Rosario:una de las ciudades más contaminadas
23:24 | 
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Rosario es una de las zonas con mayor contaminación del país
Fecha de Publicación: 08/05/2011
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Un informe presentado en el primer Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental, que se realizó en Rosario, detalló que esta ciudad y su gran zona de influencia es uno de los sectores con mayores índices de contaminación del país por la presencia de industrias, el uso de fuertes agrotóxicos en los cultivos, la falta de cloacas en amplias zonas y la cantidad de población que vive con necesidades básicas insatisfechas.
El estudio, realizado por un equipo técnico de la Defensoría del Pueblo de la Nación, fue presentado por uno de sus integrantes, Leandro García Silva, en el congreso que se desarrolló la semana pasada en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario.
En conjunto con Naciones Unidas, Unicef, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Defensoría del Pueblo de la Nación confeccionó un conjunto de mapas donde se aprecia con claridad cuál es la situación de cada departamento provincial del país en cuanto al riesgo ambiental para la salud de la niñez, que es la población más vulnerable, y que puede extrapolarse al resto de las franjas etáreas.
En diálogo con La Capital, García Silva explicó que “el riesgo ambiental es el resultado de la interrelación entre una situación de vulnerabilidad, exposición y peligro, y un nivel de incertidumbre que siempre está presente”.
El trabajo analizó cuatro fuentes de peligro o amenazas ambientales: la presencia de industrias, el uso de plaguicidas de alta toxicidad en la actividad agrícola, la situación del agua y saneamiento (existencia de cloacas y agua potable) y la actividad petrolera, de gas y minería.
Estos factores se relacionaron con el nivel de vulnerabilidad de la población infantil. “Se hizo un índice basado en las necesidades básicas insatisfechas, la educación de las madres y la cobertura social”, indicó el profesional.
“El objetivo es prevenir, ir a las fuentes, anticiparse”, explicó García Silva y destacó que “el riesgo no significa causa-consecuencia sobre enfermedades, sino la necesidad de tomar medidas más concretas si hay algún daño en curso”.
Este atlas logró identificar los departamentos de cada provincia con mayor nivel de riesgo y compararlo con otros lugares del país, además de obtener una visión global de la Argentina.
Situación local. García Silva describió a Rosario como “una gran ciudad donde conviven amenazas ambientales que son mayores respecto a otros lugares del país”. El especialista señaló que “se combinan todo los factores de riesgo, como el uso de agrotóxicos en la actividad agrícola, la actividad industrial y la gran cantidad de población que vive bajo la línea de pobreza, a lo que se suman las amplias zonas con déficit en materia de servicios cloacales. Esto reclama una política ambiental muy activa”, subrayó.
El atlas demostró que Rosario es una ciudad con industrias de alta complejidad y tiene (como otras grandes metrópolis del país) un cinturón hortícola que produce las verduras y utiliza plaguicidas de alta toxicidad. En este sentido, el profesional destacó que “hace falta mucho cuidado entre quienes se dedican al cultivo de verduras y hortalizas, y quienes trabajan en los mercados centrales. Hay que pensar en formas más saludables de producir los alimentos”.
Los datos demuestran que en el departamento Rosario el índice de contaminación por plaguicidas es alto. En todo el país sólo dos departamentos de Mendoza tienen un índice muy alto y 9 fueron clasificados como riesgo alto, como es el caso de Rosario. Cabe destacar que dentro de la provincia de Santa Fe, el departamento Rosario es el que más alto índice de contaminación por plaguicidas presenta.
Cloacas. A su vez queda clara la necesidad de lograr el saneamiento ambiental, la construcción de cloacas en zonas todavía desabastecidas y la provisión de agua potable para todos. De los 104 departamentos del país con mayor déficit de cloacas, la mayoría se ubican en el norte, pero también se suman algunos de las provincias de Buenos Aires, el norte de Santa Fe y el Gran Rosario.
En cuanto a los riesgos por la contaminación ambiental que produce la falta de saneamiento, Rosario se ubica entre los que tienen los índices más altos del país. Ese triste privilegio también lo comparten en Córdoba y Buenos Aires.
En materia de minería Rosario no posee ningún índice de contaminación porque no se ejerce la actividad en la región.
Niños vulnerables. El atlas también muestra cuáles son las zonas del país con niños más vulnerables. Sobre un total de 12.169.648 niños y niñas menores de 18 años en el país, 5.759.456 viven en departamentos con alto y muy alto índice de vulnerabilidad social (lo que implica necesidades básicas insatisfechas, bajo nivel educativo de las mujeres en edad fértil, jefes de hogar desocupados, falta de cobertura de salud y mortalidad infantil). Esto significa que un 47% de los niños en situación de riesgo alto o muy alto viven en el 9% de los departamentos del total del país, entre ellos Rosario.
Como señala el atlas, “se trata de un punto de partida para tomar decisiones políticas más acertadas y tomar conciencia ante los problemas que pueden afectar la salud, en especial de los niños”.
Fecha de Publicación: 08/05/2011
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Un informe presentado en el primer Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental, que se realizó en Rosario, detalló que esta ciudad y su gran zona de influencia es uno de los sectores con mayores índices de contaminación del país por la presencia de industrias, el uso de fuertes agrotóxicos en los cultivos, la falta de cloacas en amplias zonas y la cantidad de población que vive con necesidades básicas insatisfechas.
El estudio, realizado por un equipo técnico de la Defensoría del Pueblo de la Nación, fue presentado por uno de sus integrantes, Leandro García Silva, en el congreso que se desarrolló la semana pasada en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario.
En conjunto con Naciones Unidas, Unicef, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Defensoría del Pueblo de la Nación confeccionó un conjunto de mapas donde se aprecia con claridad cuál es la situación de cada departamento provincial del país en cuanto al riesgo ambiental para la salud de la niñez, que es la población más vulnerable, y que puede extrapolarse al resto de las franjas etáreas.
En diálogo con La Capital, García Silva explicó que “el riesgo ambiental es el resultado de la interrelación entre una situación de vulnerabilidad, exposición y peligro, y un nivel de incertidumbre que siempre está presente”.
El trabajo analizó cuatro fuentes de peligro o amenazas ambientales: la presencia de industrias, el uso de plaguicidas de alta toxicidad en la actividad agrícola, la situación del agua y saneamiento (existencia de cloacas y agua potable) y la actividad petrolera, de gas y minería.
Estos factores se relacionaron con el nivel de vulnerabilidad de la población infantil. “Se hizo un índice basado en las necesidades básicas insatisfechas, la educación de las madres y la cobertura social”, indicó el profesional.
“El objetivo es prevenir, ir a las fuentes, anticiparse”, explicó García Silva y destacó que “el riesgo no significa causa-consecuencia sobre enfermedades, sino la necesidad de tomar medidas más concretas si hay algún daño en curso”.
Este atlas logró identificar los departamentos de cada provincia con mayor nivel de riesgo y compararlo con otros lugares del país, además de obtener una visión global de la Argentina.
Situación local. García Silva describió a Rosario como “una gran ciudad donde conviven amenazas ambientales que son mayores respecto a otros lugares del país”. El especialista señaló que “se combinan todo los factores de riesgo, como el uso de agrotóxicos en la actividad agrícola, la actividad industrial y la gran cantidad de población que vive bajo la línea de pobreza, a lo que se suman las amplias zonas con déficit en materia de servicios cloacales. Esto reclama una política ambiental muy activa”, subrayó.
