El problema sin ley de los residuos electrónicos
20:09 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Reciclaje de desechos tecno
Fecha de Publicación: 07/07/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El descarte de aparatos electricos y computadoras genera residuos altamente toxicos. algunos countries y barrios cerrados ya tienen planes para reciclar la basura, pero no la electronica.
Los expertos piensan en los barrios cerrados y countries como lugares perfectos para iniciativas que busquen separar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). “Si tenemos en cuenta las condiciones socioeconómicas, es un grupo clave para desarrollar un plan piloto de recolección diferenciada de residuos, no sólo de RAEE, sino también de otros reciclables como el plástico o el papel”, sostiene Verónica Calona, responsable de Asuntos Institucionales y Medio Ambiente de Silkers, dedicados a la disposición sustentable de la basura electrónica En Nordelta, por ejemplo, hace más de cinco años que sus más de 13.000 habitantes separan unas 360 toneladas de basura por mes en secos, orgánicos y verdes (de poda). “El 41% se transforma en compost, el 12% se recicla y así, menos del 47% llega al Ceamse”, detalla Pablo Segura, gerente general de la Asociación Vecinal Nordelta. Pero a pesar de ese avance todavía no cuentan con programas de gestión de RAEE, una situación que se repite en el resto de los barrios cerrados.
“Nosotros levantamos poco y nada (de RAEE). Lo llevamos a nuestro centro de reciclado y lo que se puede reparar se lo damos a alguno de los integrantes como parte de la política social de la cooperativa. Lo que no, se queda en el galpón. Es que el Ceamse no tiene un lugar específico para estas cosas”, confirma Adrián Sciortino, supervisor de Creando Conciencia, a cargo de los residuos en Santa Bárbara, Talar del Lago, Talar de Pacheco, La Comarca y Nordelta.
Lo que sucede hoy es que ni las empresas ni los vecinos tienen un marco normativo específico al que puedan ajustarse con esos residuos obsoletos: hasta ahora en el Congreso Nacional la “ley de basura electrónica” sólo cuenta con media sanción del Senado, y el Ejecutivo, aunque promulgó la ley 14.321, todavía no la reglamentó.
Al no existir un sistema de gestión que permita desechar los RAEE sin que vayan a parar al relleno sanitario, muchos vecinos optan por donarlos a distintas ONG o los ubican en el mercado de bienes usados. Juan Martin Ravettini, uno de los responsables de Qué Reciclo, una empresa que recupera PCs en desuso en barrios cerrados, lo resume: “Es un beneficio para todos: la gente me da los materiales, yo les sumo mi tiempo y entre todos ayudamos a que haya menos contaminación. Además, los monitores recuperados se venden a $ 35, lo que da acceso a más personas a la tecnología.” El problema radica, según advierten los ambientalistas, en que no todos los que con buena voluntad acometen la tarea de manipular estos residuos se encuentran en condiciones seguras de hacerlo. Con todo, sólo 10% del total del RAEE llega a ser reciclado, según calculan en Greenpeace, en base a estimaciones realizadas por distintas empresas del sector, consultoras y la Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines. Otro 50% permanece arrumbado en casas, oficinas y depósitos y, según las mismas proyecciones, el 40% restante termina en el relleno sanitario con el resto de la basura doméstica.
El año pasado recibió media sanción del Senado de la Nación y todavía espera ser tratada por la Cámara Baja. Está pensada para que las empresas fabricantes e importadoras de todo tipo de productos eléctricos y electrónicos se hagan cargo de los residuos al establecer lugares en donde los consumidores puedan dejarlos.
“Son las empresas las que deben hacerse cargo del pasivo ambiental”, advierte Consuelo Bilbao, coordinadora de Greenpeace, y continúa: “Municipalidades como la de Buenos Aires, que con buena intención se hicieron responsables de la recolección de pilas, después tuvieron un enorme dolor de cabeza a la hora de disponer de esos residuos. Por eso es que el que contamina debe pagar, porque al ser esto parte del costo de producción, tal como se comprobó en Europa, se ven obligados a disminuir el impacto ambiental”.
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Fecha de Publicación: 07/07/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El descarte de aparatos electricos y computadoras genera residuos altamente toxicos. algunos countries y barrios cerrados ya tienen planes para reciclar la basura, pero no la electronica.Los expertos piensan en los barrios cerrados y countries como lugares perfectos para iniciativas que busquen separar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). “Si tenemos en cuenta las condiciones socioeconómicas, es un grupo clave para desarrollar un plan piloto de recolección diferenciada de residuos, no sólo de RAEE, sino también de otros reciclables como el plástico o el papel”, sostiene Verónica Calona, responsable de Asuntos Institucionales y Medio Ambiente de Silkers, dedicados a la disposición sustentable de la basura electrónica En Nordelta, por ejemplo, hace más de cinco años que sus más de 13.000 habitantes separan unas 360 toneladas de basura por mes en secos, orgánicos y verdes (de poda). “El 41% se transforma en compost, el 12% se recicla y así, menos del 47% llega al Ceamse”, detalla Pablo Segura, gerente general de la Asociación Vecinal Nordelta. Pero a pesar de ese avance todavía no cuentan con programas de gestión de RAEE, una situación que se repite en el resto de los barrios cerrados.
“Nosotros levantamos poco y nada (de RAEE). Lo llevamos a nuestro centro de reciclado y lo que se puede reparar se lo damos a alguno de los integrantes como parte de la política social de la cooperativa. Lo que no, se queda en el galpón. Es que el Ceamse no tiene un lugar específico para estas cosas”, confirma Adrián Sciortino, supervisor de Creando Conciencia, a cargo de los residuos en Santa Bárbara, Talar del Lago, Talar de Pacheco, La Comarca y Nordelta.
Lo que sucede hoy es que ni las empresas ni los vecinos tienen un marco normativo específico al que puedan ajustarse con esos residuos obsoletos: hasta ahora en el Congreso Nacional la “ley de basura electrónica” sólo cuenta con media sanción del Senado, y el Ejecutivo, aunque promulgó la ley 14.321, todavía no la reglamentó.
Al no existir un sistema de gestión que permita desechar los RAEE sin que vayan a parar al relleno sanitario, muchos vecinos optan por donarlos a distintas ONG o los ubican en el mercado de bienes usados. Juan Martin Ravettini, uno de los responsables de Qué Reciclo, una empresa que recupera PCs en desuso en barrios cerrados, lo resume: “Es un beneficio para todos: la gente me da los materiales, yo les sumo mi tiempo y entre todos ayudamos a que haya menos contaminación. Además, los monitores recuperados se venden a $ 35, lo que da acceso a más personas a la tecnología.” El problema radica, según advierten los ambientalistas, en que no todos los que con buena voluntad acometen la tarea de manipular estos residuos se encuentran en condiciones seguras de hacerlo. Con todo, sólo 10% del total del RAEE llega a ser reciclado, según calculan en Greenpeace, en base a estimaciones realizadas por distintas empresas del sector, consultoras y la Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines. Otro 50% permanece arrumbado en casas, oficinas y depósitos y, según las mismas proyecciones, el 40% restante termina en el relleno sanitario con el resto de la basura doméstica.
El año pasado recibió media sanción del Senado de la Nación y todavía espera ser tratada por la Cámara Baja. Está pensada para que las empresas fabricantes e importadoras de todo tipo de productos eléctricos y electrónicos se hagan cargo de los residuos al establecer lugares en donde los consumidores puedan dejarlos.
“Son las empresas las que deben hacerse cargo del pasivo ambiental”, advierte Consuelo Bilbao, coordinadora de Greenpeace, y continúa: “Municipalidades como la de Buenos Aires, que con buena intención se hicieron responsables de la recolección de pilas, después tuvieron un enorme dolor de cabeza a la hora de disponer de esos residuos. Por eso es que el que contamina debe pagar, porque al ser esto parte del costo de producción, tal como se comprobó en Europa, se ven obligados a disminuir el impacto ambiental”.
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Minas de uranio y pasivos ambientales sin remediar
“No se remediaron ni el 40% de los pasivos ambientales en las minas de uranio mendocinas”
Fecha de Publicación: 07/07/2012
Fuente: Informador Político
Provincia/Región: Mendoza
El diputado nacional mendocino Enrique Vaquié participó hoy en una jornada de debate sobre la problemática relacionada al uso del agua organizada por la Unión Cívica Radical de San Rafael.
“En Mendoza, pareciera que los únicos que no se enteran sobre la importancia de la protección de las fuentes de agua son algunas personas de la clase política. Desde la UCR estamos orgullosos de lo logrado con la sanción de la ley 7.722 en Mendoza y de hacer desde el Congreso de la Nación todo lo que esté a nuestro alcance para que se respete el derecho a un medio ambiente sano consagrado nuestra Constitución Nacional,” explicó Vaquié.
El diputado radical contó: "Consultamos al Jefe de Gabinete de Ministros sobre el avance de la remediación ambiental que están obligados a realizar en aquellos lugares donde funcionan o funcionaron minas de uranio ya que el Poder Ejecutivo tanto nacional como provincial parecen más que interesados en volver a apostar a la energía nuclear que se sirve de ese material.
La respuesta que obtuvimos nos pareció preocupante: en el ex Complejo Fabril Malargüe, que cesó sus actividades en 1986, el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU) para junio de 2011 alcanzó un 35% de avance, gestionaron solo un 10% del volumen de colas de mineral. Mientras tanto, en el Complejo Minero Fabril San Rafael, ubicado en Sierra Pintada, que no se encuentra en operación desde 1995, las tareas que se están desarrollando son de restitución ambiental del Complejo y de tratamiento y acondicionamiento de instalaciones. Según la respuesta que recibimos del Poder Ejecutivo nacional, a la fecha se ha ejecutado solo un 27,1% del proyecto".
En el informe que el Jefe de Gabinete de Ministros envió al Congreso de la Nación por requerimiento de los diputados Vaquié y Juri también se informó que: "La CNEA, a partir del anuncio oficial de la reactivación de la Actividad Nuclear en Argentina en el año 2006 y de la formulación de un Plan Estratégico 2010-2019 tiene previsto el abastecimiento de las centrales nucleares argentinas con combustibles con uranio de yacimientos argentinos. En particular el yacimiento Sierra Pintada en la provincia de Mendoza, en las inmediaciones de la ciudad de San Rafael cuenta todavía con el 80 % de sus reservas.".
Para Vaquié: "Esa posibilidad está excluida por nuestra legislación provincial que prohíbe la utilización de sustancias tóxicas como la que implica la extracción de uranio, además, si no se remedian efectivamente los pasivos ambientales que todavía contaminan las Aguas mendocinas, todo debate será estéril".
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Fecha de Publicación: 07/07/2012
Fuente: Informador Político
Provincia/Región: Mendoza
El diputado nacional mendocino Enrique Vaquié participó hoy en una jornada de debate sobre la problemática relacionada al uso del agua organizada por la Unión Cívica Radical de San Rafael.
“En Mendoza, pareciera que los únicos que no se enteran sobre la importancia de la protección de las fuentes de agua son algunas personas de la clase política. Desde la UCR estamos orgullosos de lo logrado con la sanción de la ley 7.722 en Mendoza y de hacer desde el Congreso de la Nación todo lo que esté a nuestro alcance para que se respete el derecho a un medio ambiente sano consagrado nuestra Constitución Nacional,” explicó Vaquié.
El diputado radical contó: "Consultamos al Jefe de Gabinete de Ministros sobre el avance de la remediación ambiental que están obligados a realizar en aquellos lugares donde funcionan o funcionaron minas de uranio ya que el Poder Ejecutivo tanto nacional como provincial parecen más que interesados en volver a apostar a la energía nuclear que se sirve de ese material.
La respuesta que obtuvimos nos pareció preocupante: en el ex Complejo Fabril Malargüe, que cesó sus actividades en 1986, el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU) para junio de 2011 alcanzó un 35% de avance, gestionaron solo un 10% del volumen de colas de mineral. Mientras tanto, en el Complejo Minero Fabril San Rafael, ubicado en Sierra Pintada, que no se encuentra en operación desde 1995, las tareas que se están desarrollando son de restitución ambiental del Complejo y de tratamiento y acondicionamiento de instalaciones. Según la respuesta que recibimos del Poder Ejecutivo nacional, a la fecha se ha ejecutado solo un 27,1% del proyecto".
En el informe que el Jefe de Gabinete de Ministros envió al Congreso de la Nación por requerimiento de los diputados Vaquié y Juri también se informó que: "La CNEA, a partir del anuncio oficial de la reactivación de la Actividad Nuclear en Argentina en el año 2006 y de la formulación de un Plan Estratégico 2010-2019 tiene previsto el abastecimiento de las centrales nucleares argentinas con combustibles con uranio de yacimientos argentinos. En particular el yacimiento Sierra Pintada en la provincia de Mendoza, en las inmediaciones de la ciudad de San Rafael cuenta todavía con el 80 % de sus reservas.".
Para Vaquié: "Esa posibilidad está excluida por nuestra legislación provincial que prohíbe la utilización de sustancias tóxicas como la que implica la extracción de uranio, además, si no se remedian efectivamente los pasivos ambientales que todavía contaminan las Aguas mendocinas, todo debate será estéril".
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Sali-Dulce: Verifican obras en ingenios
Verifican obras en ingenios y disposición final de vinaza
Fecha de Publicación: 06/07/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán
El objetivo es dar cumplimiento al acuerdo firmado entre Santiago, Tucumán y la Nación para evitar la contaminación de la cuenca.
Con el propósito de verificar el grado de avance de las metas fijadas en el convenio firmado entre la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, Tucumán y Santiago del Estero para evitar la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, se realizó durante la semana una serie de inspecciones en ingenios azucareros de la vecina provincia.
El propósito de las auditorías consistió en comprobar el progreso de las acciones llevadas a cabo por los ingenios, tendientes a evitar vuelco de cenizas generadas por los filtros de calderas, como así también de la vinaza y demás efluentes líquidos residuales. Como quedó constado en el acuerdo, el objetivo esencial es evitar principalmente el vuelco de vinaza y recuperar el agua de lavado de caña de azúcar, al finalizar la zafra. Hasta aquí, cumpliendo con el programa, se inspeccionaron los ingenios San Juan, Santa Rosa, Santa Bárbara, Leales, Trinidad y Cruz Alta.
