Lo que faltaba: ONG "ambientalista" pro minera
18:59 | 
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Crean ONG ambientalista pro minería
Fecha de Publicación: 04/08/2012
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
Se llama Crisol y sus responsables defienden la extracción de minerales a cielo abierto. El lunes pidieron modificar la ley que prohíbe el uso de cianuro, como propone el proyecto San Jorge en Uspallata. Fuertes críticas y rechazos de los ambientalistas antimineros.
Polémica en puerta... En medio de un intenso e incansable debate social y ambiental que tiene a la minería como eje central en Mendoza (con sus defensores y detractores), irrumpió en escena la ONG Crisol, autodenominada como un grupo de “ambientalistas a favor de la minería”.
Con más de 15 años juntos como organización abocada a dar ayuda social -aunque hace sólo unos días se pronunciaron como promineros-, Rafael Valverde (55), Viviana Arancibia (47) y David Arce (48) son ahora noticia.
El lunes se presentaron en el palacio judicial, en la Casa de Gobierno y en la Legislatura con una nota firmada por ellos y otras 300 personas (según contó Valverde) solicitando que se “revea y modifique la ley 7.722 (que prohíbe el uso de sustancias tóxicas que contaminen el agua en la minería)” al considerar que la contaminación que deja el cianuro en el agua que pretende utilizar la empresa San Jorge en Uspallata “es mínima y no afecta a la salud”.
Desde la Asamblea Popular por el Agua, en tanto, consideraron que los argumentos esgrimidos por esta nueva ONG “no tienen nada de ambientalistas”, al tiempo que consideraron “contradictorio” que se autoproclamen como preocupados y defensores del medio ambiente si defienden el uso de cianuro en los emprendimientos.
“Ni siquiera buscan una minería alternativa. Directamente defienden la que contamina”, sostuvo Federico Blonda, vocero de la Asamblea Popular por el Agua.
De anti a pro minero
Rafael Valverde tiene 55 años. Es ingeniero químico egresado de la UTN y vive en Las Heras. Preside Crisol secundado por Viviana Arancibia (48), cosmetóloga, y David Arce (48), quien actualmente se encuentra desempleado.
“Desde hace mucho tiempo venimos trabajando. En 1997 empezamos por temas políticos y sociales. Yo soy muy conocido en Las Heras y trabajamos en villas y en comedores y hogarcitos. Pero desde hace un tiempo empezamos a militar como ambientalistas pro mineros”. explicó Valverde.
El presidente de Crisol admite haber sido antiminero al principio. “Pero después me empecé a interiorizar, primero con la situación en San Juan y después con San Jorge. Fuimos varias veces a Uspallata y me di cuenta de que mi posición antiminera era desde el desconocimiento, la falta de información. Y es lo mismo que le pasa ahora a la gente”, acusó Valverde.
Uno de los argumentos más controvertidos de la ONG es el que tiene que ver con la defensa no sólo de la minería, sino incluso del uso de cianuro en el proyecto San Jorge (que aún intenta instalarse en Uspallata).
“San Jorge tiene agua propia y no llega al río. También estuve estudiando sobre la utilización de cianuro y 95% del agua usada en minería se recupera. Sólo queda algo de cianuro en los residuos, en el lodo. Es tratable”, consideró.
Sobre la ley “de defensa del agua” (como se ha bautizado a la 7.722), Valverde también vertió sus críticas. “No es como sostienen los antimineros tampoco. Porque la 7.722 es discriminatoria con la minería metalífera. Por ejemplo, YPF y la explotación de minerales también utilizan esas sustancias. La Destilería usa ácido sulfúrico y, por su localización hay riesgo de que llegue al río Mendoza. Ese mismo material que está permitido en petróleo está prohibido por la 7.722”, se defendió Valverde.
Además, tanto él como sus compañeros ven en proyectos como San Jorge una solución a los problemas de coyuntura. “Tenemos los recursos. Lo que más nos interesa es que San Jorge ofrece 8.000 puestos de trabajo y en Malargüe, Vale ha dado 5.000. Nosotros somos gente humilde, que tenemos nuestros principios y no hay nadie detrás nuestro. Sí hemos estado en contacto con la gente de San Jorge y la Cámara de Minería, pero para informarnos”, agregó.
Además, Valverde indicó que consideran que hay que rever el código minero, ya que es muy bajo que el Gobierno se quede sólo con 3% de regalías.
“Quieren generar impacto”
Las críticas a esta agrupación no se hicieron esperar. Y desde la Asamblea Popular por el Agua salieron a refutar sus argumentos.
“No tienen ningún argumento ambientalista. Ya no estamos hablando de estar a favor o en contra de la minería, sino que ellos (por Crisol) defienden una minería con cianuro. Eso ya es imposible de considerar ambientalista”, destacó Federico Blonda, vocero de una de las asambleas que más presencia ha tenido en las convocatorias para rechazar los emprendimientos megamineros, así como también para defender la ley 7.722.
“Es imposible que digan que antes han sido antimineros y ya no lo son más. Si alguna vez hubiese sido antiminero en serio, jamás se hubiese movido de ese lugar porque entendería todo lo que trae el cianuro”, denunció el joven en alusión a Valverde, además de insistir en que es “contradictorio” que se autodenominen ambientalistas. “Se denominan así para generar impacto”, resaltó.
Además, Blonda insistió en que Crisol defiende precisamente uno de los aspectos que las asambleas y pueblos autoconvocados resisten: la utilización de sustancias tóxicas.
“Nosotros estamos en contra de tres aspectos fundamentales. Primero, la megaminería en todas sus expresiones ya que consume grandes cantidades de energía; de la minería de uranio, que utiliza ácido sulfúrico; y de todo tipo de minería contaminante”, reforzó.
El vocero de la Asamblea también fue más allá al destacar que “habría que ver de dónde sacan dinero para financiarse”, apuntando a la posibilidad de que las propias empresas mineras estén detrás de la ONG.
Por otra parte, Blonda destacó que durante ayer presentaron al Gobierno un petitorio para que en los próximos 15 días se les informe sobre la actualización que presentó San Jorge para intentar que se le dé luz verde a su proyecto.
“Queremos estudiar qué propone y analizarlo. Creemos que es irreal la información que difundió la empresa en el comunicado (sobre la posibilidad de tratar en San Juan lo que se extraiga de Uspallata), porque además debería contar con el aval del Ejecutivo y el proyecto ya fue rechazado por éste”, insistió Blonda.
El 24 de agosto las distintas asambleas autoconvocadas y vecinos que rechazan la megaminería a cielo abierto se concentrarán a las 18 en el nudo vial de Vicente Zapata y Costanera y marcharán hasta la Legislatura y el Poder Judicial en defensa de la ley 7.722 y repudiando el proyecto San Jorge.
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Fecha de Publicación: 04/08/2012
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
Se llama Crisol y sus responsables defienden la extracción de minerales a cielo abierto. El lunes pidieron modificar la ley que prohíbe el uso de cianuro, como propone el proyecto San Jorge en Uspallata. Fuertes críticas y rechazos de los ambientalistas antimineros. Polémica en puerta... En medio de un intenso e incansable debate social y ambiental que tiene a la minería como eje central en Mendoza (con sus defensores y detractores), irrumpió en escena la ONG Crisol, autodenominada como un grupo de “ambientalistas a favor de la minería”.
Con más de 15 años juntos como organización abocada a dar ayuda social -aunque hace sólo unos días se pronunciaron como promineros-, Rafael Valverde (55), Viviana Arancibia (47) y David Arce (48) son ahora noticia.
El lunes se presentaron en el palacio judicial, en la Casa de Gobierno y en la Legislatura con una nota firmada por ellos y otras 300 personas (según contó Valverde) solicitando que se “revea y modifique la ley 7.722 (que prohíbe el uso de sustancias tóxicas que contaminen el agua en la minería)” al considerar que la contaminación que deja el cianuro en el agua que pretende utilizar la empresa San Jorge en Uspallata “es mínima y no afecta a la salud”.
Desde la Asamblea Popular por el Agua, en tanto, consideraron que los argumentos esgrimidos por esta nueva ONG “no tienen nada de ambientalistas”, al tiempo que consideraron “contradictorio” que se autoproclamen como preocupados y defensores del medio ambiente si defienden el uso de cianuro en los emprendimientos.
“Ni siquiera buscan una minería alternativa. Directamente defienden la que contamina”, sostuvo Federico Blonda, vocero de la Asamblea Popular por el Agua.
De anti a pro minero
Rafael Valverde tiene 55 años. Es ingeniero químico egresado de la UTN y vive en Las Heras. Preside Crisol secundado por Viviana Arancibia (48), cosmetóloga, y David Arce (48), quien actualmente se encuentra desempleado.
“Desde hace mucho tiempo venimos trabajando. En 1997 empezamos por temas políticos y sociales. Yo soy muy conocido en Las Heras y trabajamos en villas y en comedores y hogarcitos. Pero desde hace un tiempo empezamos a militar como ambientalistas pro mineros”. explicó Valverde.
El presidente de Crisol admite haber sido antiminero al principio. “Pero después me empecé a interiorizar, primero con la situación en San Juan y después con San Jorge. Fuimos varias veces a Uspallata y me di cuenta de que mi posición antiminera era desde el desconocimiento, la falta de información. Y es lo mismo que le pasa ahora a la gente”, acusó Valverde.
Uno de los argumentos más controvertidos de la ONG es el que tiene que ver con la defensa no sólo de la minería, sino incluso del uso de cianuro en el proyecto San Jorge (que aún intenta instalarse en Uspallata).
“San Jorge tiene agua propia y no llega al río. También estuve estudiando sobre la utilización de cianuro y 95% del agua usada en minería se recupera. Sólo queda algo de cianuro en los residuos, en el lodo. Es tratable”, consideró.
Sobre la ley “de defensa del agua” (como se ha bautizado a la 7.722), Valverde también vertió sus críticas. “No es como sostienen los antimineros tampoco. Porque la 7.722 es discriminatoria con la minería metalífera. Por ejemplo, YPF y la explotación de minerales también utilizan esas sustancias. La Destilería usa ácido sulfúrico y, por su localización hay riesgo de que llegue al río Mendoza. Ese mismo material que está permitido en petróleo está prohibido por la 7.722”, se defendió Valverde.
Además, tanto él como sus compañeros ven en proyectos como San Jorge una solución a los problemas de coyuntura. “Tenemos los recursos. Lo que más nos interesa es que San Jorge ofrece 8.000 puestos de trabajo y en Malargüe, Vale ha dado 5.000. Nosotros somos gente humilde, que tenemos nuestros principios y no hay nadie detrás nuestro. Sí hemos estado en contacto con la gente de San Jorge y la Cámara de Minería, pero para informarnos”, agregó.
Además, Valverde indicó que consideran que hay que rever el código minero, ya que es muy bajo que el Gobierno se quede sólo con 3% de regalías.
“Quieren generar impacto”
Las críticas a esta agrupación no se hicieron esperar. Y desde la Asamblea Popular por el Agua salieron a refutar sus argumentos.
“No tienen ningún argumento ambientalista. Ya no estamos hablando de estar a favor o en contra de la minería, sino que ellos (por Crisol) defienden una minería con cianuro. Eso ya es imposible de considerar ambientalista”, destacó Federico Blonda, vocero de una de las asambleas que más presencia ha tenido en las convocatorias para rechazar los emprendimientos megamineros, así como también para defender la ley 7.722.
“Es imposible que digan que antes han sido antimineros y ya no lo son más. Si alguna vez hubiese sido antiminero en serio, jamás se hubiese movido de ese lugar porque entendería todo lo que trae el cianuro”, denunció el joven en alusión a Valverde, además de insistir en que es “contradictorio” que se autodenominen ambientalistas. “Se denominan así para generar impacto”, resaltó.
Además, Blonda insistió en que Crisol defiende precisamente uno de los aspectos que las asambleas y pueblos autoconvocados resisten: la utilización de sustancias tóxicas.
“Nosotros estamos en contra de tres aspectos fundamentales. Primero, la megaminería en todas sus expresiones ya que consume grandes cantidades de energía; de la minería de uranio, que utiliza ácido sulfúrico; y de todo tipo de minería contaminante”, reforzó.
El vocero de la Asamblea también fue más allá al destacar que “habría que ver de dónde sacan dinero para financiarse”, apuntando a la posibilidad de que las propias empresas mineras estén detrás de la ONG.
Por otra parte, Blonda destacó que durante ayer presentaron al Gobierno un petitorio para que en los próximos 15 días se les informe sobre la actualización que presentó San Jorge para intentar que se le dé luz verde a su proyecto.
“Queremos estudiar qué propone y analizarlo. Creemos que es irreal la información que difundió la empresa en el comunicado (sobre la posibilidad de tratar en San Juan lo que se extraiga de Uspallata), porque además debería contar con el aval del Ejecutivo y el proyecto ya fue rechazado por éste”, insistió Blonda.
El 24 de agosto las distintas asambleas autoconvocadas y vecinos que rechazan la megaminería a cielo abierto se concentrarán a las 18 en el nudo vial de Vicente Zapata y Costanera y marcharán hasta la Legislatura y el Poder Judicial en defensa de la ley 7.722 y repudiando el proyecto San Jorge.
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Alto aumento porcentual de quema de cañaverales
La quema de cañaverales en el primer semestre supera en un 45% al promedio histórico
Fecha de Publicación: 03/08/2012
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
Un informe del INTA Famaillá dio cuenta que desde Enero a Julio de este año se registraron 317 focos de calor en la provincia, lo que constituye un incremento en torno al 17 por ciento con respecto a 2011. Leales fue el departamento en el que se propiciaron los mayores casos. Compromiso de los pequeños cañeros.
En medio de la polémica que año tras año se sustenta en el territorio provincial en razón de la quema de cañaverales que causa inconvenientes de diversos tipos, se conoció un informe elaborado por el INTA Famaillá en el cual se consignó que durante el primer semestre del año se detectaron 317 focos de incendio en la provincia.
