Minería: Derecho a decidir
19:03 | 
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Derecho a decidir
Fecha de Publicación: 19/03/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Los megaproyectos mineros pasaron de 18 en 2002 a más de 600 en 2011, representando en la actualidad el 5 por ciento del PBI. Para preservar el medio ambiente, los desarrollistas proponen incrementar los controles y los ambientalistas, prohibir la megaminería.
En 1993 se sancionó la Ley de Inversiones Mineras que, contando con el apoyo de casi todo el arco político, establecía grandes beneficios a las transnacionales: congelamiento de la carga tributaria por 30 años, deducción del 100 por ciento de la inversión en el impuesto a las Ganancias, exención del pago de los derechos de importación, límite del 3 por ciento para el cobro de regalías provinciales, entre otros. “Esta es una de las maneras de poner en marcha la soberanía de un país a partir de, entre otras cosas, su potencial económico: inversión, explotación, son el abc en el mundo actual para el crecimiento de los pueblos. [...] Argentina les abre las puertas a todos aquellos hombres de bien y a todas las empresas que quieran venir a ayudarnos a construir una patria grande y hacer la felicidad del pueblo”, decía entonces el ex presidente Carlos Menem.
El nuevo marco jurídico junto con las nuevas tecnologías y la devaluación favorecieron la apertura de varios megaproyectos mineros, que pasaron de 18 en 2002 a más de 600 en 2011. La minería pasó del 0,22 por ciento del PIB en 1990, al 5 por ciento en la actualidad. Los gobiernos posteriores celebraron la política minera menemista. Durante la presentación del Plan Minero Nacional en 2004, Néstor Kirchner sostuvo que “el sector minero argentino es uno de los pocos que durante la década del ’90, con cambios importantes en la legislación, empezó a tener un principio y un punto de inflexión que le permitió avizorar un destino estratégico diferente. [...] Más allá de una legislación que nosotros estimamos fue positiva, que ayudó, evidentemente hoy estamos ante una posibilidad concreta de consolidar el proceso de inversión y de desarrollo minero [...] todo lo que ayude al sector y ustedes como empresarios vean como una perspectiva clara de incentivar la inversión y crean que esa inversión se puede incentivar con determinadas medidas que podemos conversar, estamos absolutamente dispuestos a escuchar...”.
Pero hoy las asambleas lograron instalar el tema en la opinión pública, gracias a la perseverancia como a las redes que han construido. Un ejemplo es la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), un espacio de encuentro que se organiza tres veces al año en distintos lugares del país en el que confluyen más de 250 asambleas, colectivos y organizaciones sociales de distintos territorios unidos bajo el lema: “Sí a la vida, contra el saqueo y la contaminación”, donde se debate y decide en comisiones y plenarios por consenso. La UAC, nacida en 2006, fue tomando varias problemáticas en conflicto: megaminería, pasteras, petroleras, deforestación de bosques y destrucción de humedales, expropiación de territorios a comunidades originarias, agrotóxicos, represas, contaminación urbano industrial, incluyendo lo cultural-comunicacional.
En otros espacios, ante este debate existen distintas posturas críticas. Algunas focalizan en el carácter foráneo de las empresas. Su solución sería que el Estado o los capitales nacionales se encarguen de esta producción. Otras posturas hacen hincapié en lo poco que dejan estas empresas y la solución, en este caso, sería cobrarles más retenciones o regalías. Ambos argumentos se basan en datos reales. Según un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, sólo el 18 por ciento de las mineras en la Argentina son de capitales “nacionales”. Entre 2002 y 2004, del total producido en el país en oro, plata y cobre, se exportó el 98, 97 y el 82 por ciento, respectivamente. Por otra parte, mientras la producción creció más de 600 por ciento, el empleo pasó de 9718 asalariados en 2003, a 20.999 en 2010. Cifras menores a los 500 mil empleos directos e indirectos que afirma el secretario de Minería. Además, la cantidad de empleo generado por la megaminería se concentra en los primeros años de la actividad. Por ejemplo, Minera Alumbrera contrató 6 mil trabajadores en la etapa de construcción, pero disminuyó a 1165 puestos en 2005. Por último, se encuentra el planteo centrado en la extracción y contaminación del agua, recurso no renovable. Según el hidrogeólogo Fernando Díaz, perito de la Corte Suprema de Justicia, los drenajes ácidos de esta actividad, afectan las aguas superficiales y las subterráneas, siendo imposible de evitar. Y asegura también que la megaminería reduce los caudales de un río, pudiendo eliminar los cursos de agua.
No obstante los fundamentos de estas críticas, podemos plantearnos qué es lo que hoy está realmente en cuestión: si se aumentan las retenciones, si se impulsa que estos emprendimientos sean llevados a cabo por capitales nacionales, si se multa por contaminar, o el debate es más profundo y reside en quiénes tienen derecho a decidir. En Esquel, en 2003, a pesar del 40 por ciento de desocupación de aquel momento y las promesas de empleo de la minera, el 81 por ciento de la población dijo “No a la megaminería”.
Por Laura Alvarez - Investigadora becaria del Conicet - Unqui - Licenciada en Ciencia Política (UBA)
Fecha de Publicación: 19/03/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Los megaproyectos mineros pasaron de 18 en 2002 a más de 600 en 2011, representando en la actualidad el 5 por ciento del PBI. Para preservar el medio ambiente, los desarrollistas proponen incrementar los controles y los ambientalistas, prohibir la megaminería.
En 1993 se sancionó la Ley de Inversiones Mineras que, contando con el apoyo de casi todo el arco político, establecía grandes beneficios a las transnacionales: congelamiento de la carga tributaria por 30 años, deducción del 100 por ciento de la inversión en el impuesto a las Ganancias, exención del pago de los derechos de importación, límite del 3 por ciento para el cobro de regalías provinciales, entre otros. “Esta es una de las maneras de poner en marcha la soberanía de un país a partir de, entre otras cosas, su potencial económico: inversión, explotación, son el abc en el mundo actual para el crecimiento de los pueblos. [...] Argentina les abre las puertas a todos aquellos hombres de bien y a todas las empresas que quieran venir a ayudarnos a construir una patria grande y hacer la felicidad del pueblo”, decía entonces el ex presidente Carlos Menem.
El nuevo marco jurídico junto con las nuevas tecnologías y la devaluación favorecieron la apertura de varios megaproyectos mineros, que pasaron de 18 en 2002 a más de 600 en 2011. La minería pasó del 0,22 por ciento del PIB en 1990, al 5 por ciento en la actualidad. Los gobiernos posteriores celebraron la política minera menemista. Durante la presentación del Plan Minero Nacional en 2004, Néstor Kirchner sostuvo que “el sector minero argentino es uno de los pocos que durante la década del ’90, con cambios importantes en la legislación, empezó a tener un principio y un punto de inflexión que le permitió avizorar un destino estratégico diferente. [...] Más allá de una legislación que nosotros estimamos fue positiva, que ayudó, evidentemente hoy estamos ante una posibilidad concreta de consolidar el proceso de inversión y de desarrollo minero [...] todo lo que ayude al sector y ustedes como empresarios vean como una perspectiva clara de incentivar la inversión y crean que esa inversión se puede incentivar con determinadas medidas que podemos conversar, estamos absolutamente dispuestos a escuchar...”.
Pero hoy las asambleas lograron instalar el tema en la opinión pública, gracias a la perseverancia como a las redes que han construido. Un ejemplo es la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), un espacio de encuentro que se organiza tres veces al año en distintos lugares del país en el que confluyen más de 250 asambleas, colectivos y organizaciones sociales de distintos territorios unidos bajo el lema: “Sí a la vida, contra el saqueo y la contaminación”, donde se debate y decide en comisiones y plenarios por consenso. La UAC, nacida en 2006, fue tomando varias problemáticas en conflicto: megaminería, pasteras, petroleras, deforestación de bosques y destrucción de humedales, expropiación de territorios a comunidades originarias, agrotóxicos, represas, contaminación urbano industrial, incluyendo lo cultural-comunicacional.
En otros espacios, ante este debate existen distintas posturas críticas. Algunas focalizan en el carácter foráneo de las empresas. Su solución sería que el Estado o los capitales nacionales se encarguen de esta producción. Otras posturas hacen hincapié en lo poco que dejan estas empresas y la solución, en este caso, sería cobrarles más retenciones o regalías. Ambos argumentos se basan en datos reales. Según un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, sólo el 18 por ciento de las mineras en la Argentina son de capitales “nacionales”. Entre 2002 y 2004, del total producido en el país en oro, plata y cobre, se exportó el 98, 97 y el 82 por ciento, respectivamente. Por otra parte, mientras la producción creció más de 600 por ciento, el empleo pasó de 9718 asalariados en 2003, a 20.999 en 2010. Cifras menores a los 500 mil empleos directos e indirectos que afirma el secretario de Minería. Además, la cantidad de empleo generado por la megaminería se concentra en los primeros años de la actividad. Por ejemplo, Minera Alumbrera contrató 6 mil trabajadores en la etapa de construcción, pero disminuyó a 1165 puestos en 2005. Por último, se encuentra el planteo centrado en la extracción y contaminación del agua, recurso no renovable. Según el hidrogeólogo Fernando Díaz, perito de la Corte Suprema de Justicia, los drenajes ácidos de esta actividad, afectan las aguas superficiales y las subterráneas, siendo imposible de evitar. Y asegura también que la megaminería reduce los caudales de un río, pudiendo eliminar los cursos de agua.
No obstante los fundamentos de estas críticas, podemos plantearnos qué es lo que hoy está realmente en cuestión: si se aumentan las retenciones, si se impulsa que estos emprendimientos sean llevados a cabo por capitales nacionales, si se multa por contaminar, o el debate es más profundo y reside en quiénes tienen derecho a decidir. En Esquel, en 2003, a pesar del 40 por ciento de desocupación de aquel momento y las promesas de empleo de la minera, el 81 por ciento de la población dijo “No a la megaminería”.
Por Laura Alvarez - Investigadora becaria del Conicet - Unqui - Licenciada en Ciencia Política (UBA)
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Asambleístas enfrentan una demanda civil
Asambleístas de Gualeguaychú enfrentan una demanda civil por 680 mil pesos
Fecha de Publicación: 18/03/2012
Fuente: La Calle On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
Integrantes de la Asamblea Ambiental enfrentan una demanda civil por el accidente fatal de un motociclista ocurrido en abril de 2009, en el lugar donde se realizaba el corte sobre la Ruta 136, en el marco de la protesta contra Botnia-UPM.
Así lo reveló Luis Leissa, uno de los abogados de la Asamblea de Gualeguaychú, quien defendió a los vecinos asambleístas al manifestar que “gente que no tenía ninguna participación política, que solamente defendía el medio ambiente, hoy se ve involucrada en una demanda civil y también en una causa penal”. El motociclista Walter Maulucci, de 32 años, murió luego de chocar contra un acoplado que cortaba la ruta internacional 136 en la noche del domingo 26 de abril de 2009, cuando se dirigía desde la ciudad uruguaya de Fray Bentos hacia Gualeguaychú. Leissa dijo que el reclamo judicial “hace mella en la voluntad de la gente”, en tanto decenas de asambleístas debieron declarar ante el juzgado Federal de Concepción del Uruguay por los cortes de ruta y las movilizaciones en las carreteras. “Esta persecución que hubo hacia los asambleístas jugó un papel de mellar el ánimo y la participación de la gente. Porque muchos vecinos se vieron involucrados en causas criminales o como ahora, en esta demanda civil. Son cinco ambientalistas a los que la madre de Maulucci les inició una demanda por 680 mil pesos”, explicó Leissa. Leissa dijo que “hay una decisión firme del gobierno por acallar el reclamo de Botnia (Orión)”. En declaraciones a FM La Plaza de Paraná, el abogado dijo que pese a todo, la Asamblea trabaja en la organización de la octava marcha al puente internacional General San Martín para el domingo 29 de abril. “La sociedad continúa trabajando para que el reclamo no quede en el olvido, por eso, entre otras cosas, se está organizando para el 29 de abril la octava marcha y abrazo al río en defensa del medioambiente”, señaló. Subrayó que “más allá de que hoy hay otro escenario muy distinto a años atrás, la sociedad sigue trabajando para continuar con el reclamo y para que esta lucha no quede en el olvido”. Leissa recordó que “el gobierno dijo que se iba a poner una pantalla gigante para que informara en tiempo real cuál era el resultado de los controles que se hacía en Botnia, en el marco del cumplimiento del fallo de La Haya, pero no se hizo nada. Esto se anunció por parte del canciller Héctor Timerman y en presencia del gobernador Sergio Urribarri y del intendente (de Gualeguaychú) Juan José Bahillo, pero todo quedó en la nada”. Tambien criticó la “parsimonia” con la que actúa la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), ya que “ni siquiera está cumpliendo con el monitoreo constante que se tenía que hacer en Botnia”.
Fecha de Publicación: 18/03/2012
Fuente: La Calle On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
Integrantes de la Asamblea Ambiental enfrentan una demanda civil por el accidente fatal de un motociclista ocurrido en abril de 2009, en el lugar donde se realizaba el corte sobre la Ruta 136, en el marco de la protesta contra Botnia-UPM.
Así lo reveló Luis Leissa, uno de los abogados de la Asamblea de Gualeguaychú, quien defendió a los vecinos asambleístas al manifestar que “gente que no tenía ninguna participación política, que solamente defendía el medio ambiente, hoy se ve involucrada en una demanda civil y también en una causa penal”. El motociclista Walter Maulucci, de 32 años, murió luego de chocar contra un acoplado que cortaba la ruta internacional 136 en la noche del domingo 26 de abril de 2009, cuando se dirigía desde la ciudad uruguaya de Fray Bentos hacia Gualeguaychú. Leissa dijo que el reclamo judicial “hace mella en la voluntad de la gente”, en tanto decenas de asambleístas debieron declarar ante el juzgado Federal de Concepción del Uruguay por los cortes de ruta y las movilizaciones en las carreteras. “Esta persecución que hubo hacia los asambleístas jugó un papel de mellar el ánimo y la participación de la gente. Porque muchos vecinos se vieron involucrados en causas criminales o como ahora, en esta demanda civil. Son cinco ambientalistas a los que la madre de Maulucci les inició una demanda por 680 mil pesos”, explicó Leissa. Leissa dijo que “hay una decisión firme del gobierno por acallar el reclamo de Botnia (Orión)”. En declaraciones a FM La Plaza de Paraná, el abogado dijo que pese a todo, la Asamblea trabaja en la organización de la octava marcha al puente internacional General San Martín para el domingo 29 de abril. “La sociedad continúa trabajando para que el reclamo no quede en el olvido, por eso, entre otras cosas, se está organizando para el 29 de abril la octava marcha y abrazo al río en defensa del medioambiente”, señaló. Subrayó que “más allá de que hoy hay otro escenario muy distinto a años atrás, la sociedad sigue trabajando para continuar con el reclamo y para que esta lucha no quede en el olvido”. Leissa recordó que “el gobierno dijo que se iba a poner una pantalla gigante para que informara en tiempo real cuál era el resultado de los controles que se hacía en Botnia, en el marco del cumplimiento del fallo de La Haya, pero no se hizo nada. Esto se anunció por parte del canciller Héctor Timerman y en presencia del gobernador Sergio Urribarri y del intendente (de Gualeguaychú) Juan José Bahillo, pero todo quedó en la nada”. Tambien criticó la “parsimonia” con la que actúa la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), ya que “ni siquiera está cumpliendo con el monitoreo constante que se tenía que hacer en Botnia”.
