Los perjuicios del corte del Atuel en La Pampa
18:10 | 
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Corte del Atuel: "El perjuicio se expresa en éxodo poblacional, desertificación y daños ambientales"
Fecha de Publicación: 17/02/2012
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El gobernador Oscar Jorge encabezó este viernes el acto de Presentación Sintética de Resultados del Estudio para la Cuantificación Monetaria del daño ambiental causado a la Provincia de La Pampa por la carencia de un caudal fluvioecológico del Río Atuel.
El gobernador Oscar Jorge encabezó este viernes el acto del denominado “Estudio para la cuantificación monetaria del daño causado en la provincia de La Pampa por la carencia de un caudal fluvioecológico del Río Atuel”. Ese trabajo fue encargado a la Universidad de La Pampa y su objetivo, sintetizando ese extenso título, es poder establecer el daño económico causado por el corte del Atuel desde la provincia de Mendoza.
El acto de la mañana de este viernes en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno era muy esperado. Y más en días donde se está convocando a una manifestación popular por parte de distintas organizaciones sociales. Se podía anticipar un mensaje firme del gobierno provincial sobre el conflicto histórico, pero quedó a medias.
En rigor, no se conoció un número exacto del perjuicio sufrido por nuestra provincia y es posible que no se conozca. El contrato entre el Estado pampeano y la UNLPam incluye una cláusula de confidencialidad que no permite la publicidad del resultado completo del estudio. Néstor Lastiri, secretario de Recursos Hídricos provincial, dijo ante la prensa luego de la presentación que se llevarán a cabo una serie de talleres en Santa Isabel durante las próximas semanas para hacer una evaluación global del informe de la UNLPam y que “el perjuicio” deberá ser evaluado no sólo desde el lado económico sino también social.
El gobernador Oscar Mario Jorge también habló con la prensa luego del acto, de manera breve. Descartó de plano insistir por la vía judicial y recordó que está vigente el Convenio del Atuel firmado en 2009. Aunque en Mendoza no se aprobó, dijo que había hablado con su par de esa provincia, Francisco “Paco” Pérez, para reflotarlo. “Durante la anterior gobernación, Mendoza ha avanzado en algunas obras en orden con este convenio. Y vamos a tratar por lo menos que haya un paso. Los problemas económicos, ambientales y sociales se verán en otro momento”, dijo el mandatario pampeano.
El trabajo
El acto se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno. Estuvieron Jorge, Lastiri, el rector de la UNLPam, Sergio Baudino, el diputado provincial Juan Pablo Morisoli, los ministros Ariel Rauchengerger, Sergio Violo y Abelardo Ferrán, el fiscal de Estado, Alejandro Vanini, y la asesora letrada Daniela Vassia.
El trabajo fue realizado por la Consultora Técnica de la Univesidad Nacional de La Pampa, y financiado con dinero del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
En su alocución previa a la presentación formal, el gobernador Jorge dijo que “esta es una de las unidades hidrográficas más alteradas negativamente por la acción humana. La utilización que ha hecho y realiza la provincia de Mendoza de las aguas del río, ha impactado sobre gran parte del oeste pampeano, afectando las condiciones sociales, económicas, productivas y ambientales”. Agregó que “el perjuicio se expresa en éxodo poblacional, empobrecimiento de los productores, desertificación y severos daños ambientales desde que se hizo la obra de los Nihuiles” y que “la actitud de Mendoza no corresponde a la de una provincia hermana. Este gobierno mantiene su política y reclamo por sus recursos”.
El encargado de dar a conocer el estudio fue el coordinador del proyecto, el ingeniero Marcelo Gaviño Novillo. Explicó que lo se le entregó a la provincia “es un conjunto de opciones, no decimos lo que se tiene que hacer”. Y destacó que “no sirve resolver el conflicto del Atuel si no se resuelven otros conflictos como el de la cuencia del Salado-Desaguadero”.
El resultado final son tres tomos. El primero es una síntesis en un documento de 130 páginas; el segundo es un detalle compuesto por cinco extensos volúmenes; y el tercero son cinco DVD con toda la información cargada para ser puesta a diposición de las bases de datos de la Secretaría de Recursos Hídricos.
Gaviño Novillo insistió en que la vía de resolución debe ser “a través del diálogo basado en la razón” y que este material servía como “sustento técnico” para “tener una base para hacer valer nuestros derechos”.
Fecha de Publicación: 17/02/2012
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El gobernador Oscar Jorge encabezó este viernes el acto de Presentación Sintética de Resultados del Estudio para la Cuantificación Monetaria del daño ambiental causado a la Provincia de La Pampa por la carencia de un caudal fluvioecológico del Río Atuel.
El gobernador Oscar Jorge encabezó este viernes el acto del denominado “Estudio para la cuantificación monetaria del daño causado en la provincia de La Pampa por la carencia de un caudal fluvioecológico del Río Atuel”. Ese trabajo fue encargado a la Universidad de La Pampa y su objetivo, sintetizando ese extenso título, es poder establecer el daño económico causado por el corte del Atuel desde la provincia de Mendoza.
El acto de la mañana de este viernes en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno era muy esperado. Y más en días donde se está convocando a una manifestación popular por parte de distintas organizaciones sociales. Se podía anticipar un mensaje firme del gobierno provincial sobre el conflicto histórico, pero quedó a medias.
En rigor, no se conoció un número exacto del perjuicio sufrido por nuestra provincia y es posible que no se conozca. El contrato entre el Estado pampeano y la UNLPam incluye una cláusula de confidencialidad que no permite la publicidad del resultado completo del estudio. Néstor Lastiri, secretario de Recursos Hídricos provincial, dijo ante la prensa luego de la presentación que se llevarán a cabo una serie de talleres en Santa Isabel durante las próximas semanas para hacer una evaluación global del informe de la UNLPam y que “el perjuicio” deberá ser evaluado no sólo desde el lado económico sino también social.
El gobernador Oscar Mario Jorge también habló con la prensa luego del acto, de manera breve. Descartó de plano insistir por la vía judicial y recordó que está vigente el Convenio del Atuel firmado en 2009. Aunque en Mendoza no se aprobó, dijo que había hablado con su par de esa provincia, Francisco “Paco” Pérez, para reflotarlo. “Durante la anterior gobernación, Mendoza ha avanzado en algunas obras en orden con este convenio. Y vamos a tratar por lo menos que haya un paso. Los problemas económicos, ambientales y sociales se verán en otro momento”, dijo el mandatario pampeano.
El trabajo
El acto se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno. Estuvieron Jorge, Lastiri, el rector de la UNLPam, Sergio Baudino, el diputado provincial Juan Pablo Morisoli, los ministros Ariel Rauchengerger, Sergio Violo y Abelardo Ferrán, el fiscal de Estado, Alejandro Vanini, y la asesora letrada Daniela Vassia.
El trabajo fue realizado por la Consultora Técnica de la Univesidad Nacional de La Pampa, y financiado con dinero del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
En su alocución previa a la presentación formal, el gobernador Jorge dijo que “esta es una de las unidades hidrográficas más alteradas negativamente por la acción humana. La utilización que ha hecho y realiza la provincia de Mendoza de las aguas del río, ha impactado sobre gran parte del oeste pampeano, afectando las condiciones sociales, económicas, productivas y ambientales”. Agregó que “el perjuicio se expresa en éxodo poblacional, empobrecimiento de los productores, desertificación y severos daños ambientales desde que se hizo la obra de los Nihuiles” y que “la actitud de Mendoza no corresponde a la de una provincia hermana. Este gobierno mantiene su política y reclamo por sus recursos”.
El encargado de dar a conocer el estudio fue el coordinador del proyecto, el ingeniero Marcelo Gaviño Novillo. Explicó que lo se le entregó a la provincia “es un conjunto de opciones, no decimos lo que se tiene que hacer”. Y destacó que “no sirve resolver el conflicto del Atuel si no se resuelven otros conflictos como el de la cuencia del Salado-Desaguadero”.
El resultado final son tres tomos. El primero es una síntesis en un documento de 130 páginas; el segundo es un detalle compuesto por cinco extensos volúmenes; y el tercero son cinco DVD con toda la información cargada para ser puesta a diposición de las bases de datos de la Secretaría de Recursos Hídricos.
Gaviño Novillo insistió en que la vía de resolución debe ser “a través del diálogo basado en la razón” y que este material servía como “sustento técnico” para “tener una base para hacer valer nuestros derechos”.
La reacción de los gobernadores mineros
Reacción de los gobernadores mineros
Fecha de Publicación: 16/02/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
A yer se reunieron en Buenos Aires los gobernadores de provincias que tienen desarrollo minero en sus jurisdicciones con el objeto de constituir una organización (similar a la de las provincias petroleras) para reivindicar esta actividad económica.
Para ello se encontraron con el ministro de Planificación, Julio de Vido, buscando una suerte de “bendición” del Gobierno nacional que, de alguna manera, termine de confirmar el discurso de la Presidenta en apoyo a esta actividad.
Según lo expresado por algunos gobernadores, el objetivo de la iniciativa sería crear un Acuerdo Federal Minero que asegure el desarrollo y el cuidado del ambiente. La idea, también, es dar participación a las comunidades originarias así como la creación de empresas públicas provinciales para que intervengan en la minería.
La parte declamativa es muy liviana y cae en lugares comunes. Cualquier actividad económica debe tener como propósito el crecimiento, la creación de empleo y el cuidado del ambiente, por lo que resultaría ocioso hacer esta aclaración respecto de la minería. Además, existe una ley de defensa del medio ambiente y cada provincia tiene sus propias normativas ambientales.
En realidad, es una tibia respuesta de los gobernadores ante el avance de los movimientos ambientalistas (que nadie sabe quién los financia) llenos de frases altisonantes contra la megaminería que ha generado situaciones de violencia y represión.
Las dudas de la gente
Una de las consignas que esgrimen los ambientalistas es la de la contaminación. En este sentido, el uso de la frase “megaminería contaminante” busca asociar a los grandes desarrollos con la contaminación por definición y sin necesidad de explicación.
Las comunidades no son expertas en el tema y ni las compañías mineras ni los funcionarios han tenido el tino de explicar esta situación con claridad. En su lugar, se hacen contra-movilizaciones de gente que trabaja en la minería, con cosas burdas como el diálogo de la Presidenta con un minero medio trucho.
Las personas que viven en las zonas en cuestión están necesitadas de trabajo, pero si les dicen que les van a contaminar los campos, que sus aguas no servirán para nada, que ellos y sus hijos morirán de cáncer y no encuentran explicaciones válidas, con razón se van a oponer.
Si los gobernadores quieren legitimar la actividad, deberían dar seguridades de que sus provincias cumplirán de manera irrestricta con los controles ambientales. Como nadie cree que vayan a hacerlo, deberían involucrar a las comunidades y a organizaciones ambientalistas serias para que, juntos, formen una Policía Ambiental Minera, donde todos los sectores puedan ejercer el control.
Además, tendrían que establecer protocolos muy claros acerca del tratamiento de las aguas y su recuperación así como de los residuos. De la misma forma, debería quedar planteado, antes del inicio, cuál será el plan de recuperación de la zona y las inversiones que se harán para que la vida siga siendo posible una vez que termine la explotación.
La actividad minera fue una posibilidad a partir de la Ley de Promoción, que eximió a las compañías de impuestos y les impuso una regalía del 3%. Pero esta ley fue dictada en un momento en que el precio de los metales estaba por el piso, una situación que no se da en la actualidad. Del otorgamiento de estabilidad fiscal por 30 años, si bien pretende dar seguridad jurídica, también es un cepo para avanzar.
Hace poco, Perú renegoció con las mineras las regalías y las aumentaron al 15%, lo que indica que existen márgenes. La creación de empresas locales estatales quizás sea una forma de asegurarse algo más de ingreso, porque, en rigor de verdad, ninguna provincia tiene capital para explotar por sí misma dichos reservorios ni la aptitud para salir al mercado de capitales a captar inversores.
Las comunidades tienen miedo y ni las empresas ni el Estado les dan garantías. ¿O acaso la contaminación de una empresa estatal es más justificable que la de una empresa privada? Hay que sincerarse y actuar con seriedad. Es posible que haya minería con cuidado del medio ambiente, pero las empresas y el Estado deben dar garantías a satisfacción, algo que hasta ahora no han hecho.
Más Información:
- Página/12 - Marcha contra las mineras
- La Voz - Provincias se unen por más ganancias de la minería
- Clarín - El Gobierno nacional volvió a apoyar la megaminería
- Diario Río Negro - Provincias mineras se juntan con apoyo nacional
Fecha de Publicación: 16/02/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
A yer se reunieron en Buenos Aires los gobernadores de provincias que tienen desarrollo minero en sus jurisdicciones con el objeto de constituir una organización (similar a la de las provincias petroleras) para reivindicar esta actividad económica.
Para ello se encontraron con el ministro de Planificación, Julio de Vido, buscando una suerte de “bendición” del Gobierno nacional que, de alguna manera, termine de confirmar el discurso de la Presidenta en apoyo a esta actividad.
Según lo expresado por algunos gobernadores, el objetivo de la iniciativa sería crear un Acuerdo Federal Minero que asegure el desarrollo y el cuidado del ambiente. La idea, también, es dar participación a las comunidades originarias así como la creación de empresas públicas provinciales para que intervengan en la minería.
La parte declamativa es muy liviana y cae en lugares comunes. Cualquier actividad económica debe tener como propósito el crecimiento, la creación de empleo y el cuidado del ambiente, por lo que resultaría ocioso hacer esta aclaración respecto de la minería. Además, existe una ley de defensa del medio ambiente y cada provincia tiene sus propias normativas ambientales.
En realidad, es una tibia respuesta de los gobernadores ante el avance de los movimientos ambientalistas (que nadie sabe quién los financia) llenos de frases altisonantes contra la megaminería que ha generado situaciones de violencia y represión.
Las dudas de la gente
Una de las consignas que esgrimen los ambientalistas es la de la contaminación. En este sentido, el uso de la frase “megaminería contaminante” busca asociar a los grandes desarrollos con la contaminación por definición y sin necesidad de explicación.
Las comunidades no son expertas en el tema y ni las compañías mineras ni los funcionarios han tenido el tino de explicar esta situación con claridad. En su lugar, se hacen contra-movilizaciones de gente que trabaja en la minería, con cosas burdas como el diálogo de la Presidenta con un minero medio trucho.
Las personas que viven en las zonas en cuestión están necesitadas de trabajo, pero si les dicen que les van a contaminar los campos, que sus aguas no servirán para nada, que ellos y sus hijos morirán de cáncer y no encuentran explicaciones válidas, con razón se van a oponer.
Si los gobernadores quieren legitimar la actividad, deberían dar seguridades de que sus provincias cumplirán de manera irrestricta con los controles ambientales. Como nadie cree que vayan a hacerlo, deberían involucrar a las comunidades y a organizaciones ambientalistas serias para que, juntos, formen una Policía Ambiental Minera, donde todos los sectores puedan ejercer el control.
