Hacia la Estrategia Nacional de la Biodiversidad
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Hacia una Estrategia Nacional de la Biodiversidad
Fecha de Publicación: 03/11/2011
Fuente: PortalBA
Provincia/Región: Nacional
El 8 de noviembre la Secretaría de Ambiente realizará un Taller para avanzar en el desarrollo de una Estrategia Nacional de la Biodiversidad, en la búsqueda de políticas de Estado que promuevan la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad y de los bienes y servicios que provee, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos.
En el encuentro, se realizará la presentación de la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica (CONADIBIO), conformada por 15 organismos gubernamentales y 5 representantes de organismos no gubernamentales, y se tratará el rol de la Comisión en la formulación de la estrategia, desde una perspectiva que contemple la inclusión social, los valores de equidad y solidaridad y la integración entre los derechos humanos y del ambiente. Además identificarán temáticas para incrementar la sinergia del trabajo en el seno de la Comisión, cuya función es la de asesorar a la cartera ambiental en la implementación de acciones orientadas al logro de objetivos y metas del Convenio sobre Diversidad Biológica.
La apertura de la reunión estará a cargo del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dr. Juan José Mussi y de la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Dra. Silvia Révora.
Fecha de Publicación: 03/11/2011
Fuente: PortalBA
Provincia/Región: Nacional
El 8 de noviembre la Secretaría de Ambiente realizará un Taller para avanzar en el desarrollo de una Estrategia Nacional de la Biodiversidad, en la búsqueda de políticas de Estado que promuevan la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad y de los bienes y servicios que provee, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos.
En el encuentro, se realizará la presentación de la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica (CONADIBIO), conformada por 15 organismos gubernamentales y 5 representantes de organismos no gubernamentales, y se tratará el rol de la Comisión en la formulación de la estrategia, desde una perspectiva que contemple la inclusión social, los valores de equidad y solidaridad y la integración entre los derechos humanos y del ambiente. Además identificarán temáticas para incrementar la sinergia del trabajo en el seno de la Comisión, cuya función es la de asesorar a la cartera ambiental en la implementación de acciones orientadas al logro de objetivos y metas del Convenio sobre Diversidad Biológica.
La apertura de la reunión estará a cargo del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dr. Juan José Mussi y de la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Dra. Silvia Révora.
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No hay condiciones en Mendoza para la minería ...
"No hay condiciones sociales en Mendoza para la minería metalífera"
Fecha de Publicación: 02/11/2011
Fuente: Diario UNO
Provincia/Región: Mendoza
Lo admitió el gobernador electo de Mendoza, Paco Pérez, y con esa premisa desembarca hoy en San Juan. José Luis Gioja piensa que un avance de la actividad en Mendoza provocaría un mayor desarrollo de esa industria en su provincia.
“No hay condiciones sociales en Mendoza para desarrollar en este momento la minería metalífera”. Esto le dirá el gobernador electo Francisco Paco Pérez a su par sanjuanino José Luis Gioja si éste le plantea el tema minero durante el encuentro que tienen acordado para este miércoles en el despacho oficial del mandatario de la vecina provincia.
A las 10, está previsto que ambos justicialistas se enfrenten cara a cara después de que Pérez y su vice, Carlos Ciurca, deslizaran que el gobernador sanjuanino “vende humo”. En este caso, tendrá efecto el refrán que asegura que a los dichos se los lleva el viento y el episodio protagonizado por la fórmula que ganó en Mendoza el 23 de octubre pasará a ser una anécdota del pasado, tal vez, luego de un pedido de disculpas de Paco Pérez.
Pero la tensión real entre el gobernador sanjuanino y el electo en nuestra provincia tiene otro eje mucho más denso: la minería metalífera en la Cordillera de Los Andes. Para Gioja, un avance de la actividad en Mendoza provocaría un mayor desarrollo de la misma en su provincia, una de las pioneras en la materia en país, pero una acción de campaña del electo mendocino echó por tierra el proyecto San Jorge, que era la punta de lanza de la minería metalífera en esta parte de Cuyo.
Por eso, se especula que uno de los planteos que le hará Gioja a Pérez será el de la postura mendocina frente a las potenciales inversiones en minería metalífera en la provincia ¿Qué respuesta le dará al gobernador sanjuanino si le pregunta cuál es su visión sobre el desarrollo de la minería?, le consultó este medio a Paco Pérez, quien no dudó en la contestación: “Que no hay condiciones sociales en Mendoza para desarrollar en este momento la minería metalífera”.
Mientras tanto, Pérez reconoció que no se puede congelar el tratamiento de la temática, como pretenden los grupos ambientalistas que se hicieron fuertes en Mendoza a partir del rechazo que la extracción de minerales generó en la sociedad. Hasta los responsables locales del proyecto San Jorge reconocieron que de hacerse ahora un plebiscito sobre el tema ganaría la postura contraria a la práctica de la actividad.
Sin embargo, el próximo gobernador consideró que hay que separar la extracción de metales de la de otros minerales en el debate. Y dijo que le propondrá a Gioja trabajar en leyes provinciales en ambos estados de regalías mineras para incrementar el porcentaje que los potenciales explotadores de la actividad están obligados a aportar a las arcas públicas. Por ahora, tanto Mendoza como San Juan adhirieron en este aspecto al dictado de la Ley Nacional que fija las regalías para las provincias en el 3% del valor del producto en boca de mina.
Fecha de Publicación: 02/11/2011
Fuente: Diario UNO
Provincia/Región: Mendoza
Lo admitió el gobernador electo de Mendoza, Paco Pérez, y con esa premisa desembarca hoy en San Juan. José Luis Gioja piensa que un avance de la actividad en Mendoza provocaría un mayor desarrollo de esa industria en su provincia.
“No hay condiciones sociales en Mendoza para desarrollar en este momento la minería metalífera”. Esto le dirá el gobernador electo Francisco Paco Pérez a su par sanjuanino José Luis Gioja si éste le plantea el tema minero durante el encuentro que tienen acordado para este miércoles en el despacho oficial del mandatario de la vecina provincia.
A las 10, está previsto que ambos justicialistas se enfrenten cara a cara después de que Pérez y su vice, Carlos Ciurca, deslizaran que el gobernador sanjuanino “vende humo”. En este caso, tendrá efecto el refrán que asegura que a los dichos se los lleva el viento y el episodio protagonizado por la fórmula que ganó en Mendoza el 23 de octubre pasará a ser una anécdota del pasado, tal vez, luego de un pedido de disculpas de Paco Pérez.
Pero la tensión real entre el gobernador sanjuanino y el electo en nuestra provincia tiene otro eje mucho más denso: la minería metalífera en la Cordillera de Los Andes. Para Gioja, un avance de la actividad en Mendoza provocaría un mayor desarrollo de la misma en su provincia, una de las pioneras en la materia en país, pero una acción de campaña del electo mendocino echó por tierra el proyecto San Jorge, que era la punta de lanza de la minería metalífera en esta parte de Cuyo.
Por eso, se especula que uno de los planteos que le hará Gioja a Pérez será el de la postura mendocina frente a las potenciales inversiones en minería metalífera en la provincia ¿Qué respuesta le dará al gobernador sanjuanino si le pregunta cuál es su visión sobre el desarrollo de la minería?, le consultó este medio a Paco Pérez, quien no dudó en la contestación: “Que no hay condiciones sociales en Mendoza para desarrollar en este momento la minería metalífera”.
Mientras tanto, Pérez reconoció que no se puede congelar el tratamiento de la temática, como pretenden los grupos ambientalistas que se hicieron fuertes en Mendoza a partir del rechazo que la extracción de minerales generó en la sociedad. Hasta los responsables locales del proyecto San Jorge reconocieron que de hacerse ahora un plebiscito sobre el tema ganaría la postura contraria a la práctica de la actividad.
Sin embargo, el próximo gobernador consideró que hay que separar la extracción de metales de la de otros minerales en el debate. Y dijo que le propondrá a Gioja trabajar en leyes provinciales en ambos estados de regalías mineras para incrementar el porcentaje que los potenciales explotadores de la actividad están obligados a aportar a las arcas públicas. Por ahora, tanto Mendoza como San Juan adhirieron en este aspecto al dictado de la Ley Nacional que fija las regalías para las provincias en el 3% del valor del producto en boca de mina.
San Juan va de nuevo contra la Ley de Glaciares
La Provincia va de nuevo contra la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 02/11/2011
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
La Fiscalía de Estado se sumó a otro fallo que declara inconstitucional la ley nacional 26.639.
Hace exactamente un año, el juez federal Miguel Galvez suspendió la aplicación de la Ley Nacional de Glaciares en San Juan, en un fallo de inconstitucionalidad pedido por el gremio minero Aoma y cámaras empresarias, y al que la provincia se sumó como ‘tercero necesario’.
Ahora, la Provincia acaba de volver a hacerse parte de otra causa contra la misma ley -la cuarta en un año-, esta vez promovida por Xstrata Pachón, según anunció ayer el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis. ‘Se trata de una causa de inconstitucionalidad pedida por la minera Xstrata en septiembre pasado.
El juez Leopoldo Rago Gallo dictó la medida cautelar de no innovar a fines de septiembre, y declaró la no aplicabilidad de la Ley Nacional de Glaciares, además de notificar a la provincia de comparecer como tercero necesario. El 28 de octubre pasado me hice parte como fiscal de Estado de San Juan.
Por lo tanto, la provincia ha entrado como tercero necesario en una cuarta causa contra esa ley’, informó ayer De Sanctis. Al intervenir la Provincia, la causa ahora se eleva a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que deberá resolver el tema, igual que en los casos anteriores. Del mismo modo, San Juan insiste con sus argumentos de que la ley nacional avasalla los derechos de la provincia porque no es de presupuestos mínimos sino que se extiende a prohibir actividades en zonas y recursos que son provinciales.
El nuevo fallo de la Justicia Federal, como en los anteriores, deja sin efecto los artículos más polémicos que pueden poner en riesgo la continuidad de la actividad minera: los artículos números 2, 3, 5, 6, 7 y 15 referidos a prohibiciones de realizar determinadas actividades industriales, obras públicas y mineras en ciertas zonas que no han sido delimitadas.
