Se acerca la inauguración de Atucha II
21:03 | 
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Se acerca la inauguración
Fecha de Publicación: 03/09/2011
Fuente: El Debate
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, encabezó el Primer Encuentro Nacional del Programa Federal y manifestó que “en estos días, la Presidente Cristina Fernández va a inaugurar Atucha II, que junto con la central de Embalse van a ser el orgullo de la recuperación de la energía atómica en la Argentina". ¿Cuándo llegará la fecha?
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, encabezó el Primer Encuentro Nacional del Programa Federal de Integración Socio-Comunitaria, a través de la Cooperativa de Trabajo 'Proyectando Autonomía'. Durante su intervención, el ministro anunció: "Embalse también es muy conocido por la central atómica. En estos días hemos firmado los documentos de la renovación de vida de la central. También en estos días, la Presidente Cristina Fernández va a inaugurar Atucha II, que junto con la central de Embalse van a ser el orgullo de la recuperación de la energía atómica en la Argentina".
Atucha
Atucha II es una central nucleoeléctrica de una potencia de 745 MWe que va a aportar 692 MW eléctricos netos al sistema interconectado nacional.
Se encuentra ubicada sobre la margen derecha del Río Paraná, en la localidad de Lima, Partido de Zárate, a 115 km de la ciudad de Buenos Aires, adyacente a la Central Nuclear Atucha I, aprovechando gran parte de su infraestructura.
Pruebas
Como lo anticipó EL DEBATE Multimedios, en ediciones anteriores, la Autoridad Regulatoria Nuclear dará inicio a las pruebas para la puesta en marcha de la planta de energía atómica de Atucha II.
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) establece normas, interviene, controla y fiscaliza la actividad nuclear en Argentina en pos de mantener un nivel ideal de seguridad y garantizar que los materiales atómicos sean utilizados únicamente para fines pacíficos y autorizados.
Fecha de Publicación: 03/09/2011
Fuente: El Debate
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, encabezó el Primer Encuentro Nacional del Programa Federal y manifestó que “en estos días, la Presidente Cristina Fernández va a inaugurar Atucha II, que junto con la central de Embalse van a ser el orgullo de la recuperación de la energía atómica en la Argentina". ¿Cuándo llegará la fecha?
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, encabezó el Primer Encuentro Nacional del Programa Federal de Integración Socio-Comunitaria, a través de la Cooperativa de Trabajo 'Proyectando Autonomía'. Durante su intervención, el ministro anunció: "Embalse también es muy conocido por la central atómica. En estos días hemos firmado los documentos de la renovación de vida de la central. También en estos días, la Presidente Cristina Fernández va a inaugurar Atucha II, que junto con la central de Embalse van a ser el orgullo de la recuperación de la energía atómica en la Argentina".
Atucha
Atucha II es una central nucleoeléctrica de una potencia de 745 MWe que va a aportar 692 MW eléctricos netos al sistema interconectado nacional.
Se encuentra ubicada sobre la margen derecha del Río Paraná, en la localidad de Lima, Partido de Zárate, a 115 km de la ciudad de Buenos Aires, adyacente a la Central Nuclear Atucha I, aprovechando gran parte de su infraestructura.
Pruebas
Como lo anticipó EL DEBATE Multimedios, en ediciones anteriores, la Autoridad Regulatoria Nuclear dará inicio a las pruebas para la puesta en marcha de la planta de energía atómica de Atucha II.
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) establece normas, interviene, controla y fiscaliza la actividad nuclear en Argentina en pos de mantener un nivel ideal de seguridad y garantizar que los materiales atómicos sean utilizados únicamente para fines pacíficos y autorizados.
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Los ríos que llegan al embalse ya no tienen vida
Aumentó el vuelco de vinaza y los ríos que llegan al embalse ya no tienen vida
Fecha de Publicación: 02/09/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Lo confirmaron técnicos del Comité de Cuenca en una recorrida por cursos de agua tributarios del lago de Río Hondo, que llevan millones de litros de desechos de los ingenios. Pescadores protestaron contra las industrias tucumanas.
Una importante descarga de vinaza de manera furtiva en uno de los afluentes de la cuenca Salí-Dulce, fue realizada en horas de la noche del miércoles y de la madrugada de ayer. Esto amenaza con impactar al delicado equilibrio ecológico del embalse Río Hondo. Esta situación fue detectada por técnicos del Comité de Cuenca Salí-Dulce en el río Troncal (donde se unen los aportes de los desagües DP1 y DP2) durante una recorrida por los tributarios tucumanos.
Al final de la jornada, los especialistas se llevaron un panorama preocupante: no hay vida animal en ríos y arroyos debido a que no hay oxígeno por la contaminación que generan las industrias tucumanas. Solamente en el río Gastona se hallaron algunas mojarras y pequeños sábalos, como excepción que confirma la regla general que refleja que la polución ambiental diezmó la vida animal en los cursos de agua tucumanos donde se vierten desechos industriales.
Al adentrarse en el Troncal, el equipo de técnicos se dio con la imagen de lagunas de despojo en los márgenes del cauce, como una gran espuma blanca, y el reconocible olor a cloaca que deja la vinaza. Al tomar una muestra y medir la conductividad con la que se registra la salinidad del agua y también el puso de vinaza, se comprobaron que los valores doblaban lo que normalmente suele presentar este tributario.
Además, se midió el PH que es la acidez del agua y se dieron con que hubo una merma de los valores normales que allí se registran, un efecto colateral que produce este residuo industrial una vez arrojado en el agua.
Denuncias
La fuerte presunción de que hubo un vuelco de vinaza se volvió certeza con se recogieron los testimonios de pobladores que denunciaron que de manera incesante, por varias horas, sintieron un olor nauseabundo. Ello, producto de las descargas de ingenios que producen bioetanol a partir de la caña de azúcar y que durante el proceso de elaboración, genera la vinaza.
Fuentes ligadas al control de la actividad industrial, sobre todo a los ingenios con destilerías, mencionaron que en la zona del Troncal están situadas las plantas fabriles de La Florida y Cruz Alta, que pertenecen al grupo Los Balcanes, cuyo dueño, Jorge Rocchia Ferro, indagado por el juez federal Mario Racedo y que espera por la resolución sobre su situación procesal. Según las fuentes, la vinaza se acopia en lagunas de sacrificios, pero que al no dar abasto a la cantidad de desechos, se termina arrojando al curso hídrico.
“El panorama es nada alentador”, señalaron a EL LIBERAL los especialistas sobre el impacto que tendrá esta cantidad de residuos industrial que avanza hacia el embalse. Hoy se tomarán muestras y se harán nuevos monitoreos para comprobar qué efecto tendrá en el ecosistema del lago Río Hondo.
Secretaría de Ambiente de la Nación se sumará a la inspección de los ingenios
La presencia de autoridades nacionales quiere dar mayor fuerza institucional a las supervisiones y comprobar si se cumplen las normas y la aplicación del PRI.
Las cenizas que se extraen de las chimeneas del ingenio Aguilares contaminan el río Medina. Así lo descubrieron integrantes de la Comisión Técnica del Comité de Cuenca Salí-Dulce que supervisaron ayer la planta azucarera y que dieron cuenta de que la disposición final de este elemento no es el adecuado.
Así lo indicó Juan Carlos Targa, director de Medio Ambiente provincial, en diálogo con EL LIBERAL. Además, reveló que a partir de la próxima semana, se sumarán a las visitas programadas a las plantas fabriles de Tucumán, los funcionarios de las secretarías nacionales de Ambiente y Desarrollo Sustentable; y Recursos Hídricos, para dar mayor peso institucional a los controles y comprobar si las firmas que adhirieron al Programa de Reconversión Industrial (PRI) realizan las obras para tratar los residuos.
Targa estuvo ayer en el Aguilares junto con el secretario del Agua, Abel Tévez. Al evaluar los resultados de la visita, remarcó que este ingenio no tiene destilería, que es donde se genera la vinaza, el principal causante de la degradación ambiental de la cuenca, pero que se detectó que parte de las cenizas terminan en el río Medina.
“Hemos recorrido todo el ingenio y también los lugares donde hacen la disposición de agua con cenizas. En este ingenio, las dos corrientes más problemáticas son la cachaza por un lado y por otro, las cenizas”, relató.
“En general –contó-, se puede decir con respecto a la disposición de cachaza, que se realiza un tipo de trabajo de tal manera que es imposible que la cachaza vaya directamente al río. Antes con solo abrir una válvula podría haber ido al río. Ahora, la cachaza que sale de los filtros, va a un sistema de cinta transportada donde es imposible que pueda ir directamente al río”.
Indicó que también se hace la extracción de la cachaza de camiones y que cada camión que sale de la planta se lo pesa, y se firma una planilla donde consta el destino final. Pese a esta situación alentadora, Targa dijo que aún resulta problemática la disposición de las cenizas: “Han hecho un tratamiento para extraer cenizas que en parte da resultados y en parte no, pero se están haciendo trabajos para que esas cenizas no vayan al río Medina”.
Fecha de Publicación: 02/09/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Lo confirmaron técnicos del Comité de Cuenca en una recorrida por cursos de agua tributarios del lago de Río Hondo, que llevan millones de litros de desechos de los ingenios. Pescadores protestaron contra las industrias tucumanas.
Una importante descarga de vinaza de manera furtiva en uno de los afluentes de la cuenca Salí-Dulce, fue realizada en horas de la noche del miércoles y de la madrugada de ayer. Esto amenaza con impactar al delicado equilibrio ecológico del embalse Río Hondo. Esta situación fue detectada por técnicos del Comité de Cuenca Salí-Dulce en el río Troncal (donde se unen los aportes de los desagües DP1 y DP2) durante una recorrida por los tributarios tucumanos.
Al final de la jornada, los especialistas se llevaron un panorama preocupante: no hay vida animal en ríos y arroyos debido a que no hay oxígeno por la contaminación que generan las industrias tucumanas. Solamente en el río Gastona se hallaron algunas mojarras y pequeños sábalos, como excepción que confirma la regla general que refleja que la polución ambiental diezmó la vida animal en los cursos de agua tucumanos donde se vierten desechos industriales.
Al adentrarse en el Troncal, el equipo de técnicos se dio con la imagen de lagunas de despojo en los márgenes del cauce, como una gran espuma blanca, y el reconocible olor a cloaca que deja la vinaza. Al tomar una muestra y medir la conductividad con la que se registra la salinidad del agua y también el puso de vinaza, se comprobaron que los valores doblaban lo que normalmente suele presentar este tributario.
Además, se midió el PH que es la acidez del agua y se dieron con que hubo una merma de los valores normales que allí se registran, un efecto colateral que produce este residuo industrial una vez arrojado en el agua.
Denuncias
La fuerte presunción de que hubo un vuelco de vinaza se volvió certeza con se recogieron los testimonios de pobladores que denunciaron que de manera incesante, por varias horas, sintieron un olor nauseabundo. Ello, producto de las descargas de ingenios que producen bioetanol a partir de la caña de azúcar y que durante el proceso de elaboración, genera la vinaza.
Fuentes ligadas al control de la actividad industrial, sobre todo a los ingenios con destilerías, mencionaron que en la zona del Troncal están situadas las plantas fabriles de La Florida y Cruz Alta, que pertenecen al grupo Los Balcanes, cuyo dueño, Jorge Rocchia Ferro, indagado por el juez federal Mario Racedo y que espera por la resolución sobre su situación procesal. Según las fuentes, la vinaza se acopia en lagunas de sacrificios, pero que al no dar abasto a la cantidad de desechos, se termina arrojando al curso hídrico.
“El panorama es nada alentador”, señalaron a EL LIBERAL los especialistas sobre el impacto que tendrá esta cantidad de residuos industrial que avanza hacia el embalse. Hoy se tomarán muestras y se harán nuevos monitoreos para comprobar qué efecto tendrá en el ecosistema del lago Río Hondo.
Secretaría de Ambiente de la Nación se sumará a la inspección de los ingenios
La presencia de autoridades nacionales quiere dar mayor fuerza institucional a las supervisiones y comprobar si se cumplen las normas y la aplicación del PRI.
Las cenizas que se extraen de las chimeneas del ingenio Aguilares contaminan el río Medina. Así lo descubrieron integrantes de la Comisión Técnica del Comité de Cuenca Salí-Dulce que supervisaron ayer la planta azucarera y que dieron cuenta de que la disposición final de este elemento no es el adecuado.