Además, tendrían que establecer protocolos muy claros acerca del tratamiento de las aguas y su recuperación así como de los residuos. De la misma forma, debería quedar planteado, antes del inicio, cuál será el plan de recuperación de la zona y las inversiones que se harán para que la vida siga siendo posible una vez que termine la explotación.
La actividad minera fue una posibilidad a partir de la Ley de Promoción, que eximió a las compañías de impuestos y les impuso una regalía del 3%. Pero esta ley fue dictada en un momento en que el precio de los metales estaba por el piso, una situación que no se da en la actualidad. Del otorgamiento de estabilidad fiscal por 30 años, si bien pretende dar seguridad jurídica, también es un cepo para avanzar.
Hace poco, Perú renegoció con las mineras las regalías y las aumentaron al 15%, lo que indica que existen márgenes. La creación de empresas locales estatales quizás sea una forma de asegurarse algo más de ingreso, porque, en rigor de verdad, ninguna provincia tiene capital para explotar por sí misma dichos reservorios ni la aptitud para salir al mercado de capitales a captar inversores.
Las comunidades tienen miedo y ni las empresas ni el Estado les dan garantías. ¿O acaso la contaminación de una empresa estatal es más justificable que la de una empresa privada? Hay que sincerarse y actuar con seriedad. Es posible que haya minería con cuidado del medio ambiente, pero las empresas y el Estado deben dar garantías a satisfacción, algo que hasta ahora no han hecho.
Más Información:
- Página/12 - Marcha contra las mineras
- La Voz - Provincias se unen por más ganancias de la minería
- Clarín - El Gobierno nacional volvió a apoyar la megaminería
- Diario Río Negro - Provincias mineras se juntan con apoyo nacional
Se reunen los gobernadores mineros
“Un desarrollo minero con reglas claras”
Fecha de Publicación: 15/02/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La gobernadora de Catamarca aseguró que en La Alumbrera no se usa cianuro y destacó que el agua en su provincia no está contaminada. Dijo que no permitirá “que intereses económicos estén por encima de la salud”. Y criticó la cobertura de algunos medios.
“Yo soy médica, soy madre y nada me preocupa más que los catamarqueños vivamos mejor, con salud. No voy a permitir que intereses económicos estén por encima de la salud de mi población.” La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, ofreció ayer una conferencia de prensa en la ciudad de Buenos Aires, para negar que los emprendimientos mineros en marcha estén contaminando la provincia. En oposición a lo que afirman los que se oponen a la megaminería a cielo abierto, Corpacci aseguró que en la explotación de Bajo La Alumbrera “no se usa cianuro” y aseguró que el agua en Catamarca “no está contaminada”. La mandataria provincial se refirió al tema en la jornada previa a una manifestación que se hará hoy en contra de los emprendimientos mineros, en el marco de una situación de tensión en la provincia por la presencia de grupos que apoyan esas iniciativas, circunstancia que hace suponer que puede haber enfrentamientos entre las dos partes. Corpacci también debatió sobre el tema en el programa 6 7 8, donde estuvo acompañada por el vicegobernador Dalmacio Mera.
Corpacci dijo que el propósito de su gobierno, que asumió hace dos meses, es plantear “la defensa y la importancia del desarrollo minero con reglas claras”. Remarcó que por esa razón se reunió con los empresarios mineros para decirles que la minería “debe beneficiar a todos los catamarqueños y no a unos pocos”. Aclaró también que su gestión “no autorizó nuevos emprendimientos”, dado que los que se están cuestionando fueron aprobados por gobiernos anteriores. “Por eso llama la atención este conflicto” que la pone en el centro de la escena.
Sobre las razones del recrudecimiento del debate sostuvo que le preocupa que “la desinformación” es “generada por algunos medios nacionales”, en referencia a TN y al diario Clarín, cuyos titulares, al aludir a los emprendimientos mineros en Catamarca, dicen que los camiones que transitan la provincia “llevan una carga de muerte”, por el cianuro o los explosivos que formarían parte de la carga. Al respecto, sugirió a esos dos medios que “se informen” porque “el agua no está contaminada y no se usa cianuro” en la explotación minera catamarqueña.
Durante la reunión, Corpacci hizo pasar un video en pantalla gigante con una parte de la cobertura del periodista Julio Bazán, de TN. “Ven, ahí dice que están pasando camiones con cianuro”, criticó la gobernadora, para insistir en afirmar que “no se usa cianuro”. También respondió preguntas sobre la represión ocurrida el viernes de la semana pasada en Tinogasta. Afirmó que está “en contra de la violencia” y que quiere una policía “que esté a favor de la gente”. De todos modos, dijo que los problemas se desencadenaron cuando “personas que estaban en el corte arrojaron piedras, una de las cuales hirió de gravedad a un camionero” que pasaba por el lugar al volante de su vehículo. “Esas imágenes no fueron mostradas por la televisión”, se quejó Corpacci.
En la reunión de prensa, que se hizo en la Casa de Catamarca en Buenos Aires, se precisó que en la provincia existen 13 proyectos en exploración y 5 en ejecución. Entre los que se están ejecutando se encuentra el de Bajo La Alumbrera que, recordó Corpacci, “lleva 15 años de producción y tiene una corta vida útil productiva por delante”.
Sobre los cortes de ruta que se están realizando a favor de la minería, Corpacci aclaró que su gobierno “no está involucrado con los que hacen los contrapiquetes”. Aclaró que sí pudo ver que “la gente que está a favor de la minería está cortando la ruta, pero nosotros no tenemos nada que ver, porque siempre hemos dicho que estamos en contra de los cortes”.
La mandataria insistió en que minera La Alumbrera “no utiliza cianuro en ningún momento de la producción”. En ese sentido aseguró que “los estudios realizados por centros reconocidos sobre la influencia que puede tener el desarrollo minero en nuestras cuencas hídricas demuestran claramente que el agua no está perjudicada por el desarrollo minero”. El vicegobernador Mera, al sentar posición sobre el tema, dijo: “No somos mineros, somos desarrollistas y queremos el progreso de la provincia”.
Para exigir, mejor juntarse
Buscan instalar parámetros comunes para exigir a las multinacionales de la minería. La idea también es brindar un parecer conjunto sobre los conflictos que está generando la actividad. Hoy cierran el acuerdo frente al ministro De Vido.
Gobernadores de las provincias donde mayor peso tiene la actividad minera oficializarán hoy la conformación de la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), a través de la cual buscarán ganar fuerza relativa frente a las multinacionales que operan en el sector. Los mandatarios provinciales mantuvieron ayer una reunión preparatoria con el secretario de Minería, Jorge Mayoral, y hoy cerrarían el acuerdo con la presencia del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Las administraciones provinciales también darán su parecer, en forma conjunta, sobre los recientes conflictos sociales desatados por la actividad. “La intención es que las provincias mineras andinas podamos fijar parámetros comunes frente a las empresas, que permitan establecer un piso de exigencias de distinta índole”, indicó a Página/12 Dalmacio Mera, vicegobernador de Catamarca.
Se reunieron ayer con Mayoral los gobernadores de Jujuy, Eduardo Fellner; Salta, Juan Manuel Urtubey; Catamarca, Lucía Corpacci; La Rioja, Luis Beder Herrera; San Juan, José Luis Gioja; Chubut, Martín Buzzi; Río Negro, Alberto Weretilneck, y Santa Cruz, Daniel Peralta. Esas provincias conformarán la Ofemi, que hará las veces de la Ofephi, vinculada con el sector de los hidrocarburos, pero para la minería.
La intención es, por un lado, hacer una defensa de la actividad, que es muy cuestionada en términos ambientales, fiscales y de aporte al desarrollo económico. Los mandatarios subrayarán los controles ambientales que estarían tomando y sentarán posición en el conflicto de Famatina. Sin embargo, otro de los objetivos es ganar fuerza relativa, a través de la unión de las provincias, para conseguir negociar temas ambientales y fiscales de mejor manera con las multinacionales que operan en el sector.
“Es una idea que hace muchos meses fue hablada con otros gobernadores, no es algo nuevo. A todos les parecía razonable que las provincias mineras andinas se junten para fijar parámetros comunes frente a las empresas multinacionales. Así poder tener todos un piso de exigencias ambientales y económicas. La idea es también poder hacer las cosas de forma más transparente y mejorar la comunicación hacia la sociedad”, indicó Dalmacio Mera. Desde el plano ambiental, las provincias buscarán fijar pisos comunes de exigencia y elevarlos en algunos casos, ya que las normativas son disímiles. “Es un viejo anhelo poder demostrar que se puede hacer minería en forma sustentable”, completó el funcionario.
“Las provincias buscan que la actividad proporcione mejores y mayores resultados que los actuales, para volcar más recursos a sus presupuestos. El tema medioambiental debe debatirse con absoluta sinceridad en todos los ámbitos que corresponda. En solitario siempre es más difícil plantear reglas de juego a empresas multinacionales”, afirmó ayer Daniel Peralta.
Los gobernadores buscarán emitir un documento en forma conjunta, aunque la redacción final es materia de discusión, porque los criterios no son los mismos en cada caso. Por ejemplo, Río Negro y Catamarca estarían a favor de la participación directa del Estado en las explotaciones a través de las empresas públicas provinciales, a diferencia de San Juan, que opta por sólo “extremar los controles”. El punto de referencia en esa materia es la empresa estatal de Santa Cruz, Fomicruz, que opera a través de la asociación a emprendimientos privados. De esa forma, el estado provincial participa en determinado porcentaje en las utilidades de las firmas.
“Ese esquema habría que pensarlo para los nuevos emprendimientos, porque si no las empresas que ya han explorado pueden hacer juicios. Hay que pensar de aquí en adelante”, indicó un asistente a la reunión de ayer. “La intención es lograr esos objetivos, pero sin tocar el Código Minero, para evitar el problema que sería llevar ese tema al Congreso”, explicaron desde San Juan. Los gobernadores también buscarán que las empresas mineras tiendan lazos con los proveedores locales. En general, las compañías sólo adquieren servicios con escasa tracción hacia el interior del entramado productivo. Por eso, algunas provincias pretenden impulsar el refinamiento o el fraccionamiento local de los minerales.
Más Información:
- Urgente24 - Hoy comienza el Kontraataque minero
- Los Andes - San Luis se declaró en contra de la megaminería
- Diario Uno - Gobernadores pro minería acordaron fundar una organización federal
Fecha de Publicación: 15/02/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La gobernadora de Catamarca aseguró que en La Alumbrera no se usa cianuro y destacó que el agua en su provincia no está contaminada. Dijo que no permitirá “que intereses económicos estén por encima de la salud”. Y criticó la cobertura de algunos medios.
“Yo soy médica, soy madre y nada me preocupa más que los catamarqueños vivamos mejor, con salud. No voy a permitir que intereses económicos estén por encima de la salud de mi población.” La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, ofreció ayer una conferencia de prensa en la ciudad de Buenos Aires, para negar que los emprendimientos mineros en marcha estén contaminando la provincia. En oposición a lo que afirman los que se oponen a la megaminería a cielo abierto, Corpacci aseguró que en la explotación de Bajo La Alumbrera “no se usa cianuro” y aseguró que el agua en Catamarca “no está contaminada”. La mandataria provincial se refirió al tema en la jornada previa a una manifestación que se hará hoy en contra de los emprendimientos mineros, en el marco de una situación de tensión en la provincia por la presencia de grupos que apoyan esas iniciativas, circunstancia que hace suponer que puede haber enfrentamientos entre las dos partes. Corpacci también debatió sobre el tema en el programa 6 7 8, donde estuvo acompañada por el vicegobernador Dalmacio Mera.
Corpacci dijo que el propósito de su gobierno, que asumió hace dos meses, es plantear “la defensa y la importancia del desarrollo minero con reglas claras”. Remarcó que por esa razón se reunió con los empresarios mineros para decirles que la minería “debe beneficiar a todos los catamarqueños y no a unos pocos”. Aclaró también que su gestión “no autorizó nuevos emprendimientos”, dado que los que se están cuestionando fueron aprobados por gobiernos anteriores. “Por eso llama la atención este conflicto” que la pone en el centro de la escena.
Sobre las razones del recrudecimiento del debate sostuvo que le preocupa que “la desinformación” es “generada por algunos medios nacionales”, en referencia a TN y al diario Clarín, cuyos titulares, al aludir a los emprendimientos mineros en Catamarca, dicen que los camiones que transitan la provincia “llevan una carga de muerte”, por el cianuro o los explosivos que formarían parte de la carga. Al respecto, sugirió a esos dos medios que “se informen” porque “el agua no está contaminada y no se usa cianuro” en la explotación minera catamarqueña.
Durante la reunión, Corpacci hizo pasar un video en pantalla gigante con una parte de la cobertura del periodista Julio Bazán, de TN. “Ven, ahí dice que están pasando camiones con cianuro”, criticó la gobernadora, para insistir en afirmar que “no se usa cianuro”. También respondió preguntas sobre la represión ocurrida el viernes de la semana pasada en Tinogasta. Afirmó que está “en contra de la violencia” y que quiere una policía “que esté a favor de la gente”. De todos modos, dijo que los problemas se desencadenaron cuando “personas que estaban en el corte arrojaron piedras, una de las cuales hirió de gravedad a un camionero” que pasaba por el lugar al volante de su vehículo. “Esas imágenes no fueron mostradas por la televisión”, se quejó Corpacci.
En la reunión de prensa, que se hizo en la Casa de Catamarca en Buenos Aires, se precisó que en la provincia existen 13 proyectos en exploración y 5 en ejecución. Entre los que se están ejecutando se encuentra el de Bajo La Alumbrera que, recordó Corpacci, “lleva 15 años de producción y tiene una corta vida útil productiva por delante”.
Sobre los cortes de ruta que se están realizando a favor de la minería, Corpacci aclaró que su gobierno “no está involucrado con los que hacen los contrapiquetes”. Aclaró que sí pudo ver que “la gente que está a favor de la minería está cortando la ruta, pero nosotros no tenemos nada que ver, porque siempre hemos dicho que estamos en contra de los cortes”.
La mandataria insistió en que minera La Alumbrera “no utiliza cianuro en ningún momento de la producción”. En ese sentido aseguró que “los estudios realizados por centros reconocidos sobre la influencia que puede tener el desarrollo minero en nuestras cuencas hídricas demuestran claramente que el agua no está perjudicada por el desarrollo minero”. El vicegobernador Mera, al sentar posición sobre el tema, dijo: “No somos mineros, somos desarrollistas y queremos el progreso de la provincia”.
Para exigir, mejor juntarse
Buscan instalar parámetros comunes para exigir a las multinacionales de la minería. La idea también es brindar un parecer conjunto sobre los conflictos que está generando la actividad. Hoy cierran el acuerdo frente al ministro De Vido.
