fecha de Publicación: 24/10/2012
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El sábado pasado Esquel tuvo su primera marcha a favor de la minería, que fue cuestionada por los vecinos del No a la Mina quienes dicen que “no fue espontánea” y que “es una de las estrategias de las empresas para avanzar con la explotación”.
El ministro de Gobierno, Javier Touriñan, confirmó que en “breve” y quizá antes de la próxima sesión legislativa ingresen a la Cámara de Diputados las modificaciones del marco regulatorio hidrocarburífero y minero. En ese marco indicó que se trabajan las modificaciones considerando que la Ley 5.001 no prohíbe la actividad minera, “prohíbe una modalidad pero no prohíbe la actividad minera”.
En este marco Esquel vivió el sábado una de las movilizaciones más importantes a favor de la minería en la provincia. El grupo se concentró en cercanías de la plaza San Martín, desde donde marchó por las calles promoviendo esta actividad no sólo en la meseta, sino también en la cordillera del Chubut.
Desde el No a la Mina, Humberto Kadamoto, indicó que se trataba de “un pequeño grupo, muchos empresarios”. Detalló que varias de las personas eran de Esquel y portaban pecheras y banderas que claramente demuestran que “esto es algo organizado” por los grupos a favor. La marcha de manifestantes también contó con la presencia de camiones.
Según indicaron desde el No a la Mina, participó entre otros un reconocido empleado de la empresa minera y de varias reparticiones públicas en el ámbito de la salud.
Según dijo Kadamoto “estas marchas comenzaron a pedido del gobierno provincial que le dijo a las mineras que Esquel queda afuera del marco regulatorio minero, a menos que ustedes hagan algo para que los legisladores puedan sentir que también hay gente por el ´Si a la mina´ esa es la génesis, no tiene una génesis social, sino propia de una actividad que solo busca sacar la mayor cantidad posible, a cualquier costo”.
Para Kadamoto, si en 2003, a través del plebiscito unas 2.000 personas votaron por el sí a la mina y 20 mil por el no, “por lo menos deberían mantener las 2.000 personas y nosotros vemos que hoy hay más conocimiento sobre minería que en 2003, nosotros seguimos informando al respecto, incluso sobre el marco regulatorio”, afirmó.
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Sacarán los 25.000 litros de PCB de Sierra Grande
Ponen fecha al retiro del PCB de Sierra Grande
Fecha de Publicación: 23/10/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
Si todo sale como fue anunciado en esta ciudad, el 20 de diciembre próximo serán retirados los 25.000 litros de PCB que hay almacenados en Sierra Grande.
Al menos así lo anunció el gobernador de la provincia Alberto Weretilneck, a su paso por esta ciudad el viernes último en ocasión del aniversario de la ciudad.
Desde que se construyó el yacimiento minero de Hipasam los transformadores eléctricos que allí funcionaban, utilizaban para su refrigeración PCB (bifenilos policlorados), bajo diferentes denominaciones. Su peligrosidad no se conocía hasta que en el mundo empezó a prohibirse por su altísima toxicidad y su relación con casos de cáncer.
Recién hace una década empezó la lucha para que este líquido que aún estaba en algunos artefactos, sea retirado en principio de la empresa –hoy MCC– y más tarde fuera dispuesto para su retiro y almacenado.
El fallecimiento del edil Fidel Arce, hace 10 años, que murió sospechando que el cáncer que contrajo fue producto del PCB con el que tuvo contacto mientras trabajaba en Hipasam, también despertó intrigas.
El año pasado tras un amparo de vecinos, la Justicia había ordenado al gobierno de Miguel Saiz retirar el PCB antes del 10 de diciembre pasado, pero el refrigerante sigue intacto en los "polvorines", almacenado y en tambores en condiciones de ser exportados.
Ahora el gobernador Weretilneck dio fechas: "vamos a retirar el PCB de Sierra Grande entre el 15 y el 20 de diciembre".
El grupo de vecinos "en defensa de la vida, No al PCB", se reunió el viernes con la titular de Medio Ambiente, Laura Juárez. "Nos manifestó que el 20 de diciembre empieza a trabajar la empresa que fue contratada en forma directa", señaló Gustavo Cifuentes uno de los vecinos.
"Se comprometió a venir en la segunda semana de noviembre a dar la explicaciones correspondientes al pueblo en general" acotó y un dato que arrojó a los vecinos la funcionaria es que en los últimos meses se encontraron al menos 1.000 litros más de PCB en Sierra Grande.
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Fecha de Publicación: 23/10/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
Si todo sale como fue anunciado en esta ciudad, el 20 de diciembre próximo serán retirados los 25.000 litros de PCB que hay almacenados en Sierra Grande.Al menos así lo anunció el gobernador de la provincia Alberto Weretilneck, a su paso por esta ciudad el viernes último en ocasión del aniversario de la ciudad.
