"Hay que meter presos a los empresarios"
23:03 | 
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"Para terminar con la contaminación del embalse hay que meter presos a los empresarios"
Fecha de Publicación: 16/06/2011
Fuente: Argenpress
Provincia/Región: Tucumán
Lo aseguró el Fiscal Federal con asiento en Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, quien arribó a Santiago del Estero para reunirse con su par Pedro Simón. “La única posibilidad concreta de terminar con la contaminación del embalse es meter presos a los empresarios que ganan plata con la salud de los santiagueños”, expresó.
El Fiscal Federal con asiento en la provincia de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, expresó en diálogo con Noticiero 7 de la provincia de Santiago del Estero, que la única “posibilidad concreta” de solucionar el problema de contaminación en el embalse de Río Hondo es “meter presos a los empresarios que ganan plata a costa de la salud de los santiagueños”.
“En Tucumán hemos llegado a condenas de tres años de prisión a un empresario que tiraba residuos patogénicos al río Salí. Este es un delito donde se castiga al empresario, no al que ejecuta la maniobra. Cuando a un empresario de un ingenio se le condene a prisión, el resto van a hacer las inversiones económicas que sean necesarias. Hay que resaltar además que detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto”, aseguró.
Gómez destacó que Santiago del Estero se haya presentado como parte querellante en causas penales ambientales.
“Celebro que casi diez años después Santiago se presente como querellante. Nosotros hemos abierto muchas causas penales por delitos de esta naturaleza y buena parte de esta información venimos a intercambiarla con el Dr. Simón que se ha mostrado muy activo en estos temas”.
Por su parte, el Fiscal Federal de Santiago del Estero, Pedro Simón informó que se han concretado “pedidos de indagatoria contra algunos empresarios que se autotitularon propietarios de los ingenios”.
“Hemos pedido la citación, y esperamos que el juez fije las fechas. Los expedientes podrían atrasarse por la constitución como querellante de la Provincia y la Defensoría del Pueblo”, expresó.
Fecha de Publicación: 16/06/2011
Fuente: Argenpress
Provincia/Región: Tucumán
Lo aseguró el Fiscal Federal con asiento en Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, quien arribó a Santiago del Estero para reunirse con su par Pedro Simón. “La única posibilidad concreta de terminar con la contaminación del embalse es meter presos a los empresarios que ganan plata con la salud de los santiagueños”, expresó.
El Fiscal Federal con asiento en la provincia de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, expresó en diálogo con Noticiero 7 de la provincia de Santiago del Estero, que la única “posibilidad concreta” de solucionar el problema de contaminación en el embalse de Río Hondo es “meter presos a los empresarios que ganan plata a costa de la salud de los santiagueños”.
“En Tucumán hemos llegado a condenas de tres años de prisión a un empresario que tiraba residuos patogénicos al río Salí. Este es un delito donde se castiga al empresario, no al que ejecuta la maniobra. Cuando a un empresario de un ingenio se le condene a prisión, el resto van a hacer las inversiones económicas que sean necesarias. Hay que resaltar además que detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto”, aseguró.
Gómez destacó que Santiago del Estero se haya presentado como parte querellante en causas penales ambientales.
“Celebro que casi diez años después Santiago se presente como querellante. Nosotros hemos abierto muchas causas penales por delitos de esta naturaleza y buena parte de esta información venimos a intercambiarla con el Dr. Simón que se ha mostrado muy activo en estos temas”.
Por su parte, el Fiscal Federal de Santiago del Estero, Pedro Simón informó que se han concretado “pedidos de indagatoria contra algunos empresarios que se autotitularon propietarios de los ingenios”.
“Hemos pedido la citación, y esperamos que el juez fije las fechas. Los expedientes podrían atrasarse por la constitución como querellante de la Provincia y la Defensoría del Pueblo”, expresó.
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Quieren a La Fidelidad como área protegida
El gobierno coincide en convertir a La Fidelidad en un gran área protegida
Fecha de Publicación: 16/06/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El ministro de la Producción, Enrique Orban, dijo ayer que el gobierno provincial coincide con la idea de varias personalidades y organizaciones ambientalistas que propician que la estancia La Fidelidad sea convertida en un área protegida o una reserva en la que ya no puedan realizarse explotaciones forestales ni agrícolas.
Orban, en declaraciones a FM Universidad, confirmó que hubo un pedido de explotación forestal dirigido a extraer madera de la estancia de Roseo (nada menos que en 170.000 hectáreas de tierras), y dijo que la solicitud “fue rechazada de plano, porque está confuso además el tema de quién es el apoderado de La Fidelidad”.
Zona privilegiada
A eso sumó que en el gobierno “estamos empujando que la estancia sea un área protegida. Sería algo muy importante que fuera un reservorio de agua dulce y preservar las 150.000 hectáreas, para hacer usos agrícolas en los campos vecinos por la cantidad de agua que se puede obtener de esos campos, que tienen unas lagunas espectaculares”.
“Conozco esa zona y se podría hacer una gran área protegida, sin tocar más los recursos forestales. En vida don Roseo era un colaborador para la reproducción de especies, más la biodiversidad que alberga ese pedazo de tierra. Vamos a hacer todo lo posible por ver cómo con Nación podemos trabajar sobre una expropiación y preservar ese lugar”, indicó.
El ministro también confirmó que ese interés es compartido por la Dirección de Parques Nacionales. “Será lo que deba ser, un parque nacional o un área protegida”, marcó, e insistió en que las reservas de agua dulce “pueden ser muy útiles a nuestro sector productivo”.
No obstante, dijo que la valuación de la estancia no puede de ninguna manera ser de 312 millones de dólares, como lo fijó el juez saenzpeñense Juan Zaloff Dakoff mediante la tarea de un perito tasador. “Eso es un disparate”, sostuvo.
Fecha de Publicación: 16/06/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El ministro de la Producción, Enrique Orban, dijo ayer que el gobierno provincial coincide con la idea de varias personalidades y organizaciones ambientalistas que propician que la estancia La Fidelidad sea convertida en un área protegida o una reserva en la que ya no puedan realizarse explotaciones forestales ni agrícolas.
Orban, en declaraciones a FM Universidad, confirmó que hubo un pedido de explotación forestal dirigido a extraer madera de la estancia de Roseo (nada menos que en 170.000 hectáreas de tierras), y dijo que la solicitud “fue rechazada de plano, porque está confuso además el tema de quién es el apoderado de La Fidelidad”.
Zona privilegiada
A eso sumó que en el gobierno “estamos empujando que la estancia sea un área protegida. Sería algo muy importante que fuera un reservorio de agua dulce y preservar las 150.000 hectáreas, para hacer usos agrícolas en los campos vecinos por la cantidad de agua que se puede obtener de esos campos, que tienen unas lagunas espectaculares”.
“Conozco esa zona y se podría hacer una gran área protegida, sin tocar más los recursos forestales. En vida don Roseo era un colaborador para la reproducción de especies, más la biodiversidad que alberga ese pedazo de tierra. Vamos a hacer todo lo posible por ver cómo con Nación podemos trabajar sobre una expropiación y preservar ese lugar”, indicó.
El ministro también confirmó que ese interés es compartido por la Dirección de Parques Nacionales. “Será lo que deba ser, un parque nacional o un área protegida”, marcó, e insistió en que las reservas de agua dulce “pueden ser muy útiles a nuestro sector productivo”.
No obstante, dijo que la valuación de la estancia no puede de ninguna manera ser de 312 millones de dólares, como lo fijó el juez saenzpeñense Juan Zaloff Dakoff mediante la tarea de un perito tasador. “Eso es un disparate”, sostuvo.
Fuerte debate por el "derrame" de la minería
Fuerte debate por el derrame económico de la minería
Fecha de Publicación: 16/06/2011
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Diputados del FCS y el interbloque coincidieron ayer en el debate por el escaso derrame económico que la minería dejó en territorio catamarqueño en relación con la formación de una cadena de proveedores locales y la contratación de mano de obra. Sin embargo, las disidencias aparecieron cuando se rozó la política minera del oficialismo.
En la tercera sesión de la Cámara baja, el dirigente peronista Augusto Barros asumió en la secretaría Parlamentaria como colaborador del presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Moreno. En tanto que el CPN Rafael Nieto continuará en la secretaría administrativa.
El interbloque y el FCS acompañaron la designación de Barros y destacaron su condición de militante que demostró lealtad a sus principios y esfuerzo permanente.
El diputado Pablo Sánchez (FCS) planteó la necesidad de modificar la ley del Compre y Contrate Catamarqueño, un régimen especial para que el Estado priorice comprar a productores y proveedores locales. En este sentido se incorporaron nuevos actores obligados por este régimen, tal como las personas o empresas a las que la autoridad de aplicación les apruebe el informe de impacto ambiental para desarrollar actividad minera.
Sánchez, oriundo de Santa María, planteó que la explotación del yacimiento de Minera Alumbrera tiene asignaturas pendientes. Señaló, por ejemplo, que sólo el 3,6% de las compras que realiza la empresa se efectúan a proveedores catamarqueños. Y agregó que no hubo política para desarrollar los proveedores locales.
El interbloque coincidió con los planteos efectuados por Sánchez, pero señalaron que fue la política minera del FCS la que no produjo un efecto derrame. En este sentido criticaron la falta de actores visibles y la ausencia de convicciones políticas con respecto a la minería.
Fecha de Publicación: 16/06/2011
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Diputados del FCS y el interbloque coincidieron ayer en el debate por el escaso derrame económico que la minería dejó en territorio catamarqueño en relación con la formación de una cadena de proveedores locales y la contratación de mano de obra. Sin embargo, las disidencias aparecieron cuando se rozó la política minera del oficialismo.
En la tercera sesión de la Cámara baja, el dirigente peronista Augusto Barros asumió en la secretaría Parlamentaria como colaborador del presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Moreno. En tanto que el CPN Rafael Nieto continuará en la secretaría administrativa.
El interbloque y el FCS acompañaron la designación de Barros y destacaron su condición de militante que demostró lealtad a sus principios y esfuerzo permanente.
El diputado Pablo Sánchez (FCS) planteó la necesidad de modificar la ley del Compre y Contrate Catamarqueño, un régimen especial para que el Estado priorice comprar a productores y proveedores locales. En este sentido se incorporaron nuevos actores obligados por este régimen, tal como las personas o empresas a las que la autoridad de aplicación les apruebe el informe de impacto ambiental para desarrollar actividad minera.
Sánchez, oriundo de Santa María, planteó que la explotación del yacimiento de Minera Alumbrera tiene asignaturas pendientes. Señaló, por ejemplo, que sólo el 3,6% de las compras que realiza la empresa se efectúan a proveedores catamarqueños. Y agregó que no hubo política para desarrollar los proveedores locales.
El interbloque coincidió con los planteos efectuados por Sánchez, pero señalaron que fue la política minera del FCS la que no produjo un efecto derrame. En este sentido criticaron la falta de actores visibles y la ausencia de convicciones políticas con respecto a la minería.
Un freno para el endosulfan
Un freno para el agrotóxico
Fecha de Publicación: 15/06/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La Defensoría del Pueblo solicitó la prohibición inmediata del endosulfan, el insecticida más usado en la producción agraria de Argentina. Ya está vedado su uso en 74 países y la ONU instó a que se abandone su utilización el próximo año.
“Es menos nocivo que otros insecticidas”, “No hay estudios en su contra”, “No están probados sus efectos nocivos” son algunos de los argumentos que desde hace seis décadas repiten empresas, productores, científicos y funcionarios para defender el uso del endosulfan, el insecticida más utilizado en la Argentina. Luego de décadas de denuncias de vecinos afectados y organizaciones sociales, el endosulfan acaba de ser incluido en el Convenio de Estocolmo, instancia de Naciones Unidas, que estableció el fin de su uso para 2012. En la misma línea, la Defensoría del Pueblo de la Nación solicitó al Ministerio de Agricultura que “prohíba de inmediato” en todo el país el uso del agrotóxico. En la Argentina se utilizan 5,5 millones de litros por año para la producción de algodón, maíz y soja, entre otros cultivos. La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), que nuclea a empresas del sector, adelantó que respetará lo resuelto en el Convenio de Estocolmo, pero rechazó el pedido de la Defensoría de restringirlo en la actualidad. El insecticida ya fue prohibido en 74 países.
“Consultado el Ministerio de Salud de la Nación sobre la toxicidad del endosulfan, respondió que tiene propiedades carcinogénicas para los seres humanos”, fundamenta la Resolución 101/11 de la Defensoría del Pueblo, que señala al endosulfan como responsable de alteraciones neurológicas, afección visual, efectos adversos sobre el sistema reproductivo masculino, los riñones y el hígado, entre otros efectos negativos. La Resolución recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al endosulfan como “altamente tóxico”.
Utilizado para combatir insectos en soja, alfalfa, algodón, girasol, lino, maíz, tabaco y hortalizas, posee una clasificación química de organoclorado, y actúa sobre insectos por contacto e ingestión, aunque con altas temperaturas puede actuar por inhalación. Es extremadamente tóxico para peces y de uso restringido en cercanías de cursos de agua, aunque (como con el resto de las fumigaciones) no existe control sobre su uso. En la Argentina está catalogado como producto muy peligroso.
