La Rioja marchó contra la megaminería
18:32 | 
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Asambleas ciudadanas de la Provincia se manifestaron contra la megaminería
Fecha de Publicación: 21/05/2012
Fuente: El Independiente
Provincia/Región: La Rioja
El aniversario de La Rioja fue el día elegido por las asambleas ciudadanas para movilizarse en rechazo de las políticas mineras del gobierno. Frente a la Legislatura dieron lectura a un crítico documento.
La convocatoria contó con una importante adhesión de ciudadanos que se concentró a las 8,30, en Ortiz de Ocampo y Carlos Menem (ex avenida Laprida), donde se esperó el arribo de "Los caminantes de la Vida" del Corte de Alto Carrizal, que salieron el jueves último recorriendo 240 kilómetros a pie. En ese punto de confluencia se unieron al resto de las asambleas antimineras de Campanas, Chañarmuyo, Chilecito, Vichigasta, Patquía, Castro Barros, Los Sauces, Villa Unión, Sanagasta y Capital para marchar juntos hasta la plaza 9 de Julio.
De la manifestación participaron el intendente de Famatina, Ismael Bodagaray; el cura párroco de Famatina, Omar Quinteros, los diputados nacionales por la UCR, Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria; integrantes de otros partido políticos como Izquierda Unida, Partido Comunista, Socialista y Partido Intransigente. Asimismo, se sumaron los sindicatos nucleados por la CTA de los Trabajadores que lidera Regelio De Leonardi, entre otros gremios y expresiones.
Marcharon por Ortiz de Ocampo, hasta el Tribunal Electoral de la Provincia, donde hicieron un repudio por la declaración de inconstitucionalidad de la ley 5.989 que rige el proceso de revocatoria popular. Desde ahí, continuaron hasta Dalmacio Vélez, y en sentido contrario avanzaron hasta Legislatura donde hicieron un acto pacífico y dieron lectura a un documento con las reclamos de todas las asambleas.
Fue leído por los integrantes de la asamblea de Capital, Roque Silva y Andrés Cejas. Se denunció que "hoy 20 de mayo (por ayer) se cumplen 421 años, de la fundación de La Rioja al pie del Velasco por error. Ramírez de Velasco creyó estar al pie del Famatina, al pie del oro, parado en su codicia. Por eso, éste es un día de pesar y reflexión, ya que nos pone en la inevitable tarea de pensar en el genocidio de nuestros pueblos originarios, de su cultura y del magro registro que ha quedado de ellos en la memoria colectiva de este pueblo. Pero además, estamos frente a una "nueva instancia colonialista", que aún persiste, como antaño la codicia por el oro; a la que se suman el resto de los metales y minerales como el uranio y que incluye la devastación de los territorios, del agua, el ambiente; y con ellos la amenaza sobre la vida de nuestros pueblos".
Se pidió a los gobernantes paren con el plan de desarrollo minero y ratificaron que estas movilizaciones "son la expresión de un pueblo que ha decidido no dar licencia social al proyecto extractivo, contaminante y saqueador, en pleno ejercicio de sus derechos". Remarcaron que no están dispuestos "a acatar decisiones que jamás nos han consultado".
Según manifestaron "la megaminería en La Rioja compromete casi el 70 por ciento del territorio, según el Plan Estratégico Territorial (PET). Aunque hoy el Gobierno nacional aparente replantear su política frente a la soberanía sobre los recursos naturales, es necesario recordar que los 40 convenios firmados en estos años: Osisko, Shandong Gold, Minas Argentinas en la cordillera y las decenas de emprendimientos de uranio que tenemos en la provincia de La Rioja, se firmaron bajo el paquete legal que diseñaron Menem y Cavallo".
Asimismo, repudiaron la represión a los pueblos de Tinogasta, Andalgalá, Belén, y la persecución de los luchadores de todos los pueblos sometidos a los emprendimientos extractivos.
Tras la lectura del documento, finalizó el acto de la plaza 9 de Julio. Los manifestantes encabezados por el intendente Bordagaray y asambleístas de Famatina, se trasladaron hasta la plaza 25 de Mayo para sumarse al acto organizado por intendente Ricardo Quintela, pero no todos las personas que estuvieron en la plaza 9 de Julio acompañaron esa decisión y optaron por retirarse.
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Fecha de Publicación: 21/05/2012
Fuente: El Independiente
Provincia/Región: La Rioja
El aniversario de La Rioja fue el día elegido por las asambleas ciudadanas para movilizarse en rechazo de las políticas mineras del gobierno. Frente a la Legislatura dieron lectura a un crítico documento.La convocatoria contó con una importante adhesión de ciudadanos que se concentró a las 8,30, en Ortiz de Ocampo y Carlos Menem (ex avenida Laprida), donde se esperó el arribo de "Los caminantes de la Vida" del Corte de Alto Carrizal, que salieron el jueves último recorriendo 240 kilómetros a pie. En ese punto de confluencia se unieron al resto de las asambleas antimineras de Campanas, Chañarmuyo, Chilecito, Vichigasta, Patquía, Castro Barros, Los Sauces, Villa Unión, Sanagasta y Capital para marchar juntos hasta la plaza 9 de Julio.
De la manifestación participaron el intendente de Famatina, Ismael Bodagaray; el cura párroco de Famatina, Omar Quinteros, los diputados nacionales por la UCR, Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria; integrantes de otros partido políticos como Izquierda Unida, Partido Comunista, Socialista y Partido Intransigente. Asimismo, se sumaron los sindicatos nucleados por la CTA de los Trabajadores que lidera Regelio De Leonardi, entre otros gremios y expresiones.
Marcharon por Ortiz de Ocampo, hasta el Tribunal Electoral de la Provincia, donde hicieron un repudio por la declaración de inconstitucionalidad de la ley 5.989 que rige el proceso de revocatoria popular. Desde ahí, continuaron hasta Dalmacio Vélez, y en sentido contrario avanzaron hasta Legislatura donde hicieron un acto pacífico y dieron lectura a un documento con las reclamos de todas las asambleas.
Fue leído por los integrantes de la asamblea de Capital, Roque Silva y Andrés Cejas. Se denunció que "hoy 20 de mayo (por ayer) se cumplen 421 años, de la fundación de La Rioja al pie del Velasco por error. Ramírez de Velasco creyó estar al pie del Famatina, al pie del oro, parado en su codicia. Por eso, éste es un día de pesar y reflexión, ya que nos pone en la inevitable tarea de pensar en el genocidio de nuestros pueblos originarios, de su cultura y del magro registro que ha quedado de ellos en la memoria colectiva de este pueblo. Pero además, estamos frente a una "nueva instancia colonialista", que aún persiste, como antaño la codicia por el oro; a la que se suman el resto de los metales y minerales como el uranio y que incluye la devastación de los territorios, del agua, el ambiente; y con ellos la amenaza sobre la vida de nuestros pueblos".
Se pidió a los gobernantes paren con el plan de desarrollo minero y ratificaron que estas movilizaciones "son la expresión de un pueblo que ha decidido no dar licencia social al proyecto extractivo, contaminante y saqueador, en pleno ejercicio de sus derechos". Remarcaron que no están dispuestos "a acatar decisiones que jamás nos han consultado".
Según manifestaron "la megaminería en La Rioja compromete casi el 70 por ciento del territorio, según el Plan Estratégico Territorial (PET). Aunque hoy el Gobierno nacional aparente replantear su política frente a la soberanía sobre los recursos naturales, es necesario recordar que los 40 convenios firmados en estos años: Osisko, Shandong Gold, Minas Argentinas en la cordillera y las decenas de emprendimientos de uranio que tenemos en la provincia de La Rioja, se firmaron bajo el paquete legal que diseñaron Menem y Cavallo".
Asimismo, repudiaron la represión a los pueblos de Tinogasta, Andalgalá, Belén, y la persecución de los luchadores de todos los pueblos sometidos a los emprendimientos extractivos.
Tras la lectura del documento, finalizó el acto de la plaza 9 de Julio. Los manifestantes encabezados por el intendente Bordagaray y asambleístas de Famatina, se trasladaron hasta la plaza 25 de Mayo para sumarse al acto organizado por intendente Ricardo Quintela, pero no todos las personas que estuvieron en la plaza 9 de Julio acompañaron esa decisión y optaron por retirarse.
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Argentina no quiere "economía verde"
Argentina le dirá 'No a la economía verde' en Río+20
Fecha de Publicación: 20/05/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Desde Ambiente sostienen que esta idea surge de los centros de poder y no está dirigida a los países en desarrollo. Argentina radicaliza su discurso y se acerca a Evo y Chávez.
La posición de Argentina en la cumbre de Río+20 tendrá como eje el lema “No a la Economía Verde que proponen los centros de poder”, indicó la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Silvia Révora.
La megarreunión de la Naciones Unidas tendrá lugar del 20 al 22 de junio en Río de Janeiro, 20 años después de la Cumbre de la Tierra de 1992.
La categoría de Economía Verde “no está dirigida a naciones en vías de desarrollo, exige un nivel de tecnología que sólo tienen países como los de la Unión Europea y funciona como barrera comercial encubierta”, explicó la funcionaria a la agencia Télam.
Révora participó ayer del encuentro “Jóvenes por un ambiente sustentable-Hacia Río+20”, en el que tuvieron parte varias agrupaciones políticas kirchneristas.
El jueves, en la apertura del encuentro, el secretario de Ambiente, Juan Mussi, se había expresado en la misma línea.
“Tenemos que decirles a los países desarrollados que no somos conejitos de India, que no ensayen productos tecnológicos en nuestro país a costa de la salud de los argentinos”, dijo.
De esta manera, Argentina se aleja de su tradicional posición conciliadora en cumbres ambientales, y se acercará a una posición más combativa, característica de país como Venezuela y Bolivia.
En tanto, el legislador porteño kirchnerista, Juan Cabandié, también presente en el encuentro, indicó: “No tenemos que tomar los enlatados de las ONG que se ocupan del tema. Primero hay que recordarles que se preocupen por su país de origen. Tenemos que enfocarnos en mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”.
“Concebimos al ambiente no sólo como la protección del patrimonio natural o como el resultante de las relaciones de la sociedad y la naturaleza, sino centralmente como el derecho de todos los argentinos y argentinas a una calidad de vida que solamente puede ser alcanzada si el Estado es garante del interés público a través de medidas que logren una mayor equidad social y ambiental”, dice el primer punto del documento.
Ese texto fue firmado por agrupaciones K como La Cámpora, el Movimiento Evita y Kolina, entre otras.
La declaración plantea la necesidad de “evitar medidas proteccionistas verdes que constituyan restricciones encubiertas al comercio”.
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Fecha de Publicación: 20/05/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Desde Ambiente sostienen que esta idea surge de los centros de poder y no está dirigida a los países en desarrollo. Argentina radicaliza su discurso y se acerca a Evo y Chávez.
La posición de Argentina en la cumbre de Río+20 tendrá como eje el lema “No a la Economía Verde que proponen los centros de poder”, indicó la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Silvia Révora.
La megarreunión de la Naciones Unidas tendrá lugar del 20 al 22 de junio en Río de Janeiro, 20 años después de la Cumbre de la Tierra de 1992.
La categoría de Economía Verde “no está dirigida a naciones en vías de desarrollo, exige un nivel de tecnología que sólo tienen países como los de la Unión Europea y funciona como barrera comercial encubierta”, explicó la funcionaria a la agencia Télam.
Révora participó ayer del encuentro “Jóvenes por un ambiente sustentable-Hacia Río+20”, en el que tuvieron parte varias agrupaciones políticas kirchneristas.
El jueves, en la apertura del encuentro, el secretario de Ambiente, Juan Mussi, se había expresado en la misma línea.
“Tenemos que decirles a los países desarrollados que no somos conejitos de India, que no ensayen productos tecnológicos en nuestro país a costa de la salud de los argentinos”, dijo.
De esta manera, Argentina se aleja de su tradicional posición conciliadora en cumbres ambientales, y se acercará a una posición más combativa, característica de país como Venezuela y Bolivia.
En tanto, el legislador porteño kirchnerista, Juan Cabandié, también presente en el encuentro, indicó: “No tenemos que tomar los enlatados de las ONG que se ocupan del tema. Primero hay que recordarles que se preocupen por su país de origen. Tenemos que enfocarnos en mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”.
“Concebimos al ambiente no sólo como la protección del patrimonio natural o como el resultante de las relaciones de la sociedad y la naturaleza, sino centralmente como el derecho de todos los argentinos y argentinas a una calidad de vida que solamente puede ser alcanzada si el Estado es garante del interés público a través de medidas que logren una mayor equidad social y ambiental”, dice el primer punto del documento.
Ese texto fue firmado por agrupaciones K como La Cámpora, el Movimiento Evita y Kolina, entre otras.
La declaración plantea la necesidad de “evitar medidas proteccionistas verdes que constituyan restricciones encubiertas al comercio”.
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Sali-Dulce: Dos ingenios recibieron duras sanciones
Dos ingenios recibieron duras sanciones por parte de organismos de Tucumán
Fecha de Publicación: 20/05/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
La Corona recibió la prohibición de la utilización de todo tipo de piletones que contengan vinaza; mientras que Santa Rosa fue castigada con veinte días de suspensión, debido a filtraciones.
Los ingenios La Corona y Santa Rosa recibieron duras sanciones por parte de organismos del gobierno de Tucumán, luego de haber detectado vuelcos de vinaza hacia la cuenca Salí Dulce e incumplir de esta manera uno de los puntos del acta acuerdo firmado entre los gobiernos de las dos provincias y la Defensoría del Pueblo, en el que la Secretaría de Ambiente de la Nación es garante.
La detección del vuelco fue dada a conocer esta semana por EL LIBERAL y el último viernes las autoridades de la vecina provincia cayeron con el peso en contra de los ingenios La Corona, que recibió una multa de dinero y la prohibición de la utilización de todo tipo de piletones que contenga vinaza; mientras que Santa Rosa fue castigada con veinte días de suspensión, debido a que hubo una filtración.
La noticia fue confirmada por el Defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával, quien expresó respecto a Santa Rosa, que “ellos tenían prohibido iniciar la destilación hasta tanto solucionen y terminen de hacer el tratamiento de las piletas que, hasta ahora no lo hicieron, razón por la cual, ahora tienen veinte días más de suspensión amén de la multa económica que recibieron”.
Por su parte, a La Corona le prohibieron terminantemente la utilización de todas las piletas para el almacenamiento de vinaza. “Ellos dicen que tuvieron un problema accidental, producto de un temporal que generó una creciente, que entró el agua de lluvia y que a su vez arrastró a la vinaza”, describió.
Asimismo indicó que en el caso de La Corona “ellos ya tenían otro sistema para disponer la vinaza en otro lugar, lo único que tenían que hacer era taponar todos los canales que llevaban la vinaza a esta pileta y dejar habilitado el sistema de riego de campos salinos sódicos, que es adonde llevará la vinaza el ingenio para aplicar la película y hacer el mejoramiento de suelo”.
Consultado acerca de cómo fue recibida la noticia, Díaz Achával dijo “por un lado con la amargura de de saber que hubo un vuelco de vinaza en la cuenca y que eso pone de mal humor; pero por otro lado vemos de buen ánimo saber que el mecanismo de control que nos habíamos propuesto funciona”.
En cuanto al mecanismo de monitoreo, detalló que “nosotros detectamos una irregularidad, avisamos a Tucumán y ellos hicieron el trabajo fino: detectó la industria, le cayó el control, la multa y la sanción; así como la Secretaría de Ambiente de la Nación estuvo acompañando desde que nosotros dijimos aquí hay vinaza”.
Por último, contó con personal de la defensoría está capacitándose para realizar controles..
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Fecha de Publicación: 20/05/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
La Corona recibió la prohibición de la utilización de todo tipo de piletones que contengan vinaza; mientras que Santa Rosa fue castigada con veinte días de suspensión, debido a filtraciones.Los ingenios La Corona y Santa Rosa recibieron duras sanciones por parte de organismos del gobierno de Tucumán, luego de haber detectado vuelcos de vinaza hacia la cuenca Salí Dulce e incumplir de esta manera uno de los puntos del acta acuerdo firmado entre los gobiernos de las dos provincias y la Defensoría del Pueblo, en el que la Secretaría de Ambiente de la Nación es garante.