Desde que se construyó el yacimiento minero de Hipasam los transformadores eléctricos que allí funcionaban, utilizaban para su refrigeración PCB (bifenilos policlorados), bajo diferentes denominaciones. Su peligrosidad no se conocía hasta que en el mundo empezó a prohibirse por su altísima toxicidad y su relación con casos de cáncer.
Recién hace una década empezó la lucha para que este líquido que aún estaba en algunos artefactos, sea retirado en principio de la empresa –hoy MCC– y más tarde fuera dispuesto para su retiro y almacenado.
El fallecimiento del edil Fidel Arce, hace 10 años, que murió sospechando que el cáncer que contrajo fue producto del PCB con el que tuvo contacto mientras trabajaba en Hipasam, también despertó intrigas.
El año pasado tras un amparo de vecinos, la Justicia había ordenado al gobierno de Miguel Saiz retirar el PCB antes del 10 de diciembre pasado, pero el refrigerante sigue intacto en los "polvorines", almacenado y en tambores en condiciones de ser exportados.
Ahora el gobernador Weretilneck dio fechas: "vamos a retirar el PCB de Sierra Grande entre el 15 y el 20 de diciembre".
El grupo de vecinos "en defensa de la vida, No al PCB", se reunió el viernes con la titular de Medio Ambiente, Laura Juárez. "Nos manifestó que el 20 de diciembre empieza a trabajar la empresa que fue contratada en forma directa", señaló Gustavo Cifuentes uno de los vecinos.
"Se comprometió a venir en la segunda semana de noviembre a dar la explicaciones correspondientes al pueblo en general" acotó y un dato que arrojó a los vecinos la funcionaria es que en los últimos meses se encontraron al menos 1.000 litros más de PCB en Sierra Grande.
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Zapala en Neuquén protege sus acuíferos
Zapala: el Concejo prohibió vender agua del acuífero
Fecha de Publicación: 23/10/2012
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la ordenanza que prohíbe vender agua del acuífero zapalino a empresas hidrocarburíferas y a emprendimientos mineros. Además, el proyecto será expuesto durante la semana en el Parlamento Nacional en defensa del Agua que se realiza en Buenos Aires.
El concejal del Partido Socialista, Hernán Moreno, destacó la voluntad de los concejales para defender el acuífero y sostuvo que la norma apunta a cualquier actividad hidrocarburifera y a todas las modalidades de explotación. “Creo que valió la pena que se demorara tanto el tratamiento porque particularmente el UNE hizo aportes para el proyecto y terminó aprobado por unanimidad, lo que demuestra la voluntad de todos los concejales de hacer una defensa de nuestro acuífero,” explicó.
Recordó que la iniciativa surgió “básicamente por la venta de agua que se hizo el año pasado cuando se vendieron 30 millones de litros de agua a 0,07 centavos el litro a la empresa Peduzzi para ser utilizada en la perforación no convencional en Anticlinal y eso es tremendo”, apuntó el edil.
Presentación
La iniciativa será presentada esta semana en el parlamento nacional que se desarrolla en Buenos Aires en defensa del agua. “Este proyecto tuvo una importante trascendencia y fuimos convocados por diputados y senadores a participar del Parlamento Nacional en defensa del Agua, en Buenos Aires. Asistirán legisladores, partidos políticos y organizaciones sociales de todo el país para crear un Parlamento Nacional en defensa del agua”.
“El fundamento de la exposición es la preservación del acuífero. Explicaremos los datos técnicos de nuestro acuífero, la pileta natural de basalto y las características del agua que son casi minerales. También hablaremos de nuestro proyecto de ordenanza y cómo sale esta norma de protección del acuífero,” señaló Moreno.
El bloque Socialista fue más allá de la prohibición de venta de agua y presentó un proyecto junto con su par del FyPN Ana María Cuadrado, para impedir que se aplique el sistema de fracturación hidráulica “fracking” en actividades hidrocarburíferas dentro del ejido urbano de Zapala. El proyecto ya se encuentra en la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
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Fecha de Publicación: 23/10/2012
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la ordenanza que prohíbe vender agua del acuífero zapalino a empresas hidrocarburíferas y a emprendimientos mineros. Además, el proyecto será expuesto durante la semana en el Parlamento Nacional en defensa del Agua que se realiza en Buenos Aires.El concejal del Partido Socialista, Hernán Moreno, destacó la voluntad de los concejales para defender el acuífero y sostuvo que la norma apunta a cualquier actividad hidrocarburifera y a todas las modalidades de explotación. “Creo que valió la pena que se demorara tanto el tratamiento porque particularmente el UNE hizo aportes para el proyecto y terminó aprobado por unanimidad, lo que demuestra la voluntad de todos los concejales de hacer una defensa de nuestro acuífero,” explicó.