Agroquímicos: Chaco presentó nuevo proyecto
Agroquímicos: ingresó proyecto que fija límites para las fumigaciones
Fecha de Publicación: 18/03/2012
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
La iniciativa es casi idéntica a la elaborada por la comisión de Agricultura en 2011, pero incorpora límite para las pulverizaciones terrestres y áreas de 500 y 1000 metros, respectivamente. Fija al Ministerio de Planificación y Ambiente como autoridad
El Poder Ejecutivo entiende que para “fortalecer su rol de resguardo ambiental y desarrollo sustentable”, que implican el impacto de las actividades productivas agrícolas en la Provincia, es necesario “mejorar la actual ley de Biocidas (3378) y además poseer la potestad de ejercer la autoridad de aplicación de la misma”.
Fundamenta la medida y así lo expone en la necesidad de “unificar la fiscalización de las leyes de Residuos Peligrosos (Ley 3936) y de Biocidas”, debido a que poseen una estrecha relación, “en legislar y ordenar los envases de agroquímicos (considerados residuos peligrosos)”.
Además de “acatar lo expresado por el pueblo del Chaco, en las dos audiencias públicas realizadas en el Recinto de la Cámara de Diputados (septiembre de 2011), donde solicitan un mayor control de la actividad agrícola por parte del Poder Ejecutivo” y explicitar en el cuerpo de la ley las “distancias de resguardo de las poblaciones respecto de las aplicaciones terrestres y/o aéreas de productos agroquímicos”
También considera los aportes que presentan los proyectos de ley 391/09 y 492/11, presentados por la diputada María Cristina Barrios y el diputado Carlos Martínez, respectivamente.
En otro punto y como argumento se considera la certificación obligatoria de un “Protocolo de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA Chaco)”, firmado por un responsable técnico (Ingeniero Agrónomo o título equivalente) y avalado institucionalmente por el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos (CPIACH) y “la necesidad de registrar y verificar técnicamente el funcionamiento de todos los equipos de aplicación terrestre”, no sólo los inscriptos como servicios comerciales de aplicación terrestre, sino la de todos los productores agrícolas de la provincia y “tomar como base el proyecto de ley del bloque oficialista (consensuado con los Asesores Técnicos)".
Se plantea “unificar el organismo de aplicación para el ordenamiento de las actividades productivas que mayor impacto en el ambiente produzcan, en el marco de las competencias del Ministerio de Planificación y Ambiente”.
Fecha de Publicación: 18/03/2012
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
La iniciativa es casi idéntica a la elaborada por la comisión de Agricultura en 2011, pero incorpora límite para las pulverizaciones terrestres y áreas de 500 y 1000 metros, respectivamente. Fija al Ministerio de Planificación y Ambiente como autoridad
El Poder Ejecutivo entiende que para “fortalecer su rol de resguardo ambiental y desarrollo sustentable”, que implican el impacto de las actividades productivas agrícolas en la Provincia, es necesario “mejorar la actual ley de Biocidas (3378) y además poseer la potestad de ejercer la autoridad de aplicación de la misma”.
Fundamenta la medida y así lo expone en la necesidad de “unificar la fiscalización de las leyes de Residuos Peligrosos (Ley 3936) y de Biocidas”, debido a que poseen una estrecha relación, “en legislar y ordenar los envases de agroquímicos (considerados residuos peligrosos)”.
Además de “acatar lo expresado por el pueblo del Chaco, en las dos audiencias públicas realizadas en el Recinto de la Cámara de Diputados (septiembre de 2011), donde solicitan un mayor control de la actividad agrícola por parte del Poder Ejecutivo” y explicitar en el cuerpo de la ley las “distancias de resguardo de las poblaciones respecto de las aplicaciones terrestres y/o aéreas de productos agroquímicos”
También considera los aportes que presentan los proyectos de ley 391/09 y 492/11, presentados por la diputada María Cristina Barrios y el diputado Carlos Martínez, respectivamente.
En otro punto y como argumento se considera la certificación obligatoria de un “Protocolo de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA Chaco)”, firmado por un responsable técnico (Ingeniero Agrónomo o título equivalente) y avalado institucionalmente por el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos (CPIACH) y “la necesidad de registrar y verificar técnicamente el funcionamiento de todos los equipos de aplicación terrestre”, no sólo los inscriptos como servicios comerciales de aplicación terrestre, sino la de todos los productores agrícolas de la provincia y “tomar como base el proyecto de ley del bloque oficialista (consensuado con los Asesores Técnicos)".
Se plantea “unificar el organismo de aplicación para el ordenamiento de las actividades productivas que mayor impacto en el ambiente produzcan, en el marco de las competencias del Ministerio de Planificación y Ambiente”.
El Río Hondo, amenazado por la vinaza
El Río Hondo, amenazado por la vinaza
Fecha de Publicación: 17/03/2012
Fuente: Blog Ecológico La Nación
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Terminaron las cumbres sobre el agua y se acerca la celebración del Día Mundial que instauró la ONU, sin embargo, en los ingenios tucumanos todavía no se percataron de la importancia de no contaminar el líquido vital. Según publicó el diario El Liberal la semana pasada, hay unos 1.000 millones de litros de vinaza acumulados en los ingenios tucumanos que amenazan la sustentabilidad al ser liberados según denuncian vecinos de las ciudades de la misma provincia, Bella Vista y Concepción.
Los ingenios Bella Vista y el Corona, arrojaron millones de litros de vinaza a canales que desembocan en cursos hídricos que alimentan el embalse Río Hondo. También advirtieron que este año continuarán con estas maniobras ya que no advierten que se hayan realizado obras para evitar el impacto ambiental, pese a que la Secretaría de Ambiente de Nación otrogó amplias facilidades a los mismos.
La vinaza, desecho que se genera durante la elaboración de etanol con la melaza de la caña de azúcar, representa el principal problema de contaminación de la cuenca Salí Dulce, de la que también forma parte la provincia de Santiago del Estero.
Como para darse una idea de la magnitid del problema, se calcula que este año se producirán cerca de 200 millones de litros de etanol y por cada litro de este biocombustible se generan 13 de vinaza, lo que da cuenta que en la presente zafra se generarán 2.600.000.000 millones de litro del residuo industrial, lo que pone en peligro el ecosistema de la cuenca si no se toman las medidas para evitar vuelcos en ríos y arroyos que tributan al lago.
Son 15 los ingenios que hay en Tucumán, todos están denunciados por contaminar, pero particularmente son 10 los que elaboran etanol, el más importante es La Florida, que este año tiene un cupo de producción de 50 millones de litros del biocombustible y que durante el año pasado fue clausurado de manera provisoria, por vuelcos de desechos a un curso de agua que tributa al lago Río Hondo.
Las consecuencias de esta contaminación son trágicas. En enero, un niño tucumano Braian Maidana sufrió quemaduras graves en sus piernas y manos al tomar contacto con la vinaza. Está internado aún en el Hospital de Niños de Tucumán. Sus padres iniciaron una demanda penal contra el ingenio Marapa.
Ante esta situación, la Secretaría de Ambiente de la Nación obligó a los ingenios a presentar un plan de saneamiento llamado Vinaza 0 y se declaró “garante” del fin de la contaminación. Sin embargo, por ahora los avances no se perciben. Sólo el año pasado la Justicia Federal de Tucumán procesó a 14 empresarios de esa provincia: dueños de citrícolas, frigoríficos, ingenios, papelera y del basural, por la contaminación de la Cuenca Salí-Dulce en violación a la ley de Residuos Peligrosos.
Cabe recordar que las primeras denuncias por contaminación comenzaron en 1996. Desde ese momento se produjeron periódicamente, grandes mortandades de peces que se descubrieron en el lago Río Hondo; la más terrible fue la del 29 y 30 de noviembre de 2011 en la que aparecieron 30 toneladas de peces muertos, muchos de ellos hembras que estaban a punto de desovar. En esa oportunidad, casi todo el lago quedó sin oxígeno.
Fecha de Publicación: 17/03/2012
Fuente: Blog Ecológico La Nación
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Terminaron las cumbres sobre el agua y se acerca la celebración del Día Mundial que instauró la ONU, sin embargo, en los ingenios tucumanos todavía no se percataron de la importancia de no contaminar el líquido vital. Según publicó el diario El Liberal la semana pasada, hay unos 1.000 millones de litros de vinaza acumulados en los ingenios tucumanos que amenazan la sustentabilidad al ser liberados según denuncian vecinos de las ciudades de la misma provincia, Bella Vista y Concepción.
Los ingenios Bella Vista y el Corona, arrojaron millones de litros de vinaza a canales que desembocan en cursos hídricos que alimentan el embalse Río Hondo. También advirtieron que este año continuarán con estas maniobras ya que no advierten que se hayan realizado obras para evitar el impacto ambiental, pese a que la Secretaría de Ambiente de Nación otrogó amplias facilidades a los mismos.
La vinaza, desecho que se genera durante la elaboración de etanol con la melaza de la caña de azúcar, representa el principal problema de contaminación de la cuenca Salí Dulce, de la que también forma parte la provincia de Santiago del Estero.
Como para darse una idea de la magnitid del problema, se calcula que este año se producirán cerca de 200 millones de litros de etanol y por cada litro de este biocombustible se generan 13 de vinaza, lo que da cuenta que en la presente zafra se generarán 2.600.000.000 millones de litro del residuo industrial, lo que pone en peligro el ecosistema de la cuenca si no se toman las medidas para evitar vuelcos en ríos y arroyos que tributan al lago.
Son 15 los ingenios que hay en Tucumán, todos están denunciados por contaminar, pero particularmente son 10 los que elaboran etanol, el más importante es La Florida, que este año tiene un cupo de producción de 50 millones de litros del biocombustible y que durante el año pasado fue clausurado de manera provisoria, por vuelcos de desechos a un curso de agua que tributa al lago Río Hondo.
Las consecuencias de esta contaminación son trágicas. En enero, un niño tucumano Braian Maidana sufrió quemaduras graves en sus piernas y manos al tomar contacto con la vinaza. Está internado aún en el Hospital de Niños de Tucumán. Sus padres iniciaron una demanda penal contra el ingenio Marapa.
Ante esta situación, la Secretaría de Ambiente de la Nación obligó a los ingenios a presentar un plan de saneamiento llamado Vinaza 0 y se declaró “garante” del fin de la contaminación. Sin embargo, por ahora los avances no se perciben. Sólo el año pasado la Justicia Federal de Tucumán procesó a 14 empresarios de esa provincia: dueños de citrícolas, frigoríficos, ingenios, papelera y del basural, por la contaminación de la Cuenca Salí-Dulce en violación a la ley de Residuos Peligrosos.
Cabe recordar que las primeras denuncias por contaminación comenzaron en 1996. Desde ese momento se produjeron periódicamente, grandes mortandades de peces que se descubrieron en el lago Río Hondo; la más terrible fue la del 29 y 30 de noviembre de 2011 en la que aparecieron 30 toneladas de peces muertos, muchos de ellos hembras que estaban a punto de desovar. En esa oportunidad, casi todo el lago quedó sin oxígeno.
Modesta evaluación en el desempeño ambiental
Modesta evaluación en el desempeño ambiental de Argentina
Fecha de Publicación: 17/03/2012
Fuente: AIM
Provincia/Región: Nacional
Si bien mejoramos en relación a la evaluación de 2010, el Estado no está haciendo esfuerzos suficientes para preservar efectivamente el patrimonio natural, situación que puede convertirse en un freno para el logro de metas de crecimiento económico, incluso podría acentuarse la pobreza.
Las Universidades estadounidenses de Yale y Columbia publicaron el Índice de Desempeño Ambiental 2012 (Environmental Performance Index -EPI en inglés) que evalúa y clasifica a 132 países del mundo en su esfuerzo por mantener un ambiente saludable.
El EPI es un método para medir el desempeño de los gobiernos nacionales en relación con las políticas ambientales y se calcula en base a dos grandes objetivos de política ambiental: salud ambiental y vitalidad de los ecosistemas, de los cuales nacen 25 indicadores como el agua y los efectos sobre los seres humanos; la contaminación del aire y el efecto del ambiente en las enfermedades; y la vitalidad de los ecosistemas que se mide en base a variables forestales de pesca, agricultura, cambio climático, biodiversidad y contaminación del aire, agua y suelo.
La publicación profundiza en las relaciones que existen entre las temáticas de la salud, la mortalidad infantil, las emisiones de dióxido de carbono, la deforestación, la disponibilidad de agua y la protección de hábitats, con el medio ambiente y la manera en la que la respectiva institucionalidad los ha atendido.
Conservar la biodiversidad
Lo más relevante de un país es sin duda la naturaleza por sobre la misma obra del hombre. Del buen o mal uso de los recursos naturales disponibles hoy, dependerán las generaciones venideras.
Según un nuevo informe que publicó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) revela que el 80 por ciento de los consumidores dejaría de comprar a fabricantes que no hacen consideraciones éticas en la obtención de materias primas. Los líderes empresariales están preocupados por las pérdidas de “capital natural” y biodiversidad de los países en desarrollo.
Pavan Sukhdev, responsable del Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (Teeb) y ex director de la Iniciativa para la Economía Verde del Pnuma indicó que “la importancia económica de la biodiversidad y los ecosistemas está emergiendo desde lo invisible”.
Cada día, utilizamos materiales de la tierra en forma gratuita sin pensar, seamos más cuidadosos con lo que usamos y lo que perdemos. “El problema, destacó el experto, es que el tiempo se acaba para la naturaleza. El ritmo de los cambios necesarios para una conservación sustentable se mueve más rápido que los cambios de políticas gubernamentales e industriales”.
Ubicación
Nuestro país se encuentra en un modesto puesto 51, un punto medio según la evaluación dada por el EPI, con un puntaje de 51,3, contra el puntaje máximo de 100. Si bien mejoramos 20 puntos, en relación al año 2010, consideramos que deberíamos haber avanzado mucho más.
Los cinco países más verdes del mundo
1. Islandia, puntaje 93.5. La gente de Islandia utiliza la energía geotérmica muy bien, mientras que la fuente de calor es el hidrógeno.
2. Suiza, puntaje 89.1. El gobierno ha impuesto una cuota para la disposición de la basura del país y la gente está muy interesada por la ecología.
3. Costa Rica, puntaje 86.4. (Se han fijado la meta de convertirse en carbono neutral para el 2021 ). La tierra sufrió la deforestación durante años con el fin de hacer espacio para la agricultura, pero ahora uno de sus principales objetivos es la reforestación del país, se plantaron más de cinco millones de árboles durante los últimos cinco años.
4. Suecia, puntaje 86.0. Lo que los puso tan alto en la lista, es el hecho de que están en fase avanzada de la ejecución del plan para la eliminación de los combustibles fósiles para el año 2020. El gobierno sueco también está tratando de utilizar muy bien los bosques y el aserrín de la madera se usa para la generación de calor.
5. Noruega, puntaje 81.1. El Estado de Noruega y su gente, están haciendo grandes esfuerzos para convertirse en carbono neutral hasta 2030, aunque es un país orientado a la exportación de petróleo. El combustible diesel será más caro que los combustibles ecológicos y habrá estímulos para utilizar estos últimos.
Para mejorar
Para mejorar nuestro Índice de Desempeño Ambiental (EPI), deberíamos tomar estas medidas urgentemente:
-Desarrollar la sustitución de las energías tradicionales por fuentes renovables y limpias de energía.
-Reducir las Emisiones Nacionales por Deforestación y Degradación de Bosques para así fortalecer la calidad ambiental de vida de los habitantes del país.