La detección del vuelco fue dada a conocer esta semana por EL LIBERAL y el último viernes las autoridades de la vecina provincia cayeron con el peso en contra de los ingenios La Corona, que recibió una multa de dinero y la prohibición de la utilización de todo tipo de piletones que contenga vinaza; mientras que Santa Rosa fue castigada con veinte días de suspensión, debido a que hubo una filtración.
La noticia fue confirmada por el Defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával, quien expresó respecto a Santa Rosa, que “ellos tenían prohibido iniciar la destilación hasta tanto solucionen y terminen de hacer el tratamiento de las piletas que, hasta ahora no lo hicieron, razón por la cual, ahora tienen veinte días más de suspensión amén de la multa económica que recibieron”.
Por su parte, a La Corona le prohibieron terminantemente la utilización de todas las piletas para el almacenamiento de vinaza. “Ellos dicen que tuvieron un problema accidental, producto de un temporal que generó una creciente, que entró el agua de lluvia y que a su vez arrastró a la vinaza”, describió.
Asimismo indicó que en el caso de La Corona “ellos ya tenían otro sistema para disponer la vinaza en otro lugar, lo único que tenían que hacer era taponar todos los canales que llevaban la vinaza a esta pileta y dejar habilitado el sistema de riego de campos salinos sódicos, que es adonde llevará la vinaza el ingenio para aplicar la película y hacer el mejoramiento de suelo”.
Consultado acerca de cómo fue recibida la noticia, Díaz Achával dijo “por un lado con la amargura de de saber que hubo un vuelco de vinaza en la cuenca y que eso pone de mal humor; pero por otro lado vemos de buen ánimo saber que el mecanismo de control que nos habíamos propuesto funciona”.
En cuanto al mecanismo de monitoreo, detalló que “nosotros detectamos una irregularidad, avisamos a Tucumán y ellos hicieron el trabajo fino: detectó la industria, le cayó el control, la multa y la sanción; así como la Secretaría de Ambiente de la Nación estuvo acompañando desde que nosotros dijimos aquí hay vinaza”.
Por último, contó con personal de la defensoría está capacitándose para realizar controles..
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Que el árbol no nos tape la motosierra
Que el árbol no nos tape la motosierra
Fecha de Publicación: 20/05/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El martes por la mañana debería producirse una audiencia muy singular en la sede del Juzgado Civil 6 de Resistencia. Para ese día, a las 9.30, fueron citados por la jueza Iride Isabel Grillo nada menos que el gobernador Jorge Capitanich; otros funcionarios provinciales; dirigentes de asociaciones comunitarias de El Impenetrable; y representantes de la organización internacional ecologista Greenpeace.
La convocatoria guarda relación con el monitoreo que la jueza Grillo realiza sobre el grado de cumplimiento que va teniendo la resolución judicial por la cual se prohibió la continuidad de explotaciones forestales en territorios del oeste provincial que son de propiedad comunitaria indígena.
El expediente respectivo había sido iniciado en 2004 y el caso no registraba novedades, pero las recientes denuncias de Greenpeace -y del Centro de Estudios Nelson Mandela, que también participaría de la audiencia de pasado mañana con su coordinador, Rolando Núñez-, sobre talados ilegales en la región más fascinante y desconocida del Chaco, hicieron que Grillo decidiera revisar la situación.
El trámite no es más que lo que puede leerse, y es probable que el gobernador delegue su representación en algún integrante de su gabinete, pero la cita en el despacho de una de las juezas más respetadas de la estructura judicial provincial contiene valores y simbologías que van más allá de los papeles y los protocolos.
Es, por ejemplo, una de las pocas veces que los desmontes quedan en posición de tener que ser explicados por las autoridades de turno. Eso, en una provincia que lleva a la depredación forestal histórica como uno de los signos distintivos de su extraña pobreza enriquecedora, es mucho.
Los invasores imperiales
La intervención judicial aparece en un contexto también novedoso. Es difícil hallar en la memoria otro momento en el que el avance extractivo sobre el monte chaqueño haya sido puesto de un modo tan candente como tema de debate. Lo cual no quiere decir que lo de ahora sea extraordinario en términos absolutos. Lo es apenas en comparación a los largos silencios que siempre -salvo breves interrupciones- cubrió al asunto en esta provincia.
Como también ocurrió años en la década pasada con las obscenas muertes de aborígenes por hambre y desatención sanitaria o con el escándalo de los negociados con tierras fiscales (hechos de los años radicales que tuvieron mucho que ver con el veto ciudadano a la continuidad de la Alianza en el poder), ahora la paulatina destrucción del monte también sale de la oscuridad no por factores internos sino por repercusiones externas.
Ni los reclamos y denuncias de las ONG’s locales ni el drama de las comunidades afectadas lograron el impacto del operativo de Greenpeace, que con sus “jaguares” bloqueó el trabajo de una topadora cerca de Miraflores y en pocas horas logró que cientos de medios reprodujeran las imágenes de la movida. Las quejas y condenas posteriores, por parte de funcionarios y empresarios, sólo amplificaron la presencia del tema en la vidriera pública.
Pero además, esas reacciones fueron nuevos pasos en falso. “¿Qué creen estos de Puerto Madero? ¿Que nos van a venir a manejar a nosotros, al Chaco? No muchachos, cuidado, están muy equivocados, porque los productores se van a empezar a armar. Y si yo estoy en regla y vos vas a entrar a mi campo, no te voy a dejar entrar”, declaró Noé Khon en Sáenz Peña, antes de pedirle al gobierno que frene a Greenpeace porque de lo contrario “el productor va a tomar medidas por sus propias manos, y después vamos a lamentarnos”.
No mucho más hábil estuvo Miguel López, el titular de la Dirección de Bosques, habitual blanco de las denuncias del Centro Mandela (entidad a la que el funcionario le dirigió una carta documento por ellas). En un escrito redactado tras la audiencia que Capitanich le concedió a Greenpeace por las denuncias de la organización verde, López también buscó solidaridad chauvinista: “Greenpeace, mirando desde sus oficinas en Puerto Madero, cumple mandatos imperialistas (como intentaron en 1806)”, dijo, en una poco feliz comparación entre el operativo de los militantes verdes y las invasiones inglesas del siglo XIX.
“Pero acá encuentra una provincia que ha dejado de ser Territorio Nacional y decide sobre sus recursos naturales y no va a permitir que vengan extranjeros, ni de otras provincias siquiera, a decirnos lo que tenemos que hacer”, agregó López.
Entre varias cosas curiosas del episodio, conviene hacer notar una: una parte importante de los desmontes recientes van dirigidos a profundizar el proceso de sojización del Chaco. La soja en la provincia mueve cada año en la provincia cientos de millones de dólares. Se estima que un 70% de la producción está en manos de inversores de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y -en menor medida- otros distritos. Una “invasión” que, sin embargo, no molesta.
Contexto incómodo
Es cierto que el estilo espectacular de Greenpeace es polémico y que hasta para los ambientalistas locales es difícil a veces la relación con la organización ecologista más conocida del planeta. Pero su aparición en escena sacudió un tablero repleto de intereses cruzados. En una sociedad normal, eso debería servir para algún cambio positivo. En el Chaco, imposible saberlo.
El interrogante principal es qué hará Capitanich. Hay incluso una duda anterior a ésa: si Capitanich hará algo. Para algunos, dio una señal al recibir a los representantes de Greenpeace, al resolver la suspensión por 60 días de nuevas autorizaciones para explotaciones silvopastoriles (las que defienden López y Miguel Brunswig, el subsecretario de Recursos Naturales) y al no reunirse con productores forestales, entidades profesionales y legisladores que son partidarios de proteger sólo a sus árboles genealógicos.
Lo del gobernador podría haber sido también un gesto para ganar tiempo y calmar las aguas. Podría pensar que lo que menos necesita ahora es que se le abra otro frente conflictivo -con riesgosa exposición nacional- cuando tiene por delante un horizonte financiero que cruje cada vez más fuerte.
Además, el negocio de la madera nunca fue apolítico. Los caudillos políticos locales habitualmente estuvieron detrás, cuando no delante. Es el modo de obtener protección cuando las explotaciones son clandestinas o tramposamente legales. Por si faltara algo, el lío se instala justo cuando hay una fuerte arremetida de Gustavo Martínez por controlar el Instituto de Colonización, desde donde Raúl John Paris viene quejándose de la falta de apoyo para relevar tierras públicas.
En todo caso, se podrá tener una visión más clara sobre el posicionamiento del Poder Ejecutivo luego de la audiencia del martes en el Juzgado Civil 6, y sobre todo después de ver si Capitanich asiste o no, y en caso de que no lo haga en quién delega su representación.
Caso por caso
Algo que podría resultar de la diligencia judicial es que se acuerde un relevamiento concreto y puntual de los desmontes denunciados. Algo que Brunswig le reprochó a Greenpeace es que sus fotos sobre supuestas explotaciones forestales ilegales no permiten saber exactamente de qué lugares se trata, como para permitir una constatación.
El Centro Mandela, que vino difundiendo una serie de documentos con datos más específicos y referencias geográficas, parece estar en condiciones de despejar ambigüedades. ¿Se podrá, entonces, encarar una gira esclarecedora que permite marcar una línea divisoria entre los que dicen la verdad y los que mienten?
Esteban Branco Capitanich, gerente de Colonización, publicó en su blog un texto sobre lo sucedido. “Lamentablemente le apuntamos a Greenpeace un logro, entregando, aunque más no sea por un rato, una bandera que es bien peronista y nuestra: el liderazgo en la defensa de nuestros recursos”, se quejó.
“También ha quedado expuesta -agrega- la organizada catarata de descalificaciones hacia la transnacional tanto de funcionarios del área como de productores y profesionales vinculados a la explotación forestal y sojera, que poco menos que colocaba a los ‘Jaguares’ en un lugar más dañoso que los que históricamente nos han depredado y expoliado. (...) De modo que de nada sirve seguir cargando las tintas adjudicando a otros fundamentalismo y mercantilismo, mientras los hechos nos desnudan”.
Luego sigue: “Escuchamos desde los despachos oficiales decir que ‘ese desmonte es legal porque tiene permiso’. El permiso no es garantía de legalidad. Gran parte del Chaco ha sido enajenado en sus tierras y sus bosques con apariencia de legalidad, con títulos y permisos durante el rozismo. Pero no somos el rozismo, y las leyes no están para que ‘les busquemos la vuelta’ como para violarlas y hacer parecer que las estamos cumpliendo”.
Lo dice -vale la pena reiterarlo- un funcionario que integra la gestión actual.
Un siglo atrás, el 84% del territorio del Chaco estaba cubierto de montes. Es decir, había unas 8,4 millones de hectáreas de bosques. Según el gobierno, quedaban en 2011 casi 5 millones. Organizaciones ambientalistas creen que, como mucho, sobreviven 3,6 millones de hectáreas.
En esa transformación hay de todo: recursos que ingresaron a la economía regional y empujaron el desarrollo, generación de empleo, la posibilidad de un salto industrial sectorial. También depredación incontrolada, seres humanos que vieron desaparecer lo que era su hábitat, desertización.
Demasiadas cosas y demasiadas vidas como para cambiar de canal.
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Fecha de Publicación: 20/05/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El martes por la mañana debería producirse una audiencia muy singular en la sede del Juzgado Civil 6 de Resistencia. Para ese día, a las 9.30, fueron citados por la jueza Iride Isabel Grillo nada menos que el gobernador Jorge Capitanich; otros funcionarios provinciales; dirigentes de asociaciones comunitarias de El Impenetrable; y representantes de la organización internacional ecologista Greenpeace.
La convocatoria guarda relación con el monitoreo que la jueza Grillo realiza sobre el grado de cumplimiento que va teniendo la resolución judicial por la cual se prohibió la continuidad de explotaciones forestales en territorios del oeste provincial que son de propiedad comunitaria indígena.
El expediente respectivo había sido iniciado en 2004 y el caso no registraba novedades, pero las recientes denuncias de Greenpeace -y del Centro de Estudios Nelson Mandela, que también participaría de la audiencia de pasado mañana con su coordinador, Rolando Núñez-, sobre talados ilegales en la región más fascinante y desconocida del Chaco, hicieron que Grillo decidiera revisar la situación.
El trámite no es más que lo que puede leerse, y es probable que el gobernador delegue su representación en algún integrante de su gabinete, pero la cita en el despacho de una de las juezas más respetadas de la estructura judicial provincial contiene valores y simbologías que van más allá de los papeles y los protocolos.
Es, por ejemplo, una de las pocas veces que los desmontes quedan en posición de tener que ser explicados por las autoridades de turno. Eso, en una provincia que lleva a la depredación forestal histórica como uno de los signos distintivos de su extraña pobreza enriquecedora, es mucho.
Los invasores imperiales
La intervención judicial aparece en un contexto también novedoso. Es difícil hallar en la memoria otro momento en el que el avance extractivo sobre el monte chaqueño haya sido puesto de un modo tan candente como tema de debate. Lo cual no quiere decir que lo de ahora sea extraordinario en términos absolutos. Lo es apenas en comparación a los largos silencios que siempre -salvo breves interrupciones- cubrió al asunto en esta provincia.
Como también ocurrió años en la década pasada con las obscenas muertes de aborígenes por hambre y desatención sanitaria o con el escándalo de los negociados con tierras fiscales (hechos de los años radicales que tuvieron mucho que ver con el veto ciudadano a la continuidad de la Alianza en el poder), ahora la paulatina destrucción del monte también sale de la oscuridad no por factores internos sino por repercusiones externas.
Ni los reclamos y denuncias de las ONG’s locales ni el drama de las comunidades afectadas lograron el impacto del operativo de Greenpeace, que con sus “jaguares” bloqueó el trabajo de una topadora cerca de Miraflores y en pocas horas logró que cientos de medios reprodujeran las imágenes de la movida. Las quejas y condenas posteriores, por parte de funcionarios y empresarios, sólo amplificaron la presencia del tema en la vidriera pública.
Pero además, esas reacciones fueron nuevos pasos en falso. “¿Qué creen estos de Puerto Madero? ¿Que nos van a venir a manejar a nosotros, al Chaco? No muchachos, cuidado, están muy equivocados, porque los productores se van a empezar a armar. Y si yo estoy en regla y vos vas a entrar a mi campo, no te voy a dejar entrar”, declaró Noé Khon en Sáenz Peña, antes de pedirle al gobierno que frene a Greenpeace porque de lo contrario “el productor va a tomar medidas por sus propias manos, y después vamos a lamentarnos”.
No mucho más hábil estuvo Miguel López, el titular de la Dirección de Bosques, habitual blanco de las denuncias del Centro Mandela (entidad a la que el funcionario le dirigió una carta documento por ellas). En un escrito redactado tras la audiencia que Capitanich le concedió a Greenpeace por las denuncias de la organización verde, López también buscó solidaridad chauvinista: “Greenpeace, mirando desde sus oficinas en Puerto Madero, cumple mandatos imperialistas (como intentaron en 1806)”, dijo, en una poco feliz comparación entre el operativo de los militantes verdes y las invasiones inglesas del siglo XIX.
“Pero acá encuentra una provincia que ha dejado de ser Territorio Nacional y decide sobre sus recursos naturales y no va a permitir que vengan extranjeros, ni de otras provincias siquiera, a decirnos lo que tenemos que hacer”, agregó López.
Entre varias cosas curiosas del episodio, conviene hacer notar una: una parte importante de los desmontes recientes van dirigidos a profundizar el proceso de sojización del Chaco. La soja en la provincia mueve cada año en la provincia cientos de millones de dólares. Se estima que un 70% de la producción está en manos de inversores de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y -en menor medida- otros distritos. Una “invasión” que, sin embargo, no molesta.
Contexto incómodo
Es cierto que el estilo espectacular de Greenpeace es polémico y que hasta para los ambientalistas locales es difícil a veces la relación con la organización ecologista más conocida del planeta. Pero su aparición en escena sacudió un tablero repleto de intereses cruzados. En una sociedad normal, eso debería servir para algún cambio positivo. En el Chaco, imposible saberlo.
El interrogante principal es qué hará Capitanich. Hay incluso una duda anterior a ésa: si Capitanich hará algo. Para algunos, dio una señal al recibir a los representantes de Greenpeace, al resolver la suspensión por 60 días de nuevas autorizaciones para explotaciones silvopastoriles (las que defienden López y Miguel Brunswig, el subsecretario de Recursos Naturales) y al no reunirse con productores forestales, entidades profesionales y legisladores que son partidarios de proteger sólo a sus árboles genealógicos.
