Impulsan modelo de incentivos a la conservación
23:44 | 
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Casos piloto para estudiar incentivos a la conservación de ecosistemas
Fecha de Publicación: 21/09/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Como una forma de compatibilizar conservación y producción, se presentó el Proyecto “Incentivos para la conservación de servicios ecosistémicos de importancia global”
Proyecto “Incentivos para la conservación de servicios ecosistémicos de importancia global” que cuenta con la secretaría de Ambiente y el INTA como Agencias implementadoras, Los Programas de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Medio Ambiente (PNUD y PNUMA) como encargados de la ejecución y con un financiamiento de USD 2.905.000 otorgado por el Fondo del Medio Ambiente Mundial (GEF en inglés).
La presentación del proyecto, que tiene como objetivo testear sí los mecanismos de pago por servicios ecosistémicos pueden ayudar a reducir los impactos por el uso extensivo de los recursos naturales, fue encabezada en representación del Secretario de Ambiente, Dr. Juan José Mussi, por la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la cartera ambiental, Dra. Silvia Révora, que es a su vez Directora Nacional del programa. Révora se mostró satisfecha al destacar que el mismo “implica una alta participación ciudadana. Se va a trabajar con comités locales, con la participación de productores y con todos los actores que quieran participar” e invitó a las ONGs a que se integren. “Esperamos que esta metodología se convierta en una Política de Estado, ese es el desafío”, agregó la funcionaria.
En ese mismo sentido, el Ing. Daniel Tomasini, en representación de PNUD y PNUMA, ratificó que es un “proyecto fuertemente innovador, que estamos llevando a la realidad. El producto no va a ser una entelequia sino una producción de los locales”.
Por su parte, el vicepresidente del INTA, Ing. Luis Basterra, expresó que este programa consiste en “ponerle magnitudes al compromiso que debemos tener con el ambiente”, en una visión que “integra desarrollo y preservación” y que demuestra que “ambiente y producción no se oponen sino que generan una sinergia”.
Tendrán una importante participación los gobiernos provinciales de Chaco, Formosa, Jujuy y Entre Ríos, en cuyas jurisdicciones se instalarán sitios piloto, abarcando diferentes ecosistemas y realidades productivas, los cuales funcionarán como demostradores a campo de los diferentes esquemas de pago ensayados.
Se entiende como servicios ecosistémicos a aquellos beneficios que se obtienen de los ecosistemas. El mecanismo de Pago por Servicios Ecosistémicos busca ofrecer un incentivo a los usuarios de la tierra para que eviten degradarlos y protejan los servicios que brindan.
Tal como explicó José Gobi, el coordinador técnico del proyecto, “los impactos sobre la provisión de los servicios ecosistémicos han sido ignorados por los tomadores de de decisiones económicas”. Se refirió a los incentivos como “un nuevo mecanismo de intervención en que los beneficiarios compensan a los proveedores por los servicios ecosistémicos a cambio de que se los sigan proveyendo”
Los sitios piloto se encuentran en Chaco, en el Centro Oeste de la Provincia, área comprendida entre Juan José Castelli, Pampa del Infierno y Parque Provincial Las Pirámides (150.000 Ha); en Formosa, Área de Ibarreta, Departamento de Patiño (150.000 Ha); en EntreRrios, Aldea Santa María (15.000 Ha); y en Jujuy, Cuenca Perico Manantiales (130.000 Ha).
Durante el acto estuvieron presentes los representantes de las provincias participantes: por Jujuy, Héctor Nuñez; por Chaco, el Ing. Miguel Brunswig, subsecretario de Recursos Naturales; por Entre Ríos el Dr. Claudio Vicente Ledesma, subsecretario de Planificación del Desarrollo y la Producción; por Formosa el Dr. Raul Omar Quintana, Ministro de la Producción y Ambiente.
Al finalizar el encuentro se procedió a la firma del acta de constitución del comité.
Fecha de Publicación: 21/09/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Como una forma de compatibilizar conservación y producción, se presentó el Proyecto “Incentivos para la conservación de servicios ecosistémicos de importancia global”
Proyecto “Incentivos para la conservación de servicios ecosistémicos de importancia global” que cuenta con la secretaría de Ambiente y el INTA como Agencias implementadoras, Los Programas de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Medio Ambiente (PNUD y PNUMA) como encargados de la ejecución y con un financiamiento de USD 2.905.000 otorgado por el Fondo del Medio Ambiente Mundial (GEF en inglés).
La presentación del proyecto, que tiene como objetivo testear sí los mecanismos de pago por servicios ecosistémicos pueden ayudar a reducir los impactos por el uso extensivo de los recursos naturales, fue encabezada en representación del Secretario de Ambiente, Dr. Juan José Mussi, por la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la cartera ambiental, Dra. Silvia Révora, que es a su vez Directora Nacional del programa. Révora se mostró satisfecha al destacar que el mismo “implica una alta participación ciudadana. Se va a trabajar con comités locales, con la participación de productores y con todos los actores que quieran participar” e invitó a las ONGs a que se integren. “Esperamos que esta metodología se convierta en una Política de Estado, ese es el desafío”, agregó la funcionaria.
En ese mismo sentido, el Ing. Daniel Tomasini, en representación de PNUD y PNUMA, ratificó que es un “proyecto fuertemente innovador, que estamos llevando a la realidad. El producto no va a ser una entelequia sino una producción de los locales”.
Por su parte, el vicepresidente del INTA, Ing. Luis Basterra, expresó que este programa consiste en “ponerle magnitudes al compromiso que debemos tener con el ambiente”, en una visión que “integra desarrollo y preservación” y que demuestra que “ambiente y producción no se oponen sino que generan una sinergia”.
Tendrán una importante participación los gobiernos provinciales de Chaco, Formosa, Jujuy y Entre Ríos, en cuyas jurisdicciones se instalarán sitios piloto, abarcando diferentes ecosistemas y realidades productivas, los cuales funcionarán como demostradores a campo de los diferentes esquemas de pago ensayados.
Se entiende como servicios ecosistémicos a aquellos beneficios que se obtienen de los ecosistemas. El mecanismo de Pago por Servicios Ecosistémicos busca ofrecer un incentivo a los usuarios de la tierra para que eviten degradarlos y protejan los servicios que brindan.
Tal como explicó José Gobi, el coordinador técnico del proyecto, “los impactos sobre la provisión de los servicios ecosistémicos han sido ignorados por los tomadores de de decisiones económicas”. Se refirió a los incentivos como “un nuevo mecanismo de intervención en que los beneficiarios compensan a los proveedores por los servicios ecosistémicos a cambio de que se los sigan proveyendo”
Los sitios piloto se encuentran en Chaco, en el Centro Oeste de la Provincia, área comprendida entre Juan José Castelli, Pampa del Infierno y Parque Provincial Las Pirámides (150.000 Ha); en Formosa, Área de Ibarreta, Departamento de Patiño (150.000 Ha); en EntreRrios, Aldea Santa María (15.000 Ha); y en Jujuy, Cuenca Perico Manantiales (130.000 Ha).
Durante el acto estuvieron presentes los representantes de las provincias participantes: por Jujuy, Héctor Nuñez; por Chaco, el Ing. Miguel Brunswig, subsecretario de Recursos Naturales; por Entre Ríos el Dr. Claudio Vicente Ledesma, subsecretario de Planificación del Desarrollo y la Producción; por Formosa el Dr. Raul Omar Quintana, Ministro de la Producción y Ambiente.
Al finalizar el encuentro se procedió a la firma del acta de constitución del comité.
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Ingresan por tercera vez a la planta de Botnia
El comité científico ingresó por tercera vez a la planta de Botnia
Fecha de Publicación: 20/09/2011
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Nacional
El comité científico binacional que lleva adelante el monitoreo integral del río Uruguay ingresó ayer a las 9:00 al predio de la ex Botnia (UPM) en Fray Bentos y hoy recogerá muestras de agua en la desembocadura del río Gualeguaychú con el Uruguay.
El comité científico ingresó por tercera vez a la planta de Botnia
Los científicos regresaron a UPM en medio de una pulseada entre las delegaciones de argentina y Uruguay que se dirime en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru), por la falta de oficialización y divulgación de los resultados de los análisis tomados en junio pasado.
La polémica está centrada en la decisión unilateral de Uruguay de autorizar horas antes del ingreso del Comité Científico a Botnia, a emitir los efluentes al río pasando de 30 grados a 37 grados.
Para la delegación argentina eso constituye una nueva violación (sería la número once) del Estatuto del Río Uruguay y lo sostienen con tres argumentaciones:
1) El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya ordenó a la Caru a hacer el monitoreo y vigilancia ambiental. Cualquier modificación al sistema industrial de Botnia, debe notificarse primero a la Caru para su aprobación.
2) Para la Caru, los efluentes que se vuelcan al río no deben ser superiores a la temperatura ambiente de las aguas.
3) El propio Estatuto del Río Uruguay (redactado en la década del ´70) sostiene que ninguna legislación de ambos países puede disminuir las exigencias ambientales.
Como en la Caru las delegaciones no se ponen de acuerdo, es muy probable que este conflicto vuelva al seno de los cancilleres para que lo resuelvan.
Fecha de Publicación: 20/09/2011
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Nacional
El comité científico binacional que lleva adelante el monitoreo integral del río Uruguay ingresó ayer a las 9:00 al predio de la ex Botnia (UPM) en Fray Bentos y hoy recogerá muestras de agua en la desembocadura del río Gualeguaychú con el Uruguay.
El comité científico ingresó por tercera vez a la planta de Botnia
Los científicos regresaron a UPM en medio de una pulseada entre las delegaciones de argentina y Uruguay que se dirime en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru), por la falta de oficialización y divulgación de los resultados de los análisis tomados en junio pasado.
La polémica está centrada en la decisión unilateral de Uruguay de autorizar horas antes del ingreso del Comité Científico a Botnia, a emitir los efluentes al río pasando de 30 grados a 37 grados.