Recordó que la iniciativa surgió “básicamente por la venta de agua que se hizo el año pasado cuando se vendieron 30 millones de litros de agua a 0,07 centavos el litro a la empresa Peduzzi para ser utilizada en la perforación no convencional en Anticlinal y eso es tremendo”, apuntó el edil.
Presentación
La iniciativa será presentada esta semana en el parlamento nacional que se desarrolla en Buenos Aires en defensa del agua. “Este proyecto tuvo una importante trascendencia y fuimos convocados por diputados y senadores a participar del Parlamento Nacional en defensa del Agua, en Buenos Aires. Asistirán legisladores, partidos políticos y organizaciones sociales de todo el país para crear un Parlamento Nacional en defensa del agua”.
“El fundamento de la exposición es la preservación del acuífero. Explicaremos los datos técnicos de nuestro acuífero, la pileta natural de basalto y las características del agua que son casi minerales. También hablaremos de nuestro proyecto de ordenanza y cómo sale esta norma de protección del acuífero,” señaló Moreno.
El bloque Socialista fue más allá de la prohibición de venta de agua y presentó un proyecto junto con su par del FyPN Ana María Cuadrado, para impedir que se aplique el sistema de fracturación hidráulica “fracking” en actividades hidrocarburíferas dentro del ejido urbano de Zapala. El proyecto ya se encuentra en la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
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Sierra Pintada: la CNEA, el uranio y la contaminación
Sierra Pintada: Hoy, ayer y mañana
Fecha de Publicación: 23/10/2012
Fuente: No a la Mina, por Asamblea por el Agua de San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Ante la usual desinformación y misterio que llega desde los organismos oficiales nos encontramos ante la obligación y necesidad de recopilar las novedades más importantes en torno al proyecto de explotación uranífera en Sierra Pintada y comunicarnos con la gente. Al fin de cuentas se trata de la explotación de bienes comunes que nos pertenecen, así como también nos pertenece un ambiente sano y el agua.
Una comprensión más acabada de los últimos sucesos en la mina de uranio sanrafaelina, exige realizar en principio una breve cronología de la intervención de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) en el complejo. El yacimiento fue descubierto en 1968 por la CNEA y en 1974 se dio inicio a la producción y explotación a cielo abierto que duró hasta 1995; finalmente, en 1997, la mina fue completamente abandonada debido a la baja del precio del uranio en los mercados mundiales y como parte de la desarticulación estatal llevada adelante por el menemismo (datos extraídos en http://www.lavozdelatierra.com.ar/2011/08/el-saqueo-que-debe-ser-impedido/).
El legado de estos años de producción y posterior abandono por parte de la CNEA es un pasivo ambiental de gran envergadura, expresado en un cúmulo de residuos radioactivos (1.000 toneladas de desechos sólidos enterrados en 5.320 tambores y 1.700.000 colas de uranio) que deben ser remediados. De esta manera, ahora que la reactivación de la mina se encuentra en el centro de la escena[1], resulta imperioso e imprescindible hablar de la remediación de esos residuos.
En el marco del modelo agro-minero existe una firme decisión de la Nación para acelerar la reapertura, por eso desde el ejecutivo provincial se planean distintas formas de retomar la extracción uranífera, pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que data de Diciembre de 2010 prohíbe la reapertura hasta tanto no esté concluida la remediación. En este contexto, nos enteramos hace algunas semanas que la CNEA presentaría en dos meses el estudio de impacto ambiental para la remediación de la colas de uranio y que en 2013 comenzaría las actividades de remediación (extraído en http://www.geonavitas.com.ar/es/noticias/mineria/argentina/20594-estudio-de-impacto-ambiental-de-sierra-pintada.html).
Ante esta situación y con la desconfianza que implican años de irregularidades es que nos preguntamos ¿cumplirá la CNEA esta vez o solo se trata de hacer expeditiva la reapertura? ¿Es segura la remediación en manos de este organismo? para la respuesta a esta última pregunta hay una serie de antecedentes cercanos que nos habilitan a pensar que no es segura ni mucho menos.
Un somero repaso de las últimas tropelías de la CNEA incluye:
- La filtración en uno de los diques de remediación como resultado de una rotura de 30 centímetros en la membrana del dique de evaporación efluentes. El hecho se detectó el 23 de Marzo de este año y fue admitido por la CNEA en el mes de Mayo luego de que circularan rumores sobre la presunta filtración. Este acontecimiento dejó al descubierto que la CNEA estaba avanzando en la remediación sin el conocimiento del pueblo y sin cumplir los pasos previstos que son la presentación del informe de impacto ambiental y la posterior audiencia pública (extraído en http://www.diariosanrafael.com.ar/80241).