El atlas demostró que Rosario es una ciudad con industrias de alta complejidad y tiene (como otras grandes metrópolis del país) un cinturón hortícola que produce las verduras y utiliza plaguicidas de alta toxicidad. En este sentido, el profesional destacó que “hace falta mucho cuidado entre quienes se dedican al cultivo de verduras y hortalizas, y quienes trabajan en los mercados centrales. Hay que pensar en formas más saludables de producir los alimentos”.
Los datos demuestran que en el departamento Rosario el índice de contaminación por plaguicidas es alto. En todo el país sólo dos departamentos de Mendoza tienen un índice muy alto y 9 fueron clasificados como riesgo alto, como es el caso de Rosario. Cabe destacar que dentro de la provincia de Santa Fe, el departamento Rosario es el que más alto índice de contaminación por plaguicidas presenta.
Cloacas. A su vez queda clara la necesidad de lograr el saneamiento ambiental, la construcción de cloacas en zonas todavía desabastecidas y la provisión de agua potable para todos. De los 104 departamentos del país con mayor déficit de cloacas, la mayoría se ubican en el norte, pero también se suman algunos de las provincias de Buenos Aires, el norte de Santa Fe y el Gran Rosario.
En cuanto a los riesgos por la contaminación ambiental que produce la falta de saneamiento, Rosario se ubica entre los que tienen los índices más altos del país. Ese triste privilegio también lo comparten en Córdoba y Buenos Aires.
En materia de minería Rosario no posee ningún índice de contaminación porque no se ejerce la actividad en la región.
Niños vulnerables. El atlas también muestra cuáles son las zonas del país con niños más vulnerables. Sobre un total de 12.169.648 niños y niñas menores de 18 años en el país, 5.759.456 viven en departamentos con alto y muy alto índice de vulnerabilidad social (lo que implica necesidades básicas insatisfechas, bajo nivel educativo de las mujeres en edad fértil, jefes de hogar desocupados, falta de cobertura de salud y mortalidad infantil). Esto significa que un 47% de los niños en situación de riesgo alto o muy alto viven en el 9% de los departamentos del total del país, entre ellos Rosario.
Como señala el atlas, “se trata de un punto de partida para tomar decisiones políticas más acertadas y tomar conciencia ante los problemas que pueden afectar la salud, en especial de los niños”.
Ensenada alojará la plata de "Basura Cero"
Basura Cero: formalizan el acuerdo con Ensenada
Fecha de Publicación: 07/05/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
La municipalidad de Ensenada aceptó ayer formalmente el acuerdo por el cual alojará en su territorio la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos proyectada por La Plata y los distritos del Consorcio Regional en el marco del sistema "Basura Cero", que permitirá el cierre definitivo del relleno de la Ceamse en Punta Lara y marcará el punto final a tres décadas de contaminación ambiental por el enterramiento de basura.
Durante una ceremonia encabezada por el jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Pérez, se firmó con el intendente ensenadense, Mario Secco, la sesión de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), a esa comuna. En el acto estuvieron los intendentes Consorcio Regional: Pablo Bruera, de La Plata; de Berisso, Enrique Slezack; de Brandsen, Mirta Sargiotti, y de Punta Indio, Héctor Equiza, así como otros funcionarios del gobierno provincial.
El acuerdo marcó el punto final al largo debate sobre la localización de la planta de tratamiento de residuos en el marco del plan Basura Cero de las comunas de la Región. Es que en una primera instancia, la planta iba a estar ubicada en La Plata, cuya administración comunal eligió la tecnología a aplicar y licitó la obra. La resistencia de vecinos de diferentes localidades platenses donde había posibilidades de radicar la planta y la decisión de la administración Bruera de proteger al cinturón frutihortícola local impidió encontrar un lugar apto. Y en ese marco, Ensenada decidió recibir el emprendimiento, cuyo presupuesto estimado en 40 millones de dólares será financiado por la Provincia.
Al término de la reunión, el intendente Secco aseguró que por el alto nivel tecnológico y de cuidado del medio ambiente del proyecto Basura Cero, "la planta de tratamiento no contamina y se puede poner a la vuelta de la Gobernación o del Palacio Municipal de Ensenada, porque no implica enterramiento de basura. Los residuos que ingresen a la planta saldrán inmediatamente, nada tocará el suelo".
"Estamos solucionando un problema de fondo junto con la Provincia. Los ambientalistas de todo el mundo dicen que ésta es la mejor tecnología para tratar la basura", señaló Secco. "Estamos haciendo algo histórico que será copiado por otras ciudades de Latinoamérica", agregó.
En diálogo con este diario Secco adelantó que enviará al Concejo Deliberante de su distrito el proyecto para convalidar la ejecución de la planta de tratamiento de basura y estimó que "Pablo (Bruera) en La Plata hará lo mismo para poder dar inicio a este proceso que nos va a permitir cerrar la Ceamse de Punta Lara para siempre".
Consultado sobre la localización de Basura Cero, Secco reiteró lo adelantado por este diario en el sentido que "se hará sobre un terreno de unas 25 hectáreas ubicado a unos 300 metros de la Autopista La Plata-Buenos Aires y al que se accederá por caminos nuevos porque nunca más transitarán camiones de basura por Punta Lara".
Secco explicó que la planta se ubicará sobre un terreno de 25 hectáreas ubicado a 300 metros de la Autopista, que contará con nuevos caminos de acceso
Y subrayó además que el futuro sistema “marcará el punto final a tres décadas de contaminación ambiental en la Región por el enterramiento de basura”
El intendente de Ensenada dijo que la planta "no contamina" y firmó el traspaso
Tras los anuncios y la polémica que se desató en torno al traslado de la nueva planta de residuos, el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, se reunió ayer con los intendentes de Ensenada, Mario Secco; de La Plata, Pablo Bruera; de Berisso, Enrique Slezack; de Brandsen, Mirta Sargiotti y de Punta Indio, Héctor Equiza, para confirmar que la planta se instalará en Ensenada, cerca de la subida de la autopista Buenos Aires-La Plata
Secco intentó despejar las dudas acerca de la posible contaminación , y sostuvo que “esta es una planta única en América Latina, no contamina”.
“Se puede poner a la vuelta de la Gobernación o del Palacio Municipal de Ensenada. No es un enterramiento, lo que entra sale de la planta. Se trata sobre calles de hormigón, nada le pasa al suelo”, afirmó. “Estamos solucionando un problema de fondo junto con la Provincia. Los ambientalistas de todas partes dicen que esta es la mejor tecnología para tratar la basura y estamos adquiriendo la última tecnología que hay en el mundo”, dijo Secco.
Fecha de Publicación: 07/05/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
La municipalidad de Ensenada aceptó ayer formalmente el acuerdo por el cual alojará en su territorio la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos proyectada por La Plata y los distritos del Consorcio Regional en el marco del sistema "Basura Cero", que permitirá el cierre definitivo del relleno de la Ceamse en Punta Lara y marcará el punto final a tres décadas de contaminación ambiental por el enterramiento de basura.
Durante una ceremonia encabezada por el jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Pérez, se firmó con el intendente ensenadense, Mario Secco, la sesión de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), a esa comuna. En el acto estuvieron los intendentes Consorcio Regional: Pablo Bruera, de La Plata; de Berisso, Enrique Slezack; de Brandsen, Mirta Sargiotti, y de Punta Indio, Héctor Equiza, así como otros funcionarios del gobierno provincial.
