Audiencia por desmonte en Jujuy
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Audiencia por desmonte
Fecha de Publicación: 24/06/2012
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
El próximo miércoles se llevará a cabo la primera audiencia judicial, a las 9.30, en los Tribunales de calle Independencia y La Madrid, a fin de avanzar con la defensa de los montes nativos que actualmente están siendo devastados de la zona de Palma Sola, y que estarían destinados para sembrar soja y caña.
Cabe recordar que la audiencia fue suspendida semanas atrás debido a que la justicia resolvió que al no encontrarse todas los partes notificadas de la audiencia, determinó la suspensión y prórroga de la misma.
La audiencia será pública y están citados el Gobierno provincial: la Dirección de Políticas Ambientales y quienes llevan adelante los desmontes en el Departamento Santa Bárbara.
Entre las citaciones estaría el vicegobernador Guillermo Jenefes, también están citados el Ingenio Ledesma, representantes de las familias Macedo, Flores, etc.
La Organización Campesina Agro Ganadera, los vecinos de Palma Sola, la Central de Trabajadores de la Argentina y comunidades indígenas, convocan para la primera audiencia judicial el miércoles en la puerta de los Tribunales para defender los bosques nativos de la provincia de aquellos que quieren desmontar la zona.
La existencia del monte chaqueño y las yungas garantiza la existencia de campesinos que producen alimentos sanos para los pueblos, argumenta una de las partes.
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Fecha de Publicación: 24/06/2012
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
El próximo miércoles se llevará a cabo la primera audiencia judicial, a las 9.30, en los Tribunales de calle Independencia y La Madrid, a fin de avanzar con la defensa de los montes nativos que actualmente están siendo devastados de la zona de Palma Sola, y que estarían destinados para sembrar soja y caña.
Cabe recordar que la audiencia fue suspendida semanas atrás debido a que la justicia resolvió que al no encontrarse todas los partes notificadas de la audiencia, determinó la suspensión y prórroga de la misma.
La audiencia será pública y están citados el Gobierno provincial: la Dirección de Políticas Ambientales y quienes llevan adelante los desmontes en el Departamento Santa Bárbara.
Entre las citaciones estaría el vicegobernador Guillermo Jenefes, también están citados el Ingenio Ledesma, representantes de las familias Macedo, Flores, etc.
La Organización Campesina Agro Ganadera, los vecinos de Palma Sola, la Central de Trabajadores de la Argentina y comunidades indígenas, convocan para la primera audiencia judicial el miércoles en la puerta de los Tribunales para defender los bosques nativos de la provincia de aquellos que quieren desmontar la zona.
La existencia del monte chaqueño y las yungas garantiza la existencia de campesinos que producen alimentos sanos para los pueblos, argumenta una de las partes.
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agricultura industrial,
Desmontes,
Jujuy,
legislación y derecho ambiental
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Río+20 terminó y ni fu ni fa
Un final sin avances ni retrocesos
Fecha de Publicación: 23/06/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Como se esperaba, las conclusiones fueron genéricas, porque no hubo manera de compatibilizar los intereses del mundo desarrollado con los de los países en desarrollo. El discurso argentino, sobre las responsabilidades diferentes de cada país.
Los delegados de los 193 países que participaron de la cumbre ambiental se fueron de Río de Janeiro sin ver el sol. Desde el miércoles fueron tres días nublados, lluviosos, grises, con tan pocos matices como el documento que se aprobó anoche: sin avances en nuevas metas para la protección del planeta, pero tampoco retrocesos respecto de los logros alcanzados hace veinte años aquí mismo, en la Cumbre de la Tierra. Este último aspecto es el que rescata el gobierno argentino que, junto al G-77 y China, resistió el embate de los países desarrollados para hacer pagar la crisis ambiental a todos por igual, los que históricamente contaminaron y los que recién están avanzando en su desarrollo económico y social.
La Argentina tuvo ayer al fin su lugar en el escenario de los discursos. No habló Cristina Kirchner, porque regresó a Buenos Aires el miércoles de urgencia por el conflicto con Camioneros. No habló el canciller Héctor Timerman, porque viajó el jueves con igual premura a Asunción, junto a los cancilleres de Unasur, por el golpe institucional en ese país. En definitiva, fue la directora de Asuntos Ambientales de la Cancillería, Silvia Merega, la que leyó el discurso ante los delegados. Funcionaria de carrera, con 31 años de trayectoria, fue la principal negociadora argentina en la previa de la cumbre.
“Soy portadora de un llamado de la Presidenta y del pueblo argentino para que todos los países aquí reunidos adoptemos medidas concretas, claras y globales para retomar el camino hacia el desarrollo sustentable, buscando erradicar la pobreza por medio de objetivos ambientales, económicos y sociales”, definió Merega. En el texto, reafirmó la vigencia del principio de que todos los países tienen responsabilidades comunes en materia medioambiental, pero que no son para todos por igual. “A la hora de contribuir al desarrollo sustentable, las obligaciones de cada país deben corresponder con su desarrollo y con sus diferentes responsabilidades históricas en el deterioro del ambiente.”
Aprovechó luego la mención al principio de “plena soberanía de cada país sobre sus recursos naturales”, establecido en el documento, para destacar la reciente estatización de “nuestra principal empresa petrolera”, y para rechazar “en el marco de la disputa por la soberanía de las islas Malvinas las actividades unilaterales británicas” en esa zona, “que incluyen la exploración y explotación de recursos naturales y no renovables”.
También cuestionó la no adopción de medidas de protección de los recursos naturales en aguas internacionales, una iniciativa impulsada con fuerza por la Argentina, pero no mencionó a los países que hicieron valer sus intereses para vetar ese punto: Estados Unidos, Japón, Rusia y Venezuela.
“No existe un modelo de desarrollo único aplicable a todas las naciones”, enfatizó. Pero aclaró que “sí creemos en el deber común de tener en cuenta a cada hombre y a cada mujer, intentando que en cada país el crecimiento sea con inclusión social”, ratificó Merega. Fue la introducción para rechazar “la fiscalización externa” que se pretendió imponer en la cumbre para “garantizar sus políticas de desarrollo sustentable”.
Se refirió luego al controvertido concepto de “economía verde, que aparece hoy en el debate internacional, pero cuya definición aún no tiene consenso”. “Por eso no aceptaremos que la propuesta de una economía verde derive en un proteccionismo verde y fomente políticas que constituyan restricciones encubiertas al comercio internacional con discriminaciones arbitrarias e injustificables”, argumentó. Y sostuvo que “sólo será posible concebir la economía verde como una forma más del desarrollo sustentable, que cada país soberanamente podrá utilizar en función de sus necesidades políticas y sus prioridades nacionales”. Una definición que, en términos idénticos, quedó plasmada en el documento final.
La economía verde había sido impulsada principalmente por países de la Unión Europea, justamente los que se mostraron más decepcionados con el documento final de la Conferencia. Los países en desarrollo creyeron ver en ese concepto la avanzada para una certificación ambiental de productos que, arbitrariamente, podría dejar fuera del mercado a producciones enteras de países periféricos. Desde ese punto de vista, también podría ser un argumento para transferir tecnología, con el consiguiente endeudamiento de las naciones receptoras.
Otra ambición de los países europeos, con el apoyo de algunas naciones africanas, era la creación de un nuevo marco institucional en Naciones Unidas, una agencia para el control de desarrollo sustentable. “La solución no se encuentra en crear más estructuras supranacionales. Por el contrario, impulsamos el fortalecimiento de los organismos que ya están constituidos, como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente”.
Luego se refirió a metas y objetivos concretos, ausentes en el documento final, pero que serán tratados en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.
“Los destinatarios de la conferencia –concluyó la funcionaria– son los países con menos recursos. Por eso la balanza deberá inclinarse a favor de los más desfavorecidos históricamente. Aún faltan grandes temas que acordar, grandes decisiones a tomar y más coraje y fortaleza para llevarlas a cabo. Mientras continuemos con políticas basadas en la prosperidad y riqueza de unos pocos países a costa de la pobreza de muchos, la deuda continuará pendiente.”
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Fecha de Publicación: 23/06/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Como se esperaba, las conclusiones fueron genéricas, porque no hubo manera de compatibilizar los intereses del mundo desarrollado con los de los países en desarrollo. El discurso argentino, sobre las responsabilidades diferentes de cada país.
Los delegados de los 193 países que participaron de la cumbre ambiental se fueron de Río de Janeiro sin ver el sol. Desde el miércoles fueron tres días nublados, lluviosos, grises, con tan pocos matices como el documento que se aprobó anoche: sin avances en nuevas metas para la protección del planeta, pero tampoco retrocesos respecto de los logros alcanzados hace veinte años aquí mismo, en la Cumbre de la Tierra. Este último aspecto es el que rescata el gobierno argentino que, junto al G-77 y China, resistió el embate de los países desarrollados para hacer pagar la crisis ambiental a todos por igual, los que históricamente contaminaron y los que recién están avanzando en su desarrollo económico y social.
La Argentina tuvo ayer al fin su lugar en el escenario de los discursos. No habló Cristina Kirchner, porque regresó a Buenos Aires el miércoles de urgencia por el conflicto con Camioneros. No habló el canciller Héctor Timerman, porque viajó el jueves con igual premura a Asunción, junto a los cancilleres de Unasur, por el golpe institucional en ese país. En definitiva, fue la directora de Asuntos Ambientales de la Cancillería, Silvia Merega, la que leyó el discurso ante los delegados. Funcionaria de carrera, con 31 años de trayectoria, fue la principal negociadora argentina en la previa de la cumbre.
“Soy portadora de un llamado de la Presidenta y del pueblo argentino para que todos los países aquí reunidos adoptemos medidas concretas, claras y globales para retomar el camino hacia el desarrollo sustentable, buscando erradicar la pobreza por medio de objetivos ambientales, económicos y sociales”, definió Merega. En el texto, reafirmó la vigencia del principio de que todos los países tienen responsabilidades comunes en materia medioambiental, pero que no son para todos por igual. “A la hora de contribuir al desarrollo sustentable, las obligaciones de cada país deben corresponder con su desarrollo y con sus diferentes responsabilidades históricas en el deterioro del ambiente.”
Aprovechó luego la mención al principio de “plena soberanía de cada país sobre sus recursos naturales”, establecido en el documento, para destacar la reciente estatización de “nuestra principal empresa petrolera”, y para rechazar “en el marco de la disputa por la soberanía de las islas Malvinas las actividades unilaterales británicas” en esa zona, “que incluyen la exploración y explotación de recursos naturales y no renovables”.
También cuestionó la no adopción de medidas de protección de los recursos naturales en aguas internacionales, una iniciativa impulsada con fuerza por la Argentina, pero no mencionó a los países que hicieron valer sus intereses para vetar ese punto: Estados Unidos, Japón, Rusia y Venezuela.
“No existe un modelo de desarrollo único aplicable a todas las naciones”, enfatizó. Pero aclaró que “sí creemos en el deber común de tener en cuenta a cada hombre y a cada mujer, intentando que en cada país el crecimiento sea con inclusión social”, ratificó Merega. Fue la introducción para rechazar “la fiscalización externa” que se pretendió imponer en la cumbre para “garantizar sus políticas de desarrollo sustentable”.
Se refirió luego al controvertido concepto de “economía verde, que aparece hoy en el debate internacional, pero cuya definición aún no tiene consenso”. “Por eso no aceptaremos que la propuesta de una economía verde derive en un proteccionismo verde y fomente políticas que constituyan restricciones encubiertas al comercio internacional con discriminaciones arbitrarias e injustificables”, argumentó. Y sostuvo que “sólo será posible concebir la economía verde como una forma más del desarrollo sustentable, que cada país soberanamente podrá utilizar en función de sus necesidades políticas y sus prioridades nacionales”. Una definición que, en términos idénticos, quedó plasmada en el documento final.
La economía verde había sido impulsada principalmente por países de la Unión Europea, justamente los que se mostraron más decepcionados con el documento final de la Conferencia. Los países en desarrollo creyeron ver en ese concepto la avanzada para una certificación ambiental de productos que, arbitrariamente, podría dejar fuera del mercado a producciones enteras de países periféricos. Desde ese punto de vista, también podría ser un argumento para transferir tecnología, con el consiguiente endeudamiento de las naciones receptoras.
Otra ambición de los países europeos, con el apoyo de algunas naciones africanas, era la creación de un nuevo marco institucional en Naciones Unidas, una agencia para el control de desarrollo sustentable. “La solución no se encuentra en crear más estructuras supranacionales. Por el contrario, impulsamos el fortalecimiento de los organismos que ya están constituidos, como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente”.
Luego se refirió a metas y objetivos concretos, ausentes en el documento final, pero que serán tratados en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.
“Los destinatarios de la conferencia –concluyó la funcionaria– son los países con menos recursos. Por eso la balanza deberá inclinarse a favor de los más desfavorecidos históricamente. Aún faltan grandes temas que acordar, grandes decisiones a tomar y más coraje y fortaleza para llevarlas a cabo. Mientras continuemos con políticas basadas en la prosperidad y riqueza de unos pocos países a costa de la pobreza de muchos, la deuda continuará pendiente.”
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Estudian la contaminación de la Villa Inflamable
Estudian el estado de dos mil familias que viven cerca del Riachuelo
Fecha de Publicación: 23/06/2012
Fuente: Clarin Avellaneda
Provincia/Región: Buenos Aires
Las evaluaciones clínicas, nutricionales y de toxicología se hacen sobre la población de Villa Inflamable. Se dará tratamiento y seguimiento de cada uno de los pacientes. Participarán más de 60 profesionales.
Villa Inflamable es quizás una de las dolencias más visibles de la contaminación del Riachuelo. El nombre original del predio era Villa Prost pero, con el correr de los años, cambió por una definición más descriptiva, una que logró retratar el nivel de combustión que tiene el lugar. De sus calles salió, en 2004 y a través de una demanda de Beatriz Mendoza (psicóloga social que trabajaba en una salita sanitaria del asentamiento), la causa que llegó a la Corte Suprema y generó el fallo ambiental más importante del país: el saneamiento del Riachuelo. Dentro de este marco, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), organismo responsable de llevar adelante el plan para revertir la contaminación, inició una evaluación integral de salud de dos mil familias que viven en Villa Inflamable.
La iniciativa buscará detectar la presencia de contaminantes, estudiar la situación nutricional y de crecimiento físico e identificar trastornos en la población que reside en esa área. "Se están haciendo exámenes de toxicología y de desarrollo neurológico y nutricional en chicos y adultos de Villa Inflamable. También se lleva a cabo una evaluación clínica de los abuelos de la zona", explicó a avellaneda.clarin.com Oscar Fariña, coordinador del programa de Salud y Ambiente del ministerio de Salud de Buenos Aires.
La ACUMAR además garantizará el tratamiento y seguimiento de cada uno de los pacientes. "En la evaluación participan más de 60 profesionales de la salud. Los resultados de los estudios clínicos, físicos y nutricionales se entregarán a la Corte Suprema y formarán parte de los informes del plan de Saneamiento Integral exigido por la Justicia", comentó Fariña.
Que el Riachuelo contamina a la población que vive en su ribera parece una obviedad. Pero estos estudios permitirán salir de lo que se puede inferir para dar una respuesta científica sobre la relación entre Riachuelo y enfermedad.
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Fecha de Publicación: 23/06/2012
Fuente: Clarin Avellaneda
Provincia/Región: Buenos Aires
Las evaluaciones clínicas, nutricionales y de toxicología se hacen sobre la población de Villa Inflamable. Se dará tratamiento y seguimiento de cada uno de los pacientes. Participarán más de 60 profesionales. Villa Inflamable es quizás una de las dolencias más visibles de la contaminación del Riachuelo. El nombre original del predio era Villa Prost pero, con el correr de los años, cambió por una definición más descriptiva, una que logró retratar el nivel de combustión que tiene el lugar. De sus calles salió, en 2004 y a través de una demanda de Beatriz Mendoza (psicóloga social que trabajaba en una salita sanitaria del asentamiento), la causa que llegó a la Corte Suprema y generó el fallo ambiental más importante del país: el saneamiento del Riachuelo. Dentro de este marco, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), organismo responsable de llevar adelante el plan para revertir la contaminación, inició una evaluación integral de salud de dos mil familias que viven en Villa Inflamable.