Así lo indicó Juan Carlos Targa, director de Medio Ambiente provincial, en diálogo con EL LIBERAL. Además, reveló que a partir de la próxima semana, se sumarán a las visitas programadas a las plantas fabriles de Tucumán, los funcionarios de las secretarías nacionales de Ambiente y Desarrollo Sustentable; y Recursos Hídricos, para dar mayor peso institucional a los controles y comprobar si las firmas que adhirieron al Programa de Reconversión Industrial (PRI) realizan las obras para tratar los residuos.
Targa estuvo ayer en el Aguilares junto con el secretario del Agua, Abel Tévez. Al evaluar los resultados de la visita, remarcó que este ingenio no tiene destilería, que es donde se genera la vinaza, el principal causante de la degradación ambiental de la cuenca, pero que se detectó que parte de las cenizas terminan en el río Medina.
“Hemos recorrido todo el ingenio y también los lugares donde hacen la disposición de agua con cenizas. En este ingenio, las dos corrientes más problemáticas son la cachaza por un lado y por otro, las cenizas”, relató.
“En general –contó-, se puede decir con respecto a la disposición de cachaza, que se realiza un tipo de trabajo de tal manera que es imposible que la cachaza vaya directamente al río. Antes con solo abrir una válvula podría haber ido al río. Ahora, la cachaza que sale de los filtros, va a un sistema de cinta transportada donde es imposible que pueda ir directamente al río”.
Indicó que también se hace la extracción de la cachaza de camiones y que cada camión que sale de la planta se lo pesa, y se firma una planilla donde consta el destino final. Pese a esta situación alentadora, Targa dijo que aún resulta problemática la disposición de las cenizas: “Han hecho un tratamiento para extraer cenizas que en parte da resultados y en parte no, pero se están haciendo trabajos para que esas cenizas no vayan al río Medina”.
Buenos Aires se protege del cambio climático
Buenos Aires se protege del cambio climático
Fecha de Publicación: 02/09/2011
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Buenos Aires
Los legisladores porteños votaron la Ley de Cambio Climático convirtiendo a Buenos Aires en la segunda ciudad de América Latina en poseer una legislación de este tipo. La aplicación de la ley recaerá en la actual Agencia de Protección Ambiental.
La Legislatura Porteña sancionó esta tarde, además, la Ley de Cambio Climático convirtiendo a Buenos Aires en la segunda ciudad de América Latina en poseer una legislación de este tipo. La ley, impulsada por Avelino Tamargo (PRO), Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica) y Silvina Pedreira (Bloque Peronista), tiene como objeto establecer las acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de adaptación y mitigación al cambio climático, reduciendo así vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales.
La ley aprobada abarca amplios campos de acción como los sectores industrial, energético, turístico, urbanístico, de espacios verdes y de construcción así como las zonas hídricas, las zonas costeras y la salubridad.
Entre los principios de la iniciativa se encuentra la transversalidad del cambio climático en las políticas de Estado lo cual implica que este factor deberá ser considerado en todas las acciones públicas y privadas. En la misma línea incluye la coordinación de acciones entre la Ciudad y la Nación así como con las provincias en especial la de Buenos Aires.
La aplicación de la ley recaerá en la actual Agencia de Protección Ambiental que a partir de su sanción contará con un "Consejo Asesor Externo del Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático". El Consejo será de carácter consultivo y honorario y tendrá como objetivo asistir y asesorar a la autoridad de aplicación. El mismo estará integrado por Científicos, expertos e investigadores, así como representantes de organizaciones ambientales, universidades, entidades académicas, y centros de investigación.
La ley tiene sus referentes en la Ley de Soluciones para el Calentamiento de la Atmósfera promulgada en el 2006 en el Estado de California (Estados Unidos), la Ley de Cambios Climáticos sancionada en Brasil durante el gobierno de Lula y la Ley de Mitigación y Adaptación del Cambio Climático sancionada este año en México (D.F.).
Fecha de Publicación: 02/09/2011
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Buenos Aires
Los legisladores porteños votaron la Ley de Cambio Climático convirtiendo a Buenos Aires en la segunda ciudad de América Latina en poseer una legislación de este tipo. La aplicación de la ley recaerá en la actual Agencia de Protección Ambiental.
La Legislatura Porteña sancionó esta tarde, además, la Ley de Cambio Climático convirtiendo a Buenos Aires en la segunda ciudad de América Latina en poseer una legislación de este tipo. La ley, impulsada por Avelino Tamargo (PRO), Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica) y Silvina Pedreira (Bloque Peronista), tiene como objeto establecer las acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de adaptación y mitigación al cambio climático, reduciendo así vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales.
La ley aprobada abarca amplios campos de acción como los sectores industrial, energético, turístico, urbanístico, de espacios verdes y de construcción así como las zonas hídricas, las zonas costeras y la salubridad.
Entre los principios de la iniciativa se encuentra la transversalidad del cambio climático en las políticas de Estado lo cual implica que este factor deberá ser considerado en todas las acciones públicas y privadas. En la misma línea incluye la coordinación de acciones entre la Ciudad y la Nación así como con las provincias en especial la de Buenos Aires.
La aplicación de la ley recaerá en la actual Agencia de Protección Ambiental que a partir de su sanción contará con un "Consejo Asesor Externo del Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático". El Consejo será de carácter consultivo y honorario y tendrá como objetivo asistir y asesorar a la autoridad de aplicación. El mismo estará integrado por Científicos, expertos e investigadores, así como representantes de organizaciones ambientales, universidades, entidades académicas, y centros de investigación.
La ley tiene sus referentes en la Ley de Soluciones para el Calentamiento de la Atmósfera promulgada en el 2006 en el Estado de California (Estados Unidos), la Ley de Cambios Climáticos sancionada en Brasil durante el gobierno de Lula y la Ley de Mitigación y Adaptación del Cambio Climático sancionada este año en México (D.F.).
Alumbrera se hará cargo del proyecto Agua Rica
Minera Alumbrera se hará cargo del proyecto minero Agua Rica
Fecha de Publicación: 02/09/2011
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Ayer se concretó el acuerdo con la empresa Yamana. Alumbrera podrá intervenir cuando la Justicia levante la suspensión que está vigente.
La empresa Minera Alumbrera y sus accionistas Xstrata Copper, Goldcorp Inc. y Yamana Gold anunciaron ayer el cierre del acuerdo, por el que se le otorga a Minera Alumbrera la opción exclusiva de compra por un lapso de cuatro años para adquirir el 100% de la participación de Yamana en el proyecto Agua Rica. El yacimiento se encuentra próximo a Bajo de la Alumbrera, operado por Xstrata.
El acuerdo fue informado en exclusiva por El Ancasti en marzo. Por éste se establece que en el plazo de la opción, Minera Alumbrera gestionará el proyecto Agua Rica y financiará un estudio de factibilidad así como todos los costos de desarrollo. Minera Alumbrera puede optar por ejercer la opción en cualquier momento durante el período de cuatro años.
"Hemos firmado el contrato de la carta de intención firmada en marzo por la opción exclusiva de compra de Agua Rica y a partir de ahora, una vez que la Justicia lo autorice, vamos a realizar un nuevo estudio de factibilidad del proyecto", explicó ayer en conferencia de prensa desde Andalgalá el gerente de Alumbrera, Jorge Montaldi.
El vocero de la empresa minera se encargó de recordar que la posibilidad de realizar trabajos en la mina, incluso los de factibilidad, está limitada por orden de la Justicia, por lo que destacó que cuando se habilite la vía judicial se podrán realizar los estudios que, entre otras cosas, deben evaluar la factibilidad de la utilización de la infraestructura de Alumbrera en el proyecto Agua Rica y el impacto que tendría la instalación de una "cinta transportadora" que permita unir los dos proyectos, muy próximos entre sí.
Las actividades en el yacimiento minero de Agua Rica están suspendidas desde el 15 de febrero de 2010 por una resolución del juez de Minas, Raúl Guillermo Cerda.
Montaldi aseguró la continuidad laboral de los empleados de Agua Rica y dijo que, como parte del acuerdo, existe un compromiso de priorizar la contratación y compra de bienes y servicios a proveedores locales, una de las demandas de los andalgalenses.
El gerente de la minera destacó la importancia de poder "sumar las potencialidades de las dos compañías" y prometió que se dará continuidad al plan comunitario que tenían diseñados tanto Yamana como Alumbrera.
Las negociaciones entre ambas empresas comenzaron en marzo cuando se firmó la carta intención. En los meses siguientes, en un ámbito de absoluto hermetismo, ambas empresas avanzaron en la definición de las características del acuerdo.
Fecha de Publicación: 02/09/2011
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Ayer se concretó el acuerdo con la empresa Yamana. Alumbrera podrá intervenir cuando la Justicia levante la suspensión que está vigente.
La empresa Minera Alumbrera y sus accionistas Xstrata Copper, Goldcorp Inc. y Yamana Gold anunciaron ayer el cierre del acuerdo, por el que se le otorga a Minera Alumbrera la opción exclusiva de compra por un lapso de cuatro años para adquirir el 100% de la participación de Yamana en el proyecto Agua Rica. El yacimiento se encuentra próximo a Bajo de la Alumbrera, operado por Xstrata.
El acuerdo fue informado en exclusiva por El Ancasti en marzo. Por éste se establece que en el plazo de la opción, Minera Alumbrera gestionará el proyecto Agua Rica y financiará un estudio de factibilidad así como todos los costos de desarrollo. Minera Alumbrera puede optar por ejercer la opción en cualquier momento durante el período de cuatro años.
"Hemos firmado el contrato de la carta de intención firmada en marzo por la opción exclusiva de compra de Agua Rica y a partir de ahora, una vez que la Justicia lo autorice, vamos a realizar un nuevo estudio de factibilidad del proyecto", explicó ayer en conferencia de prensa desde Andalgalá el gerente de Alumbrera, Jorge Montaldi.
El vocero de la empresa minera se encargó de recordar que la posibilidad de realizar trabajos en la mina, incluso los de factibilidad, está limitada por orden de la Justicia, por lo que destacó que cuando se habilite la vía judicial se podrán realizar los estudios que, entre otras cosas, deben evaluar la factibilidad de la utilización de la infraestructura de Alumbrera en el proyecto Agua Rica y el impacto que tendría la instalación de una "cinta transportadora" que permita unir los dos proyectos, muy próximos entre sí.
Las actividades en el yacimiento minero de Agua Rica están suspendidas desde el 15 de febrero de 2010 por una resolución del juez de Minas, Raúl Guillermo Cerda.
Montaldi aseguró la continuidad laboral de los empleados de Agua Rica y dijo que, como parte del acuerdo, existe un compromiso de priorizar la contratación y compra de bienes y servicios a proveedores locales, una de las demandas de los andalgalenses.
El gerente de la minera destacó la importancia de poder "sumar las potencialidades de las dos compañías" y prometió que se dará continuidad al plan comunitario que tenían diseñados tanto Yamana como Alumbrera.
Las negociaciones entre ambas empresas comenzaron en marzo cuando se firmó la carta intención. En los meses siguientes, en un ámbito de absoluto hermetismo, ambas empresas avanzaron en la definición de las características del acuerdo.
Primer round por la ley de tierras
Primer round por la ley de tierras del Gobierno
Fecha de Publicación: 01/09/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El debate sobre ese proyecto fue pospuesto ayer, en medio de tironeos entre oficialistas y opositores.
Si la Argentina fuera un país normal, la noticia debería ser que todos los partidos políticos apoyan la sanción de una ley que ponga límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. Pero como no lo es, y el Congreso expresa bien su dificultad para encontrar consensos, la crónica periodística debe decir que el debate sobre ese proyecto fue pospuesto ayer, en medio de tironeos entre oficialistas y opositores.
La diputada Vilma Ibarra, titular de la Comisión de Legislación General, aclaró de entrada esa dificultad. “Llamé a los presidentes de Agricultura y de Asuntos Constitucionales, y sólo pude comunicarme con el diputado (Juan) Casañas, porque la diputada (Graciela) Camaño nunca me atendió el teléfono ni me devolvió las llamadas”. Según el reglamento de la Cámara, un dictamen para frenar la extranjerización de la tierra debe ser aprobado por un plenario de esas tres comisiones.
La dificultad para reunir a todos los diputados involucrados responde a la negativa de los bloques opositores a analizar sin modificaciones el proyecto remitido en abril por el Ejecutivo. También a la pulseada por otros temas en danza, como el de la boleta única. Ante la imposibilidad de avanzar, Ibarra pidió tiempo para una nueva convocatoria . Desde el kirchnerismo –tras amagar pedir un emplazamiento a las comisiones que faltaban– se aseguraba anoche que el jueves habrá plenario.
