Fumigaciones judicializadas también en Tucumán
19:15 | 
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Avanza la causa penal por las fumigaciones con glifosato en Acheral
Fecha de Publicación: 20/06/2012
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
Por orden del juez federal Bejas, la Gendarmería concretó un allanamiento y secuestró pesticidas en un campo sembrado con soja en dicha localidad. La causa se inició a partir de las publicaciones realizadas por EL SIGLO sobre las denuncias de vecinos de la zona, que vieron afectada su salud como consecuencia de las fumigaciones.
La causa penal iniciada en la Justicia Federal de Tucumán, a partir de las notas que publicó EL SIGLO sobre las denuncias de vecinos de la localidad de Acheral por las fumigaciones con glifosato en un campo de soja ubicado a metros de sus casas y de una escuela, comenzó a tomar impulso esta semana.
Por orden del titular del Juzgado Federal I, Daniel Bejas, personal de la Gendarmería Nacional realizó una serie de allanamientos en ese predio y secuestró una importante cantidad de agrotóxicos, cuya utilización en zonas urbanas estaría expresamente prohibida por las normas vigentes.
La causa se inició en febrero último, mediante una actuación de oficio realizada por el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, tomando como eje las publicaciones de nuestro diario respecto a las fumigaciones con glifosato en Acheral. El fiscal requirió una serie de medidas a los fines de constatar la posible comisión de un delito ambiental por parte de los responsables de ese campo sembrado con soja, cuyo arrendatario es Ariel Mena.
El juez Bejas confirmó a EL SIGLO la concreción de los allanamientos por parte de la Gendarmería y dijo que está "a la espera de los informes para evaluar los pasos a seguir en la investigación".
El magistrado informó que lo que se procura indagar es si el herbicida utilizado en las fumigaciones está dentro de los elementos prohibidos por normas nacionales, como la ley 24.051 (de Residuos Peligrosos), por un lado, y si existe una cuestión interjurisdiccional que habilite la prosecución de la causa en el fuero Federal, por otro.
En este sentido, explicó que la investigación apunta a determinar si, tal como se sospecha, el potente pesticida utilizado en ese campo de soja es arrastrado, por efectos del riego o las lluvias, hacia un arroyo que desemboca en un tributario de la cuenca Salí-Dulce. Para corroborar esta situación, Bejas ordenó la realización de una fotografía satelital que muestre el recorrido que realiza el curso de agua lindero con el terreno a los fines de determinar si, efectivamente, desemboca en alguno de los ríos tributarios del Salí-Dulce. De constatarse esa situación, el dueño del terreno podría quedar imputado por la comisión de un delito federal, puesto que afectaría un recurso hídrico compartido por las provincias de Tucumán y Santiago del Estero.
El peso de las noticias
Por su parte, Gómez resaltó el hecho de que hayan sido los informes periodísticos de EL SIGLO el sustento principal para el inicio, de oficio ,de la causa penal.
"A pesar de que la gente no cree en la administración de justicia, esto demuestra que los fiscales con un recorte de un diario pueden iniciar una causa penal, y que aún sin que alguien vaya a Tribunales a realizar una denuncia, a veces lo que informa la prensa sirve para poder investigar un delito ambiental. Esta es una luz para aquellos que todavía no creen en el sistema", reflexionó el fiscal en diálogo con nuestro matutino.
Las notas periodísticas que dieron origen a esta causa penal en la Justicia Federal fueron publicadas por EL SIGLO en las ediciones del 21 de febrero y del 17 de marzo de este año.
En el primer informe, con el título "Fumigaciones con glifosato y problemas de salud en la localidad de Acheral", este diario hizo públicas las denuncias de los habitantes de esa comuna, ubicada a 45 kilómetros de la Capital tucumana, sobre la utilización de ese herbicida en un campo de soja, ubicado a metros de sus casas y frente a una escuela. En esa oportunidad, los vecinos aseguraron que desde que se iniciaron las fumigaciones en ese terreno, en diciembre de 2011, varias personas que viven en la zona enfermaron, sin recibir respuestas pese a las quejas planteadas al delegado comunal, Víctor Hugo Cardozo. En la nota mencionada, los ciudadanos Alfredo Olea, María Villarreal, Graciela Salomón y Norberta Lorenzo, entre otros, relataron a este diario que el último 9 de enero "se fumigo a las 9 de la mañana eran 4 de la tarde y no se aguantaba el olor del veneno, se murieron perritos y pollos, los árboles de las veredas estaban todos amarillos. Además, varias personas presentaron problemas respiratorios, a la vista, dermatológicos, y del aparato digestivo durante todo el día. Cuando fumigaron, Analía Galindez nos contó que estuvo todo ese día con vómitos, mareos y mucho dolor de cabeza, como así también toda su familia, en especial sus hijos", graficaron los vecinos, en una visita a nuestra redacción.
El pasado 17 de marzo, EL SIGLO publicó una segunda nota, con el título "Volvió la tensión a Acheral por las fumigaciones en un campo de soja", informando que el arrendatario del terreno había retomado esa actividad, con las mismas consecuencias para la población, pese a que la Justicia Federal ya había iniciado una causa penal.
Esa última información también había sido revelada en exclusiva por nuestro diario el 23 de febrero, en un informe titulado "La Justicia Federal inició una causa penal por el uso de glifosato en Acheral".
Antecedente
Gómez también destacó el impulso que podría tener esta causa ,iniciada a raíz de las denuncias realizadas a la prensa por vecinos de Acheral, con el juicio oral y público que se realiza en Córdoba contra productores acusados de haber fumigado en inmediaciones de un barrio. "Este es uno de los primeros procesos que se realizan en el país por fumigaciones con sustancias peligrosas para la salud, contra tres productores sojeros y dos aeroaplicadores. A partir de esto, se podría avanzar con la investigación de este tipo de delitos en otras provincias, como Tucumán", detalló.
La causa a la que hizo alusión Gómez se inició en 2002, cuando un grupo de madres del barrio Ituzaingó denunció la existencia de numerosos casos de cáncer en esa zona periférica de la ciudad.
Esas mujeres aportaron una serie de pruebas y testimonios según los cuales, en años anteriores habían detectado que casi 200 personas habían contraído cáncer y cera de 100 habían fallecido como consecuencia de esa enfermedad.
Más tarde, en 2008, fue iniciado otro expediente en los tribunales de la ciudad de Deán Funes, contra un productor rural y un aplicador aéreo, acusados de arrojar plaguicidas tóxicos en cultivos adyacentes al norteño pueblo de Villa de María de Río Seco.
Por disposición de la Corte Suprema de Justicia de Córdoba, ambas causas fueron unificadas para su juzgamiento.
A los imputados en el juicio se los acusa de violación de la ley provincial de Agroquímicos 9164, que prohíbe precisamente la aplicación aérea de endosulfán o glifosato, en cultivos ubicados en proximidades de zonas pobladas.
Dicha norma establece expresamente la prohibición de realizar fumigaciones con endosulfán a una distancia menor a 1500 metros de una zona urbana, y de glifosato a menos de 500 metros, por tratarse de químicos peligrosos para la salud.
A raíz de los antecedentes recopilados, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) exigió que se investigara a todos los responsables y que se estableciera "la relación de causalidad entre las conductas denunciadas y el centenar de muertes registradas, como así también el impacto en la salud a casi 5000 vecinos del lugar".
Paralelamente, y en función a los estudios previos que la fiscalía de instrucción actuante ordenó realizar en organismos públicos, se detectó la existencia de tres posibles causas contaminantes.
En primer término figura la fumigación clandestina con agroquímicos peligrosos para la salud, el PCB de los transformadores instalados en ese barrio por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), y el agua destinada al consumo humano contaminada por arsénico y plomo.
En los argumentos esgrimidos por la fiscalía a la hora de solicitar la elevación a juicio de la causa se sostiene que este peligroso cóctel contaminante dejó enfermos de leucemia, cáncer de próstata y otras enfermedades oncológicas y respiratorias.
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Fecha de Publicación: 20/06/2012
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
Por orden del juez federal Bejas, la Gendarmería concretó un allanamiento y secuestró pesticidas en un campo sembrado con soja en dicha localidad. La causa se inició a partir de las publicaciones realizadas por EL SIGLO sobre las denuncias de vecinos de la zona, que vieron afectada su salud como consecuencia de las fumigaciones. La causa penal iniciada en la Justicia Federal de Tucumán, a partir de las notas que publicó EL SIGLO sobre las denuncias de vecinos de la localidad de Acheral por las fumigaciones con glifosato en un campo de soja ubicado a metros de sus casas y de una escuela, comenzó a tomar impulso esta semana.
Por orden del titular del Juzgado Federal I, Daniel Bejas, personal de la Gendarmería Nacional realizó una serie de allanamientos en ese predio y secuestró una importante cantidad de agrotóxicos, cuya utilización en zonas urbanas estaría expresamente prohibida por las normas vigentes.
La causa se inició en febrero último, mediante una actuación de oficio realizada por el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, tomando como eje las publicaciones de nuestro diario respecto a las fumigaciones con glifosato en Acheral. El fiscal requirió una serie de medidas a los fines de constatar la posible comisión de un delito ambiental por parte de los responsables de ese campo sembrado con soja, cuyo arrendatario es Ariel Mena.
El juez Bejas confirmó a EL SIGLO la concreción de los allanamientos por parte de la Gendarmería y dijo que está "a la espera de los informes para evaluar los pasos a seguir en la investigación".
El magistrado informó que lo que se procura indagar es si el herbicida utilizado en las fumigaciones está dentro de los elementos prohibidos por normas nacionales, como la ley 24.051 (de Residuos Peligrosos), por un lado, y si existe una cuestión interjurisdiccional que habilite la prosecución de la causa en el fuero Federal, por otro.
En este sentido, explicó que la investigación apunta a determinar si, tal como se sospecha, el potente pesticida utilizado en ese campo de soja es arrastrado, por efectos del riego o las lluvias, hacia un arroyo que desemboca en un tributario de la cuenca Salí-Dulce. Para corroborar esta situación, Bejas ordenó la realización de una fotografía satelital que muestre el recorrido que realiza el curso de agua lindero con el terreno a los fines de determinar si, efectivamente, desemboca en alguno de los ríos tributarios del Salí-Dulce. De constatarse esa situación, el dueño del terreno podría quedar imputado por la comisión de un delito federal, puesto que afectaría un recurso hídrico compartido por las provincias de Tucumán y Santiago del Estero.
El peso de las noticias
Por su parte, Gómez resaltó el hecho de que hayan sido los informes periodísticos de EL SIGLO el sustento principal para el inicio, de oficio ,de la causa penal.
"A pesar de que la gente no cree en la administración de justicia, esto demuestra que los fiscales con un recorte de un diario pueden iniciar una causa penal, y que aún sin que alguien vaya a Tribunales a realizar una denuncia, a veces lo que informa la prensa sirve para poder investigar un delito ambiental. Esta es una luz para aquellos que todavía no creen en el sistema", reflexionó el fiscal en diálogo con nuestro matutino.
Las notas periodísticas que dieron origen a esta causa penal en la Justicia Federal fueron publicadas por EL SIGLO en las ediciones del 21 de febrero y del 17 de marzo de este año.
En el primer informe, con el título "Fumigaciones con glifosato y problemas de salud en la localidad de Acheral", este diario hizo públicas las denuncias de los habitantes de esa comuna, ubicada a 45 kilómetros de la Capital tucumana, sobre la utilización de ese herbicida en un campo de soja, ubicado a metros de sus casas y frente a una escuela. En esa oportunidad, los vecinos aseguraron que desde que se iniciaron las fumigaciones en ese terreno, en diciembre de 2011, varias personas que viven en la zona enfermaron, sin recibir respuestas pese a las quejas planteadas al delegado comunal, Víctor Hugo Cardozo. En la nota mencionada, los ciudadanos Alfredo Olea, María Villarreal, Graciela Salomón y Norberta Lorenzo, entre otros, relataron a este diario que el último 9 de enero "se fumigo a las 9 de la mañana eran 4 de la tarde y no se aguantaba el olor del veneno, se murieron perritos y pollos, los árboles de las veredas estaban todos amarillos. Además, varias personas presentaron problemas respiratorios, a la vista, dermatológicos, y del aparato digestivo durante todo el día. Cuando fumigaron, Analía Galindez nos contó que estuvo todo ese día con vómitos, mareos y mucho dolor de cabeza, como así también toda su familia, en especial sus hijos", graficaron los vecinos, en una visita a nuestra redacción.
El pasado 17 de marzo, EL SIGLO publicó una segunda nota, con el título "Volvió la tensión a Acheral por las fumigaciones en un campo de soja", informando que el arrendatario del terreno había retomado esa actividad, con las mismas consecuencias para la población, pese a que la Justicia Federal ya había iniciado una causa penal.
Esa última información también había sido revelada en exclusiva por nuestro diario el 23 de febrero, en un informe titulado "La Justicia Federal inició una causa penal por el uso de glifosato en Acheral".
Antecedente
Gómez también destacó el impulso que podría tener esta causa ,iniciada a raíz de las denuncias realizadas a la prensa por vecinos de Acheral, con el juicio oral y público que se realiza en Córdoba contra productores acusados de haber fumigado en inmediaciones de un barrio. "Este es uno de los primeros procesos que se realizan en el país por fumigaciones con sustancias peligrosas para la salud, contra tres productores sojeros y dos aeroaplicadores. A partir de esto, se podría avanzar con la investigación de este tipo de delitos en otras provincias, como Tucumán", detalló.
La causa a la que hizo alusión Gómez se inició en 2002, cuando un grupo de madres del barrio Ituzaingó denunció la existencia de numerosos casos de cáncer en esa zona periférica de la ciudad.
Esas mujeres aportaron una serie de pruebas y testimonios según los cuales, en años anteriores habían detectado que casi 200 personas habían contraído cáncer y cera de 100 habían fallecido como consecuencia de esa enfermedad.
Más tarde, en 2008, fue iniciado otro expediente en los tribunales de la ciudad de Deán Funes, contra un productor rural y un aplicador aéreo, acusados de arrojar plaguicidas tóxicos en cultivos adyacentes al norteño pueblo de Villa de María de Río Seco.
Por disposición de la Corte Suprema de Justicia de Córdoba, ambas causas fueron unificadas para su juzgamiento.
A los imputados en el juicio se los acusa de violación de la ley provincial de Agroquímicos 9164, que prohíbe precisamente la aplicación aérea de endosulfán o glifosato, en cultivos ubicados en proximidades de zonas pobladas.
Dicha norma establece expresamente la prohibición de realizar fumigaciones con endosulfán a una distancia menor a 1500 metros de una zona urbana, y de glifosato a menos de 500 metros, por tratarse de químicos peligrosos para la salud.
A raíz de los antecedentes recopilados, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) exigió que se investigara a todos los responsables y que se estableciera "la relación de causalidad entre las conductas denunciadas y el centenar de muertes registradas, como así también el impacto en la salud a casi 5000 vecinos del lugar".
Paralelamente, y en función a los estudios previos que la fiscalía de instrucción actuante ordenó realizar en organismos públicos, se detectó la existencia de tres posibles causas contaminantes.
En primer término figura la fumigación clandestina con agroquímicos peligrosos para la salud, el PCB de los transformadores instalados en ese barrio por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), y el agua destinada al consumo humano contaminada por arsénico y plomo.
En los argumentos esgrimidos por la fiscalía a la hora de solicitar la elevación a juicio de la causa se sostiene que este peligroso cóctel contaminante dejó enfermos de leucemia, cáncer de próstata y otras enfermedades oncológicas y respiratorias.
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Mendoza: Marcharon en defensa de la Ley 7.722
Marcharon en defensa de la Ley antiminería
Fecha de Publicación: 20/06/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Los ambientalistas fueron a la Legislatura y a Tribunales para que se ratifique la vigencia de la Ley 7.722, que prohíbe la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas como el cianuro.
Unas 200 personas marcharon ayer a la mañana por el centro de Mendoza hacia la Legislatura y Tribunales para defender la Ley 7.722, que prohíbe las mineras a cielo abierto con sustancias contaminantes como el cianuro.
La Multisectorial planea organizar otra marcha para la Cumbre del Mercosur que se hará en Mendoza el 28 y 29 de junio y que reunirá a los jefes de Estado del bloque.
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Fecha de Publicación: 20/06/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Los ambientalistas fueron a la Legislatura y a Tribunales para que se ratifique la vigencia de la Ley 7.722, que prohíbe la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas como el cianuro. Unas 200 personas marcharon ayer a la mañana por el centro de Mendoza hacia la Legislatura y Tribunales para defender la Ley 7.722, que prohíbe las mineras a cielo abierto con sustancias contaminantes como el cianuro.
La Multisectorial planea organizar otra marcha para la Cumbre del Mercosur que se hará en Mendoza el 28 y 29 de junio y que reunirá a los jefes de Estado del bloque.
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Argentina no quiere la "economía verde"
La Argentina: no a la "economía verde"
Fecha de Publicación: 19/06/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Mientras Brasil trabaja contra el reloj para impedir que sucumba la Cumbre de la Tierra Río+20 , la delegación argentina que llegará mañana a esta ciudad tiene una posición tomada: dirá que no a la "economía verde". Así lo confirmaron fuentes oficiales, días antes de arribar a la ciudad carioca.
"Estamos camino a una guerra comercial -sostuvo Silvia Révora, subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Nación-. Detrás del concepto «economía verde», que los países centrales promueven como eje del modo productivo del nuevo milenio, se esconden trampas de diferentes colores: con la excusa del control ambiental, algunas empresas se volverán certificadoras y otras dirán qué productos consumir bajo ciertos estándares de producción".
La drástica posición argentina es la que suscribe el G-77, un paraguas bajo el cual están varios países emergentes, entre ellos Brasil y la India, a la que también se ha sumado China. El argumento critica especialmente el establecimiento del etiquetado de los productos y la huella de carbono (la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por un individuo, organización, evento o producto) como medidor de sustentabilidad.
La Argentina también está en contra de la propuesta de gobernanza mundial traducida en la transformación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en una agencia autónoma. Es que el Gobierno interpreta como una amenaza a la soberanía la imposición de estándares que deban cumplir todos los países. China, el mayor contaminador del mundo, también suscribe a esta tesis, y Estados Unidos, distante de la agenda ambiental, nunca estuvo en un lugar más cómodo, ya que dejó de ser el malo de la película.
La postura oficial generó un quiebre con las organizaciones ambientalistas argentinas. Después de que Révora las acusara de defender "intereses imperialistas", Greenpeace respondió con críticas a la política ambiental nacional y recibió adhesiones de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y de Los Verdes.
"No se entiende la negativa del Estado argentino. No se puede negar que hay que cambiar el modelo económico. Todavía no está definido el concepto de «economía verde», pero lo peor que se puede hacer es ni siquiera discutirlo. Este es el ámbito donde se pueden insertar los cambios. Además, la Argentina defiende el desarrollo sustentable mientras no puede justificar que no lo aplica. Está muy bien defender la soberanía, pero no hay que olvidar las responsabilidades que eso conlleva", indicó María Eugenia Di Paola, de FARN, que participa de la cumbre.
"Como organización ambientalista no podemos adherir a una posición de gobierno que enumera como logros leyes y programas ambientales que son una conquista de la sociedad civil a través de sus demandas públicas frente a diferentes gobiernos y al sector corporativo, pero que hoy son sistemáticamente ignoradas. Leyes como la de protección de bosques nativos, de protección de glaciares, de promoción de las energías renovables, de gestión de residuos, entre otras, hoy no son respetadas, ya sea por su vaciamiento económico, su falta de implementación, la falta de reglamentación de artículos clave o la falta de promoción", indicó Greenpeace Argentina en un comunicado. Juan Carlos Villalonga, de Los Verdes, agregó: "Es muy reduccionista pensar que una agencia pueda solamente generar barreras paraarancelarias. Hay distintas ideas de estructura. Todos estaríamos muchísimo peor si no existiera un espacio supranacional al que recurrir".
