En Monte Grande venden terrenos de reserva natural
12:01 | 
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Monte Grande. Polémica por venta de terrenos en reserva natural
Fecha de Publicación: 26/04/2012
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
En Monte Grande, ambientalistas del Colectivo Ecológico Unidos por Laguna de Rocha-¡Reserva Natural Ya! de Esteban Echeverría denunciaron que, en el marco de un programa habitacional, la comuna a cargo del intendente Fernando Gray estaría ofreciendo viviendas en predios que no son aptos para la vida urbana y forman parte de una reserva natural.
En Monte Grande, ambientalistas del Colectivo Ecológico Unidos por Laguna de Rocha-Reserva Natural Ya! de Esteban Echeverría denunciaron que, en el marco de un programa habitacional, la comuna a cargo del intendente Fernando Gray estar?a ofreciendo viviendas en predios que no son aptos para la vida urbana y forman parte de una reserva natural.
Según explicaron los ambientalistas en un comunicado, “la ubicación de las tierras, a pocos metros de la laguna, deja en claro que los terrenos no son habitables por ser fácilmente inundables, hecho que también se aplica a un dudoso uso comercial, ante los precios que la inmobiliaria los ofrece”.
Los reclamantes también dejaron en claro que “si bien los terrenos aparecen en venta
por la inmobiliaria Sierras de Fiambalá SA (Sifsa) dentro de un Programa de Loteo Social-que impulsa la comuna-, llama la atención que también se estén vendiendo a través de la inmobiliaria privada Crimi con fines comerciales tal como publica en su sitio web”. Sin embargo, a pocas horas de que la noticia saliera a la luz, el portal sacó de circulación el anuncio.
Más allá de estas cuestiones, desde el Colectivo Ecológico Unidos por Laguna de Rocha-¡Reserva Natural Ya! indicaron que “la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) monitoreó el área y la considera como parte de la laguna de Rocha, lo mismo que el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados provincial. Dudamos, pues, que existan los aptos y permisos que habilitan ese área como zona residencial o comercial, ya que no cumpliría con los trámites y expectativas que fijan” el organismo dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y la Causa Mendoza.
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Fecha de Publicación: 26/04/2012
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
En Monte Grande, ambientalistas del Colectivo Ecológico Unidos por Laguna de Rocha-¡Reserva Natural Ya! de Esteban Echeverría denunciaron que, en el marco de un programa habitacional, la comuna a cargo del intendente Fernando Gray estaría ofreciendo viviendas en predios que no son aptos para la vida urbana y forman parte de una reserva natural.
En Monte Grande, ambientalistas del Colectivo Ecológico Unidos por Laguna de Rocha-Reserva Natural Ya! de Esteban Echeverría denunciaron que, en el marco de un programa habitacional, la comuna a cargo del intendente Fernando Gray estar?a ofreciendo viviendas en predios que no son aptos para la vida urbana y forman parte de una reserva natural.
Según explicaron los ambientalistas en un comunicado, “la ubicación de las tierras, a pocos metros de la laguna, deja en claro que los terrenos no son habitables por ser fácilmente inundables, hecho que también se aplica a un dudoso uso comercial, ante los precios que la inmobiliaria los ofrece”.
Los reclamantes también dejaron en claro que “si bien los terrenos aparecen en venta
por la inmobiliaria Sierras de Fiambalá SA (Sifsa) dentro de un Programa de Loteo Social-que impulsa la comuna-, llama la atención que también se estén vendiendo a través de la inmobiliaria privada Crimi con fines comerciales tal como publica en su sitio web”. Sin embargo, a pocas horas de que la noticia saliera a la luz, el portal sacó de circulación el anuncio.
Más allá de estas cuestiones, desde el Colectivo Ecológico Unidos por Laguna de Rocha-¡Reserva Natural Ya! indicaron que “la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) monitoreó el área y la considera como parte de la laguna de Rocha, lo mismo que el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados provincial. Dudamos, pues, que existan los aptos y permisos que habilitan ese área como zona residencial o comercial, ya que no cumpliría con los trámites y expectativas que fijan” el organismo dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y la Causa Mendoza.
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Minería: la Corte interviene en proyecto de Barrick
Minería: la Corte interviene en proyecto de Barrick
Fecha de Publicación: 25/04/2012
Fuente: El Crinista
Provincia/Región: San Juan - Nacional
La Corte Suprema de Justicia decidió intervenir como instancia originaria en un pleito sobre las consecuencias para el ambiente de la explotación minera binacional de Pascua Lama, en la provincia de San Juan, a cargo de la empresa Barrick Gold.
En ese marco, exigió a la provincia de San Juan que en el plazo de 20 días presente el estudio de impacto ambiental que se realizó para autorizar la explotación en Pascua Lama.
En el mismo plazo, el Gobierno nacional deberá informar si realizó un estudio de impacto ambiental antes de suscribir el acuerdo específico con Chile para la explotación binacional de ese yacimiento. En realidad no estaba obligado a hacerlo, por lo que la Corte sólo consulta, en lugar de ordenar como hace con San Juan.
El vecino de San Juan Ricardo Marcelo Vargas se consideró afectado y promovió una demanda de daño ambiental colectivo, contra Barrick Exploraciones Argentinas S.A. (BEASA), la concesionaria de la explotación del proyecto minero binacional Pascua Lama.
Lo que intenta Vargas es que la Corte obligue a la empresa a contratar un seguro con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que pudiera producirse a raíz de la actividad minera de prospección, exploración, explotación, cierre y postcierre del yacimiento. También que se requiera a la Secretaría de Ambiente de la Nación una evaluación de la zona de influencia del proyecto para acreditar el estado del ambiente, certificar el avance de los daños y los riesgos introducidos. Por último, que se condene a Barrick a la recomposición del ambiente dañado y que se dañe en el futuro, o en su defecto, al pago de la indemnización sustitutiva que se determine.
Vargas sostiene que la explotación de Pascua Lama requiere la remoción de grandes cantidades de suelo que impactan en el paisaje y en el patrimonio cultural, alterando en especial el ecosistema de la Reserva de Biosfera ?San Guillermo? y el Parque Nacional núcleo del área protegida.
Agrega que el proyecto es también un gran generador de residuos domésticos, industriales no peligrosos, industriales peligrosos y patogénicos, circunstancia que impacta e impactará negativamente en el ecosistema internacional y en las aguas superficiales y subterráneas del territorio argentino, pues las 312 millones de toneladas de colas de lixiviación con el cianuro remanente, generadas por la explotación, serán depositadas final y perpetuamente en el dique ubicado sobre el río Turbio, circunstancia que habría sido reconocida en el Informe de Impacto Ambiental respectivo.
Vargas alega que los movimientos sísmicos y polvos de la actividad minera también afectarán directamente a los glaciares existentes en las altas cumbres de la zona.
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Pedido de informes
Fecha de Publicación: 25/04/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: San Juan - Nacional
La Corte Suprema de Justicia pidió a las autoridades de San Juan y del Estado nacional los informes de impacto ambiental sobre el proyecto binacional minero de Pascua Lama y sus efectos sobre la zona periglacial de la Cordillera en la que se desarrolla.
El máximo tribunal dio un plazo de veinte días para que el gobierno sanjuanino le remita los expedientes incorporados en la concesión de explotación, otorgada a dos subsidiarias argentinas de la minera canadiense Barrick Gold Company en 2006. También pidió a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que le remita los estudios de impacto ambiental disponibles hasta el 2004, cuando se firmó el protocolo de complementación minera con Chile, referido al Proyecto Minero Pascua-Lama. El fin último es establecer el daño ambiental que podría generar el emprendimiento.
El proyecto en cuestión está aún en construcción e implica una inversión de cinco mil millones de dólares para la explotación de oro y plata, en una mina a tajo abierto a cuatro mil metros de altura, en la frontera entre ambos países, en la región chilena de Atacama y en el paraje sanjuanino de Lama.
Con esas solicitudes, la Corte hizo su lugar a un pedido de la Procuración General de la Nación, que solicitó información adicional sobre la causa iniciada por Ricardo Marcelo Vargas, vecino de la provincia de San Juan. Vargas hizo la solicitud en calidad de “afectado”.
Este particular demanda que las empresas Barrick Exploraciones Argentinas S.A. (Beasa) y Exploraciones Mineras Argentinas (EMA) S.A. adquieran un seguro de cobertura “con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que pudieren producir a raíz de la actividad minera”, según puede leerse en la resolución judicial.
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Fecha de Publicación: 25/04/2012
Fuente: El Crinista
Provincia/Región: San Juan - Nacional
La Corte Suprema de Justicia decidió intervenir como instancia originaria en un pleito sobre las consecuencias para el ambiente de la explotación minera binacional de Pascua Lama, en la provincia de San Juan, a cargo de la empresa Barrick Gold.En ese marco, exigió a la provincia de San Juan que en el plazo de 20 días presente el estudio de impacto ambiental que se realizó para autorizar la explotación en Pascua Lama.
En el mismo plazo, el Gobierno nacional deberá informar si realizó un estudio de impacto ambiental antes de suscribir el acuerdo específico con Chile para la explotación binacional de ese yacimiento. En realidad no estaba obligado a hacerlo, por lo que la Corte sólo consulta, en lugar de ordenar como hace con San Juan.
El vecino de San Juan Ricardo Marcelo Vargas se consideró afectado y promovió una demanda de daño ambiental colectivo, contra Barrick Exploraciones Argentinas S.A. (BEASA), la concesionaria de la explotación del proyecto minero binacional Pascua Lama.
Lo que intenta Vargas es que la Corte obligue a la empresa a contratar un seguro con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que pudiera producirse a raíz de la actividad minera de prospección, exploración, explotación, cierre y postcierre del yacimiento. También que se requiera a la Secretaría de Ambiente de la Nación una evaluación de la zona de influencia del proyecto para acreditar el estado del ambiente, certificar el avance de los daños y los riesgos introducidos. Por último, que se condene a Barrick a la recomposición del ambiente dañado y que se dañe en el futuro, o en su defecto, al pago de la indemnización sustitutiva que se determine.
Vargas sostiene que la explotación de Pascua Lama requiere la remoción de grandes cantidades de suelo que impactan en el paisaje y en el patrimonio cultural, alterando en especial el ecosistema de la Reserva de Biosfera ?San Guillermo? y el Parque Nacional núcleo del área protegida.
Agrega que el proyecto es también un gran generador de residuos domésticos, industriales no peligrosos, industriales peligrosos y patogénicos, circunstancia que impacta e impactará negativamente en el ecosistema internacional y en las aguas superficiales y subterráneas del territorio argentino, pues las 312 millones de toneladas de colas de lixiviación con el cianuro remanente, generadas por la explotación, serán depositadas final y perpetuamente en el dique ubicado sobre el río Turbio, circunstancia que habría sido reconocida en el Informe de Impacto Ambiental respectivo.
Vargas alega que los movimientos sísmicos y polvos de la actividad minera también afectarán directamente a los glaciares existentes en las altas cumbres de la zona.
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Pedido de informes
Fecha de Publicación: 25/04/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: San Juan - Nacional
La Corte Suprema de Justicia pidió a las autoridades de San Juan y del Estado nacional los informes de impacto ambiental sobre el proyecto binacional minero de Pascua Lama y sus efectos sobre la zona periglacial de la Cordillera en la que se desarrolla.
El máximo tribunal dio un plazo de veinte días para que el gobierno sanjuanino le remita los expedientes incorporados en la concesión de explotación, otorgada a dos subsidiarias argentinas de la minera canadiense Barrick Gold Company en 2006. También pidió a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que le remita los estudios de impacto ambiental disponibles hasta el 2004, cuando se firmó el protocolo de complementación minera con Chile, referido al Proyecto Minero Pascua-Lama. El fin último es establecer el daño ambiental que podría generar el emprendimiento.
El proyecto en cuestión está aún en construcción e implica una inversión de cinco mil millones de dólares para la explotación de oro y plata, en una mina a tajo abierto a cuatro mil metros de altura, en la frontera entre ambos países, en la región chilena de Atacama y en el paraje sanjuanino de Lama.
Con esas solicitudes, la Corte hizo su lugar a un pedido de la Procuración General de la Nación, que solicitó información adicional sobre la causa iniciada por Ricardo Marcelo Vargas, vecino de la provincia de San Juan. Vargas hizo la solicitud en calidad de “afectado”.
Este particular demanda que las empresas Barrick Exploraciones Argentinas S.A. (Beasa) y Exploraciones Mineras Argentinas (EMA) S.A. adquieran un seguro de cobertura “con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que pudieren producir a raíz de la actividad minera”, según puede leerse en la resolución judicial.
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El pasivo ambiental de la empresa
El pasivo ambiental de la empresa
Fecha de Publicación: 25/04/2012
Fuente: La Voz del Interior - Por Romina Picolotti
Provincia/Región: Nacional
Sin duda que la destrucción de nuestra patria por manos extranjeras es dolorosa. Pero más dolorosa aún es la destrucción de nuestra patria hasta dejarla exhausta por nuestros propios compatriotas.
Escribía Oscar Wilde: “Hoy, la gente conoce el precio de todo y el valor de nada.” En estos días de acalorada discusión sobre YPF y la necesidad de recuperar la gestión de recursos naturales estratégicos en nuestro país, resulta oportuno reflexionar sobre dos hechos que es preciso abordar si deseamos, como declamamos, independencia energética. Uno de ellos es el pasivo ambiental de YPF. El otro, la diversificación de nuestra matriz energética.
Pero la reflexión no debe agotarse en discursos y debates estériles, sino que, por el contrario, debe conducirnos a llevar adelante acciones concretas que nos permitan abordar la responsabilidad legal de los pasivos ambientales y la diversificación de nuestra matriz energética.