Lo cierto es que hay otros trece proyectos en danza además del redactado por el Gobierno. Y que muchos aspectos de la iniciativa oficial recibieron críticas certeras de diputados que en otros debates votaron alineados con el oficialismo. Un caso fue el de Verónica Benas, del SI, quien propuso media docena de reformas al texto.
Uno de los puntos más cuestionados es aquel que establece que sólo 20% de la tierra podrá quedar en manos de extranjeros, sin especificar si se trata de un porcentaje de todo el territorio nacional, o de la superficie productiva. En semejante gris, hasta podría suceder que toda una provincia pase a manos foráneas. El Frente para la Victoria estaba ayer sobreaviso de estas críticas. Tanto que la propia Ibarra anunció que el Ministerio de Agricultura ya le había enviado varias reformas al texto original.
Todos los bloques se mostraron de acuerdo con la necesidad de legislar, pero los opositores rechazaron una discusión a libro cerrado. “El bien tutelado es loable, pero el proyecto es malo ”, resumió Ricardo Buryaile, de la UCR. Felipe Solá, del Peronismo Federal, pidió dar una discusión profunda y no sometida a la urgencia de los tiempos electorales.
Más Información:
- Página/12 - Más cerca de la ley de tierras
- La Nación - La tierra y los extranjeros
- Tiempo Argentino - La ley de tierras avanza en Diputados
Fecha de Publicación: 01/09/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El debate sobre ese proyecto fue pospuesto ayer, en medio de tironeos entre oficialistas y opositores.
Si la Argentina fuera un país normal, la noticia debería ser que todos los partidos políticos apoyan la sanción de una ley que ponga límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. Pero como no lo es, y el Congreso expresa bien su dificultad para encontrar consensos, la crónica periodística debe decir que el debate sobre ese proyecto fue pospuesto ayer, en medio de tironeos entre oficialistas y opositores.
La diputada Vilma Ibarra, titular de la Comisión de Legislación General, aclaró de entrada esa dificultad. “Llamé a los presidentes de Agricultura y de Asuntos Constitucionales, y sólo pude comunicarme con el diputado (Juan) Casañas, porque la diputada (Graciela) Camaño nunca me atendió el teléfono ni me devolvió las llamadas”. Según el reglamento de la Cámara, un dictamen para frenar la extranjerización de la tierra debe ser aprobado por un plenario de esas tres comisiones.
La dificultad para reunir a todos los diputados involucrados responde a la negativa de los bloques opositores a analizar sin modificaciones el proyecto remitido en abril por el Ejecutivo. También a la pulseada por otros temas en danza, como el de la boleta única. Ante la imposibilidad de avanzar, Ibarra pidió tiempo para una nueva convocatoria . Desde el kirchnerismo –tras amagar pedir un emplazamiento a las comisiones que faltaban– se aseguraba anoche que el jueves habrá plenario.
Lo cierto es que hay otros trece proyectos en danza además del redactado por el Gobierno. Y que muchos aspectos de la iniciativa oficial recibieron críticas certeras de diputados que en otros debates votaron alineados con el oficialismo. Un caso fue el de Verónica Benas, del SI, quien propuso media docena de reformas al texto.
Uno de los puntos más cuestionados es aquel que establece que sólo 20% de la tierra podrá quedar en manos de extranjeros, sin especificar si se trata de un porcentaje de todo el territorio nacional, o de la superficie productiva. En semejante gris, hasta podría suceder que toda una provincia pase a manos foráneas. El Frente para la Victoria estaba ayer sobreaviso de estas críticas. Tanto que la propia Ibarra anunció que el Ministerio de Agricultura ya le había enviado varias reformas al texto original.
Todos los bloques se mostraron de acuerdo con la necesidad de legislar, pero los opositores rechazaron una discusión a libro cerrado. “El bien tutelado es loable, pero el proyecto es malo ”, resumió Ricardo Buryaile, de la UCR. Felipe Solá, del Peronismo Federal, pidió dar una discusión profunda y no sometida a la urgencia de los tiempos electorales.
Más Información:
- Página/12 - Más cerca de la ley de tierras
- La Nación - La tierra y los extranjeros
- Tiempo Argentino - La ley de tierras avanza en Diputados
Acuerdan buscar oro en Famatina
Acuerdan buscar oro en Famatina
Fecha de Publicación: 01/09/2011
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: La Rioja
Osisko hará una inversión inicial de $10 millones de pesos. El 33% del valor del mineral será para el Estado.
El gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, y empresarios de la minera canadiense Osisko Mining Corporation, firmaron ayer un acuerdo para iniciar la exploración de oro y otros minerales en el cordón montañoso del cerro Famatina. La empresa invertirá 10 millones de pesos en una primera etapa y dará trabajo a entre 20 y 30 personas y el Estado se quedará con el 33% del valor del mineral.
El titular de la empresa minera estatal, EMSE, Héctor Durán Sabas, precisó que la provincia “se quedará con el 30 por ciento del valor del mineral extraído y además percibirá el 3 por ciento del total producido en concepto de canon”, tal como fija la legislación nacional.
El contrato firmado es por cuatro años para la fase de exploración, y recién cuando se conozcan las características de los posibles yacimientos y el tipo de minerales que haya, se definirá si la eventual explotación será a cielo abierto. Mientras tanto, integrantes de las Asambleas Ciudadanas por la Vida de Chilecito, Famatina y la Capital criticaron el acuerdo y anunciaron que ‘se están organizando para resistir‘.
En un acto realizado ayer en la Casa de Gobierno, el gobernador Beder Herrera reiteró que “el Estado controlará el impacto ambiental para evitar problemas de contaminación” a través de la EMSE y de las secretarías de Minería y de Ambiente. “No quería explorar una mina tan importante como el Famatina solamente por el 3 por ciento y ahora tenemos el 33 por ciento”, destacó el mandatario.
El mandatario aseguró que su reelección en mayo pasado por el 67 por ciento de los votos “llevaba de manera implícita la política de desarrollo minero” que está llevando adelante. “De dónde vamos a sacar los riojanos si no es explotando los recursos que tenemos en la minería”, se preguntó.
Fecha de Publicación: 01/09/2011
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: La Rioja
Osisko hará una inversión inicial de $10 millones de pesos. El 33% del valor del mineral será para el Estado.
El gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, y empresarios de la minera canadiense Osisko Mining Corporation, firmaron ayer un acuerdo para iniciar la exploración de oro y otros minerales en el cordón montañoso del cerro Famatina. La empresa invertirá 10 millones de pesos en una primera etapa y dará trabajo a entre 20 y 30 personas y el Estado se quedará con el 33% del valor del mineral.
El titular de la empresa minera estatal, EMSE, Héctor Durán Sabas, precisó que la provincia “se quedará con el 30 por ciento del valor del mineral extraído y además percibirá el 3 por ciento del total producido en concepto de canon”, tal como fija la legislación nacional.
El contrato firmado es por cuatro años para la fase de exploración, y recién cuando se conozcan las características de los posibles yacimientos y el tipo de minerales que haya, se definirá si la eventual explotación será a cielo abierto. Mientras tanto, integrantes de las Asambleas Ciudadanas por la Vida de Chilecito, Famatina y la Capital criticaron el acuerdo y anunciaron que ‘se están organizando para resistir‘.
En un acto realizado ayer en la Casa de Gobierno, el gobernador Beder Herrera reiteró que “el Estado controlará el impacto ambiental para evitar problemas de contaminación” a través de la EMSE y de las secretarías de Minería y de Ambiente. “No quería explorar una mina tan importante como el Famatina solamente por el 3 por ciento y ahora tenemos el 33 por ciento”, destacó el mandatario.
El mandatario aseguró que su reelección en mayo pasado por el 67 por ciento de los votos “llevaba de manera implícita la política de desarrollo minero” que está llevando adelante. “De dónde vamos a sacar los riojanos si no es explotando los recursos que tenemos en la minería”, se preguntó.
Ayuí: "Se hacía daño y no se iba a preservar"
Represa Ayuí: "Se hacía daño y no se iba a preservar el medio ambiente"
Fecha de Publicación: 31/08/2011
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Corrientes
Sociedad / Luego de la resolución del Gobierno sobre la contaminadora represa, llevada a cabo por un emprendimiento del directivo del Grupo Clarín José Aranda, el Secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, afirmó en diálogo por Radio América que “así como clausuramos empresas que vuelcan desechos al Riachuelo, esto tampoco lo permitimos”.
“Es incompatible porque hay seis motivos que vulneran la ley de diversidad biológica, entre ellos hay una enorme diversidad de fauna y flora que se altera. Iban a desaparecer varias de especies de peces y se iban a arrasar 7 mil hectáreas de bosque nativo”, explicó Mussi.
La medida de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, fue publicada ayer en el Boletín oficial y asegura que el emprendimiento privado, entre cuyos accionistas se encuentra el directivo del Grupo Clarín, José Aranda, resulta "incompatible con las obligaciones asumidas por la República Argentina en el Estatuto del Río Uruguay de 1975 y otras normas y acuerdos internacionales vigentes en materia de derecho internacional del medio ambiente".
“Hay que prevenir y tener precaución, está comprobado que se hacia daño y no se iba a preservar el medio ambiente, desde todo punto de vista el proyecto no seguirá adelante. Entre otros daños iba a afectar el flujo de agua del Río Uruguay. Así como clausuramos empresas que vuelcan desechos al Riachuelo, esto tampoco lo permitimos”, agregó Mussi.
Fecha de Publicación: 31/08/2011
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Corrientes
Sociedad / Luego de la resolución del Gobierno sobre la contaminadora represa, llevada a cabo por un emprendimiento del directivo del Grupo Clarín José Aranda, el Secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, afirmó en diálogo por Radio América que “así como clausuramos empresas que vuelcan desechos al Riachuelo, esto tampoco lo permitimos”.
“Es incompatible porque hay seis motivos que vulneran la ley de diversidad biológica, entre ellos hay una enorme diversidad de fauna y flora que se altera. Iban a desaparecer varias de especies de peces y se iban a arrasar 7 mil hectáreas de bosque nativo”, explicó Mussi.
La medida de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, fue publicada ayer en el Boletín oficial y asegura que el emprendimiento privado, entre cuyos accionistas se encuentra el directivo del Grupo Clarín, José Aranda, resulta "incompatible con las obligaciones asumidas por la República Argentina en el Estatuto del Río Uruguay de 1975 y otras normas y acuerdos internacionales vigentes en materia de derecho internacional del medio ambiente".
“Hay que prevenir y tener precaución, está comprobado que se hacia daño y no se iba a preservar el medio ambiente, desde todo punto de vista el proyecto no seguirá adelante. Entre otros daños iba a afectar el flujo de agua del Río Uruguay. Así como clausuramos empresas que vuelcan desechos al Riachuelo, esto tampoco lo permitimos”, agregó Mussi.
Sali-Dulce: Tucumán debería indemnizar
Afirman que Tucumán debe indemnizar a Santiago del Estero por la contaminación
Fecha de Publicación: 31/08/2011
Fuente: El Diario 24
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
El Ing. Carlos D. Morales, presidente de la Asociación de Ingenieros y Técnicos Especialistas (A.I.T.E), le comentó a Nuevo Diario que Tucumán debe indemnizar a Santiago del Estero por la contaminación del embalse de la Cuenca Salí-Dulce.
“Lo que dijimos hace más de 8 años atrás, es que hay que poner énfasis en industrializar los desechos y no se vuelva a tirar a los ríos”, afirmó el Ingeniero.
“Lamentablemente los afectados somos los santiagueños. A mi modesta opinión, yo creo que habría que avanzar en el sentido de indemnizar a nuestra provincia por los daños, Santiago debe solicitar el inmediato resarcimiento por el perjuicio del embalse y no a las empresas”, aclaró el presidente de A.I.T.E.
Morales además agregó que “el problema pasa en la transferencia de responsabilidades”, y rememoró que en el año 2003, Alfredo Montalván, como miembro del Plan de Producción Limpia, dijo que Tucumán no estaba contaminando.
“En su momento, nosotros hablamos con el, y negó totalmente este problema. El discurso originario de Tucumán era: “Aquí nadie contamina”, remarcó Morales “y yo no sé si ahora el Sr. Montalván, reconocerá que las industrias de su provincia contaminan. Ahora, la pregunta no es que hay que hacer, sino porqué no se hace”.
Por otra parte, el Ingeniero recordó que en su momento, el Banco Mundial había destinado un importante monto de dinero para tratar la problemática de la Cuenca, y no se vieron los resultados.