Más de 300 diplomáticos brasileños trabajan en el documento final, cuyo borrador cambió completamente. Las metas y los objetivos desaparecieron y se ha convertido en un compromiso más general. A pesar de que en el primer borrador no aparecía la minería como una industria para dar apoyo, fue incorporada. El agregado no fue vetado por los países desarrollados, pero tampoco por los países en desarrollo. En la redacción del documento no se incluye el impacto social que pueden tener los emprendimientos.
Mañana llegarán aquí los jefes de Estado. Y el viernes debería ser firmado el compromiso final. Ese día se sabrá si sólo se trata de un enunciado de buenas intenciones.
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Fecha de Publicación: 19/06/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Mientras Brasil trabaja contra el reloj para impedir que sucumba la Cumbre de la Tierra Río+20 , la delegación argentina que llegará mañana a esta ciudad tiene una posición tomada: dirá que no a la "economía verde". Así lo confirmaron fuentes oficiales, días antes de arribar a la ciudad carioca."Estamos camino a una guerra comercial -sostuvo Silvia Révora, subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Nación-. Detrás del concepto «economía verde», que los países centrales promueven como eje del modo productivo del nuevo milenio, se esconden trampas de diferentes colores: con la excusa del control ambiental, algunas empresas se volverán certificadoras y otras dirán qué productos consumir bajo ciertos estándares de producción".
La drástica posición argentina es la que suscribe el G-77, un paraguas bajo el cual están varios países emergentes, entre ellos Brasil y la India, a la que también se ha sumado China. El argumento critica especialmente el establecimiento del etiquetado de los productos y la huella de carbono (la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por un individuo, organización, evento o producto) como medidor de sustentabilidad.
La Argentina también está en contra de la propuesta de gobernanza mundial traducida en la transformación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en una agencia autónoma. Es que el Gobierno interpreta como una amenaza a la soberanía la imposición de estándares que deban cumplir todos los países. China, el mayor contaminador del mundo, también suscribe a esta tesis, y Estados Unidos, distante de la agenda ambiental, nunca estuvo en un lugar más cómodo, ya que dejó de ser el malo de la película.
La postura oficial generó un quiebre con las organizaciones ambientalistas argentinas. Después de que Révora las acusara de defender "intereses imperialistas", Greenpeace respondió con críticas a la política ambiental nacional y recibió adhesiones de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y de Los Verdes.
"No se entiende la negativa del Estado argentino. No se puede negar que hay que cambiar el modelo económico. Todavía no está definido el concepto de «economía verde», pero lo peor que se puede hacer es ni siquiera discutirlo. Este es el ámbito donde se pueden insertar los cambios. Además, la Argentina defiende el desarrollo sustentable mientras no puede justificar que no lo aplica. Está muy bien defender la soberanía, pero no hay que olvidar las responsabilidades que eso conlleva", indicó María Eugenia Di Paola, de FARN, que participa de la cumbre.
"Como organización ambientalista no podemos adherir a una posición de gobierno que enumera como logros leyes y programas ambientales que son una conquista de la sociedad civil a través de sus demandas públicas frente a diferentes gobiernos y al sector corporativo, pero que hoy son sistemáticamente ignoradas. Leyes como la de protección de bosques nativos, de protección de glaciares, de promoción de las energías renovables, de gestión de residuos, entre otras, hoy no son respetadas, ya sea por su vaciamiento económico, su falta de implementación, la falta de reglamentación de artículos clave o la falta de promoción", indicó Greenpeace Argentina en un comunicado. Juan Carlos Villalonga, de Los Verdes, agregó: "Es muy reduccionista pensar que una agencia pueda solamente generar barreras paraarancelarias. Hay distintas ideas de estructura. Todos estaríamos muchísimo peor si no existiera un espacio supranacional al que recurrir".
Más de 300 diplomáticos brasileños trabajan en el documento final, cuyo borrador cambió completamente. Las metas y los objetivos desaparecieron y se ha convertido en un compromiso más general. A pesar de que en el primer borrador no aparecía la minería como una industria para dar apoyo, fue incorporada. El agregado no fue vetado por los países desarrollados, pero tampoco por los países en desarrollo. En la redacción del documento no se incluye el impacto social que pueden tener los emprendimientos.
Mañana llegarán aquí los jefes de Estado. Y el viernes debería ser firmado el compromiso final. Ese día se sabrá si sólo se trata de un enunciado de buenas intenciones.
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Allanaron la planta de filtros de La Alumbrera
Allanaron la planta de filtros de La Alumbrera
Fecha de Publicación: 19/06/2012
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Tucumán
Gendarmería Nacional realizó esta mañana un operativo de allanamiento en la planta de filtros de la empresa Minera La Alumbrera, en ruta 302, antes de llegar a Ranchillos, por orden de la Justicia. Se trata de una toma de muestras de aguas y residuos que se arrojan al canal DP2, tras el secado del material que llega a Tucumán a través del mineralducto.
El estudio fue sobre efluentes que se arrojan al canal DP2, tras su recorrido por el este tucumano desagúa en el dique El Frontal, en Las Termas de Río Hondo. El concentrado en forma de pulpa con un contenido de 63% de sólidos, se transporta por un mineraloducto de 316 km, desde la mina ubicada en la localidad de Hualfín, en Catamarca, hasta la planta de Filtros ubicada en Cruz del Norte, en Tucumán, informó el sitio noafishing.com.ar.
Allí se realiza el tratamiento del "barro" que contiene oro y cobre metálico. El agua residual resultante del secado y que se arroja al canal DP2 es, según las denuncias de ambientalistas, motico dela contaminación dela cuenca Salí-Dulce.
Aunque no trascendieron detalles del procedimiento, se estima que obedecen a las tramitaciones del juzgado de Bejas para determinar el grado de polución que provoca esta planta en el medioamabiente, ya que se trata de lo que los técnicos denominan "aguas pesadas", ya que esos efluentes contendrían metales.
La orden partió del Juzgado Federal I de Tucumán, que conduce Daniel Bejas.
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Fecha de Publicación: 19/06/2012
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Tucumán
Gendarmería Nacional realizó esta mañana un operativo de allanamiento en la planta de filtros de la empresa Minera La Alumbrera, en ruta 302, antes de llegar a Ranchillos, por orden de la Justicia. Se trata de una toma de muestras de aguas y residuos que se arrojan al canal DP2, tras el secado del material que llega a Tucumán a través del mineralducto.
El estudio fue sobre efluentes que se arrojan al canal DP2, tras su recorrido por el este tucumano desagúa en el dique El Frontal, en Las Termas de Río Hondo. El concentrado en forma de pulpa con un contenido de 63% de sólidos, se transporta por un mineraloducto de 316 km, desde la mina ubicada en la localidad de Hualfín, en Catamarca, hasta la planta de Filtros ubicada en Cruz del Norte, en Tucumán, informó el sitio noafishing.com.ar.
Allí se realiza el tratamiento del "barro" que contiene oro y cobre metálico. El agua residual resultante del secado y que se arroja al canal DP2 es, según las denuncias de ambientalistas, motico dela contaminación dela cuenca Salí-Dulce.
Aunque no trascendieron detalles del procedimiento, se estima que obedecen a las tramitaciones del juzgado de Bejas para determinar el grado de polución que provoca esta planta en el medioamabiente, ya que se trata de lo que los técnicos denominan "aguas pesadas", ya que esos efluentes contendrían metales.
La orden partió del Juzgado Federal I de Tucumán, que conduce Daniel Bejas.
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Alumbrera,
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Disputa por el Atuel entre Mendoza y La Pampa
Atuel: "Mendoza llega a la irracionalidad"
Fecha de Publicación: 18/06/2012
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El diputado radical Martín Berhongaray dice que las palabras de un senador mendocino muestran que no son viables las negociaciones con las autoridades políticas mendocinas para recuperar caudal.
“Sin distinción de banderías políticas, las autoridades mendocinas llevan hasta la irracionalidad y la ilegalidad la cerrada política provincial en defensa de sus recursos hídricos”, dijo el diputado provincial Martín Berhongaray al responder las expresiones del senador mendocino, el radical Armando Camerucci.
Dijo que las palabras de Camerucci “ponen en evidencia, una vez más, que cualquier negociación con la vecina provincia para recuperar los caudales del río Atuel será infructuosa”.
Berhongaray dice que “como contrapunto, el gobierno pampeano exhibe una disparidad de criterios en torno a este tema, y muestra debilidad y falta de convicciones firmes cuando se resiste a promover la tan esperada demanda ambiental ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
“Deben entender que una cosa son las gestiones llevadas a cabo para recuperar parte del agua que nos viene saqueando Mendoza, y otra muy distinta es demandar por los perjuicios sociales, económicos-productivos y ambientales sufridos hasta el momento”, señaló Berhongaray. “Son dos caminos diferentes que necesariamente deben complementarse”, agrega.
“¿O es que el Gobierno pampeano ya tomó la decisión de no reclamar los millonarios daños del pasado, y se contenta con que algún hilo de agua corra por nuestra Provincia? Si es así que avisen, que veremos cómo forzar el reclamo judicial”, dice el diputado radical.
“En cuanto a las afirmaciones del senador Camerucci, conviene precisar que el Convenio firmado en 2008 se encuentra vigente desde el momento mismo de la firma, generando desde entonces un nuevo incumplimiento de Mendoza, esta vez de índole contractual”, recuerda.
“Así lo expresa el propio texto del Acta Acuerdo, así lo confirmó el gobernador pampeano semanas atrás, y así lo determina el derecho interno argentino que bajo ningún punto de vista exige la ratificación legislativa para la entrada en vigencia de convenios interprovinciales. Plantear que existe esa traba, la de la ratificación legislativa, es otro invento mendocino”, afirma.
“Por ello, desde agosto de 2008 Mendoza incumple con la obligación de garantizar un mínimo de escorrentía permanente en el límite interprovincial (Cláusula X, inciso k del Acuerdo Marco), generando su responsabilidad contractual con el consiguiente derecho a que La Pampa sea indemnizada por esa inacción. Además, desde 2002 Mendoza viola la Ley 25.688 de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas, así como otras leyes de presupuestos mínimos dictadas el amparo de la Reforma Constitucional de 1994”, precisa.
“Las infracciones mendocinas en relación al río Atuel contravienen pautas básicas aceptadas por toda la comunidad hídrica internacional, que prohíbe y hasta sanciona comportamientos similares entre países vecinos”, dice Berhongaray.
“Senador Camerucci, si bien la Corte en 1987 le dijo a Mendoza que podía regar 75.761 hectáreas, también la mandó a que mejore su ineficiencia de riego que entonces era del 30 %. Hoy, a 25 años de ese fallo, Mendoza no mejoró un ápice esa eficiencia de riego. Si hubiera cumplido la orden de la Corte, y la hubiera elevado al 60 % lo cual es perfectamente posible, el agua excedería ampliamente las posibilidades de regar esa cantidad de hectáreas”, dice el legisladora pampeano.
Remarca que “no es de una persona seria tomar del fallo los puntos que le convienen y ocultar bajo la alfombra los que no”.
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Fecha de Publicación: 18/06/2012
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El diputado radical Martín Berhongaray dice que las palabras de un senador mendocino muestran que no son viables las negociaciones con las autoridades políticas mendocinas para recuperar caudal.
“Sin distinción de banderías políticas, las autoridades mendocinas llevan hasta la irracionalidad y la ilegalidad la cerrada política provincial en defensa de sus recursos hídricos”, dijo el diputado provincial Martín Berhongaray al responder las expresiones del senador mendocino, el radical Armando Camerucci.
Dijo que las palabras de Camerucci “ponen en evidencia, una vez más, que cualquier negociación con la vecina provincia para recuperar los caudales del río Atuel será infructuosa”.
Berhongaray dice que “como contrapunto, el gobierno pampeano exhibe una disparidad de criterios en torno a este tema, y muestra debilidad y falta de convicciones firmes cuando se resiste a promover la tan esperada demanda ambiental ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
“Deben entender que una cosa son las gestiones llevadas a cabo para recuperar parte del agua que nos viene saqueando Mendoza, y otra muy distinta es demandar por los perjuicios sociales, económicos-productivos y ambientales sufridos hasta el momento”, señaló Berhongaray. “Son dos caminos diferentes que necesariamente deben complementarse”, agrega.
“¿O es que el Gobierno pampeano ya tomó la decisión de no reclamar los millonarios daños del pasado, y se contenta con que algún hilo de agua corra por nuestra Provincia? Si es así que avisen, que veremos cómo forzar el reclamo judicial”, dice el diputado radical.
“En cuanto a las afirmaciones del senador Camerucci, conviene precisar que el Convenio firmado en 2008 se encuentra vigente desde el momento mismo de la firma, generando desde entonces un nuevo incumplimiento de Mendoza, esta vez de índole contractual”, recuerda.
“Así lo expresa el propio texto del Acta Acuerdo, así lo confirmó el gobernador pampeano semanas atrás, y así lo determina el derecho interno argentino que bajo ningún punto de vista exige la ratificación legislativa para la entrada en vigencia de convenios interprovinciales. Plantear que existe esa traba, la de la ratificación legislativa, es otro invento mendocino”, afirma.
“Por ello, desde agosto de 2008 Mendoza incumple con la obligación de garantizar un mínimo de escorrentía permanente en el límite interprovincial (Cláusula X, inciso k del Acuerdo Marco), generando su responsabilidad contractual con el consiguiente derecho a que La Pampa sea indemnizada por esa inacción. Además, desde 2002 Mendoza viola la Ley 25.688 de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas, así como otras leyes de presupuestos mínimos dictadas el amparo de la Reforma Constitucional de 1994”, precisa.
“Las infracciones mendocinas en relación al río Atuel contravienen pautas básicas aceptadas por toda la comunidad hídrica internacional, que prohíbe y hasta sanciona comportamientos similares entre países vecinos”, dice Berhongaray.
“Senador Camerucci, si bien la Corte en 1987 le dijo a Mendoza que podía regar 75.761 hectáreas, también la mandó a que mejore su ineficiencia de riego que entonces era del 30 %. Hoy, a 25 años de ese fallo, Mendoza no mejoró un ápice esa eficiencia de riego. Si hubiera cumplido la orden de la Corte, y la hubiera elevado al 60 % lo cual es perfectamente posible, el agua excedería ampliamente las posibilidades de regar esa cantidad de hectáreas”, dice el legisladora pampeano.
Remarca que “no es de una persona seria tomar del fallo los puntos que le convienen y ocultar bajo la alfombra los que no”.
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El increíble proceso de aprobación de agroquímicos
Toxicidad del glifosato: Monsanto y Nidera se controlan a sí mismas
Fecha de Publicación: 17/06/2012
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Los ambientalistas denuncian que “es una barbaridad porque no pueden tener independencia de juicio”. Además, no se sabe cómo ni con qué profesionales los realizan porque las autoridades dicen que es “información confidencial”.
A la inexistencia de legislación nacional que regule el uso de agroquímicos y a los insuficientes informes epidemiológicos oficiales que permitan conocer el verdadero efecto que estos venenos tienen sobre el medio ambiente y la salud de las personas, se suma un nuevo agravante: los laboratorios que realizan las evaluaciones para determinar la toxicidad de los agroquímicos que se utilizan en nuestro país están directamente vinculados o son las mismas empresas que producen y comercializan pesticidas. Sí, los laboratorios Monsanto realizan los ensayos toxicológicos que establecen si los productos de la empresa Monsanto SA –entre ellos, el glifosato, denunciado por contaminar el medio ambiente y atentar contra la salud de las personas– pueden diseminarse en los campos argentinos. De igual modo sucede con los laboratorios Nidera y la firma Nidera SA, o con los laboratorios nacionales Atanor y la productora de agroquímicos Atanor SA, entre muchos otros.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) –que tiene como función registrar, autorizar o prohibir los agroquímicos que se pulverizan en todo el territorio nacional– no realiza ensayos toxicológicos sobre los productos químicos diseminados cada año en las más de 20 millones de hectáreas cultivables. Simplemente, evalúa los resultados de los ensayos ya realizados por las multinacionales del rubro, aunque la población no puede saber cómo y con qué profesionales ya que, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, esa información es “confidencial, siendo la misma incluida en los expedientes particulares de los diferentes laboratorios”. “Esto es una barbaridad. Los laboratorios Monsanto no pueden tener independencia de juicio de Monsanto SA. Están haciendo las veces de juez y parte en la evaluación toxicológica de los agrotóxicos fumigados. El SENASA es cómplice de esta situación.” La frase pertenece a Claudio Lowy, ingeniero forestal y reconocido especialista en desarrollo humano sustentable (ver recuadro). Fue él mismo quien en junio de 2011 realizó una solicitud de acceso a la información pública ante la Secretaría de Agricultura, en la que requirió precisiones sobre los laboratorios acreditados en el SENASA y exigió un informe detallado sobre los agroquímicos utilizados en nuestro país.
El pedido recién fue respondido tres meses más tarde, el 3 de octubre del año pasado, por el propio secretario del área en cuestión, el ingeniero Lorenzo Basso, quien admitió que el SENASA no realiza ensayos de toxicidad de los pesticidas sino que evalúa los ya realizados por “laboratorios que cumplan con los requisitos administrativos y técnicos” inscriptos en la red de laboratorios del organismo. Entre ellos se encuentran:
-Monsanto Argentina SAIC: realiza análisis sobre glifosato y acetoclor.
-Nidera SA: también analiza glifosato.
-Atanor SA: además de glifosato, examina químicos altamente tóxicos como 2,4-D, atrazina, endosulfán y clorpirifos.
-Laboratorio Dow Agrosciences Argentina SA: estudia glifosato, atrazina, picloram, clorpirifos y trifluralina.
En el caso de los laboratorios extranjeros, aparecen varios radicados en diferentes países, también vinculados a empresas que producen y comercializan agroquímicos. Algunos de ellos son:
-Bayer: 14 laboratorios en Alemania, tres en los Estados Unidos y uno en Francia.
-Monsanto: Estados Unidos y Brasil.
-Basf: dos en Alemania, los Estados Unidos y Brasil; uno en Inglaterra, Puerto Rico y España.
-Battelle: tres en Inglaterra y Estados Unidos; dos en Suiza y Alemania.
-Dow AgroSciences: tres en Estados Unidos, dos en Brasil, Nueva Zelanda, Colombia, Italia, Inglaterra.
“Hay un problema central en el sistema de reglamentación de los productos tóxicos. Las multinacionales dicen que son productos probados y reglamentados. Todo eso es mentira: los estudios en que las instituciones gubernamentales se basan son hechos, entregados y pagados por las multinacionales”, aseguró la periodista francesa Marie-Monique Robin, autora de la investigación El Mundo según Monsanto.
Según la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), durante 2010 estas empresas facturaron un total de 1675 millones de dólares por la venta de agroquímicos. A la vez, son estos mismos laboratorios los que determinan cuán tóxicos son los pesticidas que ellos mismos producen y, a partir de esos datos, el SENASA evalúa si pueden ser utilizados en los campos argentinos.
Robin también consideró que “otro gran problema es la falta de transparencia y democracia. Los expertos se reúnen a puertas cerradas. Los datos que van a estudiar son protegidos bajo el secreto comercial. Esos datos toxicológicos tendrían que ser públicos ya que afectan a millones de personas”.
El docente, investigador de la UBA y ex presidente del CONICET, Andrés Carrasco, coincidió: “Es preocupante el nivel de desinformación al que estamos sometidos. La población no puede desconocer la naturaleza de las prácticas de laboratorio, sobre todo cuando se trata de productos que van a tener un efecto sobre ella. Esto es una concesión a las empresas.”
Carrasco conoce el poder de lobby que tienen las multinacionales que producen y comercializan agroquímicos: en 2009, cuando publicó una investigación que comprobó las nocivas consecuencias del glifosato en embriones -aun en dosis muy por debajo de las utilizadas en los campos de soja–, el aparato mediático y económico que defiende el modelo de monocultivo desplegó una virulenta campaña de desprestigio en su contra. Probablemente, ese mismo poder de lobby empresarial permita que el SENASA incumpla hasta sus propias normas, ya que la Resolución 736/06 prohíbe las vinculaciones entre laboratorios y compañías. En su artículo Nº 9, dictamina claramente: “Los laboratorios autorizados deberán abstenerse de efectuar análisis sobre material proveniente de cualquier empresa con la cual mantengan algún tipo de vinculación o dependencia que pueda afectar su independencia de juicio”.