Lo del gobernador podría haber sido también un gesto para ganar tiempo y calmar las aguas. Podría pensar que lo que menos necesita ahora es que se le abra otro frente conflictivo -con riesgosa exposición nacional- cuando tiene por delante un horizonte financiero que cruje cada vez más fuerte.
Además, el negocio de la madera nunca fue apolítico. Los caudillos políticos locales habitualmente estuvieron detrás, cuando no delante. Es el modo de obtener protección cuando las explotaciones son clandestinas o tramposamente legales. Por si faltara algo, el lío se instala justo cuando hay una fuerte arremetida de Gustavo Martínez por controlar el Instituto de Colonización, desde donde Raúl John Paris viene quejándose de la falta de apoyo para relevar tierras públicas.
En todo caso, se podrá tener una visión más clara sobre el posicionamiento del Poder Ejecutivo luego de la audiencia del martes en el Juzgado Civil 6, y sobre todo después de ver si Capitanich asiste o no, y en caso de que no lo haga en quién delega su representación.
Caso por caso
Algo que podría resultar de la diligencia judicial es que se acuerde un relevamiento concreto y puntual de los desmontes denunciados. Algo que Brunswig le reprochó a Greenpeace es que sus fotos sobre supuestas explotaciones forestales ilegales no permiten saber exactamente de qué lugares se trata, como para permitir una constatación.
El Centro Mandela, que vino difundiendo una serie de documentos con datos más específicos y referencias geográficas, parece estar en condiciones de despejar ambigüedades. ¿Se podrá, entonces, encarar una gira esclarecedora que permite marcar una línea divisoria entre los que dicen la verdad y los que mienten?
Esteban Branco Capitanich, gerente de Colonización, publicó en su blog un texto sobre lo sucedido. “Lamentablemente le apuntamos a Greenpeace un logro, entregando, aunque más no sea por un rato, una bandera que es bien peronista y nuestra: el liderazgo en la defensa de nuestros recursos”, se quejó.
“También ha quedado expuesta -agrega- la organizada catarata de descalificaciones hacia la transnacional tanto de funcionarios del área como de productores y profesionales vinculados a la explotación forestal y sojera, que poco menos que colocaba a los ‘Jaguares’ en un lugar más dañoso que los que históricamente nos han depredado y expoliado. (...) De modo que de nada sirve seguir cargando las tintas adjudicando a otros fundamentalismo y mercantilismo, mientras los hechos nos desnudan”.
Luego sigue: “Escuchamos desde los despachos oficiales decir que ‘ese desmonte es legal porque tiene permiso’. El permiso no es garantía de legalidad. Gran parte del Chaco ha sido enajenado en sus tierras y sus bosques con apariencia de legalidad, con títulos y permisos durante el rozismo. Pero no somos el rozismo, y las leyes no están para que ‘les busquemos la vuelta’ como para violarlas y hacer parecer que las estamos cumpliendo”.
Lo dice -vale la pena reiterarlo- un funcionario que integra la gestión actual.
Un siglo atrás, el 84% del territorio del Chaco estaba cubierto de montes. Es decir, había unas 8,4 millones de hectáreas de bosques. Según el gobierno, quedaban en 2011 casi 5 millones. Organizaciones ambientalistas creen que, como mucho, sobreviven 3,6 millones de hectáreas.
En esa transformación hay de todo: recursos que ingresaron a la economía regional y empujaron el desarrollo, generación de empleo, la posibilidad de un salto industrial sectorial. También depredación incontrolada, seres humanos que vieron desaparecer lo que era su hábitat, desertización.
Demasiadas cosas y demasiadas vidas como para cambiar de canal.
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Justicia en Córdoba interviene por las fumigaciones
La Justicia investigará si hay relación entre fumigaciones y cáncer
Fecha de Publicación: 19/05/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Es el primer caso en el que se toma una medida de este tipo. Imputaron a dos productores por "contaminación dolosa". Otras dos causas similares van a juicio el 11 de junio.
Por primera vez en Córdoba, la Justicia investigará si hay relación directa entre la fumigación con plaguicidas (por ejemplo, endosulfan) y las muertes por cáncer. La medida fue dictada ayer por el fiscal Carlos Matheu, al imputar a dos productores rurales en una de las causas en las que se investigan eventuales responsabilidades por la contaminación en barrio Ituzaingó Anexo.
Se trata de hechos ocurridos entre 2002 y 2004, denunciados por la Fundación para el Medio Ambiente (Funam), que sostiene que los imputados violaron las ordenanzas 10.505 (Emergencia ambiental en Ituzaingó Anexo) y 10.590 (que prohíbe fumigar a menos de 2500 metros de las viviendas del barrio). La causa es paralela a la que entrará a juicio el 11 de junio. En ese proceso se investigarán las fumigaciones clandestinas en el lugar, pero no las secuelas de la contaminación (ver aparte).
Dos de los que se sentarán en el banquillo de acusados el mes próximo son los imputados ayer: los productores Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Rafael Parra.
La Funam pide que se investigue a “todos los responsables” y que “se establezca la relación de causalidad entre las conductas denunciadas” y las muertes y “el impacto en la salud a casi cinco mil vecinos del lugar”.
Relevamientos. El fiscal contaba con estudios previos de organismos públicos de los que se desprenden que hay tres posibles causas contaminantes: la fumigación clandestina, los transformadores de Epec con PCB, y el agua contaminada por arsénico y plomo. El “cóctel” contaminante habría dejado enfermos de leucemia, cáncer de próstata y otras enfermedades oncológicas y respiratorias.
La causa se inició en 2002 y la instrucción inicial recayó en la Fiscalía Federal Nº3, pero luego pasó a la Justicia Provincial. Tras varios años de parálisis, ahora se analizan los casos desde el enfoque de la ley de residuos peligrosos 24.051.
Hasta 2010, la Fiscalía relevó 169 casos de cáncer, y más de 30 muertes por esa enfermedad. Si se establece que los plaguicidas utilizados tuvieron una incidencia directa en estos casos, la figura de “contaminación dolosa” sería agravada con “resultado de muerte”, que contempla penas de 10 a 25 años de prisión.
En el barrio de Ituzaingó Anexo fue vital la lucha de las madres, que consiguieron la provisión de agua de red a todo el sector, que se sacara el PCB de los transformadores, y que se sancionaran una ordenanza y una ley para restringir las fumigaciones cerca de zonas pobladas en toda Córdoba.
Premio ambiental
Distinción. Sofía Gatica, una de las Madres de Ituzaingó, recibió el 16 de abril el Premio Goldman, el “Nobel Verde” que se otorga a un líder ambiental de cada continente. Se trata de la primera argentina en obtener tamaña distinción.
Relevamiento. Las Madres de Ituzaingó y los equipos de Atención Primaria del barrio relevaron cantidades anormales de vecinos enfermos de cáncer y otras graves afecciones de origen ambiental.
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Fecha de Publicación: 19/05/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Es el primer caso en el que se toma una medida de este tipo. Imputaron a dos productores por "contaminación dolosa". Otras dos causas similares van a juicio el 11 de junio.Por primera vez en Córdoba, la Justicia investigará si hay relación directa entre la fumigación con plaguicidas (por ejemplo, endosulfan) y las muertes por cáncer. La medida fue dictada ayer por el fiscal Carlos Matheu, al imputar a dos productores rurales en una de las causas en las que se investigan eventuales responsabilidades por la contaminación en barrio Ituzaingó Anexo.
Se trata de hechos ocurridos entre 2002 y 2004, denunciados por la Fundación para el Medio Ambiente (Funam), que sostiene que los imputados violaron las ordenanzas 10.505 (Emergencia ambiental en Ituzaingó Anexo) y 10.590 (que prohíbe fumigar a menos de 2500 metros de las viviendas del barrio). La causa es paralela a la que entrará a juicio el 11 de junio. En ese proceso se investigarán las fumigaciones clandestinas en el lugar, pero no las secuelas de la contaminación (ver aparte).
Dos de los que se sentarán en el banquillo de acusados el mes próximo son los imputados ayer: los productores Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Rafael Parra.
La Funam pide que se investigue a “todos los responsables” y que “se establezca la relación de causalidad entre las conductas denunciadas” y las muertes y “el impacto en la salud a casi cinco mil vecinos del lugar”.
Relevamientos. El fiscal contaba con estudios previos de organismos públicos de los que se desprenden que hay tres posibles causas contaminantes: la fumigación clandestina, los transformadores de Epec con PCB, y el agua contaminada por arsénico y plomo. El “cóctel” contaminante habría dejado enfermos de leucemia, cáncer de próstata y otras enfermedades oncológicas y respiratorias.
La causa se inició en 2002 y la instrucción inicial recayó en la Fiscalía Federal Nº3, pero luego pasó a la Justicia Provincial. Tras varios años de parálisis, ahora se analizan los casos desde el enfoque de la ley de residuos peligrosos 24.051.
Hasta 2010, la Fiscalía relevó 169 casos de cáncer, y más de 30 muertes por esa enfermedad. Si se establece que los plaguicidas utilizados tuvieron una incidencia directa en estos casos, la figura de “contaminación dolosa” sería agravada con “resultado de muerte”, que contempla penas de 10 a 25 años de prisión.
En el barrio de Ituzaingó Anexo fue vital la lucha de las madres, que consiguieron la provisión de agua de red a todo el sector, que se sacara el PCB de los transformadores, y que se sancionaran una ordenanza y una ley para restringir las fumigaciones cerca de zonas pobladas en toda Córdoba.
Premio ambiental
Distinción. Sofía Gatica, una de las Madres de Ituzaingó, recibió el 16 de abril el Premio Goldman, el “Nobel Verde” que se otorga a un líder ambiental de cada continente. Se trata de la primera argentina en obtener tamaña distinción.
Relevamiento. Las Madres de Ituzaingó y los equipos de Atención Primaria del barrio relevaron cantidades anormales de vecinos enfermos de cáncer y otras graves afecciones de origen ambiental.
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La SCJ sancionó a la CNEA por una mina de uranio
Dura sanción por la contaminación con uranio en Malargüe
Fecha de Publicación: 18/05/2012
Fuente: MDZOL
Provincia/Región: Mendoza - Nacional
La Suprema Corte de Justicia acaba de ratificar una dura sanción contra el Gobierno nacional por la contaminación que dejó en Malargüe la mina e uranio que funcionó allí hasta 1987. Se trata de una sanción aplicada luego de detectar altos niveles de uranio en un cauce de agua, producto de los residuos dejados por la mina. Por eso la Comisión Nacional de Energía Atómica deberá pagar 1 millón de pesos al Departamento General de Irrigación.
La multa fue aplicada en el año 2002, pero la CNEA recurrió a la Corte para que la anulara. Luego de años de análisis y peritajes (los últimos estudios se realizaron en 2010) el Tribunal dejó firme la sanción.
En el Fallo la Corte destaca que la CNEA no había cumplido con la remediación de los pasivos ambientales tal como se había comprometido en la Declaración de Impacto Ambiental. Igualmente destacan que en los últimos años sí hubo un cambio y se comenzaron a realizar trabajos de remediación de manera consensuada.
La sanción
El Complejo Fabril Malargüe produjo uranio hasta el año 1987. Luego la CNEA debía realizar trabajos de remediación sobre los pasivos ambientales que había dejado. Pero nunca se completaron en los tiempos estipulados. En el año 2002 la Policía del Agua de Irrigación realizó un monitorea de distintos cauces aledaños a la fábrica. La muestras fueron analizadas por la División Laboratorio de Química del Departamento Regional Cuyo de la CNEA y por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo y por un laboratorio privado de San Rafael. Allí se detectó que 2 muestras “evidenciaron un elevado nivel de Uranio”, por lo que se intimó a la CNEA para que realice “las acciones necesarias tendientes a dar a los residuos (colas de mineral) su gestión final, para evitar la afectación del recurso hídrico y el medio ambiente en general”.
Por eso, el Departamento de Control de Contaminación de la Dirección de Policía del Agua, calificó a la situación como “de gravedad en virtud de que se está produciendo la contaminación de las Napas Freáticas del Lugar, las cuales tienen un impacto directo sobre los cauces superficiales aledaños”, describe el Fallo.
La CNEA dijo que no había realizado la remediación como correspondía por falta de financiamiento y objetó las muestras cuestionadas. Y por eso determinan la multa de 1 millón de pesos, la máxima sanción prevista.
La Corte ratifica la sanción por considerar que se puso en peligro los cursos de agua. “Lo sancionado no fue la situación de contaminación de la freática que escurre por debajo del ex CFM, de larga data, sino un hecho concreto de difusión de la freática hacia los cauces públicos, que no fue detectado sino hasta el 2002, por efecto del sistema de monitoreo anexo a las obras de remediación aprobadas por la DIA, y que apareció como violatorio de los deberes asumidos por la CNEA”, describe el ministro de la Corte Jorge Nanclares. Incluso sugieren que lo que pasó puede ser motivo de una denuncia penal.
El fallo, con el número 77173 y firmado también por Alejandro Pérez Hualde, se conoce en un contexto complicado, cuando desde el Gobierno nacional y local promocionan la reapertura de la mina Sierra Pintada (dondetambién quedaron pasivos ambientales sin remediar) para extraer uranio.
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Fecha de Publicación: 18/05/2012
Fuente: MDZOL
Provincia/Región: Mendoza - Nacional
La Suprema Corte de Justicia acaba de ratificar una dura sanción contra el Gobierno nacional por la contaminación que dejó en Malargüe la mina e uranio que funcionó allí hasta 1987. Se trata de una sanción aplicada luego de detectar altos niveles de uranio en un cauce de agua, producto de los residuos dejados por la mina. Por eso la Comisión Nacional de Energía Atómica deberá pagar 1 millón de pesos al Departamento General de Irrigación.La multa fue aplicada en el año 2002, pero la CNEA recurrió a la Corte para que la anulara. Luego de años de análisis y peritajes (los últimos estudios se realizaron en 2010) el Tribunal dejó firme la sanción.
En el Fallo la Corte destaca que la CNEA no había cumplido con la remediación de los pasivos ambientales tal como se había comprometido en la Declaración de Impacto Ambiental. Igualmente destacan que en los últimos años sí hubo un cambio y se comenzaron a realizar trabajos de remediación de manera consensuada.
La sanción
El Complejo Fabril Malargüe produjo uranio hasta el año 1987. Luego la CNEA debía realizar trabajos de remediación sobre los pasivos ambientales que había dejado. Pero nunca se completaron en los tiempos estipulados. En el año 2002 la Policía del Agua de Irrigación realizó un monitorea de distintos cauces aledaños a la fábrica. La muestras fueron analizadas por la División Laboratorio de Química del Departamento Regional Cuyo de la CNEA y por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo y por un laboratorio privado de San Rafael. Allí se detectó que 2 muestras “evidenciaron un elevado nivel de Uranio”, por lo que se intimó a la CNEA para que realice “las acciones necesarias tendientes a dar a los residuos (colas de mineral) su gestión final, para evitar la afectación del recurso hídrico y el medio ambiente en general”.
Por eso, el Departamento de Control de Contaminación de la Dirección de Policía del Agua, calificó a la situación como “de gravedad en virtud de que se está produciendo la contaminación de las Napas Freáticas del Lugar, las cuales tienen un impacto directo sobre los cauces superficiales aledaños”, describe el Fallo.
La CNEA dijo que no había realizado la remediación como correspondía por falta de financiamiento y objetó las muestras cuestionadas. Y por eso determinan la multa de 1 millón de pesos, la máxima sanción prevista.
La Corte ratifica la sanción por considerar que se puso en peligro los cursos de agua. “Lo sancionado no fue la situación de contaminación de la freática que escurre por debajo del ex CFM, de larga data, sino un hecho concreto de difusión de la freática hacia los cauces públicos, que no fue detectado sino hasta el 2002, por efecto del sistema de monitoreo anexo a las obras de remediación aprobadas por la DIA, y que apareció como violatorio de los deberes asumidos por la CNEA”, describe el ministro de la Corte Jorge Nanclares. Incluso sugieren que lo que pasó puede ser motivo de una denuncia penal.
El fallo, con el número 77173 y firmado también por Alejandro Pérez Hualde, se conoce en un contexto complicado, cuando desde el Gobierno nacional y local promocionan la reapertura de la mina Sierra Pintada (dondetambién quedaron pasivos ambientales sin remediar) para extraer uranio.