Visita a Leales
Sobre la inspección realizada ayer al ingenio Leales, el director de Medio Ambiente de la Provincia, Ing. Juan Carlos Targa, comentó a Nuevo Diario que dicha industria “tiene la ventaja de contar con tierras salino-sódicas, donde es dispuesta la vinaza y la cachaza”.
Recalcó que como resultado de cada inspección se labra un acta y se prepara un informe trimestral que es elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que analiza los pormenores de cada inspección realizada.
“Todavía hay algo de vinaza y se advierte que la misma no llegue a los ríos. Igualmente, todos están haciendo obras como conducción por vinazoducto”. Asimismo, Targa indicó que “se hace un seguimiento a los camiones que transportan vinaza para constatar que se deposita luego el desecho en un lugar referenciado y seguro”.
A la par de dichas inspecciones, comentó además que todos los días se realizan recorridos por los ríos tributarios del embalse (cuatro veces por día), con la intención de asegurar un control efectivo.
Participaron de los últimos controles miembros del Comité de Cuenca Salí-Dulce, Secretaría de Medio Ambiente de la Nación y Tucumán y Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero.
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Fecha de Publicación: 06/07/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán
El objetivo es dar cumplimiento al acuerdo firmado entre Santiago, Tucumán y la Nación para evitar la contaminación de la cuenca. Con el propósito de verificar el grado de avance de las metas fijadas en el convenio firmado entre la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, Tucumán y Santiago del Estero para evitar la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, se realizó durante la semana una serie de inspecciones en ingenios azucareros de la vecina provincia.
El propósito de las auditorías consistió en comprobar el progreso de las acciones llevadas a cabo por los ingenios, tendientes a evitar vuelco de cenizas generadas por los filtros de calderas, como así también de la vinaza y demás efluentes líquidos residuales. Como quedó constado en el acuerdo, el objetivo esencial es evitar principalmente el vuelco de vinaza y recuperar el agua de lavado de caña de azúcar, al finalizar la zafra. Hasta aquí, cumpliendo con el programa, se inspeccionaron los ingenios San Juan, Santa Rosa, Santa Bárbara, Leales, Trinidad y Cruz Alta.
Visita a Leales
Sobre la inspección realizada ayer al ingenio Leales, el director de Medio Ambiente de la Provincia, Ing. Juan Carlos Targa, comentó a Nuevo Diario que dicha industria “tiene la ventaja de contar con tierras salino-sódicas, donde es dispuesta la vinaza y la cachaza”.
Recalcó que como resultado de cada inspección se labra un acta y se prepara un informe trimestral que es elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que analiza los pormenores de cada inspección realizada.
“Todavía hay algo de vinaza y se advierte que la misma no llegue a los ríos. Igualmente, todos están haciendo obras como conducción por vinazoducto”. Asimismo, Targa indicó que “se hace un seguimiento a los camiones que transportan vinaza para constatar que se deposita luego el desecho en un lugar referenciado y seguro”.
A la par de dichas inspecciones, comentó además que todos los días se realizan recorridos por los ríos tributarios del embalse (cuatro veces por día), con la intención de asegurar un control efectivo.
Participaron de los últimos controles miembros del Comité de Cuenca Salí-Dulce, Secretaría de Medio Ambiente de la Nación y Tucumán y Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero.
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Chaco: Aprueban la nueva ley de agroquímicos
Aprueban la nueva ley de agroquímicos
Fecha de Publicación: 06/07/2012
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Chaco
La distancia de resguardo para las fumigaciones aéreas se ampliará a 1500 metros, mientras que para las terrestres será de 500. El tratamiento en particular se realizará el 25 de julio.
La iniciativa promovida por el Ejecutivo Provincial fue aprobada en general con 25 votos en la provincia de Chaco.
La nueva ley que regula el uso de agroquímicos apunta a convertirse en una norma para fortalecer el resguardo ambiental y el desarrollo sustentable, influyendo en el impacto de las actividades productivas agrícolas de la región.
Durante la sesión, se consideró necesario mejorar la actual Ley de Biocidas y poseer la potestad de ejercer la autoridad de aplicación de la misma a través del Ministerio de Planificación y Ambiente de la provincia.
En el recinto, Eduardo Aguilar, titular del Parlamento, abrió el debate destacando que esta es una “iniciativa trascendente” que trata en este tiempo la Legislatura, y expresó que “vamos a aprobar una iniciativa que nos pone de alguna manera en la vanguardia de las otras legislaciones que existen en otras provincias. Se están realizando juicios y han existido controversias en el Chaco de parte de distintas poblaciones que reclaman sentirse afectados por la aplicación de agroquímicos, esto se ha intentado recepcionar en la redacción, esta ley fija distancias mínimas que están acordes con las máximas que existen en el país para las aéreas que será de 1500 metros y 500 para las fumigaciones terrestres y adicionalmente le otorgamos a la autoridad de aplicación que es el Ministerio de Medio Ambiente con la posibilidad de ampliar estas distancias. Lo que ponemos en la ley son distancias mínimas - aclaró - que pueden ampliar o prohibir prácticas de fumigación aéreas en zonas de la provincia donde exista la necesidad de preservar de manera clara el ambiente y la salud de la población”.
En tanto, mencionó que la ley establece un principio precautorio “compatible con la legislación nacional que quiere decir que ante la existencia, presunción de riesgos graves e inminentes para la salud de la población con independencia de la realización de los estudios la autoridad de aplicación, se puede prohibir de manera preventiva la aplicación de agroquímicos".
“La ley - remarcó - prioriza la salud de la población y la preservación del ambiente en el marco de una provincia que tiene una muy fuerte transformación productiva", siguió. “Tal vez no sea una iniciativa definitiva - mencionó -, hay posibilidad de implementar estudios que van a ir cambiando las categorías de productos para bien o para mal y en ese caso la Legislatura va a tener que tener una nueva intervención. La eficacia de esta ley depende de la capacidad de aplicación que tenga el Ejecutivo”, argumentó Aguilar.
Por su parte, la titular de la Comisión de Salud Delia González explicó que “estamos usando agroquímicos, eso debe quedar en claro. Son venenos, no podemos negar irresponsablemente que estamos usando productos de altísima toxicidad. El éxito de esta ley es la educación”, anticipó añadiendo “a lo que se complementan los monitoreos, los registros epidemiológicos, el control y el seguimiento. Se ha demostrado que son venenos y nocivos para los anfibios, los casos presentados son debido al mal uso, al uso incorrecto o irresponsable de los agroquímicos. Lo que estamos apelando es que aparezca el Estado para hacer los controles y hacer la educación de la población”.
Finalmente, el diputado Sergio Vallejos reconoció que el tema se ha trabajado con mucha voluntad, con mucha participación “pero ha quedado evidenciado en el trabajo que se hizo en la jornada que todavía hay cuestiones que no quedan definidas”, dijo proponiendo el mantenimiento en cartera de la iniciativa, tras lo cual el diputado Ricardo Sánchez propuso la votación en general del despacho y que el tratamiento en particular se realice en la primera sesión después del receso “para ordenar la redacción”, cuestión que fue aceptada por los legisladores difiriendo el tratamiento en particular.
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Fecha de Publicación: 06/07/2012
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Chaco
La distancia de resguardo para las fumigaciones aéreas se ampliará a 1500 metros, mientras que para las terrestres será de 500. El tratamiento en particular se realizará el 25 de julio.
La iniciativa promovida por el Ejecutivo Provincial fue aprobada en general con 25 votos en la provincia de Chaco.
La nueva ley que regula el uso de agroquímicos apunta a convertirse en una norma para fortalecer el resguardo ambiental y el desarrollo sustentable, influyendo en el impacto de las actividades productivas agrícolas de la región.
Durante la sesión, se consideró necesario mejorar la actual Ley de Biocidas y poseer la potestad de ejercer la autoridad de aplicación de la misma a través del Ministerio de Planificación y Ambiente de la provincia.
En el recinto, Eduardo Aguilar, titular del Parlamento, abrió el debate destacando que esta es una “iniciativa trascendente” que trata en este tiempo la Legislatura, y expresó que “vamos a aprobar una iniciativa que nos pone de alguna manera en la vanguardia de las otras legislaciones que existen en otras provincias. Se están realizando juicios y han existido controversias en el Chaco de parte de distintas poblaciones que reclaman sentirse afectados por la aplicación de agroquímicos, esto se ha intentado recepcionar en la redacción, esta ley fija distancias mínimas que están acordes con las máximas que existen en el país para las aéreas que será de 1500 metros y 500 para las fumigaciones terrestres y adicionalmente le otorgamos a la autoridad de aplicación que es el Ministerio de Medio Ambiente con la posibilidad de ampliar estas distancias. Lo que ponemos en la ley son distancias mínimas - aclaró - que pueden ampliar o prohibir prácticas de fumigación aéreas en zonas de la provincia donde exista la necesidad de preservar de manera clara el ambiente y la salud de la población”.
En tanto, mencionó que la ley establece un principio precautorio “compatible con la legislación nacional que quiere decir que ante la existencia, presunción de riesgos graves e inminentes para la salud de la población con independencia de la realización de los estudios la autoridad de aplicación, se puede prohibir de manera preventiva la aplicación de agroquímicos".
“La ley - remarcó - prioriza la salud de la población y la preservación del ambiente en el marco de una provincia que tiene una muy fuerte transformación productiva", siguió. “Tal vez no sea una iniciativa definitiva - mencionó -, hay posibilidad de implementar estudios que van a ir cambiando las categorías de productos para bien o para mal y en ese caso la Legislatura va a tener que tener una nueva intervención. La eficacia de esta ley depende de la capacidad de aplicación que tenga el Ejecutivo”, argumentó Aguilar.
Por su parte, la titular de la Comisión de Salud Delia González explicó que “estamos usando agroquímicos, eso debe quedar en claro. Son venenos, no podemos negar irresponsablemente que estamos usando productos de altísima toxicidad. El éxito de esta ley es la educación”, anticipó añadiendo “a lo que se complementan los monitoreos, los registros epidemiológicos, el control y el seguimiento. Se ha demostrado que son venenos y nocivos para los anfibios, los casos presentados son debido al mal uso, al uso incorrecto o irresponsable de los agroquímicos. Lo que estamos apelando es que aparezca el Estado para hacer los controles y hacer la educación de la población”.
Finalmente, el diputado Sergio Vallejos reconoció que el tema se ha trabajado con mucha voluntad, con mucha participación “pero ha quedado evidenciado en el trabajo que se hizo en la jornada que todavía hay cuestiones que no quedan definidas”, dijo proponiendo el mantenimiento en cartera de la iniciativa, tras lo cual el diputado Ricardo Sánchez propuso la votación en general del despacho y que el tratamiento en particular se realice en la primera sesión después del receso “para ordenar la redacción”, cuestión que fue aceptada por los legisladores difiriendo el tratamiento en particular.
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Glaciares:Gobierno Sanjuanino insiste
Ley de Glaciares: insisten con que es inconstitucional
Fecha de Publicación: 05/07/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El fiscal de Estado sanjuanino dijo que el rechazo de la cautelar que frenaba la norma era previsible y consideró que la Corte no se ha expedido sobre la cuestión de fondo.
El fiscal de Estado de San Juan, Guillermo De Sanctis, consideró ayer "previsible" que la Corte Suprema rechazara la cautelar que frenó la Ley de Glaciares y advirtió que resta que el alto tribunal "se expida sobre el tema de fondo, el planteo de inconstitucionalidad".
En ese marco, dijo que el gobierno sanjuanino "va a demostrar que la ley nacional es innecesaria" y sostuvo que las empresas del sector desarrollan sus tareas en el marco de las normas previstas.
La legislación que preserva glaciares y zonas periglaciares fue destacada por especialistas y grupos ecologistas por evitar emprendimientos en nacientes de agua, pero el gobierno del kirchnerista José Luis Gioja, que defiende la minería como pilar del desarrollo, cuestionó la ley y empresas del sector llevaron el caso a la justicia en ese distrito.
El fiscal de Estado señaló que en el fallo de la Corte que revocó las medidas cautelares que frenaban la aplicación de la Ley de Glaciares "solamente se ha resuelto la cautelar".
"Todavía falta que se expida sobre el tema de fondo, que es el planteo de inconstitucionalidad", apuntó el funcionario sanjuanino en declaraciones a radio Light.
De Sanctis consideró "previsible" la resolución del alto tribunal, pero acotó que el gobierno local "va a demostrar que la ley nacional es innecesaria".
En ese contexto, aclaró que la ley de protección de glaciares "aún no está operativa y San Juan está más avanzada que todos en cuanto a los glaciares".
"No hay motivos para sentirse atemorizados", dijo el fiscal, y pidió distinguir entre "la espuma y el escandalete mediático que levanta esto y la actitud de algunos sectores ambientalistas extremos, de lo que es lo jurídico".
De Sanctis indicó que la Corte "no ha dicho ?paren las rotativas, dejen de producir', sino que ha dicho que si todavía no se arranca ni siquiera con el inventario de glaciares, mal se puede suspender la ley, con lo cual va a haber mucho estrépito, se van a decir muchas cosas, pero no hay peligro jurídico alguno".
Además, defendió a la empresa que tiene a su cargo los mayores proyectos mineros metalíferos en la provincia, Barrick, al señalar que en la mina Veladero y en el proyecto binacional Pascua Lama "han cumplido con todos los requerimientos legales y se encuentran encuadrados en la ley".
El presidente de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé, dijo al diario Tiempo de San Juan que la decisión de la Corte Suprema "no perjudica a la actividad minera en la provincia".
"Creo que no nos afectará porque no estamos cometiendo ningún delito. El problema era la definición de periglaciar y glaciar y acá las mineras no están afectando los glaciares, por eso creo que no habrá problemas", señaló Bergé.