Esto en la práctica significa la inclusión en el proyecto de ley de expropiación de una sección específica sobre pasivo ambiental y responsabilidad. Además de avanzar en la generación de energías alternativas, principalmente eólica por ser nuestro país una verdadera potencia en esta área.
Daños producidos. La ley, entonces, debería incluir: qué es un pasivo ambiental y cómo se calcula; quién es el responsable de su remediación y/o indemnización; cuáles son las garantías necesarias a futuro para minimizar los daños y evitar la impunidad de los responsables.
En el balance del ejercicio de una empresa, el “pasivo” es el conjunto de deudas y gravámenes que minuciosamente se analizan e inscriben en la contabilidad empresarial para su contraposición con el “activo”.
Pero existe un particular tipo de pasivo que raras veces es contabilizado: el “pasivo ambiental”, que equivale a la suma de todos los daños no compensados producidos en forma directa e indirecta por las actividades productivas al ambiente, como así también el valor de los servicios recibidos del ambiente, que hacen posible las actividades productivas y que no son compensados o contabilizados como costos de producción.
El pasivo ambiental es en realidad una deuda hacia los titulares del ambiente, hacia la comunidad o país donde opera la empresa. Martínez-Alier y O’Connor mencionan al respecto que “...se podría decir que dichas deudas son éxitos de translación de los costos a la sociedad...”.
La tarea no resulta simple ya que tendremos que lidiar con la valuación monetaria de muchos bienes no intercambiables en el mercado, muchas veces caracterizados como intangibles; sin embargo, se han desarrollado herramientas reconocidas a nivel internacional que nos permiten el cálculo de este pasivo.
Es preciso destacar que en minería los daños no necesariamente se manifiestan inmediatamente. Es por ello que la legislación de otros países contempla la obligación de las empresas mineras de mantener una garantía monetaria de hasta mil años.
Con respecto a la responsabilidad ambiental pasada, presente y futura, es preciso que la ley de YPF legisle sobre la realidad. Uno de los principales yacimientos que le interesan al Ejecutivo es el de Vaca Muerta.
Este es un yacimiento de gas y petróleo no convencional ( shale ) cuya extracción con la tecnología actual es altamente contaminante. En otros países, las enormes consecuencias ambientales y sociales de esta clase de extracción han llevado a revisar la legislación incluyendo debates sobre moratorias de permisos hasta tanto se mejore la tecnología.
Independencia energética. Finalmente, resulta oportuno destacar que Argentina está en condiciones de lograr la preciada independencia energética. Sin embargo, la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF no puede traducirse como un paso hacia lograrla. Es preciso desarrollar e implementar una política integral donde la diversificación de la matriz energética actual sea el objetivo principal.
La Argentina es uno de los países con mayor recurso eólico del mundo, nuestro potencial teórico de instalación es de dos millones de megavatios, sin embargo sólo contamos con un parque de generación eólica de 29,8 megavatios, más 754 megavatios recientemente adjudicados. Es decir, nuestra capacidad instalada no representa ni el 0,000015 por ciento de nuestra capacidad de generación. Y ésta es una energía de un pasivo ambiental prácticamente nulo.
Sin duda que la destrucción de nuestra patria por manos extranjeras es dolorosa. Pero más dolorosa aún es la destrucción de nuestra patria hasta dejarla exhausta por nuestros propios compatriotas.
Lamentablemente, la historia de YPF la condena. Pues una y otra vez ha evadido responsabilidad sobre su pasivo ambiental. Evidencia de esto es el caso de los niños mapuches severamente dañados en su salud por beber agua de napas que habían sido contaminadas por la empresa con total impunidad.
La defensora de niños de Neuquén que representaba a los mapuches denunció amenazas de muerte en más de una oportunidad por su defensa del caso. En ese entonces YPF era argentina. Una verdadera vergüenza.
La ley de expropiación de YPF puede ser una oportunidad de terminar con la impunidad en pasivos ambientales y construir un futuro de mayor responsabilidad en la gestión de nuestros recursos naturales. Para ello es preciso incluir un capítulo específico sobre este tema en el texto actual del proyecto de ley que directamente no lo menciona.
Esperemos que nuestros legisladores estén a la altura de las circunstancias e introduzcan las modificaciones necesarias para proteger el presente y futuro de nuestra patria y de quienes la habitamos.
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Fecha de Publicación: 25/04/2012
Fuente: La Voz del Interior - Por Romina Picolotti
Provincia/Región: Nacional
Sin duda que la destrucción de nuestra patria por manos extranjeras es dolorosa. Pero más dolorosa aún es la destrucción de nuestra patria hasta dejarla exhausta por nuestros propios compatriotas.
Escribía Oscar Wilde: “Hoy, la gente conoce el precio de todo y el valor de nada.” En estos días de acalorada discusión sobre YPF y la necesidad de recuperar la gestión de recursos naturales estratégicos en nuestro país, resulta oportuno reflexionar sobre dos hechos que es preciso abordar si deseamos, como declamamos, independencia energética. Uno de ellos es el pasivo ambiental de YPF. El otro, la diversificación de nuestra matriz energética.
Pero la reflexión no debe agotarse en discursos y debates estériles, sino que, por el contrario, debe conducirnos a llevar adelante acciones concretas que nos permitan abordar la responsabilidad legal de los pasivos ambientales y la diversificación de nuestra matriz energética.
Esto en la práctica significa la inclusión en el proyecto de ley de expropiación de una sección específica sobre pasivo ambiental y responsabilidad. Además de avanzar en la generación de energías alternativas, principalmente eólica por ser nuestro país una verdadera potencia en esta área.
Daños producidos. La ley, entonces, debería incluir: qué es un pasivo ambiental y cómo se calcula; quién es el responsable de su remediación y/o indemnización; cuáles son las garantías necesarias a futuro para minimizar los daños y evitar la impunidad de los responsables.
En el balance del ejercicio de una empresa, el “pasivo” es el conjunto de deudas y gravámenes que minuciosamente se analizan e inscriben en la contabilidad empresarial para su contraposición con el “activo”.
Pero existe un particular tipo de pasivo que raras veces es contabilizado: el “pasivo ambiental”, que equivale a la suma de todos los daños no compensados producidos en forma directa e indirecta por las actividades productivas al ambiente, como así también el valor de los servicios recibidos del ambiente, que hacen posible las actividades productivas y que no son compensados o contabilizados como costos de producción.
El pasivo ambiental es en realidad una deuda hacia los titulares del ambiente, hacia la comunidad o país donde opera la empresa. Martínez-Alier y O’Connor mencionan al respecto que “...se podría decir que dichas deudas son éxitos de translación de los costos a la sociedad...”.
La tarea no resulta simple ya que tendremos que lidiar con la valuación monetaria de muchos bienes no intercambiables en el mercado, muchas veces caracterizados como intangibles; sin embargo, se han desarrollado herramientas reconocidas a nivel internacional que nos permiten el cálculo de este pasivo.
Es preciso destacar que en minería los daños no necesariamente se manifiestan inmediatamente. Es por ello que la legislación de otros países contempla la obligación de las empresas mineras de mantener una garantía monetaria de hasta mil años.
Con respecto a la responsabilidad ambiental pasada, presente y futura, es preciso que la ley de YPF legisle sobre la realidad. Uno de los principales yacimientos que le interesan al Ejecutivo es el de Vaca Muerta.
Este es un yacimiento de gas y petróleo no convencional ( shale ) cuya extracción con la tecnología actual es altamente contaminante. En otros países, las enormes consecuencias ambientales y sociales de esta clase de extracción han llevado a revisar la legislación incluyendo debates sobre moratorias de permisos hasta tanto se mejore la tecnología.
Independencia energética. Finalmente, resulta oportuno destacar que Argentina está en condiciones de lograr la preciada independencia energética. Sin embargo, la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF no puede traducirse como un paso hacia lograrla. Es preciso desarrollar e implementar una política integral donde la diversificación de la matriz energética actual sea el objetivo principal.
La Argentina es uno de los países con mayor recurso eólico del mundo, nuestro potencial teórico de instalación es de dos millones de megavatios, sin embargo sólo contamos con un parque de generación eólica de 29,8 megavatios, más 754 megavatios recientemente adjudicados. Es decir, nuestra capacidad instalada no representa ni el 0,000015 por ciento de nuestra capacidad de generación. Y ésta es una energía de un pasivo ambiental prácticamente nulo.
Sin duda que la destrucción de nuestra patria por manos extranjeras es dolorosa. Pero más dolorosa aún es la destrucción de nuestra patria hasta dejarla exhausta por nuestros propios compatriotas.
Lamentablemente, la historia de YPF la condena. Pues una y otra vez ha evadido responsabilidad sobre su pasivo ambiental. Evidencia de esto es el caso de los niños mapuches severamente dañados en su salud por beber agua de napas que habían sido contaminadas por la empresa con total impunidad.
La defensora de niños de Neuquén que representaba a los mapuches denunció amenazas de muerte en más de una oportunidad por su defensa del caso. En ese entonces YPF era argentina. Una verdadera vergüenza.
La ley de expropiación de YPF puede ser una oportunidad de terminar con la impunidad en pasivos ambientales y construir un futuro de mayor responsabilidad en la gestión de nuestros recursos naturales. Para ello es preciso incluir un capítulo específico sobre este tema en el texto actual del proyecto de ley que directamente no lo menciona.
Esperemos que nuestros legisladores estén a la altura de las circunstancias e introduzcan las modificaciones necesarias para proteger el presente y futuro de nuestra patria y de quienes la habitamos.
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Greenpeace frena desmonte en El Impenetrable
Frenan desmonte en El Impenetrable
Fecha de Publicación: 24/04/2012
Fuente: Diario Perfil
Provincia/Región: Chaco
Fue por una iniciativa de Greenpeace. Los reclamos al gobierno de Chaco.
“Capitanich: Basta de desmontes. Salvemos al Impenetrable”, era la leyenda de las pancartas.La organización ambientalista Greenpeace bloqueó una topadora que se encontraba desmontando en El Impenetrable y denunció que el gobierno de Chaco viola la Ley de Bosques, según informaron en un comunicado.
Activistas de Greenpeace, caracterizados como jaguares, animal típico de la zona y un emblema de la organización, bloquearon una topadora que se encontraba realizando un desmonte selectivo en una finca ubicada 40 kilómetros al oeste de la ciudad de Miraflores, en El Impenetrable chaqueño.
Los activistas se montaron en motos y coches areneros y detuvieron a la topadora, mediante la aplicación de una espuma especial que inhabilitó su movilidad. Esto evitó que la máquina continuara con la destrucción del bosque nativo. Luego desplegaron un cartel con la leyenda “Capitanich: Basta de desmontes. Salvemos al Impenetrable”.
“Greenpeace está haciendo lo que el gobierno del Chaco no hace: asegurar que se cumpla la Ley de Bosques. Los desmontes para ganadería intensiva autorizados en El Impenetrable violan la normativa nacional. Las topadoras dejan muy pocos árboles en pie y eliminan todo el bosque bajo, que es el sustento de la mayoría de la fauna chaqueña”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Cifras. Según informó la organización ambientalista, el Plan Ganadero Chaco tiene por objetivo duplicar el stock ganadero para el año 2015 y pasar de las 2.600.000 cabezas actuales a 5 millones. “El avance de la ganadería intensiva puede implicar, en el mediano plazo, la fragmentación y desaparición de gran parte de El Impenetrable, un valiosísimo ecosistema forestal que abarca cerca de 4 millones de hectáreas de la región chaqueña semiárida y que alberga especies seriamente amenazadas como el yaguareté, el tatú carreta, y el oso hormiguero”, agregó Giardini.
El Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la provincia de Chaco clasifica a los bosques de “El Impenetrable” en la Categoría I (rojo) y la Categoría II (amarillo), que no permiten desmonte. Sin embargo, se autoriza la aplicación de sistemas silvopastoriles para ganadería intensiva, que claramente violan la Ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Fecha de Publicación: 24/04/2012
Fuente: Diario Perfil
Provincia/Región: Chaco
Fue por una iniciativa de Greenpeace. Los reclamos al gobierno de Chaco.“Capitanich: Basta de desmontes. Salvemos al Impenetrable”, era la leyenda de las pancartas.La organización ambientalista Greenpeace bloqueó una topadora que se encontraba desmontando en El Impenetrable y denunció que el gobierno de Chaco viola la Ley de Bosques, según informaron en un comunicado.
Activistas de Greenpeace, caracterizados como jaguares, animal típico de la zona y un emblema de la organización, bloquearon una topadora que se encontraba realizando un desmonte selectivo en una finca ubicada 40 kilómetros al oeste de la ciudad de Miraflores, en El Impenetrable chaqueño.
Los activistas se montaron en motos y coches areneros y detuvieron a la topadora, mediante la aplicación de una espuma especial que inhabilitó su movilidad. Esto evitó que la máquina continuara con la destrucción del bosque nativo. Luego desplegaron un cartel con la leyenda “Capitanich: Basta de desmontes. Salvemos al Impenetrable”.
“Greenpeace está haciendo lo que el gobierno del Chaco no hace: asegurar que se cumpla la Ley de Bosques. Los desmontes para ganadería intensiva autorizados en El Impenetrable violan la normativa nacional. Las topadoras dejan muy pocos árboles en pie y eliminan todo el bosque bajo, que es el sustento de la mayoría de la fauna chaqueña”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Cifras. Según informó la organización ambientalista, el Plan Ganadero Chaco tiene por objetivo duplicar el stock ganadero para el año 2015 y pasar de las 2.600.000 cabezas actuales a 5 millones. “El avance de la ganadería intensiva puede implicar, en el mediano plazo, la fragmentación y desaparición de gran parte de El Impenetrable, un valiosísimo ecosistema forestal que abarca cerca de 4 millones de hectáreas de la región chaqueña semiárida y que alberga especies seriamente amenazadas como el yaguareté, el tatú carreta, y el oso hormiguero”, agregó Giardini.
El Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la provincia de Chaco clasifica a los bosques de “El Impenetrable” en la Categoría I (rojo) y la Categoría II (amarillo), que no permiten desmonte. Sin embargo, se autoriza la aplicación de sistemas silvopastoriles para ganadería intensiva, que claramente violan la Ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
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Mussi dio el OK a los ingenios
Mussi dijo que las obras en los ingenios permitirán vinaza y ceniza cero este año
Fecha de Publicación: 24/04/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
El secretario de Medio Ambiente de la Nación recorrió plantas y verificó los avances en las obras para disminuir la emisión de efluentes. El funcionario se mostró conforme, aunque admitió que todavía falta para que el sistema sea óptimo. Hoy visitará otros ingenios
El secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, dijo que está conforme con los avances que registran los trabajos que se instrumentan en los ingenios tucumanos en el marco del Programa de Reconversión Industrial (PRI). Aunque advirtió que las obras no alcanzaron aún toda la dimensión que pretende el área de gobierno a su cargo, lo ejecutado este año "permitirá -aseguró- una zafra azucarera con vinaza y ceniza cero".
Mussi llegó ayer a la provincia, acompañado por técnicos de su repartición, con el fin de inspeccionar los trabajos de infraestructura que se realizan en las fábricas azucareras. Esos trabajos tienden a reducir la contaminación ambiental. Durante la jornada visitó los ingenios Marapa, Santa Bárbara, La Corona, Santa Rosa y La Fronterita. Hoy tiene previsto recorrer los ingenios Leales, San Juan, Bella Vista y Concepción. El secretario de Medio Ambiente de la provincia, Alfredo Montalván, acompañó a Mussi en la gira por las fábricas.
En esas plantas fueron recibidos por directivos y técnicos. "La evaluación que realizamos es positiva hasta ahora. Aquí se está controlando todo. Además, tenemos dos ingenieros casi permanentes en esta provincia que evalúan lo que se hace. Pero no sólo visitan ingenios, sino también todos los sistemas de monitoreos en las cuencas hídricas y elevan datos para estudio", comentó Mussi a LA GACETA. Por otro lado, el funcionario insistió en que la Nación va a continuar invirtiendo en el comité de la cuenca Salí-Dulce y también lo hará en la reconversión en estudio del sedimento de la represa de Río Hondo. "La presidenta Cristina Fernández tiene una política firme a favor del crecimiento de la actividad industrial, pero también exige de ese sector el cumplimiento de todos los parámetros ambientales" apuntó.
En el ingenio Santa Bárbara, el empresario Julio Colombres, explicó sobre el sistema de tratamiento de la vinaza, el cual contempla un campo con suelo salino sódico y una laguna de evaporación. Parte del desecho también se lo utiliza como fertilizante que se irriga en cultivos. También se refirió al sistema de decantación de cenizas que se incorporó en calderas. Un sistema similar se instrumenta en otros ingenios con destilerías, como La Corona y Santa Rosa.
"La inversión es alta, pero con las obras terminadas vamos a estar en condiciones de lograr este año vinaza y ceniza cero", aseguró Colombres.
En medio del barro
La comitiva gubernamental enfrentó una verdadera odisea luego de visitar el ingenio Santa Bárbara. Es que al salir a la ruta nacional 38 se dio con un corte en el tránsito en la carretera, protagonizado por trabajadores de comunas rurales agrupados en UPCN. A raíz de la protesta la caravana de vehículos se tuvo que desviar hacia un camino alternativo rural que se abría entre cañaverales. La lluvia convirtió a la senda en un verdadero lodazal. Los rodados avanzaron a duras penas y terminaron envueltos en barro.
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Fecha de Publicación: 24/04/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
El secretario de Medio Ambiente de la Nación recorrió plantas y verificó los avances en las obras para disminuir la emisión de efluentes. El funcionario se mostró conforme, aunque admitió que todavía falta para que el sistema sea óptimo. Hoy visitará otros ingeniosEl secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, dijo que está conforme con los avances que registran los trabajos que se instrumentan en los ingenios tucumanos en el marco del Programa de Reconversión Industrial (PRI). Aunque advirtió que las obras no alcanzaron aún toda la dimensión que pretende el área de gobierno a su cargo, lo ejecutado este año "permitirá -aseguró- una zafra azucarera con vinaza y ceniza cero".
Mussi llegó ayer a la provincia, acompañado por técnicos de su repartición, con el fin de inspeccionar los trabajos de infraestructura que se realizan en las fábricas azucareras. Esos trabajos tienden a reducir la contaminación ambiental. Durante la jornada visitó los ingenios Marapa, Santa Bárbara, La Corona, Santa Rosa y La Fronterita. Hoy tiene previsto recorrer los ingenios Leales, San Juan, Bella Vista y Concepción. El secretario de Medio Ambiente de la provincia, Alfredo Montalván, acompañó a Mussi en la gira por las fábricas.
En esas plantas fueron recibidos por directivos y técnicos. "La evaluación que realizamos es positiva hasta ahora. Aquí se está controlando todo. Además, tenemos dos ingenieros casi permanentes en esta provincia que evalúan lo que se hace. Pero no sólo visitan ingenios, sino también todos los sistemas de monitoreos en las cuencas hídricas y elevan datos para estudio", comentó Mussi a LA GACETA. Por otro lado, el funcionario insistió en que la Nación va a continuar invirtiendo en el comité de la cuenca Salí-Dulce y también lo hará en la reconversión en estudio del sedimento de la represa de Río Hondo. "La presidenta Cristina Fernández tiene una política firme a favor del crecimiento de la actividad industrial, pero también exige de ese sector el cumplimiento de todos los parámetros ambientales" apuntó.
En el ingenio Santa Bárbara, el empresario Julio Colombres, explicó sobre el sistema de tratamiento de la vinaza, el cual contempla un campo con suelo salino sódico y una laguna de evaporación. Parte del desecho también se lo utiliza como fertilizante que se irriga en cultivos. También se refirió al sistema de decantación de cenizas que se incorporó en calderas. Un sistema similar se instrumenta en otros ingenios con destilerías, como La Corona y Santa Rosa.
"La inversión es alta, pero con las obras terminadas vamos a estar en condiciones de lograr este año vinaza y ceniza cero", aseguró Colombres.
En medio del barro
La comitiva gubernamental enfrentó una verdadera odisea luego de visitar el ingenio Santa Bárbara. Es que al salir a la ruta nacional 38 se dio con un corte en el tránsito en la carretera, protagonizado por trabajadores de comunas rurales agrupados en UPCN. A raíz de la protesta la caravana de vehículos se tuvo que desviar hacia un camino alternativo rural que se abría entre cañaverales. La lluvia convirtió a la senda en un verdadero lodazal. Los rodados avanzaron a duras penas y terminaron envueltos en barro.
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Nueva protesta en San Isidro por los desmontes
Nueva protesta de vecinos de San Isidro contra intendente
Fecha de Publicación: 24/04/2012
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
Vecinos del partido bonaerense de San Isidro volvieron a reclamar este domingo que se declare área protegida al Bosque Alegre, en la costa del Río de la Plata, al realizar una jornada de visita al predio en conflicto y una intervención artística en el lugar, tras lo cual se dirigieron al palacio municipal para renovar sus reclamos.
La protesta se realizó tras los graves incidentes registrados el jueves 12 último, cuando una manifestación de vecinos que se oponían al desmonte del predio fue reprimida por personal de civil.
Este domingo, un nutrido grupo de vecinos concurrió a la plaza ubicada en Del Barco Centenera y el Río desde donde se dirigió a la puerta de la Municipalidad de San Isidro, ubicada en Márquez y Centenario, para allí realizar una vigilia informativa que duró hasta las 8 de ayer.
En tanto, la Municipalidad de San Isidro apeló una medida cautelar pedida por los vecinos de la Asamblea Bosque Alegre. Los asambleístas señalaron que con la apelación el Ejecutivo “se contradice”, ya que “antes había dicho en un comunicado que la acción judicial no significa traba alguna para sus planes”.
La apelación fue formulada luego de que este miércoles, el Concejo Deliberante por unanimidad elevara un pedido al Ejecutivo municipal para requerir información acerca de los hechos de violencia sucedidos hace más de una semana, el desmonte y los rellenos llevados acabo en el área denominada Bosque Alegre.
Durante esa misma sesión, el jefe de la bancada oficialista, Carlos Castellano, aseguró que existen las condiciones para rescindir el convenio con el club CASI, algo que los vecinos vienen manifestando desde septiembre del año pasado.
El día anterior, más de mil personas habían manifestado frente a la Municipalidad de San Isidro su repudio a los hechos de represión y la tala y marchado en forma pacífica al Concejo Deliberante para hacer llegar su voz a los concejales.
Frente a los edificios de la intendencia y el concejo deliberante los vecinos realizaron una tala humana simbólica y permanecieron acostados durante un minuto, para luego encender unas velas con las cuales formaron un símbolo de la paz en medio de la calle.
Por su parte, el juez Jorge Luis Zunino resolvió que la Municipalidad de San Isidro se abstenga de iniciar o continuar obra alguna que implique la extracción de piezas arbóreas o desmalezamiento en un predio ubicado en Bajo de San Isidro.
La resolución -según la entidad vecinal- está en un todo de acuerdo con las acciones del municipio que declaró el resto del predio no comprometido en las obras del Campo Municipal Nº 6 como “Paisaje Protegido”.
Según señalaron representantes de la Asamblea de Bosque Alegre, “esta situación, en términos prácticos, es una luz verde para terminar con las obras del mencionado campo municipal de deportes”.
La medida judicial coincide además con la resolución de la OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable), entidad que dictaminó que “salvo los escasos ejemplares citados, los árboles del predio no han sido afectados y presentan un buen estado de conservación.
“Debe destacarse que el sector impactado, lindante con el campo de deportes, presentaba naturalmente escasa cobertura arbórea y predominio de arbustos y herbáceas y que la mayor cobertura, en especial árboles nativos, se da hacia el lado del río, espacio que no ha sido afectado”.
Las fuertes críticas de los vecinos y ambientalistas son dirigidas contra el intendente Gustavo Posse, que no habría cumplido su palabra de no alterar el equilibrio de este paisaje autóctono ubicado en la costanera entre Del Barco Centenera y Roque Sáenz Peña.
El Bosque Alegre, formó parte de un convenio entre el municipio y el Club Atlético San Isidro (CASI) por el cual la comuna le cedía las tierras al club para hacer un campo deportivo. “En septiembre del año pasado, el club comenzó con la tala del bosque, lo que nos alertó a los vecinos, que nos movilizamos para sensibilizar a toda la comunidad, ya que el predio es un humedal con valiosas especies vegetales”, explicó uno de los referentes vecinales.
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Fecha de Publicación: 24/04/2012
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
Vecinos del partido bonaerense de San Isidro volvieron a reclamar este domingo que se declare área protegida al Bosque Alegre, en la costa del Río de la Plata, al realizar una jornada de visita al predio en conflicto y una intervención artística en el lugar, tras lo cual se dirigieron al palacio municipal para renovar sus reclamos.
La protesta se realizó tras los graves incidentes registrados el jueves 12 último, cuando una manifestación de vecinos que se oponían al desmonte del predio fue reprimida por personal de civil.
Este domingo, un nutrido grupo de vecinos concurrió a la plaza ubicada en Del Barco Centenera y el Río desde donde se dirigió a la puerta de la Municipalidad de San Isidro, ubicada en Márquez y Centenario, para allí realizar una vigilia informativa que duró hasta las 8 de ayer.
En tanto, la Municipalidad de San Isidro apeló una medida cautelar pedida por los vecinos de la Asamblea Bosque Alegre. Los asambleístas señalaron que con la apelación el Ejecutivo “se contradice”, ya que “antes había dicho en un comunicado que la acción judicial no significa traba alguna para sus planes”.
La apelación fue formulada luego de que este miércoles, el Concejo Deliberante por unanimidad elevara un pedido al Ejecutivo municipal para requerir información acerca de los hechos de violencia sucedidos hace más de una semana, el desmonte y los rellenos llevados acabo en el área denominada Bosque Alegre.
Durante esa misma sesión, el jefe de la bancada oficialista, Carlos Castellano, aseguró que existen las condiciones para rescindir el convenio con el club CASI, algo que los vecinos vienen manifestando desde septiembre del año pasado.
El día anterior, más de mil personas habían manifestado frente a la Municipalidad de San Isidro su repudio a los hechos de represión y la tala y marchado en forma pacífica al Concejo Deliberante para hacer llegar su voz a los concejales.
Frente a los edificios de la intendencia y el concejo deliberante los vecinos realizaron una tala humana simbólica y permanecieron acostados durante un minuto, para luego encender unas velas con las cuales formaron un símbolo de la paz en medio de la calle.
Por su parte, el juez Jorge Luis Zunino resolvió que la Municipalidad de San Isidro se abstenga de iniciar o continuar obra alguna que implique la extracción de piezas arbóreas o desmalezamiento en un predio ubicado en Bajo de San Isidro.
La resolución -según la entidad vecinal- está en un todo de acuerdo con las acciones del municipio que declaró el resto del predio no comprometido en las obras del Campo Municipal Nº 6 como “Paisaje Protegido”.