Para la delegación argentina eso constituye una nueva violación (sería la número once) del Estatuto del Río Uruguay y lo sostienen con tres argumentaciones:
1) El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya ordenó a la Caru a hacer el monitoreo y vigilancia ambiental. Cualquier modificación al sistema industrial de Botnia, debe notificarse primero a la Caru para su aprobación.
2) Para la Caru, los efluentes que se vuelcan al río no deben ser superiores a la temperatura ambiente de las aguas.
3) El propio Estatuto del Río Uruguay (redactado en la década del ´70) sostiene que ninguna legislación de ambos países puede disminuir las exigencias ambientales.
Como en la Caru las delegaciones no se ponen de acuerdo, es muy probable que este conflicto vuelva al seno de los cancilleres para que lo resuelvan.
Las empresas, frente a la limpieza del Riachuelo
Las empresas, frente a la limpieza del Riachuelo
Fecha de Publicación: 20/09/2011
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
Las políticas de “cero vertido” de sustancias peligrosas, adoptadas por grandes empresas, son un paso clave para el saneamiento de la cuenca.
Tiene sentido pensar que si alguien compra una cartera sofisticada o un par de zapatos de moda lo hace por distintos motivos, entre los cuales nunca estará contribuir con la contaminación ambiental. Sin embargo, en muchas oportunidades es lo que sucede a espaldas de los consumidores.
El sector industrial es uno de los principales responsables del grave estado de emergencia ambiental de la cuenca Matanza Riachuelo. A causa del uso de sustancias químicas peligrosas, la contaminación de origen industrial es la más dañina para la salud de la población de la cuenca.
Es posible recomponer el ambiente de la cuenca, pero para lograrlo son necesarias dos cuestiones. La primera, que el Gobierno defina metas progresivas de reducción de la contaminación con el fin de llegar a “cero vertido” de sustancias tóxicas; y la segunda, que el sector industrial comprenda su rol clave en el saneamiento del Riachuelo.
Hablar de la responsabilidad del sector industrial se refiere también a las grandes empresas que ya no cuentan con fábricas propias, sino que operan con proveedores y distribuidores para elaborar y vender los artículos que llevan sus marcas. Al tercerizar su producción en las regiones donde las legislaciones son más flexibles, y no existen controles sobre sustancias peligrosas, transfieren los costos sociales y ambientales que provocan el uso de estas sustancias.
Los ambientalistas luchamos por políticas en reducción de residuos peligrosos en las regiones donde existen normativas débiles, y trabajamos para enfocar las campañas en las grandes corporaciones que no tienen en cuenta en sus políticas la eliminación de las sustancias contaminantes. Es necesario que asuman la responsabilidad de sus productos, no únicamente como un bien comercializable, sino considerando todo su ciclo de vida.
A la fecha, hubo logros importantísimo en el sector corporativo. Adidas, Nike y Puma fueron las primeras en adoptar públicamente políticas de “cero vertido” de sustancias peligrosas a lo largo de toda su cadena de proveedores para el año 2020. En el mismo sentido, se expuso recientemente la vinculación entre grandes marcas de la indumentaria de nuestro país con las curtiembres del Riachuelo, uno de los sectores más contaminantes de la cuenca, que se ha rehusado sistemáticamente a reconvertir su proceso.
Como resultado, Grimoldi y Sarkany son las primeras empresas en reclamar a sus curtiembres proveedoras cero contaminación. Se trata de un paso fundamental en el proceso de saneamiento, un ejemplo que el resto del sector industrial y corporativo debe replicar para logra de una vez por todas eliminar la contaminación de origen industrial.
Fecha de Publicación: 20/09/2011
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
Las políticas de “cero vertido” de sustancias peligrosas, adoptadas por grandes empresas, son un paso clave para el saneamiento de la cuenca.
Tiene sentido pensar que si alguien compra una cartera sofisticada o un par de zapatos de moda lo hace por distintos motivos, entre los cuales nunca estará contribuir con la contaminación ambiental. Sin embargo, en muchas oportunidades es lo que sucede a espaldas de los consumidores.
El sector industrial es uno de los principales responsables del grave estado de emergencia ambiental de la cuenca Matanza Riachuelo. A causa del uso de sustancias químicas peligrosas, la contaminación de origen industrial es la más dañina para la salud de la población de la cuenca.
Es posible recomponer el ambiente de la cuenca, pero para lograrlo son necesarias dos cuestiones. La primera, que el Gobierno defina metas progresivas de reducción de la contaminación con el fin de llegar a “cero vertido” de sustancias tóxicas; y la segunda, que el sector industrial comprenda su rol clave en el saneamiento del Riachuelo.
Hablar de la responsabilidad del sector industrial se refiere también a las grandes empresas que ya no cuentan con fábricas propias, sino que operan con proveedores y distribuidores para elaborar y vender los artículos que llevan sus marcas. Al tercerizar su producción en las regiones donde las legislaciones son más flexibles, y no existen controles sobre sustancias peligrosas, transfieren los costos sociales y ambientales que provocan el uso de estas sustancias.
Los ambientalistas luchamos por políticas en reducción de residuos peligrosos en las regiones donde existen normativas débiles, y trabajamos para enfocar las campañas en las grandes corporaciones que no tienen en cuenta en sus políticas la eliminación de las sustancias contaminantes. Es necesario que asuman la responsabilidad de sus productos, no únicamente como un bien comercializable, sino considerando todo su ciclo de vida.
A la fecha, hubo logros importantísimo en el sector corporativo. Adidas, Nike y Puma fueron las primeras en adoptar públicamente políticas de “cero vertido” de sustancias peligrosas a lo largo de toda su cadena de proveedores para el año 2020. En el mismo sentido, se expuso recientemente la vinculación entre grandes marcas de la indumentaria de nuestro país con las curtiembres del Riachuelo, uno de los sectores más contaminantes de la cuenca, que se ha rehusado sistemáticamente a reconvertir su proceso.
Como resultado, Grimoldi y Sarkany son las primeras empresas en reclamar a sus curtiembres proveedoras cero contaminación. Se trata de un paso fundamental en el proceso de saneamiento, un ejemplo que el resto del sector industrial y corporativo debe replicar para logra de una vez por todas eliminar la contaminación de origen industrial.
Catamarca son lugar para tratar los peligrosos
Las fábricas no tienen dónde tirar los residuos industriales y peligrosos
Fecha de Publicación: 19/09/2011
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Por una disposición de la Secretaría del Ambiente, la Municipalidad ya no los reciben en la Planta de Tratamiento.
El humo que se produce en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, que la Municipalidad de la Capital posee en El Pantanillo, causa serios daños en la salud de los vecinos que viven en la zona. Además de estropear plantas y animales de localidades del departamento Capayán.
El fuego en el vertedero se origina por diversos factores, pero el hecho de que no se pueda apagar con rapidez se debería a los residuos peligrosos e industriales que la Planta recibe y que no está en condiciones de tratar. Por esta situación, la Secretaría de Ambiente de la Provincia notificó al Municipio para que se abstenga de recibir esos desechos.
Por esta determinación oficial, surge otro problema, ¿Dónde se tiran los residuos peligrosos e industriales?
Por el momento, las fábricas están acumulando esos desechos en sus predios, pero necesitan poder deshacerse de ellos. Al respecto el secretario de Obras Públicas de la municipalidad, Marcelo Mari, señaló que "no vamos recibir hasta tanto la Secretaría del Ambiente nos sepa precisar cuáles son industriales y cuáles peligrosos y nos habilite a almacenarlos". Es que la Planta estaría en condiciones de recibir esos residuos, pero no de tratarlos.
Como posible solución, el Municipio había identificado una empresa en la localidad de Recreo, que se encarga del tratamiento de este tipo de residuos. La comuna propuso que se instale en El Pantanillo, pero hasta el momento la Secretaría del Ambiente no la habilitó.
Por su parte el presidente de la entidad que agrupa a los industriales locales, Raúl Colombo, dijo: "Creo que una solución va a haber. Pero se tendría que haber buscado una solución antes". Colombo también aseguro que las empresas están acumulando los residuos y que no van a tirarlos en cualquier parte. En su momento la comuna había tomado la decisión de recibir los desechos, porque los encontraba tirados a la vera del río del Valle.
Ante este panorama, hoy habrá una reunión entre el ministro de Producción, Juan José Bellón, la secretaria del Ambiente, Nora Martínez, y Marcelo Mari, en la que se decidirán los pasos a seguir.
Fecha de Publicación: 19/09/2011
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Por una disposición de la Secretaría del Ambiente, la Municipalidad ya no los reciben en la Planta de Tratamiento.
El humo que se produce en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, que la Municipalidad de la Capital posee en El Pantanillo, causa serios daños en la salud de los vecinos que viven en la zona. Además de estropear plantas y animales de localidades del departamento Capayán.
El fuego en el vertedero se origina por diversos factores, pero el hecho de que no se pueda apagar con rapidez se debería a los residuos peligrosos e industriales que la Planta recibe y que no está en condiciones de tratar. Por esta situación, la Secretaría de Ambiente de la Provincia notificó al Municipio para que se abstenga de recibir esos desechos.
Por esta determinación oficial, surge otro problema, ¿Dónde se tiran los residuos peligrosos e industriales?
Por el momento, las fábricas están acumulando esos desechos en sus predios, pero necesitan poder deshacerse de ellos. Al respecto el secretario de Obras Públicas de la municipalidad, Marcelo Mari, señaló que "no vamos recibir hasta tanto la Secretaría del Ambiente nos sepa precisar cuáles son industriales y cuáles peligrosos y nos habilite a almacenarlos". Es que la Planta estaría en condiciones de recibir esos residuos, pero no de tratarlos.