- Contaminación grave de napas freáticas y cauces de riego en la zona donde funcionaba el Complejo Fabril Malargüe. En 2002 el Departamento General de Irrigación le impuso una multa de un millón de pesos, inédita en la historia del ente por ser la multa más alta que haya aplicado, por esta contaminación con uranio y el 11 de Mayo de este año la Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó la sanción rechazando la apelación interpuesta por la CNEA (extraído en http://www.lavozdelatierra.com.ar/2012/05/cnea-multada-por-contaminacion-grave-de-aguas-con-uranio/).
- Falencias en la remediación del Complejo Fabril Malargüe. El día 27 de Septiembre distintos medios locales recogían las declaraciones de vecinos malargüinos que viven colindantes con el depósito de CNEA, y que se manifestaban sumamente preocupados por el polvillo que provenía de las colas de uranio albergadas en el depósito y se mantenía en suspensión al ser arrastrado por el viento cordillerano. Se debe tener en cuenta que el predio en el cual se alojan las colas de uranio tiene un cierre perimetral de tela que no puede detener el arrastre del viento. (extraído en http://www.diariosanrafael.com.ar/92214).
La conclusión es que la CNEA opera de forma negligente e irresponsable no solo cuándo pone en funcionamiento un proyecto sino que también cuándo intenta remediarlo. Además los daños producidos no se reducen al territorio del sur provincial, como marca la propia CNEA, existen casi una decena de minas en proceso de restitución ambiental (ver en http://www.cnea.gov.ar/xxi/pramu/sitios.asp). Y sobre este punto, es importante notar que Sierra Pintada no aparece en el listado del PRAMU (Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio), lo que nos invita a preguntarnos ¿Por qué comete esta omisión la CNEA? ¿Será que el reinicio de la explotación y una remediación correcta son incompatibles?
Al mismo tiempo la ley 7722, un pilar en esta lucha socio-ambiental, continúa en la mira de los partidarios del saqueo, sea con proyectos de reforma en la legislatura o través de pedidos de inconstitucionalidad ante la corte (ver http://www.facebook.com/asambleaporelaguasanrafael/posts/450212178334959). Y es oportuno resaltar que la reactivación de Sierra Pintada al igual que muchos otros proyectos megamineros requiere de la modificación o derogación de la ley del pueblo para poder materializarse ya que la misma "prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos".
Por eso hacemos un nuevo llamado a la implicación colectiva y la participación popular, e invitamos a redoblar esfuerzos por parte de la ciudadanía en la junta de firmas en defensa de la ley. Y ante la desinformación impuesta desde arriba, vamos a ofrecer comunicación con la gente, solo con ella se obtiene una licencia social legítima. Mientras continuaremos proclamando "¿nuclear y contaminante? No, gracias".
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Fecha de Publicación: 23/10/2012
Fuente: No a la Mina, por Asamblea por el Agua de San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Ante la usual desinformación y misterio que llega desde los organismos oficiales nos encontramos ante la obligación y necesidad de recopilar las novedades más importantes en torno al proyecto de explotación uranífera en Sierra Pintada y comunicarnos con la gente. Al fin de cuentas se trata de la explotación de bienes comunes que nos pertenecen, así como también nos pertenece un ambiente sano y el agua.
Una comprensión más acabada de los últimos sucesos en la mina de uranio sanrafaelina, exige realizar en principio una breve cronología de la intervención de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) en el complejo. El yacimiento fue descubierto en 1968 por la CNEA y en 1974 se dio inicio a la producción y explotación a cielo abierto que duró hasta 1995; finalmente, en 1997, la mina fue completamente abandonada debido a la baja del precio del uranio en los mercados mundiales y como parte de la desarticulación estatal llevada adelante por el menemismo (datos extraídos en http://www.lavozdelatierra.com.ar/2011/08/el-saqueo-que-debe-ser-impedido/).
El legado de estos años de producción y posterior abandono por parte de la CNEA es un pasivo ambiental de gran envergadura, expresado en un cúmulo de residuos radioactivos (1.000 toneladas de desechos sólidos enterrados en 5.320 tambores y 1.700.000 colas de uranio) que deben ser remediados. De esta manera, ahora que la reactivación de la mina se encuentra en el centro de la escena[1], resulta imperioso e imprescindible hablar de la remediación de esos residuos.