“Se presenta una tendencia creciente en cuanto a la comercialización y utilización del endosulfan, y es el principal insecticida comercializado en la Argentina”, explica el investigador, docente de la Facultad de Agronomía de la UBA y coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal), Javier Souza Casadinho, y recuerda que ya fue prohibido en 74 países.
En base a datos de Casafe, un informe de Souza Casadinho precisa que en 1999 se comercializaron en Argentina 1,9 millones de litros. En 2003 trepó hasta 3,4 millones. Y en 2006 ascendió a 4,2 millones de litros. Casafe precisa que en 2010 se utilizaron 5,5 millones de litros.
Souza Casadinho afirma que el uso creciente del agrotóxico se debe al modelo agrícola vigente que conlleva “al incremento general de uso de plaguicidas”, y precisa: “La expansión del monocultivo de soja, en ausencia de una estrategia global para con el manejo de plagas, deriva en la utilización puntual de plaguicidas”. Y agrega que en la horticultura también se evidencia una mayor utilización de agrotóxicos.
El investigador alertó sobre el posible reemplazo del endosulfan por otros agrotóxicos con similares peligros sanitarios y cuestionamientos (clorpirifos, metamidofos, cipermetrina y lambdacialotrina, entre otros). Desde Rapal se promueve la alternativa agroecológica, con pruebas de efectividad y rendimiento en prácticas de campesinos y pequeños productores.
En abril pasado, la Quinta Reunión de la Conferencia de las Partes (COP5) del Convenio de Estocolmo (espacio internacional auspiciado por la Organización de Naciones Unidas que regula el tratamiento de sustancias tóxicas) decidió en plenario con la presencia de 127 países que el endosulfan sea incluido en la lista de “contaminantes orgánicos persistentes” y solicitó sea retirado del mercado en abril de 2012 por los “graves efectos” que produce en las personas.
El director ejecutivo de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), Juan Cruz Jaime, afirmó ayer que la institución es “respetuosa de los convenios internacionales”, pidió que “Argentina respete el cronograma que determina el Convenio” (establece abril de 2012 como fecha límite) y rechazó la prohibición inmediata que solicita la Defensoría del Pueblo.
Entre las empresas que producen o comercializan el endosulfan sobresalen Dupont, Nidera, Brometan, Chemotecnica, Chemplant, Nufarm, Ciagro y Magan, entre otras. Un jugador de peso era la multinacional Bayer, pero en agosto de 2009 anunció que retiraba el producto del mercado.
Fecha de Publicación: 15/06/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La Defensoría del Pueblo solicitó la prohibición inmediata del endosulfan, el insecticida más usado en la producción agraria de Argentina. Ya está vedado su uso en 74 países y la ONU instó a que se abandone su utilización el próximo año.
“Es menos nocivo que otros insecticidas”, “No hay estudios en su contra”, “No están probados sus efectos nocivos” son algunos de los argumentos que desde hace seis décadas repiten empresas, productores, científicos y funcionarios para defender el uso del endosulfan, el insecticida más utilizado en la Argentina. Luego de décadas de denuncias de vecinos afectados y organizaciones sociales, el endosulfan acaba de ser incluido en el Convenio de Estocolmo, instancia de Naciones Unidas, que estableció el fin de su uso para 2012. En la misma línea, la Defensoría del Pueblo de la Nación solicitó al Ministerio de Agricultura que “prohíba de inmediato” en todo el país el uso del agrotóxico. En la Argentina se utilizan 5,5 millones de litros por año para la producción de algodón, maíz y soja, entre otros cultivos. La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), que nuclea a empresas del sector, adelantó que respetará lo resuelto en el Convenio de Estocolmo, pero rechazó el pedido de la Defensoría de restringirlo en la actualidad. El insecticida ya fue prohibido en 74 países.
“Consultado el Ministerio de Salud de la Nación sobre la toxicidad del endosulfan, respondió que tiene propiedades carcinogénicas para los seres humanos”, fundamenta la Resolución 101/11 de la Defensoría del Pueblo, que señala al endosulfan como responsable de alteraciones neurológicas, afección visual, efectos adversos sobre el sistema reproductivo masculino, los riñones y el hígado, entre otros efectos negativos. La Resolución recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al endosulfan como “altamente tóxico”.
Utilizado para combatir insectos en soja, alfalfa, algodón, girasol, lino, maíz, tabaco y hortalizas, posee una clasificación química de organoclorado, y actúa sobre insectos por contacto e ingestión, aunque con altas temperaturas puede actuar por inhalación. Es extremadamente tóxico para peces y de uso restringido en cercanías de cursos de agua, aunque (como con el resto de las fumigaciones) no existe control sobre su uso. En la Argentina está catalogado como producto muy peligroso.
“Se presenta una tendencia creciente en cuanto a la comercialización y utilización del endosulfan, y es el principal insecticida comercializado en la Argentina”, explica el investigador, docente de la Facultad de Agronomía de la UBA y coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal), Javier Souza Casadinho, y recuerda que ya fue prohibido en 74 países.
En base a datos de Casafe, un informe de Souza Casadinho precisa que en 1999 se comercializaron en Argentina 1,9 millones de litros. En 2003 trepó hasta 3,4 millones. Y en 2006 ascendió a 4,2 millones de litros. Casafe precisa que en 2010 se utilizaron 5,5 millones de litros.
Souza Casadinho afirma que el uso creciente del agrotóxico se debe al modelo agrícola vigente que conlleva “al incremento general de uso de plaguicidas”, y precisa: “La expansión del monocultivo de soja, en ausencia de una estrategia global para con el manejo de plagas, deriva en la utilización puntual de plaguicidas”. Y agrega que en la horticultura también se evidencia una mayor utilización de agrotóxicos.
El investigador alertó sobre el posible reemplazo del endosulfan por otros agrotóxicos con similares peligros sanitarios y cuestionamientos (clorpirifos, metamidofos, cipermetrina y lambdacialotrina, entre otros). Desde Rapal se promueve la alternativa agroecológica, con pruebas de efectividad y rendimiento en prácticas de campesinos y pequeños productores.
En abril pasado, la Quinta Reunión de la Conferencia de las Partes (COP5) del Convenio de Estocolmo (espacio internacional auspiciado por la Organización de Naciones Unidas que regula el tratamiento de sustancias tóxicas) decidió en plenario con la presencia de 127 países que el endosulfan sea incluido en la lista de “contaminantes orgánicos persistentes” y solicitó sea retirado del mercado en abril de 2012 por los “graves efectos” que produce en las personas.
El director ejecutivo de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), Juan Cruz Jaime, afirmó ayer que la institución es “respetuosa de los convenios internacionales”, pidió que “Argentina respete el cronograma que determina el Convenio” (establece abril de 2012 como fecha límite) y rechazó la prohibición inmediata que solicita la Defensoría del Pueblo.
Entre las empresas que producen o comercializan el endosulfan sobresalen Dupont, Nidera, Brometan, Chemotecnica, Chemplant, Nufarm, Ciagro y Magan, entre otras. Un jugador de peso era la multinacional Bayer, pero en agosto de 2009 anunció que retiraba el producto del mercado.
Toma estado público el caso de niño fumigado
Se difunde caso de pequeño rociado por avioneta en zona rural de Mercedes que padece leucemia
Fecha de Publicación: 14/06/2011
Fuente: Noticias Mercedinas
Provincia/Región: Entre Ríos
Se trata del hijo de José Milesi y Silvina Picchioni, propietarios del Hotel “El Tizón”. Amplia repercusión de este caso, que vuelve a poner sobre el tapete el peligro de la utilización de agroquímicos. Piden que se sancione ordenanza.
El drama de una familia de Mercedes cuyo hijo fue rociado por una avioneta fumigadora y actualmente padece leucemia, se conoce a través de los medios y toma gran repercusión luego de una nota publicada en el bisemanario El Civismo de la vecina ciudad de Luján.
Los efectos del arrojo de venenos para la fumigación de los cultivos transgénicos son una amenaza real, y mientras que en la ciudad de Mercedes se espera que se tomen medidas legislativas al respecto, un caso conmueve a la opinión pública tras darse a difusión.
Se trata del hijo de los propietarios del Hotel El Tizón, un paradisiaco lugar de descanso que se encuentra enclavado en la zona rural del Mercedes, en cercanías de la localidad de Olivera y del límite con Luján, rodeado de campos de cultivo en los que se usan agroquímicos.
En febrero de 2008, Juan, un niño de 4 años fue “bañado” por un avión fumigador. Pocos meses después le diagnosticaron leucemia. El testimonio de su padre que en otra oportunidad ahuyentó a los tiros a una aeronave que pretendía derramar el veneno en los campos cercanos a su vivienda.
La denuncia a los medios surgió de una entrevista al matrimonio conformado por José Edgardo Milesi y Silvina Picchioni, que tienen un difícil trance con su hijo, que el próximo 10 de julio cumplirá 5 años.
Según publica “El Civismo”, en febrero de 2008, la familia fue víctima de una situación que en ese momento sólo generó bronca, gargantas irritadas y un desagradable e intenso hedor en las fosas nasales. Ese día transcurría como cualquier otro cuando el rugir de una avioneta que volaba a baja altura llamó la atención. Lo que inicialmente se pensó como una postal pintoresca, terminó en una lluvia de veneno que “bañó” a Juan y a su papá, quien había salido en búsqueda del niño que jugaba en el patio de la casa.
En diálogo con el mencionado medio, José Milesi recordó el hecho: “Escuchamos pasar un avión por encima de la casa. Primero no le dimos importancia. Pero cuando pasó de nuevo, estando los dos afuera, siento que nos moja. Entramos al nene. Yo sentí un olor muy fuerte, nos cambiamos de ropa y la cosa siguió normalmente”.
En los meses posteriores, esa normalidad empezó a mostrar grietas. Así como las copas de los eucaliptos comenzaban a secarse, Juan se resfriaba con demasiada frecuencia y el desgano iba en aumento. Luego aparecieron manchas en su piel. Su padre explicó que “le empezaron a salir salpullidos raros, y lo llevamos al médico porque pensábamos que era alguna enfermedad eruptiva”.
A partir de ese momento, la familia inició el tránsito de una verdadera pesadilla que, en palabras de José, los llevó a conocer las puertas del infierno. En Mercedes, a Juan le diagnosticaron leucemia linfoplástica en un nivel muy avanzado.
“Lo normal en cualquier persona son 5 mil glóbulos blancos. Cuando lo diagnosticaron en Mercedes tenía 80 mil, y en pocas horas tenía 120 mil glóbulos, de los cuales el 90 por ciento eran células cancerígenas. Si demorábamos unos días más, se moría”, especificó el padre.
El niño fue derivado al Hospital Garrahan. Una vez estabilizado, recibió quimioterapia y permaneció internado durante ocho meses. Hoy se recupera satisfactoriamente del cuadro oncológico.
Además del tratamiento, en el hospital se intentó rastrear el origen de la leucemia en Juan. Los antecedentes familiares de sus padres no arrojaron casos similares: “Tengo cuatro hijos de mi primer matrimonio que son totalmente sanos, y en mis antecedentes familiares no hay casos oncológicos, lo mismo pasa con mi actual mujer. Empezaron a indagar sobre el lugar donde vivimos, y ahí me acordé de la situación vivida. Nadie te asegura nada, pero sí nos dijeron que hay muchas posibilidades de que esa fumigación haya sido la causa”.
José sabe que como ocurre en otros casos, nadie se anima a realizar una afirmación y todo se mueve en el terreno de las suposiciones, aunque existan “estudios científicos de envergadura”. Sin embargo, “está la pata encima del gran poder de Monsanto con el glifosato y otros agroquímicos que también son muy peligrosos porque atacan al hígado, al riñón, a los pulmones, que son mortales en forma indirecta”.
Existen varias investigaciones a nivel mundial que vinculan casos de leucemia en niños con exposiciones a los agroquímicos. En Shanghai, por ejemplo, se halló un incremento tres veces superior del riesgo a contraer la enfermedad para niños cuyas madres estuvieron expuestas a pesticidas en el trabajo.
También un estudio realizado en los Países Bajos expuso un incremento del riesgo en niños expuestos directamente a estos venenos. Un resultado similar arrojó la investigación llevada a cabo por Michelle Turner, Donald Wigle y Daniel Krewski de la Universidad de Ottawa (Canadá).
Por mano propia
Con la familia de regreso a su casa, un día volvió el sonido de una avioneta. De inmediato, el niño fue introducido a la vivienda y su papá tuvo una respuesta instintiva que hoy reconoce como incorrecta, aunque ante la falta de resguardo estatal la considera una forma desesperada de evitar nuevos males para su hijo.
“Mi mujer metió al chico adentro y yo agarré la escopeta a repetición que tengo. Le empecé a tirar, no me importaba nada. Después de ver a tu hijo varias veces al borde de la muerte, te sentís impotente, te desesperás. Le tiré como siete u ocho tiros para alejarla. Menos mal que el tipo no abrió para fumigar, porque él estaría muerto y yo preso”, aseguró.
La reacción de José se parece a la ley de la selva. Como ocurre en Luján, Mercedes carece de ordenanza que reglamente las fumigaciones. Sin esa protección, el vecino entiende que resguardar la salud de su hijo está en sus manos, de la forma que sea. En otras palabras, “no quiero tirarle tiros a la gente, pero tampoco quiero que me fumiguen ni que mi hijo esté expuesto a eso”.
