Andagalá es "zona liberada"
23:58 | 
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Denuncian que Andagalá es “zona liberada, peor que en la dictadura”
Fecha de Publicación: 13/02/2012
Fuente: AIM
Provincia/Región: Catamarca
A dos días de un nuevo aniversario de la mayor protesta de ambientalistas contra la megaminería a cielo abierto, más de 3.000 vecinos de Andagalá (Catamarca), marcharon el sábado para exigir al gobierno que reestablezca el estado de derecho y libere el tránsito de personas, impedido “por una patota pro-minera”, confirmó a AIM el integrante de la Asamblea El Algarrobo Ricardo Morel. “Denunciamos la falta total de garantías constitucionales y la vulneración absoluta del estado de derecho en todo el departamento de Andalgalá”. “La zona está liberada, peor que en la dictadura”, destacó.
En diálogo con esta Agencia, Morel advirtió que “Andalgá debe ser liberado, y si no lo hace el Estado, lo hará el pueblo movilizándose en las calles de todo el país”. El asambleísta, que es artesano textil, docente y pequeño productor en una finca en la que produce nueces, relató que Andangalá “está sitiada por una patota pro minera, que controla los accesos a la ciudad para evitar el ingreso de personas que intentan unirse a la lucha en contra de la mega minería a cielo abierto”.
El dirigente manifestó que desde hace cinco días, “un grupo de personas que trabaja en la minera Bajo la Alumbrera y empresarios avalados por los gobiernos provincial y nacional, actúan con total impunidad cortando los caminos hacia Andalgalá. En ese bloqueo impiden el paso a los medios de comunicación no oficialistas y a todos aquellos que se expresan en contra de la minería contaminante. Este accionar demuestra como estas empresas transnacionales operan al margen de la legalidad, utilizando una metodología patoteril de control total, ignorando la voz y la voluntad del pueblo”.
Además, Morel aseveró a AIM que este grupo de personas “maltrató y maltrata a los periodistas de medios nacionales que vinieron a cubrir los sucesos, como Gabriel Levinas y Julio Bazán, quienes fueron agredidos y amenazados. Ambos tuvieron que regresar porque los escupían y no los dejaban pasar”.
Sumado a esa grave actitud, Morel denunció que tampoco pudieron pasar otras 10 personas del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), organización social de inspiración cristiano – ecuménica que preside Adolfo Pérez Esquivel, y que tiene como finalidad promover los valores de la Solidaridad y la No violencia e impulsar la construcción de una sociedad que se funde en el reconocimiento pleno de los Derechos de la Persona y de los Pueblos. “Los persiguieron unos 50 kilómetros por la ruta y en este momento están en Belén sin poder llegar a Andagalá. Tampoco pudieron ingresar a la localidad compañeros que tienen hijos chicos y nuestra abogada, que está en Belén. Los identifican y depende quien esté o el grado de locura que tenga, dejan entrar o no”.
Justicia y policía: ¿dónde están?
El docente afirmó a AIM que ni la justicia ni la policía actúan. “Los teléfonos de la provincia están cerrados y la zona está liberada, peor que en la época de la dictadura”, dijo y reclamó que “se reestablezca el estado de derecho. Una cosa es que se paren camiones o camionetas que trabajan con la minera y otra cosa es un grupo de empresarios con intereses económicos importantes, que bloquean y maltratan a todos los que no piensen igual que ellos”.
El integrante de la asamblea El Algarrobo aseguró que “la policía no hace nada porque la fiscal (Marta Nieva) no les da la orden. No sabemos si ella está en la casa durmiendo o encerrada, y lo cierto que esto es una cosa de locos: cortaron los caminos alternativos, los campos y son los dueños y señores del pueblo”, se quejó.
También advirtió que el interés de la minera, avalada por el gobierno, es “propiciar el enfrentamiento de las patotas con los vecinos, ocasionando un caos social que
desestabilice al gobierno municipal por su abierto pronunciamiento en contra del proyecto minero a cielo abierto Agua Rica, desviando el objetivo real y principal de la protesta regional”.
Morel también señaló que todas las personas consideradas “anti mineras” corren el riesgo de ser agredidas por estas patotas, “tal como sucedió con cinco compañeros el miércoles pasado a la noche” y denunció que el gobierno nacional “minimiza y oculta la gravísima situación de represión total de la que somos objeto los pueblos organizados en contra de la mega minería. Denunciamos que el estado de derecho fue reemplazado por el estado minero”.
El reclamo
Los pobladores de Andagalá reclaman “el restablecimiento inmediato del estado de derecho en la localidad y en todo el territorio catamarqueño, así como de las garantías de libre tránsito de toda persona que ingrese o egrese de nuestro pueblo”.
Morel aclaró que la asamblea El Algarrobo responsabiliza “por cualquier hecho de violencia o agresión de la que seamos objeto cualquier vecino de Andalgalá o persona que desee ingresar a nuestro departamento a la fiscal Marta Nieva, al fiscal federal de Catamarca, Santos Reinoso, así como al gobierno nacional por no garantizar los derechos humanos ni la integridad de los pueblos afectados por la mega minería”. “Andalgá debe ser liberado, y si no lo hace el Estado, lo hará el pueblo movilizándose en las calles de todo el país”.
Sin medios, igual se puede
Andagalá es un pueblo de 17.000 habitantes. La marcha de 3.000 ciudadanos que se realizó el sábado, “fue más que significativa. No pudimos salir por la radio ni informar por los medios, que están totalmente comprados por el oficialismo o por la minera. Nuestro recurso fue Internet y los megáfonos, que usamos para hacer saber a la gente que se hacía la marcha alrededor de la plaza. Es gravísimo, porque los medios adeptos malinforman a la ciudadanía y porque nadie muestra lo que hacemos nosotros, que llevamos más de 110 rondas alrededor de la plaza desde el 15 de febrero de 2010”.
Muy grave
Radio El Algarrobo, el medio de comunicación de los vecinos que luchan contra la minería a cielo abierto, está interferida desde la noche del jueves 9 de febrero.
En Tinogasta
Vecinos coincidieron en destacar el “ambiente caldeado” en el corte tras la represión policial, que se produjo mientras estaba en la provincia el secretario de minería de la Nación, Jorge Mayoral. “Acá no hay barrabravas ni violentos, nos conocemos todos, pero hay gente que quedó muy enojada, difícil de controlar”, indicó el docente Juan Roger, miembro de la Asamblea de Autoconvocados de Tinogasta. “Tienen que entender que genera mucha impotencia cuando ves que vos y tus hijos están en peligro. Nos consideran población sacrificable. Te hace estallar”, explicó.
En el corte continúa la indignación contra el intendente Hugo Avila, quien ganó las últimas elecciones con argumentos contrarios a la megaminería. Dicen que se “bederizó” (en alusión al gobernador riojano, Luis Beder Herrera, quien también cambió su posición antiminera tras ocupar el poder). Después de la represión, el gobierno provincial de la kirchnerista Lucía Corpacci replegó a la policía (sólo patrulla una camioneta de bomberos). Con el argumento de que los cortes se producen en rutas nacionales, también intentaría que la justicia federal se hiciera cargo de los desalojos, según indicaron fuentes del área de Seguridad provincial.
Funcionarios de ese área recibieron ayer a abogados de los manifestantes de Tinogasta, que exigieron la suspensión del proyecto de Agua Rica, que explota la canadiense Yamana Gold, una de las accionistas de Bajo La Alumbrera.
Lejos de poner en duda las explotaciones que rechazan los ambientalistas, el secretario Mayoral continuó ayer promoviendo la actividad en la provincia junto a Angel Mercado, ministro de Producción, esposo de la gobernadora y sobrino del director de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, Armando “Bombón” Mercado, ex esposo de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.
Más allá del corte existente en Tinogasta y las asambleas en Belén y Amaicha del Valle, las fuentes consultadas coincidieron en señalar a la comuna de Andalgalá como el centro que podría concentrar la mayor tensión en los próximos días. No sólo por el corte total que volvió a la ruta y los grupos pro mineros que actúan en la zona: el miércoles 15 se cumplirán dos años de la mayor protesta de ambientalistas contra la megaminería a cielo abierto.
Más Información:
- No a la Mina - Andalgalá ciudad sitiada
- ADN - Conflicto minero: “La situación es muy complicada", admite ...
- Página/12- Un corte de la patota prominera
Fecha de Publicación: 13/02/2012
Fuente: AIM
Provincia/Región: Catamarca
A dos días de un nuevo aniversario de la mayor protesta de ambientalistas contra la megaminería a cielo abierto, más de 3.000 vecinos de Andagalá (Catamarca), marcharon el sábado para exigir al gobierno que reestablezca el estado de derecho y libere el tránsito de personas, impedido “por una patota pro-minera”, confirmó a AIM el integrante de la Asamblea El Algarrobo Ricardo Morel. “Denunciamos la falta total de garantías constitucionales y la vulneración absoluta del estado de derecho en todo el departamento de Andalgalá”. “La zona está liberada, peor que en la dictadura”, destacó.
En diálogo con esta Agencia, Morel advirtió que “Andalgá debe ser liberado, y si no lo hace el Estado, lo hará el pueblo movilizándose en las calles de todo el país”. El asambleísta, que es artesano textil, docente y pequeño productor en una finca en la que produce nueces, relató que Andangalá “está sitiada por una patota pro minera, que controla los accesos a la ciudad para evitar el ingreso de personas que intentan unirse a la lucha en contra de la mega minería a cielo abierto”.
El dirigente manifestó que desde hace cinco días, “un grupo de personas que trabaja en la minera Bajo la Alumbrera y empresarios avalados por los gobiernos provincial y nacional, actúan con total impunidad cortando los caminos hacia Andalgalá. En ese bloqueo impiden el paso a los medios de comunicación no oficialistas y a todos aquellos que se expresan en contra de la minería contaminante. Este accionar demuestra como estas empresas transnacionales operan al margen de la legalidad, utilizando una metodología patoteril de control total, ignorando la voz y la voluntad del pueblo”.
Además, Morel aseveró a AIM que este grupo de personas “maltrató y maltrata a los periodistas de medios nacionales que vinieron a cubrir los sucesos, como Gabriel Levinas y Julio Bazán, quienes fueron agredidos y amenazados. Ambos tuvieron que regresar porque los escupían y no los dejaban pasar”.
Sumado a esa grave actitud, Morel denunció que tampoco pudieron pasar otras 10 personas del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), organización social de inspiración cristiano – ecuménica que preside Adolfo Pérez Esquivel, y que tiene como finalidad promover los valores de la Solidaridad y la No violencia e impulsar la construcción de una sociedad que se funde en el reconocimiento pleno de los Derechos de la Persona y de los Pueblos. “Los persiguieron unos 50 kilómetros por la ruta y en este momento están en Belén sin poder llegar a Andagalá. Tampoco pudieron ingresar a la localidad compañeros que tienen hijos chicos y nuestra abogada, que está en Belén. Los identifican y depende quien esté o el grado de locura que tenga, dejan entrar o no”.
Justicia y policía: ¿dónde están?
El docente afirmó a AIM que ni la justicia ni la policía actúan. “Los teléfonos de la provincia están cerrados y la zona está liberada, peor que en la época de la dictadura”, dijo y reclamó que “se reestablezca el estado de derecho. Una cosa es que se paren camiones o camionetas que trabajan con la minera y otra cosa es un grupo de empresarios con intereses económicos importantes, que bloquean y maltratan a todos los que no piensen igual que ellos”.
El integrante de la asamblea El Algarrobo aseguró que “la policía no hace nada porque la fiscal (Marta Nieva) no les da la orden. No sabemos si ella está en la casa durmiendo o encerrada, y lo cierto que esto es una cosa de locos: cortaron los caminos alternativos, los campos y son los dueños y señores del pueblo”, se quejó.
También advirtió que el interés de la minera, avalada por el gobierno, es “propiciar el enfrentamiento de las patotas con los vecinos, ocasionando un caos social que
desestabilice al gobierno municipal por su abierto pronunciamiento en contra del proyecto minero a cielo abierto Agua Rica, desviando el objetivo real y principal de la protesta regional”.
Morel también señaló que todas las personas consideradas “anti mineras” corren el riesgo de ser agredidas por estas patotas, “tal como sucedió con cinco compañeros el miércoles pasado a la noche” y denunció que el gobierno nacional “minimiza y oculta la gravísima situación de represión total de la que somos objeto los pueblos organizados en contra de la mega minería. Denunciamos que el estado de derecho fue reemplazado por el estado minero”.
El reclamo
Los pobladores de Andagalá reclaman “el restablecimiento inmediato del estado de derecho en la localidad y en todo el territorio catamarqueño, así como de las garantías de libre tránsito de toda persona que ingrese o egrese de nuestro pueblo”.
Morel aclaró que la asamblea El Algarrobo responsabiliza “por cualquier hecho de violencia o agresión de la que seamos objeto cualquier vecino de Andalgalá o persona que desee ingresar a nuestro departamento a la fiscal Marta Nieva, al fiscal federal de Catamarca, Santos Reinoso, así como al gobierno nacional por no garantizar los derechos humanos ni la integridad de los pueblos afectados por la mega minería”. “Andalgá debe ser liberado, y si no lo hace el Estado, lo hará el pueblo movilizándose en las calles de todo el país”.
Sin medios, igual se puede
Andagalá es un pueblo de 17.000 habitantes. La marcha de 3.000 ciudadanos que se realizó el sábado, “fue más que significativa. No pudimos salir por la radio ni informar por los medios, que están totalmente comprados por el oficialismo o por la minera. Nuestro recurso fue Internet y los megáfonos, que usamos para hacer saber a la gente que se hacía la marcha alrededor de la plaza. Es gravísimo, porque los medios adeptos malinforman a la ciudadanía y porque nadie muestra lo que hacemos nosotros, que llevamos más de 110 rondas alrededor de la plaza desde el 15 de febrero de 2010”.
Muy grave
Radio El Algarrobo, el medio de comunicación de los vecinos que luchan contra la minería a cielo abierto, está interferida desde la noche del jueves 9 de febrero.