La iniciativa buscará detectar la presencia de contaminantes, estudiar la situación nutricional y de crecimiento físico e identificar trastornos en la población que reside en esa área. "Se están haciendo exámenes de toxicología y de desarrollo neurológico y nutricional en chicos y adultos de Villa Inflamable. También se lleva a cabo una evaluación clínica de los abuelos de la zona", explicó a avellaneda.clarin.com Oscar Fariña, coordinador del programa de Salud y Ambiente del ministerio de Salud de Buenos Aires.
La ACUMAR además garantizará el tratamiento y seguimiento de cada uno de los pacientes. "En la evaluación participan más de 60 profesionales de la salud. Los resultados de los estudios clínicos, físicos y nutricionales se entregarán a la Corte Suprema y formarán parte de los informes del plan de Saneamiento Integral exigido por la Justicia", comentó Fariña.
Que el Riachuelo contamina a la población que vive en su ribera parece una obviedad. Pero estos estudios permitirán salir de lo que se puede inferir para dar una respuesta científica sobre la relación entre Riachuelo y enfermedad.
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De no creer: ahora Argentina elogia Río+20
A contramano, Argentina elogia el acuerdo
Fecha de Publicación: 22/06/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La delegación nacional dice que es un éxito de los países en desarrollo. Pero los presidentes latinoamericanos y ONG siguieron con sus críticas.
Una paradoja que involucra a la Argentina ocurrió ayer en la cumbre sobre Desarrollo Sustentable Río+20. Un evento auspiciado por nuestro país tuvo como oradores a los principales responsables de las ONG mundiales. En el foro “Rescatando Río+20, ONG líderes sobre lo que los líderes mundiales deben hacer ahora”, dispararon todos los dardos contra el texto que hoy aprobarán los 192 países para proteger el ambiente y erradicar la pobreza y desigualdades del mundo (ver Las ONG no confían... ).
Lo curioso es que la delegación argentina elogió el texto acordado. “Marca un éxito de los países en desarrollo, contra quienes querían responsabilizarnos del deterioro ambiental planetario”, dijo la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Nación, Silvia Révora, la negociadora en la ONU por nuestro país. Y agregó: “Tanto en Argentina como en Latinoamérica estamos de acuerdo en que las responsabilidades son comunes a todo el mundo, pero diferenciadas. Es el espíritu que prima en el documento final. Quienes dicen que la cumbre fue un fracaso, hablan por los intereses de los países centrales”.
Révora dijo que bajo el lema de “economía verde” las naciones ricas quieren vender su tecnología limpia al mundo y hacer pagar a los demás la destrucción ambiental planetaria de la cual son los principales responsables. A sotto voce , seguramente otras naciones menos desarrolladas –del bloque conocido como G-77– piensan igual que Argentina. Sin embargo, prefirieron mantener un discurso crítico y evitar elogios.
Es el caso de los países latinoamericanos, cuyos presidentes hablaron ayer. Evo Morales, de Bolivia, criticó el capitalismo de los países avanzados que a su juicio promueve “un modelo económico depredador” mientras exigen protección ambiental a las naciones pobres.
El mandatario ecuatoriano Rafael Correa señaló a las naciones más ricas como las mayores responsables de la contaminación ambiental, por lo que consideró que ellos deben financiar la preservación de la naturaleza. A estas críticas se sumaron Juan Manuel Santos, de Colombia; y Raúl Castro, de Cuba. Ninguno alabó el acuerdo.
El senador del Partido Socialista, Rubén Giustiniani, también presente en la cumbre, se sorprendió con la postura nacional. “El mensaje que le damos al mundo es pobre. Decir que es positivo porque podría haber sido peor es una valoración muy personal”, dijo. El legislador, que preside la Comisión de Ambiente del Senado, confesó que vino con bajas expectativas pero que se va aun más decepcionado. “El documento no recoge ningún avance respecto a la reunión de Río hace 20 años”, indicó.
Se esperaba que el acuerdo fijara metas concretas para avanzar en el desarrollo sustentable y en mecanismos de financiación desde los países ricos a los pobres para lograr esos objetivos. Nada de eso está en el texto. Tampoco un cambio de estatuto del Programa de la ONU para el Ambiente (Pnuma).
La rueda de discurso finaliza hoy, cuando se aprobará el acuerdo.
Juntos por primera vez. A pesar de estar en las antípodas ideológicas, Venezuela y EE.UU., junto con Canadá y Rusia, se opusieron a avanzar en un tratado que proteja los mares profundos. La palabra clave es petróleo.
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Fecha de Publicación: 22/06/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La delegación nacional dice que es un éxito de los países en desarrollo. Pero los presidentes latinoamericanos y ONG siguieron con sus críticas.Una paradoja que involucra a la Argentina ocurrió ayer en la cumbre sobre Desarrollo Sustentable Río+20. Un evento auspiciado por nuestro país tuvo como oradores a los principales responsables de las ONG mundiales. En el foro “Rescatando Río+20, ONG líderes sobre lo que los líderes mundiales deben hacer ahora”, dispararon todos los dardos contra el texto que hoy aprobarán los 192 países para proteger el ambiente y erradicar la pobreza y desigualdades del mundo (ver Las ONG no confían... ).
Lo curioso es que la delegación argentina elogió el texto acordado. “Marca un éxito de los países en desarrollo, contra quienes querían responsabilizarnos del deterioro ambiental planetario”, dijo la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Nación, Silvia Révora, la negociadora en la ONU por nuestro país. Y agregó: “Tanto en Argentina como en Latinoamérica estamos de acuerdo en que las responsabilidades son comunes a todo el mundo, pero diferenciadas. Es el espíritu que prima en el documento final. Quienes dicen que la cumbre fue un fracaso, hablan por los intereses de los países centrales”.
Révora dijo que bajo el lema de “economía verde” las naciones ricas quieren vender su tecnología limpia al mundo y hacer pagar a los demás la destrucción ambiental planetaria de la cual son los principales responsables. A sotto voce , seguramente otras naciones menos desarrolladas –del bloque conocido como G-77– piensan igual que Argentina. Sin embargo, prefirieron mantener un discurso crítico y evitar elogios.
Es el caso de los países latinoamericanos, cuyos presidentes hablaron ayer. Evo Morales, de Bolivia, criticó el capitalismo de los países avanzados que a su juicio promueve “un modelo económico depredador” mientras exigen protección ambiental a las naciones pobres.
El mandatario ecuatoriano Rafael Correa señaló a las naciones más ricas como las mayores responsables de la contaminación ambiental, por lo que consideró que ellos deben financiar la preservación de la naturaleza. A estas críticas se sumaron Juan Manuel Santos, de Colombia; y Raúl Castro, de Cuba. Ninguno alabó el acuerdo.
El senador del Partido Socialista, Rubén Giustiniani, también presente en la cumbre, se sorprendió con la postura nacional. “El mensaje que le damos al mundo es pobre. Decir que es positivo porque podría haber sido peor es una valoración muy personal”, dijo. El legislador, que preside la Comisión de Ambiente del Senado, confesó que vino con bajas expectativas pero que se va aun más decepcionado. “El documento no recoge ningún avance respecto a la reunión de Río hace 20 años”, indicó.
Se esperaba que el acuerdo fijara metas concretas para avanzar en el desarrollo sustentable y en mecanismos de financiación desde los países ricos a los pobres para lograr esos objetivos. Nada de eso está en el texto. Tampoco un cambio de estatuto del Programa de la ONU para el Ambiente (Pnuma).
La rueda de discurso finaliza hoy, cuando se aprobará el acuerdo.
Juntos por primera vez. A pesar de estar en las antípodas ideológicas, Venezuela y EE.UU., junto con Canadá y Rusia, se opusieron a avanzar en un tratado que proteja los mares profundos. La palabra clave es petróleo.
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Entre Ríos: Quieren una nueva ley de agroquímicos
Legisladores elaborarán nueva ley de agroquímicos
Fecha de Publicación: 22/06/2012
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
La Cámara de Senadores provincial trabajará en una nueva ley de agroquímicos, porque “no queremos emparchar lo que ya se encuentra en la legislatura sino armar otro proyecto”, informó a AIM el legislador Oscar Arlettaz (PJ, Colón), quien añadió que se buscará consultar o englobar toda iniciativa, norma o resolución existente y, además, realizar algo más moderno, teniendo en cuenta nuevos paradigmas.
En diálogo con esta Agencia, el senador expresó que la Cámara alta elaborará una nueva ley de agroquímicos, ya que “no queremos emparchar lo que ya se encuentra en la legislatura sino armar otro proyecto”.
Esta semana, “estuvimos complicados pero, seguramente, la próxima convocaré a una reunión para empezar a trabajar en el tema que es un asunto pendiente del órgano”, señaló a AIM.
“En lugar de modificar la que vino de Diputados, es más prudente hacer una nueva; por eso, armaremos un nuevo anteproyecto para presentarlo”. Además, “buscaremos consensuarlo con la Cámara baja, así sale más fácil durante su tratamiento”, destacó.
“Se buscará consultar o englobar toda iniciativa, norma o resolución existente y, además, realizar algo más moderno, teniendo en cuenta nuevos paradigmas y el tiempo que pasó desde la sanción de otras leyes”.
El proyecto. El texto que se encuentra en la comisión de Senadores se presentó en 2010 y regula el uso de los agroquímicos en la provincia. Tiene media sanción de Diputados. A través de la propuesta, se busca modificar los artículos ocho y 14 de la ley 6.599 de Plaguicidas que se encuentra vigente e incorporar el artículo 15 bis referido a la utilización de agrotóxicos en el territorio provincial.
Otra propuesta sobre el tema. El ex legislador Héctor de la Fuente es autor de otra iniciativa que apunta a la regulación de agroquímicos y, en ese sentido, sentenció a AIM que esta propuesta es diferente a la que se encuentra en el Senado, “ya que aborda a Entre Ríos como una provincia sojera y todas las problemáticas que eso conlleva”.
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Fecha de Publicación: 22/06/2012
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
La Cámara de Senadores provincial trabajará en una nueva ley de agroquímicos, porque “no queremos emparchar lo que ya se encuentra en la legislatura sino armar otro proyecto”, informó a AIM el legislador Oscar Arlettaz (PJ, Colón), quien añadió que se buscará consultar o englobar toda iniciativa, norma o resolución existente y, además, realizar algo más moderno, teniendo en cuenta nuevos paradigmas.
En diálogo con esta Agencia, el senador expresó que la Cámara alta elaborará una nueva ley de agroquímicos, ya que “no queremos emparchar lo que ya se encuentra en la legislatura sino armar otro proyecto”.
Esta semana, “estuvimos complicados pero, seguramente, la próxima convocaré a una reunión para empezar a trabajar en el tema que es un asunto pendiente del órgano”, señaló a AIM.
“En lugar de modificar la que vino de Diputados, es más prudente hacer una nueva; por eso, armaremos un nuevo anteproyecto para presentarlo”. Además, “buscaremos consensuarlo con la Cámara baja, así sale más fácil durante su tratamiento”, destacó.
“Se buscará consultar o englobar toda iniciativa, norma o resolución existente y, además, realizar algo más moderno, teniendo en cuenta nuevos paradigmas y el tiempo que pasó desde la sanción de otras leyes”.
El proyecto. El texto que se encuentra en la comisión de Senadores se presentó en 2010 y regula el uso de los agroquímicos en la provincia. Tiene media sanción de Diputados. A través de la propuesta, se busca modificar los artículos ocho y 14 de la ley 6.599 de Plaguicidas que se encuentra vigente e incorporar el artículo 15 bis referido a la utilización de agrotóxicos en el territorio provincial.
Otra propuesta sobre el tema. El ex legislador Héctor de la Fuente es autor de otra iniciativa que apunta a la regulación de agroquímicos y, en ese sentido, sentenció a AIM que esta propuesta es diferente a la que se encuentra en el Senado, “ya que aborda a Entre Ríos como una provincia sojera y todas las problemáticas que eso conlleva”.
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Ahora quieren bioenergía de bosques
Evalúan la bioenergía en bosques
Fecha de Publicación: 22/06/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
En el contexto actual de crisis energética, la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba) desarrolló una investigación que describe el enorme potencial que tiene la Argentina para la generación de bioenergía.
El estudio alienta a diseñar sistemas productivos sustentables, que disminuyan el desmonte que hoy se realiza para expandir la frontera agrícola en la región chaqueña, y propone utilizar la biomasa de los bosques que eventualmente se quema en fuegos de vegetación naturales para producir electricidad.
“Cada año, la vegetación que se pierde en incendios en la Argentina permitiría satisfacer la demanda total de energía eléctrica del país”, sostuvo Santiago Verón, investigador del departamento de Métodos Cuantitativos de la Fauba, del Conicet y del Inta Castelar. Sus cálculos abarcan la conversión de biomasa en electricidad (bioelectricidad) de todos los fuegos registrados en la Argentina entre 2003 y 2010, tanto los generados por el hombre (por desmontes, por ejemplo), y otros por causas ajenas.
“Podríamos generar 154 terawatts por hora de electricidad por año, cuando el consumo de nuestro país en 2008 fue de 110 tw/h. O sea que estamos por encima del 100 por ciento de la electricidad necesaria”, aseguró.
Situación privilegiada. Las conclusiones del estudio revelan una situación privilegiada de la Argentina en materia de bioenergía, ya que forma parte de un grupo de 57 países que podrían satisfacer su demanda total de electricidad a partir de la energía que se libera en los fuegos de vegetación. Además, el trabajo señala que la utilización de esta fuente de energía podría reducir las emisiones de gases con efecto invernadero al reemplazar a los combustibles fósiles involucrados en la generación termoeléctrica. A diferencia de estos últimos, la utilización de biomasa vegetal constituye una recirculación de carbono y no un aporte neto de CO2 (dióxido de carbono) a la atmósfera, como cuando se usa gas o fueloil para generar electricidad.
Cosechas mecánicas. ¿Cómo se podría canalizar esa energía hacia la producción de electricidad? “Según nuestros cálculos, durante el período analizado (2003-2010), los fuegos consumieron en promedio el 11 por ciento de la productividad primaria neta de los bosques chaqueños. Entonces, proponemos que el hombre se apropie de ese 11 por ciento del crecimiento anual de las plantas, mediante cosechas mecánicas, y lo utilice para generar electricidad en una planta de generación termoeléctrica como las disponibles actualmente”, dijo el investigador.
Según las mediciones de la Fauba, una planta de generación térmica con una capacidad instalada de 113 megawats (equivalente a un tercio de Atucha I o a una sexta parte de Atucha 2), requiere un área circular de 34 kilómetros de diámetro de bosque chaqueño para funcionar durante todo un año, lo cual no representaría una gran superficie para la región. Con una red de alta tensión, la energía generada en el bosque chaqueño se podría utilizar en cualquier cordón industrial o ciudad del país.
La producción de bioelectricidad no implica un cambio tan radical el uso del suelo como sucede cuando se reemplaza el monte por el cultivo de soja, y a la vez representa un uso mucho más eficiente respecto de la producción de carbón que se realiza en esos bosques bajo condiciones de trabajo extremadamente precarias.
“Buscamos hacer un uso más inteligente del espacio, que en los próximos años va a ser fundamental, porque el problema ya no sólo se plantea entre la producción agrícola y el ambiente, sino entre la agricultura para alimentos, la preservación de los recursos naturales y un nuevo actor, que es la energía. Hoy, todo esto lo estamos yendo a buscar a un mismo ecosistema, porque en la medida que se acaben los combustibles fósiles, ya no los podemos ir a buscar al subsuelo”, afirmó Verón.
Las investigaciones también incluyeron el cálculo de la cantidad de energía que se disipa a partir de incendios de vegetación a nivel global, con resultados reveladores, ya que, en promedio, cada año se quema una superficie de alrededor de 4,3 millones de kilómetros cuadrados por incendios naturales y provocados por el hombre, para incorporar nuevas áreas a la agricultura, por ejemplo. Se trata de una superficie equivalente a la de la India.