“A las pocas horas vinieron los dueños del campo a pedirme explicaciones. Caliente como estaba le mostré a mi hijo, que todavía estaba pelado por la quimioterapia, y les dije que esa situación era producto de una fumigada con un avión. Si nadie entiende, la van a entender de esa manera. Lo que hice se difundió y en la zona dejaron de fumigar en aviones. Si vuelven a fumigar, lo bajo, iré preso, no me importa”, advirtió.
Aunque las avionetas no regresaron, la fumigación terrestre que se realiza en los cuatro campos que rodean al hotel son un problema: “El año pasado un albañil estaba trabajando en casa y se tuvo que ir porque no aguantó el olor proveniente de una fumigación terrestre, le dolía la garganta, no podía respirar”.
Al igual que muchos vecinos de Luján, la familia Milesi espera que el Municipio de Mercedes apruebe una ordenanza referida a la problemática.
“Pedimos que se sancione una ordenanza”
En la actualidad, la familia Milesi recibe el asesoramiento legal de la doctora Graciela Gómez, quien trabaja en distintos casos de personas fumigadas en todo el país. A partir de su intervención, la Defensoría del Pueblo bonaerense se mostró dispuesta a iniciar un expediente para investigar el caso registrado en Mercedes, al tiempo que pedirá un informe al gobierno de ese distrito.
Gómez explicó a El Civismo que “pedimos que se sancione una ordenanza”. En caso contrario, la profesional adelantó que se enviarán cartas-documento a los propietarios de los cuatro campos vecinos al Hotel El Tizón para que se abstengan de fumigar en las condiciones actuales.
Fecha de Publicación: 14/06/2011
Fuente: Noticias Mercedinas
Provincia/Región: Entre Ríos
Se trata del hijo de José Milesi y Silvina Picchioni, propietarios del Hotel “El Tizón”. Amplia repercusión de este caso, que vuelve a poner sobre el tapete el peligro de la utilización de agroquímicos. Piden que se sancione ordenanza.
El drama de una familia de Mercedes cuyo hijo fue rociado por una avioneta fumigadora y actualmente padece leucemia, se conoce a través de los medios y toma gran repercusión luego de una nota publicada en el bisemanario El Civismo de la vecina ciudad de Luján.
Los efectos del arrojo de venenos para la fumigación de los cultivos transgénicos son una amenaza real, y mientras que en la ciudad de Mercedes se espera que se tomen medidas legislativas al respecto, un caso conmueve a la opinión pública tras darse a difusión.
Se trata del hijo de los propietarios del Hotel El Tizón, un paradisiaco lugar de descanso que se encuentra enclavado en la zona rural del Mercedes, en cercanías de la localidad de Olivera y del límite con Luján, rodeado de campos de cultivo en los que se usan agroquímicos.
En febrero de 2008, Juan, un niño de 4 años fue “bañado” por un avión fumigador. Pocos meses después le diagnosticaron leucemia. El testimonio de su padre que en otra oportunidad ahuyentó a los tiros a una aeronave que pretendía derramar el veneno en los campos cercanos a su vivienda.
La denuncia a los medios surgió de una entrevista al matrimonio conformado por José Edgardo Milesi y Silvina Picchioni, que tienen un difícil trance con su hijo, que el próximo 10 de julio cumplirá 5 años.
Según publica “El Civismo”, en febrero de 2008, la familia fue víctima de una situación que en ese momento sólo generó bronca, gargantas irritadas y un desagradable e intenso hedor en las fosas nasales. Ese día transcurría como cualquier otro cuando el rugir de una avioneta que volaba a baja altura llamó la atención. Lo que inicialmente se pensó como una postal pintoresca, terminó en una lluvia de veneno que “bañó” a Juan y a su papá, quien había salido en búsqueda del niño que jugaba en el patio de la casa.
En diálogo con el mencionado medio, José Milesi recordó el hecho: “Escuchamos pasar un avión por encima de la casa. Primero no le dimos importancia. Pero cuando pasó de nuevo, estando los dos afuera, siento que nos moja. Entramos al nene. Yo sentí un olor muy fuerte, nos cambiamos de ropa y la cosa siguió normalmente”.
En los meses posteriores, esa normalidad empezó a mostrar grietas. Así como las copas de los eucaliptos comenzaban a secarse, Juan se resfriaba con demasiada frecuencia y el desgano iba en aumento. Luego aparecieron manchas en su piel. Su padre explicó que “le empezaron a salir salpullidos raros, y lo llevamos al médico porque pensábamos que era alguna enfermedad eruptiva”.
A partir de ese momento, la familia inició el tránsito de una verdadera pesadilla que, en palabras de José, los llevó a conocer las puertas del infierno. En Mercedes, a Juan le diagnosticaron leucemia linfoplástica en un nivel muy avanzado.
“Lo normal en cualquier persona son 5 mil glóbulos blancos. Cuando lo diagnosticaron en Mercedes tenía 80 mil, y en pocas horas tenía 120 mil glóbulos, de los cuales el 90 por ciento eran células cancerígenas. Si demorábamos unos días más, se moría”, especificó el padre.
El niño fue derivado al Hospital Garrahan. Una vez estabilizado, recibió quimioterapia y permaneció internado durante ocho meses. Hoy se recupera satisfactoriamente del cuadro oncológico.
Además del tratamiento, en el hospital se intentó rastrear el origen de la leucemia en Juan. Los antecedentes familiares de sus padres no arrojaron casos similares: “Tengo cuatro hijos de mi primer matrimonio que son totalmente sanos, y en mis antecedentes familiares no hay casos oncológicos, lo mismo pasa con mi actual mujer. Empezaron a indagar sobre el lugar donde vivimos, y ahí me acordé de la situación vivida. Nadie te asegura nada, pero sí nos dijeron que hay muchas posibilidades de que esa fumigación haya sido la causa”.
José sabe que como ocurre en otros casos, nadie se anima a realizar una afirmación y todo se mueve en el terreno de las suposiciones, aunque existan “estudios científicos de envergadura”. Sin embargo, “está la pata encima del gran poder de Monsanto con el glifosato y otros agroquímicos que también son muy peligrosos porque atacan al hígado, al riñón, a los pulmones, que son mortales en forma indirecta”.
Existen varias investigaciones a nivel mundial que vinculan casos de leucemia en niños con exposiciones a los agroquímicos. En Shanghai, por ejemplo, se halló un incremento tres veces superior del riesgo a contraer la enfermedad para niños cuyas madres estuvieron expuestas a pesticidas en el trabajo.
También un estudio realizado en los Países Bajos expuso un incremento del riesgo en niños expuestos directamente a estos venenos. Un resultado similar arrojó la investigación llevada a cabo por Michelle Turner, Donald Wigle y Daniel Krewski de la Universidad de Ottawa (Canadá).
Por mano propia
Con la familia de regreso a su casa, un día volvió el sonido de una avioneta. De inmediato, el niño fue introducido a la vivienda y su papá tuvo una respuesta instintiva que hoy reconoce como incorrecta, aunque ante la falta de resguardo estatal la considera una forma desesperada de evitar nuevos males para su hijo.
“Mi mujer metió al chico adentro y yo agarré la escopeta a repetición que tengo. Le empecé a tirar, no me importaba nada. Después de ver a tu hijo varias veces al borde de la muerte, te sentís impotente, te desesperás. Le tiré como siete u ocho tiros para alejarla. Menos mal que el tipo no abrió para fumigar, porque él estaría muerto y yo preso”, aseguró.
La reacción de José se parece a la ley de la selva. Como ocurre en Luján, Mercedes carece de ordenanza que reglamente las fumigaciones. Sin esa protección, el vecino entiende que resguardar la salud de su hijo está en sus manos, de la forma que sea. En otras palabras, “no quiero tirarle tiros a la gente, pero tampoco quiero que me fumiguen ni que mi hijo esté expuesto a eso”.
“A las pocas horas vinieron los dueños del campo a pedirme explicaciones. Caliente como estaba le mostré a mi hijo, que todavía estaba pelado por la quimioterapia, y les dije que esa situación era producto de una fumigada con un avión. Si nadie entiende, la van a entender de esa manera. Lo que hice se difundió y en la zona dejaron de fumigar en aviones. Si vuelven a fumigar, lo bajo, iré preso, no me importa”, advirtió.
Aunque las avionetas no regresaron, la fumigación terrestre que se realiza en los cuatro campos que rodean al hotel son un problema: “El año pasado un albañil estaba trabajando en casa y se tuvo que ir porque no aguantó el olor proveniente de una fumigación terrestre, le dolía la garganta, no podía respirar”.
Al igual que muchos vecinos de Luján, la familia Milesi espera que el Municipio de Mercedes apruebe una ordenanza referida a la problemática.
“Pedimos que se sancione una ordenanza”
En la actualidad, la familia Milesi recibe el asesoramiento legal de la doctora Graciela Gómez, quien trabaja en distintos casos de personas fumigadas en todo el país. A partir de su intervención, la Defensoría del Pueblo bonaerense se mostró dispuesta a iniciar un expediente para investigar el caso registrado en Mercedes, al tiempo que pedirá un informe al gobierno de ese distrito.
Gómez explicó a El Civismo que “pedimos que se sancione una ordenanza”. En caso contrario, la profesional adelantó que se enviarán cartas-documento a los propietarios de los cuatro campos vecinos al Hotel El Tizón para que se abstengan de fumigar en las condiciones actuales.
Minera Sierra Grande quiere todavía más agua
Minera quiere todavía más agua
Fecha de Publicación: 14/06/2011
Fuente: Noticias Net - No a la Mina
Provincia/Región: Río Negro
El Gobierno de la provincia de Río Negro autorizó provisoriamente el uso de 35 litros/segundo de agua, pero la empresa de capitales chinos MCC Minera Sierra Grande que explota hierro exige 40 para poder operar. La firma sostuvo que el caudal no es suficiente. Se está discutiendo nada menos que sobre al menos 3 millones de litros de agua por día, que equivalen al consumo de 13.000 personas diariamente. Los enojos y presiones empresarias que provoca la sed minera.
Mientras la MCC Minera Sierra Grande espera la realización de un nuevo embarque de mineral con destino a China, afrontaría una nueva discusión con el Gobierno de la provincia de Río Negro por el caudal de agua requerido.
El incremento del caudal de agua sería cuestionado por las autoridades de Aguas Rionegrinas (ARSA) y el Departamento Provincial de Aguas (DPA).
El intendente Nelson Iribarren oficiaría de mediador entre las partes, acompañando a la minera, pero la cuestión no prospera.
Ayer, este dato fue confirmado por el portavoz de la empresa Fernando Zhou, quien espera la voluntad de la Provincia y señaló que en la Minera se realizará una prueba para determinar la cantidad de agua que se utiliza.
"El Gobierno autorizó el uso de 35 litros de agua por segundo por un tiempo determinado", explicó Zhou. El caso es que al margen de programar la producción, la complicación surge cuando "no hay suficiente agua en la cisterna, baja la presión y las máquinas se paran automáticamente", señaló.
"Quedamos en que en el mes de julio vamos a hacer otra prueba. Hay discrepancias, discusiones porque dicen que no usamos tanta agua y nosotros decimos que el agua no es suficiente.
Vamos a hacer el trabajo con una línea por tiempo permanente, poner en funcionamiento el ferroducto cuando sea necesario para ver qué cantidad de agua nos están dando y que cantidad estamos consumiendo", explicaron desde la empresa.
Discrepancias
Desde la empresa observan que mientras les aseguran que cuentan con el agua que necesitan, el nivel del reservorio por ejemplo está bajando.
En tal sentido señalan que utilizan un promedio de 12 litros de agua por segundo, y se preguntan ante ese panorama, ¿en dónde está el agua?
Advierten además que usando las dos líneas de producción y el ferroducto el agua no alcanza y es por ello que requieren de los 40 litros y destacan que en la empresa se genera un ahorro importante de agua con la utilización del acueducto de retorno, construido especialmente para lograr mayor disposición del líquido.
El reclamo del abastecimiento de agua no es nuevo, y quienes han pasado por la conducción del directorio empresarial, retoman el reclamo ya que en diversas oportunidades, desde la concesión del yacimiento se generaron compromisos y anuncios respecto de la posibilidad de instalar una planta desalinizadora, la reparación de los acueductos o la reconversión de un viejo gasoducto, pero estos son proyectos que no se materializan aún y la empresa avanza en la puesta en marcha de su plan productivo con restricciones.
Fecha de Publicación: 14/06/2011
Fuente: Noticias Net - No a la Mina
Provincia/Región: Río Negro
El Gobierno de la provincia de Río Negro autorizó provisoriamente el uso de 35 litros/segundo de agua, pero la empresa de capitales chinos MCC Minera Sierra Grande que explota hierro exige 40 para poder operar. La firma sostuvo que el caudal no es suficiente. Se está discutiendo nada menos que sobre al menos 3 millones de litros de agua por día, que equivalen al consumo de 13.000 personas diariamente. Los enojos y presiones empresarias que provoca la sed minera.
Mientras la MCC Minera Sierra Grande espera la realización de un nuevo embarque de mineral con destino a China, afrontaría una nueva discusión con el Gobierno de la provincia de Río Negro por el caudal de agua requerido.