En Tinogasta
Vecinos coincidieron en destacar el “ambiente caldeado” en el corte tras la represión policial, que se produjo mientras estaba en la provincia el secretario de minería de la Nación, Jorge Mayoral. “Acá no hay barrabravas ni violentos, nos conocemos todos, pero hay gente que quedó muy enojada, difícil de controlar”, indicó el docente Juan Roger, miembro de la Asamblea de Autoconvocados de Tinogasta. “Tienen que entender que genera mucha impotencia cuando ves que vos y tus hijos están en peligro. Nos consideran población sacrificable. Te hace estallar”, explicó.
En el corte continúa la indignación contra el intendente Hugo Avila, quien ganó las últimas elecciones con argumentos contrarios a la megaminería. Dicen que se “bederizó” (en alusión al gobernador riojano, Luis Beder Herrera, quien también cambió su posición antiminera tras ocupar el poder). Después de la represión, el gobierno provincial de la kirchnerista Lucía Corpacci replegó a la policía (sólo patrulla una camioneta de bomberos). Con el argumento de que los cortes se producen en rutas nacionales, también intentaría que la justicia federal se hiciera cargo de los desalojos, según indicaron fuentes del área de Seguridad provincial.
Funcionarios de ese área recibieron ayer a abogados de los manifestantes de Tinogasta, que exigieron la suspensión del proyecto de Agua Rica, que explota la canadiense Yamana Gold, una de las accionistas de Bajo La Alumbrera.
Lejos de poner en duda las explotaciones que rechazan los ambientalistas, el secretario Mayoral continuó ayer promoviendo la actividad en la provincia junto a Angel Mercado, ministro de Producción, esposo de la gobernadora y sobrino del director de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, Armando “Bombón” Mercado, ex esposo de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.
Más allá del corte existente en Tinogasta y las asambleas en Belén y Amaicha del Valle, las fuentes consultadas coincidieron en señalar a la comuna de Andalgalá como el centro que podría concentrar la mayor tensión en los próximos días. No sólo por el corte total que volvió a la ruta y los grupos pro mineros que actúan en la zona: el miércoles 15 se cumplirán dos años de la mayor protesta de ambientalistas contra la megaminería a cielo abierto.
Más Información:
- No a la Mina - Andalgalá ciudad sitiada
- ADN - Conflicto minero: “La situación es muy complicada", admite ...
- Página/12- Un corte de la patota prominera
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Derogan una ley de cultivos en el Delta
Derogan una ley de cultivos en el Delta
Fecha de Publicación: 13/02/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobierno tomó la decisión tras las protestas de ambientalistas que objetaban el uso de agroquímicos
La Legislatura entrerriana derogó una ley luego de un mes de haberla creado, ante la resistencia que generaba por el hecho de que ponía en riesgo los humedales de las islas del delta entrerriano al permitir el ingreso de agroquímicos.
El proyecto en cuestión apuntaba a fomentar la explotación agropecuaria en las islas, pero eso generó una fuerte controversia entre el gobierno provincial y las organizaciones ecologistas de todo el Litoral.
La Legislatura de Entre Ríos aprobó el proyecto impulsado por el poder ejecutivo entrerriano, mediante el cual se creaba una sociedad anónima para la utilización productiva de las tierras fiscales, incluyendo las que integran los humedales de las islas. Se trató de la ley Nº 10.092 publicada el 26 de diciembre último en el Boletín Oficial, que otorgaba en concesión las tierras fiscales del Delta con el fin de destinarlas a la explotación agrícola intensiva.
Pero la nueva norma, que derogó la anterior, limita el uso de las islas a la ganadería, la apicultura y el turismo, prohibiendo taxativamente la "explotación agrícola intensiva que requiera la aplicación de agroquímicos y plaguicidas".
La creación de la ley de explotación de los humedales se enmarcó en un proceso de recuperación de islas fiscales que estaban en manos privadas por arrendamiento o por usurpación. De ese modo, el Estado provincial logró sumar a su dominio más de 200.000 hectáreas, de las cuales 60.000 se ubican en el Delta entrerriano, especialmente en los departamentos Victoria y Gualeguay.
La ley establecía una sociedad anónima llamada Arroz del Delta Entrerriano y que tendría una vigencia legal de 99 años. La norma, antes de su derogación, estableció además que la dirección y administración estuviera a cargo de un directorio con facultades para suscribir convenios con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras para explotar las tierras.
La medida había sido impulsada por la Fiscalía de Estado, lo que no generó ningún tipo de resistencia. Lo que sí preocupó fue el destino que se les pretendía dar a esas tierras, muchas de ellas vírgenes.
"El Paraná no se toca"
Por eso, la sanción de la ley en diciembre del año pasado desató una tormenta de críticas de entidades ambientalistas de ambas orillas del Paraná.
Desde la Fundación Proteger, con sede en Santa Fe, su titular, Jorge Cappato, cuestionó la decisión entrerriana de explotar los humedales de las islas, planteó la preocupación por el futuro uso de agroquímicos y recordó que "los esteros, bañados, islas del Paraná y los ecosistemas donde el agua es el factor predominante, tienen un valor biológico extraordinario".
En tanto, el principal referente de la Fundación M'Bigua, con sede en Entre Ríos, Jorge Daneri, dijo a LA NACION que los postulados constitucionales de protección al medio ambiente "fueron amenazados por una norma sancionada en 48 horas, sin debate político ni técnico de las áreas con competencia que establece la creación de nada menos que una sociedad anónima en la que el Estado será minoritario".
En Rosario, la ley impulsada por Entre Ríos también generó una fuerte resistencia. "¡El Paraná no se toca!", fue el título de la convocatoria que se hizo por Facebook para protestar contra la explotación de los humedales de las islas, en una manifestación que llegó a congregar a centenares de personas frente al Monumento a la Bandera.
Por toda esa resistencia, la ley fue derogada por los mismos que la aprobaron un mes y medio atrás..
Fecha de Publicación: 13/02/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobierno tomó la decisión tras las protestas de ambientalistas que objetaban el uso de agroquímicos
La Legislatura entrerriana derogó una ley luego de un mes de haberla creado, ante la resistencia que generaba por el hecho de que ponía en riesgo los humedales de las islas del delta entrerriano al permitir el ingreso de agroquímicos.
El proyecto en cuestión apuntaba a fomentar la explotación agropecuaria en las islas, pero eso generó una fuerte controversia entre el gobierno provincial y las organizaciones ecologistas de todo el Litoral.
La Legislatura de Entre Ríos aprobó el proyecto impulsado por el poder ejecutivo entrerriano, mediante el cual se creaba una sociedad anónima para la utilización productiva de las tierras fiscales, incluyendo las que integran los humedales de las islas. Se trató de la ley Nº 10.092 publicada el 26 de diciembre último en el Boletín Oficial, que otorgaba en concesión las tierras fiscales del Delta con el fin de destinarlas a la explotación agrícola intensiva.
Pero la nueva norma, que derogó la anterior, limita el uso de las islas a la ganadería, la apicultura y el turismo, prohibiendo taxativamente la "explotación agrícola intensiva que requiera la aplicación de agroquímicos y plaguicidas".
La creación de la ley de explotación de los humedales se enmarcó en un proceso de recuperación de islas fiscales que estaban en manos privadas por arrendamiento o por usurpación. De ese modo, el Estado provincial logró sumar a su dominio más de 200.000 hectáreas, de las cuales 60.000 se ubican en el Delta entrerriano, especialmente en los departamentos Victoria y Gualeguay.
La ley establecía una sociedad anónima llamada Arroz del Delta Entrerriano y que tendría una vigencia legal de 99 años. La norma, antes de su derogación, estableció además que la dirección y administración estuviera a cargo de un directorio con facultades para suscribir convenios con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras para explotar las tierras.
La medida había sido impulsada por la Fiscalía de Estado, lo que no generó ningún tipo de resistencia. Lo que sí preocupó fue el destino que se les pretendía dar a esas tierras, muchas de ellas vírgenes.
"El Paraná no se toca"
Por eso, la sanción de la ley en diciembre del año pasado desató una tormenta de críticas de entidades ambientalistas de ambas orillas del Paraná.
Desde la Fundación Proteger, con sede en Santa Fe, su titular, Jorge Cappato, cuestionó la decisión entrerriana de explotar los humedales de las islas, planteó la preocupación por el futuro uso de agroquímicos y recordó que "los esteros, bañados, islas del Paraná y los ecosistemas donde el agua es el factor predominante, tienen un valor biológico extraordinario".
En tanto, el principal referente de la Fundación M'Bigua, con sede en Entre Ríos, Jorge Daneri, dijo a LA NACION que los postulados constitucionales de protección al medio ambiente "fueron amenazados por una norma sancionada en 48 horas, sin debate político ni técnico de las áreas con competencia que establece la creación de nada menos que una sociedad anónima en la que el Estado será minoritario".
En Rosario, la ley impulsada por Entre Ríos también generó una fuerte resistencia. "¡El Paraná no se toca!", fue el título de la convocatoria que se hizo por Facebook para protestar contra la explotación de los humedales de las islas, en una manifestación que llegó a congregar a centenares de personas frente al Monumento a la Bandera.
Por toda esa resistencia, la ley fue derogada por los mismos que la aprobaron un mes y medio atrás..
Proyecto uranífero en Chubut
Un nuevo proyecto uranífero avanza cerca de Dolavon
Fecha de Publicación: 12/02/2012
Fuente: Patagónico
Provincia/Región: Chubut
En el Informe de Impacto Ambiental, la empresa detalla las medidas de seguridad recomendadas a sus empleados con respecto a la manipulación de objetos radioactivos. “Sus efectos (de la radiación) no se sienten de inmediato a menos que sea de muy alta intensidad. Sin embargo, algunos de estos efectos pueden aflorar con el tiempo”, dice el texto.
El Ministerio de Ambiente de Chubut desarrolló en los últimos diez días la consulta pública alrededor del proyecto Tijeras, de Maple Minerals, un potencial reservorio de uranio a 70 kilómetros de Dolavon. La difusión del Informe de Impacto Ambiental se hizo en el sitio web del organismo del gobierno de la provincia el 31 de enero.
En el voluminoso texto, Maple Minerals detalla las medidas de seguridad recomendadas con sus empleados con respecto a la manipulación de objetos radioactivos. Para minimizar el riesgo es preciso limitar el tiempo de exposición a la radiación.
“El hecho de que la radiación sea invisible la coloca en una categoría de riesgos que requiere algunos cuidados especiales. Sus efectos no se sienten de inmediato a menos que sea de muy alta intensidad; sin embargo, algunos de estos efectos pueden aflorar con el tiempo”, señala el informe.
“Las personas que necesariamente participan en este proyecto minero están inevitablemente expuestas a radiaciones, por lo que deberán respetar y cumplir las medidas de protección que la empresa ha previsto en este contexto”, aclara en otro párrafo.
Desde Maple Minerals consideran que las tareas de exploración mejorarán la economía de la región por la contratación de servicios a los pobladores. Además, auguran aumento en la recaudación tributaria que generará mayor circulación de dinero.
“Desde el aspecto cultural, este proyecto colaborará asimismo a relevar los restos de artefactos y/o sitios culturales antiguos que pudieran existir. Al realizar transectas a paso de hombre, los operarios han sido instruidos para adquirir información sin retirar del sitio ningún artefacto cultural que encuentren”, detalla el informe.
El proyecto Tijeras es liderado por la Maple Minerals, asociada a Servicios Fénix S.A. y Mines Argentina S.A., dos empresas mineras con sede en Mendoza. En la etapa actual de las tareas, se desconoce el monto de la inversión y el potencial de recursos uraníferos en el lugar.
Maple Minerals ya había descubierto el yacimiento Guanaco, en Mártires. Diario Patagónico detalló en varias oportunidades la fuerte actividad de empresas mineras de todo el mundo alrededor del uranio chubutense, en especial en alrededores de Cerro Sólo, uno de los dos mayores reservorios uraníferos del país (el otro es Sierra Pintada, en Mendoza).
Wealth Minerals, a través de su subsidiaria Maderero Minerales, trabajan en Bororo Nuevo, una superficie de 10 mil hectáreas en el departamento Mártires. Este yacimiento es “el buque insignia de las propiedades de uranio de la compañía”, dice la compañía en su sitio web.
Pacific Bay Minerals, cuya subsidiaria en el país es Bahía Atlántica, dio con El Regalo el año pasado. Está ubicado entre Cerro Cóndor, Gorro Frigio y El Escorial, en el centro norte de Chubut -a 500 kilómetros de Trelew- y suman 10.550 hectáreas.
“Chubut es un distrito con un enorme potencial para convertirse en un importante zona con uranio”, señala en su sitio web Ur America, otra de las compañías con interés en buscar uranio en la provincia y que obtuvo permisos exploratorios en 2009.
Calypso Uranium también está en Chubut para buscar uranio, y tiene como contratista principal a Energía Minera, en el departamento de Paso de Indios.
Todos los proyectos están en etapa exploratoria y no pueden pasar al nivel de producción porque es preciso aplicar técnicas a cielo abierto con químicos (cianuro, entre ellos).
Fecha de Publicación: 12/02/2012
Fuente: Patagónico
Provincia/Región: Chubut
En el Informe de Impacto Ambiental, la empresa detalla las medidas de seguridad recomendadas a sus empleados con respecto a la manipulación de objetos radioactivos. “Sus efectos (de la radiación) no se sienten de inmediato a menos que sea de muy alta intensidad. Sin embargo, algunos de estos efectos pueden aflorar con el tiempo”, dice el texto.
El Ministerio de Ambiente de Chubut desarrolló en los últimos diez días la consulta pública alrededor del proyecto Tijeras, de Maple Minerals, un potencial reservorio de uranio a 70 kilómetros de Dolavon. La difusión del Informe de Impacto Ambiental se hizo en el sitio web del organismo del gobierno de la provincia el 31 de enero.
En el voluminoso texto, Maple Minerals detalla las medidas de seguridad recomendadas con sus empleados con respecto a la manipulación de objetos radioactivos. Para minimizar el riesgo es preciso limitar el tiempo de exposición a la radiación.