En el marco del modelo agro-minero existe una firme decisión de la Nación para acelerar la reapertura, por eso desde el ejecutivo provincial se planean distintas formas de retomar la extracción uranífera, pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que data de Diciembre de 2010 prohíbe la reapertura hasta tanto no esté concluida la remediación. En este contexto, nos enteramos hace algunas semanas que la CNEA presentaría en dos meses el estudio de impacto ambiental para la remediación de la colas de uranio y que en 2013 comenzaría las actividades de remediación (extraído en http://www.geonavitas.com.ar/es/noticias/mineria/argentina/20594-estudio-de-impacto-ambiental-de-sierra-pintada.html).
Ante esta situación y con la desconfianza que implican años de irregularidades es que nos preguntamos ¿cumplirá la CNEA esta vez o solo se trata de hacer expeditiva la reapertura? ¿Es segura la remediación en manos de este organismo? para la respuesta a esta última pregunta hay una serie de antecedentes cercanos que nos habilitan a pensar que no es segura ni mucho menos.
Un somero repaso de las últimas tropelías de la CNEA incluye:
- La filtración en uno de los diques de remediación como resultado de una rotura de 30 centímetros en la membrana del dique de evaporación efluentes. El hecho se detectó el 23 de Marzo de este año y fue admitido por la CNEA en el mes de Mayo luego de que circularan rumores sobre la presunta filtración. Este acontecimiento dejó al descubierto que la CNEA estaba avanzando en la remediación sin el conocimiento del pueblo y sin cumplir los pasos previstos que son la presentación del informe de impacto ambiental y la posterior audiencia pública (extraído en http://www.diariosanrafael.com.ar/80241).
- Contaminación grave de napas freáticas y cauces de riego en la zona donde funcionaba el Complejo Fabril Malargüe. En 2002 el Departamento General de Irrigación le impuso una multa de un millón de pesos, inédita en la historia del ente por ser la multa más alta que haya aplicado, por esta contaminación con uranio y el 11 de Mayo de este año la Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó la sanción rechazando la apelación interpuesta por la CNEA (extraído en http://www.lavozdelatierra.com.ar/2012/05/cnea-multada-por-contaminacion-grave-de-aguas-con-uranio/).
- Falencias en la remediación del Complejo Fabril Malargüe. El día 27 de Septiembre distintos medios locales recogían las declaraciones de vecinos malargüinos que viven colindantes con el depósito de CNEA, y que se manifestaban sumamente preocupados por el polvillo que provenía de las colas de uranio albergadas en el depósito y se mantenía en suspensión al ser arrastrado por el viento cordillerano. Se debe tener en cuenta que el predio en el cual se alojan las colas de uranio tiene un cierre perimetral de tela que no puede detener el arrastre del viento. (extraído en http://www.diariosanrafael.com.ar/92214).
La conclusión es que la CNEA opera de forma negligente e irresponsable no solo cuándo pone en funcionamiento un proyecto sino que también cuándo intenta remediarlo. Además los daños producidos no se reducen al territorio del sur provincial, como marca la propia CNEA, existen casi una decena de minas en proceso de restitución ambiental (ver en http://www.cnea.gov.ar/xxi/pramu/sitios.asp). Y sobre este punto, es importante notar que Sierra Pintada no aparece en el listado del PRAMU (Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio), lo que nos invita a preguntarnos ¿Por qué comete esta omisión la CNEA? ¿Será que el reinicio de la explotación y una remediación correcta son incompatibles?
Al mismo tiempo la ley 7722, un pilar en esta lucha socio-ambiental, continúa en la mira de los partidarios del saqueo, sea con proyectos de reforma en la legislatura o través de pedidos de inconstitucionalidad ante la corte (ver http://www.facebook.com/asambleaporelaguasanrafael/posts/450212178334959). Y es oportuno resaltar que la reactivación de Sierra Pintada al igual que muchos otros proyectos megamineros requiere de la modificación o derogación de la ley del pueblo para poder materializarse ya que la misma "prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos".
Por eso hacemos un nuevo llamado a la implicación colectiva y la participación popular, e invitamos a redoblar esfuerzos por parte de la ciudadanía en la junta de firmas en defensa de la ley. Y ante la desinformación impuesta desde arriba, vamos a ofrecer comunicación con la gente, solo con ella se obtiene una licencia social legítima. Mientras continuaremos proclamando "¿nuclear y contaminante? No, gracias".
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Preocupa el estado ambiental del Río Chubut
“Si no hay una solución rápida, el Río Chubut se convertirá en El Riachuelo”
Fecha de Publicación: 22/10/2012
Fuente: InfoGlaciar
Provincia/Región: Chubut
El Secretario General de Luz y Fuerza, Héctor González no duda que a la Patagonia la están “hipotecando” y que el mote de “Región no contaminada” deja mucho que desear. “Del volcado del pluvial a la primera toma de agua hay 850 metros y que vamos hacer esperar que nos contaminen el Río que es la única cuenca que tenemos”, se preguntó.