-Impulsar acciones para dotar a las áreas de Conservación, de los Recursos Humanos y Financieros que requieran, en beneficio de la protección del aire, agua, suelo y vegetación.
-Realizar un inventario de todas las aguas superficiales, acuíferos, áreas de recarga acuífera, nacientes, glaciares y zonas periglaciares.
-Implementar un Programa Nacional de Calidad Ambiental que permita el monitoreo, vigilancia, control y regulación de los recursos ambientales (aire, suelo, agua, biodiversidad, paisaje), y
-Propiciar la gestión de la prevención de desastres por causa de amenazas meteorológicas, geológicas y derivadas del aprovechamiento minero.
Conclusión
La mayor amenaza que tiene Argentina y la mayoría de países en Latinoamérica es el impacto que el cambio climático puede generar en el ambiente, lo que hace necesario considerar medidas preventivas antes de que se provoquen daños serios en los ecosistemas.
Fecha de Publicación: 17/03/2012
Fuente: AIM
Provincia/Región: Nacional
Si bien mejoramos en relación a la evaluación de 2010, el Estado no está haciendo esfuerzos suficientes para preservar efectivamente el patrimonio natural, situación que puede convertirse en un freno para el logro de metas de crecimiento económico, incluso podría acentuarse la pobreza.
Las Universidades estadounidenses de Yale y Columbia publicaron el Índice de Desempeño Ambiental 2012 (Environmental Performance Index -EPI en inglés) que evalúa y clasifica a 132 países del mundo en su esfuerzo por mantener un ambiente saludable.
El EPI es un método para medir el desempeño de los gobiernos nacionales en relación con las políticas ambientales y se calcula en base a dos grandes objetivos de política ambiental: salud ambiental y vitalidad de los ecosistemas, de los cuales nacen 25 indicadores como el agua y los efectos sobre los seres humanos; la contaminación del aire y el efecto del ambiente en las enfermedades; y la vitalidad de los ecosistemas que se mide en base a variables forestales de pesca, agricultura, cambio climático, biodiversidad y contaminación del aire, agua y suelo.
La publicación profundiza en las relaciones que existen entre las temáticas de la salud, la mortalidad infantil, las emisiones de dióxido de carbono, la deforestación, la disponibilidad de agua y la protección de hábitats, con el medio ambiente y la manera en la que la respectiva institucionalidad los ha atendido.
Conservar la biodiversidad
Lo más relevante de un país es sin duda la naturaleza por sobre la misma obra del hombre. Del buen o mal uso de los recursos naturales disponibles hoy, dependerán las generaciones venideras.
Según un nuevo informe que publicó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) revela que el 80 por ciento de los consumidores dejaría de comprar a fabricantes que no hacen consideraciones éticas en la obtención de materias primas. Los líderes empresariales están preocupados por las pérdidas de “capital natural” y biodiversidad de los países en desarrollo.
Pavan Sukhdev, responsable del Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (Teeb) y ex director de la Iniciativa para la Economía Verde del Pnuma indicó que “la importancia económica de la biodiversidad y los ecosistemas está emergiendo desde lo invisible”.
Cada día, utilizamos materiales de la tierra en forma gratuita sin pensar, seamos más cuidadosos con lo que usamos y lo que perdemos. “El problema, destacó el experto, es que el tiempo se acaba para la naturaleza. El ritmo de los cambios necesarios para una conservación sustentable se mueve más rápido que los cambios de políticas gubernamentales e industriales”.
Ubicación
Nuestro país se encuentra en un modesto puesto 51, un punto medio según la evaluación dada por el EPI, con un puntaje de 51,3, contra el puntaje máximo de 100. Si bien mejoramos 20 puntos, en relación al año 2010, consideramos que deberíamos haber avanzado mucho más.
Los cinco países más verdes del mundo
1. Islandia, puntaje 93.5. La gente de Islandia utiliza la energía geotérmica muy bien, mientras que la fuente de calor es el hidrógeno.
2. Suiza, puntaje 89.1. El gobierno ha impuesto una cuota para la disposición de la basura del país y la gente está muy interesada por la ecología.
3. Costa Rica, puntaje 86.4. (Se han fijado la meta de convertirse en carbono neutral para el 2021 ). La tierra sufrió la deforestación durante años con el fin de hacer espacio para la agricultura, pero ahora uno de sus principales objetivos es la reforestación del país, se plantaron más de cinco millones de árboles durante los últimos cinco años.
4. Suecia, puntaje 86.0. Lo que los puso tan alto en la lista, es el hecho de que están en fase avanzada de la ejecución del plan para la eliminación de los combustibles fósiles para el año 2020. El gobierno sueco también está tratando de utilizar muy bien los bosques y el aserrín de la madera se usa para la generación de calor.
5. Noruega, puntaje 81.1. El Estado de Noruega y su gente, están haciendo grandes esfuerzos para convertirse en carbono neutral hasta 2030, aunque es un país orientado a la exportación de petróleo. El combustible diesel será más caro que los combustibles ecológicos y habrá estímulos para utilizar estos últimos.
Para mejorar
Para mejorar nuestro Índice de Desempeño Ambiental (EPI), deberíamos tomar estas medidas urgentemente:
-Desarrollar la sustitución de las energías tradicionales por fuentes renovables y limpias de energía.
-Reducir las Emisiones Nacionales por Deforestación y Degradación de Bosques para así fortalecer la calidad ambiental de vida de los habitantes del país.
-Impulsar acciones para dotar a las áreas de Conservación, de los Recursos Humanos y Financieros que requieran, en beneficio de la protección del aire, agua, suelo y vegetación.
-Realizar un inventario de todas las aguas superficiales, acuíferos, áreas de recarga acuífera, nacientes, glaciares y zonas periglaciares.
-Implementar un Programa Nacional de Calidad Ambiental que permita el monitoreo, vigilancia, control y regulación de los recursos ambientales (aire, suelo, agua, biodiversidad, paisaje), y
-Propiciar la gestión de la prevención de desastres por causa de amenazas meteorológicas, geológicas y derivadas del aprovechamiento minero.
Conclusión
La mayor amenaza que tiene Argentina y la mayoría de países en Latinoamérica es el impacto que el cambio climático puede generar en el ambiente, lo que hace necesario considerar medidas preventivas antes de que se provoquen daños serios en los ecosistemas.
Bariloche, “libre” de minería
Concejales de Bariloche: sin minería en el ejido y con minería en la provincia
Fecha de Publicación: 16/03/2012
Fuente: No a la Mina - Agencia de Noticias Bariloche
Provincia/Región: Río Negro
Los ediles del Partido Justicialista y el Frente Grande impusieron su mayoría y trabaron la aprobación del proyecto que pedía al gobierno rionegrino dejar sin efecto la ley que autoriza el uso de cianuro. Durante una hora y media se expusieron argumentos en un sentido y otro. Un grupo de ambientalistas presentes en la sala de sesión criticaron la decisión. "Al asumir una banca parece que pierden autonomía y capacidad de pensar", endilgó Ana Wieman a los concejales que rechazaron la iniciativa. La mayoría oficialista aprobó declarar a Bariloche "libre de actividad minera e hidrocarburífera".
El oficialismo del Frente para la Victoria rechazó el proyecto de comunicación dirigido al gobierno provincial, que reclamaba la derogación de la Ley que permite el uso de cianuro en la minería. Por seis votos a cuatro, los ediles del Partido Justicialista y el Frente Grande no permitieron la aprobación de la iniciativa del bloque Frente Social del Pueblo que planteaba a la provincia el rechazo a la actividad minera con la utilización de cianuro y otros materiales contaminantes.
Durante el extenso debate, quedaron expuestos los argumentos contrapuestos en relación a los beneficios y perjuicios de la megaminería.
En la misma sesión, los ediles del oficialismo lograron la aprobación de una declaración de Bariloche "libre" de actividad minera e hidrocarburífera, que en realidad tiene su antecedente en una ordenanza vigente de 2005. Así, la nueva norma es poco más que un gesto para intentar apaciguar el reclamo vecinal contra el uso de cianuro en toda la provincia.
De hecho, un grupo de integrantes de organizaciones ambientalistas presenciaron la sesión, y criticaron la decisión de la mayoría de los concejales a quienes endilgaron "falta de autonomía y capacidad para pensar" debido a las "fidelidades partidarias".
Durante el debate del proyecto -Nº 16-, uno de sus autores, Leandro Lescano argumentó que "ambientalmente es insostenible la utilización de cianuro en estos procesos de explotación", y cargó contra las "consecuencias negativas" para el medio ambiente. Pero además, expuso que desde el punto de vista económico y social tampoco genera una ecuación positiva: "el promedio de ganancia de las empresas multinacionales mineras es del 40 por ciento, y de otros rubros el 13 por ciento", dijo, y criticó que por regalías el Estado sólo recibe el 3 por ciento de las ganancias.
Lescano además cuestionó el proyecto del oficialismo que planteó la declaración de Bariloche como "libre" de actividad minera, ya que "el medio ambiente no termina en los límites de los municipios". Por el "principio de solidaridad" debe tenerse en cuenta que "el medio ambiente y los ecosistemas, se componen de regiones que trascienden los municipios, las provincias y hasta los países".
"Hay que pensar que una explotación minera a 200 kilómetros, afecta generaciones futuras de ese lugar y otros", resumió.
La defensa del rechazo al proyecto quedó en manos del concejal del Frente Grande, Carlos Valeri, quien en 2005, en su carácter de legislador, votó a favor de la Ley que prohibió el uso de cianuro en la minería.
El edil argumentó que las ciudades -por mandato de la Constitución provincial- "tienen que autodeterminarse", y que los concejales deben transmitir "lo que queremos en nuestra comunidad".
"¿Puedo decirle a la comunidad de Catriel que no lleven adelante un desarrollo petrolero?, ¿puedo decirle a la comunidad de Sierra Grande que el desarrollo minero es incompatible con su desarrollo?", se preguntó Valeri, quien además recordó que el gobernador Alberto Weretilneck garantizó que cada proyecto deberá contar con "licencia social" de cada una de las comunidades donde se desarrollen.
Los concejales que rechazaron el proyecto que reclamaba a provincia un cambio de rumbo en la materia, fueron Valeri, Alfredo Martín y Diego Benítez (los tres del Frente Grande), Alejandro Ramós Mejía, María Eugenia Martini y Ramón Chiocconi (Partido Justicialista). A favor votaron Irma Haneck (SUR), Leandro Lescano y Carmen Giménez (Frente Social del Pueblo), y Elena Welleschik (UCR).
Fecha de Publicación: 16/03/2012
Fuente: No a la Mina - Agencia de Noticias Bariloche
Provincia/Región: Río Negro
Los ediles del Partido Justicialista y el Frente Grande impusieron su mayoría y trabaron la aprobación del proyecto que pedía al gobierno rionegrino dejar sin efecto la ley que autoriza el uso de cianuro. Durante una hora y media se expusieron argumentos en un sentido y otro. Un grupo de ambientalistas presentes en la sala de sesión criticaron la decisión. "Al asumir una banca parece que pierden autonomía y capacidad de pensar", endilgó Ana Wieman a los concejales que rechazaron la iniciativa. La mayoría oficialista aprobó declarar a Bariloche "libre de actividad minera e hidrocarburífera".
El oficialismo del Frente para la Victoria rechazó el proyecto de comunicación dirigido al gobierno provincial, que reclamaba la derogación de la Ley que permite el uso de cianuro en la minería. Por seis votos a cuatro, los ediles del Partido Justicialista y el Frente Grande no permitieron la aprobación de la iniciativa del bloque Frente Social del Pueblo que planteaba a la provincia el rechazo a la actividad minera con la utilización de cianuro y otros materiales contaminantes.
Durante el extenso debate, quedaron expuestos los argumentos contrapuestos en relación a los beneficios y perjuicios de la megaminería.
En la misma sesión, los ediles del oficialismo lograron la aprobación de una declaración de Bariloche "libre" de actividad minera e hidrocarburífera, que en realidad tiene su antecedente en una ordenanza vigente de 2005. Así, la nueva norma es poco más que un gesto para intentar apaciguar el reclamo vecinal contra el uso de cianuro en toda la provincia.
De hecho, un grupo de integrantes de organizaciones ambientalistas presenciaron la sesión, y criticaron la decisión de la mayoría de los concejales a quienes endilgaron "falta de autonomía y capacidad para pensar" debido a las "fidelidades partidarias".
Durante el debate del proyecto -Nº 16-, uno de sus autores, Leandro Lescano argumentó que "ambientalmente es insostenible la utilización de cianuro en estos procesos de explotación", y cargó contra las "consecuencias negativas" para el medio ambiente. Pero además, expuso que desde el punto de vista económico y social tampoco genera una ecuación positiva: "el promedio de ganancia de las empresas multinacionales mineras es del 40 por ciento, y de otros rubros el 13 por ciento", dijo, y criticó que por regalías el Estado sólo recibe el 3 por ciento de las ganancias.
Lescano además cuestionó el proyecto del oficialismo que planteó la declaración de Bariloche como "libre" de actividad minera, ya que "el medio ambiente no termina en los límites de los municipios". Por el "principio de solidaridad" debe tenerse en cuenta que "el medio ambiente y los ecosistemas, se componen de regiones que trascienden los municipios, las provincias y hasta los países".
"Hay que pensar que una explotación minera a 200 kilómetros, afecta generaciones futuras de ese lugar y otros", resumió.
La defensa del rechazo al proyecto quedó en manos del concejal del Frente Grande, Carlos Valeri, quien en 2005, en su carácter de legislador, votó a favor de la Ley que prohibió el uso de cianuro en la minería.
El edil argumentó que las ciudades -por mandato de la Constitución provincial- "tienen que autodeterminarse", y que los concejales deben transmitir "lo que queremos en nuestra comunidad".
"¿Puedo decirle a la comunidad de Catriel que no lleven adelante un desarrollo petrolero?, ¿puedo decirle a la comunidad de Sierra Grande que el desarrollo minero es incompatible con su desarrollo?", se preguntó Valeri, quien además recordó que el gobernador Alberto Weretilneck garantizó que cada proyecto deberá contar con "licencia social" de cada una de las comunidades donde se desarrollen.
Los concejales que rechazaron el proyecto que reclamaba a provincia un cambio de rumbo en la materia, fueron Valeri, Alfredo Martín y Diego Benítez (los tres del Frente Grande), Alejandro Ramós Mejía, María Eugenia Martini y Ramón Chiocconi (Partido Justicialista). A favor votaron Irma Haneck (SUR), Leandro Lescano y Carmen Giménez (Frente Social del Pueblo), y Elena Welleschik (UCR).
Dispositivo para producir energía undimotriz
La UTN diseña un dispositivo para producir energía undimotriz
Fecha de Publicación: 16/03/2012
Fuente: Telam
Provincia/Región: Buenos Aires
Generada a partir del movimiento de las olas, se trata de una energía limpia y de gran potencial. Además de numerosos proyectos experimentales, en el mundo existen sólo dos emprendimientos comerciales: uno en España y otro en Portugal, Ahora, la Argentina presenta este novedoso dispositivo, ideal para generar energía a lo largo de toda la costa patagónica.
Un grupo interdisciplinario integrado por investigadores, docentes y alumnos pertenecientes al Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN-Regional Buenos Aires), trabaja en el diseño y desarrollo de un novedoso dispositivo undimotriz.
¿Qué es esto? Para decirlo sencillamente, se trata de un dispositivo capaz de transformar la energía mecánica generada por el movimiento de las ondas del mar en energía eléctrica.