“El hecho de que la radiación sea invisible la coloca en una categoría de riesgos que requiere algunos cuidados especiales. Sus efectos no se sienten de inmediato a menos que sea de muy alta intensidad; sin embargo, algunos de estos efectos pueden aflorar con el tiempo”, señala el informe.
“Las personas que necesariamente participan en este proyecto minero están inevitablemente expuestas a radiaciones, por lo que deberán respetar y cumplir las medidas de protección que la empresa ha previsto en este contexto”, aclara en otro párrafo.
Desde Maple Minerals consideran que las tareas de exploración mejorarán la economía de la región por la contratación de servicios a los pobladores. Además, auguran aumento en la recaudación tributaria que generará mayor circulación de dinero.
“Desde el aspecto cultural, este proyecto colaborará asimismo a relevar los restos de artefactos y/o sitios culturales antiguos que pudieran existir. Al realizar transectas a paso de hombre, los operarios han sido instruidos para adquirir información sin retirar del sitio ningún artefacto cultural que encuentren”, detalla el informe.
El proyecto Tijeras es liderado por la Maple Minerals, asociada a Servicios Fénix S.A. y Mines Argentina S.A., dos empresas mineras con sede en Mendoza. En la etapa actual de las tareas, se desconoce el monto de la inversión y el potencial de recursos uraníferos en el lugar.
Maple Minerals ya había descubierto el yacimiento Guanaco, en Mártires. Diario Patagónico detalló en varias oportunidades la fuerte actividad de empresas mineras de todo el mundo alrededor del uranio chubutense, en especial en alrededores de Cerro Sólo, uno de los dos mayores reservorios uraníferos del país (el otro es Sierra Pintada, en Mendoza).
Wealth Minerals, a través de su subsidiaria Maderero Minerales, trabajan en Bororo Nuevo, una superficie de 10 mil hectáreas en el departamento Mártires. Este yacimiento es “el buque insignia de las propiedades de uranio de la compañía”, dice la compañía en su sitio web.
Pacific Bay Minerals, cuya subsidiaria en el país es Bahía Atlántica, dio con El Regalo el año pasado. Está ubicado entre Cerro Cóndor, Gorro Frigio y El Escorial, en el centro norte de Chubut -a 500 kilómetros de Trelew- y suman 10.550 hectáreas.
“Chubut es un distrito con un enorme potencial para convertirse en un importante zona con uranio”, señala en su sitio web Ur America, otra de las compañías con interés en buscar uranio en la provincia y que obtuvo permisos exploratorios en 2009.
Calypso Uranium también está en Chubut para buscar uranio, y tiene como contratista principal a Energía Minera, en el departamento de Paso de Indios.
Todos los proyectos están en etapa exploratoria y no pueden pasar al nivel de producción porque es preciso aplicar técnicas a cielo abierto con químicos (cianuro, entre ellos).
Catamarca: Un paso a la mina abierto a la fuerza
Un paso a la mina abierto a la fuerza
Fecha de Publicación: 11/02/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Catamarca - Nacional
La policía provincial desalojó con empujones, balas de goma y gases lacrimógenos a vecinos de Tinogasta que bloqueaban el camino hacia la minera. Doce personas fueron hospitalizadas. También hubo un desalojo en Belén.
En menos de veinticuatro horas, el Kuntur, grupo de elite de la policía de Catamarca, fue acusado de reprimir “con balas de goma y gases lacrimógenos” a dos grupos de personas que desde hace diez días vienen protestando con cortes de ruta contra la minería a cielo abierto en las localidades catamarqueñas de Belén y Tinogasta. Hubo 35 detenidos y doce vecinos tuvieron que ser asistidos en el hospital de Tinogasta. “En el pueblo jamás se vivió una situación de semejante violencia. Nos sacaron a empujones y a golpes de la ruta, sin tener en cuenta que había mujeres, incluso una de ellas embarazada, y muchos niños porque nosotros somos vecinos del lugar, no somos militantes de ninguna organización política”, le dijo a Página/12 Karina Olmos, integrante de la Asamblea Ciudadana de Tinogasta. Anoche, en esa ciudad, decenas de vecinos estaban volviendo a ocupar la ruta 60, para impedir la circulación de camiones que llevan insumos hacia la minera La Alumbrera, en la vecina ciudad de Andalgalá. Antes, cerca de un millar de vecinos se reunieron frente al municipio de Tinogasta para pedir la renuncia del intendente local, Hugo Avila. Ante la situación, el ministro de Gobierno de Catamarca, Francisco Gordillo, justificó el desalojo argumentando que el bloqueo del camino retenía el paso de camiones que trasladaban “explosivos” que significaban “un peligro para la sociedad”. Al mismo tiempo, Gordillo sostuvo que tienen “las puertas abiertas” para “dialogar con los ambientalistas” (ver aparte).
Karina Olmos le respondió al funcionario diciendo que ellos también están “muy preocupados por el paso de los camiones con explosivos, que de todas maneras, haya corte o no, circulan por las calles de Tinogasta sin que nadie se preocupe desde el gobierno provincial”. Sobre la protesta, Olmos sostuvo que se han organizado “porque sabemos muy bien, por lo que ha pasado en estos quince años en Andalgalá, que la minería a cielo abierto es nociva para la salud, para el agua y para la tierra y que no nos deja ningún beneficio”. También le pidió al gobierno nacional que “de la misma manera que se está pronunciando por Malvinas, se pronuncie por nosotros, porque las empresas multinacionales se están llevando lo que es nuestro y de todos los argentinos”.
La vecina de Tinogasta dijo que en esa ciudad hay “empresas australianas y canadienses que quieren el uranio que tienen nuestros cerros, pero lo que estamos diciéndoles es que no les vamos a dar la licencia social para que se lo lleven”. Al grito de “El pueblo unido, jamás será vencido”, los vecinos se estaban reagrupando anoche sobre la ruta 60. El “violento desalojo” que denunciaron se produjo ayer cerca de las 9 de la mañana. Los vecinos recibieron primero una notificación verbal de la fiscal Liliana Carrizo, pero aseguran que no hubo “ninguna orden judicial por escrito”. En ese punto discrepan con lo que dijo el gobierno provincial.
Según los vecinos, cuando comenzó la represión se habían concentrado en la ruta cerca de 150 personas. “El corte lo veníamos haciendo unas quince o veinte personas, pero después del anuncio de la fiscal avisamos a otros vecinos y se vinieron a la ruta con nosotros.” Karina Olmos denunció que hubo “disparos de balas de goma, gases lacrimógenos y nos golpearon a todos, hombres y mujeres, sin importar que había muchos niños a los que tuvimos que proteger”. Como protesta, los vecinos –cerca de un millar– marcharon ayer por la tarde a la intendencia de Tinogasta. Como no estaba su titular, Hugo Avila, le pidieron su renuncia al viceintendente Alanis Andra. Los vecinos marcharon con un cartel que decía “Las ideas no se reprimen, siguen presentes”.
El otro desalojo ocurrió en la ruta 40, en Belén, por donde también pasan los camiones que van hacia La Alumbrera. Esto ocurrió en la tarde del jueves, a partir de las 18, por “disposición del fiscal Jorge Flores”. En este caso se produjeron empujones y golpes contra un grupo compuesto por varias decenas de vecinos que en ese momento no estaban cortando la ruta. “Estábamos en un terreno privado, de la familia Barragán, cuando vino el grupo Kuntur y nos sacó a los golpes”, relató a este diario Mariano Cervantes. Sólo hubo heridos leves, pero se llevaron detenidas a 35 personas, “diez de ellas mujeres y dos chicos menores, de 14 y 16 años”. Estuvieron detenidos durante más de ocho horas, las mujeres en la Regional 3 de Belén y los hombres en la comisaría de la localidad de Londres.
“Lo curioso es que los que sí estaban cortando la ruta eran unos 40 trabajadores de la minera La Alumbrera y sus familiares porque la empresa había amenazado con echarlos si seguía nuestro corte de ruta. A ellos no los reprimieron, los dejaron”, aseguró Cervantes. Los detenidos aseguraron que ignoran cuál es la acusación en su contra: “Nos dicen que es por resistencia a la fuerza pública o por ‘averiguación de hechos’ que no fueron precisados. Lo cierto es que el fiscal nos había recomendado que nos fuéramos para que no nos pegaran los trabajadores de La Alumbrera”.
Más Información:
- La Voz - La Nación aclaró que se trata de decisiones provinciales
- Diario C - El Gobierno reiteró su llamado al diálogo, pidió respeto a las leyes...
- Infobae - Tras los incidentes, vuelven a cortar la Ruta 60
Fecha de Publicación: 11/02/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Catamarca - Nacional
La policía provincial desalojó con empujones, balas de goma y gases lacrimógenos a vecinos de Tinogasta que bloqueaban el camino hacia la minera. Doce personas fueron hospitalizadas. También hubo un desalojo en Belén.
En menos de veinticuatro horas, el Kuntur, grupo de elite de la policía de Catamarca, fue acusado de reprimir “con balas de goma y gases lacrimógenos” a dos grupos de personas que desde hace diez días vienen protestando con cortes de ruta contra la minería a cielo abierto en las localidades catamarqueñas de Belén y Tinogasta. Hubo 35 detenidos y doce vecinos tuvieron que ser asistidos en el hospital de Tinogasta. “En el pueblo jamás se vivió una situación de semejante violencia. Nos sacaron a empujones y a golpes de la ruta, sin tener en cuenta que había mujeres, incluso una de ellas embarazada, y muchos niños porque nosotros somos vecinos del lugar, no somos militantes de ninguna organización política”, le dijo a Página/12 Karina Olmos, integrante de la Asamblea Ciudadana de Tinogasta. Anoche, en esa ciudad, decenas de vecinos estaban volviendo a ocupar la ruta 60, para impedir la circulación de camiones que llevan insumos hacia la minera La Alumbrera, en la vecina ciudad de Andalgalá. Antes, cerca de un millar de vecinos se reunieron frente al municipio de Tinogasta para pedir la renuncia del intendente local, Hugo Avila. Ante la situación, el ministro de Gobierno de Catamarca, Francisco Gordillo, justificó el desalojo argumentando que el bloqueo del camino retenía el paso de camiones que trasladaban “explosivos” que significaban “un peligro para la sociedad”. Al mismo tiempo, Gordillo sostuvo que tienen “las puertas abiertas” para “dialogar con los ambientalistas” (ver aparte).
Karina Olmos le respondió al funcionario diciendo que ellos también están “muy preocupados por el paso de los camiones con explosivos, que de todas maneras, haya corte o no, circulan por las calles de Tinogasta sin que nadie se preocupe desde el gobierno provincial”. Sobre la protesta, Olmos sostuvo que se han organizado “porque sabemos muy bien, por lo que ha pasado en estos quince años en Andalgalá, que la minería a cielo abierto es nociva para la salud, para el agua y para la tierra y que no nos deja ningún beneficio”. También le pidió al gobierno nacional que “de la misma manera que se está pronunciando por Malvinas, se pronuncie por nosotros, porque las empresas multinacionales se están llevando lo que es nuestro y de todos los argentinos”.
La vecina de Tinogasta dijo que en esa ciudad hay “empresas australianas y canadienses que quieren el uranio que tienen nuestros cerros, pero lo que estamos diciéndoles es que no les vamos a dar la licencia social para que se lo lleven”. Al grito de “El pueblo unido, jamás será vencido”, los vecinos se estaban reagrupando anoche sobre la ruta 60. El “violento desalojo” que denunciaron se produjo ayer cerca de las 9 de la mañana. Los vecinos recibieron primero una notificación verbal de la fiscal Liliana Carrizo, pero aseguran que no hubo “ninguna orden judicial por escrito”. En ese punto discrepan con lo que dijo el gobierno provincial.
Según los vecinos, cuando comenzó la represión se habían concentrado en la ruta cerca de 150 personas. “El corte lo veníamos haciendo unas quince o veinte personas, pero después del anuncio de la fiscal avisamos a otros vecinos y se vinieron a la ruta con nosotros.” Karina Olmos denunció que hubo “disparos de balas de goma, gases lacrimógenos y nos golpearon a todos, hombres y mujeres, sin importar que había muchos niños a los que tuvimos que proteger”. Como protesta, los vecinos –cerca de un millar– marcharon ayer por la tarde a la intendencia de Tinogasta. Como no estaba su titular, Hugo Avila, le pidieron su renuncia al viceintendente Alanis Andra. Los vecinos marcharon con un cartel que decía “Las ideas no se reprimen, siguen presentes”.
El otro desalojo ocurrió en la ruta 40, en Belén, por donde también pasan los camiones que van hacia La Alumbrera. Esto ocurrió en la tarde del jueves, a partir de las 18, por “disposición del fiscal Jorge Flores”. En este caso se produjeron empujones y golpes contra un grupo compuesto por varias decenas de vecinos que en ese momento no estaban cortando la ruta. “Estábamos en un terreno privado, de la familia Barragán, cuando vino el grupo Kuntur y nos sacó a los golpes”, relató a este diario Mariano Cervantes. Sólo hubo heridos leves, pero se llevaron detenidas a 35 personas, “diez de ellas mujeres y dos chicos menores, de 14 y 16 años”. Estuvieron detenidos durante más de ocho horas, las mujeres en la Regional 3 de Belén y los hombres en la comisaría de la localidad de Londres.
“Lo curioso es que los que sí estaban cortando la ruta eran unos 40 trabajadores de la minera La Alumbrera y sus familiares porque la empresa había amenazado con echarlos si seguía nuestro corte de ruta. A ellos no los reprimieron, los dejaron”, aseguró Cervantes. Los detenidos aseguraron que ignoran cuál es la acusación en su contra: “Nos dicen que es por resistencia a la fuerza pública o por ‘averiguación de hechos’ que no fueron precisados. Lo cierto es que el fiscal nos había recomendado que nos fuéramos para que no nos pegaran los trabajadores de La Alumbrera”.
Más Información:
- La Voz - La Nación aclaró que se trata de decisiones provinciales
- Diario C - El Gobierno reiteró su llamado al diálogo, pidió respeto a las leyes...