González, que encabezó una reunión con técnicos del servicio sanitario de las Cooperativas de Puerto Madryn, Rawson, y Trelew no duda que de seguir los volcados tal como se están dando, en dos años el Río Chubut se convertirá en El Riachuelo.
Luego de escuchar los aportes teóricos de los técnicos y observar las fotografías del volcado de los pluviales Owen y Muster, el dirigente pidió más responsabilidad a los funcionarios de la provincia como al intendente de Trelew, Máximo Pérez Catán, “pero si en este caso van a actuar y moverse como lo hicieron con la Laguna Negra donde pasaron cuatro intendentes y nadie hizo nada, vamos al muere”.
En la reunión que se desarrolló el viernes en la Fundación Patagonia Tercer Milenio la mayoría de los técnicos de las Cooperativas quedaron asombrados por la poca importancia que el gobierno le está dando a la contaminación del Río Chubut. “Nadie toma conciencia de lo que está sucediendo, la comunidad debería levantarse porque es el agua que llega a su casa y si bien por ahora está controlado no se hasta cuándo se podrá manipular las plantas para evitar que el agua contaminada no se escape por las redes”.
En tanto el ingeniero Ariel Testino lamentó no ser abogado “porque ya hubiera metido un recurso de amparo”.
Explicó que a las empresas industriales le piden hasta el mínimo certificado de control, mientras que el ministerio no controla los pluviales que se están arrojando al Río, “cuando la autoridad se pierde, es muy peligroso, y no admite un razonamiento lógico”.
Para Testino los que hicieron la macana con esas obras “que busquen ahora la solución, pero son los que más calladitos están”, disparó.
También se responsabilizó a los inspectores que aprobaron la obra, porque si estuviera bien hecha, no se filtraría agua al cuenco, y manifestaron que si la solución es la que le dieron a la Laguna Negra “estamos muertos”.
La intendente de Rawson, Rossana Artero junto al presidente de la Cooperativa de Rawson, Carlos Coustet han sido los primeros en advertir las graves consecuencias que puede traer para la salud humana el volcado de los pluviales, inclusive el Ministro de Salud, Carlos Sáenz anticipó que las cloacas y el agua afectan gravemente a la población por las enfermedades que acarrea. Desde Madryn estaban evaluando medidas en igual sentido ya que las dificultades de potabilización pondrían en riesgo el vital elemento que llega a la ciudad a través de un acueducto, con los consiguientes problemas que esto ya acarrea. Un tema que además pone en riesgo la certificación ambiental que turísticamente ha costado tanto alcanzar en las promociones nacionales e internacionales.
Hasta ahora, Rawson es la más afectada en todo el sistema, porque es la última en recibir los desechos no solo de los pluviales sino de la Laguna Negra. Sin embargo no se entiende desde ningún aspecto como se pone en riesgo el río que en definitiva garantiza la vida en las principales ciudades del Chubut, y ningún funcionario de Ambiente toma con seriedad el tema. Para pensar.
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Fecha de Publicación: 22/10/2012
Fuente: InfoGlaciar
Provincia/Región: Chubut
El Secretario General de Luz y Fuerza, Héctor González no duda que a la Patagonia la están “hipotecando” y que el mote de “Región no contaminada” deja mucho que desear. “Del volcado del pluvial a la primera toma de agua hay 850 metros y que vamos hacer esperar que nos contaminen el Río que es la única cuenca que tenemos”, se preguntó.González, que encabezó una reunión con técnicos del servicio sanitario de las Cooperativas de Puerto Madryn, Rawson, y Trelew no duda que de seguir los volcados tal como se están dando, en dos años el Río Chubut se convertirá en El Riachuelo.
Luego de escuchar los aportes teóricos de los técnicos y observar las fotografías del volcado de los pluviales Owen y Muster, el dirigente pidió más responsabilidad a los funcionarios de la provincia como al intendente de Trelew, Máximo Pérez Catán, “pero si en este caso van a actuar y moverse como lo hicieron con la Laguna Negra donde pasaron cuatro intendentes y nadie hizo nada, vamos al muere”.
En la reunión que se desarrolló el viernes en la Fundación Patagonia Tercer Milenio la mayoría de los técnicos de las Cooperativas quedaron asombrados por la poca importancia que el gobierno le está dando a la contaminación del Río Chubut. “Nadie toma conciencia de lo que está sucediendo, la comunidad debería levantarse porque es el agua que llega a su casa y si bien por ahora está controlado no se hasta cuándo se podrá manipular las plantas para evitar que el agua contaminada no se escape por las redes”.