El incremento del caudal de agua sería cuestionado por las autoridades de Aguas Rionegrinas (ARSA) y el Departamento Provincial de Aguas (DPA).
El intendente Nelson Iribarren oficiaría de mediador entre las partes, acompañando a la minera, pero la cuestión no prospera.
Ayer, este dato fue confirmado por el portavoz de la empresa Fernando Zhou, quien espera la voluntad de la Provincia y señaló que en la Minera se realizará una prueba para determinar la cantidad de agua que se utiliza.
"El Gobierno autorizó el uso de 35 litros de agua por segundo por un tiempo determinado", explicó Zhou. El caso es que al margen de programar la producción, la complicación surge cuando "no hay suficiente agua en la cisterna, baja la presión y las máquinas se paran automáticamente", señaló.
"Quedamos en que en el mes de julio vamos a hacer otra prueba. Hay discrepancias, discusiones porque dicen que no usamos tanta agua y nosotros decimos que el agua no es suficiente.
Vamos a hacer el trabajo con una línea por tiempo permanente, poner en funcionamiento el ferroducto cuando sea necesario para ver qué cantidad de agua nos están dando y que cantidad estamos consumiendo", explicaron desde la empresa.
Discrepancias
Desde la empresa observan que mientras les aseguran que cuentan con el agua que necesitan, el nivel del reservorio por ejemplo está bajando.
En tal sentido señalan que utilizan un promedio de 12 litros de agua por segundo, y se preguntan ante ese panorama, ¿en dónde está el agua?
Advierten además que usando las dos líneas de producción y el ferroducto el agua no alcanza y es por ello que requieren de los 40 litros y destacan que en la empresa se genera un ahorro importante de agua con la utilización del acueducto de retorno, construido especialmente para lograr mayor disposición del líquido.
El reclamo del abastecimiento de agua no es nuevo, y quienes han pasado por la conducción del directorio empresarial, retoman el reclamo ya que en diversas oportunidades, desde la concesión del yacimiento se generaron compromisos y anuncios respecto de la posibilidad de instalar una planta desalinizadora, la reparación de los acueductos o la reconversión de un viejo gasoducto, pero estos son proyectos que no se materializan aún y la empresa avanza en la puesta en marcha de su plan productivo con restricciones.
Sali-Dulce: Pedido a Nación y.. piden "paciencia"
Santiago llevó a la Nación su preocupación por la contaminación del embalse
Fecha de Publicación: 13/06/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
Autoridades santiagueñas que participan en el Comité de Cuenca Salí-Dulce llevaron su preocupación por la contaminación en el embalse Río Hondo a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, cuyo director, Juan José Mussi, habría decidido enviar a sus más cercanos colaboradores –a nivel de subsecretarías- a las próximas reuniones del Comité, para fortalecer el trabajo de este organismo.
Así lo comentó el secretario del Agua, Abel Tévez, quien se había manifestado a favor de dar mayores facultades a la institución. Mientras tanto, esta semana habrá una nueva reunión en la sede permanente, en calle Urquiza 208 en la capital santiagueña, de la que Santiago del Estero le exigirá a Tucumán mayor eficacia en los controles para evitar el vuelco de residuos en los tributarios de la cuenca, ante la falta de oxígeno y de vida que se detectaron en la mayoría de los afluentes que provienen de la vecina provincia.
El Estado santiagueño libra una batalla contra la contaminación de la cuenca Salí-Dulce en dos frentes: el legal y el administrativo. En el primero, consiguió avances con el inicio de una causa en el Juzgado Federal local en contra de las empresas tucumanas sindicadas como las que arrojarían sus desechos a los tributarios del lago Río Hondo. También, con la incorporación como querellante en dicha causa y además está a la espera del pronunciamiento de la Corte Suprema de la Nación, sobre un recurso de amparo (ambas presentaciones conjuntas de la Defensoría del Pueblo y Fiscalía de Estado) para frenar el daño ambiental.
En el otro frente, el administrativo, las conversaciones entre autoridades santiagueñas y tucumanas en el ámbito natural de diálogo que es el Comité de Cuenca Salí-Dulce, siguen ininterrumpidamente. Sin embargo, a pesar de haber avanzado en políticas integrales sobre el manejo del recurso hídrico, la generación de proyectos, en el monitoreo de las aguas y de la permanente exposición de planes de producción limpia por parte de Tucumán, la reincidencia de las industrias tucumanas –particularmente de los ingenios- en volcar sus residuos de forma desconsiderada, generó dudas en Santiago sobre la efectividad del ente.
Es por eso que desde la Secretaría del Agua, a cargo de Abel Tévez, se llevó la preocupación por la degradación del embalse al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi. La petición concreta es que las máximas autoridades de este organismo participen de las reuniones del Comité de Cuenca, para dar mayor fortaleza al trabajo que realiza este ente creado en marzo de 2007. Tucumán sigue teniendo la responsabilidad exclusiva de hacer cumplir las normas ambientales a las industrias radicadas en su suelo. Sobre esto, Tévez había señalado en un diálogo con EL LIBERAL, su idea de que el Comité de Cuenca necesitaba mayores facultades, principalmente la de tener poder de policía para controlar que las industrias cumplan con el tratamiento de desechos.
En el mismo sentido se había manifestado el defensor del Pueblo de la provincia, Martín Díaz Achával, cuya presentación en la Corte Suprema –realizada con el fiscal de Estado, Raúl Abate- apunta en ese sentido: dar facultades al Comité con participación de otros organismos, para que haga cumplir las leyes, como la Acumar en la cuenca Matanza-Riachuelo.
El reclamo santiagueño al parecer hizo eco en Mu-ssi: según señaló Tévez, hay un compromiso por parte del secretario, de enviar a sus subsecretarios a participar en una futura asamblea de la Comisión Técnica del Comité. Como antecedente, hay que mencionar que en 2009 durante la gestión del ex secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Bibiloni, asistió el entonces subsecretario nacional, Fernando Melillo.
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"Controlamos a las industrias, pero hay que tener paciencia"
Fecha de Publicación: 13/06/2011
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
El titular de la Secretaría de Medio Ambiente admitió que se volcará vinaza en los ríos. Montalván aseguró que desde el Estado se trabaja mucho para reducir el impacto ambiental. Tarea junto a la Justicia Federal.
Su gestión está en forma permanente en el ojo de la tormenta, porque es la cabeza visible del organismo que tiene que dar respuestas contundentes a las frecuentes y airadas quejas contra la contaminación ambiental que generan las industrias tucumanas. Alfredo Montalván, titular de la estratégica Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, asegura que hay avances en las obras que ingenios y citrícolas llevan a cabo para reducir el impacto ambiental en los cursos de agua, y pide paciencia a quienes demandan el cese inmediato de la contaminación. "Estamos trabajando mucho y todos los días desde el Estado, impulsando herramientas para que el desarrollo industrial de Tucumán sea sustentable", dijo Montalván a LA GACETA.
Reveló que hace cinco años no había en el mundo tecnología aplicable a los efluentes citrícolas, y que desde el propio sector tucumano se llevaron a cabo consultas y ensayos de laboratorio internacionales, y plantas piloto locales. "Hoy estas industrias generan biogas con sus efluentes, que usan en sus calderas, y amortizan la inversión a través de la venta de bonos de carbono en el mercado internacional. Varias citrícolas están desarrollando este modelo probado y exitoso, y el resto avanza en esta línea", subrayó. Pero los mayores rechazos son generados por la industria azucarera, que vuelca vinaza (residuo de la producción de alcohol) en cursos de agua, en especial en la cuenca Salí-Dulce, que deriva en el dique Río Hondo, en Santiago del Estero. "La reducción de la cachaza es una realidad, y todos los ingenios la disponen en los campos. Además, las fábricas colocaron filtros húmedos en sus chimeneas y trabajan en la decantación de las cenizas, para depositarlas en los campos. Nuestro gran desafío es que la vinaza no vaya a los embalses", se sinceró. "Impulsamos que los ingenios construyan ’vinazoductos’ para destinar el efluente a fertiirrigación de los suelos", agregó. Montalván reconoció que este año habrá vinaza en los ríos, pese a que -afirmó- "estamos ejerciendo una presión infernal sobre las industrias" y que hay una mayor gestión ambiental del sector empresario. "Levantamos muestras en forma permanente, fiscalizamos las obras, enviamos cartas documento y trabajamos codo a codo con la Justicia Federal en las causas que se tramitan en ese ámbito", reseñó el funcionario. "A los santiagueños les pedimos un poco de paciencia, porque vamos por el buen camino", finalizó Montalván.
Incesante búsqueda de uranio en Chubut
Sigue siendo incesante la búsqueda de uranio en la meseta de Chubut
Fecha de Publicación: 13/06/2011
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
Trabajos exploratorios encuentran cada vez más uranio en la provincia, con rechazo social de fondo. Además de Cerro Solo, también se destacan El Regalo, Bororo Nuevo y el potencial Guanaco, todos ellos en la meseta central.
Wealth Minerals, UrAmerica, Pacific Bay Minerals y Calypso Uranium son las compañías mineras abocadas a las tareas exploratorias de uranio en la meseta chubutense (en las extensiones de la Cuenca del Golfo San Jorge), rodeando el codiciado yacimiento de Cerro Solo, operado por la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica).
Todos los proyectos están en etapa exploratoria y no pueden pasar al nivel de producción porque es preciso aplicar técnicas a cielo abierto con químicos (cianuro, entre ellos). Sin embargo, la declinación de la extracción de hidrocarburos a nivel nacional reorientaron los esfuerzos hacia otras fuentes de energía.
En la Argentina hay dos yacimientos importantes de Uranio. Sierra Pintada en Mendoza y Cerro Solo en Chubut. Los dos no se pueden explotar: en el primer caso por las denuncias de contaminación del agua y en el segundo por la legislación restrictiva a la megaminería.
“Una diversificación de fuentes, especialmente un crecimiento del porcentaje de participación de la energía nuclear, es aconsejable para dar mayor estabilidad al sistema eléctrico y para disminuir el crecimiento de las emisiones de gases con efecto invernadero”, explica el ex vicepresidente de la CNEA, Francisco Carlos Rey, en un informe disponible en el website de ese organismo.
Es que diversas fuentes, entre ellas Fundamin (Fundación para el Desarrollo de la Minería en la Argentina), es un recurso alternativo que no produce efecto invernadero y es aceptable para generar electricidad. Las posturas ambientalistas como Greenpeace cuestionan que aún no hay sistemas de tratamiento de los residuos nucleares.
Rechazo social
La minería, en especial la que es a cielo abierto, provoca posturas encontradas en la sociedad y los políticos. En Chubut existen dos leyes prohibitivas de la actividad a consecuencia de las movilizaciones en Esquel: la 5.001 (prohíbe la minería a cielo abierto) y la 5.504 (restringe hasta 2012 cualquier trabajo minero en la cordillera).
Pese a la negativa de amplios sectores de la sociedad, la determinación de minerales no quedó suspendida -de hecho, la Ley 5001 establece el diseño de un mapa de recursos-. Y de acuerdo con los más recientes trabajos de la CNEA, existen más depósitos uraníferos que los inicialmente supuestos en el yacimiento Cerro Solo.
En una entrevista con el medio especializado El Inversor Energético, Roberto Bianchi, gerente de Exploración de la CNEA, sostuvo que el uranio de Cerro Solo estará en condiciones técnicas de ser explotado en 2012 y que “en ese momento deberá existir un acuerdo entre la Nación y la provincia, y se tendrán que dar las condiciones políticas que permitan su extracción”.
“Hay que promover una discusión amplia y sincera. Hoy en día la minería uranífera resulta técnicamente controlable”, aseguró en relación a la legislación vigente.
Proyectos uraniferos
Además de Cerro Solo, en Wealth Minerals, a través de su subsidiaria Maderero Minerales, trabajan en la puesta a punto de Bororo Nuevo, una superficie de 10 mil hectáreas en el departamento Mártires. Bororo Nuevo es “el buque insignia de las propiedades de uranio de la compañía”, dice Wealth en su sitio en internet.
El Regalo fue uno de los últimos yacimientos encontrados por la firma Pacific Bay Minerals, cuya subsidiaria en el país es Bahía Atlántica. Está ubicado entre Cerro Cóndor, Gorro Frigio y El Escorial, en el centro norte de Chubut -a 500 kilómetros de Trelew- y suman 10.550 hectáreas.
UrAmerica obtuvo permisos exploratorios en 2009 en Martires. Un su website, la compañía sostiene que “Chubut es un distrito con un enorme potencial para convertirse en un importante zona con uranio”.
Calypso Uranium también está en Chubut para buscar uranio, y tiene como contratista principal a Energía Minera, en el departamento de Paso de Indios.
A todas las empresas mencionadas, hay que sumar Maple Minerals que descubrió el yacimiento de Guanaco, en Mártires, aún en sus primeras etapas.
Fecha de Publicación: 13/06/2011
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
Trabajos exploratorios encuentran cada vez más uranio en la provincia, con rechazo social de fondo. Además de Cerro Solo, también se destacan El Regalo, Bororo Nuevo y el potencial Guanaco, todos ellos en la meseta central.