Como posible solución, el Municipio había identificado una empresa en la localidad de Recreo, que se encarga del tratamiento de este tipo de residuos. La comuna propuso que se instale en El Pantanillo, pero hasta el momento la Secretaría del Ambiente no la habilitó.
Por su parte el presidente de la entidad que agrupa a los industriales locales, Raúl Colombo, dijo: "Creo que una solución va a haber. Pero se tendría que haber buscado una solución antes". Colombo también aseguro que las empresas están acumulando los residuos y que no van a tirarlos en cualquier parte. En su momento la comuna había tomado la decisión de recibir los desechos, porque los encontraba tirados a la vera del río del Valle.
Ante este panorama, hoy habrá una reunión entre el ministro de Producción, Juan José Bellón, la secretaria del Ambiente, Nora Martínez, y Marcelo Mari, en la que se decidirán los pasos a seguir.
Plaguicidas en el río, pero no hay que preocuparse...
Hay plaguicidas en el río, pero dicen que no hay riesgo para personas ni cultivos
Fecha de Publicación: 19/09/2011
Fuente: ADN Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
En el tramo intermedio del río Negro (Alto Valle) se han detectado plaguicidas de uso agrícola en forma esporádica y en concentraciones que no implican riesgo para la salud humana, cultivos ni vida acuática.
En los casos que hubo detección, solo fueron halladas “trazas” de compuestos más utilizados en el control fitosanitario en la región durante la época de aplicación de los elementos.
De ese modo, un informe oficial de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro explica los alcances de un estudio del plan de monitoreo de agroquímicos en la región.
Según el documento, elaborado en julio pero difundido recién este mes, los drenajes agrícolas presentan residuos de plaguicidas en mayor número y concentración que los ríos, debido principalmente -según se consigna en el texto- a que están más expuestos a recibir los residuos de los agroquímicos aplicados en las áreas que drenan y que, en muchos casos, son cuerpos receptores hídricos de efluentes industriales.
Los objetivos del plan de monitoreo de agroquímicos apuntan a determinar la presencia de residuos de agroquímicos en diversos componentes del ecosistema fluvial de los ríos Limay, Neuquén y Negro y evaluar la calidad del agua para abastecimiento humano y riego.
Desde el año 2004 se realizan muestreos estacionales focalizados durante el ciclo productivo de la actividad agrícola (época de máxima aplicación: octubre-abril) y entre julio y agosto en las principales áreas agrícolas de la cuenca (Alto Valle, Valle Medio y Valle Inferior).
Se han establecido 36 estaciones de control localizados en los tres ríos (captaciones para abastecimiento humano y riego) y desagües (receptores de los excedentes de agua de riego).
“Los resultados hallados han sido muy similares a lo largo de estos años, encontrándose que los plaguicidas de uso agrícola fueron detectados en los ríos en forma esporádica, en concentraciones que no implican un riesgo para la salud y cultivos ni para el desarrollo de la vida acuática”, asegura el informe oficial.
Fecha de Publicación: 19/09/2011
Fuente: ADN Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
En el tramo intermedio del río Negro (Alto Valle) se han detectado plaguicidas de uso agrícola en forma esporádica y en concentraciones que no implican riesgo para la salud humana, cultivos ni vida acuática.
En los casos que hubo detección, solo fueron halladas “trazas” de compuestos más utilizados en el control fitosanitario en la región durante la época de aplicación de los elementos.
De ese modo, un informe oficial de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro explica los alcances de un estudio del plan de monitoreo de agroquímicos en la región.
Según el documento, elaborado en julio pero difundido recién este mes, los drenajes agrícolas presentan residuos de plaguicidas en mayor número y concentración que los ríos, debido principalmente -según se consigna en el texto- a que están más expuestos a recibir los residuos de los agroquímicos aplicados en las áreas que drenan y que, en muchos casos, son cuerpos receptores hídricos de efluentes industriales.
Los objetivos del plan de monitoreo de agroquímicos apuntan a determinar la presencia de residuos de agroquímicos en diversos componentes del ecosistema fluvial de los ríos Limay, Neuquén y Negro y evaluar la calidad del agua para abastecimiento humano y riego.
Desde el año 2004 se realizan muestreos estacionales focalizados durante el ciclo productivo de la actividad agrícola (época de máxima aplicación: octubre-abril) y entre julio y agosto en las principales áreas agrícolas de la cuenca (Alto Valle, Valle Medio y Valle Inferior).
Se han establecido 36 estaciones de control localizados en los tres ríos (captaciones para abastecimiento humano y riego) y desagües (receptores de los excedentes de agua de riego).
“Los resultados hallados han sido muy similares a lo largo de estos años, encontrándose que los plaguicidas de uso agrícola fueron detectados en los ríos en forma esporádica, en concentraciones que no implican un riesgo para la salud y cultivos ni para el desarrollo de la vida acuática”, asegura el informe oficial.
Botnia: dicen que Argentina se niega a divulgar informe
Pastera Botnia: aseguran que Argentina se negó a divulgar los resultados de los estudios ambientales
Fecha de Publicación: 18/09/2011
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Nacional
Tras varias negociaciones realizadas durante 2010 y en vistas de realizar un monitoreo conjunto, la Comisión Administradora del Río Uruguay denunció que Argentina se negó a dar a conocer los resultados de los informes ambientales realizados en la pastera UPM (ex Botnia) y sus inmediaciones.
Ante la falta de acuerdo, la entidad controladora, solicitó la intervención de los cancilleres de ambos países para hacer cumplir el acuerdo.
Con el objetivo de hacer cumplir el pacto entre las dos naciones y controlar los desechos de la pastera UMP (ex Botnia), la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) denunció que Argentina se negó a dar a conocer los resultados de los informes ambientales realizados y pidió la intervención de los cancilleres de ambos países.
Es que el acuerdo constaba de análisis esporádicos sobre la planta de celulosa y sus alrededores pero, según Uruguay, Argentina no ha cumplido con esto.
Según expresó el presidente de la delegación uruguaya en la CARU, Gastón Silbermann, los argentinos "no aceptan" la petición de su país de dar a conocer los resultados de las muestras tomadas en UPM y en el río Gualeguachú, afluente del Uruguay en la provincia de Entre Ríos, disponibles desde el mes de agosto.
Si bien la denuncia fue realizada en los medios locales, el titular de la entidad no dio los motivos por los que la delegación argentina no quiere difundir los resultados.
Ante la falta de acuerdo dentro de CARU entre argentinos y uruguayos, el problema deberá ser resuelta por los cancilleres de ambos países Héctor Timerman y Luis Almagro.
En tanto, el presidente de la delegación argentina en la CARU, Hernán Orduna, se limitó a declarar que "cuando haya algo oficial para informar, se informará. Todo lo demás no, porque lo único que hace es menoscabar el trabajo del comité técnico".
Fecha de Publicación: 18/09/2011
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Nacional
Tras varias negociaciones realizadas durante 2010 y en vistas de realizar un monitoreo conjunto, la Comisión Administradora del Río Uruguay denunció que Argentina se negó a dar a conocer los resultados de los informes ambientales realizados en la pastera UPM (ex Botnia) y sus inmediaciones.
Ante la falta de acuerdo, la entidad controladora, solicitó la intervención de los cancilleres de ambos países para hacer cumplir el acuerdo.
Con el objetivo de hacer cumplir el pacto entre las dos naciones y controlar los desechos de la pastera UMP (ex Botnia), la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) denunció que Argentina se negó a dar a conocer los resultados de los informes ambientales realizados y pidió la intervención de los cancilleres de ambos países.
Es que el acuerdo constaba de análisis esporádicos sobre la planta de celulosa y sus alrededores pero, según Uruguay, Argentina no ha cumplido con esto.
Según expresó el presidente de la delegación uruguaya en la CARU, Gastón Silbermann, los argentinos "no aceptan" la petición de su país de dar a conocer los resultados de las muestras tomadas en UPM y en el río Gualeguachú, afluente del Uruguay en la provincia de Entre Ríos, disponibles desde el mes de agosto.
Si bien la denuncia fue realizada en los medios locales, el titular de la entidad no dio los motivos por los que la delegación argentina no quiere difundir los resultados.
Ante la falta de acuerdo dentro de CARU entre argentinos y uruguayos, el problema deberá ser resuelta por los cancilleres de ambos países Héctor Timerman y Luis Almagro.
En tanto, el presidente de la delegación argentina en la CARU, Hernán Orduna, se limitó a declarar que "cuando haya algo oficial para informar, se informará. Todo lo demás no, porque lo único que hace es menoscabar el trabajo del comité técnico".
Sali-Dulce: pruebas de la contaminación
Surgen pruebas contundentes contra ingenios y citrícolas que contaminan
Fecha de Publicación: 17/09/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
La documentación fue incorporada a la causa que se impulsa desde el Juzgado Federal local contras las industrias tucumanas que dañan el ecosistema de la cuenca Salí-Dulce con sus desechos.
La Justicia Federal local accedió a contundentes pruebas que dan cuenta de cómo ingenios y citrícolas contaminaron los distintos afluentes del Salí-Dulce, con valores que superaban ampliamente los parámetros establecidos por la ley nacional de Residuos Peligrosos, ocasionando un serio daño al embalse Río Hondo.
Esta documentación compromete seriamente a 12 ingenios: La Trinidad, San Rosa, Leales, La Fronterita, Bella Vista, Nuñorco, La Corona, La Providencia, Cruz Alta, Aguilares, Marapa y Santa Bárbara. También a cuatro citrícolas: Cota, San Miguel, Litoral Citrus y Citromax.
Estos datos fueron incorporados por el fiscal federal Pedro Simón como prueba en el expediente 4166/10 por la causa caratulada “Denuncia Luis Saleme sobre envenenamiento de aguas y daño en el lago contra autores desconocidos”, en la que se investiga la responsabilidad de varias industrias tucumanas en la polución del embalse Río Hondo y sus afluentes.