Fecha de Publicación: 31/08/2011
Fuente: El Diario 24
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
El Ing. Carlos D. Morales, presidente de la Asociación de Ingenieros y Técnicos Especialistas (A.I.T.E), le comentó a Nuevo Diario que Tucumán debe indemnizar a Santiago del Estero por la contaminación del embalse de la Cuenca Salí-Dulce.
“Lo que dijimos hace más de 8 años atrás, es que hay que poner énfasis en industrializar los desechos y no se vuelva a tirar a los ríos”, afirmó el Ingeniero.
“Lamentablemente los afectados somos los santiagueños. A mi modesta opinión, yo creo que habría que avanzar en el sentido de indemnizar a nuestra provincia por los daños, Santiago debe solicitar el inmediato resarcimiento por el perjuicio del embalse y no a las empresas”, aclaró el presidente de A.I.T.E.
Morales además agregó que “el problema pasa en la transferencia de responsabilidades”, y rememoró que en el año 2003, Alfredo Montalván, como miembro del Plan de Producción Limpia, dijo que Tucumán no estaba contaminando.
“En su momento, nosotros hablamos con el, y negó totalmente este problema. El discurso originario de Tucumán era: “Aquí nadie contamina”, remarcó Morales “y yo no sé si ahora el Sr. Montalván, reconocerá que las industrias de su provincia contaminan. Ahora, la pregunta no es que hay que hacer, sino porqué no se hace”.
Por otra parte, el Ingeniero recordó que en su momento, el Banco Mundial había destinado un importante monto de dinero para tratar la problemática de la Cuenca, y no se vieron los resultados.
Limitan fumigaciones en el Chaco
La salud pública antes que los intereses comerciales
Fecha de Publicación: 30/08/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Chaco
Por primera vez, la máxima instancia judicial de una provincia se pronuncia respecto de la utilización de agrotóxicos. La sentencia obliga a no fumigar a menos de mil metros de viviendas, escuelas y cursos de agua.
Las fumigaciones llegaron, por primera vez, a un máximo tribunal provincial. Y la sentencia golpea al modelo agropecuario basado en el uso masivo de agroquímicos. El Superior Tribunal de Justicia de Chaco confirmó una medida cautelar que fija límites inéditos para las fumigaciones: a mil metros de viviendas y escuelas, si son aspersiones terrestres, y a dos mil metros para las aéreas. El máximo tribunal chaqueño protegió, también por primera vez en esta instancia, los cursos de agua. Remarcó la vigencia del principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable es necesario tomar medidas protectoras), priorizó la salud por sobre la rentabilidad, llamó la atención sobre la responsabilidad de los funcionarios y exhortó a los municipios a dar respuesta urgente a la población. La decisión judicial apunta a emprendimientos arroceros que utilizan endosulfán y glifosato, ambos químicos de uso masivo en Argentina.
La Leonesa y Las Palmas son municipios que están a 60 kilómetros de Resistencia. Vecinos del barrio La Ralera denuncian desde hace nueve años el efecto sanitario de los agroquímicos utilizados en plantaciones de arroz que lindan con el barrio. Alertan sobre el incremento de casos de cáncer, las intoxicaciones y la contaminación del agua. Apuntan al glifosato, al endosulfán, al metamidofos, el picloran y el clopirifos, entre otros químicos usados también en los cultivos de soja. Señalan a las arroceras San Carlos SRL y Cancha Larga.
En enero de 2010 presentaron un recurso de amparo contra las arroceras, las municipalidades de La Leonesa y Las Palmas, el gobierno provincial y nacional. Solicitaron el cese de las fumigaciones y la relocalización de los arrozales. En primera y segunda instancia hubo fallos favorables a los vecinos. Habían fijado un precedente histórico para las fumigaciones: a mil metros de viviendas, escuelas y cursos de agua, si son terrestres; a dos mil metros si son aéreas.
Las arroceras y los municipios apelaron el fallo, en febrero pasado, ante el Superior Tribunal de Justicia de Chaco. Los jueces se expidieron el jueves en dos sentencias.
Las empresas habían solicitado la “inconstitucionalidad e inaplicabilidad” de la ley. Pidieron modificar la medida cautelar para reducir los límites de las fumigaciones y esgrimieron como argumento posibles perjuicios económicos.
El máximo tribunal –mediante la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral– sentenció que no corresponde recurrir a esa instancia por no tratarse de una sentencia definitiva. Y, lejos de disminuir las distancias de fumigación, cuestionó el pedido por “no haber acreditado la dificultad y menos aún la imposibilidad de cumplir” con lo solicitado por los jueces de segunda instancia (los límites a las aspersiones). Les recordó que “los valores que están en juego son la salud y la vida” e hizo hincapié en el principio precautorio vigente en la Ley 25675: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Los jueces marcaron un criterio que golpea no sólo al modelo agropecuario sino a todo el modelo extractivo (minería, petróleo y forestales, entre otros). “El mayor mérito del principio de precaución consiste en haber logrado expresar la preocupación, muy difundida en los últimos años, de dar una mayor prioridad a la protección del medio ambiente y de la salud pública por encima de los intereses comerciales”, dice el fallo.
A las municipalidades de La Leonesa y Las Palmas se les había solicitado que efectuaran un informe detallado en cuanto a las medidas adoptadas en el tratamiento de los residuos contaminantes de las arroceras y que informen acerca del control, clasificación, reutilización o quema de basuras o desechos provenientes de los establecimientos cuestionados. Pero ambas comunas apelaron y el Superior Tribunal se expidió en la sentencia 313, con la firma del presidente de la Sala, Rolando Toledo, y de la jueza María Luisa Lucas.
El tribunal advirtió que los municipios no expresaron qué perjuicios les ocasionaría cumplir con los pedidos determinados por primera y segunda instancia, y remarcó que (aunque hubiesen demostrado algún perjuicio) la apelación es “improcedente” por los “intereses que se encuentran en juego”, la salud y el ambiente.
“De ninguna manera puede considerarse arbitraria la decisión de la Cámara luego de un análisis minucioso de las normas constitucionales y legales aplicables, del que surgen que los poderes públicos municipales tienen responsabilidad ambiental, esto es, que resultan sujetos obligados a la tutela de uno de los derechos fundamentales como lo es el (derecho al) medio ambiente”, remarcó el máximo tribunal. Agregó que los municipios tienen responsabilidad en el “control y políticas de prevención que hacen a la preservación, protección, conservación y recuperación de los recursos naturales”.
El Tribunal subrayó el rol del poder político. “A los funcionarios públicos se les ha otorgado una función, que además es remunerada, para dar respuestas a los problemas de la comunidad, y cuando no lo hacen, deben responder por su omisión. La sociedad actual está inmersa en la contaminación del medio y además desbordada por una gran cantidad de problemas ambientales, que parecen no despertar en los funcionarios la atención que su dimensión evidente merece”, cuestiona el fallo.
En oposición a la apelación de la Municipalidad de Las Palmas y La Leonesa, el máximo tribunal provincial exigió “cumplir en forma inmediata con el suministro de la información requerida en primera y segunda instancia”.
“La decisión del Superior Tribunal resulta muy valiosa no sólo porque es una instancia superior sino porque brinda un marco de protección a los pobladores cuyos reclamos fueron desoídos por los intendentes y por el gobierno provincial”, explicó la asesora legal de los vecinos y de la Red de Salud Popular, Alejandra Gómez.
Laura Mazzitelli fue una de las afectadas por las fumigaciones y estuvo entre las primeras en denunciarlas. Su hijo Iván padeció leucemia a los 2 años. Sufrió ocho meses de quimioterapia y dos años de tratamiento en el Hospital Garrahan. Una vez que el chico se recuperó, comenzó a organizarse junto a los vecinos para que ninguna otra familia padezca lo mismo. Ayer a la tarde estaba en su casa del barrio La Ralera, tenía que hacer la cena, pero también quería ir a avisarles a los demás vecinos –con quienes impulsó la denuncia inicial–. Con su acostumbrado hablar rápido y voz suave, resumió: “La Justicia nos dio la razón por tercera vez. Fue todo muy largo, difícil, pero demostramos que peleando se consigue justicia, se pueden frenar esos venenos que enferman a nuestros hijos”.
Fecha de Publicación: 30/08/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Chaco
Por primera vez, la máxima instancia judicial de una provincia se pronuncia respecto de la utilización de agrotóxicos. La sentencia obliga a no fumigar a menos de mil metros de viviendas, escuelas y cursos de agua.
Las fumigaciones llegaron, por primera vez, a un máximo tribunal provincial. Y la sentencia golpea al modelo agropecuario basado en el uso masivo de agroquímicos. El Superior Tribunal de Justicia de Chaco confirmó una medida cautelar que fija límites inéditos para las fumigaciones: a mil metros de viviendas y escuelas, si son aspersiones terrestres, y a dos mil metros para las aéreas. El máximo tribunal chaqueño protegió, también por primera vez en esta instancia, los cursos de agua. Remarcó la vigencia del principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable es necesario tomar medidas protectoras), priorizó la salud por sobre la rentabilidad, llamó la atención sobre la responsabilidad de los funcionarios y exhortó a los municipios a dar respuesta urgente a la población. La decisión judicial apunta a emprendimientos arroceros que utilizan endosulfán y glifosato, ambos químicos de uso masivo en Argentina.
La Leonesa y Las Palmas son municipios que están a 60 kilómetros de Resistencia. Vecinos del barrio La Ralera denuncian desde hace nueve años el efecto sanitario de los agroquímicos utilizados en plantaciones de arroz que lindan con el barrio. Alertan sobre el incremento de casos de cáncer, las intoxicaciones y la contaminación del agua. Apuntan al glifosato, al endosulfán, al metamidofos, el picloran y el clopirifos, entre otros químicos usados también en los cultivos de soja. Señalan a las arroceras San Carlos SRL y Cancha Larga.
En enero de 2010 presentaron un recurso de amparo contra las arroceras, las municipalidades de La Leonesa y Las Palmas, el gobierno provincial y nacional. Solicitaron el cese de las fumigaciones y la relocalización de los arrozales. En primera y segunda instancia hubo fallos favorables a los vecinos. Habían fijado un precedente histórico para las fumigaciones: a mil metros de viviendas, escuelas y cursos de agua, si son terrestres; a dos mil metros si son aéreas.
Las arroceras y los municipios apelaron el fallo, en febrero pasado, ante el Superior Tribunal de Justicia de Chaco. Los jueces se expidieron el jueves en dos sentencias.
Las empresas habían solicitado la “inconstitucionalidad e inaplicabilidad” de la ley. Pidieron modificar la medida cautelar para reducir los límites de las fumigaciones y esgrimieron como argumento posibles perjuicios económicos.
El máximo tribunal –mediante la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral– sentenció que no corresponde recurrir a esa instancia por no tratarse de una sentencia definitiva. Y, lejos de disminuir las distancias de fumigación, cuestionó el pedido por “no haber acreditado la dificultad y menos aún la imposibilidad de cumplir” con lo solicitado por los jueces de segunda instancia (los límites a las aspersiones). Les recordó que “los valores que están en juego son la salud y la vida” e hizo hincapié en el principio precautorio vigente en la Ley 25675: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Los jueces marcaron un criterio que golpea no sólo al modelo agropecuario sino a todo el modelo extractivo (minería, petróleo y forestales, entre otros). “El mayor mérito del principio de precaución consiste en haber logrado expresar la preocupación, muy difundida en los últimos años, de dar una mayor prioridad a la protección del medio ambiente y de la salud pública por encima de los intereses comerciales”, dice el fallo.
A las municipalidades de La Leonesa y Las Palmas se les había solicitado que efectuaran un informe detallado en cuanto a las medidas adoptadas en el tratamiento de los residuos contaminantes de las arroceras y que informen acerca del control, clasificación, reutilización o quema de basuras o desechos provenientes de los establecimientos cuestionados. Pero ambas comunas apelaron y el Superior Tribunal se expidió en la sentencia 313, con la firma del presidente de la Sala, Rolando Toledo, y de la jueza María Luisa Lucas.
El tribunal advirtió que los municipios no expresaron qué perjuicios les ocasionaría cumplir con los pedidos determinados por primera y segunda instancia, y remarcó que (aunque hubiesen demostrado algún perjuicio) la apelación es “improcedente” por los “intereses que se encuentran en juego”, la salud y el ambiente.