Gobernadores de las provincias donde mayor peso tiene la actividad minera oficializarán hoy la conformación de la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), a través de la cual buscarán ganar fuerza relativa frente a las multinacionales que operan en el sector. Los mandatarios provinciales mantuvieron ayer una reunión preparatoria con el secretario de Minería, Jorge Mayoral, y hoy cerrarían el acuerdo con la presencia del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Las administraciones provinciales también darán su parecer, en forma conjunta, sobre los recientes conflictos sociales desatados por la actividad. “La intención es que las provincias mineras andinas podamos fijar parámetros comunes frente a las empresas, que permitan establecer un piso de exigencias de distinta índole”, indicó a Página/12 Dalmacio Mera, vicegobernador de Catamarca.
Se reunieron ayer con Mayoral los gobernadores de Jujuy, Eduardo Fellner; Salta, Juan Manuel Urtubey; Catamarca, Lucía Corpacci; La Rioja, Luis Beder Herrera; San Juan, José Luis Gioja; Chubut, Martín Buzzi; Río Negro, Alberto Weretilneck, y Santa Cruz, Daniel Peralta. Esas provincias conformarán la Ofemi, que hará las veces de la Ofephi, vinculada con el sector de los hidrocarburos, pero para la minería.
La intención es, por un lado, hacer una defensa de la actividad, que es muy cuestionada en términos ambientales, fiscales y de aporte al desarrollo económico. Los mandatarios subrayarán los controles ambientales que estarían tomando y sentarán posición en el conflicto de Famatina. Sin embargo, otro de los objetivos es ganar fuerza relativa, a través de la unión de las provincias, para conseguir negociar temas ambientales y fiscales de mejor manera con las multinacionales que operan en el sector.
“Es una idea que hace muchos meses fue hablada con otros gobernadores, no es algo nuevo. A todos les parecía razonable que las provincias mineras andinas se junten para fijar parámetros comunes frente a las empresas multinacionales. Así poder tener todos un piso de exigencias ambientales y económicas. La idea es también poder hacer las cosas de forma más transparente y mejorar la comunicación hacia la sociedad”, indicó Dalmacio Mera. Desde el plano ambiental, las provincias buscarán fijar pisos comunes de exigencia y elevarlos en algunos casos, ya que las normativas son disímiles. “Es un viejo anhelo poder demostrar que se puede hacer minería en forma sustentable”, completó el funcionario.
“Las provincias buscan que la actividad proporcione mejores y mayores resultados que los actuales, para volcar más recursos a sus presupuestos. El tema medioambiental debe debatirse con absoluta sinceridad en todos los ámbitos que corresponda. En solitario siempre es más difícil plantear reglas de juego a empresas multinacionales”, afirmó ayer Daniel Peralta.
Los gobernadores buscarán emitir un documento en forma conjunta, aunque la redacción final es materia de discusión, porque los criterios no son los mismos en cada caso. Por ejemplo, Río Negro y Catamarca estarían a favor de la participación directa del Estado en las explotaciones a través de las empresas públicas provinciales, a diferencia de San Juan, que opta por sólo “extremar los controles”. El punto de referencia en esa materia es la empresa estatal de Santa Cruz, Fomicruz, que opera a través de la asociación a emprendimientos privados. De esa forma, el estado provincial participa en determinado porcentaje en las utilidades de las firmas.
“Ese esquema habría que pensarlo para los nuevos emprendimientos, porque si no las empresas que ya han explorado pueden hacer juicios. Hay que pensar de aquí en adelante”, indicó un asistente a la reunión de ayer. “La intención es lograr esos objetivos, pero sin tocar el Código Minero, para evitar el problema que sería llevar ese tema al Congreso”, explicaron desde San Juan. Los gobernadores también buscarán que las empresas mineras tiendan lazos con los proveedores locales. En general, las compañías sólo adquieren servicios con escasa tracción hacia el interior del entramado productivo. Por eso, algunas provincias pretenden impulsar el refinamiento o el fraccionamiento local de los minerales.
Más Información:
- Urgente24 - Hoy comienza el Kontraataque minero
- Los Andes - San Luis se declaró en contra de la megaminería
- Diario Uno - Gobernadores pro minería acordaron fundar una organización federal
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Minería, el debate pendiente
Minería, el debate pendiente
Fecha de Publicación: 14/02/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional - Catamarca
El avance de emprendimientos mineros sin el consenso social de los pueblos afectados es abrumador. Sin embargo, en distintos lugares donde éstos operan, aparecen voces disidentes que con reclamos pacíficos y un amplio apoyo vecinal, intentan poner freno al avasallamiento a los recursos naturales.
Entre los casos más conocidos se encuentra el de Catamarca y la mina Bajo La Alumbrera, que explota oro desde 1997 afectando la vida de las comunidades que habitan las zonas circundantes, como Belén, Andalgalá, Santa María y Tinogasta.
Hace más de 10 años, los vecinos de la zona conformaron asambleas y denunciaron a la empresa suiza Xstrata Copper y las canadienses Goldcorp y Yamana Gold, responsables del yacimiento Bajo La Alumbrera, con el objetivo de frenar el impacto ambiental en la zona: la contaminación y la falta de agua, los cambios en la morfología del terreno, los peligros constantes de los químicos con los que trabaja la empresa, los efectos producidos por explosivos, entre otros.
En las últimas semanas, el escaso control del gobierno a estos emprendimientos, los impactos ambientales y las promesas de un progreso que nunca llega (Catamarca, con 15 años de "progresos mineros", sigue siendo una de las provincias más pobres del país) movilizó a las asambleas a cortar nuevamente el acceso a la mina de vehículos con explosivos, tóxicos y otros insumos para la empresa. Estos reclamos desataron el viernes la brutal represión policial donde fueron agredidos, detenidos y procesados más de treinta vecinos.
Un día antes, la Presidenta de la Nación, aseguraba que Argentina se debía un debate serio en relación a la minería, debate que como demuestra el accionar de las fuerzas policiales de Catamarca, todavía no empezó y amenaza con no escuchar opiniones que disientan con la versión oficial.
La minería a cielo abierto es una actividad industrial insostenible por definición, ya que la explotación del mineral supone su agotamiento. El valor de los recursos naturales extraídos está completamente distorsionado por los beneficios impositivos que tiene la actividad, y por la externalización de los costos ambientales y sociales que produce.
A gran escala, esta industria está asociada a los impactos sociales relacionados con los cambios poblacionales que ocurren mientras opera la mina, y amenaza recursos naturales en los que se basa el desarrollo de otras actividades como el turismo, la agricultura y la ganadería.
Greenpeace viene reclamando desde el año 2003, un debate sobre la megaminería y el uso de sustancias contaminantes en el proceso de extracción del mineral. La minería es responsable de la destrucción de ecosistemas: prueba de ello es el impacto de los glaciares ocasionado por la empresa Barrick Gold en Pascua Lama (1); es responsable de un alto consumo de agua y energía (Bajo La Alumbrera utiliza alrededor de 100 millones de litros de agua por día), compitiendo con el abastecimiento de otras actividades productivas y de la población misma; es responsable de generar empleos durante un corto plazo y dejar enormes pasivos ambientales; y es responsable de ocasionar el agotamiento de recursos naturales, en algunos casos como el del oro sin otro destino que el de bienes suntuarios.
Todo esto nos obliga a analizar estos emprendimientos desde una perspectiva más amplia, evaluando la necesidad real de seguir dañando el ambiente y amenazando los medios de vida de comunidades enteras a cambio de la extracción de un recurso no renovable que ya ha sido explotado durante siglos.
Por Gonzalo Strano + El autor es miembro de la Unidad de Campañas de Greenpeace Argentina
Más Información:
- La Nación - Responsabilizan al gobierno nacional
- La Nación - Siguen los cortes y crece la tensión en Catamarca
- El Tiempo Argentino - Los bloqueos a favor y contra la minería marcan el pulso
- Página/12 - La minería, la invención democrática y el desarrollo sustentable
- El Cronista - Reunión de gobernadores por críticas a minería
- El Siglo - “La Alumbrera exportó la contaminación de Catamarca a Tucumán”
Fecha de Publicación: 14/02/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional - Catamarca
El avance de emprendimientos mineros sin el consenso social de los pueblos afectados es abrumador. Sin embargo, en distintos lugares donde éstos operan, aparecen voces disidentes que con reclamos pacíficos y un amplio apoyo vecinal, intentan poner freno al avasallamiento a los recursos naturales.
Entre los casos más conocidos se encuentra el de Catamarca y la mina Bajo La Alumbrera, que explota oro desde 1997 afectando la vida de las comunidades que habitan las zonas circundantes, como Belén, Andalgalá, Santa María y Tinogasta.
Hace más de 10 años, los vecinos de la zona conformaron asambleas y denunciaron a la empresa suiza Xstrata Copper y las canadienses Goldcorp y Yamana Gold, responsables del yacimiento Bajo La Alumbrera, con el objetivo de frenar el impacto ambiental en la zona: la contaminación y la falta de agua, los cambios en la morfología del terreno, los peligros constantes de los químicos con los que trabaja la empresa, los efectos producidos por explosivos, entre otros.
En las últimas semanas, el escaso control del gobierno a estos emprendimientos, los impactos ambientales y las promesas de un progreso que nunca llega (Catamarca, con 15 años de "progresos mineros", sigue siendo una de las provincias más pobres del país) movilizó a las asambleas a cortar nuevamente el acceso a la mina de vehículos con explosivos, tóxicos y otros insumos para la empresa. Estos reclamos desataron el viernes la brutal represión policial donde fueron agredidos, detenidos y procesados más de treinta vecinos.
Un día antes, la Presidenta de la Nación, aseguraba que Argentina se debía un debate serio en relación a la minería, debate que como demuestra el accionar de las fuerzas policiales de Catamarca, todavía no empezó y amenaza con no escuchar opiniones que disientan con la versión oficial.
La minería a cielo abierto es una actividad industrial insostenible por definición, ya que la explotación del mineral supone su agotamiento. El valor de los recursos naturales extraídos está completamente distorsionado por los beneficios impositivos que tiene la actividad, y por la externalización de los costos ambientales y sociales que produce.
A gran escala, esta industria está asociada a los impactos sociales relacionados con los cambios poblacionales que ocurren mientras opera la mina, y amenaza recursos naturales en los que se basa el desarrollo de otras actividades como el turismo, la agricultura y la ganadería.
Greenpeace viene reclamando desde el año 2003, un debate sobre la megaminería y el uso de sustancias contaminantes en el proceso de extracción del mineral. La minería es responsable de la destrucción de ecosistemas: prueba de ello es el impacto de los glaciares ocasionado por la empresa Barrick Gold en Pascua Lama (1); es responsable de un alto consumo de agua y energía (Bajo La Alumbrera utiliza alrededor de 100 millones de litros de agua por día), compitiendo con el abastecimiento de otras actividades productivas y de la población misma; es responsable de generar empleos durante un corto plazo y dejar enormes pasivos ambientales; y es responsable de ocasionar el agotamiento de recursos naturales, en algunos casos como el del oro sin otro destino que el de bienes suntuarios.
Todo esto nos obliga a analizar estos emprendimientos desde una perspectiva más amplia, evaluando la necesidad real de seguir dañando el ambiente y amenazando los medios de vida de comunidades enteras a cambio de la extracción de un recurso no renovable que ya ha sido explotado durante siglos.
Por Gonzalo Strano + El autor es miembro de la Unidad de Campañas de Greenpeace Argentina
Más Información:
- La Nación - Responsabilizan al gobierno nacional
- La Nación - Siguen los cortes y crece la tensión en Catamarca
- El Tiempo Argentino - Los bloqueos a favor y contra la minería marcan el pulso
- Página/12 - La minería, la invención democrática y el desarrollo sustentable
- El Cronista - Reunión de gobernadores por críticas a minería
- El Siglo - “La Alumbrera exportó la contaminación de Catamarca a Tucumán”
Ampliación del relleno sanitario de Ceamse
Avanzan con la ampliación del relleno sanitario de Ceamse
Fecha de Publicación: 14/02/2012
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Mientras se demora la nueva planta de tratamiento de residuos, buscan más lugar en el predio de Ensenada
Las ONGs que integran la asamblea ambiental "No + Ceamse" advirtieron por trabajos de ampliación que ya se estarían realizando en el relleno sanitario de Punta Lara, pese a que una orden judicial había ordenado el cierre del predio. Fuentes del sindicato de trabajadores de la Ceamse, en tanto, confirmaron que está prevista una ampliación para poder recibir la basura que ingresará al lugar hasta que se construya la nueva planta de tratamiento de residuos de la Región.
"Hemos visto en las últimas semanas que en el relleno se avanzó con la obra, ya se hicieron los terraplenes de los costados como para construir un nuevo módulo. Es una ampliación que va en contra de leyes nacionales y provinciales, con el agravante de que está al lado de una cava que posee agua que aflora de las napas subterráneas", señaló Marcelo Martínez, titular de la Ong Nuevo Ambiente.
Para los ambientalistas, la decisión de ampliar el relleno significa "un retroceso judicial e institucional, además de una burla a los compromisos y fallos judiciales".
Vale recordar que, en un fallo de diciembre de 2010, la Suprema Corte provincial le había denegado a Ceamse un pedido para ampliar el relleno de Punta Lara y había instado a los municipios a que informaran cuál sería el destino de la basura de la Región.
Sin embargo, el proyecto presentado en aquel momento para la construcción de una planta de tratamiento de residuos aún no pudo ser iniciado, según refirieron los ambientalistas. Esa demora es la explicación que dan los trabajadores de la Ceamse para justificar la necesidad de expandir el relleno.
De acuerdo con lo que indicaron referentes de la Asociación Gremial de Obreros y Empleados de Ceamse (AGOEC), "los módulos que se utilizan se encuentran con la capacidad colmada, por eso se está trabajando para poder hacer frente a la mayor demanda de residuos que podríamos tener en los próximos meses".
Según las estimaciones que hacen los referentes del sindicato, "si se cumpliera el cierre del relleno hoy mismo, en tres días la Ciudad estaría con la basura en la calle porque no habría a dónde llevarla".
Desde AGOEC, además, se estimó que la planta de tratamiento de residuos proyectada no podría estar lista en un plazo menor a 18 meses, por lo que se indicó que los trabajos en el relleno de Punta Lara apuntan a "mejorar la capacidad operativa teniendo en cuenta que vamos a tener que seguir recibiendo basura al menos durante un año y medio más".
"Estos trabajos no se hacen de un día para el otro, por eso estamos pensando ya desde hoy en las necesidades que pueden tenerse en los próximos meses", explicaron desde el gremio.
Fecha de Publicación: 14/02/2012
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Mientras se demora la nueva planta de tratamiento de residuos, buscan más lugar en el predio de Ensenada
Las ONGs que integran la asamblea ambiental "No + Ceamse" advirtieron por trabajos de ampliación que ya se estarían realizando en el relleno sanitario de Punta Lara, pese a que una orden judicial había ordenado el cierre del predio. Fuentes del sindicato de trabajadores de la Ceamse, en tanto, confirmaron que está prevista una ampliación para poder recibir la basura que ingresará al lugar hasta que se construya la nueva planta de tratamiento de residuos de la Región.