Wealth Minerals, UrAmerica, Pacific Bay Minerals y Calypso Uranium son las compañías mineras abocadas a las tareas exploratorias de uranio en la meseta chubutense (en las extensiones de la Cuenca del Golfo San Jorge), rodeando el codiciado yacimiento de Cerro Solo, operado por la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica).
Todos los proyectos están en etapa exploratoria y no pueden pasar al nivel de producción porque es preciso aplicar técnicas a cielo abierto con químicos (cianuro, entre ellos). Sin embargo, la declinación de la extracción de hidrocarburos a nivel nacional reorientaron los esfuerzos hacia otras fuentes de energía.
En la Argentina hay dos yacimientos importantes de Uranio. Sierra Pintada en Mendoza y Cerro Solo en Chubut. Los dos no se pueden explotar: en el primer caso por las denuncias de contaminación del agua y en el segundo por la legislación restrictiva a la megaminería.
“Una diversificación de fuentes, especialmente un crecimiento del porcentaje de participación de la energía nuclear, es aconsejable para dar mayor estabilidad al sistema eléctrico y para disminuir el crecimiento de las emisiones de gases con efecto invernadero”, explica el ex vicepresidente de la CNEA, Francisco Carlos Rey, en un informe disponible en el website de ese organismo.
Es que diversas fuentes, entre ellas Fundamin (Fundación para el Desarrollo de la Minería en la Argentina), es un recurso alternativo que no produce efecto invernadero y es aceptable para generar electricidad. Las posturas ambientalistas como Greenpeace cuestionan que aún no hay sistemas de tratamiento de los residuos nucleares.
Rechazo social
La minería, en especial la que es a cielo abierto, provoca posturas encontradas en la sociedad y los políticos. En Chubut existen dos leyes prohibitivas de la actividad a consecuencia de las movilizaciones en Esquel: la 5.001 (prohíbe la minería a cielo abierto) y la 5.504 (restringe hasta 2012 cualquier trabajo minero en la cordillera).
Pese a la negativa de amplios sectores de la sociedad, la determinación de minerales no quedó suspendida -de hecho, la Ley 5001 establece el diseño de un mapa de recursos-. Y de acuerdo con los más recientes trabajos de la CNEA, existen más depósitos uraníferos que los inicialmente supuestos en el yacimiento Cerro Solo.
En una entrevista con el medio especializado El Inversor Energético, Roberto Bianchi, gerente de Exploración de la CNEA, sostuvo que el uranio de Cerro Solo estará en condiciones técnicas de ser explotado en 2012 y que “en ese momento deberá existir un acuerdo entre la Nación y la provincia, y se tendrán que dar las condiciones políticas que permitan su extracción”.
“Hay que promover una discusión amplia y sincera. Hoy en día la minería uranífera resulta técnicamente controlable”, aseguró en relación a la legislación vigente.
Proyectos uraniferos
Además de Cerro Solo, en Wealth Minerals, a través de su subsidiaria Maderero Minerales, trabajan en la puesta a punto de Bororo Nuevo, una superficie de 10 mil hectáreas en el departamento Mártires. Bororo Nuevo es “el buque insignia de las propiedades de uranio de la compañía”, dice Wealth en su sitio en internet.
El Regalo fue uno de los últimos yacimientos encontrados por la firma Pacific Bay Minerals, cuya subsidiaria en el país es Bahía Atlántica. Está ubicado entre Cerro Cóndor, Gorro Frigio y El Escorial, en el centro norte de Chubut -a 500 kilómetros de Trelew- y suman 10.550 hectáreas.
UrAmerica obtuvo permisos exploratorios en 2009 en Martires. Un su website, la compañía sostiene que “Chubut es un distrito con un enorme potencial para convertirse en un importante zona con uranio”.
Calypso Uranium también está en Chubut para buscar uranio, y tiene como contratista principal a Energía Minera, en el departamento de Paso de Indios.
A todas las empresas mencionadas, hay que sumar Maple Minerals que descubrió el yacimiento de Guanaco, en Mártires, aún en sus primeras etapas.
Vía libre para soja transgénica en Río Negro
Dale que va: Saiz le abre la puerta a la soja transgénica en Río Negro
Fecha de Publicación: 12/06/2011
Fuente: BWN
Provincia/Región: Río Negro
BWN Patagonia ya lo había adelantado: Saiz y un grupo de empresarios chinos dejarían sin bosque nativo a la provincia para poder sembrar soja. Más de 300 mil hectáreas serían afectadas por el desmonte, sin contar el resto de los daños que generan los transgénicos y los herbicidas necesarios para su desarrollo. Ni la Patagonia se salva…
Dale que va, total, al momento de correr más y más la llamada frontera de la soja, todo vale; inclusive lotear al futuro de una provincia entera. El gobernador radical de Río Negro acordó finalmente con una empresa China la plantación de soja transgénica en la provincia y como era de esperarse un grupo de dirigentes ambientalistas ya radicó una denuncia penal para que se investigue si cometió delito de abuso de autoridad al suscribir los convenios casi de modo inconsulto.
Ya desde el año pasado, la Legisladora justicialista Silvina García Larraburu insistía en la provisión de informes sobre el convenio celebrado entre Saiz y los chinos, tendientes a esclarecer el tema de los desmontes de bosque nativo para “hacer espacio” a las plantaciones.
A esto, se suman los denunciantes que además quieren saber si hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público. En la presentación se da cuenta de que Saiz, yendo contra la corriente, "emprendió peligrosos negocios tendientes a la extranjerización del uso de las tierras rionegrinas mediante lo que sería el aseguro a la provincia de Heilongjiang (la empresa China) de la explotación de una extensión de tierras cercana a las 300 mil hectáreas por el plazo de 20 años para la producción agrícola para el consumo de ese país asiático".
Para la semana entrante se prevé una marcha y presentaciones en la Legislatura que incluyen un proyecto de ordenanza para que sea tratado en los municipios involucrados, en el cual se propone repudiar los acuerdos suscriptos en octubre por Saiz en China, que se prohíba su aplicación en las diferentes comunas como también el cultivo y tránsito de organismos modificados genéticamente.
Además, impulsan que los poderes ejecutivos elaboren un plan de desarrollo agroalimentario orientado hacia la producción de los alimentos y productos derivados necesarios para el desarrollo de la población local, con miras a lograr municipios autosuficientes.
Mucho más que un cuento chino
De acuerdo a un comunicado oficial de la misma empresa china, “Representantes del Gobierno de la Provincia de Río Negro y de la empresa china Heilongjiang Beidahuang State Farms Bussines Trade Group, ratificaron los importantes avances en la ejecución del Acuerdo de Cooperación para el Proyecto de Inversión Agroalimenticio entre ambas partes. Del encuentro participaron el representante de la empresa en Argentina y Presidente de la Cámara Internacional de Comercio China, Yue Gang Weng, el iniciador del proyecto Oscar Gómez, el Ministro de la Produccion de la Provincia, Juan Accatino y el subsecretario de Desarrollo Económico, Maximiliano Bruno.Beidahuang State Farms Bussines Trade Group, perteneciente a la provincia china de Heilongjiang, es la contraparte internacional de un proyecto que prevé la inversión de 1.500 millones de dólares en la provincia de Rio Negro”.
El monstruo chino tiene 800.000 empleados y es la mayor productora de alimentos de ese país, y ahora, viene a hacer el cuento a la Patagonia diciendo que “Este es un emprendimiento, que por su envergadura, podrán aprovechar nuestras segundas y terceras generaciones”. ¿Cómo serán esas generaciones que crecerán (si pueden) a la sombra cancerígena del glifosato necesario para fumigar la soja con la que piensan infestar la región? Más que a cuento, suena a broma macabra.
El mismo comunicado oficial describe que “el acuerdo será por veinte años, con negociaciones permanentes que se irán amoldando según las circunstancias”. Algo similar a “sobornaremos a quién sea necesario”.
Fecha de Publicación: 12/06/2011
Fuente: BWN
Provincia/Región: Río Negro
BWN Patagonia ya lo había adelantado: Saiz y un grupo de empresarios chinos dejarían sin bosque nativo a la provincia para poder sembrar soja. Más de 300 mil hectáreas serían afectadas por el desmonte, sin contar el resto de los daños que generan los transgénicos y los herbicidas necesarios para su desarrollo. Ni la Patagonia se salva…
Dale que va, total, al momento de correr más y más la llamada frontera de la soja, todo vale; inclusive lotear al futuro de una provincia entera. El gobernador radical de Río Negro acordó finalmente con una empresa China la plantación de soja transgénica en la provincia y como era de esperarse un grupo de dirigentes ambientalistas ya radicó una denuncia penal para que se investigue si cometió delito de abuso de autoridad al suscribir los convenios casi de modo inconsulto.
Ya desde el año pasado, la Legisladora justicialista Silvina García Larraburu insistía en la provisión de informes sobre el convenio celebrado entre Saiz y los chinos, tendientes a esclarecer el tema de los desmontes de bosque nativo para “hacer espacio” a las plantaciones.
A esto, se suman los denunciantes que además quieren saber si hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público. En la presentación se da cuenta de que Saiz, yendo contra la corriente, "emprendió peligrosos negocios tendientes a la extranjerización del uso de las tierras rionegrinas mediante lo que sería el aseguro a la provincia de Heilongjiang (la empresa China) de la explotación de una extensión de tierras cercana a las 300 mil hectáreas por el plazo de 20 años para la producción agrícola para el consumo de ese país asiático".
Para la semana entrante se prevé una marcha y presentaciones en la Legislatura que incluyen un proyecto de ordenanza para que sea tratado en los municipios involucrados, en el cual se propone repudiar los acuerdos suscriptos en octubre por Saiz en China, que se prohíba su aplicación en las diferentes comunas como también el cultivo y tránsito de organismos modificados genéticamente.
Además, impulsan que los poderes ejecutivos elaboren un plan de desarrollo agroalimentario orientado hacia la producción de los alimentos y productos derivados necesarios para el desarrollo de la población local, con miras a lograr municipios autosuficientes.
Mucho más que un cuento chino
De acuerdo a un comunicado oficial de la misma empresa china, “Representantes del Gobierno de la Provincia de Río Negro y de la empresa china Heilongjiang Beidahuang State Farms Bussines Trade Group, ratificaron los importantes avances en la ejecución del Acuerdo de Cooperación para el Proyecto de Inversión Agroalimenticio entre ambas partes. Del encuentro participaron el representante de la empresa en Argentina y Presidente de la Cámara Internacional de Comercio China, Yue Gang Weng, el iniciador del proyecto Oscar Gómez, el Ministro de la Produccion de la Provincia, Juan Accatino y el subsecretario de Desarrollo Económico, Maximiliano Bruno.Beidahuang State Farms Bussines Trade Group, perteneciente a la provincia china de Heilongjiang, es la contraparte internacional de un proyecto que prevé la inversión de 1.500 millones de dólares en la provincia de Rio Negro”.
El monstruo chino tiene 800.000 empleados y es la mayor productora de alimentos de ese país, y ahora, viene a hacer el cuento a la Patagonia diciendo que “Este es un emprendimiento, que por su envergadura, podrán aprovechar nuestras segundas y terceras generaciones”. ¿Cómo serán esas generaciones que crecerán (si pueden) a la sombra cancerígena del glifosato necesario para fumigar la soja con la que piensan infestar la región? Más que a cuento, suena a broma macabra.
El mismo comunicado oficial describe que “el acuerdo será por veinte años, con negociaciones permanentes que se irán amoldando según las circunstancias”. Algo similar a “sobornaremos a quién sea necesario”.
Jujuy controla más el negocio del litio
Jujuy controla más el negocio del litio y crea una minera
Fecha de Publicación: 12/06/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Jujuy
El litio promete ser uno de los metales del futuro, no sólo por el uso que ya tiene en celulares, computadoras portátiles y agendas electrónicas, sino por el que tendrá en baterías de autos eléctricos. Se trata, por ahora, de una promesa de grandeza, pero lo suficientemente convincente como para que en Jujuy, una de las provincias con las mayores reservas, pusieran la lupa en el negocio. Recientemente, de hecho, se firmaron dos decretos que allanan el camino para que el gobierno provincial aumente su injerencia en el sector y que, según advirtieron en las empresas, podrían poner en riesgo los proyectos en marcha.
Los decretos que llevan la firma del gobernador Walter Barrionuevo (PJ) declaran el mineral "recurso natural estratégico"; establecen la creación de un comité de expertos para el análisis integral de los proyectos de litio y, además, crean una sociedad provincial para la exploración y explotación minera denominada Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado.
En Jujuy, hay dos grandes proyectos de litio: uno, a cargo de la Minera Exar (de capitales canadienses) y otro, más avanzado, de Sales de Jujuy (de la australiana Orocobre). A raíz de los decretos, sin embargo, Sales de Jujuy frenó la ronda de inversiones prevista en el exterior, a la espera del visto bueno del nuevo comité de expertos. "El comité tiene como función revisar los proyectos no sólo desde el punto de vista ambiental, sino del proyecto en general", dijo Damián Altgelt, gerente general de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). "El problema es que no se termina de entender el alcance de esto y el temor es que no se comprende bien cuál es el nivel de participación que la provincia quiere asumir en el negocio."
