Proyecto de Ley contra de la Minería a cielo abierto
19:13 | 
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Eco Sitio |
Presentan un proyecto de Ley en contra de la Minería a cielo abierto
Fecha de Publicación: 11/04/2012
Fuente: Impulso Baires
Provincia/Región: Nacional
Capital Federal - El Diputado Nacional Hugo Castañón acompañó con su firma el proyecto de Ley presentado por otro Diputado del Bloque Radical, Julio Cesar Martínez, de la provincia de La Rioja. El Proyecto prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto o tajo abierto en todas sus etapas, y también prohíbe el uso de cianuro, cianuro de sodio, mercurio y demás sustancias tóxicas nombradas en el proyecto presentado que adjuntamos.
En nuestro país, las provincias Chubut, San Luis, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba han prohibido la utilización de cianuro en los procesos de recuperación de metales. La Provincia de La Rioja, que había prohibido la utilización del cianuro en procesos mineros, el 26 de septiembre de 2008 derogó dicha prohibición, al igual que en Río Negro donde la Legislatura sancionó, en el año 2005, la ley Nº 3.981, mediante la cual se prohibía el uso de mercurio y cianuro para la explotación de minerales metalíferos, una ley que colocaba a nuestra provincia entre las provincias más modernas en materia legislativa y en la vanguardia por la defensa y protección de sus recursos naturales, y dicha ley fue invalidada por el actual gobierno provincial.
Es importante destacar que la modalidad de minería metalífera es una enorme consumidora de energía eléctrica y de agua que queda irreversiblemente contaminada, compitiendo en el uso de dichos recursos con la agricultura y otras actividades productivas tradicionales de las zonas donde se asientan los emprendimientos. En un momento de crisis energética global, y donde el agua potable es un bien escaso para la vida y considerado como un derecho humano fundamental, el uso irracional de ambos recursos, de por sí, justifican la urgente necesidad de esta ley. Resulta evidente la ausencia de licencia social por parte de la población de las provincias argentinas afectadas y/o en riesgo de afectación hacia estos emprendimientos, y esto debe plasmarse jurídicamente en una ley de prohibición nacional para la actividad extractiva de referencia, ya que nadie puede tener un derecho adquirido de comprometer la salud pública y el medio ambiente.
Además, Contrariamente a lo afirmado públicamente por las empresas y sus "lobbistas", es técnicamente imposible asegurar que un dique de cola permanecerá en buen estado por decenas de años. Existe un riesgo cierto de que se fisure, quiebre o produzca filtraciones que pueden contaminar gravemente el agua superficial y subterránea de la zona en que se emplaza, trasladándose la contaminación a grandes distancias. En nuestro país es reconocido el caso comprobado de Bajo La Alumbrera, donde por errores de diseño se instaló inadecuadamente el dique de colas, y en la actualidad, más de una docena de equipos de retro bombeo intenta recuperar los tóxicos y metales pesados que se vierten a las napas del suelo catamarqueño y que escurren hasta las provincias de Santiago y Córdoba.
El ejercicio de control o policía ambiental es competencia directa de los municipios y/o comunas, los cuales, en la gran mayoría de los casos, no llevan a cabo el mismo, sea por abierta connivencia con la empresa, por indiferencia, o por franca incapacidad técnica o financiera. Es por ello que, donde hay contaminación, hay ausencia de Estado. Gobiernos nacionales, provinciales y municipales, en connivencia con las empresas transnacionales mineras que operan a gran escala, son responsables de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de sus ciudadanos.
Para leer la copia fiel del Proyecto de Ley presentado, seguir leyendo aquí
Fecha de Publicación: 11/04/2012
Fuente: Impulso Baires
Provincia/Región: Nacional
Capital Federal - El Diputado Nacional Hugo Castañón acompañó con su firma el proyecto de Ley presentado por otro Diputado del Bloque Radical, Julio Cesar Martínez, de la provincia de La Rioja. El Proyecto prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto o tajo abierto en todas sus etapas, y también prohíbe el uso de cianuro, cianuro de sodio, mercurio y demás sustancias tóxicas nombradas en el proyecto presentado que adjuntamos.
En nuestro país, las provincias Chubut, San Luis, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba han prohibido la utilización de cianuro en los procesos de recuperación de metales. La Provincia de La Rioja, que había prohibido la utilización del cianuro en procesos mineros, el 26 de septiembre de 2008 derogó dicha prohibición, al igual que en Río Negro donde la Legislatura sancionó, en el año 2005, la ley Nº 3.981, mediante la cual se prohibía el uso de mercurio y cianuro para la explotación de minerales metalíferos, una ley que colocaba a nuestra provincia entre las provincias más modernas en materia legislativa y en la vanguardia por la defensa y protección de sus recursos naturales, y dicha ley fue invalidada por el actual gobierno provincial.
Es importante destacar que la modalidad de minería metalífera es una enorme consumidora de energía eléctrica y de agua que queda irreversiblemente contaminada, compitiendo en el uso de dichos recursos con la agricultura y otras actividades productivas tradicionales de las zonas donde se asientan los emprendimientos. En un momento de crisis energética global, y donde el agua potable es un bien escaso para la vida y considerado como un derecho humano fundamental, el uso irracional de ambos recursos, de por sí, justifican la urgente necesidad de esta ley. Resulta evidente la ausencia de licencia social por parte de la población de las provincias argentinas afectadas y/o en riesgo de afectación hacia estos emprendimientos, y esto debe plasmarse jurídicamente en una ley de prohibición nacional para la actividad extractiva de referencia, ya que nadie puede tener un derecho adquirido de comprometer la salud pública y el medio ambiente.
Además, Contrariamente a lo afirmado públicamente por las empresas y sus "lobbistas", es técnicamente imposible asegurar que un dique de cola permanecerá en buen estado por decenas de años. Existe un riesgo cierto de que se fisure, quiebre o produzca filtraciones que pueden contaminar gravemente el agua superficial y subterránea de la zona en que se emplaza, trasladándose la contaminación a grandes distancias. En nuestro país es reconocido el caso comprobado de Bajo La Alumbrera, donde por errores de diseño se instaló inadecuadamente el dique de colas, y en la actualidad, más de una docena de equipos de retro bombeo intenta recuperar los tóxicos y metales pesados que se vierten a las napas del suelo catamarqueño y que escurren hasta las provincias de Santiago y Córdoba.
El ejercicio de control o policía ambiental es competencia directa de los municipios y/o comunas, los cuales, en la gran mayoría de los casos, no llevan a cabo el mismo, sea por abierta connivencia con la empresa, por indiferencia, o por franca incapacidad técnica o financiera. Es por ello que, donde hay contaminación, hay ausencia de Estado. Gobiernos nacionales, provinciales y municipales, en connivencia con las empresas transnacionales mineras que operan a gran escala, son responsables de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de sus ciudadanos.
Para leer la copia fiel del Proyecto de Ley presentado, seguir leyendo aquí
Mussi inspeccionará los ingenios
Mussi inspeccionará los ingenios el 23 y 24 de abril
Fecha de Publicación: 10/04/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán
El funcionario permanecerá en la vecina provincia los días 23 y 24 del corriente mes, para corroborar que los ingenios cumplan con el plan de saneamiento.
Con el fin de realizar una inspección exhaustiva sobre terreno, el secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, permanecerá dos días en Tucumán, según confirmaron fuentes nacionales fidedignas.
La fecha, en primera instancia, está prevista para el 23 y 24 del corriente, jornadas en las que el funcionario nacional dedicará su tiempo a recorrer todos los ingenios de la vecina provincia que se encuentran en proceso de saneamiento, a fin de que la zafra 2012 se inicie con vinaza cero, tal cual se firmó en el acuerdo en diciembre del año pasado.
A fin de evitar situaciones poco claras que lleven a la confusión, el Dr. Mussi se encargará del monitoreo de manera conjunta con autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán.
Como se recordará, el pasado mes de marzo, desde la cartera ambiental aseguraron que los ingenios, en su mayoría adheridos a Convenios de Reconversión Industrial (CRI) en el marco del Plan de Saneamiento de la Cuenca Salí-Dulce, han mostrado avances concretos para alcanzar la meta con fecha límite el 1º de mayo de este año.
Se trata de las firmas Ingenio Santa Bárbara, Complejo Agroindustrial San Juan SA, Bioenergía Santa Rosa, Temas Industriales SA, Anzuc SRL (Ingenio La Trinidad), Compañía Azucarera Los Balcanes SA (Ingenio La Florida), Azucarera y Alcoholera La Corona SA (Ingenio La Corona), Atanor SCA (Ingenio y Destilería Concepción), Compañía Inversora Industrial SA (Ingenio Leales), Atanor SCA (Ingenio Marapa) y José Minetti y Cía. Limitada (Ingenio y Destilería La Fronterita).
La mayor preocupación por parte de Santiago del Estero es la existencia de millones de litros de vinaza que se encontraron en los últimos tiempos, centralizando las dudas sobre la capacidad de tratamiento en tan poco tiempo.
“Garantizar que se haga todo bien”
Por su parte, el ingeniero Juan Carlos Targa, del Comité de Cuenca, confirmó que la fecha de arribo del funcionario nacional es correcta, pero dijo desconocer quiénes participarán del monitoreo.
Desde su punto de vista, la visita del titular de Medio Ambiente de la Nación será una manera de garantizar que “las cosas se hagan como corresponde”.
“Nosotros no queremos problemas con la zafra 2012, por eso se firmó ese acuerdo en diciembre pasado. Aquí se tiene que dar cumplimiento. El que esté en condiciones seguramente va a avanzar y el resto quedará a mitad de camino”, indicó.
Fecha de Publicación: 10/04/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán
El funcionario permanecerá en la vecina provincia los días 23 y 24 del corriente mes, para corroborar que los ingenios cumplan con el plan de saneamiento.
Con el fin de realizar una inspección exhaustiva sobre terreno, el secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, permanecerá dos días en Tucumán, según confirmaron fuentes nacionales fidedignas.
La fecha, en primera instancia, está prevista para el 23 y 24 del corriente, jornadas en las que el funcionario nacional dedicará su tiempo a recorrer todos los ingenios de la vecina provincia que se encuentran en proceso de saneamiento, a fin de que la zafra 2012 se inicie con vinaza cero, tal cual se firmó en el acuerdo en diciembre del año pasado.
A fin de evitar situaciones poco claras que lleven a la confusión, el Dr. Mussi se encargará del monitoreo de manera conjunta con autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán.
Como se recordará, el pasado mes de marzo, desde la cartera ambiental aseguraron que los ingenios, en su mayoría adheridos a Convenios de Reconversión Industrial (CRI) en el marco del Plan de Saneamiento de la Cuenca Salí-Dulce, han mostrado avances concretos para alcanzar la meta con fecha límite el 1º de mayo de este año.
Se trata de las firmas Ingenio Santa Bárbara, Complejo Agroindustrial San Juan SA, Bioenergía Santa Rosa, Temas Industriales SA, Anzuc SRL (Ingenio La Trinidad), Compañía Azucarera Los Balcanes SA (Ingenio La Florida), Azucarera y Alcoholera La Corona SA (Ingenio La Corona), Atanor SCA (Ingenio y Destilería Concepción), Compañía Inversora Industrial SA (Ingenio Leales), Atanor SCA (Ingenio Marapa) y José Minetti y Cía. Limitada (Ingenio y Destilería La Fronterita).
La mayor preocupación por parte de Santiago del Estero es la existencia de millones de litros de vinaza que se encontraron en los últimos tiempos, centralizando las dudas sobre la capacidad de tratamiento en tan poco tiempo.
“Garantizar que se haga todo bien”
Por su parte, el ingeniero Juan Carlos Targa, del Comité de Cuenca, confirmó que la fecha de arribo del funcionario nacional es correcta, pero dijo desconocer quiénes participarán del monitoreo.
Desde su punto de vista, la visita del titular de Medio Ambiente de la Nación será una manera de garantizar que “las cosas se hagan como corresponde”.
“Nosotros no queremos problemas con la zafra 2012, por eso se firmó ese acuerdo en diciembre pasado. Aquí se tiene que dar cumplimiento. El que esté en condiciones seguramente va a avanzar y el resto quedará a mitad de camino”, indicó.
Entre Ríos avanza en la Ley de Bosques
Enviarán al Senado la adhesión a la ley de los bosques nativos
Fecha de Publicación: 09/04/2012
Fuente: Uno Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Lo confirmó el titular de Recursos Naturales, Claudio Ledesma, quien lamentó la demora en producir la ley provincial, que privó a la provincia de recibir recursos para preservar el monte.
En menos de 15 días, el Ejecutivo provincial ingresará a la Cámara de Senadores el proyecto de adhesión a la Ley Nacional de Bosque Nativo y el correspondiente ordenamiento del recurso, luego de cuatro años y cuatro meses de sancionada por el Congreso nacional la denominada Ley Bonasso, que establece condiciones para la conservación y explotación del monte.
Durante todo este tiempo, la Provincia no pudo acceder a los fondos destinados por el gobierno nacional para el usufructo del monte en armonía con el medio ambiente, según detalló a APF el titular de Recursos Naturales, Claudio Ledesma.
El Congreso sancionó en diciembre de 2007 la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos. La norma, también conocida como Ley Bonasso, en homenaje a su autor el diputado Miguel Bonasso.
Esa norma fijaba en un año el tiempo del que disponían las provincias para ejecutar un ordenamiento del recurso en base a determinados criterios ecológicos de sustentabilidad. Ese plazo se fue prorrogando.