“De ninguna manera puede considerarse arbitraria la decisión de la Cámara luego de un análisis minucioso de las normas constitucionales y legales aplicables, del que surgen que los poderes públicos municipales tienen responsabilidad ambiental, esto es, que resultan sujetos obligados a la tutela de uno de los derechos fundamentales como lo es el (derecho al) medio ambiente”, remarcó el máximo tribunal. Agregó que los municipios tienen responsabilidad en el “control y políticas de prevención que hacen a la preservación, protección, conservación y recuperación de los recursos naturales”.
El Tribunal subrayó el rol del poder político. “A los funcionarios públicos se les ha otorgado una función, que además es remunerada, para dar respuestas a los problemas de la comunidad, y cuando no lo hacen, deben responder por su omisión. La sociedad actual está inmersa en la contaminación del medio y además desbordada por una gran cantidad de problemas ambientales, que parecen no despertar en los funcionarios la atención que su dimensión evidente merece”, cuestiona el fallo.
En oposición a la apelación de la Municipalidad de Las Palmas y La Leonesa, el máximo tribunal provincial exigió “cumplir en forma inmediata con el suministro de la información requerida en primera y segunda instancia”.
“La decisión del Superior Tribunal resulta muy valiosa no sólo porque es una instancia superior sino porque brinda un marco de protección a los pobladores cuyos reclamos fueron desoídos por los intendentes y por el gobierno provincial”, explicó la asesora legal de los vecinos y de la Red de Salud Popular, Alejandra Gómez.
Laura Mazzitelli fue una de las afectadas por las fumigaciones y estuvo entre las primeras en denunciarlas. Su hijo Iván padeció leucemia a los 2 años. Sufrió ocho meses de quimioterapia y dos años de tratamiento en el Hospital Garrahan. Una vez que el chico se recuperó, comenzó a organizarse junto a los vecinos para que ninguna otra familia padezca lo mismo. Ayer a la tarde estaba en su casa del barrio La Ralera, tenía que hacer la cena, pero también quería ir a avisarles a los demás vecinos –con quienes impulsó la denuncia inicial–. Con su acostumbrado hablar rápido y voz suave, resumió: “La Justicia nos dio la razón por tercera vez. Fue todo muy largo, difícil, pero demostramos que peleando se consigue justicia, se pueden frenar esos venenos que enferman a nuestros hijos”.
Un Nativo para no deforestar en Chaco
Un Nativo para no deforestar
Fecha de Publicación: 29/08/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Chaco
En la región del Chaco, y con aportes de la Unión Europea, el programa Nativo busca fomentar las actividades autóctonas vinculadas con los bosques. De ese modo intentan poner freno a la deforestación y a la migración de campesions y comunidades.
Apuntalados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), campesinos criollos, indígenas y organizaciones rurales de base trabajarán en un programa dirigido a “fomentar los múltiples usos del bosque autóctono” con un objetivo claro: reducir la deforestación en la Ecorregión Chaqueña. Al mismo tiempo, el proyecto, denominado Nativo, plantea frenar la migración del campesinado, desplazado por el actual “modelo sojero”. Talleres educativos, emprendimientos laborales de carácter local, reportes ambientales y control del desmonte se combinan en esta iniciativa, financiada por la Unión Europea, que durará hasta 2015. Nativo es un programa de carácter binacional y tiene su correlato en la Ecorregión Valdiviana de Chile, afectada por la industria del pino. En dos semanas, la propuesta será presentada en el Congreso de la Nación.
En su fundamentación, el plan señala que "el modelo agroexportador" argentino promovió “un tipo de uso del suelo (agrícola-ganadero), dejando de lado el manejo de los bosques nativos por parte de campesinos”, sobre todo en regiones marginales como el Chaco. Sostenido en el tiempo, este sistema desembocó en que esos sujetos rurales padezcan “conflictos con la tenencia de la tierra, desaparición del hábitat de la fauna silvestre y fumigaciones aéreas con agroquímicos”. Puntualmente, hace referencia a las provincias de Formosa y Santiago del Estero, al norte de Santa Fe y San Luis, este de Salta, Tucumán, La Rioja y San Juan, norte y oeste de Córdoba, y noroeste de Corrientes. Como ejemplo del impacto de este modelo se cita el caso de Santiago del Estero, provincia en la que, entre 1999 y 2007, se desmontaron 1.625.126 hectáreas de bosque autóctono.
Para contrarrestar esta depredación, Nativo plantea tres líneas de trabajo denominadas componente Social, Económica y Política. Desde esas perspectivas se abordan cuestiones ambientales, productivas y legales, que como “objetivo de fondo” apuntan a acompañar la aplicación de la Ley de Bosques (26.331), explicó Ariel Medina, director de Nativo en Argentina.
A través de la Componente Social, técnicos de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) –un colectivo formado por organizaciones campesinas, docentes e investigadores– dictan talleres desde donde surgen los planes de manejo sustentable del bosque nativo. Entre las quince experiencias piloto hay lugar para el desarrollo ganadero mediante la utilización de sistemas silvopastoriles, las prácticas apícolas y la recuperación (o el refuerzo) de conocimientos ancestrales respecto del aprovechamiento de la fauna y la flora nativa. “La desaparición del monte es pérdida de identidad. Para frenar eso, la clave es que las comunidades se organicen”, planteó el director Social, Miguel Brassiollo (Redaf).
En esa lógica, está proyectado que las asociaciones de campesinos ingresen sus productos, derivados del manejo sostenible del bosque, a un “sistema de certificación, tal como hace Chile con su leña”. Esto “permite mejorar el acceso a los mercados” de la producción rural familiar, explicó Medina. Ahí aparece la denominada Componente Económica, que está bajo la órbita del INTA. En representación del organismo, Marcelo Navall contó que la tarea que emprende implica desde “definir estándares de calidad de los productos” hasta “concientizar a la población y sensibilizar a la cadena productiva”, sobre la importancia de que exista producción con un origen ambientalmente sustentable.
Entre 2011 y 2015, en el marco del Programa REDD de Naciones Unidas –inversiones para reducir las emisiones de dióxido de carbono producto de la deforestación y la degradación de bosques en el mundo–, la Unión Europea aportará más de 3 millones de euros para ambos países. La propuesta argentino-chilena fue elegida por la UE entre más de doscientas de todo el mundo. Para ampliar el desarrollo del programa también se buscará financiamiento en las partidas dispuestas para la aplicación de la Ley de Bosques.
Desde la denominada Componente Política, los integrantes de Nativo trabajarán en el monitoreo del desmonte. Las fuentes de información surgirán de laboratorios de la Facultad de Agronomía de la UBA, que aportarán imágenes satelitales, y de bancos de datos del INTA. Una de las coordinadoras del área, Ana Alvarez (Redaf), indicó que esos reportes “apuntalarán a los decisores políticos” en materia de bosques, para que actúen en consecuencia. Asimismo, la información “fortalecerá, desde lo técnico, las luchas territoriales de las organizaciones de base”.
“El proyecto impulsa el uso múltiple del bosque nativo como alternativa al monocultivo de soja”, conceptualizó Brassiollo sobre Nativo. En sintonía, Alvarez planteó que el fin es “detener el avance de la frontera agropecuaria”. El actual modelo –enfatizó– “no deja nada en la vida de las personas que habitan el monte”.
Fecha de Publicación: 29/08/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Chaco
En la región del Chaco, y con aportes de la Unión Europea, el programa Nativo busca fomentar las actividades autóctonas vinculadas con los bosques. De ese modo intentan poner freno a la deforestación y a la migración de campesions y comunidades.
Apuntalados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), campesinos criollos, indígenas y organizaciones rurales de base trabajarán en un programa dirigido a “fomentar los múltiples usos del bosque autóctono” con un objetivo claro: reducir la deforestación en la Ecorregión Chaqueña. Al mismo tiempo, el proyecto, denominado Nativo, plantea frenar la migración del campesinado, desplazado por el actual “modelo sojero”. Talleres educativos, emprendimientos laborales de carácter local, reportes ambientales y control del desmonte se combinan en esta iniciativa, financiada por la Unión Europea, que durará hasta 2015. Nativo es un programa de carácter binacional y tiene su correlato en la Ecorregión Valdiviana de Chile, afectada por la industria del pino. En dos semanas, la propuesta será presentada en el Congreso de la Nación.
En su fundamentación, el plan señala que "el modelo agroexportador" argentino promovió “un tipo de uso del suelo (agrícola-ganadero), dejando de lado el manejo de los bosques nativos por parte de campesinos”, sobre todo en regiones marginales como el Chaco. Sostenido en el tiempo, este sistema desembocó en que esos sujetos rurales padezcan “conflictos con la tenencia de la tierra, desaparición del hábitat de la fauna silvestre y fumigaciones aéreas con agroquímicos”. Puntualmente, hace referencia a las provincias de Formosa y Santiago del Estero, al norte de Santa Fe y San Luis, este de Salta, Tucumán, La Rioja y San Juan, norte y oeste de Córdoba, y noroeste de Corrientes. Como ejemplo del impacto de este modelo se cita el caso de Santiago del Estero, provincia en la que, entre 1999 y 2007, se desmontaron 1.625.126 hectáreas de bosque autóctono.
Para contrarrestar esta depredación, Nativo plantea tres líneas de trabajo denominadas componente Social, Económica y Política. Desde esas perspectivas se abordan cuestiones ambientales, productivas y legales, que como “objetivo de fondo” apuntan a acompañar la aplicación de la Ley de Bosques (26.331), explicó Ariel Medina, director de Nativo en Argentina.
A través de la Componente Social, técnicos de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) –un colectivo formado por organizaciones campesinas, docentes e investigadores– dictan talleres desde donde surgen los planes de manejo sustentable del bosque nativo. Entre las quince experiencias piloto hay lugar para el desarrollo ganadero mediante la utilización de sistemas silvopastoriles, las prácticas apícolas y la recuperación (o el refuerzo) de conocimientos ancestrales respecto del aprovechamiento de la fauna y la flora nativa. “La desaparición del monte es pérdida de identidad. Para frenar eso, la clave es que las comunidades se organicen”, planteó el director Social, Miguel Brassiollo (Redaf).
En esa lógica, está proyectado que las asociaciones de campesinos ingresen sus productos, derivados del manejo sostenible del bosque, a un “sistema de certificación, tal como hace Chile con su leña”. Esto “permite mejorar el acceso a los mercados” de la producción rural familiar, explicó Medina. Ahí aparece la denominada Componente Económica, que está bajo la órbita del INTA. En representación del organismo, Marcelo Navall contó que la tarea que emprende implica desde “definir estándares de calidad de los productos” hasta “concientizar a la población y sensibilizar a la cadena productiva”, sobre la importancia de que exista producción con un origen ambientalmente sustentable.
Entre 2011 y 2015, en el marco del Programa REDD de Naciones Unidas –inversiones para reducir las emisiones de dióxido de carbono producto de la deforestación y la degradación de bosques en el mundo–, la Unión Europea aportará más de 3 millones de euros para ambos países. La propuesta argentino-chilena fue elegida por la UE entre más de doscientas de todo el mundo. Para ampliar el desarrollo del programa también se buscará financiamiento en las partidas dispuestas para la aplicación de la Ley de Bosques.
Desde la denominada Componente Política, los integrantes de Nativo trabajarán en el monitoreo del desmonte. Las fuentes de información surgirán de laboratorios de la Facultad de Agronomía de la UBA, que aportarán imágenes satelitales, y de bancos de datos del INTA. Una de las coordinadoras del área, Ana Alvarez (Redaf), indicó que esos reportes “apuntalarán a los decisores políticos” en materia de bosques, para que actúen en consecuencia. Asimismo, la información “fortalecerá, desde lo técnico, las luchas territoriales de las organizaciones de base”.
“El proyecto impulsa el uso múltiple del bosque nativo como alternativa al monocultivo de soja”, conceptualizó Brassiollo sobre Nativo. En sintonía, Alvarez planteó que el fin es “detener el avance de la frontera agropecuaria”. El actual modelo –enfatizó– “no deja nada en la vida de las personas que habitan el monte”.
Andalgalá: no hay "derrame de la minería"
Andalgalá confirma que no hay "derrame de la minería"
Fecha de Publicación: 29/08/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Catamarca
Algunos datos de la realidad que El Ancasti pudo comprobar en Andalgalá revelan el escaso impacto económico que dejó hasta hoy la actividad en el principal departamento minero: los pocos puestos de trabajo que se generaron en la comunidad y la desilusión de los proveedores mineros que tenían cifradas esperanzas en la venta a las grandes empresas.