El primer fallo del 2 de noviembre de 2010 (Aoma y otros) emitido por el juez federal Miguel Galvez le siguieron luego otros dos similares para las mineras Barrick y Minera Argentina Gold. Ahora, el actual fue interpuesto por minera Xstrata que busca explotar cobre en la cordillera de Calingasta.
El nuevo fallo fue emitido por el juez Leopoldo Rago Gallo, subrogando a su par Galvez. Un dato significativo es que con el primero de los fallos -el pedido de Aoma y otros- ya se había logrado la suspensión de la ley nacional de glaciares en todo el territorio sanjuanino, lo que hace innecesario al menos judicialmente que se sigan sumando cautelares. ‘Pero cada empresa quiere tener su propio respaldo’, graficó ayer una fuente judicial en off.
Fecha de Publicación: 02/11/2011
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
La Fiscalía de Estado se sumó a otro fallo que declara inconstitucional la ley nacional 26.639.
Hace exactamente un año, el juez federal Miguel Galvez suspendió la aplicación de la Ley Nacional de Glaciares en San Juan, en un fallo de inconstitucionalidad pedido por el gremio minero Aoma y cámaras empresarias, y al que la provincia se sumó como ‘tercero necesario’.
Ahora, la Provincia acaba de volver a hacerse parte de otra causa contra la misma ley -la cuarta en un año-, esta vez promovida por Xstrata Pachón, según anunció ayer el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis. ‘Se trata de una causa de inconstitucionalidad pedida por la minera Xstrata en septiembre pasado.
El juez Leopoldo Rago Gallo dictó la medida cautelar de no innovar a fines de septiembre, y declaró la no aplicabilidad de la Ley Nacional de Glaciares, además de notificar a la provincia de comparecer como tercero necesario. El 28 de octubre pasado me hice parte como fiscal de Estado de San Juan.
Por lo tanto, la provincia ha entrado como tercero necesario en una cuarta causa contra esa ley’, informó ayer De Sanctis. Al intervenir la Provincia, la causa ahora se eleva a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que deberá resolver el tema, igual que en los casos anteriores. Del mismo modo, San Juan insiste con sus argumentos de que la ley nacional avasalla los derechos de la provincia porque no es de presupuestos mínimos sino que se extiende a prohibir actividades en zonas y recursos que son provinciales.
El nuevo fallo de la Justicia Federal, como en los anteriores, deja sin efecto los artículos más polémicos que pueden poner en riesgo la continuidad de la actividad minera: los artículos números 2, 3, 5, 6, 7 y 15 referidos a prohibiciones de realizar determinadas actividades industriales, obras públicas y mineras en ciertas zonas que no han sido delimitadas.
El primer fallo del 2 de noviembre de 2010 (Aoma y otros) emitido por el juez federal Miguel Galvez le siguieron luego otros dos similares para las mineras Barrick y Minera Argentina Gold. Ahora, el actual fue interpuesto por minera Xstrata que busca explotar cobre en la cordillera de Calingasta.
El nuevo fallo fue emitido por el juez Leopoldo Rago Gallo, subrogando a su par Galvez. Un dato significativo es que con el primero de los fallos -el pedido de Aoma y otros- ya se había logrado la suspensión de la ley nacional de glaciares en todo el territorio sanjuanino, lo que hace innecesario al menos judicialmente que se sigan sumando cautelares. ‘Pero cada empresa quiere tener su propio respaldo’, graficó ayer una fuente judicial en off.
Harán estudios sobre el arsenicismo en el agua
Nación y provincias harán estudios sobre el arsenicismo en el agua
Fecha de Publicación: 02/11/2011
Fuente: El Puntal
Provincia/Región: Nacional
La Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación se reunió con las autoridades provinciales interesadas en la problemática del arsenicismo en el agua; oportunidad en que se firmó el convenio marco de colaboración que establece el compromiso de las partes para la realización de “Estudios básicos para el establecimiento de criterios y prioridades sanitarias en cobertura y calidad de agua”.
Las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán participaron en este primer encuentro; y dieron su visión sobre la iniciativa a la que calificaron como de suma importancia para el abordaje de la problemática que tendría que culminar en un Plan Director Provincial de Agua y Saneamiento por parte de cada provincia.
El subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Fabián López, felicitó a los participantes por la voluntad e interés para llevar adelante las tareas correspondientes y les alentó a que “este sea uno de los encuentros de trabajo que nos lleven a la acción concreta en breve”.
Uno de los objetivos de la firma de convenio es fortalecer una política consensuada del sector hídrico con el Ministerio de Salud y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en relación al Código Alimentario Argentino. El ingeniero Lastiri, representante de La Pampa por la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia destacó la política de la Nación por estimular la “primera investigación a nivel país con instrumentos que por medio del Cohife beneficiarán a toda la Argentina”.
Fecha de Publicación: 02/11/2011
Fuente: El Puntal
Provincia/Región: Nacional
La Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación se reunió con las autoridades provinciales interesadas en la problemática del arsenicismo en el agua; oportunidad en que se firmó el convenio marco de colaboración que establece el compromiso de las partes para la realización de “Estudios básicos para el establecimiento de criterios y prioridades sanitarias en cobertura y calidad de agua”.
Las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán participaron en este primer encuentro; y dieron su visión sobre la iniciativa a la que calificaron como de suma importancia para el abordaje de la problemática que tendría que culminar en un Plan Director Provincial de Agua y Saneamiento por parte de cada provincia.
El subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Fabián López, felicitó a los participantes por la voluntad e interés para llevar adelante las tareas correspondientes y les alentó a que “este sea uno de los encuentros de trabajo que nos lleven a la acción concreta en breve”.
Uno de los objetivos de la firma de convenio es fortalecer una política consensuada del sector hídrico con el Ministerio de Salud y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en relación al Código Alimentario Argentino. El ingeniero Lastiri, representante de La Pampa por la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia destacó la política de la Nación por estimular la “primera investigación a nivel país con instrumentos que por medio del Cohife beneficiarán a toda la Argentina”.
Impidieron desmontes en Tucumán
Impidieron desmontes en el interior de Simoca
Fecha de Publicación: 01/11/2011
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
En dos operativos de control realizados por la Dirección de Delitos Rurales y Ecológicos y el Departamento de Control forestal de la provincia, se detectaron dos superficies en Simoca donde se practicaban desmontes sin la correspondiente autorización. Además de labrar actas de infracción, se incautó un tractor utilizado para esta práctica.
En dos operativos de control realizados por la Dirección de Delitos Rurales y Ecológicos y el Departamento de Control forestal de la provincia, se detectaron dos superficies en Simoca donde se practicaban desmontes sin la correspondiente autorización. Además de labrar actas de infracción, se incautó un tractor utilizado para esta práctica.
Uniformados a cargo del cabo José Luis Voss apoyó la tarea de los inspectores Gerardo Torres, Raúl Espinoza y José Juárez Salcedo, en la localidad de Cejas de Aroca, en el interior simoqueño. En una superficie de 45 hectáreas, la delegación fue atendida por un hombre, quien no contaba con la autorización expedida por la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos de la provincia. En consecuencia, se labraron actuaciones por transgresión a la ley 6.292.
En otro paraje de esa población se detectó el desmonte de 25 hectáreas, con quema de especies arbóreas. El encargado tampoco contaba con el permiso para esa labor, por lo que además del acta de infracción le fue incautado un tractor “Zanello”, utilizado para arrancar de raíz los árboles del lugar.
Los procedimientos fueron supervisados por José Luis Salas y Luis Silenio Castaño, directores de Delitos Rurales.
Fecha de Publicación: 01/11/2011
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
En dos operativos de control realizados por la Dirección de Delitos Rurales y Ecológicos y el Departamento de Control forestal de la provincia, se detectaron dos superficies en Simoca donde se practicaban desmontes sin la correspondiente autorización. Además de labrar actas de infracción, se incautó un tractor utilizado para esta práctica.
En dos operativos de control realizados por la Dirección de Delitos Rurales y Ecológicos y el Departamento de Control forestal de la provincia, se detectaron dos superficies en Simoca donde se practicaban desmontes sin la correspondiente autorización. Además de labrar actas de infracción, se incautó un tractor utilizado para esta práctica.
Uniformados a cargo del cabo José Luis Voss apoyó la tarea de los inspectores Gerardo Torres, Raúl Espinoza y José Juárez Salcedo, en la localidad de Cejas de Aroca, en el interior simoqueño. En una superficie de 45 hectáreas, la delegación fue atendida por un hombre, quien no contaba con la autorización expedida por la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos de la provincia. En consecuencia, se labraron actuaciones por transgresión a la ley 6.292.
En otro paraje de esa población se detectó el desmonte de 25 hectáreas, con quema de especies arbóreas. El encargado tampoco contaba con el permiso para esa labor, por lo que además del acta de infracción le fue incautado un tractor “Zanello”, utilizado para arrancar de raíz los árboles del lugar.
Los procedimientos fueron supervisados por José Luis Salas y Luis Silenio Castaño, directores de Delitos Rurales.
Riachuelo: Justicia ordenó forestar y parquizar
Justicia ordenó forestar y parquizar las márgenes del Riachuelo
Fecha de Publicación: 01/11/2011
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Buenos Aires
El juez federal de Quilmas, Luis Armela, ordenó a los estados Nacional, bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires que en cuatro meses presenten un proyecto de forestación y parquización de las márgenes de la cuenca Matanza-Riachuelo.
El magistrado fijó el 1 de marzo próximo como fecha límite para la presentación e incluyó en el requerimiento a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) y a los municipios bonaerenses de Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora.
El juez ordenó que, de manera coordinada, todas esas jurisdicciones elaboren un proyecto integrador para la forestación y parquización, que tenga en cuenta el camino de sirga.
Armella aclaró que "el planeamiento estratégico no sólo debe considerar las cuestiones territoriales, sino que debe explorar la dinámica de los procesos a partir del acabado análisis de las áreas a parquizar y forestar, a través de criterios unificados de investigación".
Armella es el juez encargado de ejecutar la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en julio de 2008, ante la demanda por daños y perjuicios promovida por un grupo de vecinos de la cuenca hídrica.
