Y siguen con la idea de otra central nuclear...
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Argentina construirá una cuarta central nuclear pero espera nuevas normas de seguridad
Fecha de Publicación: 07/06/2011
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
La titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Norma Boero, confirmó en esta ciudad que Argentina construirá una cuarta central atómica, que se sumará a las de Embalse, Atucha I y Atucha II, ésta última todavía en construcción.
"El proyecto no está parado, está atrasado a la espera de si se realizan nuevas guías de seguridad después de lo de Fukushima, pero va a haber una cuarta central en la Argentina", aseguró a Télam la funcionaria.
En el marco de la ATOMEXPO 2011, donde hoy expondrá sobre el plan nuclear argentino, Boero dijo que la nueva central generará entre 1.000 y 1.600 megavatios, lo que representa un poco más del 4% de la energía total del país.
"Hemos preclasificado a cinco países, entre los cuales está Rusia, por eso estamos en la exposición", señaló.
La licitación se encuentra un poco demorada a la espera de los resultados finales de lo que ha sucedido en la central japonesa de Fukushima.
"Se está haciendo toda una revisión nuclear y ahora, el próximo 20, habrá una reunión muy importante donde vamos a tener un poco más claro todo lo que pasó, y un poco más de información, y con esos datos veremos si la Organización Internacional de Energía Atómica (OEIA) saca otro tipo de guías en materia de seguridad", agregó.
Fecha de Publicación: 07/06/2011
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
La titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Norma Boero, confirmó en esta ciudad que Argentina construirá una cuarta central atómica, que se sumará a las de Embalse, Atucha I y Atucha II, ésta última todavía en construcción.
"El proyecto no está parado, está atrasado a la espera de si se realizan nuevas guías de seguridad después de lo de Fukushima, pero va a haber una cuarta central en la Argentina", aseguró a Télam la funcionaria.
En el marco de la ATOMEXPO 2011, donde hoy expondrá sobre el plan nuclear argentino, Boero dijo que la nueva central generará entre 1.000 y 1.600 megavatios, lo que representa un poco más del 4% de la energía total del país.
"Hemos preclasificado a cinco países, entre los cuales está Rusia, por eso estamos en la exposición", señaló.
La licitación se encuentra un poco demorada a la espera de los resultados finales de lo que ha sucedido en la central japonesa de Fukushima.
"Se está haciendo toda una revisión nuclear y ahora, el próximo 20, habrá una reunión muy importante donde vamos a tener un poco más claro todo lo que pasó, y un poco más de información, y con esos datos veremos si la Organización Internacional de Energía Atómica (OEIA) saca otro tipo de guías en materia de seguridad", agregó.
Chaco: satélites para detectar desmontes
Usan imágenes satelitales para detectar desmontes ilegales
Fecha de Publicación: 07/06/2011
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Chaco
La Dirección de Bosques, cuyas oficinas funcionan en Sáenz Peña, cuenta con un Centro de Geo Información. Se trata de un centro donde se hace todo el seguimiento de permisos forestales e infracciones.
Las herramientas que se utilizan son imágenes satelitales y el mapeo digital Geo referenciado con el cual se puede hacer un seguimiento casi diario de todos los permisos y las infracciones.
“Es muy difícil escaparse a las imágenes, porque son datos casi diarios, muy objetivos, cualquiera puede pedir la imagen y verlas”, comentó el ingeniero Walter Massad coordinador de este centro. Señaló por otro lado que de esta forma se colabora también y mucho con la justicia, “la imagen en este caso pasa a ser una herramienta de la justicia como prueba por la objetividad y por el alcance”, explicó.
“Las imágenes de este centro están disponibles para todos los interesados”, dijo Massad al tiempo que recordó que hay diversos tipos de imágenes, pero que desde Recursos Naturales se trabaja con una imagen del Satélite Lanza y se la consigue por medio de un convenio que cuentan con la Comisión de Actividades Espaciales de la Nación en forma gratuita.
Desmontes ilegales
El ingeniero Massad explico que en la actualidad el GEO se dedica a dos cosas fundamentales, uno “ el monitoreo de los permisos, se entregan los permisos forestales y se pide unos datos que nos dan a nosotros la posición del terreno a trabajar sobre la superficie terrestre, por lo tanto nosotros cada semana, cada quince días estamos recorriendo cada uno de los permisos para ver en qué etapa va, y si no se sale del área especificada por el permiso. Y la otra gran tarea que está haciendo el centro es la detección de desmontes ilegales que llevamos detectados más de 400 desde marzo del 2010. Estos desmontes ilegales están concentrados en el norte de Cas Pampa del Infierno y Frentones, Rio Muerto, pero hay algunos en otras zonas como el sudeste de Charata, 9 de julio también tenemos algunos desmontes significativos y muchos menos en la zona este”, señaló el coordinador del GEO.
Sobre el particular dijo Massad que “los productores en general se cuidan mucho de no pasarse de la línea que ha fijado para su trabajo, pero tenemos algunos inconvenientes con el agente que maneja la topadora, ya que no está muy al tanto de lo que es una coordenada, de lo que es un punto georeferenciado entonces si no se les indica bien ellos generalmente tienden a salirse del predio”.
Aclaró entre otros aspectos que de esta forma se tiene identificado cada uno de los permisos, el tipo de permiso y sobre eso se va haciendo el monitoreo.
Al ser consultado si también se detecta la extracción de madera para sacarlo ilegalmente de la provincia dijo que si, “tenemos la capacidad de detectar el desmonte por topadora, y también podemos detectar el “picoteo” , que es la extracción de arboles con valores económicos y dejar todo lo otro como esta, eso nosotros lo hacemos a través de una metodología que tiene la imagen que se llama Radiometría en el cual cuando cambia la cobertura del suelo o del bosque, cambian ciertos parámetros de la imagen que a nosotros nos están indicando sin ver que se está sacando el árbol. En esos pixeles que son de 30 x 30 cuando hay 10 pixeles que están cambiando en forma vecina, nosotros mandamos los inspectores para ver que es lo que está pasando”.
Ejemplo de esto es un silvopastoril clandestino detectado de 830 has, en un campo fiscal según las imágenes que pueden observarse, este es un campo adjudicado a un Sr. Riva, pero que aparentemente fue adquirido en forma ilegal por un Sr. Chiappero, este expediente fue enviado a la oficina de fiscalización y control para que se actúe legalmente y se notifique al Instituto de Colonización sobre el importante daño al medio ambiente ocasionado por esta persona.
Entre otros aspectos sostuvo el ingeniero Masad que la provincia del Chaco es una de las pocas provincias que tiene este sistema de seguimiento contra los desmontes , “ en el seguimiento de montes y a este nivel sí, no somos muchos los que trabajos en imágenes satelitales para el monitoreo y evaluación de bosques”.
Otra tarea que se cumple a través del GEO es el seguimiento de aquellos planes otorgados para reforestación, “lo estamos haciendo con mucha intensidad porque eso nos interesa y se está por incentivar a través del Gobierno todo ese tema y también va a ser un monitoreo por imágenes muy intensivo”.
Finalmente aclaró que “el suelo de la provincia del Chaco está completamente mapeado y georeferenciado, o sea sabemos el monte sobre que unidad cartográfica cae en todo momento, es decir no hace falta verlo por imágenes, el INTA tiene su carta de suelo que esta georeferenciada y por ese lado nosotros sabemos qué tipo de suelo hay debajo de cada monte”.
Fecha de Publicación: 07/06/2011
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Chaco
La Dirección de Bosques, cuyas oficinas funcionan en Sáenz Peña, cuenta con un Centro de Geo Información. Se trata de un centro donde se hace todo el seguimiento de permisos forestales e infracciones.
Las herramientas que se utilizan son imágenes satelitales y el mapeo digital Geo referenciado con el cual se puede hacer un seguimiento casi diario de todos los permisos y las infracciones.
“Es muy difícil escaparse a las imágenes, porque son datos casi diarios, muy objetivos, cualquiera puede pedir la imagen y verlas”, comentó el ingeniero Walter Massad coordinador de este centro. Señaló por otro lado que de esta forma se colabora también y mucho con la justicia, “la imagen en este caso pasa a ser una herramienta de la justicia como prueba por la objetividad y por el alcance”, explicó.
“Las imágenes de este centro están disponibles para todos los interesados”, dijo Massad al tiempo que recordó que hay diversos tipos de imágenes, pero que desde Recursos Naturales se trabaja con una imagen del Satélite Lanza y se la consigue por medio de un convenio que cuentan con la Comisión de Actividades Espaciales de la Nación en forma gratuita.
Desmontes ilegales
El ingeniero Massad explico que en la actualidad el GEO se dedica a dos cosas fundamentales, uno “ el monitoreo de los permisos, se entregan los permisos forestales y se pide unos datos que nos dan a nosotros la posición del terreno a trabajar sobre la superficie terrestre, por lo tanto nosotros cada semana, cada quince días estamos recorriendo cada uno de los permisos para ver en qué etapa va, y si no se sale del área especificada por el permiso. Y la otra gran tarea que está haciendo el centro es la detección de desmontes ilegales que llevamos detectados más de 400 desde marzo del 2010. Estos desmontes ilegales están concentrados en el norte de Cas Pampa del Infierno y Frentones, Rio Muerto, pero hay algunos en otras zonas como el sudeste de Charata, 9 de julio también tenemos algunos desmontes significativos y muchos menos en la zona este”, señaló el coordinador del GEO.
Sobre el particular dijo Massad que “los productores en general se cuidan mucho de no pasarse de la línea que ha fijado para su trabajo, pero tenemos algunos inconvenientes con el agente que maneja la topadora, ya que no está muy al tanto de lo que es una coordenada, de lo que es un punto georeferenciado entonces si no se les indica bien ellos generalmente tienden a salirse del predio”.
Aclaró entre otros aspectos que de esta forma se tiene identificado cada uno de los permisos, el tipo de permiso y sobre eso se va haciendo el monitoreo.
Al ser consultado si también se detecta la extracción de madera para sacarlo ilegalmente de la provincia dijo que si, “tenemos la capacidad de detectar el desmonte por topadora, y también podemos detectar el “picoteo” , que es la extracción de arboles con valores económicos y dejar todo lo otro como esta, eso nosotros lo hacemos a través de una metodología que tiene la imagen que se llama Radiometría en el cual cuando cambia la cobertura del suelo o del bosque, cambian ciertos parámetros de la imagen que a nosotros nos están indicando sin ver que se está sacando el árbol. En esos pixeles que son de 30 x 30 cuando hay 10 pixeles que están cambiando en forma vecina, nosotros mandamos los inspectores para ver que es lo que está pasando”.
Ejemplo de esto es un silvopastoril clandestino detectado de 830 has, en un campo fiscal según las imágenes que pueden observarse, este es un campo adjudicado a un Sr. Riva, pero que aparentemente fue adquirido en forma ilegal por un Sr. Chiappero, este expediente fue enviado a la oficina de fiscalización y control para que se actúe legalmente y se notifique al Instituto de Colonización sobre el importante daño al medio ambiente ocasionado por esta persona.
Entre otros aspectos sostuvo el ingeniero Masad que la provincia del Chaco es una de las pocas provincias que tiene este sistema de seguimiento contra los desmontes , “ en el seguimiento de montes y a este nivel sí, no somos muchos los que trabajos en imágenes satelitales para el monitoreo y evaluación de bosques”.
Otra tarea que se cumple a través del GEO es el seguimiento de aquellos planes otorgados para reforestación, “lo estamos haciendo con mucha intensidad porque eso nos interesa y se está por incentivar a través del Gobierno todo ese tema y también va a ser un monitoreo por imágenes muy intensivo”.
Finalmente aclaró que “el suelo de la provincia del Chaco está completamente mapeado y georeferenciado, o sea sabemos el monte sobre que unidad cartográfica cae en todo momento, es decir no hace falta verlo por imágenes, el INTA tiene su carta de suelo que esta georeferenciada y por ese lado nosotros sabemos qué tipo de suelo hay debajo de cada monte”.
La fiebre del litio en Salta
La fiebre del litio
Fecha de Publicación: 06/06/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La minería avanza en Jujuy y Salta en búsqueda de litio, un metal utilizado por la industria automotriz y electrónica. Los proyectos afectan comunidades indígenas que viven de las salinas. Los pueblos originarios ya recurrieron a la Corte Suprema.
“El oro del futuro.” Así ya se habla del litio, un metal que se emplea en pilas y baterías de productos electrónicos y que comenzó a utilizarse como energía en la industria automotriz, que promete un gradual reemplazo de hidrocarburos por ese elemento, un producto “más limpio”. En Jujuy y Salta se encuentran buena parte de las reservas mundiales. Compañías mineras ya comenzaron a desembarcar y los gobiernos provinciales avanzan con concesiones de exploración. Pero la fiebre del litio vulnera la Constitución Nacional y tratados internacionales que legislan sobre el derecho de los pueblos originarios. “Hace siglos que vivimos en las salinas, siempre cuidando el territorio y vivimos en armonía. Ahora descubren algo y quieren pasarnos por arriba, condenarnos. No vamos a permitir esa injusticia”, advierte con voz pausada Clemente Flores, del pueblo kolla, que (en un hecho sin precedentes) junto a otras 32 comunidades presentó una medida cautelar en la Corte Suprema de Justicia. Solicitan, en base a derechos vigentes en la ley argentina, frenar toda actividad minera en la zona, que se consulte a las comunidades y aporta pruebas de que ya padecen males: un informe geológico demuestra la perforación y contaminación de un acuífero, en una región donde el agua es el bien más escaso.
“La Arabia Saudita del litio”, tituló la revista estadounidense de finanzas Forbes al “triángulo del litio” que conforman el noroeste de Argentina, el norte de Chile y Bolivia, y concentrarían el 85 por ciento del litio del mundo.
En Jujuy y Salta ya desembarcó una decena de compañías mineras (de Canadá, Australia y Estados Unidos, entre otras). Y al menos otros dos jugadores de peso, y ajenos a la minería, ya fijaron sus ojos en la zona: las automotrices Toyota y Mitsubishi (ambas de Japón).
El litio forma parte de las salinas, planicies blancas que suelen ser la foto más buscada de los turistas que llegan hasta el norte del país. Y también el lugar ancestral de vida, cultura e historia de los pueblos kolla y atacama.
“Nuestros bisabuelos vivieron donde nosotros hoy, y nunca nos dieron los títulos comunitarios. La minera llega y le dan todo. Contaminan y nos quieren echar. No dejaremos que eso pase”, avisa Flores, 47 años, kolla, siete hijos, de la comunidad aborigen El Angosto, localidad de Moreno, respaldado por las 70 familias de la comunidad, con la misma decisión que él. Y no están solos. Otras 32 comunidades, que reúnen a 1300 familias, piensan y actúan de manera similar.
La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales, aunque a diferencia de su prima hermana, la minería metalífera a gran escala, no comparte la voladura de montañas ni el uso masivo de explosivos y cianuro. Pero sí las une el aspecto más cuestionado en los últimos años: uso monumental de agua, en una región de extrema sequía.
Del agua dependen todas las comunidades para el pastoreo y cría de ovejas, llamas y pequeñas chacras. La presentación en la Corte Suprema remarca que corre peligro toda la cuenca hídrica de la Laguna Guayatayoc-Salinas Grandes, que agrupa cursos de agua de Jujuy y Salta, y de la cual dependen las comunidades indígenas.