Las mineras
Por su parte, la Cámara de Empresas Prestadoras de Servicios Mineros, salió expresar que el fallo no afecta a la actividad y que la provincia ya tiene su relevamiento propio de glaciares.
Según publica el sitio on line de Diario de Cuyo, el comunicado de la entidad asegura que "este veredicto no afecta a la actividad minera ni a los emprendimientos mineros en marcha en la provincia de San Juan debido a que en la misma ya existe un inventario provincial de glaciares que cumple con la legislación vigente en materia medioambiental, tal y como lo especifican las leyes de la provincia de San Juan".
Además, aclara la comunicación oficial que "hay tranquilidad por parte de todos los socios que conforman la CEPSM en relación a la polémica suscitada por el fallo anteriormente mencionado".
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“Garantizar la participación”
Fecha de Publicación: 05/07/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El senador Daniel Filmus opinó que se debe “empezar a hacer el inventario de glaciares” en los lugares donde hay algún tipo de explotación. Tras el fallo de la Corte, el legislador anunció un proyecto para hacer “consultas vinculantes”.
“Hay que empezar a realizar el inventario de glaciares que manda la ley por aquellos lugares donde se cree que algún tipo de instalación ya existente puede perjudicar el glaciar”, evaluó ayer el senador Daniel Filmus (FpV), autor del proyecto de la Ley de Glaciares cuya aplicación en San Juan avaló la Corte Suprema, como informó ayer este diario. En diálogo con Página/12, Filmus interpretó como “altamente positivo” que la Secretaría de Ambiente haya girado los recursos para iniciar esa “primera etapa, de elaboración de inventario de glaciares y periglaciares”. En tanto, y para completar el seguimiento de la sustentabilidad de los emprendimientos económicos en relación con los territorios y las comunidades que los habitan, el senador adelantó que “ahora queremos avanzar en la discusión de otra ley, que garantice la participación comunitaria vinculante en estos emprendimientos”, que ya se encuentra en elaboración.
Como informó ayer Página/12, la Corte Suprema de Justicia revocó la medida cautelar que impedía la plena vigencia de la Ley de Glaciares, que limita las actividades extractivas contaminantes en beneficio de la preservación de las reservas de agua dulce. De ese modo, el máximo tribunal revirtió las medidas de la Justicia de San Juan, que había suspendido la aplicación de seis artículos clave del texto legal, a pedido de tres empresas mineras (Barrick Exploraciones Argentinas, Exploraciones Argentinas Mineras y Minera Argentina Gold), la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y el gobierno sanjuanino.
“La ley es muy precisa. Lo más importante de todo es que el gobierno nacional ya avanzó en transferir los recursos a la Secretaría de Ambiente, y a su vez la Secretaría los transfirió para comenzar esta primera etapa, que es la elaboración del inventario de glaciares y periglaciares”, evaluó el senador, autor del proyecto sancionado en 2010.
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), dependiente del Conicet, ya lleva relevados territorios de varias provincias, señaló Filmus. “En Mendoza creo que ya están por terminarse, y en San Juan ya ha hecho estudios preliminares. El primer resultado que vamos a tener es un inventario acabado que, como dice la ley, va a haber que ir renovando, porque, como sabemos, la mayoría de los glaciares retroceden.”
Porque el último artículo de la ley, transitorio, lo señala, recordó Filmus, “hay que empezar (la elaboración del inventario) por aquellos lugares en donde se cree que algún tipo de instalación ya existente puede perjudicar el glaciar”. Entonces, “se empieza por los lugares donde algún tipo de explotación, minera, petrolífera o de cualquier actividad humana, podría dañar alguna reserva de agua importante”. Una vez elaborado el inventario, se aplica el criterio establecido por la ley, según el cual “ciertas actividades están prohibidas en zona de glaciar y otras no, pero para permitirlas o no es preciso realizar primero el estudio de impacto ambiental”. “Esto da tranquilidad a quienes proyectan un emprendimiento, porque de este modo quedan delimitadas las zonas en las que se puede realizar una explotación.”
Por otro lado, el senador adelantó que en lo inmediato el objetivo es “avanzar en la discusión de otra ley, sobre participación comunitaria vinculante en caso de estos emprendimientos” para que las comunidades locales “participen de la evaluación de impacto ambiental”.
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Fecha de Publicación: 05/07/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El fiscal de Estado sanjuanino dijo que el rechazo de la cautelar que frenaba la norma era previsible y consideró que la Corte no se ha expedido sobre la cuestión de fondo. El fiscal de Estado de San Juan, Guillermo De Sanctis, consideró ayer "previsible" que la Corte Suprema rechazara la cautelar que frenó la Ley de Glaciares y advirtió que resta que el alto tribunal "se expida sobre el tema de fondo, el planteo de inconstitucionalidad".
En ese marco, dijo que el gobierno sanjuanino "va a demostrar que la ley nacional es innecesaria" y sostuvo que las empresas del sector desarrollan sus tareas en el marco de las normas previstas.
La legislación que preserva glaciares y zonas periglaciares fue destacada por especialistas y grupos ecologistas por evitar emprendimientos en nacientes de agua, pero el gobierno del kirchnerista José Luis Gioja, que defiende la minería como pilar del desarrollo, cuestionó la ley y empresas del sector llevaron el caso a la justicia en ese distrito.
El fiscal de Estado señaló que en el fallo de la Corte que revocó las medidas cautelares que frenaban la aplicación de la Ley de Glaciares "solamente se ha resuelto la cautelar".
"Todavía falta que se expida sobre el tema de fondo, que es el planteo de inconstitucionalidad", apuntó el funcionario sanjuanino en declaraciones a radio Light.
De Sanctis consideró "previsible" la resolución del alto tribunal, pero acotó que el gobierno local "va a demostrar que la ley nacional es innecesaria".
En ese contexto, aclaró que la ley de protección de glaciares "aún no está operativa y San Juan está más avanzada que todos en cuanto a los glaciares".
"No hay motivos para sentirse atemorizados", dijo el fiscal, y pidió distinguir entre "la espuma y el escandalete mediático que levanta esto y la actitud de algunos sectores ambientalistas extremos, de lo que es lo jurídico".
De Sanctis indicó que la Corte "no ha dicho ?paren las rotativas, dejen de producir', sino que ha dicho que si todavía no se arranca ni siquiera con el inventario de glaciares, mal se puede suspender la ley, con lo cual va a haber mucho estrépito, se van a decir muchas cosas, pero no hay peligro jurídico alguno".
Además, defendió a la empresa que tiene a su cargo los mayores proyectos mineros metalíferos en la provincia, Barrick, al señalar que en la mina Veladero y en el proyecto binacional Pascua Lama "han cumplido con todos los requerimientos legales y se encuentran encuadrados en la ley".
El presidente de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé, dijo al diario Tiempo de San Juan que la decisión de la Corte Suprema "no perjudica a la actividad minera en la provincia".
"Creo que no nos afectará porque no estamos cometiendo ningún delito. El problema era la definición de periglaciar y glaciar y acá las mineras no están afectando los glaciares, por eso creo que no habrá problemas", señaló Bergé.
Las mineras
Por su parte, la Cámara de Empresas Prestadoras de Servicios Mineros, salió expresar que el fallo no afecta a la actividad y que la provincia ya tiene su relevamiento propio de glaciares.
Según publica el sitio on line de Diario de Cuyo, el comunicado de la entidad asegura que "este veredicto no afecta a la actividad minera ni a los emprendimientos mineros en marcha en la provincia de San Juan debido a que en la misma ya existe un inventario provincial de glaciares que cumple con la legislación vigente en materia medioambiental, tal y como lo especifican las leyes de la provincia de San Juan".
Además, aclara la comunicación oficial que "hay tranquilidad por parte de todos los socios que conforman la CEPSM en relación a la polémica suscitada por el fallo anteriormente mencionado".
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“Garantizar la participación”
Fecha de Publicación: 05/07/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El senador Daniel Filmus opinó que se debe “empezar a hacer el inventario de glaciares” en los lugares donde hay algún tipo de explotación. Tras el fallo de la Corte, el legislador anunció un proyecto para hacer “consultas vinculantes”.
“Hay que empezar a realizar el inventario de glaciares que manda la ley por aquellos lugares donde se cree que algún tipo de instalación ya existente puede perjudicar el glaciar”, evaluó ayer el senador Daniel Filmus (FpV), autor del proyecto de la Ley de Glaciares cuya aplicación en San Juan avaló la Corte Suprema, como informó ayer este diario. En diálogo con Página/12, Filmus interpretó como “altamente positivo” que la Secretaría de Ambiente haya girado los recursos para iniciar esa “primera etapa, de elaboración de inventario de glaciares y periglaciares”. En tanto, y para completar el seguimiento de la sustentabilidad de los emprendimientos económicos en relación con los territorios y las comunidades que los habitan, el senador adelantó que “ahora queremos avanzar en la discusión de otra ley, que garantice la participación comunitaria vinculante en estos emprendimientos”, que ya se encuentra en elaboración.
Como informó ayer Página/12, la Corte Suprema de Justicia revocó la medida cautelar que impedía la plena vigencia de la Ley de Glaciares, que limita las actividades extractivas contaminantes en beneficio de la preservación de las reservas de agua dulce. De ese modo, el máximo tribunal revirtió las medidas de la Justicia de San Juan, que había suspendido la aplicación de seis artículos clave del texto legal, a pedido de tres empresas mineras (Barrick Exploraciones Argentinas, Exploraciones Argentinas Mineras y Minera Argentina Gold), la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y el gobierno sanjuanino.
“La ley es muy precisa. Lo más importante de todo es que el gobierno nacional ya avanzó en transferir los recursos a la Secretaría de Ambiente, y a su vez la Secretaría los transfirió para comenzar esta primera etapa, que es la elaboración del inventario de glaciares y periglaciares”, evaluó el senador, autor del proyecto sancionado en 2010.
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), dependiente del Conicet, ya lleva relevados territorios de varias provincias, señaló Filmus. “En Mendoza creo que ya están por terminarse, y en San Juan ya ha hecho estudios preliminares. El primer resultado que vamos a tener es un inventario acabado que, como dice la ley, va a haber que ir renovando, porque, como sabemos, la mayoría de los glaciares retroceden.”
Porque el último artículo de la ley, transitorio, lo señala, recordó Filmus, “hay que empezar (la elaboración del inventario) por aquellos lugares en donde se cree que algún tipo de instalación ya existente puede perjudicar el glaciar”. Entonces, “se empieza por los lugares donde algún tipo de explotación, minera, petrolífera o de cualquier actividad humana, podría dañar alguna reserva de agua importante”. Una vez elaborado el inventario, se aplica el criterio establecido por la ley, según el cual “ciertas actividades están prohibidas en zona de glaciar y otras no, pero para permitirlas o no es preciso realizar primero el estudio de impacto ambiental”. “Esto da tranquilidad a quienes proyectan un emprendimiento, porque de este modo quedan delimitadas las zonas en las que se puede realizar una explotación.”
Por otro lado, el senador adelantó que en lo inmediato el objetivo es “avanzar en la discusión de otra ley, sobre participación comunitaria vinculante en caso de estos emprendimientos” para que las comunidades locales “participen de la evaluación de impacto ambiental”.
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Incineración de residuos, una mala idea
Incineración de residuos, una mala idea
Fecha de Publicación: 05/07/2012
Fuente: Página/12 - Por Mirko Moskat, Secretaría Pro Témpore de la Coalición Ciudadana Anti-Incineración de Argentina
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
La Coalición Ciudadana Anti-Incineración es una red de organizaciones y ciudadanos que, preocupados por los impactos sobre la salud y el ambiente de la incineración de residuos, busca promover soluciones sustentables. Formada en 1995, la Coalición ha logrado el cierre de numerosos hornos de incineración en funcionamiento, ha frenado proyectos de nuevos incineradores y ha promovido alternativas para la correcta gestión de residuos. Numerosas ciudades y algunas provincias del país cuentan con normativas que prohíben la incineración.
Existe un amplio abanico de argumentos que fundamentan este rechazo. En primer lugar, los incineradores no hacen desaparecer la basura, sino que la transforman en distintos tipos de salidas: emisiones al aire, cenizas y en algunos casos efluentes líquidos.
Se ha identificado una enorme lista de sustancias que liberan los incineradores, que se suelen agrupar en categorías como dioxinas, furanos, metales pesados, compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos aromáticos policíclicos, partículas finas y ultrafinas, etcétera. Además se han constatado los impactos de los incineradores en la salud de las poblaciones cercanas y de sus trabajadores.
La industria está vendiendo incineradores como forma de “valorización energética”. Sin embargo, mucha más energía puede ahorrarse reduciendo o reciclando los residuos. Incluso hay casos de plantas que requieren más energía para funcionar que la que pueden recuperar. La energía de un incinerador no puede considerarse renovable.
Los incineradores emiten enormes cantidades de gases de efecto invernadero. Las estrategias de reducción, reciclaje y compostaje ofrecen un gran potencial para la mitigación del cambio climático. La incineración destruye recursos que deberían ser recuperados y retornados a ciclos naturales o al sistema productivo.
Quemar basura no es una alternativa a los rellenos sanitarios. La incineración produce un volumen importante de cenizas, que son mucho más peligrosas que la basura en sí y que deben ser dispuestas en forma segura. Aunque muchas veces se cita como ejemplo a Europa, la realidad es que, si bien Europa tiene bastantes incineradores, la tendencia es restringirlos cada vez más: se está discutiendo llegar al 2020 sin incineradores que quemen materiales reciclables o compostables, los que conforman alrededor de un 80 por ciento de los residuos.
Argentina es parte del Convenio de Estocolmo, que busca restringir la liberación de sustancias tóxicas, como dioxinas, furanos, PCB, HCB, todas ellas producidas por los incineradores. El Plan Nacional de Aplicación presentado en 2007 recomendó prohibir la incineración de residuos sólidos urbanos, con o sin recuperación de energía.