Las acciones que se implementen "deberán ser proyectadas con el grado de perdurabilidad que la situación socioambiental requiere, y cuyo objetivo no debe ser otro que el respeto por la calidad y dignidad humana de quienes la habitan, procurando la diversidad y perdurabilidad ecológica de la cuenca", acotó el juez.
"No parece ajustado a las exigencias de la CSJN -puntualizó- que las áreas donde deban realizarse las obras de parquizado y forestación sean cubiertas con una cortina de álamos sucesivos, que solo impiden la adecuada visión del río y que atenta con la proyección de convertir a la ribera del Riachuelo en un verdadero lugar de paseo, con alto valor paisajístico".
El juez concluyó que, "como una medida de estricto carácter proambiental", correspondía "exigir a la Acumar que asuma el compromiso ineludible para que sean plantados tres árboles de la misma calidad o mejor, por cada árbol que sea extirpado de la cuenca".
Según Armella los ejecutores de las obras deben tener en cuenta que las mismas ayudarán a la recuperación de la tierra de la cuenca", dándole valor, y como lugar de "visita y recreación", ya que "a futuro seguramente se convertirán en una fuente destacable para el fomento del turismo local e internacional".
Fecha de Publicación: 01/11/2011
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Buenos Aires
El juez federal de Quilmas, Luis Armela, ordenó a los estados Nacional, bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires que en cuatro meses presenten un proyecto de forestación y parquización de las márgenes de la cuenca Matanza-Riachuelo.
El magistrado fijó el 1 de marzo próximo como fecha límite para la presentación e incluyó en el requerimiento a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) y a los municipios bonaerenses de Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora.
El juez ordenó que, de manera coordinada, todas esas jurisdicciones elaboren un proyecto integrador para la forestación y parquización, que tenga en cuenta el camino de sirga.
Armella aclaró que "el planeamiento estratégico no sólo debe considerar las cuestiones territoriales, sino que debe explorar la dinámica de los procesos a partir del acabado análisis de las áreas a parquizar y forestar, a través de criterios unificados de investigación".
Armella es el juez encargado de ejecutar la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en julio de 2008, ante la demanda por daños y perjuicios promovida por un grupo de vecinos de la cuenca hídrica.
Las acciones que se implementen "deberán ser proyectadas con el grado de perdurabilidad que la situación socioambiental requiere, y cuyo objetivo no debe ser otro que el respeto por la calidad y dignidad humana de quienes la habitan, procurando la diversidad y perdurabilidad ecológica de la cuenca", acotó el juez.
"No parece ajustado a las exigencias de la CSJN -puntualizó- que las áreas donde deban realizarse las obras de parquizado y forestación sean cubiertas con una cortina de álamos sucesivos, que solo impiden la adecuada visión del río y que atenta con la proyección de convertir a la ribera del Riachuelo en un verdadero lugar de paseo, con alto valor paisajístico".
El juez concluyó que, "como una medida de estricto carácter proambiental", correspondía "exigir a la Acumar que asuma el compromiso ineludible para que sean plantados tres árboles de la misma calidad o mejor, por cada árbol que sea extirpado de la cuenca".
Según Armella los ejecutores de las obras deben tener en cuenta que las mismas ayudarán a la recuperación de la tierra de la cuenca", dándole valor, y como lugar de "visita y recreación", ya que "a futuro seguramente se convertirán en una fuente destacable para el fomento del turismo local e internacional".
Salta: aniversario del SIPAP
31 de octubre, Aniversario del Sistema provincial de Áreas protegidas
Fecha de Publicación: 31/10/2011
Fuente: Opinión Calificada
Provincia/Región: Salta
El 31 de Octubre de 2000 se promulgaba la Ley Nº: 7107 que establecía la creación del Sistema Provincial de Áreas Protegidas (SIPAP). Transcurrieron ya once años de la instauración de un marco legal, tanto para el conjunto de espacios naturales, seminaturales, y su regulación para la planificación y ejecución de procesos destinados a alcanzar la sustentabilidad en el manejo de los recursos naturales de la Provincia de Salta.
Las Áreas Protegidas son territorios públicos o privados en estado natural o con diferentes grados de intervención, comprendidos dentro de límites bien definidos, que están bajo protección legal, sometidos a manejo especial, con el propósito de alcanzar uno o más objetivos de preservación y/o conservación de los ecosistemas.
Hoy por hoy, Salta cuenta con 18 Áreas Protegidas entre las cuales, existe una privada y otra internacional. Estas áreas representan un 10 % del territorio del territorio provincial con ambientes que varían entre Chaco, Yungas, Puna, Monte y Altoandino. De la totalidad de las Áreas Protegidas un 65% posee ocupación humana y están resguardadas por 21 guardaparques.
Dentro de las áreas hay diversas especies en peligro que se encuentran protegidas, como por ejemplo es el caso del Yaguareté, Ocelote, Vicuña, Cóndor Andino, Ganso del Monte, Quirquincho, Lampalagua , Gato Andino, Jabirú, Flamenco de James, Flamenco Austral, Suri cordillerano, Chinchilla Chica; entre otras. Como así también hay zonas de trabajo prioritarias que son la Reserva de Flora y Fauna Acambuco, Reserva de Flora y Fauna Los Palmares, Reserva Hídrica Finca Las Costas, Reserva Natural Manejada Quebrada de Las Conchas y el Parque Laguna Pintascayo.
Uno de los sitios más destacados a nivel provincial se trata de la Reserva de Biosfera de Las Yungas, creada por el Consejo Internacional de Coordinación del programa del Hombre y la Biosfera MAB (Man and Biosphere) de la UNESCO en 2002. Es un conjunto de ecosistemas terrestres o acuáticos que pueden contribuir al desarrollo sustentable y que son importantes desde el punto de vista de la conservación como de la generación de conocimientos prácticos y de los valores humanos. Tiene una superficie de 854.466 hectáreas en Salta (1.340.000 hectáreas entre Salta y Jujuy), su ambiente es Yungas y en nuestra provincia abarca el Parque Nacional Baritú, la Reserva Nacional El Nogalar y el Parque Provincial Laguna Pintascayo.
En este día, desde el ministerio de Ambiente se desea subrayar la importancia de seguir contando con estos espacios que son referentes de la biodiversidad de la provincia. Ambiente trabaja permanentemente realizando estudios para incorporar nuevas áreas que constituyan ambientes a conservar. Esta gestión, particularmente, hace hincapié en las reservas privadas que se pueden crear consultando en el ministerio de Ambiente, Zuviría 744.
Fecha de Publicación: 31/10/2011
Fuente: Opinión Calificada
Provincia/Región: Salta
El 31 de Octubre de 2000 se promulgaba la Ley Nº: 7107 que establecía la creación del Sistema Provincial de Áreas Protegidas (SIPAP). Transcurrieron ya once años de la instauración de un marco legal, tanto para el conjunto de espacios naturales, seminaturales, y su regulación para la planificación y ejecución de procesos destinados a alcanzar la sustentabilidad en el manejo de los recursos naturales de la Provincia de Salta.
Las Áreas Protegidas son territorios públicos o privados en estado natural o con diferentes grados de intervención, comprendidos dentro de límites bien definidos, que están bajo protección legal, sometidos a manejo especial, con el propósito de alcanzar uno o más objetivos de preservación y/o conservación de los ecosistemas.
Hoy por hoy, Salta cuenta con 18 Áreas Protegidas entre las cuales, existe una privada y otra internacional. Estas áreas representan un 10 % del territorio del territorio provincial con ambientes que varían entre Chaco, Yungas, Puna, Monte y Altoandino. De la totalidad de las Áreas Protegidas un 65% posee ocupación humana y están resguardadas por 21 guardaparques.
Dentro de las áreas hay diversas especies en peligro que se encuentran protegidas, como por ejemplo es el caso del Yaguareté, Ocelote, Vicuña, Cóndor Andino, Ganso del Monte, Quirquincho, Lampalagua , Gato Andino, Jabirú, Flamenco de James, Flamenco Austral, Suri cordillerano, Chinchilla Chica; entre otras. Como así también hay zonas de trabajo prioritarias que son la Reserva de Flora y Fauna Acambuco, Reserva de Flora y Fauna Los Palmares, Reserva Hídrica Finca Las Costas, Reserva Natural Manejada Quebrada de Las Conchas y el Parque Laguna Pintascayo.
Uno de los sitios más destacados a nivel provincial se trata de la Reserva de Biosfera de Las Yungas, creada por el Consejo Internacional de Coordinación del programa del Hombre y la Biosfera MAB (Man and Biosphere) de la UNESCO en 2002. Es un conjunto de ecosistemas terrestres o acuáticos que pueden contribuir al desarrollo sustentable y que son importantes desde el punto de vista de la conservación como de la generación de conocimientos prácticos y de los valores humanos. Tiene una superficie de 854.466 hectáreas en Salta (1.340.000 hectáreas entre Salta y Jujuy), su ambiente es Yungas y en nuestra provincia abarca el Parque Nacional Baritú, la Reserva Nacional El Nogalar y el Parque Provincial Laguna Pintascayo.
En este día, desde el ministerio de Ambiente se desea subrayar la importancia de seguir contando con estos espacios que son referentes de la biodiversidad de la provincia. Ambiente trabaja permanentemente realizando estudios para incorporar nuevas áreas que constituyan ambientes a conservar. Esta gestión, particularmente, hace hincapié en las reservas privadas que se pueden crear consultando en el ministerio de Ambiente, Zuviría 744.
Santa Fe: ministerios reciben a Pueblos Fumigados
Cinco ministerios reciben hoy a Pueblos Fumigados
Fecha de Publicación: 31/10/2011
Fuente: AgenciaFe
Provincia/Región: Santa Fe
El gobierno santafesino, a través del llamado Comité Interministerial de Salud Ambiental que integran cinco carteras, recibirá hoy al movimiento Pueblos Fumigados, que nuclea a agrupaciones de diferentes localidades preocupadas por los efectos del modelo agropecuario basado en transgénicos y que presentará a las autoridades una plataforma de trabajo integral –destinada a las legislaciones locales y la provincial– sobre la fumigación de cultivos con agroquímicos.