Según el director del proyecto, el ingeniero Mario Pelissero, “el diseño del dispositivo es muy simple: consta de un cuerpo fijo donde se aloja el sistema electromecánico unido a un par de brazos de palanca que tienen adosados una boya a cada uno de sus dos extremos”.
Sobre el funcionamiento, el ingeniero explicó que esas grandes boyas copian el movimiento ondulatorio del mar, subiendo y bajando al compás de las ondas. De esta manera, “logran capturar la energía de ese movimiento que se trasmite por medio de los brazos de palanca al sistema electromecánico central, donde se genera la corriente eléctrica”.
“En resumen —sintetizó Pelissero— el dispositivo es una cadena cinemática; es decir, mecanismos asociados capaces de recolectar la energía undimotriz y transformarla en un movimiento capaz de ser aprovechado por un generador”. Posteriormente, la energía captada y transformada en electricidad es trasladada en forma soterrada mediante un cableado submarino hasta la costa, en donde se ubicará una estación de transformación y distribución de la corriente eléctrica.
El objetivo final de estos equipos es la creación de parques modulares de energía undimotriz, semi sumergidos y ubicados a distancias medias de la costa (middle shore) para abastecer comunidades dispersas y no conectadas al sistema de distribución de electricidad. Sin embargo, estos parques también podrían constituirse como fuente de energía para industrias o actuar como proveedores del Sistema Interconectado Eléctrico Nacional. Incluso, esa energía se podría acumular en baterías o generar hidrógeno para su posterior combustión.
Con respecto a la potencia de generación, los creadores calculan que cada dispositivo podría producir entre 30 y 40 Kw. “Sería como prender entre 300 y 400 lamparitas de 100 watts”, comparó Pelissero. El director del proyecto agregó, además, que “este dispositivo necesita, por lo menos, entre 1,5 y 2 metros de altura de onda. Es decir, que desde Mar del Plata hacía el sur se lo podría instalar en toda la costa, aunque las mejores potencialidades están en la Patagonia. Allí el escenario es óptimo debido a la escasa profundidad del lecho marino y a la presencia constante de vientos”.
Por otra parte, cabe aclarar que la instalación de estos parques modulares de energía undimotriz tendría un bajo impacto ambiental y visual. Según Pelissero, “la idea es aprovechar el fenómeno en una posición middle y off-shore, porque no queremos afectar al medio ambiente. Estamos pensando en una distancia de unos 4 Km. de la costa, donde el impacto visual es casi nulo”.
Este novedoso sistema de transformación de energía ya fue presentado en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) para obtener su patentamiento y, además, cuenta con el apoyo de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CAER).
Con respecto a los próximos pasos, el director del proyecto indicó que este año construirán un prototipo más grande (1:10). “Teniendo en cuenta que la mayoría de las cuestiones técnicas ya están resueltas, nuestro compromiso es que el prototipo esté listo para 2013. A los efectos de realizar los ensayos, hemos mantenido conversaciones con la gente del Departamento a Naval de la Facultad de Ingeniería de la UBA y del Instituto Nacional del Agua (INA) y ambas instituciones nos han autorizado a realizar los ensayos en sus canales de prueba”.
Además, el equipo interdisciplinario de la UTN ya se ha puesto en contacto con investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia (UNPa), quienes desde hace años están estudiando este recurso y en la actualidad están explorando las posibilidades que presentan distintas caletas del Golfo de San Julián.
Fecha de Publicación: 16/03/2012
Fuente: Telam
Provincia/Región: Buenos Aires
Generada a partir del movimiento de las olas, se trata de una energía limpia y de gran potencial. Además de numerosos proyectos experimentales, en el mundo existen sólo dos emprendimientos comerciales: uno en España y otro en Portugal, Ahora, la Argentina presenta este novedoso dispositivo, ideal para generar energía a lo largo de toda la costa patagónica.
Un grupo interdisciplinario integrado por investigadores, docentes y alumnos pertenecientes al Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN-Regional Buenos Aires), trabaja en el diseño y desarrollo de un novedoso dispositivo undimotriz.
¿Qué es esto? Para decirlo sencillamente, se trata de un dispositivo capaz de transformar la energía mecánica generada por el movimiento de las ondas del mar en energía eléctrica.
Según el director del proyecto, el ingeniero Mario Pelissero, “el diseño del dispositivo es muy simple: consta de un cuerpo fijo donde se aloja el sistema electromecánico unido a un par de brazos de palanca que tienen adosados una boya a cada uno de sus dos extremos”.
Sobre el funcionamiento, el ingeniero explicó que esas grandes boyas copian el movimiento ondulatorio del mar, subiendo y bajando al compás de las ondas. De esta manera, “logran capturar la energía de ese movimiento que se trasmite por medio de los brazos de palanca al sistema electromecánico central, donde se genera la corriente eléctrica”.
“En resumen —sintetizó Pelissero— el dispositivo es una cadena cinemática; es decir, mecanismos asociados capaces de recolectar la energía undimotriz y transformarla en un movimiento capaz de ser aprovechado por un generador”. Posteriormente, la energía captada y transformada en electricidad es trasladada en forma soterrada mediante un cableado submarino hasta la costa, en donde se ubicará una estación de transformación y distribución de la corriente eléctrica.
El objetivo final de estos equipos es la creación de parques modulares de energía undimotriz, semi sumergidos y ubicados a distancias medias de la costa (middle shore) para abastecer comunidades dispersas y no conectadas al sistema de distribución de electricidad. Sin embargo, estos parques también podrían constituirse como fuente de energía para industrias o actuar como proveedores del Sistema Interconectado Eléctrico Nacional. Incluso, esa energía se podría acumular en baterías o generar hidrógeno para su posterior combustión.
Con respecto a la potencia de generación, los creadores calculan que cada dispositivo podría producir entre 30 y 40 Kw. “Sería como prender entre 300 y 400 lamparitas de 100 watts”, comparó Pelissero. El director del proyecto agregó, además, que “este dispositivo necesita, por lo menos, entre 1,5 y 2 metros de altura de onda. Es decir, que desde Mar del Plata hacía el sur se lo podría instalar en toda la costa, aunque las mejores potencialidades están en la Patagonia. Allí el escenario es óptimo debido a la escasa profundidad del lecho marino y a la presencia constante de vientos”.
Por otra parte, cabe aclarar que la instalación de estos parques modulares de energía undimotriz tendría un bajo impacto ambiental y visual. Según Pelissero, “la idea es aprovechar el fenómeno en una posición middle y off-shore, porque no queremos afectar al medio ambiente. Estamos pensando en una distancia de unos 4 Km. de la costa, donde el impacto visual es casi nulo”.
Este novedoso sistema de transformación de energía ya fue presentado en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) para obtener su patentamiento y, además, cuenta con el apoyo de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CAER).
Con respecto a los próximos pasos, el director del proyecto indicó que este año construirán un prototipo más grande (1:10). “Teniendo en cuenta que la mayoría de las cuestiones técnicas ya están resueltas, nuestro compromiso es que el prototipo esté listo para 2013. A los efectos de realizar los ensayos, hemos mantenido conversaciones con la gente del Departamento a Naval de la Facultad de Ingeniería de la UBA y del Instituto Nacional del Agua (INA) y ambas instituciones nos han autorizado a realizar los ensayos en sus canales de prueba”.
Además, el equipo interdisciplinario de la UTN ya se ha puesto en contacto con investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia (UNPa), quienes desde hace años están estudiando este recurso y en la actualidad están explorando las posibilidades que presentan distintas caletas del Golfo de San Julián.
Audiencia en la CSJ por el litio en Salta y Jujuy
Audiencia en la Corte Suprema por el litio en Salta y Jujuy
Fecha de Publicación: 15/03/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Salta - Jujuy - Nacional
Representantes de 33 comunidades indígenas de Salta y Jujuy, comprendidas en la cuenca de la Laguna Guayatayoc y de las Salinas Grandes, participarán el próximo 28 de marzo, a partir de las 10, de una audiencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exponer las razones por las que piden el cese inmediato de toda la actividad que realizan empresas mineras en la zona.
Encabezadas por la Comunidad Aborigen Santuario Tres Pozos, los pueblos originarios que habitan los departamentos Cochinoca y Tumbaya en Jujuy y La Poma y Los Andes en Salta, sostienen que los gobiernos de Jujuy y Salta omitieron cumplir con el derecho de consulta, información y participación al autorizar permisos de cateo y exploración y explotación de litio y borato en estos departamentos.
En noviembre del año pasado las comunidades recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un recurso de amparo y medida cautelar pidiendo que se cumpla el derecho de consulta a las comunidades que serán directamente afectadas por estos emprendimientos.
Alicia Chalabe, abogada de las comunidades junto al abogado Rodrigo Sola, informó que en el amparo se solicita "que se cumpla el derecho de consulta de las comunidades, que quiere decir establecer un procedimiento previsto en el Convenio 169 de la OIT y en tratados internacionales de derechos humanos" a los que adhirió la Argentina. El Convenio 169 establece el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades originarias sobre los emprendimientos que puedan afectar su ambiente.
En este caso las comunidades sostienen que la sola exploración, con fines de explotación, de litio y borato en la zona de las Salinas Grandes y de la Laguna Guayatayoc está provocando cambios importantes en su ambiente. Estas comunidades sostienen que son habitantes ancestrales en la zona, y que las salinas constituyen un sistema único comprendido en su territorio y que los provee de los recursos naturales de uso común necesarios para su subsistencia.
El Gobierno jujeño otorgó permisos de cateo, exploración y explotación de litio y borato.
La cautelar solicitada por las comunidades busca que se impida seguir otorgando permisos y se suspenda la ejecución de las autorizaciones ya concedidas.
Aunque la demanda es contra las provincias de Jujuy y Salta, y el Estado nacional, la Corte Suprema citó a la audiencia solamente al Gobierno jujeño. Entre los antecedentes de audiencias públicas la Corte citó la causa "Salas, Dino y otros c/Salta, provincia de y Estado Nacional", el amparo presentado por comunidades indígenas y campesinos en procura de frenar los desmontes. En este caso, el máximo tribunal nacional suspendió preventivamente los desmontes pero luego terminó declarándose incompetente para resolver sobre el fondo del planteo.
Este antecedente también ha sido recordado por el Gobierno de Jujuy en un comunicado en el que destacó, precisamente, que la Corte aún no se ha declarado competente en el amparo por el litio.
Fecha de Publicación: 15/03/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Salta - Jujuy - Nacional
Representantes de 33 comunidades indígenas de Salta y Jujuy, comprendidas en la cuenca de la Laguna Guayatayoc y de las Salinas Grandes, participarán el próximo 28 de marzo, a partir de las 10, de una audiencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exponer las razones por las que piden el cese inmediato de toda la actividad que realizan empresas mineras en la zona.
Encabezadas por la Comunidad Aborigen Santuario Tres Pozos, los pueblos originarios que habitan los departamentos Cochinoca y Tumbaya en Jujuy y La Poma y Los Andes en Salta, sostienen que los gobiernos de Jujuy y Salta omitieron cumplir con el derecho de consulta, información y participación al autorizar permisos de cateo y exploración y explotación de litio y borato en estos departamentos.
En noviembre del año pasado las comunidades recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un recurso de amparo y medida cautelar pidiendo que se cumpla el derecho de consulta a las comunidades que serán directamente afectadas por estos emprendimientos.
Alicia Chalabe, abogada de las comunidades junto al abogado Rodrigo Sola, informó que en el amparo se solicita "que se cumpla el derecho de consulta de las comunidades, que quiere decir establecer un procedimiento previsto en el Convenio 169 de la OIT y en tratados internacionales de derechos humanos" a los que adhirió la Argentina. El Convenio 169 establece el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades originarias sobre los emprendimientos que puedan afectar su ambiente.
En este caso las comunidades sostienen que la sola exploración, con fines de explotación, de litio y borato en la zona de las Salinas Grandes y de la Laguna Guayatayoc está provocando cambios importantes en su ambiente. Estas comunidades sostienen que son habitantes ancestrales en la zona, y que las salinas constituyen un sistema único comprendido en su territorio y que los provee de los recursos naturales de uso común necesarios para su subsistencia.
El Gobierno jujeño otorgó permisos de cateo, exploración y explotación de litio y borato.
La cautelar solicitada por las comunidades busca que se impida seguir otorgando permisos y se suspenda la ejecución de las autorizaciones ya concedidas.
Aunque la demanda es contra las provincias de Jujuy y Salta, y el Estado nacional, la Corte Suprema citó a la audiencia solamente al Gobierno jujeño. Entre los antecedentes de audiencias públicas la Corte citó la causa "Salas, Dino y otros c/Salta, provincia de y Estado Nacional", el amparo presentado por comunidades indígenas y campesinos en procura de frenar los desmontes. En este caso, el máximo tribunal nacional suspendió preventivamente los desmontes pero luego terminó declarándose incompetente para resolver sobre el fondo del planteo.
Este antecedente también ha sido recordado por el Gobierno de Jujuy en un comunicado en el que destacó, precisamente, que la Corte aún no se ha declarado competente en el amparo por el litio.
Explican cómo controlarán a los ingenios
Funcionarios explican cómo controlarán a los ingenios
Fecha de Publicación: 14/03/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Ayer comenzó algo nuevo en la repetida y triste historia de la contaminación de la Cuenca Salí-Dulce. Y tan larga que se cae de la memoria: los presentes en la sede del Defensor del Pueblo de Tucumán no recordaban si el problema tiene dos, 100 o 200 años de antigüedad. Pero Jorge Feijoó, ministro de Desarrollo Productivo, y Alfredo Montalván, secretario de Medio Ambiente, pretenden que 2011 sea el punto de inflexión, según lo que dijeron a las cuatro organizaciones no gubernamentales (ONG) y a la media docena de técnicos que asistieron a la primera reunión de monitoreo del acuerdo que en diciembre firmaron la Provincia, y 10 ingenios y destilerías.
"Tenemos que ser capaces de identificar al incumplimiento y al incumplidor", manifestó el ministro. "Tenemos un marcha un plan de alta gestión para disponer adecuadamente los efluentes industriales", expresó a su turno el secretario.
Lo nuevo no son las promesas políticas, sino a quiénes estuvieron dirigidas: una audiencia especializada en los avatares de la contaminación que seguirá las acciones vinculadas al objetivo de eliminar el vertido de ceniza y vinaza en cursos de agua durante las próximas dos zafras.
A modo de introducción, Hugo Cabral, defensor del Pueblo de Tucumán, explicó las reglas de esta instancia de participación ciudadana surgida del acta que en diciembre consensuaron la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, las provincias de Tucumán y de Santiago del Estero, y la Defensoría del Pueblo de esa jurisdicción (se comprometió a suspender la presentación de amparos). Quincenalmente, las ONG Ave Fénix, Federación de ONG Ambientalistas de Tucumán, Sitea y Fenut, y profesionales invitados ("los más activos en la temática ambiental, sin perjuicio de que puedan sumarse otros", precisó Cabral) escucharán a representantes del Gobierno y de las empresas que rubricaron el acuerdo. A continuación, sacarán conclusiones y harán recomendaciones, que serán públicas e integrarán el informe que requirió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una sentencia del año pasado.
Más alcohol
En sus respectivas exposiciones, Feijoó y Montalván afirmaron que los industriales están en condiciones de cumplir con la parte del acuerdo que les compete. "No porque detengamos la contaminación en Tucumán dejaremos de tener picos de mortandad de peces en el Embalse El Frontal", matizó el secretario para descartar que los efectos del eventual cambio vayan a ser evidentes e inmediatos.