De esta forma, el parámetro resulta un 17 por ciento superior en comparación a igual período de 2011, pero lo más relevante se sitúa en los datos relacionados con parangones en una serie a largo plazo, puesto que los guarismos de enero a julio descriptos con anterioridad se posicionaron arriba del promedio histórico en un 45 por ciento.
Así también, en el informe se remarca que en julio se reflejó la mayor actividad ígnea, al totalizar 246 focos, valor muy próximo al máximo registrado en el mismo mes de 2009 con 259 focos y superior a julio de 2011 en un 20 por ciento (205 focos).
En cuanto a la determinación por jurisdicciones en las que se contabilizaron estas situaciones, el organismo sostuvo que Leales fue el departamento donde se detectó el mayor número (69). Mientras que la mayor parte de los mismos (44) se produjeron sobre el cultivo de la caña de azúcar. Además, otros departamentos que registraron importante actividad ígnea fueron Cruz Alta (56), Simoca (54) y Graneros (45).
El Laboratorio de SIT de la EEA INTA Famaillá viene realizando el Seguimiento y Monitoreo de Fuegos en la provincia de Tucumán -principalmente enfocado a quemas detectadas sobre áreas de cultivos- desde el año 2004 a la fecha, contando con toda la información histórica disponible.
"La práctica de la quema del cañaveral antes y/o después de la cosecha se continúa utilizando en Argentina y otros países productores de caña de azúcar, aunque se realizan esfuerzos para eliminarla en todo el mundo", explicó el INTA.
Al respecto, se argumentó que la combustión del material vegetal contamina la atmósfera con elevadas emisiones de gases y hollín; provoca diversos problemas de salud en la población; favorece las pérdidas de carbono y nitrógeno del suelo por volatilización; y genera dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. También son habituales los daños a la infraestructura rural, eléctrica como consecuencia de incendios accidentales originados en las quemas de cañaverales.
Este seguimiento y monitoreo se realiza a través del uso de sensores remotos y sistemas de información geográfica (SIG), herramientas muy utilizadas en todo el mundo para estos efectos.
Como se recordará, la Mesa de Gestión Ambiental de Cruz Alta (conformada por el INTA; Secretaría de Medio Ambiente, Dirección de Flora y Fauna, Dirección de Defensa Civil y Dirección de Fiscalización Ambiental de la Provincia; SIPROSA; Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Talitas; productores cañeros -Juan José Budeguer, PAP Productores Agropecuarios, Los Cebilares, Cañeros Unidos del Este, Cooperativa La Merced-) realizó una evaluación sobre el "Programa de Erradicación Progresiva de la Quema de Caña de Azúcar en Cruz Alta" que vine implementando con un enfoque integral del problema.
Dentro del plan destinado a los productores, se logró la elaboración del "Compromiso de adhesión voluntaria al programa piloto de erradicación de la quema de caña de azúcar en el departamento cruz alta, Tucumán", al que pueden adherirse los cañeros con menos de 50 hectáreas cuyos lotes se encuentren ubicados en la zona.
En el documento, los productores solicitan una excepción para realizar la quema controlada de una cantidad de hectáreas de caña a cosechar en forma manual y/o semi-mecanizada. Al mismo tiempo, se comprometen a implementar una reducción progresiva de la quema en su finca, que termine en la eliminación total del uso de esta práctica como máximo en 2024.
En futuras solicitudes, deberán acreditar el cumplimiento de las metas de reducción del año anterior e indicar las metas de reducción para el año en curso, además de la porción del fundo en que se aplicará la quema.
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Fecha de Publicación: 03/08/2012
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
Un informe del INTA Famaillá dio cuenta que desde Enero a Julio de este año se registraron 317 focos de calor en la provincia, lo que constituye un incremento en torno al 17 por ciento con respecto a 2011. Leales fue el departamento en el que se propiciaron los mayores casos. Compromiso de los pequeños cañeros. En medio de la polémica que año tras año se sustenta en el territorio provincial en razón de la quema de cañaverales que causa inconvenientes de diversos tipos, se conoció un informe elaborado por el INTA Famaillá en el cual se consignó que durante el primer semestre del año se detectaron 317 focos de incendio en la provincia.
De esta forma, el parámetro resulta un 17 por ciento superior en comparación a igual período de 2011, pero lo más relevante se sitúa en los datos relacionados con parangones en una serie a largo plazo, puesto que los guarismos de enero a julio descriptos con anterioridad se posicionaron arriba del promedio histórico en un 45 por ciento.
Así también, en el informe se remarca que en julio se reflejó la mayor actividad ígnea, al totalizar 246 focos, valor muy próximo al máximo registrado en el mismo mes de 2009 con 259 focos y superior a julio de 2011 en un 20 por ciento (205 focos).
En cuanto a la determinación por jurisdicciones en las que se contabilizaron estas situaciones, el organismo sostuvo que Leales fue el departamento donde se detectó el mayor número (69). Mientras que la mayor parte de los mismos (44) se produjeron sobre el cultivo de la caña de azúcar. Además, otros departamentos que registraron importante actividad ígnea fueron Cruz Alta (56), Simoca (54) y Graneros (45).
El Laboratorio de SIT de la EEA INTA Famaillá viene realizando el Seguimiento y Monitoreo de Fuegos en la provincia de Tucumán -principalmente enfocado a quemas detectadas sobre áreas de cultivos- desde el año 2004 a la fecha, contando con toda la información histórica disponible.
"La práctica de la quema del cañaveral antes y/o después de la cosecha se continúa utilizando en Argentina y otros países productores de caña de azúcar, aunque se realizan esfuerzos para eliminarla en todo el mundo", explicó el INTA.
Al respecto, se argumentó que la combustión del material vegetal contamina la atmósfera con elevadas emisiones de gases y hollín; provoca diversos problemas de salud en la población; favorece las pérdidas de carbono y nitrógeno del suelo por volatilización; y genera dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. También son habituales los daños a la infraestructura rural, eléctrica como consecuencia de incendios accidentales originados en las quemas de cañaverales.
Este seguimiento y monitoreo se realiza a través del uso de sensores remotos y sistemas de información geográfica (SIG), herramientas muy utilizadas en todo el mundo para estos efectos.
Como se recordará, la Mesa de Gestión Ambiental de Cruz Alta (conformada por el INTA; Secretaría de Medio Ambiente, Dirección de Flora y Fauna, Dirección de Defensa Civil y Dirección de Fiscalización Ambiental de la Provincia; SIPROSA; Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Talitas; productores cañeros -Juan José Budeguer, PAP Productores Agropecuarios, Los Cebilares, Cañeros Unidos del Este, Cooperativa La Merced-) realizó una evaluación sobre el "Programa de Erradicación Progresiva de la Quema de Caña de Azúcar en Cruz Alta" que vine implementando con un enfoque integral del problema.
Dentro del plan destinado a los productores, se logró la elaboración del "Compromiso de adhesión voluntaria al programa piloto de erradicación de la quema de caña de azúcar en el departamento cruz alta, Tucumán", al que pueden adherirse los cañeros con menos de 50 hectáreas cuyos lotes se encuentren ubicados en la zona.
En el documento, los productores solicitan una excepción para realizar la quema controlada de una cantidad de hectáreas de caña a cosechar en forma manual y/o semi-mecanizada. Al mismo tiempo, se comprometen a implementar una reducción progresiva de la quema en su finca, que termine en la eliminación total del uso de esta práctica como máximo en 2024.
En futuras solicitudes, deberán acreditar el cumplimiento de las metas de reducción del año anterior e indicar las metas de reducción para el año en curso, además de la porción del fundo en que se aplicará la quema.
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Dictamen en contra de fumigaciones en pueblos
Dictamen contra fumigaciones cerca de los centros urbanos
Fecha de Publicación: 03/08/2012
Fuente: Telam
Provincia/Región: Buenos Aires
María del Carmen Falbo, procuradora general de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se expidió en contra de las fumigaciones terrestres con agroquímicos en las adyacencias urbanas, en un caso judicial de la ciudad de Alberti.
El dictamen refiere a la causa caratulada "Delaunay Jorge s/ Amparo" iniciada a fines del año 2008, a instancias de una familia residente en el barrio Fonavi de la ciudad bonarense de Alberti.
En la misma, la familia solicito a la justicia el cese de las fumigaciones terrestres a una distancia no inferior a los 200 metros del casco urbano y de su vivienda en particular sobre un predio rural que comprende una franja de 200 metros aproximadamente lindante al barrio y domicilio de la familia denunciante.
También se peticiono que el titular del predio rural realice el estudio de impacto ambiental y obtenga la pertinente declaración de impacto ambiental por la actividad agroquímica desarrollada dado que la misma implica un riesgo al medio ambiente y afecta significativamente la calidad de vida de los vecinos.
Sobre el mismo predio, el Tribunal Criminal Nro 2 del Depto Judicial de Mercedes ya había prohibido en Abril de 2008 las fumigaciones aéreas en la causa "Di Vincensi Oscar c/ Delaunay Jorge Alfredo s/ Amparo".-
La acción de amparo iniciada por la aplicación terrestre de agroquímicos había sido rechazada en primera instancia por el Juzgado Correccional número 4 de Mercedes y en segunda instancia por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Garantías del mismo departamento judicial.-
El dictamen de la procuradora es previo al dictado de la sentencia de la Suprema Corte de la Provincia y en el mismo aconseja al tribunal superior provincial que se revoque la sentencia de la cámara mercedina y se haga lugar al amparo judicial de la familia albertina.
En tanto, el máximo tribunal superior provincial ya redacto la sentencia, cuya decisión final será conocida en el transcurso del mes de Agosto de 2012.
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Fecha de Publicación: 03/08/2012
Fuente: Telam
Provincia/Región: Buenos Aires
María del Carmen Falbo, procuradora general de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se expidió en contra de las fumigaciones terrestres con agroquímicos en las adyacencias urbanas, en un caso judicial de la ciudad de Alberti.
El dictamen refiere a la causa caratulada "Delaunay Jorge s/ Amparo" iniciada a fines del año 2008, a instancias de una familia residente en el barrio Fonavi de la ciudad bonarense de Alberti.
En la misma, la familia solicito a la justicia el cese de las fumigaciones terrestres a una distancia no inferior a los 200 metros del casco urbano y de su vivienda en particular sobre un predio rural que comprende una franja de 200 metros aproximadamente lindante al barrio y domicilio de la familia denunciante.
También se peticiono que el titular del predio rural realice el estudio de impacto ambiental y obtenga la pertinente declaración de impacto ambiental por la actividad agroquímica desarrollada dado que la misma implica un riesgo al medio ambiente y afecta significativamente la calidad de vida de los vecinos.
Sobre el mismo predio, el Tribunal Criminal Nro 2 del Depto Judicial de Mercedes ya había prohibido en Abril de 2008 las fumigaciones aéreas en la causa "Di Vincensi Oscar c/ Delaunay Jorge Alfredo s/ Amparo".-
La acción de amparo iniciada por la aplicación terrestre de agroquímicos había sido rechazada en primera instancia por el Juzgado Correccional número 4 de Mercedes y en segunda instancia por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Garantías del mismo departamento judicial.-
El dictamen de la procuradora es previo al dictado de la sentencia de la Suprema Corte de la Provincia y en el mismo aconseja al tribunal superior provincial que se revoque la sentencia de la cámara mercedina y se haga lugar al amparo judicial de la familia albertina.
En tanto, el máximo tribunal superior provincial ya redacto la sentencia, cuya decisión final será conocida en el transcurso del mes de Agosto de 2012.
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Atuel: la nación media entre La Pampa y Mendoza
El jefe de Gabinete se reunió con los gobernadores de La Pampa y Mendoza por el Atuel
Fecha de Publicación: 03/08/2012
Fuente: La Reforma
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
Juan Manuel Abal Medina recibió en la Casa Rosada a los gobernadores de Mendoza, Francisco Pérez, y de La Pampa, Oscar Jorge, para trabajar sobre la resolución del convenio del río Atuel, firmado en 2008.
La reunión, que se desarrolló en el despacho del jefe de Gabinete, es la segunda que Abal Medina tiene con ambos gobernadores en relación a este tema y se concretó a pedido de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, según se informó oficialmente.
En la reunión pasada, que se realizó el pasado primero de junio, se avanzó en el análisis de los puntos del convenio de 2008 que generan diferentes interpretaciones, en relación a la escorrentía mínima de agua, y se establecieron posibles caminos para resolver esas divergencias.
Al finalizar el encuentro de hoy, indicaron los voceros, los funcionarios coincidieron en la importancia de estas reuniones en las que se continúa con los avances sobre los tópicos pendientes del convenio sobre el río Atuel, para desarrollar las medidas conducentes para poder ponerlo en vigencia.
Además, los mandatarios acordaron la realización la semana próxima de un encuentro de los equipos técnicos de las dos provincias, para definir las necesidades técnicas.
El río Atuel, es un curso de agua andino, que nace en la provincia de Mendoza, recorre el sur de ese estado y luego surca el noroeste de la provincia de La Pampa.
En un conflicto que lleva décadas, los gobiernos de ambas provincias y el Gobierno Nacional trabajan en forma conjunta para poder lograr un acuerdo.
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Fecha de Publicación: 03/08/2012
Fuente: La Reforma
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
Juan Manuel Abal Medina recibió en la Casa Rosada a los gobernadores de Mendoza, Francisco Pérez, y de La Pampa, Oscar Jorge, para trabajar sobre la resolución del convenio del río Atuel, firmado en 2008.La reunión, que se desarrolló en el despacho del jefe de Gabinete, es la segunda que Abal Medina tiene con ambos gobernadores en relación a este tema y se concretó a pedido de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, según se informó oficialmente.