La crisis ambiental requiere verdaderas soluciones. La incineración es definitivamente una mala idea.
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Fecha de Publicación: 05/07/2012
Fuente: Página/12 - Por Mirko Moskat, Secretaría Pro Témpore de la Coalición Ciudadana Anti-Incineración de Argentina
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
La Coalición Ciudadana Anti-Incineración es una red de organizaciones y ciudadanos que, preocupados por los impactos sobre la salud y el ambiente de la incineración de residuos, busca promover soluciones sustentables. Formada en 1995, la Coalición ha logrado el cierre de numerosos hornos de incineración en funcionamiento, ha frenado proyectos de nuevos incineradores y ha promovido alternativas para la correcta gestión de residuos. Numerosas ciudades y algunas provincias del país cuentan con normativas que prohíben la incineración.
Existe un amplio abanico de argumentos que fundamentan este rechazo. En primer lugar, los incineradores no hacen desaparecer la basura, sino que la transforman en distintos tipos de salidas: emisiones al aire, cenizas y en algunos casos efluentes líquidos.
Se ha identificado una enorme lista de sustancias que liberan los incineradores, que se suelen agrupar en categorías como dioxinas, furanos, metales pesados, compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos aromáticos policíclicos, partículas finas y ultrafinas, etcétera. Además se han constatado los impactos de los incineradores en la salud de las poblaciones cercanas y de sus trabajadores.
La industria está vendiendo incineradores como forma de “valorización energética”. Sin embargo, mucha más energía puede ahorrarse reduciendo o reciclando los residuos. Incluso hay casos de plantas que requieren más energía para funcionar que la que pueden recuperar. La energía de un incinerador no puede considerarse renovable.
Los incineradores emiten enormes cantidades de gases de efecto invernadero. Las estrategias de reducción, reciclaje y compostaje ofrecen un gran potencial para la mitigación del cambio climático. La incineración destruye recursos que deberían ser recuperados y retornados a ciclos naturales o al sistema productivo.
Quemar basura no es una alternativa a los rellenos sanitarios. La incineración produce un volumen importante de cenizas, que son mucho más peligrosas que la basura en sí y que deben ser dispuestas en forma segura. Aunque muchas veces se cita como ejemplo a Europa, la realidad es que, si bien Europa tiene bastantes incineradores, la tendencia es restringirlos cada vez más: se está discutiendo llegar al 2020 sin incineradores que quemen materiales reciclables o compostables, los que conforman alrededor de un 80 por ciento de los residuos.
Argentina es parte del Convenio de Estocolmo, que busca restringir la liberación de sustancias tóxicas, como dioxinas, furanos, PCB, HCB, todas ellas producidas por los incineradores. El Plan Nacional de Aplicación presentado en 2007 recomendó prohibir la incineración de residuos sólidos urbanos, con o sin recuperación de energía.
La crisis ambiental requiere verdaderas soluciones. La incineración es definitivamente una mala idea.
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Ley de Glaciares: la Corte falló contra las mineras
Aval supremo a la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 04/07/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El máximo tribunal dispuso que debe hacerse un inventario de glaciares también en San Juan, donde la aplicación de la ley había quedado suspendida por una demanda de la Barrick Gold, el sindicato de mineros y el gobierno provincial.
La Corte Suprema de Justicia revocó las medidas cautelares que impedían la vigencia plena de la Ley de Glaciares, que pone límites a las actividades extractivas contaminantes, como la minería, para preservar las reservas de agua dulce. El fallo revierte las decisiones adoptadas por la Justicia Federal de San Juan, que había suspendido la aplicación de seis artículos claves de la norma a pedido de las empresas Barrick Exploraciones Argentinas, Exploraciones Argentinas Mineras y Minera Argentina Gold, además de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y el gobierno de la provincia de San Juan. Con sus demandas habían logrado eximir de controles a dos emprendimientos de extracción de oro y plata a cielo abierto en esa provincia, Veladero y Pascua Lama. La decisión del alto tribunal precisa que de ahora en más, como prevé la ley aprobada en 2010, deberá realizarse en San Juan un inventario de glaciares, tal como, se supone, se realiza en todo el país, y tendrán que ser sometidos a una auditoría de impacto ambiental los emprendimientos ubicados en áreas de posible riesgo.
Hasta ayer la Ley de Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial estaba suspendida parcialmente debido a las medidas cautelares dictadas por el juez Miguel Angel Gálvez. En los hechos, la aplicación era prácticamente imposible, al menos en San Juan, porque los artículos afectados (2, 3, 5, 6, 7 y 15) son los que abarcan la definición de glaciar, la confección de un inventario nacional de glaciares, la prohibición de actividades que puedan implicar su destrucción y la obligación de realizar estudios de impacto ambiental de las actividades proyectadas en zonas de glaciares, así como de someter a auditoría las que ya estuvieran en ejecución al momento de la sanción de la ley. El emprendimiento minero Veladero está operativo desde 2005; Pascua Lama es un proyecto binacional (argentinochileno) en construcción.
Según la Corte, el juez sanjuanino se basó en un “fundamento contradictorio”. Por un lado, advertía que la ley “contiene una definición amplia, imprecisa y, por lo tanto, crea un estado de intranquilidad e incertidumbre para los representantes de las empresas” mineras “que verían afectados el patrimonio y los derechos adquiridos” y “sus derechos a ejercer industrias lícitas”. Sin embargo, acota el alto tribunal, al suspender los seis artículos la medida cautelar “neutraliza los procedimientos establecidos por la propia ley para generar la precisión que requiere el peticionante (las empresas)”. “El artículo 2º de la ley define el concepto de glaciar y ambiente periglacial, estableciendo luego la forma de individualizarlos a través de la realización de un inventario. Una vez que se haya llevado a cabo el inventario de glaciares, se conocerán con exactitud las áreas que se encuentran protegidas por ley”, ilustra el fallo supremo.
El razonamiento de la Corte es que mal puede saber una empresa si a la larga será víctima de un eventual daño irreparable (que requiera ser protegido por una medida cautelar) si ni siquiera se ha constatado por los caminos legales si sus emprendimientos están en las zonas críticas y/o si su actividad acarrea un posible perjuicio al ambiente. “No existen razones suficientes para adoptar una decisión tan grave como eximirla del cumplimiento de lo ordenado por la ley, que debe ser acatada hasta tanto se resuelva su validez constitucional”, advierte la resolución, firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi y Carlos Fayt. Para ellos ni siquiera hay una amenaza de un futuro efecto irreversible para las mineras. Carmen Argibay sigue de licencia por problemas de salud y Raúl Zaffaroni viajó a recibir un reconocimiento en Cuba.
Un dato curioso es que en la Barrick Gold –según sus voceros– sostiene que las explotaciones de Pascua Lama y Veladero no están en zonas de glaciares. Todo indica que se anticiparon a denuncias en su contra. También se sumaron al recurso de amparo Exploraciones Argentinas Mineras (Emasa) y el sindicato de los mineros, mientras que el gobierno de San Juan (donde se desarrolla una vasta actividad minera, con diecisiete empresas instaladas en la provincia) se presentó como parte interesada en sostener la medida cautelar concedida por el juez Gálvez. El caso llegó a la Corte por un recurso del Estado nacional. Como terceras interesadas se presentaron la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Amigos de la Tierra y Diálogo por el Ambiente.
El juzgado de primera instancia alegaba que la Ley de Glaciares estaba reñida con la Constitución, en cuanto a que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio” y que cada una dicta sus normas de protección del ambiente. Llegó a preguntarse si no hubo “presupuestos excesivos en la actividad legislativa”.
La Corte fue muy crítica con ese enfoque. Dijo que el juez federal usó criterios “dogmáticos”, que no ofreció un “remedio proporcionado” y que no tuvo en cuenta que afectaba “el principio constitucional de división de poderes”. “Los jueces deben valorar de forma equilibrada los hechos del caso, así como las normas y principios jurídicos en juego, y resolver las tensiones entre ellos mediante una ponderación adecuada”, prescribió la Corte.
El fallo dice expresamente que recién una vez que se hagan el inventario de glaciares –una tarea que está a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales– y la auditoría ambiental de la Barrick Gold y de Emasa, “se conocerá si la ley afecta o no los derechos” de esas firmas. Por ahora se discutió una medida preventiva. Lo que definirá la pulseada será la revisión sobre la constitucionalidad de la ley, que deberá resolver la Corte. El fallo de ayer dedica un párrafo a recordar el objetivo de la norma: “Establecer los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial” para “preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de la información científica y como atractivo turístico”.
Desde sus primeras decisiones sobres el saneamiento del Riachuelo, la Corte se mostró proclive a tallar en cuestiones ambientales (especialidad de Lorenzetti) y donde el Estado ha estado ausente. También desde hace tiempo viene marcando límites al abuso de las medidas cautelares –como lo hizo al levantar la cautelar que suspendía la ley de medios– como instrumentos de algunos jueces para cuestionar leyes o medidas de gobierno y transformar medidas provisorias en sentencias anticipadas.
Más Información:
- La Nación - La Corte respaldó la plena vigencia de la ley de glaciares
- IEco-Clarín - Rechazó la Corte un pedido de la Barrick y destrabó la ley...
- Página/12 - Con beneficio de inventario
- Los Andes - La Corte falló contra las mineras y destrabó la Ley de Glaciares
- Los Andes - Barrick reiteró que su actividad no afecta glaciares
- La Voz - Ley de glaciares: la Corte revocó amparos de las mineras
- Diario Uno - La Corte revocó las cautelares impuestas por la Barrick...
- El Tribuno - La Corte Suprema puso en vigencia la ley de glaciares
- Terra - Corte Suprema falla contra Barrick Gold por glaciares
- Diario Norte - La Corte dejó sin efecto cautelar que amparaba a la Barrick
- Diario Río Negro - La Corte avaló la ley que protege a los glaciares
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Fecha de Publicación: 04/07/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El máximo tribunal dispuso que debe hacerse un inventario de glaciares también en San Juan, donde la aplicación de la ley había quedado suspendida por una demanda de la Barrick Gold, el sindicato de mineros y el gobierno provincial.La Corte Suprema de Justicia revocó las medidas cautelares que impedían la vigencia plena de la Ley de Glaciares, que pone límites a las actividades extractivas contaminantes, como la minería, para preservar las reservas de agua dulce. El fallo revierte las decisiones adoptadas por la Justicia Federal de San Juan, que había suspendido la aplicación de seis artículos claves de la norma a pedido de las empresas Barrick Exploraciones Argentinas, Exploraciones Argentinas Mineras y Minera Argentina Gold, además de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y el gobierno de la provincia de San Juan. Con sus demandas habían logrado eximir de controles a dos emprendimientos de extracción de oro y plata a cielo abierto en esa provincia, Veladero y Pascua Lama. La decisión del alto tribunal precisa que de ahora en más, como prevé la ley aprobada en 2010, deberá realizarse en San Juan un inventario de glaciares, tal como, se supone, se realiza en todo el país, y tendrán que ser sometidos a una auditoría de impacto ambiental los emprendimientos ubicados en áreas de posible riesgo.
Hasta ayer la Ley de Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial estaba suspendida parcialmente debido a las medidas cautelares dictadas por el juez Miguel Angel Gálvez. En los hechos, la aplicación era prácticamente imposible, al menos en San Juan, porque los artículos afectados (2, 3, 5, 6, 7 y 15) son los que abarcan la definición de glaciar, la confección de un inventario nacional de glaciares, la prohibición de actividades que puedan implicar su destrucción y la obligación de realizar estudios de impacto ambiental de las actividades proyectadas en zonas de glaciares, así como de someter a auditoría las que ya estuvieran en ejecución al momento de la sanción de la ley. El emprendimiento minero Veladero está operativo desde 2005; Pascua Lama es un proyecto binacional (argentinochileno) en construcción.
Según la Corte, el juez sanjuanino se basó en un “fundamento contradictorio”. Por un lado, advertía que la ley “contiene una definición amplia, imprecisa y, por lo tanto, crea un estado de intranquilidad e incertidumbre para los representantes de las empresas” mineras “que verían afectados el patrimonio y los derechos adquiridos” y “sus derechos a ejercer industrias lícitas”. Sin embargo, acota el alto tribunal, al suspender los seis artículos la medida cautelar “neutraliza los procedimientos establecidos por la propia ley para generar la precisión que requiere el peticionante (las empresas)”. “El artículo 2º de la ley define el concepto de glaciar y ambiente periglacial, estableciendo luego la forma de individualizarlos a través de la realización de un inventario. Una vez que se haya llevado a cabo el inventario de glaciares, se conocerán con exactitud las áreas que se encuentran protegidas por ley”, ilustra el fallo supremo.
El razonamiento de la Corte es que mal puede saber una empresa si a la larga será víctima de un eventual daño irreparable (que requiera ser protegido por una medida cautelar) si ni siquiera se ha constatado por los caminos legales si sus emprendimientos están en las zonas críticas y/o si su actividad acarrea un posible perjuicio al ambiente. “No existen razones suficientes para adoptar una decisión tan grave como eximirla del cumplimiento de lo ordenado por la ley, que debe ser acatada hasta tanto se resuelva su validez constitucional”, advierte la resolución, firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi y Carlos Fayt. Para ellos ni siquiera hay una amenaza de un futuro efecto irreversible para las mineras. Carmen Argibay sigue de licencia por problemas de salud y Raúl Zaffaroni viajó a recibir un reconocimiento en Cuba.
Un dato curioso es que en la Barrick Gold –según sus voceros– sostiene que las explotaciones de Pascua Lama y Veladero no están en zonas de glaciares. Todo indica que se anticiparon a denuncias en su contra. También se sumaron al recurso de amparo Exploraciones Argentinas Mineras (Emasa) y el sindicato de los mineros, mientras que el gobierno de San Juan (donde se desarrolla una vasta actividad minera, con diecisiete empresas instaladas en la provincia) se presentó como parte interesada en sostener la medida cautelar concedida por el juez Gálvez. El caso llegó a la Corte por un recurso del Estado nacional. Como terceras interesadas se presentaron la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Amigos de la Tierra y Diálogo por el Ambiente.