"Para que podamos estar aquí, hubo que pasar por muchas experiencias", recordó el ministro. Se refería al Plan de Producción Limpia, y al primer y segundo Programa de Reconversión Industrial que impulsó el Gobierno durante la última década. "No todo se ha cumplido", reconoció Feijoó. Y agregó: "las chimeneas de las fábricas no se instalan en 48 horas así como la economía azucarera no es la misma de hace tres años. Soy consciente de que Tucumán debe producir más alcohol, pero con mecanismos que respeten los compromisos. Y el Estado no puede permitir que produzca aquel que incumple".
Los funcionarios también detallaron el sistema de control de los ingenios organizado en la dependencia de Montalván. Según Feijoó, este procedimiento está a cargo de dos directores y consiste en un triple monitoreo: 1) de los cauces hídricos; 2) del proceso industrial, y 3) del volumen y la calidad de los efluentes por medio de sensores remotos conectados a internet. El objetivo es detectar las infracciones y dar aviso a la unidad de fiscalización para que adopte las medidas y sanciones que correspondan.
Fecha de Publicación: 14/03/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Ayer comenzó algo nuevo en la repetida y triste historia de la contaminación de la Cuenca Salí-Dulce. Y tan larga que se cae de la memoria: los presentes en la sede del Defensor del Pueblo de Tucumán no recordaban si el problema tiene dos, 100 o 200 años de antigüedad. Pero Jorge Feijoó, ministro de Desarrollo Productivo, y Alfredo Montalván, secretario de Medio Ambiente, pretenden que 2011 sea el punto de inflexión, según lo que dijeron a las cuatro organizaciones no gubernamentales (ONG) y a la media docena de técnicos que asistieron a la primera reunión de monitoreo del acuerdo que en diciembre firmaron la Provincia, y 10 ingenios y destilerías.
"Tenemos que ser capaces de identificar al incumplimiento y al incumplidor", manifestó el ministro. "Tenemos un marcha un plan de alta gestión para disponer adecuadamente los efluentes industriales", expresó a su turno el secretario.
Lo nuevo no son las promesas políticas, sino a quiénes estuvieron dirigidas: una audiencia especializada en los avatares de la contaminación que seguirá las acciones vinculadas al objetivo de eliminar el vertido de ceniza y vinaza en cursos de agua durante las próximas dos zafras.
A modo de introducción, Hugo Cabral, defensor del Pueblo de Tucumán, explicó las reglas de esta instancia de participación ciudadana surgida del acta que en diciembre consensuaron la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, las provincias de Tucumán y de Santiago del Estero, y la Defensoría del Pueblo de esa jurisdicción (se comprometió a suspender la presentación de amparos). Quincenalmente, las ONG Ave Fénix, Federación de ONG Ambientalistas de Tucumán, Sitea y Fenut, y profesionales invitados ("los más activos en la temática ambiental, sin perjuicio de que puedan sumarse otros", precisó Cabral) escucharán a representantes del Gobierno y de las empresas que rubricaron el acuerdo. A continuación, sacarán conclusiones y harán recomendaciones, que serán públicas e integrarán el informe que requirió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una sentencia del año pasado.
Más alcohol
En sus respectivas exposiciones, Feijoó y Montalván afirmaron que los industriales están en condiciones de cumplir con la parte del acuerdo que les compete. "No porque detengamos la contaminación en Tucumán dejaremos de tener picos de mortandad de peces en el Embalse El Frontal", matizó el secretario para descartar que los efectos del eventual cambio vayan a ser evidentes e inmediatos.
"Para que podamos estar aquí, hubo que pasar por muchas experiencias", recordó el ministro. Se refería al Plan de Producción Limpia, y al primer y segundo Programa de Reconversión Industrial que impulsó el Gobierno durante la última década. "No todo se ha cumplido", reconoció Feijoó. Y agregó: "las chimeneas de las fábricas no se instalan en 48 horas así como la economía azucarera no es la misma de hace tres años. Soy consciente de que Tucumán debe producir más alcohol, pero con mecanismos que respeten los compromisos. Y el Estado no puede permitir que produzca aquel que incumple".
Los funcionarios también detallaron el sistema de control de los ingenios organizado en la dependencia de Montalván. Según Feijoó, este procedimiento está a cargo de dos directores y consiste en un triple monitoreo: 1) de los cauces hídricos; 2) del proceso industrial, y 3) del volumen y la calidad de los efluentes por medio de sensores remotos conectados a internet. El objetivo es detectar las infracciones y dar aviso a la unidad de fiscalización para que adopte las medidas y sanciones que correspondan.
"La minería ha dejado muy poco al pueblo"
Ministro catamarqueño: "La minería ha dejado muy poco al pueblo"
Fecha de Publicación: 13/03/2012
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Catamarca
Así lo admitió el ministro de Desarrollo Social de Catamarca, Oscar Pfeiffer. Durante una entrevista concedida a EL SIGLO (Tucumán), el funcionario reconoció que con Minera Alumbrera "no llegó el progreso, ni en lo más remoto de lo que esperaban los habitantes". Anticipó que el Gobierno de esa provincia replanteará la relación con la empresa.
La empresa Minera Alumbrera llegó con la promesa de convertir en una suerte de "Las Vegas" a los pueblos cercanos al inmensamente rico yacimiento de Bajo la Alumbrera, en la árida Catamarca. Sin embargo, sólo trajeron contaminación, enfermedades y unos pocos puestos de empleo (apenas superan los 2.000), a punto tal que ni siquiera sus oficinas centrales están allí, sino en Tucumán. Mientras tanto, la firma declaró exportaciones de cobre, oro, plata y molibdeno por 43.848 millones de pesos hasta 2010. Esto sin mencionar los dividendos que le generaron la extracción de los cotizados metales y minerales que componen las denominadas "tierras raras"; y que gracias al ridículamente permisivo Código Minero argentino salen desde el puerto de Rosario sin ningún tipo de gravamen ni control al exterior.
Esta situación, que termina justificando la lucha de los vecinos y organizaciones socio-ambientalistas que viene exigiendo el cierre del yacimiento, hasta el momento no era tenida en cuenta por las autoridades de la vecina provincia.
Sin embargo, según el ministro de Desarrollo Social de Catamarca, Oscar Pfeiffer, hay una decisión de la gobernadora Lucía Corpacci, quien asumió el año pasado, de replantear la relación con la firma de capitales foráneos.
"No llegó el progreso"
En una entrevista concedida a EL SIGLO, durante una reciente visita a Tucumán, el funcionario reconoció que "el problema más serio de la minería, al margen de la contaminación, es que le ha dejado muy poco al pueblo. No llegó el progreso, ni en lo más remoto de lo que esperaban los habitantes, y eso es lo que hay que resolver de manera urgente", sentenció.
El ministro catamarqueño sostuvo que la gestión actual es consciente "de esta situación y hay una decisión que revertirla".
Pfeiffer sostuvo que "esto no quiere decir que las regalías de la Minera no hayan sido bien utilizadas", pero insistió en que "no se notó en absoluto una mejoría en los pueblos cercanos al yacimiento ni en la provincia en general".
En este sentido, recordó que "Catamarca es una provincia minera, que tiene un 75 por ciento de montañas y es inviable actualmente si la actividad. Por eso decimos que somos ambientalistas mineros, pero también es necesario que la minería deje las utilidades necesarias para cambiar la realidad del pueblo, que por esta razón se levanta contra la actividad", se sinceró Pfeiffer.
El Ministro reivindicó que el suyo es "un gobierno pro minero, porque sin esta actividad Catamarca sería una provincia inviable, así como el mundo tampoco no podría funcionar sin el aporte de la minería".
No obstante, reiteró que "el problemas es ver qué clase de minería queremos y cómo hacer para que haya los controles necesarios a los fines de que sea una actividad que le deje bienestar a los pueblos".
Cambio en las relaciones
Pfeiffer dijo que "la Gobernadora Corpacci ya estaba decidida antes de asumir a avanzar con la iniciativa de crear este ente de unidad de las provincias mineras, que se precipitó con los conflictos de Anfama y de Andalgalá, con el objetivo de abrir un debate social sobre la actividad".
El funcionario, quien además es vicepresidente del Partido Intransigente en el plano nacional, confirmó a este diario que el Gobierno de la vecina provincia "comenzó a replantear la relación con Minera Alumbrera, exigiendo que tome más empleo en la provincia, que incremente las compras a proveedores catamarqueños y que se cumpla con el traslado de las oficinas centrales desde Tucumán a Catamarca".
Agregó que "también se está analizando un cambio en las pautas actuales sobre las regalías".
Al respecto, el responsable de la cartera social de Catamarca sostuvo que "este es el momento para plantear estos temas, porque las empresas mineras tomaron conciencia de que deben cambiar su postura y tener una participación social mucho más importante, porque corren el riesgo de quedarse sin el negocio a raíz de la presión de la ciudadanía".
"Los pueblos deben ver los beneficios reflejados en su forma y calidad de vida, al menos los que están cerca de la mina, y que hasta el momento no notaron ninguna mejora, ni con puestos de trabajo, ni con el turismo, ni con el comercio", sentenció.
"Hay verdades a medias"
Respecto al tema de la contaminación que genera Minera Alumbrera, que cuenta con causas en la Justicia Federal por envenenar con metales pesados la cuenca Salí-Dulce y el dique de Termas de Río Hondo, que Tucumán comparte con Santiago del Estero, Pfeiffer aseguró que, al respecto, "hay verdades a medias".
"El tema contaminación lo estuvimos analizando con muchos expertos, contaminación hay, porque toda actividad del hombre la genera, pero no en la magnitud que se menciona", argumentó.
Sobre el mismo tema, el funcionario aseguró que "La Alumbrera extrae agua de un lago subterráneo de 200 metros de profundidad, que se llama Campo del Arenal, y en estos 15 años, desde que comenzó la explotación, bajó su nivel solamente en un dos por ciento".
Por otro lado, afirmó que "hay estudios hechos por especialistas que aseguran que las enfermedades de cáncer que se vinculan a la actividad no son por culpa de minería y que el número de casos registrados está dentro de la media nacional. Tampoco se utiliza cianuro, que se usa para separar el mineral, lo cual en el caso de Minera Alumbrera no se realiza en el país, sino en el exterior", añadió.
En cambio, Peiffer admitió que "es cierto que el dique de cola de Minera Alumbrera tiene una filtración, que obliga a realizar bombeos diariamente para evitar que se contaminen las aguas. De todos modos, esto no tendría que haber sucedido, y se está evaluando trabajando desde el gobierno para qué medida se adopta", completó.
Algunos números de Minera Alumbrera
*Para la explotación del yacimiento de Bajo Alumbrera se constituyó una UTE (Unión Transitoria de Empresas) que tiene como socios a Minera Alumbrera y a la firma estatal YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio), que integran la Provincia de Catamarca, el Gobierno nacional y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
*Minera Alumbrera se lleva el 80 por ciento de las ganancias, mientras que el 20 por ciento restante de las utilidades netas se distribuye entre los miembros de YMAD, de acuerdo al siguiente esquema: Un 60 por ciento para Catamarca, un 20 por ciento para la UNT y un 20 por ciento para el Consejo Interuniversitario Nacional.
*Minera Alumbrera exportó 43.848 millones de pesos hasta 2010, lo que es casi diez veces la inversión inicial de 1.300 millones de dólares realizada en 1997, cuando comenzó a operar.
*Solamente en 2010, la empresa exportó 6.390 millones de pesos, de acuerdo el último informe anual presentado.
*Por año, extrae 140.000 toneladas de cobre, más de 352.000 onzas de oro en concentrado y 45.000 onzas de oro doré.
*En total, Minera Alumbrera genera 1.397 empleos directos. Según la empresa, por cada uno de esos puestos de empleo, se crean 10 indirectos.
*La empresa aportó a la economía nacional 3.916 millones de pesos en concepto de impuestos, regalías, utilidades, etc.
*Según la firma, consume en el país 1.220 millones de pesos. En todo 2010, por compras realizadas en Andalgalá, reportó un gasto de 34 millones de pesos.
Fecha de Publicación: 13/03/2012
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Catamarca
Así lo admitió el ministro de Desarrollo Social de Catamarca, Oscar Pfeiffer. Durante una entrevista concedida a EL SIGLO (Tucumán), el funcionario reconoció que con Minera Alumbrera "no llegó el progreso, ni en lo más remoto de lo que esperaban los habitantes". Anticipó que el Gobierno de esa provincia replanteará la relación con la empresa.
La empresa Minera Alumbrera llegó con la promesa de convertir en una suerte de "Las Vegas" a los pueblos cercanos al inmensamente rico yacimiento de Bajo la Alumbrera, en la árida Catamarca. Sin embargo, sólo trajeron contaminación, enfermedades y unos pocos puestos de empleo (apenas superan los 2.000), a punto tal que ni siquiera sus oficinas centrales están allí, sino en Tucumán. Mientras tanto, la firma declaró exportaciones de cobre, oro, plata y molibdeno por 43.848 millones de pesos hasta 2010. Esto sin mencionar los dividendos que le generaron la extracción de los cotizados metales y minerales que componen las denominadas "tierras raras"; y que gracias al ridículamente permisivo Código Minero argentino salen desde el puerto de Rosario sin ningún tipo de gravamen ni control al exterior.
Esta situación, que termina justificando la lucha de los vecinos y organizaciones socio-ambientalistas que viene exigiendo el cierre del yacimiento, hasta el momento no era tenida en cuenta por las autoridades de la vecina provincia.
Sin embargo, según el ministro de Desarrollo Social de Catamarca, Oscar Pfeiffer, hay una decisión de la gobernadora Lucía Corpacci, quien asumió el año pasado, de replantear la relación con la firma de capitales foráneos.
"No llegó el progreso"
En una entrevista concedida a EL SIGLO, durante una reciente visita a Tucumán, el funcionario reconoció que "el problema más serio de la minería, al margen de la contaminación, es que le ha dejado muy poco al pueblo. No llegó el progreso, ni en lo más remoto de lo que esperaban los habitantes, y eso es lo que hay que resolver de manera urgente", sentenció.
El ministro catamarqueño sostuvo que la gestión actual es consciente "de esta situación y hay una decisión que revertirla".
Pfeiffer sostuvo que "esto no quiere decir que las regalías de la Minera no hayan sido bien utilizadas", pero insistió en que "no se notó en absoluto una mejoría en los pueblos cercanos al yacimiento ni en la provincia en general".
En este sentido, recordó que "Catamarca es una provincia minera, que tiene un 75 por ciento de montañas y es inviable actualmente si la actividad. Por eso decimos que somos ambientalistas mineros, pero también es necesario que la minería deje las utilidades necesarias para cambiar la realidad del pueblo, que por esta razón se levanta contra la actividad", se sinceró Pfeiffer.
El Ministro reivindicó que el suyo es "un gobierno pro minero, porque sin esta actividad Catamarca sería una provincia inviable, así como el mundo tampoco no podría funcionar sin el aporte de la minería".
No obstante, reiteró que "el problemas es ver qué clase de minería queremos y cómo hacer para que haya los controles necesarios a los fines de que sea una actividad que le deje bienestar a los pueblos".
Cambio en las relaciones
Pfeiffer dijo que "la Gobernadora Corpacci ya estaba decidida antes de asumir a avanzar con la iniciativa de crear este ente de unidad de las provincias mineras, que se precipitó con los conflictos de Anfama y de Andalgalá, con el objetivo de abrir un debate social sobre la actividad".