La generación de fuentes de trabajo y el mayor desarrollo de los proveedores locales son asignaturas pendientes. De 140 proveedores mineros originales, hoy apenas quedan 40.
La posibilidad de que la empresa Minera Alumbrera se haga cargo de la explotación del yacimiento de Agua Rica ha generado expectativas más que cautelosas en aquellos sectores de la comunidad que todavía esperan el derrame económico de la minería. Una parte sostiene que no quiere "repetir la historia" reciente y aspira a convertirse en protagonista del desarrollo.
Algunos datos de la realidad que El Ancasti pudo comprobar en Andalgalá revelan el escaso impacto económico que dejó hasta hoy la actividad en el principal departamento minero: los pocos puestos de trabajo que se generaron en la comunidad y la desilusión de los proveedores mineros que tenían cifradas esperanzas en la venta a las grandes empresas. Pero hay otros signos que demuestran la ausencia del componente "catamarqueño" en la empresa que hace 15 años extrae riquezas. El principal es la que sede de Alumbrera que centraliza al actividad económica generada por el movimineto administrativo está en Tucumán y no en esta provincia, como se supondría. El temor es lógico: esto podría profundizarse el día que Alumbrera asuma la explotación de Agua Rica, que a su vez había generado expectivas paralelas.
Alfredo Starecinch es un proveedor de las dos empresas mineras a través del servicio de comedor que en forma diaria brinda a un poco más de 100 trabajadores mineros. Relató que la Cámara de Proveedores Mineros comenzó a integrarse hace 5 ó 6 años como una estrategia para organizarse en el negocio. En su mejor momento, la Cámara llegó a tener casi 140 socios pero ahora apenas llegan a 40. "Al decaer la demanda, muchos se desanimaron y se fueron. En la actualidad, apenas llegamos a 40 y esto se explica por el desánimo de la gente. Yo nunca me aparté porque considero que la Cámara es la herramienta más idónea que podemos tener en el negocio minero; justamente lo que se busca es coordinar intereses", indicó.
"Pero esto se va a potenciar porque cuando comience la demanda, muchos volverán a integrarse", expresó Starecinch, uno de los primeros proveedores del sector minero que ya cuenta con más de 15 años de experiencia en su haber.
La confianza de Starecinch es porque en los primeros días de marzo se concretó la primera operación de acercamiento a partir de la firma de una carta de intención por la que Minera Alumbrera expresa su deseo de comprar el proyecto de oro y cobre de la empresa Agua Rica. Sin embargo, desde entonces no hubo mayor información con respecto a cuál será el proyecto que desarrollarán.
En los sectores que respaldan la continuidad de la actividad minera hay ansiedad. "Tenemos muchas expectativas porque hasta ahora no se vio reflejado, como nosotros hubiésemos querido, el impacto económico de la minería, más allá de los buenos o malos manejos por parte del Gobierno", señaló Daniel Brizuela, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros.
"Desde la Cámara siempre dijimos que no se vio reflejado el impacto económico de la minería". Daniel Brizuela.
Fecha de Publicación: 29/08/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Catamarca
Algunos datos de la realidad que El Ancasti pudo comprobar en Andalgalá revelan el escaso impacto económico que dejó hasta hoy la actividad en el principal departamento minero: los pocos puestos de trabajo que se generaron en la comunidad y la desilusión de los proveedores mineros que tenían cifradas esperanzas en la venta a las grandes empresas.
La generación de fuentes de trabajo y el mayor desarrollo de los proveedores locales son asignaturas pendientes. De 140 proveedores mineros originales, hoy apenas quedan 40.
La posibilidad de que la empresa Minera Alumbrera se haga cargo de la explotación del yacimiento de Agua Rica ha generado expectativas más que cautelosas en aquellos sectores de la comunidad que todavía esperan el derrame económico de la minería. Una parte sostiene que no quiere "repetir la historia" reciente y aspira a convertirse en protagonista del desarrollo.
Algunos datos de la realidad que El Ancasti pudo comprobar en Andalgalá revelan el escaso impacto económico que dejó hasta hoy la actividad en el principal departamento minero: los pocos puestos de trabajo que se generaron en la comunidad y la desilusión de los proveedores mineros que tenían cifradas esperanzas en la venta a las grandes empresas. Pero hay otros signos que demuestran la ausencia del componente "catamarqueño" en la empresa que hace 15 años extrae riquezas. El principal es la que sede de Alumbrera que centraliza al actividad económica generada por el movimineto administrativo está en Tucumán y no en esta provincia, como se supondría. El temor es lógico: esto podría profundizarse el día que Alumbrera asuma la explotación de Agua Rica, que a su vez había generado expectivas paralelas.
Alfredo Starecinch es un proveedor de las dos empresas mineras a través del servicio de comedor que en forma diaria brinda a un poco más de 100 trabajadores mineros. Relató que la Cámara de Proveedores Mineros comenzó a integrarse hace 5 ó 6 años como una estrategia para organizarse en el negocio. En su mejor momento, la Cámara llegó a tener casi 140 socios pero ahora apenas llegan a 40. "Al decaer la demanda, muchos se desanimaron y se fueron. En la actualidad, apenas llegamos a 40 y esto se explica por el desánimo de la gente. Yo nunca me aparté porque considero que la Cámara es la herramienta más idónea que podemos tener en el negocio minero; justamente lo que se busca es coordinar intereses", indicó.
"Pero esto se va a potenciar porque cuando comience la demanda, muchos volverán a integrarse", expresó Starecinch, uno de los primeros proveedores del sector minero que ya cuenta con más de 15 años de experiencia en su haber.
La confianza de Starecinch es porque en los primeros días de marzo se concretó la primera operación de acercamiento a partir de la firma de una carta de intención por la que Minera Alumbrera expresa su deseo de comprar el proyecto de oro y cobre de la empresa Agua Rica. Sin embargo, desde entonces no hubo mayor información con respecto a cuál será el proyecto que desarrollarán.
En los sectores que respaldan la continuidad de la actividad minera hay ansiedad. "Tenemos muchas expectativas porque hasta ahora no se vio reflejado, como nosotros hubiésemos querido, el impacto económico de la minería, más allá de los buenos o malos manejos por parte del Gobierno", señaló Daniel Brizuela, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros.
"Desde la Cámara siempre dijimos que no se vio reflejado el impacto económico de la minería". Daniel Brizuela.
Tierras: cuestionan proyecto de topes de compra
Cuestionan el proyecto oficial que pone topes a las compras
Fecha de Publicación: 28/08/2011
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Ambientalistas y legisladores de la oposición piden revisar para atrás.
Diputados de la oposición y ambientalistas cuestionan que el proyecto de ley de Cristina Kirchner que busca limitar las compras foráneas de tierra no revise las grandes adquisiciones consumadas durante los últimos años.
“Es una ley de pocos artículos que tiene por objeto conservar en el dominio nacional, no estatal, ya que es una cuestión de todos los argentinos y fundamentalmente de los que tienen capacidad para invertir y hacer producir la tierra”, dijo Cristina al anunciar el envío del proyecto al Senado. También anunció que habrá un registro único de propiedades rurales.
Dos informes recientes de la Auditoría General de la Nación (AGN) ponen la lupa sobre las ventas realizadas en la Patagonia y el Litoral. En el sur, según el organismo, se abrieron durante 2003 y 2007, 428 expedientes de los cuales 137 fueron aprobados. La AGN verificó que el 62 % de esos compradores eran personas físicas o jurídicas extranjeras. Pero no pudo determinar la cantidad de tierra adquirida porque en el 71% de los casos no constaba copia de la escritura . También certificó que en un 45,9%, las aprobaciones se hicieron por vía de excepción , es decir que se autorizaron a pesar de que no fue presentada toda la documentación exigida.
Sobre el Acuífero Guaraní ocurrió algo parecido. Se auditaron las operaciones hechas entre 2005 y 2008 en Misiones y Corrientes y se comprobó que el 30% de los expedientes correspondía a extranjeros. En el 50% de los casos no se presentaba copia de escritura.
El diputado y economista de ATE Claudio Lozano saludó el proyecto, pero lo calificó como tardío: “La idea de combatir la extranjerización es tardía frente a la trasnacionalización. En la Pampa, los que dominan el territorio son locales asociados a extranjeros”.
Ambientalistas estiman que cerca del 10% del territorio está en manos de extranjeros. En 1990, llegaron los Benetton al país y con la compra de un millón de hectáreas en la Patagonia se erigieron como grandes terratenientes. A mediados de los ‘90, Ted Turner adquirió 5 mil hectáreas en Villa Traful pertenecientes al entonces presidente de Parques Nacionales Felipe Lariviere. Más tarde llegó el inglés Joe Lewis a El Bolsón (14 mil hectáreas) y el gurú conservacionista Douglas Tompkins se instaló sobre los Esteros del Iberá y las costas del río Santa Cruz. También Adecoagro, de George Soros, adquirió tierras en Buenos Aires, el norte y el litoral. Más grupos hicieron su juego: la celulosa chilena Arauco se convirtió en dueña del 6% del territorio de Misiones. En 2002, un grupo anglo malayo adquirió 250 mil hectáreas en Malargüe y sumó hasta llegar a 467 mil. A la vez, cientos de foráneos desembarcaron entre Mendoza y los Valles Calchaquíes seducidos por la industria del vino.
Las mineras son un capítulo aparte. Apenas se registra un yacimiento, la ley argentina entrega el subsuelo para que sea explotado. Quizás el superficiario siga con la tierra a su nombre, pero la minera controla el subsuelo . Así operan, sobre vastas extensiones, Barrick y la Alumbrera. “Veo un proyecto débil. Es errado hablar de extranjerización”, dice el ambientalista Javier Rodríguez Pardo. “Hay que hablar de enajenación porque una gran cantidad de criollos tiene tierra en sociedad con extranjeros”.
La diputada rionegrina del ARI, Magdalena Odarda, principal denunciante de las compras de tierra efectuadas por Lewis en El Bolsón y del control que el británico ejerce sobre lago Escondido, denuncia que “hay 5 casos en donde está cuestionada la dirección de tierras de Río Negro. Se le adjudicaron a pobladores miles de hectáreas y éstos actuaron como pasamanos de grandes propietarios. Una de las denuncias es contra Lewis. Es bueno que se profundice el debate, pero lamentamos que sea ahora.
Antes, se podría haber evitado el drenaje a manos extranjeras ”.
El proyecto, alertan los criticos, pasa por alto un tema fundamental, el reclamo urgente de los miles de integrantes de pueblos originarios que fueron despojados de la tierra o que viven bajo la amenaza latente destierro y exclusión.
Fecha de Publicación: 28/08/2011
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Ambientalistas y legisladores de la oposición piden revisar para atrás.
Diputados de la oposición y ambientalistas cuestionan que el proyecto de ley de Cristina Kirchner que busca limitar las compras foráneas de tierra no revise las grandes adquisiciones consumadas durante los últimos años.
“Es una ley de pocos artículos que tiene por objeto conservar en el dominio nacional, no estatal, ya que es una cuestión de todos los argentinos y fundamentalmente de los que tienen capacidad para invertir y hacer producir la tierra”, dijo Cristina al anunciar el envío del proyecto al Senado. También anunció que habrá un registro único de propiedades rurales.
Dos informes recientes de la Auditoría General de la Nación (AGN) ponen la lupa sobre las ventas realizadas en la Patagonia y el Litoral. En el sur, según el organismo, se abrieron durante 2003 y 2007, 428 expedientes de los cuales 137 fueron aprobados. La AGN verificó que el 62 % de esos compradores eran personas físicas o jurídicas extranjeras. Pero no pudo determinar la cantidad de tierra adquirida porque en el 71% de los casos no constaba copia de la escritura . También certificó que en un 45,9%, las aprobaciones se hicieron por vía de excepción , es decir que se autorizaron a pesar de que no fue presentada toda la documentación exigida.
Sobre el Acuífero Guaraní ocurrió algo parecido. Se auditaron las operaciones hechas entre 2005 y 2008 en Misiones y Corrientes y se comprobó que el 30% de los expedientes correspondía a extranjeros. En el 50% de los casos no se presentaba copia de escritura.
El diputado y economista de ATE Claudio Lozano saludó el proyecto, pero lo calificó como tardío: “La idea de combatir la extranjerización es tardía frente a la trasnacionalización. En la Pampa, los que dominan el territorio son locales asociados a extranjeros”.