La reunión fue solicitada por las agrupaciones, pero el organismo interministerial ya viene actuando en el tema, aclararon desde la provincia, “como en los casos de relocalización de depósitos de agroquímicos fuera de los ejidos urbanos, la prohibición del uso de fosfina y de la de fumigar las banquinas”. Lo que los vecinos de varias localidades plantearán como uno de sus ejes es la prohibición de fumigar a menos de 800 metros de cualquier centro urbano, a tono con el fallo de la justicia para el caso de un barrio de la ciudad de San Jorge. También propondrán que el gobierno provincial fomente la agroecología en todo el territorio del distrito, profundice los estudios sobre posible contaminación de aire y agua y cree un registro de intoxicación humana.
Tras la reunión con senadores provinciales por la presentación del proyecto del socialista Juan Carlos Zabalza para modificar, en el sentido de mayor precaución, la actual ley de fitosanitarios que regula la aplicación de agroquímicos, ocurrida en septiembre, Pueblos Fumigados –movimiento que integra a 70 delegados en 50 localidades de la provincia– solicitó al comité interministerial el pronunciamiento sobre su campaña “Paren de fumigarnos”. La cita finalmente fue concedida, y será esta tarde a las 16 en la sede capitalina del Ministerio de Salud. Allí los vecinos serán recibidos por los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti; de Salud, Miguel Ángel Cappiello; de Producción, Juan José Bertero; de Aguas y Medio ambiente, Antonio Ciancio, y de Trabajo, Carlos Rodríguez. Esta formación de las carteras en comité fue resultado del decreto 815 del año pasado, que responde a la ley 11.273 de Productos Fitosanitarios y a su modificatoria, la 11.354.
Las expectativas por parte de las organizaciones ambientalistas es alta, a partir del histórico fallo de la Justicia santafesina que a principios de año elevó la distancia mínima de fumigación respecto del ejido urbano en San Jorge, e instaló por primera vez a nivel nacional el principio precautorio sobre la potencialidad de los daños de agroquímicos (no hace falta una comprobación irrefutable, basta con que haya dudas fundadas sobre riesgos). “Queremos consensuar con los distintas autoridades –la problemática tiene numerosas ramificaciones– una plataforma de trabajo transversal para el gobierno santafesino. La intención es que sirva de norma para las legislaciones locales y la provincial”, contó a El Ciudadano Eduardo Rossi, que integra el movimiento.
Entre los bastiones de acción propuestos por Pueblos Fumigados se destacan la prohibición de fumigación a menos de 800 metros del llamado “límite agronómico cero” que debe fijar cada localidad, el fomento a la agroecología (cultivos bajo normas de protección del medio ambiente en las afueras de los poblados), y una intensificación de los controles sobre aire y agua en el territorio santafesino. “Un punto muy importante es la creación del registro de intoxicación –fruto de la resolución 276 del Ministerio de Salud de la nación a la que la provincia debe adherir– por la que se crea un programa en cada localidad para diagnósticos”, agregó Rossi.
Otro de los puntos de la plataforma es el pedido a la provincia para que dé curso a la resolución 147 de la Defensoría del Pueblo nacional del año pasado, sobre el cambio en la forma en que se clasifican los agroquímicos. En rigor, sin embargo, se trata de una potestad de la Nación, a través del Senasa que es el organismo encargado de determinar la peligrosidad de herbicidas, pesticidas y plaguicidas. Hoy esto se realiza mediante el método conocido como Dosis Letal 50 (DL50), que mide sólo los efectos inmediatos y mortales de los productos, pero no indaga sobre las consecuencias de las exposiciones crónicas –las que sufren los habitantes cercanos a los campos o los trabajadores que manipulan los tóxicos– ni los daños subletales, como malformaciones o enfermedades respiratorias y oncológicas. Tampoco, insisten quienes exigen el cambio, la metodología tiene en cuenta el uso real de los químicos, que no se da en forma aislada como se estudian, sino en mezclas cuyos efectos se desconocen.
Consultado sobre el proyecto de Zabalza, que en la actualidad está en estudio en la comisión de Agricultura de la Legislatura santafesina, desde Pueblos Fumigados reconocieron que “es un avance”, aunque destacaron que sus esperanzas en cuanto a restricciones estatales a fumigación son mayores. “Ese proyecto es superador pero aún falta avanzar mucho en materia de salud”, opinó Rossi.
Fecha de Publicación: 31/10/2011
Fuente: AgenciaFe
Provincia/Región: Santa Fe
El gobierno santafesino, a través del llamado Comité Interministerial de Salud Ambiental que integran cinco carteras, recibirá hoy al movimiento Pueblos Fumigados, que nuclea a agrupaciones de diferentes localidades preocupadas por los efectos del modelo agropecuario basado en transgénicos y que presentará a las autoridades una plataforma de trabajo integral –destinada a las legislaciones locales y la provincial– sobre la fumigación de cultivos con agroquímicos.
La reunión fue solicitada por las agrupaciones, pero el organismo interministerial ya viene actuando en el tema, aclararon desde la provincia, “como en los casos de relocalización de depósitos de agroquímicos fuera de los ejidos urbanos, la prohibición del uso de fosfina y de la de fumigar las banquinas”. Lo que los vecinos de varias localidades plantearán como uno de sus ejes es la prohibición de fumigar a menos de 800 metros de cualquier centro urbano, a tono con el fallo de la justicia para el caso de un barrio de la ciudad de San Jorge. También propondrán que el gobierno provincial fomente la agroecología en todo el territorio del distrito, profundice los estudios sobre posible contaminación de aire y agua y cree un registro de intoxicación humana.
Tras la reunión con senadores provinciales por la presentación del proyecto del socialista Juan Carlos Zabalza para modificar, en el sentido de mayor precaución, la actual ley de fitosanitarios que regula la aplicación de agroquímicos, ocurrida en septiembre, Pueblos Fumigados –movimiento que integra a 70 delegados en 50 localidades de la provincia– solicitó al comité interministerial el pronunciamiento sobre su campaña “Paren de fumigarnos”. La cita finalmente fue concedida, y será esta tarde a las 16 en la sede capitalina del Ministerio de Salud. Allí los vecinos serán recibidos por los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti; de Salud, Miguel Ángel Cappiello; de Producción, Juan José Bertero; de Aguas y Medio ambiente, Antonio Ciancio, y de Trabajo, Carlos Rodríguez. Esta formación de las carteras en comité fue resultado del decreto 815 del año pasado, que responde a la ley 11.273 de Productos Fitosanitarios y a su modificatoria, la 11.354.
Las expectativas por parte de las organizaciones ambientalistas es alta, a partir del histórico fallo de la Justicia santafesina que a principios de año elevó la distancia mínima de fumigación respecto del ejido urbano en San Jorge, e instaló por primera vez a nivel nacional el principio precautorio sobre la potencialidad de los daños de agroquímicos (no hace falta una comprobación irrefutable, basta con que haya dudas fundadas sobre riesgos). “Queremos consensuar con los distintas autoridades –la problemática tiene numerosas ramificaciones– una plataforma de trabajo transversal para el gobierno santafesino. La intención es que sirva de norma para las legislaciones locales y la provincial”, contó a El Ciudadano Eduardo Rossi, que integra el movimiento.
Entre los bastiones de acción propuestos por Pueblos Fumigados se destacan la prohibición de fumigación a menos de 800 metros del llamado “límite agronómico cero” que debe fijar cada localidad, el fomento a la agroecología (cultivos bajo normas de protección del medio ambiente en las afueras de los poblados), y una intensificación de los controles sobre aire y agua en el territorio santafesino. “Un punto muy importante es la creación del registro de intoxicación –fruto de la resolución 276 del Ministerio de Salud de la nación a la que la provincia debe adherir– por la que se crea un programa en cada localidad para diagnósticos”, agregó Rossi.
Otro de los puntos de la plataforma es el pedido a la provincia para que dé curso a la resolución 147 de la Defensoría del Pueblo nacional del año pasado, sobre el cambio en la forma en que se clasifican los agroquímicos. En rigor, sin embargo, se trata de una potestad de la Nación, a través del Senasa que es el organismo encargado de determinar la peligrosidad de herbicidas, pesticidas y plaguicidas. Hoy esto se realiza mediante el método conocido como Dosis Letal 50 (DL50), que mide sólo los efectos inmediatos y mortales de los productos, pero no indaga sobre las consecuencias de las exposiciones crónicas –las que sufren los habitantes cercanos a los campos o los trabajadores que manipulan los tóxicos– ni los daños subletales, como malformaciones o enfermedades respiratorias y oncológicas. Tampoco, insisten quienes exigen el cambio, la metodología tiene en cuenta el uso real de los químicos, que no se da en forma aislada como se estudian, sino en mezclas cuyos efectos se desconocen.
Consultado sobre el proyecto de Zabalza, que en la actualidad está en estudio en la comisión de Agricultura de la Legislatura santafesina, desde Pueblos Fumigados reconocieron que “es un avance”, aunque destacaron que sus esperanzas en cuanto a restricciones estatales a fumigación son mayores. “Ese proyecto es superador pero aún falta avanzar mucho en materia de salud”, opinó Rossi.
Relocalizan familias que viven frente al Riachuelo
Relocalizan familias que viven frente al Riachuelo
Fecha de Publicación: 30/10/2011
Fuente: lanoticia1
Provincia/Región: Buenos Aires
Son habitantes de los barrios Mi Esperanza, Don Juan, El Mosquito, Los Ceibos y La Saladita. Serán reubicados el predio La Bastilla de Rafael Castillo, en el Municipio que gestiona Espinoza. Lo decidió la Autoridad de aplicación de la Cuenca Matanza Riacchuelo y también trasladarán a familias porteñas.
La Acumar comenzó a llevar adelante el proceso exigido por el Juez Federal de Quilmes Luis Armella, que había determinado que 180 familias de La Matanza sean relocalizadas para cumplir con el Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza - Riachuelo.
Los vecinos de los barrios Mi Esperanza, Don Juan, El Mosquito, Los Ceibos y La Saladita están siendo trasladados al predio La Bastilla de Rafael Castillo.