El juzgado de primera instancia alegaba que la Ley de Glaciares estaba reñida con la Constitución, en cuanto a que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio” y que cada una dicta sus normas de protección del ambiente. Llegó a preguntarse si no hubo “presupuestos excesivos en la actividad legislativa”.
La Corte fue muy crítica con ese enfoque. Dijo que el juez federal usó criterios “dogmáticos”, que no ofreció un “remedio proporcionado” y que no tuvo en cuenta que afectaba “el principio constitucional de división de poderes”. “Los jueces deben valorar de forma equilibrada los hechos del caso, así como las normas y principios jurídicos en juego, y resolver las tensiones entre ellos mediante una ponderación adecuada”, prescribió la Corte.
El fallo dice expresamente que recién una vez que se hagan el inventario de glaciares –una tarea que está a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales– y la auditoría ambiental de la Barrick Gold y de Emasa, “se conocerá si la ley afecta o no los derechos” de esas firmas. Por ahora se discutió una medida preventiva. Lo que definirá la pulseada será la revisión sobre la constitucionalidad de la ley, que deberá resolver la Corte. El fallo de ayer dedica un párrafo a recordar el objetivo de la norma: “Establecer los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial” para “preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de la información científica y como atractivo turístico”.
Desde sus primeras decisiones sobres el saneamiento del Riachuelo, la Corte se mostró proclive a tallar en cuestiones ambientales (especialidad de Lorenzetti) y donde el Estado ha estado ausente. También desde hace tiempo viene marcando límites al abuso de las medidas cautelares –como lo hizo al levantar la cautelar que suspendía la ley de medios– como instrumentos de algunos jueces para cuestionar leyes o medidas de gobierno y transformar medidas provisorias en sentencias anticipadas.
Más Información:
- La Nación - La Corte respaldó la plena vigencia de la ley de glaciares
- IEco-Clarín - Rechazó la Corte un pedido de la Barrick y destrabó la ley...
- Página/12 - Con beneficio de inventario
- Los Andes - La Corte falló contra las mineras y destrabó la Ley de Glaciares
- Los Andes - Barrick reiteró que su actividad no afecta glaciares
- La Voz - Ley de glaciares: la Corte revocó amparos de las mineras
- Diario Uno - La Corte revocó las cautelares impuestas por la Barrick...
- El Tribuno - La Corte Suprema puso en vigencia la ley de glaciares
- Terra - Corte Suprema falla contra Barrick Gold por glaciares
- Diario Norte - La Corte dejó sin efecto cautelar que amparaba a la Barrick
- Diario Río Negro - La Corte avaló la ley que protege a los glaciares
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CSJ revoca cautelar contra la Ley de Glaciares
La Corte Suprema revocó las cautelares que impedían aplicar la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 03/07/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El máximo tribunal dejó sin efecto las medidas dictadas por la Justicia federal de San Juan y que habían sido solicitadas por Barrick Gold y otras empresas mineras. De este modo, la ley queda vigente, por lo que deberá hacerse un inventario de glaciares.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó este martes las medidas cautelares que frenaban la aplicación de la llamada “Ley de Glaciares” en la provincia de San Juan y, en consecuencia, dicha norma queda vigente, por lo que deberá realizarse un inventario de glaciares en todo el país, entre otras cuestiones.
Según informó el sitio cij.gov.ar, se trata de medidas cautelares dictadas por la Justicia federal de San Juan que habían sido requeridas por las empresas Barrick Exploraciones Argentina SA y Exploraciones Mineras Argentinas SA, a fin de que se suspenda la aplicación de seis artículos de la ley 26.639 para el emprendimiento minero Pascua Lama.
Las cautelares se referían a la definición de glaciar, a la creación del Inventario Nacional de Glaciares, a la realización de un inventario, a la prohibición de actividades que impliquen la destrucción de glaciares, a la obligación de realizar estudios de impacto ambiental, y a la disposición transitoria que establece la obligación de presentar un cronograma para la ejecución del inventario y la obligación de someter a las actividades en ejecución al momento de la sanción de la ley a una auditoría ambiental .
Según el fallo de la Corte –firmado por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Santiago Petracchi y Juan Carlos Maqueda-, “la decisión en recurso suspende la aplicación de la ley con un fundamento contradictorio”.
“Ello es así porque para la adopción de esta medida el a quo sostiene que la ley contiene una definición amplia, imprecisa y, por lo tanto, ‘crea un estado de intranquilidad e incertidumbre para los representantes de las empresas actoras’. Sin embargo, la medida cautelar, al suspender algunos de los artículos señalados, neutraliza los procedimientos establecidos por la propia ley para generar la precisión que requiere el peticionante”, agrega.
El senador porteño por el Frente para la Victoria, Daniel Filmus, uno de los impulsores de esta ley celebró la decisión de la Corte, “se ha dado un paso importantísimo para proteger los reservorios de agua en esa provincia”, definió.
“Es una decisión fundamental para que empiece la primer etapa en San Juan, la de implementación del inventario que define las zonas que hay que cuidar para preservar el agua de los glaciares. El Gobierno nacional a través de la Secretaria de Ambiente ya está trabajando en la confección del inventario en las demás provincias”, expresó.
Para Filmus, la realización del inventario de los glaciares “es el núcleo central de la ley, ya que poder contar con un inventario realizado por los científicos del CONICET y por el prestigioso director del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), Ricardo Villalba, nos permitirá conocer en detalle cuáles son las reservas de agua que hay que proteger en todo el territorio nacional”, concluyó.
En tanto, el ex intendente y candidato a gobernador de San Juan, Alfredo Avelin, calificó el fallo como "histórico" y dijo que "permite volver a creer en la Justicia". "Ojalá que a partir de ahora se empiece a trabajar como sucede en otros países, en la prohibición del uso del cianuro y sustancias contaminates en la explotación de la megaminería metalífera", agregó Alfredo Avelín (h).
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Fecha de Publicación: 03/07/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El máximo tribunal dejó sin efecto las medidas dictadas por la Justicia federal de San Juan y que habían sido solicitadas por Barrick Gold y otras empresas mineras. De este modo, la ley queda vigente, por lo que deberá hacerse un inventario de glaciares.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó este martes las medidas cautelares que frenaban la aplicación de la llamada “Ley de Glaciares” en la provincia de San Juan y, en consecuencia, dicha norma queda vigente, por lo que deberá realizarse un inventario de glaciares en todo el país, entre otras cuestiones.
Según informó el sitio cij.gov.ar, se trata de medidas cautelares dictadas por la Justicia federal de San Juan que habían sido requeridas por las empresas Barrick Exploraciones Argentina SA y Exploraciones Mineras Argentinas SA, a fin de que se suspenda la aplicación de seis artículos de la ley 26.639 para el emprendimiento minero Pascua Lama.
Las cautelares se referían a la definición de glaciar, a la creación del Inventario Nacional de Glaciares, a la realización de un inventario, a la prohibición de actividades que impliquen la destrucción de glaciares, a la obligación de realizar estudios de impacto ambiental, y a la disposición transitoria que establece la obligación de presentar un cronograma para la ejecución del inventario y la obligación de someter a las actividades en ejecución al momento de la sanción de la ley a una auditoría ambiental .
Según el fallo de la Corte –firmado por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Santiago Petracchi y Juan Carlos Maqueda-, “la decisión en recurso suspende la aplicación de la ley con un fundamento contradictorio”.
“Ello es así porque para la adopción de esta medida el a quo sostiene que la ley contiene una definición amplia, imprecisa y, por lo tanto, ‘crea un estado de intranquilidad e incertidumbre para los representantes de las empresas actoras’. Sin embargo, la medida cautelar, al suspender algunos de los artículos señalados, neutraliza los procedimientos establecidos por la propia ley para generar la precisión que requiere el peticionante”, agrega.
El senador porteño por el Frente para la Victoria, Daniel Filmus, uno de los impulsores de esta ley celebró la decisión de la Corte, “se ha dado un paso importantísimo para proteger los reservorios de agua en esa provincia”, definió.
“Es una decisión fundamental para que empiece la primer etapa en San Juan, la de implementación del inventario que define las zonas que hay que cuidar para preservar el agua de los glaciares. El Gobierno nacional a través de la Secretaria de Ambiente ya está trabajando en la confección del inventario en las demás provincias”, expresó.
Para Filmus, la realización del inventario de los glaciares “es el núcleo central de la ley, ya que poder contar con un inventario realizado por los científicos del CONICET y por el prestigioso director del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), Ricardo Villalba, nos permitirá conocer en detalle cuáles son las reservas de agua que hay que proteger en todo el territorio nacional”, concluyó.
En tanto, el ex intendente y candidato a gobernador de San Juan, Alfredo Avelin, calificó el fallo como "histórico" y dijo que "permite volver a creer en la Justicia". "Ojalá que a partir de ahora se empiece a trabajar como sucede en otros países, en la prohibición del uso del cianuro y sustancias contaminates en la explotación de la megaminería metalífera", agregó Alfredo Avelín (h).
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Tenencia ilegal de animales silvestres en Chaco
Preocupación por la tenencia ilegal de animales silvestres
Fecha de Publicación: 03/07/2012
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Chaco
El director de Fauna, Mario Cuevas, afirmó que “existen muchas personas que mantienen animales silvestres en cautiverio en sus domicilios, lo cual provoca numerosos inconvenientes a los mismos tenedores y a los propios animales”.
La Dirección de Fauna y Áreas Naturales Protegidas del Ministerio de Producción recuerda que está prohibida la tenencia, tránsito y comercialización de animales silvestres autóctonos de la provincia, ante los innumerables inconvenientes que los mismos ocasionan para sus tenedores, que van desde enfermedades diversas, accidentes domésticos, agresiones, hasta llegar a inconvenientes legales. El organismo recuerda que la legislación en vigencia prevé decomisos y severas sanciones a quienes hacen caso omiso a esta recomendación.
El director de Fauna y Áreas Protegidas dependiente del Ministerio de Producción del Chaco, doctor Mario Cuevas, manifestó su preocupación porque tanto en Resistencia como en varios puntos de la provincia “existen muchas personas que mantienen animales silvestres en cautiverio en sus domicilios, lo cual provoca numerosos inconvenientes a los mismos tenedores y a los propios animales”.
“Vemos con preocupación la aparición de monos, osos meleros, coatí, zorros y aves diversas, en barrios densamente poblados de Resistencia, del Gran Resistencia y del interior provincial, provenientes de fugas de tenencias en cautiverio”, indicó el funcionario.
Cuevas apuntó que estos animales silvestres pueden transmitir enfermedades como la
rabia, fiebre amarilla, leishmaniasis, psitacosis, entre otras, además de ocasionar agresiones a los mismos tenedores, vecinos o transeúntes.
El director de Fauna destacó que “no está permitida la tenencia de animales silvestres en cautiverio, porque así lo establece la Ley 5629, por lo que no cumplir con esta reglamentación ocasiona un sinnúmero de problemas legales, incluso para los mismos veterinarios, porque al ser ilegal el animal que traen a consulta, los profesionales no cuentan con elementos para su manipulación”.
Cuevas también citó otros problemas para los tenedores de animales silvestres en cautiverio, como “el desconocimiento de las dietas y manejo adecuado de la especie, por lo que en muchos casos terminan muriendo por desnutrición o son protagonistas de accidentes domésticos o en la vía pública, electrocución y hasta peleas con perros”.
“Es necesario que la población entienda que están en plena vigencia las normativas que prohíben la tenencia, el tránsito y la comercialización de animales silvestres autóctonos en la provincia, por lo que recomendamos abstenerse de la adquisición de los mismos, recordando que en caso de detectarse casos de este tipo, se procederá al decomiso y la sanción al tenedor, las cuales son muy severas”, remarcó.
Finalmente, el director de Fauna y Áreas Naturales Protegidas del Ministerio de Producción solicita a las personas recabar mayor información en Remedios de Escalada Nº 46, en la ciudad de Resistencia o bien comunicarse al teléfono 362-4421428.
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Fecha de Publicación: 03/07/2012
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Chaco
El director de Fauna, Mario Cuevas, afirmó que “existen muchas personas que mantienen animales silvestres en cautiverio en sus domicilios, lo cual provoca numerosos inconvenientes a los mismos tenedores y a los propios animales”. La Dirección de Fauna y Áreas Naturales Protegidas del Ministerio de Producción recuerda que está prohibida la tenencia, tránsito y comercialización de animales silvestres autóctonos de la provincia, ante los innumerables inconvenientes que los mismos ocasionan para sus tenedores, que van desde enfermedades diversas, accidentes domésticos, agresiones, hasta llegar a inconvenientes legales. El organismo recuerda que la legislación en vigencia prevé decomisos y severas sanciones a quienes hacen caso omiso a esta recomendación.
El director de Fauna y Áreas Protegidas dependiente del Ministerio de Producción del Chaco, doctor Mario Cuevas, manifestó su preocupación porque tanto en Resistencia como en varios puntos de la provincia “existen muchas personas que mantienen animales silvestres en cautiverio en sus domicilios, lo cual provoca numerosos inconvenientes a los mismos tenedores y a los propios animales”.
“Vemos con preocupación la aparición de monos, osos meleros, coatí, zorros y aves diversas, en barrios densamente poblados de Resistencia, del Gran Resistencia y del interior provincial, provenientes de fugas de tenencias en cautiverio”, indicó el funcionario.
Cuevas apuntó que estos animales silvestres pueden transmitir enfermedades como la
rabia, fiebre amarilla, leishmaniasis, psitacosis, entre otras, además de ocasionar agresiones a los mismos tenedores, vecinos o transeúntes.
El director de Fauna destacó que “no está permitida la tenencia de animales silvestres en cautiverio, porque así lo establece la Ley 5629, por lo que no cumplir con esta reglamentación ocasiona un sinnúmero de problemas legales, incluso para los mismos veterinarios, porque al ser ilegal el animal que traen a consulta, los profesionales no cuentan con elementos para su manipulación”.