Los resultados del trabajo muestran que la energía disipada en esos fuegos equivale al 15 por ciento de la energía que se consume anualmente en el mundo. Sólo teniendo en cuenta la electricidad, se podría satisfacer el 47 por ciento del consumo anual global, considerando eficiencias conservadoras de conversión de biomasa a electricidad.
Otra manera. Según José Paruelo, director de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la Fauba, “estos estudios sugieren la posibilidad de pensar los sistemas productivos en la región chaqueña desde otra perspectiva, porque cuando se elimina el bosque, se elimina un sistema que tiene una productividad mucho más alta que el sistema que generalmente lo reemplaza, el cultivo de soja, que en Argentina se destina cada vez más a la producción de biodiésel, es decir, a producir energía”.
Paruelo señala que existe una contradicción porque el cultivo de soja genera menos energía que el bosque, y lo estamos reemplazando para producir energía.
Esta práctica, si bien puede ser rentable desde el punto de vista económico, es poco eficiente desde lo energético, teniendo en cuenta alternativas como la producción de electricidad a partir de la biomasa del bosque.
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Fecha de Publicación: 22/06/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
En el contexto actual de crisis energética, la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba) desarrolló una investigación que describe el enorme potencial que tiene la Argentina para la generación de bioenergía.
El estudio alienta a diseñar sistemas productivos sustentables, que disminuyan el desmonte que hoy se realiza para expandir la frontera agrícola en la región chaqueña, y propone utilizar la biomasa de los bosques que eventualmente se quema en fuegos de vegetación naturales para producir electricidad.
“Cada año, la vegetación que se pierde en incendios en la Argentina permitiría satisfacer la demanda total de energía eléctrica del país”, sostuvo Santiago Verón, investigador del departamento de Métodos Cuantitativos de la Fauba, del Conicet y del Inta Castelar. Sus cálculos abarcan la conversión de biomasa en electricidad (bioelectricidad) de todos los fuegos registrados en la Argentina entre 2003 y 2010, tanto los generados por el hombre (por desmontes, por ejemplo), y otros por causas ajenas.
“Podríamos generar 154 terawatts por hora de electricidad por año, cuando el consumo de nuestro país en 2008 fue de 110 tw/h. O sea que estamos por encima del 100 por ciento de la electricidad necesaria”, aseguró.
Situación privilegiada. Las conclusiones del estudio revelan una situación privilegiada de la Argentina en materia de bioenergía, ya que forma parte de un grupo de 57 países que podrían satisfacer su demanda total de electricidad a partir de la energía que se libera en los fuegos de vegetación. Además, el trabajo señala que la utilización de esta fuente de energía podría reducir las emisiones de gases con efecto invernadero al reemplazar a los combustibles fósiles involucrados en la generación termoeléctrica. A diferencia de estos últimos, la utilización de biomasa vegetal constituye una recirculación de carbono y no un aporte neto de CO2 (dióxido de carbono) a la atmósfera, como cuando se usa gas o fueloil para generar electricidad.
Cosechas mecánicas. ¿Cómo se podría canalizar esa energía hacia la producción de electricidad? “Según nuestros cálculos, durante el período analizado (2003-2010), los fuegos consumieron en promedio el 11 por ciento de la productividad primaria neta de los bosques chaqueños. Entonces, proponemos que el hombre se apropie de ese 11 por ciento del crecimiento anual de las plantas, mediante cosechas mecánicas, y lo utilice para generar electricidad en una planta de generación termoeléctrica como las disponibles actualmente”, dijo el investigador.
Según las mediciones de la Fauba, una planta de generación térmica con una capacidad instalada de 113 megawats (equivalente a un tercio de Atucha I o a una sexta parte de Atucha 2), requiere un área circular de 34 kilómetros de diámetro de bosque chaqueño para funcionar durante todo un año, lo cual no representaría una gran superficie para la región. Con una red de alta tensión, la energía generada en el bosque chaqueño se podría utilizar en cualquier cordón industrial o ciudad del país.
La producción de bioelectricidad no implica un cambio tan radical el uso del suelo como sucede cuando se reemplaza el monte por el cultivo de soja, y a la vez representa un uso mucho más eficiente respecto de la producción de carbón que se realiza en esos bosques bajo condiciones de trabajo extremadamente precarias.
“Buscamos hacer un uso más inteligente del espacio, que en los próximos años va a ser fundamental, porque el problema ya no sólo se plantea entre la producción agrícola y el ambiente, sino entre la agricultura para alimentos, la preservación de los recursos naturales y un nuevo actor, que es la energía. Hoy, todo esto lo estamos yendo a buscar a un mismo ecosistema, porque en la medida que se acaben los combustibles fósiles, ya no los podemos ir a buscar al subsuelo”, afirmó Verón.
Las investigaciones también incluyeron el cálculo de la cantidad de energía que se disipa a partir de incendios de vegetación a nivel global, con resultados reveladores, ya que, en promedio, cada año se quema una superficie de alrededor de 4,3 millones de kilómetros cuadrados por incendios naturales y provocados por el hombre, para incorporar nuevas áreas a la agricultura, por ejemplo. Se trata de una superficie equivalente a la de la India.
Los resultados del trabajo muestran que la energía disipada en esos fuegos equivale al 15 por ciento de la energía que se consume anualmente en el mundo. Sólo teniendo en cuenta la electricidad, se podría satisfacer el 47 por ciento del consumo anual global, considerando eficiencias conservadoras de conversión de biomasa a electricidad.
Otra manera. Según José Paruelo, director de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la Fauba, “estos estudios sugieren la posibilidad de pensar los sistemas productivos en la región chaqueña desde otra perspectiva, porque cuando se elimina el bosque, se elimina un sistema que tiene una productividad mucho más alta que el sistema que generalmente lo reemplaza, el cultivo de soja, que en Argentina se destina cada vez más a la producción de biodiésel, es decir, a producir energía”.
Paruelo señala que existe una contradicción porque el cultivo de soja genera menos energía que el bosque, y lo estamos reemplazando para producir energía.
Esta práctica, si bien puede ser rentable desde el punto de vista económico, es poco eficiente desde lo energético, teniendo en cuenta alternativas como la producción de electricidad a partir de la biomasa del bosque.
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Embalse Río Hondo comenzaría a remediarse
El 28 habrá una reunión clave para comenzar con el saneamiento del lago
Fecha de Publicación: 21/06/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
Se aplicarán bacterias y es importante que para que el tratamiento sea más efectivo no ingresen más desechos.
Autoridades nacionales y de las provincias que integran la cuenca Salí-Dulce se reunirán el 28 de junio en Santiago del Estero, en la sede permanente. Aunque no está definido el temario final, lo que sí está confirmado es que uno de los puntos centrales será definir la aplicación del plan de biorremediación del embalse Río Hondo.
Así lo adelantó a EL LIBERAL el secretario del Agua de la provincia, Abel Tévez, quien además preside la Comisión Técnica del Comité de Cuenca.
En este sentido, el secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, había manifestado el interés del organismo que tiene a su cargo de construir antes de fin de año un estanque para trabajar en el saneamiento del embalse Río Hondo a partir de la aplicación de bacterias.
Implicará la construcción de un estanque de 100 mil litros en inmediaciones del embalse, que tendrá las mismas características del ecosistema existente en el lago, para hacer las experiencias: agua con barro y hasta peces pequeños. Se harán estudios y análisis de cómo se puede comportar el sistema, con el tratamiento bacteriológico. No son bacterias extrañas, sino las mismas que tiene el embalse que se cultivarán y potenciarán de manera controlada. Esta bacteria consume la materia orgánica, también el nitrógeno y fósforo que favorecen el desarrollo de algas que cuando se descomponen consumen mucho oxígeno y producen mortandad de peces por anoxia (falta de oxígeno). Cuando se dejen de agregar bacterias al lago, se eliminarán solas.
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Fecha de Publicación: 21/06/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
Se aplicarán bacterias y es importante que para que el tratamiento sea más efectivo no ingresen más desechos.
Autoridades nacionales y de las provincias que integran la cuenca Salí-Dulce se reunirán el 28 de junio en Santiago del Estero, en la sede permanente. Aunque no está definido el temario final, lo que sí está confirmado es que uno de los puntos centrales será definir la aplicación del plan de biorremediación del embalse Río Hondo.
Así lo adelantó a EL LIBERAL el secretario del Agua de la provincia, Abel Tévez, quien además preside la Comisión Técnica del Comité de Cuenca.
En este sentido, el secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, había manifestado el interés del organismo que tiene a su cargo de construir antes de fin de año un estanque para trabajar en el saneamiento del embalse Río Hondo a partir de la aplicación de bacterias.
Implicará la construcción de un estanque de 100 mil litros en inmediaciones del embalse, que tendrá las mismas características del ecosistema existente en el lago, para hacer las experiencias: agua con barro y hasta peces pequeños. Se harán estudios y análisis de cómo se puede comportar el sistema, con el tratamiento bacteriológico. No son bacterias extrañas, sino las mismas que tiene el embalse que se cultivarán y potenciarán de manera controlada. Esta bacteria consume la materia orgánica, también el nitrógeno y fósforo que favorecen el desarrollo de algas que cuando se descomponen consumen mucho oxígeno y producen mortandad de peces por anoxia (falta de oxígeno). Cuando se dejen de agregar bacterias al lago, se eliminarán solas.
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Fumigaciones judicializadas también en Tucumán
Avanza la causa penal por las fumigaciones con glifosato en Acheral
Fecha de Publicación: 20/06/2012
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
Por orden del juez federal Bejas, la Gendarmería concretó un allanamiento y secuestró pesticidas en un campo sembrado con soja en dicha localidad. La causa se inició a partir de las publicaciones realizadas por EL SIGLO sobre las denuncias de vecinos de la zona, que vieron afectada su salud como consecuencia de las fumigaciones.
La causa penal iniciada en la Justicia Federal de Tucumán, a partir de las notas que publicó EL SIGLO sobre las denuncias de vecinos de la localidad de Acheral por las fumigaciones con glifosato en un campo de soja ubicado a metros de sus casas y de una escuela, comenzó a tomar impulso esta semana.
Por orden del titular del Juzgado Federal I, Daniel Bejas, personal de la Gendarmería Nacional realizó una serie de allanamientos en ese predio y secuestró una importante cantidad de agrotóxicos, cuya utilización en zonas urbanas estaría expresamente prohibida por las normas vigentes.
La causa se inició en febrero último, mediante una actuación de oficio realizada por el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, tomando como eje las publicaciones de nuestro diario respecto a las fumigaciones con glifosato en Acheral. El fiscal requirió una serie de medidas a los fines de constatar la posible comisión de un delito ambiental por parte de los responsables de ese campo sembrado con soja, cuyo arrendatario es Ariel Mena.
El juez Bejas confirmó a EL SIGLO la concreción de los allanamientos por parte de la Gendarmería y dijo que está "a la espera de los informes para evaluar los pasos a seguir en la investigación".
El magistrado informó que lo que se procura indagar es si el herbicida utilizado en las fumigaciones está dentro de los elementos prohibidos por normas nacionales, como la ley 24.051 (de Residuos Peligrosos), por un lado, y si existe una cuestión interjurisdiccional que habilite la prosecución de la causa en el fuero Federal, por otro.
En este sentido, explicó que la investigación apunta a determinar si, tal como se sospecha, el potente pesticida utilizado en ese campo de soja es arrastrado, por efectos del riego o las lluvias, hacia un arroyo que desemboca en un tributario de la cuenca Salí-Dulce. Para corroborar esta situación, Bejas ordenó la realización de una fotografía satelital que muestre el recorrido que realiza el curso de agua lindero con el terreno a los fines de determinar si, efectivamente, desemboca en alguno de los ríos tributarios del Salí-Dulce. De constatarse esa situación, el dueño del terreno podría quedar imputado por la comisión de un delito federal, puesto que afectaría un recurso hídrico compartido por las provincias de Tucumán y Santiago del Estero.
El peso de las noticias
Por su parte, Gómez resaltó el hecho de que hayan sido los informes periodísticos de EL SIGLO el sustento principal para el inicio, de oficio ,de la causa penal.
"A pesar de que la gente no cree en la administración de justicia, esto demuestra que los fiscales con un recorte de un diario pueden iniciar una causa penal, y que aún sin que alguien vaya a Tribunales a realizar una denuncia, a veces lo que informa la prensa sirve para poder investigar un delito ambiental. Esta es una luz para aquellos que todavía no creen en el sistema", reflexionó el fiscal en diálogo con nuestro matutino.
Las notas periodísticas que dieron origen a esta causa penal en la Justicia Federal fueron publicadas por EL SIGLO en las ediciones del 21 de febrero y del 17 de marzo de este año.
En el primer informe, con el título "Fumigaciones con glifosato y problemas de salud en la localidad de Acheral", este diario hizo públicas las denuncias de los habitantes de esa comuna, ubicada a 45 kilómetros de la Capital tucumana, sobre la utilización de ese herbicida en un campo de soja, ubicado a metros de sus casas y frente a una escuela. En esa oportunidad, los vecinos aseguraron que desde que se iniciaron las fumigaciones en ese terreno, en diciembre de 2011, varias personas que viven en la zona enfermaron, sin recibir respuestas pese a las quejas planteadas al delegado comunal, Víctor Hugo Cardozo. En la nota mencionada, los ciudadanos Alfredo Olea, María Villarreal, Graciela Salomón y Norberta Lorenzo, entre otros, relataron a este diario que el último 9 de enero "se fumigo a las 9 de la mañana eran 4 de la tarde y no se aguantaba el olor del veneno, se murieron perritos y pollos, los árboles de las veredas estaban todos amarillos. Además, varias personas presentaron problemas respiratorios, a la vista, dermatológicos, y del aparato digestivo durante todo el día. Cuando fumigaron, Analía Galindez nos contó que estuvo todo ese día con vómitos, mareos y mucho dolor de cabeza, como así también toda su familia, en especial sus hijos", graficaron los vecinos, en una visita a nuestra redacción.
El pasado 17 de marzo, EL SIGLO publicó una segunda nota, con el título "Volvió la tensión a Acheral por las fumigaciones en un campo de soja", informando que el arrendatario del terreno había retomado esa actividad, con las mismas consecuencias para la población, pese a que la Justicia Federal ya había iniciado una causa penal.
Esa última información también había sido revelada en exclusiva por nuestro diario el 23 de febrero, en un informe titulado "La Justicia Federal inició una causa penal por el uso de glifosato en Acheral".
Antecedente
Gómez también destacó el impulso que podría tener esta causa ,iniciada a raíz de las denuncias realizadas a la prensa por vecinos de Acheral, con el juicio oral y público que se realiza en Córdoba contra productores acusados de haber fumigado en inmediaciones de un barrio. "Este es uno de los primeros procesos que se realizan en el país por fumigaciones con sustancias peligrosas para la salud, contra tres productores sojeros y dos aeroaplicadores. A partir de esto, se podría avanzar con la investigación de este tipo de delitos en otras provincias, como Tucumán", detalló.
La causa a la que hizo alusión Gómez se inició en 2002, cuando un grupo de madres del barrio Ituzaingó denunció la existencia de numerosos casos de cáncer en esa zona periférica de la ciudad.
Esas mujeres aportaron una serie de pruebas y testimonios según los cuales, en años anteriores habían detectado que casi 200 personas habían contraído cáncer y cera de 100 habían fallecido como consecuencia de esa enfermedad.
Más tarde, en 2008, fue iniciado otro expediente en los tribunales de la ciudad de Deán Funes, contra un productor rural y un aplicador aéreo, acusados de arrojar plaguicidas tóxicos en cultivos adyacentes al norteño pueblo de Villa de María de Río Seco.
Por disposición de la Corte Suprema de Justicia de Córdoba, ambas causas fueron unificadas para su juzgamiento.
A los imputados en el juicio se los acusa de violación de la ley provincial de Agroquímicos 9164, que prohíbe precisamente la aplicación aérea de endosulfán o glifosato, en cultivos ubicados en proximidades de zonas pobladas.
Dicha norma establece expresamente la prohibición de realizar fumigaciones con endosulfán a una distancia menor a 1500 metros de una zona urbana, y de glifosato a menos de 500 metros, por tratarse de químicos peligrosos para la salud.