- Infobae - Tras los incidentes, vuelven a cortar la Ruta 60
Minería: Especial sobre el bloque y desalojo
El gobierno de Catamarca se defendió tras el violento desalojo a una protesta antiminera
Fecha de Publicación: 10/02/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional - Catamarca
Tras el violento operativo de la policía de Catamarca, que esta mañana desalojó una protesta antiminera en Tinogasta, el Gobierno provincial afirmó que se "cumplió con una orden judicial" y rechazó la represión, que dejó cerca de 20 heridos.
"Nosotros hoy cumplimos una orden judicial. Somos auxiliares de la justicia", expresó el ministro de Gobierno y Justicia provincial, Francisco Gordillo, en diálogo con el canal de noticias TN. Gordillo admitió que el operativo dejó, por lo menos, 24 heridos, entre manifestantes y policías.
"Somos auxiliares de la justicia. Forma parte de la responsabilidad que tenemos como Estado. Nos duele muchísimo", agregó el funcionario, que detalló: "Hay 11 efectivos heridos, también perros policías, y móviles destrozados".
Gordillo contó que el hospital de Tinogasta hay "12 o 13 personas con heridas", y sostuvo que inciará las "actuaciones administrativas" necesarias para identificar a los policías que reprimieron violentamente a los ambientalistas. "Hoy sí o sí se tenia que hacer el desalojo, pero no estamos justificando lo que la policía puede llevar adelante", dijo el ministro.
En repudio a los hechos, distintas organizaciones civiles convocaron para esta tarde, a las 18, a una movilización en la casa de Catamarca en Buenos Aires (Córdoba 2080).
La represión
Policías, escudos, balas de goma, gases lacrimógenos, perros policías y piedras protagonizaron esta mañana un violento desalojo en la localidad catamarqueña de Tinogasta, donde un grupo de vecinos protestaban contra la mina La Alumbrera , explotada por la compañía suiza Xstrata Cooper y las canadienses Goldcorp Inc y Yamana Gold.
"Que odio e impotencia me da esto", expresó una manifestante ante el canal de noticias TN. "Es una vergüenza lo que pasa", agregó, mientras denunciaba ante cámara haber recibido una golpiza. Otro vecino lanzó: "Los gobernadores están bajo el poder económico".
La protesta impedía el paso de camiones con materiales hacia la mina. Tras el operativo policial, los vehículos tuvieron la ruta abierta.
El desalojo comenzó poco después de las 9.30 y no tardó en tener consecuencias violentas.
El secretario de Minería de la Nación, en Catamarca
Mientras en Tinogasta la polícia reprimió la protesta, a 268 kilómetros, en San Fernando del Valle de Catamarca, el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, se reunió con empresarios del sector y funcionarios locales, según pudo saber LA NACION. Del encuentro también participaron el secretario de Minería de Catamarca, Rodolfo Miccone, autoridades del gobierno ultrakirchnerista de Lucía Corpacci y legisladores locales.
Según voceros de la secretaría provincial, el encuentro se debió a la presentación, por parte de Mayoral, de la "Mesa de homologación", un programa que tiene el objetivo de que las empresas mineras compren sus insumos en la Argentina.
Según pudo saber este diario, Mayoral vio por televisión, antes de participar de la reunión en el Hotel de Turismo, los incidentes en Tinogasta.
Aníbal Fernández rechazó la represión
El senador kirchnerista Aníbal Fernández rechazó la represión de la protesta. "Jamás he estado de acuerdo con reprimir una protesta social o cualquier manifestación popular. Para que quede claro, tampoco estoy de acuerdo con el uso de la violencia en Tinogasta o en cualquier lugar del NOA, cualquiera sea la causa", manifestó Fernández, según la agencia DyN. "Lo que sucede en las provincias, es una decisión de las provincias", expresó el ex jefe de gabinete.
Anteayer, la policía desalojó la ruta 40 a la altura de Alpamikuna, Catamarca, y detuvo a 30 asambleístas , quienes hacía veinte días que bloqueaban el acceso hacia la mina Bajo La Alumbrera, en el norte de Belén.
El desafío de Greenpeace
La organización Greenpeace propuso a la presidenta Cristina Kirchner que dialogue por teleconferencia con los pobladores de Catamarca y La Rioja para poder escuchar sus planteos respecto a los emprendimientos mineros.
"Estamos de acuerdo con la Presidenta en la necesidad de entablar un debate serio sobre el tema y sobre el camino de desarrollo elegido para el país; queremos participar de él", aseguró Martín Prieto, director ejecutivo de la organización.
Ayer, durante un acto , en diálogo con un trabajador de la planta de Cementos Avellaneda que reclamó el fin de los bloqueos a emprendimientos mineros como el de Bajo La Alumbrera en Catamarca, la Presidenta señaló: "Vamos a tener que darnos una discusión en serio: tenemos que exigir calidad ambiental a las empresas, pero también responsabilidad a las distintas organizaciones".
"El debate es muy serio, la reflexión es muy seria, tenemos que darlo en la Argentina", dijo la jefa de Estado. "Queremos escuchar todas las posiciones. Hay que cuidar el ambiente, porque es nuestra casa", agregó.
La reacción de Greenpeace no tardó en llegar. "Para darse un debate serio en materia ambiental deben escucharse las posiciones críticas a la minería y no reprimirlas o perseguirlas", deslizó Prieto..
Más Información:
- La Nación - Apoyo presidencial a la minería
- Nueva Rioja - La Presidenta lamentó las posiciones antimineras “dogmáticas y cerradas”
- Terra - En medio de la polémica, Cristina pide "una discusión en serio" sobre la minería
- Diario Argentino - Cristina dijo que hace falta un debate “abierto” sobre la minería en el país
Fecha de Publicación: 10/02/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional - Catamarca
Tras el violento operativo de la policía de Catamarca, que esta mañana desalojó una protesta antiminera en Tinogasta, el Gobierno provincial afirmó que se "cumplió con una orden judicial" y rechazó la represión, que dejó cerca de 20 heridos.
"Nosotros hoy cumplimos una orden judicial. Somos auxiliares de la justicia", expresó el ministro de Gobierno y Justicia provincial, Francisco Gordillo, en diálogo con el canal de noticias TN. Gordillo admitió que el operativo dejó, por lo menos, 24 heridos, entre manifestantes y policías.
"Somos auxiliares de la justicia. Forma parte de la responsabilidad que tenemos como Estado. Nos duele muchísimo", agregó el funcionario, que detalló: "Hay 11 efectivos heridos, también perros policías, y móviles destrozados".
Gordillo contó que el hospital de Tinogasta hay "12 o 13 personas con heridas", y sostuvo que inciará las "actuaciones administrativas" necesarias para identificar a los policías que reprimieron violentamente a los ambientalistas. "Hoy sí o sí se tenia que hacer el desalojo, pero no estamos justificando lo que la policía puede llevar adelante", dijo el ministro.
En repudio a los hechos, distintas organizaciones civiles convocaron para esta tarde, a las 18, a una movilización en la casa de Catamarca en Buenos Aires (Córdoba 2080).
La represión
Policías, escudos, balas de goma, gases lacrimógenos, perros policías y piedras protagonizaron esta mañana un violento desalojo en la localidad catamarqueña de Tinogasta, donde un grupo de vecinos protestaban contra la mina La Alumbrera , explotada por la compañía suiza Xstrata Cooper y las canadienses Goldcorp Inc y Yamana Gold.
"Que odio e impotencia me da esto", expresó una manifestante ante el canal de noticias TN. "Es una vergüenza lo que pasa", agregó, mientras denunciaba ante cámara haber recibido una golpiza. Otro vecino lanzó: "Los gobernadores están bajo el poder económico".
La protesta impedía el paso de camiones con materiales hacia la mina. Tras el operativo policial, los vehículos tuvieron la ruta abierta.
El desalojo comenzó poco después de las 9.30 y no tardó en tener consecuencias violentas.
El secretario de Minería de la Nación, en Catamarca
Mientras en Tinogasta la polícia reprimió la protesta, a 268 kilómetros, en San Fernando del Valle de Catamarca, el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, se reunió con empresarios del sector y funcionarios locales, según pudo saber LA NACION. Del encuentro también participaron el secretario de Minería de Catamarca, Rodolfo Miccone, autoridades del gobierno ultrakirchnerista de Lucía Corpacci y legisladores locales.
Según voceros de la secretaría provincial, el encuentro se debió a la presentación, por parte de Mayoral, de la "Mesa de homologación", un programa que tiene el objetivo de que las empresas mineras compren sus insumos en la Argentina.
Según pudo saber este diario, Mayoral vio por televisión, antes de participar de la reunión en el Hotel de Turismo, los incidentes en Tinogasta.
Aníbal Fernández rechazó la represión
El senador kirchnerista Aníbal Fernández rechazó la represión de la protesta. "Jamás he estado de acuerdo con reprimir una protesta social o cualquier manifestación popular. Para que quede claro, tampoco estoy de acuerdo con el uso de la violencia en Tinogasta o en cualquier lugar del NOA, cualquiera sea la causa", manifestó Fernández, según la agencia DyN. "Lo que sucede en las provincias, es una decisión de las provincias", expresó el ex jefe de gabinete.
Anteayer, la policía desalojó la ruta 40 a la altura de Alpamikuna, Catamarca, y detuvo a 30 asambleístas , quienes hacía veinte días que bloqueaban el acceso hacia la mina Bajo La Alumbrera, en el norte de Belén.
El desafío de Greenpeace
La organización Greenpeace propuso a la presidenta Cristina Kirchner que dialogue por teleconferencia con los pobladores de Catamarca y La Rioja para poder escuchar sus planteos respecto a los emprendimientos mineros.
"Estamos de acuerdo con la Presidenta en la necesidad de entablar un debate serio sobre el tema y sobre el camino de desarrollo elegido para el país; queremos participar de él", aseguró Martín Prieto, director ejecutivo de la organización.
Ayer, durante un acto , en diálogo con un trabajador de la planta de Cementos Avellaneda que reclamó el fin de los bloqueos a emprendimientos mineros como el de Bajo La Alumbrera en Catamarca, la Presidenta señaló: "Vamos a tener que darnos una discusión en serio: tenemos que exigir calidad ambiental a las empresas, pero también responsabilidad a las distintas organizaciones".
"El debate es muy serio, la reflexión es muy seria, tenemos que darlo en la Argentina", dijo la jefa de Estado. "Queremos escuchar todas las posiciones. Hay que cuidar el ambiente, porque es nuestra casa", agregó.
La reacción de Greenpeace no tardó en llegar. "Para darse un debate serio en materia ambiental deben escucharse las posiciones críticas a la minería y no reprimirlas o perseguirlas", deslizó Prieto..
Más Información:
- La Nación - Apoyo presidencial a la minería
- Nueva Rioja - La Presidenta lamentó las posiciones antimineras “dogmáticas y cerradas”
- Terra - En medio de la polémica, Cristina pide "una discusión en serio" sobre la minería
- Diario Argentino - Cristina dijo que hace falta un debate “abierto” sobre la minería en el país
La mira en los agrotóxicos
La mira en los agrotóxicos
Fecha de Publicación: 09/02/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El organismo relacionó el uso indebido de esos productos con distintas malformaciones, trastornos neurológicos y otras dolencias.
La Defensoría del Pueblo de la Nación afirmó que los agroquímicos tienen directa vinculación con la discapacidad, solicitó la implementación del principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras) e instó al Ministerio de Salud a tomar medidas “preventivas y eficaces”. “Resulta apremiante pedir a las autoridades públicas nacionales y provinciales la toma de medidas de resguardo y cautelares, para evitar la discapacidad producida por el uso de agrotóxicos”, solicitó la Defensoría del Pueblo en su “Informe especial sobre agrotóxicos y discapacidad”, publicado tras siete meses de trabajo. El organismo aseguró que no funciona correctamente la Comisión Interministerial de Investigación de Agroquímicos (creada por la Presidenta en 2009) y cuestionó al Ministerio de Agricultura y al Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Desde el Ministerio de Salud de la Nación afirmaron que la comisión trabaja en forma “normal”, según el plan previsto.
“Las malformaciones, los padecimientos neurológicos y otras dolencias ligadas al uso indebido de agroquímicos son la vía hacia la discapacidad de niños, niñas, jóvenes o adultos y, en orden a ello, cobra relevancia el concepto de prevención”, asegura el informe de la Defensoría, y afirma: “(Los trabajos científicos citados) dan cuenta de observaciones sistemáticas, las que arrojan datos relacionados con malformaciones congénitas, enfermedades y trastornos neurológicos vinculados al uso de agroquímicos”.
Un apartado especial se dedica al principio precautorio, vigente en la Ley General del Ambiente (25.675). Le Defensoría “demanda una urgente atención precautoria y preventiva para evitar el riesgo de daño a una población desfavorecida, o bien para impedir el curso del perjuicio”.
La Defensoría apunta a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad (Conadis): “No indica haber desarrollado actividades relacionadas con la prevención primaria de la discapacidad”.
En enero de 2009, luego de un fallo del Poder Judicial de Córdoba respecto de las fumigaciones con glifosato y endosulfán en el barrio Ituzaingó de Córdoba, la Presidenta creó por decreto (21/2009) la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos (CNIA). La Defensoría del Pueblo afirma: “Se verificó que las sesiones no se realizan con la regularidad impuesta. Lejos está esa comisión de cumplir, de modo sostenido en el tiempo, con la manda presidencial que los convocó para ‘la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten (a la población) con productos agroquímicos”.
En julio de 2011, el Senasa dictó la Resolución 511/2011, mediante la cual reconoció las consecuencias sanitarias del insecticida endosulfán y prohibió la importación del producto a partir de julio de 2012 y la formulación y uso a partir de julio de 2013. La Defensoría del Pueblo sostiene que “una vez comprobada la toxicidad del principio activo endosulfán y sus productos formulados, corresponde preguntarse si es posible otorgar con sensatez un permiso por dos años (más), con riesgo de generar un daño de la magnitud denunciada”.
También recuerda que la Defensoría recomendó al Ministerio de Agricultura (en noviembre de 2010) que modificara la metodología de clasificación de toxicidad de los agroquímicos (en la actualidad sólo se miden los efectos agudos, en el corto plazo).