El funcionario, quien además es vicepresidente del Partido Intransigente en el plano nacional, confirmó a este diario que el Gobierno de la vecina provincia "comenzó a replantear la relación con Minera Alumbrera, exigiendo que tome más empleo en la provincia, que incremente las compras a proveedores catamarqueños y que se cumpla con el traslado de las oficinas centrales desde Tucumán a Catamarca".
Agregó que "también se está analizando un cambio en las pautas actuales sobre las regalías".
Al respecto, el responsable de la cartera social de Catamarca sostuvo que "este es el momento para plantear estos temas, porque las empresas mineras tomaron conciencia de que deben cambiar su postura y tener una participación social mucho más importante, porque corren el riesgo de quedarse sin el negocio a raíz de la presión de la ciudadanía".
"Los pueblos deben ver los beneficios reflejados en su forma y calidad de vida, al menos los que están cerca de la mina, y que hasta el momento no notaron ninguna mejora, ni con puestos de trabajo, ni con el turismo, ni con el comercio", sentenció.
"Hay verdades a medias"
Respecto al tema de la contaminación que genera Minera Alumbrera, que cuenta con causas en la Justicia Federal por envenenar con metales pesados la cuenca Salí-Dulce y el dique de Termas de Río Hondo, que Tucumán comparte con Santiago del Estero, Pfeiffer aseguró que, al respecto, "hay verdades a medias".
"El tema contaminación lo estuvimos analizando con muchos expertos, contaminación hay, porque toda actividad del hombre la genera, pero no en la magnitud que se menciona", argumentó.
Sobre el mismo tema, el funcionario aseguró que "La Alumbrera extrae agua de un lago subterráneo de 200 metros de profundidad, que se llama Campo del Arenal, y en estos 15 años, desde que comenzó la explotación, bajó su nivel solamente en un dos por ciento".
Por otro lado, afirmó que "hay estudios hechos por especialistas que aseguran que las enfermedades de cáncer que se vinculan a la actividad no son por culpa de minería y que el número de casos registrados está dentro de la media nacional. Tampoco se utiliza cianuro, que se usa para separar el mineral, lo cual en el caso de Minera Alumbrera no se realiza en el país, sino en el exterior", añadió.
En cambio, Peiffer admitió que "es cierto que el dique de cola de Minera Alumbrera tiene una filtración, que obliga a realizar bombeos diariamente para evitar que se contaminen las aguas. De todos modos, esto no tendría que haber sucedido, y se está evaluando trabajando desde el gobierno para qué medida se adopta", completó.
Algunos números de Minera Alumbrera
*Para la explotación del yacimiento de Bajo Alumbrera se constituyó una UTE (Unión Transitoria de Empresas) que tiene como socios a Minera Alumbrera y a la firma estatal YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio), que integran la Provincia de Catamarca, el Gobierno nacional y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
*Minera Alumbrera se lleva el 80 por ciento de las ganancias, mientras que el 20 por ciento restante de las utilidades netas se distribuye entre los miembros de YMAD, de acuerdo al siguiente esquema: Un 60 por ciento para Catamarca, un 20 por ciento para la UNT y un 20 por ciento para el Consejo Interuniversitario Nacional.
*Minera Alumbrera exportó 43.848 millones de pesos hasta 2010, lo que es casi diez veces la inversión inicial de 1.300 millones de dólares realizada en 1997, cuando comenzó a operar.
*Solamente en 2010, la empresa exportó 6.390 millones de pesos, de acuerdo el último informe anual presentado.
*Por año, extrae 140.000 toneladas de cobre, más de 352.000 onzas de oro en concentrado y 45.000 onzas de oro doré.
*En total, Minera Alumbrera genera 1.397 empleos directos. Según la empresa, por cada uno de esos puestos de empleo, se crean 10 indirectos.
*La empresa aportó a la economía nacional 3.916 millones de pesos en concepto de impuestos, regalías, utilidades, etc.
*Según la firma, consume en el país 1.220 millones de pesos. En todo 2010, por compras realizadas en Andalgalá, reportó un gasto de 34 millones de pesos.
Misiones: de luto tras el asesinato de un yaguareté
Turistas estuvieron de luto tras el asesinato de un yaguareté
Fecha de Publicación: 12/03/2012
Fuente: Minuto Uno
Provincia/Región: Misiones
Fue durante todo el fin de semana en el Parque Nacional Iguazú, donde están las cataratas. Pidieron más presupuesto para los guardaparques y un mejor cuidado de la ecología.
Unos 1.300 turistas que visitaron durante el fin de semana las Cataratas del Iguazú, ubicadas en el norte de Misiones, lucieron un crespón en señal de luto para reclamar mayor presupuesto y más guardaparques tras la muerte de un yaguareté a manos de cazadores furtivos.
La demostración, en el Parque Nacional Iguazú, fue acompañada por un petitorio dirigido a la Administración de Parques Nacionales, al Ministerio de Ecología de Misiones y a la Dirección Nacional de Fauna.
La consigna expresada por los manifestantes e impulsada por organizaciones de preservación ambiental fue "La selva está de luto, una maravilla menos", en alusión a la muerte del yaguareté que fue bautizado como "Guacurarí" y cuyos restos fueron hallados días atrás.
El animal era un macho adulto, estaba monitoreado desde 2006 y fue víctima de los cazadores furtivos que pululan en el Parque Provincial Urugua-í, aledaño a Iguazú, en un área de protección estricta.
Además, se trataba de uno de los últimos 50 ejemplares de los que viven en el llamado Corredor Verde de la selva misionera, y al parecer recorría las áreas comprendidas por el Parque Nacional Iguazú, Parque Provincial Urugua-í y algunas propiedades privadas.
En el documento que firmaron los visitantes de las Cataratas del Iguazú se solicitó a las autoridades que incorporen más guardaparques, cuenten con un mayor presupuesto, infraestructura y controles contra la caza furtiva en los sectores protegidos tanto pertenecientes a la provincia y Nación.
Las actividades de comunicación desarrolladas durante el fin de semana fueron propuestas por el Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico, la Fundación Vida Silvestre y Conservación Argentina.
Las organizaciones contaron con el apoyo y la adhesión de Bancos de Bosques, la Organización Mundial de Conservación (WWF) y otras entidades, informó una publicación.
Como parta de las acciones de comunicación y conciencia, además, prevén la realización de actividades similares en la localidad de Puerto Iguazú.
Allí se concretará una marcha desde el Paseo de la Identidad hasta el Hito de las Tres Fronteras, en la que los asistentes estarán acompañados por comparsas locales y donde se continuará con la recolección de firmas con para avalar los reclamos.
Fecha de Publicación: 12/03/2012
Fuente: Minuto Uno
Provincia/Región: Misiones
Fue durante todo el fin de semana en el Parque Nacional Iguazú, donde están las cataratas. Pidieron más presupuesto para los guardaparques y un mejor cuidado de la ecología.
Unos 1.300 turistas que visitaron durante el fin de semana las Cataratas del Iguazú, ubicadas en el norte de Misiones, lucieron un crespón en señal de luto para reclamar mayor presupuesto y más guardaparques tras la muerte de un yaguareté a manos de cazadores furtivos.
La demostración, en el Parque Nacional Iguazú, fue acompañada por un petitorio dirigido a la Administración de Parques Nacionales, al Ministerio de Ecología de Misiones y a la Dirección Nacional de Fauna.
La consigna expresada por los manifestantes e impulsada por organizaciones de preservación ambiental fue "La selva está de luto, una maravilla menos", en alusión a la muerte del yaguareté que fue bautizado como "Guacurarí" y cuyos restos fueron hallados días atrás.
El animal era un macho adulto, estaba monitoreado desde 2006 y fue víctima de los cazadores furtivos que pululan en el Parque Provincial Urugua-í, aledaño a Iguazú, en un área de protección estricta.
Además, se trataba de uno de los últimos 50 ejemplares de los que viven en el llamado Corredor Verde de la selva misionera, y al parecer recorría las áreas comprendidas por el Parque Nacional Iguazú, Parque Provincial Urugua-í y algunas propiedades privadas.
En el documento que firmaron los visitantes de las Cataratas del Iguazú se solicitó a las autoridades que incorporen más guardaparques, cuenten con un mayor presupuesto, infraestructura y controles contra la caza furtiva en los sectores protegidos tanto pertenecientes a la provincia y Nación.
Las actividades de comunicación desarrolladas durante el fin de semana fueron propuestas por el Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico, la Fundación Vida Silvestre y Conservación Argentina.
Las organizaciones contaron con el apoyo y la adhesión de Bancos de Bosques, la Organización Mundial de Conservación (WWF) y otras entidades, informó una publicación.
Como parta de las acciones de comunicación y conciencia, además, prevén la realización de actividades similares en la localidad de Puerto Iguazú.
Allí se concretará una marcha desde el Paseo de la Identidad hasta el Hito de las Tres Fronteras, en la que los asistentes estarán acompañados por comparsas locales y donde se continuará con la recolección de firmas con para avalar los reclamos.
Sali-Dulce: 1.000 millones de litros de vinaza
Confirman que nueve ingenios almacenan más de 1.000 millones de litros de vinaza
Fecha de Publicación: 12/03/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
Un mapeo satelital realizado por la Dirección de Medio Ambiente corroboró el peligro de que haya nuevos derrames en la cuenca Salí-Dulce. Hoy comenzarán las inspecciones a ingenios que suscribieron el plan “vinaza y ceniza cero”, para comprobar si cumplen con las obras prometidas.
A partir de un rastreo satelital realizado por la Dirección de Medio Ambiente de Santiago del Estero, se confirmó la primicia que publicara EL LIBERAL, acerca de que en Tucumán se acumulan más de mil millones de litros de vinaza, un desecho que generan las destilerías de la vecina provincia. En este trabajo se determinaron que son 9 los ingenios que producen bioetanol y que tienen guardados en piletones, este residuo que representa un serio riesgo ambiental para la cuenca Salí Dulce.
Los ingenios que están en esta situación son: Marapa (tiene depositados 3,5 millones de litros en la planta de tratamiento Los Guayacanes); La Fronterita; La Corona (uno de los que menos tiene); Santa Rosa (320 millones de litros); La Trinidad, Santa Bárbara (300 millones de litros); Concepción; San Juan y Leales
“Tenemos bien identificados quiénes son y qué cantidad tiene, para que realmente se hagan los trabajos”, dijo Juan Carlos Targa, director de Medio Ambiente de la provincia.
“Prácticamente todos los ingenios tienen vinaza. Ese es un riesgo latente, por eso estamos haciendo tanto hincapié en esto”, expresó el funcionario santiagueño que remarcó que junto con el secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, se acordó que la vinaza acumulada “va a ser tratada como recién producida. Es decir que si se arroja vinaza, ya sea la que tienen acumulada o la recién producida, puede caberle todas las sanciones del caso (a los ingenios)”.
“Eso ha quedado bien en claro, que no se va a permitir nada de vinaza”, recalcó. La gravedad de la situación, radica en que estos ingenios y los inmensos piletones con los desechos, están cerca de los cursos hidrológicos. El año pasado, vecinos denunciaron que los fines de semana y más aún cuando había lluvias, algunas plantas aprovechaban para arrojar grandes cantidades de desecho a los cursos que alimentan el lago Río Hondo.
Uno de los casos más serios es del ingenio Santa Bárbara, que tiene piletones con 300 millones de litros de vinaza, a solo seis metros del río Chico, tributario de la cuenca. Especialistas señalaron que ya hay contaminación de los ríos por la filtración en los piletones.
Fecha de Publicación: 12/03/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
Un mapeo satelital realizado por la Dirección de Medio Ambiente corroboró el peligro de que haya nuevos derrames en la cuenca Salí-Dulce. Hoy comenzarán las inspecciones a ingenios que suscribieron el plan “vinaza y ceniza cero”, para comprobar si cumplen con las obras prometidas.
A partir de un rastreo satelital realizado por la Dirección de Medio Ambiente de Santiago del Estero, se confirmó la primicia que publicara EL LIBERAL, acerca de que en Tucumán se acumulan más de mil millones de litros de vinaza, un desecho que generan las destilerías de la vecina provincia. En este trabajo se determinaron que son 9 los ingenios que producen bioetanol y que tienen guardados en piletones, este residuo que representa un serio riesgo ambiental para la cuenca Salí Dulce.
Los ingenios que están en esta situación son: Marapa (tiene depositados 3,5 millones de litros en la planta de tratamiento Los Guayacanes); La Fronterita; La Corona (uno de los que menos tiene); Santa Rosa (320 millones de litros); La Trinidad, Santa Bárbara (300 millones de litros); Concepción; San Juan y Leales
“Tenemos bien identificados quiénes son y qué cantidad tiene, para que realmente se hagan los trabajos”, dijo Juan Carlos Targa, director de Medio Ambiente de la provincia.
“Prácticamente todos los ingenios tienen vinaza. Ese es un riesgo latente, por eso estamos haciendo tanto hincapié en esto”, expresó el funcionario santiagueño que remarcó que junto con el secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, se acordó que la vinaza acumulada “va a ser tratada como recién producida. Es decir que si se arroja vinaza, ya sea la que tienen acumulada o la recién producida, puede caberle todas las sanciones del caso (a los ingenios)”.
“Eso ha quedado bien en claro, que no se va a permitir nada de vinaza”, recalcó. La gravedad de la situación, radica en que estos ingenios y los inmensos piletones con los desechos, están cerca de los cursos hidrológicos. El año pasado, vecinos denunciaron que los fines de semana y más aún cuando había lluvias, algunas plantas aprovechaban para arrojar grandes cantidades de desecho a los cursos que alimentan el lago Río Hondo.
Uno de los casos más serios es del ingenio Santa Bárbara, que tiene piletones con 300 millones de litros de vinaza, a solo seis metros del río Chico, tributario de la cuenca. Especialistas señalaron que ya hay contaminación de los ríos por la filtración en los piletones.
"Hay impunidaden materia de contaminación"
"Hay impunidaden materia de contaminación"
Fecha de Publicación: 11/03/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El fiscal general de Tucumán explica por qué cree que detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto y revela datos estremecedores: la tasa de jóvenes muertos de cáncer supera la media mundial en Andalgalá, el pueblo catamarqueño que se alzó contra la contaminación minera
Qué margen tiene un fiscal hoy, en la Argentina, para investigar seriamente al poder? "Ninguno; absolutamente ninguno", fue la inquietante respuesta del fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, cuyo cargo es uno de los más importantes en la justicia federal del Norte.
"La impunidad en nuestro país solo puede ser vencida de dos maneras: con apoyo del propio Estado, como ocurrió con los delitos de lesa humanidad, a partir de que fue incluida en la agenda del kirchnerismo o cuando, detrás del magistrado, hay un apoyo militante de la sociedad que reivindica una causa como objetivo propio", relata a LA NACION este fiscal, que nació en Puerto Deseado hace 52 años, y que se ha ido transformando en una suerte de emblema para los ambientalistas de Andalgalá, aquellos que militan en contra del megaproyecto minero que explota la empresa Bajo La Alumbrera.
Ocurre que Gómez se especializa en derecho penal ambiental y, desde que llegó al Norte -donde, según dice, "hay delito ambiental para hacer dulce"- abrió más de 80 causas, entre ellas una contra un alto ejecutivo de la empresa que explota Bajo La Alumbrera, el megaproyecto minero que, hace menos de un mes, fue blanco de furiosas protestas.
Para pesadilla de muchos, desde que llegó a Tucumán, en 2001, puso en la mira de sus investigaciones a ingenios, citrícolas, papeleras, recolectoras de residuos, frigoríficos. Procesó, además, a autoridades públicas por su complicidad en la contaminación, ya que una de sus máximas jurídicas sostiene que "detrás de cada delito ambiental, no hay desidia, ni distracción sino un funcionario corrupto".