El acuerdo marcó el punto final al largo debate sobre la localización de la planta de tratamiento de residuos en el marco del plan Basura Cero de las comunas de la Región. Es que en una primera instancia, la planta iba a estar ubicada en La Plata, cuya administración comunal eligió la tecnología a aplicar y licitó la obra. La resistencia de vecinos de diferentes localidades platenses donde había posibilidades de radicar la planta y la decisión de la administración Bruera de proteger al cinturón frutihortícola local impidió encontrar un lugar apto. Y en ese marco, Ensenada decidió recibir el emprendimiento, cuyo presupuesto estimado en 40 millones de dólares será financiado por la Provincia.
Al término de la reunión, el intendente Secco aseguró que por el alto nivel tecnológico y de cuidado del medio ambiente del proyecto Basura Cero, "la planta de tratamiento no contamina y se puede poner a la vuelta de la Gobernación o del Palacio Municipal de Ensenada, porque no implica enterramiento de basura. Los residuos que ingresen a la planta saldrán inmediatamente, nada tocará el suelo".
"Estamos solucionando un problema de fondo junto con la Provincia. Los ambientalistas de todo el mundo dicen que ésta es la mejor tecnología para tratar la basura", señaló Secco. "Estamos haciendo algo histórico que será copiado por otras ciudades de Latinoamérica", agregó.
En diálogo con este diario Secco adelantó que enviará al Concejo Deliberante de su distrito el proyecto para convalidar la ejecución de la planta de tratamiento de basura y estimó que "Pablo (Bruera) en La Plata hará lo mismo para poder dar inicio a este proceso que nos va a permitir cerrar la Ceamse de Punta Lara para siempre".
Consultado sobre la localización de Basura Cero, Secco reiteró lo adelantado por este diario en el sentido que "se hará sobre un terreno de unas 25 hectáreas ubicado a unos 300 metros de la Autopista La Plata-Buenos Aires y al que se accederá por caminos nuevos porque nunca más transitarán camiones de basura por Punta Lara".
Secco explicó que la planta se ubicará sobre un terreno de 25 hectáreas ubicado a 300 metros de la Autopista, que contará con nuevos caminos de acceso
Y subrayó además que el futuro sistema “marcará el punto final a tres décadas de contaminación ambiental en la Región por el enterramiento de basura”
El intendente de Ensenada dijo que la planta "no contamina" y firmó el traspaso
Tras los anuncios y la polémica que se desató en torno al traslado de la nueva planta de residuos, el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, se reunió ayer con los intendentes de Ensenada, Mario Secco; de La Plata, Pablo Bruera; de Berisso, Enrique Slezack; de Brandsen, Mirta Sargiotti y de Punta Indio, Héctor Equiza, para confirmar que la planta se instalará en Ensenada, cerca de la subida de la autopista Buenos Aires-La Plata
Secco intentó despejar las dudas acerca de la posible contaminación , y sostuvo que “esta es una planta única en América Latina, no contamina”.
“Se puede poner a la vuelta de la Gobernación o del Palacio Municipal de Ensenada. No es un enterramiento, lo que entra sale de la planta. Se trata sobre calles de hormigón, nada le pasa al suelo”, afirmó. “Estamos solucionando un problema de fondo junto con la Provincia. Los ambientalistas de todas partes dicen que esta es la mejor tecnología para tratar la basura y estamos adquiriendo la última tecnología que hay en el mundo”, dijo Secco.
Chaco modificaría la ley de agroquímicos
“Si se deroga la ley de Biocidas es para tener una norma mejor”
Fecha de Publicación: 07/05/2011
Fuente: Chaco Día Por Día
Provincia/Región: Chaco
Lo aseguró la diputada y titular de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Aclaró que la ley actual sólo se derogará si existe consenso en una que signifique un avance. Analizan incluir límites a las fumigaciones de lugares poblados.
“Lo que estamos tratando es de mejorar la ley de Biocidas pero de ninguna manera, hasta que no quede correctamente legislado, se va a derogar la otra”. Así, la presidenta de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Legislatura chaqueña, Alicia Mastandrea, trató de llevar tranquilidad ante las inquietudes manifestadas por organizaciones ambientalistas y algunos sectores políticos ante una posible derogación de la actual ley de Biocidas.
En declaraciones a Radio Libertad, Mastandrea precisó que “lo que estamos haciendo en la comisión de Agricultura, con la opinión unánime de todos los asesores, es tener una ley de Biocidas aggiornada”. Y reveló que “hablé el jueves con el ministro (de Producción y Ambiente, Enrique) Orban tratando algunos puntos en particular de la ley para no causar problemas”.
En este sentido, la diputada aliancista subrayó que está prevista una reunión de la comisión para este martes por la mañana en la que se tratará de avanzar en una nueva normativa. “No es para que quedemos sin ley, sino que tengamos una mejor”, explicó.
Mastandrea aclaró que recién hace un mes asumió la presidencia de la comisión y que las iniciativas sobre actualización de la ley de Biocidas están radicadas desde hace un año en esa cartera. Al respecto, insistió en que “la intención es que la ley quede mejor, no peor”.
Ante la inquietud planteada desde la Red de Salud Popular “Dr. Ramón Carrillo” sobre que una nueva normativa dejaría sin establecer distancias para las fumigaciones respecto lugares poblados, como en el caso testigo del barrio La Ralera de La Leonesa, la diputada aclaró que “se escucha a todos los sectores y se tiene especial cuidado además en los temas que hacen a regular las distancias de las plantas urbanas”. En ese sentido, reconoció que hay propuestas para fijar los límites en mil, tres mil y cuatro mil metros de los centros urbanos. “Todavía no se ha tomado la definición”, sostuvo.
La legisladora aliancista aseguró que se busca encontrar “consenso” entre las distintas posturas que se están planteando ya que existen cinco proyectos de ley distintos. Pero ratificó que “se va a derogar si existe otra ley mejor. Se van a tomar las medidas y precauciones para evitar que sea un retroceso. Si se deroga la ley es para sancionar una qué de un paso para adelante no para atrás”.
Fecha de Publicación: 07/05/2011
Fuente: Chaco Día Por Día
Provincia/Región: Chaco
Lo aseguró la diputada y titular de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Aclaró que la ley actual sólo se derogará si existe consenso en una que signifique un avance. Analizan incluir límites a las fumigaciones de lugares poblados.
“Lo que estamos tratando es de mejorar la ley de Biocidas pero de ninguna manera, hasta que no quede correctamente legislado, se va a derogar la otra”. Así, la presidenta de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Legislatura chaqueña, Alicia Mastandrea, trató de llevar tranquilidad ante las inquietudes manifestadas por organizaciones ambientalistas y algunos sectores políticos ante una posible derogación de la actual ley de Biocidas.
En declaraciones a Radio Libertad, Mastandrea precisó que “lo que estamos haciendo en la comisión de Agricultura, con la opinión unánime de todos los asesores, es tener una ley de Biocidas aggiornada”. Y reveló que “hablé el jueves con el ministro (de Producción y Ambiente, Enrique) Orban tratando algunos puntos en particular de la ley para no causar problemas”.
En este sentido, la diputada aliancista subrayó que está prevista una reunión de la comisión para este martes por la mañana en la que se tratará de avanzar en una nueva normativa. “No es para que quedemos sin ley, sino que tengamos una mejor”, explicó.
Mastandrea aclaró que recién hace un mes asumió la presidencia de la comisión y que las iniciativas sobre actualización de la ley de Biocidas están radicadas desde hace un año en esa cartera. Al respecto, insistió en que “la intención es que la ley quede mejor, no peor”.