“La explotación de la minería y la afectación del uso del agua –con el absoluto desconocimiento de los permisos otorgados, las cantidades asignadas, y mucho menos el tipo de utilización y saneamiento de la misma por parte de las empresas– en una zona árida por excelencia, repercute en una forma especialmente dañosa para las comunidades indígenas, radicadas desde tiempos inmemoriales en las zonas afectadas por tales emprendimientos”, denuncia el amparo que ya está en manos de los jueces del máximo tribunal del país.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ya había dado cuenta del riesgo. “El incremento reciente de la exploración y en algunos casos de la explotación minera plantea una nueva alternativa de desarrollo que lleva implícito una nueva amenaza a los recursos naturales (agua, suelo, flora, fauna)”, advierte la investigación “Recursos Hídricos de la Puna, valles y bolsones áridos del Noroeste argentino”, del INTA Salta.
Respecto de la minería, precisa que sus “principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.
En diciembre pasado, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos”.
“La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (...) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (...) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad.”
Rodrigo Solá, uno de los abogados que participan de la demanda, lo traduce a lenguaje cotidiano. “Perforaron el acuífero. Y realizaron un doble mal. Contaminaron el acuífero de donde obtenemos agua para nosotros, la cría de animales y las huertas. Y, para peor, el agua dulce que subió a esa parte del salar arruinó la sal, por lo cual no sirve para cortarla y luego vender.”
En febrero de 2010 las comunidades indígenas confirmaron que había empresas que exploran las salinas. Comenzaron a organizarse y muy rápido se sumaron 22, todas con posesión ancestral en las salinas y zona de influencia. Conformaron la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes. Realizaron pedidos ante las respectivas provincias pero no hubo respuesta. Las empresas seguían ingresando. “Expediente C-1146/10. Amparo, medida cautelar, Benita Chaves y otro c/ provincia de Jujuy y Salta”, es el título de la causa que en noviembre de 2010 fue presentado en la Corte Suprema. Luego se sumaron otras once comunidades.
Entre los ejes de la demanda figura la falta de “consulta previa, información y participación” que la legislación nacional ordena en toda acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Recuerda que las Salinas Grandes constituyen “un ecosistema único que se encuentra dentro de sus propios territorios, el cual les provee de los recursos naturales de uso común que son necesarios para su subsistencia, como el agua y la sal que les permite la vida, el trabajo y la producción”.
Se solicita la suspensión inmediata de actividades en ejecución, y no otorgar nuevos permisos hasta tanto se expida la Corte. También pide aplicar la Ley 25.675 (“General del Ambiente”), que dispone que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
El amparo presentado en la Corte Suprema hace especial hincapié en la violación de las leyes nacionales, desde la Constitución Nacional hasta convenios internacionales que Argentina suscribió, que obligan a los estados al “consentimiento libre, previo e informado” a las comunidades indígenas respecto de cualquier actividad que pueda modificar su territorio. Se apunta a los gobiernos de Jujuy, Salta y también el nacional.
“No puede ni debe realizarse ningún tipo de actividad minera sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades involucradas”, explica Solá, que desde el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) acompaña a las comunidades, y precisa que “el consentimiento dado por una comunidad dentro del ámbito de la Salinas Grandes y que pudiera afectar a otras comunidades allí asentadas no sería válido ni pertinente”. Y remarca la vigencia del Convenio 169 de la OIT, tratado internacional que Argentina suscribió y tiene rango supralegal, por encima del Código de Minería y Código Civil.
Las 33 comunidades de la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de la laguna de Guayatayoc y Salinas Grandes emitieron un comunicado donde aseguran que la actual legislación les da la razón, pero advierten otros caminos. “Tenemos las leyes de nuestro lado”, recuerda Flores y exhibe el amparo. Hace un silencio, pareciera pensar el peor escenario, cierra el puño y avisa: “Somos un pueblo tranquilo, pero nuestros abuelos y padres nos han enseñado de lucha. Podemos marchar hasta donde se guarda el poder político y cortar rutas. ¡Y quién sabe qué más! El territorio es todo, más que nuestra vida.”
Fecha de Publicación: 06/06/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La minería avanza en Jujuy y Salta en búsqueda de litio, un metal utilizado por la industria automotriz y electrónica. Los proyectos afectan comunidades indígenas que viven de las salinas. Los pueblos originarios ya recurrieron a la Corte Suprema.
“El oro del futuro.” Así ya se habla del litio, un metal que se emplea en pilas y baterías de productos electrónicos y que comenzó a utilizarse como energía en la industria automotriz, que promete un gradual reemplazo de hidrocarburos por ese elemento, un producto “más limpio”. En Jujuy y Salta se encuentran buena parte de las reservas mundiales. Compañías mineras ya comenzaron a desembarcar y los gobiernos provinciales avanzan con concesiones de exploración. Pero la fiebre del litio vulnera la Constitución Nacional y tratados internacionales que legislan sobre el derecho de los pueblos originarios. “Hace siglos que vivimos en las salinas, siempre cuidando el territorio y vivimos en armonía. Ahora descubren algo y quieren pasarnos por arriba, condenarnos. No vamos a permitir esa injusticia”, advierte con voz pausada Clemente Flores, del pueblo kolla, que (en un hecho sin precedentes) junto a otras 32 comunidades presentó una medida cautelar en la Corte Suprema de Justicia. Solicitan, en base a derechos vigentes en la ley argentina, frenar toda actividad minera en la zona, que se consulte a las comunidades y aporta pruebas de que ya padecen males: un informe geológico demuestra la perforación y contaminación de un acuífero, en una región donde el agua es el bien más escaso.
“La Arabia Saudita del litio”, tituló la revista estadounidense de finanzas Forbes al “triángulo del litio” que conforman el noroeste de Argentina, el norte de Chile y Bolivia, y concentrarían el 85 por ciento del litio del mundo.
En Jujuy y Salta ya desembarcó una decena de compañías mineras (de Canadá, Australia y Estados Unidos, entre otras). Y al menos otros dos jugadores de peso, y ajenos a la minería, ya fijaron sus ojos en la zona: las automotrices Toyota y Mitsubishi (ambas de Japón).
El litio forma parte de las salinas, planicies blancas que suelen ser la foto más buscada de los turistas que llegan hasta el norte del país. Y también el lugar ancestral de vida, cultura e historia de los pueblos kolla y atacama.
“Nuestros bisabuelos vivieron donde nosotros hoy, y nunca nos dieron los títulos comunitarios. La minera llega y le dan todo. Contaminan y nos quieren echar. No dejaremos que eso pase”, avisa Flores, 47 años, kolla, siete hijos, de la comunidad aborigen El Angosto, localidad de Moreno, respaldado por las 70 familias de la comunidad, con la misma decisión que él. Y no están solos. Otras 32 comunidades, que reúnen a 1300 familias, piensan y actúan de manera similar.
La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales, aunque a diferencia de su prima hermana, la minería metalífera a gran escala, no comparte la voladura de montañas ni el uso masivo de explosivos y cianuro. Pero sí las une el aspecto más cuestionado en los últimos años: uso monumental de agua, en una región de extrema sequía.
Del agua dependen todas las comunidades para el pastoreo y cría de ovejas, llamas y pequeñas chacras. La presentación en la Corte Suprema remarca que corre peligro toda la cuenca hídrica de la Laguna Guayatayoc-Salinas Grandes, que agrupa cursos de agua de Jujuy y Salta, y de la cual dependen las comunidades indígenas.
“La explotación de la minería y la afectación del uso del agua –con el absoluto desconocimiento de los permisos otorgados, las cantidades asignadas, y mucho menos el tipo de utilización y saneamiento de la misma por parte de las empresas– en una zona árida por excelencia, repercute en una forma especialmente dañosa para las comunidades indígenas, radicadas desde tiempos inmemoriales en las zonas afectadas por tales emprendimientos”, denuncia el amparo que ya está en manos de los jueces del máximo tribunal del país.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ya había dado cuenta del riesgo. “El incremento reciente de la exploración y en algunos casos de la explotación minera plantea una nueva alternativa de desarrollo que lleva implícito una nueva amenaza a los recursos naturales (agua, suelo, flora, fauna)”, advierte la investigación “Recursos Hídricos de la Puna, valles y bolsones áridos del Noroeste argentino”, del INTA Salta.
Respecto de la minería, precisa que sus “principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.
En diciembre pasado, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos”.
“La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (...) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (...) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad.”
Rodrigo Solá, uno de los abogados que participan de la demanda, lo traduce a lenguaje cotidiano. “Perforaron el acuífero. Y realizaron un doble mal. Contaminaron el acuífero de donde obtenemos agua para nosotros, la cría de animales y las huertas. Y, para peor, el agua dulce que subió a esa parte del salar arruinó la sal, por lo cual no sirve para cortarla y luego vender.”
En febrero de 2010 las comunidades indígenas confirmaron que había empresas que exploran las salinas. Comenzaron a organizarse y muy rápido se sumaron 22, todas con posesión ancestral en las salinas y zona de influencia. Conformaron la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes. Realizaron pedidos ante las respectivas provincias pero no hubo respuesta. Las empresas seguían ingresando. “Expediente C-1146/10. Amparo, medida cautelar, Benita Chaves y otro c/ provincia de Jujuy y Salta”, es el título de la causa que en noviembre de 2010 fue presentado en la Corte Suprema. Luego se sumaron otras once comunidades.
Entre los ejes de la demanda figura la falta de “consulta previa, información y participación” que la legislación nacional ordena en toda acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Recuerda que las Salinas Grandes constituyen “un ecosistema único que se encuentra dentro de sus propios territorios, el cual les provee de los recursos naturales de uso común que son necesarios para su subsistencia, como el agua y la sal que les permite la vida, el trabajo y la producción”.
Se solicita la suspensión inmediata de actividades en ejecución, y no otorgar nuevos permisos hasta tanto se expida la Corte. También pide aplicar la Ley 25.675 (“General del Ambiente”), que dispone que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
El amparo presentado en la Corte Suprema hace especial hincapié en la violación de las leyes nacionales, desde la Constitución Nacional hasta convenios internacionales que Argentina suscribió, que obligan a los estados al “consentimiento libre, previo e informado” a las comunidades indígenas respecto de cualquier actividad que pueda modificar su territorio. Se apunta a los gobiernos de Jujuy, Salta y también el nacional.
“No puede ni debe realizarse ningún tipo de actividad minera sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades involucradas”, explica Solá, que desde el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) acompaña a las comunidades, y precisa que “el consentimiento dado por una comunidad dentro del ámbito de la Salinas Grandes y que pudiera afectar a otras comunidades allí asentadas no sería válido ni pertinente”. Y remarca la vigencia del Convenio 169 de la OIT, tratado internacional que Argentina suscribió y tiene rango supralegal, por encima del Código de Minería y Código Civil.
Las 33 comunidades de la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de la laguna de Guayatayoc y Salinas Grandes emitieron un comunicado donde aseguran que la actual legislación les da la razón, pero advierten otros caminos. “Tenemos las leyes de nuestro lado”, recuerda Flores y exhibe el amparo. Hace un silencio, pareciera pensar el peor escenario, cierra el puño y avisa: “Somos un pueblo tranquilo, pero nuestros abuelos y padres nos han enseñado de lucha. Podemos marchar hasta donde se guarda el poder político y cortar rutas. ¡Y quién sabe qué más! El territorio es todo, más que nuestra vida.”
Quieren sanciones para los delitos ambientales
Quieren sanciones para los delitos ambientales
Fecha de Publicación: 06/06/2011
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
La legisladora nacional presenta hoy un proyecto de ley para tipificar e incluir en el Código Penal los delitos que atenten contra la naturaleza.
En materia de derecho ambiental, la Conferencia de Estocolmo fue el punto de partida para que algunos países latinoamericanos comenzaran a legislar sobre protección. Pero esos esfuerzos legislativos no han sido suficientes para detener un flagelo que creció exponencialmente en detrimento de esas aspiraciones y del cuidado de la naturaleza.
La Constitución nacional consagra derechos relacionados con ello en su artículo 41, y la normativa respecto a la materia penal ambiental es dispersa.
Se estima que desde 2000 se vienen sustanciando en la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima) más de 1.200 causas por delitos ambientales, pero únicamente cinco de ellas tuvieron sentencia judicial. Sólo por la contaminación del Riachuelo, en la provincia de Buenos Aires, la unidad recibió más de 200 denuncias, de las cuales la mitad es contra curtiembres y frigoríficos que nunca fueron condenados.
En ese marco y, teniendo en cuenta que ayer se conmemoró el Día del Ambiente, la candidata a presidente por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y la diputada nacional Fernanda Reyes decidieron presentar un proyecto de ley para tipificar y penar los delitos ambientales.
Con esta última dialogó Comercio y Justicia y le pidió algunas precisiones sobre la iniciativa, que ingresa hoy a la Cámara Baja. Cabe destacar que Reyes integra la Comisión de Minería de ese cuerpo y ha presentado durante su gestión varios proyectos relacionados con la cuestión ambiental y de recursos naturales.
- Antes de elaborar el proyecto ¿cuál es el diagnóstico que hicieron sobre la situación ambiental en el país?
- El problema ambiental en Argentina es grave. El vacío legal o la dificultad a la que se enfrentan quienes tienen que investigar los delitos de índole ambiental es muy grande y ha permitido que los problemas sean cada vez mayores. Nosotros recibimos todos los días reclamos de la gente, que ve avasallados sus derechos y no sabe qué hacer.
Está claro que la cuestión no ha tenido una política de Estado y hoy se encuentra subordinada a los negocios del Ministerio de Planificación y de los gobernadores. La legislación vigente se incumple con el otorgamiento de recursos para la aplicación de las normas ambientales o se subejecutan las partidas presupuestarias.
- ¿Cuáles son los aspectos centrales del proyecto que presentarán?
- Procuramos saldar la protección indirecta que tiene el ambiente, otorgándole un capítulo exclusivo dentro del Código Penal, igual que a los delitos contra la vida o la libertad. El proyecto tipifica como delitos las acciones y obras que atenten contra el patrimonio cultural y arquitectónico, contra el ambiente y los recursos naturales. También establece sanciones para funcionarios y particulares que falseen información en las evaluaciones de impacto ambiental, y para los funcionarios públicos que autoricen obras o actividades que violen las normas ambientales vigentes. El proyecto tiene como base la normativa española, que es una de las más avanzada en lo que a delitos ambientales se refiere.
- ¿Prevén penas de prisión para quienes incumplan la normativa y pongan en riesgo la salud de la población?
- Sí, precisamente la idea es que esos delitos merezcan un castigo y una pena según sea la responsabilidad y el tipo de delito del que se trate. No obstante, esas penas, evidentemente, deberán debatirse oportunamente en la Cámara Diputados.
Fecha de Publicación: 06/06/2011
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
La legisladora nacional presenta hoy un proyecto de ley para tipificar e incluir en el Código Penal los delitos que atenten contra la naturaleza.
En materia de derecho ambiental, la Conferencia de Estocolmo fue el punto de partida para que algunos países latinoamericanos comenzaran a legislar sobre protección. Pero esos esfuerzos legislativos no han sido suficientes para detener un flagelo que creció exponencialmente en detrimento de esas aspiraciones y del cuidado de la naturaleza.
La Constitución nacional consagra derechos relacionados con ello en su artículo 41, y la normativa respecto a la materia penal ambiental es dispersa.
Se estima que desde 2000 se vienen sustanciando en la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima) más de 1.200 causas por delitos ambientales, pero únicamente cinco de ellas tuvieron sentencia judicial. Sólo por la contaminación del Riachuelo, en la provincia de Buenos Aires, la unidad recibió más de 200 denuncias, de las cuales la mitad es contra curtiembres y frigoríficos que nunca fueron condenados.