Pero a Gómez no parece bastarle con investigar a quienes dañan al ecosistema. Hace tiempo que viene poniendo el ojo, también, en delitos económicos complejos, como el contrabando y la evasión tributaria en materia sojera, desde que el Norte se convirtió en tierra fértil para el "yuyo maldito". Lo explica: "Hay grandes multinacionales que bajan a Tucumán, con maletines llenos de dinero -los tienen escaneados, según cuenta- para comprarles a productores que, en su gran mayoría, trabaja en negro. Y como el exportador necesita una factura, es allí cuando aparecen empresas falsas, vendiendo facturas truchas. Desmontamos varias de estas redes", relata.
La corrupción dentro de la propia administración de Justicia es otra de sus acciones fuertes. Y da un ejemplo impresionante: "Hemos tenido el caso de un juez del tribunal oral federal de Salta que fue sorprendido en conversaciones telefónicas con los narcos, que negociaban su libertad a cambio de dinero".
En el marco de una gira por Europa y Estados Unidos, que empezó la semana pasada y durará un mes, dará una serie de conferencias relacionadas con su expertise. En los próximos días, por ejemplo, hablará ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos, donde expondrá un caso de contaminación ocurrido en Abrapampa, Jujuy, donde el 82 por ciento de los chicos recibieron contaminación con plomo que deriva en graves discapacidades mentales. Habían instalado, en el medio de la ciudad, un campo de residuos de plomo. La empresa había abandonado el lugar, después de quebrar, y nadie más se había ocupado del asunto.
"Voy a utilizar el caso como prueba de la impunidad que existe en materia de contaminación en la Argentina", avisa.
-Le han hecho fama de fiscal antimegaminería, ¿compra ese rol?
-No me considero antimegaminería. No estoy en contra de la minería ni mucho menos. Estoy en contra de los delitos que se cometen en nombre de la minería, que es muy distinto, y en contra, también, de la explotación minera irracional y sin controles estatales.
Es cierto que soy un fiscal federal que trata de hacer su trabajo en materia de delitos ambientales -agrotóxicos, vinaza, residuos radiactivos- y probablemente me destaco porque, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. No hay fiscales federales preocupados en capacitarse y avanzar en materia de delitos ambientales. Mi interés por la justicia ambiental empezó cuando me nombraron fiscal federal en Chubut. Entonces, abrí una causa penal que alcanzó mucha difusión, la de un empetrolamiento de 17.000 pingüinos, en 1991. El reclamo internacional por el daño ambiental y la ineficacia de las normas administrativas para tratar el tema me convencieron, finalmente, de que la única herramienta es el derecho penal ambiental.
-¿Qué presiones se enfrentan cuando se investigan delitos ambientales?
-Detrás de cada delito ambiental no hay ni distracción ni desidia, sino un funcionario corrupto, por lo que en Tucumán hubo algunas condenas a intendentes y a empresarios cómplices por ese delito. Perseguimos al contaminador, pero también al funcionario que le ha permitido contaminar. Hemos iniciado causas de oficio y alentamos a la gente para que participe y haga denuncias (la página para hacerlo es www.fiscaliagratucuman.gov.ar )
La realidad es que, cuando investigamos un delito ambiental, la mayor presión que recibimos es del propio Estado. Y no sólo no reclama indemnizaciones -porque, sin duda, los más afectados por la contaminación siempre son los más pobres, que se atienden en hospitales públicos-, sino que es cómplice. Y lo peor: combate a quienes investigan.
-Hace unos meses, sin embargo, el gobernador de Santiago del Estero se convirtió en querellante ante la contaminación que, al parecer, está afectando a las Termas de Río Hondo.
-Sí, Zamora se constituyó en querellante porque las termas están afectadas, entre otras cosas por el megaproyecto de Minera La Alumbrera, y puede afectar al turismo. En las termas hay metales pesados, algunos incluso radiactivos, que en las aguas generan enfermedades. No sucedió así, sin embargo, con el gobernador Alperovich (de Tucumán), que empezó con una demanda por contaminación, hasta que La Alumbrera construyó el hospital de Niños en la provincia. Sucede que el poder económico tiene la capacidad de comprar al poder político, y difícilmente ocurre al revés, por eso es mucho más difícil investigarlo y lograr condenas. El poder económico puede comprar con mucha facilidad al Poder Judicial, o puede presionar al poder político para designaciones en el poder judicial. En la juridiscción mía, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, los jueces de primera instancia son suplentes, desginados a dedo por el oficialismo. Eso hace que no tengamos una administración de Justicia realmente independiente.
-La protesta de los vecinos y asambleístas de Andalgalá se basa en que el megaproyecto minero afecta la salud de la gente; sin embargo, la empresa que explota el yacimiento, Xstrata Copper, argumentó que no usa cianuro en la producción de oro y, además, mostró estudios realizados por médicos prestigiosos como Daniel Stamboulián, titular de Funcei, cuya conclusión es que la minera no afecta el medioambiente. ¿Qué argumentos tiene usted para sostener lo contrario?
-En materia de minería, Andalgalá es una de las ciudades mas afectadas por la cercanía de un megaproyecto minero con las consiguientes consecuencias ambientales dañinas que ello conlleva. Y además, gracias a los avances tecnológicos, ya no están aislados: cuentan con información, tanto para darla como para recibirla.
Por otro lado, le digo que sí tiran cianuro y lo dice la misma empresa en un informe de impacto ambiental, presentado en junio de 2006, cuyo análisis fue realizado por el Instituto Nacional del Agua (Ina). Esto, creo ya, da por tierra esa discusión. Además, existen estudios que revelan datos inquietantes: que la tasa de jóvenes muertos de cáncer supera la media mundial en Andalgalá. El doctor Luis Alberto Flores, del hospital zonal, realizó, junto a un grupo de especialistas, un trabajo de investigación ante el aumento de casos de niños y niñas con cáncer, y la muerte de jóvenes por esta enfermedad. Desde la radicación de la minera la Alumbrera en Catamarca hace más de 15 años, curiosamente, aparecieron distintos tipos de cáncer que afectan a gran parte de las ciudades aledañas a la explotación de la mina. Cada año, se registran cinco casos de cáncer óseo en niños en Andalgalá.
El procesamiento por contaminación contra La Alumbrera dictado por la Cámara Federal de Tucumán, en 2008, en un fallo muy valiente, puso en crisis todo el sistema de minería a cielo abierto y se realizó en base a una comunidad que presionó a los jueces por los daños físicos provocados por la contaminación (muerte de animales, plomo en sangre de los chicos, etcétera), además de la falta de agua en los valles donde se cultiva, a raíz del uso indiscriminado del agua. Luego, la Cámara de Casación Penal dictó un fallo de falta de mérito -dos votos contra uno-, declarando nulo el procedimiento. Esta causa penal lleva ya 12 años, y el 28 de marzo la presentaré ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponerla como un claro caso de vulneración del Pacto de San José de Costa Rica.
-Por lo visto, los escollos son muchos en materia de delito ambiental, ¿pudo lograr condenas concretas?
-Claro que es posible condenarlos. Por ejemplo, a los propietarios de un sanatorio, a tres años de prisión en suspenso, por la contaminación de un basural con residuos patogénicos. Y a un intendente, cómplice de una situación de contaminación a un año de prisión. Es posible condenarlos.
-Más allá del tema ambiental, ¿qué posibilidad tiene en la Argentina un fiscal para investigar seriamente al poder?
-Ninguna. Absolutamente ninguna si es como emergente de un juramento y mandato legal. La impunidad en Argentina sólo puede ser vencida por los fiscales de dos maneras: o con apoyo del propio Estado como ocurrió con los delitos de lesa humanidad a partir de que fue incluida en la agenda política por el doctor Néstor Kirchner o cuando tiene detrás del magistrado un apoyo militante de la sociedad que lo reinvidica como objetivo propio.
-Que el poder económico compra al poder político es un buen título, pero ¿qué evidencias puede ofrecer para apoyar esa conclusión?
-Lo he advertido cada vez que me ha tocado investigar algún caso de corrupción en obra pública. Por ejemplo, y por dar sólo uno pero hay otros), el caso "Lomas de Tafí", el del Plan Argentina Trabaja, o en los mismos delitos ambientales causados en nombre de la minería. Y en este sentido siempre digo que en el mundo la manera más efectiva de ganar dinero rápido y fácil es contaminando. A más contaminación más dinero. A más dinero, mayor corrupción; a mayor corrupción más impunidad y a más impunidad más dinero. Y así en una espiral ascendente del cual las empresas multinacionales y las ecomafias italianas han tomado debida cuenta.
-La afirmación sugiere un alto grado de corrupción en la administración de la Justicia.
-El problema de la corrupción en la administración de la Justicia es muy fuerte. Un juez del tribunal oral federal de Salta fue sorprendido en conversaciones telefónicas, grabadas por el Ministerio público, negociando con narcos su libertad. El juzgado federal de Catamarca hace diez años que está vacante, no se designa. Hay un juez suplente, que tiene una vinculación de parentezco con Alicia Kirchner.
Cuando vos estudiás la corrupción, te das cuenta de que el funcionario corrupto arma un entorno, que compromete a varios para que, en el caso de ser descubierto, varios caigan con él. De ese modo, también garantiza el silencio de sus cómplices. El hombre conserva mucha información y documentación. Tenemos el 20 por ciento de los jueces y fiscales designados a dedo, sin acuerdo del Senado de la Nación; no interviene el Senado.
-¿Qué relación hay entre contaminación y pobreza?
-Directa. Los terrenos contaminados, las márgenes de los ríos como el Riachuelo o el Salí en Tucumán están poblados de villas miserias porque son espacios físicos rechazados por las clases sociales más pudientes. Es además un detonante que agrava la pobreza porque genera un sinnúmero de enfermedades propias de la contaminación que los circunda y de la que no pueden defenderse.
Proclamo que los fiscales tenemos como "clientes" a las víctimas de los delitos. Y en materia ambiental, no hay una víctima más dolorosa, ni más sufriente que los pobres. Las áreas de contaminación ambiental no son ocupados por gente de clase media o alta sino por los más pauperizados. Además, no tienen acceso a la Justicia.
-Al principio de la entrevista hablábamos de las presiones para avanzar en las investigaciones, ¿usted las recibe?
-Sí, claro, pero no me gusta hablar de ello porque en materia de administración de justicia, donde se involucra el poder económico y político en un mismo platillo de la balanza, los magistrados son muy propensos a "atender teléfonos que nunca suenan". Esta censura casi inconsciente se basa en el miedo. Y hablar de presiones es dar pábulo a ese miedo.
Mano a mano
Hace un tiempo, en el jardín de su casa tucumana, en Yerba Buena, apareció muerto su perro. Bueno, lo de "apareció muerto" quizá no sea la expresión más exacta: el perro había sido envenenado, algo que, teniendo en cuenta las causas que este fiscal ha investigado, podría hacer pensar, y de hecho lo hizo, en un mensaje mafioso, en una advertencia.
El fiscal Gustavo Gómez vive rodeado de mujeres: su esposa, de origen mapuche; tres hijas, su suegra y dos perras. Hasta su custodia es femenina. Y vive entre causas penales, presiones y reclamos ambientalistas. Por momentos, me hace acordar al ex fiscal Manual Garrido, que finalmente, maniatado, tuvo que renunciar. Aunque, entre ambos, hay una diferencia importante: el fiscal tucumano parece más desprotegido.
Sus empleados lo adoran; sus "mujeres" viven para él; para las ONG ambientalistas es casi un héroe, igual que para los indios quilmes, que viven en las zonas contaminadas; el Nobel de la Paz, que viene promoviendo la creación de un Tribunal Internacional para delitos ambientales, lo distingue (Gómez es el encargado de explorar las vías jurídicas para desarrollar esa propuesta).
Sin embargo, pienso, este hombre no puede ser perfecto. Algún lado oscuro debe tener. Se lo pregunto. "Ah, sí, tengo un problema con el ego; debo luchar contra él", confiesa. "¿Con el ego, con la necesidad de buscar reconocimiento por lo que hace?" Admite que sí.
Bueno, ahí la cosa cierra más. Perfecto no es. Pero en mi opinión, nada opaca una virtud que, por estas pampas, resulta tan necesaria: la decisión de investigar, con o sin miedo. No es poco en la Argentina. Ni en ninguna parte del mundo..
Fecha de Publicación: 11/03/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El fiscal general de Tucumán explica por qué cree que detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto y revela datos estremecedores: la tasa de jóvenes muertos de cáncer supera la media mundial en Andalgalá, el pueblo catamarqueño que se alzó contra la contaminación minera
Qué margen tiene un fiscal hoy, en la Argentina, para investigar seriamente al poder? "Ninguno; absolutamente ninguno", fue la inquietante respuesta del fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, cuyo cargo es uno de los más importantes en la justicia federal del Norte.
"La impunidad en nuestro país solo puede ser vencida de dos maneras: con apoyo del propio Estado, como ocurrió con los delitos de lesa humanidad, a partir de que fue incluida en la agenda del kirchnerismo o cuando, detrás del magistrado, hay un apoyo militante de la sociedad que reivindica una causa como objetivo propio", relata a LA NACION este fiscal, que nació en Puerto Deseado hace 52 años, y que se ha ido transformando en una suerte de emblema para los ambientalistas de Andalgalá, aquellos que militan en contra del megaproyecto minero que explota la empresa Bajo La Alumbrera.
Ocurre que Gómez se especializa en derecho penal ambiental y, desde que llegó al Norte -donde, según dice, "hay delito ambiental para hacer dulce"- abrió más de 80 causas, entre ellas una contra un alto ejecutivo de la empresa que explota Bajo La Alumbrera, el megaproyecto minero que, hace menos de un mes, fue blanco de furiosas protestas.
Para pesadilla de muchos, desde que llegó a Tucumán, en 2001, puso en la mira de sus investigaciones a ingenios, citrícolas, papeleras, recolectoras de residuos, frigoríficos. Procesó, además, a autoridades públicas por su complicidad en la contaminación, ya que una de sus máximas jurídicas sostiene que "detrás de cada delito ambiental, no hay desidia, ni distracción sino un funcionario corrupto".
Pero a Gómez no parece bastarle con investigar a quienes dañan al ecosistema. Hace tiempo que viene poniendo el ojo, también, en delitos económicos complejos, como el contrabando y la evasión tributaria en materia sojera, desde que el Norte se convirtió en tierra fértil para el "yuyo maldito". Lo explica: "Hay grandes multinacionales que bajan a Tucumán, con maletines llenos de dinero -los tienen escaneados, según cuenta- para comprarles a productores que, en su gran mayoría, trabaja en negro. Y como el exportador necesita una factura, es allí cuando aparecen empresas falsas, vendiendo facturas truchas. Desmontamos varias de estas redes", relata.
La corrupción dentro de la propia administración de Justicia es otra de sus acciones fuertes. Y da un ejemplo impresionante: "Hemos tenido el caso de un juez del tribunal oral federal de Salta que fue sorprendido en conversaciones telefónicas con los narcos, que negociaban su libertad a cambio de dinero".
En el marco de una gira por Europa y Estados Unidos, que empezó la semana pasada y durará un mes, dará una serie de conferencias relacionadas con su expertise. En los próximos días, por ejemplo, hablará ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos, donde expondrá un caso de contaminación ocurrido en Abrapampa, Jujuy, donde el 82 por ciento de los chicos recibieron contaminación con plomo que deriva en graves discapacidades mentales. Habían instalado, en el medio de la ciudad, un campo de residuos de plomo. La empresa había abandonado el lugar, después de quebrar, y nadie más se había ocupado del asunto.