Tiempo Argentino intentó comunicarse con el secretario Basso para que explique esta situación, pero Daniel Bestty, integrante del área de prensa de la cartera de Agricultura, no contestó el pedido realizado por este diario. Igual postura tomó Carlos Chichizola, encargado de la comunicación del SENASA.
“Lo que más preocupa es la permeabilidad existente en las instituciones del Estado. Esta es la consecuencia de un sistema que se rige por la lógica del mercado, y no por la protección del ambiente y la salud de las personas”, señaló el doctor Carrasco.
El reclamo no es nuevo. Ya en noviembre de 2010, la Defensoría del Pueblo de la Nación elaboró la Resolución 147/10, donde recomendó al secretario de Agricultura impulsar “las medidas necesarias para modificar la metodología utilizada en la clasificación de toxicidad de los productos agroquímicos”. También advirtió que “los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos deben ser realizados por entidades de acreditada y reconocida independencia de criterio”. Al igual que ante este diario, la Secretaría no dio ninguna respuesta (ver recuadro).
La gravedad del problema crece cuando se observa que los agroquímicos autorizados para diseminar a lo largo y a lo ancho del país suman más de 3600. Todos los años, estos venenos son pulverizados en aproximadamente 22 millones de hectáreas sobre distintos cultivos transgénicos, es decir, genéticamente modificados, como soja, trigo y arroz. En ese territorio viven 13 millones de personas, según un relevamiento realizado por este diario en marzo de 2011, ya que no se cuenta con información oficial. Los litros de glifosato y otros pesticidas rociados durante el año pasado fueron más de 300 millones, sin rigurosos controles y a escasos metros de zonas urbanas, escuelas y casas. Allí, los habitantes denuncian casos de cáncer, malformaciones al nacer y problemas neurológicos, entre otras patologías. Y, pese a que los trabajos realizados por científicos y médicos independientes confirman esas denuncias, el caudal de agroquímicos vertidos aumenta cada año. En ese contexto, que el Estado apruebe con los ojos cerrados los estudios hechos por las multinacionales del rubro no parece ser la opción más saludable.
Agroquímicos, discapacidad y cuestionamientos
El 25 de enero, la Defensoría del Pueblo de la Nación emitió la Resolución 06/12, en la que presentó el “Informe Especial sobre Agrotóxicos y Discapacidad”. En base a la sistematización de denuncias y estudios extraoficiales, el organismo concluyó que la aparición de “malformaciones congénitas, enfermedades y trastornos neurológicos” está directamente vinculada al uso intensivo de agroquímicos, por lo que “resulta apremiante pedir a las autoridades públicas nacionales y provinciales la toma de medidas de resguardo”.
También cuestionó el trabajo de la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos (CNIA), creada por la presidenta Cristina Fernández a comienzos de 2009, a raíz de la relación entre fumigaciones y enfermedades que denunciaron los vecinos del Barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba. Para la Defensoría, la CNIA “lejos está de cumplir de modo sostenido en el tiempo con la manda presidencial que la convocó para la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten a la población con productos agroquímicos”. El organismo detectó, además, que la CNIA no cumple con la regularidad de funcionamiento impuesta, no mantiene actualizada su página web y no difunde actas ni informes.
Por esa razón, la Defensoría recomendó al Ministerio de Salud de la Nación –encargado de supervisar la tarea de la comisión– regularizar las sesiones, mantener al día la página de Internet y ejecutar las acciones necesarias “que propendan a la prevención de la aparición de la discapacidad.”
Primer juicio por contaminación con agroquímicos
El pasado 11 de junio se inició el primer proceso judicial de la historia latinoamericana contra productores y fumigadores acusados por contaminación ambiental. El juicio se está desarrollando en la Cámara 1º del Crimen de la provincia de Córdoba y es el resultado de distintas denuncias realizadas por el colectivo Madres del Barrio Ituzaingó Anexo, que en 2006 determinaron la existencia de 500 enfermedades en un pueblo de sólo 5000 habitantes. De ese total, 200 patologías correspondían a distintos tipos de cáncer. En cada una de las casas del lugar, que sufrían fumigaciones de glifosato y otros agroquímicos a diario, había al menos un enfermo.
La causa tiene tres imputados: el piloto Edgardo Pancello y los productores Francisco Parra y Jorge Gabrielli, acusados como presuntos instigadores y autores de contaminación dolosa agravada. Hasta el momento, ya pasaron por los estrados Medardo Ávila Vázquez, integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, y Sofía Gatica, de las Madres del Barrio Ituzaingó, quien declaró: “Tengo una hija fallecida por malformación de riñón y he tenido serios problemas con el otro (hijo) cuando era chico. Hay que estar ahí para ver cómo van perdiendo la vida en el barrio”.
También declaró Eulalia Ayllon, otra de las fundadoras de las Madres, quien aseguró haber visto a chicos del pueblo corriendo detrás de un avión que realizaba una fumigación, mientras este los rociaba con agroquímicos. Eulalia sostuvo que a los chichos se les irritaban los ojos y se les secaba la garganta. “No somos una planta para que nos echen agroquímicos encima”, se lamentó la vecina.
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Fecha de Publicación: 17/06/2012
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Los ambientalistas denuncian que “es una barbaridad porque no pueden tener independencia de juicio”. Además, no se sabe cómo ni con qué profesionales los realizan porque las autoridades dicen que es “información confidencial”.A la inexistencia de legislación nacional que regule el uso de agroquímicos y a los insuficientes informes epidemiológicos oficiales que permitan conocer el verdadero efecto que estos venenos tienen sobre el medio ambiente y la salud de las personas, se suma un nuevo agravante: los laboratorios que realizan las evaluaciones para determinar la toxicidad de los agroquímicos que se utilizan en nuestro país están directamente vinculados o son las mismas empresas que producen y comercializan pesticidas. Sí, los laboratorios Monsanto realizan los ensayos toxicológicos que establecen si los productos de la empresa Monsanto SA –entre ellos, el glifosato, denunciado por contaminar el medio ambiente y atentar contra la salud de las personas– pueden diseminarse en los campos argentinos. De igual modo sucede con los laboratorios Nidera y la firma Nidera SA, o con los laboratorios nacionales Atanor y la productora de agroquímicos Atanor SA, entre muchos otros.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) –que tiene como función registrar, autorizar o prohibir los agroquímicos que se pulverizan en todo el territorio nacional– no realiza ensayos toxicológicos sobre los productos químicos diseminados cada año en las más de 20 millones de hectáreas cultivables. Simplemente, evalúa los resultados de los ensayos ya realizados por las multinacionales del rubro, aunque la población no puede saber cómo y con qué profesionales ya que, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, esa información es “confidencial, siendo la misma incluida en los expedientes particulares de los diferentes laboratorios”. “Esto es una barbaridad. Los laboratorios Monsanto no pueden tener independencia de juicio de Monsanto SA. Están haciendo las veces de juez y parte en la evaluación toxicológica de los agrotóxicos fumigados. El SENASA es cómplice de esta situación.” La frase pertenece a Claudio Lowy, ingeniero forestal y reconocido especialista en desarrollo humano sustentable (ver recuadro). Fue él mismo quien en junio de 2011 realizó una solicitud de acceso a la información pública ante la Secretaría de Agricultura, en la que requirió precisiones sobre los laboratorios acreditados en el SENASA y exigió un informe detallado sobre los agroquímicos utilizados en nuestro país.
El pedido recién fue respondido tres meses más tarde, el 3 de octubre del año pasado, por el propio secretario del área en cuestión, el ingeniero Lorenzo Basso, quien admitió que el SENASA no realiza ensayos de toxicidad de los pesticidas sino que evalúa los ya realizados por “laboratorios que cumplan con los requisitos administrativos y técnicos” inscriptos en la red de laboratorios del organismo. Entre ellos se encuentran:
-Monsanto Argentina SAIC: realiza análisis sobre glifosato y acetoclor.
-Nidera SA: también analiza glifosato.
-Atanor SA: además de glifosato, examina químicos altamente tóxicos como 2,4-D, atrazina, endosulfán y clorpirifos.
-Laboratorio Dow Agrosciences Argentina SA: estudia glifosato, atrazina, picloram, clorpirifos y trifluralina.
En el caso de los laboratorios extranjeros, aparecen varios radicados en diferentes países, también vinculados a empresas que producen y comercializan agroquímicos. Algunos de ellos son:
-Bayer: 14 laboratorios en Alemania, tres en los Estados Unidos y uno en Francia.
-Monsanto: Estados Unidos y Brasil.
-Basf: dos en Alemania, los Estados Unidos y Brasil; uno en Inglaterra, Puerto Rico y España.
-Battelle: tres en Inglaterra y Estados Unidos; dos en Suiza y Alemania.
-Dow AgroSciences: tres en Estados Unidos, dos en Brasil, Nueva Zelanda, Colombia, Italia, Inglaterra.
“Hay un problema central en el sistema de reglamentación de los productos tóxicos. Las multinacionales dicen que son productos probados y reglamentados. Todo eso es mentira: los estudios en que las instituciones gubernamentales se basan son hechos, entregados y pagados por las multinacionales”, aseguró la periodista francesa Marie-Monique Robin, autora de la investigación El Mundo según Monsanto.
Según la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), durante 2010 estas empresas facturaron un total de 1675 millones de dólares por la venta de agroquímicos. A la vez, son estos mismos laboratorios los que determinan cuán tóxicos son los pesticidas que ellos mismos producen y, a partir de esos datos, el SENASA evalúa si pueden ser utilizados en los campos argentinos.
Robin también consideró que “otro gran problema es la falta de transparencia y democracia. Los expertos se reúnen a puertas cerradas. Los datos que van a estudiar son protegidos bajo el secreto comercial. Esos datos toxicológicos tendrían que ser públicos ya que afectan a millones de personas”.
El docente, investigador de la UBA y ex presidente del CONICET, Andrés Carrasco, coincidió: “Es preocupante el nivel de desinformación al que estamos sometidos. La población no puede desconocer la naturaleza de las prácticas de laboratorio, sobre todo cuando se trata de productos que van a tener un efecto sobre ella. Esto es una concesión a las empresas.”
Carrasco conoce el poder de lobby que tienen las multinacionales que producen y comercializan agroquímicos: en 2009, cuando publicó una investigación que comprobó las nocivas consecuencias del glifosato en embriones -aun en dosis muy por debajo de las utilizadas en los campos de soja–, el aparato mediático y económico que defiende el modelo de monocultivo desplegó una virulenta campaña de desprestigio en su contra. Probablemente, ese mismo poder de lobby empresarial permita que el SENASA incumpla hasta sus propias normas, ya que la Resolución 736/06 prohíbe las vinculaciones entre laboratorios y compañías. En su artículo Nº 9, dictamina claramente: “Los laboratorios autorizados deberán abstenerse de efectuar análisis sobre material proveniente de cualquier empresa con la cual mantengan algún tipo de vinculación o dependencia que pueda afectar su independencia de juicio”.
Tiempo Argentino intentó comunicarse con el secretario Basso para que explique esta situación, pero Daniel Bestty, integrante del área de prensa de la cartera de Agricultura, no contestó el pedido realizado por este diario. Igual postura tomó Carlos Chichizola, encargado de la comunicación del SENASA.
“Lo que más preocupa es la permeabilidad existente en las instituciones del Estado. Esta es la consecuencia de un sistema que se rige por la lógica del mercado, y no por la protección del ambiente y la salud de las personas”, señaló el doctor Carrasco.
El reclamo no es nuevo. Ya en noviembre de 2010, la Defensoría del Pueblo de la Nación elaboró la Resolución 147/10, donde recomendó al secretario de Agricultura impulsar “las medidas necesarias para modificar la metodología utilizada en la clasificación de toxicidad de los productos agroquímicos”. También advirtió que “los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos deben ser realizados por entidades de acreditada y reconocida independencia de criterio”. Al igual que ante este diario, la Secretaría no dio ninguna respuesta (ver recuadro).
La gravedad del problema crece cuando se observa que los agroquímicos autorizados para diseminar a lo largo y a lo ancho del país suman más de 3600. Todos los años, estos venenos son pulverizados en aproximadamente 22 millones de hectáreas sobre distintos cultivos transgénicos, es decir, genéticamente modificados, como soja, trigo y arroz. En ese territorio viven 13 millones de personas, según un relevamiento realizado por este diario en marzo de 2011, ya que no se cuenta con información oficial. Los litros de glifosato y otros pesticidas rociados durante el año pasado fueron más de 300 millones, sin rigurosos controles y a escasos metros de zonas urbanas, escuelas y casas. Allí, los habitantes denuncian casos de cáncer, malformaciones al nacer y problemas neurológicos, entre otras patologías. Y, pese a que los trabajos realizados por científicos y médicos independientes confirman esas denuncias, el caudal de agroquímicos vertidos aumenta cada año. En ese contexto, que el Estado apruebe con los ojos cerrados los estudios hechos por las multinacionales del rubro no parece ser la opción más saludable.
Agroquímicos, discapacidad y cuestionamientos
El 25 de enero, la Defensoría del Pueblo de la Nación emitió la Resolución 06/12, en la que presentó el “Informe Especial sobre Agrotóxicos y Discapacidad”. En base a la sistematización de denuncias y estudios extraoficiales, el organismo concluyó que la aparición de “malformaciones congénitas, enfermedades y trastornos neurológicos” está directamente vinculada al uso intensivo de agroquímicos, por lo que “resulta apremiante pedir a las autoridades públicas nacionales y provinciales la toma de medidas de resguardo”.
También cuestionó el trabajo de la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos (CNIA), creada por la presidenta Cristina Fernández a comienzos de 2009, a raíz de la relación entre fumigaciones y enfermedades que denunciaron los vecinos del Barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba. Para la Defensoría, la CNIA “lejos está de cumplir de modo sostenido en el tiempo con la manda presidencial que la convocó para la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten a la población con productos agroquímicos”. El organismo detectó, además, que la CNIA no cumple con la regularidad de funcionamiento impuesta, no mantiene actualizada su página web y no difunde actas ni informes.
Por esa razón, la Defensoría recomendó al Ministerio de Salud de la Nación –encargado de supervisar la tarea de la comisión– regularizar las sesiones, mantener al día la página de Internet y ejecutar las acciones necesarias “que propendan a la prevención de la aparición de la discapacidad.”
Primer juicio por contaminación con agroquímicos
El pasado 11 de junio se inició el primer proceso judicial de la historia latinoamericana contra productores y fumigadores acusados por contaminación ambiental. El juicio se está desarrollando en la Cámara 1º del Crimen de la provincia de Córdoba y es el resultado de distintas denuncias realizadas por el colectivo Madres del Barrio Ituzaingó Anexo, que en 2006 determinaron la existencia de 500 enfermedades en un pueblo de sólo 5000 habitantes. De ese total, 200 patologías correspondían a distintos tipos de cáncer. En cada una de las casas del lugar, que sufrían fumigaciones de glifosato y otros agroquímicos a diario, había al menos un enfermo.
La causa tiene tres imputados: el piloto Edgardo Pancello y los productores Francisco Parra y Jorge Gabrielli, acusados como presuntos instigadores y autores de contaminación dolosa agravada. Hasta el momento, ya pasaron por los estrados Medardo Ávila Vázquez, integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, y Sofía Gatica, de las Madres del Barrio Ituzaingó, quien declaró: “Tengo una hija fallecida por malformación de riñón y he tenido serios problemas con el otro (hijo) cuando era chico. Hay que estar ahí para ver cómo van perdiendo la vida en el barrio”.
También declaró Eulalia Ayllon, otra de las fundadoras de las Madres, quien aseguró haber visto a chicos del pueblo corriendo detrás de un avión que realizaba una fumigación, mientras este los rociaba con agroquímicos. Eulalia sostuvo que a los chichos se les irritaban los ojos y se les secaba la garganta. “No somos una planta para que nos echen agroquímicos encima”, se lamentó la vecina.
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Hacia Río+20 ¿Está en crisis el discurso verde?
Hacia Río+20 ¿Está en crisis el discurso verde?
Fecha de Publicación: 17/06/2012
Fuente: La Nación (Argentina)
Provincia/Región: Nacional
A tres días del inicio de la Cumbre, el escepticismo domina la escena: frente a la falta de compromiso de los principales actores globales, que se niegan a cumplir con las metas acordadas en materia ambiental, referentes locales de la lucha por el medio ambiente señalan que la ecología sigue siendo una causa que no encuentra eco en el poder político
La hora del planeta. El día de la Tierra. El día del medio ambiente? A pesar de que la causa ecológica se ha ganado un espacio importante, incluso, en los calendarios de todo el mundo, y que la necesidad de proteger nuestro entorno se haya convertido en una noción que se aprehende casi desde la cuna, el escepticismo sigue siendo el principal anfitrión en las cumbres mundiales sobre medio ambiente. Y la que comienza la semana próxima no será excepción.
A pocos días del comienzo de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, que se celebrará en Río de Janeiro entre los días 20 y 22 de este mes, informes ambientales de la ONU y del Banco Mundial le ponen palabras y cifras a lo que todos ya sospechan: que las soluciones globales que el planeta pide a gritos continúan empantanadas en el ámbito de la retórica. El New Deal verde que Barack Obama prometía antes de asumir como presidente norteamericano perdió fuerza, primero, y color más tarde, luego de los anuncios norteamericanos sobre nuevas exploraciones petrolíferas hasta en el Artico. Y también el eficiente continente europeo borró de su lista de prioridades la cuestión ambiental en su apuro por atender las urgencias de la crisis del euro.
Si algo no le faltó a la causa ecológica en su pulseada contra los modelos de desarrollo que afectan la sustentabilidad del planeta ha sido marketing. Pero a la luz de los resultados parciales, ¿cómo hacer para que los actores que encarnan la cuestión ambiental no terminen -tanto ellos como la propia cruzada- también empantanados, esta vez en su propio discurso?
La sucesión de cumbres, conferencias y reuniones informales no parece haber hallado la clave. Tampoco los diagnósticos cada vez más pesimistas sobre el futuro del mundo. ¿Cómo dejar de caminar en círculos y pasar, definitivamente, a la acción?
"El de las ONG es un aporte más que necesario. La mayor conciencia que hoy se tiene sobre la problemática ambiental se la debemos en gran parte a ellas. El problema es que sus reivindicaciones son tomadas muy tímidamente por los políticos. Entonces no se puede perforar el núcleo duro que define las políticas que, en definitiva, son las que terminan afectando al medio ambiente. La gran deuda de las ONG sigue estando en la política." El que habla es Juan Carlos Villalonga, activista ambiental con 26 años de trayectoria, ex director político de Greenpeace y, en la actualidad, presidente de la junta directiva de Los Verdes, una agrupación que cuenta con el apoyo del partido verde alemán y que, entre otras cosas, tiene claras aspiraciones políticas.
"Cuando los partidos políticos integran la oposición, siempre apoyan las causas ambientales. Pero cuando llegan al gobierno, es otra cosa. En nuestro país, lamentablemente, desde el retorno a la democracia hasta la actualidad, siempre se dio así. Por eso creímos necesaria la formación de una alternativa partidaria que tuviera entre sus prioridades la cuestión del medio ambiente o del desarrollo sostenible", agrega Villalonga.
Lo cierto es que, aún en países como Alemania o Francia, en los que el partido verde es un actor consolidado en la arena política, el panorama cambia ante un contexto de crisis como el actual. Como señalaba Le Monde en abril pasado, la ecología fue la gran ausente en la campaña presidencial francesa.
Por esta misma razón, el senador Daniel Filmus, que hace días encabezó la presentación oficial de la posición argentina en la cumbre de Río, es otro de los que no se ilusionan demasiado con sus alcances. "La demanda por un ambiente más equilibrado dejó de ser exclusiva de las organizaciones no gubernamentales para convertirse en una especie de clamor del mundo y de los pueblos. Pero en la medida en que las grandes potencias no se sienten a negociar, difícilmente saldremos de los discursos lavados. Hasta el momento nadie ha demostrado la suficiente fuerza para lograr compromisos concretos por parte de estos actores. Mucho menos las ONG. Sería absurdo pretenderlo."