En la reunión pasada, que se realizó el pasado primero de junio, se avanzó en el análisis de los puntos del convenio de 2008 que generan diferentes interpretaciones, en relación a la escorrentía mínima de agua, y se establecieron posibles caminos para resolver esas divergencias.
Al finalizar el encuentro de hoy, indicaron los voceros, los funcionarios coincidieron en la importancia de estas reuniones en las que se continúa con los avances sobre los tópicos pendientes del convenio sobre el río Atuel, para desarrollar las medidas conducentes para poder ponerlo en vigencia.
Además, los mandatarios acordaron la realización la semana próxima de un encuentro de los equipos técnicos de las dos provincias, para definir las necesidades técnicas.
El río Atuel, es un curso de agua andino, que nace en la provincia de Mendoza, recorre el sur de ese estado y luego surca el noroeste de la provincia de La Pampa.
En un conflicto que lleva décadas, los gobiernos de ambas provincias y el Gobierno Nacional trabajan en forma conjunta para poder lograr un acuerdo.
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El impresionante crecimiento de la minería
Los proyectos mineros en el país crecieron 330 veces desde 2003
Fecha de Publicación: 02/08/2012
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Nacional
La inversión en el sector aumentó también casi 200 veces en el período. El Gobierno asegura que la actividad se federalizó y que impulsará el valor agregado.
Los proyectos mineros en Argentina crecieron 3.300 por ciento desde el 2003 en adelante y la mejora de la inversión también se ubicó en niveles inusuales: 1.948 por ciento, según se informó hoy en un encuentro de empresarios del sector en Capital Federal.
La minería generó unos 450.000 puestos de trabajo, las exportaciones del sector crecieron 434 por ciento y más de 4.000 Pymes trabajan en distintos proyectos del sector minero.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, afirmó que el Gobierno profundizará su gestión federalista incorporando valor agregado argentino en los sectores minero e hidrocarburífero, apostando a fondo al modelo vigente, nacional y popular, con una mirada claramente inclusiva.
"Estamos comenzando una nueva etapa, incorporando valor agregado argentino en el sector minero y el mes que viene haremos anuncios para el sector hidrocarburífero", indicó De Vido.
El jefe de la cartera de Planificación realizó estas afirmaciones en el marco de una Jornada de Minería que se lleva a cabo en el porteño hotel Panamericano, y tiene por objetivo profundizar la inserción de empresas nacionales, especialmente Pymes, en la cadena de valor del sector.
De Vido destacó el sentido federalista del encuentro y, a modo de ejemplo, recordó que las "provincias tienen ahora una participación inédita en YPF, con una forma mucho más militante de ejercer el federalismo".
"En los años noventa -agregó- estaba en juego la propia existencia de nuestro Estado Nacional y hoy trabajamos, con niveles que nunca se conocieron, con una visión federal que en aquel momento era imposible de imaginar", indicó.
El funcionario, además, destacó el rol que deberán asumir los empresarios del sector, que será "fundamental para la incorporación permanente de valor agregado argentino a las actividades mineras".
En tal sentido, instó a seguir trabajando para generar "mayor confianza, mayor seguridad jurídica, siempre mirando hacia adelante, sin dar un paso atrás, como decía (el ex presidente) Néstor Kirchner".
Por su parte, el gobernador de Jujuy y presidente de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), Eduardo Fellner, deslizó la necesidad de "una mayor participación de la renta minera, pero siempre respetando cada uno de los proyectos, sin exagerar nuestras pretensiones".
Fellner le solicitó un gesto de "actitud" a las cámaras empresarias mineras para que "este tipo de reuniones también se realicen en el interior" argentino, es decir en las provincias donde se encuentran los yacimientos.
Participaron en la apertura del evento, además del ministro De Vido y Fellner; el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, y el secretario de Minería, Jorge Mayoral.
El panel principal se completó con el titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Omar Suárez; el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Juan Carlos Lascurain; y el titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Martín Dedeu.
Previamente, se proyectó un video elaborado por la Secretaría de Minería, que exhibió los números más importantes de la actividad y la potencialidad de los recrusos naturales del suelo argentino.
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Fecha de Publicación: 02/08/2012
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Nacional
La inversión en el sector aumentó también casi 200 veces en el período. El Gobierno asegura que la actividad se federalizó y que impulsará el valor agregado. Los proyectos mineros en Argentina crecieron 3.300 por ciento desde el 2003 en adelante y la mejora de la inversión también se ubicó en niveles inusuales: 1.948 por ciento, según se informó hoy en un encuentro de empresarios del sector en Capital Federal.
La minería generó unos 450.000 puestos de trabajo, las exportaciones del sector crecieron 434 por ciento y más de 4.000 Pymes trabajan en distintos proyectos del sector minero.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, afirmó que el Gobierno profundizará su gestión federalista incorporando valor agregado argentino en los sectores minero e hidrocarburífero, apostando a fondo al modelo vigente, nacional y popular, con una mirada claramente inclusiva.
"Estamos comenzando una nueva etapa, incorporando valor agregado argentino en el sector minero y el mes que viene haremos anuncios para el sector hidrocarburífero", indicó De Vido.
El jefe de la cartera de Planificación realizó estas afirmaciones en el marco de una Jornada de Minería que se lleva a cabo en el porteño hotel Panamericano, y tiene por objetivo profundizar la inserción de empresas nacionales, especialmente Pymes, en la cadena de valor del sector.
De Vido destacó el sentido federalista del encuentro y, a modo de ejemplo, recordó que las "provincias tienen ahora una participación inédita en YPF, con una forma mucho más militante de ejercer el federalismo".
"En los años noventa -agregó- estaba en juego la propia existencia de nuestro Estado Nacional y hoy trabajamos, con niveles que nunca se conocieron, con una visión federal que en aquel momento era imposible de imaginar", indicó.
El funcionario, además, destacó el rol que deberán asumir los empresarios del sector, que será "fundamental para la incorporación permanente de valor agregado argentino a las actividades mineras".
En tal sentido, instó a seguir trabajando para generar "mayor confianza, mayor seguridad jurídica, siempre mirando hacia adelante, sin dar un paso atrás, como decía (el ex presidente) Néstor Kirchner".
Por su parte, el gobernador de Jujuy y presidente de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), Eduardo Fellner, deslizó la necesidad de "una mayor participación de la renta minera, pero siempre respetando cada uno de los proyectos, sin exagerar nuestras pretensiones".
Fellner le solicitó un gesto de "actitud" a las cámaras empresarias mineras para que "este tipo de reuniones también se realicen en el interior" argentino, es decir en las provincias donde se encuentran los yacimientos.
Participaron en la apertura del evento, además del ministro De Vido y Fellner; el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, y el secretario de Minería, Jorge Mayoral.
El panel principal se completó con el titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Omar Suárez; el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Juan Carlos Lascurain; y el titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Martín Dedeu.
Previamente, se proyectó un video elaborado por la Secretaría de Minería, que exhibió los números más importantes de la actividad y la potencialidad de los recrusos naturales del suelo argentino.
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Macri quiere avanzar sobre el Río de la Plata
Un proyecto para avanzar sobre el río
Fecha de Publicación: 02/08/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital Federal
La iniciativa fue rechazada por organizaciones, profesionales y vecinos en una audiencia pública. Creen que puede afectar el proceso de saneamiento del Riachuelo. Y sospechan que pueden instalar allí plantas incineradoras de residuos.
Un proyecto del gobierno de Mauricio Macri para avanzar sobre el Río de la Plata mediante rellenos con materiales de demolición fue cuestionado y rechazado por organizaciones vecinales y ambientales, y por especialistas, en una audiencia pública celebrada el martes último. Lo que se puso en discusión allí fue la creación de una superficie de once hectáreas, con la posibilidad de extenderla a treinta, en la zona denominada Isla Demarchi, junto a la desembocadura del Riachuelo, en La Boca. La finalidad de la obra es una incógnita no sólo para quienes se oponen sino para el propio gobierno porteño: sólo hay especulaciones sobre su uso como espacio verde o como lugar de asiento de una planta de tratamiento de residuos, que podría incluir la incineración.
De acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por el Gobierno de la Ciudad, el proyecto consiste en rellenar una zona de once hectáreas en una primera etapa, con la posibilidad de expandirla a 22 más, con los materiales provenientes de obras públicas que se realizan en la ciudad, tales como el túnel aliviador del arroyo Maldonado, los estacionamientos bajo nivel y la ampliación de la red de subterráneos. En un informe para la prensa, el Ministerio de Desarrollo Urbano, a cargo del proyecto, sostiene que se utilizarán para el relleno “los (residuos) áridos producidos en la ciudad de forma sustentable, teniendo en cuenta los objetivos de la Ley de Basura Cero”. Esos residuos son los productos de demolición de obras públicas y privadas que la Ciudad ya no puede enviar a rellenos sanitarios, por resolución de la Ceamse.
En la audiencia pública, que se celebró en el Teatro de la Ribera, en La Boca, participaron una veintena de oradores, entre ellos, el abogado Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales; Consuelo Bilbao, de Greenpeace; Mora Aráuz, de la Fundación Ciudad; los arquitectos Rodolfo Livingston y Nidia Marinaro y el especialista en hidrología Francisco de Amorrortu. Por la ciudad, defendió el proyecto el director de Infraestructura, Daniel Capdevila.
La principal objeción de los expositores fue que no se le dio intervención a la Acumar –la autoridad de aplicación del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo–, dado que la obra de relleno está ubicada justo en la desembocadura del Riachuelo. “Llama la atención que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por el Gobierno de la Ciudad carezca de un análisis técnico que permita evaluar los posibles impactos que el relleno podría ocasionar en la desembocadura del Matanza-Riachuelo”, dijo Nápoli, de la FARN. El abogado ambientalista advirtió, además, que “tampoco se han considerado las posibles interferencias que el relleno podría producir en el plan de saneamiento de la cuenca”. Por último, propuso que el proyecto sea puesto a consideración de la Acumar y del juez federal de Quilmes, Luis Armella, a cargo del proceso de saneamiento de la cuenca, ya que “la ciudad no puede planear obras sin el consentimiento de esa autoridad, que está por encima de las jurisdicciones y está cumpliendo con una sentencia de la Corte Suprema de la Nación”.
El relleno costero sobre el Río de la Plata se viene realizando en Buenos Aires desde 1888. Esa práctica permitió “ganar” 2800 hectáreas a costa del río, sobre todo en Retiro, Recoleta y Puerto Madero. “Pero esa práctica no es correcta en el siglo XXI y no está de acuerdo con el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad (PUA), que pide respetar el perfil costero existente”, dijo a Página/12 Mora Aráuz, de la Fundación Ciudad. Además, no se consultó al Consejo del Plan Urbano Ambiental ni al Consejo del Plan Estratégico, advirtió.
Según Aráuz, el proyecto forma parte del “modelo territorial” que el macrismo presentó en la Legislatura, y que contempla numerosas intervenciones con rellenos sobre la costa del Río de la Plata y no sólo sobre el Riachuelo, donde –alertó– el relleno “podría generar un tapón”.
Respecto del destino del lugar, el Ministerio de Desarrollo Urbano sugirió que se podría utilizar como espacio público. Aráuz cree imposible su uso como espacio de recreación por la cercana presencia contaminante de la Central Costanera, una usina termoeléctrica. El propio ministro Daniel Chain había estimado que podría utilizarse para “una nueva zona destinada al desarrollo de tecnologías que permitan transformar la basura en materia prima”. Nápoli y Aráuz creen ver en esa afirmación el proyecto de instalar incineradores, hoy prohibidos por ley en la Ciudad.
El arquitecto Rodolfo Livingston agrega la sospecha de un negocio inmobiliario en esos futuros rellenos, “como una prolongación de Puerto Madero”. Es que el espacio está junto a la ex ciudad deportiva de Boca, donde está proyectada la construcción de un barrio de lujo. Nidia Marinaro, esposa y socia de Livingston, deduce que el relleno con áridos es un anuncio “de más demoliciones del patrimonio de la ciudad”, una verdadera plaga durante la actual gestión.
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Fecha de Publicación: 02/08/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital Federal
La iniciativa fue rechazada por organizaciones, profesionales y vecinos en una audiencia pública. Creen que puede afectar el proceso de saneamiento del Riachuelo. Y sospechan que pueden instalar allí plantas incineradoras de residuos.Un proyecto del gobierno de Mauricio Macri para avanzar sobre el Río de la Plata mediante rellenos con materiales de demolición fue cuestionado y rechazado por organizaciones vecinales y ambientales, y por especialistas, en una audiencia pública celebrada el martes último. Lo que se puso en discusión allí fue la creación de una superficie de once hectáreas, con la posibilidad de extenderla a treinta, en la zona denominada Isla Demarchi, junto a la desembocadura del Riachuelo, en La Boca. La finalidad de la obra es una incógnita no sólo para quienes se oponen sino para el propio gobierno porteño: sólo hay especulaciones sobre su uso como espacio verde o como lugar de asiento de una planta de tratamiento de residuos, que podría incluir la incineración.
De acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por el Gobierno de la Ciudad, el proyecto consiste en rellenar una zona de once hectáreas en una primera etapa, con la posibilidad de expandirla a 22 más, con los materiales provenientes de obras públicas que se realizan en la ciudad, tales como el túnel aliviador del arroyo Maldonado, los estacionamientos bajo nivel y la ampliación de la red de subterráneos. En un informe para la prensa, el Ministerio de Desarrollo Urbano, a cargo del proyecto, sostiene que se utilizarán para el relleno “los (residuos) áridos producidos en la ciudad de forma sustentable, teniendo en cuenta los objetivos de la Ley de Basura Cero”. Esos residuos son los productos de demolición de obras públicas y privadas que la Ciudad ya no puede enviar a rellenos sanitarios, por resolución de la Ceamse.