"Voy a utilizar el caso como prueba de la impunidad que existe en materia de contaminación en la Argentina", avisa.
-Le han hecho fama de fiscal antimegaminería, ¿compra ese rol?
-No me considero antimegaminería. No estoy en contra de la minería ni mucho menos. Estoy en contra de los delitos que se cometen en nombre de la minería, que es muy distinto, y en contra, también, de la explotación minera irracional y sin controles estatales.
Es cierto que soy un fiscal federal que trata de hacer su trabajo en materia de delitos ambientales -agrotóxicos, vinaza, residuos radiactivos- y probablemente me destaco porque, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. No hay fiscales federales preocupados en capacitarse y avanzar en materia de delitos ambientales. Mi interés por la justicia ambiental empezó cuando me nombraron fiscal federal en Chubut. Entonces, abrí una causa penal que alcanzó mucha difusión, la de un empetrolamiento de 17.000 pingüinos, en 1991. El reclamo internacional por el daño ambiental y la ineficacia de las normas administrativas para tratar el tema me convencieron, finalmente, de que la única herramienta es el derecho penal ambiental.
-¿Qué presiones se enfrentan cuando se investigan delitos ambientales?
-Detrás de cada delito ambiental no hay ni distracción ni desidia, sino un funcionario corrupto, por lo que en Tucumán hubo algunas condenas a intendentes y a empresarios cómplices por ese delito. Perseguimos al contaminador, pero también al funcionario que le ha permitido contaminar. Hemos iniciado causas de oficio y alentamos a la gente para que participe y haga denuncias (la página para hacerlo es www.fiscaliagratucuman.gov.ar )
La realidad es que, cuando investigamos un delito ambiental, la mayor presión que recibimos es del propio Estado. Y no sólo no reclama indemnizaciones -porque, sin duda, los más afectados por la contaminación siempre son los más pobres, que se atienden en hospitales públicos-, sino que es cómplice. Y lo peor: combate a quienes investigan.
-Hace unos meses, sin embargo, el gobernador de Santiago del Estero se convirtió en querellante ante la contaminación que, al parecer, está afectando a las Termas de Río Hondo.
-Sí, Zamora se constituyó en querellante porque las termas están afectadas, entre otras cosas por el megaproyecto de Minera La Alumbrera, y puede afectar al turismo. En las termas hay metales pesados, algunos incluso radiactivos, que en las aguas generan enfermedades. No sucedió así, sin embargo, con el gobernador Alperovich (de Tucumán), que empezó con una demanda por contaminación, hasta que La Alumbrera construyó el hospital de Niños en la provincia. Sucede que el poder económico tiene la capacidad de comprar al poder político, y difícilmente ocurre al revés, por eso es mucho más difícil investigarlo y lograr condenas. El poder económico puede comprar con mucha facilidad al Poder Judicial, o puede presionar al poder político para designaciones en el poder judicial. En la juridiscción mía, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, los jueces de primera instancia son suplentes, desginados a dedo por el oficialismo. Eso hace que no tengamos una administración de Justicia realmente independiente.
-La protesta de los vecinos y asambleístas de Andalgalá se basa en que el megaproyecto minero afecta la salud de la gente; sin embargo, la empresa que explota el yacimiento, Xstrata Copper, argumentó que no usa cianuro en la producción de oro y, además, mostró estudios realizados por médicos prestigiosos como Daniel Stamboulián, titular de Funcei, cuya conclusión es que la minera no afecta el medioambiente. ¿Qué argumentos tiene usted para sostener lo contrario?
-En materia de minería, Andalgalá es una de las ciudades mas afectadas por la cercanía de un megaproyecto minero con las consiguientes consecuencias ambientales dañinas que ello conlleva. Y además, gracias a los avances tecnológicos, ya no están aislados: cuentan con información, tanto para darla como para recibirla.
Por otro lado, le digo que sí tiran cianuro y lo dice la misma empresa en un informe de impacto ambiental, presentado en junio de 2006, cuyo análisis fue realizado por el Instituto Nacional del Agua (Ina). Esto, creo ya, da por tierra esa discusión. Además, existen estudios que revelan datos inquietantes: que la tasa de jóvenes muertos de cáncer supera la media mundial en Andalgalá. El doctor Luis Alberto Flores, del hospital zonal, realizó, junto a un grupo de especialistas, un trabajo de investigación ante el aumento de casos de niños y niñas con cáncer, y la muerte de jóvenes por esta enfermedad. Desde la radicación de la minera la Alumbrera en Catamarca hace más de 15 años, curiosamente, aparecieron distintos tipos de cáncer que afectan a gran parte de las ciudades aledañas a la explotación de la mina. Cada año, se registran cinco casos de cáncer óseo en niños en Andalgalá.
El procesamiento por contaminación contra La Alumbrera dictado por la Cámara Federal de Tucumán, en 2008, en un fallo muy valiente, puso en crisis todo el sistema de minería a cielo abierto y se realizó en base a una comunidad que presionó a los jueces por los daños físicos provocados por la contaminación (muerte de animales, plomo en sangre de los chicos, etcétera), además de la falta de agua en los valles donde se cultiva, a raíz del uso indiscriminado del agua. Luego, la Cámara de Casación Penal dictó un fallo de falta de mérito -dos votos contra uno-, declarando nulo el procedimiento. Esta causa penal lleva ya 12 años, y el 28 de marzo la presentaré ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponerla como un claro caso de vulneración del Pacto de San José de Costa Rica.
-Por lo visto, los escollos son muchos en materia de delito ambiental, ¿pudo lograr condenas concretas?
-Claro que es posible condenarlos. Por ejemplo, a los propietarios de un sanatorio, a tres años de prisión en suspenso, por la contaminación de un basural con residuos patogénicos. Y a un intendente, cómplice de una situación de contaminación a un año de prisión. Es posible condenarlos.
-Más allá del tema ambiental, ¿qué posibilidad tiene en la Argentina un fiscal para investigar seriamente al poder?
-Ninguna. Absolutamente ninguna si es como emergente de un juramento y mandato legal. La impunidad en Argentina sólo puede ser vencida por los fiscales de dos maneras: o con apoyo del propio Estado como ocurrió con los delitos de lesa humanidad a partir de que fue incluida en la agenda política por el doctor Néstor Kirchner o cuando tiene detrás del magistrado un apoyo militante de la sociedad que lo reinvidica como objetivo propio.
-Que el poder económico compra al poder político es un buen título, pero ¿qué evidencias puede ofrecer para apoyar esa conclusión?
-Lo he advertido cada vez que me ha tocado investigar algún caso de corrupción en obra pública. Por ejemplo, y por dar sólo uno pero hay otros), el caso "Lomas de Tafí", el del Plan Argentina Trabaja, o en los mismos delitos ambientales causados en nombre de la minería. Y en este sentido siempre digo que en el mundo la manera más efectiva de ganar dinero rápido y fácil es contaminando. A más contaminación más dinero. A más dinero, mayor corrupción; a mayor corrupción más impunidad y a más impunidad más dinero. Y así en una espiral ascendente del cual las empresas multinacionales y las ecomafias italianas han tomado debida cuenta.
-La afirmación sugiere un alto grado de corrupción en la administración de la Justicia.
-El problema de la corrupción en la administración de la Justicia es muy fuerte. Un juez del tribunal oral federal de Salta fue sorprendido en conversaciones telefónicas, grabadas por el Ministerio público, negociando con narcos su libertad. El juzgado federal de Catamarca hace diez años que está vacante, no se designa. Hay un juez suplente, que tiene una vinculación de parentezco con Alicia Kirchner.
Cuando vos estudiás la corrupción, te das cuenta de que el funcionario corrupto arma un entorno, que compromete a varios para que, en el caso de ser descubierto, varios caigan con él. De ese modo, también garantiza el silencio de sus cómplices. El hombre conserva mucha información y documentación. Tenemos el 20 por ciento de los jueces y fiscales designados a dedo, sin acuerdo del Senado de la Nación; no interviene el Senado.
-¿Qué relación hay entre contaminación y pobreza?
-Directa. Los terrenos contaminados, las márgenes de los ríos como el Riachuelo o el Salí en Tucumán están poblados de villas miserias porque son espacios físicos rechazados por las clases sociales más pudientes. Es además un detonante que agrava la pobreza porque genera un sinnúmero de enfermedades propias de la contaminación que los circunda y de la que no pueden defenderse.
Proclamo que los fiscales tenemos como "clientes" a las víctimas de los delitos. Y en materia ambiental, no hay una víctima más dolorosa, ni más sufriente que los pobres. Las áreas de contaminación ambiental no son ocupados por gente de clase media o alta sino por los más pauperizados. Además, no tienen acceso a la Justicia.
-Al principio de la entrevista hablábamos de las presiones para avanzar en las investigaciones, ¿usted las recibe?
-Sí, claro, pero no me gusta hablar de ello porque en materia de administración de justicia, donde se involucra el poder económico y político en un mismo platillo de la balanza, los magistrados son muy propensos a "atender teléfonos que nunca suenan". Esta censura casi inconsciente se basa en el miedo. Y hablar de presiones es dar pábulo a ese miedo.
Mano a mano
Hace un tiempo, en el jardín de su casa tucumana, en Yerba Buena, apareció muerto su perro. Bueno, lo de "apareció muerto" quizá no sea la expresión más exacta: el perro había sido envenenado, algo que, teniendo en cuenta las causas que este fiscal ha investigado, podría hacer pensar, y de hecho lo hizo, en un mensaje mafioso, en una advertencia.
El fiscal Gustavo Gómez vive rodeado de mujeres: su esposa, de origen mapuche; tres hijas, su suegra y dos perras. Hasta su custodia es femenina. Y vive entre causas penales, presiones y reclamos ambientalistas. Por momentos, me hace acordar al ex fiscal Manual Garrido, que finalmente, maniatado, tuvo que renunciar. Aunque, entre ambos, hay una diferencia importante: el fiscal tucumano parece más desprotegido.
Sus empleados lo adoran; sus "mujeres" viven para él; para las ONG ambientalistas es casi un héroe, igual que para los indios quilmes, que viven en las zonas contaminadas; el Nobel de la Paz, que viene promoviendo la creación de un Tribunal Internacional para delitos ambientales, lo distingue (Gómez es el encargado de explorar las vías jurídicas para desarrollar esa propuesta).
Sin embargo, pienso, este hombre no puede ser perfecto. Algún lado oscuro debe tener. Se lo pregunto. "Ah, sí, tengo un problema con el ego; debo luchar contra él", confiesa. "¿Con el ego, con la necesidad de buscar reconocimiento por lo que hace?" Admite que sí.
Bueno, ahí la cosa cierra más. Perfecto no es. Pero en mi opinión, nada opaca una virtud que, por estas pampas, resulta tan necesaria: la decisión de investigar, con o sin miedo. No es poco en la Argentina. Ni en ninguna parte del mundo..
Cofema y su defensa a la minería
Cofema y su defensa a la minería
Fecha de Publicación: 11/03/2012
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
El Consejo Federal de Medio Ambiente en la Asamblea General del Consejo celebrada el miércoles y jueves pasado en la ciudad de Tigre, provincia de Buenos Aires emitió una declaración nacional en defensa de la minería responsable y la autonomía que tienen las provincias para desarrollar esa actividad en sus respectivas jurisdicciones.
La Declaración de la 68 Asamblea indica que la utilización de los recursos naturales ‘’para el desarrollo de los pueblos en forma integral, es un derecho inherente e irrenunciable de los mismos’. El texto nacional agrega que en ese contexto ‘’los emprendimientos mineros constituyen una actividad productiva que debe realizarse en forma responsable, respetando la normativa vigente en cada una de las jurisdicciones, con participación del Estado, y los ciudadanos en el control de impacto ambiental que la actividad pudiere tener’’. En el encuentro del organismo que integra a las autoridades provinciales de medio ambiente de todo el país, en el que participó el Secretario de Medio Ambiente de San Juan, Raúl Tello, también se eligieron autoridades que tendrán la misión de marcar agenda sobre todos los aspectos y discutir los ejes de la política ambiental que se pondrán en práctica este año.
En primer lugar, se prorrogó el mandato como presidente de Alfredo Montalván, secretario de Medio Ambiente de Tucumán, en tanto que se designó como vice a la Ministra de Medio Ambiente de San Luis, Daiana Hissa.
Por su lado, el sanjuanino Raúl Tello integra tres comisiones nacionales: las de Educación Ambiental, la de Residuos Sólidos Urbanos y la de Minería. El Consejo, creado en La Rioja el 31 de agosto de 1990, logró concretar en lo medioambiental, el federalismo, persiguiendo el objetivo central de articular las diferentes temáticas y problemáticas ambientales que traspone a las jurisdicciones. En ese sentido, se conformó un organismo, con personería jurídica de derecho público que coordina la política ambiental entre los miembros. Fue ratificado en el Pacto Federal Ambiental firmado entre los gobernadores en 1993, en 1994 se sumó la Secretaría de Ambiente de la Nación, que hasta ese momento no tenía representación y, en 2001, la Ley General del Ambiente lo estableció como el ámbito natural de concertación de políticas ambientales en todo el país..
Fecha de Publicación: 11/03/2012
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
El Consejo Federal de Medio Ambiente en la Asamblea General del Consejo celebrada el miércoles y jueves pasado en la ciudad de Tigre, provincia de Buenos Aires emitió una declaración nacional en defensa de la minería responsable y la autonomía que tienen las provincias para desarrollar esa actividad en sus respectivas jurisdicciones.
La Declaración de la 68 Asamblea indica que la utilización de los recursos naturales ‘’para el desarrollo de los pueblos en forma integral, es un derecho inherente e irrenunciable de los mismos’. El texto nacional agrega que en ese contexto ‘’los emprendimientos mineros constituyen una actividad productiva que debe realizarse en forma responsable, respetando la normativa vigente en cada una de las jurisdicciones, con participación del Estado, y los ciudadanos en el control de impacto ambiental que la actividad pudiere tener’’. En el encuentro del organismo que integra a las autoridades provinciales de medio ambiente de todo el país, en el que participó el Secretario de Medio Ambiente de San Juan, Raúl Tello, también se eligieron autoridades que tendrán la misión de marcar agenda sobre todos los aspectos y discutir los ejes de la política ambiental que se pondrán en práctica este año.
En primer lugar, se prorrogó el mandato como presidente de Alfredo Montalván, secretario de Medio Ambiente de Tucumán, en tanto que se designó como vice a la Ministra de Medio Ambiente de San Luis, Daiana Hissa.
Por su lado, el sanjuanino Raúl Tello integra tres comisiones nacionales: las de Educación Ambiental, la de Residuos Sólidos Urbanos y la de Minería. El Consejo, creado en La Rioja el 31 de agosto de 1990, logró concretar en lo medioambiental, el federalismo, persiguiendo el objetivo central de articular las diferentes temáticas y problemáticas ambientales que traspone a las jurisdicciones. En ese sentido, se conformó un organismo, con personería jurídica de derecho público que coordina la política ambiental entre los miembros. Fue ratificado en el Pacto Federal Ambiental firmado entre los gobernadores en 1993, en 1994 se sumó la Secretaría de Ambiente de la Nación, que hasta ese momento no tenía representación y, en 2001, la Ley General del Ambiente lo estableció como el ámbito natural de concertación de políticas ambientales en todo el país..
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