Consultados por La Nacion, los representantes de las mineras intentaron bajarle el tono a la situación, pero diversas fuentes relacionadas con el negocio reconocieron que las nuevas normas abren un vacío legal para la exploración y explotación del litio. Dentro de poco tiempo, vence el mandato del actual gobernador. Desde la oposición radical deslizaron en varias ocasiones que estarían a favor de una mayor intervención del Estado.
"Cuando cambia la regulación, siempre hay preocupación, pero no hay que darle una segunda lectura; está bien que el Estado evalúe los proyectos", afirma Waldo Pérez, presidente de Exar. En la misma línea, José de Castro, gerente general de Sales de Jujuy, dice: "Hay buenas intenciones de la provincia; sólo necesitamos saber los tiempos, para poder ajustar los tiempos empresariales". El martes, no obstante, representantes de la CAEM se reunieron con Barrionuevo en busca de certezas. El gobernador les aseguró que no tiene intenciones de ir en contra de la propiedad privada. La Nacion intentó comunicarse sin suerte con diversas oficinas de la gobernación. "La inversión de alto riesgo [por el litio] fue posible gracias un marco jurídico sólido", alerta el ex subsecretario de Minería de la Nación Carlos Saravia Frías. "Mantener las condiciones originales de las inversiones es fundamental para que éstas se consoliden."
Fecha de Publicación: 12/06/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Jujuy
El litio promete ser uno de los metales del futuro, no sólo por el uso que ya tiene en celulares, computadoras portátiles y agendas electrónicas, sino por el que tendrá en baterías de autos eléctricos. Se trata, por ahora, de una promesa de grandeza, pero lo suficientemente convincente como para que en Jujuy, una de las provincias con las mayores reservas, pusieran la lupa en el negocio. Recientemente, de hecho, se firmaron dos decretos que allanan el camino para que el gobierno provincial aumente su injerencia en el sector y que, según advirtieron en las empresas, podrían poner en riesgo los proyectos en marcha.
Los decretos que llevan la firma del gobernador Walter Barrionuevo (PJ) declaran el mineral "recurso natural estratégico"; establecen la creación de un comité de expertos para el análisis integral de los proyectos de litio y, además, crean una sociedad provincial para la exploración y explotación minera denominada Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado.
En Jujuy, hay dos grandes proyectos de litio: uno, a cargo de la Minera Exar (de capitales canadienses) y otro, más avanzado, de Sales de Jujuy (de la australiana Orocobre). A raíz de los decretos, sin embargo, Sales de Jujuy frenó la ronda de inversiones prevista en el exterior, a la espera del visto bueno del nuevo comité de expertos. "El comité tiene como función revisar los proyectos no sólo desde el punto de vista ambiental, sino del proyecto en general", dijo Damián Altgelt, gerente general de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). "El problema es que no se termina de entender el alcance de esto y el temor es que no se comprende bien cuál es el nivel de participación que la provincia quiere asumir en el negocio."
Consultados por La Nacion, los representantes de las mineras intentaron bajarle el tono a la situación, pero diversas fuentes relacionadas con el negocio reconocieron que las nuevas normas abren un vacío legal para la exploración y explotación del litio. Dentro de poco tiempo, vence el mandato del actual gobernador. Desde la oposición radical deslizaron en varias ocasiones que estarían a favor de una mayor intervención del Estado.
"Cuando cambia la regulación, siempre hay preocupación, pero no hay que darle una segunda lectura; está bien que el Estado evalúe los proyectos", afirma Waldo Pérez, presidente de Exar. En la misma línea, José de Castro, gerente general de Sales de Jujuy, dice: "Hay buenas intenciones de la provincia; sólo necesitamos saber los tiempos, para poder ajustar los tiempos empresariales". El martes, no obstante, representantes de la CAEM se reunieron con Barrionuevo en busca de certezas. El gobernador les aseguró que no tiene intenciones de ir en contra de la propiedad privada. La Nacion intentó comunicarse sin suerte con diversas oficinas de la gobernación. "La inversión de alto riesgo [por el litio] fue posible gracias un marco jurídico sólido", alerta el ex subsecretario de Minería de la Nación Carlos Saravia Frías. "Mantener las condiciones originales de las inversiones es fundamental para que éstas se consoliden."
Acuerdo escandaloso entre Gobierno y Barrick
Acuerdo escandaloso entre Gobierno y Barrick Gold
Fecha de Publicación: 12/06/2011
Fuente: CNC - No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
El diputado Miguel Bonasso denunció que el inventario previsto por la ley de glaciares fue encomendado a una fundación que mantiene un acuerdo de cooperación con la empresa minera Barrick Gold.
"El Poder Ejecutivo ha vuelto a demostrar su total falta de respeto por la ley 26.639 de protección de los glaciares, al encomendar la confección del inventario previsto por la norma a una fundación que ha mantenido un acuerdo de cooperación con la Barrick Gold, la empresa canadiense que se opone a la ley y ha logrado paralizarla en San Juan mediante un amparo judicial", aseguro Miguel Bonasso, del interbloque Proyecto Sur y principal impulsor de la ley sancionada el año pasado.
De acuerdo al diputado, en un acto realizado en la propia Residencia de Olivos y conducido por la presidente Cristina Fernández de Kirchner, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación -a cargo de Juan José Mussi- le entregó $ 3.400.000 a la Fundación Innova-T, para colaborar en el primer año "de ejecución del inventario de glaciares".
La Fundación Innova-T, que fue creada en 1993 por el CONICET y es cuestionada por miembros del propio organismo, informa en su página web que ha firmado "acuerdos de cooperación" con diversas entidades públicas y privadas entre las que destaca Barrick Exploraciones Argentina S.A., subsidiaria local de la Barrick Gold Corporation, que explota en San Juan las minas de Veladero y Pascua Lama, dos de los proyectos más cuestionados por la amenaza a los glaciares que representan.
"Es un verdadero escándalo que una fundación que mantiene o ha mantenido lazos con la empresa que más ha saboteado la ley de glaciares, 'apoye' a la Secretaría de Ambiente en su coordinación´' de tareas con el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para realizar el inventario que ordena la ley. Es como darle a contar al zorro las gallinas del gallinero", señalo el legislador porteño.
Para culminar, Bonasso puntualizó que "no se trata de una exageración retórica: una denuncia judicial realizada hace más de un año por la diputada (de la Coalición Cívica) Fernanda Reyes estableció que la empresa Barrick Exploraciones Argentina S.A. tenía sus oficinas en el mismo edificio que dos empresas pertenecientes al actual Secretario de Minería Jorge Mayoral. Así de impunes son las cosas".
Fecha de Publicación: 12/06/2011
Fuente: CNC - No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
El diputado Miguel Bonasso denunció que el inventario previsto por la ley de glaciares fue encomendado a una fundación que mantiene un acuerdo de cooperación con la empresa minera Barrick Gold.
"El Poder Ejecutivo ha vuelto a demostrar su total falta de respeto por la ley 26.639 de protección de los glaciares, al encomendar la confección del inventario previsto por la norma a una fundación que ha mantenido un acuerdo de cooperación con la Barrick Gold, la empresa canadiense que se opone a la ley y ha logrado paralizarla en San Juan mediante un amparo judicial", aseguro Miguel Bonasso, del interbloque Proyecto Sur y principal impulsor de la ley sancionada el año pasado.
De acuerdo al diputado, en un acto realizado en la propia Residencia de Olivos y conducido por la presidente Cristina Fernández de Kirchner, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación -a cargo de Juan José Mussi- le entregó $ 3.400.000 a la Fundación Innova-T, para colaborar en el primer año "de ejecución del inventario de glaciares".
La Fundación Innova-T, que fue creada en 1993 por el CONICET y es cuestionada por miembros del propio organismo, informa en su página web que ha firmado "acuerdos de cooperación" con diversas entidades públicas y privadas entre las que destaca Barrick Exploraciones Argentina S.A., subsidiaria local de la Barrick Gold Corporation, que explota en San Juan las minas de Veladero y Pascua Lama, dos de los proyectos más cuestionados por la amenaza a los glaciares que representan.
"Es un verdadero escándalo que una fundación que mantiene o ha mantenido lazos con la empresa que más ha saboteado la ley de glaciares, 'apoye' a la Secretaría de Ambiente en su coordinación´' de tareas con el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para realizar el inventario que ordena la ley. Es como darle a contar al zorro las gallinas del gallinero", señalo el legislador porteño.
Para culminar, Bonasso puntualizó que "no se trata de una exageración retórica: una denuncia judicial realizada hace más de un año por la diputada (de la Coalición Cívica) Fernanda Reyes estableció que la empresa Barrick Exploraciones Argentina S.A. tenía sus oficinas en el mismo edificio que dos empresas pertenecientes al actual Secretario de Minería Jorge Mayoral. Así de impunes son las cosas".
Clausuran papelera en Buenos Aires
Clausuran papelera que contamino y tiño de blanco un arroyo
Fecha de Publicación: 11/06/2011
Fuente: Telam
Provincia/Región: Buenos Aires
El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) clausuró parcialmente una papelera ubicada en la localidad de Los Cardales, partido de Exaltación de la Cruz, por contaminar y teñir de blanco un arroyo.
Se trata de la empresa Nicaragua S.A., dedicada a la producción de papel tissue, ubicado en el kilómetro 26 de la ruta provincial 6 de Los Cardales.
El OPDS dispuso la clausura parcial del establecimiento por incumplimiento de la ley 11.723 del Medio Ambiente.
La medida se dispuso luego de que inspectores del OPDS constataran irregularidades en el vuelco de efluentes líquidos de un color blancuzco que fueron vertidos en el arroyo “El Clavel” tiñendo con esa misma tonalidad al menos 6 kilómetros de dicho recurso hídrico, que incluye su paso por el barrio privado “Club de Campo los Quinchos”.
José Molina, titular del OPDS, destacó que “estos operativos que se realizan en forma constante en el territorio de la Provincia de Buenos Aires tanto a industrias como a transportes de residuos, apuntan a concientizar a los empresarios y empleados sobre los riesgos que implica no respetar las leyes ambientales”.
Según precisó el OPDS, dicho arroyo posee poco caudal y tiene un ancho de aproximadamente 3 metros, por lo que dicha acción afecta negativamente el recurso natural mencionado degradando el ambiente.
El proceso que realiza la empresa es el tratamiento de papel tissue en bobinas para papel higiénico y servilletas, utilizando para ello papel de diarios, revistas y papel de rezago en general.
La superficie total del predio es de aproximadamente 17.290 m2 y afectada a la producción una superficie de 1760 m2 aproximadamente.
Además de la irregularidad citada, durante la inspección integral en el establecimiento industrial se observó una ampliación estructural de la planta que supera en un 20 por ciento los parámetros establecidos según la superficie cubierta, la potencia instalada y la capacidad productiva de la misma.
El establecimiento exhibió la Evaluación e Impacto Ambiental y la nota de Renovación de permiso de Descarga de Emisiones Gaseosas pertinentes, pero presentó otras irregularidades como la existencia de barros desparramados provenientes de la playa de secado, en infracción al artículo 1° del Decreto 1741/96, reglamentado por la Ley 11.459 (de Radicación y Habilitación de Industrias).
También se observó, entre otras anomalías, la ausencia de cartelería indicatoria de la ausencia o presencia de PCB en dos transformadores y por ese motivo se imputó infracción a los artículos 1° y 2° de la Resolución 618/03.(Télam).
Fecha de Publicación: 11/06/2011
Fuente: Telam
Provincia/Región: Buenos Aires
El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) clausuró parcialmente una papelera ubicada en la localidad de Los Cardales, partido de Exaltación de la Cruz, por contaminar y teñir de blanco un arroyo.
Se trata de la empresa Nicaragua S.A., dedicada a la producción de papel tissue, ubicado en el kilómetro 26 de la ruta provincial 6 de Los Cardales.
El OPDS dispuso la clausura parcial del establecimiento por incumplimiento de la ley 11.723 del Medio Ambiente.
La medida se dispuso luego de que inspectores del OPDS constataran irregularidades en el vuelco de efluentes líquidos de un color blancuzco que fueron vertidos en el arroyo “El Clavel” tiñendo con esa misma tonalidad al menos 6 kilómetros de dicho recurso hídrico, que incluye su paso por el barrio privado “Club de Campo los Quinchos”.
José Molina, titular del OPDS, destacó que “estos operativos que se realizan en forma constante en el territorio de la Provincia de Buenos Aires tanto a industrias como a transportes de residuos, apuntan a concientizar a los empresarios y empleados sobre los riesgos que implica no respetar las leyes ambientales”.
Según precisó el OPDS, dicho arroyo posee poco caudal y tiene un ancho de aproximadamente 3 metros, por lo que dicha acción afecta negativamente el recurso natural mencionado degradando el ambiente.
El proceso que realiza la empresa es el tratamiento de papel tissue en bobinas para papel higiénico y servilletas, utilizando para ello papel de diarios, revistas y papel de rezago en general.
La superficie total del predio es de aproximadamente 17.290 m2 y afectada a la producción una superficie de 1760 m2 aproximadamente.
Además de la irregularidad citada, durante la inspección integral en el establecimiento industrial se observó una ampliación estructural de la planta que supera en un 20 por ciento los parámetros establecidos según la superficie cubierta, la potencia instalada y la capacidad productiva de la misma.