En la audiencia pública, que se celebró en el Teatro de la Ribera, en La Boca, participaron una veintena de oradores, entre ellos, el abogado Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales; Consuelo Bilbao, de Greenpeace; Mora Aráuz, de la Fundación Ciudad; los arquitectos Rodolfo Livingston y Nidia Marinaro y el especialista en hidrología Francisco de Amorrortu. Por la ciudad, defendió el proyecto el director de Infraestructura, Daniel Capdevila.
La principal objeción de los expositores fue que no se le dio intervención a la Acumar –la autoridad de aplicación del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo–, dado que la obra de relleno está ubicada justo en la desembocadura del Riachuelo. “Llama la atención que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por el Gobierno de la Ciudad carezca de un análisis técnico que permita evaluar los posibles impactos que el relleno podría ocasionar en la desembocadura del Matanza-Riachuelo”, dijo Nápoli, de la FARN. El abogado ambientalista advirtió, además, que “tampoco se han considerado las posibles interferencias que el relleno podría producir en el plan de saneamiento de la cuenca”. Por último, propuso que el proyecto sea puesto a consideración de la Acumar y del juez federal de Quilmes, Luis Armella, a cargo del proceso de saneamiento de la cuenca, ya que “la ciudad no puede planear obras sin el consentimiento de esa autoridad, que está por encima de las jurisdicciones y está cumpliendo con una sentencia de la Corte Suprema de la Nación”.
El relleno costero sobre el Río de la Plata se viene realizando en Buenos Aires desde 1888. Esa práctica permitió “ganar” 2800 hectáreas a costa del río, sobre todo en Retiro, Recoleta y Puerto Madero. “Pero esa práctica no es correcta en el siglo XXI y no está de acuerdo con el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad (PUA), que pide respetar el perfil costero existente”, dijo a Página/12 Mora Aráuz, de la Fundación Ciudad. Además, no se consultó al Consejo del Plan Urbano Ambiental ni al Consejo del Plan Estratégico, advirtió.
Según Aráuz, el proyecto forma parte del “modelo territorial” que el macrismo presentó en la Legislatura, y que contempla numerosas intervenciones con rellenos sobre la costa del Río de la Plata y no sólo sobre el Riachuelo, donde –alertó– el relleno “podría generar un tapón”.
Respecto del destino del lugar, el Ministerio de Desarrollo Urbano sugirió que se podría utilizar como espacio público. Aráuz cree imposible su uso como espacio de recreación por la cercana presencia contaminante de la Central Costanera, una usina termoeléctrica. El propio ministro Daniel Chain había estimado que podría utilizarse para “una nueva zona destinada al desarrollo de tecnologías que permitan transformar la basura en materia prima”. Nápoli y Aráuz creen ver en esa afirmación el proyecto de instalar incineradores, hoy prohibidos por ley en la Ciudad.
El arquitecto Rodolfo Livingston agrega la sospecha de un negocio inmobiliario en esos futuros rellenos, “como una prolongación de Puerto Madero”. Es que el espacio está junto a la ex ciudad deportiva de Boca, donde está proyectada la construcción de un barrio de lujo. Nidia Marinaro, esposa y socia de Livingston, deduce que el relleno con áridos es un anuncio “de más demoliciones del patrimonio de la ciudad”, una verdadera plaga durante la actual gestión.
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Islas del Delta del Paraná: medidas para protegerlas
Santa Fe y Entre Ríos abordan conjuntamente la problemática ambiental de las islas del Delta del Paraná
Fecha de Publicación: 01/08/2012
Fuente: AgenciaFe - Infoambiente
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos
El Secretario de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, César Mackler brindó detalles del encuentro su par de la provincia de Entre Ríos, Fernando Raffo. Está en vigencia una prohibición de quema, se están labrando actas en las zonas afectadas por incendios y se está tomando intervención en las construcciones no autorizadas de terraplenes.
Mackler indicó que “el abordaje de las inquietudes de los últimos acontecimientos de quema de pastizales, construcción de terraplenes, entre otros no escapan a los temas de agenda que continuamente coordinamos y dialogamos”.
“Raffo me comunicó una serie de medidas que la provincia de Entre Ríos está implementando ya que es la autoridad con jurisdicción para intervenir en los hechos antes mencionados” y detalló “desde el pasado 26 de julio rige una orden provincial que prohíbe la quema en zona de islas, al tiempo que se comenzaron a labrar una serie de actas, acompañadas del peritaje correspondiente en las zonas donde hubo este tipo de siniestros”.
Muchos de los focos de incendios fueron detectados por un equipo de sistema satelital y por el avión vigía del Sistema Nacional del Fuego al que ambas provincias litoraleñas están adheridos.
Otro tema abordado por los funcionarios del área ambiental tiene que ver con la construcción de un terraplén a la altura de la localidad de Victoria. En tal sentido Raffo informó que “se está tomando intervención desde la cartera a su cargo y que se procederá en forma similar al protocolo aplicado en la localidad de Colón, donde ante la construcción de un terraplén se procedió al dictado de una resolución avalada por decreto del gobernador ordenando el desmantelamiento del mismo”.
Mackler adelantó que la semana próxima está agendada una reunión con su par entrerriano a fin de evaluar el avance del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (Piecas) del Delta y para evaluar la posibilidad de generar un Sitio Ramsar compartido por ambas provincias.
Finalmente, Mackler destacó la estrecha relación en materia ambiental que mantienen las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y sostuvo que “el desarrollo sustentable de la región y el cuidado del medio ambiente es el objetivo primordial y común que sortea cualquier tipo de circunstancias de orden jurídico - administrativa o de límites geográficos y se plasma en un trabajo compartido y a la par”.
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Fecha de Publicación: 01/08/2012
Fuente: AgenciaFe - Infoambiente
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos
El Secretario de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, César Mackler brindó detalles del encuentro su par de la provincia de Entre Ríos, Fernando Raffo. Está en vigencia una prohibición de quema, se están labrando actas en las zonas afectadas por incendios y se está tomando intervención en las construcciones no autorizadas de terraplenes.Mackler indicó que “el abordaje de las inquietudes de los últimos acontecimientos de quema de pastizales, construcción de terraplenes, entre otros no escapan a los temas de agenda que continuamente coordinamos y dialogamos”.
“Raffo me comunicó una serie de medidas que la provincia de Entre Ríos está implementando ya que es la autoridad con jurisdicción para intervenir en los hechos antes mencionados” y detalló “desde el pasado 26 de julio rige una orden provincial que prohíbe la quema en zona de islas, al tiempo que se comenzaron a labrar una serie de actas, acompañadas del peritaje correspondiente en las zonas donde hubo este tipo de siniestros”.
Muchos de los focos de incendios fueron detectados por un equipo de sistema satelital y por el avión vigía del Sistema Nacional del Fuego al que ambas provincias litoraleñas están adheridos.
Otro tema abordado por los funcionarios del área ambiental tiene que ver con la construcción de un terraplén a la altura de la localidad de Victoria. En tal sentido Raffo informó que “se está tomando intervención desde la cartera a su cargo y que se procederá en forma similar al protocolo aplicado en la localidad de Colón, donde ante la construcción de un terraplén se procedió al dictado de una resolución avalada por decreto del gobernador ordenando el desmantelamiento del mismo”.
Mackler adelantó que la semana próxima está agendada una reunión con su par entrerriano a fin de evaluar el avance del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (Piecas) del Delta y para evaluar la posibilidad de generar un Sitio Ramsar compartido por ambas provincias.
Finalmente, Mackler destacó la estrecha relación en materia ambiental que mantienen las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y sostuvo que “el desarrollo sustentable de la región y el cuidado del medio ambiente es el objetivo primordial y común que sortea cualquier tipo de circunstancias de orden jurídico - administrativa o de límites geográficos y se plasma en un trabajo compartido y a la par”.
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En Tucumán piden denunciar la quema de cañaverales
Defensa Civil pidió a la población que denuncie la quema de cañaverales
Fecha de Publicación: 31/07/2012
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
El titular del organismo, Fernando Torres, solicitó a los habitantes de la provincia que se comuniquen con la línea telefónica gratuita 103, que está habilitada durante las 24 horas, para poner en conocimiento de las autoridades estos incendios. Contaminación, cortes de luz y un grave riesgo para la salud de la población.
El desarrollo pleno la actividad azucarera en la provincia también trae aparejada la queja constante de la población por la cantidad de incendios que se producen en los campos que poseen caña en pie.
Esta situación se puso en evidencia con la cantidad de cenizas que cayeron en la provincia en las últimas semanas, y la permanente presencia de humo, puntualmente en las rutas del Interior, lo que torna muy peligrosa la circulación vehicular.
"A nosotros nos llega la problemática de la quema de caña. Notamos que se viene repitiendo como otros años cuando empieza la zafra y aparecen las denuncias", indicó el ingeniero Fernando Torres, director de Defensa Civil de Tucumán.
"Notamos, de acuerdo con el año, en 2009, por ejemplo, hubo una helada muy importante y arrancaron las quemas prematuras. Fue conocido que (entonces) hicimos un control para frenar el problema", comentó el funcionario
Asimismo el titular de Defensa Civil expresó que "hay muchos cañeros que no poseen las maquinarias adecuadas y recurren a la quema como método".
"A partir de esto comienzan a aparecer los llamados de vecinos al 103, tomamos cuenta de esta situación y la policía hace la primera constatación. Se pueden hacer medidas de control o extinguir el incendio", remarcó el funcionario, quien solicitó a la población que denuncie estas situaciones, por el grave riesgo que implican.
En este sentido, recordó que por el accionar del viento estos incendios pueden salirse de control y alcanzar sectores de viviendas. “Es decir que además de dañar el ambiente perjudica a los vecinos", informó.
Torres indicó que para hacer las denuncias se puede llamar las 24 horas al 103 y a partir de allí se harán las preguntas pertinentes sobre el foco contaminante.
La quema de cañaverales en esta provincia provoca daños irreversibles en el medioambiente, con la emisión a la atmósfera de gases tóxicos (óxidos, dióxido de carbón, óxido de azufre, óxido de nitrógeno, responsables de la famosa lluvia ácida), como también muchas consecuencias desagradables para la salud misma de los seres humanos, entre las tantas graves infecciones respiratorias, que se ven agravadas por este motivo. El humo puede provocar accidentes en las rutas debido a que reduce notablemente la visibilidad.
Las graves consecuencias de la quema indiscriminada de cañaverales fueron analizadas la semana pasada por la Comisión de Medio Ambiente de la Legislatura de Tucumán.
Cabe recordar que el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, inició de oficio, una causa penal a los fines de constatar la posible comisión de delitos previstos en leyes nacionales, encontrándose los responsables de la quema de caña en pie incursos en la presunta violación en lo referido al Entorpecimiento de Transportes y Servicios Públicos, en este caso, el de energía, el ocasionar incendios y otros estragos.
Para el fiscal "la quema de cañaverales y pastizales, además de generar cortes en el sistema energético, también han ocasionado una gran contaminación del aire, arrojando un grave peligro al ambiente en general", indicó.
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Fecha de Publicación: 31/07/2012
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
El titular del organismo, Fernando Torres, solicitó a los habitantes de la provincia que se comuniquen con la línea telefónica gratuita 103, que está habilitada durante las 24 horas, para poner en conocimiento de las autoridades estos incendios. Contaminación, cortes de luz y un grave riesgo para la salud de la población. El desarrollo pleno la actividad azucarera en la provincia también trae aparejada la queja constante de la población por la cantidad de incendios que se producen en los campos que poseen caña en pie.
Esta situación se puso en evidencia con la cantidad de cenizas que cayeron en la provincia en las últimas semanas, y la permanente presencia de humo, puntualmente en las rutas del Interior, lo que torna muy peligrosa la circulación vehicular.
"A nosotros nos llega la problemática de la quema de caña. Notamos que se viene repitiendo como otros años cuando empieza la zafra y aparecen las denuncias", indicó el ingeniero Fernando Torres, director de Defensa Civil de Tucumán.
"Notamos, de acuerdo con el año, en 2009, por ejemplo, hubo una helada muy importante y arrancaron las quemas prematuras. Fue conocido que (entonces) hicimos un control para frenar el problema", comentó el funcionario
Asimismo el titular de Defensa Civil expresó que "hay muchos cañeros que no poseen las maquinarias adecuadas y recurren a la quema como método".
"A partir de esto comienzan a aparecer los llamados de vecinos al 103, tomamos cuenta de esta situación y la policía hace la primera constatación. Se pueden hacer medidas de control o extinguir el incendio", remarcó el funcionario, quien solicitó a la población que denuncie estas situaciones, por el grave riesgo que implican.
En este sentido, recordó que por el accionar del viento estos incendios pueden salirse de control y alcanzar sectores de viviendas. “Es decir que además de dañar el ambiente perjudica a los vecinos", informó.
Torres indicó que para hacer las denuncias se puede llamar las 24 horas al 103 y a partir de allí se harán las preguntas pertinentes sobre el foco contaminante.
La quema de cañaverales en esta provincia provoca daños irreversibles en el medioambiente, con la emisión a la atmósfera de gases tóxicos (óxidos, dióxido de carbón, óxido de azufre, óxido de nitrógeno, responsables de la famosa lluvia ácida), como también muchas consecuencias desagradables para la salud misma de los seres humanos, entre las tantas graves infecciones respiratorias, que se ven agravadas por este motivo. El humo puede provocar accidentes en las rutas debido a que reduce notablemente la visibilidad.
Las graves consecuencias de la quema indiscriminada de cañaverales fueron analizadas la semana pasada por la Comisión de Medio Ambiente de la Legislatura de Tucumán.
Cabe recordar que el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, inició de oficio, una causa penal a los fines de constatar la posible comisión de delitos previstos en leyes nacionales, encontrándose los responsables de la quema de caña en pie incursos en la presunta violación en lo referido al Entorpecimiento de Transportes y Servicios Públicos, en este caso, el de energía, el ocasionar incendios y otros estragos.