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Alta incidencia de cáncer en pueblos fumigados
Pueblos fumigados casi duplican la media nacional de muertes por cáncer
Fecha de Publicación: 17/05/2012
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
El dato surgió del relevamiento que los médicos realizaron en oficinas del Registro Civil de localidades sitiadas por el uso indebido de agrotóxicos. El cáncer desplazó a los fallecimientos por afecciones cardiovasculares como principal causa de decesos.
La principal causa de muerte en el país son las afecciones cardiovasculares. En los pueblos fumigados cordobeses, esta causa la representan los fallecimientos por cáncer.
El dato surgió de un relevamiento realizado por los médicos de esos lugares en las oficinas del Registro Civil.
De las estadísticas se desprende que el cáncer en estas localidades sitiadas por las fumigaciones con agrotóxicos, se impuso como la principal causa de muerte, desplazando a la que a nivel nacional representan las enfermedades caridovasculares, relacionadas al estilo de vida de los ciudadanos.
Al respecto, Medardo Ávila Vázquez, integrante de Médicos de Pueblos Fumigados, indicó a este medio que según las localidades varía el valor, pero en la mayoría promedia un 31 o 32 por ciento de muertes por cáncer.
“Esto significa que del total de fallecimientos en cada localidad el 32% son por cáncer, cuando la media nacional es del 18%”, explicó el especialista.
En San Marcos Sud por ejemplo este índice es del 31% y en barrio Ituzaingó del 33%. Vale recordar que este barrio registra los índices más altos de la provincia, con una población de 4.000 personas, registra en la actualidad 220 casos de cáncer.
Ávila Vázquez detalló que la cantidad de casos comenzaron a aumentar desde el año 2000, cuando se produjo el “boom” de la soja en nuestro país, “esta es una situación que antes no existía”, añadió.
Los especialistas atribuyen este comportamiento sanitario a la utilización de las fumigaciones aéreas y terrestres con agrotóxicos en zonas pobladas.
“La más grave es la fumigación aérea por su poder de dispersión, lo que las vuelve incontrolables, pero las terrestres también son nocivas por que son altamente contaminantes”, indicó el médico.
Vale recordar que ya son 13 las localidades que prohibieron las fumigaciones en Córdoba. Se trata de San Francisco, Jesús María, Colonia Caroya, Oncativo, Ituzaingó Anexo en Córdoba Capital, Estación Juárez Celman, Anisacate, Villa General Belgrano, Parque Los Reartes, Las Calles, San Marcos Sierras, Huinca Renancó y Oliva.
Más chicos con malformaciones
Un informe de la genetista Gladys Trombotto, quien realizó un registro desde el año 1972 de niños con malformaciones que nacieron en la Maternidad Nacional de Córdoba, indica que se triplicaron los nacimientos de bebés con malformaciones.
El informe detalla que Córdoba tenía hace 15 años un índice de 2 niños cada 100 que nacían con algún problema de malformación. Desde 1996 este índice comenzó a aumentar hasta alcanzar a cinco de cada 100. No se encontró otra causa genética que explicara este fenómeno (como diabetes, consumo de alcohol, cigarrillo o drogas durante el embarazo).
“Ninguna de las causas estaba aumentada en este grupo de niños, es un análisis sobre 110.000 nacimientos”, añadió Ávila Vázquez.
La media hace 15 años atrás era de 1.5 o 2 por ciento, valor que se ha triplicado en algunos casos.
Europa por ejemplo, donde se prohibió el uso de agrotóxicos, mantiene todavía los niveles normales de un 2% , mientras en Córdoba este valor es del 5% en la población en general pero en las zonas fumigadas este índice asciende hasta un 8 o 9 %.
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Fecha de Publicación: 17/05/2012
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
El dato surgió del relevamiento que los médicos realizaron en oficinas del Registro Civil de localidades sitiadas por el uso indebido de agrotóxicos. El cáncer desplazó a los fallecimientos por afecciones cardiovasculares como principal causa de decesos.La principal causa de muerte en el país son las afecciones cardiovasculares. En los pueblos fumigados cordobeses, esta causa la representan los fallecimientos por cáncer.
El dato surgió de un relevamiento realizado por los médicos de esos lugares en las oficinas del Registro Civil.
De las estadísticas se desprende que el cáncer en estas localidades sitiadas por las fumigaciones con agrotóxicos, se impuso como la principal causa de muerte, desplazando a la que a nivel nacional representan las enfermedades caridovasculares, relacionadas al estilo de vida de los ciudadanos.
Al respecto, Medardo Ávila Vázquez, integrante de Médicos de Pueblos Fumigados, indicó a este medio que según las localidades varía el valor, pero en la mayoría promedia un 31 o 32 por ciento de muertes por cáncer.
“Esto significa que del total de fallecimientos en cada localidad el 32% son por cáncer, cuando la media nacional es del 18%”, explicó el especialista.
En San Marcos Sud por ejemplo este índice es del 31% y en barrio Ituzaingó del 33%. Vale recordar que este barrio registra los índices más altos de la provincia, con una población de 4.000 personas, registra en la actualidad 220 casos de cáncer.
Ávila Vázquez detalló que la cantidad de casos comenzaron a aumentar desde el año 2000, cuando se produjo el “boom” de la soja en nuestro país, “esta es una situación que antes no existía”, añadió.
Los especialistas atribuyen este comportamiento sanitario a la utilización de las fumigaciones aéreas y terrestres con agrotóxicos en zonas pobladas.
“La más grave es la fumigación aérea por su poder de dispersión, lo que las vuelve incontrolables, pero las terrestres también son nocivas por que son altamente contaminantes”, indicó el médico.
Vale recordar que ya son 13 las localidades que prohibieron las fumigaciones en Córdoba. Se trata de San Francisco, Jesús María, Colonia Caroya, Oncativo, Ituzaingó Anexo en Córdoba Capital, Estación Juárez Celman, Anisacate, Villa General Belgrano, Parque Los Reartes, Las Calles, San Marcos Sierras, Huinca Renancó y Oliva.
Más chicos con malformaciones
Un informe de la genetista Gladys Trombotto, quien realizó un registro desde el año 1972 de niños con malformaciones que nacieron en la Maternidad Nacional de Córdoba, indica que se triplicaron los nacimientos de bebés con malformaciones.
El informe detalla que Córdoba tenía hace 15 años un índice de 2 niños cada 100 que nacían con algún problema de malformación. Desde 1996 este índice comenzó a aumentar hasta alcanzar a cinco de cada 100. No se encontró otra causa genética que explicara este fenómeno (como diabetes, consumo de alcohol, cigarrillo o drogas durante el embarazo).
“Ninguna de las causas estaba aumentada en este grupo de niños, es un análisis sobre 110.000 nacimientos”, añadió Ávila Vázquez.
La media hace 15 años atrás era de 1.5 o 2 por ciento, valor que se ha triplicado en algunos casos.
Europa por ejemplo, donde se prohibió el uso de agrotóxicos, mantiene todavía los niveles normales de un 2% , mientras en Córdoba este valor es del 5% en la población en general pero en las zonas fumigadas este índice asciende hasta un 8 o 9 %.
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Denuncian un "mega desmonte" en Chaco
Denuncian un "mega desmonte" autorizado por la Dirección de Bosques
Fecha de Publicación: 17/05/2012
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Mediante un crítico documento, la organización social coordinada por el abogado Rolando Núñez apuntó a un nuevo desmonte de más de 2 mil hectáreas, 50 kilómetros al norte de Pampa del Infierno, detrás del establecimiento “Don Pedro”.
Publicamos de manera textual el documento elaborado por el Centro de Estudios e Investigación Social “Nelson Mandela” DDHH:
“El exasperante ambientalismo declarativo del gobierno”
Por la engañosa aplicación del programa de cambio de uso de suelo que impulsa el Ministerio de la Producción del gobierno chaqueño se habilitan diariamente suelos que tradicionalmente no fueron aptos para la agricultura. Esta vez se tratan de suelos arenosos y limosos, Clases V y VI, del Departamento Brown, donde intensamente se viene desmontando para hacer chacras y ampliar la frontera agropecuaria. El caso concreto es un gran desmonte que supera 1.500 hectáreas, precedido de una autorización silvopastoril, ejecutados bajo la responsabilidad de profesionales estrechamente vinculados. El desmonte se autorizó en Zona Amarilla, por lo que nuevamente se ha violado la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques, posiblemente bajo los efectos de tráfico de influencia o directamente de la corrupción.
El cinismo del discurso ambientalista
El Dr. Ricardo Luis Lorenzetti, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en la presentación de su libro “Los Desafíos Ambientales del Siglo XXI”, en la Feria del Libro, propuso un cambio de modelo cultural, económico y social que impulse un desarrollo sustentable y denunció a los gobiernos que adhieren al ambientalismo declarativo, que proclaman la importancia de los derechos ambientales pero que después dan concesiones sin control. Si únicamente se hubiera referido al Chaco y no a las provincias mineras, ninguna persona -seria y responsable- discutiría tal reflexión dado que el gobierno chaqueño practica el ambientalismo declarativo en su máxima expresión y con mucho entusiasmo, mientras responde favorablemente a los intereses de los grupos de presión que hacen lobby diariamente para ampliar las fronteras agrícola, ganadera y forestal.
El gobierno chaqueño se destaca por el desvergonzado ambientalismo declarativo de su propaganda, de sus ministerios, organismos y programas, finalmente vacíos y absolutamente ficticios en materia de promoción y protección del ambiente y de la biodiversidad. Cuando sancionó la ley de expropiación de la legendaria Estancia “La Fidelidad”, para convertirla en Parque Nacional a precio vil, el gobierno aspiró a vestirse de verde; sin embargo, como la única verdad es la realidad, han quedado al descubierto los verdaderos objetivos de la actual gestión en materia de propiedad, uso y explotación de la tierra y de los recursos naturales. Ya no pueden negar que todos o casi todos los emprendimientos productivos primarios que se auspician tienen que ver con los modelos netamente extractivistas, depredadores, contaminantes y dañinos para el ecosistema y para la salud, la vida y las actividades de los pocos pobladores rurales que aún resisten en el Chaco y, en forma indirecta, contra quiénes viven en localidades y ciudades de esta provincia. La lógica del gobierno se reduce a las ideas liberales de grandes inversiones, muy concentradas, a mega emprendimientos y grandes producciones a escala, donde no está contemplada la participación de la mano de obra sino únicamente los paquetes tecnológicos que generan la concentración de la riqueza y la notable desigualdad social que predomina en nuestra estructura comunitaria, lo que constituye una gran contradicción frente a los principios de justicia social que predicaba Perón.
Mientras la administración actual continúa negando los desmontes y las explotaciones forestales que descontroladamente avanzan y acosan a nuestro territorio, retacea y oculta la información más importante. Cuando no la pueden esconder, casi todas las informaciones que brinda son parciales, inciertas, erróneas o directamente falsas o elaboradas para la ocasión, como algunas intervenciones en terreno que también son un simulacro efectista. Es que se propusieron continuar con la desinformación para evitar el control social. Al mismo tiempo, los mercenarios del discurso cada vez tienen más espacios en los medios de comunicación, repitiendo los alegatos de los lobbistas más ortodoxos, siempre por plata.
El mega desmonte autorizado por el Director de Bosques
El nuevo gran desmonte del que nos ocupamos se ubica a 50 kilómetros al norte de Pampa del Infierno, por la ruta secundaria que lleva a JJ. Castelli. El campo se encuentra detrás del Establecimiento agrícola ganadero “Don Pedro”, muy conocido en la zona. Las coordenadas son S 26º 12.799 W 060º 52.714. Los datos catastrales son los siguientes: Circunscripción 8, Parcela 81, Concepción del Bermejo, Departamento Almirante Brown. Tiene una superficie de 2500 hectáreas.
Según el cartel allí instalado, el predio rural sería de propiedad de Michelle Renne Jenny. Sin embargo, los lugareños refieren que el verdadero dueño es Alejandro Hayes, que sería un ingeniero agrónomo que declara su domicilio en la ciudad de Charata, pero que realmente vive en Córdoba. Hayes, que se presentó ante la policía como propietario del campo, denunció en octubre del año pasado que le habían sustraído madera de su predio. Compartió almuerzos con el Director de Bosques y con el Subsecretario de Recursos Naturales, porque tiene excelentes relaciones.
Se tramitó la autorización de desmonte a tala rasa en el marco del plan de aprovechamiento del uso del suelo, según lo señala el cartel instalado en el predio. El desmonte autorizado fue de 1.569 hectáreas, por Disposición 0065 de 2012 de la Dirección de Bosques. Sin embargo, ya se han desmontados más de 2000 hectáreas, dejándose algunas cortinas vegetales muy estrechas. Toparon todo el monte.
El técnico responsable es el ingeniero Diego A. Kalbermatter, muy activo en la tramitación de permisos de desmontes en gran parte del Chaco, que en Charata asociaban al actual Director de Bosques del Gobierno del Chaco, el ingeniero Miguel Ángel López. Kalbermatter también fue técnico responsable del desmonte en el campo de “Los cuatro niños S.A.”, ubicado entre Tres Isletas y Avia Terai, de propiedad de una familia latifundista, que progresó de manera extraordinaria desde la época de vigencia del rozismo. La madera fue retirada por el productor forestal Oreste Paoletti, Intendente de Los Frentones, estrechamente vinculado con la Dirección de Bosques.
La empresa de desmonte es Picat Hnos. S.A. La madera ha sido retirada por otro amigo de la Dirección de Bosques. Se trata de Alesio Roberto Nardelli, presidente de la cámara de exportadores del carbón chaqueño, que vive en Tres Isletas, que hace cinco años tenía un camión Ford 350 y que en la actualidad montó un imponente establecimiento y cuenta con una flota de 32 camiones, guinches y tecnología muy moderna que permite un tratamiento rápido de la madera en terreno. Luego están la empresa Sbaraglia Group S.R.L., con domicilio legal en Spoltore (PE) Vía Castellani SNC CSP 65010 de la Republica Italiana y la sociedad conformada Chacoexport S.R.L., con Fanny Yamila Kalbermatter, cuyo objeto principal es el desmonte, a compra y venta de las especies forestales, la explotación integral del monte, entre otras actividades.
Parte de los restos forestales ya fueron quemados, lo que constituye una grave infracción forestal que pasa desapercibida. Seguramente la chacra será habilitada para la campaña 2012/2013, a pesar de que se tratan de suelos clase V y VI, tradicionalmente no aptos para la agricultura por ser muy arenosos y limosos, extremadamente susceptibles a la erosión eólica e hídrica.
El paso previo: permiso silvopastoril anterior
Diego A. Kalbermatter tiene habilitada su consultora en Charata. Encontramos que es el técnico responsable en muchas de las autorizaciones entregada por la Dirección de Bosques en distintas regiones de la geografía chaqueña, una más alejada de la otra de su ciudad de residencia. El ingeniero Miguel Ángel López, que para la opinión pública de los charatenses estaba asociado a Kalbermatter en una consultora, fue uno de los profesionales que tramitó muchas autorizaciones en el eje Pinedo/Charata, siendo infraccionado cuando ejercía la profesión liberal.
Antes que se produjera el mega desmonte en el campo de de Michelle o de Hayes, en 1998 el ingeniero López tramitó el permiso silvopastoril que fue autorizado por la Disposición 0508/08, Permiso SF 00376. Estas intervenciones sugieren diversas interpretaciones. Ante el avance de los silvopastoriles que violan la Ley de Bosques y de los desmontes posteriores, surgen dudas y preocupaciones muy concretas aunque algunos sectores tienen certezas que son graves sobre lo que ocurre en el seno de la actual gestión de gobierno, fundamentalmente por el tráfico de influencia y por la corrupción para disponer de los recursos naturales. Es evidente que se ha profundizado el manejo de las tierras en Chaco como una gran inmobiliaria agrícola, ganadera y forestal, cuyo final puede generar la profundización del fuerte desequilibrio ambiental que ya se ha producido como consecuencia de la explotación irracional de los recursos naturales y de los suelos. La lógica que comparten, escondida o desembozadamente, el gobierno, los propietarios y los productores permite comprender que van a tumbar todos los montes y a poner en máximo riesgo y daño al frágil equilibrio del ecosistema chaqueño, sobre todo en la Zona Amarilla, donde todos los días se viola la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques".
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Fecha de Publicación: 17/05/2012
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Mediante un crítico documento, la organización social coordinada por el abogado Rolando Núñez apuntó a un nuevo desmonte de más de 2 mil hectáreas, 50 kilómetros al norte de Pampa del Infierno, detrás del establecimiento “Don Pedro”.