Ante la inquietud planteada desde la Red de Salud Popular “Dr. Ramón Carrillo” sobre que una nueva normativa dejaría sin establecer distancias para las fumigaciones respecto lugares poblados, como en el caso testigo del barrio La Ralera de La Leonesa, la diputada aclaró que “se escucha a todos los sectores y se tiene especial cuidado además en los temas que hacen a regular las distancias de las plantas urbanas”. En ese sentido, reconoció que hay propuestas para fijar los límites en mil, tres mil y cuatro mil metros de los centros urbanos. “Todavía no se ha tomado la definición”, sostuvo.
La legisladora aliancista aseguró que se busca encontrar “consenso” entre las distintas posturas que se están planteando ya que existen cinco proyectos de ley distintos. Pero ratificó que “se va a derogar si existe otra ley mejor. Se van a tomar las medidas y precauciones para evitar que sea un retroceso. Si se deroga la ley es para sancionar una qué de un paso para adelante no para atrás”.
Chubut: descubren yacimiento de uranio
Anuncian descubrimiento de un nuevo yacimiento de uranio en Chubut
Fecha de Publicación: 06/05/2011
Fuente: Diario La Jornada - Edición 05/05/2011
Provincia/Región: Chubut
El CEO de la canadiense Pacific Bay Minerals reportó que la compañía descubrió una amplia zona mineralizada en su propiedad Regalo, ubicada en el centro de la provincia.
El CEO de Pacific Bay Minerals, David Brett, reportó que la compañía ha descubierto una amplia zona mineralizada con valores significativos de uranio en la propiedad Regalo, totalmente de propiedad de la compañía localizada en la provincia de Chubut, en la Argentina. Los resultados de los ensayos muestran valores que varían entre 0.002 y 0.14% U (1,382 ppm o 2.8 libras por tonelada) en muestras geoquímicas de de roca provenientes de una área que mide casi 1 kilómetro cuadrado.
La empresa, ademñas, ha planificado continuar con un programa de trincheramiento, mapeo y muestreo para mayo. “Este es un descubrimiento fascinante”, mencionó el CEO de Pacific Bay a través de un comunicado difundido por la compañía. “Estas muestras fueron tomadas a partir de afloramientos sobre de una extensa área. El siguiente paso es llevar a cabo un programa de trincheramiento para más información detallada de muestreo y mapeo”, concluyó.
Fecha de Publicación: 06/05/2011
Fuente: Diario La Jornada - Edición 05/05/2011
Provincia/Región: Chubut
El CEO de la canadiense Pacific Bay Minerals reportó que la compañía descubrió una amplia zona mineralizada en su propiedad Regalo, ubicada en el centro de la provincia.
El CEO de Pacific Bay Minerals, David Brett, reportó que la compañía ha descubierto una amplia zona mineralizada con valores significativos de uranio en la propiedad Regalo, totalmente de propiedad de la compañía localizada en la provincia de Chubut, en la Argentina. Los resultados de los ensayos muestran valores que varían entre 0.002 y 0.14% U (1,382 ppm o 2.8 libras por tonelada) en muestras geoquímicas de de roca provenientes de una área que mide casi 1 kilómetro cuadrado.
La empresa, ademñas, ha planificado continuar con un programa de trincheramiento, mapeo y muestreo para mayo. “Este es un descubrimiento fascinante”, mencionó el CEO de Pacific Bay a través de un comunicado difundido por la compañía. “Estas muestras fueron tomadas a partir de afloramientos sobre de una extensa área. El siguiente paso es llevar a cabo un programa de trincheramiento para más información detallada de muestreo y mapeo”, concluyó.
¿La culpa la tiene la sojización?
¿La culpa la tiene la sojización?
Fecha de Publicación: 06/05/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Por Néstor Roulet (Presidente de Confederaciones de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona -Cartez)
Cada 12 pesos que ingresan al Estado, uno proviene de la soja. ¿Quién incentiva, entonces, la siembra? Por cada hectárea que ocupen las vacas, el trigo o el maíz, la recaudación es menor.
Días pasados se conoció esta información: “El Ministerio de Educación de la Nación distribuirá en 45 mil colegios manuales con contenidos sobre medio ambiente (...), en los que se responsabiliza a los pools de siembra y a la soja por el deterioro ecológico”.
Ante esto, no podemos dejar de hacernos algunas preguntas: ¿quiénes incentivan la sojización? ¿Por qué hay concentración productiva? ¿Puede el Gobierno desentenderse de esas imperfecciones?
Los argentinos estamos atrapados en las consecuencias de un "problema “ideológico” del Gobier-no, que piensa que las exportacio-nes compiten con el mercado interno cuando, en realidad, son complementarias. Se debe producir no "sólo para el mercado interno" –por la famosa “soberanía alimentaria”–, sino mucho más, para generar saldos exportables que, casualmente, compensen con su precio diferencial al mercado interno.
Esas intervenciones imperfectas por parte del Gobierno en los mercados agropecuarios, con la excusa de la “defensa de la mesa de los argentinos”, incentivan un desbalance productivo, por el que se alientan ciertas producciones en desmedro de otras, lo que provoca un efecto contrario al que hipotéticamente se busca. Hoy pagamos el queso igual valor que en Italia o la carne más cara que en Uruguay.
Sólo produciendo más y dejando más saldos exportables, los precios internos podrán disminuir. No hay regla económica que demuestre que un producto puede costar menos cuando menos se produce.
Lo único que importa. A las autoridades nacionales, lo único que les interesa del campo son los 500 dólares por hectárea que aporta el cultivo de la soja. El ejemplo más claro es que en el presupuesto para este año –no aprobado por el Congreso–, la gran novedad fueron los altos ingresos calculados por las retenciones a las exportaciones granarias, gracias a la posibilidad de una buena cosecha –por supuesto, de soja–, acompañada por los buenos precios internacionales.
Esa avaricia recaudatoria es para el Gobierno totalmente necesaria para el manejo del poder político, el sometimiento de gobernadores e indirectamente del Senado, de parte de la población, de empresarios, etcétera, y para el planteo de abarrotar de dinero al mercado interno –sin importar sus efectos secundarios– para alentar la ola consumista, espejismo de bienestar.
En un trabajo elaborado por Cartez, concluimos que de cada 12 pesos que ingresan al Estado, uno proviene de la soja. ¿Quién incentiva, entonces, la siembra? Por cada hectárea que ocupen las vacas, el trigo o el maíz, la recaudación es menor.
La única manera de tener un sistema sustentable –lo dirá, sin dudas, el manual con contenidos sobre medio ambiente– es haciendo rotaciones y esto se logra devolviendo rentabilidad y previsibilidad a sectores como la ganadería, la lechería y los cultivos de trigo y maíz.
Menos gramíneas, más pesos. Por más que en la actualidad el 95 por ciento de la agricultura se hace con labores conservacionistas, la rotación entre leguminosas –soja– y gramíneas –trigo y maíz– es fundamental. Aunque la proporción ideal de mitad y mitad es muy difícil de alcanzar, hace 10 años estábamos cerca de esa ecuación al participar las gramíneas del 44 por ciento de la superficie total sembrada. Hoy, a causa del castigo que sufren esos dos cultivos, sólo participan en 25,8 por ciento.