“De los informes recibidos surge palmaria la conducta desaprensiva y delictual que vienen desarrollando las empresas denunciadas en detrimento del medio ambiente y con daño directo a la salud al volcar sus residuos, sin tratamiento alguno o con valores que exceden los permitidos por la legislación y reglamentación vigente, en los distintos cursos de agua que conforman la cuenca Salí-Dulce y que desemboca en el lago del Dique Frontal de Las Termas de Río Hondo”, manifestó el fiscal en su pronunciamiento, al solicitar distintas medidas al juez federal Guillermo Molinari, principalmente la clausura preventiva en aquellas industrias que continúen produciendo un daño ambiental en los cursos hídricos.
Para Simón, esta actitud delictual de algunas empresas, “no pudo haber escapado al control de la autoridad de aplicación de Tucumán, esto es la Secretaría de Medio Ambiente”, lo que justificó insistir en el pedido de imputación del titular de esta cartera, Alfredo Montalván.
Justamente, el informe que contiene datos precisos de cómo contaminaban estas 16 firmas, fue elaborado por la Dirección de Fiscalización Ambiental de Tucumán (DFA), que a su vez depende de la secretaría a cargo de Montalván.
Infracciones
El informe de la DFA el cual fue solicitado oportunamente por Pedro Simón al gobierno tucumano, revela un sinnúmero de infracciones en las que incurrieron las empresas anteriormente citadas.
Por ejemplo en el caso del ingenio Nuñorco de Julio Colombres, las autoridades hallaron que los valores de los efluentes excedían los parámetros de demanda bioquímica de oxígeno (DBO) en 214 puntos (el máximo es de 50 miligramos por litro mg/l) y de demanda química de oxígeno 265 (el máximo es de 250 mg/l).
De acuerdo con el informe, una de las firmas más comprometidas es el ingenio Santa Rosa donde según las autoridades “la vinaza se volcaba sin tratamiento y con parámetros fuera de la normativa vigente, a un canal que desemboca en el río Seco –tributario de la cuenca- con la consecuente modificación de las características del cauce por aumento de la carga orgánica y emisión de olores desagradables”.
Denuncia
El relevamiento realizado por la DFA también contiene denuncia de vecinos de la zona del ingenio Bella Vista, quienes señalan que “a la salida de los líquidos residuales originados por el ingenio, es tanta que sobrepasa la capacidad del canal construido, originando un desborde, entrando dichos líquidos al interior de los domicilios provocando su inundación”.
Fecha de Publicación: 17/09/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
La documentación fue incorporada a la causa que se impulsa desde el Juzgado Federal local contras las industrias tucumanas que dañan el ecosistema de la cuenca Salí-Dulce con sus desechos.
La Justicia Federal local accedió a contundentes pruebas que dan cuenta de cómo ingenios y citrícolas contaminaron los distintos afluentes del Salí-Dulce, con valores que superaban ampliamente los parámetros establecidos por la ley nacional de Residuos Peligrosos, ocasionando un serio daño al embalse Río Hondo.
Esta documentación compromete seriamente a 12 ingenios: La Trinidad, San Rosa, Leales, La Fronterita, Bella Vista, Nuñorco, La Corona, La Providencia, Cruz Alta, Aguilares, Marapa y Santa Bárbara. También a cuatro citrícolas: Cota, San Miguel, Litoral Citrus y Citromax.
Estos datos fueron incorporados por el fiscal federal Pedro Simón como prueba en el expediente 4166/10 por la causa caratulada “Denuncia Luis Saleme sobre envenenamiento de aguas y daño en el lago contra autores desconocidos”, en la que se investiga la responsabilidad de varias industrias tucumanas en la polución del embalse Río Hondo y sus afluentes.
“De los informes recibidos surge palmaria la conducta desaprensiva y delictual que vienen desarrollando las empresas denunciadas en detrimento del medio ambiente y con daño directo a la salud al volcar sus residuos, sin tratamiento alguno o con valores que exceden los permitidos por la legislación y reglamentación vigente, en los distintos cursos de agua que conforman la cuenca Salí-Dulce y que desemboca en el lago del Dique Frontal de Las Termas de Río Hondo”, manifestó el fiscal en su pronunciamiento, al solicitar distintas medidas al juez federal Guillermo Molinari, principalmente la clausura preventiva en aquellas industrias que continúen produciendo un daño ambiental en los cursos hídricos.
Para Simón, esta actitud delictual de algunas empresas, “no pudo haber escapado al control de la autoridad de aplicación de Tucumán, esto es la Secretaría de Medio Ambiente”, lo que justificó insistir en el pedido de imputación del titular de esta cartera, Alfredo Montalván.
Justamente, el informe que contiene datos precisos de cómo contaminaban estas 16 firmas, fue elaborado por la Dirección de Fiscalización Ambiental de Tucumán (DFA), que a su vez depende de la secretaría a cargo de Montalván.
Infracciones
El informe de la DFA el cual fue solicitado oportunamente por Pedro Simón al gobierno tucumano, revela un sinnúmero de infracciones en las que incurrieron las empresas anteriormente citadas.
Por ejemplo en el caso del ingenio Nuñorco de Julio Colombres, las autoridades hallaron que los valores de los efluentes excedían los parámetros de demanda bioquímica de oxígeno (DBO) en 214 puntos (el máximo es de 50 miligramos por litro mg/l) y de demanda química de oxígeno 265 (el máximo es de 250 mg/l).
De acuerdo con el informe, una de las firmas más comprometidas es el ingenio Santa Rosa donde según las autoridades “la vinaza se volcaba sin tratamiento y con parámetros fuera de la normativa vigente, a un canal que desemboca en el río Seco –tributario de la cuenca- con la consecuente modificación de las características del cauce por aumento de la carga orgánica y emisión de olores desagradables”.
Denuncia
El relevamiento realizado por la DFA también contiene denuncia de vecinos de la zona del ingenio Bella Vista, quienes señalan que “a la salida de los líquidos residuales originados por el ingenio, es tanta que sobrepasa la capacidad del canal construido, originando un desborde, entrando dichos líquidos al interior de los domicilios provocando su inundación”.
Propone una Ley para conservar la Biodiversidad
Morandini propone una “Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación de la Biodiversidad”
Fecha de Publicación: 16/09/2011
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Nacional
El proyecto relacionado con el tema fue presentado en la Cámara alta por la senadora y candidata a vicepresidenta de la Nación por el Frente Amplio Progresista (FAP), Norma Morandini.
La senadora y candidata a vicepresidenta de la Nación por el Frente Amplio Progresista (FAP), Norma Morandini, presentó en la Cámara alta una iniciativa de ley que establece, en su primer artículo, los “presupuestos mínimos de protección, conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad, en virtud del deber de conservar y del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo humano”.
El objetivo del texto en cuestión apunta a que se respeten los “principios rectores” de la ley, entre los que se encuentran “el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales básicos”; la “conservación de la biodiversidad y de la geodiversidad”; la “utilización eficiente de los recursos para garantizar el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y, en particular, de las especies y de los ecosistemas, así como su restauración y mejora”; y la “conservación y preservación de la variedad y singularidad de los ecosistemas naturales, de la diversidad geológica y del paisaje”, entre otros.
La legisladora cordobesa señala: “En síntesis, el presente proyecto de ley pretende crear el marco de acciones y herramientas necesarias para detener el deterioro que sufre el estado de conservación de todas las especies y hábitats contemplados en la normativa sobre protección de la naturaleza de la Argentina, y mejorar dicho estado mensurable y significativamente en comparación con las evaluaciones actuales mediante una serie de herramientas y objetivos concretos a los que deberán ajustarse las distintas jurisdicciones”.
El cuarto artículo de la iniciativa destaca que “será Autoridad de Aplicación en jurisdicción nacional la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación o el organismo de mayor jerarquía con competencia ambiental que en el futuro la reemplace”.
Fecha de Publicación: 16/09/2011
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Nacional
El proyecto relacionado con el tema fue presentado en la Cámara alta por la senadora y candidata a vicepresidenta de la Nación por el Frente Amplio Progresista (FAP), Norma Morandini.
La senadora y candidata a vicepresidenta de la Nación por el Frente Amplio Progresista (FAP), Norma Morandini, presentó en la Cámara alta una iniciativa de ley que establece, en su primer artículo, los “presupuestos mínimos de protección, conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad, en virtud del deber de conservar y del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo humano”.
El objetivo del texto en cuestión apunta a que se respeten los “principios rectores” de la ley, entre los que se encuentran “el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales básicos”; la “conservación de la biodiversidad y de la geodiversidad”; la “utilización eficiente de los recursos para garantizar el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y, en particular, de las especies y de los ecosistemas, así como su restauración y mejora”; y la “conservación y preservación de la variedad y singularidad de los ecosistemas naturales, de la diversidad geológica y del paisaje”, entre otros.
La legisladora cordobesa señala: “En síntesis, el presente proyecto de ley pretende crear el marco de acciones y herramientas necesarias para detener el deterioro que sufre el estado de conservación de todas las especies y hábitats contemplados en la normativa sobre protección de la naturaleza de la Argentina, y mejorar dicho estado mensurable y significativamente en comparación con las evaluaciones actuales mediante una serie de herramientas y objetivos concretos a los que deberán ajustarse las distintas jurisdicciones”.
El cuarto artículo de la iniciativa destaca que “será Autoridad de Aplicación en jurisdicción nacional la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación o el organismo de mayor jerarquía con competencia ambiental que en el futuro la reemplace”.
Argentina, en el 'top ten' de cultivos transgénicos
Argentina, en el 'top ten' de cultivos transgénicos
Fecha de Publicación: 16/09/2011
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Cuatro países del Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, se ubican entre los 10 primeros megaproductores de cultivos transgénicos, con el 35% de las hectáreas que se siembran a nivel mundial
Así lo destacaron los especialistas Miguel Rapela y Gabriela Levitus durante la exposición "Propiedad Intelectual y Biotecnología" desarrollada en la cumbre de la soja, el encuentro Mercosoja 2011, que se lleva a cabo en Rosario.