A raíz de los antecedentes recopilados, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) exigió que se investigara a todos los responsables y que se estableciera "la relación de causalidad entre las conductas denunciadas y el centenar de muertes registradas, como así también el impacto en la salud a casi 5000 vecinos del lugar".
Paralelamente, y en función a los estudios previos que la fiscalía de instrucción actuante ordenó realizar en organismos públicos, se detectó la existencia de tres posibles causas contaminantes.
En primer término figura la fumigación clandestina con agroquímicos peligrosos para la salud, el PCB de los transformadores instalados en ese barrio por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), y el agua destinada al consumo humano contaminada por arsénico y plomo.
En los argumentos esgrimidos por la fiscalía a la hora de solicitar la elevación a juicio de la causa se sostiene que este peligroso cóctel contaminante dejó enfermos de leucemia, cáncer de próstata y otras enfermedades oncológicas y respiratorias.
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Fecha de Publicación: 20/06/2012
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
Por orden del juez federal Bejas, la Gendarmería concretó un allanamiento y secuestró pesticidas en un campo sembrado con soja en dicha localidad. La causa se inició a partir de las publicaciones realizadas por EL SIGLO sobre las denuncias de vecinos de la zona, que vieron afectada su salud como consecuencia de las fumigaciones. La causa penal iniciada en la Justicia Federal de Tucumán, a partir de las notas que publicó EL SIGLO sobre las denuncias de vecinos de la localidad de Acheral por las fumigaciones con glifosato en un campo de soja ubicado a metros de sus casas y de una escuela, comenzó a tomar impulso esta semana.
Por orden del titular del Juzgado Federal I, Daniel Bejas, personal de la Gendarmería Nacional realizó una serie de allanamientos en ese predio y secuestró una importante cantidad de agrotóxicos, cuya utilización en zonas urbanas estaría expresamente prohibida por las normas vigentes.
La causa se inició en febrero último, mediante una actuación de oficio realizada por el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, tomando como eje las publicaciones de nuestro diario respecto a las fumigaciones con glifosato en Acheral. El fiscal requirió una serie de medidas a los fines de constatar la posible comisión de un delito ambiental por parte de los responsables de ese campo sembrado con soja, cuyo arrendatario es Ariel Mena.
El juez Bejas confirmó a EL SIGLO la concreción de los allanamientos por parte de la Gendarmería y dijo que está "a la espera de los informes para evaluar los pasos a seguir en la investigación".
El magistrado informó que lo que se procura indagar es si el herbicida utilizado en las fumigaciones está dentro de los elementos prohibidos por normas nacionales, como la ley 24.051 (de Residuos Peligrosos), por un lado, y si existe una cuestión interjurisdiccional que habilite la prosecución de la causa en el fuero Federal, por otro.
En este sentido, explicó que la investigación apunta a determinar si, tal como se sospecha, el potente pesticida utilizado en ese campo de soja es arrastrado, por efectos del riego o las lluvias, hacia un arroyo que desemboca en un tributario de la cuenca Salí-Dulce. Para corroborar esta situación, Bejas ordenó la realización de una fotografía satelital que muestre el recorrido que realiza el curso de agua lindero con el terreno a los fines de determinar si, efectivamente, desemboca en alguno de los ríos tributarios del Salí-Dulce. De constatarse esa situación, el dueño del terreno podría quedar imputado por la comisión de un delito federal, puesto que afectaría un recurso hídrico compartido por las provincias de Tucumán y Santiago del Estero.
El peso de las noticias
Por su parte, Gómez resaltó el hecho de que hayan sido los informes periodísticos de EL SIGLO el sustento principal para el inicio, de oficio ,de la causa penal.
"A pesar de que la gente no cree en la administración de justicia, esto demuestra que los fiscales con un recorte de un diario pueden iniciar una causa penal, y que aún sin que alguien vaya a Tribunales a realizar una denuncia, a veces lo que informa la prensa sirve para poder investigar un delito ambiental. Esta es una luz para aquellos que todavía no creen en el sistema", reflexionó el fiscal en diálogo con nuestro matutino.
Las notas periodísticas que dieron origen a esta causa penal en la Justicia Federal fueron publicadas por EL SIGLO en las ediciones del 21 de febrero y del 17 de marzo de este año.
En el primer informe, con el título "Fumigaciones con glifosato y problemas de salud en la localidad de Acheral", este diario hizo públicas las denuncias de los habitantes de esa comuna, ubicada a 45 kilómetros de la Capital tucumana, sobre la utilización de ese herbicida en un campo de soja, ubicado a metros de sus casas y frente a una escuela. En esa oportunidad, los vecinos aseguraron que desde que se iniciaron las fumigaciones en ese terreno, en diciembre de 2011, varias personas que viven en la zona enfermaron, sin recibir respuestas pese a las quejas planteadas al delegado comunal, Víctor Hugo Cardozo. En la nota mencionada, los ciudadanos Alfredo Olea, María Villarreal, Graciela Salomón y Norberta Lorenzo, entre otros, relataron a este diario que el último 9 de enero "se fumigo a las 9 de la mañana eran 4 de la tarde y no se aguantaba el olor del veneno, se murieron perritos y pollos, los árboles de las veredas estaban todos amarillos. Además, varias personas presentaron problemas respiratorios, a la vista, dermatológicos, y del aparato digestivo durante todo el día. Cuando fumigaron, Analía Galindez nos contó que estuvo todo ese día con vómitos, mareos y mucho dolor de cabeza, como así también toda su familia, en especial sus hijos", graficaron los vecinos, en una visita a nuestra redacción.
El pasado 17 de marzo, EL SIGLO publicó una segunda nota, con el título "Volvió la tensión a Acheral por las fumigaciones en un campo de soja", informando que el arrendatario del terreno había retomado esa actividad, con las mismas consecuencias para la población, pese a que la Justicia Federal ya había iniciado una causa penal.
Esa última información también había sido revelada en exclusiva por nuestro diario el 23 de febrero, en un informe titulado "La Justicia Federal inició una causa penal por el uso de glifosato en Acheral".
Antecedente
Gómez también destacó el impulso que podría tener esta causa ,iniciada a raíz de las denuncias realizadas a la prensa por vecinos de Acheral, con el juicio oral y público que se realiza en Córdoba contra productores acusados de haber fumigado en inmediaciones de un barrio. "Este es uno de los primeros procesos que se realizan en el país por fumigaciones con sustancias peligrosas para la salud, contra tres productores sojeros y dos aeroaplicadores. A partir de esto, se podría avanzar con la investigación de este tipo de delitos en otras provincias, como Tucumán", detalló.
La causa a la que hizo alusión Gómez se inició en 2002, cuando un grupo de madres del barrio Ituzaingó denunció la existencia de numerosos casos de cáncer en esa zona periférica de la ciudad.
Esas mujeres aportaron una serie de pruebas y testimonios según los cuales, en años anteriores habían detectado que casi 200 personas habían contraído cáncer y cera de 100 habían fallecido como consecuencia de esa enfermedad.
Más tarde, en 2008, fue iniciado otro expediente en los tribunales de la ciudad de Deán Funes, contra un productor rural y un aplicador aéreo, acusados de arrojar plaguicidas tóxicos en cultivos adyacentes al norteño pueblo de Villa de María de Río Seco.
Por disposición de la Corte Suprema de Justicia de Córdoba, ambas causas fueron unificadas para su juzgamiento.
A los imputados en el juicio se los acusa de violación de la ley provincial de Agroquímicos 9164, que prohíbe precisamente la aplicación aérea de endosulfán o glifosato, en cultivos ubicados en proximidades de zonas pobladas.
Dicha norma establece expresamente la prohibición de realizar fumigaciones con endosulfán a una distancia menor a 1500 metros de una zona urbana, y de glifosato a menos de 500 metros, por tratarse de químicos peligrosos para la salud.
A raíz de los antecedentes recopilados, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) exigió que se investigara a todos los responsables y que se estableciera "la relación de causalidad entre las conductas denunciadas y el centenar de muertes registradas, como así también el impacto en la salud a casi 5000 vecinos del lugar".
Paralelamente, y en función a los estudios previos que la fiscalía de instrucción actuante ordenó realizar en organismos públicos, se detectó la existencia de tres posibles causas contaminantes.
En primer término figura la fumigación clandestina con agroquímicos peligrosos para la salud, el PCB de los transformadores instalados en ese barrio por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), y el agua destinada al consumo humano contaminada por arsénico y plomo.
En los argumentos esgrimidos por la fiscalía a la hora de solicitar la elevación a juicio de la causa se sostiene que este peligroso cóctel contaminante dejó enfermos de leucemia, cáncer de próstata y otras enfermedades oncológicas y respiratorias.
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Mendoza: Marcharon en defensa de la Ley 7.722
Marcharon en defensa de la Ley antiminería
Fecha de Publicación: 20/06/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Los ambientalistas fueron a la Legislatura y a Tribunales para que se ratifique la vigencia de la Ley 7.722, que prohíbe la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas como el cianuro.
Unas 200 personas marcharon ayer a la mañana por el centro de Mendoza hacia la Legislatura y Tribunales para defender la Ley 7.722, que prohíbe las mineras a cielo abierto con sustancias contaminantes como el cianuro.
La Multisectorial planea organizar otra marcha para la Cumbre del Mercosur que se hará en Mendoza el 28 y 29 de junio y que reunirá a los jefes de Estado del bloque.
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Fecha de Publicación: 20/06/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Los ambientalistas fueron a la Legislatura y a Tribunales para que se ratifique la vigencia de la Ley 7.722, que prohíbe la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas como el cianuro. Unas 200 personas marcharon ayer a la mañana por el centro de Mendoza hacia la Legislatura y Tribunales para defender la Ley 7.722, que prohíbe las mineras a cielo abierto con sustancias contaminantes como el cianuro.
La Multisectorial planea organizar otra marcha para la Cumbre del Mercosur que se hará en Mendoza el 28 y 29 de junio y que reunirá a los jefes de Estado del bloque.
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Argentina no quiere la "economía verde"
La Argentina: no a la "economía verde"
Fecha de Publicación: 19/06/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Mientras Brasil trabaja contra el reloj para impedir que sucumba la Cumbre de la Tierra Río+20 , la delegación argentina que llegará mañana a esta ciudad tiene una posición tomada: dirá que no a la "economía verde". Así lo confirmaron fuentes oficiales, días antes de arribar a la ciudad carioca.
"Estamos camino a una guerra comercial -sostuvo Silvia Révora, subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Nación-. Detrás del concepto «economía verde», que los países centrales promueven como eje del modo productivo del nuevo milenio, se esconden trampas de diferentes colores: con la excusa del control ambiental, algunas empresas se volverán certificadoras y otras dirán qué productos consumir bajo ciertos estándares de producción".
La drástica posición argentina es la que suscribe el G-77, un paraguas bajo el cual están varios países emergentes, entre ellos Brasil y la India, a la que también se ha sumado China. El argumento critica especialmente el establecimiento del etiquetado de los productos y la huella de carbono (la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por un individuo, organización, evento o producto) como medidor de sustentabilidad.
La Argentina también está en contra de la propuesta de gobernanza mundial traducida en la transformación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en una agencia autónoma. Es que el Gobierno interpreta como una amenaza a la soberanía la imposición de estándares que deban cumplir todos los países. China, el mayor contaminador del mundo, también suscribe a esta tesis, y Estados Unidos, distante de la agenda ambiental, nunca estuvo en un lugar más cómodo, ya que dejó de ser el malo de la película.
La postura oficial generó un quiebre con las organizaciones ambientalistas argentinas. Después de que Révora las acusara de defender "intereses imperialistas", Greenpeace respondió con críticas a la política ambiental nacional y recibió adhesiones de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y de Los Verdes.
"No se entiende la negativa del Estado argentino. No se puede negar que hay que cambiar el modelo económico. Todavía no está definido el concepto de «economía verde», pero lo peor que se puede hacer es ni siquiera discutirlo. Este es el ámbito donde se pueden insertar los cambios. Además, la Argentina defiende el desarrollo sustentable mientras no puede justificar que no lo aplica. Está muy bien defender la soberanía, pero no hay que olvidar las responsabilidades que eso conlleva", indicó María Eugenia Di Paola, de FARN, que participa de la cumbre.
"Como organización ambientalista no podemos adherir a una posición de gobierno que enumera como logros leyes y programas ambientales que son una conquista de la sociedad civil a través de sus demandas públicas frente a diferentes gobiernos y al sector corporativo, pero que hoy son sistemáticamente ignoradas. Leyes como la de protección de bosques nativos, de protección de glaciares, de promoción de las energías renovables, de gestión de residuos, entre otras, hoy no son respetadas, ya sea por su vaciamiento económico, su falta de implementación, la falta de reglamentación de artículos clave o la falta de promoción", indicó Greenpeace Argentina en un comunicado. Juan Carlos Villalonga, de Los Verdes, agregó: "Es muy reduccionista pensar que una agencia pueda solamente generar barreras paraarancelarias. Hay distintas ideas de estructura. Todos estaríamos muchísimo peor si no existiera un espacio supranacional al que recurrir".
Más de 300 diplomáticos brasileños trabajan en el documento final, cuyo borrador cambió completamente. Las metas y los objetivos desaparecieron y se ha convertido en un compromiso más general. A pesar de que en el primer borrador no aparecía la minería como una industria para dar apoyo, fue incorporada. El agregado no fue vetado por los países desarrollados, pero tampoco por los países en desarrollo. En la redacción del documento no se incluye el impacto social que pueden tener los emprendimientos.
Mañana llegarán aquí los jefes de Estado. Y el viernes debería ser firmado el compromiso final. Ese día se sabrá si sólo se trata de un enunciado de buenas intenciones.
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Fecha de Publicación: 19/06/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Mientras Brasil trabaja contra el reloj para impedir que sucumba la Cumbre de la Tierra Río+20 , la delegación argentina que llegará mañana a esta ciudad tiene una posición tomada: dirá que no a la "economía verde". Así lo confirmaron fuentes oficiales, días antes de arribar a la ciudad carioca."Estamos camino a una guerra comercial -sostuvo Silvia Révora, subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Nación-. Detrás del concepto «economía verde», que los países centrales promueven como eje del modo productivo del nuevo milenio, se esconden trampas de diferentes colores: con la excusa del control ambiental, algunas empresas se volverán certificadoras y otras dirán qué productos consumir bajo ciertos estándares de producción".
La drástica posición argentina es la que suscribe el G-77, un paraguas bajo el cual están varios países emergentes, entre ellos Brasil y la India, a la que también se ha sumado China. El argumento critica especialmente el establecimiento del etiquetado de los productos y la huella de carbono (la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por un individuo, organización, evento o producto) como medidor de sustentabilidad.
La Argentina también está en contra de la propuesta de gobernanza mundial traducida en la transformación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en una agencia autónoma. Es que el Gobierno interpreta como una amenaza a la soberanía la imposición de estándares que deban cumplir todos los países. China, el mayor contaminador del mundo, también suscribe a esta tesis, y Estados Unidos, distante de la agenda ambiental, nunca estuvo en un lugar más cómodo, ya que dejó de ser el malo de la película.
La postura oficial generó un quiebre con las organizaciones ambientalistas argentinas. Después de que Révora las acusara de defender "intereses imperialistas", Greenpeace respondió con críticas a la política ambiental nacional y recibió adhesiones de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y de Los Verdes.
"No se entiende la negativa del Estado argentino. No se puede negar que hay que cambiar el modelo económico. Todavía no está definido el concepto de «economía verde», pero lo peor que se puede hacer es ni siquiera discutirlo. Este es el ámbito donde se pueden insertar los cambios. Además, la Argentina defiende el desarrollo sustentable mientras no puede justificar que no lo aplica. Está muy bien defender la soberanía, pero no hay que olvidar las responsabilidades que eso conlleva", indicó María Eugenia Di Paola, de FARN, que participa de la cumbre.