Según señalaron representantes de la Asamblea de Bosque Alegre, “esta situación, en términos prácticos, es una luz verde para terminar con las obras del mencionado campo municipal de deportes”.
La medida judicial coincide además con la resolución de la OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable), entidad que dictaminó que “salvo los escasos ejemplares citados, los árboles del predio no han sido afectados y presentan un buen estado de conservación.
“Debe destacarse que el sector impactado, lindante con el campo de deportes, presentaba naturalmente escasa cobertura arbórea y predominio de arbustos y herbáceas y que la mayor cobertura, en especial árboles nativos, se da hacia el lado del río, espacio que no ha sido afectado”.
Las fuertes críticas de los vecinos y ambientalistas son dirigidas contra el intendente Gustavo Posse, que no habría cumplido su palabra de no alterar el equilibrio de este paisaje autóctono ubicado en la costanera entre Del Barco Centenera y Roque Sáenz Peña.
El Bosque Alegre, formó parte de un convenio entre el municipio y el Club Atlético San Isidro (CASI) por el cual la comuna le cedía las tierras al club para hacer un campo deportivo. “En septiembre del año pasado, el club comenzó con la tala del bosque, lo que nos alertó a los vecinos, que nos movilizamos para sensibilizar a toda la comunidad, ya que el predio es un humedal con valiosas especies vegetales”, explicó uno de los referentes vecinales.
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Mussi inicia hoy la visita a los ingenios tucumanos
Mussi inicia hoy la visita a los ingenios tucumanos
Fecha de Publicación: 23/04/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, comienza hoy en la provincia de Tucumán, una serie de reuniones con funcionarios tucumanos y santiagueños para corroborar que los ingenios cumplan con el plan de saneamiento.
Por Santiago del Estero, asistirán Abel Tévez, secretario del Agua; Juan Carlos Targa, director de Medio Ambiente, y Martín Díaz Achával, defensor del Pueblo de la provincia.
Hoy y mañana, el funcionario nacional recorrerá todos los ingenios de la vecina provincia que integran el programa de saneamiento de la cuenca Salí -Dulce y otros diez establecimientos, entre ellos varias citrícolas, para que la zafra 2012 se inicie con vinaza cero, tal cual se firmó en el acuerdo en diciembre del año pasado.
A fin de evitar situaciones poco claras que lleven a la confusión, Mussi se encargará del monitoreo de manera conjunta con autoridades.
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Fecha de Publicación: 23/04/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, comienza hoy en la provincia de Tucumán, una serie de reuniones con funcionarios tucumanos y santiagueños para corroborar que los ingenios cumplan con el plan de saneamiento. Por Santiago del Estero, asistirán Abel Tévez, secretario del Agua; Juan Carlos Targa, director de Medio Ambiente, y Martín Díaz Achával, defensor del Pueblo de la provincia.
Hoy y mañana, el funcionario nacional recorrerá todos los ingenios de la vecina provincia que integran el programa de saneamiento de la cuenca Salí -Dulce y otros diez establecimientos, entre ellos varias citrícolas, para que la zafra 2012 se inicie con vinaza cero, tal cual se firmó en el acuerdo en diciembre del año pasado.
A fin de evitar situaciones poco claras que lleven a la confusión, Mussi se encargará del monitoreo de manera conjunta con autoridades.
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Grave denuncia contra YPF por contaminación
Grave denuncia contra YPF por contaminación en una comunidad mapuche
Fecha de Publicación: 23/04/2012
Fuente: Política Digital
Provincia/Región: Neuquén
Cristina Cherqui tenía 55 años, y era miembro de la comunidad mapuche de Añelo, zona ubicada a 100 kilómetros de la ciudad de Neuquén. Falleció el lunes pasado, después que le detectaran plomo y otros metales pesados en la sangre, fruto de la contaminación que YPF y otras petroleras generan en el agua que se consume en la región.
Una publicación del diario Tiempo Argentino, revela que la investigación arrancó con una denuncia penal de la Asociación de Superficiarios de Petróleo de la Patagonia (ASSUPA), a la cual se sumaron 200 pobladores en calidad de querellantes. Cristina era uno de ellos. El escrito acusa como responsables a todo el directorio de la empresa, pero además a los otros grupos que explotan pozos en el lugar: Pan American, Chevron, Total Austral (de capitales franceses) y Medanito.
Después de analizar distintas muestras en superficie y en napas subterráneas, la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal y el Laboratorio de Toxicología y Química Legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinaron que los 4000 habitantes del "Desierto de Añelo", como se lo conoce, presentan medidas alarmantes de mercurio, cromo y plomo en la sangre, y que el agua del lago de la región está contaminada 500 veces más de lo permitido para uso recreativo.
"En realidad –dice Ricardo Apis, presidente de ASSUPA–, el problema es mucho más grave, porque además del terreno hay que sumar la contaminación en dos lagos: Los Barreales y Marimenuco, de donde sale el agua supuestamente potable para la ciudad de Neuquén y el área del Valle de Río Negro."
El reclamo se basó en dos tipos de muestras: la "calicata", que consiste en una perforación realizada para evaluar la calidad del agua de las napas freáticas, y la toma de aguas de superficie, efectuada generalmente en espejos naturales. Para esto último se eligió Los Barreales (uno de los tres del complejo Chocón-Cerro Colorado), que finalmente resultó contaminado 500 veces más del límite aconsejable.
Para Luis Arellano, apoderado legal de la Asociación y experto en temas ambientales, "los niveles de hidrocarburos en el agua que toma la gente son alarmantes. En un sector de Loma de la Lata, por ejemplo, la cifra es de 150 microgramos por litro".
Otra de las localidades perjudicadas es San Patricio del Chañar, lo que también demuestra que "los daños pueden seguir extendiéndose, si no se toman medidas de reparación", afirma Arellano. Y agrega: "La acción tiene en cuenta delitos penados en el artículo 200 del Código Penal y en los artículos 55,56 y 57 de la Ley 24.051. Estamos hablando de penas de hasta diez años de prisión. Aunque con un agregado: Cherqui era querellante en la causa penal, y su fallecimiento puede implicar un agravamiento de la figura, hasta alcanzar una pena de 25 años de prisión por envenenamiento seguido de muerte".
En medio de la investigación, Neuquén renegoció los contratos con las petroleras en 2009, y solicitó a YPF un listado para que la propia empresa informara cuáles eran sus focos de conflicto. El grupo reconoció 233 hechos contaminantes, cantidad muy por debajo de la real. En Loma de la Lata, por ejemplo, 13 episodios de distinta gravedad descubiertos por la Policía Federal no habían sido comunicados.
"Frente a este escenario –afirma Arellano–, puedo asegurar que si cualquiera hace una mínima perforación, encuentra agua contaminada rápidamente. Para colmo, el crudo no es lo único que contamina, porque a eso le tenés que sumar la llamada agua de formación. Para ser más claro: el petróleo no está en una pileta subterránea, puro y listo para ser extraído. Es una mezcla de arena, barro, piedra, tierra, que se saca inyectando líquidos, para buscar fluidez. Ni bien ese lodo aparece en la superficie, comienza un proceso de división y limpieza: petróleo propiamente dicho, pero además tierra, gasolina, diferentes productos químicos, y agua de formación, altamente tóxica y contaminante, en ocasiones siete veces más salada que el agua de mar. Agua que, por supuesto, las compañías tiran en los campos, arruinándolos por completo, y matando a los animales que se acercan."
El abogado reconoce que lo ocurrido en Los Barreales "fue de casualidad, porque la muestra que tomamos del lugar y mandamos a Buenos Aires surgió en realidad como 'blanqueo', es decir, una porción que suponíamos apta para el consumo y planeábamos usar como contraste de la contaminación de las napas. Pero para sorpresa nuestra, los estudios demostraron que también los índices contaminantes del lago eran gravísimos. Si esas 500 veces más de lo permitido son perjudiciales para la actividad recreativa, como puede ser la natación, imaginemos qué pasaría si alguien toma el agua."
"Si la justicia federal de Neuquén actuara como corresponde –finaliza Apis–, (Antonio) Brufau debería estar preso. Están muriendo seres humanos, y nosotros lo advertimos antes de que ocurriera." <
La cifra: 500 veces por encima del límite de lo aconsejable es la contaminación que se detectó en el agua de Los Barreales en Chocón-Cerro Colorado.
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Fecha de Publicación: 23/04/2012
Fuente: Política Digital
Provincia/Región: Neuquén
Cristina Cherqui tenía 55 años, y era miembro de la comunidad mapuche de Añelo, zona ubicada a 100 kilómetros de la ciudad de Neuquén. Falleció el lunes pasado, después que le detectaran plomo y otros metales pesados en la sangre, fruto de la contaminación que YPF y otras petroleras generan en el agua que se consume en la región.Una publicación del diario Tiempo Argentino, revela que la investigación arrancó con una denuncia penal de la Asociación de Superficiarios de Petróleo de la Patagonia (ASSUPA), a la cual se sumaron 200 pobladores en calidad de querellantes. Cristina era uno de ellos. El escrito acusa como responsables a todo el directorio de la empresa, pero además a los otros grupos que explotan pozos en el lugar: Pan American, Chevron, Total Austral (de capitales franceses) y Medanito.
Después de analizar distintas muestras en superficie y en napas subterráneas, la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal y el Laboratorio de Toxicología y Química Legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinaron que los 4000 habitantes del "Desierto de Añelo", como se lo conoce, presentan medidas alarmantes de mercurio, cromo y plomo en la sangre, y que el agua del lago de la región está contaminada 500 veces más de lo permitido para uso recreativo.
"En realidad –dice Ricardo Apis, presidente de ASSUPA–, el problema es mucho más grave, porque además del terreno hay que sumar la contaminación en dos lagos: Los Barreales y Marimenuco, de donde sale el agua supuestamente potable para la ciudad de Neuquén y el área del Valle de Río Negro."
El reclamo se basó en dos tipos de muestras: la "calicata", que consiste en una perforación realizada para evaluar la calidad del agua de las napas freáticas, y la toma de aguas de superficie, efectuada generalmente en espejos naturales. Para esto último se eligió Los Barreales (uno de los tres del complejo Chocón-Cerro Colorado), que finalmente resultó contaminado 500 veces más del límite aconsejable.
Para Luis Arellano, apoderado legal de la Asociación y experto en temas ambientales, "los niveles de hidrocarburos en el agua que toma la gente son alarmantes. En un sector de Loma de la Lata, por ejemplo, la cifra es de 150 microgramos por litro".
Otra de las localidades perjudicadas es San Patricio del Chañar, lo que también demuestra que "los daños pueden seguir extendiéndose, si no se toman medidas de reparación", afirma Arellano. Y agrega: "La acción tiene en cuenta delitos penados en el artículo 200 del Código Penal y en los artículos 55,56 y 57 de la Ley 24.051. Estamos hablando de penas de hasta diez años de prisión. Aunque con un agregado: Cherqui era querellante en la causa penal, y su fallecimiento puede implicar un agravamiento de la figura, hasta alcanzar una pena de 25 años de prisión por envenenamiento seguido de muerte".
En medio de la investigación, Neuquén renegoció los contratos con las petroleras en 2009, y solicitó a YPF un listado para que la propia empresa informara cuáles eran sus focos de conflicto. El grupo reconoció 233 hechos contaminantes, cantidad muy por debajo de la real. En Loma de la Lata, por ejemplo, 13 episodios de distinta gravedad descubiertos por la Policía Federal no habían sido comunicados.
"Frente a este escenario –afirma Arellano–, puedo asegurar que si cualquiera hace una mínima perforación, encuentra agua contaminada rápidamente. Para colmo, el crudo no es lo único que contamina, porque a eso le tenés que sumar la llamada agua de formación. Para ser más claro: el petróleo no está en una pileta subterránea, puro y listo para ser extraído. Es una mezcla de arena, barro, piedra, tierra, que se saca inyectando líquidos, para buscar fluidez. Ni bien ese lodo aparece en la superficie, comienza un proceso de división y limpieza: petróleo propiamente dicho, pero además tierra, gasolina, diferentes productos químicos, y agua de formación, altamente tóxica y contaminante, en ocasiones siete veces más salada que el agua de mar. Agua que, por supuesto, las compañías tiran en los campos, arruinándolos por completo, y matando a los animales que se acercan."
El abogado reconoce que lo ocurrido en Los Barreales "fue de casualidad, porque la muestra que tomamos del lugar y mandamos a Buenos Aires surgió en realidad como 'blanqueo', es decir, una porción que suponíamos apta para el consumo y planeábamos usar como contraste de la contaminación de las napas. Pero para sorpresa nuestra, los estudios demostraron que también los índices contaminantes del lago eran gravísimos. Si esas 500 veces más de lo permitido son perjudiciales para la actividad recreativa, como puede ser la natación, imaginemos qué pasaría si alguien toma el agua."
"Si la justicia federal de Neuquén actuara como corresponde –finaliza Apis–, (Antonio) Brufau debería estar preso. Están muriendo seres humanos, y nosotros lo advertimos antes de que ocurriera." <
La cifra: 500 veces por encima del límite de lo aconsejable es la contaminación que se detectó en el agua de Los Barreales en Chocón-Cerro Colorado.
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Sali-Dulce: Tucumán modificará ley ambiental
Para que se evite la contaminación, Tucumán modificará ley ambiental
Fecha de Publicación: 22/04/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán
Ante el inminente inicio de la temporada de zafra, el gobierno de Tucumán enviará, la semana entrante, un proyecto del Ejecutivo para modificar la ley ambiental, donde se hará especial hincapié en el sistema de sanciones a quienes contaminen.