Para Levitus "el éxito de los cultivos en la región se debe a la rápida adaptación de la tecnología por parte del sector".
Desde sus comienzos, en 1996, los países del Mercosur han sido jugadores clave en el avance de la biotecnología agrícola. "Considerados adoptadores tempranos, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay sumaron en 2010 unas 52 millones de hectáreas de cultivos genéticamente modificados o transgénicos, lo que representó el 35% de las 148 millones de hectáreas sembradas con estos cultivos a nivel mundial", aclaró la experta.
Los cuatro países se ubican entre los 10 megaproductores de transgénicos, es decir que producen más de 1 millón de hectáreas. Brasil ocupa el segundo lugar detrás de los Estados Unidos; tercero es Argentina; séptimo, Paraguay y décimo, Uruguay.
Levitus destacó también "la velocidad con que estas tecnologías se introdujeron, generando tasas de adopción sin precedentes y alcanzando, en casos como Argentina, Paraguay y Uruguay valores cercanos al 100 por ciento del total de cada cultivo".
La especialista incluyó otros factores que contribuyeron a este éxito. "Cuando surgió la tecnología, la región estaba preparada para recibirla, adaptarla y usarla, contaba con fitomejoradores de primera línea tanto en empresas privadas como en instituciones públicas, con productores capacitados e innovadores", dijo.
Fecha de Publicación: 16/09/2011
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Cuatro países del Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, se ubican entre los 10 primeros megaproductores de cultivos transgénicos, con el 35% de las hectáreas que se siembran a nivel mundial
Así lo destacaron los especialistas Miguel Rapela y Gabriela Levitus durante la exposición "Propiedad Intelectual y Biotecnología" desarrollada en la cumbre de la soja, el encuentro Mercosoja 2011, que se lleva a cabo en Rosario.
Para Levitus "el éxito de los cultivos en la región se debe a la rápida adaptación de la tecnología por parte del sector".
Desde sus comienzos, en 1996, los países del Mercosur han sido jugadores clave en el avance de la biotecnología agrícola. "Considerados adoptadores tempranos, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay sumaron en 2010 unas 52 millones de hectáreas de cultivos genéticamente modificados o transgénicos, lo que representó el 35% de las 148 millones de hectáreas sembradas con estos cultivos a nivel mundial", aclaró la experta.
Los cuatro países se ubican entre los 10 megaproductores de transgénicos, es decir que producen más de 1 millón de hectáreas. Brasil ocupa el segundo lugar detrás de los Estados Unidos; tercero es Argentina; séptimo, Paraguay y décimo, Uruguay.
Levitus destacó también "la velocidad con que estas tecnologías se introdujeron, generando tasas de adopción sin precedentes y alcanzando, en casos como Argentina, Paraguay y Uruguay valores cercanos al 100 por ciento del total de cada cultivo".
La especialista incluyó otros factores que contribuyeron a este éxito. "Cuando surgió la tecnología, la región estaba preparada para recibirla, adaptarla y usarla, contaba con fitomejoradores de primera línea tanto en empresas privadas como en instituciones públicas, con productores capacitados e innovadores", dijo.
El ACUMAR deberá informar sobre basurales
La Justicia ordenó a ACUMAR que informe los planes de control de los basurales saneados
Fecha de Publicación: 16/09/2011
Fuente: agenciaSuburbana
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
El juez Federal de Quilmes, Luis Armella, resolvió que la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo indique cuál es el destino de cada predio recuperado, identificar a sus titulares y aportar los contratos de recolección de basura de los municipios de la Cuenca
En su resolución, Armella intimó a la ACUMAR para que 'en el perentorio plazo de quince (15) días informe el plan de vigilancia y control escogido por cada uno de los municipios de la Cuenca así como por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires' respecto de los basurales que fueron saneados.
Asimismo, el juzgado le requirió a la autoridad administrativa que informe quiénes ejercerán la vigilancia de los basurales recuperados y 'el plan integral adoptado por cada uno de los municipios', del cual surja 'la determinación del destino que deberá otorgarse a cada basural recuperado, indicando la titularidad de la propiedad del mismo'.
El magistrado también solicitó a la ACUMAR que presente “los contratos de recolección signados entre cada municipio de la cuenca así como de la CABA con sus respectivas empresas recolectoras”, ya que de las certificaciones realizadas por personal del juzgado 'se ha advertido que en muchos casos el sistema de recolección plantea falencias'.
Fecha de Publicación: 16/09/2011
Fuente: agenciaSuburbana
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
El juez Federal de Quilmes, Luis Armella, resolvió que la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo indique cuál es el destino de cada predio recuperado, identificar a sus titulares y aportar los contratos de recolección de basura de los municipios de la Cuenca
En su resolución, Armella intimó a la ACUMAR para que 'en el perentorio plazo de quince (15) días informe el plan de vigilancia y control escogido por cada uno de los municipios de la Cuenca así como por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires' respecto de los basurales que fueron saneados.
Asimismo, el juzgado le requirió a la autoridad administrativa que informe quiénes ejercerán la vigilancia de los basurales recuperados y 'el plan integral adoptado por cada uno de los municipios', del cual surja 'la determinación del destino que deberá otorgarse a cada basural recuperado, indicando la titularidad de la propiedad del mismo'.
El magistrado también solicitó a la ACUMAR que presente “los contratos de recolección signados entre cada municipio de la cuenca así como de la CABA con sus respectivas empresas recolectoras”, ya que de las certificaciones realizadas por personal del juzgado 'se ha advertido que en muchos casos el sistema de recolección plantea falencias'.
Médicos advierten el daño de los agroquímicos
Médicos de Pueblos Fumigados advierten el daño de un peligroso insecticida
Fecha de Publicación: 15/09/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional
“Es urgente que comencemos a replantearnos de qué manera avanzamos hacia formas de producción más amigables con la salud del ambiente y de las personas”. Esa es una de las conclusiones y principales exigencias que plantea un informe elaborado por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados tras conocer la prohibición de los usos residenciales de clorpirifós impuesta por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (Environmental Protection Agency, EPA).
La nota de la Red Universitaria de Ambiente y Salud -Médicos de Pueblos Fumigados-, utiliza como fuente los datos de la presentación del profesor Oscar Scremin (School of Medicine, UCLA de Estados Unidos, y Conicet de Argentina) ante el Senasa, reclamando la reclasificación de los agroquímicos en Argentina.
Es el médico pediatra y neonatólogo Medardo Avila Vázquez, coordinador Médicos de Pueblos Fumigados, quien pone la firma en un informe que revela datos inquietantes. Así, al dar cuenta de la masividad es el uso de esta clase de insecticidas, cita las cifras de importación anual de clorpirifós a través de la Aduana de Buenos Aires.
“En 2010 ingresaron 8.650.000 de litros/kilos de este tóxico, un incremento de más del cien por ciento con respecto a 2006. Estas cifras provienen del sitio web del Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (Senasa)”, consigna el informe. Así acota que, al dividir la cantidad de clorpirifós importada en 2010 por su dosis letal 50 extrapolada a seres humanos, surge que son 2.633.500.635 las dosis, es decir, más de 60 veces la población de Argentina.
“Se importa cada año una cantidad suficiente como para eliminar a Argentina del planeta si cada habitante se expone directamente al mismo. Estas cantidades circulan por nuestras rutas, se almacenan en lugares que no conocemos, quizás en centros urbanos, se fraccionan e incorporan a formulaciones varias en establecimientos a lo largo y a lo ancho del país y luego se distribuyen y dispersan en el ambiente por aplicaciones terrestres y aéreas”, advierte.
Al respecto también agrega que “existen como residuos en los alimentos y en el agua al contaminar vegetales, peces, aves y demás animales que se consumen en las mesas de los argentinos”.
Niños expuestos
En otro punto, advierte que las cifras mencionadas “dan una idea de la magnitud de los potenciales daños a la salud pública”, y afirma que “la industria de agroquímicos es indiferente a esto”. E incluso menciona “débiles estadísticas del Ministerio de Salud Pública, otro organismo que debiera informar en relación a la solicitud del Defensor del Pueblo de la Nación, y que parecen consignar la inocuidad del uso de plaguicidas en general o quizás no conozca los efectos del clorpirifós sobre el neuro-desarrollo humano”.
En sus considerandos, la Resolución 147/10 del Defensor del Pueblo dice que, aún considerándose solamente el riesgo de intoxicación aguda con dosis letales, un número aproximado de 3 millones de niños y niñas viven en situación de riesgo ambiental por agroquímicos.
“Esta gravísima aseveración debiera haber provocado una intervención del Senasa para verificar los niveles de contaminación por plaguicidas en la sangre u orina en niños de las zonas afectadas, pero por ahora, con respecto al clorpirifós, no tomó ninguna determinación y paralelamente autoriza a las empresas de agroquímicos a que liquiden todas sus existencias de Endosulfán y después recién comenzar a ejecutar la prohibición del uso de este veneno en la Argentina, recientemente acordada en el Convenio de Estocolmo”, subraya el informe de la Red Universitaria de Ambiente y Salud.
Dura crítica
En otro punto, sostiene que el clorpirifós “es otro ejemplo de la incorporación descontrolada y creciente de un conocido tóxico que se esparce ampliamente en la Argentina, como parte de una práctica de producción agroindustrial que no considera los derechos a la salud y al ambiente sano de toda la población”.
Así insiste en que “un sistema de producción que requiere incorporar año a año más venenos para mantener su producción no anda bien, no es sustentable, y con una mirada desde la Salud Pública nos parece hasta criminal”.
Por eso considera “urgente” el replanteo de la manera de avanzar “hacia formas de producción más amigables con la salud del ambiente y de las personas, y no seguir aceptando recetas que van contra nuestros propios derechos sociales y que benefician esencialmente a las grandes empresas de biotecnología que controlan ampliamente este mercado”, concluye.