El establecimiento exhibió la Evaluación e Impacto Ambiental y la nota de Renovación de permiso de Descarga de Emisiones Gaseosas pertinentes, pero presentó otras irregularidades como la existencia de barros desparramados provenientes de la playa de secado, en infracción al artículo 1° del Decreto 1741/96, reglamentado por la Ley 11.459 (de Radicación y Habilitación de Industrias).
También se observó, entre otras anomalías, la ausencia de cartelería indicatoria de la ausencia o presencia de PCB en dos transformadores y por ese motivo se imputó infracción a los artículos 1° y 2° de la Resolución 618/03.(Télam).
El Salí ya tiene “cero vida” en el ingreso al lago
El Salí ya tiene “cero vida” en el ingreso al lago de Río Hondo
Fecha de Publicación: 10/06/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
El río presentaba ayer al mediodía una ausencia total de oxígeno, no se observaban peces y de su cauce emanaba un potente olor nauseabundo. Biólogos de la Secretaría del Agua tomaron muestras.
as Termas, Río Hondo (C) Técnicos de la Secretaría del Agua de la provincia constataron ayer que el río Salí, uno de los cursos que más agua aporta al Embalse Río Hondo, no registraba oxígeno y que emanaba un olor nauseabundo. Los profesionales sospechan que podría ser a causa de la vinaza que vuelcan los ingenios tucumanos. En otros cuatro tributarios, no se constató signos de vida por la presencia de carbonilla, residuo que eliminan los ingenios a la hora de limpiar sus filtros.
EL LIBERAL participó nuevamente de un nuevo recorrido por puntos geográficos de la provincia de Tucumán, donde especialistas tomaron muestras de agua para luego ser analizadas en los laboratorios que tiene el organismo provincial. No obstante, advirtieron que existen evidentes signos de contaminación en al menos cinco tributarios que aportan agua al Embalse Río Hondo.
Los elementos de pruebas sobre el desorden ambiental se pudieron comprobar in situ al observar el color verde oscuro y con espuma del canal Troncal (Dp1 y Dp2), canal ubicado en la localidad de Molle Pozo, departamento Leales, distante 35 kilómetros de Las Termas. “El olor es penetrante y no cloacal, pero un olor fuerte y el color del agua cambió en menos de dos semanas”, señaló el biólogo Sergio Saltz.
En menos de 15 días, el río Salí mostró un paisaje desolador al percibir olores fétidos cloacales y un color verde amarronado. Al medir el nivel de oxígeno, la sonda multiparamétrica marcó 1 de oxígeno diluido en agua, diagnosticando la falta de vida en el principal tributario que llega al Embalse. Así también, exhibía en la orilla una ostensible proliferación de algas. “El Salí está muy complicado, es impresionante el olor a cloaca, acá no hay vida, no hay peces y avanza hacia el Embalse”, dijo el especialista.
El panorama era aún peor al llegar al río Colorado, cauce en el que se sospecha que papeleras y citrícolas arrojan descomunalmente desechos tóxicos para convertir el lecho en un pantano. “Acá tenemos cero oxígeno, no hay vida en absoluto y no se puede estar por el olor, el agua sigue siendo de color verde grisáceo”, indicó.
Más adelante, a pocos kilómetros de la ciudad de Simoca por la ruta 157, los arroyos Estero y Agua Blanca registraban una mínima presencia de oxígeno, pero sus aguas turbias transportaban carbonilla en suspensión, desechos que quedan en los filtros de los ingenios al lavarse la caña quemada. El residuo se lograba ver depositado en la orilla.
Veneno
“Son restos de quemazón de caña. Lavan este producto y luego lo desechan a los arroyos. Es un contaminante que no genera una demanda importante de oxígeno, pero aporta un nivel que causa a la larga que los peces se vean imposibilitados de sobrevivir porque la carbonilla se deposita en las branquias del cardumen y quizá no genera una mortalidad inmediata, pero su ciclo de vida no lo puede completar, el agua está alterada y la vida alterada”, manifestó el biólogo santiagueño.
El arroyo Matazambi, el río Medina y Graneros contaban con un gran volumen de agua y presencia de oxígeno. Particularmente el arroyo Matazambi es un afluente que sufre directamente el impacto de la contaminación porque recepta los desechos del ingenio Marapa y la planta cloacal de Guayacane. “En varias oportunidades lo hemos visto teñido de color rojo y con peces muertos”, contó Saltz.
Finalmente dijo que estas variantes en los ríos tucumanos podrían tratarse de la presencia del vuelco de residuos, entre ellos, la vinaza, efluente industrial que al eliminarse en gran medida ocasiona un desastre ambiental en la cuenca Salí Dulce. “Nosotros seguiremos controlando y brindando la alerta temprano que ponga en conocimiento a los organismos que trabajan en la problemática”, manifestó.
Fecha de Publicación: 10/06/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
El río presentaba ayer al mediodía una ausencia total de oxígeno, no se observaban peces y de su cauce emanaba un potente olor nauseabundo. Biólogos de la Secretaría del Agua tomaron muestras.
as Termas, Río Hondo (C) Técnicos de la Secretaría del Agua de la provincia constataron ayer que el río Salí, uno de los cursos que más agua aporta al Embalse Río Hondo, no registraba oxígeno y que emanaba un olor nauseabundo. Los profesionales sospechan que podría ser a causa de la vinaza que vuelcan los ingenios tucumanos. En otros cuatro tributarios, no se constató signos de vida por la presencia de carbonilla, residuo que eliminan los ingenios a la hora de limpiar sus filtros.
EL LIBERAL participó nuevamente de un nuevo recorrido por puntos geográficos de la provincia de Tucumán, donde especialistas tomaron muestras de agua para luego ser analizadas en los laboratorios que tiene el organismo provincial. No obstante, advirtieron que existen evidentes signos de contaminación en al menos cinco tributarios que aportan agua al Embalse Río Hondo.
Los elementos de pruebas sobre el desorden ambiental se pudieron comprobar in situ al observar el color verde oscuro y con espuma del canal Troncal (Dp1 y Dp2), canal ubicado en la localidad de Molle Pozo, departamento Leales, distante 35 kilómetros de Las Termas. “El olor es penetrante y no cloacal, pero un olor fuerte y el color del agua cambió en menos de dos semanas”, señaló el biólogo Sergio Saltz.
En menos de 15 días, el río Salí mostró un paisaje desolador al percibir olores fétidos cloacales y un color verde amarronado. Al medir el nivel de oxígeno, la sonda multiparamétrica marcó 1 de oxígeno diluido en agua, diagnosticando la falta de vida en el principal tributario que llega al Embalse. Así también, exhibía en la orilla una ostensible proliferación de algas. “El Salí está muy complicado, es impresionante el olor a cloaca, acá no hay vida, no hay peces y avanza hacia el Embalse”, dijo el especialista.
El panorama era aún peor al llegar al río Colorado, cauce en el que se sospecha que papeleras y citrícolas arrojan descomunalmente desechos tóxicos para convertir el lecho en un pantano. “Acá tenemos cero oxígeno, no hay vida en absoluto y no se puede estar por el olor, el agua sigue siendo de color verde grisáceo”, indicó.
Más adelante, a pocos kilómetros de la ciudad de Simoca por la ruta 157, los arroyos Estero y Agua Blanca registraban una mínima presencia de oxígeno, pero sus aguas turbias transportaban carbonilla en suspensión, desechos que quedan en los filtros de los ingenios al lavarse la caña quemada. El residuo se lograba ver depositado en la orilla.
Veneno
“Son restos de quemazón de caña. Lavan este producto y luego lo desechan a los arroyos. Es un contaminante que no genera una demanda importante de oxígeno, pero aporta un nivel que causa a la larga que los peces se vean imposibilitados de sobrevivir porque la carbonilla se deposita en las branquias del cardumen y quizá no genera una mortalidad inmediata, pero su ciclo de vida no lo puede completar, el agua está alterada y la vida alterada”, manifestó el biólogo santiagueño.
El arroyo Matazambi, el río Medina y Graneros contaban con un gran volumen de agua y presencia de oxígeno. Particularmente el arroyo Matazambi es un afluente que sufre directamente el impacto de la contaminación porque recepta los desechos del ingenio Marapa y la planta cloacal de Guayacane. “En varias oportunidades lo hemos visto teñido de color rojo y con peces muertos”, contó Saltz.
Finalmente dijo que estas variantes en los ríos tucumanos podrían tratarse de la presencia del vuelco de residuos, entre ellos, la vinaza, efluente industrial que al eliminarse en gran medida ocasiona un desastre ambiental en la cuenca Salí Dulce. “Nosotros seguiremos controlando y brindando la alerta temprano que ponga en conocimiento a los organismos que trabajan en la problemática”, manifestó.
Glaciares: Corte Suprema aceptó su jurisdicción
La Corte Suprema se encargará de la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 09/06/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal de la Nación declaró su competencia originaria en tres causas en donde se dictaron medidas cautelares que suspendieron la aplicación de la Ley 26.639, sancionada el 30 de septiembre del año pasado, y que impone ciertas restricciones a la actividad de las empresas mineras.
A raíz de los pleitos entablados por la Provincia de San Juan y las empresas Barrick Exploraciones Argentinas, Minera Argentina Gold y Asociación Obrera Minera, que explotan a "cielo abierto" el yacimiento de Pascua Lama, la Corte sostuvo que “dada la índole de la participación asumida en el pleito por San Juan corresponde reconocerle la condición de parte sustancial en virtud del interés directo que tiene en el litigio”.
Las mineras argumentaron que con la sanción de la Ley de Glaciares se introdujo una modificación perjudicial para sus intereses y consiguieron seguir operando en los yacimientos por la sanción de medidas cautelares que posibilitaron la continuidad de la explotación, cuestionada por asambleas ciudadanas y organizaciones sociales por el impacto ecológico negativo.
Las medidas cautelares suspendieron la aplicación de artículos de la ley 26.639, denominada "Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial", destinada a la preservación del medio ambiente y, en especial, de los reservorios de agua dulce.
"Dada la índole de la participación asumida en el pleito por la Provincia de San Juan, corresponde reconocerle la condición de parte sustancial en virtud del interés directo que tiene en el litigio", expresó el máximo tribunal.
Asimismo, sostuvo que "esta causa corresponde a la competencia originaria de la Corte, en mérito a que es la única manera de armonizar las prerrogativas jurisdiccionales de las que gozan tanto la provincia como el Estado Nacional". Tras la reforma de la constitución en 1994, los recursos naturales quedaron bajo el orden provincial.
La Ley de Glaciares, que impone límites a la actividad minera en el país, fue convertida en ley el 30 de septiembre de 2010 por el Senado de la Nación. En 2008, la presidenta Cristina Kirchner vetó una ley similar, pero el senador porteño y ahora candidato a jefe de gobierno, Daniel Filmus, volvió a presentar un nuevo texto, finalmente sancionado en 2010.
El 28 de febrero de 2011, la Presidenta firmó un decreto que aprobó el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglaciar, en el marco de la reglamentación de la Ley de Glaciares.
El trámite se produjo una semana después de una protesta realizada por la organización ambientalista Greepeace en San Juan, donde la policía desalojó un campamento montado en el camino hacia la mina Veladero y detuvo a una decena de manifestantes que reclamaban la reglamentación.
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La Corte intervendrá en la causa por los glaciares
Fecha de Publicación: 09/06/2011
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Declaró su competencia originaria ante el planteo de 3 causas que cuestionan la ley nacional.
La Corte Suprema de Justicia intervendrá en las causas interpuestas por el sector privado minero local y la provincia de San Juan contra la Nación, que a fines del año pasado frenaron en esta jurisdicción la vigencia de la Ley Nacional 26.639, de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y el Ambiente Periglacial, por considerarla inconstitucional.
Esos expedientes fueron interpuestos por dos mineras y el gremio AOMA, y la provincia ingresó al pleito como "tercero involucrado", como parte de una estrategia de llevar el caso a la Corte argumentando que la ley sancionada atenta contra la autonomía y federalismo de las provincias, al avasallar los derechos de disponer de sus recursos naturales. Según informaron desde el Centro de Información Judicial, la Corte declaró su "competencia originaria" en las causas que cuestionan la constitucionalidad de la ley, y se constituyó en "tribunal único", lo que quiere decir que no intervendrá otro de inferior jerarquía. Además, el Máximo Tribunal sostuvo que "dada la índole de la participación asumida en el pleito por la Provincia de San Juan en la calidad indicada en el considerando precedente, corresponde reconocerle la condición de parte sustancial en virtud del interés directo que tiene en el litigio". El gobierno local esperaba este paso de la Corte, que significa nada menos que será el máximo tribunal del país quien decidirá finalmente si la ley de glaciares sancionada por el Congreso en noviembre del año pasado es inconstitucional y avasalla los derechos federales de las provincias.
El Fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, se mostró satisfecho por la decisión del máximo tribunal y dijo que ahora la provincia, al sustanciarse la causa; podrá demostrar "que no sólo está protegiendo sus recursos glaciares, sino que además estamos llevando la actividad minera en zona de glaciares y periglaciares de una manera sustentable y sin afectarlos\'. "Eso es lo que queremos demostrar ante la Corte", admitió De Sanctis.