Para el fiscal "la quema de cañaverales y pastizales, además de generar cortes en el sistema energético, también han ocasionado una gran contaminación del aire, arrojando un grave peligro al ambiente en general", indicó.
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Un plan para conservar el Yaguareté
Se aprobó un plan de acción para la conservación del Yaguareté
Fecha de Publicación: 31/07/2012
Fuente: Telam
Provincia/Región: Misiones
En el marco de las acciones conjuntas que se realizan para proteger al Yaguareté, la Administración de Parques Nacionales (APN) aprobó el plan de acción interinstitucional, un documento que fue elaborado a fines del año pasado mediante un proceso de aportes colectivos de diversos organismos y ONGs.
El Plan de Acción para la conservación de esta emblemática especie del Corredor Verde de la provincia Misiones es el primero en su tipo a nivel regional, y fue generado por el trabajo conjunto de la APN con otras instituciones.
Participaron del proceso el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones; la Fundación Vida Silvestre Argentina; el Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico, la Red Yaguareté y la Fundación de Historia Natural Félix de Azara.
La Presidenta del directorio de la APN, Patricia Grandini, destacó que “esta estrategia de acción concreta fue elaborada mediante un proceso democrático y participativo, junto a las comunidades locales; y será incorporada a los Planes Operativos Anuales de las dependencias de Parques Nacionales, que cotidianamente trabajan en la protección territorial de esta especie en peligro de extinción”.
El Plan de Acción contiene siete programas específicos para el desarrollo de 38 acciones, en las que se identificaron tanto los indicadores, como los responsables y los plazos de ejecución.
Se espera que esta nueva herramienta de gestión, que cuenta con un esquema de implementación de cuatro años de duración, permita revertir la situación actual y asegurarla conservación de una especie emblemática de la Selva Paranaense.
El Yaguareté fue declarado como Monumento Natural en el año 2001 mediante la Ley 25.463, y está considerado como una especie en alto riesgo de extinción por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
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Fecha de Publicación: 31/07/2012
Fuente: Telam
Provincia/Región: Misiones
En el marco de las acciones conjuntas que se realizan para proteger al Yaguareté, la Administración de Parques Nacionales (APN) aprobó el plan de acción interinstitucional, un documento que fue elaborado a fines del año pasado mediante un proceso de aportes colectivos de diversos organismos y ONGs.
El Plan de Acción para la conservación de esta emblemática especie del Corredor Verde de la provincia Misiones es el primero en su tipo a nivel regional, y fue generado por el trabajo conjunto de la APN con otras instituciones.
Participaron del proceso el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones; la Fundación Vida Silvestre Argentina; el Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico, la Red Yaguareté y la Fundación de Historia Natural Félix de Azara.
La Presidenta del directorio de la APN, Patricia Grandini, destacó que “esta estrategia de acción concreta fue elaborada mediante un proceso democrático y participativo, junto a las comunidades locales; y será incorporada a los Planes Operativos Anuales de las dependencias de Parques Nacionales, que cotidianamente trabajan en la protección territorial de esta especie en peligro de extinción”.
El Plan de Acción contiene siete programas específicos para el desarrollo de 38 acciones, en las que se identificaron tanto los indicadores, como los responsables y los plazos de ejecución.
Se espera que esta nueva herramienta de gestión, que cuenta con un esquema de implementación de cuatro años de duración, permita revertir la situación actual y asegurarla conservación de una especie emblemática de la Selva Paranaense.
El Yaguareté fue declarado como Monumento Natural en el año 2001 mediante la Ley 25.463, y está considerado como una especie en alto riesgo de extinción por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
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Lejos de la Basura Cero en la Capital Federal
Lejos de la Basura Cero, en la Ciudad aumentan los residuos per cápita
Fecha de Publicación: 30/07/2012
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Capital
A pesar de la tendencia decreciente de la población que reside en la Capital Federal, el gobierno porteño no logra hacer descender la cantidad de desechos que se producen. Y sólo recicla un 10%, gracias a las cooperativas de cartoneros.Las 6300 toneladas diarias de residuos que se recolectan de las 22 mil cuadras que tiene la Ciudad de Buenos Aires cuentan mucho sobre los comportamientos de consumo de los porteños y su compleja relación con los residuos que tiran al cesto.
Dentro de esa masa creciente de desechos recolectados, compactados y enterrados día tras día, las estadísticas revelan que las basuras no son todas iguales y que su composición diversa es crucial para entender por qué el Conurbano Bonaerense está cada vez más lleno de basura y por qué sus rellenos sanitarios están al borde del colapso. Esa acumulación contaminante, que parece descontrolada, es cuantificada por expertos de la Coordinación Ecológica del Área Metropolitana (CEAMSE) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires desde 1991. Los resultados son publicados por su Instituto de Ingeniería Sanitaria, que actualiza todos los años un minucioso Estudio de Calidad de los Residuos Sólidos de la ciudad y de los 33 principales municipios del Conurbano. Ese documento suele dormir en los escritorios de los principales funcionarios relacionados con la gestión de la basura, pero este año fue exhumado del letargo por la legisladora porteña Claudia Neira, del bloque Buenos Aires para Todos, que comparó el promedio diario de basura generada per cápita con la evolución poblacional de la Capital Federal desde 1947.
Ese contraste estadístico, entre los censos nacionales de los últimos 60 años con la producción diaria de basura por persona, permitió al equipo de Neira llegar a una dimensión precisa del descalabro ambiental que vive la ciudad al calor de la basura. "Si bien la población residente en la ciudad disminuyó en 150 mil habitantes, la producción per cápita de residuos sólidos urbanos no dejó de aumentar", sostiene Neira en el documento "Lo que tapa la basura", un diagnóstico elaborado por su equipo parlamentario que actualiza las cifras históricas de producción de basura.
Según el último censo, en los 202 kilómetros cuadrados de superficie porteña, viven 2.891.082 personas. Sin embargo, esa tendencia decreciente de la población porteña, que encontró su mayor disminución en 2010, no implicó menos residuos. En 1972, cada porteño generaba 700 gramos de basura por día, una cifra que llegó a los 882 gramos en 2001, y que superó el kilo en 2005, cuando la Legislatura Porteña sancionó la Ley de Basura Cero.
Desde entonces, la evolución de los desechos no experimentó la reducción que establecía la norma. Por el contrario, se registró una producción que siempre estuvo cerca del kilo diario de basura producida: 968 gramos per cápita cada 24 horas en 2007; 867 al año siguiente; y 883 en 2009.
Dentro de ese historial de producción, el estudio también revela que los residuos húmedos, es decir, los más difíciles de reciclar, han reducido su volumen en los últimos 40 años. "Si bien los desechos alimenticios mantienen el primer lugar, existe una marcada tendencia a la disminución: en 1972, significaban el 63,45% de toda la basura; y en el período 2005-2009 abarcan el 35-41% del total", sostiene el paper, luego de recordar que una de las basuras más reciclables, es decir los papeles y cartones, "mantienen una evolución constante con el 15 y 20% del total en el mismo lapso de tiempo, con un pico del 24% en 2001".
Además, el volumen histórico del plástico confirma su desaprovechamiento: en 1972, representaba un 2% de todos los desechos; y, a partir de 2005, esa participación en la torta global de la basura trepó al 20 por ciento. Ese cambio "indica una tendencia creciente de las empresas hacia un uso diversificado e irresponsable" del plástico. La conclusión no tiene otro destinatario que los grandes fabricantes de envases que, tal como señala el documento, han profundizado su lobby en el Congreso de la Nación para evitar que prospere una ley nacional de envases que presentó en 2011 el senador Daniel Filmus (Frente para la Victoria).
Pero a otras realidades no hay lobby que las frene. Los porteños, en la actualidad, casi no separan nada de la basura que producen. Su clasificación estadística, a cargo del CEAMSE y la UBA, permite comprender las consecuencias. El diagnóstico advierte que "la Ciudad pagará un 35% más por la basura que entierra, debido al incremento de desechos, aunque casi el 40% de los residuos que ingresan al CEAMSE podrían ser reutilizados". Pero la Ciudad recicla "tan sólo un 10% de toda la basura" gracias al trabajo diario de las cooperativas de cartoneros. Sin su intervención, la ciudad enterraría 7000 toneladas diarias, es decir, 600 más que las 6300 que se compactan y luego se esconden bajo una tenue alfombra de césped.
Este escenario explica por qué el Estado porteño nunca podrá cumplir con la reducción del 50% de los residuos que estaba prevista para este año, de acuerdo a la Ley de Basura Cero. Las próximas metas implican bajar un 75% en 2017 y prohibir "la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables para el año 2020", dos plazos legales que, al parecer, nunca serán cumplidos. La prueba está en las 2,1 millones de toneladas de basura que se enterraron en 2010, el doble de lo previsto por ley para ese año, y un poco menos que el nuevo récord de enterramiento de 2011: 2.277.772,3 toneladas. De ese total, los 10 mil recuperadores urbanos alcanzan a reciclar el 10% del total, pero si no lo hicieran –explica Neira–, la Ciudad abonaría 40.500 dólares diarios de los 50 por tonelada (unos 315 mil) que paga el Estado, el doble de lo que abona en incentivos para los cartoneros organizados". Una postal muy lejana de aquella imagen de 1947. Ahora, la nueva ciudad verde es cada vez más desigual: tiene más basura y menos población. «
Récord. 2,277 millones de toneladas de basura generadas en la Ciudad de Buenos Aires fueron enterradas en rellenos sanitarios durante 2011.
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Fecha de Publicación: 30/07/2012
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Capital
A pesar de la tendencia decreciente de la población que reside en la Capital Federal, el gobierno porteño no logra hacer descender la cantidad de desechos que se producen. Y sólo recicla un 10%, gracias a las cooperativas de cartoneros.Las 6300 toneladas diarias de residuos que se recolectan de las 22 mil cuadras que tiene la Ciudad de Buenos Aires cuentan mucho sobre los comportamientos de consumo de los porteños y su compleja relación con los residuos que tiran al cesto. Dentro de esa masa creciente de desechos recolectados, compactados y enterrados día tras día, las estadísticas revelan que las basuras no son todas iguales y que su composición diversa es crucial para entender por qué el Conurbano Bonaerense está cada vez más lleno de basura y por qué sus rellenos sanitarios están al borde del colapso. Esa acumulación contaminante, que parece descontrolada, es cuantificada por expertos de la Coordinación Ecológica del Área Metropolitana (CEAMSE) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires desde 1991. Los resultados son publicados por su Instituto de Ingeniería Sanitaria, que actualiza todos los años un minucioso Estudio de Calidad de los Residuos Sólidos de la ciudad y de los 33 principales municipios del Conurbano. Ese documento suele dormir en los escritorios de los principales funcionarios relacionados con la gestión de la basura, pero este año fue exhumado del letargo por la legisladora porteña Claudia Neira, del bloque Buenos Aires para Todos, que comparó el promedio diario de basura generada per cápita con la evolución poblacional de la Capital Federal desde 1947.
Ese contraste estadístico, entre los censos nacionales de los últimos 60 años con la producción diaria de basura por persona, permitió al equipo de Neira llegar a una dimensión precisa del descalabro ambiental que vive la ciudad al calor de la basura. "Si bien la población residente en la ciudad disminuyó en 150 mil habitantes, la producción per cápita de residuos sólidos urbanos no dejó de aumentar", sostiene Neira en el documento "Lo que tapa la basura", un diagnóstico elaborado por su equipo parlamentario que actualiza las cifras históricas de producción de basura.
Según el último censo, en los 202 kilómetros cuadrados de superficie porteña, viven 2.891.082 personas. Sin embargo, esa tendencia decreciente de la población porteña, que encontró su mayor disminución en 2010, no implicó menos residuos. En 1972, cada porteño generaba 700 gramos de basura por día, una cifra que llegó a los 882 gramos en 2001, y que superó el kilo en 2005, cuando la Legislatura Porteña sancionó la Ley de Basura Cero.
Desde entonces, la evolución de los desechos no experimentó la reducción que establecía la norma. Por el contrario, se registró una producción que siempre estuvo cerca del kilo diario de basura producida: 968 gramos per cápita cada 24 horas en 2007; 867 al año siguiente; y 883 en 2009.
Dentro de ese historial de producción, el estudio también revela que los residuos húmedos, es decir, los más difíciles de reciclar, han reducido su volumen en los últimos 40 años. "Si bien los desechos alimenticios mantienen el primer lugar, existe una marcada tendencia a la disminución: en 1972, significaban el 63,45% de toda la basura; y en el período 2005-2009 abarcan el 35-41% del total", sostiene el paper, luego de recordar que una de las basuras más reciclables, es decir los papeles y cartones, "mantienen una evolución constante con el 15 y 20% del total en el mismo lapso de tiempo, con un pico del 24% en 2001".
Además, el volumen histórico del plástico confirma su desaprovechamiento: en 1972, representaba un 2% de todos los desechos; y, a partir de 2005, esa participación en la torta global de la basura trepó al 20 por ciento. Ese cambio "indica una tendencia creciente de las empresas hacia un uso diversificado e irresponsable" del plástico. La conclusión no tiene otro destinatario que los grandes fabricantes de envases que, tal como señala el documento, han profundizado su lobby en el Congreso de la Nación para evitar que prospere una ley nacional de envases que presentó en 2011 el senador Daniel Filmus (Frente para la Victoria).
Pero a otras realidades no hay lobby que las frene. Los porteños, en la actualidad, casi no separan nada de la basura que producen. Su clasificación estadística, a cargo del CEAMSE y la UBA, permite comprender las consecuencias. El diagnóstico advierte que "la Ciudad pagará un 35% más por la basura que entierra, debido al incremento de desechos, aunque casi el 40% de los residuos que ingresan al CEAMSE podrían ser reutilizados". Pero la Ciudad recicla "tan sólo un 10% de toda la basura" gracias al trabajo diario de las cooperativas de cartoneros. Sin su intervención, la ciudad enterraría 7000 toneladas diarias, es decir, 600 más que las 6300 que se compactan y luego se esconden bajo una tenue alfombra de césped.