Al mismo tiempo, 32 familias del barrio porteño de Pompeya serán relocalizados en Flores, para continuar con el proceso de limpieza de la cuenca exigida por la Corte Suprema hace tres años.
La relocalización de los asentamientos linderos al Riachuelo forma parte de la decisión judicial que determinaba "la erradicación total y definitiva de todas las viviendas precarias que se encuentren sobre el talud del río y la zona de restricción establecida como camino de sirga".
Fecha de Publicación: 30/10/2011
Fuente: lanoticia1
Provincia/Región: Buenos Aires
Son habitantes de los barrios Mi Esperanza, Don Juan, El Mosquito, Los Ceibos y La Saladita. Serán reubicados el predio La Bastilla de Rafael Castillo, en el Municipio que gestiona Espinoza. Lo decidió la Autoridad de aplicación de la Cuenca Matanza Riacchuelo y también trasladarán a familias porteñas.
La Acumar comenzó a llevar adelante el proceso exigido por el Juez Federal de Quilmes Luis Armella, que había determinado que 180 familias de La Matanza sean relocalizadas para cumplir con el Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza - Riachuelo.
Los vecinos de los barrios Mi Esperanza, Don Juan, El Mosquito, Los Ceibos y La Saladita están siendo trasladados al predio La Bastilla de Rafael Castillo.
Al mismo tiempo, 32 familias del barrio porteño de Pompeya serán relocalizados en Flores, para continuar con el proceso de limpieza de la cuenca exigida por la Corte Suprema hace tres años.
La relocalización de los asentamientos linderos al Riachuelo forma parte de la decisión judicial que determinaba "la erradicación total y definitiva de todas las viviendas precarias que se encuentren sobre el talud del río y la zona de restricción establecida como camino de sirga".
Famatina: 1.270 firmas contra la minería
Minería: juntan 1.270 firmas
Fecha de Publicación: 30/10/2011
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: La Rioja
Pobladores de la localidad riojana de Famatina presentaron al Gobierno provincial un documento avalado por 1.270 firmas, que representan el 25 por ciento del electorado local, en repudio a un convenio con una empresa de minería canadiense para la región.
Los manifestantes elevaron al gobierno del kirchnerista Luis Herrera un escrito, rubricado por escribano público, en el que advirtieron que en Famatina ‘no le otorgamos licencia social‘ a la megaminería. Un total de 1.270 ciudadanos de Famatina, un departamento que cuenta con 4.700 electores en padrón, firmó el documento en repudio al convenio firmado con la empresa canadiense Osisko Mining Corp para la búsqueda y extracción de oro, entre otros metales de los cerros de la región.
El documento también denunció que el acuerdo con la minera canadiense pone ‘en riesgo el agua sólo para beneficiar a un pequeño grupo de empresarios mineros extranjeros y nacionales‘.
Los firmantes del documento señalaron que lo responsabilizaban al ‘gobernador por las represalias que sin duda ya habrán dictado contra nuestro pueblo, como consecuencia de la decisión de resistir la política minera que pretenden imponernos‘. ‘No le otorgamos licencia social a ningún emprendimiento minero que se pretenda instalar en nuestro territorio, porque el (cerro) Famatina no se toca‘, remarcaron los pobladores. En las últimas elecciones, sufrieron reveses electorales Famatina y Chilecito, las dos ciudades más movilizadas contra la minería.
Fecha de Publicación: 30/10/2011
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: La Rioja
Pobladores de la localidad riojana de Famatina presentaron al Gobierno provincial un documento avalado por 1.270 firmas, que representan el 25 por ciento del electorado local, en repudio a un convenio con una empresa de minería canadiense para la región.
Los manifestantes elevaron al gobierno del kirchnerista Luis Herrera un escrito, rubricado por escribano público, en el que advirtieron que en Famatina ‘no le otorgamos licencia social‘ a la megaminería. Un total de 1.270 ciudadanos de Famatina, un departamento que cuenta con 4.700 electores en padrón, firmó el documento en repudio al convenio firmado con la empresa canadiense Osisko Mining Corp para la búsqueda y extracción de oro, entre otros metales de los cerros de la región.
El documento también denunció que el acuerdo con la minera canadiense pone ‘en riesgo el agua sólo para beneficiar a un pequeño grupo de empresarios mineros extranjeros y nacionales‘.
Los firmantes del documento señalaron que lo responsabilizaban al ‘gobernador por las represalias que sin duda ya habrán dictado contra nuestro pueblo, como consecuencia de la decisión de resistir la política minera que pretenden imponernos‘. ‘No le otorgamos licencia social a ningún emprendimiento minero que se pretenda instalar en nuestro territorio, porque el (cerro) Famatina no se toca‘, remarcaron los pobladores. En las últimas elecciones, sufrieron reveses electorales Famatina y Chilecito, las dos ciudades más movilizadas contra la minería.
El Gobierno congeló la ley de glaciares
El Gobierno congeló la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 29/10/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El segundo veto, el silencioso, fue más efectivo. Mientras las empresas mineras bloquean judicialmente la aplicación de la ley de glaciares, la Casa Rosada no cumplió los plazos para realizar el inventario que debía identificar las reservas estratégicas de agua en la Cordillera, para preservarlas. A un año de su promulgación, los objetivos principales de la ley, vetada por la Presidenta pero votada dos veces por el Congreso, continúan siendo letra muerta.
De hecho, la norma ordenaba completar antes de marzo el relevamiento de glaciares en las zonas donde se encuentran los megaemprendimientos mineros (que utilizan cianuro para separar el metal de la roca). El inventario no sólo no comenzó, sino que el titular del equipo técnico encargado de la tarea reconoció que los glaciares de las "provincias conflictivas" serán los últimos en ser relevados.
Para entonces, denuncian los ambientalistas, los emprendimientos mineros contaminarán o harán desaparecer los glaciares en peligro.
Los 18 artículos de la ley 26.639 desataron un feroz debate legislativo. Votada por unanimidad en noviembre de 2008, la norma impulsada por el diputado Miguel Bonasso fue objeto del primer veto total de Cristina Kirchner (el segundo fue para el 82% móvil a los jubilados), que consideró "excesivo" prohibir la actividad minera y petrolera en los glaciares.
El debate posterior estuvo marcado por las denuncias de organizaciones ambientalistas sobre los nexos entre las compañías mineras y funcionarios del Gobierno. En particular, los encuentros que la Presidenta mantuvo -antes y después del veto- con los máximos ejecutivos de la canadiense Barrick Gold, que explota en San Juan los yacimientos de Veladero y Pascua Lama.
Con el apoyo del senador kirchnerista Daniel Filmus, la norma volvió a ser aprobada por el Congreso -esta vez dividido- en septiembre del año pasado.
El texto prohíbe las actividades contaminantes en los cuerpos de agua y hielo -y sus zonas aledañas- y establece que el Inventario Nacional de Glaciares debe ser realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), que depende del Conicet.
El muestreo
A su vez, obligaba a Ianiglia a comenzar en noviembre de 2010 el muestreo en las zonas donde existen actividades que pudieran ser contaminantes. El inventario de esas regiones, según la norma, debía presentarse en un plazo de 180 días, es decir, para el 30 de marzo de este año. Nada de eso ocurrió.
Desde su sanción, de hecho, la ley enfrentó la indiferencia glaciar de la Casa Rosada, que ni siquiera la promulgó: al cumplirse el plazo legal, el 28 de octubre de 2010, quedó promulgada de hecho.
La reglamentación debió esperar otros cuatro meses. Al presentarla, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, fue cualquier cosa menos contundente: sostuvo que en un año se iban a tener "algunas definiciones" respecto del análisis "que se empiece a hacer" y que "a los cincos años" se iba a contar con "alguna definición específica de lo que es el inventario".
Cuando se reglamentó la ley, en febrero, la Presidenta anunció en Olivos la entrega de 3.402.900 pesos para Ianiglia. Según pudo comprobar LA NACION, los fondos tardaron ocho meses más en llegar al instituto. De continuar las demoras podría perderse otro verano, la única época en que se puede hacer el relevamiento en la alta montaña.
Fuentes del sector minero, por su parte, dejaron en claro que la ley no afectó "en nada" sus proyectos. "No existen operaciones sobre los glaciares y la región periglaciar no fue definida en la reglamentación", argumentaron. Desde la Secretaría de Ambiente, a cargo de Juan José Mussi, no respondieron las llamadas de LA NACION.
"La demora implica una violación explícita de la ley. Lo que hace el Gobierno es mantener el saqueo y el veto de la Barrick", sostuvo otra de las impulsoras de la ley, la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica).
Tras aclarar que el equipo de científicos de Ianiglia no es parte del conflicto político y que el compromiso del instituto es "establecer cuál es el área a proteger", su director, Ricardo Villalba, reveló a LA NACION: "No puedo a enviar a mis técnicos a donde son personas no gratas", en relación con las provincias mineras que rechazan la ley. En los yacimientos, por convenios estatales, las fuerzas de seguridad reciben su sueldo de las mineras. "Los lugares conflictivos deberán esperar", completó Villalba.
"Si siguen las demoras, cuando suban a la montaña, no van a encontrar nada", señaló el sanjuanino Carlos González, titular de la organización ambiental Inti Chuteh, que denuncia que las perforaciones (cateos) de las mineras en la montaña están funcionando como chimeneas que calientan y drenan los hielos cordilleranos.
"Ianiglia debe ir primero a los lugares en riesgo y Villalba debe hacer públicas las condiciones precarias en las que se hace el inventario", agregó Bonasso. "Que el relevamiento no haya empezado es complicidad de Cristina Kirchner", completó.
Sin ese inventario no se pueden establecer las actividades prohibidas, ni controlar las que se encuentren en ejecución. En otras palabras, sin ese inventario, el veto presidencial sigue vigente.
La ley y la realidad
P.-¿Qué dice la ley 26.639?
R.- La norma prohíbe la liberación de elementos contaminantes y la exploración minera e hidrocarburífera en los glaciares y periglaciares; ordena realizar un inventario de glaciares completo cada cinco años, y obligaba a que, antes del 30 de marzo de este año, se relevaran las zonas prioritarias, donde existen emprendimientos industriales.
P.- ¿Qué sucede en la realidad?