"Como organización ambientalista no podemos adherir a una posición de gobierno que enumera como logros leyes y programas ambientales que son una conquista de la sociedad civil a través de sus demandas públicas frente a diferentes gobiernos y al sector corporativo, pero que hoy son sistemáticamente ignoradas. Leyes como la de protección de bosques nativos, de protección de glaciares, de promoción de las energías renovables, de gestión de residuos, entre otras, hoy no son respetadas, ya sea por su vaciamiento económico, su falta de implementación, la falta de reglamentación de artículos clave o la falta de promoción", indicó Greenpeace Argentina en un comunicado. Juan Carlos Villalonga, de Los Verdes, agregó: "Es muy reduccionista pensar que una agencia pueda solamente generar barreras paraarancelarias. Hay distintas ideas de estructura. Todos estaríamos muchísimo peor si no existiera un espacio supranacional al que recurrir".
Más de 300 diplomáticos brasileños trabajan en el documento final, cuyo borrador cambió completamente. Las metas y los objetivos desaparecieron y se ha convertido en un compromiso más general. A pesar de que en el primer borrador no aparecía la minería como una industria para dar apoyo, fue incorporada. El agregado no fue vetado por los países desarrollados, pero tampoco por los países en desarrollo. En la redacción del documento no se incluye el impacto social que pueden tener los emprendimientos.
Mañana llegarán aquí los jefes de Estado. Y el viernes debería ser firmado el compromiso final. Ese día se sabrá si sólo se trata de un enunciado de buenas intenciones.
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Allanaron la planta de filtros de La Alumbrera
Allanaron la planta de filtros de La Alumbrera
Fecha de Publicación: 19/06/2012
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Tucumán
Gendarmería Nacional realizó esta mañana un operativo de allanamiento en la planta de filtros de la empresa Minera La Alumbrera, en ruta 302, antes de llegar a Ranchillos, por orden de la Justicia. Se trata de una toma de muestras de aguas y residuos que se arrojan al canal DP2, tras el secado del material que llega a Tucumán a través del mineralducto.
El estudio fue sobre efluentes que se arrojan al canal DP2, tras su recorrido por el este tucumano desagúa en el dique El Frontal, en Las Termas de Río Hondo. El concentrado en forma de pulpa con un contenido de 63% de sólidos, se transporta por un mineraloducto de 316 km, desde la mina ubicada en la localidad de Hualfín, en Catamarca, hasta la planta de Filtros ubicada en Cruz del Norte, en Tucumán, informó el sitio noafishing.com.ar.
Allí se realiza el tratamiento del "barro" que contiene oro y cobre metálico. El agua residual resultante del secado y que se arroja al canal DP2 es, según las denuncias de ambientalistas, motico dela contaminación dela cuenca Salí-Dulce.
Aunque no trascendieron detalles del procedimiento, se estima que obedecen a las tramitaciones del juzgado de Bejas para determinar el grado de polución que provoca esta planta en el medioamabiente, ya que se trata de lo que los técnicos denominan "aguas pesadas", ya que esos efluentes contendrían metales.
La orden partió del Juzgado Federal I de Tucumán, que conduce Daniel Bejas.
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Fecha de Publicación: 19/06/2012
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Tucumán
Gendarmería Nacional realizó esta mañana un operativo de allanamiento en la planta de filtros de la empresa Minera La Alumbrera, en ruta 302, antes de llegar a Ranchillos, por orden de la Justicia. Se trata de una toma de muestras de aguas y residuos que se arrojan al canal DP2, tras el secado del material que llega a Tucumán a través del mineralducto.
El estudio fue sobre efluentes que se arrojan al canal DP2, tras su recorrido por el este tucumano desagúa en el dique El Frontal, en Las Termas de Río Hondo. El concentrado en forma de pulpa con un contenido de 63% de sólidos, se transporta por un mineraloducto de 316 km, desde la mina ubicada en la localidad de Hualfín, en Catamarca, hasta la planta de Filtros ubicada en Cruz del Norte, en Tucumán, informó el sitio noafishing.com.ar.
Allí se realiza el tratamiento del "barro" que contiene oro y cobre metálico. El agua residual resultante del secado y que se arroja al canal DP2 es, según las denuncias de ambientalistas, motico dela contaminación dela cuenca Salí-Dulce.
Aunque no trascendieron detalles del procedimiento, se estima que obedecen a las tramitaciones del juzgado de Bejas para determinar el grado de polución que provoca esta planta en el medioamabiente, ya que se trata de lo que los técnicos denominan "aguas pesadas", ya que esos efluentes contendrían metales.
La orden partió del Juzgado Federal I de Tucumán, que conduce Daniel Bejas.
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Disputa por el Atuel entre Mendoza y La Pampa
Atuel: "Mendoza llega a la irracionalidad"
Fecha de Publicación: 18/06/2012
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El diputado radical Martín Berhongaray dice que las palabras de un senador mendocino muestran que no son viables las negociaciones con las autoridades políticas mendocinas para recuperar caudal.
“Sin distinción de banderías políticas, las autoridades mendocinas llevan hasta la irracionalidad y la ilegalidad la cerrada política provincial en defensa de sus recursos hídricos”, dijo el diputado provincial Martín Berhongaray al responder las expresiones del senador mendocino, el radical Armando Camerucci.
Dijo que las palabras de Camerucci “ponen en evidencia, una vez más, que cualquier negociación con la vecina provincia para recuperar los caudales del río Atuel será infructuosa”.
Berhongaray dice que “como contrapunto, el gobierno pampeano exhibe una disparidad de criterios en torno a este tema, y muestra debilidad y falta de convicciones firmes cuando se resiste a promover la tan esperada demanda ambiental ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
“Deben entender que una cosa son las gestiones llevadas a cabo para recuperar parte del agua que nos viene saqueando Mendoza, y otra muy distinta es demandar por los perjuicios sociales, económicos-productivos y ambientales sufridos hasta el momento”, señaló Berhongaray. “Son dos caminos diferentes que necesariamente deben complementarse”, agrega.
“¿O es que el Gobierno pampeano ya tomó la decisión de no reclamar los millonarios daños del pasado, y se contenta con que algún hilo de agua corra por nuestra Provincia? Si es así que avisen, que veremos cómo forzar el reclamo judicial”, dice el diputado radical.
“En cuanto a las afirmaciones del senador Camerucci, conviene precisar que el Convenio firmado en 2008 se encuentra vigente desde el momento mismo de la firma, generando desde entonces un nuevo incumplimiento de Mendoza, esta vez de índole contractual”, recuerda.
“Así lo expresa el propio texto del Acta Acuerdo, así lo confirmó el gobernador pampeano semanas atrás, y así lo determina el derecho interno argentino que bajo ningún punto de vista exige la ratificación legislativa para la entrada en vigencia de convenios interprovinciales. Plantear que existe esa traba, la de la ratificación legislativa, es otro invento mendocino”, afirma.
“Por ello, desde agosto de 2008 Mendoza incumple con la obligación de garantizar un mínimo de escorrentía permanente en el límite interprovincial (Cláusula X, inciso k del Acuerdo Marco), generando su responsabilidad contractual con el consiguiente derecho a que La Pampa sea indemnizada por esa inacción. Además, desde 2002 Mendoza viola la Ley 25.688 de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas, así como otras leyes de presupuestos mínimos dictadas el amparo de la Reforma Constitucional de 1994”, precisa.
“Las infracciones mendocinas en relación al río Atuel contravienen pautas básicas aceptadas por toda la comunidad hídrica internacional, que prohíbe y hasta sanciona comportamientos similares entre países vecinos”, dice Berhongaray.
“Senador Camerucci, si bien la Corte en 1987 le dijo a Mendoza que podía regar 75.761 hectáreas, también la mandó a que mejore su ineficiencia de riego que entonces era del 30 %. Hoy, a 25 años de ese fallo, Mendoza no mejoró un ápice esa eficiencia de riego. Si hubiera cumplido la orden de la Corte, y la hubiera elevado al 60 % lo cual es perfectamente posible, el agua excedería ampliamente las posibilidades de regar esa cantidad de hectáreas”, dice el legisladora pampeano.
Remarca que “no es de una persona seria tomar del fallo los puntos que le convienen y ocultar bajo la alfombra los que no”.
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Fecha de Publicación: 18/06/2012
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El diputado radical Martín Berhongaray dice que las palabras de un senador mendocino muestran que no son viables las negociaciones con las autoridades políticas mendocinas para recuperar caudal.
“Sin distinción de banderías políticas, las autoridades mendocinas llevan hasta la irracionalidad y la ilegalidad la cerrada política provincial en defensa de sus recursos hídricos”, dijo el diputado provincial Martín Berhongaray al responder las expresiones del senador mendocino, el radical Armando Camerucci.
Dijo que las palabras de Camerucci “ponen en evidencia, una vez más, que cualquier negociación con la vecina provincia para recuperar los caudales del río Atuel será infructuosa”.
Berhongaray dice que “como contrapunto, el gobierno pampeano exhibe una disparidad de criterios en torno a este tema, y muestra debilidad y falta de convicciones firmes cuando se resiste a promover la tan esperada demanda ambiental ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
“Deben entender que una cosa son las gestiones llevadas a cabo para recuperar parte del agua que nos viene saqueando Mendoza, y otra muy distinta es demandar por los perjuicios sociales, económicos-productivos y ambientales sufridos hasta el momento”, señaló Berhongaray. “Son dos caminos diferentes que necesariamente deben complementarse”, agrega.
“¿O es que el Gobierno pampeano ya tomó la decisión de no reclamar los millonarios daños del pasado, y se contenta con que algún hilo de agua corra por nuestra Provincia? Si es así que avisen, que veremos cómo forzar el reclamo judicial”, dice el diputado radical.
“En cuanto a las afirmaciones del senador Camerucci, conviene precisar que el Convenio firmado en 2008 se encuentra vigente desde el momento mismo de la firma, generando desde entonces un nuevo incumplimiento de Mendoza, esta vez de índole contractual”, recuerda.
“Así lo expresa el propio texto del Acta Acuerdo, así lo confirmó el gobernador pampeano semanas atrás, y así lo determina el derecho interno argentino que bajo ningún punto de vista exige la ratificación legislativa para la entrada en vigencia de convenios interprovinciales. Plantear que existe esa traba, la de la ratificación legislativa, es otro invento mendocino”, afirma.
“Por ello, desde agosto de 2008 Mendoza incumple con la obligación de garantizar un mínimo de escorrentía permanente en el límite interprovincial (Cláusula X, inciso k del Acuerdo Marco), generando su responsabilidad contractual con el consiguiente derecho a que La Pampa sea indemnizada por esa inacción. Además, desde 2002 Mendoza viola la Ley 25.688 de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas, así como otras leyes de presupuestos mínimos dictadas el amparo de la Reforma Constitucional de 1994”, precisa.
“Las infracciones mendocinas en relación al río Atuel contravienen pautas básicas aceptadas por toda la comunidad hídrica internacional, que prohíbe y hasta sanciona comportamientos similares entre países vecinos”, dice Berhongaray.
“Senador Camerucci, si bien la Corte en 1987 le dijo a Mendoza que podía regar 75.761 hectáreas, también la mandó a que mejore su ineficiencia de riego que entonces era del 30 %. Hoy, a 25 años de ese fallo, Mendoza no mejoró un ápice esa eficiencia de riego. Si hubiera cumplido la orden de la Corte, y la hubiera elevado al 60 % lo cual es perfectamente posible, el agua excedería ampliamente las posibilidades de regar esa cantidad de hectáreas”, dice el legisladora pampeano.
Remarca que “no es de una persona seria tomar del fallo los puntos que le convienen y ocultar bajo la alfombra los que no”.
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El increíble proceso de aprobación de agroquímicos
Toxicidad del glifosato: Monsanto y Nidera se controlan a sí mismas
Fecha de Publicación: 17/06/2012
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Los ambientalistas denuncian que “es una barbaridad porque no pueden tener independencia de juicio”. Además, no se sabe cómo ni con qué profesionales los realizan porque las autoridades dicen que es “información confidencial”.
A la inexistencia de legislación nacional que regule el uso de agroquímicos y a los insuficientes informes epidemiológicos oficiales que permitan conocer el verdadero efecto que estos venenos tienen sobre el medio ambiente y la salud de las personas, se suma un nuevo agravante: los laboratorios que realizan las evaluaciones para determinar la toxicidad de los agroquímicos que se utilizan en nuestro país están directamente vinculados o son las mismas empresas que producen y comercializan pesticidas. Sí, los laboratorios Monsanto realizan los ensayos toxicológicos que establecen si los productos de la empresa Monsanto SA –entre ellos, el glifosato, denunciado por contaminar el medio ambiente y atentar contra la salud de las personas– pueden diseminarse en los campos argentinos. De igual modo sucede con los laboratorios Nidera y la firma Nidera SA, o con los laboratorios nacionales Atanor y la productora de agroquímicos Atanor SA, entre muchos otros.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) –que tiene como función registrar, autorizar o prohibir los agroquímicos que se pulverizan en todo el territorio nacional– no realiza ensayos toxicológicos sobre los productos químicos diseminados cada año en las más de 20 millones de hectáreas cultivables. Simplemente, evalúa los resultados de los ensayos ya realizados por las multinacionales del rubro, aunque la población no puede saber cómo y con qué profesionales ya que, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, esa información es “confidencial, siendo la misma incluida en los expedientes particulares de los diferentes laboratorios”. “Esto es una barbaridad. Los laboratorios Monsanto no pueden tener independencia de juicio de Monsanto SA. Están haciendo las veces de juez y parte en la evaluación toxicológica de los agrotóxicos fumigados. El SENASA es cómplice de esta situación.” La frase pertenece a Claudio Lowy, ingeniero forestal y reconocido especialista en desarrollo humano sustentable (ver recuadro). Fue él mismo quien en junio de 2011 realizó una solicitud de acceso a la información pública ante la Secretaría de Agricultura, en la que requirió precisiones sobre los laboratorios acreditados en el SENASA y exigió un informe detallado sobre los agroquímicos utilizados en nuestro país.
El pedido recién fue respondido tres meses más tarde, el 3 de octubre del año pasado, por el propio secretario del área en cuestión, el ingeniero Lorenzo Basso, quien admitió que el SENASA no realiza ensayos de toxicidad de los pesticidas sino que evalúa los ya realizados por “laboratorios que cumplan con los requisitos administrativos y técnicos” inscriptos en la red de laboratorios del organismo. Entre ellos se encuentran:
-Monsanto Argentina SAIC: realiza análisis sobre glifosato y acetoclor.
-Nidera SA: también analiza glifosato.
-Atanor SA: además de glifosato, examina químicos altamente tóxicos como 2,4-D, atrazina, endosulfán y clorpirifos.
-Laboratorio Dow Agrosciences Argentina SA: estudia glifosato, atrazina, picloram, clorpirifos y trifluralina.
En el caso de los laboratorios extranjeros, aparecen varios radicados en diferentes países, también vinculados a empresas que producen y comercializan agroquímicos. Algunos de ellos son:
-Bayer: 14 laboratorios en Alemania, tres en los Estados Unidos y uno en Francia.
-Monsanto: Estados Unidos y Brasil.
-Basf: dos en Alemania, los Estados Unidos y Brasil; uno en Inglaterra, Puerto Rico y España.
-Battelle: tres en Inglaterra y Estados Unidos; dos en Suiza y Alemania.
-Dow AgroSciences: tres en Estados Unidos, dos en Brasil, Nueva Zelanda, Colombia, Italia, Inglaterra.
“Hay un problema central en el sistema de reglamentación de los productos tóxicos. Las multinacionales dicen que son productos probados y reglamentados. Todo eso es mentira: los estudios en que las instituciones gubernamentales se basan son hechos, entregados y pagados por las multinacionales”, aseguró la periodista francesa Marie-Monique Robin, autora de la investigación El Mundo según Monsanto.
Según la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), durante 2010 estas empresas facturaron un total de 1675 millones de dólares por la venta de agroquímicos. A la vez, son estos mismos laboratorios los que determinan cuán tóxicos son los pesticidas que ellos mismos producen y, a partir de esos datos, el SENASA evalúa si pueden ser utilizados en los campos argentinos.
Robin también consideró que “otro gran problema es la falta de transparencia y democracia. Los expertos se reúnen a puertas cerradas. Los datos que van a estudiar son protegidos bajo el secreto comercial. Esos datos toxicológicos tendrían que ser públicos ya que afectan a millones de personas”.