Publicamos de manera textual el documento elaborado por el Centro de Estudios e Investigación Social “Nelson Mandela” DDHH:
“El exasperante ambientalismo declarativo del gobierno”
Por la engañosa aplicación del programa de cambio de uso de suelo que impulsa el Ministerio de la Producción del gobierno chaqueño se habilitan diariamente suelos que tradicionalmente no fueron aptos para la agricultura. Esta vez se tratan de suelos arenosos y limosos, Clases V y VI, del Departamento Brown, donde intensamente se viene desmontando para hacer chacras y ampliar la frontera agropecuaria. El caso concreto es un gran desmonte que supera 1.500 hectáreas, precedido de una autorización silvopastoril, ejecutados bajo la responsabilidad de profesionales estrechamente vinculados. El desmonte se autorizó en Zona Amarilla, por lo que nuevamente se ha violado la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques, posiblemente bajo los efectos de tráfico de influencia o directamente de la corrupción.
El cinismo del discurso ambientalista
El Dr. Ricardo Luis Lorenzetti, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en la presentación de su libro “Los Desafíos Ambientales del Siglo XXI”, en la Feria del Libro, propuso un cambio de modelo cultural, económico y social que impulse un desarrollo sustentable y denunció a los gobiernos que adhieren al ambientalismo declarativo, que proclaman la importancia de los derechos ambientales pero que después dan concesiones sin control. Si únicamente se hubiera referido al Chaco y no a las provincias mineras, ninguna persona -seria y responsable- discutiría tal reflexión dado que el gobierno chaqueño practica el ambientalismo declarativo en su máxima expresión y con mucho entusiasmo, mientras responde favorablemente a los intereses de los grupos de presión que hacen lobby diariamente para ampliar las fronteras agrícola, ganadera y forestal.
El gobierno chaqueño se destaca por el desvergonzado ambientalismo declarativo de su propaganda, de sus ministerios, organismos y programas, finalmente vacíos y absolutamente ficticios en materia de promoción y protección del ambiente y de la biodiversidad. Cuando sancionó la ley de expropiación de la legendaria Estancia “La Fidelidad”, para convertirla en Parque Nacional a precio vil, el gobierno aspiró a vestirse de verde; sin embargo, como la única verdad es la realidad, han quedado al descubierto los verdaderos objetivos de la actual gestión en materia de propiedad, uso y explotación de la tierra y de los recursos naturales. Ya no pueden negar que todos o casi todos los emprendimientos productivos primarios que se auspician tienen que ver con los modelos netamente extractivistas, depredadores, contaminantes y dañinos para el ecosistema y para la salud, la vida y las actividades de los pocos pobladores rurales que aún resisten en el Chaco y, en forma indirecta, contra quiénes viven en localidades y ciudades de esta provincia. La lógica del gobierno se reduce a las ideas liberales de grandes inversiones, muy concentradas, a mega emprendimientos y grandes producciones a escala, donde no está contemplada la participación de la mano de obra sino únicamente los paquetes tecnológicos que generan la concentración de la riqueza y la notable desigualdad social que predomina en nuestra estructura comunitaria, lo que constituye una gran contradicción frente a los principios de justicia social que predicaba Perón.
Mientras la administración actual continúa negando los desmontes y las explotaciones forestales que descontroladamente avanzan y acosan a nuestro territorio, retacea y oculta la información más importante. Cuando no la pueden esconder, casi todas las informaciones que brinda son parciales, inciertas, erróneas o directamente falsas o elaboradas para la ocasión, como algunas intervenciones en terreno que también son un simulacro efectista. Es que se propusieron continuar con la desinformación para evitar el control social. Al mismo tiempo, los mercenarios del discurso cada vez tienen más espacios en los medios de comunicación, repitiendo los alegatos de los lobbistas más ortodoxos, siempre por plata.
El mega desmonte autorizado por el Director de Bosques
El nuevo gran desmonte del que nos ocupamos se ubica a 50 kilómetros al norte de Pampa del Infierno, por la ruta secundaria que lleva a JJ. Castelli. El campo se encuentra detrás del Establecimiento agrícola ganadero “Don Pedro”, muy conocido en la zona. Las coordenadas son S 26º 12.799 W 060º 52.714. Los datos catastrales son los siguientes: Circunscripción 8, Parcela 81, Concepción del Bermejo, Departamento Almirante Brown. Tiene una superficie de 2500 hectáreas.
Según el cartel allí instalado, el predio rural sería de propiedad de Michelle Renne Jenny. Sin embargo, los lugareños refieren que el verdadero dueño es Alejandro Hayes, que sería un ingeniero agrónomo que declara su domicilio en la ciudad de Charata, pero que realmente vive en Córdoba. Hayes, que se presentó ante la policía como propietario del campo, denunció en octubre del año pasado que le habían sustraído madera de su predio. Compartió almuerzos con el Director de Bosques y con el Subsecretario de Recursos Naturales, porque tiene excelentes relaciones.
Se tramitó la autorización de desmonte a tala rasa en el marco del plan de aprovechamiento del uso del suelo, según lo señala el cartel instalado en el predio. El desmonte autorizado fue de 1.569 hectáreas, por Disposición 0065 de 2012 de la Dirección de Bosques. Sin embargo, ya se han desmontados más de 2000 hectáreas, dejándose algunas cortinas vegetales muy estrechas. Toparon todo el monte.
El técnico responsable es el ingeniero Diego A. Kalbermatter, muy activo en la tramitación de permisos de desmontes en gran parte del Chaco, que en Charata asociaban al actual Director de Bosques del Gobierno del Chaco, el ingeniero Miguel Ángel López. Kalbermatter también fue técnico responsable del desmonte en el campo de “Los cuatro niños S.A.”, ubicado entre Tres Isletas y Avia Terai, de propiedad de una familia latifundista, que progresó de manera extraordinaria desde la época de vigencia del rozismo. La madera fue retirada por el productor forestal Oreste Paoletti, Intendente de Los Frentones, estrechamente vinculado con la Dirección de Bosques.
La empresa de desmonte es Picat Hnos. S.A. La madera ha sido retirada por otro amigo de la Dirección de Bosques. Se trata de Alesio Roberto Nardelli, presidente de la cámara de exportadores del carbón chaqueño, que vive en Tres Isletas, que hace cinco años tenía un camión Ford 350 y que en la actualidad montó un imponente establecimiento y cuenta con una flota de 32 camiones, guinches y tecnología muy moderna que permite un tratamiento rápido de la madera en terreno. Luego están la empresa Sbaraglia Group S.R.L., con domicilio legal en Spoltore (PE) Vía Castellani SNC CSP 65010 de la Republica Italiana y la sociedad conformada Chacoexport S.R.L., con Fanny Yamila Kalbermatter, cuyo objeto principal es el desmonte, a compra y venta de las especies forestales, la explotación integral del monte, entre otras actividades.
Parte de los restos forestales ya fueron quemados, lo que constituye una grave infracción forestal que pasa desapercibida. Seguramente la chacra será habilitada para la campaña 2012/2013, a pesar de que se tratan de suelos clase V y VI, tradicionalmente no aptos para la agricultura por ser muy arenosos y limosos, extremadamente susceptibles a la erosión eólica e hídrica.
El paso previo: permiso silvopastoril anterior
Diego A. Kalbermatter tiene habilitada su consultora en Charata. Encontramos que es el técnico responsable en muchas de las autorizaciones entregada por la Dirección de Bosques en distintas regiones de la geografía chaqueña, una más alejada de la otra de su ciudad de residencia. El ingeniero Miguel Ángel López, que para la opinión pública de los charatenses estaba asociado a Kalbermatter en una consultora, fue uno de los profesionales que tramitó muchas autorizaciones en el eje Pinedo/Charata, siendo infraccionado cuando ejercía la profesión liberal.
Antes que se produjera el mega desmonte en el campo de de Michelle o de Hayes, en 1998 el ingeniero López tramitó el permiso silvopastoril que fue autorizado por la Disposición 0508/08, Permiso SF 00376. Estas intervenciones sugieren diversas interpretaciones. Ante el avance de los silvopastoriles que violan la Ley de Bosques y de los desmontes posteriores, surgen dudas y preocupaciones muy concretas aunque algunos sectores tienen certezas que son graves sobre lo que ocurre en el seno de la actual gestión de gobierno, fundamentalmente por el tráfico de influencia y por la corrupción para disponer de los recursos naturales. Es evidente que se ha profundizado el manejo de las tierras en Chaco como una gran inmobiliaria agrícola, ganadera y forestal, cuyo final puede generar la profundización del fuerte desequilibrio ambiental que ya se ha producido como consecuencia de la explotación irracional de los recursos naturales y de los suelos. La lógica que comparten, escondida o desembozadamente, el gobierno, los propietarios y los productores permite comprender que van a tumbar todos los montes y a poner en máximo riesgo y daño al frágil equilibrio del ecosistema chaqueño, sobre todo en la Zona Amarilla, donde todos los días se viola la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques".
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Gualeguaychú: Sobreseyeron a 18 asambleístas
Sobreseyeron a 18 asambleístas que bloquearon el puente de Gualeguaychú
Fecha de Publicación: 16/05/2012
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
El hecho ocurrió con motivo de la oposición a la instalación y funcionamiento de la pastera denominada UPM (Ex Botnia) y según el fallo, acompañaban a los imputados un grupo aproximado de cuatrocientas treinta y cinco personas, de las que, hasta el presente, se ignoran datos.
El juez sostuvo en la resolución de 76 carillas a las que tuvo acceso Infobae.com que "no se realizó el corte de ruta con intención de provocar un daño a quienes pretendía atravesar el mismo o circular libremente por la ruta impedida, sino, se realizó con fines distintos, pretendiendo resultados distintos", en referencia a la protesta para hacerse escuchar.
"Ahora, no se previó que la conducta pudiera causar un resultado como lo fue el impedir el tránsito de cosas, personas o mercaderías en forma libre; esto, en rigor, es la consecuencia del descuido de la conducta impeditiva y ello, justamente ello, es lo que merece sanción. Ahora, como el tipo no permite la figura culposa, aún admitiendo el dolo eventual inclusive, los hechos quedarán exentos de persecución por falta de adecuación al tipo del art. 194", dice el fallo del juez Seró.
"Los sujetos no han tenido la intencionalidad de provocar un corte que tenga por fin inmediato obstaculizar el tránsito ni entorpecerlo ni mucho menos impedirlo, sino, por el contrario fue su fin inmediato el hacerse escuchar a los efectos que el organismo que corresponda (sea nacional de cualquier grado o internacional) canalice su protesta", continúa.
"Los mismos han definido su estrategia como la continuadora de una serie ininterrumpida de cortes de ruta, a la misma altura y bajo la misma modalidad, empero, en ocasiones distintas, separadas por un lapso de tiempo y por breve término, de lo que se infiere que, como bien se habló dela desproporcionalidad de la medida que tomaran quienes fueran protagonistas de los hechos continuados anteriores, ésta, con su modalidad y su cantidad de personas intervinientes (solo identificados e indagados quienes resultan destinatarios de este auto) no llegan a conmover la norma a punto tal de permitir la procedencia de una sanción penal", agrega.
"Sí, no cabe duda alguna, la conducta es absolutamente culposa con todas y cada una de las características que corresponde atribuirle a una dirección de tal naturaleza", sentenció el magistrado.
"Entiendo que intencionalmente convergieron al derecho de reunirse, mas nó al de realizar el ilícito. Ese es el alcance que aquí le atribuyo", dice uno de los párrafos del fallo.
El sobreseimiento fue dictado respecto de Luis Daniel Cabrera, Paola Robles Duarte, Juan Bautista Veronesi, Silvia Echeverría, Roberto Marchesini, Raúl Francisco Subías, Juan Antonio Ferrari, Gustavo Rafael Giusto, Gilda del Alba Bilinski, Angel Frías, Juan Carlos Barrios, Orlando Luis Alberto Piaggio.
También alcanzó al Andrés Nicolás Rivas, Lilian Melnik, Ivana María Inés Vilches, Emilia del Carmen Colombo de Bocalandro, Lidia Isabel Nievas y Freddy Edgardo Bocalandro.
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Fecha de Publicación: 16/05/2012
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
El hecho ocurrió con motivo de la oposición a la instalación y funcionamiento de la pastera denominada UPM (Ex Botnia) y según el fallo, acompañaban a los imputados un grupo aproximado de cuatrocientas treinta y cinco personas, de las que, hasta el presente, se ignoran datos.El juez sostuvo en la resolución de 76 carillas a las que tuvo acceso Infobae.com que "no se realizó el corte de ruta con intención de provocar un daño a quienes pretendía atravesar el mismo o circular libremente por la ruta impedida, sino, se realizó con fines distintos, pretendiendo resultados distintos", en referencia a la protesta para hacerse escuchar.
"Ahora, no se previó que la conducta pudiera causar un resultado como lo fue el impedir el tránsito de cosas, personas o mercaderías en forma libre; esto, en rigor, es la consecuencia del descuido de la conducta impeditiva y ello, justamente ello, es lo que merece sanción. Ahora, como el tipo no permite la figura culposa, aún admitiendo el dolo eventual inclusive, los hechos quedarán exentos de persecución por falta de adecuación al tipo del art. 194", dice el fallo del juez Seró.
"Los sujetos no han tenido la intencionalidad de provocar un corte que tenga por fin inmediato obstaculizar el tránsito ni entorpecerlo ni mucho menos impedirlo, sino, por el contrario fue su fin inmediato el hacerse escuchar a los efectos que el organismo que corresponda (sea nacional de cualquier grado o internacional) canalice su protesta", continúa.
"Los mismos han definido su estrategia como la continuadora de una serie ininterrumpida de cortes de ruta, a la misma altura y bajo la misma modalidad, empero, en ocasiones distintas, separadas por un lapso de tiempo y por breve término, de lo que se infiere que, como bien se habló dela desproporcionalidad de la medida que tomaran quienes fueran protagonistas de los hechos continuados anteriores, ésta, con su modalidad y su cantidad de personas intervinientes (solo identificados e indagados quienes resultan destinatarios de este auto) no llegan a conmover la norma a punto tal de permitir la procedencia de una sanción penal", agrega.
"Sí, no cabe duda alguna, la conducta es absolutamente culposa con todas y cada una de las características que corresponde atribuirle a una dirección de tal naturaleza", sentenció el magistrado.
"Entiendo que intencionalmente convergieron al derecho de reunirse, mas nó al de realizar el ilícito. Ese es el alcance que aquí le atribuyo", dice uno de los párrafos del fallo.
El sobreseimiento fue dictado respecto de Luis Daniel Cabrera, Paola Robles Duarte, Juan Bautista Veronesi, Silvia Echeverría, Roberto Marchesini, Raúl Francisco Subías, Juan Antonio Ferrari, Gustavo Rafael Giusto, Gilda del Alba Bilinski, Angel Frías, Juan Carlos Barrios, Orlando Luis Alberto Piaggio.
También alcanzó al Andrés Nicolás Rivas, Lilian Melnik, Ivana María Inés Vilches, Emilia del Carmen Colombo de Bocalandro, Lidia Isabel Nievas y Freddy Edgardo Bocalandro.
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Hay que meter presos a los hippies ambientalistas
Minería y “hippies violentos”
Fecha de Publicación: 16/05/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: La Rioja
El gobernador de La Rioja opinó que “cuando metan a dos o tres (activistas) presos”, las protestas contra la minería se terminan. Y comparó los escraches con la metodología de los “nazis, que marcaban a los judíos”.
El gobernador riojano, Luis Beder Herrera, definió a los activistas antiminería como “hi-ppies violentos” cuya protesta, “cuando metan a dos o tres presos, se termina”. Las declaraciones, brindadas entre jaulas con conejos de un emprendimiento agropecuario que visitaba, se refirieron también a una caravana con escrache que ambientalistas de Famatina realizaron el viernes pasado para repudiar los proyectos de megaminería en la provincia. “Los escraches nacen en Alemania, cuando los nazis marcaban las casas de judíos y luego terminó en una matanza de millones”, señaló el mandatario. Anoche, activistas ambientalistas debatían si la asamblea de Famatina daría a conocer un comunicado sobre las palabras del gobernador. “Vamos a debatir lo que dijo. Nadie puede permanecer indiferente. Nos está haciendo pasar a todos por terroristas”, dijo a este diario Marcelo Garrott, de la Asamblea Ciudadanos por la Vida. En tanto, los asambleístas han ratificado que marcharán a la capital riojana para estar presentes, el domingo próximo, en el acto por el aniversario de la fundación de la ciudad y visibilizar, entonces, el reclamo.