Así lo indicó en diálogo exclusivo con Nuevo Diario, LV11 y FM 88.1, el ministro de la Producción de esa provincia, Jorge Feijóo, quien agregó que “se trata de un sistema que tiene varios niveles de multa, con graduación muy alta, que va de 1 hasta 3 mil sueldos básicos de la administración provincial y un sistema expedito en materia de administración, el cual prevé una bonificación del 40 por ciento en las multas a los infractores que se allanen y no recurran a la instancia judicial con lo que evitan gastos y pérdida de tiempo”, explicó.
Control exhaustivo
Sostuvo además que “en aquellos casos que se recurra a una instancia judicial la resolución en primera instancia será inapelable. Creemos que entre el sistema de control, el de fiscalización anexo y el legal sancionatorio, se va a lograr un adecuado contralor para que los compromisos asumidos se cumplan”, indicó.
El funcionario remarcó que Tucumán dispuso un nuevo sistema de control con tres frentes. El primero es conocido como industrial y consiste en la evaluación y un balance de masa de la industria en cuanto a cantidad de producción.
Sobre ello, indicó que se trata de “un seguimiento preciso de los efluentes en determinación de volúmenes y destino de los mismos”.
El segundo trabajo será de monitoreo y consiste en control de los cauces hídricos en 60 puntos georreferenciados desde el 1 de mayo al 30 de noviembre, que serán monitoreados todos los días con tecnología de última generación con transmisión de datos online y análisis de las muestras.
El tercero será el tecnológico, que permitirá registrar la información que transmitan los puestos móviles como los sensores remotos que estarán instalados en los efluentes de cada uno de los 10 ingenios.
“Se trata de un sistema combinado de manera tal que nos permitirá realizar un monitoreo permanente y oportuno de toda la operación industrial”, indicó.
En cuanto a la visita del secretario de Medio Ambiente de la Nación, Dr. Juan José Mussi, dijo que mañana y el martes estará en Tucumán para visitar a los diez ingenios que firmaron los acuerdos.
El circuito comenzará por la zona sur y luego al este de la provincia (Banda del Río Salí, departamento Cruz Alta), adonde también fueron invitadas autoridades ambientales de Santiago del Estero.
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Fecha de Publicación: 22/04/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán
Ante el inminente inicio de la temporada de zafra, el gobierno de Tucumán enviará, la semana entrante, un proyecto del Ejecutivo para modificar la ley ambiental, donde se hará especial hincapié en el sistema de sanciones a quienes contaminen.
Así lo indicó en diálogo exclusivo con Nuevo Diario, LV11 y FM 88.1, el ministro de la Producción de esa provincia, Jorge Feijóo, quien agregó que “se trata de un sistema que tiene varios niveles de multa, con graduación muy alta, que va de 1 hasta 3 mil sueldos básicos de la administración provincial y un sistema expedito en materia de administración, el cual prevé una bonificación del 40 por ciento en las multas a los infractores que se allanen y no recurran a la instancia judicial con lo que evitan gastos y pérdida de tiempo”, explicó.
Control exhaustivo
Sostuvo además que “en aquellos casos que se recurra a una instancia judicial la resolución en primera instancia será inapelable. Creemos que entre el sistema de control, el de fiscalización anexo y el legal sancionatorio, se va a lograr un adecuado contralor para que los compromisos asumidos se cumplan”, indicó.
El funcionario remarcó que Tucumán dispuso un nuevo sistema de control con tres frentes. El primero es conocido como industrial y consiste en la evaluación y un balance de masa de la industria en cuanto a cantidad de producción.
Sobre ello, indicó que se trata de “un seguimiento preciso de los efluentes en determinación de volúmenes y destino de los mismos”.
El segundo trabajo será de monitoreo y consiste en control de los cauces hídricos en 60 puntos georreferenciados desde el 1 de mayo al 30 de noviembre, que serán monitoreados todos los días con tecnología de última generación con transmisión de datos online y análisis de las muestras.
El tercero será el tecnológico, que permitirá registrar la información que transmitan los puestos móviles como los sensores remotos que estarán instalados en los efluentes de cada uno de los 10 ingenios.
“Se trata de un sistema combinado de manera tal que nos permitirá realizar un monitoreo permanente y oportuno de toda la operación industrial”, indicó.
En cuanto a la visita del secretario de Medio Ambiente de la Nación, Dr. Juan José Mussi, dijo que mañana y el martes estará en Tucumán para visitar a los diez ingenios que firmaron los acuerdos.
El circuito comenzará por la zona sur y luego al este de la provincia (Banda del Río Salí, departamento Cruz Alta), adonde también fueron invitadas autoridades ambientales de Santiago del Estero.
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El día de la Tierra se celebra en 192 países
El día de la Tierra se celebra en 192 países
Fecha de Publicación: 22/04/2012
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Este domingo se espera que se realicen unos 22 mil actos en el mundo. Desde hace 42 años se conmemora esta fecha con el objeto de manifestarse y reclamar por un medio ambiente sano y la biodiversidad del planeta
Este domingo se celebra en el mundo el Día Internacional de la Tierra, conmemoración realizada desde 1970 con el fin de crear conciencia a los problemas de superpoblación, la producción de contaminación y la biodiversidad en el planeta.
El promotor de esta celebración fue el senador estadounidense Gaylard Nelson, un activista ambiental, que gracias al apoyo de universidades, escuelas y centenares de comunidades se creó en Estados Unidos la Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental) y una serie de leyes destinada a la protección del medio ambiente.
En 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente: la Conferencia de Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales y que se instituyeran las políticas necesarias para erradicarlos.
La Organización de las Naciones Unidas celebra el día de la Tierra cada año en el equinoccio de invierno, cerca del 21 de marzo.
El 26 de febrero de 1971, el secretario general U Thant firmó una proclamación a ese efecto. Al momento del equinoccio suena la Campana de la Paz en la sede central de la ONU en Nueva York.
El Día de la Tierra ha ayuda a las naciones a reflexionar sobre la importancia de cuidar los recursos no renovables del planeta y hacer frente a las nuevas crisis como de agua y las constantes sequías debido al cambio climático.
Este año en junio, los líderes mundiales se reunirán en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) en Río de Janeiro.
Durante la reunión se centrarán en dos temas principales: cómo construir una economía verde para lograr el desarrollo sostenible y sacar a la gente de la pobreza y cómo mejorar la coordinación internacional para el logro del desarrollo sostenible.
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Fecha de Publicación: 22/04/2012
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Este domingo se espera que se realicen unos 22 mil actos en el mundo. Desde hace 42 años se conmemora esta fecha con el objeto de manifestarse y reclamar por un medio ambiente sano y la biodiversidad del planetaEste domingo se celebra en el mundo el Día Internacional de la Tierra, conmemoración realizada desde 1970 con el fin de crear conciencia a los problemas de superpoblación, la producción de contaminación y la biodiversidad en el planeta.
El promotor de esta celebración fue el senador estadounidense Gaylard Nelson, un activista ambiental, que gracias al apoyo de universidades, escuelas y centenares de comunidades se creó en Estados Unidos la Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental) y una serie de leyes destinada a la protección del medio ambiente.
En 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente: la Conferencia de Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales y que se instituyeran las políticas necesarias para erradicarlos.
La Organización de las Naciones Unidas celebra el día de la Tierra cada año en el equinoccio de invierno, cerca del 21 de marzo.
El 26 de febrero de 1971, el secretario general U Thant firmó una proclamación a ese efecto. Al momento del equinoccio suena la Campana de la Paz en la sede central de la ONU en Nueva York.
El Día de la Tierra ha ayuda a las naciones a reflexionar sobre la importancia de cuidar los recursos no renovables del planeta y hacer frente a las nuevas crisis como de agua y las constantes sequías debido al cambio climático.
Este año en junio, los líderes mundiales se reunirán en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) en Río de Janeiro.
Durante la reunión se centrarán en dos temas principales: cómo construir una economía verde para lograr el desarrollo sostenible y sacar a la gente de la pobreza y cómo mejorar la coordinación internacional para el logro del desarrollo sostenible.
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Aseguran que en 2020 podría haber vida en el Riachuelo
Aseguran que en 2020 podría haber vida en el Matanza-Riachuelo
Fecha de Publicación: 21/04/2012
Fuente: InfoRegión
Provincia/Región: Cuenca Matanza-Riachuelo
Según indicaron expertos, es posible lograr en 2020 niveles de oxigenación que permitan la vida. La premisa fue deslizada por profesionales de saneamiento de AySA para la cuenca Matanza-Riachuelo y el jurista en ambiente Malesh Mehta, quien aplica una orden de la Corte Suprema de India para limpiar el Ganges.
Expertos en saneamiento de AySA para la cuenca Matanza-Riachuelo y el jurista en ambiente Malesh Mehta, que aplica una orden de la Corte Suprema de India para limpiar el Ganges, coincidieron hoy en que es posible lograr en 2020 niveles de oxigenación que permitan la vida.
Con similitudes entre ambas problemáticas, persisten sin embargo diferencias de escalas, ya que sobre las márgenes del curso Matanza-Riachuelo se asientan unos 11 millones de habitantes, mientras que sobre las riberas del Ganges viven 400 millones.
"En la cuenca del Ganges hay más de 200 mil industrias agrupadas en 29 categorías productivas, con distintos niveles de peligrosidad, como curtiembres, destilerías, industrias químicas, usinas térmicas, lo cual es un problema muy serio para la India", dijo Metha, instantes después de la presentación.
El director de Técnica y Desarrollo Tecnológico en AySA, Alejandro Barrio, había respondido poco antes una pregunta de Metha, miembro de la Corte Suprema de India, acerca de si la empresa argentina de aguas cree que la meta que tienen ambos países por orden de sus cortes, el 2020, es realmente posible.
"Parando el volcado de deshechos cloacales (domiciliarios) e industriales, e introduciendo técnicas de aireación, se puede lograr niveles básicos para la vida", respondió Barrio.
El empresario afirmó que "AySA opera un sistema (de tratamiento cloacal) de seis millones de habitantes, que va a ampliar a 9 o 10 millones con lo que ya sabemos hacer: desde el punto de vista de la operación del servicio, no tenemos duda" de que es posible.
Metha contó que "el Ganges es un río sagrado y está siendo contaminado por industrias y municipios de 300 ciudades que abarca la cuenca, muchas de ellas sin establecimientos de servicios sanitarios". "La Corte notificó a cada una de las industrias, que vinieron al juzgado para obtener un cronograma con las acciones de remediación e inversiones en plantas de tratamiento de efluentes, y las empresas que no cumplieron con los plazos establecidos fueron sancionados y otras, clausuradas, así como se les dio extensión a quien lo solicitara", precisó acerca del caso indio.
Según Metha, "se hizo mucho pero queda mucho por hacer, y el conflicto indudablemente está, porque es una cuenca enorme, con muchos afluentes".
Respecto al caso argentino, Barrio diagnosticó que el tema industrial para la cuenca Matanza-Riachuelo "es complejo pero en el camino uno ve la luz".
La Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo tiene una superficie de 2.240 kilómetros cuadrados, área en la que recorre unos 80 kilómetros hasta desembocar en el Río de la Plata, en la Boca.
Las obras de infraestructura sanitaria que le mostraron a Mehta son parte del Plan Director de agua potable y desagües cloacales de AySA y están insertas en el proyecto de saneamiento aprobado por las autoridades para la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Metha expresó haber encontrado "mucha similitud" entre el caso argentino y el indio, porque la cuenca bonaerense y porteña "también tiene un altísimo nivel de contaminación, al igual que el Ganges, y la gente sufre, por lo que es un momento adecuado para que se saneen ambas cuencas de modo de proteger el ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos".
Acerca de si los industriales indios aceptaban la necesidad de producir con prácticas que no degraden el ambiente, Metha dijo que "cuando la Corte se puso firme, muchos industriales aprendieron esto, no de manera voluntaria, sino por la presión del Tribunal".
"Las industrias tienen que saber, más allá de que estén en la cuenca Matanza-Riachuelo o el Ganges, que tienen una responsabilidad social, y que si afectan a la gente, en algún momento van a ver afectada a la propia industria", concluyó.
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Fecha de Publicación: 21/04/2012
Fuente: InfoRegión
Provincia/Región: Cuenca Matanza-Riachuelo
Según indicaron expertos, es posible lograr en 2020 niveles de oxigenación que permitan la vida. La premisa fue deslizada por profesionales de saneamiento de AySA para la cuenca Matanza-Riachuelo y el jurista en ambiente Malesh Mehta, quien aplica una orden de la Corte Suprema de India para limpiar el Ganges.Expertos en saneamiento de AySA para la cuenca Matanza-Riachuelo y el jurista en ambiente Malesh Mehta, que aplica una orden de la Corte Suprema de India para limpiar el Ganges, coincidieron hoy en que es posible lograr en 2020 niveles de oxigenación que permitan la vida.
Con similitudes entre ambas problemáticas, persisten sin embargo diferencias de escalas, ya que sobre las márgenes del curso Matanza-Riachuelo se asientan unos 11 millones de habitantes, mientras que sobre las riberas del Ganges viven 400 millones.
"En la cuenca del Ganges hay más de 200 mil industrias agrupadas en 29 categorías productivas, con distintos niveles de peligrosidad, como curtiembres, destilerías, industrias químicas, usinas térmicas, lo cual es un problema muy serio para la India", dijo Metha, instantes después de la presentación.
El director de Técnica y Desarrollo Tecnológico en AySA, Alejandro Barrio, había respondido poco antes una pregunta de Metha, miembro de la Corte Suprema de India, acerca de si la empresa argentina de aguas cree que la meta que tienen ambos países por orden de sus cortes, el 2020, es realmente posible.