Esa necesidad monetaria del Gobierno provoca, a la vez, una acción injusta e inequitativa al momento de recaudar, ya que se aprovecha de los sectores más competitivos para aumentar la presión impositiva. Para el sector agropecuario, va desde el 40 al 52 por ciento, cuando la media del país es 33 por ciento, lo que convierte a la producción del campo en un negocio totalmente financiero. A un productor pequeño, lo que le deja de renta una hectárea de campo apenas le alcanza para vivir; en cambio, para un grupo económico es un gran negocio que la rentabilidad sea del ocho al nueve por ciento de lo invertido.
Es a causa de esa política que tenemos una gran concentración productiva, desplazando de su medio social, cultural y productivo al pequeño y mediano productor. Con la intervención imperfecta en los mercados y la alta presión tributaria, se aniquiló uno de los valores fundacionales del campo, como es el de la “pertenencia” y se dejó vacío a ese interior productivo tan necesitado de “vida”, incentivando la migración rural hacia los grandes centros urbanos. En 2006, 14 mil productores producíamos 10.160 millones de litros de leche; hoy tenemos casi la misma producción –10.200 millones de litros– con algo menos de 11 mil productores; lo mismo sucede en la ganadería y agricultura.
Ese vaciamiento demográfico es potenciado, al mismo tiempo, por la constante transferencia monetaria del interior productivo al Gobierno –de cada uno de los pueblos se van entre 200 millones y 300 millones de pesos y vuelven migajas–, que quita posibilidades de generación de mano de obra, actividad monetaria, progreso y desarrollo económico.
Indudablemente, estamos ante otro planteo engañoso del Estado, que pretende hacer creer a la población –sobre todo, a la juventud– que la culpa de la sojización y la concentración productiva la tiene “la avaricia insaciable del hombre del campo”, cuando, en realidad, la falta de una política agropecuaria clara y la manera de ejercer el poder por parte del Gobierno son las que no permiten desarrollar plenamente el sistema de vida, que consiste en “vivir produciendo en el interior”.
Fecha de Publicación: 06/05/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Por Néstor Roulet (Presidente de Confederaciones de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona -Cartez)
Cada 12 pesos que ingresan al Estado, uno proviene de la soja. ¿Quién incentiva, entonces, la siembra? Por cada hectárea que ocupen las vacas, el trigo o el maíz, la recaudación es menor.
Días pasados se conoció esta información: “El Ministerio de Educación de la Nación distribuirá en 45 mil colegios manuales con contenidos sobre medio ambiente (...), en los que se responsabiliza a los pools de siembra y a la soja por el deterioro ecológico”.
Ante esto, no podemos dejar de hacernos algunas preguntas: ¿quiénes incentivan la sojización? ¿Por qué hay concentración productiva? ¿Puede el Gobierno desentenderse de esas imperfecciones?
Los argentinos estamos atrapados en las consecuencias de un "problema “ideológico” del Gobier-no, que piensa que las exportacio-nes compiten con el mercado interno cuando, en realidad, son complementarias. Se debe producir no "sólo para el mercado interno" –por la famosa “soberanía alimentaria”–, sino mucho más, para generar saldos exportables que, casualmente, compensen con su precio diferencial al mercado interno.
Esas intervenciones imperfectas por parte del Gobierno en los mercados agropecuarios, con la excusa de la “defensa de la mesa de los argentinos”, incentivan un desbalance productivo, por el que se alientan ciertas producciones en desmedro de otras, lo que provoca un efecto contrario al que hipotéticamente se busca. Hoy pagamos el queso igual valor que en Italia o la carne más cara que en Uruguay.
Sólo produciendo más y dejando más saldos exportables, los precios internos podrán disminuir. No hay regla económica que demuestre que un producto puede costar menos cuando menos se produce.
Lo único que importa. A las autoridades nacionales, lo único que les interesa del campo son los 500 dólares por hectárea que aporta el cultivo de la soja. El ejemplo más claro es que en el presupuesto para este año –no aprobado por el Congreso–, la gran novedad fueron los altos ingresos calculados por las retenciones a las exportaciones granarias, gracias a la posibilidad de una buena cosecha –por supuesto, de soja–, acompañada por los buenos precios internacionales.
Esa avaricia recaudatoria es para el Gobierno totalmente necesaria para el manejo del poder político, el sometimiento de gobernadores e indirectamente del Senado, de parte de la población, de empresarios, etcétera, y para el planteo de abarrotar de dinero al mercado interno –sin importar sus efectos secundarios– para alentar la ola consumista, espejismo de bienestar.
En un trabajo elaborado por Cartez, concluimos que de cada 12 pesos que ingresan al Estado, uno proviene de la soja. ¿Quién incentiva, entonces, la siembra? Por cada hectárea que ocupen las vacas, el trigo o el maíz, la recaudación es menor.
La única manera de tener un sistema sustentable –lo dirá, sin dudas, el manual con contenidos sobre medio ambiente– es haciendo rotaciones y esto se logra devolviendo rentabilidad y previsibilidad a sectores como la ganadería, la lechería y los cultivos de trigo y maíz.
Menos gramíneas, más pesos. Por más que en la actualidad el 95 por ciento de la agricultura se hace con labores conservacionistas, la rotación entre leguminosas –soja– y gramíneas –trigo y maíz– es fundamental. Aunque la proporción ideal de mitad y mitad es muy difícil de alcanzar, hace 10 años estábamos cerca de esa ecuación al participar las gramíneas del 44 por ciento de la superficie total sembrada. Hoy, a causa del castigo que sufren esos dos cultivos, sólo participan en 25,8 por ciento.
Esa necesidad monetaria del Gobierno provoca, a la vez, una acción injusta e inequitativa al momento de recaudar, ya que se aprovecha de los sectores más competitivos para aumentar la presión impositiva. Para el sector agropecuario, va desde el 40 al 52 por ciento, cuando la media del país es 33 por ciento, lo que convierte a la producción del campo en un negocio totalmente financiero. A un productor pequeño, lo que le deja de renta una hectárea de campo apenas le alcanza para vivir; en cambio, para un grupo económico es un gran negocio que la rentabilidad sea del ocho al nueve por ciento de lo invertido.
Es a causa de esa política que tenemos una gran concentración productiva, desplazando de su medio social, cultural y productivo al pequeño y mediano productor. Con la intervención imperfecta en los mercados y la alta presión tributaria, se aniquiló uno de los valores fundacionales del campo, como es el de la “pertenencia” y se dejó vacío a ese interior productivo tan necesitado de “vida”, incentivando la migración rural hacia los grandes centros urbanos. En 2006, 14 mil productores producíamos 10.160 millones de litros de leche; hoy tenemos casi la misma producción –10.200 millones de litros– con algo menos de 11 mil productores; lo mismo sucede en la ganadería y agricultura.
Ese vaciamiento demográfico es potenciado, al mismo tiempo, por la constante transferencia monetaria del interior productivo al Gobierno –de cada uno de los pueblos se van entre 200 millones y 300 millones de pesos y vuelven migajas–, que quita posibilidades de generación de mano de obra, actividad monetaria, progreso y desarrollo económico.
Indudablemente, estamos ante otro planteo engañoso del Estado, que pretende hacer creer a la población –sobre todo, a la juventud– que la culpa de la sojización y la concentración productiva la tiene “la avaricia insaciable del hombre del campo”, cuando, en realidad, la falta de una política agropecuaria clara y la manera de ejercer el poder por parte del Gobierno son las que no permiten desarrollar plenamente el sistema de vida, que consiste en “vivir produciendo en el interior”.