R.- El inventario nunca comenzó y, por las demoras en la entrega de fondos y equipos por parte del Gobierno, se corre riesgo de que tampoco comience este verano (la única época en que se puede trabajar en la montaña). Por otra parte, las empresas y gremios mineros consiguieron una medida cautelar en la justicia de San Juan, que se encuentra desde hace meses en estudio de la Corte Suprema.
P.- ¿Por qué es importante identificar los glaciares?
R.- Son reservas estratégicas de agua dulce (contienen el 75% del cúmulo mundial), indicadores del cambio climático e íconos naturales. San Juan presentó un inventario provincial en 2010 que sólo incluye los glaciares descubiertos (no así los cubiertos y los de escombros). Con fondos provinciales, Ianiglia relevó la cuenca del río Mendoza..
Fecha de Publicación: 29/10/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El segundo veto, el silencioso, fue más efectivo. Mientras las empresas mineras bloquean judicialmente la aplicación de la ley de glaciares, la Casa Rosada no cumplió los plazos para realizar el inventario que debía identificar las reservas estratégicas de agua en la Cordillera, para preservarlas. A un año de su promulgación, los objetivos principales de la ley, vetada por la Presidenta pero votada dos veces por el Congreso, continúan siendo letra muerta.
De hecho, la norma ordenaba completar antes de marzo el relevamiento de glaciares en las zonas donde se encuentran los megaemprendimientos mineros (que utilizan cianuro para separar el metal de la roca). El inventario no sólo no comenzó, sino que el titular del equipo técnico encargado de la tarea reconoció que los glaciares de las "provincias conflictivas" serán los últimos en ser relevados.
Para entonces, denuncian los ambientalistas, los emprendimientos mineros contaminarán o harán desaparecer los glaciares en peligro.
Los 18 artículos de la ley 26.639 desataron un feroz debate legislativo. Votada por unanimidad en noviembre de 2008, la norma impulsada por el diputado Miguel Bonasso fue objeto del primer veto total de Cristina Kirchner (el segundo fue para el 82% móvil a los jubilados), que consideró "excesivo" prohibir la actividad minera y petrolera en los glaciares.
El debate posterior estuvo marcado por las denuncias de organizaciones ambientalistas sobre los nexos entre las compañías mineras y funcionarios del Gobierno. En particular, los encuentros que la Presidenta mantuvo -antes y después del veto- con los máximos ejecutivos de la canadiense Barrick Gold, que explota en San Juan los yacimientos de Veladero y Pascua Lama.
Con el apoyo del senador kirchnerista Daniel Filmus, la norma volvió a ser aprobada por el Congreso -esta vez dividido- en septiembre del año pasado.
El texto prohíbe las actividades contaminantes en los cuerpos de agua y hielo -y sus zonas aledañas- y establece que el Inventario Nacional de Glaciares debe ser realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), que depende del Conicet.
El muestreo
A su vez, obligaba a Ianiglia a comenzar en noviembre de 2010 el muestreo en las zonas donde existen actividades que pudieran ser contaminantes. El inventario de esas regiones, según la norma, debía presentarse en un plazo de 180 días, es decir, para el 30 de marzo de este año. Nada de eso ocurrió.
Desde su sanción, de hecho, la ley enfrentó la indiferencia glaciar de la Casa Rosada, que ni siquiera la promulgó: al cumplirse el plazo legal, el 28 de octubre de 2010, quedó promulgada de hecho.
La reglamentación debió esperar otros cuatro meses. Al presentarla, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, fue cualquier cosa menos contundente: sostuvo que en un año se iban a tener "algunas definiciones" respecto del análisis "que se empiece a hacer" y que "a los cincos años" se iba a contar con "alguna definición específica de lo que es el inventario".
Cuando se reglamentó la ley, en febrero, la Presidenta anunció en Olivos la entrega de 3.402.900 pesos para Ianiglia. Según pudo comprobar LA NACION, los fondos tardaron ocho meses más en llegar al instituto. De continuar las demoras podría perderse otro verano, la única época en que se puede hacer el relevamiento en la alta montaña.
Fuentes del sector minero, por su parte, dejaron en claro que la ley no afectó "en nada" sus proyectos. "No existen operaciones sobre los glaciares y la región periglaciar no fue definida en la reglamentación", argumentaron. Desde la Secretaría de Ambiente, a cargo de Juan José Mussi, no respondieron las llamadas de LA NACION.
"La demora implica una violación explícita de la ley. Lo que hace el Gobierno es mantener el saqueo y el veto de la Barrick", sostuvo otra de las impulsoras de la ley, la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica).
Tras aclarar que el equipo de científicos de Ianiglia no es parte del conflicto político y que el compromiso del instituto es "establecer cuál es el área a proteger", su director, Ricardo Villalba, reveló a LA NACION: "No puedo a enviar a mis técnicos a donde son personas no gratas", en relación con las provincias mineras que rechazan la ley. En los yacimientos, por convenios estatales, las fuerzas de seguridad reciben su sueldo de las mineras. "Los lugares conflictivos deberán esperar", completó Villalba.
"Si siguen las demoras, cuando suban a la montaña, no van a encontrar nada", señaló el sanjuanino Carlos González, titular de la organización ambiental Inti Chuteh, que denuncia que las perforaciones (cateos) de las mineras en la montaña están funcionando como chimeneas que calientan y drenan los hielos cordilleranos.
"Ianiglia debe ir primero a los lugares en riesgo y Villalba debe hacer públicas las condiciones precarias en las que se hace el inventario", agregó Bonasso. "Que el relevamiento no haya empezado es complicidad de Cristina Kirchner", completó.
Sin ese inventario no se pueden establecer las actividades prohibidas, ni controlar las que se encuentren en ejecución. En otras palabras, sin ese inventario, el veto presidencial sigue vigente.
La ley y la realidad
P.-¿Qué dice la ley 26.639?
R.- La norma prohíbe la liberación de elementos contaminantes y la exploración minera e hidrocarburífera en los glaciares y periglaciares; ordena realizar un inventario de glaciares completo cada cinco años, y obligaba a que, antes del 30 de marzo de este año, se relevaran las zonas prioritarias, donde existen emprendimientos industriales.
P.- ¿Qué sucede en la realidad?
R.- El inventario nunca comenzó y, por las demoras en la entrega de fondos y equipos por parte del Gobierno, se corre riesgo de que tampoco comience este verano (la única época en que se puede trabajar en la montaña). Por otra parte, las empresas y gremios mineros consiguieron una medida cautelar en la justicia de San Juan, que se encuentra desde hace meses en estudio de la Corte Suprema.
P.- ¿Por qué es importante identificar los glaciares?
R.- Son reservas estratégicas de agua dulce (contienen el 75% del cúmulo mundial), indicadores del cambio climático e íconos naturales. San Juan presentó un inventario provincial en 2010 que sólo incluye los glaciares descubiertos (no así los cubiertos y los de escombros). Con fondos provinciales, Ianiglia relevó la cuenca del río Mendoza..
Nueva reunión del Comité de Cuenca Salí- Dulce
Se realizo una nueva reunión del Comité de Cuenca Salí- Dulce en Tucumán
Fecha de Publicación: 28/10/2011
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Durante la mañana de hoy se realizó una nueva reunión para analizar las acciones que realiza el gob. de Tucumán para solucionar el problema de los desechos contaminantes.
Durante la mañana de hoy, miembros del Comité de Cuenca Salí –Dulce participaron de una reunión llevada a cabo en la sede del Ministerio de Desarrollo Productivo, en la Casa de Gobierno de la Provincia de Tucumán.
En representación de la provincia, participó el Ing. Juan José Targa, Director de Medioambiente de Santiago del Estero, acompañado por asesores y profesionales. También estuvo presente Alfredo Montalbán, Secretario de Medioambiente de Tucumán, el Ing. Jorge Casenbauer, Ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán, Nora Martínez, Subsecretaria de Desarrollo y Ambiente de Catamarca, y demás delegados de diversos organismos nacionales.
Durante la reunión denominada “La mesa de la Vinaza” diversos ingenios radicados en la vecina provincia expusieron acerca de las pruebas piloto que se están realizando en cuanto al tratamiento de la vinaza en las industrias.
Además, el encuentro tuvo como eje de discusión las alternativas para solucionar el tema de la vinaza. Por un lado, algunos profesionales propusieron la construcción de vinazoductos como obra pública para que la vinaza no desemboque en los ríos sino en zonas salinas que no sean productivas.
Por otro lado, otros especialistas aconsejaron revalorizar y reutilizar la vinaza para la fertilización de las tierras, algo que demandará una fuerte inversión.
Visita del Gobernador Alperovich
Mientras se desarrollaba la reunión, llegó el Gobernador de la Provincia de Tucumán, José Alperovich, acompañado por el Ministro de Salud de la Nación, Dr. Juan Manzur.
El gobernador dialogó unos instantes con los funcionarios reunidos y garantizó el interés del gobierno provincial en trabajar para solucionar la problemática de la contaminación.
Fecha de Publicación: 28/10/2011
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Durante la mañana de hoy se realizó una nueva reunión para analizar las acciones que realiza el gob. de Tucumán para solucionar el problema de los desechos contaminantes.
Durante la mañana de hoy, miembros del Comité de Cuenca Salí –Dulce participaron de una reunión llevada a cabo en la sede del Ministerio de Desarrollo Productivo, en la Casa de Gobierno de la Provincia de Tucumán.
En representación de la provincia, participó el Ing. Juan José Targa, Director de Medioambiente de Santiago del Estero, acompañado por asesores y profesionales. También estuvo presente Alfredo Montalbán, Secretario de Medioambiente de Tucumán, el Ing. Jorge Casenbauer, Ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán, Nora Martínez, Subsecretaria de Desarrollo y Ambiente de Catamarca, y demás delegados de diversos organismos nacionales.
Durante la reunión denominada “La mesa de la Vinaza” diversos ingenios radicados en la vecina provincia expusieron acerca de las pruebas piloto que se están realizando en cuanto al tratamiento de la vinaza en las industrias.
Además, el encuentro tuvo como eje de discusión las alternativas para solucionar el tema de la vinaza. Por un lado, algunos profesionales propusieron la construcción de vinazoductos como obra pública para que la vinaza no desemboque en los ríos sino en zonas salinas que no sean productivas.