En ese marco y, teniendo en cuenta que ayer se conmemoró el Día del Ambiente, la candidata a presidente por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y la diputada nacional Fernanda Reyes decidieron presentar un proyecto de ley para tipificar y penar los delitos ambientales.
Con esta última dialogó Comercio y Justicia y le pidió algunas precisiones sobre la iniciativa, que ingresa hoy a la Cámara Baja. Cabe destacar que Reyes integra la Comisión de Minería de ese cuerpo y ha presentado durante su gestión varios proyectos relacionados con la cuestión ambiental y de recursos naturales.
- Antes de elaborar el proyecto ¿cuál es el diagnóstico que hicieron sobre la situación ambiental en el país?
- El problema ambiental en Argentina es grave. El vacío legal o la dificultad a la que se enfrentan quienes tienen que investigar los delitos de índole ambiental es muy grande y ha permitido que los problemas sean cada vez mayores. Nosotros recibimos todos los días reclamos de la gente, que ve avasallados sus derechos y no sabe qué hacer.
Está claro que la cuestión no ha tenido una política de Estado y hoy se encuentra subordinada a los negocios del Ministerio de Planificación y de los gobernadores. La legislación vigente se incumple con el otorgamiento de recursos para la aplicación de las normas ambientales o se subejecutan las partidas presupuestarias.
- ¿Cuáles son los aspectos centrales del proyecto que presentarán?
- Procuramos saldar la protección indirecta que tiene el ambiente, otorgándole un capítulo exclusivo dentro del Código Penal, igual que a los delitos contra la vida o la libertad. El proyecto tipifica como delitos las acciones y obras que atenten contra el patrimonio cultural y arquitectónico, contra el ambiente y los recursos naturales. También establece sanciones para funcionarios y particulares que falseen información en las evaluaciones de impacto ambiental, y para los funcionarios públicos que autoricen obras o actividades que violen las normas ambientales vigentes. El proyecto tiene como base la normativa española, que es una de las más avanzada en lo que a delitos ambientales se refiere.
- ¿Prevén penas de prisión para quienes incumplan la normativa y pongan en riesgo la salud de la población?
- Sí, precisamente la idea es que esos delitos merezcan un castigo y una pena según sea la responsabilidad y el tipo de delito del que se trate. No obstante, esas penas, evidentemente, deberán debatirse oportunamente en la Cámara Diputados.
Atucha cuesta tres veces más que lo previsto
Terminar Atucha cuesta tres veces más que lo previsto
Fecha de Publicación: 05/06/2011
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
Demandó US$ 2.200 millones desde que se retomó la obra en 2005. Una planta nuclear nueva cuesta unos US$ 3 mil millones.
Como sucedió con la Represa Binacional Yacyretá, la Central Nuclear Atucha II demandará casi tres décadas de construcción y mucho más presupuesto que el estimado. En el caso de la planta atómica, que como anticipó PERFIL el domingo pasado, será inaugurada por la presidenta Cristina Kirchner en septiembre, el monto se multiplicaría al menos por tres o incluso más.
En 2005, cuando surgió la idea de retomar la construcción de la central, se proyectaba un costo de US$ 700 millones para terminarla. Pero se demandaron US$ 2.200 millones para hacerlo.
La información fue confirmada por fuentes oficiales.
“Levantar una central nuclear desde cero tiene un costo que supera los US$ 3 mil millones; pero en 2006, cuando comenzaron las tareas para terminarla, la obra tenía un avance superior al 80%. Se estimó entonces menos de US$ 700 millones”, aseguraron funcionarios.
“Sin embargo, en 2010 se actualizó a US$ 2.200 millones”. Es decir que el costo de terminar Atucha II será un poco menos que el de una central nueva.
El martes último, en ocasión del Día Nacional de la Energía Atómica, se realizaron varios actos y reuniones en donde la empresa estatal NA-SA difundió información en el que se asegura que la inversión es de US$ 2.200 millones, que la obra tiene un avance de 90% y que será inaugurada en septiembre y estará operando desde 2012 (ver aparte).
Fuentes cercanas al proyecto acusan al incremento de los costos: “El cobre triplicó su precio desde 2005 a hoy de US$ 2.700 a US$ 9 mil la tonelada”, argumentó. Explicó que en los últimos meses se terminó de montar el sistema eléctrico de Atucha II, para los que se necesitaron “3 mil kilómetros de cable”, provistos por la empresa norteamericana Prysmian.
El incremento en los fondos benefició a empresas que suelen estar detrás de proyectos públicos, como Eletroingeniería, Dycasa y Iecsa. También Techint y Siemens participan de la obra. Entre todas llegaron a contratar a más de 5 mil personas, con elevados sueldos. Un soldador, por ejemplo, cobraba en 2009 unos $ 10 mil de bolsillo. “Y aún así había vacantes” sin cubrir. Por eso, NA-SA abrió una escuela dedicada a esa tarea.
Este año, además, la Autoridad Regulatoria Nuclear tendrá más de $ 40 millones adicionales de presupuesto para las tareas de revisión de la obra y habilitación.
Confirmación, por otros medios
Jorge Sidelnik gerente de NA-SA, la empresa estatal que construye Atucha II confirmó que la planta atómica será inaugurada en el mes de septiembre y sugirió que será la presidenta Cristina Kirchner la que lo hará. Así lo informó PERFIL la semana pasada, a pesar de que los funcionarios de NA-SA no respondieron los llamados de este medio.
“Pronto arrancaremos con las pruebas. Esperamos llegar a la puesta en marcha de Atucha II para el mes de septiembre de este año”, dijo Sidelnik, gerente a medios locales de Zárate y Campana, consignadas ayer por el diario El Debate.
“Estamos con muchas expectativas en la puesta en marcha de Atucha II y en este segundo semestre vamos a continuar con las pruebas”, expresó Sidelnik, quien reconoció que no obstante, la pruebas del reactor nuclear se produciría recién “a principios del año que viene”. Sugirió, además, que la primera mandataria encabezaría la inauguración, al resaltar que en realidad “es el esfuerzo de todos, más allá de quien presiona un botón o no. Esto va desde la Presidencia, el directorio hasta la última persona”.
Sidelnik dijo que hay 2 mil personas trabajando en la nueva planta y que se compró un simulador para el entrenamiento de los 500 técnicos que operarán la central cuando esté activa. También se entusiasmó con levantar la cuarta central nuclear argentina, en los predios aledaños a Atucha I y II. Para eso, el Gobierno firmó acuerdos con Rusia para construir el nuevo reactor.
Fecha de Publicación: 05/06/2011
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
Demandó US$ 2.200 millones desde que se retomó la obra en 2005. Una planta nuclear nueva cuesta unos US$ 3 mil millones.
Como sucedió con la Represa Binacional Yacyretá, la Central Nuclear Atucha II demandará casi tres décadas de construcción y mucho más presupuesto que el estimado. En el caso de la planta atómica, que como anticipó PERFIL el domingo pasado, será inaugurada por la presidenta Cristina Kirchner en septiembre, el monto se multiplicaría al menos por tres o incluso más.
En 2005, cuando surgió la idea de retomar la construcción de la central, se proyectaba un costo de US$ 700 millones para terminarla. Pero se demandaron US$ 2.200 millones para hacerlo.
La información fue confirmada por fuentes oficiales.
“Levantar una central nuclear desde cero tiene un costo que supera los US$ 3 mil millones; pero en 2006, cuando comenzaron las tareas para terminarla, la obra tenía un avance superior al 80%. Se estimó entonces menos de US$ 700 millones”, aseguraron funcionarios.
“Sin embargo, en 2010 se actualizó a US$ 2.200 millones”. Es decir que el costo de terminar Atucha II será un poco menos que el de una central nueva.
El martes último, en ocasión del Día Nacional de la Energía Atómica, se realizaron varios actos y reuniones en donde la empresa estatal NA-SA difundió información en el que se asegura que la inversión es de US$ 2.200 millones, que la obra tiene un avance de 90% y que será inaugurada en septiembre y estará operando desde 2012 (ver aparte).
Fuentes cercanas al proyecto acusan al incremento de los costos: “El cobre triplicó su precio desde 2005 a hoy de US$ 2.700 a US$ 9 mil la tonelada”, argumentó. Explicó que en los últimos meses se terminó de montar el sistema eléctrico de Atucha II, para los que se necesitaron “3 mil kilómetros de cable”, provistos por la empresa norteamericana Prysmian.
El incremento en los fondos benefició a empresas que suelen estar detrás de proyectos públicos, como Eletroingeniería, Dycasa y Iecsa. También Techint y Siemens participan de la obra. Entre todas llegaron a contratar a más de 5 mil personas, con elevados sueldos. Un soldador, por ejemplo, cobraba en 2009 unos $ 10 mil de bolsillo. “Y aún así había vacantes” sin cubrir. Por eso, NA-SA abrió una escuela dedicada a esa tarea.
Este año, además, la Autoridad Regulatoria Nuclear tendrá más de $ 40 millones adicionales de presupuesto para las tareas de revisión de la obra y habilitación.
Confirmación, por otros medios
Jorge Sidelnik gerente de NA-SA, la empresa estatal que construye Atucha II confirmó que la planta atómica será inaugurada en el mes de septiembre y sugirió que será la presidenta Cristina Kirchner la que lo hará. Así lo informó PERFIL la semana pasada, a pesar de que los funcionarios de NA-SA no respondieron los llamados de este medio.
“Pronto arrancaremos con las pruebas. Esperamos llegar a la puesta en marcha de Atucha II para el mes de septiembre de este año”, dijo Sidelnik, gerente a medios locales de Zárate y Campana, consignadas ayer por el diario El Debate.
“Estamos con muchas expectativas en la puesta en marcha de Atucha II y en este segundo semestre vamos a continuar con las pruebas”, expresó Sidelnik, quien reconoció que no obstante, la pruebas del reactor nuclear se produciría recién “a principios del año que viene”. Sugirió, además, que la primera mandataria encabezaría la inauguración, al resaltar que en realidad “es el esfuerzo de todos, más allá de quien presiona un botón o no. Esto va desde la Presidencia, el directorio hasta la última persona”.
Sidelnik dijo que hay 2 mil personas trabajando en la nueva planta y que se compró un simulador para el entrenamiento de los 500 técnicos que operarán la central cuando esté activa. También se entusiasmó con levantar la cuarta central nuclear argentina, en los predios aledaños a Atucha I y II. Para eso, el Gobierno firmó acuerdos con Rusia para construir el nuevo reactor.
Agricultura y Cambio Climático en Argentina
Frente al cambio climático se ha levantado una barrera ambiental
Fecha de Publicación: 04/06/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Los países desarrollados fijan nuevas normativas para importar alimentos que pueden perjudicar las exportaciones argentinas; proponen un estándar nacional que mida la emisión de gases
La certificación de sustentabilidad ambiental de los productos se ve hasta ahora sólo como una amenaza. Pero en breve se convertirá en una condición necesaria de acceso a los mercados desarrollados. Y ya hay varios ejemplos que empiezan a demostrarlo.
"Las exportaciones a Francia, a partir del 1° de julio de este año y para un grupo de 20 productos, debe tener el etiquetado de huella de carbono. Esto significa que algunas bodegas argentinas que exportan allí por unos 20/30 millones de dólares están en problemas", dijo Gustavo Idígoras, consultor privado y ex agregado agrícola ante la Unión Europea (UE).
Idígoras presentó días pasados un trabajo en el que advierte que el 22 por ciento de las exportaciones argentinas (que el año pasado fueron de 68.134 millones de dólares) están en riesgo por las exigencias ambientales. En diálogo con La Nacion, el consultor apuntó otro caso detectado, que fue el de una empresa que vendía arroz orgánico a Francia. "No le compran más -enfatizó Idígoras-, porque dijeron que no tenía ningún tipo de etiquetado de huella de carbono. Es un caso puntual, pero es caso paradigmático que refleja los inconvenientes que van a suceder en los próximos años."
Se suman a esta preocupación las empresas exportadoras de maíz Flint, el cereal colorado que la Argentina exporta 350.000 toneladas para la elaboración de corn flakes . "Kellog's, una de las firmas compradoras, ha establecido que para vender en Europa esta materia prima tiene que cumplir determinados estándares de sustentabilidad", agregó el consultor.
Y siguió dando ejemplos. Tesco, la cadena de supermercados más grande el Reino Unido, que tiene alrededor del 70 por ciento de las ventas del mercado minorista de alimentos y bebidas de todo el Reino Unido ya tiene 122 productos alimenticios etiquetados con huella de carbono a partir de su línea de producción propia.
En los Estados Unidos, Wallmart está haciendo lo mismo y McDonald's está empezando a pedir estas exigencias para la compra de los distintos insumos para sus hamburguesas.
En síntesis, la Argentina, como país exportador de agroalimentos, tiene la luz de alarma encendida.
Según el ex agregado agrícola los mercados con requisitos actuales de sustentabilidad son la Unión Europea (UE), los Estados Unidos, Japón y Corea. Están en riesgo con estos mercados exportaciones argentinas por 9100 millones de dólares y los rubros más afectados son:
Oleaginosos: (harina de soja y aceite) 5000 millones de dólares.
Frutas: (cítricos, manzanas y peras) 1000 millones de dólares.
Vinos: 500 millones de dólares.
Carnes vacunas: 350 millones.
Carnes aviares: 200 millones.
Lácteos: 150 millones.
Los mercados que potencialmente aplicarían requisitos son Medio Oriente, Magreb, países asiáticos (menos China e India), Sudáfrica y Chile ponen en riesgo 5700 millones de dólares de exportaciones agroalimentarias argentinas. Los rubros potencialmente más afectados son:
Maíz y harina de soja: 2000 millones de dólares.
Leche en polvo: 400 millones.
Carne vacuna: 300 millones.
Carne aviar: 200 millones.
Preocupante
La preocupación por el cambio climático va en aumento. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE) las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2) alcanzaron un record histórico en 2010. Aumentaron un 5,9% en comparación con el anterior récord que se había registrado en 2008, a 30.600 millones de toneladas métricas.
"En ese sentido, la agricultura produce actualmente el 14 por ciento de las emisiones globales anuales de gases invernadero, casi lo mismo que el transporte", consigna el estudio presentado por Idígoras.
De esa cifra la Argentina aporta sólo el 0,56 por ciento (173,8 toneladas) según la AIE. "Y según las Naciones Unidas, en la Argentina, el 41% de esas emisiones provienen del sector agrícola y ganadero, según su último informe, de 2005", recordó Raúl Roccatagliata, jefe del Instituto de Negocios Internacionales de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y director ejecutivo del Programa de Inserción Agrícola (PIA) en cuyo marco presentó Idígoras su informe.
De todas maneras el directivo sostuvo que por la manera de producir podemos decir que "no somos los grandes polucionadores".
Roccatagliata agregó que "las barreras medioambientales es lo que se viene. Es una nueva medida paraarancelarias muy complicada, por eso tenemos que empezar a hacer los deberes y trabajar con Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile y con todos los que estamos embarcados en la producción y comercio de alimentos".
A propósito, el directivo recordó los lineamientos establecidos por la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), que propuso impulsar políticas de incentivo, expandir la producción y el consumo de biocombustibles y promover las buenas prácticas agrícolas.
Según Idígoras en el mundo la metodología para medir la sustentabilidad de los productos no es homogénea, por eso hay una gran confusión. Muchos utilizan el modelo de Huella de Carbono, que mide las emisiones totales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) expresada en Dióxido de Carbono (CO2). La medición se hace no sólo en base a todos los procesos de la producción, sino también al transporte y la manera en que se desechan los residuos.