"Parando el volcado de deshechos cloacales (domiciliarios) e industriales, e introduciendo técnicas de aireación, se puede lograr niveles básicos para la vida", respondió Barrio.
El empresario afirmó que "AySA opera un sistema (de tratamiento cloacal) de seis millones de habitantes, que va a ampliar a 9 o 10 millones con lo que ya sabemos hacer: desde el punto de vista de la operación del servicio, no tenemos duda" de que es posible.
Metha contó que "el Ganges es un río sagrado y está siendo contaminado por industrias y municipios de 300 ciudades que abarca la cuenca, muchas de ellas sin establecimientos de servicios sanitarios". "La Corte notificó a cada una de las industrias, que vinieron al juzgado para obtener un cronograma con las acciones de remediación e inversiones en plantas de tratamiento de efluentes, y las empresas que no cumplieron con los plazos establecidos fueron sancionados y otras, clausuradas, así como se les dio extensión a quien lo solicitara", precisó acerca del caso indio.
Según Metha, "se hizo mucho pero queda mucho por hacer, y el conflicto indudablemente está, porque es una cuenca enorme, con muchos afluentes".
Respecto al caso argentino, Barrio diagnosticó que el tema industrial para la cuenca Matanza-Riachuelo "es complejo pero en el camino uno ve la luz".
La Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo tiene una superficie de 2.240 kilómetros cuadrados, área en la que recorre unos 80 kilómetros hasta desembocar en el Río de la Plata, en la Boca.
Las obras de infraestructura sanitaria que le mostraron a Mehta son parte del Plan Director de agua potable y desagües cloacales de AySA y están insertas en el proyecto de saneamiento aprobado por las autoridades para la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Metha expresó haber encontrado "mucha similitud" entre el caso argentino y el indio, porque la cuenca bonaerense y porteña "también tiene un altísimo nivel de contaminación, al igual que el Ganges, y la gente sufre, por lo que es un momento adecuado para que se saneen ambas cuencas de modo de proteger el ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos".
Acerca de si los industriales indios aceptaban la necesidad de producir con prácticas que no degraden el ambiente, Metha dijo que "cuando la Corte se puso firme, muchos industriales aprendieron esto, no de manera voluntaria, sino por la presión del Tribunal".
"Las industrias tienen que saber, más allá de que estén en la cuenca Matanza-Riachuelo o el Ganges, que tienen una responsabilidad social, y que si afectan a la gente, en algún momento van a ver afectada a la propia industria", concluyó.
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Piden que Chaco no autorice más desmontes
Greenpeace pide que el Gobierno del Chaco no autorice más desmontes
Fecha de Publicación: 20/04/2012
Fuente: Chaco On Line
Provincia/Región: Chaco
Greenpeace pidió al Gobierno del Chaco que no autorice más desmontes en El Impenetrable. El pedido fue después de un relevamiento por aire y tierra en el que constató el severo impacto ambiental de desmontes selectivos para zonas protegidas.
La organización ambientalista realizó un relevamiento por tierra y aire en El Impenetrable, y constató el severo impacto ambiental de desmontes selectivos para ganadería intensiva que fueron autorizados en zonas protegidas por la normativa nacional.
“Las topadoras dejan muy pocos árboles en pie y eliminan todo el bosque bajo, lo que no garantiza su regeneración y es el sustento de la mayoría de la fauna chaqueña. El gobierno del Chaco está autorizando en El Impenetrable desmontes encubiertos que violan la Ley de Bosques”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
El Plan Ganadero Chaco tiene por objetivo duplicar el stock ganadero para el año 2015 y pasar de las 2.600.000 cabezas actuales a 5 millones.
“El avance de la ganadería intensiva puede implicar, en el mediano plazo, la fragmentación y desaparición de gran parte de El Impenetrable, un valiosísimo ecosistema forestal que abarca cerca de 4 millones de hectáreas de la región chaqueña semiárida y que alberga especies seriamente amenazadas como el yaguareté, el tatú carreta, y el oso hormiguero”, afirmó Giardini.
El Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la provincia del Chaco clasifica a los bosques de “El Impenetrable” en la Categoría I (rojo) y la Categoría II (amarillo), que no permiten desmonte. Sin embargo, la aplicación de sistemas silvopastoriles para ganadería intensiva, claramente viola la Ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Greenpeace reclama al gobierno del Chaco que, en cumplimiento con lo establecido por la Ley de Bosques, no autorice más desmontes en “El Impenetrable”.
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Fecha de Publicación: 20/04/2012
Fuente: Chaco On Line
Provincia/Región: Chaco
Greenpeace pidió al Gobierno del Chaco que no autorice más desmontes en El Impenetrable. El pedido fue después de un relevamiento por aire y tierra en el que constató el severo impacto ambiental de desmontes selectivos para zonas protegidas.La organización ambientalista realizó un relevamiento por tierra y aire en El Impenetrable, y constató el severo impacto ambiental de desmontes selectivos para ganadería intensiva que fueron autorizados en zonas protegidas por la normativa nacional.
“Las topadoras dejan muy pocos árboles en pie y eliminan todo el bosque bajo, lo que no garantiza su regeneración y es el sustento de la mayoría de la fauna chaqueña. El gobierno del Chaco está autorizando en El Impenetrable desmontes encubiertos que violan la Ley de Bosques”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
El Plan Ganadero Chaco tiene por objetivo duplicar el stock ganadero para el año 2015 y pasar de las 2.600.000 cabezas actuales a 5 millones.
“El avance de la ganadería intensiva puede implicar, en el mediano plazo, la fragmentación y desaparición de gran parte de El Impenetrable, un valiosísimo ecosistema forestal que abarca cerca de 4 millones de hectáreas de la región chaqueña semiárida y que alberga especies seriamente amenazadas como el yaguareté, el tatú carreta, y el oso hormiguero”, afirmó Giardini.
El Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la provincia del Chaco clasifica a los bosques de “El Impenetrable” en la Categoría I (rojo) y la Categoría II (amarillo), que no permiten desmonte. Sin embargo, la aplicación de sistemas silvopastoriles para ganadería intensiva, claramente viola la Ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Greenpeace reclama al gobierno del Chaco que, en cumplimiento con lo establecido por la Ley de Bosques, no autorice más desmontes en “El Impenetrable”.
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Tucumán: arquitectos defienden pulmones verdes
Piden a la Justicia que rescate los pulmones verdes
Fecha de Publicación: 19/04/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
El Colegio de Arquitectos solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la norma que reemplazará los centros de manzana por cocheras . La institución citó un pronunciamiento de la facultad de Arquitectura con argumentos históricas, patrimoniales y ambientales para resguardar los espacios libres.
Una ciudad más caliente, gris, ruidosa, contaminada, inundable y repleta de autos. Esa es la síntesis de las consecuencias que sufrirá San Miguel de Tucumán por la ordenanza Nº 4.425, según advierten los especialistas del Colegio de Arquitectos de Tucumán (CAT) y de la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. Por ese motivo, recurrieron a la Justicia para voltear la norma que modificó el artículo 28 del Código de Planeamiento urbano de la ciudad de San Miguel de Tucumán y permitió el reemplazo de los pulmones de manzana por estacionamientos.
El abogado del CAT, Luis Rodríguez Vaquero, realizó la presentación en la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Según se detalló desde la institución que preside Juan Bautista Ramazzotti, se trata de un recurso de amparo colectivo de protección y de reparación, mediante el que se solicita que se declare la inconstitucionalidad de la disposición municipal.
"El centro de manzana es el espacio parquizado en el interior de las manzanas que cumple la función de pulmón verde y de terreno absorbente y que garantiza la calidad ambiental, particularmente en los distritos residenciales y de áreas especiales", defendió Ramazzotti.
En los fundamentos de la acción, el letrado Rodríguez Vaquero evocó los artículos de las constituciones Nacional y Provincial (N° 41, en ambos casos) que mencionan el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y equilibrado y la responsabilidad de las autoridades de bregar por ello. Paralelamente, se instó a la Municipalidad a que se abstenga de ejecutar la ordenanza cuestionada.
Dictamen contundente
La presentación judicial se respaldó con un lapidario informe de la facultad de Arquitectura. A pedido del CAT, hace una semana se expidió sobre el impacto ambiental, urbanístico y arquitectónico de la ordenanza. En primera instancia, cita parte del aporte realizado por las catedráticas Daniela Moreno y Olga Paterlini que consignaron que, de acuerdo con el Código de Planeamiento Urbano, el espacio en el centro de manzana constituye uno de los elementos integrantes del espacio urbano de la ciudad, con igual jerarquía que espacios como la vía pública. Por otro lado, el informe advierte que se está poniendo en peligro el patrimonio urbano-arquitectónico de la ciudad histórica. En particular, puntualiza que afecta lo referido a los valores urbanos y ambientales; a los tipos arquitectónicos tradicionales y sus modos de ocupación de parcelas, dado que edificios de valor patrimonial están en la zona y a la integridad física del patrimonio arquitectónico, por el efecto nocivo que sobre los materiales pétreos naturales o artificiales producirá la contaminación derivada del incremento de automóviles en el área.
El área de influencia de la ordenanza incluye la parte central de la capital y las avenidas Mate de Luna, Sarmiento, Avellaneda, Sáenz Peña y Soldati. Al respecto, el arquitecto Raúl Di Lullo detalló en el escrito que la medida alcanza a 450 hectáreas. Los cálculos que efectuó "determinan un total de 290.000 metros cuadrados (29 hectáreas) de espacio urbano descubierto que podría desaparecer como tal".
En cuanto a la problemática ambiental, un informe del arquitecto Guillermo Gonzalo menciona que los cambios de la ordenanza disminuyen la superficie verde produciendo diversos problemas ambientales y funcionales: microclima urbano (isla de calor), mayor cantidad de vehículos con el consecuente incremento de los niveles sonoros y de la emisión de dióxido de carbono (gas que más contribuye al calentamiento del planeta y al cambio climático). Su colega Jorge Negrete condenó que no se haya efectuado ningún estudio de impacto ambiental previo.
Mañana, a las 19.30, habrá una reunión informativa en la sede del CAT (Rivadavia Nº 179), de la que participarán profesionales, ambientalistas y miembros de organizaciones no gubernamentales.
Fecha de Publicación: 19/04/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
El Colegio de Arquitectos solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la norma que reemplazará los centros de manzana por cocheras . La institución citó un pronunciamiento de la facultad de Arquitectura con argumentos históricas, patrimoniales y ambientales para resguardar los espacios libres.
Una ciudad más caliente, gris, ruidosa, contaminada, inundable y repleta de autos. Esa es la síntesis de las consecuencias que sufrirá San Miguel de Tucumán por la ordenanza Nº 4.425, según advierten los especialistas del Colegio de Arquitectos de Tucumán (CAT) y de la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. Por ese motivo, recurrieron a la Justicia para voltear la norma que modificó el artículo 28 del Código de Planeamiento urbano de la ciudad de San Miguel de Tucumán y permitió el reemplazo de los pulmones de manzana por estacionamientos.
El abogado del CAT, Luis Rodríguez Vaquero, realizó la presentación en la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Según se detalló desde la institución que preside Juan Bautista Ramazzotti, se trata de un recurso de amparo colectivo de protección y de reparación, mediante el que se solicita que se declare la inconstitucionalidad de la disposición municipal.
"El centro de manzana es el espacio parquizado en el interior de las manzanas que cumple la función de pulmón verde y de terreno absorbente y que garantiza la calidad ambiental, particularmente en los distritos residenciales y de áreas especiales", defendió Ramazzotti.
En los fundamentos de la acción, el letrado Rodríguez Vaquero evocó los artículos de las constituciones Nacional y Provincial (N° 41, en ambos casos) que mencionan el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y equilibrado y la responsabilidad de las autoridades de bregar por ello. Paralelamente, se instó a la Municipalidad a que se abstenga de ejecutar la ordenanza cuestionada.
Dictamen contundente
La presentación judicial se respaldó con un lapidario informe de la facultad de Arquitectura. A pedido del CAT, hace una semana se expidió sobre el impacto ambiental, urbanístico y arquitectónico de la ordenanza. En primera instancia, cita parte del aporte realizado por las catedráticas Daniela Moreno y Olga Paterlini que consignaron que, de acuerdo con el Código de Planeamiento Urbano, el espacio en el centro de manzana constituye uno de los elementos integrantes del espacio urbano de la ciudad, con igual jerarquía que espacios como la vía pública. Por otro lado, el informe advierte que se está poniendo en peligro el patrimonio urbano-arquitectónico de la ciudad histórica. En particular, puntualiza que afecta lo referido a los valores urbanos y ambientales; a los tipos arquitectónicos tradicionales y sus modos de ocupación de parcelas, dado que edificios de valor patrimonial están en la zona y a la integridad física del patrimonio arquitectónico, por el efecto nocivo que sobre los materiales pétreos naturales o artificiales producirá la contaminación derivada del incremento de automóviles en el área.
El área de influencia de la ordenanza incluye la parte central de la capital y las avenidas Mate de Luna, Sarmiento, Avellaneda, Sáenz Peña y Soldati. Al respecto, el arquitecto Raúl Di Lullo detalló en el escrito que la medida alcanza a 450 hectáreas. Los cálculos que efectuó "determinan un total de 290.000 metros cuadrados (29 hectáreas) de espacio urbano descubierto que podría desaparecer como tal".
En cuanto a la problemática ambiental, un informe del arquitecto Guillermo Gonzalo menciona que los cambios de la ordenanza disminuyen la superficie verde produciendo diversos problemas ambientales y funcionales: microclima urbano (isla de calor), mayor cantidad de vehículos con el consecuente incremento de los niveles sonoros y de la emisión de dióxido de carbono (gas que más contribuye al calentamiento del planeta y al cambio climático). Su colega Jorge Negrete condenó que no se haya efectuado ningún estudio de impacto ambiental previo.