Es así que cada jurisdicción debe establecer en base a la legislación nacional, qué zonas se deben preservar (rojas) y cuáles (amarillas y verdes) son factibles de usufructuarse en forma sustentable y en equilibrio con el medio ambiente.
Mientras no exista esa clasificación, el desmonte está prohibido. Este es el caso de Entre Ríos, que a cuatro años y cuatro meses de sancionada la norma, aún no concretó su adhesión y la consecuente categorización del monte.
Sin embargo, Ledesma anticipó que el proyecto en cuestión llegaría a la Cámara alta en menos de 15 días: “La semana que viene o la otra”, precisó.
Según explicó, el “trabajo técnico” de relevamiento del monte está finalizado y a su entender, el trámite legislativo no será dilatado, en tanto el texto “ya fue charlado y discutido”. Lo que deberá pasar por las manos de los legisladores, es el denominado ordenamiento territorial, “que clasifica los montes en una escala de 1 a 250.000. Es una gradación muy grande”, consideró.
Por eso adelantó que posterior a la sanción, se efectuarán “relevamientos específicos de cada zona, para clasificar por parcelas al monte en zonas rojas amarillas y verdes. Es un trabajo muy fino”, puntualizó en relación a la categorización por grado de degradación o conservación del bosque nativo.
Sobre las demoras del gobierno provincial en cumplir con el ordenamiento, dijo no hacerse “responsable” por el atraso de la gestión anterior. En tanto, adelantó que con el ministro de la Producción, Roberto Schunk: “Nos pusimos de acuerdo en darle un impulso al tema. Trataremos de cumplir los tiempos que Nación nos pide”, indicó en referencia al plazo que venció en marzo.
Nueve actas
En la provincia están prohibidos los desmontes desde enero de 2008. Desde esa fecha quedaron sin efecto las autorizaciones para las talas que se habían otorgado con anterioridad.
En lo que va de 2012 la Dirección de Recursos Naturales ya labró nueve actas de infracción, contra 15 que había rubricado en todo 2011. Las denuncias llegaron a través del 0-800-777-66683 (Monte) que instauró el Ministerio de la Producción, en 2010.
“Hemos profundizado las inspecciones a partir de esta gestión, donde tenemos el 0800 que ha funcionado excelentemente bien. Multiplicamos las actas”, celebró Ledesma. “Esto significa que el sistema está funcionando”, acotó.
Tras señalar que “a la naturaleza le lleva muchos años recuperar la diversidad que pierde por el desmonte”, el titular de Recursos Naturales recordó que las multas por las talas “son altísimas”.
Fecha de Publicación: 09/04/2012
Fuente: Uno Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Lo confirmó el titular de Recursos Naturales, Claudio Ledesma, quien lamentó la demora en producir la ley provincial, que privó a la provincia de recibir recursos para preservar el monte.
En menos de 15 días, el Ejecutivo provincial ingresará a la Cámara de Senadores el proyecto de adhesión a la Ley Nacional de Bosque Nativo y el correspondiente ordenamiento del recurso, luego de cuatro años y cuatro meses de sancionada por el Congreso nacional la denominada Ley Bonasso, que establece condiciones para la conservación y explotación del monte.
Durante todo este tiempo, la Provincia no pudo acceder a los fondos destinados por el gobierno nacional para el usufructo del monte en armonía con el medio ambiente, según detalló a APF el titular de Recursos Naturales, Claudio Ledesma.
El Congreso sancionó en diciembre de 2007 la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos. La norma, también conocida como Ley Bonasso, en homenaje a su autor el diputado Miguel Bonasso.
Esa norma fijaba en un año el tiempo del que disponían las provincias para ejecutar un ordenamiento del recurso en base a determinados criterios ecológicos de sustentabilidad. Ese plazo se fue prorrogando.
Es así que cada jurisdicción debe establecer en base a la legislación nacional, qué zonas se deben preservar (rojas) y cuáles (amarillas y verdes) son factibles de usufructuarse en forma sustentable y en equilibrio con el medio ambiente.
Mientras no exista esa clasificación, el desmonte está prohibido. Este es el caso de Entre Ríos, que a cuatro años y cuatro meses de sancionada la norma, aún no concretó su adhesión y la consecuente categorización del monte.
Sin embargo, Ledesma anticipó que el proyecto en cuestión llegaría a la Cámara alta en menos de 15 días: “La semana que viene o la otra”, precisó.
Según explicó, el “trabajo técnico” de relevamiento del monte está finalizado y a su entender, el trámite legislativo no será dilatado, en tanto el texto “ya fue charlado y discutido”. Lo que deberá pasar por las manos de los legisladores, es el denominado ordenamiento territorial, “que clasifica los montes en una escala de 1 a 250.000. Es una gradación muy grande”, consideró.
Por eso adelantó que posterior a la sanción, se efectuarán “relevamientos específicos de cada zona, para clasificar por parcelas al monte en zonas rojas amarillas y verdes. Es un trabajo muy fino”, puntualizó en relación a la categorización por grado de degradación o conservación del bosque nativo.
Sobre las demoras del gobierno provincial en cumplir con el ordenamiento, dijo no hacerse “responsable” por el atraso de la gestión anterior. En tanto, adelantó que con el ministro de la Producción, Roberto Schunk: “Nos pusimos de acuerdo en darle un impulso al tema. Trataremos de cumplir los tiempos que Nación nos pide”, indicó en referencia al plazo que venció en marzo.
Nueve actas
En la provincia están prohibidos los desmontes desde enero de 2008. Desde esa fecha quedaron sin efecto las autorizaciones para las talas que se habían otorgado con anterioridad.
En lo que va de 2012 la Dirección de Recursos Naturales ya labró nueve actas de infracción, contra 15 que había rubricado en todo 2011. Las denuncias llegaron a través del 0-800-777-66683 (Monte) que instauró el Ministerio de la Producción, en 2010.
“Hemos profundizado las inspecciones a partir de esta gestión, donde tenemos el 0800 que ha funcionado excelentemente bien. Multiplicamos las actas”, celebró Ledesma. “Esto significa que el sistema está funcionando”, acotó.
Tras señalar que “a la naturaleza le lleva muchos años recuperar la diversidad que pierde por el desmonte”, el titular de Recursos Naturales recordó que las multas por las talas “son altísimas”.
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San Antonio de los Cobres y arsénico
San Antonio de los Cobres, el pueblo que le ganó a la burocracia
Fecha de Publicación: 09/04/2012
Fuente: Nota enviada a Eco Sitio - Escrito por Lucila Gallino
Provincia/Región: Salta
San Antonio de los Cobres, una población conocida por el viaducto La Polvorilla, obra de ingeniería única en el mundo, padecía hasta hace poco tiempo, altísimos niveles de arsénico en el agua y padecía problemas crónicos de salud.
“La gente de Buenos Aires no tiene ni idea de lo que es la vida en la Puna”, dice Jim Hill, Presidente de la FundaciónHisHeartMissions”. Hill siente especial afecto por este pueblo de más de 5000 habitantes y que está a 3770 metros de altura. “Un día vi a una niña parecida a mi nieta, sabía que como ser humano no tendría las mismas oportunidades. Me pregunté: qué clase de hombre soy si permito que estos niños tomen agua contaminada? ”
El trabajo llevó 6 años pero logramos algo impensable, que la gente pudiera tomar agua potable, dice el intendente de esta localidad, Leopoldo Salva. “El agua es vida, es salud. Esto es un avance fundamental para recuperar las ganas de salir adelante y pensar en un verdadero crecimiento. Sin salud no podíamos pensar en un futuro.”
La inversión inicial era superior a los 200 mil dólares y parte de este costo fue financiado con donaciones privadas, el municipio y la empresa estatal Aguas del Norte. La empresaAdEdge ofreció un presupuesto que permitió realizar el proyecto y fue reconocida como Industria del año por la Cámara de Comercio del condado de Hall en Georgia, Estados Unidos,por haber instalado a costos razonables más de 400 plantas de tratamiento en todo el mundo. Ver: http://www.gainesvilletimes.com/archives/62026/
“Una planta de tratamiento es como un traje a medida”
Según la Ingeniera Bonilla de la empresaAdEdge, “instalar una planta de tratamiento para remover arsénico es un trabajo muy específico según la calidad de agua, es por esto que cada planta es única e irrepetible”.
La planta de tratamiento, aplicada a San Antonio de los Cobres, instalada en noviembre de 2011, indicaba que los niveles de arsénico se redujeron en un 98%. Se redujo la peligrosa cifra de de 240 partes por billón a menos de 10ppb.
Tecnologías posibles para el 3er mundo
Gran parte de las tecnologías existentes en nuestro país son costosas y es por esto que muchas regiones de nuestro país aún tienen arsénico en el agua.
Según la Ingeniera Bonilla: “la tecnología de ósmosis inversa es alta en cuanto a costos del equipo, operación y mantenimiento y generalmente es problemática la disposición de las aguas de rechazo que contienen los contaminantes eliminados en altas concentraciones. Este método no es viable, desde el punto de vista ecológico, debido a las grandes pérdidas de aguas de rechazo que generan un 25% a 35% comparado con otras tecnologías. En el caso de San Antonio de los Cobres, se aplicó una tecnología que evita la continua generación de residuos peligrosos que afectan al medio ambiente”.
Hoy en día, la producción de agua potable es menos costosa, por ejemplo, con este tipo de tecnologías se concretó no sólo la posibilidad de darle agua potable a la gente sino también, de demostrar que a veces es una cuestión política y no económica.
Una empresa del estado que intenta reconvertirse
“En el caso de San Antonio de los Cobres como en el interior de Salta, el problema del agua contaminada nunca fue prioridad. Anteriormente el servicio de agua en esta localidad era operado por una empresa privada, y el criterio para la toma de decisiones era el económico y por lo tanto algunas inversiones se tornaban inviables financieramente”, dice el Ingeniero Normando Fleming, Director de Aguas del Norte. “La situación cambió para mejor a partir de 2009, desde que el gobierno de la provincia decidió rescindir el contrato con la empresa privada y re-estatizar el servicio en toda la provincia, creando una SA que pertenece en un 90% al estado provincial y un 10%, a los trabajadores que forman parte de la empresa. Actualmente Aguas del Norte pertenece a los salteños y el criterio para la toma de decisiones es la salud de la población”, enfatiza Fleming.
Más de 16 provincias están afectadas en nuestro país por el arsénico. Entre ellas están Santa Fe, Chaco, Tucumán, Buenos Aires, Salta y Córdoba. Uno de los casos más emblemáticos y con mayor repercusión mundial de afectación por arsénico en agua fue el de Bell Ville, en Córdoba, a principios del siglo pasado. El gran número de casos de HACRE (Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico) ocurridos en esta ciudad determinó que la patología se conociera como “enfermedad de Bell Ville”.
La Ingeniera Lilia Rossi, Directora de Aguas de la Provincia de Santa Fe, viajó a Salta, invitada por la empresa AdEdge para conocer esta planta modelo en el país, y tal vez repetir la situación en otras localidades de su provincia. “El Gobierno de Santa Fe, considera prioritarias las obras de abastecimiento de agua potable a toda la población. Las localidades que aun no cuentan con ningún servicio, unas 15, presentan esta problemática. La tecnología más difundida es la de ósmosis inversa pero sabiendo que es compleja su instalación por cuestiones económicas, me interesó profundamente la experiencia de la planta instalada en San Antonio de los Cobres para analizar la factibilidad de aplicar este proceso en localidades abastecidas por red.”
El arsénico, el enemigo invisible.
El arsénico es un veneno bien conocido en la historia y fue usado con esos fines entre los siglos XVI al XIX por conocidos envenenadores como los Borgia, la Marquesa de Brinvilliers, “LaVoisin”, Mme. Lafarge y Jeanne Gilbert. Se cree que Napoleón murió envenenado con arsénico.Pero hoy, los que pueden morir no son los próceres o los nobles, sino miles de niños que están bebiendo agua con arsénico en Argentina, y podrían cambiar su realidad y el futuro de sus vidas, simplemente accediendo a consumir agua potable sin arsénico que es letal para el hombre.
La agencia americana EnvironmentalProtection Agency (EPA), ha confirmado que el arsénico causa esta no tan famosa enfermedad llamadaHACRE que es progresiva y genera cáncer de diversos tipos (hígado, de piel pulmones) lesiones, debilitamiento y decoloración de la piel, conjuntivitis, dolores intensos de estómago, vómitos, diarrea, entumecimiento de manos y pies, parálisis parcial y ceguera.
En nuestro país, según la resolución 68/2007 y 196/2007 de la Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción, se ha modificado el valor máximo de arsénico en el agua potable para consumo humano distribuida por red, fijándolo en 10 ppb (por indicaciones de la OMS -Organización Mundial de la Salud-), dando un plazo máximo de cinco (5) años para su cumplimiento en aquellas regiones del país con suelos de alto contenido de arsénico.
El Ingeniero Juan Carlos Reinhardt, Presidente de Ubajay y representante de AdEdge en Argentina, confirma que “a pesar de que son significativos los avances en materia de legislación, las leyes no se cumplen por diversos factores. En algunas ocasiones los funcionarios no saben cómo resolver el tema del presupuesto o cuales son las tecnologías aptas para resolver los casos de contaminación del agua”.
Este fue el primer verano en la historia de San Antonio de los Cobres, que sus habitantes pudieron tomar agua potable. Su realidad comenzó a cambiar. Sucederá lo mismo en otras partes del país?
Fecha de Publicación: 09/04/2012
Fuente: Nota enviada a Eco Sitio - Escrito por Lucila Gallino
Provincia/Región: Salta
San Antonio de los Cobres, una población conocida por el viaducto La Polvorilla, obra de ingeniería única en el mundo, padecía hasta hace poco tiempo, altísimos niveles de arsénico en el agua y padecía problemas crónicos de salud.