Entre las conclusiones resalta que “la autoridad pública competente” deberá preservar a la población vulnerable de la fumigación sistemática, que “deberá frustrar la amenaza de daño, aplicando el principio precautorio, impidiendo la producción de la discapacidad en niños, niñas, jóvenes o adultos”. También insta a la “prevención primaria que abarca los supuestos donde la vinculación entre la discapacidad y el uso de agroquímicos es ostensible, es un tema de competencia de distintos organismos del Estado Nacional”.
La investigación, de 25 carillas, es la base probatoria para la Resolución 06/2012 de la Defensoría. En el primer artículo recomienda al ministro de Salud, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos, que “ejecute de manera perentoria las acciones ordenadas en el decreto presidencial con el fin de propender a la prevención de la aparición de discapacidad”. El artículo dos se dirige a la Conadis: “Que realicen acciones inmediatas, enfocadas a la atención, asistencia y cuidados de las personas con discapacidad y de sus familias, afectadas como consecuencia del uso de agroquímicos”.
El informe lleva la firma de Cecilia Pazos, del área de Derechos Humanos, y Horacio Esber, director del área de Derechos Sociales. “Son siete meses de trabajo. Y nos convencimos de la relación agroquímicos-discapacidad con investigaciones científicas, encuentros con médicos y con casos concretos de familias de zonas fumigadas”, afirmó Pazos. Esber resumió: “Las consecuencias de los agroquímicos son profundamente graves y afectan a los más vulnerables. Es evidente que el Estado debe ocuparse y se impone aplicar el principio precautorio. No se puede perder más tiempo”.
Fecha de Publicación: 09/02/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El organismo relacionó el uso indebido de esos productos con distintas malformaciones, trastornos neurológicos y otras dolencias.
La Defensoría del Pueblo de la Nación afirmó que los agroquímicos tienen directa vinculación con la discapacidad, solicitó la implementación del principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras) e instó al Ministerio de Salud a tomar medidas “preventivas y eficaces”. “Resulta apremiante pedir a las autoridades públicas nacionales y provinciales la toma de medidas de resguardo y cautelares, para evitar la discapacidad producida por el uso de agrotóxicos”, solicitó la Defensoría del Pueblo en su “Informe especial sobre agrotóxicos y discapacidad”, publicado tras siete meses de trabajo. El organismo aseguró que no funciona correctamente la Comisión Interministerial de Investigación de Agroquímicos (creada por la Presidenta en 2009) y cuestionó al Ministerio de Agricultura y al Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Desde el Ministerio de Salud de la Nación afirmaron que la comisión trabaja en forma “normal”, según el plan previsto.
“Las malformaciones, los padecimientos neurológicos y otras dolencias ligadas al uso indebido de agroquímicos son la vía hacia la discapacidad de niños, niñas, jóvenes o adultos y, en orden a ello, cobra relevancia el concepto de prevención”, asegura el informe de la Defensoría, y afirma: “(Los trabajos científicos citados) dan cuenta de observaciones sistemáticas, las que arrojan datos relacionados con malformaciones congénitas, enfermedades y trastornos neurológicos vinculados al uso de agroquímicos”.
Un apartado especial se dedica al principio precautorio, vigente en la Ley General del Ambiente (25.675). Le Defensoría “demanda una urgente atención precautoria y preventiva para evitar el riesgo de daño a una población desfavorecida, o bien para impedir el curso del perjuicio”.
La Defensoría apunta a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad (Conadis): “No indica haber desarrollado actividades relacionadas con la prevención primaria de la discapacidad”.
En enero de 2009, luego de un fallo del Poder Judicial de Córdoba respecto de las fumigaciones con glifosato y endosulfán en el barrio Ituzaingó de Córdoba, la Presidenta creó por decreto (21/2009) la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos (CNIA). La Defensoría del Pueblo afirma: “Se verificó que las sesiones no se realizan con la regularidad impuesta. Lejos está esa comisión de cumplir, de modo sostenido en el tiempo, con la manda presidencial que los convocó para ‘la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten (a la población) con productos agroquímicos”.
En julio de 2011, el Senasa dictó la Resolución 511/2011, mediante la cual reconoció las consecuencias sanitarias del insecticida endosulfán y prohibió la importación del producto a partir de julio de 2012 y la formulación y uso a partir de julio de 2013. La Defensoría del Pueblo sostiene que “una vez comprobada la toxicidad del principio activo endosulfán y sus productos formulados, corresponde preguntarse si es posible otorgar con sensatez un permiso por dos años (más), con riesgo de generar un daño de la magnitud denunciada”.
También recuerda que la Defensoría recomendó al Ministerio de Agricultura (en noviembre de 2010) que modificara la metodología de clasificación de toxicidad de los agroquímicos (en la actualidad sólo se miden los efectos agudos, en el corto plazo).
Entre las conclusiones resalta que “la autoridad pública competente” deberá preservar a la población vulnerable de la fumigación sistemática, que “deberá frustrar la amenaza de daño, aplicando el principio precautorio, impidiendo la producción de la discapacidad en niños, niñas, jóvenes o adultos”. También insta a la “prevención primaria que abarca los supuestos donde la vinculación entre la discapacidad y el uso de agroquímicos es ostensible, es un tema de competencia de distintos organismos del Estado Nacional”.
La investigación, de 25 carillas, es la base probatoria para la Resolución 06/2012 de la Defensoría. En el primer artículo recomienda al ministro de Salud, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos, que “ejecute de manera perentoria las acciones ordenadas en el decreto presidencial con el fin de propender a la prevención de la aparición de discapacidad”. El artículo dos se dirige a la Conadis: “Que realicen acciones inmediatas, enfocadas a la atención, asistencia y cuidados de las personas con discapacidad y de sus familias, afectadas como consecuencia del uso de agroquímicos”.
El informe lleva la firma de Cecilia Pazos, del área de Derechos Humanos, y Horacio Esber, director del área de Derechos Sociales. “Son siete meses de trabajo. Y nos convencimos de la relación agroquímicos-discapacidad con investigaciones científicas, encuentros con médicos y con casos concretos de familias de zonas fumigadas”, afirmó Pazos. Esber resumió: “Las consecuencias de los agroquímicos son profundamente graves y afectan a los más vulnerables. Es evidente que el Estado debe ocuparse y se impone aplicar el principio precautorio. No se puede perder más tiempo”.
Basura electrónica sin solución en Entre Ríos
Basura electrónica, un problema sin solución
Fecha de Publicación: 09/02/2012
Fuente: El Diario
Provincia/Región: Entre Ríos
Toneladas de computadoras, celulares, heladeras, televisores, se desechan cada año sin tratamiento. Metales pesados y gigantescos volúmenes de plástico van a parar al Volcadero sin gestión especial. Las alternativas.
El Volcadero municipal de Paraná es un enorme vertedero a cielo abierto en el oeste de la ciudad, que durante décadas fue recibiendo cientos de toneladas de desechos que la gente tira día a día al tacho de basura. Sin ningún tipo de separación en origen, ni alternativas de recuperación de materiales, todo va a parar al Volcadero sin distinción. Allí son los cirujas quienes remueven los desechos y hacen una tarea de clasificación informal entre vidrios, cartones, plásticos, que después venden a los acopiadores. Prenden fuego para ahuyentar las moscas y separar los metales, rescatan alimentos en mal estado para sus caballos y sus chanchos.
Desde hace más o menos una década al Volcadero empezaron a llegar cada vez más objetos electrónicos de desecho, en consonancia con la explosión de la industria y la venta de computadoras y celulares. De pronto de llegar electrodomésticos aislados –heladeras, cocinas- fue cada vez mayor la cantidad de residuos electrónicos. Hoy el problema es gigantesco, porque la basura va creciendo al ritmo de las ventas. Una computadora portátil se recambia antes de los cinco años de uso, y una de escritorio antes de los siete. El ritmo de recambio de celulares es mucho mayor.
Hoy lo que se rompe o se desecha va a parar al vertedero. Una computadora tiene alrededor de 50 sustancias contaminantes en su interior, entre ellas mercurio, plomo, cadmio. Las baterías recargables de las notebook y de los celulares son los elementos más contaminantes de los equipos. Estas sustancias van a parar a la tierra y al agua y provocan enfermedades graves, entre ellas cáncer. Hasta ahora los esfuerzos para revertir la situación son aislados. No hay política de Estado y los proyectos de ley duermen en el Congreso.
Ideas. En 2010, desde el Concejo Deliberante, el ex concejal Horacio Piceda presentó un proyecto sobre el tema e inclusive promovió reuniones con miembros de organizaciones no gubernamentales y de la Universidad para empezar a pensar modos de tratar esta basura. Pero este proyecto no prosperó. Paralelamente, en la Facultad de Ciencia y Técnica de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), un grupo de estudiantes bajo la dirección de la profesora María Emilia Llorente inició un proyecto de investigación sobre residuos electrónicos. Hoy este equipo está gestionando fondos para comenzar con acciones concretas. Han logrado instalar el tema, y empezar a crear conciencia sobre la existencia de este tipo de residuos y su especificidad.
El Estado municipal de Paraná ha prometido un tratamiento de estos desechos en conjunto con un cambio en la gestión de todos los residuos domiciliarios.
Mientras, hay paranaenses que siguen acumulando en sus casas aparatos rotos, sin decidirse a desecharlos sin tratamiento, y otros dejan en la vereda, sin remordimiento de conciencia, sus televisores viejos y sus impresoras obsoletas. Un dilema todavía sin solución.
Problema de todos. Daniel compró nuevos componentes para su computadora, y los antiguos, que por su tecnología ya no le satisfacían, se los dio a su hermana, para que recambie a su vez su ordenador de escritorio de más de una década. Ella desarmó, rearmó, y los elementos más antiguos se los pasó a las sobrinitas de su novio, que dentro de una carcasa desechada por otra familia, y con un monitor de los viejos, también donado, pudieron tener por primera vez su propia computadora. Este tipo de trabajo suelen hacer organizaciones solidarias en todo el país, desguazando y reparando aparatos electrónicos para dar talleres a chicos de bajos recursos, y para acercar tecnologías a grupos sociales que no pueden comprarlas. Pero son contadas estas instituciones en el país. Y tampoco hay gran cantidad de recicladores de residuos electrónicos. El resultado es que hoy –según datos de Greenpeace- se reciclan sólo entre el 2 y el 4% de todos los electrónicos que se botan a la basura. No hay redes de recicladores y tampoco hay una acción sistemática del Estado en ese tema, ni Nacional, ni provinciales, ni municipales. Se necesita logística, se necesitan herramientas, se necesita personal, y sobre todo, se necesitan fondos. No son proyectos baratos.
Hoy por hoy, casi la totalidad de las computadoras, los celulares, los televisores, las heladeras desechadas van a parar sin más a vertederos a cielo abierto –como el nuestro- o a rellenos sanitarios, sin rescatar elementos valiosos (oro, cobre) para la industria de los electrónicos ni tampoco componentes que podrían ser reutilizados para reparar aparatos rotos.
Los especialistas coinciden en que el problema de los electrónicos es de todos: de los vecinos que desechan, de quienes los fabrican y también del Estado. El desafío es aunar voluntades y coordinar acciones para que prospere un modelo de reciclado de estos artículos altamente contaminantes.
Fecha de Publicación: 09/02/2012
Fuente: El Diario
Provincia/Región: Entre Ríos
Toneladas de computadoras, celulares, heladeras, televisores, se desechan cada año sin tratamiento. Metales pesados y gigantescos volúmenes de plástico van a parar al Volcadero sin gestión especial. Las alternativas.
El Volcadero municipal de Paraná es un enorme vertedero a cielo abierto en el oeste de la ciudad, que durante décadas fue recibiendo cientos de toneladas de desechos que la gente tira día a día al tacho de basura. Sin ningún tipo de separación en origen, ni alternativas de recuperación de materiales, todo va a parar al Volcadero sin distinción. Allí son los cirujas quienes remueven los desechos y hacen una tarea de clasificación informal entre vidrios, cartones, plásticos, que después venden a los acopiadores. Prenden fuego para ahuyentar las moscas y separar los metales, rescatan alimentos en mal estado para sus caballos y sus chanchos.
Desde hace más o menos una década al Volcadero empezaron a llegar cada vez más objetos electrónicos de desecho, en consonancia con la explosión de la industria y la venta de computadoras y celulares. De pronto de llegar electrodomésticos aislados –heladeras, cocinas- fue cada vez mayor la cantidad de residuos electrónicos. Hoy el problema es gigantesco, porque la basura va creciendo al ritmo de las ventas. Una computadora portátil se recambia antes de los cinco años de uso, y una de escritorio antes de los siete. El ritmo de recambio de celulares es mucho mayor.
Hoy lo que se rompe o se desecha va a parar al vertedero. Una computadora tiene alrededor de 50 sustancias contaminantes en su interior, entre ellas mercurio, plomo, cadmio. Las baterías recargables de las notebook y de los celulares son los elementos más contaminantes de los equipos. Estas sustancias van a parar a la tierra y al agua y provocan enfermedades graves, entre ellas cáncer. Hasta ahora los esfuerzos para revertir la situación son aislados. No hay política de Estado y los proyectos de ley duermen en el Congreso.
Ideas. En 2010, desde el Concejo Deliberante, el ex concejal Horacio Piceda presentó un proyecto sobre el tema e inclusive promovió reuniones con miembros de organizaciones no gubernamentales y de la Universidad para empezar a pensar modos de tratar esta basura. Pero este proyecto no prosperó. Paralelamente, en la Facultad de Ciencia y Técnica de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), un grupo de estudiantes bajo la dirección de la profesora María Emilia Llorente inició un proyecto de investigación sobre residuos electrónicos. Hoy este equipo está gestionando fondos para comenzar con acciones concretas. Han logrado instalar el tema, y empezar a crear conciencia sobre la existencia de este tipo de residuos y su especificidad.
El Estado municipal de Paraná ha prometido un tratamiento de estos desechos en conjunto con un cambio en la gestión de todos los residuos domiciliarios.
Mientras, hay paranaenses que siguen acumulando en sus casas aparatos rotos, sin decidirse a desecharlos sin tratamiento, y otros dejan en la vereda, sin remordimiento de conciencia, sus televisores viejos y sus impresoras obsoletas. Un dilema todavía sin solución.