Este escenario explica por qué el Estado porteño nunca podrá cumplir con la reducción del 50% de los residuos que estaba prevista para este año, de acuerdo a la Ley de Basura Cero. Las próximas metas implican bajar un 75% en 2017 y prohibir "la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables para el año 2020", dos plazos legales que, al parecer, nunca serán cumplidos. La prueba está en las 2,1 millones de toneladas de basura que se enterraron en 2010, el doble de lo previsto por ley para ese año, y un poco menos que el nuevo récord de enterramiento de 2011: 2.277.772,3 toneladas. De ese total, los 10 mil recuperadores urbanos alcanzan a reciclar el 10% del total, pero si no lo hicieran –explica Neira–, la Ciudad abonaría 40.500 dólares diarios de los 50 por tonelada (unos 315 mil) que paga el Estado, el doble de lo que abona en incentivos para los cartoneros organizados". Una postal muy lejana de aquella imagen de 1947. Ahora, la nueva ciudad verde es cada vez más desigual: tiene más basura y menos población. «
Récord. 2,277 millones de toneladas de basura generadas en la Ciudad de Buenos Aires fueron enterradas en rellenos sanitarios durante 2011.
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Cobos habló sobre el conflicto por el río Atuel
"El trasvase es la única solución al río Atuel"
Fecha de Publicación: 30/07/2012
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El ex vicepresidente y ex gobernador mendocino, Julio César Cleto Cobos, se mostró monolítico al referirse al conflicto que La Pampa mantiene con Mendoza, desde hace décadas, por las aguas del río Atuel. "La única solución es el trasvase desde el río Grande", afirmó durante la charla telefónica que mantuvo con LA ARENA. Y no se movió un centímetro de esa definición, diferenciándose claramente de los dichos del nuevo superintendente de Irrigación, José Luis Alvarez, quien reconoció públicamente que la provincia vecina nunca tuvo en cuenta los derechos pampeanos e incumplió el fallo de la Corte Suprema, dictado en 1987, que fijó la interjurisdiccionalidad del río.
Cobos, que ya adelantó que espera ser candidato a diputado nacional por el radicalismo el próximo año, conversó en forma exclusiva con este diario sobre la disputa por el Atuel, en momentos en que hay movimientos levantiscos en el sur mendocino, luego de que Alvarez brindara la declaración pública más categórica, de los últimos 25 años, de un funcionario cuyano en respaldo a los derechos de La Pampa.
El titular del Departamento General de Irrigación manifestó textualmente: "Hay una resolución judicial que sostiene que el río es interprovincial, y lo que nosotros hicimos fue no respetarla durante muchos años", y agregó que Mendoza posee "sobre el río Colorado un derecho de 34 metros cúbicos que no estamos usando. Para eso hay que hacer el trasvase del Grande al Atuel, pero para llevarlo adelante los pampeanos tienen que firmar que nos corresponde sacar esos 34 metros que figuran en los acuerdos del Coirco (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado). Si nosotros no respetamos sus derechos, no podemos reclamar por los nuestros", acotó el funcionario.
El actual gobierno cuyano, encabezado por el kirchnerista Francisco "Paco" Pérez, ha mostrado una cierta apertura para llegar a un entendimiento con La Pampa. Incluso, a fines de mayo,
el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Abal Medina, recibió en la Casa Rosada a Pérez y al gobernador pampeano, Oscar Mario Jorge, para que cumpla con el convenio firmado por ambos distritos el 7 de agosto de 2008, que establece que a partir de esa fecha debían tomar los recaudos "para asegurar un mínimo de escorrentía permanente sobre el Atuel en el límite interprovincial". En los hechos ello nunca ocurrió, y desde hace cuatro años La Pampa debería estar recibiendo agua en forma permanente.
Propuesta a Verna.
"La solución definitiva es el trasvase del Grande al Atuel. En su momento, yo se lo planteé a (el ex gobernador y actual senador, Carlos) Verna. Le dije en varias oportunidades que reclamáramos juntos ante Nación por ese tema y por la promoción industrial, pero me dijo que no porque lo que necesitaba era plata", expresó Cobos, quien últimamente ha venido criticando duramente a Pérez por los pocos avances en la millonaria obra hidroeléctrica de Portezuelo del Viento.
El ex vicepresidente de Néstor Kirchner recordó que a fines de los '90 Mendoza, La Pampa y Misiones reclamaron ante la Nación porque a través de un decreto de necesidad y urgencia -y no de una ley- se le prorrogaron beneficios impositivos de la promoción industrial a San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca. Así, las cuatro provincias estaban eximidas de pagar ciertos tributos y el resto perdía partes de esos fondos coparticipables.
Cobos negoció con Kirchner que Mendoza recibiera los dineros públicos para construir Portezuelo del Viento a cambio de bajar esa demanda. "A Verna le dije que pidiéramos los fondos para el trasvase del Atuel, porque si el Coirco nos autorizaba los 34 metros del Colorado al Grande, realizábamos la obra y podíamos asegurar esos cinco metros que nos pedía La Pampa", agregó.
- Pero el fallo de la Corte habla de la interprovincialidad del río y con el trasvase no se cumpliría, ya que eventualmente La Pampa recibiría agua del Grande y no del Atuel.
- Está bien, pero la realidad indica que la única solución es el paso de un vaso del Grande al Atuel. Es la única solución realizable y factible, porque los regantes se opondrán siempre a otra alternativa. Yo no imagino otra.
Cobos, en el diálogo con LA ARENA, reiteró una y otra vez que "esa es la única manera de asegurar los cinco metros que reclama La Pampa" y enfatizó que "el fallo de la Corte fue favorable a Mendoza" al fijar que la provincia cuyana debía asegurarse el agua para el riego de una determinada cantidad de hectáreas antes de dejarla correr hacia La Pampa.
Volviendo al tiempo en que fue gobernador (2003-2007), Cobos recordó que también invitó a Verna a la inauguración del canal margina del Atuel, en septiembre de 2005, y dijo que esa obra "permitió una mayor eficiencia en el riego".
"Yo sé que la Nación ahora está insistiendo para llegar a un acuerdo en este conflicto, pero al convenio (de 2008) le faltan los fondos para el trasvasamiento", subrayó.
- En definitiva, ¿coincide o no con los dichos de Alvarez?
- El fallo dice que Mendoza tiene que tener asegurado el riego. Por allí pasa la sentencia y la provincia no tiene asegurada esa cantidad de agua.
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Fecha de Publicación: 30/07/2012
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El ex vicepresidente y ex gobernador mendocino, Julio César Cleto Cobos, se mostró monolítico al referirse al conflicto que La Pampa mantiene con Mendoza, desde hace décadas, por las aguas del río Atuel. "La única solución es el trasvase desde el río Grande", afirmó durante la charla telefónica que mantuvo con LA ARENA. Y no se movió un centímetro de esa definición, diferenciándose claramente de los dichos del nuevo superintendente de Irrigación, José Luis Alvarez, quien reconoció públicamente que la provincia vecina nunca tuvo en cuenta los derechos pampeanos e incumplió el fallo de la Corte Suprema, dictado en 1987, que fijó la interjurisdiccionalidad del río.
Cobos, que ya adelantó que espera ser candidato a diputado nacional por el radicalismo el próximo año, conversó en forma exclusiva con este diario sobre la disputa por el Atuel, en momentos en que hay movimientos levantiscos en el sur mendocino, luego de que Alvarez brindara la declaración pública más categórica, de los últimos 25 años, de un funcionario cuyano en respaldo a los derechos de La Pampa.
El titular del Departamento General de Irrigación manifestó textualmente: "Hay una resolución judicial que sostiene que el río es interprovincial, y lo que nosotros hicimos fue no respetarla durante muchos años", y agregó que Mendoza posee "sobre el río Colorado un derecho de 34 metros cúbicos que no estamos usando. Para eso hay que hacer el trasvase del Grande al Atuel, pero para llevarlo adelante los pampeanos tienen que firmar que nos corresponde sacar esos 34 metros que figuran en los acuerdos del Coirco (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado). Si nosotros no respetamos sus derechos, no podemos reclamar por los nuestros", acotó el funcionario.
El actual gobierno cuyano, encabezado por el kirchnerista Francisco "Paco" Pérez, ha mostrado una cierta apertura para llegar a un entendimiento con La Pampa. Incluso, a fines de mayo,
el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Abal Medina, recibió en la Casa Rosada a Pérez y al gobernador pampeano, Oscar Mario Jorge, para que cumpla con el convenio firmado por ambos distritos el 7 de agosto de 2008, que establece que a partir de esa fecha debían tomar los recaudos "para asegurar un mínimo de escorrentía permanente sobre el Atuel en el límite interprovincial". En los hechos ello nunca ocurrió, y desde hace cuatro años La Pampa debería estar recibiendo agua en forma permanente.
Propuesta a Verna.
"La solución definitiva es el trasvase del Grande al Atuel. En su momento, yo se lo planteé a (el ex gobernador y actual senador, Carlos) Verna. Le dije en varias oportunidades que reclamáramos juntos ante Nación por ese tema y por la promoción industrial, pero me dijo que no porque lo que necesitaba era plata", expresó Cobos, quien últimamente ha venido criticando duramente a Pérez por los pocos avances en la millonaria obra hidroeléctrica de Portezuelo del Viento.
El ex vicepresidente de Néstor Kirchner recordó que a fines de los '90 Mendoza, La Pampa y Misiones reclamaron ante la Nación porque a través de un decreto de necesidad y urgencia -y no de una ley- se le prorrogaron beneficios impositivos de la promoción industrial a San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca. Así, las cuatro provincias estaban eximidas de pagar ciertos tributos y el resto perdía partes de esos fondos coparticipables.
Cobos negoció con Kirchner que Mendoza recibiera los dineros públicos para construir Portezuelo del Viento a cambio de bajar esa demanda. "A Verna le dije que pidiéramos los fondos para el trasvase del Atuel, porque si el Coirco nos autorizaba los 34 metros del Colorado al Grande, realizábamos la obra y podíamos asegurar esos cinco metros que nos pedía La Pampa", agregó.
- Pero el fallo de la Corte habla de la interprovincialidad del río y con el trasvase no se cumpliría, ya que eventualmente La Pampa recibiría agua del Grande y no del Atuel.
- Está bien, pero la realidad indica que la única solución es el paso de un vaso del Grande al Atuel. Es la única solución realizable y factible, porque los regantes se opondrán siempre a otra alternativa. Yo no imagino otra.
Cobos, en el diálogo con LA ARENA, reiteró una y otra vez que "esa es la única manera de asegurar los cinco metros que reclama La Pampa" y enfatizó que "el fallo de la Corte fue favorable a Mendoza" al fijar que la provincia cuyana debía asegurarse el agua para el riego de una determinada cantidad de hectáreas antes de dejarla correr hacia La Pampa.
Volviendo al tiempo en que fue gobernador (2003-2007), Cobos recordó que también invitó a Verna a la inauguración del canal margina del Atuel, en septiembre de 2005, y dijo que esa obra "permitió una mayor eficiencia en el riego".
"Yo sé que la Nación ahora está insistiendo para llegar a un acuerdo en este conflicto, pero al convenio (de 2008) le faltan los fondos para el trasvasamiento", subrayó.
- En definitiva, ¿coincide o no con los dichos de Alvarez?
- El fallo dice que Mendoza tiene que tener asegurado el riego. Por allí pasa la sentencia y la provincia no tiene asegurada esa cantidad de agua.
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Salta: destruyen cause de río por la arena
El río Rosario devastado por las plantas de áridos
Fecha de Publicación: 29/07/2012
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
A lo largo del cauce se observan desviaciones y una desmedida depredación del espacio natural.
Una recorrida desde la parte alta de la cuenca permitió verificar la constante depredación que sufre la naturaleza. La tala indiscriminada y el depósito de basura doméstica e industrial van en crecimiento, y no existen controles de los responsables de Minería ni de Ambiente y Protección Sustentable.
A lo largo del río Rosario las plantas de áridos trabajan en forma desordenada desviando el curso del agua y alterando el ecosistema de la maltratada cuenca alta de los afluentes del dique Cabra Corral.
Ni hablar de los desechos domésticos e industriales arrojados en las márgenes y caminos improvisados que generan los camiones de las canteras de ripio, que arremeten sin ningún tipo de cuidado sobre la flora original, la misma que es barrera natural para frenar los embates de las crecidas.
En Campo Quijano los constantes movimientos de tierra en donde se traza la ruta nacional 51, terminan contaminando la toma de agua para riego y consumo humano, generando un alto nivel de sedimentación que, según los especialistas,desvía el torrente e inunda en verano poblaciones aledañas a la ruta provincial 36..
Las plantas sobrepasan las márgenes naturales y llegan a sectores poblados de Rosario de Lerma.
A la altura de esta ciudad, una sola cantera procesa los áridos y utiliza el descarte del ripio y la arena para defensas del río. Pero igual se desmonta el bosque de baja altura y se forman basurales a cielo abierto.
Es fácil hallar basura de todo tipo mezclada con latas de agroquímicos utilizados en la producción del tabaco. “Es imposible pescar en esta zona, como se lo hacia años atrás. En Rosario de Lerma, atrapábamos sábalos, hoy es imposible pescar hasta una yusca” contó un lugareño de la zona de Carbajal.
En La Florida al agua cambia de color en algunos brazos del río de origen montano. Los desechos urbanos van desde chatarra de autos hasta desperdicio de ganado vacuno.