“La gente de Buenos Aires no tiene ni idea de lo que es la vida en la Puna”, dice Jim Hill, Presidente de la FundaciónHisHeartMissions”. Hill siente especial afecto por este pueblo de más de 5000 habitantes y que está a 3770 metros de altura. “Un día vi a una niña parecida a mi nieta, sabía que como ser humano no tendría las mismas oportunidades. Me pregunté: qué clase de hombre soy si permito que estos niños tomen agua contaminada? ”
El trabajo llevó 6 años pero logramos algo impensable, que la gente pudiera tomar agua potable, dice el intendente de esta localidad, Leopoldo Salva. “El agua es vida, es salud. Esto es un avance fundamental para recuperar las ganas de salir adelante y pensar en un verdadero crecimiento. Sin salud no podíamos pensar en un futuro.”
La inversión inicial era superior a los 200 mil dólares y parte de este costo fue financiado con donaciones privadas, el municipio y la empresa estatal Aguas del Norte. La empresaAdEdge ofreció un presupuesto que permitió realizar el proyecto y fue reconocida como Industria del año por la Cámara de Comercio del condado de Hall en Georgia, Estados Unidos,por haber instalado a costos razonables más de 400 plantas de tratamiento en todo el mundo. Ver: http://www.gainesvilletimes.com/archives/62026/
“Una planta de tratamiento es como un traje a medida”
Según la Ingeniera Bonilla de la empresaAdEdge, “instalar una planta de tratamiento para remover arsénico es un trabajo muy específico según la calidad de agua, es por esto que cada planta es única e irrepetible”.
La planta de tratamiento, aplicada a San Antonio de los Cobres, instalada en noviembre de 2011, indicaba que los niveles de arsénico se redujeron en un 98%. Se redujo la peligrosa cifra de de 240 partes por billón a menos de 10ppb.
Tecnologías posibles para el 3er mundo
Gran parte de las tecnologías existentes en nuestro país son costosas y es por esto que muchas regiones de nuestro país aún tienen arsénico en el agua.
Según la Ingeniera Bonilla: “la tecnología de ósmosis inversa es alta en cuanto a costos del equipo, operación y mantenimiento y generalmente es problemática la disposición de las aguas de rechazo que contienen los contaminantes eliminados en altas concentraciones. Este método no es viable, desde el punto de vista ecológico, debido a las grandes pérdidas de aguas de rechazo que generan un 25% a 35% comparado con otras tecnologías. En el caso de San Antonio de los Cobres, se aplicó una tecnología que evita la continua generación de residuos peligrosos que afectan al medio ambiente”.
Hoy en día, la producción de agua potable es menos costosa, por ejemplo, con este tipo de tecnologías se concretó no sólo la posibilidad de darle agua potable a la gente sino también, de demostrar que a veces es una cuestión política y no económica.
Una empresa del estado que intenta reconvertirse
“En el caso de San Antonio de los Cobres como en el interior de Salta, el problema del agua contaminada nunca fue prioridad. Anteriormente el servicio de agua en esta localidad era operado por una empresa privada, y el criterio para la toma de decisiones era el económico y por lo tanto algunas inversiones se tornaban inviables financieramente”, dice el Ingeniero Normando Fleming, Director de Aguas del Norte. “La situación cambió para mejor a partir de 2009, desde que el gobierno de la provincia decidió rescindir el contrato con la empresa privada y re-estatizar el servicio en toda la provincia, creando una SA que pertenece en un 90% al estado provincial y un 10%, a los trabajadores que forman parte de la empresa. Actualmente Aguas del Norte pertenece a los salteños y el criterio para la toma de decisiones es la salud de la población”, enfatiza Fleming.
Más de 16 provincias están afectadas en nuestro país por el arsénico. Entre ellas están Santa Fe, Chaco, Tucumán, Buenos Aires, Salta y Córdoba. Uno de los casos más emblemáticos y con mayor repercusión mundial de afectación por arsénico en agua fue el de Bell Ville, en Córdoba, a principios del siglo pasado. El gran número de casos de HACRE (Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico) ocurridos en esta ciudad determinó que la patología se conociera como “enfermedad de Bell Ville”.
La Ingeniera Lilia Rossi, Directora de Aguas de la Provincia de Santa Fe, viajó a Salta, invitada por la empresa AdEdge para conocer esta planta modelo en el país, y tal vez repetir la situación en otras localidades de su provincia. “El Gobierno de Santa Fe, considera prioritarias las obras de abastecimiento de agua potable a toda la población. Las localidades que aun no cuentan con ningún servicio, unas 15, presentan esta problemática. La tecnología más difundida es la de ósmosis inversa pero sabiendo que es compleja su instalación por cuestiones económicas, me interesó profundamente la experiencia de la planta instalada en San Antonio de los Cobres para analizar la factibilidad de aplicar este proceso en localidades abastecidas por red.”
El arsénico, el enemigo invisible.
El arsénico es un veneno bien conocido en la historia y fue usado con esos fines entre los siglos XVI al XIX por conocidos envenenadores como los Borgia, la Marquesa de Brinvilliers, “LaVoisin”, Mme. Lafarge y Jeanne Gilbert. Se cree que Napoleón murió envenenado con arsénico.Pero hoy, los que pueden morir no son los próceres o los nobles, sino miles de niños que están bebiendo agua con arsénico en Argentina, y podrían cambiar su realidad y el futuro de sus vidas, simplemente accediendo a consumir agua potable sin arsénico que es letal para el hombre.
La agencia americana EnvironmentalProtection Agency (EPA), ha confirmado que el arsénico causa esta no tan famosa enfermedad llamadaHACRE que es progresiva y genera cáncer de diversos tipos (hígado, de piel pulmones) lesiones, debilitamiento y decoloración de la piel, conjuntivitis, dolores intensos de estómago, vómitos, diarrea, entumecimiento de manos y pies, parálisis parcial y ceguera.
En nuestro país, según la resolución 68/2007 y 196/2007 de la Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción, se ha modificado el valor máximo de arsénico en el agua potable para consumo humano distribuida por red, fijándolo en 10 ppb (por indicaciones de la OMS -Organización Mundial de la Salud-), dando un plazo máximo de cinco (5) años para su cumplimiento en aquellas regiones del país con suelos de alto contenido de arsénico.
El Ingeniero Juan Carlos Reinhardt, Presidente de Ubajay y representante de AdEdge en Argentina, confirma que “a pesar de que son significativos los avances en materia de legislación, las leyes no se cumplen por diversos factores. En algunas ocasiones los funcionarios no saben cómo resolver el tema del presupuesto o cuales son las tecnologías aptas para resolver los casos de contaminación del agua”.
Este fue el primer verano en la historia de San Antonio de los Cobres, que sus habitantes pudieron tomar agua potable. Su realidad comenzó a cambiar. Sucederá lo mismo en otras partes del país?
Red de vecinos en Córdoba por las fumigaciones
De vecinos autoconvocados a forjadores de una red de pueblos
Fecha de Publicación: 08/04/2012
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
Diego Carrera (General Cabrera), Carlos Rivero (Las Perdices) y Enrique Titarelli (Coronel Baigorria) comparten un fin común: cuidar la salud de toda su población. Las realidades de cada localidad
Quizás nunca antes se habían visto las caras, ni sean colegas en sus profesiones. Residen en distintos pueblos pero comparten un mismo objetivo: exigir el control del uso de agroquímicos en las aplicaciones sobre la periferia de sus respectivos poblados.
Diego Carrera (General Cabrera), Carlos Rivero (Las Perdices) y Enrique Titarelli (Coronel Baigorria), dieron un paso más a su condición de vecinos autoconvocados para convertirse en promotores de una red de pueblos que buscan unir fuerzas para trabajar por un fin común.
Se constituyeron como forjadores de la Cumbre de los Pueblos Fumigados del Sur de Córdoba que debutó a me-diados de semana en General Cabrera y que pretende constituirse como un nexo entre los pueblos a los fines de hacer oír su voz, luchando contra la descalificación y el desinterés de sus conciudadanos.
Tres pueblos le dijeron sí a la invitación y, sin miedo, mostraron su disconformidad por el modo en que se utilizan los agroquímicos.
Un denominador común
“La idea de esta Cumbre reside en la posibilidad de poder contar la experiencia que se da dentro de nuestros propios pueblos y acordar algunos puntos en común para ir trabajando de aquí en adelante cada uno en su pueblo, pero con un mismo objetivo”, comentó a PUNTAL Diego Carrera, de General Cabrera.
Contó que en su ciudad la modalidad asumida por los vecinos frente al problema se materializó a partir de una carta enviada por los autoconvocados al Concejo Deliberante. “Allí se solicitó que esta ciudad adhiriera a la Ley Provincial de Agroquímicos. Tuvimos respuestas durante el año pasado y en un primer momento el bloque del Partido Justicialista formuló un proyecto de ordenanza, con la adhesión y la reglamentación, y algunos puntos a modo de legislación local. Pero nos encontramos con una sorpresa, entrando en el año 2012. Se presentó otro proyecto, del bloque radical, y es así que ahora la ciudad tiene dos proyectos para tratar”, explicó Carrera.
Además, manifestó que la preocupación por la problemática ya adquiere relevancia a nivel general en su población.
“La intención que nosotros tenemos ahora es conocer los posicionamientos de otros pueblos y sus formas de trabajar y manejarse para ir mejorándola y cambiándola, o analizar y ver cómo sigue esto de aquí en adelante. Hemos abierto este espacio de expresión para que quien quiera usarlo, lo haga. Esto para nosotros es una fiesta de la democracia”, resaltó.
Por su parte, el médico veterinario Carlos Rivero, de Las Perdices, llegó a la convocatoria presentándose “como vecino que está preocupado igual que muchos por lo que está pasando con las fumigaciones”.
“Me presento así porque es lindo saber desde dónde habla cada persona, cada uno. Yo no tengo relación comercial con ningún tipo de empresa, y justamente por eso lo digo, para que sepan desde dónde estoy hablando”, inició.
Más adelante comentó que en el año 2008, en el Centro Integrador Comunitario (CIC), de Las Perdices, ubicado en el barrio Argentino, emergió cierta preocupación por la repetición de casos de alergia severa.
“Luego de que ellos se inquietaran, nosotros empezamos a movilizarnos y luego fue un grupo importante de personas el que estaba movilizado. Lamentablemente, en ese momento el poder político de la localidad entendió que lo que se estaba haciendo era una jugada política partidaria, si se quiere, en contra de la administración municipal.
De igual manera, nosotros logramos juntar más de 400 firmas, para que se aprobara la ley de agroquímicos y que Las Perdices votara la ordenanza que se adhiere a esta ley”, celebró.
Asimismo, aprobada la adhesión no hubo mayores avances hasta finalizada la gestión del intendente que presentaba resistencia. “Con las nuevas autoridades municipales estamos teniendo hasta aquí un apoyo interesante. Estamos apostando
definitivamente a que el proyecto salga del cajón y se empiece a llevar adelante”.
“Queremos estar sanos”
Enrique Titarelli es uno de los vecinos de Coronel Baigorria que sobre finales de noviembre del año pasado salió a la calle para exigir el alejamiento de las maquinarias que fumigaban un lote ubicado a 10 me-tros de su casa.
“Nosotros hace aproximadamente 11 años que estamos luchando contra esto.
Podemos decir que comenzó fuerte porque en principio fumigaban con una avioneta y la fumigación llegaba a dos o tres cuadras adentro de la localidad, pero gracias al reclamo de los vecinos se logró parar la avioneta”, comentó Titarelli.
Y agregó: “Pero seguimos con el pro-blema que causan las arañas o mosquitos fumigadores. Los tenemos durante todo el año y para todas las aplicaciones que les haga falta. Hemos visto el tema y ahora hemos logrado que se haga un control a través del Ministerio de Agricultura”, relató.
Asimismo, Titarelli disiente en la autorización del uso de productos de banda verde que el ministerio habilita por considerar que son igualmente perjudiciales. Además, comentó que tomó conocimiento por rumores de que los productores habrían resuelto retirar las fumigaciones a unos 500 metros adentro de los lotes para evitar afecciones a los vecinos de la periferia.
“En Coronel Baigorria hay mucha gente que tiene problemas de asma y alergias de todo tipo. No estamos seguros de que sea a causa de los líquidos. La apuesta de estos vecinos se orienta a seguir sumando pueblos interesados en aunar esfuerzos para lograr una legislación que garantice tranquilidad a los productores y a los habitantes que se exponen a los productos.
Fecha de Publicación: 08/04/2012
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
Diego Carrera (General Cabrera), Carlos Rivero (Las Perdices) y Enrique Titarelli (Coronel Baigorria) comparten un fin común: cuidar la salud de toda su población. Las realidades de cada localidad
Quizás nunca antes se habían visto las caras, ni sean colegas en sus profesiones. Residen en distintos pueblos pero comparten un mismo objetivo: exigir el control del uso de agroquímicos en las aplicaciones sobre la periferia de sus respectivos poblados.
Diego Carrera (General Cabrera), Carlos Rivero (Las Perdices) y Enrique Titarelli (Coronel Baigorria), dieron un paso más a su condición de vecinos autoconvocados para convertirse en promotores de una red de pueblos que buscan unir fuerzas para trabajar por un fin común.
Se constituyeron como forjadores de la Cumbre de los Pueblos Fumigados del Sur de Córdoba que debutó a me-diados de semana en General Cabrera y que pretende constituirse como un nexo entre los pueblos a los fines de hacer oír su voz, luchando contra la descalificación y el desinterés de sus conciudadanos.