Problema de todos. Daniel compró nuevos componentes para su computadora, y los antiguos, que por su tecnología ya no le satisfacían, se los dio a su hermana, para que recambie a su vez su ordenador de escritorio de más de una década. Ella desarmó, rearmó, y los elementos más antiguos se los pasó a las sobrinitas de su novio, que dentro de una carcasa desechada por otra familia, y con un monitor de los viejos, también donado, pudieron tener por primera vez su propia computadora. Este tipo de trabajo suelen hacer organizaciones solidarias en todo el país, desguazando y reparando aparatos electrónicos para dar talleres a chicos de bajos recursos, y para acercar tecnologías a grupos sociales que no pueden comprarlas. Pero son contadas estas instituciones en el país. Y tampoco hay gran cantidad de recicladores de residuos electrónicos. El resultado es que hoy –según datos de Greenpeace- se reciclan sólo entre el 2 y el 4% de todos los electrónicos que se botan a la basura. No hay redes de recicladores y tampoco hay una acción sistemática del Estado en ese tema, ni Nacional, ni provinciales, ni municipales. Se necesita logística, se necesitan herramientas, se necesita personal, y sobre todo, se necesitan fondos. No son proyectos baratos.
Hoy por hoy, casi la totalidad de las computadoras, los celulares, los televisores, las heladeras desechadas van a parar sin más a vertederos a cielo abierto –como el nuestro- o a rellenos sanitarios, sin rescatar elementos valiosos (oro, cobre) para la industria de los electrónicos ni tampoco componentes que podrían ser reutilizados para reparar aparatos rotos.
Los especialistas coinciden en que el problema de los electrónicos es de todos: de los vecinos que desechan, de quienes los fabrican y también del Estado. El desafío es aunar voluntades y coordinar acciones para que prospere un modelo de reciclado de estos artículos altamente contaminantes.
Minería: Denuncian represión en Catamarca
Denuncian represión en Belén por bloqueo contra la minería
Fecha de Publicación: 08/02/2012
Fuente: La Voz
Provincia/Región: Catamarca
Manifestantes dicen que los violentaron con las fuerzas especiales. Hay tres personas asistida y varios demorados.
Asambleístas que bloqueaban el paso al Yacimiento Minero Bajo La Alumbrera en Belén fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad de Catamarca, según informaron medios locales.
Hay treinta personas detenidas y tres mujeres que debieron ser atendidas por médicos y un chico desaparecido, según informa Radio El Algarrobo.
La Policía confirmó a La Voz las detenciones y precisó que los manifestantes se encuentran en dos comisarías de la localidad de Londres. También aseguró que entre los mismos hay personas menores de edad y que todos se encuentran "demorados", pero sin cargos en su contra.
Cifras cruzadas. El comisario Giménez dijo a Cadena 3 que son 15 los demorados y que todo “ha vuelto la tranquilidad” en el lugar, aunque “hay mucha gente quería sacar a los asambleístas” de la comisaría.
El asambleísta Nicolás Berardi aseguró que las fuerzas de seguridad ingresaron por un campo que pertenecía a la madre de una de las manifestantes y a través de ese paso se replegaron sobre la zona del bloqueo.
“La ruta es una ruta nacional, sin embargo el Gobierno de Cristina no se hace cargo de la represión”, aseguró Berardi.
Desde los medios locales denuncian varias irregularidades en el procedimiento, ya que “la policía provincial de Catamarca los detuvo en una ruta nacional que no es su jurisdicción”.
Además, aseguran que funcionarios de la provincia tampoco no han dado respuestas sobre el tema.
Jutificación. Según las palabras oficiales del comisario a cargo del operativo, el desalojo del lugar se realizó para evitar que se produjeran enfrentamientos con otro grupo de manifestantes que estaban protestando a favor de la minería.
Estos últimos serían familiares de obreros mineros que habían cortado esta tarde la ruta para manifestar su apoyo a la explotación de estos yacimientos.
“Era inevitable el choque, así que intentamos evitarlo", dijo el comisario. “Esto fue a partir de la orden del fiscal interviniente para proteger a estos asambleístas que estaban cortando, pero que en minutos se iban a enfrentar con 500 personas que están a favor”, agregó.
Más Información:
- Los Andes - Denunciaron represión en un corte antiminero en Catamarca
- No a la Mina - Reprimen corte selectivo en Belén, detienen a vecinos y periodistas
Fecha de Publicación: 08/02/2012
Fuente: La Voz
Provincia/Región: Catamarca
Manifestantes dicen que los violentaron con las fuerzas especiales. Hay tres personas asistida y varios demorados.
Asambleístas que bloqueaban el paso al Yacimiento Minero Bajo La Alumbrera en Belén fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad de Catamarca, según informaron medios locales.
Hay treinta personas detenidas y tres mujeres que debieron ser atendidas por médicos y un chico desaparecido, según informa Radio El Algarrobo.
La Policía confirmó a La Voz las detenciones y precisó que los manifestantes se encuentran en dos comisarías de la localidad de Londres. También aseguró que entre los mismos hay personas menores de edad y que todos se encuentran "demorados", pero sin cargos en su contra.
Cifras cruzadas. El comisario Giménez dijo a Cadena 3 que son 15 los demorados y que todo “ha vuelto la tranquilidad” en el lugar, aunque “hay mucha gente quería sacar a los asambleístas” de la comisaría.
El asambleísta Nicolás Berardi aseguró que las fuerzas de seguridad ingresaron por un campo que pertenecía a la madre de una de las manifestantes y a través de ese paso se replegaron sobre la zona del bloqueo.
“La ruta es una ruta nacional, sin embargo el Gobierno de Cristina no se hace cargo de la represión”, aseguró Berardi.
Desde los medios locales denuncian varias irregularidades en el procedimiento, ya que “la policía provincial de Catamarca los detuvo en una ruta nacional que no es su jurisdicción”.
Además, aseguran que funcionarios de la provincia tampoco no han dado respuestas sobre el tema.
Jutificación. Según las palabras oficiales del comisario a cargo del operativo, el desalojo del lugar se realizó para evitar que se produjeran enfrentamientos con otro grupo de manifestantes que estaban protestando a favor de la minería.
Estos últimos serían familiares de obreros mineros que habían cortado esta tarde la ruta para manifestar su apoyo a la explotación de estos yacimientos.
“Era inevitable el choque, así que intentamos evitarlo", dijo el comisario. “Esto fue a partir de la orden del fiscal interviniente para proteger a estos asambleístas que estaban cortando, pero que en minutos se iban a enfrentar con 500 personas que están a favor”, agregó.
Más Información:
- Los Andes - Denunciaron represión en un corte antiminero en Catamarca
- No a la Mina - Reprimen corte selectivo en Belén, detienen a vecinos y periodistas
La cara oscura de la bonanza sojera
La cara oscura de la bonanza sojera
Fecha de Publicación: 07/02/2012
Fuente: BBC
País/Región: Nacional
En el último siglo, Argentina perdió dos tercios de sus bosques nativos. De las 106 millones de hectáreas que tenía en 1914 apenas le quedan poco más de 33 millones, según un reciente inventario de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Perder casi el 70% de las regiones forestales de un país es grave, según los especialistas, pero el dato que más preocupa es que la mayor pérdida se dio en los últimos 20 años.
Según los expertos, el principal culpable es la soja, el cultivo que se ha convertido en el motor de la economía argentina en los últimos años.
Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de la organización ambientalista Greenpeace, dijo a BBC Mundo que la producción de esta oleaginosa motivó que se talaran unas 280.000 hectáreas de bosque al año entre 1990 y 2008.
"Cada 2 minutos se desmontó una hectárea de bosque", enumeró.
Así, Argentina se ha convertido en uno de los países de Sudamérica con mayor deforestación, un problema que suele afectar más a los países tropicales.
El ingeniero forestal Ignacio Gasparri, del Instituto de Ecología Regional de la Universidad Nacional de Tucumán, en el norte de Argentina, dijo a BBC Mundo que sus estudios demuestran irrefutablemente el vínculo entre la soja y la deforestación.
"Incluso las áreas que se desmontaron para desarrollar la ganadería tienen relación indirecta con la soja, ya que en la mayoría de los casos el ganadero se mudó allí porque fue desplazado de su lugar original por ese cultivo", afirmó Gasparri.
Las zonas en peligro
Los árboles más amenazados por la soja son los que forman parte de los bosques subtropicales argentinos, ubicados en el norte del país.
Según los expertos, el principal culpable es la soja, el cultivo que se ha convertido en el motor de la economía argentina en los últimos años.
Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de la organización ambientalista Greenpeace, dijo a BBC Mundo que la producción de esta oleaginosa motivó que se talaran unas 280.000 hectáreas de bosque al año entre 1990 y 2008.
"Cada 2 minutos se desmontó una hectárea de bosque", enumeró.
Así, Argentina se ha convertido en uno de los países de Sudamérica con mayor deforestación, un problema que suele afectar más a los países tropicales.
El ingeniero forestal Ignacio Gasparri, del Instituto de Ecología Regional de la Universidad Nacional de Tucumán, en el norte de Argentina, dijo a BBC Mundo que sus estudios demuestran irrefutablemente el vínculo entre la soja y la deforestación.
"Incluso las áreas que se desmontaron para desarrollar la ganadería tienen relación indirecta con la soja, ya que en la mayoría de los casos el ganadero se mudó allí porque fue desplazado de su lugar original por ese cultivo", afirmó Gasparri.
Las zonas en peligro
Los árboles más amenazados por la soja son los que forman parte de los bosques subtropicales argentinos, ubicados en el norte del país.
"En la mayoría de los desmontes los bosques son quemados y eso genera gran contaminación", explicó Gasparri.
Según el experto, mediciones del año 2000 muestran que la quema de árboles generó más gases de efecto invernadero que lo que produjo todo el sistema de transporte del país.
Pero no todas son malas noticias: la aprobación de la llamada Ley de Bosques, en 2007, marcó un punto de inflexión y puso un freno –al menos temporal- a la desaforada tala de árboles.
Hernán Giardini, de Greenpeace, dijo a BBC Mundo que en 2008 bajó un 50% la deforestación en el país.
Esta norma establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la conservación de zonas forestales y obliga a las provincias a realizar un reordenamiento de sus bosques nativos, indicando dónde se puede y dónde no se puede cortar árboles.
Si bien Greenpeace elogió el hecho de que la mayoría de las provincias (17) ya realizaron esta tarea, advirtió que algunos gobiernos no están respetando las zonas que debieran conservarse.
Además, Giardini criticó al gobierno nacional por no destinar los recursos necesarios para la aplicación de la ley.
"En el presupuesto de 2012 hay siete veces menos de lo que corresponde para financiar la Ley de Bosques", denunció el activista ambiental.
Fecha de Publicación: 07/02/2012
Fuente: BBC
País/Región: Nacional
En el último siglo, Argentina perdió dos tercios de sus bosques nativos. De las 106 millones de hectáreas que tenía en 1914 apenas le quedan poco más de 33 millones, según un reciente inventario de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Perder casi el 70% de las regiones forestales de un país es grave, según los especialistas, pero el dato que más preocupa es que la mayor pérdida se dio en los últimos 20 años.
Según los expertos, el principal culpable es la soja, el cultivo que se ha convertido en el motor de la economía argentina en los últimos años.
Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de la organización ambientalista Greenpeace, dijo a BBC Mundo que la producción de esta oleaginosa motivó que se talaran unas 280.000 hectáreas de bosque al año entre 1990 y 2008.
"Cada 2 minutos se desmontó una hectárea de bosque", enumeró.
Así, Argentina se ha convertido en uno de los países de Sudamérica con mayor deforestación, un problema que suele afectar más a los países tropicales.
El ingeniero forestal Ignacio Gasparri, del Instituto de Ecología Regional de la Universidad Nacional de Tucumán, en el norte de Argentina, dijo a BBC Mundo que sus estudios demuestran irrefutablemente el vínculo entre la soja y la deforestación.
"Incluso las áreas que se desmontaron para desarrollar la ganadería tienen relación indirecta con la soja, ya que en la mayoría de los casos el ganadero se mudó allí porque fue desplazado de su lugar original por ese cultivo", afirmó Gasparri.
Las zonas en peligro
Los árboles más amenazados por la soja son los que forman parte de los bosques subtropicales argentinos, ubicados en el norte del país.
Según los expertos, el principal culpable es la soja, el cultivo que se ha convertido en el motor de la economía argentina en los últimos años.
Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de la organización ambientalista Greenpeace, dijo a BBC Mundo que la producción de esta oleaginosa motivó que se talaran unas 280.000 hectáreas de bosque al año entre 1990 y 2008.
"Cada 2 minutos se desmontó una hectárea de bosque", enumeró.
Así, Argentina se ha convertido en uno de los países de Sudamérica con mayor deforestación, un problema que suele afectar más a los países tropicales.
El ingeniero forestal Ignacio Gasparri, del Instituto de Ecología Regional de la Universidad Nacional de Tucumán, en el norte de Argentina, dijo a BBC Mundo que sus estudios demuestran irrefutablemente el vínculo entre la soja y la deforestación.
"Incluso las áreas que se desmontaron para desarrollar la ganadería tienen relación indirecta con la soja, ya que en la mayoría de los casos el ganadero se mudó allí porque fue desplazado de su lugar original por ese cultivo", afirmó Gasparri.
Las zonas en peligro
Los árboles más amenazados por la soja son los que forman parte de los bosques subtropicales argentinos, ubicados en el norte del país.
"En la mayoría de los desmontes los bosques son quemados y eso genera gran contaminación", explicó Gasparri.
Según el experto, mediciones del año 2000 muestran que la quema de árboles generó más gases de efecto invernadero que lo que produjo todo el sistema de transporte del país.
Pero no todas son malas noticias: la aprobación de la llamada Ley de Bosques, en 2007, marcó un punto de inflexión y puso un freno –al menos temporal- a la desaforada tala de árboles.
Hernán Giardini, de Greenpeace, dijo a BBC Mundo que en 2008 bajó un 50% la deforestación en el país.