Mañana, a las 19.30, habrá una reunión informativa en la sede del CAT (Rivadavia Nº 179), de la que participarán profesionales, ambientalistas y miembros de organizaciones no gubernamentales.
Chaco: Critican proyecto de ley de agroquímicos
Aseguran que "son insuficientes" las distancias para las fumigaciones
Fecha de Publicación: 19/04/2012
Fuente: Chaco Dia por Dia
Provincia/Región: Chaco
A través de un documento titulado: "¿Quién protegerá la salud pública, el ambiente y la biodiversidad?", el coordinador del Centro Mandela, Rolando Núñez, advierte que el proyecto de ley del Ejecutivo sigue sin dar respuestas a la cuestión ambiental.
Publicamos textualmente el documento firmado por el coordinador del Centro de Estudios e Investigación Social "Nelson Mandela" DDHH, Rolando Núñez:
"Durante los últimos años el tema ambiental estuvo en la agenda de la discusión pública, aunque no se logró el esclarecimiento necesario y menos aún las decisiones políticas e institucionales que posibiliten salvaguardar el interés general que supone la protección y administración sustentable de la salud pública, el ambiente y la biodiversidad. Al descontrol en los desmontes que favorecen la desertificación, al avance de la frontera agropecuaria por el mal uso de los suelos, a la contaminación de fuentes de agua y a la explotación irracional del monte para sacar madera, se suma la contaminación de poblaciones por la aplicación indiscriminada de agrotóxicos por la ausencia de controles por parte del Estado.
La realidad demuestra que a la hora de fumigar no se respetan las áreas urbanas, las escuelas, ni los centros de salud, para citar algunos ejemplos, perjudicándose a pequeños productores que ven secarse sus frutales y morir sus colmenas, contaminando fuentes de agua y provocando mortandad de animales. El Chaco no escapa al reclamo generalizado que crece en gran parte de nuestro país sobre las consecuencias nefastas que provoca el uso indiscriminado de sustancias químicas aplicadas a los cultivos que conforman el paquete de la agricultura industrial.
En diciembre de 2007, apenas asumió el gobernador Capitanich, promulgó la ley a través de la cual reorganizó la estructura administrativa del Estado. En el caso que nos interesa analizar, que es el de la producción, el uso de agrotóxicos, los recursos naturales y el ambiente, fueron dos los Ministerios creados. El tema “producción” se fusionó con economía y el tema “ambiente” se lo “llevó” el Ministerio de Infraestructura. De esa manera las políticas públicas en materia de biocidas pasó a la órbita de los Ministerios de Economía y de Producción.
Pasado casi dos años, ya en octubre de 2009, el gobierno decidió volver atrás. El gobernador anunció que se crearía el “nuevo” (¿?) Ministerio de Producción y Ambiente, que “se abocará al cuidado del medio ambiente”. Este Ministerio se encargaría de “la realización del registro, de las autorizaciones, de la supervisión y de la fiscalización de la elaboración, distribución y uso de productos de biocidas y fertilizantes”.
Los biocidas, una cuestión más que sensible
Diez años tuvieron que pasar para que se oyeran los reclamos de las madres del Barrio Ituzaingó en Córdoba, que denunciaban las enfermedades y muertes de sus hijos por el uso masivo de agrotóxicos. En nuestra provincia, las denuncias de los vecinos de La Leonesa y Las Palmas, a los que se sumaron los de otras localidades, generaron debates muy fuertes sobre la utilización de los plaguicidas y de los fertilizantes, seguidos de jornadas y talleres que se fueron dando en distintos puntos de nuestra geografía, incluida la legislatura del Chaco.
La creación de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos, los informes del Defensor del Pueblo de la Nación y la intervención de infinidad de científicos de muchas Universidades, avalaron los reclamos y las denuncias de los “vecinos de los pueblos fumigados”, como se autodenominaron, debido a la generalización de la problemática en casi todo el país. Lo mismo sucedía en el Chaco con la Comisión de Contaminantes del Agua, fiscales y jueces, que daban espacio a investigaciones más profundas y serias, haciéndose eco de las denuncias, incluso con medidas cautelares bastantes protectoras. Los indicios y las evidencias hicieron visibles los riesgos y daños sociales, sanitarios y ambientales derivados del uso de los agrotóxicos, al amparo del principio de precaución establecido en la ley nacional ambiental. Sin embargo, la negación y la “sordera” institucional fueron las respuestas comunes. Funcionarios que descalificaban y desmentían a madres y padres sobre la enfermedad de sus hijos. Otros que no se daban por aludidos sobre los controles que deberían haber efectuado y que nunca se realizaron. Se sucedían los incumplimientos por parte de las autoridades. Mientras tanto, las empresas continuaban fumigando desaprensivamente.
En junio de 2010, cuando la situación ya se tornaba insostenible, el gobernador Capitanich reconoció que “a nivel ambiental, estamos en falta”. Esto se produjo luego de que se diera a conocer públicamente el Informe que la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos respecto a la situación sanitaria y ambiental de los pobladores de La Leonesa/Las Palmas como consecuencia del funcionamiento de las arroceras del grupo económico de la familia liderada por Eduardo José Meichtry.
Al reconocimiento oficial de las deudas pendientes en materia ambiental, en agosto de 2010, se sumó un hecho vergonzoso que todavía resuena en la Leonesa. Se produjeron agresiones verbales y físicas que sufrieron los asistentes, entre ellos dos diputados, a una charla científica de esclarecimiento que debía realizar el profesor Carrasco sobre el efecto de los plaguicidas en la salud. Las agresiones fueron organizadas por los que tenían y tienen intereses económicos y políticos en las arroceras, a los que evidentemente no les importó la salud pública, sino que se manejan con la lógica del dinero y el poder.
Asignatura pendiente y mal resuelta
Hubo que esperar a marzo de 2011 a que se hiciera un algún anuncio relacionado con el tema. Capitanich dijo que crearía el Ministerio de Medio Ambiente. El mandatario había reconocido que la preservación del ambiente era una de las asignaturas pendientes de su gestión, tras las denuncias por incumplimiento de la ley de Biocidas. De esta forma prometió el envío de un proyecto de ley a la legislatura chaqueña. Poco tiempo después se detectó un proyecto de modificación de la actual ley 3.378 de biocidas, que contaba con un despacho de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, sin que se hubieran realizado reuniones ni consultas.
El proyecto no satisfizo a las comunidades afectadas y a otros sectores preocupados por esta situación. Esto llevó a plantear la necesidad de que se realice una audiencia pública por gestión del bloque Libres del Sur, en la que pudieran participar los sectores involucrados en la temática. El gran interés generado y la cantidad de inscriptos, casi 200 personas de muchos puntos de la provincia, inclusive de los más alejados, dividió la audiencia pública en dos partes: la primera se realizó en julio y la segunda en agosto de 2011.
De las intervenciones de los pobladores de pueblos afectados, pequeños productores, técnicos de varias instituciones, organizaciones populares y sectores relacionados con la protección de la salud y del ambiente, se evidenciaron muchos puntos coincidentes. Entre las ideas compartidas sobresalieron las posturas de dejar de lado el proyecto de ley enviado por el poder ejecutivo porque no mejoraba el contenido de la ley vigente. También se acordó con la necesidad de prohibir las pulverizaciones aéreas, de establecer distancias mínimas para las terrestres para proteger zonas urbanas o pobladas, escuelas, centros de salud, fuentes o vías de aguas, producciones agropecuarias susceptibles y reservas naturales, entre otros espacios a proteger. También se coincidió en la necesidad de cambiar la autoridad de aplicación de la ley de biocidas, que hasta ahora sigue siendo atribución del Ministerio de la Producción, con sus concurrentes faltas de controles.
Creación del Ministerio de Planificación y Ambiente
Luego de sucesivos anuncios por parte de los diputados sobre el análisis de las propuestas presentadas en la audiencia pública, en diciembre de 2011, se sancionó la nueva Ley de Ministerios 6.906, en la que se estableció el rango de ministerio a la gestión de planificación y ambiente. A partir de allí, y analizando los anuncios, se suponía la solución de ciertos problemas graves y crónicos de contaminación y degradación del ambiente o, por lo menos, el inicio de las acciones para remediar las situaciones que se venían planteando. Se gestaron muchas expectativas puestas en el nuevo Ministerio, que luego desembocaron en descreimientos generalizados.
En la nueva Ley 6.906, específicamente en lo relacionado con las funciones del Ministerio de Planificación y Ambiente, se pudo observar algunas diferencias sustanciales entre lo legislado y lo anunciado por el gobernador. Entre las funciones específicas del área de Ambiente, se detalló que ejercería la función de autoridad ambiental. En general, las incumbencias establecidas apuntan a planificar, coordinar, gestionar la inclusión de cuestiones ambientales, la gestión ambiental en planes, programas y proyectos de gobierno, elaborar diagnósticos, informes y estadísticas, seguimiento del estado del ambiente y de las políticas relacionadas con organismos del propio gobierno provincial, nacional o internacional u organizaciones en general o especializadas en materia ambiental. También debía entender en las relaciones con las ong vinculadas a la cuestión ambiental y a fortalecer los mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, en ninguno de los puntos se menciona que será autoridad de aplicación de la cuestión ambiental, custodiando el respeto de las leyes vigentes en la materia.
El uso de biocidas, ¡También es una cuestión ambiental!
Llama la atención que en la órbita de incumbencias del Ministerio de Planificación y Ambiente no se incluyera la aplicación de la ley de biocidas, cuestión ampliamente reclamada por la ciudadanía y que la información que distribuyera el gobierno permitía suponer. Se estableció que este Ministerio debía entender en el registro, supervisión y autorización de la elaboración, distribución y uso de productos de biocidas y fertilizantes. O sea que nada cambió a pesar de los anuncios grandilocuentes del gobierno, mientras siguen otros anuncios del mismo tipo, con igual suerte.
Y siguen los anuncios...
A principios de marzo de 2012 el flamante Ministro de Planificación y Ambiente, Ing. Raúl Codutti, anunció que una nueva propuesta del ejecutivo para modificar la ley de biocidas sería presentada en la legislatura para ser debatida. Esta propuesta incluiría “que las fumigaciones aéreas se realicen a mil metros y las terrestres a 400 de los centros poblados”, además de que el control dejaría de depender del Ministerio de la Producción.
Finalmente, el 14 de marzo ingresó a la legislatura provincial el Proyecto de Ley 498/12, que fue presentado por el ejecutivo y que sería una “propuesta mejorada” del proyecto de modificación de la ley de biocidas discutido en las audiencias públicas de 2011. A primera vista, la nueva propuesta fue una copia casi textual del proyecto discutido en las audiencias públicas, con algunas diferencias. En primer lugar, sobresale el cambio de la autoridad de aplicación que pasaría a ser la Dirección de Fiscalización Ambiental de la nueva Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Planificación y Ambiente. Esta estructura organizativa aún no fue sancionada. Otro punto que aparece como nuevo y puede ser interesante, si se cumple, es el de responsabilizar de la disposición final de los envases (bidones, baldes ó botellas plásticas y latas) a las empresas fabricantes de los agroquímicos que comercializan en el territorio provincial, debiendo implementarse un sistema de recolección y transporte para retirarlos de los usuarios. Cabe preguntarse por qué solamente se pensó en los envases de productos de formulación líquida, cuando el espectro es mayor e igualmente contaminante.
Lo ambiental seguirá siendo una deuda del gobierno
El último punto, que sería “superador” del proyecto anterior, consiste en la inclusión del tema de las pulverizaciones, tanto aéreas como terrestres. Sin embargo, en el proyecto no se prohíben las aplicaciones aéreas, aunque se establecen las distancias para ser realizadas, como también las terrestres, de 1.000 y 500 metros, respectivamente. Es importante recordar que esta fue una cuestión altamente discutida y reclamada por las poblaciones. Como fácilmente se puede apreciar, las distancias contempladas por el proyecto que analizan actualmente los diputados son insuficientes para dar una verdadera cobertura social, sanitaria y ambiental. Nótese también que sólo se mencionan a los centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios. Nada se aclara sobre las distancias a cursos de agua o embalses para abastecimiento de agua de personas o animales, cultivos sensibles, ganado, colmenas, reservas naturales protegidas, o productores orgánicos o agroecológicos que no aplican productos de síntesis químicas a sus cultivos. Son muchos los interrogantes y puntos oscuros del proyecto que se pretende sancionar. Todo indica que la cuestión ambiental va a continuar siendo una deuda de esta gestión".
Fecha de Publicación: 19/04/2012
Fuente: Chaco Dia por Dia
Provincia/Región: Chaco
A través de un documento titulado: "¿Quién protegerá la salud pública, el ambiente y la biodiversidad?", el coordinador del Centro Mandela, Rolando Núñez, advierte que el proyecto de ley del Ejecutivo sigue sin dar respuestas a la cuestión ambiental.
Publicamos textualmente el documento firmado por el coordinador del Centro de Estudios e Investigación Social "Nelson Mandela" DDHH, Rolando Núñez:
"Durante los últimos años el tema ambiental estuvo en la agenda de la discusión pública, aunque no se logró el esclarecimiento necesario y menos aún las decisiones políticas e institucionales que posibiliten salvaguardar el interés general que supone la protección y administración sustentable de la salud pública, el ambiente y la biodiversidad. Al descontrol en los desmontes que favorecen la desertificación, al avance de la frontera agropecuaria por el mal uso de los suelos, a la contaminación de fuentes de agua y a la explotación irracional del monte para sacar madera, se suma la contaminación de poblaciones por la aplicación indiscriminada de agrotóxicos por la ausencia de controles por parte del Estado.