"Hemos visto en las últimas semanas que en el relleno se avanzó con la obra, ya se hicieron los terraplenes de los costados como para construir un nuevo módulo. Es una ampliación que va en contra de leyes nacionales y provinciales, con el agravante de que está al lado de una cava que posee agua que aflora de las napas subterráneas", señaló Marcelo Martínez, titular de la Ong Nuevo Ambiente.
Para los ambientalistas, la decisión de ampliar el relleno significa "un retroceso judicial e institucional, además de una burla a los compromisos y fallos judiciales".
Vale recordar que, en un fallo de diciembre de 2010, la Suprema Corte provincial le había denegado a Ceamse un pedido para ampliar el relleno de Punta Lara y había instado a los municipios a que informaran cuál sería el destino de la basura de la Región.
Sin embargo, el proyecto presentado en aquel momento para la construcción de una planta de tratamiento de residuos aún no pudo ser iniciado, según refirieron los ambientalistas. Esa demora es la explicación que dan los trabajadores de la Ceamse para justificar la necesidad de expandir el relleno.
De acuerdo con lo que indicaron referentes de la Asociación Gremial de Obreros y Empleados de Ceamse (AGOEC), "los módulos que se utilizan se encuentran con la capacidad colmada, por eso se está trabajando para poder hacer frente a la mayor demanda de residuos que podríamos tener en los próximos meses".
Según las estimaciones que hacen los referentes del sindicato, "si se cumpliera el cierre del relleno hoy mismo, en tres días la Ciudad estaría con la basura en la calle porque no habría a dónde llevarla".
Desde AGOEC, además, se estimó que la planta de tratamiento de residuos proyectada no podría estar lista en un plazo menor a 18 meses, por lo que se indicó que los trabajos en el relleno de Punta Lara apuntan a "mejorar la capacidad operativa teniendo en cuenta que vamos a tener que seguir recibiendo basura al menos durante un año y medio más".
"Estos trabajos no se hacen de un día para el otro, por eso estamos pensando ya desde hoy en las necesidades que pueden tenerse en los próximos meses", explicaron desde el gremio.
Andagalá es "zona liberada"
Denuncian que Andagalá es “zona liberada, peor que en la dictadura”
Fecha de Publicación: 13/02/2012
Fuente: AIM
Provincia/Región: Catamarca
A dos días de un nuevo aniversario de la mayor protesta de ambientalistas contra la megaminería a cielo abierto, más de 3.000 vecinos de Andagalá (Catamarca), marcharon el sábado para exigir al gobierno que reestablezca el estado de derecho y libere el tránsito de personas, impedido “por una patota pro-minera”, confirmó a AIM el integrante de la Asamblea El Algarrobo Ricardo Morel. “Denunciamos la falta total de garantías constitucionales y la vulneración absoluta del estado de derecho en todo el departamento de Andalgalá”. “La zona está liberada, peor que en la dictadura”, destacó.
En diálogo con esta Agencia, Morel advirtió que “Andalgá debe ser liberado, y si no lo hace el Estado, lo hará el pueblo movilizándose en las calles de todo el país”. El asambleísta, que es artesano textil, docente y pequeño productor en una finca en la que produce nueces, relató que Andangalá “está sitiada por una patota pro minera, que controla los accesos a la ciudad para evitar el ingreso de personas que intentan unirse a la lucha en contra de la mega minería a cielo abierto”.
El dirigente manifestó que desde hace cinco días, “un grupo de personas que trabaja en la minera Bajo la Alumbrera y empresarios avalados por los gobiernos provincial y nacional, actúan con total impunidad cortando los caminos hacia Andalgalá. En ese bloqueo impiden el paso a los medios de comunicación no oficialistas y a todos aquellos que se expresan en contra de la minería contaminante. Este accionar demuestra como estas empresas transnacionales operan al margen de la legalidad, utilizando una metodología patoteril de control total, ignorando la voz y la voluntad del pueblo”.
Además, Morel aseveró a AIM que este grupo de personas “maltrató y maltrata a los periodistas de medios nacionales que vinieron a cubrir los sucesos, como Gabriel Levinas y Julio Bazán, quienes fueron agredidos y amenazados. Ambos tuvieron que regresar porque los escupían y no los dejaban pasar”.
Sumado a esa grave actitud, Morel denunció que tampoco pudieron pasar otras 10 personas del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), organización social de inspiración cristiano – ecuménica que preside Adolfo Pérez Esquivel, y que tiene como finalidad promover los valores de la Solidaridad y la No violencia e impulsar la construcción de una sociedad que se funde en el reconocimiento pleno de los Derechos de la Persona y de los Pueblos. “Los persiguieron unos 50 kilómetros por la ruta y en este momento están en Belén sin poder llegar a Andagalá. Tampoco pudieron ingresar a la localidad compañeros que tienen hijos chicos y nuestra abogada, que está en Belén. Los identifican y depende quien esté o el grado de locura que tenga, dejan entrar o no”.
Justicia y policía: ¿dónde están?
El docente afirmó a AIM que ni la justicia ni la policía actúan. “Los teléfonos de la provincia están cerrados y la zona está liberada, peor que en la época de la dictadura”, dijo y reclamó que “se reestablezca el estado de derecho. Una cosa es que se paren camiones o camionetas que trabajan con la minera y otra cosa es un grupo de empresarios con intereses económicos importantes, que bloquean y maltratan a todos los que no piensen igual que ellos”.
El integrante de la asamblea El Algarrobo aseguró que “la policía no hace nada porque la fiscal (Marta Nieva) no les da la orden. No sabemos si ella está en la casa durmiendo o encerrada, y lo cierto que esto es una cosa de locos: cortaron los caminos alternativos, los campos y son los dueños y señores del pueblo”, se quejó.
También advirtió que el interés de la minera, avalada por el gobierno, es “propiciar el enfrentamiento de las patotas con los vecinos, ocasionando un caos social que
desestabilice al gobierno municipal por su abierto pronunciamiento en contra del proyecto minero a cielo abierto Agua Rica, desviando el objetivo real y principal de la protesta regional”.
Morel también señaló que todas las personas consideradas “anti mineras” corren el riesgo de ser agredidas por estas patotas, “tal como sucedió con cinco compañeros el miércoles pasado a la noche” y denunció que el gobierno nacional “minimiza y oculta la gravísima situación de represión total de la que somos objeto los pueblos organizados en contra de la mega minería. Denunciamos que el estado de derecho fue reemplazado por el estado minero”.
El reclamo
Los pobladores de Andagalá reclaman “el restablecimiento inmediato del estado de derecho en la localidad y en todo el territorio catamarqueño, así como de las garantías de libre tránsito de toda persona que ingrese o egrese de nuestro pueblo”.
Morel aclaró que la asamblea El Algarrobo responsabiliza “por cualquier hecho de violencia o agresión de la que seamos objeto cualquier vecino de Andalgalá o persona que desee ingresar a nuestro departamento a la fiscal Marta Nieva, al fiscal federal de Catamarca, Santos Reinoso, así como al gobierno nacional por no garantizar los derechos humanos ni la integridad de los pueblos afectados por la mega minería”. “Andalgá debe ser liberado, y si no lo hace el Estado, lo hará el pueblo movilizándose en las calles de todo el país”.
Sin medios, igual se puede
Andagalá es un pueblo de 17.000 habitantes. La marcha de 3.000 ciudadanos que se realizó el sábado, “fue más que significativa. No pudimos salir por la radio ni informar por los medios, que están totalmente comprados por el oficialismo o por la minera. Nuestro recurso fue Internet y los megáfonos, que usamos para hacer saber a la gente que se hacía la marcha alrededor de la plaza. Es gravísimo, porque los medios adeptos malinforman a la ciudadanía y porque nadie muestra lo que hacemos nosotros, que llevamos más de 110 rondas alrededor de la plaza desde el 15 de febrero de 2010”.
Muy grave
Radio El Algarrobo, el medio de comunicación de los vecinos que luchan contra la minería a cielo abierto, está interferida desde la noche del jueves 9 de febrero.
En Tinogasta
Vecinos coincidieron en destacar el “ambiente caldeado” en el corte tras la represión policial, que se produjo mientras estaba en la provincia el secretario de minería de la Nación, Jorge Mayoral. “Acá no hay barrabravas ni violentos, nos conocemos todos, pero hay gente que quedó muy enojada, difícil de controlar”, indicó el docente Juan Roger, miembro de la Asamblea de Autoconvocados de Tinogasta. “Tienen que entender que genera mucha impotencia cuando ves que vos y tus hijos están en peligro. Nos consideran población sacrificable. Te hace estallar”, explicó.
En el corte continúa la indignación contra el intendente Hugo Avila, quien ganó las últimas elecciones con argumentos contrarios a la megaminería. Dicen que se “bederizó” (en alusión al gobernador riojano, Luis Beder Herrera, quien también cambió su posición antiminera tras ocupar el poder). Después de la represión, el gobierno provincial de la kirchnerista Lucía Corpacci replegó a la policía (sólo patrulla una camioneta de bomberos). Con el argumento de que los cortes se producen en rutas nacionales, también intentaría que la justicia federal se hiciera cargo de los desalojos, según indicaron fuentes del área de Seguridad provincial.
Funcionarios de ese área recibieron ayer a abogados de los manifestantes de Tinogasta, que exigieron la suspensión del proyecto de Agua Rica, que explota la canadiense Yamana Gold, una de las accionistas de Bajo La Alumbrera.
Lejos de poner en duda las explotaciones que rechazan los ambientalistas, el secretario Mayoral continuó ayer promoviendo la actividad en la provincia junto a Angel Mercado, ministro de Producción, esposo de la gobernadora y sobrino del director de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, Armando “Bombón” Mercado, ex esposo de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.
Más allá del corte existente en Tinogasta y las asambleas en Belén y Amaicha del Valle, las fuentes consultadas coincidieron en señalar a la comuna de Andalgalá como el centro que podría concentrar la mayor tensión en los próximos días. No sólo por el corte total que volvió a la ruta y los grupos pro mineros que actúan en la zona: el miércoles 15 se cumplirán dos años de la mayor protesta de ambientalistas contra la megaminería a cielo abierto.
Más Información:
- No a la Mina - Andalgalá ciudad sitiada
- ADN - Conflicto minero: “La situación es muy complicada", admite ...
- Página/12- Un corte de la patota prominera
Fecha de Publicación: 13/02/2012
Fuente: AIM
Provincia/Región: Catamarca
A dos días de un nuevo aniversario de la mayor protesta de ambientalistas contra la megaminería a cielo abierto, más de 3.000 vecinos de Andagalá (Catamarca), marcharon el sábado para exigir al gobierno que reestablezca el estado de derecho y libere el tránsito de personas, impedido “por una patota pro-minera”, confirmó a AIM el integrante de la Asamblea El Algarrobo Ricardo Morel. “Denunciamos la falta total de garantías constitucionales y la vulneración absoluta del estado de derecho en todo el departamento de Andalgalá”. “La zona está liberada, peor que en la dictadura”, destacó.
En diálogo con esta Agencia, Morel advirtió que “Andalgá debe ser liberado, y si no lo hace el Estado, lo hará el pueblo movilizándose en las calles de todo el país”. El asambleísta, que es artesano textil, docente y pequeño productor en una finca en la que produce nueces, relató que Andangalá “está sitiada por una patota pro minera, que controla los accesos a la ciudad para evitar el ingreso de personas que intentan unirse a la lucha en contra de la mega minería a cielo abierto”.
El dirigente manifestó que desde hace cinco días, “un grupo de personas que trabaja en la minera Bajo la Alumbrera y empresarios avalados por los gobiernos provincial y nacional, actúan con total impunidad cortando los caminos hacia Andalgalá. En ese bloqueo impiden el paso a los medios de comunicación no oficialistas y a todos aquellos que se expresan en contra de la minería contaminante. Este accionar demuestra como estas empresas transnacionales operan al margen de la legalidad, utilizando una metodología patoteril de control total, ignorando la voz y la voluntad del pueblo”.
Además, Morel aseveró a AIM que este grupo de personas “maltrató y maltrata a los periodistas de medios nacionales que vinieron a cubrir los sucesos, como Gabriel Levinas y Julio Bazán, quienes fueron agredidos y amenazados. Ambos tuvieron que regresar porque los escupían y no los dejaban pasar”.
Sumado a esa grave actitud, Morel denunció que tampoco pudieron pasar otras 10 personas del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), organización social de inspiración cristiano – ecuménica que preside Adolfo Pérez Esquivel, y que tiene como finalidad promover los valores de la Solidaridad y la No violencia e impulsar la construcción de una sociedad que se funde en el reconocimiento pleno de los Derechos de la Persona y de los Pueblos. “Los persiguieron unos 50 kilómetros por la ruta y en este momento están en Belén sin poder llegar a Andagalá. Tampoco pudieron ingresar a la localidad compañeros que tienen hijos chicos y nuestra abogada, que está en Belén. Los identifican y depende quien esté o el grado de locura que tenga, dejan entrar o no”.
Justicia y policía: ¿dónde están?
El docente afirmó a AIM que ni la justicia ni la policía actúan. “Los teléfonos de la provincia están cerrados y la zona está liberada, peor que en la época de la dictadura”, dijo y reclamó que “se reestablezca el estado de derecho. Una cosa es que se paren camiones o camionetas que trabajan con la minera y otra cosa es un grupo de empresarios con intereses económicos importantes, que bloquean y maltratan a todos los que no piensen igual que ellos”.
El integrante de la asamblea El Algarrobo aseguró que “la policía no hace nada porque la fiscal (Marta Nieva) no les da la orden. No sabemos si ella está en la casa durmiendo o encerrada, y lo cierto que esto es una cosa de locos: cortaron los caminos alternativos, los campos y son los dueños y señores del pueblo”, se quejó.
También advirtió que el interés de la minera, avalada por el gobierno, es “propiciar el enfrentamiento de las patotas con los vecinos, ocasionando un caos social que
desestabilice al gobierno municipal por su abierto pronunciamiento en contra del proyecto minero a cielo abierto Agua Rica, desviando el objetivo real y principal de la protesta regional”.
Morel también señaló que todas las personas consideradas “anti mineras” corren el riesgo de ser agredidas por estas patotas, “tal como sucedió con cinco compañeros el miércoles pasado a la noche” y denunció que el gobierno nacional “minimiza y oculta la gravísima situación de represión total de la que somos objeto los pueblos organizados en contra de la mega minería. Denunciamos que el estado de derecho fue reemplazado por el estado minero”.
El reclamo
Los pobladores de Andagalá reclaman “el restablecimiento inmediato del estado de derecho en la localidad y en todo el territorio catamarqueño, así como de las garantías de libre tránsito de toda persona que ingrese o egrese de nuestro pueblo”.