En tanto, la Argentina "tiene un desarrollo incipiente en materia de sustentabilidad ambiental y social; pocas empresas líderes aplican estándares que adoptan de terceros países para vender en determinados nichos de mercado pero no se visualiza una cultura productiva de la sustentabilidad", señaló Idígoras.
Agregó que en el país hay muchas iniciativas aisladas, "pero no existe un estándar nacional".
Al respecto, el secretario de Agricultura, Lorenzo Basso, dijo que en el país se está trabajando con la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea) y con la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) en proyecto marca país denominada Agricultura Inteligente, para mostrar al mundo las bondades de la agricultura argentinas.
El funcionario destacó que hay varios proyectos para disminuir las emisiones de GEI. "Uno de ellos es la determinación del óxido nitroso en la agricultura, que es mucho más poderoso que el dióxido de carbono. Lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Asociación de la Cadena de la soja (Acsoja), y algunas universidades nacionales."
Otros proyectos apuntan a las evaluaciones de las emisiones de gas metano en la ganadería. "Estamos iniciando trabajos, a través del observatorio de la cadena de la carne, con el cual vamos a poder evaluar con el modelo de simulación las emisiones de gas metano de los bovinos en función de los modelos de producción", agregó.
Basso, además, anunció que el 24 de junio firmará en Roma la carta orgánica de una alianza global de 30 países, impulsado por Nueva Zelanda para la investigación de gases de efecto invernadero agropecuario.
En el país ya hay iniciativas en marcha
"La Argentina cumple holgadamente con los requisitos de sustentabilidad que impone la Unión Europea (UE) en energías renovables", dijo a La Nacion el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Víctor Castro.
El ejecutivo explicó que en el caso de la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) "la Argentina utiliza como materia prima soja producida en siembra directa, con lo cual ahorra energía para laboreo".
Otro aspecto por tener en cuenta es la corta distancia entre la principal zona productora y los centros de molienda, que es de unos 250 a 300 kilómetros y consignó que los puertos por donde salen los embarques en la zona de San Lorenzo y San Martín están integrados con los centros de molienda.
"Por otro lado, según estudios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) los niveles de reducción de emisión de dióxido de carbono son de un 75% respecto del gasoil, mientras que las exigencias de la UE son del 35 por ciento", agregó Castro.
El directivo agregó que ya se ha presentado para su evaluación y aprobación en Europa la certificación que dice que el biodiésel argentino "es totalmente sustentable".
Por su parte, Sebastián Galbusera, técnico del Proyecto Ambiente de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), dijo que la entidad está desarrollando una línea de trabajo sobre el tratamiento de efluentes en el tambo.
"Tenemos un proyecto piloto en La Pampa; trabajamos con el proveedor de la tecnología y en convenios con el INTA Rafaela y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y esperamos poder implementarlo a fin de año", agregó el técnico.
"La idea es separar los sólidos y transformarlos en fertilizantes y tratar el líquido para reaprovechar el agua, que sirve para el lavado de las pistas. Como el agua no esté en contacto con el aire, la ventaja es que no hay emisión de GEI", concluyó Galbusera.
En tanto, Juliana Albertengo, responsable del área de Agricultura Certificada de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), explicó que la institución impulsa un sistema "basado en buenas prácticas agrícolas y en indicadores de gestión que tienen por objetivo certificar el proceso productivo de un establecimiento".
Agregó la técnica que el sistema se basa en la siembra directa que al no remover el suelo no libera dióxido de carbono y al utilizar menos combustible también reduce las emisiones de gases.
Para Albertengo, la Agricultura Certificada "conjuga los cuatro ejes de la sustentabilidad que muchas veces están contrapuestos: alcanzar una producción económicamente rentable para las empresas, ambientalmente sustentable, socialmente aceptada y energéticamente eficiente".
"Hasta el momento hay nueve establecimientos certificados, que están Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires y trabajamos para lograr el reconocimiento internacional", concluyó Albertengo.
Alcance global del mercado de carbono
El Protocolo de Kyoto, que expira en 2012, establece mecanismos para fomentar la reducción de las emisiones de gases
El éxito de los seguros de crédito de carbono, dependerá en gran medida de como evolucione la regulación de los mismos. Esa fue una de las principales conclusiones a las que arribó la Comisión de Cambio Climático en su primera reunión de trabajo durante la III Conferencia de la Asociación Internacional de Derecho del Seguro (AIDA, por sus siglas en francés), realizada entre el 26 y 27 de mayo pasado en esta ciudad, capital de los Países Bajos.
La Comisión de Cambio Climático de la AIDA quedó constituida formalmente en noviembre pasado, bajo la presidencia de Tim Hardy, de Inglaterra.
Los seguros de crédito de carbón son un tema de preocupación, teniendo en cuenta que el Protocolo de Kyoto expira en 2012, y no hay certeza de que sus mecanismos de enlace lo hagan sobrevivir más allá de esa fecha.
En la Unión Europea (UE), la fase 3 de los Sistema de Seguimiento de Emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) impondrá la reducción de las emisiones sobre las empresas y una regulación más estricta. Sin embargo, se encuentran algunos signos positivos.
La Unión Europea ha dejado muy claro que las emisiones vinculantes de la UE fueron el blanco y que deben resolverse mediante la aplicación de los mecanismos sugeridos por el Protocolo de Kyoto.
Los mercados de Carbono ya tienen un alcance global, extendiéndose algunos a otros sectores como la silvicultura.
Las empresas tienen en los ETS, una buena comprensión de la implicancias jurídicas y financieras sobre la regulación de los bonos de Carbono para sus negocios.
Estas se inclinan a mantener los riesgos asociados con el esquema de la misma manera que para los costos de producción y en la mayoría de los casos ni siquiera han pensado en un seguro como una solución de transferencia de riesgos.
La excepción está dada en el incremento de los costos de las coberturas y las compañías aseguradoras podrán reconsiderar si frente a las demandas masivas de los costes de compra de crédito éstas podrán responder con sus obligaciones.
La demanda específica de Carbono, está en una etapa embrionaria, en un futuro deberá competir con políticas convencionales que permitan la inclusión específica de los Certificados de Reducción de Emisiones (CER, por sus siglas en inglés ) y los ERU de cobertura (Unidad de reducción de emisión).
Solamente un fuerte aumento de los precios en el mercado de Carbono o de una pérdida demasiado grande sin seguro podrán jugar en favor de los intereses más altos en los seguros.
En el mercado de Carbono, el interés de los compradores radica en la adquisición de la protección de riesgos catastróficos.
En síntesis, los Créditos de Carbono y Seguros seguirán siendo un nicho de mercado con ventas limitadas por algún tiempo.
Los mercados seguirán siendo en gran medida de stand-by y buscan otros productos nuevos tales como la energía solar, eólica, y la tecnología de Captura y almacenamiento de Carbono (CCP, por sus siglas en inglés).
Fecha de Publicación: 04/06/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Los países desarrollados fijan nuevas normativas para importar alimentos que pueden perjudicar las exportaciones argentinas; proponen un estándar nacional que mida la emisión de gases
La certificación de sustentabilidad ambiental de los productos se ve hasta ahora sólo como una amenaza. Pero en breve se convertirá en una condición necesaria de acceso a los mercados desarrollados. Y ya hay varios ejemplos que empiezan a demostrarlo.
"Las exportaciones a Francia, a partir del 1° de julio de este año y para un grupo de 20 productos, debe tener el etiquetado de huella de carbono. Esto significa que algunas bodegas argentinas que exportan allí por unos 20/30 millones de dólares están en problemas", dijo Gustavo Idígoras, consultor privado y ex agregado agrícola ante la Unión Europea (UE).
Idígoras presentó días pasados un trabajo en el que advierte que el 22 por ciento de las exportaciones argentinas (que el año pasado fueron de 68.134 millones de dólares) están en riesgo por las exigencias ambientales. En diálogo con La Nacion, el consultor apuntó otro caso detectado, que fue el de una empresa que vendía arroz orgánico a Francia. "No le compran más -enfatizó Idígoras-, porque dijeron que no tenía ningún tipo de etiquetado de huella de carbono. Es un caso puntual, pero es caso paradigmático que refleja los inconvenientes que van a suceder en los próximos años."
Se suman a esta preocupación las empresas exportadoras de maíz Flint, el cereal colorado que la Argentina exporta 350.000 toneladas para la elaboración de corn flakes . "Kellog's, una de las firmas compradoras, ha establecido que para vender en Europa esta materia prima tiene que cumplir determinados estándares de sustentabilidad", agregó el consultor.
Y siguió dando ejemplos. Tesco, la cadena de supermercados más grande el Reino Unido, que tiene alrededor del 70 por ciento de las ventas del mercado minorista de alimentos y bebidas de todo el Reino Unido ya tiene 122 productos alimenticios etiquetados con huella de carbono a partir de su línea de producción propia.
En los Estados Unidos, Wallmart está haciendo lo mismo y McDonald's está empezando a pedir estas exigencias para la compra de los distintos insumos para sus hamburguesas.
En síntesis, la Argentina, como país exportador de agroalimentos, tiene la luz de alarma encendida.
Según el ex agregado agrícola los mercados con requisitos actuales de sustentabilidad son la Unión Europea (UE), los Estados Unidos, Japón y Corea. Están en riesgo con estos mercados exportaciones argentinas por 9100 millones de dólares y los rubros más afectados son:
Oleaginosos: (harina de soja y aceite) 5000 millones de dólares.
Frutas: (cítricos, manzanas y peras) 1000 millones de dólares.
Vinos: 500 millones de dólares.
Carnes vacunas: 350 millones.
Carnes aviares: 200 millones.
Lácteos: 150 millones.
Los mercados que potencialmente aplicarían requisitos son Medio Oriente, Magreb, países asiáticos (menos China e India), Sudáfrica y Chile ponen en riesgo 5700 millones de dólares de exportaciones agroalimentarias argentinas. Los rubros potencialmente más afectados son:
Maíz y harina de soja: 2000 millones de dólares.
Leche en polvo: 400 millones.
Carne vacuna: 300 millones.
Carne aviar: 200 millones.
Preocupante
La preocupación por el cambio climático va en aumento. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE) las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2) alcanzaron un record histórico en 2010. Aumentaron un 5,9% en comparación con el anterior récord que se había registrado en 2008, a 30.600 millones de toneladas métricas.
"En ese sentido, la agricultura produce actualmente el 14 por ciento de las emisiones globales anuales de gases invernadero, casi lo mismo que el transporte", consigna el estudio presentado por Idígoras.
De esa cifra la Argentina aporta sólo el 0,56 por ciento (173,8 toneladas) según la AIE. "Y según las Naciones Unidas, en la Argentina, el 41% de esas emisiones provienen del sector agrícola y ganadero, según su último informe, de 2005", recordó Raúl Roccatagliata, jefe del Instituto de Negocios Internacionales de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y director ejecutivo del Programa de Inserción Agrícola (PIA) en cuyo marco presentó Idígoras su informe.
De todas maneras el directivo sostuvo que por la manera de producir podemos decir que "no somos los grandes polucionadores".
Roccatagliata agregó que "las barreras medioambientales es lo que se viene. Es una nueva medida paraarancelarias muy complicada, por eso tenemos que empezar a hacer los deberes y trabajar con Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile y con todos los que estamos embarcados en la producción y comercio de alimentos".
A propósito, el directivo recordó los lineamientos establecidos por la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), que propuso impulsar políticas de incentivo, expandir la producción y el consumo de biocombustibles y promover las buenas prácticas agrícolas.
Según Idígoras en el mundo la metodología para medir la sustentabilidad de los productos no es homogénea, por eso hay una gran confusión. Muchos utilizan el modelo de Huella de Carbono, que mide las emisiones totales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) expresada en Dióxido de Carbono (CO2). La medición se hace no sólo en base a todos los procesos de la producción, sino también al transporte y la manera en que se desechan los residuos.
En tanto, la Argentina "tiene un desarrollo incipiente en materia de sustentabilidad ambiental y social; pocas empresas líderes aplican estándares que adoptan de terceros países para vender en determinados nichos de mercado pero no se visualiza una cultura productiva de la sustentabilidad", señaló Idígoras.
Agregó que en el país hay muchas iniciativas aisladas, "pero no existe un estándar nacional".
Al respecto, el secretario de Agricultura, Lorenzo Basso, dijo que en el país se está trabajando con la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea) y con la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) en proyecto marca país denominada Agricultura Inteligente, para mostrar al mundo las bondades de la agricultura argentinas.
El funcionario destacó que hay varios proyectos para disminuir las emisiones de GEI. "Uno de ellos es la determinación del óxido nitroso en la agricultura, que es mucho más poderoso que el dióxido de carbono. Lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Asociación de la Cadena de la soja (Acsoja), y algunas universidades nacionales."
Otros proyectos apuntan a las evaluaciones de las emisiones de gas metano en la ganadería. "Estamos iniciando trabajos, a través del observatorio de la cadena de la carne, con el cual vamos a poder evaluar con el modelo de simulación las emisiones de gas metano de los bovinos en función de los modelos de producción", agregó.
Basso, además, anunció que el 24 de junio firmará en Roma la carta orgánica de una alianza global de 30 países, impulsado por Nueva Zelanda para la investigación de gases de efecto invernadero agropecuario.
En el país ya hay iniciativas en marcha
"La Argentina cumple holgadamente con los requisitos de sustentabilidad que impone la Unión Europea (UE) en energías renovables", dijo a La Nacion el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Víctor Castro.
El ejecutivo explicó que en el caso de la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) "la Argentina utiliza como materia prima soja producida en siembra directa, con lo cual ahorra energía para laboreo".
Otro aspecto por tener en cuenta es la corta distancia entre la principal zona productora y los centros de molienda, que es de unos 250 a 300 kilómetros y consignó que los puertos por donde salen los embarques en la zona de San Lorenzo y San Martín están integrados con los centros de molienda.
"Por otro lado, según estudios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) los niveles de reducción de emisión de dióxido de carbono son de un 75% respecto del gasoil, mientras que las exigencias de la UE son del 35 por ciento", agregó Castro.
El directivo agregó que ya se ha presentado para su evaluación y aprobación en Europa la certificación que dice que el biodiésel argentino "es totalmente sustentable".
Por su parte, Sebastián Galbusera, técnico del Proyecto Ambiente de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), dijo que la entidad está desarrollando una línea de trabajo sobre el tratamiento de efluentes en el tambo.
"Tenemos un proyecto piloto en La Pampa; trabajamos con el proveedor de la tecnología y en convenios con el INTA Rafaela y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y esperamos poder implementarlo a fin de año", agregó el técnico.
"La idea es separar los sólidos y transformarlos en fertilizantes y tratar el líquido para reaprovechar el agua, que sirve para el lavado de las pistas. Como el agua no esté en contacto con el aire, la ventaja es que no hay emisión de GEI", concluyó Galbusera.
En tanto, Juliana Albertengo, responsable del área de Agricultura Certificada de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), explicó que la institución impulsa un sistema "basado en buenas prácticas agrícolas y en indicadores de gestión que tienen por objetivo certificar el proceso productivo de un establecimiento".
Agregó la técnica que el sistema se basa en la siembra directa que al no remover el suelo no libera dióxido de carbono y al utilizar menos combustible también reduce las emisiones de gases.
Para Albertengo, la Agricultura Certificada "conjuga los cuatro ejes de la sustentabilidad que muchas veces están contrapuestos: alcanzar una producción económicamente rentable para las empresas, ambientalmente sustentable, socialmente aceptada y energéticamente eficiente".