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Media sanción a la Ley de Basura Electrónica
La gestión de la basura electrónica
Fecha de Publicación: 05/05/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La Cámara de Senadores aprobó ayer y giró a Diputados un proyecto de ley que establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de aparatos eléctricos y electrónicos y de sus residuos. La iniciativa, que obtuvo 54 votos a favor y uno en contra, establece la responsabilidad de los fabricantes, que deben hacerse cargo de los materiales que producen “hasta su disposición final”. La norma involucra a los equipos de computación, televisores, teléfonos móviles y otros aparatos de alto recambio que, si bien a la hora de descartarse son considerados residuos domiciliarios, tienen un alto poder contaminante.
El objetivo de la ley es promover la gestión de esos residuos para recuperar partes y materiales que pueden ser reutilizados. La norma, impulsada por el senador Daniel Filmus, fue apoyada por Greenpeace, la Fundación Vida Silvestre y el INTI, entre otras instituciones.
El proyecto establece los presupuestos mínimos que deberán cumplir tanto los productores de los aparatos, como las provincias y los municipios. El proyecto apunta a proteger el ambiente, promover la reducción de la peligrosidad de los componentes y promover la reutilización y el reciclado. Además, crea un Fondo Nacional de Gestión de los residuos con el objeto de financiar su procesamiento, así como un Ente Nacional de Gestión, que deberá funcionar coordinadamente con la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.
Filmus consideró que la aprobación de esta iniciativa es “un avance trascendental” porque “toma una de las preocupaciones más importantes que tiene hoy la humanidad”.
“Estamos contentos por la capacidad que tenemos de adquirir nuevos aparatos tecnológicos, pero no sabemos qué hacer con los que no usamos más”, enfatizó. Filmus comentó que el parque de la telefonía móvil se renueva en un 30 por ciento cada año y llamó la atención porque “nadie sabe dónde van los aparatos que nadie utiliza”. El senador habló de la “responsabilidad extendida del productor, que debe hacerse cargo del aparato hasta su disposición final”.
El proyecto fue apoyado por la mayoría de los senadores, pero el radical chubutense Mario Cimadevilla votó en contra al considerar que algunos artículos de la iniciativa “avasallan la jurisdicción de las autonomías provinciales”. El senador señaló al respecto que el proyecto “no puede establecer presupuestos mínimos que deben ser seguidos” en todo el territorio de la Nación.
Basura electrónica: más responsabilidad para los fabricantes
Fecha de Publicación: 05/05/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El Senado dio el primer paso para regular el destino final de la llamada “basura electrónica” , residuos peligrosos para el ambiente que van desde pilas y baterías hasta computadoras, celulares y lámparas de bajo consumo. Esos desechos –que hoy son descartados junto a los domiciliarios– deberán tener una recolección, reciclado, tratamiento y disposición final diferenciados cuando el proyecto aprobado ayer se convierta en ley.
La iniciativa, que se discute desde hace tres años y fue celebrada ayer por la organización ambientalista Greenpeace, recibió 54 votos a favor y sólo uno en contra . Ordena el reciclado y la disposición final diferenciada, y consagra el principio de la responsabilidad legal y financiera de los productores en el destino final de lo que fabrican.
El proyecto es la Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), que crea un ente mixto en el órbita de la Secretaría de Medio Ambiente y un fondo para que se hagan cargo de la gestión y control de los desechos . El fondo será conformado por aportes que deben hacer las empresas por cada producto que coloquen en el mercado.
Sin embargo, el proyecto exceptúa de esta obligación a las fábricas (generalmente las más poderosas) que organicen la forma de recuperar sus propios residuos electrónicos . Además, la iniciativa no impide a los fabricantes que trasladen el monto que deben abonar al precio de sus productos.
Otro punto clave del proyecto es que, desde dos años después de sancionada la ley (que ahora pasó a Diputados), quedará prohibida la comercialización de aparatos eléctrico y electrónicos que contengan plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, polibromobifenilos y polibromodifeniléteres.
“Esta es una de las preocupaciones más importantes en el mundo de hoy ”, dijo Daniel Filmus, impulsor del proyecto, para quien es “un avance histórico”.
Fecha de Publicación: 05/05/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La Cámara de Senadores aprobó ayer y giró a Diputados un proyecto de ley que establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de aparatos eléctricos y electrónicos y de sus residuos. La iniciativa, que obtuvo 54 votos a favor y uno en contra, establece la responsabilidad de los fabricantes, que deben hacerse cargo de los materiales que producen “hasta su disposición final”. La norma involucra a los equipos de computación, televisores, teléfonos móviles y otros aparatos de alto recambio que, si bien a la hora de descartarse son considerados residuos domiciliarios, tienen un alto poder contaminante.
El objetivo de la ley es promover la gestión de esos residuos para recuperar partes y materiales que pueden ser reutilizados. La norma, impulsada por el senador Daniel Filmus, fue apoyada por Greenpeace, la Fundación Vida Silvestre y el INTI, entre otras instituciones.
El proyecto establece los presupuestos mínimos que deberán cumplir tanto los productores de los aparatos, como las provincias y los municipios. El proyecto apunta a proteger el ambiente, promover la reducción de la peligrosidad de los componentes y promover la reutilización y el reciclado. Además, crea un Fondo Nacional de Gestión de los residuos con el objeto de financiar su procesamiento, así como un Ente Nacional de Gestión, que deberá funcionar coordinadamente con la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.
Filmus consideró que la aprobación de esta iniciativa es “un avance trascendental” porque “toma una de las preocupaciones más importantes que tiene hoy la humanidad”.
“Estamos contentos por la capacidad que tenemos de adquirir nuevos aparatos tecnológicos, pero no sabemos qué hacer con los que no usamos más”, enfatizó. Filmus comentó que el parque de la telefonía móvil se renueva en un 30 por ciento cada año y llamó la atención porque “nadie sabe dónde van los aparatos que nadie utiliza”. El senador habló de la “responsabilidad extendida del productor, que debe hacerse cargo del aparato hasta su disposición final”.
El proyecto fue apoyado por la mayoría de los senadores, pero el radical chubutense Mario Cimadevilla votó en contra al considerar que algunos artículos de la iniciativa “avasallan la jurisdicción de las autonomías provinciales”. El senador señaló al respecto que el proyecto “no puede establecer presupuestos mínimos que deben ser seguidos” en todo el territorio de la Nación.
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Basura electrónica: más responsabilidad para los fabricantes
Fecha de Publicación: 05/05/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El Senado dio el primer paso para regular el destino final de la llamada “basura electrónica” , residuos peligrosos para el ambiente que van desde pilas y baterías hasta computadoras, celulares y lámparas de bajo consumo. Esos desechos –que hoy son descartados junto a los domiciliarios– deberán tener una recolección, reciclado, tratamiento y disposición final diferenciados cuando el proyecto aprobado ayer se convierta en ley.
La iniciativa, que se discute desde hace tres años y fue celebrada ayer por la organización ambientalista Greenpeace, recibió 54 votos a favor y sólo uno en contra . Ordena el reciclado y la disposición final diferenciada, y consagra el principio de la responsabilidad legal y financiera de los productores en el destino final de lo que fabrican.
El proyecto es la Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), que crea un ente mixto en el órbita de la Secretaría de Medio Ambiente y un fondo para que se hagan cargo de la gestión y control de los desechos . El fondo será conformado por aportes que deben hacer las empresas por cada producto que coloquen en el mercado.