Morel aclaró que la asamblea El Algarrobo responsabiliza “por cualquier hecho de violencia o agresión de la que seamos objeto cualquier vecino de Andalgalá o persona que desee ingresar a nuestro departamento a la fiscal Marta Nieva, al fiscal federal de Catamarca, Santos Reinoso, así como al gobierno nacional por no garantizar los derechos humanos ni la integridad de los pueblos afectados por la mega minería”. “Andalgá debe ser liberado, y si no lo hace el Estado, lo hará el pueblo movilizándose en las calles de todo el país”.
Sin medios, igual se puede
Andagalá es un pueblo de 17.000 habitantes. La marcha de 3.000 ciudadanos que se realizó el sábado, “fue más que significativa. No pudimos salir por la radio ni informar por los medios, que están totalmente comprados por el oficialismo o por la minera. Nuestro recurso fue Internet y los megáfonos, que usamos para hacer saber a la gente que se hacía la marcha alrededor de la plaza. Es gravísimo, porque los medios adeptos malinforman a la ciudadanía y porque nadie muestra lo que hacemos nosotros, que llevamos más de 110 rondas alrededor de la plaza desde el 15 de febrero de 2010”.
Muy grave
Radio El Algarrobo, el medio de comunicación de los vecinos que luchan contra la minería a cielo abierto, está interferida desde la noche del jueves 9 de febrero.
En Tinogasta
Vecinos coincidieron en destacar el “ambiente caldeado” en el corte tras la represión policial, que se produjo mientras estaba en la provincia el secretario de minería de la Nación, Jorge Mayoral. “Acá no hay barrabravas ni violentos, nos conocemos todos, pero hay gente que quedó muy enojada, difícil de controlar”, indicó el docente Juan Roger, miembro de la Asamblea de Autoconvocados de Tinogasta. “Tienen que entender que genera mucha impotencia cuando ves que vos y tus hijos están en peligro. Nos consideran población sacrificable. Te hace estallar”, explicó.
En el corte continúa la indignación contra el intendente Hugo Avila, quien ganó las últimas elecciones con argumentos contrarios a la megaminería. Dicen que se “bederizó” (en alusión al gobernador riojano, Luis Beder Herrera, quien también cambió su posición antiminera tras ocupar el poder). Después de la represión, el gobierno provincial de la kirchnerista Lucía Corpacci replegó a la policía (sólo patrulla una camioneta de bomberos). Con el argumento de que los cortes se producen en rutas nacionales, también intentaría que la justicia federal se hiciera cargo de los desalojos, según indicaron fuentes del área de Seguridad provincial.
Funcionarios de ese área recibieron ayer a abogados de los manifestantes de Tinogasta, que exigieron la suspensión del proyecto de Agua Rica, que explota la canadiense Yamana Gold, una de las accionistas de Bajo La Alumbrera.
Lejos de poner en duda las explotaciones que rechazan los ambientalistas, el secretario Mayoral continuó ayer promoviendo la actividad en la provincia junto a Angel Mercado, ministro de Producción, esposo de la gobernadora y sobrino del director de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, Armando “Bombón” Mercado, ex esposo de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.
Más allá del corte existente en Tinogasta y las asambleas en Belén y Amaicha del Valle, las fuentes consultadas coincidieron en señalar a la comuna de Andalgalá como el centro que podría concentrar la mayor tensión en los próximos días. No sólo por el corte total que volvió a la ruta y los grupos pro mineros que actúan en la zona: el miércoles 15 se cumplirán dos años de la mayor protesta de ambientalistas contra la megaminería a cielo abierto.
Más Información:
- No a la Mina - Andalgalá ciudad sitiada
- ADN - Conflicto minero: “La situación es muy complicada", admite ...
- Página/12- Un corte de la patota prominera
Derogan una ley de cultivos en el Delta
Derogan una ley de cultivos en el Delta
Fecha de Publicación: 13/02/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobierno tomó la decisión tras las protestas de ambientalistas que objetaban el uso de agroquímicos
La Legislatura entrerriana derogó una ley luego de un mes de haberla creado, ante la resistencia que generaba por el hecho de que ponía en riesgo los humedales de las islas del delta entrerriano al permitir el ingreso de agroquímicos.
El proyecto en cuestión apuntaba a fomentar la explotación agropecuaria en las islas, pero eso generó una fuerte controversia entre el gobierno provincial y las organizaciones ecologistas de todo el Litoral.
La Legislatura de Entre Ríos aprobó el proyecto impulsado por el poder ejecutivo entrerriano, mediante el cual se creaba una sociedad anónima para la utilización productiva de las tierras fiscales, incluyendo las que integran los humedales de las islas. Se trató de la ley Nº 10.092 publicada el 26 de diciembre último en el Boletín Oficial, que otorgaba en concesión las tierras fiscales del Delta con el fin de destinarlas a la explotación agrícola intensiva.
Pero la nueva norma, que derogó la anterior, limita el uso de las islas a la ganadería, la apicultura y el turismo, prohibiendo taxativamente la "explotación agrícola intensiva que requiera la aplicación de agroquímicos y plaguicidas".
La creación de la ley de explotación de los humedales se enmarcó en un proceso de recuperación de islas fiscales que estaban en manos privadas por arrendamiento o por usurpación. De ese modo, el Estado provincial logró sumar a su dominio más de 200.000 hectáreas, de las cuales 60.000 se ubican en el Delta entrerriano, especialmente en los departamentos Victoria y Gualeguay.
La ley establecía una sociedad anónima llamada Arroz del Delta Entrerriano y que tendría una vigencia legal de 99 años. La norma, antes de su derogación, estableció además que la dirección y administración estuviera a cargo de un directorio con facultades para suscribir convenios con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras para explotar las tierras.
La medida había sido impulsada por la Fiscalía de Estado, lo que no generó ningún tipo de resistencia. Lo que sí preocupó fue el destino que se les pretendía dar a esas tierras, muchas de ellas vírgenes.
"El Paraná no se toca"
Por eso, la sanción de la ley en diciembre del año pasado desató una tormenta de críticas de entidades ambientalistas de ambas orillas del Paraná.
Desde la Fundación Proteger, con sede en Santa Fe, su titular, Jorge Cappato, cuestionó la decisión entrerriana de explotar los humedales de las islas, planteó la preocupación por el futuro uso de agroquímicos y recordó que "los esteros, bañados, islas del Paraná y los ecosistemas donde el agua es el factor predominante, tienen un valor biológico extraordinario".
En tanto, el principal referente de la Fundación M'Bigua, con sede en Entre Ríos, Jorge Daneri, dijo a LA NACION que los postulados constitucionales de protección al medio ambiente "fueron amenazados por una norma sancionada en 48 horas, sin debate político ni técnico de las áreas con competencia que establece la creación de nada menos que una sociedad anónima en la que el Estado será minoritario".
En Rosario, la ley impulsada por Entre Ríos también generó una fuerte resistencia. "¡El Paraná no se toca!", fue el título de la convocatoria que se hizo por Facebook para protestar contra la explotación de los humedales de las islas, en una manifestación que llegó a congregar a centenares de personas frente al Monumento a la Bandera.
Por toda esa resistencia, la ley fue derogada por los mismos que la aprobaron un mes y medio atrás..
Fecha de Publicación: 13/02/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobierno tomó la decisión tras las protestas de ambientalistas que objetaban el uso de agroquímicos
La Legislatura entrerriana derogó una ley luego de un mes de haberla creado, ante la resistencia que generaba por el hecho de que ponía en riesgo los humedales de las islas del delta entrerriano al permitir el ingreso de agroquímicos.
El proyecto en cuestión apuntaba a fomentar la explotación agropecuaria en las islas, pero eso generó una fuerte controversia entre el gobierno provincial y las organizaciones ecologistas de todo el Litoral.
La Legislatura de Entre Ríos aprobó el proyecto impulsado por el poder ejecutivo entrerriano, mediante el cual se creaba una sociedad anónima para la utilización productiva de las tierras fiscales, incluyendo las que integran los humedales de las islas. Se trató de la ley Nº 10.092 publicada el 26 de diciembre último en el Boletín Oficial, que otorgaba en concesión las tierras fiscales del Delta con el fin de destinarlas a la explotación agrícola intensiva.
Pero la nueva norma, que derogó la anterior, limita el uso de las islas a la ganadería, la apicultura y el turismo, prohibiendo taxativamente la "explotación agrícola intensiva que requiera la aplicación de agroquímicos y plaguicidas".
La creación de la ley de explotación de los humedales se enmarcó en un proceso de recuperación de islas fiscales que estaban en manos privadas por arrendamiento o por usurpación. De ese modo, el Estado provincial logró sumar a su dominio más de 200.000 hectáreas, de las cuales 60.000 se ubican en el Delta entrerriano, especialmente en los departamentos Victoria y Gualeguay.
La ley establecía una sociedad anónima llamada Arroz del Delta Entrerriano y que tendría una vigencia legal de 99 años. La norma, antes de su derogación, estableció además que la dirección y administración estuviera a cargo de un directorio con facultades para suscribir convenios con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras para explotar las tierras.
La medida había sido impulsada por la Fiscalía de Estado, lo que no generó ningún tipo de resistencia. Lo que sí preocupó fue el destino que se les pretendía dar a esas tierras, muchas de ellas vírgenes.
"El Paraná no se toca"
Por eso, la sanción de la ley en diciembre del año pasado desató una tormenta de críticas de entidades ambientalistas de ambas orillas del Paraná.
Desde la Fundación Proteger, con sede en Santa Fe, su titular, Jorge Cappato, cuestionó la decisión entrerriana de explotar los humedales de las islas, planteó la preocupación por el futuro uso de agroquímicos y recordó que "los esteros, bañados, islas del Paraná y los ecosistemas donde el agua es el factor predominante, tienen un valor biológico extraordinario".
En tanto, el principal referente de la Fundación M'Bigua, con sede en Entre Ríos, Jorge Daneri, dijo a LA NACION que los postulados constitucionales de protección al medio ambiente "fueron amenazados por una norma sancionada en 48 horas, sin debate político ni técnico de las áreas con competencia que establece la creación de nada menos que una sociedad anónima en la que el Estado será minoritario".
En Rosario, la ley impulsada por Entre Ríos también generó una fuerte resistencia. "¡El Paraná no se toca!", fue el título de la convocatoria que se hizo por Facebook para protestar contra la explotación de los humedales de las islas, en una manifestación que llegó a congregar a centenares de personas frente al Monumento a la Bandera.
Por toda esa resistencia, la ley fue derogada por los mismos que la aprobaron un mes y medio atrás..
Proyecto uranífero en Chubut
Un nuevo proyecto uranífero avanza cerca de Dolavon
Fecha de Publicación: 12/02/2012
Fuente: Patagónico
Provincia/Región: Chubut
En el Informe de Impacto Ambiental, la empresa detalla las medidas de seguridad recomendadas a sus empleados con respecto a la manipulación de objetos radioactivos. “Sus efectos (de la radiación) no se sienten de inmediato a menos que sea de muy alta intensidad. Sin embargo, algunos de estos efectos pueden aflorar con el tiempo”, dice el texto.
El Ministerio de Ambiente de Chubut desarrolló en los últimos diez días la consulta pública alrededor del proyecto Tijeras, de Maple Minerals, un potencial reservorio de uranio a 70 kilómetros de Dolavon. La difusión del Informe de Impacto Ambiental se hizo en el sitio web del organismo del gobierno de la provincia el 31 de enero.
En el voluminoso texto, Maple Minerals detalla las medidas de seguridad recomendadas con sus empleados con respecto a la manipulación de objetos radioactivos. Para minimizar el riesgo es preciso limitar el tiempo de exposición a la radiación.
“El hecho de que la radiación sea invisible la coloca en una categoría de riesgos que requiere algunos cuidados especiales. Sus efectos no se sienten de inmediato a menos que sea de muy alta intensidad; sin embargo, algunos de estos efectos pueden aflorar con el tiempo”, señala el informe.
“Las personas que necesariamente participan en este proyecto minero están inevitablemente expuestas a radiaciones, por lo que deberán respetar y cumplir las medidas de protección que la empresa ha previsto en este contexto”, aclara en otro párrafo.
Desde Maple Minerals consideran que las tareas de exploración mejorarán la economía de la región por la contratación de servicios a los pobladores. Además, auguran aumento en la recaudación tributaria que generará mayor circulación de dinero.
“Desde el aspecto cultural, este proyecto colaborará asimismo a relevar los restos de artefactos y/o sitios culturales antiguos que pudieran existir. Al realizar transectas a paso de hombre, los operarios han sido instruidos para adquirir información sin retirar del sitio ningún artefacto cultural que encuentren”, detalla el informe.
El proyecto Tijeras es liderado por la Maple Minerals, asociada a Servicios Fénix S.A. y Mines Argentina S.A., dos empresas mineras con sede en Mendoza. En la etapa actual de las tareas, se desconoce el monto de la inversión y el potencial de recursos uraníferos en el lugar.
Maple Minerals ya había descubierto el yacimiento Guanaco, en Mártires. Diario Patagónico detalló en varias oportunidades la fuerte actividad de empresas mineras de todo el mundo alrededor del uranio chubutense, en especial en alrededores de Cerro Sólo, uno de los dos mayores reservorios uraníferos del país (el otro es Sierra Pintada, en Mendoza).
Wealth Minerals, a través de su subsidiaria Maderero Minerales, trabajan en Bororo Nuevo, una superficie de 10 mil hectáreas en el departamento Mártires. Este yacimiento es “el buque insignia de las propiedades de uranio de la compañía”, dice la compañía en su sitio web.
Pacific Bay Minerals, cuya subsidiaria en el país es Bahía Atlántica, dio con El Regalo el año pasado. Está ubicado entre Cerro Cóndor, Gorro Frigio y El Escorial, en el centro norte de Chubut -a 500 kilómetros de Trelew- y suman 10.550 hectáreas.
“Chubut es un distrito con un enorme potencial para convertirse en un importante zona con uranio”, señala en su sitio web Ur America, otra de las compañías con interés en buscar uranio en la provincia y que obtuvo permisos exploratorios en 2009.
Calypso Uranium también está en Chubut para buscar uranio, y tiene como contratista principal a Energía Minera, en el departamento de Paso de Indios.
Todos los proyectos están en etapa exploratoria y no pueden pasar al nivel de producción porque es preciso aplicar técnicas a cielo abierto con químicos (cianuro, entre ellos).
Fecha de Publicación: 12/02/2012
Fuente: Patagónico
Provincia/Región: Chubut
En el Informe de Impacto Ambiental, la empresa detalla las medidas de seguridad recomendadas a sus empleados con respecto a la manipulación de objetos radioactivos. “Sus efectos (de la radiación) no se sienten de inmediato a menos que sea de muy alta intensidad. Sin embargo, algunos de estos efectos pueden aflorar con el tiempo”, dice el texto.