El director de la Fundación Vida Silvestre, Diego Moreno, reconoce que muchas de las líneas de acción que se acordaron hace 20 años, también en Río de Janeiro, no fueron tan fructíferas que se esperaba. Y las baja a ejemplos concretos. "A partir de una de las convenciones de Río'92 se encaró fuertemente el incremento de áreas protegidas en el mundo. La meta era cubrir el diez por ciento del planeta, y hoy, a nivel global, ya estamos en el doce por ciento. Pero todavía resta mucho por hacer en lo que respecta a la protección de los ecosistemas marinos."
El motivo por el que algunos temas se han resuelto por sobre otros es, a su entender, tan simple como desalentador. "Algunos temas ambientales han prendido y generado rápidas adhesiones a nivel global porque son más simples de encarar y no afectan intereses de ningún tipo. Tal fue el caso de la problemática del agujero de ozono, que pudo abordarse con éxito. Pero cuando hablamos de cambio climático, hablamos necesariamente de un cambio en la matriz energética, que hoy depende mayoritariamente de los combustibles fósiles. Entonces ahí ya no es tan simple", analiza el experto.
Moreno admite que la cuestión ambiental está más instalada en la sociedad, pero no siempre con el nivel de compromiso deseable. "En general la sociedad reacciona ante situaciones urgentes que la afectan en forma directa. Pero no necesariamente actúa de igual manera cuando se trata de temas de fondo, que requieren de un abordaje inmediato pero que son menos visibles. El medio ambiente está presente. Preocupa. Pero nos falta lograr que esa preocupación se transforme en acciones más concretas."
Compromiso local
Atrapado en el callejón sin salida de la falta de consensos globales, el universo ambientalista ensaya nuevos carriles para su discurso. Esta vez en instancias más locales. Y, al parecer, más fructíferas.
"California ha avanzado más en materia ambiental que los Estados Unidos -ejemplifica Javier Corcuera, prestigioso ambientalista, hoy al frente de la Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la ciudad de Buenos Aires-. Al ver que las negociaciones se hacen más lentas cuando se canalizan a nivel de las naciones, algunas ciudades han comenzado a asumir roles más activos, urgidas por la necesidad de respuestas más concretas que frenen el impacto del cambio climático sobre ellas."
En este punto, las megaciudades son un caso paradigmático. Jaqueadas por la creciente presión urbana -que sólo promete agudizarse en las próximas décadas- decenas de megaurbes se unieron y dieron origen a C40, una agrupación internacional que busca consensos y estrategias comunes para frenar los efectos locales del cambio climático.
Con esta misma sintonía, Corcuera explica que viajará a la cumbre de Río para presentar una posición también compartida por San Pablo y la ciudad de México. "Hoy en día, las ONG demuestran una mayor vocación de participación cuando se trata de problemáticas locales. Las discusiones más globales se perciben más lejanas."
Con él coincide Raúl Montenegro, director de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), radicada en Córdoba. "En las comunidades locales la sociedad ha crecido mucho en esto de asumir protagonismo y defender el ámbito en el que vive. Las movilizaciones contra la megaminería son un claro ejemplo. Las ONG tenemos que ser capaces de acompañar y para eso debemos flexibilizar nuestra tarea."
Para este biólogo cordobés, el principal valor de cumbres mundiales como la de Río consiste en su capacidad para señalar las principales problemáticas así como para producir guías de acción. "Las guías llegan a la comunidad de arriba hacia abajo. Pero los cambios indefectiblemente ocurren de abajo hacia arriba. Somos nosotros, cada uno desde su lugar, los artífices del cambio.
"En este sentido -continúa- muchos de los grandes problemas que amenazan al planeta ya son leídos por la sociedad. El auge de Internet ha facilitado mucho esa lectura. Esta democratización del conocimiento puede generar una cierta crisis en las ONG, que se ven obligadas a redefinir su rol. Se terminó la época del protagonismo que representaban ciertos actores como propietarios del conocimiento."
La falta de respuestas globales concretas y el recrudecimiento de algunas variables climáticas generaron en el biólogo Diego Gurvich una especie de autocrítica que -deliberadamente o no- también se lee como una crítica al papel asumido por la comunidad científica.
En 2009 publicó un artículo titulado El rol del ecólogo ante la crisis ambiental actual ". En ese trabajo cuestiona el muy difundido postulado de que la ciencia debe de ser neutral y objetiva. Y se lamenta por el limitado protagonismo que los científicos están teniendo en la gestión de los recursos naturales así como en la caracterización de los problemas ambientales que preocupan a la sociedad.
"Yo creo que, tal y como están las cosas, necesitamos un rol más activo de los científicos como comunidad. Algunos colegas tienden a creer que nosotros estamos por encima de la sociedad. Una afirmación muy elitista y, por cierto, también muy ingenua", explica desde Córdoba, en diálogo telefónico con La Nacion.
Investigador adjunto del Conicet, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y miembro de la ONG Ecosistemas Argentinos, Gurvich reconoce la falta de instancias intermedias que se ocupen de difundir el conocimiento que se genera en institutos y laboratorios. "Así y todo -analiza-, los investigadores deberíamos tener mayor presencia. Socialmente gozamos de prestigio y credibilidad, dos activos valiosísimos para incidir sobre los gestores de políticas ambientales."
Pero ¿cómo incidir sobre aquellos que no quieren ver ni oír? ¿Cómo decirles, parafraseando a Clinton, "Es la ecología, estúpido"? El escritor portugués José Saramago alguna vez escribió que, la mayoría de las veces, las campañas ambientales sólo beneficiaban a las agencias publicitarias. Nadie sabe cuántas cumbres deberán pasar para que por fin, sea el turno del planeta.
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Fecha de Publicación: 17/06/2012
Fuente: La Nación (Argentina)
Provincia/Región: Nacional
A tres días del inicio de la Cumbre, el escepticismo domina la escena: frente a la falta de compromiso de los principales actores globales, que se niegan a cumplir con las metas acordadas en materia ambiental, referentes locales de la lucha por el medio ambiente señalan que la ecología sigue siendo una causa que no encuentra eco en el poder políticoLa hora del planeta. El día de la Tierra. El día del medio ambiente? A pesar de que la causa ecológica se ha ganado un espacio importante, incluso, en los calendarios de todo el mundo, y que la necesidad de proteger nuestro entorno se haya convertido en una noción que se aprehende casi desde la cuna, el escepticismo sigue siendo el principal anfitrión en las cumbres mundiales sobre medio ambiente. Y la que comienza la semana próxima no será excepción.
A pocos días del comienzo de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, que se celebrará en Río de Janeiro entre los días 20 y 22 de este mes, informes ambientales de la ONU y del Banco Mundial le ponen palabras y cifras a lo que todos ya sospechan: que las soluciones globales que el planeta pide a gritos continúan empantanadas en el ámbito de la retórica. El New Deal verde que Barack Obama prometía antes de asumir como presidente norteamericano perdió fuerza, primero, y color más tarde, luego de los anuncios norteamericanos sobre nuevas exploraciones petrolíferas hasta en el Artico. Y también el eficiente continente europeo borró de su lista de prioridades la cuestión ambiental en su apuro por atender las urgencias de la crisis del euro.
Si algo no le faltó a la causa ecológica en su pulseada contra los modelos de desarrollo que afectan la sustentabilidad del planeta ha sido marketing. Pero a la luz de los resultados parciales, ¿cómo hacer para que los actores que encarnan la cuestión ambiental no terminen -tanto ellos como la propia cruzada- también empantanados, esta vez en su propio discurso?
La sucesión de cumbres, conferencias y reuniones informales no parece haber hallado la clave. Tampoco los diagnósticos cada vez más pesimistas sobre el futuro del mundo. ¿Cómo dejar de caminar en círculos y pasar, definitivamente, a la acción?
"El de las ONG es un aporte más que necesario. La mayor conciencia que hoy se tiene sobre la problemática ambiental se la debemos en gran parte a ellas. El problema es que sus reivindicaciones son tomadas muy tímidamente por los políticos. Entonces no se puede perforar el núcleo duro que define las políticas que, en definitiva, son las que terminan afectando al medio ambiente. La gran deuda de las ONG sigue estando en la política." El que habla es Juan Carlos Villalonga, activista ambiental con 26 años de trayectoria, ex director político de Greenpeace y, en la actualidad, presidente de la junta directiva de Los Verdes, una agrupación que cuenta con el apoyo del partido verde alemán y que, entre otras cosas, tiene claras aspiraciones políticas.
"Cuando los partidos políticos integran la oposición, siempre apoyan las causas ambientales. Pero cuando llegan al gobierno, es otra cosa. En nuestro país, lamentablemente, desde el retorno a la democracia hasta la actualidad, siempre se dio así. Por eso creímos necesaria la formación de una alternativa partidaria que tuviera entre sus prioridades la cuestión del medio ambiente o del desarrollo sostenible", agrega Villalonga.
Lo cierto es que, aún en países como Alemania o Francia, en los que el partido verde es un actor consolidado en la arena política, el panorama cambia ante un contexto de crisis como el actual. Como señalaba Le Monde en abril pasado, la ecología fue la gran ausente en la campaña presidencial francesa.
Por esta misma razón, el senador Daniel Filmus, que hace días encabezó la presentación oficial de la posición argentina en la cumbre de Río, es otro de los que no se ilusionan demasiado con sus alcances. "La demanda por un ambiente más equilibrado dejó de ser exclusiva de las organizaciones no gubernamentales para convertirse en una especie de clamor del mundo y de los pueblos. Pero en la medida en que las grandes potencias no se sienten a negociar, difícilmente saldremos de los discursos lavados. Hasta el momento nadie ha demostrado la suficiente fuerza para lograr compromisos concretos por parte de estos actores. Mucho menos las ONG. Sería absurdo pretenderlo."
El director de la Fundación Vida Silvestre, Diego Moreno, reconoce que muchas de las líneas de acción que se acordaron hace 20 años, también en Río de Janeiro, no fueron tan fructíferas que se esperaba. Y las baja a ejemplos concretos. "A partir de una de las convenciones de Río'92 se encaró fuertemente el incremento de áreas protegidas en el mundo. La meta era cubrir el diez por ciento del planeta, y hoy, a nivel global, ya estamos en el doce por ciento. Pero todavía resta mucho por hacer en lo que respecta a la protección de los ecosistemas marinos."
El motivo por el que algunos temas se han resuelto por sobre otros es, a su entender, tan simple como desalentador. "Algunos temas ambientales han prendido y generado rápidas adhesiones a nivel global porque son más simples de encarar y no afectan intereses de ningún tipo. Tal fue el caso de la problemática del agujero de ozono, que pudo abordarse con éxito. Pero cuando hablamos de cambio climático, hablamos necesariamente de un cambio en la matriz energética, que hoy depende mayoritariamente de los combustibles fósiles. Entonces ahí ya no es tan simple", analiza el experto.
Moreno admite que la cuestión ambiental está más instalada en la sociedad, pero no siempre con el nivel de compromiso deseable. "En general la sociedad reacciona ante situaciones urgentes que la afectan en forma directa. Pero no necesariamente actúa de igual manera cuando se trata de temas de fondo, que requieren de un abordaje inmediato pero que son menos visibles. El medio ambiente está presente. Preocupa. Pero nos falta lograr que esa preocupación se transforme en acciones más concretas."
Compromiso local
Atrapado en el callejón sin salida de la falta de consensos globales, el universo ambientalista ensaya nuevos carriles para su discurso. Esta vez en instancias más locales. Y, al parecer, más fructíferas.
"California ha avanzado más en materia ambiental que los Estados Unidos -ejemplifica Javier Corcuera, prestigioso ambientalista, hoy al frente de la Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la ciudad de Buenos Aires-. Al ver que las negociaciones se hacen más lentas cuando se canalizan a nivel de las naciones, algunas ciudades han comenzado a asumir roles más activos, urgidas por la necesidad de respuestas más concretas que frenen el impacto del cambio climático sobre ellas."
En este punto, las megaciudades son un caso paradigmático. Jaqueadas por la creciente presión urbana -que sólo promete agudizarse en las próximas décadas- decenas de megaurbes se unieron y dieron origen a C40, una agrupación internacional que busca consensos y estrategias comunes para frenar los efectos locales del cambio climático.
Con esta misma sintonía, Corcuera explica que viajará a la cumbre de Río para presentar una posición también compartida por San Pablo y la ciudad de México. "Hoy en día, las ONG demuestran una mayor vocación de participación cuando se trata de problemáticas locales. Las discusiones más globales se perciben más lejanas."
Con él coincide Raúl Montenegro, director de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), radicada en Córdoba. "En las comunidades locales la sociedad ha crecido mucho en esto de asumir protagonismo y defender el ámbito en el que vive. Las movilizaciones contra la megaminería son un claro ejemplo. Las ONG tenemos que ser capaces de acompañar y para eso debemos flexibilizar nuestra tarea."
Para este biólogo cordobés, el principal valor de cumbres mundiales como la de Río consiste en su capacidad para señalar las principales problemáticas así como para producir guías de acción. "Las guías llegan a la comunidad de arriba hacia abajo. Pero los cambios indefectiblemente ocurren de abajo hacia arriba. Somos nosotros, cada uno desde su lugar, los artífices del cambio.
"En este sentido -continúa- muchos de los grandes problemas que amenazan al planeta ya son leídos por la sociedad. El auge de Internet ha facilitado mucho esa lectura. Esta democratización del conocimiento puede generar una cierta crisis en las ONG, que se ven obligadas a redefinir su rol. Se terminó la época del protagonismo que representaban ciertos actores como propietarios del conocimiento."
La falta de respuestas globales concretas y el recrudecimiento de algunas variables climáticas generaron en el biólogo Diego Gurvich una especie de autocrítica que -deliberadamente o no- también se lee como una crítica al papel asumido por la comunidad científica.
En 2009 publicó un artículo titulado El rol del ecólogo ante la crisis ambiental actual ". En ese trabajo cuestiona el muy difundido postulado de que la ciencia debe de ser neutral y objetiva. Y se lamenta por el limitado protagonismo que los científicos están teniendo en la gestión de los recursos naturales así como en la caracterización de los problemas ambientales que preocupan a la sociedad.
"Yo creo que, tal y como están las cosas, necesitamos un rol más activo de los científicos como comunidad. Algunos colegas tienden a creer que nosotros estamos por encima de la sociedad. Una afirmación muy elitista y, por cierto, también muy ingenua", explica desde Córdoba, en diálogo telefónico con La Nacion.
Investigador adjunto del Conicet, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y miembro de la ONG Ecosistemas Argentinos, Gurvich reconoce la falta de instancias intermedias que se ocupen de difundir el conocimiento que se genera en institutos y laboratorios. "Así y todo -analiza-, los investigadores deberíamos tener mayor presencia. Socialmente gozamos de prestigio y credibilidad, dos activos valiosísimos para incidir sobre los gestores de políticas ambientales."
Pero ¿cómo incidir sobre aquellos que no quieren ver ni oír? ¿Cómo decirles, parafraseando a Clinton, "Es la ecología, estúpido"? El escritor portugués José Saramago alguna vez escribió que, la mayoría de las veces, las campañas ambientales sólo beneficiaban a las agencias publicitarias. Nadie sabe cuántas cumbres deberán pasar para que por fin, sea el turno del planeta.
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Convivir con los agroquímicos en Córdoba
Convivir con los agroquímicos
Fecha de Publicación: 16/06/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
Un estudio presentado en el juicio que se sigue en Córdoba a dos ruralistas y un piloto acusados por las fumigaciones en el barrio Ituzaingó Anexo muestra que de 142 chicos de esa localidad hay 114 que tienen agroquímicos en su organismo.
Sobre 142 niños del barrio cordobés Ituzaingó Anexo, a 114 se les detectó contaminación con agroquímicos, según reveló un estudio oficial durante el juicio que realiza contra dos productores y un fumigador por presunta contaminación. “El 80 por ciento de los chicos tiene agroquímicos en sangre”, explicó la médica
Inés Flamini, de la Unidad de Pronta Atención 28 (UPA, centro de salud vecinal), una de las responsables del informe sanitario. La médica reveló que viven niños con hasta cinco y seis herbicidas e insecticidas en el cuerpo, e incluso se detectó presencia de agroquímicos en chicos fuera del barrio. “Es una prueba más de que el modelo afecta la salud, ya no se puede ocultar”, resumió el abogado que inició la causa, Darío Avila.
En 2005, la Municipalidad analizó la sangre de 35 chicos del barrio Ituzaingó Anexo, lindero a campos de soja y donde se multiplicaban las denuncias por contaminación. Los resultados fueron contundentes: 23 tenían agroquímicos en sangre (no hubo presencia de otros contaminantes). En 2010, en el marco de la flamante Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos del Ministerio de Salud, se estudió a 142 chicos de 1 a 14 años.
“Estudios de biomarcadores de exposición en población infantil del barrio Ituzaingó Anexo” es el nombre formal del trabajo en el que se analizó a niños de “buen estado de salud” (clínicamente detectados) y se excluyó a quienes tenían enfermedades, estaban con algún grado de desnutrición y a quienes consumían medicamentos. Se analizó la presencia de plomo, cromo, arsénico, PCB (elemento presente en transformadores eléctricos) y plaguicidas.
Los resultados no se habían difundido hasta la última semana, cuando comenzaron a llegar los análisis a las familias. En el marco del juicio, el miércoles, la doctora Inés Flamini, responsable de la UPA del barrio Ituzaingó, explicó que el trabajo no fue concluido, pero adelantó los resultados: el 80 por ciento de los chicos tiene entre dos y seis agroquímicos en sangre.
Además, contó que algunos aviones solían sobrevolar el barrio. Lo mismo afirmó Eduardo Molina, médico clínico de la UPA del Barrio Ituzaingó, y recordó que el 1º de febrero de 2008 pasó un avión amarillo y luego se le irritaron los ojos y tuvo dificultades para respirar. Molina afirmó que en sus 30 años de ejercicio de la medicina nunca había visto (como sí vivenció en Ituzaingó Anexo) tantos casos de diabetes e hipotiroidismo.
“Esto confirma la contaminación del modelo agropecuario sobre todo el barrio, ya que los 142 chicos eran de distintas cuadras. Y además derriba el argumento de que las enfermedades son por diversos contaminantes. El estudio determinó que plomo, cromo y otros contaminantes estaban por debajo de lo permitido, mientras que los agrotóxicos están por arriba y son los que afectaron la salud de los chicos”, explicó Cecilia Carrizo, del Colectivo Paren de Fumigar Córdoba, que reúne a más de veinte pueblos de la provincia.
En el mismo estudio se tomó como referencia de análisis una población de 62 niños de afuera del Barrio Ituzaingó Anexo (“grupo control de referencia”, común en protocolos de estudios epidemiológicos). Darío Avila, abogado que inició la denuncia del actual juicio y acompaña a las Madres de Ituzaingó, presenció la declaración de la doctora Inés Flamini. “El estudio confirma la gravedad de las fumigaciones en el Ituzaingó Anexo, pero también en el resto de los chicos cordobeses, donde el resultado también fue grave: la mitad del ‘grupo control’ de afuera del barrio tiene hasta dos agroquímicos en sangre. Es una prueba más de que este modelo afecta a las ciudades y no sólo a las que están linderas a los campos”, afirmó.
En la primera jornada del juicio, los abogados defensores sorprendieron con la presentación como “prueba” de un informe elaborado en mayo pasado por “técnicos de la Universidad Nacional de Córdoba” que probaría la presencia de agroquímicos en el Parque Sarmiento (en el centro de la ciudad, barrio Nueva Córdoba, a una cuadra de la ciudad universitaria). La argumentación de los acusados es demostrar que en muchas zonas de la provincia hay presencia de agroquímicos, incluso donde no se fumiga (como en el centro de la ciudad). La intención es sostener que Ituzaingó Anexo puede tener agroquímicos, pero que ello no implica que se haya fumigado el barrio.