Esta norma establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la conservación de zonas forestales y obliga a las provincias a realizar un reordenamiento de sus bosques nativos, indicando dónde se puede y dónde no se puede cortar árboles.
Si bien Greenpeace elogió el hecho de que la mayoría de las provincias (17) ya realizaron esta tarea, advirtió que algunos gobiernos no están respetando las zonas que debieran conservarse.
Además, Giardini criticó al gobierno nacional por no destinar los recursos necesarios para la aplicación de la ley.
"En el presupuesto de 2012 hay siete veces menos de lo que corresponde para financiar la Ley de Bosques", denunció el activista ambiental.
“El que se va a acabar es el hombre”
“El que se va a acabar es el hombre”
Fecha de Publicación: 07/02/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Acompañado por Hebe de Bonafini y Horacio González, el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni sostuvo que, si se siguen destruyendo ríos, montañas, bosques, “el planeta no se va a acabar, el que se va a extinguir es el ser humano”.
En su libro La Pachamama y el hombre, presentado ayer en sociedad, el ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni hace un recorrido jurídico, filosófico y humanístico sobre la relación del hombre con la naturaleza y con el mundo animal. En una frase que podría resumir el objetivo, la razón de ser de su obra, Zaffaroni llamó a trabajar “con inteligencia” en la búsqueda de una “convivencia amable” entre el hombre y la Pachamama, la Madre Tierra, porque si siguen depredando los ríos, las montañas y los animales que lo habitan “el planeta va a seguir viviendo, no se va a terminar, pero los que no vamos a seguir viviendo somos nosotros, los seres humanos”. La presentación del libro se hizo en la Biblioteca Nacional, con la participación en el panel de Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y del sociólogo Horacio González, mientras que el humorista Miguel Rep, que acompañó el texto de Zaffaroni con sus ilustraciones, hacía dibujos relacionados con el tema que se veían en simultáneo sobre una pantalla gigante.
En su intervención, Zaffaroni afirmó que era “un enorme honor” el que le hacía la Asociación Madres de Plaza de Mayo al editar su libro, en conjunto con Colihue. Bonafini, al abrir el acto de presentación, recordó que en Bolivia, junto a Evo Morales, le tocó presenciar la celebración de la Pachamama, la invocación religiosa que suelen hacer los aymaras y otros pueblos originarios, en homenaje y como expresión de gratitud hacia la tierra. “El libro de Zaffaroni reivindica ese mensaje que nos dan esos pueblos y nos enseña a valorar la relación con los animales.” Emocionada, recordó que hace poco murió una perra que la acompañó “muchos años y que entendía todo lo que le hablaba. Fue compañera, sin traición ni engaño”.
González, director de la Biblioteca Nacional, sostuvo que la obra del ministro de la Corte tiene “una importancia política fundamental en estos momentos en que se están discutiendo problemas relacionados con la minería a cielo abierto y cuestiones relacionadas con el medio ambiente”. Sin tomar posición a favor o en contra de esos proyectos mineros, de todos modos advirtió que “las decisiones políticas que se toman a veces no tienen en cuenta que está la especie humana en riesgo si no se toman las medidas adecuadas”.
A su turno, Zaffaroni reconoció que el texto de su libro “puede parecer una locura”, pero luego dio probadas muestras de que no lo es. La idea del libro surgió de las nuevas Constituciones de Bolivia y de Ecuador, en la que se establecen “los derechos de la naturaleza, equiparándolos con los derechos humanos”. Luego de hacer un racconto de cómo, a nivel jurídico, se ha ido cimentando, desde 1917 en adelante, la defensa de los derechos humanos, “aunque después no hagamos cumplir las leyes”, abogó por empezar a respetar los derechos de la Pachamama.
“Desde hace mucho tiempo venimos diciendo que por el camino que vamos, vamos a provocar la destrucción del planeta”, pero al mismo tiempo “no se habla a fondo del problema ni se toman las medidas que corresponden”. Recordó que una de las peores guerras contemporáneas, la que estalló hace años en la República de Sudán, se intensificó “por la desertificación de una parte del territorio, lo que obligó a disputar la parte en la cual todavía se puede desarrollar la vida humana”. En ese sentido, pronosticó como posible que se produzcan conflictos bélicos similares en el futuro.
Zaffaroni dejó sentado que “los valores de nuestras culturas originarias, que valoraban la tierra, siguen vivos, como siguen vivos los valores de gaia”, una cultura originaria de Grecia que también le daba el status de “humano” a la naturaleza, a la que había que preservar y defender. “Lo que tenemos que hacer es cambiar el eje. Este libro no es ambientalista ni ecologista, lo que propone es que tenemos que dialogar con la naturaleza, preguntarle qué tratamiento hay que darles a las montañas, a los ríos, a los animales, pero debe ser un diálogo y no un interrogatorio como en la Inquisición: ‘Decime lo que quiero escuchar o te reviento’”.
Fecha de Publicación: 07/02/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Acompañado por Hebe de Bonafini y Horacio González, el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni sostuvo que, si se siguen destruyendo ríos, montañas, bosques, “el planeta no se va a acabar, el que se va a extinguir es el ser humano”.
En su libro La Pachamama y el hombre, presentado ayer en sociedad, el ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni hace un recorrido jurídico, filosófico y humanístico sobre la relación del hombre con la naturaleza y con el mundo animal. En una frase que podría resumir el objetivo, la razón de ser de su obra, Zaffaroni llamó a trabajar “con inteligencia” en la búsqueda de una “convivencia amable” entre el hombre y la Pachamama, la Madre Tierra, porque si siguen depredando los ríos, las montañas y los animales que lo habitan “el planeta va a seguir viviendo, no se va a terminar, pero los que no vamos a seguir viviendo somos nosotros, los seres humanos”. La presentación del libro se hizo en la Biblioteca Nacional, con la participación en el panel de Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y del sociólogo Horacio González, mientras que el humorista Miguel Rep, que acompañó el texto de Zaffaroni con sus ilustraciones, hacía dibujos relacionados con el tema que se veían en simultáneo sobre una pantalla gigante.
En su intervención, Zaffaroni afirmó que era “un enorme honor” el que le hacía la Asociación Madres de Plaza de Mayo al editar su libro, en conjunto con Colihue. Bonafini, al abrir el acto de presentación, recordó que en Bolivia, junto a Evo Morales, le tocó presenciar la celebración de la Pachamama, la invocación religiosa que suelen hacer los aymaras y otros pueblos originarios, en homenaje y como expresión de gratitud hacia la tierra. “El libro de Zaffaroni reivindica ese mensaje que nos dan esos pueblos y nos enseña a valorar la relación con los animales.” Emocionada, recordó que hace poco murió una perra que la acompañó “muchos años y que entendía todo lo que le hablaba. Fue compañera, sin traición ni engaño”.
González, director de la Biblioteca Nacional, sostuvo que la obra del ministro de la Corte tiene “una importancia política fundamental en estos momentos en que se están discutiendo problemas relacionados con la minería a cielo abierto y cuestiones relacionadas con el medio ambiente”. Sin tomar posición a favor o en contra de esos proyectos mineros, de todos modos advirtió que “las decisiones políticas que se toman a veces no tienen en cuenta que está la especie humana en riesgo si no se toman las medidas adecuadas”.
A su turno, Zaffaroni reconoció que el texto de su libro “puede parecer una locura”, pero luego dio probadas muestras de que no lo es. La idea del libro surgió de las nuevas Constituciones de Bolivia y de Ecuador, en la que se establecen “los derechos de la naturaleza, equiparándolos con los derechos humanos”. Luego de hacer un racconto de cómo, a nivel jurídico, se ha ido cimentando, desde 1917 en adelante, la defensa de los derechos humanos, “aunque después no hagamos cumplir las leyes”, abogó por empezar a respetar los derechos de la Pachamama.
“Desde hace mucho tiempo venimos diciendo que por el camino que vamos, vamos a provocar la destrucción del planeta”, pero al mismo tiempo “no se habla a fondo del problema ni se toman las medidas que corresponden”. Recordó que una de las peores guerras contemporáneas, la que estalló hace años en la República de Sudán, se intensificó “por la desertificación de una parte del territorio, lo que obligó a disputar la parte en la cual todavía se puede desarrollar la vida humana”. En ese sentido, pronosticó como posible que se produzcan conflictos bélicos similares en el futuro.
Zaffaroni dejó sentado que “los valores de nuestras culturas originarias, que valoraban la tierra, siguen vivos, como siguen vivos los valores de gaia”, una cultura originaria de Grecia que también le daba el status de “humano” a la naturaleza, a la que había que preservar y defender. “Lo que tenemos que hacer es cambiar el eje. Este libro no es ambientalista ni ecologista, lo que propone es que tenemos que dialogar con la naturaleza, preguntarle qué tratamiento hay que darles a las montañas, a los ríos, a los animales, pero debe ser un diálogo y no un interrogatorio como en la Inquisición: ‘Decime lo que quiero escuchar o te reviento’”.
Hidroeléctrica El Chocón vierte aceite al río
Intimarán a Hidroeléctrica El Chocón por el vertido de aceite al río
Fecha de Publicación: 07/02/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) intimará a Hidroeléctrica El Chocón por no haber informado a los órganos de control y regulación de la pérdida de aceite de una de las turbinas, según anunció ayer el presidente del ente, Elías Sapag (hijo). Se analizarán además las sanciones que podrían corresponderle a la compañía por el vertido de la sustancia al río.
La empresa detectó "el jueves 26 de enero a las 19.30" una pérdida de aceite sobre el canal de fuga proveniente de una de las máquinas de Arroyito. Lo que se existió fue "una avería en el intercambiador de calor agua-aceite del sistema de refrigeración del cojinete de la guía superior", según la explicación que dio la compañía el 4 de febrero pasado.
Arroyito es una presa compensadora de los caudales de El Chocón, como lo es Pichi Picún Leufú de Piedra del Águila, pero a diferencia de éstas, cuando se privatizaron las centrales, se las unificó en una sola unidad de negocios.
La central que sufrió la pérdida es operada de manera remota, con telecomando, desde El Chocón, que está 25 kilómetros aguas arriba.
Hasta ayer, la Autoridad de Cuencas, que es el regulador del uso del agua, no había recibido la información oficial sobre el episodio, informó Sapag. Tampoco el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep), cuya regional Comahue integra Sapag. Este ente se ocupa de la integridad de la obra.
Y en los registros de Cammesa, que es la autoridad nacional del despacho eléctrico, no existe el incidente, lo mismo que en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a pesar de que la turbina y el generador estuvieron indisponibles.
Lo que decidió la AIC es enviar una misiva (no estaba claro si una nota o una carta documento) para intimarlos a informar, de acuerdo con los procedimientos que forman parte del contrato de concesión.
"La hidroeléctrica tiene un protocolo que le indica cómo debe comportarse y cómo debe informar hechos como éste", le dijo Sapag a "Río Negro".
Hasta ahora la AIC no pudo aplicar sanciones a las concesionarias porque, cuando lo intentó, las empresas adujeron que el que tiene potestad para hacerlo es el ENRE.
Fecha de Publicación: 07/02/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) intimará a Hidroeléctrica El Chocón por no haber informado a los órganos de control y regulación de la pérdida de aceite de una de las turbinas, según anunció ayer el presidente del ente, Elías Sapag (hijo). Se analizarán además las sanciones que podrían corresponderle a la compañía por el vertido de la sustancia al río.
La empresa detectó "el jueves 26 de enero a las 19.30" una pérdida de aceite sobre el canal de fuga proveniente de una de las máquinas de Arroyito. Lo que se existió fue "una avería en el intercambiador de calor agua-aceite del sistema de refrigeración del cojinete de la guía superior", según la explicación que dio la compañía el 4 de febrero pasado.
Arroyito es una presa compensadora de los caudales de El Chocón, como lo es Pichi Picún Leufú de Piedra del Águila, pero a diferencia de éstas, cuando se privatizaron las centrales, se las unificó en una sola unidad de negocios.
La central que sufrió la pérdida es operada de manera remota, con telecomando, desde El Chocón, que está 25 kilómetros aguas arriba.
Hasta ayer, la Autoridad de Cuencas, que es el regulador del uso del agua, no había recibido la información oficial sobre el episodio, informó Sapag. Tampoco el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep), cuya regional Comahue integra Sapag. Este ente se ocupa de la integridad de la obra.
Y en los registros de Cammesa, que es la autoridad nacional del despacho eléctrico, no existe el incidente, lo mismo que en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a pesar de que la turbina y el generador estuvieron indisponibles.
Lo que decidió la AIC es enviar una misiva (no estaba claro si una nota o una carta documento) para intimarlos a informar, de acuerdo con los procedimientos que forman parte del contrato de concesión.
"La hidroeléctrica tiene un protocolo que le indica cómo debe comportarse y cómo debe informar hechos como éste", le dijo Sapag a "Río Negro".
Hasta ahora la AIC no pudo aplicar sanciones a las concesionarias porque, cuando lo intentó, las empresas adujeron que el que tiene potestad para hacerlo es el ENRE.
Apelan por la reclasificación agroquímicos
Reclasificación agroquímicos: apelación
Fecha de Publicación: 06/02/2012
Fuente: Claudio Lowy
Provincia/Región: Nacional
Apelación ante la Cámara Federal por el rechazo del amparo ambiental para el cambio de metodología de clasificación de los agroquímicos.
Se argumenta la competencia del Poder Judicial.
Se plantea la inconstitucionalidad de la Resolución 350/99 de la SAGPYA
Más de 12.800 firmas apoyan el reclamo.
El trabajo y la militancia ambiental del colectivo integrado por habitantes, organizaciones sociales y redes para lograr el cambio de metodología de clasificación de los agroquímicos, que comenzó a mediados de 2009, siguió por la Defensoría del Pueblo de la Nación hasta noviembre de 2010 y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca hasta junio de 2011.
La falta de respuesta por parte del Ministerio motivó que el jueves 18 de agosto de 2011 se presentara en la Justicia Federal una acción de Amparo Ambiental solicitando se ordene:
· El cambio de metodología de clasificación de los agroquímicos para que se considere no sólo la toxicidad letal aguda, sino también la subletal (si enferma pero no mata) y la crónica (si enferma en el mediano y largo plazo o por aplicaciones repetidas).