El Ministerio de Ambiente de Chubut desarrolló en los últimos diez días la consulta pública alrededor del proyecto Tijeras, de Maple Minerals, un potencial reservorio de uranio a 70 kilómetros de Dolavon. La difusión del Informe de Impacto Ambiental se hizo en el sitio web del organismo del gobierno de la provincia el 31 de enero.
En el voluminoso texto, Maple Minerals detalla las medidas de seguridad recomendadas con sus empleados con respecto a la manipulación de objetos radioactivos. Para minimizar el riesgo es preciso limitar el tiempo de exposición a la radiación.
“El hecho de que la radiación sea invisible la coloca en una categoría de riesgos que requiere algunos cuidados especiales. Sus efectos no se sienten de inmediato a menos que sea de muy alta intensidad; sin embargo, algunos de estos efectos pueden aflorar con el tiempo”, señala el informe.
“Las personas que necesariamente participan en este proyecto minero están inevitablemente expuestas a radiaciones, por lo que deberán respetar y cumplir las medidas de protección que la empresa ha previsto en este contexto”, aclara en otro párrafo.
Desde Maple Minerals consideran que las tareas de exploración mejorarán la economía de la región por la contratación de servicios a los pobladores. Además, auguran aumento en la recaudación tributaria que generará mayor circulación de dinero.
“Desde el aspecto cultural, este proyecto colaborará asimismo a relevar los restos de artefactos y/o sitios culturales antiguos que pudieran existir. Al realizar transectas a paso de hombre, los operarios han sido instruidos para adquirir información sin retirar del sitio ningún artefacto cultural que encuentren”, detalla el informe.
El proyecto Tijeras es liderado por la Maple Minerals, asociada a Servicios Fénix S.A. y Mines Argentina S.A., dos empresas mineras con sede en Mendoza. En la etapa actual de las tareas, se desconoce el monto de la inversión y el potencial de recursos uraníferos en el lugar.
Maple Minerals ya había descubierto el yacimiento Guanaco, en Mártires. Diario Patagónico detalló en varias oportunidades la fuerte actividad de empresas mineras de todo el mundo alrededor del uranio chubutense, en especial en alrededores de Cerro Sólo, uno de los dos mayores reservorios uraníferos del país (el otro es Sierra Pintada, en Mendoza).
Wealth Minerals, a través de su subsidiaria Maderero Minerales, trabajan en Bororo Nuevo, una superficie de 10 mil hectáreas en el departamento Mártires. Este yacimiento es “el buque insignia de las propiedades de uranio de la compañía”, dice la compañía en su sitio web.
Pacific Bay Minerals, cuya subsidiaria en el país es Bahía Atlántica, dio con El Regalo el año pasado. Está ubicado entre Cerro Cóndor, Gorro Frigio y El Escorial, en el centro norte de Chubut -a 500 kilómetros de Trelew- y suman 10.550 hectáreas.
“Chubut es un distrito con un enorme potencial para convertirse en un importante zona con uranio”, señala en su sitio web Ur America, otra de las compañías con interés en buscar uranio en la provincia y que obtuvo permisos exploratorios en 2009.
Calypso Uranium también está en Chubut para buscar uranio, y tiene como contratista principal a Energía Minera, en el departamento de Paso de Indios.
Todos los proyectos están en etapa exploratoria y no pueden pasar al nivel de producción porque es preciso aplicar técnicas a cielo abierto con químicos (cianuro, entre ellos).
Catamarca: Un paso a la mina abierto a la fuerza
Un paso a la mina abierto a la fuerza
Fecha de Publicación: 11/02/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Catamarca - Nacional
La policía provincial desalojó con empujones, balas de goma y gases lacrimógenos a vecinos de Tinogasta que bloqueaban el camino hacia la minera. Doce personas fueron hospitalizadas. También hubo un desalojo en Belén.
En menos de veinticuatro horas, el Kuntur, grupo de elite de la policía de Catamarca, fue acusado de reprimir “con balas de goma y gases lacrimógenos” a dos grupos de personas que desde hace diez días vienen protestando con cortes de ruta contra la minería a cielo abierto en las localidades catamarqueñas de Belén y Tinogasta. Hubo 35 detenidos y doce vecinos tuvieron que ser asistidos en el hospital de Tinogasta. “En el pueblo jamás se vivió una situación de semejante violencia. Nos sacaron a empujones y a golpes de la ruta, sin tener en cuenta que había mujeres, incluso una de ellas embarazada, y muchos niños porque nosotros somos vecinos del lugar, no somos militantes de ninguna organización política”, le dijo a Página/12 Karina Olmos, integrante de la Asamblea Ciudadana de Tinogasta. Anoche, en esa ciudad, decenas de vecinos estaban volviendo a ocupar la ruta 60, para impedir la circulación de camiones que llevan insumos hacia la minera La Alumbrera, en la vecina ciudad de Andalgalá. Antes, cerca de un millar de vecinos se reunieron frente al municipio de Tinogasta para pedir la renuncia del intendente local, Hugo Avila. Ante la situación, el ministro de Gobierno de Catamarca, Francisco Gordillo, justificó el desalojo argumentando que el bloqueo del camino retenía el paso de camiones que trasladaban “explosivos” que significaban “un peligro para la sociedad”. Al mismo tiempo, Gordillo sostuvo que tienen “las puertas abiertas” para “dialogar con los ambientalistas” (ver aparte).
Karina Olmos le respondió al funcionario diciendo que ellos también están “muy preocupados por el paso de los camiones con explosivos, que de todas maneras, haya corte o no, circulan por las calles de Tinogasta sin que nadie se preocupe desde el gobierno provincial”. Sobre la protesta, Olmos sostuvo que se han organizado “porque sabemos muy bien, por lo que ha pasado en estos quince años en Andalgalá, que la minería a cielo abierto es nociva para la salud, para el agua y para la tierra y que no nos deja ningún beneficio”. También le pidió al gobierno nacional que “de la misma manera que se está pronunciando por Malvinas, se pronuncie por nosotros, porque las empresas multinacionales se están llevando lo que es nuestro y de todos los argentinos”.
La vecina de Tinogasta dijo que en esa ciudad hay “empresas australianas y canadienses que quieren el uranio que tienen nuestros cerros, pero lo que estamos diciéndoles es que no les vamos a dar la licencia social para que se lo lleven”. Al grito de “El pueblo unido, jamás será vencido”, los vecinos se estaban reagrupando anoche sobre la ruta 60. El “violento desalojo” que denunciaron se produjo ayer cerca de las 9 de la mañana. Los vecinos recibieron primero una notificación verbal de la fiscal Liliana Carrizo, pero aseguran que no hubo “ninguna orden judicial por escrito”. En ese punto discrepan con lo que dijo el gobierno provincial.
Según los vecinos, cuando comenzó la represión se habían concentrado en la ruta cerca de 150 personas. “El corte lo veníamos haciendo unas quince o veinte personas, pero después del anuncio de la fiscal avisamos a otros vecinos y se vinieron a la ruta con nosotros.” Karina Olmos denunció que hubo “disparos de balas de goma, gases lacrimógenos y nos golpearon a todos, hombres y mujeres, sin importar que había muchos niños a los que tuvimos que proteger”. Como protesta, los vecinos –cerca de un millar– marcharon ayer por la tarde a la intendencia de Tinogasta. Como no estaba su titular, Hugo Avila, le pidieron su renuncia al viceintendente Alanis Andra. Los vecinos marcharon con un cartel que decía “Las ideas no se reprimen, siguen presentes”.
El otro desalojo ocurrió en la ruta 40, en Belén, por donde también pasan los camiones que van hacia La Alumbrera. Esto ocurrió en la tarde del jueves, a partir de las 18, por “disposición del fiscal Jorge Flores”. En este caso se produjeron empujones y golpes contra un grupo compuesto por varias decenas de vecinos que en ese momento no estaban cortando la ruta. “Estábamos en un terreno privado, de la familia Barragán, cuando vino el grupo Kuntur y nos sacó a los golpes”, relató a este diario Mariano Cervantes. Sólo hubo heridos leves, pero se llevaron detenidas a 35 personas, “diez de ellas mujeres y dos chicos menores, de 14 y 16 años”. Estuvieron detenidos durante más de ocho horas, las mujeres en la Regional 3 de Belén y los hombres en la comisaría de la localidad de Londres.
“Lo curioso es que los que sí estaban cortando la ruta eran unos 40 trabajadores de la minera La Alumbrera y sus familiares porque la empresa había amenazado con echarlos si seguía nuestro corte de ruta. A ellos no los reprimieron, los dejaron”, aseguró Cervantes. Los detenidos aseguraron que ignoran cuál es la acusación en su contra: “Nos dicen que es por resistencia a la fuerza pública o por ‘averiguación de hechos’ que no fueron precisados. Lo cierto es que el fiscal nos había recomendado que nos fuéramos para que no nos pegaran los trabajadores de La Alumbrera”.
Más Información:
- La Voz - La Nación aclaró que se trata de decisiones provinciales
- Diario C - El Gobierno reiteró su llamado al diálogo, pidió respeto a las leyes...
- Infobae - Tras los incidentes, vuelven a cortar la Ruta 60
Fecha de Publicación: 11/02/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Catamarca - Nacional
La policía provincial desalojó con empujones, balas de goma y gases lacrimógenos a vecinos de Tinogasta que bloqueaban el camino hacia la minera. Doce personas fueron hospitalizadas. También hubo un desalojo en Belén.
En menos de veinticuatro horas, el Kuntur, grupo de elite de la policía de Catamarca, fue acusado de reprimir “con balas de goma y gases lacrimógenos” a dos grupos de personas que desde hace diez días vienen protestando con cortes de ruta contra la minería a cielo abierto en las localidades catamarqueñas de Belén y Tinogasta. Hubo 35 detenidos y doce vecinos tuvieron que ser asistidos en el hospital de Tinogasta. “En el pueblo jamás se vivió una situación de semejante violencia. Nos sacaron a empujones y a golpes de la ruta, sin tener en cuenta que había mujeres, incluso una de ellas embarazada, y muchos niños porque nosotros somos vecinos del lugar, no somos militantes de ninguna organización política”, le dijo a Página/12 Karina Olmos, integrante de la Asamblea Ciudadana de Tinogasta. Anoche, en esa ciudad, decenas de vecinos estaban volviendo a ocupar la ruta 60, para impedir la circulación de camiones que llevan insumos hacia la minera La Alumbrera, en la vecina ciudad de Andalgalá. Antes, cerca de un millar de vecinos se reunieron frente al municipio de Tinogasta para pedir la renuncia del intendente local, Hugo Avila. Ante la situación, el ministro de Gobierno de Catamarca, Francisco Gordillo, justificó el desalojo argumentando que el bloqueo del camino retenía el paso de camiones que trasladaban “explosivos” que significaban “un peligro para la sociedad”. Al mismo tiempo, Gordillo sostuvo que tienen “las puertas abiertas” para “dialogar con los ambientalistas” (ver aparte).
Karina Olmos le respondió al funcionario diciendo que ellos también están “muy preocupados por el paso de los camiones con explosivos, que de todas maneras, haya corte o no, circulan por las calles de Tinogasta sin que nadie se preocupe desde el gobierno provincial”. Sobre la protesta, Olmos sostuvo que se han organizado “porque sabemos muy bien, por lo que ha pasado en estos quince años en Andalgalá, que la minería a cielo abierto es nociva para la salud, para el agua y para la tierra y que no nos deja ningún beneficio”. También le pidió al gobierno nacional que “de la misma manera que se está pronunciando por Malvinas, se pronuncie por nosotros, porque las empresas multinacionales se están llevando lo que es nuestro y de todos los argentinos”.
La vecina de Tinogasta dijo que en esa ciudad hay “empresas australianas y canadienses que quieren el uranio que tienen nuestros cerros, pero lo que estamos diciéndoles es que no les vamos a dar la licencia social para que se lo lleven”. Al grito de “El pueblo unido, jamás será vencido”, los vecinos se estaban reagrupando anoche sobre la ruta 60. El “violento desalojo” que denunciaron se produjo ayer cerca de las 9 de la mañana. Los vecinos recibieron primero una notificación verbal de la fiscal Liliana Carrizo, pero aseguran que no hubo “ninguna orden judicial por escrito”. En ese punto discrepan con lo que dijo el gobierno provincial.
Según los vecinos, cuando comenzó la represión se habían concentrado en la ruta cerca de 150 personas. “El corte lo veníamos haciendo unas quince o veinte personas, pero después del anuncio de la fiscal avisamos a otros vecinos y se vinieron a la ruta con nosotros.” Karina Olmos denunció que hubo “disparos de balas de goma, gases lacrimógenos y nos golpearon a todos, hombres y mujeres, sin importar que había muchos niños a los que tuvimos que proteger”. Como protesta, los vecinos –cerca de un millar– marcharon ayer por la tarde a la intendencia de Tinogasta. Como no estaba su titular, Hugo Avila, le pidieron su renuncia al viceintendente Alanis Andra. Los vecinos marcharon con un cartel que decía “Las ideas no se reprimen, siguen presentes”.
El otro desalojo ocurrió en la ruta 40, en Belén, por donde también pasan los camiones que van hacia La Alumbrera. Esto ocurrió en la tarde del jueves, a partir de las 18, por “disposición del fiscal Jorge Flores”. En este caso se produjeron empujones y golpes contra un grupo compuesto por varias decenas de vecinos que en ese momento no estaban cortando la ruta. “Estábamos en un terreno privado, de la familia Barragán, cuando vino el grupo Kuntur y nos sacó a los golpes”, relató a este diario Mariano Cervantes. Sólo hubo heridos leves, pero se llevaron detenidas a 35 personas, “diez de ellas mujeres y dos chicos menores, de 14 y 16 años”. Estuvieron detenidos durante más de ocho horas, las mujeres en la Regional 3 de Belén y los hombres en la comisaría de la localidad de Londres.
“Lo curioso es que los que sí estaban cortando la ruta eran unos 40 trabajadores de la minera La Alumbrera y sus familiares porque la empresa había amenazado con echarlos si seguía nuestro corte de ruta. A ellos no los reprimieron, los dejaron”, aseguró Cervantes. Los detenidos aseguraron que ignoran cuál es la acusación en su contra: “Nos dicen que es por resistencia a la fuerza pública o por ‘averiguación de hechos’ que no fueron precisados. Lo cierto es que el fiscal nos había recomendado que nos fuéramos para que no nos pegaran los trabajadores de La Alumbrera”.
Más Información:
- La Voz - La Nación aclaró que se trata de decisiones provinciales
- Diario C - El Gobierno reiteró su llamado al diálogo, pidió respeto a las leyes...