"Hasta el momento hay nueve establecimientos certificados, que están Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires y trabajamos para lograr el reconocimiento internacional", concluyó Albertengo.
Alcance global del mercado de carbono
El Protocolo de Kyoto, que expira en 2012, establece mecanismos para fomentar la reducción de las emisiones de gases
El éxito de los seguros de crédito de carbono, dependerá en gran medida de como evolucione la regulación de los mismos. Esa fue una de las principales conclusiones a las que arribó la Comisión de Cambio Climático en su primera reunión de trabajo durante la III Conferencia de la Asociación Internacional de Derecho del Seguro (AIDA, por sus siglas en francés), realizada entre el 26 y 27 de mayo pasado en esta ciudad, capital de los Países Bajos.
La Comisión de Cambio Climático de la AIDA quedó constituida formalmente en noviembre pasado, bajo la presidencia de Tim Hardy, de Inglaterra.
Los seguros de crédito de carbón son un tema de preocupación, teniendo en cuenta que el Protocolo de Kyoto expira en 2012, y no hay certeza de que sus mecanismos de enlace lo hagan sobrevivir más allá de esa fecha.
En la Unión Europea (UE), la fase 3 de los Sistema de Seguimiento de Emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) impondrá la reducción de las emisiones sobre las empresas y una regulación más estricta. Sin embargo, se encuentran algunos signos positivos.
La Unión Europea ha dejado muy claro que las emisiones vinculantes de la UE fueron el blanco y que deben resolverse mediante la aplicación de los mecanismos sugeridos por el Protocolo de Kyoto.
Los mercados de Carbono ya tienen un alcance global, extendiéndose algunos a otros sectores como la silvicultura.
Las empresas tienen en los ETS, una buena comprensión de la implicancias jurídicas y financieras sobre la regulación de los bonos de Carbono para sus negocios.
Estas se inclinan a mantener los riesgos asociados con el esquema de la misma manera que para los costos de producción y en la mayoría de los casos ni siquiera han pensado en un seguro como una solución de transferencia de riesgos.
La excepción está dada en el incremento de los costos de las coberturas y las compañías aseguradoras podrán reconsiderar si frente a las demandas masivas de los costes de compra de crédito éstas podrán responder con sus obligaciones.
La demanda específica de Carbono, está en una etapa embrionaria, en un futuro deberá competir con políticas convencionales que permitan la inclusión específica de los Certificados de Reducción de Emisiones (CER, por sus siglas en inglés ) y los ERU de cobertura (Unidad de reducción de emisión).
Solamente un fuerte aumento de los precios en el mercado de Carbono o de una pérdida demasiado grande sin seguro podrán jugar en favor de los intereses más altos en los seguros.
En el mercado de Carbono, el interés de los compradores radica en la adquisición de la protección de riesgos catastróficos.
En síntesis, los Créditos de Carbono y Seguros seguirán siendo un nicho de mercado con ventas limitadas por algún tiempo.
Los mercados seguirán siendo en gran medida de stand-by y buscan otros productos nuevos tales como la energía solar, eólica, y la tecnología de Captura y almacenamiento de Carbono (CCP, por sus siglas en inglés).
Patagonia, modelo en energía renovable
Proyectos de energía renovable en la Patagonia buscan ser modelo internacional
Fecha de Publicación: 03/06/2011
Fuente: BBC
Provincia/Región: Patagonia
Dos comunidades aisladas de la Patagonia argentina podrían ayudar a pensar en modelos para una meta de escala global: llevar energía a los cerca de 2.500 millones de personas en el mundo que tienen accesso nulo o escaso a electricidad.
Las principales empresas de electricidad del mundo –que integran un grupo denominado E8- aprobaron esta semana en Nueva York financiar proyectos de energía renovable en las localidades de Chorriaca y Coyuco-Cochico, en la provincia de Neuquén, en el sur de Argentina.
La idea es llevar a la práctica un modelo de coparticipación de la iniciativa pública y privada, que pueda replicarse en otras partes del mundo.
La empresa estadounidense Duke Energy, que ya tiene inversiones en la región e integra el E8, será la encargada de instalar turbinas eólicas en Chorriaca y construir una microcentral hidroeléctrica en Coyuco-Cochico.
Aislados
Las localidas elegidas son comunidades de indígenas mapuches, con cerca de 500 habitantes cada una, y se dedican fundamentalmente a la cría de ovejas. Son atendidas actualmente por la empresa de energía de Neuquén, EPEN, y cuentan con un servicio de electricidad discontinuo, con base en generadores que funcionan con diesel.
"El combustible debe ser transportado por camión por más de 70 kms en el caso de Chorriaca. Estamos en los Andes, donde hace mucho frío en invierno y la falta de refrigeración industrial también impacta en su fuente de vida", explicó a BBC Mundo, José Tierno, gerente de desarrollo de negocios de Duke Energy Argentina y director del proyecto.
"En Coyuco-Cochico la distancia es más extrema. Están a 80 kms de la ruta pavimentada que tiene una topadora de la dirección provincial. Es la única máquina que hay, en el invierno el camino se deteriora tanto que quedan aislados durante un mes y la única manera de salir es a caballo."
En esta localidad Duke Energy construirá una microcentral hidroeléctrica en un río a tres kilómetros del pueblo. En el caso de Chorriaca, donde el EPEN ya venía realizando prospecciones eólicas y hay una torre de medición de viento, se instalarán aerogeneradores eólicos que funcionarán en combinación con los generadores diesel para proveer energía las 24 horas.
El modelo
El E8 financiará el proyecto y Duke Energy construirá los aerogeneradores y la microcentral, entrenando a personal de la empresa local, EPEN, que operará las nuevas instalaciones.
La empresa privada aporta así la inversión inicial y el conocimiento técnico. El ahorro en el costo de proveer energía es lo que hace posible a la empresa local repagar la inversión, aunque en este caso, para impulsar el modelo, el E8 decidió que sea reinvertido en otros proyectos de energía renovable en la provincia. "Si eso no sucede, EPEN tiene la obligación de devolver el capital", señala Tierno.
"Una de las razones por las que elegimos Argentina es que ya tenemos personal en el terreno", explicó a BBC Mundo John Stow, vicepresidente de energía y políticas ambientales de Duke Energy, quien confía en que el modelo es replicable.
"Es importante entender que las compañías que forman el E8 creen que el cambio climático es real, causado en parte por el hombre, y que el sector puede ayudar a reducir las emisiones de CO2 cumpliendo al mismo tiempo su objetivo de llevar electricidad a todos en el planeta".
La empresa provincial coincide en los potenciales beneficios. "Este es un modelo que puede replicarse desde dos aspectos: la asociación entre empresas privadas y públicas para dar soluciones a la gente, y por otro lado, la aplicación de tecnologías renovables de pequeña escala", dijo a BBC Mundo Francisco Zambón, gerente de planeamiento de EPEN.
"Dentro del proyecto se prevé la capacitación de nuestro personal operativo para hacerse cargo de la operación y mantenimiento, y será una forma práctica de generar nuevos proyectos similares, una vez que el mismo personal se convenza de los beneficios de su aplicación".
Los proyectos en la Patagonia tienen un costo aproximado de US$2,5 millones. Está previsto que la construcción de los aerogeneradores y la microcentral hidroeléctrica concluya a fines de 2012.
Fecha de Publicación: 03/06/2011
Fuente: BBC
Provincia/Región: Patagonia
Dos comunidades aisladas de la Patagonia argentina podrían ayudar a pensar en modelos para una meta de escala global: llevar energía a los cerca de 2.500 millones de personas en el mundo que tienen accesso nulo o escaso a electricidad.
Las principales empresas de electricidad del mundo –que integran un grupo denominado E8- aprobaron esta semana en Nueva York financiar proyectos de energía renovable en las localidades de Chorriaca y Coyuco-Cochico, en la provincia de Neuquén, en el sur de Argentina.
La idea es llevar a la práctica un modelo de coparticipación de la iniciativa pública y privada, que pueda replicarse en otras partes del mundo.
La empresa estadounidense Duke Energy, que ya tiene inversiones en la región e integra el E8, será la encargada de instalar turbinas eólicas en Chorriaca y construir una microcentral hidroeléctrica en Coyuco-Cochico.
Aislados
Las localidas elegidas son comunidades de indígenas mapuches, con cerca de 500 habitantes cada una, y se dedican fundamentalmente a la cría de ovejas. Son atendidas actualmente por la empresa de energía de Neuquén, EPEN, y cuentan con un servicio de electricidad discontinuo, con base en generadores que funcionan con diesel.
"El combustible debe ser transportado por camión por más de 70 kms en el caso de Chorriaca. Estamos en los Andes, donde hace mucho frío en invierno y la falta de refrigeración industrial también impacta en su fuente de vida", explicó a BBC Mundo, José Tierno, gerente de desarrollo de negocios de Duke Energy Argentina y director del proyecto.
"En Coyuco-Cochico la distancia es más extrema. Están a 80 kms de la ruta pavimentada que tiene una topadora de la dirección provincial. Es la única máquina que hay, en el invierno el camino se deteriora tanto que quedan aislados durante un mes y la única manera de salir es a caballo."
En esta localidad Duke Energy construirá una microcentral hidroeléctrica en un río a tres kilómetros del pueblo. En el caso de Chorriaca, donde el EPEN ya venía realizando prospecciones eólicas y hay una torre de medición de viento, se instalarán aerogeneradores eólicos que funcionarán en combinación con los generadores diesel para proveer energía las 24 horas.
El modelo
El E8 financiará el proyecto y Duke Energy construirá los aerogeneradores y la microcentral, entrenando a personal de la empresa local, EPEN, que operará las nuevas instalaciones.
La empresa privada aporta así la inversión inicial y el conocimiento técnico. El ahorro en el costo de proveer energía es lo que hace posible a la empresa local repagar la inversión, aunque en este caso, para impulsar el modelo, el E8 decidió que sea reinvertido en otros proyectos de energía renovable en la provincia. "Si eso no sucede, EPEN tiene la obligación de devolver el capital", señala Tierno.
"Una de las razones por las que elegimos Argentina es que ya tenemos personal en el terreno", explicó a BBC Mundo John Stow, vicepresidente de energía y políticas ambientales de Duke Energy, quien confía en que el modelo es replicable.
"Es importante entender que las compañías que forman el E8 creen que el cambio climático es real, causado en parte por el hombre, y que el sector puede ayudar a reducir las emisiones de CO2 cumpliendo al mismo tiempo su objetivo de llevar electricidad a todos en el planeta".
La empresa provincial coincide en los potenciales beneficios. "Este es un modelo que puede replicarse desde dos aspectos: la asociación entre empresas privadas y públicas para dar soluciones a la gente, y por otro lado, la aplicación de tecnologías renovables de pequeña escala", dijo a BBC Mundo Francisco Zambón, gerente de planeamiento de EPEN.
"Dentro del proyecto se prevé la capacitación de nuestro personal operativo para hacerse cargo de la operación y mantenimiento, y será una forma práctica de generar nuevos proyectos similares, una vez que el mismo personal se convenza de los beneficios de su aplicación".
Los proyectos en la Patagonia tienen un costo aproximado de US$2,5 millones. Está previsto que la construcción de los aerogeneradores y la microcentral hidroeléctrica concluya a fines de 2012.
Cuenca Salí-Dulce: Ya se atajan por las dudas...
Gassenbauer: “Frenar la contaminación requiere una gran inversión y tiempo”
Fecha de Publicación: 03/06/2011
Fuente: El Diario 24
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
El ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, Jorge Gassenbauer, se refirió al problema del daño al medio ambiente que generan las industrias tucumanas contaminando los ríos tributarios de la Cuenca Salí-Dulce y sostuvo que “para frenar la contaminación hace falta una gran inversión que lleva mucho tiempo”. Además, ratificó que 2011 será un año récord para la zafra.
"El dique El Frontal también es de los tucumanos. Es santiagueño para el turismo y es tucumano por las grandes extensiones de tierra que ocupa en nuestra provincia. Nos interesa el dique, nos interesan las Termas de Río Hondo y el turismo del Norte", señaló el funcionario durante una entrevista con el diario El Siglo.
Asimismo, Gassenbauer aseguró que el Gobierno y los ingenios asumieron compromisos para realizar las inversiones y poner en marcha todas las acciones necesarias para dejar de arrojar vinaza a la cuenca Salí Dulce.
Con respecto a las inversiones que debería realizar los ingenios para dejar de contaminar con vinaza, señaló: “Se necesitan grandes extensiones de tierra y tecnología. Estamos adoptando como primera medida un programa piloto al que accedieron cuatro ingenios, a través del PRI (Plan de Reconversión Industrial), que consiste en la construcción de vinazoductos para trasladar la vinaza a terrenos salinos-sódicos para su tratamiento”.
En relación a la zafra 2011, el funcionario tucumano se mostró optimista y coincidió con el informe de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC). “Es un trabajo serio el que se ha realizado desde la EEAOC. Hay 18.000 hectáreas más sembradas con caña en la provincia, lo que representa un 8 por ciento de crecimiento en el área de cultivo (en comparación con 2010). También hay una mejora en el rendimiento industrial porque los ingenios hicieron esfuerzos y tuvimos un año climáticamente muy bueno, por lo que si no se presenta un fenómeno como una helada severa, creemos que se alcanzará una cifra superior a las 1.500.000 toneladas”, indicó.
Por último, sentenció que el gran desafío que posee la actividad es que “se trabaje para que este crecimiento sea sustentable y que el buen momento que atraviesa la industria vaya acompañado de una buena gestión en el tema ambiental”.
Fecha de Publicación: 03/06/2011
Fuente: El Diario 24
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
El ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, Jorge Gassenbauer, se refirió al problema del daño al medio ambiente que generan las industrias tucumanas contaminando los ríos tributarios de la Cuenca Salí-Dulce y sostuvo que “para frenar la contaminación hace falta una gran inversión que lleva mucho tiempo”. Además, ratificó que 2011 será un año récord para la zafra.
"El dique El Frontal también es de los tucumanos. Es santiagueño para el turismo y es tucumano por las grandes extensiones de tierra que ocupa en nuestra provincia. Nos interesa el dique, nos interesan las Termas de Río Hondo y el turismo del Norte", señaló el funcionario durante una entrevista con el diario El Siglo.
Asimismo, Gassenbauer aseguró que el Gobierno y los ingenios asumieron compromisos para realizar las inversiones y poner en marcha todas las acciones necesarias para dejar de arrojar vinaza a la cuenca Salí Dulce.
Con respecto a las inversiones que debería realizar los ingenios para dejar de contaminar con vinaza, señaló: “Se necesitan grandes extensiones de tierra y tecnología. Estamos adoptando como primera medida un programa piloto al que accedieron cuatro ingenios, a través del PRI (Plan de Reconversión Industrial), que consiste en la construcción de vinazoductos para trasladar la vinaza a terrenos salinos-sódicos para su tratamiento”.
En relación a la zafra 2011, el funcionario tucumano se mostró optimista y coincidió con el informe de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC). “Es un trabajo serio el que se ha realizado desde la EEAOC. Hay 18.000 hectáreas más sembradas con caña en la provincia, lo que representa un 8 por ciento de crecimiento en el área de cultivo (en comparación con 2010). También hay una mejora en el rendimiento industrial porque los ingenios hicieron esfuerzos y tuvimos un año climáticamente muy bueno, por lo que si no se presenta un fenómeno como una helada severa, creemos que se alcanzará una cifra superior a las 1.500.000 toneladas”, indicó.
Por último, sentenció que el gran desafío que posee la actividad es que “se trabaje para que este crecimiento sea sustentable y que el buen momento que atraviesa la industria vaya acompañado de una buena gestión en el tema ambiental”.