Por otro lado, otros especialistas aconsejaron revalorizar y reutilizar la vinaza para la fertilización de las tierras, algo que demandará una fuerte inversión.
Visita del Gobernador Alperovich
Mientras se desarrollaba la reunión, llegó el Gobernador de la Provincia de Tucumán, José Alperovich, acompañado por el Ministro de Salud de la Nación, Dr. Juan Manzur.
El gobernador dialogó unos instantes con los funcionarios reunidos y garantizó el interés del gobierno provincial en trabajar para solucionar la problemática de la contaminación.
Río Negro: desmonte de 6800 ha para sembrar
Estudio de impacto ambiental por desmonte de 6.800 hectáreas para plan productivo
Fecha de Publicación: 28/10/2011
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
El Gobierno rionegrino aprobó –a través del Consejo de Ecología y Medio Ambiente- el estudio de impacto ambiental correspondiente al proyecto de riego de aproximadamente 10.000 hectáreas del establecimiento rural “El Cerro”, ubicado sobre la margen norte del río Negro en el Departamento General Conesa, presentado por la empresa El Cerro SA. En dos años desmontarán 6.800 hectáreas.
Se estableció que para garantizar la protección del medio ambiente, minimizar la erosión y la voladura de suelos y conservar la biodiversidad y el banco genético del área para el redoblamiento con especies nativas, se exige que las instalaciones de los
equipos de pivot y de las cañerías que abastecen de agua se realicen inmediatamente de efectuado el desmonte para obtener “una rápida coberturavegetal para protección edáfica”.
Donde sea posible, se recomienda instalar la base del equipo de riego y desmontar solo la superficie bajo el dominio del mismo. En todos los espacios no afectados directamente al proyecto (servidumbre, caminos o dominio de los pivots deberá respetarse la vegetación natural, así como en el borde de la ruta provincial Nº 53, para evitar voladuras, polvo en suspensión y erosión eólica.
Un expediente presentado ante el CODEMA tramitó el estudio de impacto ambiental correspondiente al proyecto que contempla la sistematización necesaria para poner en producción con riego presurizado una superficie aproximada de 10.000 hectáreas.
El proyecto está localizado aproximadamente a 20 kilómetros río arriba de la localidad de Guardia Mitre y a poco más de 100 kilómetros de Viedma. En ese lugar, el establecimiento “El Cerro” tiene una superficie de 18.500 ha, con 15 kilómetros de costa de río.
La Asesoría Letrada del organismo manifestó que “se han cumplimentado los recaudos legales exigidos por la Ley M Nº 3.266, de impacto ambiental, y normativa reglamentaria” y se constató que el consultor ambiental Humberto Colombo se encuentra inscripto en el Registro de Consultores Ambientales de la Provincia, cumplimentando lo establecido por la resolución Nº 028/04 y lo que prescribe la Ley M Nº 3266.
Según CODEMA, un dictamen efectuó “un exhaustivo análisis del estudio presentado. Detalla las etapas de desarrollo del proyecto, haciendo saber que en el año uno de la primera fase del proyecto se colocarán 10 equipos de pivot central en la zona del valle cercana a la ribera del río Negro, donde se implantará alfalfa. La captación se hará directamente del río Negro.
Se realizarán también labores de limpieza y restauración de unas 2.400 hectáreas de superficie de valle, en las cuales se colocarán 30 equipos de riego con pivot central. Allí se sembrarán cereales de invierno.
El dictamen puntualiza también que “se realizará el menor movimiento de suelos posible a los efectos de aprovechar los horizontes de mayor aprovechamiento productivo, evitando exponer superficies con exceso de sales, que dificulten la recuperación de los suelos.
En el segundo año se implantará maíz para grano en los 30 equipos de riego instalados en el año uno, posterior a la cebada, pero también se realizarán tareas de limpieza y desmonte de una superficie aproximada de 6.800 hectáreas, donde se colocarán otros 85 equipos de pivot central, con captación de agua de perforación, “siempre y cuando la calidad y cantidad así lo permita”.
En esa superficie se implantarán cereales, que servirán para preparar el suelo previo a la implantación de alfalfa. Se prevé un plan de rotación de cultivos que comprenda cuatro años de alfalfa y un año de maíz para grano; “El método de riego (pivot central) fue decidido en función del conocimiento, experiencias anteriores de la empresa en la zona, considerando que la misma se adapta muy bien a la utilización del riego presurizado. La disponibilidad, origen, captación y caudales de agua necesarios para el proyecto se encuentra tramitando mediante expediente Nº 126368-IGR-2011 del Departamento Provincial de Aguas. La aprobación queda supeditada al otorgamiento definitivo de la autorización del uso de agua pública”, consigna la documentación a la cual accedió ADN.
Se analizaron también los impactos ambientales del proyecto, destacando que “las metodologías de riego por aspersión y por goteo en sus variadas formas y configuraciones permiten superar los problemas de topografía, tipo de suelo y permiten mejor control sobre la cantidad, la uniformidad y la frecuencia de riego, en particular en las condiciones de terrenos ondulados y/o suelos arenosos. Los impactos negativos del proyecto, como ser erosión, planchado y salinización disminuyen con estas tecnologías de riego”.
El dictamen técnico sugiere la aprobación del estudio, debiendo exigir como condicionantes que para garantizar la protección del ambiente, minimizar la erosión y la voladura de suelos y conservar la biodiversidad y el banco genético del área, para el repoblamiento de especies nativas, se realice la instalación de los equipos de pivot y de las cañerías que abastecen de agua a los mismos inmediatamente después de realizado el desmonte. “Ello tiende a asegurar una rápida cobertura vegetal para protección edáfica”, agrega.
Obra también en el expediente la disposición Nº 127/11 de la Dirección de Bosques del Ministerio de la Producción, por medio de la cual se otorgó la autorización al titular del emprendimiento a realizar las tareas de desmonte de 5.340 hectáreas del establecimiento “El Cerro”. El mencionado acto administrativo supedita la autorización a la aprobación del estudio de impacto ambiental y al otorgamiento definitivo de la autorización de uso de agua pública que debe otorgar el Departamento Provincial de Aguas.
Fecha de Publicación: 28/10/2011
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
El Gobierno rionegrino aprobó –a través del Consejo de Ecología y Medio Ambiente- el estudio de impacto ambiental correspondiente al proyecto de riego de aproximadamente 10.000 hectáreas del establecimiento rural “El Cerro”, ubicado sobre la margen norte del río Negro en el Departamento General Conesa, presentado por la empresa El Cerro SA. En dos años desmontarán 6.800 hectáreas.
Se estableció que para garantizar la protección del medio ambiente, minimizar la erosión y la voladura de suelos y conservar la biodiversidad y el banco genético del área para el redoblamiento con especies nativas, se exige que las instalaciones de los
equipos de pivot y de las cañerías que abastecen de agua se realicen inmediatamente de efectuado el desmonte para obtener “una rápida coberturavegetal para protección edáfica”.
Donde sea posible, se recomienda instalar la base del equipo de riego y desmontar solo la superficie bajo el dominio del mismo. En todos los espacios no afectados directamente al proyecto (servidumbre, caminos o dominio de los pivots deberá respetarse la vegetación natural, así como en el borde de la ruta provincial Nº 53, para evitar voladuras, polvo en suspensión y erosión eólica.
Un expediente presentado ante el CODEMA tramitó el estudio de impacto ambiental correspondiente al proyecto que contempla la sistematización necesaria para poner en producción con riego presurizado una superficie aproximada de 10.000 hectáreas.
El proyecto está localizado aproximadamente a 20 kilómetros río arriba de la localidad de Guardia Mitre y a poco más de 100 kilómetros de Viedma. En ese lugar, el establecimiento “El Cerro” tiene una superficie de 18.500 ha, con 15 kilómetros de costa de río.
La Asesoría Letrada del organismo manifestó que “se han cumplimentado los recaudos legales exigidos por la Ley M Nº 3.266, de impacto ambiental, y normativa reglamentaria” y se constató que el consultor ambiental Humberto Colombo se encuentra inscripto en el Registro de Consultores Ambientales de la Provincia, cumplimentando lo establecido por la resolución Nº 028/04 y lo que prescribe la Ley M Nº 3266.
Según CODEMA, un dictamen efectuó “un exhaustivo análisis del estudio presentado. Detalla las etapas de desarrollo del proyecto, haciendo saber que en el año uno de la primera fase del proyecto se colocarán 10 equipos de pivot central en la zona del valle cercana a la ribera del río Negro, donde se implantará alfalfa. La captación se hará directamente del río Negro.
Se realizarán también labores de limpieza y restauración de unas 2.400 hectáreas de superficie de valle, en las cuales se colocarán 30 equipos de riego con pivot central. Allí se sembrarán cereales de invierno.
El dictamen puntualiza también que “se realizará el menor movimiento de suelos posible a los efectos de aprovechar los horizontes de mayor aprovechamiento productivo, evitando exponer superficies con exceso de sales, que dificulten la recuperación de los suelos.
En el segundo año se implantará maíz para grano en los 30 equipos de riego instalados en el año uno, posterior a la cebada, pero también se realizarán tareas de limpieza y desmonte de una superficie aproximada de 6.800 hectáreas, donde se colocarán otros 85 equipos de pivot central, con captación de agua de perforación, “siempre y cuando la calidad y cantidad así lo permita”.
En esa superficie se implantarán cereales, que servirán para preparar el suelo previo a la implantación de alfalfa. Se prevé un plan de rotación de cultivos que comprenda cuatro años de alfalfa y un año de maíz para grano; “El método de riego (pivot central) fue decidido en función del conocimiento, experiencias anteriores de la empresa en la zona, considerando que la misma se adapta muy bien a la utilización del riego presurizado. La disponibilidad, origen, captación y caudales de agua necesarios para el proyecto se encuentra tramitando mediante expediente Nº 126368-IGR-2011 del Departamento Provincial de Aguas. La aprobación queda supeditada al otorgamiento definitivo de la autorización del uso de agua pública”, consigna la documentación a la cual accedió ADN.