Ambientalistas estiman que cerca del 10% del territorio está en manos de extranjeros. En 1990, llegaron los Benetton al país y con la compra de un millón de hectáreas en la Patagonia se erigieron como grandes terratenientes. A mediados de los ‘90, Ted Turner adquirió 5 mil hectáreas en Villa Traful pertenecientes al entonces presidente de Parques Nacionales Felipe Lariviere. Más tarde llegó el inglés Joe Lewis a El Bolsón (14 mil hectáreas) y el gurú conservacionista Douglas Tompkins se instaló sobre los Esteros del Iberá y las costas del río Santa Cruz. También Adecoagro, de George Soros, adquirió tierras en Buenos Aires, el norte y el litoral. Más grupos hicieron su juego: la celulosa chilena Arauco se convirtió en dueña del 6% del territorio de Misiones. En 2002, un grupo anglo malayo adquirió 250 mil hectáreas en Malargüe y sumó hasta llegar a 467 mil. A la vez, cientos de foráneos desembarcaron entre Mendoza y los Valles Calchaquíes seducidos por la industria del vino.
Las mineras son un capítulo aparte. Apenas se registra un yacimiento, la ley argentina entrega el subsuelo para que sea explotado. Quizás el superficiario siga con la tierra a su nombre, pero la minera controla el subsuelo . Así operan, sobre vastas extensiones, Barrick y la Alumbrera. “Veo un proyecto débil. Es errado hablar de extranjerización”, dice el ambientalista Javier Rodríguez Pardo. “Hay que hablar de enajenación porque una gran cantidad de criollos tiene tierra en sociedad con extranjeros”.
La diputada rionegrina del ARI, Magdalena Odarda, principal denunciante de las compras de tierra efectuadas por Lewis en El Bolsón y del control que el británico ejerce sobre lago Escondido, denuncia que “hay 5 casos en donde está cuestionada la dirección de tierras de Río Negro. Se le adjudicaron a pobladores miles de hectáreas y éstos actuaron como pasamanos de grandes propietarios. Una de las denuncias es contra Lewis. Es bueno que se profundice el debate, pero lamentamos que sea ahora.
Antes, se podría haber evitado el drenaje a manos extranjeras ”.
El proyecto, alertan los criticos, pasa por alto un tema fundamental, el reclamo urgente de los miles de integrantes de pueblos originarios que fueron despojados de la tierra o que viven bajo la amenaza latente destierro y exclusión.
Sali-Dulce: se tiñó de rojo el arroyo Matazambi
Funcionario tucumano admite que desconocen el origen del desecho que tiñó de rojo el río
Fecha de Publicación: 27/08/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
El secretario de Ambiente, Alfredo Montalván, reveló en la reunión del Comité de Cuenca que iniciaron una investigación en Tucumán para dilucidar la cuestión. Dijo, además, que se aumentaron las multas a las empresas que contaminen los cauces que desembocan en el embalse de Río Hondo.
El origen de la fuerte contaminación que tiñó de rojo al arroyo Matazambi en Tucumán y también al río Marapa donde se comprobó una importante mortandad de peces, todavía es desconocido para las autoridades ambientales de la vecina provincia. Como consecuencia de estos dos episodios y del reclamo firme de Santiago del Estero, ayer en la reunión del Comité de Cuenca Salí-Dulce se acordó un programa de inspecciones conjuntas en cada una de las industrias, empezando por las que están a la vera de estos tributarios.
Nuevamente salieron a la luz, el choque de posiciones entre Santiago del Estero y Tucumán, donde el primero sostiene que la polución ambiental se va agravando gradualmente, mientras que el segundo afirma lo contrario y que es más exigente con los controles y más drásticas las sanciones.
Ante EL LIBERAL, el secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván, sostuvo que lo más importante del encuentro fue acordar el programa de inspecciones a las industrias. Indicó que previo a ello, se realizaron teleconferencias con responsables de dichas plantas fabriles, que respondieron a requisitorias de funcionarios del Comité. Advirtió que esas respuestas quedaron grabadas y registradas en un acta, para ver si se condicen con la realidad cuando se efectúe la supervisión en terreno.
Montalván dijo que hasta el final de la zafra, todos los martes y jueves se visitarán los ingenios para ver la disposición que hacen de sus desechos. Estimó que en total, no serán menos de 35 las visitas (también incluirá a otras industrias).
Consultado puntualmente por la coloración roja del Matazambi acompañada de fuertes olores putrefactos, detectadas por técnicos del Comité de Cuenca, no señaló la causa. Sin embargo, dijo que el organismo interprovincial actuará “en consecuencia la semana que viene” y que se inspeccionarán tanto al sector empresario como al prestador de servicios (de agua) “para ver qué es lo que está pasando”, en esa zona.
Al señalársele las denuncias de ONGs ambientalistas de que las empresas arrojan sus desechos los fines de semanas cuando no hay controles, Montalván afirmó que el Comité está buscando “mecanismos y resortes” para que la respuesta del órgano sea más corta ante estas denuncias.
Medida inconveniente
Otros de los temas que abordó el funcionario tucumano en la charla con EL LIBERAL, fue la posición del defensor del Pueblo provincial, Martín Díaz Achával, que plantea crear un organismo interjurisdiccional donde Tucumán comparta las facultades de control a las industrias. Con una mirada crítica sobre esta petición santiagueña, dijo que Tucumán “pone todas las fichas” en el Comité de Cuenca Salí-Dulce, para que se diseñen planes de gestión y control “y cada uno en su competencia vaya actuando en el control y fiscalización”. Además, consideró que generar una autoridad única en materia de cuenca, “si no hay facultades delegadas, y aceptación de tales situaciones, va a generar más ruido y conflicto que soluciones, lo cual no quiere decir que no se pueda hacer”.
Montalván afirmó que el Gobierno de Tucumán viene multando por vertidos, pero también por actividad lo que significa una evolución y endurecimiento en las sanciones a las industrias contaminantes.
Mencionó que en algunos casos, hay resoluciones con multas en trámite, por $ 200 mil. También destacó que este año “se han duplicado las multas”, y que ahora el industrial prefiere hacer las obras por la judicialización que hay en torno a la contaminación de la cuenca Salí-Dulce y del embalse Río Hondo.
El aire se torna irrespirable en la desembocadura de los tributarios
Un aspecto señalado por técnicos del Comité de Cuenca que realizan las inspecciones en el embalse y en los tributarios de Tucumán, es que a raíz de la fuerte contaminación producida por la actividad industrial en la vecina provincia, en el embalse, cerca de la desembocadura, el aire se torna irrespirable a tal punto que produce mareos y ardor en ojos, fosas nasales y en la garganta.
Fecha de Publicación: 27/08/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
El secretario de Ambiente, Alfredo Montalván, reveló en la reunión del Comité de Cuenca que iniciaron una investigación en Tucumán para dilucidar la cuestión. Dijo, además, que se aumentaron las multas a las empresas que contaminen los cauces que desembocan en el embalse de Río Hondo.
El origen de la fuerte contaminación que tiñó de rojo al arroyo Matazambi en Tucumán y también al río Marapa donde se comprobó una importante mortandad de peces, todavía es desconocido para las autoridades ambientales de la vecina provincia. Como consecuencia de estos dos episodios y del reclamo firme de Santiago del Estero, ayer en la reunión del Comité de Cuenca Salí-Dulce se acordó un programa de inspecciones conjuntas en cada una de las industrias, empezando por las que están a la vera de estos tributarios.
Nuevamente salieron a la luz, el choque de posiciones entre Santiago del Estero y Tucumán, donde el primero sostiene que la polución ambiental se va agravando gradualmente, mientras que el segundo afirma lo contrario y que es más exigente con los controles y más drásticas las sanciones.
Ante EL LIBERAL, el secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván, sostuvo que lo más importante del encuentro fue acordar el programa de inspecciones a las industrias. Indicó que previo a ello, se realizaron teleconferencias con responsables de dichas plantas fabriles, que respondieron a requisitorias de funcionarios del Comité. Advirtió que esas respuestas quedaron grabadas y registradas en un acta, para ver si se condicen con la realidad cuando se efectúe la supervisión en terreno.
Montalván dijo que hasta el final de la zafra, todos los martes y jueves se visitarán los ingenios para ver la disposición que hacen de sus desechos. Estimó que en total, no serán menos de 35 las visitas (también incluirá a otras industrias).
Consultado puntualmente por la coloración roja del Matazambi acompañada de fuertes olores putrefactos, detectadas por técnicos del Comité de Cuenca, no señaló la causa. Sin embargo, dijo que el organismo interprovincial actuará “en consecuencia la semana que viene” y que se inspeccionarán tanto al sector empresario como al prestador de servicios (de agua) “para ver qué es lo que está pasando”, en esa zona.
Al señalársele las denuncias de ONGs ambientalistas de que las empresas arrojan sus desechos los fines de semanas cuando no hay controles, Montalván afirmó que el Comité está buscando “mecanismos y resortes” para que la respuesta del órgano sea más corta ante estas denuncias.
Medida inconveniente
Otros de los temas que abordó el funcionario tucumano en la charla con EL LIBERAL, fue la posición del defensor del Pueblo provincial, Martín Díaz Achával, que plantea crear un organismo interjurisdiccional donde Tucumán comparta las facultades de control a las industrias. Con una mirada crítica sobre esta petición santiagueña, dijo que Tucumán “pone todas las fichas” en el Comité de Cuenca Salí-Dulce, para que se diseñen planes de gestión y control “y cada uno en su competencia vaya actuando en el control y fiscalización”. Además, consideró que generar una autoridad única en materia de cuenca, “si no hay facultades delegadas, y aceptación de tales situaciones, va a generar más ruido y conflicto que soluciones, lo cual no quiere decir que no se pueda hacer”.
Montalván afirmó que el Gobierno de Tucumán viene multando por vertidos, pero también por actividad lo que significa una evolución y endurecimiento en las sanciones a las industrias contaminantes.
Mencionó que en algunos casos, hay resoluciones con multas en trámite, por $ 200 mil. También destacó que este año “se han duplicado las multas”, y que ahora el industrial prefiere hacer las obras por la judicialización que hay en torno a la contaminación de la cuenca Salí-Dulce y del embalse Río Hondo.
El aire se torna irrespirable en la desembocadura de los tributarios
Un aspecto señalado por técnicos del Comité de Cuenca que realizan las inspecciones en el embalse y en los tributarios de Tucumán, es que a raíz de la fuerte contaminación producida por la actividad industrial en la vecina provincia, en el embalse, cerca de la desembocadura, el aire se torna irrespirable a tal punto que produce mareos y ardor en ojos, fosas nasales y en la garganta.
Eternit deberá sanear el basural de amianto
Eternit deberá sanear el basural tóxico en la Cuenca del Riachuelo denunciado por Greenpeace
Fecha de Publicación: 27/08/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Bueno Aires
La firma Eternit denunciada por Greenpeace por disponer de forma clandestina de residuos de asbesto, una sustancia comprobadamente cancerígena, en un predio ubicado en el Partido de La Matanza , deberá comenzar con las acciones de recomposición tras la reciente intimación del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires.
La empresa debe hacerse responsable de las tareas de saneamiento y disposición de manera segura de los residuos de asbesto (amianto) esparcidos sobre y bajo la superficie del terreno ubicado a escasos metros de zonas urbanas en la localidad de González Catán. Además, al mismo tiempo que se realicen las tareas de remediación, Eternit tendrá que mantener los residuos expuestos a cielo abierto en condiciones seguras, para evitar la propagación de la contaminación.
Los ambientalistas celebraron la medida y señalaron la conducta irresponsable de la empresa que negó en reiteradas oportunidades la presencia de la sustancia altamente tóxica, y se rehusó a sanear el predio. “Si bien celebramos la medida, lamentamos el tiempo transcurrido desde nuestra denuncia en el mes de febrero, para que la empresa se haga responsable de sus residuos y evite que la contaminación del asbesto se siga propagando. Las tareas de remediación deben efectivizarse prontamente y el organismo ambiental tiene que controlar y garantizar las medidas de mitigación y prevención, para que estos episodios no vuelvan a suceder”, señaló Consuelo Bilbao Coordinadora de la Campaña Riachuelo.
El asbesto es una sustancia altamente peligrosa, prohibida en argentina desde el 2003 y en otros 52 países, por sus comprobados efectos nocivos sobre la salud humana. Los ambientalistas destacaron que este basural tóxico evidencia una vez más que la calamitosa situación ambiental y social de la Cuenca, no se reduce únicamente a la contaminación de los cursos de agua del Riachuelo, sino que se expande sobre todo el territorio afectando la salud y calidad de vida de la población.