· Hasta tanto se realice la revisión de la clasificación, los agroquímicos aprobados que no tengan evaluado el grado de su toxicidad en las dosis subletales y crónicas sean clasificados como I.a: sumamente peligrosos, muy tóxicos e identificados con banda roja.
· Los formulados de los agroquímicos sean clasificados con la toxicidad mayor, que puede corresponder a la del componente más tóxico o al formulado considerado integralmente.
· Los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos sean realizados por entidades de acreditada y reconocida independencia de criterio.
· Se asegure el libre acceso a la información ambiental vinculada a la clasificación de los agroquímicos y su registro.
· Demandados: el Poder Ejecutivo Nacional, a través de su Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y el SENASA.
La Jueza Cecilia G.M.de Negre, del Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 8, Secretaria Nº 15, emitió una resolución anoticiada el 27 de diciembre de 2011, donde reconoce la legitimación de los amparistas como accionantes, pero rechaza el amparo por considerar que el cambio de metodología de clasificación de los agroquímicos no es competencia del Poder Judicial sino del Poder Ejecutivo y/o el Congreso de la Nación.
Se ha apelado dicha resolución en primera instancia
La apelación
Sólo se transcriben aquí parte de los argumentos del punto 2.2. y 2.10.
Hacemos saber y denunciamos la inexistencia de una ley de presupuestos mínimos de agroquímicos a la cual podamos recurrir para evitar la presente acción; señalamos, que en el ámbito del Poder Legislativo, los proyectos de ley para la regulación de agroquímicos se fueron presentando sucesivamente desde el año 1984, sin que se haya logrado siquiera, un despacho de comisión de ninguno de ellos; tampoco de los presentados por los colegios profesionales especializados en la materia. Nos basamos para actuar aquí, en la aplicación de la ley 25.675 la cual entendemos la Justicia es la responsable en actuar, aplicando las normativas que indica la misma en particular en su articulo 32 donde faculta a los Jueces para actuar, mas allá de lo peticionado por las partes.- En orden a ello, es bueno recordar lo allí prescripto, para abonar la necesidad de que V.E. cambie el rumbo de la negativa obtenida.-
El artículo 32 de dicha norma básica afirma que:
…El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general. Asimismo, en su sentencia, de acuerdo a las reglas de la sana critica, el juez podrá extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente a su consideración por las partes. En cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá, asimismo, disponerlas, sin petición de parte. .-
Se le hace saber aquí a V.E., que actualmente el SENASA utiliza una metodología de clasificación toxicológica de los agroquímicos para su registro, comercialización y aplicación que solo considera los daños letales y agudos, es decir, si el producto mata en el corto plazo; pero no considera los daños subletales, es decir si enferma pero no mata; ni los crónicos, es decir, si enferma o mata a largo plazo o por repetición de aplicaciones. Adicionalmente, los ensayos de laboratorio sobre los cuales se basa la clasificación no evalúan la toxicidad sobre los productos formulados que realmente se aplican, sino que se realizan sobre el principio activo. Todo lo cual los hace aparecer como mucho menos tóxicos de lo que en realidad son. Además, los estudios de laboratorio sobre los cuales se basan las clasificaciones toxicológicas están realizados por las mismas empresas que los producen y/o comercializan y/o por laboratorios vinculados a ellos, que NO son publicados y son propiedad confidencial de esas mismas empresas, todo ello en perjuicios del interés publico de la población. Asimismo, esto hace que los mencionados estudios no puedan ser contrastados por investigadores independientes, que confirmen o contradigan sus conclusiones, motivos por los cuales no constituyen trabajos científicos. De esta manera, esta metodología de clasificación utilizada por el SENASA no hace mas que permitir indebidamente la aplicación de clasificaciones equivocas y ausentes de la debida defensa de los derechos ambientales, de vida las personas y de todos los seres vivos que enferman y/o mueren en virtud de la indebida clasificación resultante.- Esta circunstancia, se advierte claramente en las presentes actuaciones, y que la sentencia de grado no otorgo satisfacción alguna a un valor tan importante como la vida y la salud.- De ello se trata, de preservar la vida protegida en el articulo 41 de la Constitución Nacional.- De ello nos agraviamos.-
2.-10.- Por todo ello, en ejercicio de la reserva de caso federal formulado oportunamente, y teniendo en cuenta que la Constitución Nacional en su articulo 43 garantiza que en los procesos de amparo el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva, venimos a solicitar LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA RESOLUCION 350/99 SAGPyA de fecha 30 de septiembre de 1999 de la Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca juntamente con toda aquella otra normativa concordante y/o modificatoria y/o suplementaria que permite la metodología de clasificación vigente de los agroquímicos, pesticidas y/o productos fitosanitario , por parte de V.E., en virtud de que la misma es arbitraria y contrario a nuestro sistema constitucional vigente, ya que mediante su aplicación se conculcan gravemente derechos y garantías elementales sin motivo aparente. Recordamos que los productos fitosanitarios actualmente habilitados y/o registrados comportan grados de toxicidad no tolerables para la salud humana y el ambiente, razón por la cual, se encuentran provocando daños irreparables que afectan gravemente las condiciones mínimas de seguridad para la población de nuestro país, sobre los cuales el Poder Judicial esta obligado intervenir en forma urgente.
El texto completo de la apelación esta disponible para quien lo solicite a la dirección de correo electrónico indicada al final.
Más de 12.800 firmas
A las 10.630 adhesiones al reclamo del cambio de metodología de clasificación de los agroquímicos presentadas al momento del Recurso de Amparo, se agregaron otras 2.197 firmas nuevas. Así, se suman un total de 12.827 ciudadanas y ciudadanos argentinos de los más diversos lugares del país y que desempeñan las más variadas actividades, que manifiestan con su firma y su documento de identidad, en planillas de papel, el rechazo a los riesgos y daños a la salud que generan los agroquímicos.
Firmaron la apelación: Elena Beatriz Álvarez, Lujan, Pcia. de Buenos Aires; Adrián Rodolfo Camps, C.A.B.A; Graciela Iturraspe, Mar del Plata; Claudio Lowy, C.A.B.A; Eduardo Macaluse. Pcia. de Buenos Aires; Miriam Mabel Miguenz, Cañuelas, Pcia. de Buenos Aires; Eduardo Daniel Pérez, CABA; Héctor Teodoro Polino, CABA; Carlos Osvaldo Roberto, Florida, Pcia. de Buenos Aires; Javier Rodríguez Pardo, CABA
Abogados patrocinantes: María Lujan Pérez Terrone y Mariano J. Aguilar.
Fecha de Publicación: 06/02/2012
Fuente: Claudio Lowy
Provincia/Región: Nacional
Apelación ante la Cámara Federal por el rechazo del amparo ambiental para el cambio de metodología de clasificación de los agroquímicos.
Se argumenta la competencia del Poder Judicial.
Se plantea la inconstitucionalidad de la Resolución 350/99 de la SAGPYA
Más de 12.800 firmas apoyan el reclamo.
El trabajo y la militancia ambiental del colectivo integrado por habitantes, organizaciones sociales y redes para lograr el cambio de metodología de clasificación de los agroquímicos, que comenzó a mediados de 2009, siguió por la Defensoría del Pueblo de la Nación hasta noviembre de 2010 y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca hasta junio de 2011.
La falta de respuesta por parte del Ministerio motivó que el jueves 18 de agosto de 2011 se presentara en la Justicia Federal una acción de Amparo Ambiental solicitando se ordene:
· El cambio de metodología de clasificación de los agroquímicos para que se considere no sólo la toxicidad letal aguda, sino también la subletal (si enferma pero no mata) y la crónica (si enferma en el mediano y largo plazo o por aplicaciones repetidas).
· Hasta tanto se realice la revisión de la clasificación, los agroquímicos aprobados que no tengan evaluado el grado de su toxicidad en las dosis subletales y crónicas sean clasificados como I.a: sumamente peligrosos, muy tóxicos e identificados con banda roja.
· Los formulados de los agroquímicos sean clasificados con la toxicidad mayor, que puede corresponder a la del componente más tóxico o al formulado considerado integralmente.
· Los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos sean realizados por entidades de acreditada y reconocida independencia de criterio.
· Se asegure el libre acceso a la información ambiental vinculada a la clasificación de los agroquímicos y su registro.
· Demandados: el Poder Ejecutivo Nacional, a través de su Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y el SENASA.
La Jueza Cecilia G.M.de Negre, del Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 8, Secretaria Nº 15, emitió una resolución anoticiada el 27 de diciembre de 2011, donde reconoce la legitimación de los amparistas como accionantes, pero rechaza el amparo por considerar que el cambio de metodología de clasificación de los agroquímicos no es competencia del Poder Judicial sino del Poder Ejecutivo y/o el Congreso de la Nación.
Se ha apelado dicha resolución en primera instancia
La apelación
Sólo se transcriben aquí parte de los argumentos del punto 2.2. y 2.10.
Hacemos saber y denunciamos la inexistencia de una ley de presupuestos mínimos de agroquímicos a la cual podamos recurrir para evitar la presente acción; señalamos, que en el ámbito del Poder Legislativo, los proyectos de ley para la regulación de agroquímicos se fueron presentando sucesivamente desde el año 1984, sin que se haya logrado siquiera, un despacho de comisión de ninguno de ellos; tampoco de los presentados por los colegios profesionales especializados en la materia. Nos basamos para actuar aquí, en la aplicación de la ley 25.675 la cual entendemos la Justicia es la responsable en actuar, aplicando las normativas que indica la misma en particular en su articulo 32 donde faculta a los Jueces para actuar, mas allá de lo peticionado por las partes.- En orden a ello, es bueno recordar lo allí prescripto, para abonar la necesidad de que V.E. cambie el rumbo de la negativa obtenida.-
El artículo 32 de dicha norma básica afirma que:
…El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general. Asimismo, en su sentencia, de acuerdo a las reglas de la sana critica, el juez podrá extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente a su consideración por las partes. En cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá, asimismo, disponerlas, sin petición de parte. .-
Se le hace saber aquí a V.E., que actualmente el SENASA utiliza una metodología de clasificación toxicológica de los agroquímicos para su registro, comercialización y aplicación que solo considera los daños letales y agudos, es decir, si el producto mata en el corto plazo; pero no considera los daños subletales, es decir si enferma pero no mata; ni los crónicos, es decir, si enferma o mata a largo plazo o por repetición de aplicaciones. Adicionalmente, los ensayos de laboratorio sobre los cuales se basa la clasificación no evalúan la toxicidad sobre los productos formulados que realmente se aplican, sino que se realizan sobre el principio activo. Todo lo cual los hace aparecer como mucho menos tóxicos de lo que en realidad son. Además, los estudios de laboratorio sobre los cuales se basan las clasificaciones toxicológicas están realizados por las mismas empresas que los producen y/o comercializan y/o por laboratorios vinculados a ellos, que NO son publicados y son propiedad confidencial de esas mismas empresas, todo ello en perjuicios del interés publico de la población. Asimismo, esto hace que los mencionados estudios no puedan ser contrastados por investigadores independientes, que confirmen o contradigan sus conclusiones, motivos por los cuales no constituyen trabajos científicos. De esta manera, esta metodología de clasificación utilizada por el SENASA no hace mas que permitir indebidamente la aplicación de clasificaciones equivocas y ausentes de la debida defensa de los derechos ambientales, de vida las personas y de todos los seres vivos que enferman y/o mueren en virtud de la indebida clasificación resultante.- Esta circunstancia, se advierte claramente en las presentes actuaciones, y que la sentencia de grado no otorgo satisfacción alguna a un valor tan importante como la vida y la salud.- De ello se trata, de preservar la vida protegida en el articulo 41 de la Constitución Nacional.- De ello nos agraviamos.-
2.-10.- Por todo ello, en ejercicio de la reserva de caso federal formulado oportunamente, y teniendo en cuenta que la Constitución Nacional en su articulo 43 garantiza que en los procesos de amparo el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva, venimos a solicitar LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA RESOLUCION 350/99 SAGPyA de fecha 30 de septiembre de 1999 de la Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca juntamente con toda aquella otra normativa concordante y/o modificatoria y/o suplementaria que permite la metodología de clasificación vigente de los agroquímicos, pesticidas y/o productos fitosanitario , por parte de V.E., en virtud de que la misma es arbitraria y contrario a nuestro sistema constitucional vigente, ya que mediante su aplicación se conculcan gravemente derechos y garantías elementales sin motivo aparente. Recordamos que los productos fitosanitarios actualmente habilitados y/o registrados comportan grados de toxicidad no tolerables para la salud humana y el ambiente, razón por la cual, se encuentran provocando daños irreparables que afectan gravemente las condiciones mínimas de seguridad para la población de nuestro país, sobre los cuales el Poder Judicial esta obligado intervenir en forma urgente.
El texto completo de la apelación esta disponible para quien lo solicite a la dirección de correo electrónico indicada al final.
Más de 12.800 firmas
A las 10.630 adhesiones al reclamo del cambio de metodología de clasificación de los agroquímicos presentadas al momento del Recurso de Amparo, se agregaron otras 2.197 firmas nuevas. Así, se suman un total de 12.827 ciudadanas y ciudadanos argentinos de los más diversos lugares del país y que desempeñan las más variadas actividades, que manifiestan con su firma y su documento de identidad, en planillas de papel, el rechazo a los riesgos y daños a la salud que generan los agroquímicos.
Firmaron la apelación: Elena Beatriz Álvarez, Lujan, Pcia. de Buenos Aires; Adrián Rodolfo Camps, C.A.B.A; Graciela Iturraspe, Mar del Plata; Claudio Lowy, C.A.B.A; Eduardo Macaluse. Pcia. de Buenos Aires; Miriam Mabel Miguenz, Cañuelas, Pcia. de Buenos Aires; Eduardo Daniel Pérez, CABA; Héctor Teodoro Polino, CABA; Carlos Osvaldo Roberto, Florida, Pcia. de Buenos Aires; Javier Rodríguez Pardo, CABA
Abogados patrocinantes: María Lujan Pérez Terrone y Mariano J. Aguilar.
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