Tres pueblos le dijeron sí a la invitación y, sin miedo, mostraron su disconformidad por el modo en que se utilizan los agroquímicos.
Un denominador común
“La idea de esta Cumbre reside en la posibilidad de poder contar la experiencia que se da dentro de nuestros propios pueblos y acordar algunos puntos en común para ir trabajando de aquí en adelante cada uno en su pueblo, pero con un mismo objetivo”, comentó a PUNTAL Diego Carrera, de General Cabrera.
Contó que en su ciudad la modalidad asumida por los vecinos frente al problema se materializó a partir de una carta enviada por los autoconvocados al Concejo Deliberante. “Allí se solicitó que esta ciudad adhiriera a la Ley Provincial de Agroquímicos. Tuvimos respuestas durante el año pasado y en un primer momento el bloque del Partido Justicialista formuló un proyecto de ordenanza, con la adhesión y la reglamentación, y algunos puntos a modo de legislación local. Pero nos encontramos con una sorpresa, entrando en el año 2012. Se presentó otro proyecto, del bloque radical, y es así que ahora la ciudad tiene dos proyectos para tratar”, explicó Carrera.
Además, manifestó que la preocupación por la problemática ya adquiere relevancia a nivel general en su población.
“La intención que nosotros tenemos ahora es conocer los posicionamientos de otros pueblos y sus formas de trabajar y manejarse para ir mejorándola y cambiándola, o analizar y ver cómo sigue esto de aquí en adelante. Hemos abierto este espacio de expresión para que quien quiera usarlo, lo haga. Esto para nosotros es una fiesta de la democracia”, resaltó.
Por su parte, el médico veterinario Carlos Rivero, de Las Perdices, llegó a la convocatoria presentándose “como vecino que está preocupado igual que muchos por lo que está pasando con las fumigaciones”.
“Me presento así porque es lindo saber desde dónde habla cada persona, cada uno. Yo no tengo relación comercial con ningún tipo de empresa, y justamente por eso lo digo, para que sepan desde dónde estoy hablando”, inició.
Más adelante comentó que en el año 2008, en el Centro Integrador Comunitario (CIC), de Las Perdices, ubicado en el barrio Argentino, emergió cierta preocupación por la repetición de casos de alergia severa.
“Luego de que ellos se inquietaran, nosotros empezamos a movilizarnos y luego fue un grupo importante de personas el que estaba movilizado. Lamentablemente, en ese momento el poder político de la localidad entendió que lo que se estaba haciendo era una jugada política partidaria, si se quiere, en contra de la administración municipal.
De igual manera, nosotros logramos juntar más de 400 firmas, para que se aprobara la ley de agroquímicos y que Las Perdices votara la ordenanza que se adhiere a esta ley”, celebró.
Asimismo, aprobada la adhesión no hubo mayores avances hasta finalizada la gestión del intendente que presentaba resistencia. “Con las nuevas autoridades municipales estamos teniendo hasta aquí un apoyo interesante. Estamos apostando
definitivamente a que el proyecto salga del cajón y se empiece a llevar adelante”.
“Queremos estar sanos”
Enrique Titarelli es uno de los vecinos de Coronel Baigorria que sobre finales de noviembre del año pasado salió a la calle para exigir el alejamiento de las maquinarias que fumigaban un lote ubicado a 10 me-tros de su casa.
“Nosotros hace aproximadamente 11 años que estamos luchando contra esto.
Podemos decir que comenzó fuerte porque en principio fumigaban con una avioneta y la fumigación llegaba a dos o tres cuadras adentro de la localidad, pero gracias al reclamo de los vecinos se logró parar la avioneta”, comentó Titarelli.
Y agregó: “Pero seguimos con el pro-blema que causan las arañas o mosquitos fumigadores. Los tenemos durante todo el año y para todas las aplicaciones que les haga falta. Hemos visto el tema y ahora hemos logrado que se haga un control a través del Ministerio de Agricultura”, relató.
Asimismo, Titarelli disiente en la autorización del uso de productos de banda verde que el ministerio habilita por considerar que son igualmente perjudiciales. Además, comentó que tomó conocimiento por rumores de que los productores habrían resuelto retirar las fumigaciones a unos 500 metros adentro de los lotes para evitar afecciones a los vecinos de la periferia.
“En Coronel Baigorria hay mucha gente que tiene problemas de asma y alergias de todo tipo. No estamos seguros de que sea a causa de los líquidos. La apuesta de estos vecinos se orienta a seguir sumando pueblos interesados en aunar esfuerzos para lograr una legislación que garantice tranquilidad a los productores y a los habitantes que se exponen a los productos.
El problema de los agronegocios
Dos modelos
Fecha de Publicación: 08/04/2012
Fuente: Página/12 - Suplemento Cash
Provincia/Región: Nacional
Un grupo de investigación de la UBA da cuenta, a través de dos investigaciones, de la resistencia que surgió en los últimos años a un modelo agropecuario que otorga divisas al Estado, pero expulsa campesinos de sus tierras y daña el ecosistema.
El Grupo de Estudios sobre Ecología Política, Comunidades y Derechos (Gepcyd), conformado por quince investigadores del Instituto Gino Germani (UBA), estudia la problemática del mundo rural. A través de distintas investigaciones pueden dar cuenta de cambios en esta disputa que se expresa en la posesión de la tierra y en modelos agropecuarios. Por un lado, la dinámica del agronegocio y, por el otro, la producción para el mercado interno.
Durante 2006/7 el equipo del Gepcyd estudió lo que había ocurrido con la producción agrícola en la zona de San Pedro, tradicionalmente dedicada a la pequeña producción frutihortícola, sobre todo para el consumo interno. Encontraron un fenómeno de “territorialidad excluyente vehiculizada por el agronegocio como nueva configuración de la ruralidad”, como describen el proceso por el que se cambia la relación que tienen los productores con sus propias tierras. Como explican esos investigadores, “lo que ocurre en San Pedro es sintomático. Durante los ’90 se va destruyendo un andamiaje institucional, sobre todo gracias a la desregulación, que permitía el desarrollo de una producción orientada al mercado interno. En el 2003, con el precio más bajo para la soja en dos décadas, se inicia un proceso muy distinto, de tipo agrícola-industrial, que se realiza con grandes inversiones y maquinaria. Pero no fue exclusivamente una decisión racional del homo economicus sino que tuvo que ver con decisiones político-institucionales desde el Estado. Se instala un sistema agroalimentario donde se ponen la tecnología, las tierras, la mano de obra en función de la producción de bienes para el mercado internacional y se desmonta un circuito que tiene que ver con la producción de bienes de consumo interno”. A partir de allí los pequeños productores no encuentran lugar en la cadena productiva agrícola y en general arriendan o venden sus tierras. En algunos pocos casos consiguen otras tierras para hacer producción a escala y abandonar los frutales con los que proveían al mercado de Rosario o Buenos Aires. Los peones, por su lado, quedan directamente sin trabajo porque el paquete agroindustrial prácticamente no necesita mano de obra.
Los efectos colaterales de este modelo pueden verse en San Pedro. Además de la mencionada desocupación o la desaparición de frutales, la forma particular con la que se produce la soja transgénica, con grandes cantidades de agrotóxicos, daña el medio ambiente y, por ejemplo, mata las abejas de la zona. “Lo extraño de todo esto es que los apicultores no se resistieron: veían la situación como una fatalidad y pensaban en cambiar de actividad o irse a otra parte”, lo que habla de lo profundo que caló el discurso neoliberal aun entre los perdedores del modelo.
Hasta la ganadería de la zona se vio desplazada hacia las islas en un comienzo, hasta que allí también comenzó a plantarse soja transportando las maquinarias con balsas. Parte de los incendios del 2008, cuyo humo llegó a la ciudad de Buenos Aires, fueron para desmontar esas islas.
Los investigadores también encontraron un fenómeno particular dentro del nuevo modelo de agronegocios al que denominan “supermercadismo”, que se caracteriza por la intervención directa de las grandes cadenas en todos los eslabones que llevan a la venta, incluida la producción.
En el Chaco
En 2007 al Gepcyd inició otra investigación en el Chaco (que continúa hasta hoy) y que les permitió ver cómo el fenómeno percibido en San Pedro tenía similitudes y diferencias con lo que ocurre en otros puntos del país. El avance agroindustrial continúa en la actualidad gracias al fortalecimiento de un paquete tecnológico que ahora permite llegar a suelos menos ricos que anteriormente se consideraban, al menos desde ese modelo, como improductivos. Es por eso que la frontera productiva de los pooles de siembra avanza junto con intereses económicos muy fuertes que, obviamente, permean a los poderes políticos. Es que ningún gobierno regional resigna fácilmente los ingresos que pueden generar commodities con precios elevados.
“En el Chaco pasó algo particular”, explican desde el colectivo de investigadores. En el Chaco hay organizaciones campesinas que dijeron: “No, ése no es el único camino, tenemos que pensar no cómo nos integramos sino cuál es nuestro camino”, lo que llevó a una disputa por la tierra. Estas organizaciones provienen de los años ’80 y ’90, cuando los campesinos que se dedicaban mayoritariamente a la producción de algodón tuvieron que reconvertirse en pequeños ganaderos por la caída del precio de sus productos. Para ellos necesitaron avanzar sobre otras tierras. Varias ONG capacitaron a los campesinos en esa transición, lo que permitió, entre otras cosas, una producción que no hiciera necesario el desmonte, por lo que se preservaba el medio ambiente local. Con estos campesinos organizados, que además producían alimentos para los locales y ellos mismos, chocó la lógica agroindustrial en una disputa que tuvo muchas batallas.
“El caso del Chaco es distinto al de San Pedro, porque allí los campesinos no se resignaron a ser un excedente de población e irse a las ciudades, sino que lucharon para preservar sus formas de vida.” En los últimos años la Unión de Pequeños Productores de Chaco logró que el gobierno provincial diera a esos campesinos la posesión de la tierra bajos diferentes figuras que trajeron tranquilidad a los productores. Se logró la figura de Reservas Campesinas, una suerte de tenencia comunitaria que permite recibir tierras del gobierno en comodato. Bajo estas modalidades en 2010 los campesinos habían recuperado su derecho sobre más de 20.000 hectáreas.
En resumen lo que está en disputa son dos modelos: uno volcado al mercado externo, fundamentado en la rentabilidad y la productividad a base de tecnología y capital intensivo, que genera divisas y cuyo costo es la expulsión de campesinos a las ciudades, la reducción de la cantidad, calidad y diversidad de los alimentos, la destrucción del ecosistema. Por el otro lado hay un modelo regional de pequeños productores autosustentables que ocupan a la población, que mantiene la biodiversidad, y que desconcentra la producción, pero que no genera divisas.
El Estado parece debatirse entre estos dos modelos: por un lado, se creó en 2008 la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, pero por el otro depende de las divisas de la producción sojera
Fecha de Publicación: 08/04/2012
Fuente: Página/12 - Suplemento Cash
Provincia/Región: Nacional
Un grupo de investigación de la UBA da cuenta, a través de dos investigaciones, de la resistencia que surgió en los últimos años a un modelo agropecuario que otorga divisas al Estado, pero expulsa campesinos de sus tierras y daña el ecosistema.
El Grupo de Estudios sobre Ecología Política, Comunidades y Derechos (Gepcyd), conformado por quince investigadores del Instituto Gino Germani (UBA), estudia la problemática del mundo rural. A través de distintas investigaciones pueden dar cuenta de cambios en esta disputa que se expresa en la posesión de la tierra y en modelos agropecuarios. Por un lado, la dinámica del agronegocio y, por el otro, la producción para el mercado interno.
Durante 2006/7 el equipo del Gepcyd estudió lo que había ocurrido con la producción agrícola en la zona de San Pedro, tradicionalmente dedicada a la pequeña producción frutihortícola, sobre todo para el consumo interno. Encontraron un fenómeno de “territorialidad excluyente vehiculizada por el agronegocio como nueva configuración de la ruralidad”, como describen el proceso por el que se cambia la relación que tienen los productores con sus propias tierras. Como explican esos investigadores, “lo que ocurre en San Pedro es sintomático. Durante los ’90 se va destruyendo un andamiaje institucional, sobre todo gracias a la desregulación, que permitía el desarrollo de una producción orientada al mercado interno. En el 2003, con el precio más bajo para la soja en dos décadas, se inicia un proceso muy distinto, de tipo agrícola-industrial, que se realiza con grandes inversiones y maquinaria. Pero no fue exclusivamente una decisión racional del homo economicus sino que tuvo que ver con decisiones político-institucionales desde el Estado. Se instala un sistema agroalimentario donde se ponen la tecnología, las tierras, la mano de obra en función de la producción de bienes para el mercado internacional y se desmonta un circuito que tiene que ver con la producción de bienes de consumo interno”. A partir de allí los pequeños productores no encuentran lugar en la cadena productiva agrícola y en general arriendan o venden sus tierras. En algunos pocos casos consiguen otras tierras para hacer producción a escala y abandonar los frutales con los que proveían al mercado de Rosario o Buenos Aires. Los peones, por su lado, quedan directamente sin trabajo porque el paquete agroindustrial prácticamente no necesita mano de obra.
Los efectos colaterales de este modelo pueden verse en San Pedro. Además de la mencionada desocupación o la desaparición de frutales, la forma particular con la que se produce la soja transgénica, con grandes cantidades de agrotóxicos, daña el medio ambiente y, por ejemplo, mata las abejas de la zona. “Lo extraño de todo esto es que los apicultores no se resistieron: veían la situación como una fatalidad y pensaban en cambiar de actividad o irse a otra parte”, lo que habla de lo profundo que caló el discurso neoliberal aun entre los perdedores del modelo.