El docente, investigador de la UBA y ex presidente del CONICET, Andrés Carrasco, coincidió: “Es preocupante el nivel de desinformación al que estamos sometidos. La población no puede desconocer la naturaleza de las prácticas de laboratorio, sobre todo cuando se trata de productos que van a tener un efecto sobre ella. Esto es una concesión a las empresas.”
Carrasco conoce el poder de lobby que tienen las multinacionales que producen y comercializan agroquímicos: en 2009, cuando publicó una investigación que comprobó las nocivas consecuencias del glifosato en embriones -aun en dosis muy por debajo de las utilizadas en los campos de soja–, el aparato mediático y económico que defiende el modelo de monocultivo desplegó una virulenta campaña de desprestigio en su contra. Probablemente, ese mismo poder de lobby empresarial permita que el SENASA incumpla hasta sus propias normas, ya que la Resolución 736/06 prohíbe las vinculaciones entre laboratorios y compañías. En su artículo Nº 9, dictamina claramente: “Los laboratorios autorizados deberán abstenerse de efectuar análisis sobre material proveniente de cualquier empresa con la cual mantengan algún tipo de vinculación o dependencia que pueda afectar su independencia de juicio”.
Tiempo Argentino intentó comunicarse con el secretario Basso para que explique esta situación, pero Daniel Bestty, integrante del área de prensa de la cartera de Agricultura, no contestó el pedido realizado por este diario. Igual postura tomó Carlos Chichizola, encargado de la comunicación del SENASA.
“Lo que más preocupa es la permeabilidad existente en las instituciones del Estado. Esta es la consecuencia de un sistema que se rige por la lógica del mercado, y no por la protección del ambiente y la salud de las personas”, señaló el doctor Carrasco.
El reclamo no es nuevo. Ya en noviembre de 2010, la Defensoría del Pueblo de la Nación elaboró la Resolución 147/10, donde recomendó al secretario de Agricultura impulsar “las medidas necesarias para modificar la metodología utilizada en la clasificación de toxicidad de los productos agroquímicos”. También advirtió que “los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos deben ser realizados por entidades de acreditada y reconocida independencia de criterio”. Al igual que ante este diario, la Secretaría no dio ninguna respuesta (ver recuadro).
La gravedad del problema crece cuando se observa que los agroquímicos autorizados para diseminar a lo largo y a lo ancho del país suman más de 3600. Todos los años, estos venenos son pulverizados en aproximadamente 22 millones de hectáreas sobre distintos cultivos transgénicos, es decir, genéticamente modificados, como soja, trigo y arroz. En ese territorio viven 13 millones de personas, según un relevamiento realizado por este diario en marzo de 2011, ya que no se cuenta con información oficial. Los litros de glifosato y otros pesticidas rociados durante el año pasado fueron más de 300 millones, sin rigurosos controles y a escasos metros de zonas urbanas, escuelas y casas. Allí, los habitantes denuncian casos de cáncer, malformaciones al nacer y problemas neurológicos, entre otras patologías. Y, pese a que los trabajos realizados por científicos y médicos independientes confirman esas denuncias, el caudal de agroquímicos vertidos aumenta cada año. En ese contexto, que el Estado apruebe con los ojos cerrados los estudios hechos por las multinacionales del rubro no parece ser la opción más saludable.
Agroquímicos, discapacidad y cuestionamientos
El 25 de enero, la Defensoría del Pueblo de la Nación emitió la Resolución 06/12, en la que presentó el “Informe Especial sobre Agrotóxicos y Discapacidad”. En base a la sistematización de denuncias y estudios extraoficiales, el organismo concluyó que la aparición de “malformaciones congénitas, enfermedades y trastornos neurológicos” está directamente vinculada al uso intensivo de agroquímicos, por lo que “resulta apremiante pedir a las autoridades públicas nacionales y provinciales la toma de medidas de resguardo”.
También cuestionó el trabajo de la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos (CNIA), creada por la presidenta Cristina Fernández a comienzos de 2009, a raíz de la relación entre fumigaciones y enfermedades que denunciaron los vecinos del Barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba. Para la Defensoría, la CNIA “lejos está de cumplir de modo sostenido en el tiempo con la manda presidencial que la convocó para la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten a la población con productos agroquímicos”. El organismo detectó, además, que la CNIA no cumple con la regularidad de funcionamiento impuesta, no mantiene actualizada su página web y no difunde actas ni informes.
Por esa razón, la Defensoría recomendó al Ministerio de Salud de la Nación –encargado de supervisar la tarea de la comisión– regularizar las sesiones, mantener al día la página de Internet y ejecutar las acciones necesarias “que propendan a la prevención de la aparición de la discapacidad.”
Primer juicio por contaminación con agroquímicos
El pasado 11 de junio se inició el primer proceso judicial de la historia latinoamericana contra productores y fumigadores acusados por contaminación ambiental. El juicio se está desarrollando en la Cámara 1º del Crimen de la provincia de Córdoba y es el resultado de distintas denuncias realizadas por el colectivo Madres del Barrio Ituzaingó Anexo, que en 2006 determinaron la existencia de 500 enfermedades en un pueblo de sólo 5000 habitantes. De ese total, 200 patologías correspondían a distintos tipos de cáncer. En cada una de las casas del lugar, que sufrían fumigaciones de glifosato y otros agroquímicos a diario, había al menos un enfermo.
La causa tiene tres imputados: el piloto Edgardo Pancello y los productores Francisco Parra y Jorge Gabrielli, acusados como presuntos instigadores y autores de contaminación dolosa agravada. Hasta el momento, ya pasaron por los estrados Medardo Ávila Vázquez, integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, y Sofía Gatica, de las Madres del Barrio Ituzaingó, quien declaró: “Tengo una hija fallecida por malformación de riñón y he tenido serios problemas con el otro (hijo) cuando era chico. Hay que estar ahí para ver cómo van perdiendo la vida en el barrio”.
También declaró Eulalia Ayllon, otra de las fundadoras de las Madres, quien aseguró haber visto a chicos del pueblo corriendo detrás de un avión que realizaba una fumigación, mientras este los rociaba con agroquímicos. Eulalia sostuvo que a los chichos se les irritaban los ojos y se les secaba la garganta. “No somos una planta para que nos echen agroquímicos encima”, se lamentó la vecina.
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Fecha de Publicación: 17/06/2012
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Los ambientalistas denuncian que “es una barbaridad porque no pueden tener independencia de juicio”. Además, no se sabe cómo ni con qué profesionales los realizan porque las autoridades dicen que es “información confidencial”.A la inexistencia de legislación nacional que regule el uso de agroquímicos y a los insuficientes informes epidemiológicos oficiales que permitan conocer el verdadero efecto que estos venenos tienen sobre el medio ambiente y la salud de las personas, se suma un nuevo agravante: los laboratorios que realizan las evaluaciones para determinar la toxicidad de los agroquímicos que se utilizan en nuestro país están directamente vinculados o son las mismas empresas que producen y comercializan pesticidas. Sí, los laboratorios Monsanto realizan los ensayos toxicológicos que establecen si los productos de la empresa Monsanto SA –entre ellos, el glifosato, denunciado por contaminar el medio ambiente y atentar contra la salud de las personas– pueden diseminarse en los campos argentinos. De igual modo sucede con los laboratorios Nidera y la firma Nidera SA, o con los laboratorios nacionales Atanor y la productora de agroquímicos Atanor SA, entre muchos otros.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) –que tiene como función registrar, autorizar o prohibir los agroquímicos que se pulverizan en todo el territorio nacional– no realiza ensayos toxicológicos sobre los productos químicos diseminados cada año en las más de 20 millones de hectáreas cultivables. Simplemente, evalúa los resultados de los ensayos ya realizados por las multinacionales del rubro, aunque la población no puede saber cómo y con qué profesionales ya que, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, esa información es “confidencial, siendo la misma incluida en los expedientes particulares de los diferentes laboratorios”. “Esto es una barbaridad. Los laboratorios Monsanto no pueden tener independencia de juicio de Monsanto SA. Están haciendo las veces de juez y parte en la evaluación toxicológica de los agrotóxicos fumigados. El SENASA es cómplice de esta situación.” La frase pertenece a Claudio Lowy, ingeniero forestal y reconocido especialista en desarrollo humano sustentable (ver recuadro). Fue él mismo quien en junio de 2011 realizó una solicitud de acceso a la información pública ante la Secretaría de Agricultura, en la que requirió precisiones sobre los laboratorios acreditados en el SENASA y exigió un informe detallado sobre los agroquímicos utilizados en nuestro país.
El pedido recién fue respondido tres meses más tarde, el 3 de octubre del año pasado, por el propio secretario del área en cuestión, el ingeniero Lorenzo Basso, quien admitió que el SENASA no realiza ensayos de toxicidad de los pesticidas sino que evalúa los ya realizados por “laboratorios que cumplan con los requisitos administrativos y técnicos” inscriptos en la red de laboratorios del organismo. Entre ellos se encuentran:
-Monsanto Argentina SAIC: realiza análisis sobre glifosato y acetoclor.
-Nidera SA: también analiza glifosato.
-Atanor SA: además de glifosato, examina químicos altamente tóxicos como 2,4-D, atrazina, endosulfán y clorpirifos.
-Laboratorio Dow Agrosciences Argentina SA: estudia glifosato, atrazina, picloram, clorpirifos y trifluralina.
En el caso de los laboratorios extranjeros, aparecen varios radicados en diferentes países, también vinculados a empresas que producen y comercializan agroquímicos. Algunos de ellos son:
-Bayer: 14 laboratorios en Alemania, tres en los Estados Unidos y uno en Francia.
-Monsanto: Estados Unidos y Brasil.
-Basf: dos en Alemania, los Estados Unidos y Brasil; uno en Inglaterra, Puerto Rico y España.
-Battelle: tres en Inglaterra y Estados Unidos; dos en Suiza y Alemania.
-Dow AgroSciences: tres en Estados Unidos, dos en Brasil, Nueva Zelanda, Colombia, Italia, Inglaterra.
“Hay un problema central en el sistema de reglamentación de los productos tóxicos. Las multinacionales dicen que son productos probados y reglamentados. Todo eso es mentira: los estudios en que las instituciones gubernamentales se basan son hechos, entregados y pagados por las multinacionales”, aseguró la periodista francesa Marie-Monique Robin, autora de la investigación El Mundo según Monsanto.
Según la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), durante 2010 estas empresas facturaron un total de 1675 millones de dólares por la venta de agroquímicos. A la vez, son estos mismos laboratorios los que determinan cuán tóxicos son los pesticidas que ellos mismos producen y, a partir de esos datos, el SENASA evalúa si pueden ser utilizados en los campos argentinos.
Robin también consideró que “otro gran problema es la falta de transparencia y democracia. Los expertos se reúnen a puertas cerradas. Los datos que van a estudiar son protegidos bajo el secreto comercial. Esos datos toxicológicos tendrían que ser públicos ya que afectan a millones de personas”.
El docente, investigador de la UBA y ex presidente del CONICET, Andrés Carrasco, coincidió: “Es preocupante el nivel de desinformación al que estamos sometidos. La población no puede desconocer la naturaleza de las prácticas de laboratorio, sobre todo cuando se trata de productos que van a tener un efecto sobre ella. Esto es una concesión a las empresas.”
Carrasco conoce el poder de lobby que tienen las multinacionales que producen y comercializan agroquímicos: en 2009, cuando publicó una investigación que comprobó las nocivas consecuencias del glifosato en embriones -aun en dosis muy por debajo de las utilizadas en los campos de soja–, el aparato mediático y económico que defiende el modelo de monocultivo desplegó una virulenta campaña de desprestigio en su contra. Probablemente, ese mismo poder de lobby empresarial permita que el SENASA incumpla hasta sus propias normas, ya que la Resolución 736/06 prohíbe las vinculaciones entre laboratorios y compañías. En su artículo Nº 9, dictamina claramente: “Los laboratorios autorizados deberán abstenerse de efectuar análisis sobre material proveniente de cualquier empresa con la cual mantengan algún tipo de vinculación o dependencia que pueda afectar su independencia de juicio”.
Tiempo Argentino intentó comunicarse con el secretario Basso para que explique esta situación, pero Daniel Bestty, integrante del área de prensa de la cartera de Agricultura, no contestó el pedido realizado por este diario. Igual postura tomó Carlos Chichizola, encargado de la comunicación del SENASA.
“Lo que más preocupa es la permeabilidad existente en las instituciones del Estado. Esta es la consecuencia de un sistema que se rige por la lógica del mercado, y no por la protección del ambiente y la salud de las personas”, señaló el doctor Carrasco.
El reclamo no es nuevo. Ya en noviembre de 2010, la Defensoría del Pueblo de la Nación elaboró la Resolución 147/10, donde recomendó al secretario de Agricultura impulsar “las medidas necesarias para modificar la metodología utilizada en la clasificación de toxicidad de los productos agroquímicos”. También advirtió que “los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos deben ser realizados por entidades de acreditada y reconocida independencia de criterio”. Al igual que ante este diario, la Secretaría no dio ninguna respuesta (ver recuadro).
La gravedad del problema crece cuando se observa que los agroquímicos autorizados para diseminar a lo largo y a lo ancho del país suman más de 3600. Todos los años, estos venenos son pulverizados en aproximadamente 22 millones de hectáreas sobre distintos cultivos transgénicos, es decir, genéticamente modificados, como soja, trigo y arroz. En ese territorio viven 13 millones de personas, según un relevamiento realizado por este diario en marzo de 2011, ya que no se cuenta con información oficial. Los litros de glifosato y otros pesticidas rociados durante el año pasado fueron más de 300 millones, sin rigurosos controles y a escasos metros de zonas urbanas, escuelas y casas. Allí, los habitantes denuncian casos de cáncer, malformaciones al nacer y problemas neurológicos, entre otras patologías. Y, pese a que los trabajos realizados por científicos y médicos independientes confirman esas denuncias, el caudal de agroquímicos vertidos aumenta cada año. En ese contexto, que el Estado apruebe con los ojos cerrados los estudios hechos por las multinacionales del rubro no parece ser la opción más saludable.
Agroquímicos, discapacidad y cuestionamientos
El 25 de enero, la Defensoría del Pueblo de la Nación emitió la Resolución 06/12, en la que presentó el “Informe Especial sobre Agrotóxicos y Discapacidad”. En base a la sistematización de denuncias y estudios extraoficiales, el organismo concluyó que la aparición de “malformaciones congénitas, enfermedades y trastornos neurológicos” está directamente vinculada al uso intensivo de agroquímicos, por lo que “resulta apremiante pedir a las autoridades públicas nacionales y provinciales la toma de medidas de resguardo”.
También cuestionó el trabajo de la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos (CNIA), creada por la presidenta Cristina Fernández a comienzos de 2009, a raíz de la relación entre fumigaciones y enfermedades que denunciaron los vecinos del Barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba. Para la Defensoría, la CNIA “lejos está de cumplir de modo sostenido en el tiempo con la manda presidencial que la convocó para la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten a la población con productos agroquímicos”. El organismo detectó, además, que la CNIA no cumple con la regularidad de funcionamiento impuesta, no mantiene actualizada su página web y no difunde actas ni informes.
Por esa razón, la Defensoría recomendó al Ministerio de Salud de la Nación –encargado de supervisar la tarea de la comisión– regularizar las sesiones, mantener al día la página de Internet y ejecutar las acciones necesarias “que propendan a la prevención de la aparición de la discapacidad.”
Primer juicio por contaminación con agroquímicos
El pasado 11 de junio se inició el primer proceso judicial de la historia latinoamericana contra productores y fumigadores acusados por contaminación ambiental. El juicio se está desarrollando en la Cámara 1º del Crimen de la provincia de Córdoba y es el resultado de distintas denuncias realizadas por el colectivo Madres del Barrio Ituzaingó Anexo, que en 2006 determinaron la existencia de 500 enfermedades en un pueblo de sólo 5000 habitantes. De ese total, 200 patologías correspondían a distintos tipos de cáncer. En cada una de las casas del lugar, que sufrían fumigaciones de glifosato y otros agroquímicos a diario, había al menos un enfermo.