Las declaraciones del gobernador Herrera fueron su respuesta a una caravana con escrache que, el sábado pasado, asambleístas de Famatina realizaron por Campanas, Chañarmuyo y Pituil, todas localidades cercanas al pueblo donde permanece el corte en contra de un proyecto minero. Ese día, explicó el activista Garrott a este diario, una caravana de cerca de trescientas personas, todas ellas en autos, recorrieron los poblados tocando bocina, repartiendo volantes y cantando consignas. En el primero de los pueblos intentaron llegar al domicilio de la diputada provincial Adriana Olima, con quien mantienen un fuerte conflicto sobre actividad minera, pero un vallado policial lo impidió.
Ese intento de escrache fue el que evaluó ayer duramente el gobernador Herrera, al afirmar que los grupos ambientalistas deben “hacer política de otra manera”, tras lo cual los identificó con los integrantes del radicalismo provincial, quienes “en las pasadas elecciones se presentaron y sacaron menos del 19 por ciento” de los votos. “Los escraches nacen en Alemania, cuando los nazis marcaban las casas de judíos y luego terminó en una matanza de millones. Se demoniza a la gente. Imagínese haber demonizado a los judíos sólo por ser judíos, y luego mataron millones de ellos. Es una práctica que no se usa en el mundo, por los recuerdos que trae”, aseguró. En enero de este año, otro gobernador, el sanjuanino José Luis Gioja, había calificado a los activistas ecologistas de su provincia como “nazis” por oponerse a los proyectos de megaminería.
Por otra parte, el mismo gobernador Herrera buscó minimizar el peso que la protesta tiene a nivel local, describiendo con dureza a los activistas que sostienen, de manera permanente, la vigilia en Alto Carrizal para evitar el traslado de elementos y herramientas necesarios en tareas de minería a cielo abierto, según el acuerdo firmado entre la provincia y la empresa canadiense Osisko. “En Famatina hay cuarenta hippies, gente que no trabaja, vive gratis y tiene actividades non sanctas. Allá la gente los repudia. La gente tiene que reaccionar pacíficamente y decirles que se retiren del frente de su casa.” De todos modos, el funcionario reflexionó que él “haría todo” por debatir sobre minería con los activistas. Sin embargo, instó a la Justicia a que tome cartas en el asunto, porque “cuando metan a dos o tres presos, se termina” la protesta.
El sábado pasado, según explicó a este diario Garrott, el escrache en Campanas tenía por objeto protestar ante la casa de la diputada Adriana Olima. Recientemente, la legisladora logró salvar su mandato legislativo luego de que la Justicia Electoral riojana declarara inconstitucional la ley provincial que reglamentaba la revocatoria popular. Meses atrás, la Asamblea de Ciudadanos por la Vida había recabado las firmas necesarias para poner en práctica el sistema de revocatoria popular con el mandato de Olima porque la legisladora, que antes se oponía a la minería, ahora la apoya. Garrott denunció, por lo demás, que durante el escrache en Campanas un pequeño grupo buscó infiltrarse ente los activistas para provocar disturbios.
Más Información:
(notas aparecidas el 15/05/2012 en ediciones on line de medios electrónicos)
- Los Andes On Line - El gobernador de La Rioja pidió "meter presos" a ambientalistas
- TN - El gobernador de La Rioja pidió "meter presos" a los asambleístas que protestan contra la minería
- La Voz On Line - Beder Herrera calificó a los manifestantes contra la minería de “violentos hippies”
Fecha de Publicación: 16/05/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: La Rioja
El gobernador de La Rioja opinó que “cuando metan a dos o tres (activistas) presos”, las protestas contra la minería se terminan. Y comparó los escraches con la metodología de los “nazis, que marcaban a los judíos”.El gobernador riojano, Luis Beder Herrera, definió a los activistas antiminería como “hi-ppies violentos” cuya protesta, “cuando metan a dos o tres presos, se termina”. Las declaraciones, brindadas entre jaulas con conejos de un emprendimiento agropecuario que visitaba, se refirieron también a una caravana con escrache que ambientalistas de Famatina realizaron el viernes pasado para repudiar los proyectos de megaminería en la provincia. “Los escraches nacen en Alemania, cuando los nazis marcaban las casas de judíos y luego terminó en una matanza de millones”, señaló el mandatario. Anoche, activistas ambientalistas debatían si la asamblea de Famatina daría a conocer un comunicado sobre las palabras del gobernador. “Vamos a debatir lo que dijo. Nadie puede permanecer indiferente. Nos está haciendo pasar a todos por terroristas”, dijo a este diario Marcelo Garrott, de la Asamblea Ciudadanos por la Vida. En tanto, los asambleístas han ratificado que marcharán a la capital riojana para estar presentes, el domingo próximo, en el acto por el aniversario de la fundación de la ciudad y visibilizar, entonces, el reclamo.
Las declaraciones del gobernador Herrera fueron su respuesta a una caravana con escrache que, el sábado pasado, asambleístas de Famatina realizaron por Campanas, Chañarmuyo y Pituil, todas localidades cercanas al pueblo donde permanece el corte en contra de un proyecto minero. Ese día, explicó el activista Garrott a este diario, una caravana de cerca de trescientas personas, todas ellas en autos, recorrieron los poblados tocando bocina, repartiendo volantes y cantando consignas. En el primero de los pueblos intentaron llegar al domicilio de la diputada provincial Adriana Olima, con quien mantienen un fuerte conflicto sobre actividad minera, pero un vallado policial lo impidió.
Ese intento de escrache fue el que evaluó ayer duramente el gobernador Herrera, al afirmar que los grupos ambientalistas deben “hacer política de otra manera”, tras lo cual los identificó con los integrantes del radicalismo provincial, quienes “en las pasadas elecciones se presentaron y sacaron menos del 19 por ciento” de los votos. “Los escraches nacen en Alemania, cuando los nazis marcaban las casas de judíos y luego terminó en una matanza de millones. Se demoniza a la gente. Imagínese haber demonizado a los judíos sólo por ser judíos, y luego mataron millones de ellos. Es una práctica que no se usa en el mundo, por los recuerdos que trae”, aseguró. En enero de este año, otro gobernador, el sanjuanino José Luis Gioja, había calificado a los activistas ecologistas de su provincia como “nazis” por oponerse a los proyectos de megaminería.
Por otra parte, el mismo gobernador Herrera buscó minimizar el peso que la protesta tiene a nivel local, describiendo con dureza a los activistas que sostienen, de manera permanente, la vigilia en Alto Carrizal para evitar el traslado de elementos y herramientas necesarios en tareas de minería a cielo abierto, según el acuerdo firmado entre la provincia y la empresa canadiense Osisko. “En Famatina hay cuarenta hippies, gente que no trabaja, vive gratis y tiene actividades non sanctas. Allá la gente los repudia. La gente tiene que reaccionar pacíficamente y decirles que se retiren del frente de su casa.” De todos modos, el funcionario reflexionó que él “haría todo” por debatir sobre minería con los activistas. Sin embargo, instó a la Justicia a que tome cartas en el asunto, porque “cuando metan a dos o tres presos, se termina” la protesta.
El sábado pasado, según explicó a este diario Garrott, el escrache en Campanas tenía por objeto protestar ante la casa de la diputada Adriana Olima. Recientemente, la legisladora logró salvar su mandato legislativo luego de que la Justicia Electoral riojana declarara inconstitucional la ley provincial que reglamentaba la revocatoria popular. Meses atrás, la Asamblea de Ciudadanos por la Vida había recabado las firmas necesarias para poner en práctica el sistema de revocatoria popular con el mandato de Olima porque la legisladora, que antes se oponía a la minería, ahora la apoya. Garrott denunció, por lo demás, que durante el escrache en Campanas un pequeño grupo buscó infiltrarse ente los activistas para provocar disturbios.
Más Información:
(notas aparecidas el 15/05/2012 en ediciones on line de medios electrónicos)
- Los Andes On Line - El gobernador de La Rioja pidió "meter presos" a ambientalistas
- TN - El gobernador de La Rioja pidió "meter presos" a los asambleístas que protestan contra la minería
- La Voz On Line - Beder Herrera calificó a los manifestantes contra la minería de “violentos hippies”
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Sali-Dulce: Detectaron nuevos vuelcos de vinaza
Detectaron nuevos vuelcos de vinaza y autoridades podrían sancionar a ingenio La Corona
Fecha de Publicación: 15/05/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Integrantes de la Defensoría del Pueblo de la provincia detectaron vuelcos de vinaza en la cuenca Salí Dulce por parte del ingenio La Corona, hecho que fue confirmado por las autoridades del gobierno tucumano, quienes podrían sancionar a la empresa.
En diálogo con EL LIBERAL, el defensor Martín Díaz Achával reveló que “hubo unas detecciones de valores anormales e irregularidades por las cuales las autoridades tucumanas y de la Secretaría de Ambiente de la Nación estaban tramitando sanciones al respecto, así que esperemos tener novedades en los próximos días”.
En ese sentido, Díaz Achával puso de relieve la buena voluntad de cumplir el acuerdo por parte de los funcionarios de la vecina provincia al sostener que “es importante que haya habido una rápida reacción por parte del gobierno en detectar el problema, identificar al responsable y preparar los mecanismos de sanción”.
De esta manera se refirió a la posible clausura que recibiría el ingenio luego de haber tenido inconvenientes en una de las piletas. “No habría sido vuelco intencional, pero de todas maneras habría habido una caída de vinaza”, detalló el defensor.
El ombudsman santiagueño explicó que fue “el único incidente que pudimos documentar”, aunque aclaró que “hubo otros en El Troncal, pero por un par de horas nada más, hubo un poco de agua alterada, pero no sabemos si fue vinaza o no”.
Incremento en multas
Por otra parte, Díaz Achával destacó el interés del Poder Ejecutivo de Tucumán en solucionar el problema, luego de que enviará a la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto para modificar la ley ambiental, donde se hizo especial hincapié en el sistema de sanciones a quienes contaminen y que fuera aprobado la semana.
“Es importante que se haya sancionado una ley que aumentó la multa a los ingenios que contaminen, que llegará a los dos millones de pesos, cosa que antes no existía; esto demuestra que la presión que se ha ejercido está rindiendo sus frutos”, indicó en tal sentido el funcionario provincial.
El proyecto tiene previsto un sistema de multa, con graduación muy alta, que va de uno hasta tres mil sueldos básicos de la administración provincial y otro que prevé una bonificación del 40 por ciento en las multas a los infractores que se allanen y no recurran a la instancia judicial con lo que evitan gastos y pérdida de tiempo.
Díaz Achával manifestó que, desde el organismo que tiene a su cargo, continuarán trabajando en monitoreos a los fines de controlar que los ingenios cumplan con lo acordado en el convenio que firmarán los gobiernos de Tucumán, Santiago y la Secretaría de Ambiente. Por último, el defensor expresó que luego de que terminen de hacer las evaluaciones, se trabajará en un encuentro entre las partes.
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Fecha de Publicación: 15/05/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Integrantes de la Defensoría del Pueblo de la provincia detectaron vuelcos de vinaza en la cuenca Salí Dulce por parte del ingenio La Corona, hecho que fue confirmado por las autoridades del gobierno tucumano, quienes podrían sancionar a la empresa.En diálogo con EL LIBERAL, el defensor Martín Díaz Achával reveló que “hubo unas detecciones de valores anormales e irregularidades por las cuales las autoridades tucumanas y de la Secretaría de Ambiente de la Nación estaban tramitando sanciones al respecto, así que esperemos tener novedades en los próximos días”.
En ese sentido, Díaz Achával puso de relieve la buena voluntad de cumplir el acuerdo por parte de los funcionarios de la vecina provincia al sostener que “es importante que haya habido una rápida reacción por parte del gobierno en detectar el problema, identificar al responsable y preparar los mecanismos de sanción”.
De esta manera se refirió a la posible clausura que recibiría el ingenio luego de haber tenido inconvenientes en una de las piletas. “No habría sido vuelco intencional, pero de todas maneras habría habido una caída de vinaza”, detalló el defensor.
El ombudsman santiagueño explicó que fue “el único incidente que pudimos documentar”, aunque aclaró que “hubo otros en El Troncal, pero por un par de horas nada más, hubo un poco de agua alterada, pero no sabemos si fue vinaza o no”.
Incremento en multas
Por otra parte, Díaz Achával destacó el interés del Poder Ejecutivo de Tucumán en solucionar el problema, luego de que enviará a la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto para modificar la ley ambiental, donde se hizo especial hincapié en el sistema de sanciones a quienes contaminen y que fuera aprobado la semana.
“Es importante que se haya sancionado una ley que aumentó la multa a los ingenios que contaminen, que llegará a los dos millones de pesos, cosa que antes no existía; esto demuestra que la presión que se ha ejercido está rindiendo sus frutos”, indicó en tal sentido el funcionario provincial.
El proyecto tiene previsto un sistema de multa, con graduación muy alta, que va de uno hasta tres mil sueldos básicos de la administración provincial y otro que prevé una bonificación del 40 por ciento en las multas a los infractores que se allanen y no recurran a la instancia judicial con lo que evitan gastos y pérdida de tiempo.
Díaz Achával manifestó que, desde el organismo que tiene a su cargo, continuarán trabajando en monitoreos a los fines de controlar que los ingenios cumplan con lo acordado en el convenio que firmarán los gobiernos de Tucumán, Santiago y la Secretaría de Ambiente. Por último, el defensor expresó que luego de que terminen de hacer las evaluaciones, se trabajará en un encuentro entre las partes.
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Sancionaron la Ley de bosques nativos en La Rioja
Sancionaron ley que ordena los bosques nativos existentes en el territorio provincial
Fecha de Publicación: 15/05/2012
Fuente: El Independiente
Provincia/Región: La Rioja
La ley provincial 9.188 fue creada en términos de la ley nacional 26.331, y establece tres diferentes categorías según el nivel de conservación determinado mediante un análisis territorial. Asimismo fija como autoridad de aplicación a la Secretaría de Ambiente, y crea un fondo para promover la preservación y conservación de las áreas boscosas.
La Cámara de Diputados sancionó con fuerza de ley el proyecto de Bosques Nativos presentado por todos los bloques, que tiene como objetivo el ordenamiento y protección de los mismos dentro del territorio provincial.
La ley 9.188 en su artículo primero manifiesta que "establécese el ordenamiento de los bosques nativos existentes en el territorio de la Provincia. La presente se dicta en los términos del artículo Nº 6 de la ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos". Asimismo sostiene que la norma dictada por el Congreso de la Nación no podrá alterar las atribuciones de la Provincia como titular de los recursos naturales.
Son considerados bosques nativos los ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por especies arbóreas nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas en conjunto con el medio que las rodea -suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos- que en su estado natural le otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los diferentes recursos naturales con posibilidad de utilización económica.
También están comprendidos dentro de la definición los bosques nativos de origen primario, donde no intervino el hombre; y aquellos de origen secundario formados luego de un desmonte, así como aquellos resultantes de una recomposición o restauración voluntaria. Sin embargo quedan exceptuados de la aplicación de la ley todos aquellos aprovechamientos realizados en superficies menores a 10 hectáreas que sean propiedad de comunidades indígenas o de pequeños productores.
Categorización
Conforme a los criterios de sustentabilidad previstos en la ley nacional, la norma provincial establece tres categorías según el nivel de conservación: alto señalado en el mapa con el color rojo, mediano determinado con el color amarillo y bajo establecido con el color verde.
La categoría I está conformada por los bosques nativos considerados de muy alto nivel de conservación y que no deben transformarse, entre los que se encuentran: los suelos con pendientes mayores del 25 por ciento, lugares poco productivos pero con gran necesidad de mantener la fijación de los suelos a través del bosque y las áreas protegidas dentro del territorio provincial. Se pueden incorporar a la categoría aquellas áreas de interés especial por su valor biológico, turístico, cultural y otros por los que deban ser conservados.