“En estos meses, ante la baja del caudal de agua, las canteras trabajan a full y durante el verano el río toma un curso que no es natural”, explicó a El Tribuno el propietario de un terreno en cercanías del río.
El intendente de Rosario de Lerma, Sergio Ramos explicó que “se informó a la policía sobre la tala indiscriminada a orillas del Rosario, pero lamentablemente no se ha podido hacer nada”.
No se tiene conocimiento de un relevamiento exhaustivo de la cuenca en su extensión desde Cabra Corral hasta Quijano y solamente se levantaron muestras en determinados puntos cuyos resultados no derivan en soluciones.
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Fecha de Publicación: 29/07/2012
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
A lo largo del cauce se observan desviaciones y una desmedida depredación del espacio natural. Una recorrida desde la parte alta de la cuenca permitió verificar la constante depredación que sufre la naturaleza. La tala indiscriminada y el depósito de basura doméstica e industrial van en crecimiento, y no existen controles de los responsables de Minería ni de Ambiente y Protección Sustentable.
A lo largo del río Rosario las plantas de áridos trabajan en forma desordenada desviando el curso del agua y alterando el ecosistema de la maltratada cuenca alta de los afluentes del dique Cabra Corral.
Ni hablar de los desechos domésticos e industriales arrojados en las márgenes y caminos improvisados que generan los camiones de las canteras de ripio, que arremeten sin ningún tipo de cuidado sobre la flora original, la misma que es barrera natural para frenar los embates de las crecidas.
En Campo Quijano los constantes movimientos de tierra en donde se traza la ruta nacional 51, terminan contaminando la toma de agua para riego y consumo humano, generando un alto nivel de sedimentación que, según los especialistas,desvía el torrente e inunda en verano poblaciones aledañas a la ruta provincial 36..
Las plantas sobrepasan las márgenes naturales y llegan a sectores poblados de Rosario de Lerma.
A la altura de esta ciudad, una sola cantera procesa los áridos y utiliza el descarte del ripio y la arena para defensas del río. Pero igual se desmonta el bosque de baja altura y se forman basurales a cielo abierto.
Es fácil hallar basura de todo tipo mezclada con latas de agroquímicos utilizados en la producción del tabaco. “Es imposible pescar en esta zona, como se lo hacia años atrás. En Rosario de Lerma, atrapábamos sábalos, hoy es imposible pescar hasta una yusca” contó un lugareño de la zona de Carbajal.
En La Florida al agua cambia de color en algunos brazos del río de origen montano. Los desechos urbanos van desde chatarra de autos hasta desperdicio de ganado vacuno.
“En estos meses, ante la baja del caudal de agua, las canteras trabajan a full y durante el verano el río toma un curso que no es natural”, explicó a El Tribuno el propietario de un terreno en cercanías del río.
El intendente de Rosario de Lerma, Sergio Ramos explicó que “se informó a la policía sobre la tala indiscriminada a orillas del Rosario, pero lamentablemente no se ha podido hacer nada”.
No se tiene conocimiento de un relevamiento exhaustivo de la cuenca en su extensión desde Cabra Corral hasta Quijano y solamente se levantaron muestras en determinados puntos cuyos resultados no derivan en soluciones.
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Tucumán: preocupación por la quema de cañaverales
La preocupación por la quema de cañaverales llegó a la Legislatura
Fecha de Publicación: 28/07/2012
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Tucumán
Los graves perjuicios que causa la quema indiscriminada de cañaverales, las medidas tomadas y la futura legislación sobre el tema, fueron analizados por la Comisión de Medio Ambiente de la Legislatura de Tucumán.
La reunión fue presidida por su titular, Alfredo Toscano, y participaron legisladores provinciales y funcionarios de diferentes áreas vinculadas a la problemática, entre ellos, el Defensor del Pueblo Hugo Cabral; el Secretario de Medio Ambiente Alfredo Montalván y Daniela Bustos, en representación del INTA.
En el encuentro, hubo expresiones de anhelo sobre la superación paulatina del afligente problema, hecho que causa severas dificultades en los tendidos eléctricos de la provincia, además de la permanente contaminación.
Para esto, se trazaron estrategias de desarrollo tecnológico, mediante control satelital, por un lado, y para un mejor aprovechamiento de los rastrojos, por el otro, para evitar la quema proveniente, en un porcentanje importante, de los sectores productivos, según manifestó Bustos.
La profesional, señaló además, “que el INTA desarrolla maquinaria verde y trabaja con metalmecánicas en su prototipo y discute con todas la mesas posibles los alcances del conflicto, a fin de lograr una estrategia conjunta para mejorar progresivamente la situación”.
Aseguró también, que “los principales focos de incendio de cañaverales están en Cruz Alta, Simoca y Graneros, aunque también hay concentración de focos urbanos que provienen de quema de basura, contribuyendo a la gravedad del problema”.
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No habrá otro siglo
Fecha de Publicación: 28/07/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
No alcanzan los 100 años de archivo de LA GACETA para documentar los estragos que la industria viene causando sobre el medio ambiente de la provincia y la región. Existen antecedentes de fines del siglo XIX, durante la gobernación de Próspero García (1890-1893) que dan cuenta de que los ingenios azucareros ya tenían prohibido arrojar sus desechos a los cursos naturales de agua.
Setenta y cinco gobernaciones después de García, la cuenca Salí-Dulce -que abarca desde Salta hasta Córdoba- ha sido devastada.
Distintos gobiernos han dictado exhortos y advertencias, han firmado decretos y han aprobado leyes para la conservación del hábitat. Su cumplimiento ha sido casi nulo y sólo en tan escasas excepciones que carece de sentido nombrarlas. Los resultados hablan por sí solos y contradicen cualquier argumentación que con rostros de piedra esgrimen los funcionarios de turno.
Esta última administración, la de José Alperovich, que transita su tercer mandato y está próxima a cumplir nueve años en el poder, carga sobre sus espaldas con más leyes, decretos, advertencias y resoluciones judiciales que todas las anteriores juntas y, paradójicamente, es la que ha roto todos los récords de contaminación ambiental.
"El año pasado exhortamos a la Secretaría de Medio Ambiente a intensificar los controles porque creemos que el problema se acentúa todos los años", afirmó el 23 de julio pasado Hugo Cabral, defensor del Pueblo de la provincia, en referencia a la quema ilegal de cañaverales y al enorme daño que causa todos los años, entre junio y diciembre.
Mientras el gobernador y sus funcionarios ambientales insisten en que están trabajando fuerte, Cabral, quien lejos de ser opositor es un fiel alperovichista, les dijo no. No se está cumpliendo con la ley 6.253 (1991) que en su artículo 38 prohíbe la quema de cañaverales, norma ampliada por las leyes 7.459 (2004) y 7.873 (2006), por las cuales los ingenios además no pueden recibir caña quemada y obliga al ejecutivo a erradicar esta práctica de todo el territorio provincial.
La quema de caña está además tipificada como delito en el artículo 186 del Código Penal, castigando con prisión o reclusión a los responsables.
Las cenizas ensucian casas, patios, plazas, ropa tendida recién lavada, ingresan a los ojos y a los pulmones, triplican las enfermedades respiratorias y duplican los accidentes de tránsito por falta de visibilidad en las rutas. Generan entre 20 y 60 cortes de luz por temporada por incendios bajo los tendidos de alta tensión, los que en algunos casos afectaron a varias provincias. Las aguas envenenadas, no sólo por los ingenios, sino por decenas de industrias y hasta por la estatal SAT que arroja a los ríos aguas servidas sin tratar de varias ciudades, asesinan miles de peces, degradan el suelo y cada año extinguen especies de flora y fauna y modifican para siempre el ecosistema.
Es cierto que las industrias generan fuentes de trabajo y millones en ganancias, pero habría que ver si no son más los millones que gasta el Estado (nosotros) y la población en salud, limpieza, accidentes y daños irreversibles. Poco más de un siglo nos ha bastado para arrasar con riquezas naturales que han tardado millones de años en desarrollarse. Tal vez nos queden 100 años más (según algunos científicos bastante menos) para seguir saqueando los recursos naturales sin devolver nada a cambio y sin cuidarlos.
Dentro de un siglo, cuando habitemos el "Desierto pútrido de la República", al menos nos quedarán los archivos del diario y la memoria para recordar quiénes fueron los responsables del exterminio.
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Fecha de Publicación: 28/07/2012
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Tucumán
Los graves perjuicios que causa la quema indiscriminada de cañaverales, las medidas tomadas y la futura legislación sobre el tema, fueron analizados por la Comisión de Medio Ambiente de la Legislatura de Tucumán.La reunión fue presidida por su titular, Alfredo Toscano, y participaron legisladores provinciales y funcionarios de diferentes áreas vinculadas a la problemática, entre ellos, el Defensor del Pueblo Hugo Cabral; el Secretario de Medio Ambiente Alfredo Montalván y Daniela Bustos, en representación del INTA.
En el encuentro, hubo expresiones de anhelo sobre la superación paulatina del afligente problema, hecho que causa severas dificultades en los tendidos eléctricos de la provincia, además de la permanente contaminación.
Para esto, se trazaron estrategias de desarrollo tecnológico, mediante control satelital, por un lado, y para un mejor aprovechamiento de los rastrojos, por el otro, para evitar la quema proveniente, en un porcentanje importante, de los sectores productivos, según manifestó Bustos.
La profesional, señaló además, “que el INTA desarrolla maquinaria verde y trabaja con metalmecánicas en su prototipo y discute con todas la mesas posibles los alcances del conflicto, a fin de lograr una estrategia conjunta para mejorar progresivamente la situación”.
Aseguró también, que “los principales focos de incendio de cañaverales están en Cruz Alta, Simoca y Graneros, aunque también hay concentración de focos urbanos que provienen de quema de basura, contribuyendo a la gravedad del problema”.
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No habrá otro siglo
Fecha de Publicación: 28/07/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
No alcanzan los 100 años de archivo de LA GACETA para documentar los estragos que la industria viene causando sobre el medio ambiente de la provincia y la región. Existen antecedentes de fines del siglo XIX, durante la gobernación de Próspero García (1890-1893) que dan cuenta de que los ingenios azucareros ya tenían prohibido arrojar sus desechos a los cursos naturales de agua.
Setenta y cinco gobernaciones después de García, la cuenca Salí-Dulce -que abarca desde Salta hasta Córdoba- ha sido devastada.
Distintos gobiernos han dictado exhortos y advertencias, han firmado decretos y han aprobado leyes para la conservación del hábitat. Su cumplimiento ha sido casi nulo y sólo en tan escasas excepciones que carece de sentido nombrarlas. Los resultados hablan por sí solos y contradicen cualquier argumentación que con rostros de piedra esgrimen los funcionarios de turno.
Esta última administración, la de José Alperovich, que transita su tercer mandato y está próxima a cumplir nueve años en el poder, carga sobre sus espaldas con más leyes, decretos, advertencias y resoluciones judiciales que todas las anteriores juntas y, paradójicamente, es la que ha roto todos los récords de contaminación ambiental.
"El año pasado exhortamos a la Secretaría de Medio Ambiente a intensificar los controles porque creemos que el problema se acentúa todos los años", afirmó el 23 de julio pasado Hugo Cabral, defensor del Pueblo de la provincia, en referencia a la quema ilegal de cañaverales y al enorme daño que causa todos los años, entre junio y diciembre.
Mientras el gobernador y sus funcionarios ambientales insisten en que están trabajando fuerte, Cabral, quien lejos de ser opositor es un fiel alperovichista, les dijo no. No se está cumpliendo con la ley 6.253 (1991) que en su artículo 38 prohíbe la quema de cañaverales, norma ampliada por las leyes 7.459 (2004) y 7.873 (2006), por las cuales los ingenios además no pueden recibir caña quemada y obliga al ejecutivo a erradicar esta práctica de todo el territorio provincial.
La quema de caña está además tipificada como delito en el artículo 186 del Código Penal, castigando con prisión o reclusión a los responsables.
Las cenizas ensucian casas, patios, plazas, ropa tendida recién lavada, ingresan a los ojos y a los pulmones, triplican las enfermedades respiratorias y duplican los accidentes de tránsito por falta de visibilidad en las rutas. Generan entre 20 y 60 cortes de luz por temporada por incendios bajo los tendidos de alta tensión, los que en algunos casos afectaron a varias provincias. Las aguas envenenadas, no sólo por los ingenios, sino por decenas de industrias y hasta por la estatal SAT que arroja a los ríos aguas servidas sin tratar de varias ciudades, asesinan miles de peces, degradan el suelo y cada año extinguen especies de flora y fauna y modifican para siempre el ecosistema.
Es cierto que las industrias generan fuentes de trabajo y millones en ganancias, pero habría que ver si no son más los millones que gasta el Estado (nosotros) y la población en salud, limpieza, accidentes y daños irreversibles. Poco más de un siglo nos ha bastado para arrasar con riquezas naturales que han tardado millones de años en desarrollarse. Tal vez nos queden 100 años más (según algunos científicos bastante menos) para seguir saqueando los recursos naturales sin devolver nada a cambio y sin cuidarlos.
Dentro de un siglo, cuando habitemos el "Desierto pútrido de la República", al menos nos quedarán los archivos del diario y la memoria para recordar quiénes fueron los responsables del exterminio.
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Conclusiones sobre desertificación en Río Negro
Presentaron conclusiones sobre desertificación en Río Negro
Fecha de Publicación: 28/07/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
En la oportunidad, Río Negro presentó las conclusiones de la jornada sobre la temática realizada en la provincia a fines de junio y en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. De ese encuentro organizado por la secretaría de Medio Ambiente participaron especialistas en la problemática y representantes de distintas instituciones públicas y privadas.
También fue presentado el anteproyecto de Ley elaborado por el diputado nacional por Río Negro Jorge Cejas junto a otros parlamentarios y que sería presentado en el Congreso en octubre próximo. Esta iniciativa de presupuestos mínimos para la desertificación se encuentra en una etapa de consultas con los sectores involucrados, razón por la cual fue presentado ante el Cofema para que la evalúe y se expida.