La causa tiene tres imputados: el piloto Edgardo Pancello y los productores Francisco Parra y Jorge Gabrielli, acusados como presuntos instigadores y autores de contaminación dolosa agravada. Hasta el momento, ya pasaron por los estrados Medardo Ávila Vázquez, integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, y Sofía Gatica, de las Madres del Barrio Ituzaingó, quien declaró: “Tengo una hija fallecida por malformación de riñón y he tenido serios problemas con el otro (hijo) cuando era chico. Hay que estar ahí para ver cómo van perdiendo la vida en el barrio”.
También declaró Eulalia Ayllon, otra de las fundadoras de las Madres, quien aseguró haber visto a chicos del pueblo corriendo detrás de un avión que realizaba una fumigación, mientras este los rociaba con agroquímicos. Eulalia sostuvo que a los chichos se les irritaban los ojos y se les secaba la garganta. “No somos una planta para que nos echen agroquímicos encima”, se lamentó la vecina.
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Hacia Río+20 ¿Está en crisis el discurso verde?
Hacia Río+20 ¿Está en crisis el discurso verde?
Fecha de Publicación: 17/06/2012
Fuente: La Nación (Argentina)
Provincia/Región: Nacional
A tres días del inicio de la Cumbre, el escepticismo domina la escena: frente a la falta de compromiso de los principales actores globales, que se niegan a cumplir con las metas acordadas en materia ambiental, referentes locales de la lucha por el medio ambiente señalan que la ecología sigue siendo una causa que no encuentra eco en el poder político
La hora del planeta. El día de la Tierra. El día del medio ambiente? A pesar de que la causa ecológica se ha ganado un espacio importante, incluso, en los calendarios de todo el mundo, y que la necesidad de proteger nuestro entorno se haya convertido en una noción que se aprehende casi desde la cuna, el escepticismo sigue siendo el principal anfitrión en las cumbres mundiales sobre medio ambiente. Y la que comienza la semana próxima no será excepción.
A pocos días del comienzo de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, que se celebrará en Río de Janeiro entre los días 20 y 22 de este mes, informes ambientales de la ONU y del Banco Mundial le ponen palabras y cifras a lo que todos ya sospechan: que las soluciones globales que el planeta pide a gritos continúan empantanadas en el ámbito de la retórica. El New Deal verde que Barack Obama prometía antes de asumir como presidente norteamericano perdió fuerza, primero, y color más tarde, luego de los anuncios norteamericanos sobre nuevas exploraciones petrolíferas hasta en el Artico. Y también el eficiente continente europeo borró de su lista de prioridades la cuestión ambiental en su apuro por atender las urgencias de la crisis del euro.
Si algo no le faltó a la causa ecológica en su pulseada contra los modelos de desarrollo que afectan la sustentabilidad del planeta ha sido marketing. Pero a la luz de los resultados parciales, ¿cómo hacer para que los actores que encarnan la cuestión ambiental no terminen -tanto ellos como la propia cruzada- también empantanados, esta vez en su propio discurso?
La sucesión de cumbres, conferencias y reuniones informales no parece haber hallado la clave. Tampoco los diagnósticos cada vez más pesimistas sobre el futuro del mundo. ¿Cómo dejar de caminar en círculos y pasar, definitivamente, a la acción?
"El de las ONG es un aporte más que necesario. La mayor conciencia que hoy se tiene sobre la problemática ambiental se la debemos en gran parte a ellas. El problema es que sus reivindicaciones son tomadas muy tímidamente por los políticos. Entonces no se puede perforar el núcleo duro que define las políticas que, en definitiva, son las que terminan afectando al medio ambiente. La gran deuda de las ONG sigue estando en la política." El que habla es Juan Carlos Villalonga, activista ambiental con 26 años de trayectoria, ex director político de Greenpeace y, en la actualidad, presidente de la junta directiva de Los Verdes, una agrupación que cuenta con el apoyo del partido verde alemán y que, entre otras cosas, tiene claras aspiraciones políticas.
"Cuando los partidos políticos integran la oposición, siempre apoyan las causas ambientales. Pero cuando llegan al gobierno, es otra cosa. En nuestro país, lamentablemente, desde el retorno a la democracia hasta la actualidad, siempre se dio así. Por eso creímos necesaria la formación de una alternativa partidaria que tuviera entre sus prioridades la cuestión del medio ambiente o del desarrollo sostenible", agrega Villalonga.
Lo cierto es que, aún en países como Alemania o Francia, en los que el partido verde es un actor consolidado en la arena política, el panorama cambia ante un contexto de crisis como el actual. Como señalaba Le Monde en abril pasado, la ecología fue la gran ausente en la campaña presidencial francesa.
Por esta misma razón, el senador Daniel Filmus, que hace días encabezó la presentación oficial de la posición argentina en la cumbre de Río, es otro de los que no se ilusionan demasiado con sus alcances. "La demanda por un ambiente más equilibrado dejó de ser exclusiva de las organizaciones no gubernamentales para convertirse en una especie de clamor del mundo y de los pueblos. Pero en la medida en que las grandes potencias no se sienten a negociar, difícilmente saldremos de los discursos lavados. Hasta el momento nadie ha demostrado la suficiente fuerza para lograr compromisos concretos por parte de estos actores. Mucho menos las ONG. Sería absurdo pretenderlo."
El director de la Fundación Vida Silvestre, Diego Moreno, reconoce que muchas de las líneas de acción que se acordaron hace 20 años, también en Río de Janeiro, no fueron tan fructíferas que se esperaba. Y las baja a ejemplos concretos. "A partir de una de las convenciones de Río'92 se encaró fuertemente el incremento de áreas protegidas en el mundo. La meta era cubrir el diez por ciento del planeta, y hoy, a nivel global, ya estamos en el doce por ciento. Pero todavía resta mucho por hacer en lo que respecta a la protección de los ecosistemas marinos."
El motivo por el que algunos temas se han resuelto por sobre otros es, a su entender, tan simple como desalentador. "Algunos temas ambientales han prendido y generado rápidas adhesiones a nivel global porque son más simples de encarar y no afectan intereses de ningún tipo. Tal fue el caso de la problemática del agujero de ozono, que pudo abordarse con éxito. Pero cuando hablamos de cambio climático, hablamos necesariamente de un cambio en la matriz energética, que hoy depende mayoritariamente de los combustibles fósiles. Entonces ahí ya no es tan simple", analiza el experto.
Moreno admite que la cuestión ambiental está más instalada en la sociedad, pero no siempre con el nivel de compromiso deseable. "En general la sociedad reacciona ante situaciones urgentes que la afectan en forma directa. Pero no necesariamente actúa de igual manera cuando se trata de temas de fondo, que requieren de un abordaje inmediato pero que son menos visibles. El medio ambiente está presente. Preocupa. Pero nos falta lograr que esa preocupación se transforme en acciones más concretas."
Compromiso local
Atrapado en el callejón sin salida de la falta de consensos globales, el universo ambientalista ensaya nuevos carriles para su discurso. Esta vez en instancias más locales. Y, al parecer, más fructíferas.
"California ha avanzado más en materia ambiental que los Estados Unidos -ejemplifica Javier Corcuera, prestigioso ambientalista, hoy al frente de la Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la ciudad de Buenos Aires-. Al ver que las negociaciones se hacen más lentas cuando se canalizan a nivel de las naciones, algunas ciudades han comenzado a asumir roles más activos, urgidas por la necesidad de respuestas más concretas que frenen el impacto del cambio climático sobre ellas."
En este punto, las megaciudades son un caso paradigmático. Jaqueadas por la creciente presión urbana -que sólo promete agudizarse en las próximas décadas- decenas de megaurbes se unieron y dieron origen a C40, una agrupación internacional que busca consensos y estrategias comunes para frenar los efectos locales del cambio climático.
Con esta misma sintonía, Corcuera explica que viajará a la cumbre de Río para presentar una posición también compartida por San Pablo y la ciudad de México. "Hoy en día, las ONG demuestran una mayor vocación de participación cuando se trata de problemáticas locales. Las discusiones más globales se perciben más lejanas."
Con él coincide Raúl Montenegro, director de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), radicada en Córdoba. "En las comunidades locales la sociedad ha crecido mucho en esto de asumir protagonismo y defender el ámbito en el que vive. Las movilizaciones contra la megaminería son un claro ejemplo. Las ONG tenemos que ser capaces de acompañar y para eso debemos flexibilizar nuestra tarea."
Para este biólogo cordobés, el principal valor de cumbres mundiales como la de Río consiste en su capacidad para señalar las principales problemáticas así como para producir guías de acción. "Las guías llegan a la comunidad de arriba hacia abajo. Pero los cambios indefectiblemente ocurren de abajo hacia arriba. Somos nosotros, cada uno desde su lugar, los artífices del cambio.
"En este sentido -continúa- muchos de los grandes problemas que amenazan al planeta ya son leídos por la sociedad. El auge de Internet ha facilitado mucho esa lectura. Esta democratización del conocimiento puede generar una cierta crisis en las ONG, que se ven obligadas a redefinir su rol. Se terminó la época del protagonismo que representaban ciertos actores como propietarios del conocimiento."
La falta de respuestas globales concretas y el recrudecimiento de algunas variables climáticas generaron en el biólogo Diego Gurvich una especie de autocrítica que -deliberadamente o no- también se lee como una crítica al papel asumido por la comunidad científica.
En 2009 publicó un artículo titulado El rol del ecólogo ante la crisis ambiental actual ". En ese trabajo cuestiona el muy difundido postulado de que la ciencia debe de ser neutral y objetiva. Y se lamenta por el limitado protagonismo que los científicos están teniendo en la gestión de los recursos naturales así como en la caracterización de los problemas ambientales que preocupan a la sociedad.
"Yo creo que, tal y como están las cosas, necesitamos un rol más activo de los científicos como comunidad. Algunos colegas tienden a creer que nosotros estamos por encima de la sociedad. Una afirmación muy elitista y, por cierto, también muy ingenua", explica desde Córdoba, en diálogo telefónico con La Nacion.
Investigador adjunto del Conicet, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y miembro de la ONG Ecosistemas Argentinos, Gurvich reconoce la falta de instancias intermedias que se ocupen de difundir el conocimiento que se genera en institutos y laboratorios. "Así y todo -analiza-, los investigadores deberíamos tener mayor presencia. Socialmente gozamos de prestigio y credibilidad, dos activos valiosísimos para incidir sobre los gestores de políticas ambientales."
Pero ¿cómo incidir sobre aquellos que no quieren ver ni oír? ¿Cómo decirles, parafraseando a Clinton, "Es la ecología, estúpido"? El escritor portugués José Saramago alguna vez escribió que, la mayoría de las veces, las campañas ambientales sólo beneficiaban a las agencias publicitarias. Nadie sabe cuántas cumbres deberán pasar para que por fin, sea el turno del planeta.
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Fecha de Publicación: 17/06/2012
Fuente: La Nación (Argentina)
Provincia/Región: Nacional
A tres días del inicio de la Cumbre, el escepticismo domina la escena: frente a la falta de compromiso de los principales actores globales, que se niegan a cumplir con las metas acordadas en materia ambiental, referentes locales de la lucha por el medio ambiente señalan que la ecología sigue siendo una causa que no encuentra eco en el poder políticoLa hora del planeta. El día de la Tierra. El día del medio ambiente? A pesar de que la causa ecológica se ha ganado un espacio importante, incluso, en los calendarios de todo el mundo, y que la necesidad de proteger nuestro entorno se haya convertido en una noción que se aprehende casi desde la cuna, el escepticismo sigue siendo el principal anfitrión en las cumbres mundiales sobre medio ambiente. Y la que comienza la semana próxima no será excepción.
A pocos días del comienzo de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, que se celebrará en Río de Janeiro entre los días 20 y 22 de este mes, informes ambientales de la ONU y del Banco Mundial le ponen palabras y cifras a lo que todos ya sospechan: que las soluciones globales que el planeta pide a gritos continúan empantanadas en el ámbito de la retórica. El New Deal verde que Barack Obama prometía antes de asumir como presidente norteamericano perdió fuerza, primero, y color más tarde, luego de los anuncios norteamericanos sobre nuevas exploraciones petrolíferas hasta en el Artico. Y también el eficiente continente europeo borró de su lista de prioridades la cuestión ambiental en su apuro por atender las urgencias de la crisis del euro.
Si algo no le faltó a la causa ecológica en su pulseada contra los modelos de desarrollo que afectan la sustentabilidad del planeta ha sido marketing. Pero a la luz de los resultados parciales, ¿cómo hacer para que los actores que encarnan la cuestión ambiental no terminen -tanto ellos como la propia cruzada- también empantanados, esta vez en su propio discurso?
La sucesión de cumbres, conferencias y reuniones informales no parece haber hallado la clave. Tampoco los diagnósticos cada vez más pesimistas sobre el futuro del mundo. ¿Cómo dejar de caminar en círculos y pasar, definitivamente, a la acción?
"El de las ONG es un aporte más que necesario. La mayor conciencia que hoy se tiene sobre la problemática ambiental se la debemos en gran parte a ellas. El problema es que sus reivindicaciones son tomadas muy tímidamente por los políticos. Entonces no se puede perforar el núcleo duro que define las políticas que, en definitiva, son las que terminan afectando al medio ambiente. La gran deuda de las ONG sigue estando en la política." El que habla es Juan Carlos Villalonga, activista ambiental con 26 años de trayectoria, ex director político de Greenpeace y, en la actualidad, presidente de la junta directiva de Los Verdes, una agrupación que cuenta con el apoyo del partido verde alemán y que, entre otras cosas, tiene claras aspiraciones políticas.
"Cuando los partidos políticos integran la oposición, siempre apoyan las causas ambientales. Pero cuando llegan al gobierno, es otra cosa. En nuestro país, lamentablemente, desde el retorno a la democracia hasta la actualidad, siempre se dio así. Por eso creímos necesaria la formación de una alternativa partidaria que tuviera entre sus prioridades la cuestión del medio ambiente o del desarrollo sostenible", agrega Villalonga.
Lo cierto es que, aún en países como Alemania o Francia, en los que el partido verde es un actor consolidado en la arena política, el panorama cambia ante un contexto de crisis como el actual. Como señalaba Le Monde en abril pasado, la ecología fue la gran ausente en la campaña presidencial francesa.
Por esta misma razón, el senador Daniel Filmus, que hace días encabezó la presentación oficial de la posición argentina en la cumbre de Río, es otro de los que no se ilusionan demasiado con sus alcances. "La demanda por un ambiente más equilibrado dejó de ser exclusiva de las organizaciones no gubernamentales para convertirse en una especie de clamor del mundo y de los pueblos. Pero en la medida en que las grandes potencias no se sienten a negociar, difícilmente saldremos de los discursos lavados. Hasta el momento nadie ha demostrado la suficiente fuerza para lograr compromisos concretos por parte de estos actores. Mucho menos las ONG. Sería absurdo pretenderlo."
El director de la Fundación Vida Silvestre, Diego Moreno, reconoce que muchas de las líneas de acción que se acordaron hace 20 años, también en Río de Janeiro, no fueron tan fructíferas que se esperaba. Y las baja a ejemplos concretos. "A partir de una de las convenciones de Río'92 se encaró fuertemente el incremento de áreas protegidas en el mundo. La meta era cubrir el diez por ciento del planeta, y hoy, a nivel global, ya estamos en el doce por ciento. Pero todavía resta mucho por hacer en lo que respecta a la protección de los ecosistemas marinos."
El motivo por el que algunos temas se han resuelto por sobre otros es, a su entender, tan simple como desalentador. "Algunos temas ambientales han prendido y generado rápidas adhesiones a nivel global porque son más simples de encarar y no afectan intereses de ningún tipo. Tal fue el caso de la problemática del agujero de ozono, que pudo abordarse con éxito. Pero cuando hablamos de cambio climático, hablamos necesariamente de un cambio en la matriz energética, que hoy depende mayoritariamente de los combustibles fósiles. Entonces ahí ya no es tan simple", analiza el experto.
Moreno admite que la cuestión ambiental está más instalada en la sociedad, pero no siempre con el nivel de compromiso deseable. "En general la sociedad reacciona ante situaciones urgentes que la afectan en forma directa. Pero no necesariamente actúa de igual manera cuando se trata de temas de fondo, que requieren de un abordaje inmediato pero que son menos visibles. El medio ambiente está presente. Preocupa. Pero nos falta lograr que esa preocupación se transforme en acciones más concretas."