Cuevas también citó otros problemas para los tenedores de animales silvestres en cautiverio, como “el desconocimiento de las dietas y manejo adecuado de la especie, por lo que en muchos casos terminan muriendo por desnutrición o son protagonistas de accidentes domésticos o en la vía pública, electrocución y hasta peleas con perros”.
“Es necesario que la población entienda que están en plena vigencia las normativas que prohíben la tenencia, el tránsito y la comercialización de animales silvestres autóctonos en la provincia, por lo que recomendamos abstenerse de la adquisición de los mismos, recordando que en caso de detectarse casos de este tipo, se procederá al decomiso y la sanción al tenedor, las cuales son muy severas”, remarcó.
Finalmente, el director de Fauna y Áreas Naturales Protegidas del Ministerio de Producción solicita a las personas recabar mayor información en Remedios de Escalada Nº 46, en la ciudad de Resistencia o bien comunicarse al teléfono 362-4421428.
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Plan piloto para sanear el embalse Río Hondo
Este mes se iniciará la aplicación de un plan piloto para sanear el embalse
Fecha de Publicación: 02/07/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
Se recrearán las condiciones actuales del lago y se inyectarán bacterias para que consuman los residuos orgánicos acumulados.
El Comité de Cuenca Salí-Dulce resolvió en la última reunión iniciar este mes la aplicación de un plan piloto para remediar el daño ecológico que provocó durante años la contaminación de las industrias tucumanas al embalse Río Hondo. Para ello, comenzará la construcción de un inmenso piletón con capacidad para 100 mil litros, en los que se reproducirá el bioma del lago, con barro, agua, fauna ictícola y flora característica.
En este piletón se agregarán bacterias existentes en el embalse y que ayudarán a descomponer aquellos residuos orgánicos que favorecen el consumo de oxígeno y con ello la mortandad de peces por anoxia (falta de oxígeno).
Este plan de biorremediación, era una de las medidas que se habían acordado entre el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, y las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, y la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero. Ello formaba parte del acuerdo para frenar las medidas cautelares que presentaron los santiagueños contra las industrias de Tucumán ante la Corte Suprema, paralelamente a la implementación del plan Vinaza y Ceniza Cero.
“Se ha resuelto construir los piletones en una zona de meandros, en el perilago, se van a recrear las condiciones de cómo está el lago actualmente y se van a inyectar las bacterias, ver cuáles son las reacciones y si hay resultados positivos, se aplicará esta biorremediación en el lago”, indicó una fuente del Comité de Cuenca, quien indicó que hasta el fin de año tendrían los resultados concretos y en detalle, de esta posible solución a la contaminación que tiene el lago.
Otro de los puntos tratados en la reunión entre las provincias de la cuenca y los delegados de los organismos nacionales que están en el Comité (Ministerio del Interior, Secretaría de Ambiente y Secretaría de Recursos Hídricos), fue la posibilidad de avanzar en un proyecto sobre humedales en el límite entre Santiago y Córdoba; además se harán mediciones por pedido de Córdoba, en la zona limítrofe, para determinar qué cantidad de agua recibe la provincia mediterránea.
Además, se concretó un taller de participación social en la localidad de Villa Chiquilgasta, en la parte ribereña del embalse de Tucumán.
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Fecha de Publicación: 02/07/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
Se recrearán las condiciones actuales del lago y se inyectarán bacterias para que consuman los residuos orgánicos acumulados.El Comité de Cuenca Salí-Dulce resolvió en la última reunión iniciar este mes la aplicación de un plan piloto para remediar el daño ecológico que provocó durante años la contaminación de las industrias tucumanas al embalse Río Hondo. Para ello, comenzará la construcción de un inmenso piletón con capacidad para 100 mil litros, en los que se reproducirá el bioma del lago, con barro, agua, fauna ictícola y flora característica.
En este piletón se agregarán bacterias existentes en el embalse y que ayudarán a descomponer aquellos residuos orgánicos que favorecen el consumo de oxígeno y con ello la mortandad de peces por anoxia (falta de oxígeno).
Este plan de biorremediación, era una de las medidas que se habían acordado entre el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, y las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, y la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero. Ello formaba parte del acuerdo para frenar las medidas cautelares que presentaron los santiagueños contra las industrias de Tucumán ante la Corte Suprema, paralelamente a la implementación del plan Vinaza y Ceniza Cero.
“Se ha resuelto construir los piletones en una zona de meandros, en el perilago, se van a recrear las condiciones de cómo está el lago actualmente y se van a inyectar las bacterias, ver cuáles son las reacciones y si hay resultados positivos, se aplicará esta biorremediación en el lago”, indicó una fuente del Comité de Cuenca, quien indicó que hasta el fin de año tendrían los resultados concretos y en detalle, de esta posible solución a la contaminación que tiene el lago.
Otro de los puntos tratados en la reunión entre las provincias de la cuenca y los delegados de los organismos nacionales que están en el Comité (Ministerio del Interior, Secretaría de Ambiente y Secretaría de Recursos Hídricos), fue la posibilidad de avanzar en un proyecto sobre humedales en el límite entre Santiago y Córdoba; además se harán mediciones por pedido de Córdoba, en la zona limítrofe, para determinar qué cantidad de agua recibe la provincia mediterránea.
Además, se concretó un taller de participación social en la localidad de Villa Chiquilgasta, en la parte ribereña del embalse de Tucumán.
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Envases de pesticidas fuera de control
Los envases de pesticidas, sin control desde 2007
Fecha de Publicación: 01/07/2012
Fuente: Blog Ecologico - La Nación
Provincia/Región: Nacional
Mientras continúa en Córdoba el inédito proceso por la contaminación con glifosato del barrio Ituzaingó, la Auditoría General de la Nación (AGN) dio a conocer un informe sobre plaguicidas que preocupa.
El organismo analizó el Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos (SIFFAB) del Servicio Nacional de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y detectó que no tiene un registro del total de comercios donde se vende este tipo de productos, por lo que el ente se limita a controlar “los establecimientos conocidos y deja de lado a todos los no identificados”.
Según el informe, aprobado este año sobre datos que van de 2007 a 2011, el sistema que controla el cumplimiento de normas de los productos comercializados, “carece del registro del universo de comercios expendedores y depósitos de almacenamiento de agroquímicos”. La AGN señaló que “se advierte una escasa articulación con organismos provinciales y municipales que tienen autoridad en la materia” y, agrega, que éstos entes “no le proporcionan toda esa información a SENASA”.
Además el SIFFAB vio reducidas sus acciones de fiscalización en cuanto a la disposición final de los envases de productos agroquímicos. En una primera instancia tenía funciones de “control”, pero desde 2007 sus tareas pasaron a ser de “fomento y difusión” de buenas prácticas sobre disposición final de residuos remanentes y envases, limitándose al dictado de talleres de promoción y concientización.
Cabe recordar que en el juicio que se ventila en Córdoba, una de las principales observaciones respecto de las aplicaciones de endosulfán y de glifosato tienen que ver con su manipulación y la falta de cumplimiento de la normativa que impide la fumigación sobre poblaciones.
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Fecha de Publicación: 01/07/2012
Fuente: Blog Ecologico - La Nación
Provincia/Región: Nacional
Mientras continúa en Córdoba el inédito proceso por la contaminación con glifosato del barrio Ituzaingó, la Auditoría General de la Nación (AGN) dio a conocer un informe sobre plaguicidas que preocupa.El organismo analizó el Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos (SIFFAB) del Servicio Nacional de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y detectó que no tiene un registro del total de comercios donde se vende este tipo de productos, por lo que el ente se limita a controlar “los establecimientos conocidos y deja de lado a todos los no identificados”.
Según el informe, aprobado este año sobre datos que van de 2007 a 2011, el sistema que controla el cumplimiento de normas de los productos comercializados, “carece del registro del universo de comercios expendedores y depósitos de almacenamiento de agroquímicos”. La AGN señaló que “se advierte una escasa articulación con organismos provinciales y municipales que tienen autoridad en la materia” y, agrega, que éstos entes “no le proporcionan toda esa información a SENASA”.
Además el SIFFAB vio reducidas sus acciones de fiscalización en cuanto a la disposición final de los envases de productos agroquímicos. En una primera instancia tenía funciones de “control”, pero desde 2007 sus tareas pasaron a ser de “fomento y difusión” de buenas prácticas sobre disposición final de residuos remanentes y envases, limitándose al dictado de talleres de promoción y concientización.
Cabe recordar que en el juicio que se ventila en Córdoba, una de las principales observaciones respecto de las aplicaciones de endosulfán y de glifosato tienen que ver con su manipulación y la falta de cumplimiento de la normativa que impide la fumigación sobre poblaciones.
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Escape químico pero sin responsables, increíble
Preocupación por un escape químico
Fecha de Publicación: 01/07/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Los organismos ambientales de la Ciudad y la provincia no aciertan a determinar de dónde provino ni qué fue lo que lo provocó
Un olor ácido y penetrante agitó la calma y neblinosa mañana en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Y el alerta empezó a desperdigarse por las redes sociales: vecinos de distintos barrios denunciaban en Twitter olor a #pisdegato. Avellaneda, Barracas, La Boca, San Telmo, Recoleta, Belgrano, Núñez, Vicente López y San Martín.
Las primeras denuncias fueron recibidas por las autoridades ambientales a las 8.45. Y, aunque hasta el cierre de esta edición no se pudo determinar con certeza qué gas atravesó la Capital y dónde se produjo la fuga, los expertos indicaron que podría haberse tratado de un escape de amoníaco que, por las condiciones climáticas, permaneció en la atmósfera varias horas.
Anoche especialistas de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires seguían investigando el origen y la composición de la "sustancia irritativa" que provocó alarma.
Fuentes de Defensa Civil bonaerense indicaron que no tenían reportes desde Avellaneda sobre algún posible derrame de amoníaco como trascendió en una primera instancia e incluso voceros del gobierno porteño destacaron que se realizaban "mediciones en el aire" para determinar de qué sustancia se trataba. Sin embargo, ninguna de las estaciones fijas que tiene el distrito en los barrios del Sur pudo detectar anomalías respecto de la presencia de ningún gas.
Antes de las 9, en medio de una jornada dominada por neblinas intensas, vecinos de algunos barrios porteños dijeron percibir un olor ácido, fuerte, al que no hallaban explicación, mientras el hedor se esparcía hacia la zona de Olivos.
Luciano Timerman, coordinador del Consejo Provincial de Emergencias Ambientales, indicó que en jurisdicciones del área metropolitana se investigaba la presencia de "una sustancia en el ambiente que es irritativa".
"Tiene un olor característico como de pis de gato, similar al amoníaco, o al ácido sulfúrico", explicó en diálogo con la prensa.
Timerman señaló que de la investigación participaban "el Organismo para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Espacio Público y la dirección de emergencias ecológicas".
Condiciones climáticas
"No se puede confirmar que haya sucedido en el Polo Petroquímico de Dock Sud por los movimientos del viento", aclaró el funcionario y señaló que el olor "afectó a parte de la Capital llegó a localidades bonaerenses de Vicente López, San Martín y Tres de Febrero".
Tras aclarar que "no hubo consultas en hospitales de la provincia", indicó que "la situación va a seguir en el ambiente mientras las condiciones climáticas sigan como están".
En ese contexto, indicó que la fuga podría haberse producido por industrias agroquímicas o de un frigorífico. Tampoco se podía asegurar ayer el lugar donde se habría producido el episodio.
Timerman ofreció al público el teléfono gratuito para reportar emergencias ambientales: el 0800-222-1362.
Verónica Gladario, directora bonaerense de Controladores Ambientales del OPDS, indicó que los técnicos del organismo no detectaron ninguna irregularidad en el Polo Petroquímico de Dock Sud ni en las industrias radicadas en los partidos de San Martín o de Vicente López.
"Estimamos que se trata de amoníaco porque en contacto con el oxígeno forma el hidróxido de amonio, que genera ese olor ácido y que puede causar irritación ocular y nasal", indicó a LA NACION la funcionaria.
"El comportamiento de la nube que se formó también fue muy extraño ya que, al parecer, podría haberse originado en la zona sur, luego por efecto del viento haberse corrido para la zona norte y, a la tarde, otra vez volvió al Sur", agregó.
Gladario agregó que por la forma en que ocurrió el incidente se habría tratado de un escape desde una chimenea de una industria y no de un derrame. "No descartamos nada, pero por las condiciones climáticas y por el modo en que se mezcló en la atmósfera debe haber sido algo externo a la industria en la que sucedió", dijo.
El amoníaco es una sustancia química utilizada comúnmente en los productos de limpieza comerciales y para el hogar.
En la industria, el amoníaco se utiliza en la refinación de petróleo, en la fabricación de productos farmacéuticos, en la desinfección de aguas y como refrigerante.
En la agricultura, el amoníaco se puede utilizar para el procesamiento de cosechas, en fertilizantes o como tratamiento fungicida para los cítricos.
Las altas concentraciones del gas y su inhalación en un lugar cerrado pueden causar hasta la muerte (ver aparte). Sin embargo, en las condiciones en que ayer se propagó no representa un peligro para la salud, según indicaron las autoridades sanitarias.
Extraña Nube
- Sur-Norte. La primera denuncia por el olor ácido se registró a las 8.45 en la avenida Montes de Oca al 900. Las condiciones climáticas y los vientos hicieron que el aroma se fuera sintiendo en barrios de la zona norte.
- Barrios afectados. Los olores se percibieron en Barracas, La Boca, San Telmo, Recoleta, Barrio Norte, Belgrano, Núñez, Villa Devoto, Villa Lugano, San Martín, Vicente López y Tres de Febrero.
- Medición. La concentración de amoníaco que se registró en Montes de Oca al 700 fue de 0,003 mg/m3. Las concentraciones son peligrosas por encima de 1,5 mg/m3, según la ley nacional.
- Muertes con gases. El 27 de septiembre de 1993 murieron siete personas en Avellaneda a causa de un escape de gas cianhídrico. El derrame llegó a la casa de las víctimas por las cañerías.