Sin embargo, el proyecto exceptúa de esta obligación a las fábricas (generalmente las más poderosas) que organicen la forma de recuperar sus propios residuos electrónicos . Además, la iniciativa no impide a los fabricantes que trasladen el monto que deben abonar al precio de sus productos.
Otro punto clave del proyecto es que, desde dos años después de sancionada la ley (que ahora pasó a Diputados), quedará prohibida la comercialización de aparatos eléctrico y electrónicos que contengan plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, polibromobifenilos y polibromodifeniléteres.
“Esta es una de las preocupaciones más importantes en el mundo de hoy ”, dijo Daniel Filmus, impulsor del proyecto, para quien es “un avance histórico”.
Salta: escándalo por los fondos de los bosques
Renunció el director de Bosques por el escándalo de los fondos
Fecha de Publicación: 05/05/2011
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El primer funcionario afectado por el caso que pone serias dudas sobre el destino de $28millones enviados por la Nación. Por su parte elministro dijo que “si seconcretaba la estafa, la culpa era del banco”, en el informe que dio ayer al Senado.
El escándalo por el manejo de los millonarios fondos de la ley de bosques se cobró ayer su primera víctima; tras el inconducente informe brindado por el ministro de Medio Ambiente, Francisco López Sastre, ante el Senado provincial, el director de la Agencia de Bosques, Juan Godoy, tuvo que presentar su renuncia al cargo.
Inmediatamente después, a través de un decreto, el Gobierno provincial habría nombrado en su reemplazo a la licenciada Mercedes Beltrame, quien también estaría vinculada a la Fundación Oikos, una de las entidades que gestionaba los proyectos para el cobro de los fondos de bosques. Horas antes y a pesar de los esfuerzos oficiales por minimizar la polémica que abrió el intento de estafa con fondos de la ley de bosques, el ministro de Ambiente, Francisco López Sastre, profundizó el malestar con las declaraciones que les hizo a los senadores. Sin vueltas, aseguró que “si se concretaba la estafa, la culpa era del banco”. A la afirmación la realizó basándose en su criterio de que los controles dentro de la cartera que conduce “fueron impecables”. A mediados del mes pasado un empleado del Banco Macro se percató de una irregularidad por parte de personas que en dos oportunidades intentaron crear cuentas para recibir fondos de la ley de bosques a nombre de personas fallecidas, por un total de $258 mil.
Sobre este punto, los senadores que más hincapié hicieron para que el funcionario brindara información sobre lo sucedido fueron Raúl García (PRS, Metán), Silvina Vargas (UCR, Cafayate) y Pablo Díaz (Cachi, PJ). En su defensa, López Sastre sostuvo -al igual que cuando estuvo en Diputados- que los controles en el otorgamiento de los fondos son responsabilidad compartida entre el Ministerio y la entidad bancaria.
“La única forma de que se haga efectivo el pago es que concurra el titular de las tierras; nosotros no podemos negar que un gestor o un apoderado haga todos los trámites en el Ministerio”, sostuvo López Sastre.
Ante la nebulosa en la que se encuentra el caso del intento de estafa, el senador García solicitó que la Cámara alta requiera a Ambiente el envío de todo el expediente en cuestión. Durante el encuentro llevado a cabo en el palacio legislativo hubo varios momentos de tensión, ya que el ministro concurrió acompañado de dos asesores -uno legal y el otro técnico-, que inclusive hablaron y explicaron las consultas de los legisladores. El informe del ministro se produjo por la mañana. Por la tarde se produjo la renuncia de Juan Godoy y el nombramiento de su reemplazante.
Mucho dinero
Salta recibió el año pasado $28 millones en concepto de la ley de bosques. De ese total, el Ministerio de Ambiente dispone de $8 millones para efectuar controles sobre aquellas personas beneficiarias de la ley de bosques. Sobre el tema, López Sastre aseguró que se adquirirán unas 10 camionetas para que los empleados de la cartera puedan recorrer la provincia y que está planeado abrir delegaciones en los departamentos San Martín, Orán, Anta y Metán.
Fecha de Publicación: 05/05/2011
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El primer funcionario afectado por el caso que pone serias dudas sobre el destino de $28millones enviados por la Nación. Por su parte elministro dijo que “si seconcretaba la estafa, la culpa era del banco”, en el informe que dio ayer al Senado.
El escándalo por el manejo de los millonarios fondos de la ley de bosques se cobró ayer su primera víctima; tras el inconducente informe brindado por el ministro de Medio Ambiente, Francisco López Sastre, ante el Senado provincial, el director de la Agencia de Bosques, Juan Godoy, tuvo que presentar su renuncia al cargo.
Inmediatamente después, a través de un decreto, el Gobierno provincial habría nombrado en su reemplazo a la licenciada Mercedes Beltrame, quien también estaría vinculada a la Fundación Oikos, una de las entidades que gestionaba los proyectos para el cobro de los fondos de bosques. Horas antes y a pesar de los esfuerzos oficiales por minimizar la polémica que abrió el intento de estafa con fondos de la ley de bosques, el ministro de Ambiente, Francisco López Sastre, profundizó el malestar con las declaraciones que les hizo a los senadores. Sin vueltas, aseguró que “si se concretaba la estafa, la culpa era del banco”. A la afirmación la realizó basándose en su criterio de que los controles dentro de la cartera que conduce “fueron impecables”. A mediados del mes pasado un empleado del Banco Macro se percató de una irregularidad por parte de personas que en dos oportunidades intentaron crear cuentas para recibir fondos de la ley de bosques a nombre de personas fallecidas, por un total de $258 mil.
Sobre este punto, los senadores que más hincapié hicieron para que el funcionario brindara información sobre lo sucedido fueron Raúl García (PRS, Metán), Silvina Vargas (UCR, Cafayate) y Pablo Díaz (Cachi, PJ). En su defensa, López Sastre sostuvo -al igual que cuando estuvo en Diputados- que los controles en el otorgamiento de los fondos son responsabilidad compartida entre el Ministerio y la entidad bancaria.
“La única forma de que se haga efectivo el pago es que concurra el titular de las tierras; nosotros no podemos negar que un gestor o un apoderado haga todos los trámites en el Ministerio”, sostuvo López Sastre.
Ante la nebulosa en la que se encuentra el caso del intento de estafa, el senador García solicitó que la Cámara alta requiera a Ambiente el envío de todo el expediente en cuestión. Durante el encuentro llevado a cabo en el palacio legislativo hubo varios momentos de tensión, ya que el ministro concurrió acompañado de dos asesores -uno legal y el otro técnico-, que inclusive hablaron y explicaron las consultas de los legisladores. El informe del ministro se produjo por la mañana. Por la tarde se produjo la renuncia de Juan Godoy y el nombramiento de su reemplazante.
Mucho dinero
Salta recibió el año pasado $28 millones en concepto de la ley de bosques. De ese total, el Ministerio de Ambiente dispone de $8 millones para efectuar controles sobre aquellas personas beneficiarias de la ley de bosques. Sobre el tema, López Sastre aseguró que se adquirirán unas 10 camionetas para que los empleados de la cartera puedan recorrer la provincia y que está planeado abrir delegaciones en los departamentos San Martín, Orán, Anta y Metán.
Ya analizan muestras tomadas en Botnia
Ya analizan muestras tomadas en Botnia
Fecha de Publicación: 05/05/2011
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Entre Ríos
Luego de la realización del ensayo general del monitoreo del río Uruguay sobre la base del protocolo acordado entre la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y la Secretaría de Ambiente Sustentable de Entre Ríos, el presidente de la delegación argentina en la CARU, Hernán Orduna, indicó que el Comité Científico evaluará la información que surja de las muestras tomadas, labrará actas con los valores y emitirá sus conclusiones, que se darán a conocer los últimos días de mayo.