Lo que dicen los americanos
En las palabras de la entonces administradora de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Carol Browner, clorpirifós es un viejo y riesgoso pesticida con más de 50 años de uso. Al hablar de la prohibición de uso residencial urbano, consideró que había llegado el momento de tomar acciones para proteger a sus niños de la exposición a este químico, ya que conocían claramente su potencial riesgo sobre la salud.
Un estudio reciente (2011) de la Universidad de Columbia en ese país concluye que “el cociente intelectual de niños expuestos a clorpirifós en el período pre-natal esta reducido en relación directa a los niveles de este plaguicida en la sangre del cordón umbilical al momento del nacimiento”.
Para la Red Universitaria que agrupa a médicos argentinos, evidencias de este tipo debieran constituir un fuerte argumento para solicitar la prohibición total de su uso en cualquier ambiente, urbano o rural. Es de hacer notar que estos efectos de clorpirifós se encontraron a dosis que están muy por debajo de aquellas que provocan inhibición de la enzima acetilcolinesterasa que es la causa de su toxicidad aguda.
“Este ejemplo de efecto de dosis sub-letales disponible en la literatura reciente justifica la necesidad de re-clasificar (y muy probablemente prohibir el uso) este plaguicida y otros de la misma clase química y toxicológica que se utilizan masivamente en Argentina (por ejemplo metamidofós)”, indica finalmente el informe.
Fecha de Publicación: 15/09/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional
“Es urgente que comencemos a replantearnos de qué manera avanzamos hacia formas de producción más amigables con la salud del ambiente y de las personas”. Esa es una de las conclusiones y principales exigencias que plantea un informe elaborado por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados tras conocer la prohibición de los usos residenciales de clorpirifós impuesta por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (Environmental Protection Agency, EPA).
La nota de la Red Universitaria de Ambiente y Salud -Médicos de Pueblos Fumigados-, utiliza como fuente los datos de la presentación del profesor Oscar Scremin (School of Medicine, UCLA de Estados Unidos, y Conicet de Argentina) ante el Senasa, reclamando la reclasificación de los agroquímicos en Argentina.
Es el médico pediatra y neonatólogo Medardo Avila Vázquez, coordinador Médicos de Pueblos Fumigados, quien pone la firma en un informe que revela datos inquietantes. Así, al dar cuenta de la masividad es el uso de esta clase de insecticidas, cita las cifras de importación anual de clorpirifós a través de la Aduana de Buenos Aires.
“En 2010 ingresaron 8.650.000 de litros/kilos de este tóxico, un incremento de más del cien por ciento con respecto a 2006. Estas cifras provienen del sitio web del Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (Senasa)”, consigna el informe. Así acota que, al dividir la cantidad de clorpirifós importada en 2010 por su dosis letal 50 extrapolada a seres humanos, surge que son 2.633.500.635 las dosis, es decir, más de 60 veces la población de Argentina.
“Se importa cada año una cantidad suficiente como para eliminar a Argentina del planeta si cada habitante se expone directamente al mismo. Estas cantidades circulan por nuestras rutas, se almacenan en lugares que no conocemos, quizás en centros urbanos, se fraccionan e incorporan a formulaciones varias en establecimientos a lo largo y a lo ancho del país y luego se distribuyen y dispersan en el ambiente por aplicaciones terrestres y aéreas”, advierte.
Al respecto también agrega que “existen como residuos en los alimentos y en el agua al contaminar vegetales, peces, aves y demás animales que se consumen en las mesas de los argentinos”.
Niños expuestos
En otro punto, advierte que las cifras mencionadas “dan una idea de la magnitud de los potenciales daños a la salud pública”, y afirma que “la industria de agroquímicos es indiferente a esto”. E incluso menciona “débiles estadísticas del Ministerio de Salud Pública, otro organismo que debiera informar en relación a la solicitud del Defensor del Pueblo de la Nación, y que parecen consignar la inocuidad del uso de plaguicidas en general o quizás no conozca los efectos del clorpirifós sobre el neuro-desarrollo humano”.
En sus considerandos, la Resolución 147/10 del Defensor del Pueblo dice que, aún considerándose solamente el riesgo de intoxicación aguda con dosis letales, un número aproximado de 3 millones de niños y niñas viven en situación de riesgo ambiental por agroquímicos.
“Esta gravísima aseveración debiera haber provocado una intervención del Senasa para verificar los niveles de contaminación por plaguicidas en la sangre u orina en niños de las zonas afectadas, pero por ahora, con respecto al clorpirifós, no tomó ninguna determinación y paralelamente autoriza a las empresas de agroquímicos a que liquiden todas sus existencias de Endosulfán y después recién comenzar a ejecutar la prohibición del uso de este veneno en la Argentina, recientemente acordada en el Convenio de Estocolmo”, subraya el informe de la Red Universitaria de Ambiente y Salud.
Dura crítica
En otro punto, sostiene que el clorpirifós “es otro ejemplo de la incorporación descontrolada y creciente de un conocido tóxico que se esparce ampliamente en la Argentina, como parte de una práctica de producción agroindustrial que no considera los derechos a la salud y al ambiente sano de toda la población”.
Así insiste en que “un sistema de producción que requiere incorporar año a año más venenos para mantener su producción no anda bien, no es sustentable, y con una mirada desde la Salud Pública nos parece hasta criminal”.
Por eso considera “urgente” el replanteo de la manera de avanzar “hacia formas de producción más amigables con la salud del ambiente y de las personas, y no seguir aceptando recetas que van contra nuestros propios derechos sociales y que benefician esencialmente a las grandes empresas de biotecnología que controlan ampliamente este mercado”, concluye.
Lo que dicen los americanos
En las palabras de la entonces administradora de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Carol Browner, clorpirifós es un viejo y riesgoso pesticida con más de 50 años de uso. Al hablar de la prohibición de uso residencial urbano, consideró que había llegado el momento de tomar acciones para proteger a sus niños de la exposición a este químico, ya que conocían claramente su potencial riesgo sobre la salud.
Un estudio reciente (2011) de la Universidad de Columbia en ese país concluye que “el cociente intelectual de niños expuestos a clorpirifós en el período pre-natal esta reducido en relación directa a los niveles de este plaguicida en la sangre del cordón umbilical al momento del nacimiento”.
Para la Red Universitaria que agrupa a médicos argentinos, evidencias de este tipo debieran constituir un fuerte argumento para solicitar la prohibición total de su uso en cualquier ambiente, urbano o rural. Es de hacer notar que estos efectos de clorpirifós se encontraron a dosis que están muy por debajo de aquellas que provocan inhibición de la enzima acetilcolinesterasa que es la causa de su toxicidad aguda.
“Este ejemplo de efecto de dosis sub-letales disponible en la literatura reciente justifica la necesidad de re-clasificar (y muy probablemente prohibir el uso) este plaguicida y otros de la misma clase química y toxicológica que se utilizan masivamente en Argentina (por ejemplo metamidofós)”, indica finalmente el informe.
Arsénico en el Agua, se trata el tema en el COHIFE
Arsénico en el Agua, se trata el tema en Consejo Hídrico Federal
Fecha de Publicación: 15/09/2011
Fuente: Reporte 24
Provincia/Región: Nacional
A través del Consejo Hídrico Federal se canalizarán las inquietudes para alcanzar el nuevo límite del parámetro arsénico en el agua
El Consejo Hídrico Federal (COHIFE) resolvió que cada provincia deberá enviar una nota a la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) y organismos involucrados con datos precisos de población afectada con los nuevos límites de arsénico en el agua.
El Consejo Hídrico Federal (COHIFE) resolvió que cada provincia deberá enviar una nota a la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) y organismos involucrados con datos precisos de población afectada con los nuevos límites de arsénico en el agua, medidas de mitigación que emprendidas desde el 2007 a la fecha, dificultades, tiempos, inversiones y recursos para alcanzar el límite de 0.01 mg/l y la necesidad de peticionar una extensión de los plazos establecidos. Estas fueron las principales conclusiones del nuevo encuentro realizado en la Ciudad de Buenos Aires del organismo que preside Cristina Magnano, titular de la Administración Provincial del Agua (APA).
Los máximos responsables del ente nacional mantuvieron un encuentro junto a representantes de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y de las provincias de Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Salta, La Pampa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza y Tierra del Fuego. En la oportunidad, abordaron el tema del arsénico en el agua, cuestión central en la reunión 56 del COHIFE del pasado mes de agosto.
Los representantes provinciales se reunieron en relación a la Resolución Conjunta Nº 68/07 y 196/07 de la Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos que establece como límite del parámetro arsénico en el agua de consumo humano en 0.01 mg/l. Dado que los plazos para alcanzar dicho límite vencen en mayo de 2012, los representantes provinciales manifestaron su preocupación, mostrando sus situaciones particulares y sus dificultades para alcanzarlo.
Por eso, se resolvió que el Consejo Hídrico Federal será el espacio donde se canalizarán todos los trabajos desarrollados por las distintas provincias y capitalizará el material recibido. También se puntualizó que todas las provincias con problemas de arsénico deberán tener una mayor participación en los talleres y deberán establecer su referente sobre la temática.
Fecha de Publicación: 15/09/2011
Fuente: Reporte 24
Provincia/Región: Nacional
A través del Consejo Hídrico Federal se canalizarán las inquietudes para alcanzar el nuevo límite del parámetro arsénico en el agua
El Consejo Hídrico Federal (COHIFE) resolvió que cada provincia deberá enviar una nota a la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) y organismos involucrados con datos precisos de población afectada con los nuevos límites de arsénico en el agua.