Fecha de Publicación: 27/08/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Bueno Aires
La firma Eternit denunciada por Greenpeace por disponer de forma clandestina de residuos de asbesto, una sustancia comprobadamente cancerígena, en un predio ubicado en el Partido de La Matanza , deberá comenzar con las acciones de recomposición tras la reciente intimación del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires.
La empresa debe hacerse responsable de las tareas de saneamiento y disposición de manera segura de los residuos de asbesto (amianto) esparcidos sobre y bajo la superficie del terreno ubicado a escasos metros de zonas urbanas en la localidad de González Catán. Además, al mismo tiempo que se realicen las tareas de remediación, Eternit tendrá que mantener los residuos expuestos a cielo abierto en condiciones seguras, para evitar la propagación de la contaminación.
Los ambientalistas celebraron la medida y señalaron la conducta irresponsable de la empresa que negó en reiteradas oportunidades la presencia de la sustancia altamente tóxica, y se rehusó a sanear el predio. “Si bien celebramos la medida, lamentamos el tiempo transcurrido desde nuestra denuncia en el mes de febrero, para que la empresa se haga responsable de sus residuos y evite que la contaminación del asbesto se siga propagando. Las tareas de remediación deben efectivizarse prontamente y el organismo ambiental tiene que controlar y garantizar las medidas de mitigación y prevención, para que estos episodios no vuelvan a suceder”, señaló Consuelo Bilbao Coordinadora de la Campaña Riachuelo.
El asbesto es una sustancia altamente peligrosa, prohibida en argentina desde el 2003 y en otros 52 países, por sus comprobados efectos nocivos sobre la salud humana. Los ambientalistas destacaron que este basural tóxico evidencia una vez más que la calamitosa situación ambiental y social de la Cuenca, no se reduce únicamente a la contaminación de los cursos de agua del Riachuelo, sino que se expande sobre todo el territorio afectando la salud y calidad de vida de la población.
Represa Ayuí Grande paralizada - Especial
Un freno a la represa de las aguas turbias
Fecha de Publicación: 26/08/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional - Corrientes
El proyecto de Ayuí Grande pretende anegar 7800 hectáreas en Corrientes. Expertos aseguran que afectará a la flora y la fauna y contaminará el río Uruguay. La resolución de la Secretaría de Ambiente fue publicada ayer en el Boletín Oficial.
El proyecto para construir una represa en la provincia de Corrientes que inundaría 7800 hectáreas con fines de riego para la producción de arroz fue frenado por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Ese organismo estatal dio a conocer ayer una resolución contraria a la iniciativa, argumentando que su ejecución “afecta la calidad del agua” del río Uruguay, por lo cual es “incompatible con el Tratado Internacional firmado en 1975 con Uruguay”. El emprendimiento es impulsado por un consorcio, entre cuyos accionistas se encuentran José Aranda, uno de los máximos directivos del Grupo Clarín, y el magnate George Soros.
“De acuerdo con los estudios realizados, la obra disminuiría en un 27,3 por ciento el caudal del río Ayuí, producirá el anegamiento de una vasta superficie de bosque nativo y humedales y contaminará las aguas del río Uruguay con fósforo y otras sustancias químicas y con algas que consumen el oxígeno del agua”, dijo a Página/12 el jefe de gabinete de la Secretaría, Ricardo Salvioli.
La medida, publicada ayer en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Ambiente, Juan José Mussi, sostiene que el emprendimiento privado resulta “incompatible con las obligaciones asumidas por la República Argentina en el Estatuto del Río Uruguay de 1975 y otras normas y acuerdos internacionales vigentes en materia de derecho internacional del medio ambiente”.
El proyecto iba a realizarse en el departamento de Mercedes, en la provincia de Corrientes. Es impulsado por la Unión Transitoria de Empresas integrada por Adecoagro y Copra SA, que habían anunciado una inversión de 50 millones de dólares. El objetivo de la represa es irrigar 28 mil hectáreas para la producción de arroz.
El proyecto había sido avalado por el gobernador de Corrientes, el radical Ricardo Colombi. El Estado nacional intervino de oficio, ante las denuncias de organizaciones ambientalistas que alertaban sobre los graves daños que ocasionaría en el ecosistema de la provincia, pero también en el río Uruguay, que es compartido por otros países y que baña las costas de la República Oriental del Uruguay.
En septiembre del año pasado, el gobierno nacional presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema en el que reclamaba la paralización de la obra. Tres meses después, el 12 de noviembre del año pasado, la Corte le pidió a Corrientes que en 90 días entregue un informe del impacto ambiental de la obra. El gobierno correntino entregó la documentación pedida.
En forma paralela, la Secretaría de Ambiente conformó un grupo de trabajo integrado por especialistas de esa cartera. Los expertos, en base a la información aportada por la provincia, concluyeron que “siendo previsibles probables efectos de eutrofización (proliferación de algas)”, el proyecto “constituye un peligro de daño grave e irreversible” para el ambiente. Esta situación es agravada por “la sustracción del 27,3 por ciento del caudal del Ayuí Grande”.
El informe técnico permite concluir que, de acuerdo con los rendimientos previstos para la explotación arrocera, “por cada hectárea cultivada y fertilizada queda en el ambiente una cantidad de fósforo superior a los 5 kilogramos por hectárea, provenientes tanto del rastrojo como del fertilizante no absorbido por la planta, quedando en total en el predio de la UTE un remanente de 100 toneladas de fósforo por cosecha, que se exportarían por infiltración y escurrimiento” a las aguas del río Uruguay.
De acuerdo con el informe, el anegamiento afectará 6900 hectáreas de humedal, donde pueden encontrarse entre otras comunidades vegetales, “bosque de ribera, pastizales húmedos, pajonales de gramíneas y no gramíneas”. Los efectos de la obra en esas comunidades serán “la eliminación y fragmentación de ambientes, la pérdida de diversidad y cambios en el régimen de inundación aguas abajo”.
También afectaría a la fauna ictícola, ya que allí se presentan “condiciones apropiadas para el desove y cría de larvas” de dorados, surubíes, sábalos y bogas. En ese sentido, el informe advierte que podría producirse la “mortalidad de larvas por reducción en la velocidad de la corriente y predación visual (por parte de las aves) por el aumento en la transparencia” del agua.
Esas razones, entre otras, hacen que el proyecto sea “incompatible con las obligaciones” asumidas por el país en el Estatuto del río Uruguay de 1975, el mismo que el país vecino violó al permitir la construcción de la planta de Botnia, según la Resolución 1238/11, firmada por Mussi. “Por ese motivo, la autorización del proyecto deja de ser una atribución del gobierno correntino, ya que sus consecuencias pueden afectar a otras provincias o a otro país”, dijo Salvioli, para fundamentar la decisión.
El proyecto, además, “resulta incompatible con las disposiciones de la Ley General de Ambiente Nº 25.675 y la de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos Nº 26.331, contrariando de ese modo los objetivos de la política ambiental nacional”.
“Los humedales son una reserva importantísima de flora y fauna, y nuestro deber es protegerlos”, concluyó el jefe de gabinete de la cartera ambiental.
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Mussi: “el Proyecto de Ayuí Grande atenta contra la Ley General del Ambiente y la Ley de Bosques Nativos”
Fecha de Publicación: 26/08/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional - Corrientes
El secretario de Ambiente hizo referencia al “Proyecto Productivo Ayuí Grande”, que luego de analizar los estudios de impacto ambiental, consideró que “no debe desarrollarse el emprendimiento”.
El titular de la cartera ambiental, Dr. Juan José Mussi, recordó que cuando el gobierno de Corrientes autorizó la construcción del emprendimiento privado, desde la cartera ambiental se presentó un recurso de amparo al que dio lugar la Corte Suprema de Justicia, que ordenó facilitar los estudios de impacto ambiental.
Sobre ésta información se basaron los estudios técnicos que determinaron que dicha obra atenta “contra de dos principios legales: uno internacional y otro nacional”. En primer lugar, “va en contra del tratado del Río Uruguay ya que el emprendimiento está ubicado a 2 kilómetros y utiliza el curso de agua del Río Miriñan que conduce a la desembocadura del Río Uruguay”, y, a su vez, “vulnera la Ley General del Ambiente ya que va a actuar sobre 7 mil hectáreas de Bosque Nativo y va a atentar sobre especies de fauna”.
Ésta es la “Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable” señaló Mussi, “hay que permitir un desarrollo que no ponga en peligro al medio ambiente, lo que deriva en un daño sobre la salud de la gente”.
Por su parte, el jefe de Gabinete de la secretaría, Dr. Ricardo Salvioli, afirmó que “nosotros intentamos salvaguardar el medio ambiente y cualquier conflicto en el posible deterioro ambiental con Uruguay".
"De acuerdo con los estudios realizados, la obra disminuiría en un 27,3 por ciento el caudal del río Ayuí, producirá el anegamiento de una vasta superficie de bosque nativo y humedales y contaminará las aguas del río Uruguay con fósforo y otras sustancias químicas y con algas que consumen el oxígeno del agua", sentenció Salvioli.
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Para Medio Ambiente, la represa de Ayuí es legalmente incompatible
Fecha de Publicación: 26/08/2011
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional - Corrientes
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación resolvió ayer que las obras del Proyecto Ayuí Grande “resultan incompatibles con las disposiciones de la Ley General de Ambiente Nº 25.675 y la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331”. Mediante la Resolución 1238/11, también determinó que el emprendimiento arrocero que encabezan el vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda, y el magnate húngaro George Soros “compromete la responsabilidad internacional del Estado por tratarse de una obra que causará perjuicio sensible al río Uruguay, al afectar la calidad de sus aguas”.
Tal como lo denunció Tiempo Argentino el 8 de agosto de 2010, esta polémica iniciativa suponía la apropiación de un curso de agua por parte de dos privados, la inundación de 8000 hectáreas de tierras con bosques nativos, bosques costeros en galería y flora y fauna autóctona en la localidad correntina de Mercedes. El proyecto, alentado por el incremento del precio de los granos en el mercado internacional, buscaba producir 23 mil nuevas hectáreas de arroz, y contaba con el aval del gobierno de Ricardo Colombi, quien la semana pasada enfatizó: “No nos vamos a dejar llevar por falsos ambientalistas que lo único que quieren es que nuestra provincia tenga más del 60% de tierras improductivas”, y añadió: “No podemos tolerar que personas foráneas nos vengan a decir que tenemos que vivir permanentemente en estado animal, sin poder trabajar o producir.”
A raíz de la investigación periodística de este diario, en noviembre de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió suspender las obras por 90 días hasta tanto se determine si la misma ocasionará daños al medioambiente y afectará el cauce del río Uruguay. Luego, en junio pasado, la Corte dio por “extinguido el proceso”, ya que el supuesto daño ambiental que podría generar el emprendimiento “no puede encontrar cabida en esta causa” en tanto que excede su objeto, pero reconoció que el Estado nacional tenía competencia para actuar. En ese marco, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable elaboró un informe crítico sobre los eventuales impactos negativos del emprendimiento. Allí concluyó que “el Proyecto Productivo Ayuí Grande constituye un peligro de daño grave e irreversible” ya que contempla “la eliminación y fragmentación de ambientes, la pérdida de diversidad y los cambios en el régimen de pulsos de inundación aguas abajo”. Además agrega que el aspecto más preocupante de la propuesta es “establecer compensaciones económicas ante la imposibilidad de aplicar medidas de mitigación, dado que el bien colectivo ambiente es un bien no monetizable, ni disponible por los beneficiarios de manera exclusiva o en forma sustentable”.
Las reacciones de las ONG que se opusieron a la construcción de la represa no tardaron en llegar (ver recuadro).
Emilio Spataro, de Salvemos al Iberá, celebró la medida y afirmó: “Esto demuestra que todo lo actuado en Iberá fue tenido en cuenta, y es de una enorme satisfacción para las comunidades ribereñas afectadas por estas obras ilegales.”
En tanto, el lapidario informe contra el Ayuí no cayó nada bien en el entorno del vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda. En diálogo con Tiempo Argentino, el titular de Copra SA y mano derecha de Aranda, Ricardo Freire, señaló que la resolución ministerial “desautoriza las leyes provinciales dictadas por el Estado de Corrientes”, ya que “nosotros contamos con todas las habilitaciones provinciales correspondientes y estábamos en condiciones de comenzar las obras, pero ahora nuevamente nos vuelven a frenar”. Al mismo tiempo, manifestó que “esta situación nos sobrepasa, quedamos en el medio de un conflicto entre el Estado provincial y el nacional; y hasta tanto no se aclare el panorama, no vamos a seguir adelante”
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