Los dos fiscales (el de acusación, Marcelo Novillo Corvalán, y el de instrucción, Carlos Matheu) rechazaron la prueba por “no ser pertinente” y por no tener “vinculación en tiempo y espacio” con los hechos de la causa. Sin embargo, el abogado de la querella, Miguel Antonio Martínez, solicitó al tribunal la aceptación del informe como prueba. Martínez explicó que los agroquímicos en el centro de la ciudad demuestran la peligrosidad de los tóxicos, su permanencia y la deriva. El tribunal aceptó incluir el informe en el expediente y analizarlo en el transcurso del juicio.
Mauricio Berger, del Colectivo Paren de Fumigar, recordó que “desde hace años” denuncian la “deriva descontrolada” de agrotóxicos por superficie y aguas subterráneas. “Que en el Parque Sarmiento haya agrotóxicos demuestra que las consecuencias del modelo agropecuario llegan a la ciudad”, explicó.
“Los cultivos transgénicos sujetos a fumigación cubren 22 millones de hectáreas y afectan, directa e indirectamente, a 12 millones de habitantes. Los agrotóxicos llegan a sus casas, escuelas, parques y fuentes de agua”, detalla la Red Universitaria de Médicos de Pueblos Fumigados en su Informe del Primer Encuentro Nacional y destacan que los cánceres, malformaciones y trastornos reproductivos registran “incrementos alarmantes”.
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Fecha de Publicación: 16/06/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
Un estudio presentado en el juicio que se sigue en Córdoba a dos ruralistas y un piloto acusados por las fumigaciones en el barrio Ituzaingó Anexo muestra que de 142 chicos de esa localidad hay 114 que tienen agroquímicos en su organismo.Sobre 142 niños del barrio cordobés Ituzaingó Anexo, a 114 se les detectó contaminación con agroquímicos, según reveló un estudio oficial durante el juicio que realiza contra dos productores y un fumigador por presunta contaminación. “El 80 por ciento de los chicos tiene agroquímicos en sangre”, explicó la médica
Inés Flamini, de la Unidad de Pronta Atención 28 (UPA, centro de salud vecinal), una de las responsables del informe sanitario. La médica reveló que viven niños con hasta cinco y seis herbicidas e insecticidas en el cuerpo, e incluso se detectó presencia de agroquímicos en chicos fuera del barrio. “Es una prueba más de que el modelo afecta la salud, ya no se puede ocultar”, resumió el abogado que inició la causa, Darío Avila.
En 2005, la Municipalidad analizó la sangre de 35 chicos del barrio Ituzaingó Anexo, lindero a campos de soja y donde se multiplicaban las denuncias por contaminación. Los resultados fueron contundentes: 23 tenían agroquímicos en sangre (no hubo presencia de otros contaminantes). En 2010, en el marco de la flamante Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos del Ministerio de Salud, se estudió a 142 chicos de 1 a 14 años.
“Estudios de biomarcadores de exposición en población infantil del barrio Ituzaingó Anexo” es el nombre formal del trabajo en el que se analizó a niños de “buen estado de salud” (clínicamente detectados) y se excluyó a quienes tenían enfermedades, estaban con algún grado de desnutrición y a quienes consumían medicamentos. Se analizó la presencia de plomo, cromo, arsénico, PCB (elemento presente en transformadores eléctricos) y plaguicidas.
Los resultados no se habían difundido hasta la última semana, cuando comenzaron a llegar los análisis a las familias. En el marco del juicio, el miércoles, la doctora Inés Flamini, responsable de la UPA del barrio Ituzaingó, explicó que el trabajo no fue concluido, pero adelantó los resultados: el 80 por ciento de los chicos tiene entre dos y seis agroquímicos en sangre.
Además, contó que algunos aviones solían sobrevolar el barrio. Lo mismo afirmó Eduardo Molina, médico clínico de la UPA del Barrio Ituzaingó, y recordó que el 1º de febrero de 2008 pasó un avión amarillo y luego se le irritaron los ojos y tuvo dificultades para respirar. Molina afirmó que en sus 30 años de ejercicio de la medicina nunca había visto (como sí vivenció en Ituzaingó Anexo) tantos casos de diabetes e hipotiroidismo.
“Esto confirma la contaminación del modelo agropecuario sobre todo el barrio, ya que los 142 chicos eran de distintas cuadras. Y además derriba el argumento de que las enfermedades son por diversos contaminantes. El estudio determinó que plomo, cromo y otros contaminantes estaban por debajo de lo permitido, mientras que los agrotóxicos están por arriba y son los que afectaron la salud de los chicos”, explicó Cecilia Carrizo, del Colectivo Paren de Fumigar Córdoba, que reúne a más de veinte pueblos de la provincia.
En el mismo estudio se tomó como referencia de análisis una población de 62 niños de afuera del Barrio Ituzaingó Anexo (“grupo control de referencia”, común en protocolos de estudios epidemiológicos). Darío Avila, abogado que inició la denuncia del actual juicio y acompaña a las Madres de Ituzaingó, presenció la declaración de la doctora Inés Flamini. “El estudio confirma la gravedad de las fumigaciones en el Ituzaingó Anexo, pero también en el resto de los chicos cordobeses, donde el resultado también fue grave: la mitad del ‘grupo control’ de afuera del barrio tiene hasta dos agroquímicos en sangre. Es una prueba más de que este modelo afecta a las ciudades y no sólo a las que están linderas a los campos”, afirmó.
En la primera jornada del juicio, los abogados defensores sorprendieron con la presentación como “prueba” de un informe elaborado en mayo pasado por “técnicos de la Universidad Nacional de Córdoba” que probaría la presencia de agroquímicos en el Parque Sarmiento (en el centro de la ciudad, barrio Nueva Córdoba, a una cuadra de la ciudad universitaria). La argumentación de los acusados es demostrar que en muchas zonas de la provincia hay presencia de agroquímicos, incluso donde no se fumiga (como en el centro de la ciudad). La intención es sostener que Ituzaingó Anexo puede tener agroquímicos, pero que ello no implica que se haya fumigado el barrio.
Los dos fiscales (el de acusación, Marcelo Novillo Corvalán, y el de instrucción, Carlos Matheu) rechazaron la prueba por “no ser pertinente” y por no tener “vinculación en tiempo y espacio” con los hechos de la causa. Sin embargo, el abogado de la querella, Miguel Antonio Martínez, solicitó al tribunal la aceptación del informe como prueba. Martínez explicó que los agroquímicos en el centro de la ciudad demuestran la peligrosidad de los tóxicos, su permanencia y la deriva. El tribunal aceptó incluir el informe en el expediente y analizarlo en el transcurso del juicio.
Mauricio Berger, del Colectivo Paren de Fumigar, recordó que “desde hace años” denuncian la “deriva descontrolada” de agrotóxicos por superficie y aguas subterráneas. “Que en el Parque Sarmiento haya agrotóxicos demuestra que las consecuencias del modelo agropecuario llegan a la ciudad”, explicó.
“Los cultivos transgénicos sujetos a fumigación cubren 22 millones de hectáreas y afectan, directa e indirectamente, a 12 millones de habitantes. Los agrotóxicos llegan a sus casas, escuelas, parques y fuentes de agua”, detalla la Red Universitaria de Médicos de Pueblos Fumigados en su Informe del Primer Encuentro Nacional y destacan que los cánceres, malformaciones y trastornos reproductivos registran “incrementos alarmantes”.
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Presentan en Chubut la nueva ley para la minería
El gobernador Buzzi presenta el martes la nueva ley para la minería
Fecha de Publicación: 16/06/2012
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
Será a las 12 del mediodía en Rawson. Se trata del marco regulatorio para la actividad que incluirá también al petróleo y al gas.
El gobernador Martín Buzzi volvió a referirse al tema minero. Lo hizo ayer en Puerto Madryn, donde cumplió una amplia agenda de trabajo, desde donde adelantó que durante la próxima semana se presentará el marco regulatorio de recursos naturales no renovables.
Dentro del amplio bagaje de información que el mandatario dejó a los periodistas estuvo lo relacionado con el hecho de que "cada mil pesos que la provincia del Chubut invierte o paga en sueldos, 420 lo pone la minería porque el petróleo es minería". Señaló que "esto es una dependencia extrema que tenemos del sector minero". Desde este análisis, ratificado con el aporte de datos estadísticos, Buzzi adelantó que "el martes próximo, a las 12, vamos a estar presentando el marco regulatorio de recursos naturales no renovables".
La idea que planteará el Gobierno apunta a incorporar "todos los cuidados que tiene que tener proyectos que son significativos, que generan un importante nivel de trabajo y de rentas". Más allá de todo ello, Buzzi fue categórico al sostener que "acá tiene que estar en claro todo lo relacionado con la preservación y cuidado del ambiente".
Sobre los puntos que serán presentados el martes, el mandatario dijo: "Será un marco regulador general" porque "cada uno de los proyectos tiene que ser aprobados en forma individual. Cada uno deberá tener su medición y visualización del impacto ambiental, así como social y económico; tendrá que tributar como corresponde. Todos los detalles los daremos a conocer el día martes".
Cada uno de los proyectos que sean presentados tendrá que pasar por la Legislatura provincial para su aprobación de manera individual. Este mecanismo implicará que "si no hay un convencimiento pleno de los actores sociales de la comunidad, así como de los propios diputados provinciales el proyecto deberá ser reformulado o no se realizará", adelantó Buzzi.
El gobernador realzó el trabajo que se presentará el martes porque "es algo innovador" donde "hemos incorporado los elementos que resguardan aquellas cuestiones que han generado temor, signos de pregunta y dudas de la comunidad. Este marco regulatorio da formas para poder contenerlos".
Además aventuró que una vez instrumentado dicho marco regulador cada uno de los habitantes de las comunidades podrán definir el destino que pretenden en el aspecto minero.
El marco regulatorio de recursos naturales no renovables incorpora todos los signos de pregunta que existen en relación con el desarrollo del subsuelo. La presencia de este bagaje informativo permitirá a cada una de las comunidades resolver sobre el futuro, si avanzan en la explotación o no de las cuestiones metalíferas o si deciden desarrollar determinados yacimientos.
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Fecha de Publicación: 16/06/2012
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
Será a las 12 del mediodía en Rawson. Se trata del marco regulatorio para la actividad que incluirá también al petróleo y al gas.
El gobernador Martín Buzzi volvió a referirse al tema minero. Lo hizo ayer en Puerto Madryn, donde cumplió una amplia agenda de trabajo, desde donde adelantó que durante la próxima semana se presentará el marco regulatorio de recursos naturales no renovables.
Dentro del amplio bagaje de información que el mandatario dejó a los periodistas estuvo lo relacionado con el hecho de que "cada mil pesos que la provincia del Chubut invierte o paga en sueldos, 420 lo pone la minería porque el petróleo es minería". Señaló que "esto es una dependencia extrema que tenemos del sector minero". Desde este análisis, ratificado con el aporte de datos estadísticos, Buzzi adelantó que "el martes próximo, a las 12, vamos a estar presentando el marco regulatorio de recursos naturales no renovables".
La idea que planteará el Gobierno apunta a incorporar "todos los cuidados que tiene que tener proyectos que son significativos, que generan un importante nivel de trabajo y de rentas". Más allá de todo ello, Buzzi fue categórico al sostener que "acá tiene que estar en claro todo lo relacionado con la preservación y cuidado del ambiente".
Sobre los puntos que serán presentados el martes, el mandatario dijo: "Será un marco regulador general" porque "cada uno de los proyectos tiene que ser aprobados en forma individual. Cada uno deberá tener su medición y visualización del impacto ambiental, así como social y económico; tendrá que tributar como corresponde. Todos los detalles los daremos a conocer el día martes".
Cada uno de los proyectos que sean presentados tendrá que pasar por la Legislatura provincial para su aprobación de manera individual. Este mecanismo implicará que "si no hay un convencimiento pleno de los actores sociales de la comunidad, así como de los propios diputados provinciales el proyecto deberá ser reformulado o no se realizará", adelantó Buzzi.
El gobernador realzó el trabajo que se presentará el martes porque "es algo innovador" donde "hemos incorporado los elementos que resguardan aquellas cuestiones que han generado temor, signos de pregunta y dudas de la comunidad. Este marco regulatorio da formas para poder contenerlos".
Además aventuró que una vez instrumentado dicho marco regulador cada uno de los habitantes de las comunidades podrán definir el destino que pretenden en el aspecto minero.
El marco regulatorio de recursos naturales no renovables incorpora todos los signos de pregunta que existen en relación con el desarrollo del subsuelo. La presencia de este bagaje informativo permitirá a cada una de las comunidades resolver sobre el futuro, si avanzan en la explotación o no de las cuestiones metalíferas o si deciden desarrollar determinados yacimientos.
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Primer manual sobre cambio climático
El primer manual sobre cambio climático llega hoy a las escuelas
Fecha de Publicación: 15/06/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
La DGE recibirá dos mil ejemplares que fueron elaborados por especialistas mendocinos para ser entregados a los docentes de primaria.
Fomentar hábitos tendientes a cuidar el entorno, plantear soluciones frente al calentamiento global, educar en medio ambiente y dar a conocer las características geográficas de Mendoza. Con objetivos concretos y un lenguaje ajustado a los requerimientos pedagógicos del nivel primario, por primera vez las escuelas mendocinas contarán con un manual donde el eje central es nada menos que el cambio climático.
Con esta nueva herramienta, los educadores no sólo tendrán la posibilidad de plantear las temáticas ambientales frente al aula de una manera más ágil, sino que a través de las diferentes páginas ellos encontrarán soluciones que luego podrán ser desarrolladas por los propios estudiantes. Así, a través de las páginas distribuidas en siete capítulos, los educadores encontrarán material actualizado sobre congestión vehicular, contaminación, disposición de residuos, tala indiscriminada, retroceso de los glaciares, minería, caza furtiva y el uso de energías alternativas.
En todos los casos, el desarrollo de las diferentes temáticas está anclado en el contexto de Mendoza. Justamente, ése fue uno de los aspectos que tuvieron en cuenta los especialistas que trabajaron durante más de un año y medio para elaborar este inédito ejemplar, que fue denominado “Cuyún en la escuela: cambia tus hábitos, no el clima”. Al menos quince profesionales de diferentes disciplinas aportaron sus conocimientos para dar lugar a esta nueva herramienta que hoy será presentada a las 18, en la escuela Normal Tomás Godoy Cruz, de Ciudad.
Los trabajos incluyeron el aporte de profesionales de diferentes organismos académicos y gubernamentales. En este sentido, vale mencionar al Instituto de Cartografía, Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial (Cifot), la Secretaría de Ambiente, la Dirección General de Escuelas (DGE), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto de Ciencias Ambientales (ICA) de la UNCuyo. También sumaron sus aportes docentes del nivel primario y guardaparques de la provincia.
El financiamiento para costear los gastos que implicó dar origen a este material (que está acompañado de un ilustrativo póster) fue logrado luego de que los académicos lograran ganar un concurso organizado por la embajada de Suiza.
Según explicó Peter Thomas, geógrafo y coordinador del proyecto, uno de los desafíos fue unificar criterios para dar por resultado un producto ajustado a las necesidades educativas que se plantean en la actualidad. “Notamos que la elaboración de este manual era una necesidad que había sido planteada por los docentes desde hace mucho tiempo”, comentó.
Junto a él, Tania Bilbao y Cristina Barbosa, ambas del ICA (la primera, responsable del programa de educación ambiental y la segunda, secretaria general) explicaron que los primeros dos mil manuales serán entregados a la DGE. El objetivo, en definitiva, es que los chicos sepan qué pueden hacer para mejorar su entorno y colaborar a resolver temas puntuales, explicaron.
Para Franklin Murúa, docente de Ciencias Naturales, la propuesta es enriquecedora: “Sería muy bueno contar con esa herramienta porque los temas ambientales son de gran interés para los alumnos”.
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Fecha de Publicación: 15/06/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
La DGE recibirá dos mil ejemplares que fueron elaborados por especialistas mendocinos para ser entregados a los docentes de primaria. Fomentar hábitos tendientes a cuidar el entorno, plantear soluciones frente al calentamiento global, educar en medio ambiente y dar a conocer las características geográficas de Mendoza. Con objetivos concretos y un lenguaje ajustado a los requerimientos pedagógicos del nivel primario, por primera vez las escuelas mendocinas contarán con un manual donde el eje central es nada menos que el cambio climático.
Con esta nueva herramienta, los educadores no sólo tendrán la posibilidad de plantear las temáticas ambientales frente al aula de una manera más ágil, sino que a través de las diferentes páginas ellos encontrarán soluciones que luego podrán ser desarrolladas por los propios estudiantes. Así, a través de las páginas distribuidas en siete capítulos, los educadores encontrarán material actualizado sobre congestión vehicular, contaminación, disposición de residuos, tala indiscriminada, retroceso de los glaciares, minería, caza furtiva y el uso de energías alternativas.
En todos los casos, el desarrollo de las diferentes temáticas está anclado en el contexto de Mendoza. Justamente, ése fue uno de los aspectos que tuvieron en cuenta los especialistas que trabajaron durante más de un año y medio para elaborar este inédito ejemplar, que fue denominado “Cuyún en la escuela: cambia tus hábitos, no el clima”. Al menos quince profesionales de diferentes disciplinas aportaron sus conocimientos para dar lugar a esta nueva herramienta que hoy será presentada a las 18, en la escuela Normal Tomás Godoy Cruz, de Ciudad.
Los trabajos incluyeron el aporte de profesionales de diferentes organismos académicos y gubernamentales. En este sentido, vale mencionar al Instituto de Cartografía, Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial (Cifot), la Secretaría de Ambiente, la Dirección General de Escuelas (DGE), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto de Ciencias Ambientales (ICA) de la UNCuyo. También sumaron sus aportes docentes del nivel primario y guardaparques de la provincia.
El financiamiento para costear los gastos que implicó dar origen a este material (que está acompañado de un ilustrativo póster) fue logrado luego de que los académicos lograran ganar un concurso organizado por la embajada de Suiza.
Según explicó Peter Thomas, geógrafo y coordinador del proyecto, uno de los desafíos fue unificar criterios para dar por resultado un producto ajustado a las necesidades educativas que se plantean en la actualidad. “Notamos que la elaboración de este manual era una necesidad que había sido planteada por los docentes desde hace mucho tiempo”, comentó.
Junto a él, Tania Bilbao y Cristina Barbosa, ambas del ICA (la primera, responsable del programa de educación ambiental y la segunda, secretaria general) explicaron que los primeros dos mil manuales serán entregados a la DGE. El objetivo, en definitiva, es que los chicos sepan qué pueden hacer para mejorar su entorno y colaborar a resolver temas puntuales, explicaron.
Para Franklin Murúa, docente de Ciencias Naturales, la propuesta es enriquecedora: “Sería muy bueno contar con esa herramienta porque los temas ambientales son de gran interés para los alumnos”.
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De Vido se reunión con la Barrick
Barrick le confirmó a De Vido la mega inversión en Pascua-Lama
Fecha de Publicación: 15/06/2012
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El ministro de Planificación recibió en Nueva York al presidente de la operadora minera Barrick Gold, Peter Monk. La compañía ratificó que hundirá en suelo argentino $6.500 millones en el corriente año
Según se informó en un comunicado de prensa, la minera destacó que el cronograma de inversiones para dicho proyecto se viene cumpliendo de acuerdo a lo establecido y que su puesta en funcionamiento está prevista para mediados de 2013.
Además, durante el encuentro, ambas partes se refirieron al rol de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) como articulador entre el Estado nacional, los Estados provinciales y las empresas del sector para el desarrollo de una minería sustentable.
Asimismo, la operadora informó que puso en marcha el Departamento de Sustitución de las Importaciones para el desarrollo de proveedores de cada uno de los proyectos del sector, iniciativa impulsada por el Ministerio de Planificación, a través de la Secretaría de Minería.
Posteriormente, el titular de Planificación mantuvo un encuentro con el vicepresidente de Yamana Gold, Patrick Portmann, según se consignó en el comunicado.