- Infobae - Tras los incidentes, vuelven a cortar la Ruta 60
Minería: Especial sobre el bloque y desalojo
El gobierno de Catamarca se defendió tras el violento desalojo a una protesta antiminera
Fecha de Publicación: 10/02/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional - Catamarca
Tras el violento operativo de la policía de Catamarca, que esta mañana desalojó una protesta antiminera en Tinogasta, el Gobierno provincial afirmó que se "cumplió con una orden judicial" y rechazó la represión, que dejó cerca de 20 heridos.
"Nosotros hoy cumplimos una orden judicial. Somos auxiliares de la justicia", expresó el ministro de Gobierno y Justicia provincial, Francisco Gordillo, en diálogo con el canal de noticias TN. Gordillo admitió que el operativo dejó, por lo menos, 24 heridos, entre manifestantes y policías.
"Somos auxiliares de la justicia. Forma parte de la responsabilidad que tenemos como Estado. Nos duele muchísimo", agregó el funcionario, que detalló: "Hay 11 efectivos heridos, también perros policías, y móviles destrozados".
Gordillo contó que el hospital de Tinogasta hay "12 o 13 personas con heridas", y sostuvo que inciará las "actuaciones administrativas" necesarias para identificar a los policías que reprimieron violentamente a los ambientalistas. "Hoy sí o sí se tenia que hacer el desalojo, pero no estamos justificando lo que la policía puede llevar adelante", dijo el ministro.
En repudio a los hechos, distintas organizaciones civiles convocaron para esta tarde, a las 18, a una movilización en la casa de Catamarca en Buenos Aires (Córdoba 2080).
La represión
Policías, escudos, balas de goma, gases lacrimógenos, perros policías y piedras protagonizaron esta mañana un violento desalojo en la localidad catamarqueña de Tinogasta, donde un grupo de vecinos protestaban contra la mina La Alumbrera , explotada por la compañía suiza Xstrata Cooper y las canadienses Goldcorp Inc y Yamana Gold.
"Que odio e impotencia me da esto", expresó una manifestante ante el canal de noticias TN. "Es una vergüenza lo que pasa", agregó, mientras denunciaba ante cámara haber recibido una golpiza. Otro vecino lanzó: "Los gobernadores están bajo el poder económico".
La protesta impedía el paso de camiones con materiales hacia la mina. Tras el operativo policial, los vehículos tuvieron la ruta abierta.
El desalojo comenzó poco después de las 9.30 y no tardó en tener consecuencias violentas.
El secretario de Minería de la Nación, en Catamarca
Mientras en Tinogasta la polícia reprimió la protesta, a 268 kilómetros, en San Fernando del Valle de Catamarca, el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, se reunió con empresarios del sector y funcionarios locales, según pudo saber LA NACION. Del encuentro también participaron el secretario de Minería de Catamarca, Rodolfo Miccone, autoridades del gobierno ultrakirchnerista de Lucía Corpacci y legisladores locales.
Según voceros de la secretaría provincial, el encuentro se debió a la presentación, por parte de Mayoral, de la "Mesa de homologación", un programa que tiene el objetivo de que las empresas mineras compren sus insumos en la Argentina.
Según pudo saber este diario, Mayoral vio por televisión, antes de participar de la reunión en el Hotel de Turismo, los incidentes en Tinogasta.
Aníbal Fernández rechazó la represión
El senador kirchnerista Aníbal Fernández rechazó la represión de la protesta. "Jamás he estado de acuerdo con reprimir una protesta social o cualquier manifestación popular. Para que quede claro, tampoco estoy de acuerdo con el uso de la violencia en Tinogasta o en cualquier lugar del NOA, cualquiera sea la causa", manifestó Fernández, según la agencia DyN. "Lo que sucede en las provincias, es una decisión de las provincias", expresó el ex jefe de gabinete.
Anteayer, la policía desalojó la ruta 40 a la altura de Alpamikuna, Catamarca, y detuvo a 30 asambleístas , quienes hacía veinte días que bloqueaban el acceso hacia la mina Bajo La Alumbrera, en el norte de Belén.
El desafío de Greenpeace
La organización Greenpeace propuso a la presidenta Cristina Kirchner que dialogue por teleconferencia con los pobladores de Catamarca y La Rioja para poder escuchar sus planteos respecto a los emprendimientos mineros.
"Estamos de acuerdo con la Presidenta en la necesidad de entablar un debate serio sobre el tema y sobre el camino de desarrollo elegido para el país; queremos participar de él", aseguró Martín Prieto, director ejecutivo de la organización.
Ayer, durante un acto , en diálogo con un trabajador de la planta de Cementos Avellaneda que reclamó el fin de los bloqueos a emprendimientos mineros como el de Bajo La Alumbrera en Catamarca, la Presidenta señaló: "Vamos a tener que darnos una discusión en serio: tenemos que exigir calidad ambiental a las empresas, pero también responsabilidad a las distintas organizaciones".
"El debate es muy serio, la reflexión es muy seria, tenemos que darlo en la Argentina", dijo la jefa de Estado. "Queremos escuchar todas las posiciones. Hay que cuidar el ambiente, porque es nuestra casa", agregó.
La reacción de Greenpeace no tardó en llegar. "Para darse un debate serio en materia ambiental deben escucharse las posiciones críticas a la minería y no reprimirlas o perseguirlas", deslizó Prieto..
Más Información:
- La Nación - Apoyo presidencial a la minería
- Nueva Rioja - La Presidenta lamentó las posiciones antimineras “dogmáticas y cerradas”
- Terra - En medio de la polémica, Cristina pide "una discusión en serio" sobre la minería
- Diario Argentino - Cristina dijo que hace falta un debate “abierto” sobre la minería en el país
Fecha de Publicación: 10/02/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional - Catamarca
Tras el violento operativo de la policía de Catamarca, que esta mañana desalojó una protesta antiminera en Tinogasta, el Gobierno provincial afirmó que se "cumplió con una orden judicial" y rechazó la represión, que dejó cerca de 20 heridos.
"Nosotros hoy cumplimos una orden judicial. Somos auxiliares de la justicia", expresó el ministro de Gobierno y Justicia provincial, Francisco Gordillo, en diálogo con el canal de noticias TN. Gordillo admitió que el operativo dejó, por lo menos, 24 heridos, entre manifestantes y policías.
"Somos auxiliares de la justicia. Forma parte de la responsabilidad que tenemos como Estado. Nos duele muchísimo", agregó el funcionario, que detalló: "Hay 11 efectivos heridos, también perros policías, y móviles destrozados".
Gordillo contó que el hospital de Tinogasta hay "12 o 13 personas con heridas", y sostuvo que inciará las "actuaciones administrativas" necesarias para identificar a los policías que reprimieron violentamente a los ambientalistas. "Hoy sí o sí se tenia que hacer el desalojo, pero no estamos justificando lo que la policía puede llevar adelante", dijo el ministro.
En repudio a los hechos, distintas organizaciones civiles convocaron para esta tarde, a las 18, a una movilización en la casa de Catamarca en Buenos Aires (Córdoba 2080).
La represión
Policías, escudos, balas de goma, gases lacrimógenos, perros policías y piedras protagonizaron esta mañana un violento desalojo en la localidad catamarqueña de Tinogasta, donde un grupo de vecinos protestaban contra la mina La Alumbrera , explotada por la compañía suiza Xstrata Cooper y las canadienses Goldcorp Inc y Yamana Gold.
"Que odio e impotencia me da esto", expresó una manifestante ante el canal de noticias TN. "Es una vergüenza lo que pasa", agregó, mientras denunciaba ante cámara haber recibido una golpiza. Otro vecino lanzó: "Los gobernadores están bajo el poder económico".
La protesta impedía el paso de camiones con materiales hacia la mina. Tras el operativo policial, los vehículos tuvieron la ruta abierta.
El desalojo comenzó poco después de las 9.30 y no tardó en tener consecuencias violentas.
El secretario de Minería de la Nación, en Catamarca
Mientras en Tinogasta la polícia reprimió la protesta, a 268 kilómetros, en San Fernando del Valle de Catamarca, el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, se reunió con empresarios del sector y funcionarios locales, según pudo saber LA NACION. Del encuentro también participaron el secretario de Minería de Catamarca, Rodolfo Miccone, autoridades del gobierno ultrakirchnerista de Lucía Corpacci y legisladores locales.
Según voceros de la secretaría provincial, el encuentro se debió a la presentación, por parte de Mayoral, de la "Mesa de homologación", un programa que tiene el objetivo de que las empresas mineras compren sus insumos en la Argentina.
Según pudo saber este diario, Mayoral vio por televisión, antes de participar de la reunión en el Hotel de Turismo, los incidentes en Tinogasta.
Aníbal Fernández rechazó la represión
El senador kirchnerista Aníbal Fernández rechazó la represión de la protesta. "Jamás he estado de acuerdo con reprimir una protesta social o cualquier manifestación popular. Para que quede claro, tampoco estoy de acuerdo con el uso de la violencia en Tinogasta o en cualquier lugar del NOA, cualquiera sea la causa", manifestó Fernández, según la agencia DyN. "Lo que sucede en las provincias, es una decisión de las provincias", expresó el ex jefe de gabinete.
Anteayer, la policía desalojó la ruta 40 a la altura de Alpamikuna, Catamarca, y detuvo a 30 asambleístas , quienes hacía veinte días que bloqueaban el acceso hacia la mina Bajo La Alumbrera, en el norte de Belén.
El desafío de Greenpeace
La organización Greenpeace propuso a la presidenta Cristina Kirchner que dialogue por teleconferencia con los pobladores de Catamarca y La Rioja para poder escuchar sus planteos respecto a los emprendimientos mineros.
"Estamos de acuerdo con la Presidenta en la necesidad de entablar un debate serio sobre el tema y sobre el camino de desarrollo elegido para el país; queremos participar de él", aseguró Martín Prieto, director ejecutivo de la organización.
Ayer, durante un acto , en diálogo con un trabajador de la planta de Cementos Avellaneda que reclamó el fin de los bloqueos a emprendimientos mineros como el de Bajo La Alumbrera en Catamarca, la Presidenta señaló: "Vamos a tener que darnos una discusión en serio: tenemos que exigir calidad ambiental a las empresas, pero también responsabilidad a las distintas organizaciones".
"El debate es muy serio, la reflexión es muy seria, tenemos que darlo en la Argentina", dijo la jefa de Estado. "Queremos escuchar todas las posiciones. Hay que cuidar el ambiente, porque es nuestra casa", agregó.
La reacción de Greenpeace no tardó en llegar. "Para darse un debate serio en materia ambiental deben escucharse las posiciones críticas a la minería y no reprimirlas o perseguirlas", deslizó Prieto..
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- Diario Argentino - Cristina dijo que hace falta un debate “abierto” sobre la minería en el país
La mira en los agrotóxicos
La mira en los agrotóxicos
Fecha de Publicación: 09/02/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El organismo relacionó el uso indebido de esos productos con distintas malformaciones, trastornos neurológicos y otras dolencias.
La Defensoría del Pueblo de la Nación afirmó que los agroquímicos tienen directa vinculación con la discapacidad, solicitó la implementación del principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras) e instó al Ministerio de Salud a tomar medidas “preventivas y eficaces”. “Resulta apremiante pedir a las autoridades públicas nacionales y provinciales la toma de medidas de resguardo y cautelares, para evitar la discapacidad producida por el uso de agrotóxicos”, solicitó la Defensoría del Pueblo en su “Informe especial sobre agrotóxicos y discapacidad”, publicado tras siete meses de trabajo. El organismo aseguró que no funciona correctamente la Comisión Interministerial de Investigación de Agroquímicos (creada por la Presidenta en 2009) y cuestionó al Ministerio de Agricultura y al Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Desde el Ministerio de Salud de la Nación afirmaron que la comisión trabaja en forma “normal”, según el plan previsto.
“Las malformaciones, los padecimientos neurológicos y otras dolencias ligadas al uso indebido de agroquímicos son la vía hacia la discapacidad de niños, niñas, jóvenes o adultos y, en orden a ello, cobra relevancia el concepto de prevención”, asegura el informe de la Defensoría, y afirma: “(Los trabajos científicos citados) dan cuenta de observaciones sistemáticas, las que arrojan datos relacionados con malformaciones congénitas, enfermedades y trastornos neurológicos vinculados al uso de agroquímicos”.
Un apartado especial se dedica al principio precautorio, vigente en la Ley General del Ambiente (25.675). Le Defensoría “demanda una urgente atención precautoria y preventiva para evitar el riesgo de daño a una población desfavorecida, o bien para impedir el curso del perjuicio”.
La Defensoría apunta a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad (Conadis): “No indica haber desarrollado actividades relacionadas con la prevención primaria de la discapacidad”.
En enero de 2009, luego de un fallo del Poder Judicial de Córdoba respecto de las fumigaciones con glifosato y endosulfán en el barrio Ituzaingó de Córdoba, la Presidenta creó por decreto (21/2009) la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos (CNIA). La Defensoría del Pueblo afirma: “Se verificó que las sesiones no se realizan con la regularidad impuesta. Lejos está esa comisión de cumplir, de modo sostenido en el tiempo, con la manda presidencial que los convocó para ‘la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten (a la población) con productos agroquímicos”.
En julio de 2011, el Senasa dictó la Resolución 511/2011, mediante la cual reconoció las consecuencias sanitarias del insecticida endosulfán y prohibió la importación del producto a partir de julio de 2012 y la formulación y uso a partir de julio de 2013. La Defensoría del Pueblo sostiene que “una vez comprobada la toxicidad del principio activo endosulfán y sus productos formulados, corresponde preguntarse si es posible otorgar con sensatez un permiso por dos años (más), con riesgo de generar un daño de la magnitud denunciada”.
También recuerda que la Defensoría recomendó al Ministerio de Agricultura (en noviembre de 2010) que modificara la metodología de clasificación de toxicidad de los agroquímicos (en la actualidad sólo se miden los efectos agudos, en el corto plazo).
Entre las conclusiones resalta que “la autoridad pública competente” deberá preservar a la población vulnerable de la fumigación sistemática, que “deberá frustrar la amenaza de daño, aplicando el principio precautorio, impidiendo la producción de la discapacidad en niños, niñas, jóvenes o adultos”. También insta a la “prevención primaria que abarca los supuestos donde la vinculación entre la discapacidad y el uso de agroquímicos es ostensible, es un tema de competencia de distintos organismos del Estado Nacional”.
La investigación, de 25 carillas, es la base probatoria para la Resolución 06/2012 de la Defensoría. En el primer artículo recomienda al ministro de Salud, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos, que “ejecute de manera perentoria las acciones ordenadas en el decreto presidencial con el fin de propender a la prevención de la aparición de discapacidad”. El artículo dos se dirige a la Conadis: “Que realicen acciones inmediatas, enfocadas a la atención, asistencia y cuidados de las personas con discapacidad y de sus familias, afectadas como consecuencia del uso de agroquímicos”.