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Fecha de Publicación: 01/07/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Los organismos ambientales de la Ciudad y la provincia no aciertan a determinar de dónde provino ni qué fue lo que lo provocó
Un olor ácido y penetrante agitó la calma y neblinosa mañana en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Y el alerta empezó a desperdigarse por las redes sociales: vecinos de distintos barrios denunciaban en Twitter olor a #pisdegato. Avellaneda, Barracas, La Boca, San Telmo, Recoleta, Belgrano, Núñez, Vicente López y San Martín.
Las primeras denuncias fueron recibidas por las autoridades ambientales a las 8.45. Y, aunque hasta el cierre de esta edición no se pudo determinar con certeza qué gas atravesó la Capital y dónde se produjo la fuga, los expertos indicaron que podría haberse tratado de un escape de amoníaco que, por las condiciones climáticas, permaneció en la atmósfera varias horas.
Anoche especialistas de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires seguían investigando el origen y la composición de la "sustancia irritativa" que provocó alarma.
Fuentes de Defensa Civil bonaerense indicaron que no tenían reportes desde Avellaneda sobre algún posible derrame de amoníaco como trascendió en una primera instancia e incluso voceros del gobierno porteño destacaron que se realizaban "mediciones en el aire" para determinar de qué sustancia se trataba. Sin embargo, ninguna de las estaciones fijas que tiene el distrito en los barrios del Sur pudo detectar anomalías respecto de la presencia de ningún gas.
Antes de las 9, en medio de una jornada dominada por neblinas intensas, vecinos de algunos barrios porteños dijeron percibir un olor ácido, fuerte, al que no hallaban explicación, mientras el hedor se esparcía hacia la zona de Olivos.
Luciano Timerman, coordinador del Consejo Provincial de Emergencias Ambientales, indicó que en jurisdicciones del área metropolitana se investigaba la presencia de "una sustancia en el ambiente que es irritativa".
"Tiene un olor característico como de pis de gato, similar al amoníaco, o al ácido sulfúrico", explicó en diálogo con la prensa.
Timerman señaló que de la investigación participaban "el Organismo para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Espacio Público y la dirección de emergencias ecológicas".
Condiciones climáticas
"No se puede confirmar que haya sucedido en el Polo Petroquímico de Dock Sud por los movimientos del viento", aclaró el funcionario y señaló que el olor "afectó a parte de la Capital llegó a localidades bonaerenses de Vicente López, San Martín y Tres de Febrero".
Tras aclarar que "no hubo consultas en hospitales de la provincia", indicó que "la situación va a seguir en el ambiente mientras las condiciones climáticas sigan como están".
En ese contexto, indicó que la fuga podría haberse producido por industrias agroquímicas o de un frigorífico. Tampoco se podía asegurar ayer el lugar donde se habría producido el episodio.
Timerman ofreció al público el teléfono gratuito para reportar emergencias ambientales: el 0800-222-1362.
Verónica Gladario, directora bonaerense de Controladores Ambientales del OPDS, indicó que los técnicos del organismo no detectaron ninguna irregularidad en el Polo Petroquímico de Dock Sud ni en las industrias radicadas en los partidos de San Martín o de Vicente López.
"Estimamos que se trata de amoníaco porque en contacto con el oxígeno forma el hidróxido de amonio, que genera ese olor ácido y que puede causar irritación ocular y nasal", indicó a LA NACION la funcionaria.
"El comportamiento de la nube que se formó también fue muy extraño ya que, al parecer, podría haberse originado en la zona sur, luego por efecto del viento haberse corrido para la zona norte y, a la tarde, otra vez volvió al Sur", agregó.
Gladario agregó que por la forma en que ocurrió el incidente se habría tratado de un escape desde una chimenea de una industria y no de un derrame. "No descartamos nada, pero por las condiciones climáticas y por el modo en que se mezcló en la atmósfera debe haber sido algo externo a la industria en la que sucedió", dijo.
El amoníaco es una sustancia química utilizada comúnmente en los productos de limpieza comerciales y para el hogar.
En la industria, el amoníaco se utiliza en la refinación de petróleo, en la fabricación de productos farmacéuticos, en la desinfección de aguas y como refrigerante.
En la agricultura, el amoníaco se puede utilizar para el procesamiento de cosechas, en fertilizantes o como tratamiento fungicida para los cítricos.
Las altas concentraciones del gas y su inhalación en un lugar cerrado pueden causar hasta la muerte (ver aparte). Sin embargo, en las condiciones en que ayer se propagó no representa un peligro para la salud, según indicaron las autoridades sanitarias.
Extraña Nube
- Sur-Norte. La primera denuncia por el olor ácido se registró a las 8.45 en la avenida Montes de Oca al 900. Las condiciones climáticas y los vientos hicieron que el aroma se fuera sintiendo en barrios de la zona norte.
- Barrios afectados. Los olores se percibieron en Barracas, La Boca, San Telmo, Recoleta, Barrio Norte, Belgrano, Núñez, Villa Devoto, Villa Lugano, San Martín, Vicente López y Tres de Febrero.
- Medición. La concentración de amoníaco que se registró en Montes de Oca al 700 fue de 0,003 mg/m3. Las concentraciones son peligrosas por encima de 1,5 mg/m3, según la ley nacional.
- Muertes con gases. El 27 de septiembre de 1993 murieron siete personas en Avellaneda a causa de un escape de gas cianhídrico. El derrame llegó a la casa de las víctimas por las cañerías.
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San Juan: 20% de su territorio protegido por la ley
San Juan, la tercera provincia con más Áreas Protegidas
Fecha de Publicación: 30/06/2012
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
C
on el 20% de su territorio protegido, por la ley protección de áreas y conservación de parques, la provincia se ubica en un lugar preferencial detrás de Misiones y Córdoba. Según informaron desde medio ambiente, la provincia elevará el número de áreas protegidas en un corte plazo.
Desde el año 2007 la provincia viene siendo protagonista en el ranking nacional de provincias con mayor superficie de áreas protegidas. Es que este 2012, alcanzó el puesto número tres, siendo superada por Misiones y Córdoba. No es la primera vez que San Juan logra ubicarse entre los mejores, ya que en el año 2009, alcanzó el primer puesto nacional.
Según figura en la página oficial de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la provincia de San Juan cuenta con 14 áreas protegidas, que abarcan una superficie de más de 2.200.000 hectáreas, correspondiendo al 20% del total del territorio provincial. Raúl Tello, secretario de ambiente, confirmó este dato a DIARIO DE CUYO ONLINE, manifestando que “estamos entre las primeras tres provincias a nivel nacional, superado a veces, por Misiones o Córdoba”. Cabe aclarar que la provincia litoraleña cuenta con unas 600 mil hectáreas, cerca del 23 % de todo su territorio, mientras que Córdoba posee cerca de 3 millones de hectáreas protegidas, un 22% del total aproximadamente. Además, Tello, manifestó que “la cantidad de áreas es importante, pero lo que es más importante son los trabajos que estamos realizando para que en estas zonas se cumple la ley de protección, trabajos que comenzaron en el 2004, y que actualmente nos ubica con un, estimativo puntaje de 7, cuando otras provincias tienen un 10”. El secretario de ambiente provincial aclaró que “podríamos decir que en 2004, contábamos con un puntaje de 0,5 o 0,2, lo cual demuestra que se está realizando un buen trabajo”.
Las áreas protegidas de la provincia son: El monumento Natural Cerro Alcázar, el paisaje protegido de la Quebrada de Ullum, reserva Privada Don Carmelo, Parque Nacional El Leoncito, parque provincial Ischigualasto, sitio Ramsar Lagunas de Guanacache, refugio Los Morrillos, reserva Biosfera de San Guillermo y parque nacional San Guillermo, reserva de Valle Fértil, Afloramiento Limo Arcillosos, Lomas de las Tapias, La Ciénaga de Huaco, Paisaje Protegido de Pedernal y el Parque Provincial Presidente Sarmiento, en zonda.
También, Raúl Tello explicó a DIARIO DE CUYO ON LINE, que “estamos estudiando la posibilidad de nombrar área protegida al Cerro Mercedario y la ampliación de la reserva protegida de San Guillermo, por lo que muy probablemente lleguemos otras vez al primer lugar.
Por último, Tello confirmó que “en un tiempo muy pronto la provincia contará con quince nuevos vehículos para la protección de estas áreas”.
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Fecha de Publicación: 30/06/2012
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
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on el 20% de su territorio protegido, por la ley protección de áreas y conservación de parques, la provincia se ubica en un lugar preferencial detrás de Misiones y Córdoba. Según informaron desde medio ambiente, la provincia elevará el número de áreas protegidas en un corte plazo. Desde el año 2007 la provincia viene siendo protagonista en el ranking nacional de provincias con mayor superficie de áreas protegidas. Es que este 2012, alcanzó el puesto número tres, siendo superada por Misiones y Córdoba. No es la primera vez que San Juan logra ubicarse entre los mejores, ya que en el año 2009, alcanzó el primer puesto nacional.
Según figura en la página oficial de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la provincia de San Juan cuenta con 14 áreas protegidas, que abarcan una superficie de más de 2.200.000 hectáreas, correspondiendo al 20% del total del territorio provincial. Raúl Tello, secretario de ambiente, confirmó este dato a DIARIO DE CUYO ONLINE, manifestando que “estamos entre las primeras tres provincias a nivel nacional, superado a veces, por Misiones o Córdoba”. Cabe aclarar que la provincia litoraleña cuenta con unas 600 mil hectáreas, cerca del 23 % de todo su territorio, mientras que Córdoba posee cerca de 3 millones de hectáreas protegidas, un 22% del total aproximadamente. Además, Tello, manifestó que “la cantidad de áreas es importante, pero lo que es más importante son los trabajos que estamos realizando para que en estas zonas se cumple la ley de protección, trabajos que comenzaron en el 2004, y que actualmente nos ubica con un, estimativo puntaje de 7, cuando otras provincias tienen un 10”. El secretario de ambiente provincial aclaró que “podríamos decir que en 2004, contábamos con un puntaje de 0,5 o 0,2, lo cual demuestra que se está realizando un buen trabajo”.
Las áreas protegidas de la provincia son: El monumento Natural Cerro Alcázar, el paisaje protegido de la Quebrada de Ullum, reserva Privada Don Carmelo, Parque Nacional El Leoncito, parque provincial Ischigualasto, sitio Ramsar Lagunas de Guanacache, refugio Los Morrillos, reserva Biosfera de San Guillermo y parque nacional San Guillermo, reserva de Valle Fértil, Afloramiento Limo Arcillosos, Lomas de las Tapias, La Ciénaga de Huaco, Paisaje Protegido de Pedernal y el Parque Provincial Presidente Sarmiento, en zonda.
También, Raúl Tello explicó a DIARIO DE CUYO ON LINE, que “estamos estudiando la posibilidad de nombrar área protegida al Cerro Mercedario y la ampliación de la reserva protegida de San Guillermo, por lo que muy probablemente lleguemos otras vez al primer lugar.
Por último, Tello confirmó que “en un tiempo muy pronto la provincia contará con quince nuevos vehículos para la protección de estas áreas”.
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Procedimiento por fauna silvestre en Santa Fe
Decomisaron 196 cueros de carpinchos y nutrias
Fecha de Publicación: 30/06/2012
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Dos hombres fueron arrestados ayer por Los Pumas en un procedimiento por depredación de la fauna silvestre.
Personal de la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas, Sección 14 San Javier, secuestró ayer un total de 196 cueros de carpincho y nutria. Además decomisaron 10 carpinchos faenados y 120 kilos de carne de carpincho. Dos personas fueron demoradas e imputadas por infracción a la Ley Provincial de Protección de la Fauna Silvestre.
Tras diligencias investigativas en la madrugada de ayer se logró interceptar en la ribera sanjavierina, dos embarcaciones en las cuales se transportaban un total de 10 carpinchos faenados en la zona de isla.
Durante el operativo se procedió al secuestro de dos embarcaciones, dos motores fuera de borda, dos armas de fuego (una escopeta calibre 16 y la otra calibre 12 chico) y se procedió al arresto de un masculino mayor de edad, domiciliado en la zona noreste de la ciudad de San Javier.
Continuando con la investigación, en las primeras horas de la tarde de ayer y con los correspondientes recaudos legales, personal de Los Pumas procedió a allanar una vivienda en el barrio San Francisco San Javier.
En el lugar se secuestraron 120 kilos de carne de carpincho, que estaba fraccionada y envasada en dos freezer, también se secuestraron 176 cueros de carpinchos, frescos y salados y 20 cueros de nutria.
El hombre arrestado en el primer procedimiento y el propietario de la vivienda allanada fueron puestos a disposición del Juzgado Correccional de la Cuarta Nominación de la ciudad de Santa Fe.
En Helvecia
Por otra parte, la Unidad Regional VII del departamento Garay informó esta semana de un procedimiento por abigeato, que derivó en el secuestro de un auto particular y el arresto de tres personas, entre ellos el peón de un establecimiento rural de la zona.
Las actuaciones iniciadas por la comisaría de Helvecia por presunto delito de “hurto calificado y reiterado de ganado mayor, mediante faenamiento” tuvieron como correlato un operativo de vigilancia en las inmediaciones de una carnicería del pueblo. Los uniformados tomaron conocimiento de que “se estaba comercializando carne vacuna de dudosa procedencia en la localidad”, indicaron desde Relaciones Policiales de la URVII.
En consecuencia, el martes 26 de junio, en horas de la tarde, una patrulla detuvo al conductor y acompañante de un auto Renault Twingo gris. A partir de la requisa policial “se descubre que en el baúl del auto había partes cárneas de un animal vacuno en bolsa de consorcio”, confirmaron las fuentes policiales.
Si bien se trata de una investigación en trámite, se presume que el animal habría sido robado de un campo ubicado a la vera de la Ruta Provincial 62-S, que comunica la Ruta 1 con la 11.