La realidad demuestra que a la hora de fumigar no se respetan las áreas urbanas, las escuelas, ni los centros de salud, para citar algunos ejemplos, perjudicándose a pequeños productores que ven secarse sus frutales y morir sus colmenas, contaminando fuentes de agua y provocando mortandad de animales. El Chaco no escapa al reclamo generalizado que crece en gran parte de nuestro país sobre las consecuencias nefastas que provoca el uso indiscriminado de sustancias químicas aplicadas a los cultivos que conforman el paquete de la agricultura industrial.
En diciembre de 2007, apenas asumió el gobernador Capitanich, promulgó la ley a través de la cual reorganizó la estructura administrativa del Estado. En el caso que nos interesa analizar, que es el de la producción, el uso de agrotóxicos, los recursos naturales y el ambiente, fueron dos los Ministerios creados. El tema “producción” se fusionó con economía y el tema “ambiente” se lo “llevó” el Ministerio de Infraestructura. De esa manera las políticas públicas en materia de biocidas pasó a la órbita de los Ministerios de Economía y de Producción.
Pasado casi dos años, ya en octubre de 2009, el gobierno decidió volver atrás. El gobernador anunció que se crearía el “nuevo” (¿?) Ministerio de Producción y Ambiente, que “se abocará al cuidado del medio ambiente”. Este Ministerio se encargaría de “la realización del registro, de las autorizaciones, de la supervisión y de la fiscalización de la elaboración, distribución y uso de productos de biocidas y fertilizantes”.
Los biocidas, una cuestión más que sensible
Diez años tuvieron que pasar para que se oyeran los reclamos de las madres del Barrio Ituzaingó en Córdoba, que denunciaban las enfermedades y muertes de sus hijos por el uso masivo de agrotóxicos. En nuestra provincia, las denuncias de los vecinos de La Leonesa y Las Palmas, a los que se sumaron los de otras localidades, generaron debates muy fuertes sobre la utilización de los plaguicidas y de los fertilizantes, seguidos de jornadas y talleres que se fueron dando en distintos puntos de nuestra geografía, incluida la legislatura del Chaco.
La creación de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos, los informes del Defensor del Pueblo de la Nación y la intervención de infinidad de científicos de muchas Universidades, avalaron los reclamos y las denuncias de los “vecinos de los pueblos fumigados”, como se autodenominaron, debido a la generalización de la problemática en casi todo el país. Lo mismo sucedía en el Chaco con la Comisión de Contaminantes del Agua, fiscales y jueces, que daban espacio a investigaciones más profundas y serias, haciéndose eco de las denuncias, incluso con medidas cautelares bastantes protectoras. Los indicios y las evidencias hicieron visibles los riesgos y daños sociales, sanitarios y ambientales derivados del uso de los agrotóxicos, al amparo del principio de precaución establecido en la ley nacional ambiental. Sin embargo, la negación y la “sordera” institucional fueron las respuestas comunes. Funcionarios que descalificaban y desmentían a madres y padres sobre la enfermedad de sus hijos. Otros que no se daban por aludidos sobre los controles que deberían haber efectuado y que nunca se realizaron. Se sucedían los incumplimientos por parte de las autoridades. Mientras tanto, las empresas continuaban fumigando desaprensivamente.
En junio de 2010, cuando la situación ya se tornaba insostenible, el gobernador Capitanich reconoció que “a nivel ambiental, estamos en falta”. Esto se produjo luego de que se diera a conocer públicamente el Informe que la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos respecto a la situación sanitaria y ambiental de los pobladores de La Leonesa/Las Palmas como consecuencia del funcionamiento de las arroceras del grupo económico de la familia liderada por Eduardo José Meichtry.
Al reconocimiento oficial de las deudas pendientes en materia ambiental, en agosto de 2010, se sumó un hecho vergonzoso que todavía resuena en la Leonesa. Se produjeron agresiones verbales y físicas que sufrieron los asistentes, entre ellos dos diputados, a una charla científica de esclarecimiento que debía realizar el profesor Carrasco sobre el efecto de los plaguicidas en la salud. Las agresiones fueron organizadas por los que tenían y tienen intereses económicos y políticos en las arroceras, a los que evidentemente no les importó la salud pública, sino que se manejan con la lógica del dinero y el poder.
Asignatura pendiente y mal resuelta
Hubo que esperar a marzo de 2011 a que se hiciera un algún anuncio relacionado con el tema. Capitanich dijo que crearía el Ministerio de Medio Ambiente. El mandatario había reconocido que la preservación del ambiente era una de las asignaturas pendientes de su gestión, tras las denuncias por incumplimiento de la ley de Biocidas. De esta forma prometió el envío de un proyecto de ley a la legislatura chaqueña. Poco tiempo después se detectó un proyecto de modificación de la actual ley 3.378 de biocidas, que contaba con un despacho de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, sin que se hubieran realizado reuniones ni consultas.
El proyecto no satisfizo a las comunidades afectadas y a otros sectores preocupados por esta situación. Esto llevó a plantear la necesidad de que se realice una audiencia pública por gestión del bloque Libres del Sur, en la que pudieran participar los sectores involucrados en la temática. El gran interés generado y la cantidad de inscriptos, casi 200 personas de muchos puntos de la provincia, inclusive de los más alejados, dividió la audiencia pública en dos partes: la primera se realizó en julio y la segunda en agosto de 2011.
De las intervenciones de los pobladores de pueblos afectados, pequeños productores, técnicos de varias instituciones, organizaciones populares y sectores relacionados con la protección de la salud y del ambiente, se evidenciaron muchos puntos coincidentes. Entre las ideas compartidas sobresalieron las posturas de dejar de lado el proyecto de ley enviado por el poder ejecutivo porque no mejoraba el contenido de la ley vigente. También se acordó con la necesidad de prohibir las pulverizaciones aéreas, de establecer distancias mínimas para las terrestres para proteger zonas urbanas o pobladas, escuelas, centros de salud, fuentes o vías de aguas, producciones agropecuarias susceptibles y reservas naturales, entre otros espacios a proteger. También se coincidió en la necesidad de cambiar la autoridad de aplicación de la ley de biocidas, que hasta ahora sigue siendo atribución del Ministerio de la Producción, con sus concurrentes faltas de controles.
Creación del Ministerio de Planificación y Ambiente
Luego de sucesivos anuncios por parte de los diputados sobre el análisis de las propuestas presentadas en la audiencia pública, en diciembre de 2011, se sancionó la nueva Ley de Ministerios 6.906, en la que se estableció el rango de ministerio a la gestión de planificación y ambiente. A partir de allí, y analizando los anuncios, se suponía la solución de ciertos problemas graves y crónicos de contaminación y degradación del ambiente o, por lo menos, el inicio de las acciones para remediar las situaciones que se venían planteando. Se gestaron muchas expectativas puestas en el nuevo Ministerio, que luego desembocaron en descreimientos generalizados.
En la nueva Ley 6.906, específicamente en lo relacionado con las funciones del Ministerio de Planificación y Ambiente, se pudo observar algunas diferencias sustanciales entre lo legislado y lo anunciado por el gobernador. Entre las funciones específicas del área de Ambiente, se detalló que ejercería la función de autoridad ambiental. En general, las incumbencias establecidas apuntan a planificar, coordinar, gestionar la inclusión de cuestiones ambientales, la gestión ambiental en planes, programas y proyectos de gobierno, elaborar diagnósticos, informes y estadísticas, seguimiento del estado del ambiente y de las políticas relacionadas con organismos del propio gobierno provincial, nacional o internacional u organizaciones en general o especializadas en materia ambiental. También debía entender en las relaciones con las ong vinculadas a la cuestión ambiental y a fortalecer los mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, en ninguno de los puntos se menciona que será autoridad de aplicación de la cuestión ambiental, custodiando el respeto de las leyes vigentes en la materia.
El uso de biocidas, ¡También es una cuestión ambiental!
Llama la atención que en la órbita de incumbencias del Ministerio de Planificación y Ambiente no se incluyera la aplicación de la ley de biocidas, cuestión ampliamente reclamada por la ciudadanía y que la información que distribuyera el gobierno permitía suponer. Se estableció que este Ministerio debía entender en el registro, supervisión y autorización de la elaboración, distribución y uso de productos de biocidas y fertilizantes. O sea que nada cambió a pesar de los anuncios grandilocuentes del gobierno, mientras siguen otros anuncios del mismo tipo, con igual suerte.
Y siguen los anuncios...
A principios de marzo de 2012 el flamante Ministro de Planificación y Ambiente, Ing. Raúl Codutti, anunció que una nueva propuesta del ejecutivo para modificar la ley de biocidas sería presentada en la legislatura para ser debatida. Esta propuesta incluiría “que las fumigaciones aéreas se realicen a mil metros y las terrestres a 400 de los centros poblados”, además de que el control dejaría de depender del Ministerio de la Producción.
Finalmente, el 14 de marzo ingresó a la legislatura provincial el Proyecto de Ley 498/12, que fue presentado por el ejecutivo y que sería una “propuesta mejorada” del proyecto de modificación de la ley de biocidas discutido en las audiencias públicas de 2011. A primera vista, la nueva propuesta fue una copia casi textual del proyecto discutido en las audiencias públicas, con algunas diferencias. En primer lugar, sobresale el cambio de la autoridad de aplicación que pasaría a ser la Dirección de Fiscalización Ambiental de la nueva Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Planificación y Ambiente. Esta estructura organizativa aún no fue sancionada. Otro punto que aparece como nuevo y puede ser interesante, si se cumple, es el de responsabilizar de la disposición final de los envases (bidones, baldes ó botellas plásticas y latas) a las empresas fabricantes de los agroquímicos que comercializan en el territorio provincial, debiendo implementarse un sistema de recolección y transporte para retirarlos de los usuarios. Cabe preguntarse por qué solamente se pensó en los envases de productos de formulación líquida, cuando el espectro es mayor e igualmente contaminante.
Lo ambiental seguirá siendo una deuda del gobierno
El último punto, que sería “superador” del proyecto anterior, consiste en la inclusión del tema de las pulverizaciones, tanto aéreas como terrestres. Sin embargo, en el proyecto no se prohíben las aplicaciones aéreas, aunque se establecen las distancias para ser realizadas, como también las terrestres, de 1.000 y 500 metros, respectivamente. Es importante recordar que esta fue una cuestión altamente discutida y reclamada por las poblaciones. Como fácilmente se puede apreciar, las distancias contempladas por el proyecto que analizan actualmente los diputados son insuficientes para dar una verdadera cobertura social, sanitaria y ambiental. Nótese también que sólo se mencionan a los centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios. Nada se aclara sobre las distancias a cursos de agua o embalses para abastecimiento de agua de personas o animales, cultivos sensibles, ganado, colmenas, reservas naturales protegidas, o productores orgánicos o agroecológicos que no aplican productos de síntesis químicas a sus cultivos. Son muchos los interrogantes y puntos oscuros del proyecto que se pretende sancionar. Todo indica que la cuestión ambiental va a continuar siendo una deuda de esta gestión".
Justicia paró el desmonte en Bosque Alegre
Justicia de San Isidro paró el desmonte en Bosque Alegre
Fecha de Publicación: 18/04/2012
Fuente: Zona Norte Digital
Provincia/Región: Buenos Aires
En respuesta a un amparo presentando el viernes pasado, el juez Jorge Luis Zunino dictaminó que la Municipalidad de San Isidro se abstenga de iniciar o continuar obra alguna que implique la extracción de piezas arbóreas o desmalezamiento en un predio ubicado en Bajo de San Isidro.
Esta resolución está en un todo de acuerdo con las acciones del municipio que declaró el resto del predio no comprometido en las obras del Campo Municipal Nº 6 como “Paisaje Protegido”.
Esta situación, en términos prácticos, es una luz verde para terminar con las obras del mencionado campo municipal de deportes.
Este dictamen coincide además con la resolución que oportunamente hiciera la OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable, entidad que dictaminó que “salvo los escasos ejemplares citados, los árboles del predio no han sido afectados y presentan un buen estado de conservación. Debe destacarse que el sector impactado, lindante con el campo de deportes, presentaba naturalmente escasa cobertura arbórea y predominio de arbustos y herbáceas y que la mayor cobertura, en especial árboles nativos, se da hacia el lado del río, espacio que no ha sido afectado”.
Fecha de Publicación: 18/04/2012
Fuente: Zona Norte Digital
Provincia/Región: Buenos Aires
En respuesta a un amparo presentando el viernes pasado, el juez Jorge Luis Zunino dictaminó que la Municipalidad de San Isidro se abstenga de iniciar o continuar obra alguna que implique la extracción de piezas arbóreas o desmalezamiento en un predio ubicado en Bajo de San Isidro.
Esta resolución está en un todo de acuerdo con las acciones del municipio que declaró el resto del predio no comprometido en las obras del Campo Municipal Nº 6 como “Paisaje Protegido”.
Esta situación, en términos prácticos, es una luz verde para terminar con las obras del mencionado campo municipal de deportes.
Este dictamen coincide además con la resolución que oportunamente hiciera la OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable, entidad que dictaminó que “salvo los escasos ejemplares citados, los árboles del predio no han sido afectados y presentan un buen estado de conservación. Debe destacarse que el sector impactado, lindante con el campo de deportes, presentaba naturalmente escasa cobertura arbórea y predominio de arbustos y herbáceas y que la mayor cobertura, en especial árboles nativos, se da hacia el lado del río, espacio que no ha sido afectado”.
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