Compromiso local
Atrapado en el callejón sin salida de la falta de consensos globales, el universo ambientalista ensaya nuevos carriles para su discurso. Esta vez en instancias más locales. Y, al parecer, más fructíferas.
"California ha avanzado más en materia ambiental que los Estados Unidos -ejemplifica Javier Corcuera, prestigioso ambientalista, hoy al frente de la Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la ciudad de Buenos Aires-. Al ver que las negociaciones se hacen más lentas cuando se canalizan a nivel de las naciones, algunas ciudades han comenzado a asumir roles más activos, urgidas por la necesidad de respuestas más concretas que frenen el impacto del cambio climático sobre ellas."
En este punto, las megaciudades son un caso paradigmático. Jaqueadas por la creciente presión urbana -que sólo promete agudizarse en las próximas décadas- decenas de megaurbes se unieron y dieron origen a C40, una agrupación internacional que busca consensos y estrategias comunes para frenar los efectos locales del cambio climático.
Con esta misma sintonía, Corcuera explica que viajará a la cumbre de Río para presentar una posición también compartida por San Pablo y la ciudad de México. "Hoy en día, las ONG demuestran una mayor vocación de participación cuando se trata de problemáticas locales. Las discusiones más globales se perciben más lejanas."
Con él coincide Raúl Montenegro, director de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), radicada en Córdoba. "En las comunidades locales la sociedad ha crecido mucho en esto de asumir protagonismo y defender el ámbito en el que vive. Las movilizaciones contra la megaminería son un claro ejemplo. Las ONG tenemos que ser capaces de acompañar y para eso debemos flexibilizar nuestra tarea."
Para este biólogo cordobés, el principal valor de cumbres mundiales como la de Río consiste en su capacidad para señalar las principales problemáticas así como para producir guías de acción. "Las guías llegan a la comunidad de arriba hacia abajo. Pero los cambios indefectiblemente ocurren de abajo hacia arriba. Somos nosotros, cada uno desde su lugar, los artífices del cambio.
"En este sentido -continúa- muchos de los grandes problemas que amenazan al planeta ya son leídos por la sociedad. El auge de Internet ha facilitado mucho esa lectura. Esta democratización del conocimiento puede generar una cierta crisis en las ONG, que se ven obligadas a redefinir su rol. Se terminó la época del protagonismo que representaban ciertos actores como propietarios del conocimiento."
La falta de respuestas globales concretas y el recrudecimiento de algunas variables climáticas generaron en el biólogo Diego Gurvich una especie de autocrítica que -deliberadamente o no- también se lee como una crítica al papel asumido por la comunidad científica.
En 2009 publicó un artículo titulado El rol del ecólogo ante la crisis ambiental actual ". En ese trabajo cuestiona el muy difundido postulado de que la ciencia debe de ser neutral y objetiva. Y se lamenta por el limitado protagonismo que los científicos están teniendo en la gestión de los recursos naturales así como en la caracterización de los problemas ambientales que preocupan a la sociedad.
"Yo creo que, tal y como están las cosas, necesitamos un rol más activo de los científicos como comunidad. Algunos colegas tienden a creer que nosotros estamos por encima de la sociedad. Una afirmación muy elitista y, por cierto, también muy ingenua", explica desde Córdoba, en diálogo telefónico con La Nacion.
Investigador adjunto del Conicet, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y miembro de la ONG Ecosistemas Argentinos, Gurvich reconoce la falta de instancias intermedias que se ocupen de difundir el conocimiento que se genera en institutos y laboratorios. "Así y todo -analiza-, los investigadores deberíamos tener mayor presencia. Socialmente gozamos de prestigio y credibilidad, dos activos valiosísimos para incidir sobre los gestores de políticas ambientales."
Pero ¿cómo incidir sobre aquellos que no quieren ver ni oír? ¿Cómo decirles, parafraseando a Clinton, "Es la ecología, estúpido"? El escritor portugués José Saramago alguna vez escribió que, la mayoría de las veces, las campañas ambientales sólo beneficiaban a las agencias publicitarias. Nadie sabe cuántas cumbres deberán pasar para que por fin, sea el turno del planeta.
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Convivir con los agroquímicos en Córdoba
Convivir con los agroquímicos
Fecha de Publicación: 16/06/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
Un estudio presentado en el juicio que se sigue en Córdoba a dos ruralistas y un piloto acusados por las fumigaciones en el barrio Ituzaingó Anexo muestra que de 142 chicos de esa localidad hay 114 que tienen agroquímicos en su organismo.
Sobre 142 niños del barrio cordobés Ituzaingó Anexo, a 114 se les detectó contaminación con agroquímicos, según reveló un estudio oficial durante el juicio que realiza contra dos productores y un fumigador por presunta contaminación. “El 80 por ciento de los chicos tiene agroquímicos en sangre”, explicó la médica
Inés Flamini, de la Unidad de Pronta Atención 28 (UPA, centro de salud vecinal), una de las responsables del informe sanitario. La médica reveló que viven niños con hasta cinco y seis herbicidas e insecticidas en el cuerpo, e incluso se detectó presencia de agroquímicos en chicos fuera del barrio. “Es una prueba más de que el modelo afecta la salud, ya no se puede ocultar”, resumió el abogado que inició la causa, Darío Avila.
En 2005, la Municipalidad analizó la sangre de 35 chicos del barrio Ituzaingó Anexo, lindero a campos de soja y donde se multiplicaban las denuncias por contaminación. Los resultados fueron contundentes: 23 tenían agroquímicos en sangre (no hubo presencia de otros contaminantes). En 2010, en el marco de la flamante Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos del Ministerio de Salud, se estudió a 142 chicos de 1 a 14 años.
“Estudios de biomarcadores de exposición en población infantil del barrio Ituzaingó Anexo” es el nombre formal del trabajo en el que se analizó a niños de “buen estado de salud” (clínicamente detectados) y se excluyó a quienes tenían enfermedades, estaban con algún grado de desnutrición y a quienes consumían medicamentos. Se analizó la presencia de plomo, cromo, arsénico, PCB (elemento presente en transformadores eléctricos) y plaguicidas.
Los resultados no se habían difundido hasta la última semana, cuando comenzaron a llegar los análisis a las familias. En el marco del juicio, el miércoles, la doctora Inés Flamini, responsable de la UPA del barrio Ituzaingó, explicó que el trabajo no fue concluido, pero adelantó los resultados: el 80 por ciento de los chicos tiene entre dos y seis agroquímicos en sangre.
Además, contó que algunos aviones solían sobrevolar el barrio. Lo mismo afirmó Eduardo Molina, médico clínico de la UPA del Barrio Ituzaingó, y recordó que el 1º de febrero de 2008 pasó un avión amarillo y luego se le irritaron los ojos y tuvo dificultades para respirar. Molina afirmó que en sus 30 años de ejercicio de la medicina nunca había visto (como sí vivenció en Ituzaingó Anexo) tantos casos de diabetes e hipotiroidismo.
“Esto confirma la contaminación del modelo agropecuario sobre todo el barrio, ya que los 142 chicos eran de distintas cuadras. Y además derriba el argumento de que las enfermedades son por diversos contaminantes. El estudio determinó que plomo, cromo y otros contaminantes estaban por debajo de lo permitido, mientras que los agrotóxicos están por arriba y son los que afectaron la salud de los chicos”, explicó Cecilia Carrizo, del Colectivo Paren de Fumigar Córdoba, que reúne a más de veinte pueblos de la provincia.
En el mismo estudio se tomó como referencia de análisis una población de 62 niños de afuera del Barrio Ituzaingó Anexo (“grupo control de referencia”, común en protocolos de estudios epidemiológicos). Darío Avila, abogado que inició la denuncia del actual juicio y acompaña a las Madres de Ituzaingó, presenció la declaración de la doctora Inés Flamini. “El estudio confirma la gravedad de las fumigaciones en el Ituzaingó Anexo, pero también en el resto de los chicos cordobeses, donde el resultado también fue grave: la mitad del ‘grupo control’ de afuera del barrio tiene hasta dos agroquímicos en sangre. Es una prueba más de que este modelo afecta a las ciudades y no sólo a las que están linderas a los campos”, afirmó.
En la primera jornada del juicio, los abogados defensores sorprendieron con la presentación como “prueba” de un informe elaborado en mayo pasado por “técnicos de la Universidad Nacional de Córdoba” que probaría la presencia de agroquímicos en el Parque Sarmiento (en el centro de la ciudad, barrio Nueva Córdoba, a una cuadra de la ciudad universitaria). La argumentación de los acusados es demostrar que en muchas zonas de la provincia hay presencia de agroquímicos, incluso donde no se fumiga (como en el centro de la ciudad). La intención es sostener que Ituzaingó Anexo puede tener agroquímicos, pero que ello no implica que se haya fumigado el barrio.
Los dos fiscales (el de acusación, Marcelo Novillo Corvalán, y el de instrucción, Carlos Matheu) rechazaron la prueba por “no ser pertinente” y por no tener “vinculación en tiempo y espacio” con los hechos de la causa. Sin embargo, el abogado de la querella, Miguel Antonio Martínez, solicitó al tribunal la aceptación del informe como prueba. Martínez explicó que los agroquímicos en el centro de la ciudad demuestran la peligrosidad de los tóxicos, su permanencia y la deriva. El tribunal aceptó incluir el informe en el expediente y analizarlo en el transcurso del juicio.
Mauricio Berger, del Colectivo Paren de Fumigar, recordó que “desde hace años” denuncian la “deriva descontrolada” de agrotóxicos por superficie y aguas subterráneas. “Que en el Parque Sarmiento haya agrotóxicos demuestra que las consecuencias del modelo agropecuario llegan a la ciudad”, explicó.
“Los cultivos transgénicos sujetos a fumigación cubren 22 millones de hectáreas y afectan, directa e indirectamente, a 12 millones de habitantes. Los agrotóxicos llegan a sus casas, escuelas, parques y fuentes de agua”, detalla la Red Universitaria de Médicos de Pueblos Fumigados en su Informe del Primer Encuentro Nacional y destacan que los cánceres, malformaciones y trastornos reproductivos registran “incrementos alarmantes”.
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Fecha de Publicación: 16/06/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
Un estudio presentado en el juicio que se sigue en Córdoba a dos ruralistas y un piloto acusados por las fumigaciones en el barrio Ituzaingó Anexo muestra que de 142 chicos de esa localidad hay 114 que tienen agroquímicos en su organismo.Sobre 142 niños del barrio cordobés Ituzaingó Anexo, a 114 se les detectó contaminación con agroquímicos, según reveló un estudio oficial durante el juicio que realiza contra dos productores y un fumigador por presunta contaminación. “El 80 por ciento de los chicos tiene agroquímicos en sangre”, explicó la médica
Inés Flamini, de la Unidad de Pronta Atención 28 (UPA, centro de salud vecinal), una de las responsables del informe sanitario. La médica reveló que viven niños con hasta cinco y seis herbicidas e insecticidas en el cuerpo, e incluso se detectó presencia de agroquímicos en chicos fuera del barrio. “Es una prueba más de que el modelo afecta la salud, ya no se puede ocultar”, resumió el abogado que inició la causa, Darío Avila.
En 2005, la Municipalidad analizó la sangre de 35 chicos del barrio Ituzaingó Anexo, lindero a campos de soja y donde se multiplicaban las denuncias por contaminación. Los resultados fueron contundentes: 23 tenían agroquímicos en sangre (no hubo presencia de otros contaminantes). En 2010, en el marco de la flamante Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos del Ministerio de Salud, se estudió a 142 chicos de 1 a 14 años.
“Estudios de biomarcadores de exposición en población infantil del barrio Ituzaingó Anexo” es el nombre formal del trabajo en el que se analizó a niños de “buen estado de salud” (clínicamente detectados) y se excluyó a quienes tenían enfermedades, estaban con algún grado de desnutrición y a quienes consumían medicamentos. Se analizó la presencia de plomo, cromo, arsénico, PCB (elemento presente en transformadores eléctricos) y plaguicidas.
Los resultados no se habían difundido hasta la última semana, cuando comenzaron a llegar los análisis a las familias. En el marco del juicio, el miércoles, la doctora Inés Flamini, responsable de la UPA del barrio Ituzaingó, explicó que el trabajo no fue concluido, pero adelantó los resultados: el 80 por ciento de los chicos tiene entre dos y seis agroquímicos en sangre.
Además, contó que algunos aviones solían sobrevolar el barrio. Lo mismo afirmó Eduardo Molina, médico clínico de la UPA del Barrio Ituzaingó, y recordó que el 1º de febrero de 2008 pasó un avión amarillo y luego se le irritaron los ojos y tuvo dificultades para respirar. Molina afirmó que en sus 30 años de ejercicio de la medicina nunca había visto (como sí vivenció en Ituzaingó Anexo) tantos casos de diabetes e hipotiroidismo.
“Esto confirma la contaminación del modelo agropecuario sobre todo el barrio, ya que los 142 chicos eran de distintas cuadras. Y además derriba el argumento de que las enfermedades son por diversos contaminantes. El estudio determinó que plomo, cromo y otros contaminantes estaban por debajo de lo permitido, mientras que los agrotóxicos están por arriba y son los que afectaron la salud de los chicos”, explicó Cecilia Carrizo, del Colectivo Paren de Fumigar Córdoba, que reúne a más de veinte pueblos de la provincia.
En el mismo estudio se tomó como referencia de análisis una población de 62 niños de afuera del Barrio Ituzaingó Anexo (“grupo control de referencia”, común en protocolos de estudios epidemiológicos). Darío Avila, abogado que inició la denuncia del actual juicio y acompaña a las Madres de Ituzaingó, presenció la declaración de la doctora Inés Flamini. “El estudio confirma la gravedad de las fumigaciones en el Ituzaingó Anexo, pero también en el resto de los chicos cordobeses, donde el resultado también fue grave: la mitad del ‘grupo control’ de afuera del barrio tiene hasta dos agroquímicos en sangre. Es una prueba más de que este modelo afecta a las ciudades y no sólo a las que están linderas a los campos”, afirmó.
En la primera jornada del juicio, los abogados defensores sorprendieron con la presentación como “prueba” de un informe elaborado en mayo pasado por “técnicos de la Universidad Nacional de Córdoba” que probaría la presencia de agroquímicos en el Parque Sarmiento (en el centro de la ciudad, barrio Nueva Córdoba, a una cuadra de la ciudad universitaria). La argumentación de los acusados es demostrar que en muchas zonas de la provincia hay presencia de agroquímicos, incluso donde no se fumiga (como en el centro de la ciudad). La intención es sostener que Ituzaingó Anexo puede tener agroquímicos, pero que ello no implica que se haya fumigado el barrio.
Los dos fiscales (el de acusación, Marcelo Novillo Corvalán, y el de instrucción, Carlos Matheu) rechazaron la prueba por “no ser pertinente” y por no tener “vinculación en tiempo y espacio” con los hechos de la causa. Sin embargo, el abogado de la querella, Miguel Antonio Martínez, solicitó al tribunal la aceptación del informe como prueba. Martínez explicó que los agroquímicos en el centro de la ciudad demuestran la peligrosidad de los tóxicos, su permanencia y la deriva. El tribunal aceptó incluir el informe en el expediente y analizarlo en el transcurso del juicio.
Mauricio Berger, del Colectivo Paren de Fumigar, recordó que “desde hace años” denuncian la “deriva descontrolada” de agrotóxicos por superficie y aguas subterráneas. “Que en el Parque Sarmiento haya agrotóxicos demuestra que las consecuencias del modelo agropecuario llegan a la ciudad”, explicó.
“Los cultivos transgénicos sujetos a fumigación cubren 22 millones de hectáreas y afectan, directa e indirectamente, a 12 millones de habitantes. Los agrotóxicos llegan a sus casas, escuelas, parques y fuentes de agua”, detalla la Red Universitaria de Médicos de Pueblos Fumigados en su Informe del Primer Encuentro Nacional y destacan que los cánceres, malformaciones y trastornos reproductivos registran “incrementos alarmantes”.
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