Hasta la ganadería de la zona se vio desplazada hacia las islas en un comienzo, hasta que allí también comenzó a plantarse soja transportando las maquinarias con balsas. Parte de los incendios del 2008, cuyo humo llegó a la ciudad de Buenos Aires, fueron para desmontar esas islas.
Los investigadores también encontraron un fenómeno particular dentro del nuevo modelo de agronegocios al que denominan “supermercadismo”, que se caracteriza por la intervención directa de las grandes cadenas en todos los eslabones que llevan a la venta, incluida la producción.
En el Chaco
En 2007 al Gepcyd inició otra investigación en el Chaco (que continúa hasta hoy) y que les permitió ver cómo el fenómeno percibido en San Pedro tenía similitudes y diferencias con lo que ocurre en otros puntos del país. El avance agroindustrial continúa en la actualidad gracias al fortalecimiento de un paquete tecnológico que ahora permite llegar a suelos menos ricos que anteriormente se consideraban, al menos desde ese modelo, como improductivos. Es por eso que la frontera productiva de los pooles de siembra avanza junto con intereses económicos muy fuertes que, obviamente, permean a los poderes políticos. Es que ningún gobierno regional resigna fácilmente los ingresos que pueden generar commodities con precios elevados.
“En el Chaco pasó algo particular”, explican desde el colectivo de investigadores. En el Chaco hay organizaciones campesinas que dijeron: “No, ése no es el único camino, tenemos que pensar no cómo nos integramos sino cuál es nuestro camino”, lo que llevó a una disputa por la tierra. Estas organizaciones provienen de los años ’80 y ’90, cuando los campesinos que se dedicaban mayoritariamente a la producción de algodón tuvieron que reconvertirse en pequeños ganaderos por la caída del precio de sus productos. Para ellos necesitaron avanzar sobre otras tierras. Varias ONG capacitaron a los campesinos en esa transición, lo que permitió, entre otras cosas, una producción que no hiciera necesario el desmonte, por lo que se preservaba el medio ambiente local. Con estos campesinos organizados, que además producían alimentos para los locales y ellos mismos, chocó la lógica agroindustrial en una disputa que tuvo muchas batallas.
“El caso del Chaco es distinto al de San Pedro, porque allí los campesinos no se resignaron a ser un excedente de población e irse a las ciudades, sino que lucharon para preservar sus formas de vida.” En los últimos años la Unión de Pequeños Productores de Chaco logró que el gobierno provincial diera a esos campesinos la posesión de la tierra bajos diferentes figuras que trajeron tranquilidad a los productores. Se logró la figura de Reservas Campesinas, una suerte de tenencia comunitaria que permite recibir tierras del gobierno en comodato. Bajo estas modalidades en 2010 los campesinos habían recuperado su derecho sobre más de 20.000 hectáreas.
En resumen lo que está en disputa son dos modelos: uno volcado al mercado externo, fundamentado en la rentabilidad y la productividad a base de tecnología y capital intensivo, que genera divisas y cuyo costo es la expulsión de campesinos a las ciudades, la reducción de la cantidad, calidad y diversidad de los alimentos, la destrucción del ecosistema. Por el otro lado hay un modelo regional de pequeños productores autosustentables que ocupan a la población, que mantiene la biodiversidad, y que desconcentra la producción, pero que no genera divisas.
El Estado parece debatirse entre estos dos modelos: por un lado, se creó en 2008 la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, pero por el otro depende de las divisas de la producción sojera
Santa Fe, tras la energía eólica
Santa Fe, tras la energía eólica
Fecha de Publicación: 07/04/2012
Fuente: IEco de Clarín
Provincia/Región: Santa Fe
El gobierno de Santa Fe comenzó a medir las condiciones del viento en distintos puntos del territorio provincial, con el objetivo de producir energía eólica en un futuro próximo.
El puntapié inicial fue la semana pasada, cuando el gobierno santafesino oficialmente puso en marcha el primer equipo de medición del viento en Las Rosas. En esa ocasión, el gobernador Antonio Bonfatti dijo: “Esta investigación significa que si tenemos los vientos suficientes los 365 días del año, podemos tener un parque eólico”. Además de Las Rosas, Rufino y San Jorge ya cuentan con equipos similares de prospección del viento, y Venado Tuerto se incorporará a las mediciones. Es fruto de un acuerdo entre el Gobierno, la empresa provincial de energía y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), sede Rosario.
Fecha de Publicación: 07/04/2012
Fuente: IEco de Clarín
Provincia/Región: Santa Fe
El gobierno de Santa Fe comenzó a medir las condiciones del viento en distintos puntos del territorio provincial, con el objetivo de producir energía eólica en un futuro próximo.
El puntapié inicial fue la semana pasada, cuando el gobierno santafesino oficialmente puso en marcha el primer equipo de medición del viento en Las Rosas. En esa ocasión, el gobernador Antonio Bonfatti dijo: “Esta investigación significa que si tenemos los vientos suficientes los 365 días del año, podemos tener un parque eólico”. Además de Las Rosas, Rufino y San Jorge ya cuentan con equipos similares de prospección del viento, y Venado Tuerto se incorporará a las mediciones. Es fruto de un acuerdo entre el Gobierno, la empresa provincial de energía y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), sede Rosario.
Paro total en la mina Veladero de Barrick Gold
Paro total en la mina Veladero de Barrick Gold
Fecha de Publicación: 06/04/2012
Fuente: No a la Mina - Prensa OSMA
Provincia/Región: San Juan
Durante el pasado 2 de abril se llevó a cabo un paro total en el emprendimiento minero de Veladero con motivo del rechazo al aumento salarial del 12 por ciento en discusión paritaria. La medida de fuerza es por tiempo indeterminado. Los compañeros trabajadores amanecieron en el corte sobre el Río Las Taguas que separa el hotel del campamento soportando una noche muy fria de 10 grados bajo cero. La empresa ordenó que no se les de alimentos.
Siendo las 18 horas en la mina Veladero de la empresa Barrick Gold de San Juan, los trabajadores iniciaron una medida de fuerza parando totalmente la producción de ese establecimiento.
Los compañeros trabajadores amanecieron en el corte sobre el Río Las Taguas que separa el hotel del campamento soportando una noche muy fria de 10 grados bajo cero. La empresa ordenó que no se les de alimentos. "Queremos denunciar ante quienes corresponda la actitud despiadada por parte de Barrick Gold, solicitamos vuestra solidaridad yque se difunda para que se conozca la difícil situacion que se vive en Veladero", dijo el secretario general de OSMA-CTA, José Leiva.
La medida de fuerza es en reclamo de salarios dignos, acorde a la zona en la cual desempeñan sus actividades los trabajadores mineros en ese lugar de la Cordillera Andina.
La medida de fuerza fue impulsada por los mismos obreros, de manera autoconvocante, y ha sido apoyada por la Organización Sindical Mineros Argentinos (OSMA), que se encuentra adherida a la CTA. En tanto que la Asociación Obrera Minera de Argentina (AOMA-CGT) no se ha pronunciado al respecto.
Los trabajadores mineros rechazan el aumento propuesto por la empresa Barrick de un 12 por ciento en discusión paritaria. Además, exigen un aumento de haberes del orden del 40 por ciento y en consonancia con las súper ganancias, reclaman también aumento del premio anual equivalente a dos sueldos promedio.
Según explicaron, las medidas de paro son por tiempo indeterminado y las operaciones de la mina se encuentran totalmente paralizadas.
"Esta es una clara evidencia de la situación extrema en la cual se encuentran quienes desarrollan esta actividad a mas de 4.000 metros de altura que da por tierra con las declaraciones vertidas por el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, quien dijo que los trabajadores de la mina Veladero eran los mejores pagos en esta actividad", indica un comunicado de prensa firmado por el secretario general de OSMA-CTA, José Leiva.
Y agrega: "Después de tres semanas de negociaciones llevadas a cabo por la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA-CGT) y no habiendo ninguna respuesta en favor de los reclamos salariales, el conjunto de los trabajadores decidió parar sus actividades en reclamo de una recomposición salarial".
"Cabe acotar que los directivos del gremio negociador enrolado en la CGT no se hicieron presentes para apoyar esta medida, demostrando una vez más la funcionalidad para con la empresa y el Gobierno. La Organización Sindical Mineros Argentinos (OSMA-CTA), apoya totalmente la decisión tomada por los compañeros trabajadores", finaliza el comunicado gremial.
Fecha de Publicación: 06/04/2012
Fuente: No a la Mina - Prensa OSMA
Provincia/Región: San Juan
Durante el pasado 2 de abril se llevó a cabo un paro total en el emprendimiento minero de Veladero con motivo del rechazo al aumento salarial del 12 por ciento en discusión paritaria. La medida de fuerza es por tiempo indeterminado. Los compañeros trabajadores amanecieron en el corte sobre el Río Las Taguas que separa el hotel del campamento soportando una noche muy fria de 10 grados bajo cero. La empresa ordenó que no se les de alimentos.
Siendo las 18 horas en la mina Veladero de la empresa Barrick Gold de San Juan, los trabajadores iniciaron una medida de fuerza parando totalmente la producción de ese establecimiento.
Los compañeros trabajadores amanecieron en el corte sobre el Río Las Taguas que separa el hotel del campamento soportando una noche muy fria de 10 grados bajo cero. La empresa ordenó que no se les de alimentos. "Queremos denunciar ante quienes corresponda la actitud despiadada por parte de Barrick Gold, solicitamos vuestra solidaridad yque se difunda para que se conozca la difícil situacion que se vive en Veladero", dijo el secretario general de OSMA-CTA, José Leiva.
La medida de fuerza es en reclamo de salarios dignos, acorde a la zona en la cual desempeñan sus actividades los trabajadores mineros en ese lugar de la Cordillera Andina.
La medida de fuerza fue impulsada por los mismos obreros, de manera autoconvocante, y ha sido apoyada por la Organización Sindical Mineros Argentinos (OSMA), que se encuentra adherida a la CTA. En tanto que la Asociación Obrera Minera de Argentina (AOMA-CGT) no se ha pronunciado al respecto.
Los trabajadores mineros rechazan el aumento propuesto por la empresa Barrick de un 12 por ciento en discusión paritaria. Además, exigen un aumento de haberes del orden del 40 por ciento y en consonancia con las súper ganancias, reclaman también aumento del premio anual equivalente a dos sueldos promedio.
Según explicaron, las medidas de paro son por tiempo indeterminado y las operaciones de la mina se encuentran totalmente paralizadas.
"Esta es una clara evidencia de la situación extrema en la cual se encuentran quienes desarrollan esta actividad a mas de 4.000 metros de altura que da por tierra con las declaraciones vertidas por el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, quien dijo que los trabajadores de la mina Veladero eran los mejores pagos en esta actividad", indica un comunicado de prensa firmado por el secretario general de OSMA-CTA, José Leiva.
Y agrega: "Después de tres semanas de negociaciones llevadas a cabo por la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA-CGT) y no habiendo ninguna respuesta en favor de los reclamos salariales, el conjunto de los trabajadores decidió parar sus actividades en reclamo de una recomposición salarial".
"Cabe acotar que los directivos del gremio negociador enrolado en la CGT no se hicieron presentes para apoyar esta medida, demostrando una vez más la funcionalidad para con la empresa y el Gobierno. La Organización Sindical Mineros Argentinos (OSMA-CTA), apoya totalmente la decisión tomada por los compañeros trabajadores", finaliza el comunicado gremial.
Se aprueba la Ley de Bosques fueguina
Ley de ordenamiento del bosque fueguino: se aprueba antes que venza la prórroga otorgada por Nación
Fecha de Publicación: 05/04/2012
Fuente: Tres Líneas
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Legisladores adelantaron que existe consenso para que la iniciativa se transforme en ley en la sesión del 19 de abril o en una especial. La provincia accedería de esta manera a los 8 millones de pesos que integrarán un fondo, que servirá para el manejo sustentable de bosques.
El proyecto de Ley de Ordenamiento de Bosques Nativos, impulsado por el Ejecutivo provincial, continúa su debate en la Comisión de Obras Públicas que preside el legislador Jorge Lechman (MPF).
Al último encuentro asistió el secretario de Desarrollo Sustentable, Ariel Martínez, junto al equipo técnico del área y representantes de las administraciones municipales de Ushuaia y de Tolhuin. La próxima reunión se desarrollará el jueves 12 de abril a las 15.00.
Al inicio del encuentro, Lechman aclaró que existe el consenso parlamentario para que la iniciativa se transforme en ley antes que venza la prórroga otorgada por Nación, para que la Provincia acceda a los 8 millones de pesos que integrarán un fondo, que servirá para el manejo sustentable de bosques.
Distintas organizaciones ambientalistas vienen colaborando en la redacción del proyecto original que impulsa la Secretaría de Desarrollo Sustentable de la provincia. Se destacó la presencia de ABE y Autoconvocados por el Bosque TDF.
Los parlamentarios que participaron fueron: Eduardo Barrientos y Susana Siracusa (PJ), Héctor Tapia y Juan Carlos Arcando (FPV), Juan Rodríguez y Pablo Blanco (UCR), Laura Rojo (PPP), Jorge Lechman y Claudia Andrade (MPF).
Dos fueron los temas centrales que recibieron mayor tiempo de debates y cruces de opiniones: por un lado la forma en que se conformará la Comisión Consultiva de Bosques Nativos y por otro, el manejo de fondos.