En este caso, se hizo un repaso de todos los proyectos que la firma minera tiene en la Argentina, tal como el de Gualcamayo en la provincia de San Juan. La compañía también ponderó la labor de la OFEMI.
De Vido, que estuvo secundado en ambas reuniones por el secretario de Minería, Jorge Mayoral, acompaña a la Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de su viaje a Nueva York, donde participó ayer de la reunión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.
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Fecha de Publicación: 15/06/2012
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El ministro de Planificación recibió en Nueva York al presidente de la operadora minera Barrick Gold, Peter Monk. La compañía ratificó que hundirá en suelo argentino $6.500 millones en el corriente añoSegún se informó en un comunicado de prensa, la minera destacó que el cronograma de inversiones para dicho proyecto se viene cumpliendo de acuerdo a lo establecido y que su puesta en funcionamiento está prevista para mediados de 2013.
Además, durante el encuentro, ambas partes se refirieron al rol de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) como articulador entre el Estado nacional, los Estados provinciales y las empresas del sector para el desarrollo de una minería sustentable.
Asimismo, la operadora informó que puso en marcha el Departamento de Sustitución de las Importaciones para el desarrollo de proveedores de cada uno de los proyectos del sector, iniciativa impulsada por el Ministerio de Planificación, a través de la Secretaría de Minería.
Posteriormente, el titular de Planificación mantuvo un encuentro con el vicepresidente de Yamana Gold, Patrick Portmann, según se consignó en el comunicado.
En este caso, se hizo un repaso de todos los proyectos que la firma minera tiene en la Argentina, tal como el de Gualcamayo en la provincia de San Juan. La compañía también ponderó la labor de la OFEMI.
De Vido, que estuvo secundado en ambas reuniones por el secretario de Minería, Jorge Mayoral, acompaña a la Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de su viaje a Nueva York, donde participó ayer de la reunión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.
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Polémica por la ley de Bosques de Neuquén
Continúa la polémica por la ley de Bosques
Fecha de Publicación: 15/06/2012
Fuente: Rio Negro On Line
Provincia/Región: Neuquén
El Consejo Consultivo de Bosques Nativos emitió la semana pasada un dictamen por mayoría dirigido al ministerio de Desarrollo Territorial donde se sugiere que en lotes de hasta 10 hectáreas dentro de la categoría "verde" (menor nivel de conservación) se puedan agilizar los trámites para presentar proyectos constructivos o urbanizaciones, otorgando mayores recursos y atribuciones a la delegación local de Bosques. Todos votaron a favor, a excepción de la ONG Alerta Angostura que votó en disidencia por considerar que faltaba información para emitir el dictamen. Mientras tanto, la polémica suscitada en torno a la aplicación de la Ley de Bosques Nativos de la provincia continua. El titular del Consejo Consultivo, Fabián Mirabete salió al cruce de las críticas emitidas por el diputado provincial Jesús Escobar y trabajadores de la dirección de Gestión de Bosques Nativos, hoy en conflicto con el ministerio a nivel político. "Yo no puedo sugerir la modificación de la ley, yo no trabajo para ningún proyecto. En el mapeo de la ley los colores eran tentativos con búsqueda de datos parcelarios", dijo el funcionario. Las acusaciones apuntaban a que el Consejo había sido creado por presiones empresariales vinculadas al sector inmobiliario.
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Fecha de Publicación: 15/06/2012
Fuente: Rio Negro On Line
Provincia/Región: Neuquén
El Consejo Consultivo de Bosques Nativos emitió la semana pasada un dictamen por mayoría dirigido al ministerio de Desarrollo Territorial donde se sugiere que en lotes de hasta 10 hectáreas dentro de la categoría "verde" (menor nivel de conservación) se puedan agilizar los trámites para presentar proyectos constructivos o urbanizaciones, otorgando mayores recursos y atribuciones a la delegación local de Bosques. Todos votaron a favor, a excepción de la ONG Alerta Angostura que votó en disidencia por considerar que faltaba información para emitir el dictamen. Mientras tanto, la polémica suscitada en torno a la aplicación de la Ley de Bosques Nativos de la provincia continua. El titular del Consejo Consultivo, Fabián Mirabete salió al cruce de las críticas emitidas por el diputado provincial Jesús Escobar y trabajadores de la dirección de Gestión de Bosques Nativos, hoy en conflicto con el ministerio a nivel político. "Yo no puedo sugerir la modificación de la ley, yo no trabajo para ningún proyecto. En el mapeo de la ley los colores eran tentativos con búsqueda de datos parcelarios", dijo el funcionario. Las acusaciones apuntaban a que el Consejo había sido creado por presiones empresariales vinculadas al sector inmobiliario.
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Clausura Una planta de Coca Cola por el Riachuelo
Clausura preventiva para una planta de Coca Cola
Fecha de Publicación: 14/06/2012
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
La Justicia ordenó el cierre preventivo de la planta embotelladora FEMSA, de Pompeya. La medida se dispuso luego de confirmar que se desechó un producto químico al Riachuelo. La empresa rechazó en un comunicado la versión difundida por el Ministerio Público
La Fiscal de Cámara Verónica Guagnino requirió y logró la clausura preventiva de la Planta FEMSA S.A., empresa líder embotelladora de productos Coca Cola, ubicada en el barrio de Pompeya, en Amancio Alcorta 3570, luego de probar que la firma está desechando un elemento tóxico que contamina el Riachuelo.
Fuentes judiciales confirmaron a Infobae.com que se trata de “rodamina”, elemento tóxico a través de una “conexión clandestina” a la red pluvial que vuelca a la cuenca Matanza-Riachuelo.
En un operativo de rutina de la Dirección Gral. de Control Ambiental y la Policía Metropolitana se identificó el 11 de junio, por medio de un robot subterráneo en Cachí y Rio IV, una conexión clandestina.
Este miércoles se ingresó a la planta y mediante el uso de colorantes se corroboró la procedencia de conexión clandestina. Asimismo, se comprobó que el derrame de una torre de enfriamiento se vierte en unas rejillas que desembocaban en otra conexión ilegal a la red pluvial, informaron las fuentes.
Ante la evidencia colectada, la fiscal logró la clausura de la planta en virtud de la competencia de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, por violación del art. 54 del Código Contravencional. La medida adoptada propende a que cese el delito que afecta al medioambiente y contamina el Riachuelo.
Según se informó en el comunicado de prensa adjunto en esta nota, la clausura hasta el momento es preventiva; ahora la fiscal deberá inspeccionar la planta y, de ser necesario, solicitará una clausura prolongada.
La empresa Coca Cola difundió un comunicado de prensa en el que calificó como “inexacta” la información difundida por la Fiscalía y aclaró:
- Coca-Cola FEMSA no utiliza ni ha utilizado “rodamina” en ninguno de sus procesos industriales.
- En el día de ayer, inspectores de APRA (Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) utilizaron ese líquido colorante (Rodamina) para hacer una inspección. Se señala en el acta correspondiente que los funcionarios actuantes arrojaron el colorante por un caño para verificar el recorrido del efluente y su salida al desagüe pluvial mediante una unidad de inspección televisiva. La rodamina no forma parte de ningún proceso de producción o similar de Coca-Cola FEMSA.
- La planta de la avenida Amancio Alcorta cuenta con un sistema de monitoreo de efluentes en línea las 24 horas del día, único en el país, que permite a las autoridades conocer la calidad de los vuelcos que se realizan luego del proceso industrial.
- Coca-Cola FEMSA está como siempre a disposición de las autoridades para corroborar la seguridad ambiental de todas sus operaciones.
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Fecha de Publicación: 14/06/2012
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
La Justicia ordenó el cierre preventivo de la planta embotelladora FEMSA, de Pompeya. La medida se dispuso luego de confirmar que se desechó un producto químico al Riachuelo. La empresa rechazó en un comunicado la versión difundida por el Ministerio Público
La Fiscal de Cámara Verónica Guagnino requirió y logró la clausura preventiva de la Planta FEMSA S.A., empresa líder embotelladora de productos Coca Cola, ubicada en el barrio de Pompeya, en Amancio Alcorta 3570, luego de probar que la firma está desechando un elemento tóxico que contamina el Riachuelo.
Fuentes judiciales confirmaron a Infobae.com que se trata de “rodamina”, elemento tóxico a través de una “conexión clandestina” a la red pluvial que vuelca a la cuenca Matanza-Riachuelo.
En un operativo de rutina de la Dirección Gral. de Control Ambiental y la Policía Metropolitana se identificó el 11 de junio, por medio de un robot subterráneo en Cachí y Rio IV, una conexión clandestina.
Este miércoles se ingresó a la planta y mediante el uso de colorantes se corroboró la procedencia de conexión clandestina. Asimismo, se comprobó que el derrame de una torre de enfriamiento se vierte en unas rejillas que desembocaban en otra conexión ilegal a la red pluvial, informaron las fuentes.
Ante la evidencia colectada, la fiscal logró la clausura de la planta en virtud de la competencia de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, por violación del art. 54 del Código Contravencional. La medida adoptada propende a que cese el delito que afecta al medioambiente y contamina el Riachuelo.
Según se informó en el comunicado de prensa adjunto en esta nota, la clausura hasta el momento es preventiva; ahora la fiscal deberá inspeccionar la planta y, de ser necesario, solicitará una clausura prolongada.
La empresa Coca Cola difundió un comunicado de prensa en el que calificó como “inexacta” la información difundida por la Fiscalía y aclaró:
- Coca-Cola FEMSA no utiliza ni ha utilizado “rodamina” en ninguno de sus procesos industriales.
- En el día de ayer, inspectores de APRA (Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) utilizaron ese líquido colorante (Rodamina) para hacer una inspección. Se señala en el acta correspondiente que los funcionarios actuantes arrojaron el colorante por un caño para verificar el recorrido del efluente y su salida al desagüe pluvial mediante una unidad de inspección televisiva. La rodamina no forma parte de ningún proceso de producción o similar de Coca-Cola FEMSA.
- La planta de la avenida Amancio Alcorta cuenta con un sistema de monitoreo de efluentes en línea las 24 horas del día, único en el país, que permite a las autoridades conocer la calidad de los vuelcos que se realizan luego del proceso industrial.
- Coca-Cola FEMSA está como siempre a disposición de las autoridades para corroborar la seguridad ambiental de todas sus operaciones.
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La política argentina ante Río+20
“Quieren trasladar su crisis a nuestros países”
Fecha de Publicación: 14/06/2012
Fuente: Página/12 - Edición del 10/06/2012
Provincia/Región: Nacional
Río de Janeiro será el escenario de la disputa entre países centrales y en desarrollo sobre conceptos ambiguos como “economía verde”.
La cumbre ambiental Río+20, que en unos días concentrará en la capital carioca a presidentes y funcionarios de casi doscientos países, será escenario de una nueva disputa entre las naciones centrales y el grupo de países emergentes o en vías de de-sarrollo, nucleados en el G-77 más China. Uno de los ejes de la controversia es el concepto de “economías verdes” que, para el gobierno argentino y sus socios de América latina, es una suerte de trampa tendida por las potencias y sus aliados para poner freno a las exportaciones cuando no cumplen con ciertos parámetros “verdes”. El otro foco de conflicto es la posible creación de una agencia internacional, que tendría el poder de policía para hacer cumplir con indicadores y premisas, inspecciones que los países interpretan como la antesala a restricciones comerciales.
A diez días de la firma del documento, todavía no hay consenso. Los diplomáticos trabajan contra reloj: hace una semana las delegaciones estuvieron reunidas en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, y esta semana volverán a encontrarse en Río de Janeiro. El documento que redactaron dos funcionarios de la ONU designados por Ban Ki-moon tiene ochenta páginas y muchos de sus párrafos son cuestionados por los representantes de los países en desarrollo. Estos diplomáticos están ante una doble presión: no ceder en la defensa de sus intereses estratégicos y, a la vez, no hacer fracasar la cumbre, que pretende avanzar sobre los logros obtenidos hace 20 años en otra cumbre, en esa misma ciudad. El desafío se multiplica para el gobierno de Brasil, también crítico del documento, por su condición de anfitrión.
“En esta negociación, la Argentina ha encontrado aliados importantes, como la India y Egipto, que se sumaron a los socios del Mercosur”, dijo la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Silvia Révora, una de las negociadoras argentinas, en una entrevista con Página/12.
–A días de la cumbre, ¿qué consensos y qué diferencias hay entre los países?
–El documento para Río+20 se viene trabajando desde hace muchos meses y, como no se ha avanzado en el consenso entre los países centrales y los del G-77 más China, en estos días se estuvo viendo si se cerraba un acuerdo. El G-77 más China, que son 132 países sobre un total de 193, que tiene a la mayoría de la población mundial e incluye a países emergentes como China, India y Brasil, ha estado trabajando muchos meses en este documento. Hasta ahora, no hay consenso. Evidentemente, el documento que va a salir no será un documento que refleje nuestra posición y si no nos refleja, cada país hará sus reservas.
–¿Cuáles son los grandes ejes de la divergencia?
–La gran divergencia es que los países centrales están planteando el concepto de “economía verde” como el nuevo paradigma ambiental para salvar el planeta. Nosotros planteamos que no hay una definición de economía verde, por lo tanto, no podemos apoyar algo que se desconoce. No estamos de acuerdo en sustituir el concepto de desarrollo sustentable, que es mucho más ambicioso y que implica un cambio en el modelo de producción y consumo que nos ha provocado esta crisis ambiental. Como G-77 planteamos que ese cambio lo deben liderar los países centrales, que son los que han impuesto ese modelo global de consumo y de producción insustentable, que se basa en una falacia: que los recursos naturales son infinitos. Producimos y consumimos como si fuéramos a tener una cantidad infinita de agua, de petróleo, de tierra.
–Los países centrales no aceptan eso.
–Ese es el problema central: los países centrales no asumen su responsabilidad primaria. Lo que plantean es que los costos de la crisis ambiental, por ser planetaria, los tenemos que asumir todos por igual. Países pobres, en desarrollo y ellos. Cuando son ellos los que han causado esta crisis ambiental.
–No admiten que la responsabilidad no es la misma para todos.
–En el plenario, plantearon borrar el principio de responsabilidades comunes y diferenciadas. No-sotros, como G-77 más China, tenemos premisas que no son negociables. Una es ésa, la otra es nuestra soberanía respecto del manejo de nuestros recursos naturales. No vamos a delegar el control ambiental a ninguna agencia globalizada que nos imponga lo que tenemos que hacer con nuestros recursos naturales ni parámetros de cumplimiento. Porque esto de la economía verde es una trampa.
–¿En qué consiste esa trampa?
–Ellos pretenden poner indicadores y parámetros para la producción de bienes y servicios y aquel que no los cumpla, no va a poder exportar.
Por supuesto que eso nadie lo dice. El planteo de ellos es un planteo naïf: vamos a salvar el planeta.
–¿Cuáles serían las consecuencias?
–Una gran parte de los países centrales está queriendo trasladar su crisis a los países en desarrollo utilizando el tema ambiental. Si exigen el cumplimiento de estos parámetros que quieren imponer con la economía verde, va a haber una transferencia enorme de recursos de los países en desarrollo a los desarrollados, porque los que tienen la tecnología son ellos, y nos van a obligar a comprar la tecnología y a endeudarnos. Nuestro planteo de desarrollo sustentable implica la erradicación de la pobreza nosotros, como países latinoamericanos, tenemos mucho que mostrar en Río: cómo hemos bajado los niveles de pobreza, al contrario de los países desarrollados, donde en este momento va creciendo la pobreza.
–Nuestros países han disminuido los niveles de pobreza, pero ¿se han desarrollado en forma sustentable?
–En este momento, no hay ningún país que pueda plantear que tiene un desarrollo sustentable, es nuestra utopía. Se plantea que otro tipo de desarrollo es posible. Porque el desarrollo sustentable implica que produzcamos en forma eficiente, con un uso muy racional de nuestros recursos, y consumamos en función de nuestras necesidades básicas, no permitiendo el derroche. Lo que vemos es que en nuestros países hay sectores de la población que tienen que aumentar su consumo pero también hay un sector importante que tiene que evitar despilfarrar recursos naturales a través de consumo insustentable. Por ejemplo, cuando se compran productos que tienen una vida útil muy corta o que requieren un uso intensivo de electricidad o de materias primas.
–Si el modelo económico argentino permitió aumentar el consumo, ¿podemos decir entonces que este modelo es sustentable?
–No, nadie dice eso. Lo que tenemos en la Argentina es una réplica del modelo impuesto en el planeta y que nosotros no lo vamos a poder cambiar si no lo cambian ellos, que son los que tienen el gran poder económico. Por eso, el G-77, cuando se habla de economía verde, le plantea a los países centrales que ellos lideren este cambio de modelo de producción y consumo. Nosotros no lo vamos a poder liderar porque no tenemos ni tecnología ni capacidad financiera. Sí tenemos que darle buen nivel de vida a un porcentaje importante de la población, que es una prioridad de este Gobierno.
–¿Qué balance hace de los veinte años transcurridos desde la cumbre de Río ’92?
–Para nosotros, ha habido más falencias que logros. Porque los principios rectores de Río ’92 no han sido cumplidos por los países desarrollados, la transferencia de tecnología y apoyo financiero a los países en desarrollo. Y ahora lo quieren eliminar. Ahora no hablan de transferencia de tecnología, no hablan de apoyo financiero y quieren eliminar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que es el leitmotiv de la convención y que planteamos que deben mantenerse.
–¿En qué consiste ese principio?
–En que los que produjeron el fenómeno del calentamiento global de la atmósfera son los países industrializados, desde la época de la industrialización a finales del siglo XVII hasta ahora. Ahora, los países emergentes comenzaron a emitir también gases de efecto invernadero. China e India ya se están pareciendo a los países desarrollados en sus emisiones, pero es un hecho reciente. Por eso la convención dice que las responsabilidades son comunes pero diferenciadas: el que causó el problema debe asumir el costo. Por eso Río ’92 fue un éxito para los países en vías de desarrollo, fue un reconocimiento de que había una crisis ambiental y que los países centrales debían asumir un compromiso porque eran los que la habían causado. Ahora, veinte años después, sin haber hecho los aportes que tendrían que haber hecho, boicoteando la convención, quieren trasladar su crisis a nuestras espaldas.
–¿Qué otros planteos llevan los países de América latina?
–Por ejemplo, cuando se habla de empleo verde, nosotros lo sustituimos por empleo decente. Porque nosotros acá tenemos empleo verde, el reciclador urbano, el cartonero que separa es empleo verde, pero no es decente. Tenemos que transformarlo en empleo formal y decente.
–¿Qué frutos puede dar este consenso que hay en América latina?
–A mí me interesa la alianza que tenemos los países latinoamericanos, y también con la India y Egipto, con los que lideramos esta posición: estamos de acuerdo con el desarrollo sustentable, queremos definir los temas en forma soberana, y no tenemos que aceptar que nos impongan las prioridades de la globalización, que no están pensadas en función de nuestras necesidades. Vamos a difundir la declaración de Buenos Aires para que la gran prensa conozca nuestra posición. La gran prensa, que está globalizada y manejada por los países centrales, no conoce nuestra posición.
–Otro de los ejes de controversia es la creación de una agencia global de control ambiental.
–Los países centrales quieren crear una gran agencia en base al Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (Pnuma), porque para establecer parámetros e indicadores para la producción de bienes y servicios se necesita una agencia que controle. Quieren crear una agencia con poderes para fiscalizar el cumplimiento de la economía verde.
–¿Ustedes qué proponen en cambio?
–Queremos que haya mayor sinergia entre las agencias que existen actualmente y que sea la Asamblea General y el Consejo de De-sarrollo Sustentable de Naciones Unidas un ámbito de definición y debate político. No le damos mandato al secretario general para que arme esto. Queremos el fortalecimeinto del Pnuma aumentando su membresía a todos los países. En este momento tiene solo 46 países, entre ellos la Argentina.
–¿Hay coincidencia con las ONG argentinas que van a participar de la cumbre?
–Las ONG han estado muy activas, sobre todo las que trabajan en salud y educación. Las ambientalistas son las más débiles en esto, porque siguen los lineamientos de los países centrales, porque allí tienen su base de financiamiento, y están bastante condicionadas por eso.