La categoría II son los bosques de mediano valor de conservación que, dependiendo de sus condiciones naturales, podrán ser sometidos a los siguientes usos e intervenciones y prácticas de manejo: aprovechamiento sustentable; prácticas de control selectivo de bajo impacto; plan de conservación, de aprovechamiento del uso del suelo y de manejo sostenible; turismo y recolección e investigación científica; desmonte selectivo; rolado y/o raleo selectivo de bajo impacto; rolado de mantenimiento; aprovechamiento forestal; picadas perimetrales; picadas y caminos internos; fajas corta fuegos; enriquecimiento forestal; control de especies exóticas; y prácticas ígneas. También quedan comprendidas en esta categoría las zonas de bosques de pequeños productores que se dediquen a actividades agrícolas, avícolas, ganaderas, forestales, de caza, pesca o recolección; que utilicen mano de obra familiar y obtengan la mayor parte de sus ingresos de ese aprovechamiento.
Categoría III son considerados los bosques de bajo valor de conservación, encontrándose incluidas las zonas con alta productividad agropecuaria, los que podrán transformarse parcialmente o en su totalidad. En las actividades de desmonte en estas áreas se deberá prever cortinas rompevientos, isletas, bosquecillos, entre otras protecciones, las que sumadas en su superficie no deberán ser inferiores a un 10 por ciento de la superficie de desmonte afectada.
La norma provincial faculta a la Función Ejecutiva a establecer los porcentajes de cobertura boscosa, que como mínimo deberán conservarse en la forma que determine la autoridad de aplicación, al momento de emitir las autorizaciones para la realización de las actividades contempladas por categoría. Además deberá determinar aquellas especies que revisten de valor para la Provincia, e instrumentará las medidas de protección de las áreas que contengan bosques con esas especies.
Autoridad de aplicación
Según señala la ley provincial la autoridad de aplicación de la normativa es la Secretaría de Ambiente, quedando facultada para realizar convenios marco con las distintas instituciones estatales, privadas o no gubernamentales. Además establece la creación de la Unidad de Coordinación Técnica Interinstitucionales, que tendrá como misión trabajar en forma conjunta para elaborar las actuaciones y mejoras al ordenamiento.
La nueva unidad estará conformada por un representante de la Secretaría de Ambiente, en el carácter de coordinador; del Ministerio de Producción y Desarrollo Local; de la Secretaría de Agricultura, de Ganadería, de Minería y Energía, y de Tierras y Hábitat Social; del Instituto Provincial del Agua (Ipalar); del Ministerio de Infraestructura; y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). También estará integrada por tres representantes de los organismos, asociaciones, instituciones públicas y sociales; y dos representantes integrantes de la Comisión de Recursos Naturales, Conservación del Ambiente Humano y Desarrollo Sustentable de la Cámara de Diputados.
Asimismo en las diferentes regiones de la Provincia se podrán constituir Unidades Regionales Consultivas, que colaborarán con la autoridad de aplicación como organismos de consulta, información y apoyo en el centro local.
Cabe señalar que la actividades permitidas en cada categoría sólo podrán realizarse si cuentan con la autorización de la Secretaría de Ambiente, en base al análisis y evaluación de los planes de manejo sostenible de bosques nativos y planes de aprovechamiento del cambio de uso del suelo que los interesados presenten.
La autoridad de aplicación emitirá una resolución fundada aprobando o rechazando el pedido en un plazo no mayor a 60 días, en el caso que se requieran aclaraciones se podrá extender hasta 30 días más.
La secretaría tendrá a su cargo la administración del "fondo de bosques nativos" que se creará para promover la preservación, conservación, restauración, sustentabilidad y enriquecimiento de las áreas boscosas; y sostener toda otra acción, programada, proyecto o actividad que persiga la ley.
El fondo se integrará con los siguientes recursos: los montos recibidos provenientes del fondo nacional, del presupuesto general que asigne la Provincia anualmente, recaudaciones por multas y sanciones, donaciones que se reciban, y todo ingreso que se obtenga a nivel provincial, nacional o internacional con destino al cumplimiento de los objetivos del fondo.
En cuanto al régimen sancionatorio la secretaría podrá aplicar apercibimiento; recomposición por el daño ambiental producido; multas equivalentes entre cien y 700 mil litros de nafta especial de mayor octanaje sin plomo; decomiso de los productos obtenidos en infracción; suspensión o revocación de las autorizaciones otorgadas por la ley; y clausura parcial o total del emprendimiento en infracción.
Finalmente la ley establece el periodo de un año para que la secretaría en colaboración con la Unidad de Coordinación Técnica Interinstitucional y en consulta con el Consejo Provincial de Medio Ambiente (COPROMA) haga la evaluación y revisión técnica a fin de ajustar el ordenamiento aprobado.
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Fecha de Publicación: 15/05/2012
Fuente: El Independiente
Provincia/Región: La Rioja
La ley provincial 9.188 fue creada en términos de la ley nacional 26.331, y establece tres diferentes categorías según el nivel de conservación determinado mediante un análisis territorial. Asimismo fija como autoridad de aplicación a la Secretaría de Ambiente, y crea un fondo para promover la preservación y conservación de las áreas boscosas.
La Cámara de Diputados sancionó con fuerza de ley el proyecto de Bosques Nativos presentado por todos los bloques, que tiene como objetivo el ordenamiento y protección de los mismos dentro del territorio provincial.
La ley 9.188 en su artículo primero manifiesta que "establécese el ordenamiento de los bosques nativos existentes en el territorio de la Provincia. La presente se dicta en los términos del artículo Nº 6 de la ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos". Asimismo sostiene que la norma dictada por el Congreso de la Nación no podrá alterar las atribuciones de la Provincia como titular de los recursos naturales.
Son considerados bosques nativos los ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por especies arbóreas nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas en conjunto con el medio que las rodea -suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos- que en su estado natural le otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los diferentes recursos naturales con posibilidad de utilización económica.
También están comprendidos dentro de la definición los bosques nativos de origen primario, donde no intervino el hombre; y aquellos de origen secundario formados luego de un desmonte, así como aquellos resultantes de una recomposición o restauración voluntaria. Sin embargo quedan exceptuados de la aplicación de la ley todos aquellos aprovechamientos realizados en superficies menores a 10 hectáreas que sean propiedad de comunidades indígenas o de pequeños productores.
Categorización
Conforme a los criterios de sustentabilidad previstos en la ley nacional, la norma provincial establece tres categorías según el nivel de conservación: alto señalado en el mapa con el color rojo, mediano determinado con el color amarillo y bajo establecido con el color verde.
La categoría I está conformada por los bosques nativos considerados de muy alto nivel de conservación y que no deben transformarse, entre los que se encuentran: los suelos con pendientes mayores del 25 por ciento, lugares poco productivos pero con gran necesidad de mantener la fijación de los suelos a través del bosque y las áreas protegidas dentro del territorio provincial. Se pueden incorporar a la categoría aquellas áreas de interés especial por su valor biológico, turístico, cultural y otros por los que deban ser conservados.
La categoría II son los bosques de mediano valor de conservación que, dependiendo de sus condiciones naturales, podrán ser sometidos a los siguientes usos e intervenciones y prácticas de manejo: aprovechamiento sustentable; prácticas de control selectivo de bajo impacto; plan de conservación, de aprovechamiento del uso del suelo y de manejo sostenible; turismo y recolección e investigación científica; desmonte selectivo; rolado y/o raleo selectivo de bajo impacto; rolado de mantenimiento; aprovechamiento forestal; picadas perimetrales; picadas y caminos internos; fajas corta fuegos; enriquecimiento forestal; control de especies exóticas; y prácticas ígneas. También quedan comprendidas en esta categoría las zonas de bosques de pequeños productores que se dediquen a actividades agrícolas, avícolas, ganaderas, forestales, de caza, pesca o recolección; que utilicen mano de obra familiar y obtengan la mayor parte de sus ingresos de ese aprovechamiento.
Categoría III son considerados los bosques de bajo valor de conservación, encontrándose incluidas las zonas con alta productividad agropecuaria, los que podrán transformarse parcialmente o en su totalidad. En las actividades de desmonte en estas áreas se deberá prever cortinas rompevientos, isletas, bosquecillos, entre otras protecciones, las que sumadas en su superficie no deberán ser inferiores a un 10 por ciento de la superficie de desmonte afectada.
La norma provincial faculta a la Función Ejecutiva a establecer los porcentajes de cobertura boscosa, que como mínimo deberán conservarse en la forma que determine la autoridad de aplicación, al momento de emitir las autorizaciones para la realización de las actividades contempladas por categoría. Además deberá determinar aquellas especies que revisten de valor para la Provincia, e instrumentará las medidas de protección de las áreas que contengan bosques con esas especies.
Autoridad de aplicación
Según señala la ley provincial la autoridad de aplicación de la normativa es la Secretaría de Ambiente, quedando facultada para realizar convenios marco con las distintas instituciones estatales, privadas o no gubernamentales. Además establece la creación de la Unidad de Coordinación Técnica Interinstitucionales, que tendrá como misión trabajar en forma conjunta para elaborar las actuaciones y mejoras al ordenamiento.
La nueva unidad estará conformada por un representante de la Secretaría de Ambiente, en el carácter de coordinador; del Ministerio de Producción y Desarrollo Local; de la Secretaría de Agricultura, de Ganadería, de Minería y Energía, y de Tierras y Hábitat Social; del Instituto Provincial del Agua (Ipalar); del Ministerio de Infraestructura; y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). También estará integrada por tres representantes de los organismos, asociaciones, instituciones públicas y sociales; y dos representantes integrantes de la Comisión de Recursos Naturales, Conservación del Ambiente Humano y Desarrollo Sustentable de la Cámara de Diputados.
Asimismo en las diferentes regiones de la Provincia se podrán constituir Unidades Regionales Consultivas, que colaborarán con la autoridad de aplicación como organismos de consulta, información y apoyo en el centro local.
Cabe señalar que la actividades permitidas en cada categoría sólo podrán realizarse si cuentan con la autorización de la Secretaría de Ambiente, en base al análisis y evaluación de los planes de manejo sostenible de bosques nativos y planes de aprovechamiento del cambio de uso del suelo que los interesados presenten.
La autoridad de aplicación emitirá una resolución fundada aprobando o rechazando el pedido en un plazo no mayor a 60 días, en el caso que se requieran aclaraciones se podrá extender hasta 30 días más.
La secretaría tendrá a su cargo la administración del "fondo de bosques nativos" que se creará para promover la preservación, conservación, restauración, sustentabilidad y enriquecimiento de las áreas boscosas; y sostener toda otra acción, programada, proyecto o actividad que persiga la ley.
El fondo se integrará con los siguientes recursos: los montos recibidos provenientes del fondo nacional, del presupuesto general que asigne la Provincia anualmente, recaudaciones por multas y sanciones, donaciones que se reciban, y todo ingreso que se obtenga a nivel provincial, nacional o internacional con destino al cumplimiento de los objetivos del fondo.
En cuanto al régimen sancionatorio la secretaría podrá aplicar apercibimiento; recomposición por el daño ambiental producido; multas equivalentes entre cien y 700 mil litros de nafta especial de mayor octanaje sin plomo; decomiso de los productos obtenidos en infracción; suspensión o revocación de las autorizaciones otorgadas por la ley; y clausura parcial o total del emprendimiento en infracción.
Finalmente la ley establece el periodo de un año para que la secretaría en colaboración con la Unidad de Coordinación Técnica Interinstitucional y en consulta con el Consejo Provincial de Medio Ambiente (COPROMA) haga la evaluación y revisión técnica a fin de ajustar el ordenamiento aprobado.
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Amparo por la contaminación biológica del Paraná
Amparo ambiental por la contaminación biológica del Paraná
Fecha de Publicación: 14/05/2012
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
"Los barcos de ultramar ocasionan graves trastornos ecológicos, no sólo por el derrame de hidrocarburos sino también por la contaminación que produce el agua de lastre que descargan en los puertos locales", indicó el abogado Enrique Zárate, presidente del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Rosario.
Ante la Defensoría del Pueblo de la Nación, el abogado y profesor en Maestría en Ingeniería Ambiental de la Universidad Tecnológica de Rosario, reclamó que Prefectura intervenga ante la invasión de la especie conocida como mejillón dorado (Limnoperna fortunei), que fija sus colonias en filtros de las bombas de agua y cañerías, obstruye sistemas de centrales hidroeléctricas e industrias, además de alterar la composición el plancton que alimenta a los peces de la región.
"Se pueden reproducir hasta nueve meses al año, sobre roca, madera, cemento o cañerías. En 47 kilómetros cuadrados del Embalse Río Tercero se registraron 45 mil millones de mejillones (indica la revista Hydrobillogia, en 2009) y el daño es permanente porque nacen miles todos los días sin el mínimo control. Viajan por el río adherido a las embarcaciones (fouling). Así, la planta de energía de Embalse debió parar actividades para quitar los moluscos", dijo el autor del "Manual de Derecho Ambiental" (2008).
Relató que comenzaron a investigar el tema con los alumnos luego y que "los primeros detectados en el país se registraron en el río de la Plata a inicios de los años 90, luego navegaron el Paraná, desde 1996 y hoy colonizaron la cuenca: Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay".
Como un polizonte, el molusco llega a bordo de buques de ultramar que ingresan a aguas argentinas para cargar cereales. Al llegar vacíos, utilizan agua de lastre que cargan en su país de origen. Al llegar a aguas argentina para maniobrar en puertos descargan el agua con los moluscos que arrastraron.
Zárate explica que el molusco tolera cierta salinidad y sobrevive en el Paraná y afluentes, donde bloquea entradas de agua de empresas .
"Miden centímetros y tienen más caparazón que cuerpo. Los peces no digieren sus costras", explicó.
Como los mejillones también preocupan en Canadá, científicos de la Universidad de Windsor, Ontario, y de Buenos Aires (UBA) analizan juntos el tema.
"Con el crecimiento del comercio internacional y las exportaciones granarias, que en un 78 por ciento salen de puertos sobre el Paraná, cercanos a Rosario, la contaminación avanza cada día sin control y afecta a varias comunidades". resaltó Enrique Zárate.
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Fecha de Publicación: 14/05/2012
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
"Los barcos de ultramar ocasionan graves trastornos ecológicos, no sólo por el derrame de hidrocarburos sino también por la contaminación que produce el agua de lastre que descargan en los puertos locales", indicó el abogado Enrique Zárate, presidente del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Rosario.Ante la Defensoría del Pueblo de la Nación, el abogado y profesor en Maestría en Ingeniería Ambiental de la Universidad Tecnológica de Rosario, reclamó que Prefectura intervenga ante la invasión de la especie conocida como mejillón dorado (Limnoperna fortunei), que fija sus colonias en filtros de las bombas de agua y cañerías, obstruye sistemas de centrales hidroeléctricas e industrias, además de alterar la composición el plancton que alimenta a los peces de la región.
"Se pueden reproducir hasta nueve meses al año, sobre roca, madera, cemento o cañerías. En 47 kilómetros cuadrados del Embalse Río Tercero se registraron 45 mil millones de mejillones (indica la revista Hydrobillogia, en 2009) y el daño es permanente porque nacen miles todos los días sin el mínimo control. Viajan por el río adherido a las embarcaciones (fouling). Así, la planta de energía de Embalse debió parar actividades para quitar los moluscos", dijo el autor del "Manual de Derecho Ambiental" (2008).
Relató que comenzaron a investigar el tema con los alumnos luego y que "los primeros detectados en el país se registraron en el río de la Plata a inicios de los años 90, luego navegaron el Paraná, desde 1996 y hoy colonizaron la cuenca: Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay".
Como un polizonte, el molusco llega a bordo de buques de ultramar que ingresan a aguas argentinas para cargar cereales. Al llegar vacíos, utilizan agua de lastre que cargan en su país de origen. Al llegar a aguas argentina para maniobrar en puertos descargan el agua con los moluscos que arrastraron.
Zárate explica que el molusco tolera cierta salinidad y sobrevive en el Paraná y afluentes, donde bloquea entradas de agua de empresas .
"Miden centímetros y tienen más caparazón que cuerpo. Los peces no digieren sus costras", explicó.
Como los mejillones también preocupan en Canadá, científicos de la Universidad de Windsor, Ontario, y de Buenos Aires (UBA) analizan juntos el tema.
"Con el crecimiento del comercio internacional y las exportaciones granarias, que en un 78 por ciento salen de puertos sobre el Paraná, cercanos a Rosario, la contaminación avanza cada día sin control y afecta a varias comunidades". resaltó Enrique Zárate.
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Alumbrera: Un corte que no tuvo corte
Un corte que no tuvo corte
Fecha de Publicación: 14/05/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Catamarca
Luego de la detención, apaleo y liberación de dos militantes del corte de Tinogasta, la ruta sigue interrumpida para los camiones que se dirigen desde o hacia la mina de La Alumbrera. Se realizaron marchas en repudio a la detención de los dos militantes.