El actual escrito del proyecto propone que dicha Comisión esté representada por 19 integrantes, tanto del Gobierno como de organizaciones ambientalistas, representantes de cámaras y cooperativas afines, pero ello generó controversia, puesto que desde el Parlamento expusieron que sería difícil alcanzar el consenso dada la multiplicidad de voces.
En ese sentido, los Legisladores plantearon que se reglamente el funcionamiento de ese espacio y que se establezca similar manejo del quórum al que posee el Parlamento provincial. Por otro lado, también desde las distintas bancadas políticas propusieron que la comisión evaluadora de los fondos esté integrada por dos miembros del Poder Legislativo y de las comunas.
«Hemos decidido que si no llegamos a tiempo para la sesión del 19 de abril, haremos una sesión especial, pura y exclusivamente para sancionar esta ley que saldrá antes del vencimiento de la prórroga otorgada por Nación», anunció Jorge Lechman.
Según indicó, «el tema de los fondos es fundamental porque no queremos crear un organismo que se convierta en un ente divino, que tenga tanta discrecionalidad y que los fondos no lleguen a quien tienen que llegar», opinó.
Fecha de Publicación: 05/04/2012
Fuente: Tres Líneas
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Legisladores adelantaron que existe consenso para que la iniciativa se transforme en ley en la sesión del 19 de abril o en una especial. La provincia accedería de esta manera a los 8 millones de pesos que integrarán un fondo, que servirá para el manejo sustentable de bosques.
El proyecto de Ley de Ordenamiento de Bosques Nativos, impulsado por el Ejecutivo provincial, continúa su debate en la Comisión de Obras Públicas que preside el legislador Jorge Lechman (MPF).
Al último encuentro asistió el secretario de Desarrollo Sustentable, Ariel Martínez, junto al equipo técnico del área y representantes de las administraciones municipales de Ushuaia y de Tolhuin. La próxima reunión se desarrollará el jueves 12 de abril a las 15.00.
Al inicio del encuentro, Lechman aclaró que existe el consenso parlamentario para que la iniciativa se transforme en ley antes que venza la prórroga otorgada por Nación, para que la Provincia acceda a los 8 millones de pesos que integrarán un fondo, que servirá para el manejo sustentable de bosques.
Distintas organizaciones ambientalistas vienen colaborando en la redacción del proyecto original que impulsa la Secretaría de Desarrollo Sustentable de la provincia. Se destacó la presencia de ABE y Autoconvocados por el Bosque TDF.
Los parlamentarios que participaron fueron: Eduardo Barrientos y Susana Siracusa (PJ), Héctor Tapia y Juan Carlos Arcando (FPV), Juan Rodríguez y Pablo Blanco (UCR), Laura Rojo (PPP), Jorge Lechman y Claudia Andrade (MPF).
Dos fueron los temas centrales que recibieron mayor tiempo de debates y cruces de opiniones: por un lado la forma en que se conformará la Comisión Consultiva de Bosques Nativos y por otro, el manejo de fondos.
El actual escrito del proyecto propone que dicha Comisión esté representada por 19 integrantes, tanto del Gobierno como de organizaciones ambientalistas, representantes de cámaras y cooperativas afines, pero ello generó controversia, puesto que desde el Parlamento expusieron que sería difícil alcanzar el consenso dada la multiplicidad de voces.
En ese sentido, los Legisladores plantearon que se reglamente el funcionamiento de ese espacio y que se establezca similar manejo del quórum al que posee el Parlamento provincial. Por otro lado, también desde las distintas bancadas políticas propusieron que la comisión evaluadora de los fondos esté integrada por dos miembros del Poder Legislativo y de las comunas.
«Hemos decidido que si no llegamos a tiempo para la sesión del 19 de abril, haremos una sesión especial, pura y exclusivamente para sancionar esta ley que saldrá antes del vencimiento de la prórroga otorgada por Nación», anunció Jorge Lechman.
Según indicó, «el tema de los fondos es fundamental porque no queremos crear un organismo que se convierta en un ente divino, que tenga tanta discrecionalidad y que los fondos no lleguen a quien tienen que llegar», opinó.
Siguen los desmontes clandestinos en Chaco
Siguen los desmontes clandestinos: esta vez en parajes Tres Naciones, Lote 60 y Pampa Solís
Fecha de Publicación: 05/04/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El Centro Mandela de Derechos Humanos Centro de Estudios e Investigación Social difundió un nuevo documento en el que denuncia que se multiplican los desmontes en el Chaco y mencionó como casos nuevos lo ocurrido en los Parajes Tres naciones, el Lote 60 y Pampa Solís. Insiste en que “las mafias de la madera” siguen “en un alto nivel de funcionamiento operativo”.
El texto señala que “realizamos un amplio recorrido que arrancó en Avia Terai, que es uno de los epicentros del tráfico de madera, legal e ilegal, en el Chaco. Es extraordinario el nivel de funcionamiento operativo de las mafias de la madera integradas por explotadores forestales, pequeños y grandes productores y agentes y funcionarios del Estado, de la administración pública centralizada y local. Por sus notables influencias se destacan nítidamente algunos explotadores y funcionarios del Ministerio de la Producción. Hasta organizan operativos e intervenciones combinadas para generar la falsa idea de que los organismos públicos actúan eficientemente en la tarea de controlar las explotaciones forestales, el tráfico de madera y su trazabilidad. Sin embargo, todo es un gran engaño.
A las graves consecuencias sociales, sanitarias y ambientales que derivan -en forma directa e indirecta- de la explotación irracional del monte nativo chaqueño para extraer madera, se agrega el efecto devastador de los desmontes legales que son autorizados a través de procedimientos muy tramposos de cambio de uso de suelos y de los silvospastoriles. En todos los casos, estos mecanismos llevan directamente a “hacer campo”, que se destina al cultivo de la soja transgénica rotada con girasol. De este modo están logrando la expansión de la frontera agropecuaria con tanta intensidad y aceleración que expone al ambiente y a la comunidad a mayores riesgos y daños concretos.
Las chacras clandestinas
Por si fuera insuficiente la decisión institucional del gobierno provincial de autorizar desmontes para “hacer campo”, aumentó notablemente la tala raza clandestina con la misma finalidad, a propósito del evidente guiño político que prospera en gran parte del territorio chaqueño, aún bajo el riesgo de que se infraccione al productor o a la empresa dado que finalmente todo -o casi todo- se arregla, formal o informalmente por vía del dinero. De esta manera vienen derribando montes centenarios, extinguiendo especies de la flora y de la fauna del saldo de la cuña boscosa chaqueña que aún queda en pie.
En el Paraje Tres Naciones, a 20 kilómetros de Tres Isletas, encontramos un “topado” clandestino de más de 35 hectáreas, fácilmente detectable porque se encuentra a tres kilómetros del cruce de la Escuela EGB 411 Soldados Malvinenses. El campo viene precedido de una sucesión que derivó en la partición del predio, con deslindes que encubrieron la tala clandestina.
En la Legua 60 se autorizó un desmonte por un plan de aprovechamiento del cambio de uso del suelo. El propietario es la firma Cuatro Niños SA, supuestamente vinculada a la empresa y a la familia megraproductora que se destaca en la zona porque compró miles de hectáreas en los últimos años en el departamento Maipú. El técnico responsable fue Diego Kalbermatter, a su vez propietario de la empresa que derribó el monte. Se autorizó el desmonte de 568 hectáreas. Además de que se habría derribado una superficie mayor, sobresale que la autorización fue dada por la Oficina Forestal de Pampa del Infierno.
En dos tramos detectamos desmontes de 400 y de 300 hectáreas, aproximadamente. El primero de ellos fue intencionalmente quemado y será chacra en la próxima campaña, mientras que en el segundo ya se sembró el pasto combustible (gatton panic) para el incendio que se provocará después de las primeras heladas. Se agregó otro desmonte, realizado hace pocas semanas utilizándose una topadora que contó con silenciador, con un alcance de 50 hectáreas.
Este campo, del mismo propietario, se ubica en Pampa Solís, frente a la pista de aterrizaje de una mega empresa sojera, que es la única que cuenta con balanza en el lugar”.
Fecha de Publicación: 05/04/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El Centro Mandela de Derechos Humanos Centro de Estudios e Investigación Social difundió un nuevo documento en el que denuncia que se multiplican los desmontes en el Chaco y mencionó como casos nuevos lo ocurrido en los Parajes Tres naciones, el Lote 60 y Pampa Solís. Insiste en que “las mafias de la madera” siguen “en un alto nivel de funcionamiento operativo”.
El texto señala que “realizamos un amplio recorrido que arrancó en Avia Terai, que es uno de los epicentros del tráfico de madera, legal e ilegal, en el Chaco. Es extraordinario el nivel de funcionamiento operativo de las mafias de la madera integradas por explotadores forestales, pequeños y grandes productores y agentes y funcionarios del Estado, de la administración pública centralizada y local. Por sus notables influencias se destacan nítidamente algunos explotadores y funcionarios del Ministerio de la Producción. Hasta organizan operativos e intervenciones combinadas para generar la falsa idea de que los organismos públicos actúan eficientemente en la tarea de controlar las explotaciones forestales, el tráfico de madera y su trazabilidad. Sin embargo, todo es un gran engaño.
A las graves consecuencias sociales, sanitarias y ambientales que derivan -en forma directa e indirecta- de la explotación irracional del monte nativo chaqueño para extraer madera, se agrega el efecto devastador de los desmontes legales que son autorizados a través de procedimientos muy tramposos de cambio de uso de suelos y de los silvospastoriles. En todos los casos, estos mecanismos llevan directamente a “hacer campo”, que se destina al cultivo de la soja transgénica rotada con girasol. De este modo están logrando la expansión de la frontera agropecuaria con tanta intensidad y aceleración que expone al ambiente y a la comunidad a mayores riesgos y daños concretos.
Las chacras clandestinas
Por si fuera insuficiente la decisión institucional del gobierno provincial de autorizar desmontes para “hacer campo”, aumentó notablemente la tala raza clandestina con la misma finalidad, a propósito del evidente guiño político que prospera en gran parte del territorio chaqueño, aún bajo el riesgo de que se infraccione al productor o a la empresa dado que finalmente todo -o casi todo- se arregla, formal o informalmente por vía del dinero. De esta manera vienen derribando montes centenarios, extinguiendo especies de la flora y de la fauna del saldo de la cuña boscosa chaqueña que aún queda en pie.
En el Paraje Tres Naciones, a 20 kilómetros de Tres Isletas, encontramos un “topado” clandestino de más de 35 hectáreas, fácilmente detectable porque se encuentra a tres kilómetros del cruce de la Escuela EGB 411 Soldados Malvinenses. El campo viene precedido de una sucesión que derivó en la partición del predio, con deslindes que encubrieron la tala clandestina.
En la Legua 60 se autorizó un desmonte por un plan de aprovechamiento del cambio de uso del suelo. El propietario es la firma Cuatro Niños SA, supuestamente vinculada a la empresa y a la familia megraproductora que se destaca en la zona porque compró miles de hectáreas en los últimos años en el departamento Maipú. El técnico responsable fue Diego Kalbermatter, a su vez propietario de la empresa que derribó el monte. Se autorizó el desmonte de 568 hectáreas. Además de que se habría derribado una superficie mayor, sobresale que la autorización fue dada por la Oficina Forestal de Pampa del Infierno.
En dos tramos detectamos desmontes de 400 y de 300 hectáreas, aproximadamente. El primero de ellos fue intencionalmente quemado y será chacra en la próxima campaña, mientras que en el segundo ya se sembró el pasto combustible (gatton panic) para el incendio que se provocará después de las primeras heladas. Se agregó otro desmonte, realizado hace pocas semanas utilizándose una topadora que contó con silenciador, con un alcance de 50 hectáreas.
Este campo, del mismo propietario, se ubica en Pampa Solís, frente a la pista de aterrizaje de una mega empresa sojera, que es la única que cuenta con balanza en el lugar”.
Corrientes: el gobernador insiste con Ayuí
Corrientes: el gobernador Colombi insiste con Ayuí
Fecha de Publicación: 04/04/2012
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Corrientes
Colombi decidió recurrir a la Corte Suprema de Justicia, con el argumento de que si el emprendimiento arrocero no se concreta producirá “severos perjuicios a la Provincia y a los potenciales inversores que quieran radicarse en ella”
El gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, volvió a insistir con la construcción de la represa Ayuí Grande, un proyecto millonario que encabeza el vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda. Ahora, Colombi decidió recurrir a la Corte Suprema de Justicia, con el argumento de que si el emprendimiento arrocero no se concreta producirá “severos perjuicios a la Provincia y a los potenciales inversores que quieran radicarse en ella”. Así lo expresó el gobernador en el Decreto Nº 459, publicado el 29 de marzo de 2012 en el Boletín Oficial correntino. Allí se le indicó a la Fiscalía de Estado local “interponer la demanda que considere necesaria a fin de ejercer la defensa de los intereses y derechos de la Provincia, impugnando la resolución Nº1238, de fecha 24 de agosto de 2011, emitida por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”. Ese organismo había concluido que las obras del “Proyecto Productivo Ayuí Grande” resultarían incompatibles con las obligaciones asumidas por la Argentina en el Estatuto del Río Uruguay y en otros acuerdos internacionales. Además, la secretaría sostuvo que la represa podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado Nacional porque traerá un perjuicio sensible al Río Uruguay, al afectar la calidad de sus aguas. Por último, las autoridades concluyeron que también se violaría la Ley General de Ambientes N° 25.675 y la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos N° 26.331.