Se analizaron también los impactos ambientales del proyecto, destacando que “las metodologías de riego por aspersión y por goteo en sus variadas formas y configuraciones permiten superar los problemas de topografía, tipo de suelo y permiten mejor control sobre la cantidad, la uniformidad y la frecuencia de riego, en particular en las condiciones de terrenos ondulados y/o suelos arenosos. Los impactos negativos del proyecto, como ser erosión, planchado y salinización disminuyen con estas tecnologías de riego”.
El dictamen técnico sugiere la aprobación del estudio, debiendo exigir como condicionantes que para garantizar la protección del ambiente, minimizar la erosión y la voladura de suelos y conservar la biodiversidad y el banco genético del área, para el repoblamiento de especies nativas, se realice la instalación de los equipos de pivot y de las cañerías que abastecen de agua a los mismos inmediatamente después de realizado el desmonte. “Ello tiende a asegurar una rápida cobertura vegetal para protección edáfica”, agrega.
Obra también en el expediente la disposición Nº 127/11 de la Dirección de Bosques del Ministerio de la Producción, por medio de la cual se otorgó la autorización al titular del emprendimiento a realizar las tareas de desmonte de 5.340 hectáreas del establecimiento “El Cerro”. El mencionado acto administrativo supedita la autorización a la aprobación del estudio de impacto ambiental y al otorgamiento definitivo de la autorización de uso de agua pública que debe otorgar el Departamento Provincial de Aguas.
Plan de Gestión en la Reserva Olaroz Cauchari
Firmaron convenio para estudiar y ejecutar un Plan de Gestión en la Reserva Olaroz Cauchari
Fecha de Publicación: 27/10/2011
Fuente: El Libertario
Provincia/Región: Jujuy
Representantes de la Dirección de Políticas Ambientales y Recursos Naturales y la Dirección de Minería y Recursos Energéticos de Jujuy, junto al referente de la empresa Sales de Jujuy, formalizaron la firma de un convenio marco de colaboración para establecer acciones de estudio y ejecutar un plan de gestión en la Reserva de Olaroz Cauchari.
Participaron de la rúbrica, el director de Minería y Recursos Energéticos de Jujuy, Martín Sánchez, el director de Políticas Ambientales y Recursos Naturales de Jujuy, Raúl Ibarra y el gerente general de la empresa Sales de Jujuy, José De Castro Alem.
El convenio tiene por objeto concretar un trabajo en conjunto para el estudio del área de la Reserva de Olaroz Cauchari y establecer una revisión y ampliación de la línea base, en una primera etapa. A su vez, se mostrará el estado ambiental, social y económico del área en cuestión, y posteriormente la elaboración y ejecución de un Plan de Gestión de la Reserva.
En relación al convenio, José De Castro, destacó el valor del contenido del documento de las partes firmantes para la protección de la Reserva Olaroz Cauchari, creada por Ley en el año 1981 y transmitió la celebración por el trabajo en conjunto entre organismos público y privado y especialmente, por el compromiso único en el Noroeste del país, que asume el sector minero. “La firma del convenio demuestra la sinergia que pueden lograr ambos sectores y que nuestra propuesta, estudiada y mejorada por los organismos provinciales, no estaba equivocada”, expresó De Castro
Señaló que el trabajo será inmediato para ampliar y estudiar la línea base de la reserva para el conocimiento en detalles del ecosistema, la interacción con las comunidades y el estado económico para ejecutar, luego, un Plan de Gestión de la Reserva. En el mismo sentido, agregó que se pondrá a disposición gran parte de la logística que posee la empresa radicada hace cinco años en la región para la producción de carbonato de litio.
Para la aplicación del convenio, se creará una Comisión de Coordinación, integrada por cada una de las partes y una Unidad Técnica para el desarrollo de las tareas necesarias para el cumplimiento del objetivo planteado.
Finalmente, José De Castro enfatizó que todas las reparticiones del Estado, empresas u organizaciones del medio quedan invitadas a adherir al presente convenio, formalizado en instalaciones de la empresa en la capital jujeña.
Fecha de Publicación: 27/10/2011
Fuente: El Libertario
Provincia/Región: Jujuy
Representantes de la Dirección de Políticas Ambientales y Recursos Naturales y la Dirección de Minería y Recursos Energéticos de Jujuy, junto al referente de la empresa Sales de Jujuy, formalizaron la firma de un convenio marco de colaboración para establecer acciones de estudio y ejecutar un plan de gestión en la Reserva de Olaroz Cauchari.
Participaron de la rúbrica, el director de Minería y Recursos Energéticos de Jujuy, Martín Sánchez, el director de Políticas Ambientales y Recursos Naturales de Jujuy, Raúl Ibarra y el gerente general de la empresa Sales de Jujuy, José De Castro Alem.
El convenio tiene por objeto concretar un trabajo en conjunto para el estudio del área de la Reserva de Olaroz Cauchari y establecer una revisión y ampliación de la línea base, en una primera etapa. A su vez, se mostrará el estado ambiental, social y económico del área en cuestión, y posteriormente la elaboración y ejecución de un Plan de Gestión de la Reserva.
En relación al convenio, José De Castro, destacó el valor del contenido del documento de las partes firmantes para la protección de la Reserva Olaroz Cauchari, creada por Ley en el año 1981 y transmitió la celebración por el trabajo en conjunto entre organismos público y privado y especialmente, por el compromiso único en el Noroeste del país, que asume el sector minero. “La firma del convenio demuestra la sinergia que pueden lograr ambos sectores y que nuestra propuesta, estudiada y mejorada por los organismos provinciales, no estaba equivocada”, expresó De Castro
Señaló que el trabajo será inmediato para ampliar y estudiar la línea base de la reserva para el conocimiento en detalles del ecosistema, la interacción con las comunidades y el estado económico para ejecutar, luego, un Plan de Gestión de la Reserva. En el mismo sentido, agregó que se pondrá a disposición gran parte de la logística que posee la empresa radicada hace cinco años en la región para la producción de carbonato de litio.
Para la aplicación del convenio, se creará una Comisión de Coordinación, integrada por cada una de las partes y una Unidad Técnica para el desarrollo de las tareas necesarias para el cumplimiento del objetivo planteado.
Finalmente, José De Castro enfatizó que todas las reparticiones del Estado, empresas u organizaciones del medio quedan invitadas a adherir al presente convenio, formalizado en instalaciones de la empresa en la capital jujeña.
Neuquén: Aval al proyecto de ley de bosques
Aval para el proyecto de ley de bosques
Fecha de Publicación: 27/10/2011
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El proyecto de ley de ordenamiento territorial de bosques nativos -que garantiza a través de fondos de Nación su conservación- consiguió ayer despacho de la Comisión de Medio Ambiente de la Legislatura y podría tratarse en la sesión del jueves próximo.
La diputada del MPN Graciela Muñiz Saavedra destacó la aprobación por unanimidad del proyecto que, según explicó, promueve la conservación y el uso sustentable del bosque nativo mediante el ordenamiento territorial del mismo. Comentó que todos los bloques participaron de la discusión y que finalmente luego de hacer algunos cambios al proyecto le dieron despacho.
“Se respetó mucho lo que venía del Ejecutivo, la creación de las dos subcategorías de bosques ya que de esta manera se respeta mucho la característica del bosque nativo local”, comentó la diputada, quien agregó: “Además se remarcó el respeto a la autonomía municipal, ante cualquier cambio de plan o manejo de aprovechamiento del bosque tiene que pasar primero por todas las instancias municipales”.
Cada comuna tendrá que hacerse cargo de las normas locales necesarias para llevar adelante esta ley provincial que se sustenta en la Ley nacional Nº 26.331.
Neuquén tiene 1.200.000 hectáreas de bosques nativos, y a partir de esta ley se asignará presupuesto y mecanismos para protegerlos y conservarlos. Del total que tiene la provincia, 530 mil están bajo la administración provincial y el resto por Parques Nacionales.
Muñiz Saavedra dijo que el presupuesto se divide en un 70% para compensar a los propietarios, arrendatarios y usufructuarios de las tierras con bosques nativos, y el 30% para mantener el monitoreo de las zonas llevado adelante por la autoridad de aplicación provincial. El diputado Rodolfo Canini explicó que los propietarios deberán presentar proyectos para confirmar los fondos y agregó que “habrá que estar atento al momento de aplicación de la ley”.
Fecha de Publicación: 27/10/2011
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El proyecto de ley de ordenamiento territorial de bosques nativos -que garantiza a través de fondos de Nación su conservación- consiguió ayer despacho de la Comisión de Medio Ambiente de la Legislatura y podría tratarse en la sesión del jueves próximo.
La diputada del MPN Graciela Muñiz Saavedra destacó la aprobación por unanimidad del proyecto que, según explicó, promueve la conservación y el uso sustentable del bosque nativo mediante el ordenamiento territorial del mismo. Comentó que todos los bloques participaron de la discusión y que finalmente luego de hacer algunos cambios al proyecto le dieron despacho.
“Se respetó mucho lo que venía del Ejecutivo, la creación de las dos subcategorías de bosques ya que de esta manera se respeta mucho la característica del bosque nativo local”, comentó la diputada, quien agregó: “Además se remarcó el respeto a la autonomía municipal, ante cualquier cambio de plan o manejo de aprovechamiento del bosque tiene que pasar primero por todas las instancias municipales”.
Cada comuna tendrá que hacerse cargo de las normas locales necesarias para llevar adelante esta ley provincial que se sustenta en la Ley nacional Nº 26.331.
Neuquén tiene 1.200.000 hectáreas de bosques nativos, y a partir de esta ley se asignará presupuesto y mecanismos para protegerlos y conservarlos. Del total que tiene la provincia, 530 mil están bajo la administración provincial y el resto por Parques Nacionales.
Muñiz Saavedra dijo que el presupuesto se divide en un 70% para compensar a los propietarios, arrendatarios y usufructuarios de las tierras con bosques nativos, y el 30% para mantener el monitoreo de las zonas llevado adelante por la autoridad de aplicación provincial. El diputado Rodolfo Canini explicó que los propietarios deberán presentar proyectos para confirmar los fondos y agregó que “habrá que estar atento al momento de aplicación de la ley”.
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