Justicia a favor de pueblos originarios
Justicia detiene proyectos extractivos en territorios indígenas
Fecha de Publicación: 02/06/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
En lo que va del año dos fallos judiciales argentinos han destacado la obligatoriedad de la consulta previa a cualquier acto legislativo o administrativo que afecte a los pueblos indígenas.
Las sentencias de un Juzgado de Primera Instancia y del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la sureña provincia de Neuquén, que atañen a las comunidades mapuche Huenctru Trawel Leufú y Mellao Morales, cobran relevancia en Argentina, donde son contadas las resoluciones judiciales en ese sentido y la consulta no está instalada como una práctica del Estado. Los dictámenes traban el desarrollo de dos proyectos extractivos: uno hidrocarburífero y otro de minería metalífera.
En febrero, el juez Mario Tommasi, del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de la ciudad neuquina de Cutral Co, rechazó un recurso de amparo presentado en el 2007 por Petrolera Piedra del Águila, de capitales nacionales. A través de esta medida la empresa pretendía que se garantizara su ingreso a los yacimientos Los Leones, Umbral y Ramos Mexía, que era impedido por la comunidad mapuche Huenctru Trawel Leufú, ya que están en su territorio.
A pesar de los decretos del gobierno provincial 1271/97, 4716/99 y 0278/07 que habilitaban a la compañía, el magistrado rechazó la acción porque se pretendía entrar a territorio indígena sin haberse "demostrado el cumplimiento cabal y adecuado de los procedimientos de consulta y participación" prescriptos por el artículo 75 de la Constitución Nacional (con las especificaciones contenidas en los artículos 6, 7 y 15, Convenio 169 sobre Pueblos Indígena y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por la ley 24.071) así como por el Art. 53 de la Constitución Provincial, y por los Arts. 10, 19, 29 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
"Es la primera vez que se reconoce el Convenio 169 con la amplitud que tiene, [y que se] cita la Declaración de las Naciones Unidas; es un fallo que se ajusta totalmente a los derechos de los pueblos indígenas", afirmó Juan Manuel Salgado, abogado de la comunidad Huenctru Trawel Leufú y director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. Además, subrayó que "a primera vista, [la sentencia] justifica que la comunidad no haya dejado entrar a la petrolera".
La decisión de "resguardar el territorio" les costó a los comuneros no sólo la apertura de varias causas penales, sino que además fueron objeto de atentados incendiarios y durante cuatro años sufrieron el hostigamiento de fuerzas de seguridad y civiles.
Tribunal respalda a los mapuche
La comunidad Mellao Morales inició en el 2008 un juicio para que se anule el contrato entre Corporación Minera Neuquina (CORMINE) —sociedad del Estado provincial— y la compañía china Emprendimientos Mineros. En la demanda aseguró que el acuerdo que otorga a la firma asiática la explotación de un yacimiento diseminado de cobre en territorio indígena viola la legislación indígena y ambiental. Además presentó una medida cautelar para que se paralice el proyecto extractivo hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La jueza de primera instancia Paula Stanislavski, del Juzgado Nº 1 de Neuquén, se declaró incompetente y derivó la causa al STJ. El 28 de setiembre del 2009 el máximo tribunal de la provincia devolvió la causa al juzgado de origen, pero antes resolvió a favor de los mapuche la medida cautelar ajustándose al Convenio 169 de OIT "que protege el derecho a la existencia colectiva, a la identidad cultural, a la propia institucionalidad y el derecho a la participación. En especial, en lo que ha sido erigido como sustento del pedido cautelar, nos remitimos al texto de los arts. 6.1.a, 6.2 y 15 —Derecho de consulta".
La Fiscalía de Estado de Neuquén y CORMINE apelaron y el 29 de marzo el Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso y ratificó los argumentos de su anterior decisión. En tanto, continúa el juicio por la nulidad del contrato.
"Estos fallos son excepcionales, creo que de jueces que se han salido un poco de la lógica y de la letra del Poder Judicial. Por eso hoy puede ocurrir que esto tenga un efecto contagio o de pronto sean hechos aislados. Obviamente atrás está toda la movilización de los pueblos indígenas que ya no aceptamos que mega-emprendimientos entren alegremente a nuestros territorios", destacó Jorge Nahuel, werken [vocero] de la Confederación Mapuche Neuquina (CMN) y lonko [autoridad política] de la comunidad Nehuén Mapu.
"¡Diez años para que el Poder Judicial pueda entender que es urgente y es justo aplicar este principio del derecho a la consulta!", subrayó, resaltando la década transcurrida desde la ratificación del Convenio 169 de la OIT por el Estado argentino, en julio del 2000.
Por su parte, Silvina Ramírez, presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Indígena, enfatizó que además del valor estrictamente jurídico, ambos fallos tienen particular relevancia por haber sido dictados en tribunales de Neuquén, "donde la tensión entre Estado y pueblos originarios es evidente y la relación siempre ha sido muy traumática".
En tanto, Elena Picasso, abogada de la comunidad Mellao Morales e integrante del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) de la Iglesia Católica, subrayó: "Estamos en un nivel donde hay un cierto reconocimiento mayor de los derechos indígenas a través del Tribunal Superior, que va marcando una visión diferente".
Salgado, empero, manifestó sus reparos ante esa afirmación y señaló que en recientes fallos el STJ desestimó la legislación indígena. Como ejemplo mencionó que en noviembre del 2010 el máximo tribunal provincial rechazó el pedido de inconstitucionalidad por la creación en 2004 del municipio de Villa Pehuenia, erigido de manera inconsulta sobre territorio de tres comunidades mapuche.
Concesiones petroleras objetadas
En el 2007 el Poder Ejecutivo provincial otorgó las áreas Laguna Blanca y Zapala a las petroleras Pluspetrol y Enarsa, decisión que afectó el territorio de 14 comunidades mapuche. Actualmente está en funcionamiento una mesa de negociación entre Pluspetrol y la CMN, donde se discute la implementación de una forma de consulta a implementarse por ambas partes.
En ese sentido la werken Relmu Ñanku explicó que "sería algo básico para lo que puede ser después una consulta realmente en el marco legal, que es a través del Estado".
Nahuel resaltó que "el marco vigente dice que el Estado, antes de aprobar o entrar en estudio un posible proyecto que afecte territorio indígena, debe realizar un proceso de consulta. Acá es al revés, entrega la concesión y después obliga a que sea la empresa la que negocia con la comunidad, y el principal responsable de esta situación, que es el Estado, comúnmente se ofrece a mediar".
Al igual que Neuquén, la provincia de Río Negro, en el marco del Plan exploratorio hidrocarburífero provincial 2006-2007, licitó 14 áreas en territorio mapuche sin implementar mecanismos de consulta. En julio del 2008 la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro —en consonancia con el Consejo Asesor Indígena de esa provincia, organización del pueblo mapuche— denunció la situación ante la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT. En el informe del 2009 la CEACR lamentó no haber recibido del gobierno argentino la información requerida sobre el caso y lo instó a que en la provincia se garanticen las formas de consulta y participación.
Fecha de Publicación: 02/06/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
En lo que va del año dos fallos judiciales argentinos han destacado la obligatoriedad de la consulta previa a cualquier acto legislativo o administrativo que afecte a los pueblos indígenas.
Las sentencias de un Juzgado de Primera Instancia y del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la sureña provincia de Neuquén, que atañen a las comunidades mapuche Huenctru Trawel Leufú y Mellao Morales, cobran relevancia en Argentina, donde son contadas las resoluciones judiciales en ese sentido y la consulta no está instalada como una práctica del Estado. Los dictámenes traban el desarrollo de dos proyectos extractivos: uno hidrocarburífero y otro de minería metalífera.
En febrero, el juez Mario Tommasi, del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de la ciudad neuquina de Cutral Co, rechazó un recurso de amparo presentado en el 2007 por Petrolera Piedra del Águila, de capitales nacionales. A través de esta medida la empresa pretendía que se garantizara su ingreso a los yacimientos Los Leones, Umbral y Ramos Mexía, que era impedido por la comunidad mapuche Huenctru Trawel Leufú, ya que están en su territorio.
A pesar de los decretos del gobierno provincial 1271/97, 4716/99 y 0278/07 que habilitaban a la compañía, el magistrado rechazó la acción porque se pretendía entrar a territorio indígena sin haberse "demostrado el cumplimiento cabal y adecuado de los procedimientos de consulta y participación" prescriptos por el artículo 75 de la Constitución Nacional (con las especificaciones contenidas en los artículos 6, 7 y 15, Convenio 169 sobre Pueblos Indígena y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por la ley 24.071) así como por el Art. 53 de la Constitución Provincial, y por los Arts. 10, 19, 29 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
"Es la primera vez que se reconoce el Convenio 169 con la amplitud que tiene, [y que se] cita la Declaración de las Naciones Unidas; es un fallo que se ajusta totalmente a los derechos de los pueblos indígenas", afirmó Juan Manuel Salgado, abogado de la comunidad Huenctru Trawel Leufú y director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. Además, subrayó que "a primera vista, [la sentencia] justifica que la comunidad no haya dejado entrar a la petrolera".
La decisión de "resguardar el territorio" les costó a los comuneros no sólo la apertura de varias causas penales, sino que además fueron objeto de atentados incendiarios y durante cuatro años sufrieron el hostigamiento de fuerzas de seguridad y civiles.
Tribunal respalda a los mapuche
La comunidad Mellao Morales inició en el 2008 un juicio para que se anule el contrato entre Corporación Minera Neuquina (CORMINE) —sociedad del Estado provincial— y la compañía china Emprendimientos Mineros. En la demanda aseguró que el acuerdo que otorga a la firma asiática la explotación de un yacimiento diseminado de cobre en territorio indígena viola la legislación indígena y ambiental. Además presentó una medida cautelar para que se paralice el proyecto extractivo hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La jueza de primera instancia Paula Stanislavski, del Juzgado Nº 1 de Neuquén, se declaró incompetente y derivó la causa al STJ. El 28 de setiembre del 2009 el máximo tribunal de la provincia devolvió la causa al juzgado de origen, pero antes resolvió a favor de los mapuche la medida cautelar ajustándose al Convenio 169 de OIT "que protege el derecho a la existencia colectiva, a la identidad cultural, a la propia institucionalidad y el derecho a la participación. En especial, en lo que ha sido erigido como sustento del pedido cautelar, nos remitimos al texto de los arts. 6.1.a, 6.2 y 15 —Derecho de consulta".
La Fiscalía de Estado de Neuquén y CORMINE apelaron y el 29 de marzo el Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso y ratificó los argumentos de su anterior decisión. En tanto, continúa el juicio por la nulidad del contrato.
"Estos fallos son excepcionales, creo que de jueces que se han salido un poco de la lógica y de la letra del Poder Judicial. Por eso hoy puede ocurrir que esto tenga un efecto contagio o de pronto sean hechos aislados. Obviamente atrás está toda la movilización de los pueblos indígenas que ya no aceptamos que mega-emprendimientos entren alegremente a nuestros territorios", destacó Jorge Nahuel, werken [vocero] de la Confederación Mapuche Neuquina (CMN) y lonko [autoridad política] de la comunidad Nehuén Mapu.
"¡Diez años para que el Poder Judicial pueda entender que es urgente y es justo aplicar este principio del derecho a la consulta!", subrayó, resaltando la década transcurrida desde la ratificación del Convenio 169 de la OIT por el Estado argentino, en julio del 2000.
Por su parte, Silvina Ramírez, presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Indígena, enfatizó que además del valor estrictamente jurídico, ambos fallos tienen particular relevancia por haber sido dictados en tribunales de Neuquén, "donde la tensión entre Estado y pueblos originarios es evidente y la relación siempre ha sido muy traumática".
En tanto, Elena Picasso, abogada de la comunidad Mellao Morales e integrante del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) de la Iglesia Católica, subrayó: "Estamos en un nivel donde hay un cierto reconocimiento mayor de los derechos indígenas a través del Tribunal Superior, que va marcando una visión diferente".
Salgado, empero, manifestó sus reparos ante esa afirmación y señaló que en recientes fallos el STJ desestimó la legislación indígena. Como ejemplo mencionó que en noviembre del 2010 el máximo tribunal provincial rechazó el pedido de inconstitucionalidad por la creación en 2004 del municipio de Villa Pehuenia, erigido de manera inconsulta sobre territorio de tres comunidades mapuche.
Concesiones petroleras objetadas
En el 2007 el Poder Ejecutivo provincial otorgó las áreas Laguna Blanca y Zapala a las petroleras Pluspetrol y Enarsa, decisión que afectó el territorio de 14 comunidades mapuche. Actualmente está en funcionamiento una mesa de negociación entre Pluspetrol y la CMN, donde se discute la implementación de una forma de consulta a implementarse por ambas partes.
En ese sentido la werken Relmu Ñanku explicó que "sería algo básico para lo que puede ser después una consulta realmente en el marco legal, que es a través del Estado".
Nahuel resaltó que "el marco vigente dice que el Estado, antes de aprobar o entrar en estudio un posible proyecto que afecte territorio indígena, debe realizar un proceso de consulta. Acá es al revés, entrega la concesión y después obliga a que sea la empresa la que negocia con la comunidad, y el principal responsable de esta situación, que es el Estado, comúnmente se ofrece a mediar".
Al igual que Neuquén, la provincia de Río Negro, en el marco del Plan exploratorio hidrocarburífero provincial 2006-2007, licitó 14 áreas en territorio mapuche sin implementar mecanismos de consulta. En julio del 2008 la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro —en consonancia con el Consejo Asesor Indígena de esa provincia, organización del pueblo mapuche— denunció la situación ante la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT. En el informe del 2009 la CEACR lamentó no haber recibido del gobierno argentino la información requerida sobre el caso y lo instó a que en la provincia se garanticen las formas de consulta y participación.
Riachuelo: 10 mil industrias sin controlar
Aún quedan 10 mil industrias sin controlar en el Riachuelo
Fecha de Publicación: 02/06/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
Es más de la mitad que debe inspeccionar la autoridad de cuenca en la zona. Ya comprobaron que 529 contaminan el río. La Corte criticó ayer en una audiencia la lenta marcha del plan de saneamiento.
La falta de avances significativos en el plan de saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo quedó expuesta nuevamente en la audiencia pública realizada ayer ante la Corte Suprema. El dato más significativo es que de 19.000 empresas instaladas en la zona afectada por la contaminación fueron inspeccionadas menos de la mitad desde que, hace casi tres años, el tribunal condenó a la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires a implementar un plan de saneamiento.
A partir de este fallo histórico firmado en julio de 2008, conocido como “caso Mendoza”, la Corte puso en manos de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) la puesta en marcha de este plan de saneamiento.
De manera enfática, ayer reclamó al titular de ese organismo, Juan José Mussi, “certezas para evitar que cambien los funcionarios y los gobiernos y todo siga igual”. “Las obras están muy atrasadas, hace falta un fuerte control porque si no se controla, no se hace nada”, señaló un vocero del tribunal.
“Se está avanzando en algunos aspectos del plan pero muy lentamente, el tema de la salud de los habitantes de la cuenca todavía está en un nebulosa, y las mediciones que hace la ACUMAR cambian con cada gestión. Hay avances pero hace falta un fuerte control sobre las obras y sobre el manejo de los fondos. Nunca sabemos cómo diagnosticar y cuál es el grado de avance”, agregó.
De todas formas, en la Corte reconocen que de las tres gestiones del ACUMAR, “ésta es la que más idea tiene de la problemática”. Antes del actual Secretario de Ambiente de la Nación, estuvieron al frente de la ACUMAR Romina Picolotti y Homero Bibiloni.