El proyecto de Aranda, que pretendía adueñarse de un río, inundar 8000 hectáreas y eliminar 130 kilómetros de bosques en galería, contó desde un principio con el aval de Colombi. “No nos vamos a dejar llevar por falsos ambientalistas que lo único que quieren es que nuestra provincia tenga más del 60% de tierras improductivas”, repetía el gobernador cada vez que era consultado sobre el tema.
Enrique Lacour, presidente de la Fundación Iberá, una de las primeras ONG que levantaron su voz para advertir sobre la represa, le dijo a Tiempo Argentino que “es asombroso el lobby explícito que hace Colombi sobre estos proyectos, cuando la Corte ya dijo que la Secretaría de Medio Ambiente tiene competencia en el tema”. Para Lacour, “es inadmisible que un representante del Estado esté a favor de la enajenación del patrimonio público al fomentar la apropiación por parte de privados de un curso de agua que es de todos”.
Fecha de Publicación: 04/04/2012
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Corrientes
Colombi decidió recurrir a la Corte Suprema de Justicia, con el argumento de que si el emprendimiento arrocero no se concreta producirá “severos perjuicios a la Provincia y a los potenciales inversores que quieran radicarse en ella”
El gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, volvió a insistir con la construcción de la represa Ayuí Grande, un proyecto millonario que encabeza el vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda. Ahora, Colombi decidió recurrir a la Corte Suprema de Justicia, con el argumento de que si el emprendimiento arrocero no se concreta producirá “severos perjuicios a la Provincia y a los potenciales inversores que quieran radicarse en ella”. Así lo expresó el gobernador en el Decreto Nº 459, publicado el 29 de marzo de 2012 en el Boletín Oficial correntino. Allí se le indicó a la Fiscalía de Estado local “interponer la demanda que considere necesaria a fin de ejercer la defensa de los intereses y derechos de la Provincia, impugnando la resolución Nº1238, de fecha 24 de agosto de 2011, emitida por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”. Ese organismo había concluido que las obras del “Proyecto Productivo Ayuí Grande” resultarían incompatibles con las obligaciones asumidas por la Argentina en el Estatuto del Río Uruguay y en otros acuerdos internacionales. Además, la secretaría sostuvo que la represa podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado Nacional porque traerá un perjuicio sensible al Río Uruguay, al afectar la calidad de sus aguas. Por último, las autoridades concluyeron que también se violaría la Ley General de Ambientes N° 25.675 y la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos N° 26.331.
El proyecto de Aranda, que pretendía adueñarse de un río, inundar 8000 hectáreas y eliminar 130 kilómetros de bosques en galería, contó desde un principio con el aval de Colombi. “No nos vamos a dejar llevar por falsos ambientalistas que lo único que quieren es que nuestra provincia tenga más del 60% de tierras improductivas”, repetía el gobernador cada vez que era consultado sobre el tema.
Enrique Lacour, presidente de la Fundación Iberá, una de las primeras ONG que levantaron su voz para advertir sobre la represa, le dijo a Tiempo Argentino que “es asombroso el lobby explícito que hace Colombi sobre estos proyectos, cuando la Corte ya dijo que la Secretaría de Medio Ambiente tiene competencia en el tema”. Para Lacour, “es inadmisible que un representante del Estado esté a favor de la enajenación del patrimonio público al fomentar la apropiación por parte de privados de un curso de agua que es de todos”.
Acuerdan creación de polo para curtiembres
Acuerdan creación de polo para curtiembres sureñas
Fecha de Publicación: 03/04/2012
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), firmó junto a 27 curtiembres de la zona sur del Gran Buenos Aires un convenio para la creación de un polo donde se concentren las empresas de ese sector, en un predio de Lanús Oeste ya pactado el año pasado, dentro de un proyecto de reconversión industrial.
Una de las condiciones fue que las empresas reconviertan sus sistemas de tratamiento de residuos líquidos y sólidos según las normas ambientales. Las curtidoras involucradas contarán con 36 meses a partir de la finalización de las obras de infraestructura, para trasladar su producción al nuevo Parque Industrial.
Objeción ambientalista
La creación de un Parque Industrial Curtidor en Lanús, discutida en el Concejo Deliberante y objetada por ambientalistas en cuanto a que se pagará por tierras que ya estaban asignadas hace 20 años para los curtidores sureños, tiene el objetivo concentrar la producción en un predio alejado de los barrios.
En el mismo se prevé un sistema de reconversión y tratamiento de los efluentes industriales sirva para eliminar viejos males a la vera del Riachuelo a la altura del barrio Sadop.
Por su parte, La ACUMAR deberá adecuar el predio para el trabajo de las curtiembres y entregarles la cantidad de metros cuadrados necesarios para funcionar de acuerdo con las normas ambientales.
Avellaneda y Lanús
Asimismo, se realizaron reuniones con la Asociación de Curtidores de Buenos Aires (Acuba) y con funcionarios de Avellaneda y Lanús con el fin de agrupar por actividad a las pequeñas y medianas empresas de cada localidad y trabajar en conjunto en el proceso de recolección del cromo y separación del pelo de los cueros de animales utilizados. También, se encuentra en desarrollo un instrumento que permitirá subsidiar parte de las inversiones para acelerar los procesos del plan de acción.
La iniciativa pretende una solución para el tratamiento de efluentes de las curtiembres. Además, está previsto que con el traslado de curtiembres al Parque Industrial Curtidor y la división entre la zona industrial y el barrio a través la plantación de un bosque se solucione el problema de la convivencia de las empresas con las zonas residenciales.
Fecha de Publicación: 03/04/2012
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), firmó junto a 27 curtiembres de la zona sur del Gran Buenos Aires un convenio para la creación de un polo donde se concentren las empresas de ese sector, en un predio de Lanús Oeste ya pactado el año pasado, dentro de un proyecto de reconversión industrial.
Una de las condiciones fue que las empresas reconviertan sus sistemas de tratamiento de residuos líquidos y sólidos según las normas ambientales. Las curtidoras involucradas contarán con 36 meses a partir de la finalización de las obras de infraestructura, para trasladar su producción al nuevo Parque Industrial.
Objeción ambientalista
La creación de un Parque Industrial Curtidor en Lanús, discutida en el Concejo Deliberante y objetada por ambientalistas en cuanto a que se pagará por tierras que ya estaban asignadas hace 20 años para los curtidores sureños, tiene el objetivo concentrar la producción en un predio alejado de los barrios.
En el mismo se prevé un sistema de reconversión y tratamiento de los efluentes industriales sirva para eliminar viejos males a la vera del Riachuelo a la altura del barrio Sadop.
Por su parte, La ACUMAR deberá adecuar el predio para el trabajo de las curtiembres y entregarles la cantidad de metros cuadrados necesarios para funcionar de acuerdo con las normas ambientales.
Avellaneda y Lanús
Asimismo, se realizaron reuniones con la Asociación de Curtidores de Buenos Aires (Acuba) y con funcionarios de Avellaneda y Lanús con el fin de agrupar por actividad a las pequeñas y medianas empresas de cada localidad y trabajar en conjunto en el proceso de recolección del cromo y separación del pelo de los cueros de animales utilizados. También, se encuentra en desarrollo un instrumento que permitirá subsidiar parte de las inversiones para acelerar los procesos del plan de acción.
La iniciativa pretende una solución para el tratamiento de efluentes de las curtiembres. Además, está previsto que con el traslado de curtiembres al Parque Industrial Curtidor y la división entre la zona industrial y el barrio a través la plantación de un bosque se solucione el problema de la convivencia de las empresas con las zonas residenciales.
El INTA protege a las vicuñas de la extinción
El INTA protege a las vicuñas de la extinción
Fecha de Publicación: 02/04/2012
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
Amparado en leyes nacionales de conservación, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) fomenta el aumento de la población de vicuñas y difunde prácticas de manejo mediante un criadero experimental en Jujuy.
Sus fibras, suaves y muy finas, son codiciadas a escala internacional para la confección de prendas.
Fueron esas exquisitas fibras las que pusieron a la vicuña en peligro de extinción y es el INTA que, mediante un criadero experimental en Abra Pampa, Jujuy, fomenta el aumento sensible de su población de 16 a 1300 animales, con técnicas de manejo y conservación.
Francisco Rigalt, técnico especialista en camélidos del INTA Catamarca, afirmó que “hace 40 años que desde el organismo estudiamos a la especie, se trabaja para aumentar y conservar su población y difundimos técnicas que permitan una producción sustentable y legal de fibras y la disminución de la caza furtiva, que aún existe, a pesar de los controles”.
El técnico destacó la importancia del aporte institucional y se refirió al aumento de la población en el criadero experimental.
“Con gran esfuerzo y dedicación en las últimas décadas pasamos de tener 16 animales a 1300, dijo.
Se trata de un espacio de 400 hectáreas de extensión en el que los animales conservan su hábitat originario, se alimentan a base de especies forrajeras naturales y tienen un manejo mínimo.
Para garantizar el bienestar animal y la consecuente disminución de la tasa de mortandad, los especialistas realizan monitoreo y ajuste permanente de las técnicas aplicadas.
“Los sistemas de producción, tanto en silvestría como en criadero son sustentables en materia económica, ambiental y cultural”, detalló Rigalt y aseguró que es viable el aprovechamiento de la especie mediante su conservación.
En esta línea, Joaquín Müeller, coordinador del programa nacional de fibras animales del INTA, explicó que en los últimos años, el concepto de calidad evolucionó y “el consumidor ya no sólo valora el producto terminado sino que se preocupa por conceptos tales como el bienestar animal, el patrimonio cultural y el impacto ambiental”.
Por su parte, Raúl Orell, coordinador del sendero Valles áridos, quebrada y puna de INTA Expone Región NOA y jefe de la experimental de los Valles Calchaquíes destacó la importancia de esta producción para los habitantes de la Puna.
“Aquí se comercializan directamente las prendas ya confeccionadas, lo que tiene un valor agregado inmejorable ya que además de tratarse de tejidos artesanales, provienen de un animal único en el mundo”, sostuvo.
En este sentido, Müeller avizoró un futuro optimista para el sector: “Hay una tendencia mundial a la revalorización de lo natural frente a lo sintético y artificial, por lo que podemos estimar un panorama positivo para la producción de fibras animales”.
El INTA trabaja con criaderos privados administrados por pequeños productores en Jujuy y Salta que replican las técnicas de manejo difundidas por el organismo.
En Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y La Rioja habitan más de 130 mil vicuñas, de las cuales, por razones de conservación, sólo las ubicadas en Jujuy y Catamarca están autorizadas a escala internacional para producir fibras.
Fecha de Publicación: 02/04/2012
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
Amparado en leyes nacionales de conservación, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) fomenta el aumento de la población de vicuñas y difunde prácticas de manejo mediante un criadero experimental en Jujuy.
Sus fibras, suaves y muy finas, son codiciadas a escala internacional para la confección de prendas.
Fueron esas exquisitas fibras las que pusieron a la vicuña en peligro de extinción y es el INTA que, mediante un criadero experimental en Abra Pampa, Jujuy, fomenta el aumento sensible de su población de 16 a 1300 animales, con técnicas de manejo y conservación.
Francisco Rigalt, técnico especialista en camélidos del INTA Catamarca, afirmó que “hace 40 años que desde el organismo estudiamos a la especie, se trabaja para aumentar y conservar su población y difundimos técnicas que permitan una producción sustentable y legal de fibras y la disminución de la caza furtiva, que aún existe, a pesar de los controles”.
El técnico destacó la importancia del aporte institucional y se refirió al aumento de la población en el criadero experimental.
“Con gran esfuerzo y dedicación en las últimas décadas pasamos de tener 16 animales a 1300, dijo.
Se trata de un espacio de 400 hectáreas de extensión en el que los animales conservan su hábitat originario, se alimentan a base de especies forrajeras naturales y tienen un manejo mínimo.
Para garantizar el bienestar animal y la consecuente disminución de la tasa de mortandad, los especialistas realizan monitoreo y ajuste permanente de las técnicas aplicadas.
“Los sistemas de producción, tanto en silvestría como en criadero son sustentables en materia económica, ambiental y cultural”, detalló Rigalt y aseguró que es viable el aprovechamiento de la especie mediante su conservación.
En esta línea, Joaquín Müeller, coordinador del programa nacional de fibras animales del INTA, explicó que en los últimos años, el concepto de calidad evolucionó y “el consumidor ya no sólo valora el producto terminado sino que se preocupa por conceptos tales como el bienestar animal, el patrimonio cultural y el impacto ambiental”.
Por su parte, Raúl Orell, coordinador del sendero Valles áridos, quebrada y puna de INTA Expone Región NOA y jefe de la experimental de los Valles Calchaquíes destacó la importancia de esta producción para los habitantes de la Puna.
“Aquí se comercializan directamente las prendas ya confeccionadas, lo que tiene un valor agregado inmejorable ya que además de tratarse de tejidos artesanales, provienen de un animal único en el mundo”, sostuvo.
En este sentido, Müeller avizoró un futuro optimista para el sector: “Hay una tendencia mundial a la revalorización de lo natural frente a lo sintético y artificial, por lo que podemos estimar un panorama positivo para la producción de fibras animales”.
El INTA trabaja con criaderos privados administrados por pequeños productores en Jujuy y Salta que replican las técnicas de manejo difundidas por el organismo.
En Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y La Rioja habitan más de 130 mil vicuñas, de las cuales, por razones de conservación, sólo las ubicadas en Jujuy y Catamarca están autorizadas a escala internacional para producir fibras.