En tanto el ingeniero Ariel Testino lamentó no ser abogado “porque ya hubiera metido un recurso de amparo”.
Explicó que a las empresas industriales le piden hasta el mínimo certificado de control, mientras que el ministerio no controla los pluviales que se están arrojando al Río, “cuando la autoridad se pierde, es muy peligroso, y no admite un razonamiento lógico”.
Para Testino los que hicieron la macana con esas obras “que busquen ahora la solución, pero son los que más calladitos están”, disparó.
También se responsabilizó a los inspectores que aprobaron la obra, porque si estuviera bien hecha, no se filtraría agua al cuenco, y manifestaron que si la solución es la que le dieron a la Laguna Negra “estamos muertos”.
La intendente de Rawson, Rossana Artero junto al presidente de la Cooperativa de Rawson, Carlos Coustet han sido los primeros en advertir las graves consecuencias que puede traer para la salud humana el volcado de los pluviales, inclusive el Ministro de Salud, Carlos Sáenz anticipó que las cloacas y el agua afectan gravemente a la población por las enfermedades que acarrea. Desde Madryn estaban evaluando medidas en igual sentido ya que las dificultades de potabilización pondrían en riesgo el vital elemento que llega a la ciudad a través de un acueducto, con los consiguientes problemas que esto ya acarrea. Un tema que además pone en riesgo la certificación ambiental que turísticamente ha costado tanto alcanzar en las promociones nacionales e internacionales.
Hasta ahora, Rawson es la más afectada en todo el sistema, porque es la última en recibir los desechos no solo de los pluviales sino de la Laguna Negra. Sin embargo no se entiende desde ningún aspecto como se pone en riesgo el río que en definitiva garantiza la vida en las principales ciudades del Chubut, y ningún funcionario de Ambiente toma con seriedad el tema. Para pensar.
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Camino atravesaría un Parque Provincial en Misiones
Misiones: Guardaparques en alerta por proyecto de camino en área natural protegida
Fecha de Publicación: 22/10/2012
Fuente: InfoAmbiente
Provincia/Región: Misiones
La tensa situación que se vive en la zona de Colonia Pepirí, en la que quince policías custodian el cerco tendido por una empresa privada, puso en alerta a los guardaparques provinciales que aseguran que la empresa en conflicto con los habitantes de la zona en realidad estaría ejerciendo una fuerte presión para lograr que autoricen la habilitación y construcción de un camino que atraviese el Parque Provincial Moconá, proyecto que la legislación impide.
La denuncia de agresiones por parte de policías que custodian tierras privadas en la zona de Colonia Pepirí, efectuada por Avelino "Mbiguá" Olivera de 80 años de edad, quien hace más de 60 años vive en la zona, despertó interrogantes y generó una red de comunicaciones entre guardaparques, familiares afectados y referentes sociales que ahora advierten la existencia de empresarios "que tratan de presionar para que autoricen la habilitación de un camino que atraviese por el medio el Parque Provincial Moconá y les permita un acceso privilegiado a esa zona”.
A ese respecto se refirió el Guardaparque del PP provincial Moconá Santiago Bellitti, quien aseguró que “la empresa Moconá SA firmó un acuerdo con el Ministerio de Ecología para poner fin al conflicto entre las comunidades aborígenes y la empresa por la tenencia del Lote 8 en la Reserva de Biosfera Yabotí, pero según tengo entendido, nunca se habló de habilitar un camino dentro del Parque”.
El funcionario puntualizó que "no se han realizado estudios de impacto ambiental para considerar siquiera esta idea, sumado a que el último Plan de Manejo del Parque se realizó en 1998", y desde su experiencia advirtió que “sin dudas habilitar un camino por medio del área natural protegida provocará un impacto negativo”.
Al tratarse de un área protegida por ley, deberían convocar a audiencias públicas presentando el proyecto, pero hasta el momento no hubo ningún tipo de consulta, “solo sabemos que las presiones existen y que están tratando de ejercerlas para conseguir este privilegio, pero no corresponde desde lo ambiental, ético y legal, es un avasallamiento a la soberanía de las áreas protegidas”, advirtieron las distintas fuentes consultadas por ArgentinaForestal.com.
Por otra parte, la iniciativa tampoco podría ser argumentada desde la intención de abrir este camino dentro del Parque para beneficiar el acceso a las comunidades aborígenes al Lote 8, ya que existe desde hace décadas un camino que lo utilizan diariamente, pero hay que dar un rodeo de 30 km . “Existen alternativas posibles de abrir caminos por fuera del PP Moconá, hay muchos caminos de obrajes donde el ecosistema ya esta impactado por la explotación forestal, caminos antiguos, que podrían ser reabiertos y darían mejor acceso al Lote 8 y también al futuro emprendimiento turístico del privado, pero se necesita un puente nuevo sobre el arroyo Yaboty, esta sería la inversión mas grande a estudiar, pero que beneficiaría a toda la zona y sería de uso público”, opinó el guardaparque Bellitti.