La decisión judicial de ayer engrosa la larga lista de idas y vueltas en el intento por sancionar una ley nacional de glaciares que arrancó en el 2008 (ver página 7).
Argumentos
Según informaron las fuentes judiciales, el Máximo Tribunal consideró la petición de la provincia de San Juan bajo los siguientes términos: "Al haber invocado el Estado provincial en su primera presentación el privilegio que le asiste en los términos del artículo 117 de la Constitución Nacional, esta causa corresponde a la competencia originaria de la Corte\'\'
"Es un paso decisivo, y esperado y que celebramos\'\', dijo al respecto De Sanctis. "Como fiscal de Estado, y en defensa del patrimonio provincial, de la jurisdicción y de las atribuciones constitucionales de la provincia en relación al manejo y uso de los recursos naturales como son los glaciares; y también en defensa de nuestras atribuciones en defensa del medio ambiente, celebro que la Corte se haya manifestado\'\', agregó. Las tres causas declarativas de inconstitucionalidad de la ley de glaciares fueron interpuestas en San Juan, en noviembre de 2010 por Barrick Exploraciones Argentinas, Minera Argentina Gold y la Asociación Obrera Minera. En todas ellas el gobierno se presentó como tercero involucrado. El titular del Juzgado Federal Nro.1, Miguel Galvez hizo lugar a la presentación y frenó la aplicación de la ley. Esta iba a impedir que las mineras radicadas en San Juan siguieran operando, debido a una serie de prohibiciones (ver recuadro). La provincia de San Juan cuenta con su propia ley de protección de glaciares -la Nro 8144, además de que está realizando un inventario de glaciares desde antes que se sancionara la ley nacional.
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La Corte Suprema aceptó su jurisdicción en cautelares por la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 09/06/2011
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
El Máximo Tribunal del país intervendrá en tres causas en las cuales se dictaron medidas de esa índole, que involucran emprendimientos mineros en el territorio de la provincia de San Juan.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) declaró su competencia originaria en tres causas en las cuales se dictaron medidas cautelares que suspendieron la aplicación de artículos de la ley 26639, de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, con respecto a emprendimientos mineros en el territorio de la provincia de San Juan.
En ese sentido, el Máximo Tribunal sostuvo que “dada la índole de la participación asumida en el pleito por la Provincia de San Juan en la calidad indicada en el considerando precedente, corresponde reconocerle la condición de parte sustancial en virtud del interés directo que tiene en el litigio”.
“En tales condiciones y al haber invocado el Estado provincial en su primera presentación el privilegio que le asiste en los términos del artículo 117 de la Constitución Nacional, esta causa corresponde a la competencia originaria de la Corte rationae personae, en mérito a que la única manera de armonizar las prerrogativas jurisdiccionales de las que gozan tanto la provincia a no ser juzgada por los tribunales inferiores de la Nación, en virtud de la referida garantía de rango constitucional que al respecto le reconoce el citado artículo 117, como el Estado Nacional al fuero federal, según el artículo 116 de la Ley Fundamental, es sustanciado el proceso en esta instancia”, se agregó.
El fracaso de Macri en la gestión de residuos
La Ley de Basura Cero no es bienvenida
Fecha de Publicación: 09/06/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital
En el primer cuatrimestre del año, la cantidad de basura enviada a rellenos sanitarios aumentó un 13,23 por ciento respecto del mismo período del año anterior. En 2010, la Ciudad alcanzó el record histórico de enterramiento de residuos.
Durante los primeros cuatro meses de este año, la basura que la ciudad de Buenos Aires envió a los rellenos del conurbano aumentó un 13,23 por ciento respecto de los mismos meses de 2010, según revela un informe de la organización ambientalista Greenpeace, elaborado a partir de datos del Ceamse, al que accedió Página/12. De esta manera, la gestión de Mauricio Macri incumple doblemente la Ley de Basura Cero: no solo no reduce la cantidad de residuos generados, de acuerdo con el cronograma que marca la ley, sino que lo incrementa.
“Esto ocurre porque el gobierno de Macri desmanteló lo que había empezado a implementarse en 2007 con la doble contenerización en el 25 por ciento de la ciudad”, dijo a este diario Lorena Pujó, coordinadora de la Campaña Basura Cero de la organización ambientalista. En efecto, durante la gestión de Jorge Telerman se había comenzado a instalar en algunos barrios contenedores con tapa naranja, destinados a productos reciclables. A poco de asumir, el entonces ministro macrista de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, frenó ese programa con el argumento de que los vecinos no separaban los residuos y las empresas recolectoras mezclaban ambos recipientes en un mismo camión. “Si nunca hubo campaña pública de separación de residuos, no se puede esperar que los vecinos usen correctamente los contenedores”, agregó Pujó.
La ley 1854, sancionada en 2005, establecía metas de reducción en forma progresiva de la cantidad de residuos destinados a rellenos sanitarios, hasta llegar a la prohibición absoluta en 2020. En ese cronograma, la primera meta fijada para 2010 establecía una reducción del 30 por ciento respecto de la cantidad de basura enviada a la Ceamse en 2004. “La Ciudad debió enterrar 1.048.000 toneladas de basura, pero envió a relleno más del doble: 2.110,122 toneladas. Esa cifra, según la evaluación de Greenpeace, representó un aumento del 14,3 por ciento respecto de 2009.
“Durante 2010, la Ciudad mandó en promedio 5781 toneladas diarias a rellenos y al superar el techo de los dos millones de toneladas alcanzó el record histórico de enterramiento”, sintetiza el informe de la organización ambientalista.
La ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), más conocida como Ley de Basura Cero, establece que la administración porteña debe adoptar un conjunto de medidas tendientes a la separación de residuos en origen y a la recolección diferenciada, de manera de recuperar para el reciclado aquellos materiales que se pueden reutilizar. Lejos de poner en marcha estas medidas, la administración macrista dio marcha atrás con lo implementado por gestiones anteriores. Recién ahora, con vistas a la futura licitación de Higiene Urbana, comienza a plantear la separación domiciliaria de residuos, que recién se pondría en marcha el año próximo.
Como resultado de la política ejecutada en estos cuatro años, según las cifras de Ceamse, se produjo un crecimiento en el volumen de residuos destinados a rellenos. En 2008, durante el primer año de la gestión de Macri, se enviaron 1.844.460 toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU), un 14,53 por ciento más que en 2007. “La cifra representó el mayor aumento porcentual interanual de la década”, sostiene el informe de Greenpeace (ver cuadro).
En 2009, el volumen de RSU enviados a rellenos representó 1.847.748 toneladas, cifra apenas superior a la del año anterior. En 2010, como se mencionó, la cifra fue de 2.110122 toneladas, un 14,19 por ciento más que el año anterior. Se superó entonces el pico histórico registrado en 2000: 1.953.375 toneladas.
Según la denuncia de Greenpeace, además de interrumpir y desarticular el sistema de doble contenerización, el gobierno porteño “interrumpió el servicio de recolección diferenciada entre reciclables y no reciclables, que figura en el contrato de higiene urbana; no implementó una campaña de concientización acerca de la separación domiciliaria de residuos y no invirtió en la creación y mantenimiento de centros verdes, para la clasificación de residuos reciclables”.
Las falencias no obedecieron a falta de recursos ni de instrumentos legales. “El gobierno pagaba a las empresas por el servicio de recolección diferenciada, establecido por contrato, y contaba con presupuesto para la realización de campañas de comunicación, educación y concientización ciudadana sobre separación de residuos en origen”, advierte el informe de Greenpeace.
La organización ambientalista sostiene que el Gobierno de la Ciudad “no puede continuar con una política caracterizada por la contaminación, enfermando a las comunidades que habitan en las cercanías de los rellenos sanitarios. También rechaza la incineración de residuos, impulsada en distritos de la provincia de Buenos Aires, porque “supone un derroche de recursos” aprovechables y “emite a la atmósfera sustancias químicas persistentes, tóxicas y bioacumulativas, como las dioxinas y los furanos”. Como cierre del informe, Greenpeace reclamó al jefe de Gobierno porteño y a los demás candidatos a ese cargo “que se comprometan a cumplir con la segunda meta de la Ley de Basura Cero, que consiste en reducir para 2015 en un 50 por ciento los residuos generados, respecto de 2004”.
Fecha de Publicación: 09/06/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital
En el primer cuatrimestre del año, la cantidad de basura enviada a rellenos sanitarios aumentó un 13,23 por ciento respecto del mismo período del año anterior. En 2010, la Ciudad alcanzó el record histórico de enterramiento de residuos.
Durante los primeros cuatro meses de este año, la basura que la ciudad de Buenos Aires envió a los rellenos del conurbano aumentó un 13,23 por ciento respecto de los mismos meses de 2010, según revela un informe de la organización ambientalista Greenpeace, elaborado a partir de datos del Ceamse, al que accedió Página/12. De esta manera, la gestión de Mauricio Macri incumple doblemente la Ley de Basura Cero: no solo no reduce la cantidad de residuos generados, de acuerdo con el cronograma que marca la ley, sino que lo incrementa.
“Esto ocurre porque el gobierno de Macri desmanteló lo que había empezado a implementarse en 2007 con la doble contenerización en el 25 por ciento de la ciudad”, dijo a este diario Lorena Pujó, coordinadora de la Campaña Basura Cero de la organización ambientalista. En efecto, durante la gestión de Jorge Telerman se había comenzado a instalar en algunos barrios contenedores con tapa naranja, destinados a productos reciclables. A poco de asumir, el entonces ministro macrista de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, frenó ese programa con el argumento de que los vecinos no separaban los residuos y las empresas recolectoras mezclaban ambos recipientes en un mismo camión. “Si nunca hubo campaña pública de separación de residuos, no se puede esperar que los vecinos usen correctamente los contenedores”, agregó Pujó.
La ley 1854, sancionada en 2005, establecía metas de reducción en forma progresiva de la cantidad de residuos destinados a rellenos sanitarios, hasta llegar a la prohibición absoluta en 2020. En ese cronograma, la primera meta fijada para 2010 establecía una reducción del 30 por ciento respecto de la cantidad de basura enviada a la Ceamse en 2004. “La Ciudad debió enterrar 1.048.000 toneladas de basura, pero envió a relleno más del doble: 2.110,122 toneladas. Esa cifra, según la evaluación de Greenpeace, representó un aumento del 14,3 por ciento respecto de 2009.
“Durante 2010, la Ciudad mandó en promedio 5781 toneladas diarias a rellenos y al superar el techo de los dos millones de toneladas alcanzó el record histórico de enterramiento”, sintetiza el informe de la organización ambientalista.
La ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), más conocida como Ley de Basura Cero, establece que la administración porteña debe adoptar un conjunto de medidas tendientes a la separación de residuos en origen y a la recolección diferenciada, de manera de recuperar para el reciclado aquellos materiales que se pueden reutilizar. Lejos de poner en marcha estas medidas, la administración macrista dio marcha atrás con lo implementado por gestiones anteriores. Recién ahora, con vistas a la futura licitación de Higiene Urbana, comienza a plantear la separación domiciliaria de residuos, que recién se pondría en marcha el año próximo.
Como resultado de la política ejecutada en estos cuatro años, según las cifras de Ceamse, se produjo un crecimiento en el volumen de residuos destinados a rellenos. En 2008, durante el primer año de la gestión de Macri, se enviaron 1.844.460 toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU), un 14,53 por ciento más que en 2007. “La cifra representó el mayor aumento porcentual interanual de la década”, sostiene el informe de Greenpeace (ver cuadro).
En 2009, el volumen de RSU enviados a rellenos representó 1.847.748 toneladas, cifra apenas superior a la del año anterior. En 2010, como se mencionó, la cifra fue de 2.110122 toneladas, un 14,19 por ciento más que el año anterior. Se superó entonces el pico histórico registrado en 2000: 1.953.375 toneladas.
Según la denuncia de Greenpeace, además de interrumpir y desarticular el sistema de doble contenerización, el gobierno porteño “interrumpió el servicio de recolección diferenciada entre reciclables y no reciclables, que figura en el contrato de higiene urbana; no implementó una campaña de concientización acerca de la separación domiciliaria de residuos y no invirtió en la creación y mantenimiento de centros verdes, para la clasificación de residuos reciclables”.
Las falencias no obedecieron a falta de recursos ni de instrumentos legales. “El gobierno pagaba a las empresas por el servicio de recolección diferenciada, establecido por contrato, y contaba con presupuesto para la realización de campañas de comunicación, educación y concientización ciudadana sobre separación de residuos en origen”, advierte el informe de Greenpeace.
La organización ambientalista sostiene que el Gobierno de la Ciudad “no puede continuar con una política caracterizada por la contaminación, enfermando a las comunidades que habitan en las cercanías de los rellenos sanitarios. También rechaza la incineración de residuos, impulsada en distritos de la provincia de Buenos Aires, porque “supone un derroche de recursos” aprovechables y “emite a la atmósfera sustancias químicas persistentes, tóxicas y bioacumulativas, como las dioxinas y los furanos”. Como cierre del informe, Greenpeace reclamó al jefe de Gobierno porteño y a los demás candidatos a ese cargo “que se comprometan a cumplir con la segunda meta de la Ley de Basura Cero, que consiste en reducir para 2015 en un 50 por ciento los residuos generados, respecto de 2004”.
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