Manifestantes de las asambleas ciudadanas de Famatina y Chilecito que rechazan la megaminería a cielo abierto marcharon a la localidad de Campanas, La Rioja, para ratificar su postura y manifestar su repudio y solidaridad por las tres detenciones violentas ocurridas en Tinogasta, Catamarca, durante el corte de una ruta. También se realizaron movilizaciones en repudio al accionar represivo de la policía catamarqueña en el distrito provincial de Andalgalá y en Mendoza, Córdoba, Tucumán y Jujuy. Mientras, el corte de la ruta nacional 66 continúa, tal como se inició el 29 de enero pasado.
El sábado, Darío Moreno, Eduardo Algañaraz y Ezequiel Koch, tres manifestantes de la Asamblea por la Vida de Tinogasta que participaban del corte de tránsito sobre la ruta nacional 66 –un bloqueo selectivo, en el Paso Internacional San Francisco, que sólo impide circular a los camiones de La Alumbrera–, notaron que unos vehículos de la empresa internacional minera tratarían de esquivar el bloqueo por un camino de tierra que se abre unos 800 kilómetros arriba de donde se encontraban. El camino los llevaría a otra ruta provincial por la que podrían circular hacia Chile.
Para evitar que los camiones evadieran el bloqueo, los manifestantes se adelantaron a esa bifurcación, acompañados por una mujer que luego se quedaría a un costado filmando la escena. “Cuando se acercaron vieron que los camiones venían escoltados por una camioneta de la policía provincial en la que iban entre 7 y 8 policías, y por un segundo vehículo en que iban otras dos personas de civil”, contó a este diario la socióloga que realiza trabajos de campo en Tinogasta, María Comelli.
Los policías bajaron de la camioneta, los corrieron a un costado de la ruta y les empezaron a pegar. “Les dieron puñetazos y patadas, y después los subieron a la camioneta, donde siguieron escoltando a los camiones de la mina –agregó Comelli–. Eso fue a las 14.30. Luego, estuvieron dos horas desaparecidos, en la comisaría distrital decían que no sabían nada y, recién alrededor de las 18, los vecinos se enteraron por comentarios de gente del lugar de que los habían llevado a una comisaría de Fiambalá, que queda 50 kilómetros al norte.”
Cuando las radios llamaron a la comisaría, las autoridades informaron que estaban aprehendidos. Y a las 21 los soltaron. “Tenían golpes por todo el cuerpo y dijeron que les habían tirado gas pimienta”, contó la socióloga. Ayer, los asambleístas contra la megaminería expresaron su repudio a la represión. En Famatina se sintió especialmente. Una movilización arrojó petardos, tomates, piedras contra el domicilio de la diputada provincial oficialista Adriana Olima, insistente defensora de la minería a cielo abierto.
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Fecha de Publicación: 14/05/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Catamarca
Luego de la detención, apaleo y liberación de dos militantes del corte de Tinogasta, la ruta sigue interrumpida para los camiones que se dirigen desde o hacia la mina de La Alumbrera. Se realizaron marchas en repudio a la detención de los dos militantes.
Manifestantes de las asambleas ciudadanas de Famatina y Chilecito que rechazan la megaminería a cielo abierto marcharon a la localidad de Campanas, La Rioja, para ratificar su postura y manifestar su repudio y solidaridad por las tres detenciones violentas ocurridas en Tinogasta, Catamarca, durante el corte de una ruta. También se realizaron movilizaciones en repudio al accionar represivo de la policía catamarqueña en el distrito provincial de Andalgalá y en Mendoza, Córdoba, Tucumán y Jujuy. Mientras, el corte de la ruta nacional 66 continúa, tal como se inició el 29 de enero pasado.
El sábado, Darío Moreno, Eduardo Algañaraz y Ezequiel Koch, tres manifestantes de la Asamblea por la Vida de Tinogasta que participaban del corte de tránsito sobre la ruta nacional 66 –un bloqueo selectivo, en el Paso Internacional San Francisco, que sólo impide circular a los camiones de La Alumbrera–, notaron que unos vehículos de la empresa internacional minera tratarían de esquivar el bloqueo por un camino de tierra que se abre unos 800 kilómetros arriba de donde se encontraban. El camino los llevaría a otra ruta provincial por la que podrían circular hacia Chile.
Para evitar que los camiones evadieran el bloqueo, los manifestantes se adelantaron a esa bifurcación, acompañados por una mujer que luego se quedaría a un costado filmando la escena. “Cuando se acercaron vieron que los camiones venían escoltados por una camioneta de la policía provincial en la que iban entre 7 y 8 policías, y por un segundo vehículo en que iban otras dos personas de civil”, contó a este diario la socióloga que realiza trabajos de campo en Tinogasta, María Comelli.
Los policías bajaron de la camioneta, los corrieron a un costado de la ruta y les empezaron a pegar. “Les dieron puñetazos y patadas, y después los subieron a la camioneta, donde siguieron escoltando a los camiones de la mina –agregó Comelli–. Eso fue a las 14.30. Luego, estuvieron dos horas desaparecidos, en la comisaría distrital decían que no sabían nada y, recién alrededor de las 18, los vecinos se enteraron por comentarios de gente del lugar de que los habían llevado a una comisaría de Fiambalá, que queda 50 kilómetros al norte.”
Cuando las radios llamaron a la comisaría, las autoridades informaron que estaban aprehendidos. Y a las 21 los soltaron. “Tenían golpes por todo el cuerpo y dijeron que les habían tirado gas pimienta”, contó la socióloga. Ayer, los asambleístas contra la megaminería expresaron su repudio a la represión. En Famatina se sintió especialmente. Una movilización arrojó petardos, tomates, piedras contra el domicilio de la diputada provincial oficialista Adriana Olima, insistente defensora de la minería a cielo abierto.
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Sierra Pintada: mina de uranio que genera conflictos
La mina de uranio que hace 17 años genera conflictos
Fecha de Publicación: 13/05/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Está en San Rafael y fue explotada durante dos décadas por la CNEA. El valor actual del mineral empuja a la Nación a plantear su reapertura y la Provincia aceptaría. Pero hay resistencia.
El Gobierno provincial no lo oculta. Una vez más hay interés de la Nación por reabrir la mina de uranio Sierra Pintada, que queda en San Rafael y que fue explotada por la Comisión Nacional de Energía Atómica desde 1975 hasta 1995.
Con ese cierre, se abrió un conflicto que lleva 17 años sin resolución debido a la presencia de residuos contaminantes que aún no fueron saneados. El rechazo que genera ese emprendimiento quedó en evidencia ayer en Alvear, con la manifestación de ambientalistas que reclamó al gobernador, Francisco Pérez, que no vuelva a funcionar.
La CNEA empezó a operar Sierra Pintada en 1975 y, según se calcula, hubo una extracción de 1.600 toneladas de uranio (1.000 en San Rafael y 600 en Malargüe, donde quedó la mayoría de los residuos). Pero 20 años después cerró. Esa decisión se debió básicamente a que era más barato importar uranio que producirlo en la Argentina: era la época de la convertibilidad menemista y además el precio del mineral a nivel internacional estaba bajo. Pero la CNEA dejó residuos sin el tratamiento necesario para evitar la contaminación de la zona: 1.000 toneladas de desechos sólidos enterrados en 5.320 tambores y 1.700.000 colas de uranio.
En 2003, con otro marco político-económico, el organismo nacional anunció su intención de extraer nuevamente uranio y como requiere de la venia de la Provincia para hacerlo, le presentó al por entonces gobernador radical Julio Cobos una evaluación de impacto ambiental avalada por la Universidad Tecnológica de Avellaneda.
Pero el Gobierno rechazó la posibilidad de reabrir la mina. A través de una resolución firmada por el ex ministro de Ambiente y Obras Públicas Francisco Morandini se estableció que la CNEA debía resolver antes la situación de los residuos si pretendía extraer otra vez uranio. Además, puso condiciones a la evaluación presentada: debía estar bajo el régimen legal provincial.
Más allá de las decisiones gubernamentales, ante la presencia de las colas de uranio en el Sur y las denuncias crecientes de contaminación, se gestó en los últimos diez años la multisectorial del Sur por un Desarrollo Sustentable (que reúne a casi 40 entidades de distinta índole del departamento) que comenzó con una intensa lucha que incluyó una pelea judicial. Fue así que la organización se presentó ante el Juzgado Federal de San Rafael y consiguió en 2005 una medida cautelar que impedía la actividad en Sierra Pintada.
Esa presentación tuvo muchas idas y vueltas, pero finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación frenó la reapertura de la mina en un fallo de diciembre de 2010. Los jueces supremos advirtieron que, para poder reiniciar la explotación, la CNEA debe remediar los pasivos ambientales, pero aunque puso un límite a la actividad, obvió plazos para ese tratamiento (ver aparte). Paralelamente, se convocó a una audiencia pública para la remediación de los pasivos, que fracasó varias veces.
La tarea de saneamiento comenzó pero aún no está terminada y hay quejas de distintos sectores sociales por falta de información de la Nación respecto del estado de avance. En las últimos meses, con el precio del uranio en alza y la decisión expresa de la Nación de impulsar extracciones mineras, la reactivación de Sierra Pintada volvió a ser una posibilidad cierta. El Gobierno nacional está ilusionado en transformarse en uno de los principales exportadores de uranio del mundo y en ese sentido, la mina sanrafaelina es clave. Por eso, el Ejecutivo provincial está planeando distintas formas de retomar la extracción uranífera en el Sur.
Entre ellas, la de hacerla pasar como “combustible”, en el marco de la empresa provincial de energía, que impulsa el oficialismo y aún no consigue aún el aval del Senado. Pero esa posibilidad ya trajo voces en contra, especialmente por la sospecha latente de que el Gobierno estaría tratando de obviar el cumplimiento de la ley 7.722 que en 2007 prohibió el uso de sustancias contaminantes en la minería.
No a la mina
“Pérez quiere reabrir la mina de Sierra Pintada obviando la ley 7.722 que prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos. En la extracción del uranio se utiliza el ácido sulfúrico, no existen muchas vueltas semánticas que se le puedan dar a la cuestión de Sierra Pintada”, explicó el diputado nacional por la UCR Enrique Vaquié.
En esa línea, la diputada nacional radical Mariana Juri confirmó que esta semana intentará el tratamiento de dos proyectos en el Congreso Nacional. “Uno es para exigirle a la CNEA que remedie los pasivos en todo el país y otro para que no reinicie ninguna explotación uranífera si no remedia esos pasivos”, sostuvo la legisladora.
Hace diez días, la CNEA confirmó que se detectaron filtraciones en uno de los diques de remediación de Sierra Pintada, lo que alertó más a la población. En ese sentido, Eduardo Sosa, el titular de Oikos Red Ambiental que trabajó en el tema en sintonía con la Multisectorial, aseveró: “Que la sociedad se haya enterado de una fuga de residuos peligrosos por los medios de comunicación habla claramente de todo lo que tenemos que trabajar antes de pensar en la reapertura de la mina de uranio. La historia de la industria nuclear se ha construido en base al secreto y esta situación no puede volver a ocurrir”.
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Fecha de Publicación: 13/05/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Está en San Rafael y fue explotada durante dos décadas por la CNEA. El valor actual del mineral empuja a la Nación a plantear su reapertura y la Provincia aceptaría. Pero hay resistencia. El Gobierno provincial no lo oculta. Una vez más hay interés de la Nación por reabrir la mina de uranio Sierra Pintada, que queda en San Rafael y que fue explotada por la Comisión Nacional de Energía Atómica desde 1975 hasta 1995.
Con ese cierre, se abrió un conflicto que lleva 17 años sin resolución debido a la presencia de residuos contaminantes que aún no fueron saneados. El rechazo que genera ese emprendimiento quedó en evidencia ayer en Alvear, con la manifestación de ambientalistas que reclamó al gobernador, Francisco Pérez, que no vuelva a funcionar.
La CNEA empezó a operar Sierra Pintada en 1975 y, según se calcula, hubo una extracción de 1.600 toneladas de uranio (1.000 en San Rafael y 600 en Malargüe, donde quedó la mayoría de los residuos). Pero 20 años después cerró. Esa decisión se debió básicamente a que era más barato importar uranio que producirlo en la Argentina: era la época de la convertibilidad menemista y además el precio del mineral a nivel internacional estaba bajo. Pero la CNEA dejó residuos sin el tratamiento necesario para evitar la contaminación de la zona: 1.000 toneladas de desechos sólidos enterrados en 5.320 tambores y 1.700.000 colas de uranio.
En 2003, con otro marco político-económico, el organismo nacional anunció su intención de extraer nuevamente uranio y como requiere de la venia de la Provincia para hacerlo, le presentó al por entonces gobernador radical Julio Cobos una evaluación de impacto ambiental avalada por la Universidad Tecnológica de Avellaneda.
Pero el Gobierno rechazó la posibilidad de reabrir la mina. A través de una resolución firmada por el ex ministro de Ambiente y Obras Públicas Francisco Morandini se estableció que la CNEA debía resolver antes la situación de los residuos si pretendía extraer otra vez uranio. Además, puso condiciones a la evaluación presentada: debía estar bajo el régimen legal provincial.
Más allá de las decisiones gubernamentales, ante la presencia de las colas de uranio en el Sur y las denuncias crecientes de contaminación, se gestó en los últimos diez años la multisectorial del Sur por un Desarrollo Sustentable (que reúne a casi 40 entidades de distinta índole del departamento) que comenzó con una intensa lucha que incluyó una pelea judicial. Fue así que la organización se presentó ante el Juzgado Federal de San Rafael y consiguió en 2005 una medida cautelar que impedía la actividad en Sierra Pintada.
Esa presentación tuvo muchas idas y vueltas, pero finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación frenó la reapertura de la mina en un fallo de diciembre de 2010. Los jueces supremos advirtieron que, para poder reiniciar la explotación, la CNEA debe remediar los pasivos ambientales, pero aunque puso un límite a la actividad, obvió plazos para ese tratamiento (ver aparte). Paralelamente, se convocó a una audiencia pública para la remediación de los pasivos, que fracasó varias veces.
La tarea de saneamiento comenzó pero aún no está terminada y hay quejas de distintos sectores sociales por falta de información de la Nación respecto del estado de avance. En las últimos meses, con el precio del uranio en alza y la decisión expresa de la Nación de impulsar extracciones mineras, la reactivación de Sierra Pintada volvió a ser una posibilidad cierta. El Gobierno nacional está ilusionado en transformarse en uno de los principales exportadores de uranio del mundo y en ese sentido, la mina sanrafaelina es clave. Por eso, el Ejecutivo provincial está planeando distintas formas de retomar la extracción uranífera en el Sur.
Entre ellas, la de hacerla pasar como “combustible”, en el marco de la empresa provincial de energía, que impulsa el oficialismo y aún no consigue aún el aval del Senado. Pero esa posibilidad ya trajo voces en contra, especialmente por la sospecha latente de que el Gobierno estaría tratando de obviar el cumplimiento de la ley 7.722 que en 2007 prohibió el uso de sustancias contaminantes en la minería.
No a la mina
“Pérez quiere reabrir la mina de Sierra Pintada obviando la ley 7.722 que prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos. En la extracción del uranio se utiliza el ácido sulfúrico, no existen muchas vueltas semánticas que se le puedan dar a la cuestión de Sierra Pintada”, explicó el diputado nacional por la UCR Enrique Vaquié.
En esa línea, la diputada nacional radical Mariana Juri confirmó que esta semana intentará el tratamiento de dos proyectos en el Congreso Nacional. “Uno es para exigirle a la CNEA que remedie los pasivos en todo el país y otro para que no reinicie ninguna explotación uranífera si no remedia esos pasivos”, sostuvo la legisladora.
Hace diez días, la CNEA confirmó que se detectaron filtraciones en uno de los diques de remediación de Sierra Pintada, lo que alertó más a la población. En ese sentido, Eduardo Sosa, el titular de Oikos Red Ambiental que trabajó en el tema en sintonía con la Multisectorial, aseveró: “Que la sociedad se haya enterado de una fuga de residuos peligrosos por los medios de comunicación habla claramente de todo lo que tenemos que trabajar antes de pensar en la reapertura de la mina de uranio. La historia de la industria nuclear se ha construido en base al secreto y esta situación no puede volver a ocurrir”.
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