El Parque Provincial Moconá tiene unas 999 hectáreas de áreas protegidas y cuenta con el segundo mayor atractivo turístico de Misiones, después de las Cataratas del Iguazú, que son los Saltos del Moconá. “Los empresarios pretenden exigir al gobierno que los beneficie con habilitar este camino, pero es un tema que nunca se habló, se trata de un área protegida, es un recurso público que no puede estar a disposición de un privado. Esto no puede prosperar, el área no resistirá este impacto. Además, hay otras alternativas de menor impacto o menos negativo para construir un camino de acceso hasta el nuevo proyecto”, concluyó Bellitti.
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Fecha de Publicación: 22/10/2012
Fuente: InfoAmbiente
Provincia/Región: Misiones
La tensa situación que se vive en la zona de Colonia Pepirí, en la que quince policías custodian el cerco tendido por una empresa privada, puso en alerta a los guardaparques provinciales que aseguran que la empresa en conflicto con los habitantes de la zona en realidad estaría ejerciendo una fuerte presión para lograr que autoricen la habilitación y construcción de un camino que atraviese el Parque Provincial Moconá, proyecto que la legislación impide.La denuncia de agresiones por parte de policías que custodian tierras privadas en la zona de Colonia Pepirí, efectuada por Avelino "Mbiguá" Olivera de 80 años de edad, quien hace más de 60 años vive en la zona, despertó interrogantes y generó una red de comunicaciones entre guardaparques, familiares afectados y referentes sociales que ahora advierten la existencia de empresarios "que tratan de presionar para que autoricen la habilitación de un camino que atraviese por el medio el Parque Provincial Moconá y les permita un acceso privilegiado a esa zona”.
A ese respecto se refirió el Guardaparque del PP provincial Moconá Santiago Bellitti, quien aseguró que “la empresa Moconá SA firmó un acuerdo con el Ministerio de Ecología para poner fin al conflicto entre las comunidades aborígenes y la empresa por la tenencia del Lote 8 en la Reserva de Biosfera Yabotí, pero según tengo entendido, nunca se habló de habilitar un camino dentro del Parque”.
El funcionario puntualizó que "no se han realizado estudios de impacto ambiental para considerar siquiera esta idea, sumado a que el último Plan de Manejo del Parque se realizó en 1998", y desde su experiencia advirtió que “sin dudas habilitar un camino por medio del área natural protegida provocará un impacto negativo”.
Al tratarse de un área protegida por ley, deberían convocar a audiencias públicas presentando el proyecto, pero hasta el momento no hubo ningún tipo de consulta, “solo sabemos que las presiones existen y que están tratando de ejercerlas para conseguir este privilegio, pero no corresponde desde lo ambiental, ético y legal, es un avasallamiento a la soberanía de las áreas protegidas”, advirtieron las distintas fuentes consultadas por ArgentinaForestal.com.
Por otra parte, la iniciativa tampoco podría ser argumentada desde la intención de abrir este camino dentro del Parque para beneficiar el acceso a las comunidades aborígenes al Lote 8, ya que existe desde hace décadas un camino que lo utilizan diariamente, pero hay que dar un rodeo de 30 km . “Existen alternativas posibles de abrir caminos por fuera del PP Moconá, hay muchos caminos de obrajes donde el ecosistema ya esta impactado por la explotación forestal, caminos antiguos, que podrían ser reabiertos y darían mejor acceso al Lote 8 y también al futuro emprendimiento turístico del privado, pero se necesita un puente nuevo sobre el arroyo Yaboty, esta sería la inversión mas grande a estudiar, pero que beneficiaría a toda la zona y sería de uso público”, opinó el guardaparque Bellitti.
El Parque Provincial Moconá tiene unas 999 hectáreas de áreas protegidas y cuenta con el segundo mayor atractivo turístico de Misiones, después de las Cataratas del Iguazú, que son los Saltos del Moconá. “Los empresarios pretenden exigir al gobierno que los beneficie con habilitar este camino, pero es un tema que nunca se habló, se trata de un área protegida, es un recurso público que no puede estar a disposición de un privado. Esto no puede prosperar, el área no resistirá este impacto. Además, hay otras alternativas de menor impacto o menos negativo para construir un camino de acceso hasta el nuevo proyecto”, concluyó Bellitti.
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