Mussi, ex intendente de Berazategui, fue uno de los convocados por la Corte para la audiencia pública de ayer. Y luego de un informe, fue el único de los expositores que recibió numerosas preguntas por partes de los jueces de la Corte, en busca de precisiones sobre la marcha del plan.
El funcionario explicó que de las 9.928 empresas inspeccionadas hasta el presente, de un total de 19.000, unas 529 fueron declaradas contaminantes y –a la fecha– hay 126 en plan de reconversión.
Seis de los siete jueces de la Corte escucharon ayer, durante más de dos horas, a Mussi, al adjunto del Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, y a Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación.
Despouy planteó problemas fundamentales y de fondo que le dificultan su labor de control, como ser la falta de identificación adecuada de las partidas presupuestarias. Señaló que, como consecuencia de esta situación, sólo auditaron el 8% de las obras. En la audiencia estuvieron presentes el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, la vicepresidenta, Elena Highton, y los jueces Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni.
Entre otros temas, los jueces reclamaron precisiones sobre la disparidad de los informes presentados desde 2008 a la fecha; los resultados de los diagnósticos de salud realizados a la población más desprotegida (especialmente a los chicos en riesgo); el nivel y los plazos de ejecución de obras de saneamiento cloacal y de las plantas depuradoras; la calidad actual de los vertidos en la cuenca; el avance en el trabajo emprendido en la relocalización de empresas contaminantes; la utilización de los créditos obtenidos y el flujo de recursos que se incorporará al fideicomiso para garantizar la regularidad de las obras. Los jueces también reclamaron conclusiones sobre el estado de cumplimiento del cronograma para la eliminación de basurales a cielo abierto y los resultados de los censos e inspecciones realizados a las empresas para determinar su nivel de contaminación.
Sobre este último punto, Mussi informó que, según los datos obtenidos hasta la fecha, unas 50 empresas son responsables del 95% de la contaminación.
El funcionario sostuvo que 762.000 vecinos se beneficiaron con la expansión de la red cloacal y 2.100.000 “ya no sufren inundaciones con los nuevos desagües pluviales”. Mussi expresó que de los habitantes en asentamientos precarios la ACUMAR “consiguió que 13.150 familias hoy tengan una vivienda digna” y sostuvo que el 2 de mayo relocalizó en el partido bonaerense de Avellaneda a 81 personas asentadas debajo del Puente Bosch. Por último, Mussi dio detalles de las tareas de reubicación de los 12.000 puestos instalados en la llamada “Saladita” (ver Desalojarán...).
Por su parte, el defensor del Pueblo adjunto, Anselmo Sella, consideró necesario profundizar políticas “para que los derechos ambientales puedan ejercerse plenamente”.
La jueza Highton de Nolasco puso énfasis en saber cuáles eran las políticas que se llevan a cabo para solucionar los problemas de los niños que viven en la zona e instó a buscar “equipos de respuesta rápida de asistencia”. La jueza Argibay, por su parte, pidió detalles sobre las tareas de reubicación de los habitantes de la cuenca, preguntó a los funcionarios si los pobladores fueron mudados en forma compulsiva, y destacó que era necesario contemplar vacantes escolares para los niños trasladados, así como proximidad con la fuente de trabajo de los adultos.
Luego de una inspección aérea y terrestre, que realizarán en los próximos días, los jueces de la Corte evaluarán si adoptan alguna medida para acelerar el plan de saneamiento de la zona, donde viven unas 6 millones de personas.
$ 390 millones de la ACUMAR
La Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo es un organismo creado por ley en noviembre de 2006, e integrado por la Secretaría de Ambiente de la Nación y los Gobiernos de la Provincia y la Ciudad. El presupuesto del ente para este año es de $ 390 millones: 280 que pone la Nación, 85 la Provincia y 25 la Ciudad. Y el saneamiento cuenta con financiamiento del BID y el Banco Mundial.
Fecha de Publicación: 02/06/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
Es más de la mitad que debe inspeccionar la autoridad de cuenca en la zona. Ya comprobaron que 529 contaminan el río. La Corte criticó ayer en una audiencia la lenta marcha del plan de saneamiento.
La falta de avances significativos en el plan de saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo quedó expuesta nuevamente en la audiencia pública realizada ayer ante la Corte Suprema. El dato más significativo es que de 19.000 empresas instaladas en la zona afectada por la contaminación fueron inspeccionadas menos de la mitad desde que, hace casi tres años, el tribunal condenó a la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires a implementar un plan de saneamiento.
A partir de este fallo histórico firmado en julio de 2008, conocido como “caso Mendoza”, la Corte puso en manos de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) la puesta en marcha de este plan de saneamiento.
De manera enfática, ayer reclamó al titular de ese organismo, Juan José Mussi, “certezas para evitar que cambien los funcionarios y los gobiernos y todo siga igual”. “Las obras están muy atrasadas, hace falta un fuerte control porque si no se controla, no se hace nada”, señaló un vocero del tribunal.
“Se está avanzando en algunos aspectos del plan pero muy lentamente, el tema de la salud de los habitantes de la cuenca todavía está en un nebulosa, y las mediciones que hace la ACUMAR cambian con cada gestión. Hay avances pero hace falta un fuerte control sobre las obras y sobre el manejo de los fondos. Nunca sabemos cómo diagnosticar y cuál es el grado de avance”, agregó.
De todas formas, en la Corte reconocen que de las tres gestiones del ACUMAR, “ésta es la que más idea tiene de la problemática”. Antes del actual Secretario de Ambiente de la Nación, estuvieron al frente de la ACUMAR Romina Picolotti y Homero Bibiloni.
Mussi, ex intendente de Berazategui, fue uno de los convocados por la Corte para la audiencia pública de ayer. Y luego de un informe, fue el único de los expositores que recibió numerosas preguntas por partes de los jueces de la Corte, en busca de precisiones sobre la marcha del plan.
El funcionario explicó que de las 9.928 empresas inspeccionadas hasta el presente, de un total de 19.000, unas 529 fueron declaradas contaminantes y –a la fecha– hay 126 en plan de reconversión.
Seis de los siete jueces de la Corte escucharon ayer, durante más de dos horas, a Mussi, al adjunto del Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, y a Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación.
Despouy planteó problemas fundamentales y de fondo que le dificultan su labor de control, como ser la falta de identificación adecuada de las partidas presupuestarias. Señaló que, como consecuencia de esta situación, sólo auditaron el 8% de las obras. En la audiencia estuvieron presentes el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, la vicepresidenta, Elena Highton, y los jueces Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni.
Entre otros temas, los jueces reclamaron precisiones sobre la disparidad de los informes presentados desde 2008 a la fecha; los resultados de los diagnósticos de salud realizados a la población más desprotegida (especialmente a los chicos en riesgo); el nivel y los plazos de ejecución de obras de saneamiento cloacal y de las plantas depuradoras; la calidad actual de los vertidos en la cuenca; el avance en el trabajo emprendido en la relocalización de empresas contaminantes; la utilización de los créditos obtenidos y el flujo de recursos que se incorporará al fideicomiso para garantizar la regularidad de las obras. Los jueces también reclamaron conclusiones sobre el estado de cumplimiento del cronograma para la eliminación de basurales a cielo abierto y los resultados de los censos e inspecciones realizados a las empresas para determinar su nivel de contaminación.
Sobre este último punto, Mussi informó que, según los datos obtenidos hasta la fecha, unas 50 empresas son responsables del 95% de la contaminación.
El funcionario sostuvo que 762.000 vecinos se beneficiaron con la expansión de la red cloacal y 2.100.000 “ya no sufren inundaciones con los nuevos desagües pluviales”. Mussi expresó que de los habitantes en asentamientos precarios la ACUMAR “consiguió que 13.150 familias hoy tengan una vivienda digna” y sostuvo que el 2 de mayo relocalizó en el partido bonaerense de Avellaneda a 81 personas asentadas debajo del Puente Bosch. Por último, Mussi dio detalles de las tareas de reubicación de los 12.000 puestos instalados en la llamada “Saladita” (ver Desalojarán...).
Por su parte, el defensor del Pueblo adjunto, Anselmo Sella, consideró necesario profundizar políticas “para que los derechos ambientales puedan ejercerse plenamente”.
La jueza Highton de Nolasco puso énfasis en saber cuáles eran las políticas que se llevan a cabo para solucionar los problemas de los niños que viven en la zona e instó a buscar “equipos de respuesta rápida de asistencia”. La jueza Argibay, por su parte, pidió detalles sobre las tareas de reubicación de los habitantes de la cuenca, preguntó a los funcionarios si los pobladores fueron mudados en forma compulsiva, y destacó que era necesario contemplar vacantes escolares para los niños trasladados, así como proximidad con la fuente de trabajo de los adultos.
Luego de una inspección aérea y terrestre, que realizarán en los próximos días, los jueces de la Corte evaluarán si adoptan alguna medida para acelerar el plan de saneamiento de la zona, donde viven unas 6 millones de personas.
$ 390 millones de la ACUMAR
La Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo es un organismo creado por ley en noviembre de 2006, e integrado por la Secretaría de Ambiente de la Nación y los Gobiernos de la Provincia y la Ciudad. El presupuesto del ente para este año es de $ 390 millones: 280 que pone la Nación, 85 la Provincia y 25 la Ciudad. Y el saneamiento cuenta con financiamiento del BID y el Banco Mundial.
Neuquén presenta un plan contra desertificación
Presentan plan contra desertificación
Fecha de Publicación: 01/06/2011
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Con el objetivo de mejorar la calidad en el trabajo de los productores de Aguada San Roque, la Subsecretaría de Medio Ambiente presentará, mañana a las 11 en salón de usos múltiples de la Comisión de Fomento, el plan operativo de lucha contra la desertificación para implementar las primeras Unidades Socio Productivas Ambientales (USPAs).
Las acciones forman parte del proyecto denominado “Manejo Sustentable de Ecosistemas Áridos y Semiáridos para el Control de la Desertificación en la Patagonia” y cuenta con el aporte del Fondo para el Medio Ambiente Mundial o GEF (Global Environment Facility).
El GEF es implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ejecutado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
"La entidad ya aportó 275 mil pesos para la implementación del programa", contó uno de los integrantes del GEF, Daniel Grosso.
Además de compartir con los actores sociales el plan operativo acordado para 2011 quedará inaugurará la central meteorológica que se instaló en la Escuela Primaria Nº 144.
El aprovechamiento de la fibra caprina, la receptividad del campo en cuanto a la cantidad de animales que pueden pastar en un espacio determinado, y el aprovechamiento del agua son algunas de las tareas que a partir de mañana comenzarán a realizar los productores de Aguada San Roque junto a los técnicos de la Subsecretaría.
"Otro de los temas es la clausura forrajera donde vamos a destinar espacios de 10 por 20 metros alambrados para que ese suelo no se pise y se vea la evolución del campo cuidado", dijo Grosso.
Fecha de Publicación: 01/06/2011
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Con el objetivo de mejorar la calidad en el trabajo de los productores de Aguada San Roque, la Subsecretaría de Medio Ambiente presentará, mañana a las 11 en salón de usos múltiples de la Comisión de Fomento, el plan operativo de lucha contra la desertificación para implementar las primeras Unidades Socio Productivas Ambientales (USPAs).
Las acciones forman parte del proyecto denominado “Manejo Sustentable de Ecosistemas Áridos y Semiáridos para el Control de la Desertificación en la Patagonia” y cuenta con el aporte del Fondo para el Medio Ambiente Mundial o GEF (Global Environment Facility).
El GEF es implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ejecutado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
"La entidad ya aportó 275 mil pesos para la implementación del programa", contó uno de los integrantes del GEF, Daniel Grosso.
Además de compartir con los actores sociales el plan operativo acordado para 2011 quedará inaugurará la central meteorológica que se instaló en la Escuela Primaria Nº 144.
El aprovechamiento de la fibra caprina, la receptividad del campo en cuanto a la cantidad de animales que pueden pastar en un espacio determinado, y el aprovechamiento del agua son algunas de las tareas que a partir de mañana comenzarán a realizar los productores de Aguada San Roque junto a los técnicos de la Subsecretaría.
"Otro de los temas es la clausura forrajera donde vamos a destinar espacios de 10 por 20 metros alambrados para que ese suelo no se pise y se vea la evolución del campo cuidado", dijo Grosso.
Lámparas bajo consumo no son lo que parecen
Las lámparas bajo consumo no son lo que parecen
Fecha de Publicación: 01/06/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
16 de los 20 modelos relevados tienen una potencia inferior a la promocionada. Desde hoy se prohíbe vender las viejas bombitas.
Desde hoy, los comercios ya no pueden vender lámparas incandescentes comunes, una medida que apunta a ahorrar energía y, de esta manera, contribuir a paliar el calentamiento global ocasionado por el consumo de combustibles fósiles que alimentan las usinas. Su reemplazo por lámparas de bajo consumo supone un ahorro de hasta el 80 por ciento, promocionan algunas empresas e incluso ONG ambientalistas.
No obstante, un trabajo realizado en 2006 por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) detectó varios problemas en estos artefactos. Estudió 17 marcas, 20 modelos y 600 lámparas. Algunas no ahorran lo que decían y otras no tienen la vida útil o potencia que promocionaban.
De los 20 modelos, 16 tenían una potencia eléctrica inferior a la lámpara incandescente de potencia equivalente indicada en los envases. Había focos que se promocionaban como equivalentes a uno incandescente de 100 watts, pero su potencia real fue de 29.
También la vida útil de algunas lámparas no fue la que indicaba el envase. El Inti estudió el comportamiento de las lámparas durante las primeras 100 horas de encendido y detectó marcas que un porcentaje importante se extinguieron ya antes de las 100 horas. El caso extremo es un modelo que indicaba una vida útil de cinco mil horas, pero 66 por ciento de la lámparas dejó de iluminar antes de las 100 horas. A su vez, tres modelos generaron cortocircuito en la instalación.
En tanto, algunos modelos resultaron más ahorradores que otros. Las mejores consumían 5,7 veces menos que una incandescente de potencia equivalente. Las de peor calidad consumían tres veces menos. La de mejor potencia, durabilidad y ahorro es la Philips Essential Twister 20W. La de menos durabilidad resultó ser la marca Barrow 20W, que junto con la M2 Línea 15W XS y la Lucce Nuova 20W generaron cortocircuitos.
Más baratas. El precio de las lámparas incandescentes rondaba los dos pesos. Sin embargo, consumen más y en teoría duran menos.
Bajo consumo. Según la marca, el precio de las nuevas varía de 11 a 27 pesos.
Fecha de Publicación: 01/06/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
16 de los 20 modelos relevados tienen una potencia inferior a la promocionada. Desde hoy se prohíbe vender las viejas bombitas.
Desde hoy, los comercios ya no pueden vender lámparas incandescentes comunes, una medida que apunta a ahorrar energía y, de esta manera, contribuir a paliar el calentamiento global ocasionado por el consumo de combustibles fósiles que alimentan las usinas. Su reemplazo por lámparas de bajo consumo supone un ahorro de hasta el 80 por ciento, promocionan algunas empresas e incluso ONG ambientalistas.
No obstante, un trabajo realizado en 2006 por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) detectó varios problemas en estos artefactos. Estudió 17 marcas, 20 modelos y 600 lámparas. Algunas no ahorran lo que decían y otras no tienen la vida útil o potencia que promocionaban.
De los 20 modelos, 16 tenían una potencia eléctrica inferior a la lámpara incandescente de potencia equivalente indicada en los envases. Había focos que se promocionaban como equivalentes a uno incandescente de 100 watts, pero su potencia real fue de 29.