El informe lleva la firma de Cecilia Pazos, del área de Derechos Humanos, y Horacio Esber, director del área de Derechos Sociales. “Son siete meses de trabajo. Y nos convencimos de la relación agroquímicos-discapacidad con investigaciones científicas, encuentros con médicos y con casos concretos de familias de zonas fumigadas”, afirmó Pazos. Esber resumió: “Las consecuencias de los agroquímicos son profundamente graves y afectan a los más vulnerables. Es evidente que el Estado debe ocuparse y se impone aplicar el principio precautorio. No se puede perder más tiempo”.
Fecha de Publicación: 09/02/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El organismo relacionó el uso indebido de esos productos con distintas malformaciones, trastornos neurológicos y otras dolencias.
La Defensoría del Pueblo de la Nación afirmó que los agroquímicos tienen directa vinculación con la discapacidad, solicitó la implementación del principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras) e instó al Ministerio de Salud a tomar medidas “preventivas y eficaces”. “Resulta apremiante pedir a las autoridades públicas nacionales y provinciales la toma de medidas de resguardo y cautelares, para evitar la discapacidad producida por el uso de agrotóxicos”, solicitó la Defensoría del Pueblo en su “Informe especial sobre agrotóxicos y discapacidad”, publicado tras siete meses de trabajo. El organismo aseguró que no funciona correctamente la Comisión Interministerial de Investigación de Agroquímicos (creada por la Presidenta en 2009) y cuestionó al Ministerio de Agricultura y al Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Desde el Ministerio de Salud de la Nación afirmaron que la comisión trabaja en forma “normal”, según el plan previsto.
“Las malformaciones, los padecimientos neurológicos y otras dolencias ligadas al uso indebido de agroquímicos son la vía hacia la discapacidad de niños, niñas, jóvenes o adultos y, en orden a ello, cobra relevancia el concepto de prevención”, asegura el informe de la Defensoría, y afirma: “(Los trabajos científicos citados) dan cuenta de observaciones sistemáticas, las que arrojan datos relacionados con malformaciones congénitas, enfermedades y trastornos neurológicos vinculados al uso de agroquímicos”.
Un apartado especial se dedica al principio precautorio, vigente en la Ley General del Ambiente (25.675). Le Defensoría “demanda una urgente atención precautoria y preventiva para evitar el riesgo de daño a una población desfavorecida, o bien para impedir el curso del perjuicio”.
La Defensoría apunta a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad (Conadis): “No indica haber desarrollado actividades relacionadas con la prevención primaria de la discapacidad”.
En enero de 2009, luego de un fallo del Poder Judicial de Córdoba respecto de las fumigaciones con glifosato y endosulfán en el barrio Ituzaingó de Córdoba, la Presidenta creó por decreto (21/2009) la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos (CNIA). La Defensoría del Pueblo afirma: “Se verificó que las sesiones no se realizan con la regularidad impuesta. Lejos está esa comisión de cumplir, de modo sostenido en el tiempo, con la manda presidencial que los convocó para ‘la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten (a la población) con productos agroquímicos”.
En julio de 2011, el Senasa dictó la Resolución 511/2011, mediante la cual reconoció las consecuencias sanitarias del insecticida endosulfán y prohibió la importación del producto a partir de julio de 2012 y la formulación y uso a partir de julio de 2013. La Defensoría del Pueblo sostiene que “una vez comprobada la toxicidad del principio activo endosulfán y sus productos formulados, corresponde preguntarse si es posible otorgar con sensatez un permiso por dos años (más), con riesgo de generar un daño de la magnitud denunciada”.
También recuerda que la Defensoría recomendó al Ministerio de Agricultura (en noviembre de 2010) que modificara la metodología de clasificación de toxicidad de los agroquímicos (en la actualidad sólo se miden los efectos agudos, en el corto plazo).
Entre las conclusiones resalta que “la autoridad pública competente” deberá preservar a la población vulnerable de la fumigación sistemática, que “deberá frustrar la amenaza de daño, aplicando el principio precautorio, impidiendo la producción de la discapacidad en niños, niñas, jóvenes o adultos”. También insta a la “prevención primaria que abarca los supuestos donde la vinculación entre la discapacidad y el uso de agroquímicos es ostensible, es un tema de competencia de distintos organismos del Estado Nacional”.
La investigación, de 25 carillas, es la base probatoria para la Resolución 06/2012 de la Defensoría. En el primer artículo recomienda al ministro de Salud, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos, que “ejecute de manera perentoria las acciones ordenadas en el decreto presidencial con el fin de propender a la prevención de la aparición de discapacidad”. El artículo dos se dirige a la Conadis: “Que realicen acciones inmediatas, enfocadas a la atención, asistencia y cuidados de las personas con discapacidad y de sus familias, afectadas como consecuencia del uso de agroquímicos”.
El informe lleva la firma de Cecilia Pazos, del área de Derechos Humanos, y Horacio Esber, director del área de Derechos Sociales. “Son siete meses de trabajo. Y nos convencimos de la relación agroquímicos-discapacidad con investigaciones científicas, encuentros con médicos y con casos concretos de familias de zonas fumigadas”, afirmó Pazos. Esber resumió: “Las consecuencias de los agroquímicos son profundamente graves y afectan a los más vulnerables. Es evidente que el Estado debe ocuparse y se impone aplicar el principio precautorio. No se puede perder más tiempo”.
Basura electrónica sin solución en Entre Ríos
Basura electrónica, un problema sin solución
Fecha de Publicación: 09/02/2012
Fuente: El Diario
Provincia/Región: Entre Ríos
Toneladas de computadoras, celulares, heladeras, televisores, se desechan cada año sin tratamiento. Metales pesados y gigantescos volúmenes de plástico van a parar al Volcadero sin gestión especial. Las alternativas.
El Volcadero municipal de Paraná es un enorme vertedero a cielo abierto en el oeste de la ciudad, que durante décadas fue recibiendo cientos de toneladas de desechos que la gente tira día a día al tacho de basura. Sin ningún tipo de separación en origen, ni alternativas de recuperación de materiales, todo va a parar al Volcadero sin distinción. Allí son los cirujas quienes remueven los desechos y hacen una tarea de clasificación informal entre vidrios, cartones, plásticos, que después venden a los acopiadores. Prenden fuego para ahuyentar las moscas y separar los metales, rescatan alimentos en mal estado para sus caballos y sus chanchos.
Desde hace más o menos una década al Volcadero empezaron a llegar cada vez más objetos electrónicos de desecho, en consonancia con la explosión de la industria y la venta de computadoras y celulares. De pronto de llegar electrodomésticos aislados –heladeras, cocinas- fue cada vez mayor la cantidad de residuos electrónicos. Hoy el problema es gigantesco, porque la basura va creciendo al ritmo de las ventas. Una computadora portátil se recambia antes de los cinco años de uso, y una de escritorio antes de los siete. El ritmo de recambio de celulares es mucho mayor.
Hoy lo que se rompe o se desecha va a parar al vertedero. Una computadora tiene alrededor de 50 sustancias contaminantes en su interior, entre ellas mercurio, plomo, cadmio. Las baterías recargables de las notebook y de los celulares son los elementos más contaminantes de los equipos. Estas sustancias van a parar a la tierra y al agua y provocan enfermedades graves, entre ellas cáncer. Hasta ahora los esfuerzos para revertir la situación son aislados. No hay política de Estado y los proyectos de ley duermen en el Congreso.
Ideas. En 2010, desde el Concejo Deliberante, el ex concejal Horacio Piceda presentó un proyecto sobre el tema e inclusive promovió reuniones con miembros de organizaciones no gubernamentales y de la Universidad para empezar a pensar modos de tratar esta basura. Pero este proyecto no prosperó. Paralelamente, en la Facultad de Ciencia y Técnica de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), un grupo de estudiantes bajo la dirección de la profesora María Emilia Llorente inició un proyecto de investigación sobre residuos electrónicos. Hoy este equipo está gestionando fondos para comenzar con acciones concretas. Han logrado instalar el tema, y empezar a crear conciencia sobre la existencia de este tipo de residuos y su especificidad.
El Estado municipal de Paraná ha prometido un tratamiento de estos desechos en conjunto con un cambio en la gestión de todos los residuos domiciliarios.
Mientras, hay paranaenses que siguen acumulando en sus casas aparatos rotos, sin decidirse a desecharlos sin tratamiento, y otros dejan en la vereda, sin remordimiento de conciencia, sus televisores viejos y sus impresoras obsoletas. Un dilema todavía sin solución.
Problema de todos. Daniel compró nuevos componentes para su computadora, y los antiguos, que por su tecnología ya no le satisfacían, se los dio a su hermana, para que recambie a su vez su ordenador de escritorio de más de una década. Ella desarmó, rearmó, y los elementos más antiguos se los pasó a las sobrinitas de su novio, que dentro de una carcasa desechada por otra familia, y con un monitor de los viejos, también donado, pudieron tener por primera vez su propia computadora. Este tipo de trabajo suelen hacer organizaciones solidarias en todo el país, desguazando y reparando aparatos electrónicos para dar talleres a chicos de bajos recursos, y para acercar tecnologías a grupos sociales que no pueden comprarlas. Pero son contadas estas instituciones en el país. Y tampoco hay gran cantidad de recicladores de residuos electrónicos. El resultado es que hoy –según datos de Greenpeace- se reciclan sólo entre el 2 y el 4% de todos los electrónicos que se botan a la basura. No hay redes de recicladores y tampoco hay una acción sistemática del Estado en ese tema, ni Nacional, ni provinciales, ni municipales. Se necesita logística, se necesitan herramientas, se necesita personal, y sobre todo, se necesitan fondos. No son proyectos baratos.
Hoy por hoy, casi la totalidad de las computadoras, los celulares, los televisores, las heladeras desechadas van a parar sin más a vertederos a cielo abierto –como el nuestro- o a rellenos sanitarios, sin rescatar elementos valiosos (oro, cobre) para la industria de los electrónicos ni tampoco componentes que podrían ser reutilizados para reparar aparatos rotos.
Los especialistas coinciden en que el problema de los electrónicos es de todos: de los vecinos que desechan, de quienes los fabrican y también del Estado. El desafío es aunar voluntades y coordinar acciones para que prospere un modelo de reciclado de estos artículos altamente contaminantes.
Fecha de Publicación: 09/02/2012
Fuente: El Diario
Provincia/Región: Entre Ríos
Toneladas de computadoras, celulares, heladeras, televisores, se desechan cada año sin tratamiento. Metales pesados y gigantescos volúmenes de plástico van a parar al Volcadero sin gestión especial. Las alternativas.
El Volcadero municipal de Paraná es un enorme vertedero a cielo abierto en el oeste de la ciudad, que durante décadas fue recibiendo cientos de toneladas de desechos que la gente tira día a día al tacho de basura. Sin ningún tipo de separación en origen, ni alternativas de recuperación de materiales, todo va a parar al Volcadero sin distinción. Allí son los cirujas quienes remueven los desechos y hacen una tarea de clasificación informal entre vidrios, cartones, plásticos, que después venden a los acopiadores. Prenden fuego para ahuyentar las moscas y separar los metales, rescatan alimentos en mal estado para sus caballos y sus chanchos.
Desde hace más o menos una década al Volcadero empezaron a llegar cada vez más objetos electrónicos de desecho, en consonancia con la explosión de la industria y la venta de computadoras y celulares. De pronto de llegar electrodomésticos aislados –heladeras, cocinas- fue cada vez mayor la cantidad de residuos electrónicos. Hoy el problema es gigantesco, porque la basura va creciendo al ritmo de las ventas. Una computadora portátil se recambia antes de los cinco años de uso, y una de escritorio antes de los siete. El ritmo de recambio de celulares es mucho mayor.
Hoy lo que se rompe o se desecha va a parar al vertedero. Una computadora tiene alrededor de 50 sustancias contaminantes en su interior, entre ellas mercurio, plomo, cadmio. Las baterías recargables de las notebook y de los celulares son los elementos más contaminantes de los equipos. Estas sustancias van a parar a la tierra y al agua y provocan enfermedades graves, entre ellas cáncer. Hasta ahora los esfuerzos para revertir la situación son aislados. No hay política de Estado y los proyectos de ley duermen en el Congreso.
Ideas. En 2010, desde el Concejo Deliberante, el ex concejal Horacio Piceda presentó un proyecto sobre el tema e inclusive promovió reuniones con miembros de organizaciones no gubernamentales y de la Universidad para empezar a pensar modos de tratar esta basura. Pero este proyecto no prosperó. Paralelamente, en la Facultad de Ciencia y Técnica de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), un grupo de estudiantes bajo la dirección de la profesora María Emilia Llorente inició un proyecto de investigación sobre residuos electrónicos. Hoy este equipo está gestionando fondos para comenzar con acciones concretas. Han logrado instalar el tema, y empezar a crear conciencia sobre la existencia de este tipo de residuos y su especificidad.
El Estado municipal de Paraná ha prometido un tratamiento de estos desechos en conjunto con un cambio en la gestión de todos los residuos domiciliarios.
Mientras, hay paranaenses que siguen acumulando en sus casas aparatos rotos, sin decidirse a desecharlos sin tratamiento, y otros dejan en la vereda, sin remordimiento de conciencia, sus televisores viejos y sus impresoras obsoletas. Un dilema todavía sin solución.
Problema de todos. Daniel compró nuevos componentes para su computadora, y los antiguos, que por su tecnología ya no le satisfacían, se los dio a su hermana, para que recambie a su vez su ordenador de escritorio de más de una década. Ella desarmó, rearmó, y los elementos más antiguos se los pasó a las sobrinitas de su novio, que dentro de una carcasa desechada por otra familia, y con un monitor de los viejos, también donado, pudieron tener por primera vez su propia computadora. Este tipo de trabajo suelen hacer organizaciones solidarias en todo el país, desguazando y reparando aparatos electrónicos para dar talleres a chicos de bajos recursos, y para acercar tecnologías a grupos sociales que no pueden comprarlas. Pero son contadas estas instituciones en el país. Y tampoco hay gran cantidad de recicladores de residuos electrónicos. El resultado es que hoy –según datos de Greenpeace- se reciclan sólo entre el 2 y el 4% de todos los electrónicos que se botan a la basura. No hay redes de recicladores y tampoco hay una acción sistemática del Estado en ese tema, ni Nacional, ni provinciales, ni municipales. Se necesita logística, se necesitan herramientas, se necesita personal, y sobre todo, se necesitan fondos. No son proyectos baratos.
Hoy por hoy, casi la totalidad de las computadoras, los celulares, los televisores, las heladeras desechadas van a parar sin más a vertederos a cielo abierto –como el nuestro- o a rellenos sanitarios, sin rescatar elementos valiosos (oro, cobre) para la industria de los electrónicos ni tampoco componentes que podrían ser reutilizados para reparar aparatos rotos.
Los especialistas coinciden en que el problema de los electrónicos es de todos: de los vecinos que desechan, de quienes los fabrican y también del Estado. El desafío es aunar voluntades y coordinar acciones para que prospere un modelo de reciclado de estos artículos altamente contaminantes.
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