El Consejo Hídrico Federal (COHIFE) resolvió que cada provincia deberá enviar una nota a la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) y organismos involucrados con datos precisos de población afectada con los nuevos límites de arsénico en el agua, medidas de mitigación que emprendidas desde el 2007 a la fecha, dificultades, tiempos, inversiones y recursos para alcanzar el límite de 0.01 mg/l y la necesidad de peticionar una extensión de los plazos establecidos. Estas fueron las principales conclusiones del nuevo encuentro realizado en la Ciudad de Buenos Aires del organismo que preside Cristina Magnano, titular de la Administración Provincial del Agua (APA).
Los máximos responsables del ente nacional mantuvieron un encuentro junto a representantes de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y de las provincias de Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Salta, La Pampa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza y Tierra del Fuego. En la oportunidad, abordaron el tema del arsénico en el agua, cuestión central en la reunión 56 del COHIFE del pasado mes de agosto.
Los representantes provinciales se reunieron en relación a la Resolución Conjunta Nº 68/07 y 196/07 de la Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos que establece como límite del parámetro arsénico en el agua de consumo humano en 0.01 mg/l. Dado que los plazos para alcanzar dicho límite vencen en mayo de 2012, los representantes provinciales manifestaron su preocupación, mostrando sus situaciones particulares y sus dificultades para alcanzarlo.
Por eso, se resolvió que el Consejo Hídrico Federal será el espacio donde se canalizarán todos los trabajos desarrollados por las distintas provincias y capitalizará el material recibido. También se puntualizó que todas las provincias con problemas de arsénico deberán tener una mayor participación en los talleres y deberán establecer su referente sobre la temática.
Crean un observatorio por la Desertificación
Ambiente y el Conicet avanzan en un Observatorio Nacional de la Degradación de las Tierras y Desertificación
Fecha de Publicación: 15/09/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Con el objetivo de crear un equipo interinstitucional que permita diseñar un sistema de monitoreo de la degradación de las tierras, incluyendo procesos sociales y económicos e instale prácticas de mitigación, adaptación y prevención; se llevó a cabo un taller en el que las partes acordaran los lineamientos para la creación y gestión de un Observatorio Nacional.
n representación del titular de la cartera ambiental Dr. Juan José Mussi, el subsecretario de Coordinación de Políticas Ambientales Ing. Armando Gandia, presentó, junto con la directora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Dra. Marta Rovira, el proyecto del Observatorio y contextualizó la problemática de la desertificación a nivel mundial.
“Participé recientemente en la COP de la que Argentina preside hasta octubre, donde se acordó `El llamado de Ginebra` para que en la Asamblea General de las Naciones Unidas -que se desarrollará el 20 de septiembre - se instale la desertificación en la agenda de los presidentes de todos los países del mundo como un tema prioritario, urgente e impostergable”, remarcó el subsecretario.
A su vez, Gandia destacó que se está trabajando en la concientización de afectados por la desertificación en su implicancia con la problemática de género: “en las zonas de máxima degradación de las tierras se producen migraciones forzadas, que se dan en el tercio del territorio mundial más pobre de la humanidad, y las más afectadas son las mujeres que, junto con los niños, son los últimos en abandonar esos suelos”. “Este tema es el que Argentina considera prioritario y lo vamos a instalar en la agenda para la próxima COP”, aseguró.
El Observatorio Nacional de la Degradación de las Tierras y Desertificación se propone cuantificar la naturaleza y la severidad de los impactos y construir capacidades de intervención para atenuar la degradación de las tierras secas. Asimismo, busca validar una metodología de evaluación aplicable a diferentes ecosistemas y situaciones socioeconómicas, construir una Unidad de Monitoreo Permanente a nivel nacional y difundir la experiencia y los resultados en la región de América Latina y el Caribe.
Este proyecto tiene como antecedente el de Evaluación de la Degradación de tierras en Zonas áridas (LADA por sus siglas en ingles), ejecutado entre el 2007 y 2011, que ha sido financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y cuya agencia de implementación ha sido el PNUMA y de ejecución la FAO de la ONU.
Entre las instituciones, además de la Secretaría de Ambiente como autoridad aplicación y el Conicet, forman parte el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); secretaría de Ciencia e Innovación de Chubut y el Centro de Investigaciones y Extensión Forestal Andino Patagónica.
Con respecto al sector académico, están involucradas las siguientes universidades nacionales: de Buenos Aires, de Córdoba, de La Rioja, de Catamarca, de La Pampa, Universidad del Sur y de Cuyo (Mendoza).
La desertificación en números:
* Argentina es el país de América Latina con mayor superficie árida, semiárida y subhúmeda seca, abarcando el 75% del territorio.
* De los 276 millones de hectáreas que componen el territorio continental nacional, 60 millones están afectados por distintos procesos de degradación.
* Las tierras áridas de la Argentina contribuyen con el 50% del valor de la producción agrícola y el 47% de la ganadera, también concentran aproximadamente el 30% de la población nacional.
Fecha de Publicación: 15/09/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Con el objetivo de crear un equipo interinstitucional que permita diseñar un sistema de monitoreo de la degradación de las tierras, incluyendo procesos sociales y económicos e instale prácticas de mitigación, adaptación y prevención; se llevó a cabo un taller en el que las partes acordaran los lineamientos para la creación y gestión de un Observatorio Nacional.
n representación del titular de la cartera ambiental Dr. Juan José Mussi, el subsecretario de Coordinación de Políticas Ambientales Ing. Armando Gandia, presentó, junto con la directora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Dra. Marta Rovira, el proyecto del Observatorio y contextualizó la problemática de la desertificación a nivel mundial.
“Participé recientemente en la COP de la que Argentina preside hasta octubre, donde se acordó `El llamado de Ginebra` para que en la Asamblea General de las Naciones Unidas -que se desarrollará el 20 de septiembre - se instale la desertificación en la agenda de los presidentes de todos los países del mundo como un tema prioritario, urgente e impostergable”, remarcó el subsecretario.
A su vez, Gandia destacó que se está trabajando en la concientización de afectados por la desertificación en su implicancia con la problemática de género: “en las zonas de máxima degradación de las tierras se producen migraciones forzadas, que se dan en el tercio del territorio mundial más pobre de la humanidad, y las más afectadas son las mujeres que, junto con los niños, son los últimos en abandonar esos suelos”. “Este tema es el que Argentina considera prioritario y lo vamos a instalar en la agenda para la próxima COP”, aseguró.
El Observatorio Nacional de la Degradación de las Tierras y Desertificación se propone cuantificar la naturaleza y la severidad de los impactos y construir capacidades de intervención para atenuar la degradación de las tierras secas. Asimismo, busca validar una metodología de evaluación aplicable a diferentes ecosistemas y situaciones socioeconómicas, construir una Unidad de Monitoreo Permanente a nivel nacional y difundir la experiencia y los resultados en la región de América Latina y el Caribe.
Este proyecto tiene como antecedente el de Evaluación de la Degradación de tierras en Zonas áridas (LADA por sus siglas en ingles), ejecutado entre el 2007 y 2011, que ha sido financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y cuya agencia de implementación ha sido el PNUMA y de ejecución la FAO de la ONU.
Entre las instituciones, además de la Secretaría de Ambiente como autoridad aplicación y el Conicet, forman parte el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); secretaría de Ciencia e Innovación de Chubut y el Centro de Investigaciones y Extensión Forestal Andino Patagónica.
Con respecto al sector académico, están involucradas las siguientes universidades nacionales: de Buenos Aires, de Córdoba, de La Rioja, de Catamarca, de La Pampa, Universidad del Sur y de Cuyo (Mendoza).
La desertificación en números:
* Argentina es el país de América Latina con mayor superficie árida, semiárida y subhúmeda seca, abarcando el 75% del territorio.
* De los 276 millones de hectáreas que componen el territorio continental nacional, 60 millones están afectados por distintos procesos de degradación.
* Las tierras áridas de la Argentina contribuyen con el 50% del valor de la producción agrícola y el 47% de la ganadera, también concentran aproximadamente el 30% de la población nacional.
Periodismo que invisibiliza
Periodismo que invisibiliza
Fecha de Publicación: 14/09/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Darío Aranda reflexiona sobre el comportamiento de los grandes medios de comunicación y los periodistas acerca de la invisibilización de la opinión de campesinos e indígenas.
Medios de comunicación “independientes” y opositores, de un lado. “Militantes” y oficialistas, del otro. En ese maniqueísmo se ha transformado buena parte de los grandes medios de comunicación. Ambos denuncian, y silencian, según sus conveniencias económicas y políticas.
El proyecto de ley para regular la venta de tierras a extranjeros se suma a la lista de ejemplos que deja en evidencia a los grandes medios. El primer grupo publica editoriales y otorga espacios a quienes se oponen a regular la extranjerización porque, afirman, se estaría por “violar” la Constitución nacional. Desde la otra vereda se resalta el proyecto de ley como una gran cruzada nacional, casi presentada como si fuera la reforma agraria.
Es llamativo que, salvo excepciones, los periodistas de los grandes medios no consulten a un actor fundamental del territorio: campesinos y pueblos originarios.
Dirigencia política y formadores de opinión invisibilizan a los sectores populares de la Argentina rural. Influyen el desconocimiento o la discriminación de clase (o un poco de ambos). O, quizá, se los evita porque campesinos y pueblos originarios son quienes más claramente pueden dejar al descubierto que la extranjerización de tierras no es un problema central de Argentina, sino que el origen de sus pesares está en el modelo extractivo que es política de Estado, y donde agronegocios, megaminería, forestales y petroleras (sólo sus caras más famosas) cuentan con permanente apoyo mediático y gubernamental.
Pocos pueden oponerse a legislar sobre la venta de tierras a extranjeros. Mucho menos se opondrán quienes impulsan el actual modelo agropecuario, porque una ley de ese tipo no afecta ningún interés de los ganadores del modelo.
Regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia rural: la concentración de la tierra. Datos duros del INTA: el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra.
Empresarios y gobiernos extranjeros no necesitan comprar tierras de Argentina para explotarlas según su necesidad.