También la vida útil de algunas lámparas no fue la que indicaba el envase. El Inti estudió el comportamiento de las lámparas durante las primeras 100 horas de encendido y detectó marcas que un porcentaje importante se extinguieron ya antes de las 100 horas. El caso extremo es un modelo que indicaba una vida útil de cinco mil horas, pero 66 por ciento de la lámparas dejó de iluminar antes de las 100 horas. A su vez, tres modelos generaron cortocircuito en la instalación.
En tanto, algunos modelos resultaron más ahorradores que otros. Las mejores consumían 5,7 veces menos que una incandescente de potencia equivalente. Las de peor calidad consumían tres veces menos. La de mejor potencia, durabilidad y ahorro es la Philips Essential Twister 20W. La de menos durabilidad resultó ser la marca Barrow 20W, que junto con la M2 Línea 15W XS y la Lucce Nuova 20W generaron cortocircuitos.
Más baratas. El precio de las lámparas incandescentes rondaba los dos pesos. Sin embargo, consumen más y en teoría duran menos.
Bajo consumo. Según la marca, el precio de las nuevas varía de 11 a 27 pesos.
Argentina perdió el 70 por ciento de sus bosques
En el último siglo, Argentina perdió el 70 por ciento de sus bosques nativos
Fecha de Publicación: 01/06/2011
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Nacional
Pasó de 100 millones de hectáreas a 31 millones en la actualidad. Las provincias del noroeste y los bosques chaqueños, las zonas más afectadas.
La Argentina es uno de los países que mayor tasa de deforestación mostró en los últimos tiempos. Fue tan acelerado el proceso, que en el siglo pasado el país perdió el 70 por ciento de sus bosques nativos: las zonas más afectadas fueron las provincias del Noroeste, los bosques chaqueños y la Selva de Yungas (en Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca)
Y las consecuencias son más extendidas de lo que parece: con el bosque también desaparecen animales, plantas y muchas personas se ven obligadas a trasladarse a zonas marginales en las ciudades.
Según Alejandro Brown director de ProYungas “la Argentina tuvo a principios del siglo pasado unos 100 millones de hectáreas de bosques nativos”. Actualmente, el país presenta una superficie aproximada de 31 millones de hectáreas de bosques nativos distribuidos mayormente entre unas seis ecoregiones: Bosques Patagónicos, Chaco Seco, Chaco Húmedo, Selva Paranaense, Yungas y Espinal, de características ecológicas, productivas y sociales muy disímiles.
Este proceso de destrucción y degradación ocurrió sin controles de ningún tipo y recién en 2009, con la reglamentación de la Ley de Bosques sancionada dos años antes, las jurisdicciones provinciales fueron obligadas a elaborar planes para transformar y proteger las áreas de bosques nativos.
La importancia de lo que hagan de ahora en más no es menor: los bosques captan y almacenan agua, estabilizan los suelos, albergan la biodiversidad y hacen una importante contribución a la regulación del clima y de los gases de efecto invernadero.
Los peligros del avance de la frontera agropecuaria y el crecimiento urbano
De acuerdo a la Fundación Vida Silvestre, Argentina es uno de los países que ha mostrado “una mayor tasa de deforestación en los últimos años”. La organización explica que esta situación “está impulsada por el avance no planificado de la frontera agropecuaria y/o el crecimiento urbano”. Y agrega que, si bien existen procesos de deforestación de variadas características, el aumento de superficies cultivadas para la soja en Santiago del Estero y Córdoba, y la ganadería en Salta y Chaco, son algunas de las realidades más notables.
A esta situación hay que sumarle la degradación paulatina que padecen los bosques, ya que se extraen los mejores ejemplares hasta su agotamiento: “Ya sea para extraer madera, tanino, durmientes de ferrocarriles, postes de alambrados o carbón; la explotación forestal de los bosques nativos tuvo históricamente, y tiene hasta nuestros días características mineras”, aportan desde Vida Silvestre.
Para detener esta degradación y concientizar a los gobiernos sobre su responsabilidad, Naciones Unidas instituyó el 2011 como año de los Bosques. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, destacó que los bosques son una fuente de beneficios económicos, sociales y ecológicos y advirtió que, no obstante, pese a todos esos beneficios, los bosques, siguen desapareciendo a un ritmo alarmante.
El organismo internacional también reconoce que los bosques y su ordenación pueden contribuir significativamente al desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y el logro de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, subrayando la necesidad de que haya una ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, incluidos los ecosistemas forestales frágiles.
También ONU alienta a que los esfuerzos concertados deberían dedicarse a crear más conciencia en todos los niveles para fortalecer la conservación y el uso sustentable de todos los tipos de bosques en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
¿Qué hacer?: estrategias para detener la destrucción en nuestro país
Vida Silvestre propone cuatro estrategias básicas para hacer frente a la destrucción y degradación de los bosques: la implementación de la Ley de Bosques en la Selva Misionera y en los Bosques Chaqueños; una Red de Comercio Forestal Argentina iniciativa que apoya la comercialización de productos forestales responsables; la utilización de certificación FSC que garantiza a los consumidores que los productos provienen de bosques manejados para satisfacer las necesidades sociales, económicas y ecológicas de las generaciones actuales y futuras, y la recuperación de los bosques nativos
Brown, de ProYungas, coincide con esta mirada integral, porque cree que la sociedad argentina “no es boscosa”.
¿A qué se refiere?
A dos realidades extremas que se dan el país: en el Norte, el bosque es sinónimo “de peligro, de lugar inhóspito por las plantas y animales que viven allí”, relata el especialista. En tanto en el Sur “no se tocan, son parte del paisaje, están para disfrutarlos”. Es decir: el bosque “no se ve como un área que genera recursos para las sociedades”, reflexiona.
Por eso, habla de que el dilema para el futuro es generar recursos: servicios, en donde el agua sea central, ya que, sobre todo en el Noroeste del país, los bosques juegan un rol de regulación hídrica para riego y consumo. “Hay 5 millones de hectáreas de yungas, 500 mil para riego, en un área donde 2 millones de personas dependen del agua”, grafica Brown.
En cuanto a bienes, en el Norte los bosques proveen de maderas de buena calidad y abundan las plantaciones para generar pasta celulosa para papel.
En cuanto a las Áreas Protegidas, el dirigente de ProYungas considera que hay que fortalecerlas en el Norte, y que es importante tener en cuenta que Argentina tiene bajo protección “sólo el 7% de su territorio. De este porcentaje, el 20 por ciento está a cargo del Estado Argentino en Parques Nacionales, pero el 80 por ciento restante, son jurisdicciones provinciales, o sea, que las provincias protegen un enorme cantidad, por eso hay que fortalecerlas en cuanto a protección de áreas”.
A modo de ejemplo, señala que las Facultades de Ingeniería Forestal – como la de Esquel en Chubut o la de Eldorado en Misiones- “forman profesionales orientados a plantaciones forestales, no hay una tendencia hacía la profesionalización en cuanto a manejo de bosques”.
Fecha de Publicación: 01/06/2011
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Nacional
Pasó de 100 millones de hectáreas a 31 millones en la actualidad. Las provincias del noroeste y los bosques chaqueños, las zonas más afectadas.
La Argentina es uno de los países que mayor tasa de deforestación mostró en los últimos tiempos. Fue tan acelerado el proceso, que en el siglo pasado el país perdió el 70 por ciento de sus bosques nativos: las zonas más afectadas fueron las provincias del Noroeste, los bosques chaqueños y la Selva de Yungas (en Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca)
Y las consecuencias son más extendidas de lo que parece: con el bosque también desaparecen animales, plantas y muchas personas se ven obligadas a trasladarse a zonas marginales en las ciudades.
Según Alejandro Brown director de ProYungas “la Argentina tuvo a principios del siglo pasado unos 100 millones de hectáreas de bosques nativos”. Actualmente, el país presenta una superficie aproximada de 31 millones de hectáreas de bosques nativos distribuidos mayormente entre unas seis ecoregiones: Bosques Patagónicos, Chaco Seco, Chaco Húmedo, Selva Paranaense, Yungas y Espinal, de características ecológicas, productivas y sociales muy disímiles.
Este proceso de destrucción y degradación ocurrió sin controles de ningún tipo y recién en 2009, con la reglamentación de la Ley de Bosques sancionada dos años antes, las jurisdicciones provinciales fueron obligadas a elaborar planes para transformar y proteger las áreas de bosques nativos.
La importancia de lo que hagan de ahora en más no es menor: los bosques captan y almacenan agua, estabilizan los suelos, albergan la biodiversidad y hacen una importante contribución a la regulación del clima y de los gases de efecto invernadero.
Los peligros del avance de la frontera agropecuaria y el crecimiento urbano
De acuerdo a la Fundación Vida Silvestre, Argentina es uno de los países que ha mostrado “una mayor tasa de deforestación en los últimos años”. La organización explica que esta situación “está impulsada por el avance no planificado de la frontera agropecuaria y/o el crecimiento urbano”. Y agrega que, si bien existen procesos de deforestación de variadas características, el aumento de superficies cultivadas para la soja en Santiago del Estero y Córdoba, y la ganadería en Salta y Chaco, son algunas de las realidades más notables.
A esta situación hay que sumarle la degradación paulatina que padecen los bosques, ya que se extraen los mejores ejemplares hasta su agotamiento: “Ya sea para extraer madera, tanino, durmientes de ferrocarriles, postes de alambrados o carbón; la explotación forestal de los bosques nativos tuvo históricamente, y tiene hasta nuestros días características mineras”, aportan desde Vida Silvestre.
Para detener esta degradación y concientizar a los gobiernos sobre su responsabilidad, Naciones Unidas instituyó el 2011 como año de los Bosques. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, destacó que los bosques son una fuente de beneficios económicos, sociales y ecológicos y advirtió que, no obstante, pese a todos esos beneficios, los bosques, siguen desapareciendo a un ritmo alarmante.
El organismo internacional también reconoce que los bosques y su ordenación pueden contribuir significativamente al desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y el logro de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, subrayando la necesidad de que haya una ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, incluidos los ecosistemas forestales frágiles.
También ONU alienta a que los esfuerzos concertados deberían dedicarse a crear más conciencia en todos los niveles para fortalecer la conservación y el uso sustentable de todos los tipos de bosques en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
¿Qué hacer?: estrategias para detener la destrucción en nuestro país
Vida Silvestre propone cuatro estrategias básicas para hacer frente a la destrucción y degradación de los bosques: la implementación de la Ley de Bosques en la Selva Misionera y en los Bosques Chaqueños; una Red de Comercio Forestal Argentina iniciativa que apoya la comercialización de productos forestales responsables; la utilización de certificación FSC que garantiza a los consumidores que los productos provienen de bosques manejados para satisfacer las necesidades sociales, económicas y ecológicas de las generaciones actuales y futuras, y la recuperación de los bosques nativos
Brown, de ProYungas, coincide con esta mirada integral, porque cree que la sociedad argentina “no es boscosa”.
¿A qué se refiere?
A dos realidades extremas que se dan el país: en el Norte, el bosque es sinónimo “de peligro, de lugar inhóspito por las plantas y animales que viven allí”, relata el especialista. En tanto en el Sur “no se tocan, son parte del paisaje, están para disfrutarlos”. Es decir: el bosque “no se ve como un área que genera recursos para las sociedades”, reflexiona.
Por eso, habla de que el dilema para el futuro es generar recursos: servicios, en donde el agua sea central, ya que, sobre todo en el Noroeste del país, los bosques juegan un rol de regulación hídrica para riego y consumo. “Hay 5 millones de hectáreas de yungas, 500 mil para riego, en un área donde 2 millones de personas dependen del agua”, grafica Brown.
En cuanto a bienes, en el Norte los bosques proveen de maderas de buena calidad y abundan las plantaciones para generar pasta celulosa para papel.
En cuanto a las Áreas Protegidas, el dirigente de ProYungas considera que hay que fortalecerlas en el Norte, y que es importante tener en cuenta que Argentina tiene bajo protección “sólo el 7% de su territorio. De este porcentaje, el 20 por ciento está a cargo del Estado Argentino en Parques Nacionales, pero el 80 por ciento restante, son jurisdicciones provinciales, o sea, que las provincias protegen un enorme cantidad, por eso hay que fortalecerlas en cuanto a protección de áreas”.
A modo de ejemplo, señala que las Facultades de Ingeniería Forestal – como la de Esquel en Chubut o la de Eldorado en Misiones- “forman profesionales orientados a plantaciones forestales, no hay una tendencia hacía la profesionalización en cuanto a manejo de bosques”.
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Atucha II estaría operando a partir de 2012
La central nuclear Atucha II se pondrá en funcionamiento en 2012
Fecha de Publicación: 31/05/2011
Fuente: Impulso Negocios
Provincia/Región: Nacional
Los trabajos en la planta de energía atómica finalizarán este año y la inauguración se realizará durante el último cuatrimestre, aunque recién comenzará a operar en los meses siguientes
La central nuclear Atucha II estará operando a partir de 2012. El proyecto para la planta de energía atómica ubicada en la localidad bonaerense de Lima quedará finalizado este año y se inaugurará en el último cuatrimestre. La obra realizará el mayor aporte de potencia unitaria al sistema interconectado nacional.
Según informó la empresa Nucleoeléctrica Argentina (Nasa), buena parte de los trabajos está concluida en un 90%, mientras que las tareas vinculadas al equipamiento eléctrico, la instalación de instrumentación y control, tardarán un tiempo más. Alrededor de 5.000 personas se encuentran trabajando en el predio de 87 hectáreas, adyacente a las instalaciones donde funciona Atucha I.
Una vez construida y puesta en marcha, Atucha II entregará una potencia de 692 megavatios a la red y superará a la central nucleoeléctrica de Embalse como la maquinaria de mayor capacidad para generar energía dentro de Argentina.
El proyecto para la construcción en la planta atómica de Lima se inició en 1982, doce años después de la puesta en marcha de la primera central. Tras un parate de más de una década, la iniciativa se reactivó en 2006 y culminará con una inversión superior a los 2.200 millones de dólares durante el último lustro.
Fecha de Publicación: 31/05/2011
Fuente: Impulso Negocios
Provincia/Región: Nacional
Los trabajos en la planta de energía atómica finalizarán este año y la inauguración se realizará durante el último cuatrimestre, aunque recién comenzará a operar en los meses siguientes
La central nuclear Atucha II estará operando a partir de 2012. El proyecto para la planta de energía atómica ubicada en la localidad bonaerense de Lima quedará finalizado este año y se inaugurará en el último cuatrimestre. La obra realizará el mayor aporte de potencia unitaria al sistema interconectado nacional.
Según informó la empresa Nucleoeléctrica Argentina (Nasa), buena parte de los trabajos está concluida en un 90%, mientras que las tareas vinculadas al equipamiento eléctrico, la instalación de instrumentación y control, tardarán un tiempo más. Alrededor de 5.000 personas se encuentran trabajando en el predio de 87 hectáreas, adyacente a las instalaciones donde funciona Atucha I.
Una vez construida y puesta en marcha, Atucha II entregará una potencia de 692 megavatios a la red y superará a la central nucleoeléctrica de Embalse como la maquinaria de mayor capacidad para generar energía dentro de Argentina.
El proyecto para la construcción en la planta atómica de Lima se inició en 1982, doce años después de la puesta en marcha de la primera central. Tras un parate de más de una década, la iniciativa se reactivó en 2006 y culminará con una inversión superior a los 2.200 millones de dólares durante el último lustro.
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