Catamarca quiere modificar la Ley de Minería
Catamarca insistirá en la modificación de la Ley de Inversiones Mineras
Fecha de Publicación: 02/04/2012
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Catamarca
La próxima edición del Parlamento del NOA se realizará entre los días 19 y 20 de abril del corriente año con sede en la provincia de Tucumán. Para la oportunidad los representantes de los parlamentos provinciales tienen establecido, dentro de la agenda de temas la minería, el medio ambiente, Malvinas, bicentenarios (del Exodo y de las batallas de Tucumán y Salta) y una mayor integración a través de la red vial.
La próxima edición del Parlamento del NOA se realizará entre los días 19 y 20 de abril del corriente año con sede en la provincia de Tucumán.
Para la oportunidad los representantes de los parlamentos provinciales tienen establecido, dentro de la agenda de temas la minería, el medio ambiente, Malvinas, bicentenarios (del Exodo y de las batallas de Tucumán y Salta) y una mayor integración a través de la red vial.
Desde la provincia de Catamarca, los representantes del legislativos en el Parlamento del NOA anticiparon que insitirán con el pedido de modificación del artículo 23 de la Ley Nº 24.196 de Inversiones Mineras.
El presidente del bloque de Senadores del Frente Cívico y Social e integrante del plenario que reúne a seis provincias del norte argentino, Jorge Agüero, elevó al presidente del mismo, el vicegobernador santiagueño Ángel Nicolai, un proyecto de resolución para ser tratado en esta nueva sesión.
En éste se insta a los legisladores nacionales representantes de las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja, a promover la modificación del artículo antes mencionado a fin de establecer la obligatoriedad de inversión y ejecución de la previsión especial determinada por dicha norma, en el año que ésta previsión sea fijada.
La iniciativa reitera lo aprobado por el Parlamento del NOA el 10 de junio del año pasado, precisamente durante el plenario efectuado en Catamarca. Agüero sostiene en la fundamentación que en virtud de “los actuales sucesos acecidos en torno a la actividad minera a lo largo y ancho del país, que en algunos casos ha tenido expresiones y actos de violencia, se hace necesario y urgente la intervención de las provincias que integran el parlamento”. Promueve además el diálogo en este sentido entre el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, con sus pares provinciales.
Fecha de Publicación: 02/04/2012
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Catamarca
La próxima edición del Parlamento del NOA se realizará entre los días 19 y 20 de abril del corriente año con sede en la provincia de Tucumán. Para la oportunidad los representantes de los parlamentos provinciales tienen establecido, dentro de la agenda de temas la minería, el medio ambiente, Malvinas, bicentenarios (del Exodo y de las batallas de Tucumán y Salta) y una mayor integración a través de la red vial.
La próxima edición del Parlamento del NOA se realizará entre los días 19 y 20 de abril del corriente año con sede en la provincia de Tucumán.
Para la oportunidad los representantes de los parlamentos provinciales tienen establecido, dentro de la agenda de temas la minería, el medio ambiente, Malvinas, bicentenarios (del Exodo y de las batallas de Tucumán y Salta) y una mayor integración a través de la red vial.
Desde la provincia de Catamarca, los representantes del legislativos en el Parlamento del NOA anticiparon que insitirán con el pedido de modificación del artículo 23 de la Ley Nº 24.196 de Inversiones Mineras.
El presidente del bloque de Senadores del Frente Cívico y Social e integrante del plenario que reúne a seis provincias del norte argentino, Jorge Agüero, elevó al presidente del mismo, el vicegobernador santiagueño Ángel Nicolai, un proyecto de resolución para ser tratado en esta nueva sesión.
En éste se insta a los legisladores nacionales representantes de las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja, a promover la modificación del artículo antes mencionado a fin de establecer la obligatoriedad de inversión y ejecución de la previsión especial determinada por dicha norma, en el año que ésta previsión sea fijada.
La iniciativa reitera lo aprobado por el Parlamento del NOA el 10 de junio del año pasado, precisamente durante el plenario efectuado en Catamarca. Agüero sostiene en la fundamentación que en virtud de “los actuales sucesos acecidos en torno a la actividad minera a lo largo y ancho del país, que en algunos casos ha tenido expresiones y actos de violencia, se hace necesario y urgente la intervención de las provincias que integran el parlamento”. Promueve además el diálogo en este sentido entre el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, con sus pares provinciales.
Los recursos son de todos
Los recursos son de todos
Fecha de Publicación: 01/04/2012
Fuente: Página/12 - Por Marcos Rebasa - Especialista en servicios públicos y energía
Provincia/Región: Nacional
Se atribuye a las provincias la propiedad de los recursos naturales en base al artículo 124 de la Constitución Nacional. El especialista Marcos Rebasa argumenta que esa idea es un error de interpretación.
Una afirmación constante ante la opinión pública, difundida además por funcionarios y comentaristas de diversas disciplinas, atribuye a las provincias la propiedad de los recursos naturales. Como ratificación de la idea se recurre a la Constitución nacional para respaldar ese aserto. Pues bien, eso es un error, un equívoco de buena fe en la mayor parte de los casos, producto de una lectura parcial y simplista de un texto constitucional que es rico en novedades y afirmaciones sobre los recursos naturales, a partir de la reforma del ’94. Texto nuevo que en ningún momento establece esa propiedad en cabeza de las provincias. Aparte del absurdo que supondría la propiedad de esos recursos fragmentada en 25 soberanías, nuestra Constitución no dice eso.
El gran aporte sobre los recursos naturales de la reforma reside en el artículo 41, del capítulo “Nuevos derechos y garantías”, que ha sido uno de los principales logros de los constituyentes. Dicha norma sienta dos principios centrales, que condicionan el aprovechamiento de los recursos naturales, y que corresponden a los nuevos derechos y garantías de los habitantes de la nación: 1) El respeto a un uso sustentable de las actividades productivas, y 2) el uso racional de esos recursos. La facultad para legislar sobre estas dos calidades en el tratamiento de esos recursos corresponde al Congreso nacional, es una facultad federal respecto de los presupuestos mínimos para resguardar la sustentabilidad y la racionalidad en su explotación, que las provincias pueden complementar, siendo más exigentes en los requisitos, nunca más permisivos.
Luego tenemos la mención complementaria del artículo 75 inciso 17 y las definiciones de los incisos 18 y 19 de ese mismo artículo constitucional. El 17 exige la consulta de los pueblos originarios en la gestión de los recursos naturales. El 18 establece las facultades nacionales para proveer al progreso y ha sido considerado habitualmente como el que habilita a la Nación a promover el bienestar general. La reforma ha agregado a esa facultad federal para intervenir en el desarrollo de la economía, el nuevo inciso 19, que promueve la redistribución de los beneficios de esos recursos, de todos ellos, entre las regiones del país, es decir entre todos los habitantes. Esta cláusula también es de una novedad central, ya que alienta el reparto equitativo de las riquezas. Y finalmente, en el capítulo dedicado a las provincias, en el artículo 124 y al término del mismo, la frase que ha sido mal interpretada: ... “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
El dominio originario, concepto que proviene del derecho minero, también conocido como dominio eminente, está referido a la soberanía estatal sobre el territorio. No está vinculado con la propiedad de los recursos. Es la facultad para gestionarlos en beneficio de la comunidad, del conjunto social, dictando la legislación particular para cada provincia que se considere conveniente, en forma complementaria y supeditada a la legislación nacional que compete al Congreso nacional sobre el conjunto de los recursos, y a las facultades de la Nación para ejercer la jurisdicción sobre los mismos, cuando así también corresponda. Observemos que el texto constitucional dice “corresponde” a las provincias. No dice “pertenece” a las provincias. El dominio originario no atribuye propiedad, sino derechos a ejercer la legislación y regulación particular y específica. Si no fuera así el recurso natural suelo sería hoy propiedad de cada una de las provincias, lo cual es un absurdo con sólo enunciarlo.
Esas facultades federales mencionadas son válidas en relación con todos los recursos naturales en general. Pero con respecto a la minería y a los hidrocarburos en particular, la Constitución nacional es terminante: las provincias delegan la legislación sobre esos recursos en la Nación, en el Congreso nacional, por el artículo 75 inciso 12. Por ello la interpretación lógica y coherente de estas cláusulas de la norma fundamental implica facultades federales para legislar en general sobre los recursos naturales, y la jurisdicción para controlar su cumplimiento, con los límites del artículo 41 mencionado.
Esto dice nuestra Constitución, a la cual deben remitirse las leyes tanto nacionales como provinciales, así como las autoridades en sus respectivas responsabilidades. Podríamos interrogarnos entonces a quién pertenece la propiedad de los recursos naturales. Si bien la Constitución no se expide al respecto, depende del carácter y condiciones de cada recurso, y con la excepción mencionada no queda duda de que a todos los habitantes de la Nación argentina. Conclusión que está avalada por la doctrina sobre estos recursos que los incluye en el concepto de dominio colectivo, como un nuevo paradigma entre lo público y lo privado, sobre aquellos bienes que pertenecen al común, a la sociedad, y que hoy plantea también la doctrina internacional sobre los bienes comunes
Fecha de Publicación: 01/04/2012
Fuente: Página/12 - Por Marcos Rebasa - Especialista en servicios públicos y energía
Provincia/Región: Nacional
Se atribuye a las provincias la propiedad de los recursos naturales en base al artículo 124 de la Constitución Nacional. El especialista Marcos Rebasa argumenta que esa idea es un error de interpretación.
Una afirmación constante ante la opinión pública, difundida además por funcionarios y comentaristas de diversas disciplinas, atribuye a las provincias la propiedad de los recursos naturales. Como ratificación de la idea se recurre a la Constitución nacional para respaldar ese aserto. Pues bien, eso es un error, un equívoco de buena fe en la mayor parte de los casos, producto de una lectura parcial y simplista de un texto constitucional que es rico en novedades y afirmaciones sobre los recursos naturales, a partir de la reforma del ’94. Texto nuevo que en ningún momento establece esa propiedad en cabeza de las provincias. Aparte del absurdo que supondría la propiedad de esos recursos fragmentada en 25 soberanías, nuestra Constitución no dice eso.
El gran aporte sobre los recursos naturales de la reforma reside en el artículo 41, del capítulo “Nuevos derechos y garantías”, que ha sido uno de los principales logros de los constituyentes. Dicha norma sienta dos principios centrales, que condicionan el aprovechamiento de los recursos naturales, y que corresponden a los nuevos derechos y garantías de los habitantes de la nación: 1) El respeto a un uso sustentable de las actividades productivas, y 2) el uso racional de esos recursos. La facultad para legislar sobre estas dos calidades en el tratamiento de esos recursos corresponde al Congreso nacional, es una facultad federal respecto de los presupuestos mínimos para resguardar la sustentabilidad y la racionalidad en su explotación, que las provincias pueden complementar, siendo más exigentes en los requisitos, nunca más permisivos.
Luego tenemos la mención complementaria del artículo 75 inciso 17 y las definiciones de los incisos 18 y 19 de ese mismo artículo constitucional. El 17 exige la consulta de los pueblos originarios en la gestión de los recursos naturales. El 18 establece las facultades nacionales para proveer al progreso y ha sido considerado habitualmente como el que habilita a la Nación a promover el bienestar general. La reforma ha agregado a esa facultad federal para intervenir en el desarrollo de la economía, el nuevo inciso 19, que promueve la redistribución de los beneficios de esos recursos, de todos ellos, entre las regiones del país, es decir entre todos los habitantes. Esta cláusula también es de una novedad central, ya que alienta el reparto equitativo de las riquezas. Y finalmente, en el capítulo dedicado a las provincias, en el artículo 124 y al término del mismo, la frase que ha sido mal interpretada: ... “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
El dominio originario, concepto que proviene del derecho minero, también conocido como dominio eminente, está referido a la soberanía estatal sobre el territorio. No está vinculado con la propiedad de los recursos. Es la facultad para gestionarlos en beneficio de la comunidad, del conjunto social, dictando la legislación particular para cada provincia que se considere conveniente, en forma complementaria y supeditada a la legislación nacional que compete al Congreso nacional sobre el conjunto de los recursos, y a las facultades de la Nación para ejercer la jurisdicción sobre los mismos, cuando así también corresponda. Observemos que el texto constitucional dice “corresponde” a las provincias. No dice “pertenece” a las provincias. El dominio originario no atribuye propiedad, sino derechos a ejercer la legislación y regulación particular y específica. Si no fuera así el recurso natural suelo sería hoy propiedad de cada una de las provincias, lo cual es un absurdo con sólo enunciarlo.
Esas facultades federales mencionadas son válidas en relación con todos los recursos naturales en general. Pero con respecto a la minería y a los hidrocarburos en particular, la Constitución nacional es terminante: las provincias delegan la legislación sobre esos recursos en la Nación, en el Congreso nacional, por el artículo 75 inciso 12. Por ello la interpretación lógica y coherente de estas cláusulas de la norma fundamental implica facultades federales para legislar en general sobre los recursos naturales, y la jurisdicción para controlar su cumplimiento, con los límites del artículo 41 mencionado.
Esto dice nuestra Constitución, a la cual deben remitirse las leyes tanto nacionales como provinciales, así como las autoridades en sus respectivas responsabilidades. Podríamos interrogarnos entonces a quién pertenece la propiedad de los recursos naturales. Si bien la Constitución no se expide al respecto, depende del carácter y condiciones de cada recurso, y con la excepción mencionada no queda duda de que a todos los habitantes de la Nación argentina. Conclusión que está avalada por la doctrina sobre estos recursos que los incluye en el concepto de dominio colectivo, como un nuevo paradigma entre lo público y lo privado, sobre aquellos bienes que pertenecen al común, a la sociedad, y que hoy plantea también la doctrina internacional sobre los bienes comunes
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