–¿Cuál va a ser la posición argentina respecto de las industrias extractivas, como la minería?
–En la cumbre no se debate qué actividades son sustentables y cuáles no. Todas las actividades generan impacto, la idea es que lo minimicen. Hay una impronta de ir logrando nuestro propio camino, nuestro propio desarrollo sustentable.
–Entonces no van a hablar de minería.
–Sobre la minería, le voy a decir lo que pienso. Lo que nos proponemos desde esta secretaría es fortalecer el rol del Estado en la evaluación del impacto de esta actividad. Los impactos de la minería a cielo abierto, de una hidroeléctrica, son significativos. Hay una serie de actividades que se requieren para el de-sarrollo del país, pero su localización y la tecnología que usan debe ser evaluada por el Estado para aprobarlas o no. Estamos haciendo un proyecto de ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental para que el Estado nacional y los provinciales podamos conjuntamente evaluar, fiscalizar y controlar estos grandes emprendimientos. Hay que aceptarlos sólo si los beneficios son mayores que los costos.
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Fecha de Publicación: 14/06/2012
Fuente: Página/12 - Edición del 10/06/2012
Provincia/Región: Nacional
Río de Janeiro será el escenario de la disputa entre países centrales y en desarrollo sobre conceptos ambiguos como “economía verde”.
La cumbre ambiental Río+20, que en unos días concentrará en la capital carioca a presidentes y funcionarios de casi doscientos países, será escenario de una nueva disputa entre las naciones centrales y el grupo de países emergentes o en vías de de-sarrollo, nucleados en el G-77 más China. Uno de los ejes de la controversia es el concepto de “economías verdes” que, para el gobierno argentino y sus socios de América latina, es una suerte de trampa tendida por las potencias y sus aliados para poner freno a las exportaciones cuando no cumplen con ciertos parámetros “verdes”. El otro foco de conflicto es la posible creación de una agencia internacional, que tendría el poder de policía para hacer cumplir con indicadores y premisas, inspecciones que los países interpretan como la antesala a restricciones comerciales.
A diez días de la firma del documento, todavía no hay consenso. Los diplomáticos trabajan contra reloj: hace una semana las delegaciones estuvieron reunidas en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, y esta semana volverán a encontrarse en Río de Janeiro. El documento que redactaron dos funcionarios de la ONU designados por Ban Ki-moon tiene ochenta páginas y muchos de sus párrafos son cuestionados por los representantes de los países en desarrollo. Estos diplomáticos están ante una doble presión: no ceder en la defensa de sus intereses estratégicos y, a la vez, no hacer fracasar la cumbre, que pretende avanzar sobre los logros obtenidos hace 20 años en otra cumbre, en esa misma ciudad. El desafío se multiplica para el gobierno de Brasil, también crítico del documento, por su condición de anfitrión.
“En esta negociación, la Argentina ha encontrado aliados importantes, como la India y Egipto, que se sumaron a los socios del Mercosur”, dijo la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Silvia Révora, una de las negociadoras argentinas, en una entrevista con Página/12.
–A días de la cumbre, ¿qué consensos y qué diferencias hay entre los países?
–El documento para Río+20 se viene trabajando desde hace muchos meses y, como no se ha avanzado en el consenso entre los países centrales y los del G-77 más China, en estos días se estuvo viendo si se cerraba un acuerdo. El G-77 más China, que son 132 países sobre un total de 193, que tiene a la mayoría de la población mundial e incluye a países emergentes como China, India y Brasil, ha estado trabajando muchos meses en este documento. Hasta ahora, no hay consenso. Evidentemente, el documento que va a salir no será un documento que refleje nuestra posición y si no nos refleja, cada país hará sus reservas.
–¿Cuáles son los grandes ejes de la divergencia?
–La gran divergencia es que los países centrales están planteando el concepto de “economía verde” como el nuevo paradigma ambiental para salvar el planeta. Nosotros planteamos que no hay una definición de economía verde, por lo tanto, no podemos apoyar algo que se desconoce. No estamos de acuerdo en sustituir el concepto de desarrollo sustentable, que es mucho más ambicioso y que implica un cambio en el modelo de producción y consumo que nos ha provocado esta crisis ambiental. Como G-77 planteamos que ese cambio lo deben liderar los países centrales, que son los que han impuesto ese modelo global de consumo y de producción insustentable, que se basa en una falacia: que los recursos naturales son infinitos. Producimos y consumimos como si fuéramos a tener una cantidad infinita de agua, de petróleo, de tierra.
–Los países centrales no aceptan eso.
–Ese es el problema central: los países centrales no asumen su responsabilidad primaria. Lo que plantean es que los costos de la crisis ambiental, por ser planetaria, los tenemos que asumir todos por igual. Países pobres, en desarrollo y ellos. Cuando son ellos los que han causado esta crisis ambiental.
–No admiten que la responsabilidad no es la misma para todos.
–En el plenario, plantearon borrar el principio de responsabilidades comunes y diferenciadas. No-sotros, como G-77 más China, tenemos premisas que no son negociables. Una es ésa, la otra es nuestra soberanía respecto del manejo de nuestros recursos naturales. No vamos a delegar el control ambiental a ninguna agencia globalizada que nos imponga lo que tenemos que hacer con nuestros recursos naturales ni parámetros de cumplimiento. Porque esto de la economía verde es una trampa.
–¿En qué consiste esa trampa?
–Ellos pretenden poner indicadores y parámetros para la producción de bienes y servicios y aquel que no los cumpla, no va a poder exportar.
Por supuesto que eso nadie lo dice. El planteo de ellos es un planteo naïf: vamos a salvar el planeta.
–¿Cuáles serían las consecuencias?
–Una gran parte de los países centrales está queriendo trasladar su crisis a los países en desarrollo utilizando el tema ambiental. Si exigen el cumplimiento de estos parámetros que quieren imponer con la economía verde, va a haber una transferencia enorme de recursos de los países en desarrollo a los desarrollados, porque los que tienen la tecnología son ellos, y nos van a obligar a comprar la tecnología y a endeudarnos. Nuestro planteo de desarrollo sustentable implica la erradicación de la pobreza nosotros, como países latinoamericanos, tenemos mucho que mostrar en Río: cómo hemos bajado los niveles de pobreza, al contrario de los países desarrollados, donde en este momento va creciendo la pobreza.
–Nuestros países han disminuido los niveles de pobreza, pero ¿se han desarrollado en forma sustentable?
–En este momento, no hay ningún país que pueda plantear que tiene un desarrollo sustentable, es nuestra utopía. Se plantea que otro tipo de desarrollo es posible. Porque el desarrollo sustentable implica que produzcamos en forma eficiente, con un uso muy racional de nuestros recursos, y consumamos en función de nuestras necesidades básicas, no permitiendo el derroche. Lo que vemos es que en nuestros países hay sectores de la población que tienen que aumentar su consumo pero también hay un sector importante que tiene que evitar despilfarrar recursos naturales a través de consumo insustentable. Por ejemplo, cuando se compran productos que tienen una vida útil muy corta o que requieren un uso intensivo de electricidad o de materias primas.
–Si el modelo económico argentino permitió aumentar el consumo, ¿podemos decir entonces que este modelo es sustentable?
–No, nadie dice eso. Lo que tenemos en la Argentina es una réplica del modelo impuesto en el planeta y que nosotros no lo vamos a poder cambiar si no lo cambian ellos, que son los que tienen el gran poder económico. Por eso, el G-77, cuando se habla de economía verde, le plantea a los países centrales que ellos lideren este cambio de modelo de producción y consumo. Nosotros no lo vamos a poder liderar porque no tenemos ni tecnología ni capacidad financiera. Sí tenemos que darle buen nivel de vida a un porcentaje importante de la población, que es una prioridad de este Gobierno.
–¿Qué balance hace de los veinte años transcurridos desde la cumbre de Río ’92?
–Para nosotros, ha habido más falencias que logros. Porque los principios rectores de Río ’92 no han sido cumplidos por los países desarrollados, la transferencia de tecnología y apoyo financiero a los países en desarrollo. Y ahora lo quieren eliminar. Ahora no hablan de transferencia de tecnología, no hablan de apoyo financiero y quieren eliminar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que es el leitmotiv de la convención y que planteamos que deben mantenerse.
–¿En qué consiste ese principio?
–En que los que produjeron el fenómeno del calentamiento global de la atmósfera son los países industrializados, desde la época de la industrialización a finales del siglo XVII hasta ahora. Ahora, los países emergentes comenzaron a emitir también gases de efecto invernadero. China e India ya se están pareciendo a los países desarrollados en sus emisiones, pero es un hecho reciente. Por eso la convención dice que las responsabilidades son comunes pero diferenciadas: el que causó el problema debe asumir el costo. Por eso Río ’92 fue un éxito para los países en vías de desarrollo, fue un reconocimiento de que había una crisis ambiental y que los países centrales debían asumir un compromiso porque eran los que la habían causado. Ahora, veinte años después, sin haber hecho los aportes que tendrían que haber hecho, boicoteando la convención, quieren trasladar su crisis a nuestras espaldas.
–¿Qué otros planteos llevan los países de América latina?
–Por ejemplo, cuando se habla de empleo verde, nosotros lo sustituimos por empleo decente. Porque nosotros acá tenemos empleo verde, el reciclador urbano, el cartonero que separa es empleo verde, pero no es decente. Tenemos que transformarlo en empleo formal y decente.
–¿Qué frutos puede dar este consenso que hay en América latina?
–A mí me interesa la alianza que tenemos los países latinoamericanos, y también con la India y Egipto, con los que lideramos esta posición: estamos de acuerdo con el desarrollo sustentable, queremos definir los temas en forma soberana, y no tenemos que aceptar que nos impongan las prioridades de la globalización, que no están pensadas en función de nuestras necesidades. Vamos a difundir la declaración de Buenos Aires para que la gran prensa conozca nuestra posición. La gran prensa, que está globalizada y manejada por los países centrales, no conoce nuestra posición.
–Otro de los ejes de controversia es la creación de una agencia global de control ambiental.
–Los países centrales quieren crear una gran agencia en base al Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (Pnuma), porque para establecer parámetros e indicadores para la producción de bienes y servicios se necesita una agencia que controle. Quieren crear una agencia con poderes para fiscalizar el cumplimiento de la economía verde.
–¿Ustedes qué proponen en cambio?
–Queremos que haya mayor sinergia entre las agencias que existen actualmente y que sea la Asamblea General y el Consejo de De-sarrollo Sustentable de Naciones Unidas un ámbito de definición y debate político. No le damos mandato al secretario general para que arme esto. Queremos el fortalecimeinto del Pnuma aumentando su membresía a todos los países. En este momento tiene solo 46 países, entre ellos la Argentina.
–¿Hay coincidencia con las ONG argentinas que van a participar de la cumbre?
–Las ONG han estado muy activas, sobre todo las que trabajan en salud y educación. Las ambientalistas son las más débiles en esto, porque siguen los lineamientos de los países centrales, porque allí tienen su base de financiamiento, y están bastante condicionadas por eso.
–¿Cuál va a ser la posición argentina respecto de las industrias extractivas, como la minería?
–En la cumbre no se debate qué actividades son sustentables y cuáles no. Todas las actividades generan impacto, la idea es que lo minimicen. Hay una impronta de ir logrando nuestro propio camino, nuestro propio desarrollo sustentable.
–Entonces no van a hablar de minería.
–Sobre la minería, le voy a decir lo que pienso. Lo que nos proponemos desde esta secretaría es fortalecer el rol del Estado en la evaluación del impacto de esta actividad. Los impactos de la minería a cielo abierto, de una hidroeléctrica, son significativos. Hay una serie de actividades que se requieren para el de-sarrollo del país, pero su localización y la tecnología que usan debe ser evaluada por el Estado para aprobarlas o no. Estamos haciendo un proyecto de ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental para que el Estado nacional y los provinciales podamos conjuntamente evaluar, fiscalizar y controlar estos grandes emprendimientos. Hay que aceptarlos sólo si los beneficios son mayores que los costos.
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Entrevista a al Fiscal Antonio Gustavo Gómez
"Hay impunidaden materia de contaminación"
Fecha de Publicación: 14/06/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El fiscal general de Tucumán explica por qué cree que detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto y revela datos estremecedores: la tasa de jóvenes muertos de cáncer supera la media mundial en Andalgalá, el pueblo catamarqueño que se alzó contra la contaminación minera
Qué margen tiene un fiscal hoy, en la Argentina, para investigar seriamente al poder? "Ninguno; absolutamente ninguno", fue la inquietante respuesta del fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, cuyo cargo es uno de los más importantes en la justicia federal del Norte.
"La impunidad en nuestro país solo puede ser vencida de dos maneras: con apoyo del propio Estado, como ocurrió con los delitos de lesa humanidad, a partir de que fue incluida en la agenda del kirchnerismo o cuando, detrás del magistrado, hay un apoyo militante de la sociedad que reivindica una causa como objetivo propio", relata a LA NACION este fiscal, que nació en Puerto Deseado hace 52 años, y que se ha ido transformando en una suerte de emblema para los ambientalistas de Andalgalá, aquellos que militan en contra del megaproyecto minero que explota la empresa Bajo La Alumbrera.
Ocurre que Gómez se especializa en derecho penal ambiental y, desde que llegó al Norte -donde, según dice, "hay delito ambiental para hacer dulce"- abrió más de 80 causas, entre ellas una contra un alto ejecutivo de la empresa que explota Bajo La Alumbrera, el megaproyecto minero que, hace menos de un mes, fue blanco de furiosas protestas.
Para pesadilla de muchos, desde que llegó a Tucumán, en 2001, puso en la mira de sus investigaciones a ingenios, citrícolas, papeleras, recolectoras de residuos, frigoríficos. Procesó, además, a autoridades públicas por su complicidad en la contaminación, ya que una de sus máximas jurídicas sostiene que "detrás de cada delito ambiental, no hay desidia, ni distracción sino un funcionario corrupto".
Pero a Gómez no parece bastarle con investigar a quienes dañan al ecosistema. Hace tiempo que viene poniendo el ojo, también, en delitos económicos complejos, como el contrabando y la evasión tributaria en materia sojera, desde que el Norte se convirtió en tierra fértil para el "yuyo maldito". Lo explica: "Hay grandes multinacionales que bajan a Tucumán, con maletines llenos de dinero -los tienen escaneados, según cuenta- para comprarles a productores que, en su gran mayoría, trabaja en negro. Y como el exportador necesita una factura, es allí cuando aparecen empresas falsas, vendiendo facturas truchas. Desmontamos varias de estas redes", relata.
La corrupción dentro de la propia administración de Justicia es otra de sus acciones fuertes. Y da un ejemplo impresionante: "Hemos tenido el caso de un juez del tribunal oral federal de Salta que fue sorprendido en conversaciones telefónicas con los narcos, que negociaban su libertad a cambio de dinero".
En el marco de una gira por Europa y Estados Unidos, que empezó la semana pasada y durará un mes, dará una serie de conferencias relacionadas con su expertise. En los próximos días, por ejemplo, hablará ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos, donde expondrá un caso de contaminación ocurrido en Abrapampa, Jujuy, donde el 82 por ciento de los chicos recibieron contaminación con plomo que deriva en graves discapacidades mentales. Habían instalado, en el medio de la ciudad, un campo de residuos de plomo. La empresa había abandonado el lugar, después de quebrar, y nadie más se había ocupado del asunto.
"Voy a utilizar el caso como prueba de la impunidad que existe en materia de contaminación en la Argentina", avisa.
-Le han hecho fama de fiscal antimegaminería, ¿compra ese rol?
-No me considero antimegaminería. No estoy en contra de la minería ni mucho menos. Estoy en contra de los delitos que se cometen en nombre de la minería, que es muy distinto, y en contra, también, de la explotación minera irracional y sin controles estatales.
Es cierto que soy un fiscal federal que trata de hacer su trabajo en materia de delitos ambientales -agrotóxicos, vinaza, residuos radiactivos- y probablemente me destaco porque, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. No hay fiscales federales preocupados en capacitarse y avanzar en materia de delitos ambientales. Mi interés por la justicia ambiental empezó cuando me nombraron fiscal federal en Chubut. Entonces, abrí una causa penal que alcanzó mucha difusión, la de un empetrolamiento de 17.000 pingüinos, en 1991. El reclamo internacional por el daño ambiental y la ineficacia de las normas administrativas para tratar el tema me convencieron, finalmente, de que la única herramienta es el derecho penal ambiental.
-¿Qué presiones se enfrentan cuando se investigan delitos ambientales?
-Detrás de cada delito ambiental no hay ni distracción ni desidia, sino un funcionario corrupto, por lo que en Tucumán hubo algunas condenas a intendentes y a empresarios cómplices por ese delito. Perseguimos al contaminador, pero también al funcionario que le ha permitido contaminar. Hemos iniciado causas de oficio y alentamos a la gente para que participe y haga denuncias (la página para hacerlo es www.fiscaliagratucuman.gov.ar )
La realidad es que, cuando investigamos un delito ambiental, la mayor presión que recibimos es del propio Estado. Y no sólo no reclama indemnizaciones -porque, sin duda, los más afectados por la contaminación siempre son los más pobres, que se atienden en hospitales públicos-, sino que es cómplice. Y lo peor: combate a quienes investigan.
-Hace unos meses, sin embargo, el gobernador de Santiago del Estero se convirtió en querellante ante la contaminación que, al parecer, está afectando a las Termas de Río Hondo.
-Sí, Zamora se constituyó en querellante porque las termas están afectadas, entre otras cosas por el megaproyecto de Minera La Alumbrera, y puede afectar al turismo. En las termas hay metales pesados, algunos incluso radiactivos, que en las aguas generan enfermedades. No sucedió así, sin embargo, con el gobernador Alperovich (de Tucumán), que empezó con una demanda por contaminación, hasta que La Alumbrera construyó el hospital de Niños en la provincia. Sucede que el poder económico tiene la capacidad de comprar al poder político, y difícilmente ocurre al revés, por eso es mucho más difícil investigarlo y lograr condenas. El poder económico puede comprar con mucha facilidad al Poder Judicial, o puede presionar al poder político para designaciones en el poder judicial. En la juridiscción mía, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, los jueces de primera instancia son suplentes, desginados a dedo por el oficialismo. Eso hace que no tengamos una administración de Justicia realmente independiente.
-La protesta de los vecinos y asambleístas de Andalgalá se basa en que el megaproyecto minero afecta la salud de la gente; sin embargo, la empresa que explota el yacimiento, Xstrata Copper, argumentó que no usa cianuro en la producción de oro y, además, mostró estudios realizados por médicos prestigiosos como Daniel Stamboulián, titular de Funcei, cuya conclusión es que la minera no afecta el medioambiente. ¿Qué argumentos tiene usted para sostener lo contrario?
-En materia de minería, Andalgalá es una de las ciudades mas afectadas por la cercanía de un megaproyecto minero con las consiguientes consecuencias ambientales dañinas que ello conlleva. Y además, gracias a los avances tecnológicos, ya no están aislados: cuentan con información, tanto para darla como para recibirla.
Por otro lado, le digo que sí tiran cianuro y lo dice la misma empresa en un informe de impacto ambiental, presentado en junio de 2006, cuyo análisis fue realizado por el Instituto Nacional del Agua (Ina). Esto, creo ya, da por tierra esa discusión. Además, existen estudios que revelan datos inquietantes: que la tasa de jóvenes muertos de cáncer supera la media mundial en Andalgalá. El doctor Luis Alberto Flores, del hospital zonal, realizó, junto a un grupo de especialistas, un trabajo de investigación ante el aumento de casos de niños y niñas con cáncer, y la muerte de jóvenes por esta enfermedad. Desde la radicación de la minera la Alumbrera en Catamarca hace más de 15 años, curiosamente, aparecieron distintos tipos de cáncer que afectan a gran parte de las ciudades aledañas a la explotación de la mina. Cada año, se registran cinco casos de cáncer óseo en niños en Andalgalá.