Como consecuencia de ese procedimiento se decomisó el animal faenado y se secuestró el auto en el que era transportado. Asimismo, fueron arrestados dos hombres de 28 y 35 años, quienes recuperaron la libertad dentro de las 24 horas. Otro que fue arrestado es el peón del campo, puesto que habría actuado en complicidad con los cuatreros. El hombre, de unos 45 años, también recuperó la libertad horas más tarde.
Por este hecho se labran actuaciones con conocimiento del Juzgado de Instrucción de la Primera Nominación de Santa Fe.
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Fecha de Publicación: 30/06/2012
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Dos hombres fueron arrestados ayer por Los Pumas en un procedimiento por depredación de la fauna silvestre.
Personal de la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas, Sección 14 San Javier, secuestró ayer un total de 196 cueros de carpincho y nutria. Además decomisaron 10 carpinchos faenados y 120 kilos de carne de carpincho. Dos personas fueron demoradas e imputadas por infracción a la Ley Provincial de Protección de la Fauna Silvestre.
Tras diligencias investigativas en la madrugada de ayer se logró interceptar en la ribera sanjavierina, dos embarcaciones en las cuales se transportaban un total de 10 carpinchos faenados en la zona de isla.
Durante el operativo se procedió al secuestro de dos embarcaciones, dos motores fuera de borda, dos armas de fuego (una escopeta calibre 16 y la otra calibre 12 chico) y se procedió al arresto de un masculino mayor de edad, domiciliado en la zona noreste de la ciudad de San Javier.
Continuando con la investigación, en las primeras horas de la tarde de ayer y con los correspondientes recaudos legales, personal de Los Pumas procedió a allanar una vivienda en el barrio San Francisco San Javier.
En el lugar se secuestraron 120 kilos de carne de carpincho, que estaba fraccionada y envasada en dos freezer, también se secuestraron 176 cueros de carpinchos, frescos y salados y 20 cueros de nutria.
El hombre arrestado en el primer procedimiento y el propietario de la vivienda allanada fueron puestos a disposición del Juzgado Correccional de la Cuarta Nominación de la ciudad de Santa Fe.
En Helvecia
Por otra parte, la Unidad Regional VII del departamento Garay informó esta semana de un procedimiento por abigeato, que derivó en el secuestro de un auto particular y el arresto de tres personas, entre ellos el peón de un establecimiento rural de la zona.
Las actuaciones iniciadas por la comisaría de Helvecia por presunto delito de “hurto calificado y reiterado de ganado mayor, mediante faenamiento” tuvieron como correlato un operativo de vigilancia en las inmediaciones de una carnicería del pueblo. Los uniformados tomaron conocimiento de que “se estaba comercializando carne vacuna de dudosa procedencia en la localidad”, indicaron desde Relaciones Policiales de la URVII.
En consecuencia, el martes 26 de junio, en horas de la tarde, una patrulla detuvo al conductor y acompañante de un auto Renault Twingo gris. A partir de la requisa policial “se descubre que en el baúl del auto había partes cárneas de un animal vacuno en bolsa de consorcio”, confirmaron las fuentes policiales.
Si bien se trata de una investigación en trámite, se presume que el animal habría sido robado de un campo ubicado a la vera de la Ruta Provincial 62-S, que comunica la Ruta 1 con la 11.
Como consecuencia de ese procedimiento se decomisó el animal faenado y se secuestró el auto en el que era transportado. Asimismo, fueron arrestados dos hombres de 28 y 35 años, quienes recuperaron la libertad dentro de las 24 horas. Otro que fue arrestado es el peón del campo, puesto que habría actuado en complicidad con los cuatreros. El hombre, de unos 45 años, también recuperó la libertad horas más tarde.
Por este hecho se labran actuaciones con conocimiento del Juzgado de Instrucción de la Primera Nominación de Santa Fe.
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La agonía de la Ceamse
La agonía de la Ceamse y el desafío de la basura
Fecha de Publicación: 29/06/2012
Fuente: El Día - Por Marcelo Garriga - Vicedecano de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
El sistema actual de disposición de residuos instaurado por el gobierno militar hace más de 30 años, a través de la empresa “Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado” (Ceamse), atraviesa hoy su fase terminal. La inexistencia de nuevos terrenos y localizaciones para la disposición final y la inminente concentración de la basura en Norte III (ubicado en la localidad de San Miguel del conurbano bonaerense) acentúan el agotamiento del modelo.
Efectivamente Norte III se convertirá en un futuro cercano en el único predio destinado al tratamiento de la basura. Cabe aclarar que opera en un predio alquilado al Ejército argentino (quién pasará a tener cierto poder de monopolio sobre el uso de la tierra); hay un único contratista responsable de las tareas vinculadas a la disposición final y tiene solo un camino de acceso al relleno.
En este escenario, la experiencia exitosa de la presión ciudadana contra los rellenos de Ensenada y González Catán, que determinó el virtual cierre de estos centros , alimenta el riesgo de protestas sociales contra el funcionamiento de Norte III. En particular considerando el aumento del impacto ambiental que cabe razonablemente esperar al ser el centro depositario de la totalidad de los residuos generados en el área metropolitana. Como lo revelan numerosos estudios especializados que evalúan los costos de las externalidades ambientales (disamenity costs), el impacto del relleno sanitario sobre los vecinos (la localidad huésped) es proporcional al tamaño del centro y a su escala de funcionamiento. Cuanto más importante es el relleno, mayores son los perjuicios en términos de ruidos, olores, enfermedades, contaminación del agua, interrupción visual, entre otras, lo que aumenta la resistencia de los vecinos a la permanencia o instalación de nuevos rellenos.
Otros Riesgos
Esta morfología del mercado de la disposición de residuos maximiza los riesgos de posibles colapsos y deja un enorme poder de mercado en manos del único contratista y del propietario de la tierra. La existencia de un solo relleno sanitario imposibilita realizar una competencia por comparación (yardstick competition) con otros rellenos del área metropolitana, de forma de controlar los costos y la calidad de prestación del servicio.
Esta forma de organización de la disposición de residuos, que ha desembocado en un solo relleno sanitario, operado exclusivamente por una empresa estatal con un esquema de incentivos mal diseñado, tiene una vida útil limitada, relacionada con el tiempo de completamiento físico del relleno Norte III. Sin la apertura de nuevos rellenos sanitarios, el modelo actual de disposición y tratamiento de residuos se encamina inexorablemente al final de sus posibilidades operativas. El problema es que los terrenos requeridos para la habilitación de nuevos rellenos, no se podrán obtener con la facilidad y premura que seguramente imperó en el esquema original, dada la lógica propia de un gobierno autoritario como el que diseñó e implantó el sistema.
Por el contrario, en un contexto democrático y con vigencia de las instituciones, la habilitación de nuevos predios destinados a la disposición de residuos requiere concebir y poner en marcha adecuadas políticas de incentivos, compensaciones a la población huésped de la basura (host fee), mecanismos de consulta y participación ciudadana, estrategias de debate y consenso con los gobiernos locales, y modalidades de control ambiental diferentes al modelo vigente. En este sentido cabe señalar que en el área metropolitana de Buenos Aires no se abrió ningún relleno sanitario desde la restauración democrática.
Cuestión de Costos
Un problema central del sistema actual es el régimen tarifario vigente en el Ceamse, donde los municipios no asumen la totalidad de los costos de disposición y transporte , con lo cual no tienen incentivos a buscar un lugar donde disponer sus residuos. Cada municipio intenta disponer la basura lo más lejos posible de su jurisdicción. De manera casi inevitable, este esquema desemboca en la concentración de la basura, con todas las resistencias sociales y ambientales ya señaladas.
Pero al mismo tiempo, es fundamental que el diseño del esquema de incentivos permita que los individuos (hogares) efectivamente perciban el costo que resulta de la generación de residuos. No existe conciencia en la población de que los residuos que se derivan del proceso de producción y consumo deben ser dispuestos en algún lugar, o, en caso contrario reciclarse o reutilizarse. La generación de basura tiene un costo para la sociedad y de alguna forma hay que pagarlo. Todos quieren tener la basura lejos, pero nadie quiere hacerse cargo de los costos de esa decisión. No hay a nivel de los consumidores ni de los productores, señales de precios que lleven a internalizar el costo de producir basura. El precio de los servicios de recolección y disposición a nivel domiciliario (que en general se cobra mediante la tasa municipal de alumbrado, barrido y limpieza) es independiente de la cantidad de basura que se produce, al tiempo que existen muy pocos planes e incentivos para separar los residuos reciclables de aquellos que no lo son.
Implementar un nuevo sistema de disposición de residuos en el área metropolitana de Buenos Aires no es una tarea sencilla, dado que se observa un alto grado de informalidad, la disposición ilegal de la basura es una práctica habitual y no hay una cultura hacia una menor generación de residuos y cuidado del medio ambiente. Pero es necesario comenzar a generar las señales de precios e incentivos que conduzcan a un nuevo modelo de recolección y tratamiento de los residuos sustentable económica y ambientalmente.
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Fecha de Publicación: 29/06/2012
Fuente: El Día - Por Marcelo Garriga - Vicedecano de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
El sistema actual de disposición de residuos instaurado por el gobierno militar hace más de 30 años, a través de la empresa “Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado” (Ceamse), atraviesa hoy su fase terminal. La inexistencia de nuevos terrenos y localizaciones para la disposición final y la inminente concentración de la basura en Norte III (ubicado en la localidad de San Miguel del conurbano bonaerense) acentúan el agotamiento del modelo.Efectivamente Norte III se convertirá en un futuro cercano en el único predio destinado al tratamiento de la basura. Cabe aclarar que opera en un predio alquilado al Ejército argentino (quién pasará a tener cierto poder de monopolio sobre el uso de la tierra); hay un único contratista responsable de las tareas vinculadas a la disposición final y tiene solo un camino de acceso al relleno.
En este escenario, la experiencia exitosa de la presión ciudadana contra los rellenos de Ensenada y González Catán, que determinó el virtual cierre de estos centros , alimenta el riesgo de protestas sociales contra el funcionamiento de Norte III. En particular considerando el aumento del impacto ambiental que cabe razonablemente esperar al ser el centro depositario de la totalidad de los residuos generados en el área metropolitana. Como lo revelan numerosos estudios especializados que evalúan los costos de las externalidades ambientales (disamenity costs), el impacto del relleno sanitario sobre los vecinos (la localidad huésped) es proporcional al tamaño del centro y a su escala de funcionamiento. Cuanto más importante es el relleno, mayores son los perjuicios en términos de ruidos, olores, enfermedades, contaminación del agua, interrupción visual, entre otras, lo que aumenta la resistencia de los vecinos a la permanencia o instalación de nuevos rellenos.
Otros Riesgos
Esta morfología del mercado de la disposición de residuos maximiza los riesgos de posibles colapsos y deja un enorme poder de mercado en manos del único contratista y del propietario de la tierra. La existencia de un solo relleno sanitario imposibilita realizar una competencia por comparación (yardstick competition) con otros rellenos del área metropolitana, de forma de controlar los costos y la calidad de prestación del servicio.
Esta forma de organización de la disposición de residuos, que ha desembocado en un solo relleno sanitario, operado exclusivamente por una empresa estatal con un esquema de incentivos mal diseñado, tiene una vida útil limitada, relacionada con el tiempo de completamiento físico del relleno Norte III. Sin la apertura de nuevos rellenos sanitarios, el modelo actual de disposición y tratamiento de residuos se encamina inexorablemente al final de sus posibilidades operativas. El problema es que los terrenos requeridos para la habilitación de nuevos rellenos, no se podrán obtener con la facilidad y premura que seguramente imperó en el esquema original, dada la lógica propia de un gobierno autoritario como el que diseñó e implantó el sistema.
Por el contrario, en un contexto democrático y con vigencia de las instituciones, la habilitación de nuevos predios destinados a la disposición de residuos requiere concebir y poner en marcha adecuadas políticas de incentivos, compensaciones a la población huésped de la basura (host fee), mecanismos de consulta y participación ciudadana, estrategias de debate y consenso con los gobiernos locales, y modalidades de control ambiental diferentes al modelo vigente. En este sentido cabe señalar que en el área metropolitana de Buenos Aires no se abrió ningún relleno sanitario desde la restauración democrática.
Cuestión de Costos
Un problema central del sistema actual es el régimen tarifario vigente en el Ceamse, donde los municipios no asumen la totalidad de los costos de disposición y transporte , con lo cual no tienen incentivos a buscar un lugar donde disponer sus residuos. Cada municipio intenta disponer la basura lo más lejos posible de su jurisdicción. De manera casi inevitable, este esquema desemboca en la concentración de la basura, con todas las resistencias sociales y ambientales ya señaladas.
Pero al mismo tiempo, es fundamental que el diseño del esquema de incentivos permita que los individuos (hogares) efectivamente perciban el costo que resulta de la generación de residuos. No existe conciencia en la población de que los residuos que se derivan del proceso de producción y consumo deben ser dispuestos en algún lugar, o, en caso contrario reciclarse o reutilizarse. La generación de basura tiene un costo para la sociedad y de alguna forma hay que pagarlo. Todos quieren tener la basura lejos, pero nadie quiere hacerse cargo de los costos de esa decisión. No hay a nivel de los consumidores ni de los productores, señales de precios que lleven a internalizar el costo de producir basura. El precio de los servicios de recolección y disposición a nivel domiciliario (que en general se cobra mediante la tasa municipal de alumbrado, barrido y limpieza) es independiente de la cantidad de basura que se produce, al tiempo que existen muy pocos planes e incentivos para separar los residuos reciclables de aquellos que no lo son.
Implementar un nuevo sistema de disposición de residuos en el área metropolitana de Buenos Aires no es una tarea sencilla, dado que se observa un alto grado de informalidad, la disposición ilegal de la basura es una práctica habitual y no hay una cultura hacia una menor generación de residuos y cuidado del medio ambiente. Pero es necesario comenzar a generar las señales de precios e incentivos que conduzcan a un nuevo modelo de recolección y tratamiento de los residuos sustentable económica y ambientalmente.
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