El gobierno de Río Negro firmó en octubre de 2010 un acuerdo con China para sembrar 240 mil hectáreas. El gobierno de Chaco firmó un acuerdo en febrero último con un “fondo inversor” de Arabia Saudita para que explote 200 mil hectáreas del Impenetrable.
También son extranjeros, y no verán afectados sus intereses, empresas mineras, petroleras y forestales que controlan amplias extensiones de territorio nacional.
El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario. En 2001 se sembraron en Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2010 se llegó al record de 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la tierra cultivada.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina) estima un piso de 200 mil familias rurales expulsadas por el avance sojero. Las topadoras suelen estar al servicio de empresarios que –la gran mayoría de las veces– son argentinos.
El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) planifica la política agropecuaria para los próximos nueve años. Y logró lo que ninguna otra iniciativa kirchnerista había logrado: obtuvo el apoyo (o al menos la ausencia de críticas) de medios opositores y también de medios oficialistas.
El PEA impulsa aumentar la producción granaria un 60 por ciento en los próximos nueve años. Llama la atención que los periodistas que durante la 125 tanto cuestionaron la sojización ahora no hayan alertado sobre el aumento de desalojos, desmontes y del uso masivo de agrotóxicos que provocará lo pautado en el PEA. Una premisa básica del periodismo es no ocultar la realidad. Los “daños colaterales” de la “Argentina líder agroalimentaria” (eslogan del PEA) recaerá sobre los sectores populares del campo argentino. A pesar de ello, la gran mayoría de los periodistas de grandes medios publicitan el PEA como un hecho auspicioso y, como de costumbre, ignoran a campesinos y pueblos originarios.
Fecha de Publicación: 14/09/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Darío Aranda reflexiona sobre el comportamiento de los grandes medios de comunicación y los periodistas acerca de la invisibilización de la opinión de campesinos e indígenas.
Medios de comunicación “independientes” y opositores, de un lado. “Militantes” y oficialistas, del otro. En ese maniqueísmo se ha transformado buena parte de los grandes medios de comunicación. Ambos denuncian, y silencian, según sus conveniencias económicas y políticas.
El proyecto de ley para regular la venta de tierras a extranjeros se suma a la lista de ejemplos que deja en evidencia a los grandes medios. El primer grupo publica editoriales y otorga espacios a quienes se oponen a regular la extranjerización porque, afirman, se estaría por “violar” la Constitución nacional. Desde la otra vereda se resalta el proyecto de ley como una gran cruzada nacional, casi presentada como si fuera la reforma agraria.
Es llamativo que, salvo excepciones, los periodistas de los grandes medios no consulten a un actor fundamental del territorio: campesinos y pueblos originarios.
Dirigencia política y formadores de opinión invisibilizan a los sectores populares de la Argentina rural. Influyen el desconocimiento o la discriminación de clase (o un poco de ambos). O, quizá, se los evita porque campesinos y pueblos originarios son quienes más claramente pueden dejar al descubierto que la extranjerización de tierras no es un problema central de Argentina, sino que el origen de sus pesares está en el modelo extractivo que es política de Estado, y donde agronegocios, megaminería, forestales y petroleras (sólo sus caras más famosas) cuentan con permanente apoyo mediático y gubernamental.
Pocos pueden oponerse a legislar sobre la venta de tierras a extranjeros. Mucho menos se opondrán quienes impulsan el actual modelo agropecuario, porque una ley de ese tipo no afecta ningún interés de los ganadores del modelo.
Regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia rural: la concentración de la tierra. Datos duros del INTA: el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra.
Empresarios y gobiernos extranjeros no necesitan comprar tierras de Argentina para explotarlas según su necesidad.
El gobierno de Río Negro firmó en octubre de 2010 un acuerdo con China para sembrar 240 mil hectáreas. El gobierno de Chaco firmó un acuerdo en febrero último con un “fondo inversor” de Arabia Saudita para que explote 200 mil hectáreas del Impenetrable.
También son extranjeros, y no verán afectados sus intereses, empresas mineras, petroleras y forestales que controlan amplias extensiones de territorio nacional.
El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario. En 2001 se sembraron en Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2010 se llegó al record de 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la tierra cultivada.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina) estima un piso de 200 mil familias rurales expulsadas por el avance sojero. Las topadoras suelen estar al servicio de empresarios que –la gran mayoría de las veces– son argentinos.
El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) planifica la política agropecuaria para los próximos nueve años. Y logró lo que ninguna otra iniciativa kirchnerista había logrado: obtuvo el apoyo (o al menos la ausencia de críticas) de medios opositores y también de medios oficialistas.
El PEA impulsa aumentar la producción granaria un 60 por ciento en los próximos nueve años. Llama la atención que los periodistas que durante la 125 tanto cuestionaron la sojización ahora no hayan alertado sobre el aumento de desalojos, desmontes y del uso masivo de agrotóxicos que provocará lo pautado en el PEA. Una premisa básica del periodismo es no ocultar la realidad. Los “daños colaterales” de la “Argentina líder agroalimentaria” (eslogan del PEA) recaerá sobre los sectores populares del campo argentino. A pesar de ello, la gran mayoría de los periodistas de grandes medios publicitan el PEA como un hecho auspicioso y, como de costumbre, ignoran a campesinos y pueblos originarios.
Santiago exigirá suspensión de todos los ingenios
La provincia exigirá la suspensión de todos los ingenios tucumanos
Fecha de Publicación: 14/09/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, pidió la suspensión preventiva de la producción de todos los ingenios tucumanos que están denunciados por contaminar la cuenca Salí-Dulce, en una solicitud de fuerte impacto en el marco de las causas que se investigan las violaciones a la ley nacional de Residuos Peligrosos.
El requerimiento fue elevado al juez federal, Guillermo Molinari, quien deberá resolver sobre los alcances de la medida.
Según trascendió de fuentes judiciales, Simón pidió la suspensión de 10 ingenios radicados en la vecina provincia que tienen destilerías y que producen bioetanol, un compuesto que se mezcla con las naftas, y cuyo desecho altamente tóxico es la vinaza. Los millones de litros de ese residuo que se vuelcan a la cuenca producen la mortandad de peces y dejan sin vida a los afluentes que llegan al lago de Río Hondo.
En el dictamen, se solicita además una vez decretada la suspensión de la actividad, que el Comité de Cuenca, como máxima autoridad hídrica de la región, evalúe en un tiempo perentorio a cada una de las fábricas para determinar cuáles tienen plantas de tratamiento de efluentes en condiciones para autorizarlas a retomar sus operaciones.
Para el fiscal está comprobado que los ingenios siguen contaminando y para ello se valió de pruebas documentales que tiene el expediente y de las propias resoluciones del gobierno tucumano, que la semana última clausuró la destilería del ingenio La Florida porque contamina, indicaron las mismas fuentes.
Con esta medida, Simón se adhirió a una medida cautelar presentada por la Fiscalía de Estado de la provincia y la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero. También el funcionario judicial dio dictamen favorable para que esos dos organismos sean aceptados como querellantes en esta causa y así poder aportar pruebas para la marcha de la investigación.
Otro punto trascendente, es que el fiscal federal insistió para que el secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván, sea imputado por los supuestos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por considerar que no actuó o lo hizo ineficientemente para frenar el vuelco de residuos tóxicos en la cuenca.
Un dato nuevo, es que Simón endureció su posición respecto de la falta de respuesta del Registro Público de Comercio de Tucumán, organismo al que realizó dos requerimientos durante julio y agosto sobre quiénes son los propietarios, accionistas o responsables de los ingenios investigados. Por ello, solicitó también la imputación de su titular por la falta de colaboración con la Justicia.
Fecha de Publicación: 14/09/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, pidió la suspensión preventiva de la producción de todos los ingenios tucumanos que están denunciados por contaminar la cuenca Salí-Dulce, en una solicitud de fuerte impacto en el marco de las causas que se investigan las violaciones a la ley nacional de Residuos Peligrosos.
El requerimiento fue elevado al juez federal, Guillermo Molinari, quien deberá resolver sobre los alcances de la medida.
Según trascendió de fuentes judiciales, Simón pidió la suspensión de 10 ingenios radicados en la vecina provincia que tienen destilerías y que producen bioetanol, un compuesto que se mezcla con las naftas, y cuyo desecho altamente tóxico es la vinaza. Los millones de litros de ese residuo que se vuelcan a la cuenca producen la mortandad de peces y dejan sin vida a los afluentes que llegan al lago de Río Hondo.
En el dictamen, se solicita además una vez decretada la suspensión de la actividad, que el Comité de Cuenca, como máxima autoridad hídrica de la región, evalúe en un tiempo perentorio a cada una de las fábricas para determinar cuáles tienen plantas de tratamiento de efluentes en condiciones para autorizarlas a retomar sus operaciones.
Para el fiscal está comprobado que los ingenios siguen contaminando y para ello se valió de pruebas documentales que tiene el expediente y de las propias resoluciones del gobierno tucumano, que la semana última clausuró la destilería del ingenio La Florida porque contamina, indicaron las mismas fuentes.
Con esta medida, Simón se adhirió a una medida cautelar presentada por la Fiscalía de Estado de la provincia y la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero. También el funcionario judicial dio dictamen favorable para que esos dos organismos sean aceptados como querellantes en esta causa y así poder aportar pruebas para la marcha de la investigación.
Otro punto trascendente, es que el fiscal federal insistió para que el secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván, sea imputado por los supuestos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por considerar que no actuó o lo hizo ineficientemente para frenar el vuelco de residuos tóxicos en la cuenca.
Un dato nuevo, es que Simón endureció su posición respecto de la falta de respuesta del Registro Público de Comercio de Tucumán, organismo al que realizó dos requerimientos durante julio y agosto sobre quiénes son los propietarios, accionistas o responsables de los ingenios investigados. Por ello, solicitó también la imputación de su titular por la falta de colaboración con la Justicia.
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