El procesamiento por contaminación contra La Alumbrera dictado por la Cámara Federal de Tucumán, en 2008, en un fallo muy valiente, puso en crisis todo el sistema de minería a cielo abierto y se realizó en base a una comunidad que presionó a los jueces por los daños físicos provocados por la contaminación (muerte de animales, plomo en sangre de los chicos, etcétera), además de la falta de agua en los valles donde se cultiva, a raíz del uso indiscriminado del agua. Luego, la Cámara de Casación Penal dictó un fallo de falta de mérito -dos votos contra uno-, declarando nulo el procedimiento. Esta causa penal lleva ya 12 años, y el 28 de marzo la presentaré ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponerla como un claro caso de vulneración del Pacto de San José de Costa Rica.
-Por lo visto, los escollos son muchos en materia de delito ambiental, ¿pudo lograr condenas concretas?
-Claro que es posible condenarlos. Por ejemplo, a los propietarios de un sanatorio, a tres años de prisión en suspenso, por la contaminación de un basural con residuos patogénicos. Y a un intendente, cómplice de una situación de contaminación a un año de prisión. Es posible condenarlos.
-Más allá del tema ambiental, ¿qué posibilidad tiene en la Argentina un fiscal para investigar seriamente al poder?
-Ninguna. Absolutamente ninguna si es como emergente de un juramento y mandato legal. La impunidad en Argentina sólo puede ser vencida por los fiscales de dos maneras: o con apoyo del propio Estado como ocurrió con los delitos de lesa humanidad a partir de que fue incluida en la agenda política por el doctor Néstor Kirchner o cuando tiene detrás del magistrado un apoyo militante de la sociedad que lo reinvidica como objetivo propio.
-Que el poder económico compra al poder político es un buen título, pero ¿qué evidencias puede ofrecer para apoyar esa conclusión?
-Lo he advertido cada vez que me ha tocado investigar algún caso de corrupción en obra pública. Por ejemplo, y por dar sólo uno pero hay otros), el caso "Lomas de Tafí", el del Plan Argentina Trabaja, o en los mismos delitos ambientales causados en nombre de la minería. Y en este sentido siempre digo que en el mundo la manera más efectiva de ganar dinero rápido y fácil es contaminando. A más contaminación más dinero. A más dinero, mayor corrupción; a mayor corrupción más impunidad y a más impunidad más dinero. Y así en una espiral ascendente del cual las empresas multinacionales y las ecomafias italianas han tomado debida cuenta.
-La afirmación sugiere un alto grado de corrupción en la administración de la Justicia.
-El problema de la corrupción en la administración de la Justicia es muy fuerte. Un juez del tribunal oral federal de Salta fue sorprendido en conversaciones telefónicas, grabadas por el Ministerio público, negociando con narcos su libertad. El juzgado federal de Catamarca hace diez años que está vacante, no se designa. Hay un juez suplente, que tiene una vinculación de parentezco con Alicia Kirchner.
Cuando vos estudiás la corrupción, te das cuenta de que el funcionario corrupto arma un entorno, que compromete a varios para que, en el caso de ser descubierto, varios caigan con él. De ese modo, también garantiza el silencio de sus cómplices. El hombre conserva mucha información y documentación. Tenemos el 20 por ciento de los jueces y fiscales designados a dedo, sin acuerdo del Senado de la Nación; no interviene el Senado.
-¿Qué relación hay entre contaminación y pobreza?
-Directa. Los terrenos contaminados, las márgenes de los ríos como el Riachuelo o el Salí en Tucumán están poblados de villas miserias porque son espacios físicos rechazados por las clases sociales más pudientes. Es además un detonante que agrava la pobreza porque genera un sinnúmero de enfermedades propias de la contaminación que los circunda y de la que no pueden defenderse.
Proclamo que los fiscales tenemos como "clientes" a las víctimas de los delitos. Y en materia ambiental, no hay una víctima más dolorosa, ni más sufriente que los pobres. Las áreas de contaminación ambiental no son ocupados por gente de clase media o alta sino por los más pauperizados. Además, no tienen acceso a la Justicia.
-Al principio de la entrevista hablábamos de las presiones para avanzar en las investigaciones, ¿usted las recibe?
-Sí, claro, pero no me gusta hablar de ello porque en materia de administración de justicia, donde se involucra el poder económico y político en un mismo platillo de la balanza, los magistrados son muy propensos a "atender teléfonos que nunca suenan". Esta censura casi inconsciente se basa en el miedo. Y hablar de presiones es dar pábulo a ese miedo.
Mano a mano
Hace un tiempo, en el jardín de su casa tucumana, en Yerba Buena, apareció muerto su perro. Bueno, lo de "apareció muerto" quizá no sea la expresión más exacta: el perro había sido envenenado, algo que, teniendo en cuenta las causas que este fiscal ha investigado, podría hacer pensar, y de hecho lo hizo, en un mensaje mafioso, en una advertencia.
El fiscal Gustavo Gómez vive rodeado de mujeres: su esposa, de origen mapuche; tres hijas, su suegra y dos perras. Hasta su custodia es femenina. Y vive entre causas penales, presiones y reclamos ambientalistas. Por momentos, me hace acordar al ex fiscal Manual Garrido, que finalmente, maniatado, tuvo que renunciar. Aunque, entre ambos, hay una diferencia importante: el fiscal tucumano parece más desprotegido.
Sus empleados lo adoran; sus "mujeres" viven para él; para las ONG ambientalistas es casi un héroe, igual que para los indios quilmes, que viven en las zonas contaminadas; el Nobel de la Paz, que viene promoviendo la creación de un Tribunal Internacional para delitos ambientales, lo distingue (Gómez es el encargado de explorar las vías jurídicas para desarrollar esa propuesta).
Sin embargo, pienso, este hombre no puede ser perfecto. Algún lado oscuro debe tener. Se lo pregunto. "Ah, sí, tengo un problema con el ego; debo luchar contra él", confiesa. "¿Con el ego, con la necesidad de buscar reconocimiento por lo que hace?" Admite que sí.
Bueno, ahí la cosa cierra más. Perfecto no es. Pero en mi opinión, nada opaca una virtud que, por estas pampas, resulta tan necesaria: la decisión de investigar, con o sin miedo. No es poco en la Argentina. Ni en ninguna parte del mundo.
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Fecha de Publicación: 14/06/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El fiscal general de Tucumán explica por qué cree que detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto y revela datos estremecedores: la tasa de jóvenes muertos de cáncer supera la media mundial en Andalgalá, el pueblo catamarqueño que se alzó contra la contaminación minera
Qué margen tiene un fiscal hoy, en la Argentina, para investigar seriamente al poder? "Ninguno; absolutamente ninguno", fue la inquietante respuesta del fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, cuyo cargo es uno de los más importantes en la justicia federal del Norte.
"La impunidad en nuestro país solo puede ser vencida de dos maneras: con apoyo del propio Estado, como ocurrió con los delitos de lesa humanidad, a partir de que fue incluida en la agenda del kirchnerismo o cuando, detrás del magistrado, hay un apoyo militante de la sociedad que reivindica una causa como objetivo propio", relata a LA NACION este fiscal, que nació en Puerto Deseado hace 52 años, y que se ha ido transformando en una suerte de emblema para los ambientalistas de Andalgalá, aquellos que militan en contra del megaproyecto minero que explota la empresa Bajo La Alumbrera.
Ocurre que Gómez se especializa en derecho penal ambiental y, desde que llegó al Norte -donde, según dice, "hay delito ambiental para hacer dulce"- abrió más de 80 causas, entre ellas una contra un alto ejecutivo de la empresa que explota Bajo La Alumbrera, el megaproyecto minero que, hace menos de un mes, fue blanco de furiosas protestas.
Para pesadilla de muchos, desde que llegó a Tucumán, en 2001, puso en la mira de sus investigaciones a ingenios, citrícolas, papeleras, recolectoras de residuos, frigoríficos. Procesó, además, a autoridades públicas por su complicidad en la contaminación, ya que una de sus máximas jurídicas sostiene que "detrás de cada delito ambiental, no hay desidia, ni distracción sino un funcionario corrupto".
Pero a Gómez no parece bastarle con investigar a quienes dañan al ecosistema. Hace tiempo que viene poniendo el ojo, también, en delitos económicos complejos, como el contrabando y la evasión tributaria en materia sojera, desde que el Norte se convirtió en tierra fértil para el "yuyo maldito". Lo explica: "Hay grandes multinacionales que bajan a Tucumán, con maletines llenos de dinero -los tienen escaneados, según cuenta- para comprarles a productores que, en su gran mayoría, trabaja en negro. Y como el exportador necesita una factura, es allí cuando aparecen empresas falsas, vendiendo facturas truchas. Desmontamos varias de estas redes", relata.
La corrupción dentro de la propia administración de Justicia es otra de sus acciones fuertes. Y da un ejemplo impresionante: "Hemos tenido el caso de un juez del tribunal oral federal de Salta que fue sorprendido en conversaciones telefónicas con los narcos, que negociaban su libertad a cambio de dinero".
En el marco de una gira por Europa y Estados Unidos, que empezó la semana pasada y durará un mes, dará una serie de conferencias relacionadas con su expertise. En los próximos días, por ejemplo, hablará ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos, donde expondrá un caso de contaminación ocurrido en Abrapampa, Jujuy, donde el 82 por ciento de los chicos recibieron contaminación con plomo que deriva en graves discapacidades mentales. Habían instalado, en el medio de la ciudad, un campo de residuos de plomo. La empresa había abandonado el lugar, después de quebrar, y nadie más se había ocupado del asunto.
"Voy a utilizar el caso como prueba de la impunidad que existe en materia de contaminación en la Argentina", avisa.
-Le han hecho fama de fiscal antimegaminería, ¿compra ese rol?
-No me considero antimegaminería. No estoy en contra de la minería ni mucho menos. Estoy en contra de los delitos que se cometen en nombre de la minería, que es muy distinto, y en contra, también, de la explotación minera irracional y sin controles estatales.
Es cierto que soy un fiscal federal que trata de hacer su trabajo en materia de delitos ambientales -agrotóxicos, vinaza, residuos radiactivos- y probablemente me destaco porque, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. No hay fiscales federales preocupados en capacitarse y avanzar en materia de delitos ambientales. Mi interés por la justicia ambiental empezó cuando me nombraron fiscal federal en Chubut. Entonces, abrí una causa penal que alcanzó mucha difusión, la de un empetrolamiento de 17.000 pingüinos, en 1991. El reclamo internacional por el daño ambiental y la ineficacia de las normas administrativas para tratar el tema me convencieron, finalmente, de que la única herramienta es el derecho penal ambiental.
-¿Qué presiones se enfrentan cuando se investigan delitos ambientales?
-Detrás de cada delito ambiental no hay ni distracción ni desidia, sino un funcionario corrupto, por lo que en Tucumán hubo algunas condenas a intendentes y a empresarios cómplices por ese delito. Perseguimos al contaminador, pero también al funcionario que le ha permitido contaminar. Hemos iniciado causas de oficio y alentamos a la gente para que participe y haga denuncias (la página para hacerlo es www.fiscaliagratucuman.gov.ar )
La realidad es que, cuando investigamos un delito ambiental, la mayor presión que recibimos es del propio Estado. Y no sólo no reclama indemnizaciones -porque, sin duda, los más afectados por la contaminación siempre son los más pobres, que se atienden en hospitales públicos-, sino que es cómplice. Y lo peor: combate a quienes investigan.
-Hace unos meses, sin embargo, el gobernador de Santiago del Estero se convirtió en querellante ante la contaminación que, al parecer, está afectando a las Termas de Río Hondo.
-Sí, Zamora se constituyó en querellante porque las termas están afectadas, entre otras cosas por el megaproyecto de Minera La Alumbrera, y puede afectar al turismo. En las termas hay metales pesados, algunos incluso radiactivos, que en las aguas generan enfermedades. No sucedió así, sin embargo, con el gobernador Alperovich (de Tucumán), que empezó con una demanda por contaminación, hasta que La Alumbrera construyó el hospital de Niños en la provincia. Sucede que el poder económico tiene la capacidad de comprar al poder político, y difícilmente ocurre al revés, por eso es mucho más difícil investigarlo y lograr condenas. El poder económico puede comprar con mucha facilidad al Poder Judicial, o puede presionar al poder político para designaciones en el poder judicial. En la juridiscción mía, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, los jueces de primera instancia son suplentes, desginados a dedo por el oficialismo. Eso hace que no tengamos una administración de Justicia realmente independiente.
-La protesta de los vecinos y asambleístas de Andalgalá se basa en que el megaproyecto minero afecta la salud de la gente; sin embargo, la empresa que explota el yacimiento, Xstrata Copper, argumentó que no usa cianuro en la producción de oro y, además, mostró estudios realizados por médicos prestigiosos como Daniel Stamboulián, titular de Funcei, cuya conclusión es que la minera no afecta el medioambiente. ¿Qué argumentos tiene usted para sostener lo contrario?
-En materia de minería, Andalgalá es una de las ciudades mas afectadas por la cercanía de un megaproyecto minero con las consiguientes consecuencias ambientales dañinas que ello conlleva. Y además, gracias a los avances tecnológicos, ya no están aislados: cuentan con información, tanto para darla como para recibirla.
Por otro lado, le digo que sí tiran cianuro y lo dice la misma empresa en un informe de impacto ambiental, presentado en junio de 2006, cuyo análisis fue realizado por el Instituto Nacional del Agua (Ina). Esto, creo ya, da por tierra esa discusión. Además, existen estudios que revelan datos inquietantes: que la tasa de jóvenes muertos de cáncer supera la media mundial en Andalgalá. El doctor Luis Alberto Flores, del hospital zonal, realizó, junto a un grupo de especialistas, un trabajo de investigación ante el aumento de casos de niños y niñas con cáncer, y la muerte de jóvenes por esta enfermedad. Desde la radicación de la minera la Alumbrera en Catamarca hace más de 15 años, curiosamente, aparecieron distintos tipos de cáncer que afectan a gran parte de las ciudades aledañas a la explotación de la mina. Cada año, se registran cinco casos de cáncer óseo en niños en Andalgalá.
El procesamiento por contaminación contra La Alumbrera dictado por la Cámara Federal de Tucumán, en 2008, en un fallo muy valiente, puso en crisis todo el sistema de minería a cielo abierto y se realizó en base a una comunidad que presionó a los jueces por los daños físicos provocados por la contaminación (muerte de animales, plomo en sangre de los chicos, etcétera), además de la falta de agua en los valles donde se cultiva, a raíz del uso indiscriminado del agua. Luego, la Cámara de Casación Penal dictó un fallo de falta de mérito -dos votos contra uno-, declarando nulo el procedimiento. Esta causa penal lleva ya 12 años, y el 28 de marzo la presentaré ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponerla como un claro caso de vulneración del Pacto de San José de Costa Rica.
-Por lo visto, los escollos son muchos en materia de delito ambiental, ¿pudo lograr condenas concretas?
-Claro que es posible condenarlos. Por ejemplo, a los propietarios de un sanatorio, a tres años de prisión en suspenso, por la contaminación de un basural con residuos patogénicos. Y a un intendente, cómplice de una situación de contaminación a un año de prisión. Es posible condenarlos.
-Más allá del tema ambiental, ¿qué posibilidad tiene en la Argentina un fiscal para investigar seriamente al poder?
-Ninguna. Absolutamente ninguna si es como emergente de un juramento y mandato legal. La impunidad en Argentina sólo puede ser vencida por los fiscales de dos maneras: o con apoyo del propio Estado como ocurrió con los delitos de lesa humanidad a partir de que fue incluida en la agenda política por el doctor Néstor Kirchner o cuando tiene detrás del magistrado un apoyo militante de la sociedad que lo reinvidica como objetivo propio.
-Que el poder económico compra al poder político es un buen título, pero ¿qué evidencias puede ofrecer para apoyar esa conclusión?
-Lo he advertido cada vez que me ha tocado investigar algún caso de corrupción en obra pública. Por ejemplo, y por dar sólo uno pero hay otros), el caso "Lomas de Tafí", el del Plan Argentina Trabaja, o en los mismos delitos ambientales causados en nombre de la minería. Y en este sentido siempre digo que en el mundo la manera más efectiva de ganar dinero rápido y fácil es contaminando. A más contaminación más dinero. A más dinero, mayor corrupción; a mayor corrupción más impunidad y a más impunidad más dinero. Y así en una espiral ascendente del cual las empresas multinacionales y las ecomafias italianas han tomado debida cuenta.
-La afirmación sugiere un alto grado de corrupción en la administración de la Justicia.
-El problema de la corrupción en la administración de la Justicia es muy fuerte. Un juez del tribunal oral federal de Salta fue sorprendido en conversaciones telefónicas, grabadas por el Ministerio público, negociando con narcos su libertad. El juzgado federal de Catamarca hace diez años que está vacante, no se designa. Hay un juez suplente, que tiene una vinculación de parentezco con Alicia Kirchner.
Cuando vos estudiás la corrupción, te das cuenta de que el funcionario corrupto arma un entorno, que compromete a varios para que, en el caso de ser descubierto, varios caigan con él. De ese modo, también garantiza el silencio de sus cómplices. El hombre conserva mucha información y documentación. Tenemos el 20 por ciento de los jueces y fiscales designados a dedo, sin acuerdo del Senado de la Nación; no interviene el Senado.
-¿Qué relación hay entre contaminación y pobreza?
-Directa. Los terrenos contaminados, las márgenes de los ríos como el Riachuelo o el Salí en Tucumán están poblados de villas miserias porque son espacios físicos rechazados por las clases sociales más pudientes. Es además un detonante que agrava la pobreza porque genera un sinnúmero de enfermedades propias de la contaminación que los circunda y de la que no pueden defenderse.
Proclamo que los fiscales tenemos como "clientes" a las víctimas de los delitos. Y en materia ambiental, no hay una víctima más dolorosa, ni más sufriente que los pobres. Las áreas de contaminación ambiental no son ocupados por gente de clase media o alta sino por los más pauperizados. Además, no tienen acceso a la Justicia.
-Al principio de la entrevista hablábamos de las presiones para avanzar en las investigaciones, ¿usted las recibe?
-Sí, claro, pero no me gusta hablar de ello porque en materia de administración de justicia, donde se involucra el poder económico y político en un mismo platillo de la balanza, los magistrados son muy propensos a "atender teléfonos que nunca suenan". Esta censura casi inconsciente se basa en el miedo. Y hablar de presiones es dar pábulo a ese miedo.
Mano a mano
Hace un tiempo, en el jardín de su casa tucumana, en Yerba Buena, apareció muerto su perro. Bueno, lo de "apareció muerto" quizá no sea la expresión más exacta: el perro había sido envenenado, algo que, teniendo en cuenta las causas que este fiscal ha investigado, podría hacer pensar, y de hecho lo hizo, en un mensaje mafioso, en una advertencia.
El fiscal Gustavo Gómez vive rodeado de mujeres: su esposa, de origen mapuche; tres hijas, su suegra y dos perras. Hasta su custodia es femenina. Y vive entre causas penales, presiones y reclamos ambientalistas. Por momentos, me hace acordar al ex fiscal Manual Garrido, que finalmente, maniatado, tuvo que renunciar. Aunque, entre ambos, hay una diferencia importante: el fiscal tucumano parece más desprotegido.
Sus empleados lo adoran; sus "mujeres" viven para él; para las ONG ambientalistas es casi un héroe, igual que para los indios quilmes, que viven en las zonas contaminadas; el Nobel de la Paz, que viene promoviendo la creación de un Tribunal Internacional para delitos ambientales, lo distingue (Gómez es el encargado de explorar las vías jurídicas para desarrollar esa propuesta).
Sin embargo, pienso, este hombre no puede ser perfecto. Algún lado oscuro debe tener. Se lo pregunto. "Ah, sí, tengo un problema con el ego; debo luchar contra él", confiesa. "¿Con el ego, con la necesidad de buscar reconocimiento por lo que hace?" Admite que sí.
Bueno, ahí la cosa cierra más. Perfecto no es. Pero en mi opinión, nada opaca una virtud que, por estas pampas, resulta tan necesaria: la decisión de investigar, con o sin miedo. No es poco en la Argentina. Ni en ninguna parte del mundo.
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