Entre las principales conclusiones de la jornada organizada por la secretaría de Medio Ambiente conducida por Laura Juárez se señaló que si bien existe suficiente capacidad técnica y operativa local para hacer frente a la lucha contra la desertificación -a través de las instituciones académicas existentes, equipos técnicos provinciales y nacionales, y Entes de Desarrollo regionales- se hace necesario conformar un grupo de trabajo que organice y coordine políticas y prácticas a desarrollar.
También se consideró imprescindible incluir a los productores en las discusiones y toma de decisión, cuando se adopten estrategias de lucha contra la desertificación, en particular si ello implica cambios en la matriz productiva y en las prácticas tradicionales.
No obstante en la jornada rionegrina se interpretó probable que los productores estén más ocupados en resolver la problemática que le plantea la coyuntura productiva y socioeconómica actual, que en trabajar activamente en solucionar el problema de la desertificación, que se percibe como una cuestión preocupante en plazos más largos.
Por otra parte se ponderó la labor de los investigadores y de los extensionistas como complemento de medidas de mitigación y de instalación de tecnologías y prácticas deseables, observando como fundamental que ambos grupos actúan en forma conjunta y coordinada.
En la jornada también fue analizado el aspecto tecnológico en relación al uso sustentable del suelo, estimándose "necesario comenzar a pensar en la instalación de prácticas deseables, fueren cuales fueren, en una escala que resulte superadora de las actuales experiencias piloto, a los efectos de lograr mejoras regionales realmente computables y de conseguir la atención y participación de los productores".
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Fecha de Publicación: 28/07/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
En la oportunidad, Río Negro presentó las conclusiones de la jornada sobre la temática realizada en la provincia a fines de junio y en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. De ese encuentro organizado por la secretaría de Medio Ambiente participaron especialistas en la problemática y representantes de distintas instituciones públicas y privadas.También fue presentado el anteproyecto de Ley elaborado por el diputado nacional por Río Negro Jorge Cejas junto a otros parlamentarios y que sería presentado en el Congreso en octubre próximo. Esta iniciativa de presupuestos mínimos para la desertificación se encuentra en una etapa de consultas con los sectores involucrados, razón por la cual fue presentado ante el Cofema para que la evalúe y se expida.
Entre las principales conclusiones de la jornada organizada por la secretaría de Medio Ambiente conducida por Laura Juárez se señaló que si bien existe suficiente capacidad técnica y operativa local para hacer frente a la lucha contra la desertificación -a través de las instituciones académicas existentes, equipos técnicos provinciales y nacionales, y Entes de Desarrollo regionales- se hace necesario conformar un grupo de trabajo que organice y coordine políticas y prácticas a desarrollar.
También se consideró imprescindible incluir a los productores en las discusiones y toma de decisión, cuando se adopten estrategias de lucha contra la desertificación, en particular si ello implica cambios en la matriz productiva y en las prácticas tradicionales.
No obstante en la jornada rionegrina se interpretó probable que los productores estén más ocupados en resolver la problemática que le plantea la coyuntura productiva y socioeconómica actual, que en trabajar activamente en solucionar el problema de la desertificación, que se percibe como una cuestión preocupante en plazos más largos.
Por otra parte se ponderó la labor de los investigadores y de los extensionistas como complemento de medidas de mitigación y de instalación de tecnologías y prácticas deseables, observando como fundamental que ambos grupos actúan en forma conjunta y coordinada.
En la jornada también fue analizado el aspecto tecnológico en relación al uso sustentable del suelo, estimándose "necesario comenzar a pensar en la instalación de prácticas deseables, fueren cuales fueren, en una escala que resulte superadora de las actuales experiencias piloto, a los efectos de lograr mejoras regionales realmente computables y de conseguir la atención y participación de los productores".
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Chaco: silvopastoriles fomentan desmontes
Denuncian que se extienden los silvopastoriles ilegales
Fecha de Publicación: 27/07/2012
Fuente: DataChaco
Provincia/Región: Chaco
Bosques autorizó un desmonte y un silvopastoril a la vera del camino lindero entre Avia Tarai y Napenay. Pero no se preservó el 20 % de tales especies y no fueron preservados 120 árboles mayores por hectáreas.
La Direcciónde Bosques autorizó un desmonte y un silvopastoril a la vera del camino lindero entre Avia Tarai y Napenay, en Colonia Pampa Napenay, a 8 kms de la Ruta Nacional 16. El desmonte se localiza a través de las coordenadas S 26° 39.092’ W 060° 40.345’.Fue autorizado en un campo de propiedad de Elvira Beatriz Sovek, en el marco del plan de aprovechamiento del cambio de uso del suelo. El técnico responsable ha sido el ingeniero forestal Felipe Esteche. La empresa de desmonte fue Danco S.R.L. La oficina forestal interviniente fue la de Sáenz Peña. Así lo señala, el Centro de Estudios e Investigación Social “Centro Mandela”.
La superficie autorizada fue de 67,06 hectáreas; sin embargo, lo efectivamente desmontado debería ser verificado por la Dirección de Bosques para comprobar si se ha respetado la extensión que autorizara, sin caer en el falso argumento de que en algunos casos los tractoristas se equivocan y desmontan una superficie mayor a la que correspondía.
Ese argumento, que no es tal, repetidamente ha sido usado por los funcionarios para tratar de esconderse el mal funcionamiento y la falta de controles del organismo y el mal desempeño de los técnicos responsables.
Silvopastoril mal realizado o desmonte en etapas
En el campo propiedad de la misma titular también se autorizó un silvopastoril de 67,06 hectáreas, dentro del plan de manejo sostenible del suelo, que fue mal realizado o directamente es un desmonte en etapa. Intervino el mismo técnico responsable, la misma empresa de desmonte y la oficina forestal de Sáenz Peña. Las coordenadas son las siguientes S 26° 38.837’ W 060° 40.233’. Las imágenes demuestran claramente que fue utilizado una topadora de grandes dimensiones, que probablemente ha sido la misma que se usó para efectuar el desmonte a tala rasa que se realizó en el campo de la misma titular. Las huellas de la oruga halladas en los lugares son idénticas.
El sistema aplicado viola la ley de bosques porque en áreas predominantes del campo intervenido se removieron, casi en su totalidad, las especies herbáceas y arbustivas que allí existían, mientras que en otras porciones no se preservó el 20 % de tales especies, como tampoco los diferentes estratos del monte. Y lo que resulta más evidente es que en buena parte del predio desmontado no fueron preservados 120 árboles mayores por hectáreas. En definitiva, no se respetó la remoción parcial de las especies, como tampoco la conservación de toda la superficie del dosel, la totalidad de los estratos y las clases diamétricas de las especies allí existentes.
Esto nuevamente pone en debate el mal funcionamiento de la Dirección de Bosques y el manejo insustentable del monte nativo chaqueño. Además, estas prácticas destructivas anticipadamente interpelan y ponen en cuestionamiento la vigencia y correcta aplicación futura de la Disposición 534, dictada el pasado 18 de julio por el Subsecretario de Recursos Naturales del Ministerio de la Producción. El problema no radica, fundamentalmente, en las leyes y en los restantes instrumentos legales, sino en la aplicación distorsionada o directamente en la inobservancia o violación de las mismas, que se produjeron y que se repiten por falta de controles, por burocracia, por ineficiencia, por tráfico de influencias, por corrupción o simplemente por dinero.
No se respetan las zonas de riesgos agroclimáticos
A un kilómetro del campo desmontado de propiedad de Sovek existen chacras con cultivos que fueron quemados por las tres heladas que se produjeron en el mes de junio, que se produjeron luego de la sequía que afectó a gran parte del territorio agrícola chaqueño.
Las imágenes reflejan claramente la crisis que provoca el sistema de uso y de explotación de la tierra, bajo un modelo pampeanizado casi extremo, por las alternancias climáticas extremas, en una sucesión continua que pone al descubierto el manejo insustentable del ecosistema en relación a las actividades productivas, especialmente cuando se amplía la frontera agrícola intensiva, lo que supone desmontes y la habilitación de nuevos suelos para la agricultura.
La degradación ambiental se potencia y se multiplica como consecuencia de que se han destinado tierras a la agricultura intensiva a pesar de no ser aptas para tal actividad dado que se localizan en zonas de riesgos agroclimáticos o de altos riesgos agroclimáticos reconocidos. En el mapa de zonificación de la ley de bosques se pintaron de verde regiones que no debieron ser destinadas a la agricultura industrial. La decisión tomada implica que pueden (o van) a desmontar un millón y medio de hectáreas para ampliar la frontera agrícola. De concretarse estos desmontes, los riesgos y daños ambientales que se ocasionen, que se acumularan a los que ya se produjeron, pueden generar el colapso del frágil ecosistema chaqueño.
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Fecha de Publicación: 27/07/2012
Fuente: DataChaco
Provincia/Región: Chaco
Bosques autorizó un desmonte y un silvopastoril a la vera del camino lindero entre Avia Tarai y Napenay. Pero no se preservó el 20 % de tales especies y no fueron preservados 120 árboles mayores por hectáreas.La Direcciónde Bosques autorizó un desmonte y un silvopastoril a la vera del camino lindero entre Avia Tarai y Napenay, en Colonia Pampa Napenay, a 8 kms de la Ruta Nacional 16. El desmonte se localiza a través de las coordenadas S 26° 39.092’ W 060° 40.345’.Fue autorizado en un campo de propiedad de Elvira Beatriz Sovek, en el marco del plan de aprovechamiento del cambio de uso del suelo. El técnico responsable ha sido el ingeniero forestal Felipe Esteche. La empresa de desmonte fue Danco S.R.L. La oficina forestal interviniente fue la de Sáenz Peña. Así lo señala, el Centro de Estudios e Investigación Social “Centro Mandela”.
La superficie autorizada fue de 67,06 hectáreas; sin embargo, lo efectivamente desmontado debería ser verificado por la Dirección de Bosques para comprobar si se ha respetado la extensión que autorizara, sin caer en el falso argumento de que en algunos casos los tractoristas se equivocan y desmontan una superficie mayor a la que correspondía.
Ese argumento, que no es tal, repetidamente ha sido usado por los funcionarios para tratar de esconderse el mal funcionamiento y la falta de controles del organismo y el mal desempeño de los técnicos responsables.
Silvopastoril mal realizado o desmonte en etapas
En el campo propiedad de la misma titular también se autorizó un silvopastoril de 67,06 hectáreas, dentro del plan de manejo sostenible del suelo, que fue mal realizado o directamente es un desmonte en etapa. Intervino el mismo técnico responsable, la misma empresa de desmonte y la oficina forestal de Sáenz Peña. Las coordenadas son las siguientes S 26° 38.837’ W 060° 40.233’. Las imágenes demuestran claramente que fue utilizado una topadora de grandes dimensiones, que probablemente ha sido la misma que se usó para efectuar el desmonte a tala rasa que se realizó en el campo de la misma titular. Las huellas de la oruga halladas en los lugares son idénticas.
El sistema aplicado viola la ley de bosques porque en áreas predominantes del campo intervenido se removieron, casi en su totalidad, las especies herbáceas y arbustivas que allí existían, mientras que en otras porciones no se preservó el 20 % de tales especies, como tampoco los diferentes estratos del monte. Y lo que resulta más evidente es que en buena parte del predio desmontado no fueron preservados 120 árboles mayores por hectáreas. En definitiva, no se respetó la remoción parcial de las especies, como tampoco la conservación de toda la superficie del dosel, la totalidad de los estratos y las clases diamétricas de las especies allí existentes.
Esto nuevamente pone en debate el mal funcionamiento de la Dirección de Bosques y el manejo insustentable del monte nativo chaqueño. Además, estas prácticas destructivas anticipadamente interpelan y ponen en cuestionamiento la vigencia y correcta aplicación futura de la Disposición 534, dictada el pasado 18 de julio por el Subsecretario de Recursos Naturales del Ministerio de la Producción. El problema no radica, fundamentalmente, en las leyes y en los restantes instrumentos legales, sino en la aplicación distorsionada o directamente en la inobservancia o violación de las mismas, que se produjeron y que se repiten por falta de controles, por burocracia, por ineficiencia, por tráfico de influencias, por corrupción o simplemente por dinero.
No se respetan las zonas de riesgos agroclimáticos
A un kilómetro del campo desmontado de propiedad de Sovek existen chacras con cultivos que fueron quemados por las tres heladas que se produjeron en el mes de junio, que se produjeron luego de la sequía que afectó a gran parte del territorio agrícola chaqueño.
Las imágenes reflejan claramente la crisis que provoca el sistema de uso y de explotación de la tierra, bajo un modelo pampeanizado casi extremo, por las alternancias climáticas extremas, en una sucesión continua que pone al descubierto el manejo insustentable del ecosistema en relación a las actividades productivas, especialmente cuando se amplía la frontera agrícola intensiva, lo que supone desmontes y la habilitación de nuevos suelos para la agricultura.
La degradación ambiental se potencia y se multiplica como consecuencia de que se han destinado tierras a la agricultura intensiva a pesar de no ser aptas para tal actividad dado que se localizan en zonas de riesgos agroclimáticos o de altos riesgos agroclimáticos reconocidos. En el mapa de zonificación de la ley de bosques se pintaron de verde regiones que no debieron ser destinadas a la agricultura industrial. La decisión tomada implica que pueden (o van) a desmontar un millón y medio de hectáreas para ampliar la frontera agrícola. De concretarse estos desmontes, los riesgos y daños ambientales que se ocasionen, que se acumularan a los que ya se produjeron, pueden generar el colapso del frágil ecosistema chaqueño.
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Etiquetas:
agricultura industrial,
Chaco,
Desmontes,
legislación y derecho ambiental
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