«Las muestras son de agua, pero estamos comprando los equipos para medir aire en todas las chimeneas de Botnia», adelantó Orduna, asegurando que «si hay un parámetro fuera de lo permitido se le pedirá que realice la prevención de la contaminación, que es la eliminación de la contaminación». Las declaraciones se enmarcan en medio de la tensión que se generó entre la Argentina y Uruguay luego de que el país vecino aumentara la temperatura del agua del vertido con intención de flexibilizar los estándares de control ambiental.
Las muestras de agua se tomaron en la fábrica de pasta de celulosa y en la desembocadura del río Gualeguayachú en el río Uruguay, y serán analizadas con un medidor multiparamétrico que adquirió la CARU.
Lo mismo se realizará a fines de mayo, con la diferencia de que las muestras van a ser enviadas a dos laboratorios de Canadá. Mientras tanto, se están seleccionando laboratorios de ambos países para que continúen con el análisis de las muestras, reemplazando a los laboratorios canadienses.
En la primera etapa del protocolo acordado, los científicos observaron las condiciones de la planta y el modo en que se desarrollan las actividades, como forma de afinar detalles para el comienzo formal del monitoreo en un plazo inferior a dos meses. Sin embargo, ya se detectaron ciertas irregularidades, como sensores ambientales con parámetros modificados.
Fecha de Publicación: 05/05/2011
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Entre Ríos
Luego de la realización del ensayo general del monitoreo del río Uruguay sobre la base del protocolo acordado entre la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y la Secretaría de Ambiente Sustentable de Entre Ríos, el presidente de la delegación argentina en la CARU, Hernán Orduna, indicó que el Comité Científico evaluará la información que surja de las muestras tomadas, labrará actas con los valores y emitirá sus conclusiones, que se darán a conocer los últimos días de mayo.
«Las muestras son de agua, pero estamos comprando los equipos para medir aire en todas las chimeneas de Botnia», adelantó Orduna, asegurando que «si hay un parámetro fuera de lo permitido se le pedirá que realice la prevención de la contaminación, que es la eliminación de la contaminación». Las declaraciones se enmarcan en medio de la tensión que se generó entre la Argentina y Uruguay luego de que el país vecino aumentara la temperatura del agua del vertido con intención de flexibilizar los estándares de control ambiental.
Las muestras de agua se tomaron en la fábrica de pasta de celulosa y en la desembocadura del río Gualeguayachú en el río Uruguay, y serán analizadas con un medidor multiparamétrico que adquirió la CARU.
Lo mismo se realizará a fines de mayo, con la diferencia de que las muestras van a ser enviadas a dos laboratorios de Canadá. Mientras tanto, se están seleccionando laboratorios de ambos países para que continúen con el análisis de las muestras, reemplazando a los laboratorios canadienses.
En la primera etapa del protocolo acordado, los científicos observaron las condiciones de la planta y el modo en que se desarrollan las actividades, como forma de afinar detalles para el comienzo formal del monitoreo en un plazo inferior a dos meses. Sin embargo, ya se detectaron ciertas irregularidades, como sensores ambientales con parámetros modificados.
Piden imputación por contaminar el Río Hondo
Fiscal pidió la imputación de empresarios tucumanos por envenenar al lago Río Hondo
Fecha de Publicación: 04/05/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
El requerimiento fue elevado por Pedro Simón al juez federal Guillermo Molinari, al considerar que hay pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad de los titulares de estas firmas en la contaminación de la cuenca.
Tras más de una década de la primera denuncia presentada por el Gobierno de Santiago del Estero por la contaminación de las aguas del embalse Río Hondo, tiempo en el que se acumularon las acusaciones contra industrias de Tucumán como también la mortandad de peces, la Justicia Federal local dio un paso relevante al pedir la imputación de empresarios de la vecina provincia por envenenar la cuenca Salí-Dulce.
El fiscal federal Pedro Simón, consideró que hay un importante cúmulo de pruebas aportadas por distintos organismos para solicitar el requerimiento de instrucción de una causa por infracción a la ley de Residuos Peligrosos contra titulares de 15 citrícolas entre ellas Bella Vista, Nuñorco y Marapa. La imputación fiscal también alcanza a los máximos responsables de las cuatro citrícolas de la vecina provincia, de la papelera Tucumán y de la planta de secado de Minera La Alumbrera.
“Hoy hizo el requerimiento de instrucción en base a una denuncia que había hecho el ex intendente de Las Termas, hace más de un año cuando se produjo la mortandad de peces, situación que se acumuló con un nuevo fenómeno de estas características, el año pasado, mucho más grave”, señaló Simón en diálogo con EL LIBERAL.
El titular del Ministerio Público Fiscal señaló que a la denuncia del ex jefe comunal, Luis Saleme, se sumaron como querellante la ex concejal de Las Termas, Anita Loto, y la Defensoría del Pueblo de la provincia. Relató que a partir de estas presentaciones, la Fiscalía ordenó la concreción de una serie de medidas “y en base a las presentaciones y aportes de pruebas de ellos (denunciante y querellantes), he pedido la instrucción y la imputación contra titulares de 15 ingenios de Tucumán, las cuatro citrícolas, la papelera Tucumán y la planta de secado de Minera la Alumbrera”, detalló.
Responsabilidad
Simón explicó que cuando se trata de personas jurídicas la ley habilita a imputar a los gerentes, directivos, síndicos. Apuntó que todas las fábricas involucradas vuelcan sus desechos en la Cuenca Salí-Dulce y que llegan al lago Río Hondo por los distintos canales y afluentes. “Hemos pedido la imputación por la contaminación que ha privado de oxígeno al lago y por eso producen la mortandad de peces y el daño consabido a la salud, que es el bien jurídico protegido por la ley”, manifestó.
El fiscal dijo que si bien el fin de la acción penal es aplicar la pena que establece la ley “en los casos que se comprueben los presupuestos de punibilidad respecto a quienes se sindica como responsables”, a veces sin perjuicio de estas acciones, eso promueve que las mismas entidades denunciadas se acojan a planes de saneamiento para hacer una producción limpia. “Uno no busca frenar la producción, pero sí que se haga bajo estándares que permitan la salubridad y la protección del medio ambiente. Es decir, no sólo se busca la pena, sino concientizar a los responsables y a eventuales industriales que realizan explotaciones a que se proteja el medioambiente, que el beneficio de hoy no sea un perjuicio para las generaciones de los próximos años”, recalcó el funcionario judicial.
Continuidad del proceso
“Ahora el juez tiene que resolver el avocamiento a la instrucción de esta denuncia y cómo no tenemos individualizados fehacientemente quiénes son los gerentes o las autoridades responsables de cada ingenio, he pedido que se oficie al Registro Público de Comercio de Tucumán y a la Secretaría de Miedo Ambiente de Tucumán, quiénes son las personas físicas para citarlas a las respectivas declaraciones indagatorias”, dio a conocer Simón, sobre los próximos pasos en relación con su presentación.
Un aspecto en el que puso énfasis, es que el Ministerio Público Fiscal cuenta con un amplio cúmulo de pruebas para impulsar esta denuncia. Informes y pericias solicitadas por organismos como la Secretaría del Agua, Defensoría, y que fueron aportando a lo largo de estos años. También estudios de Prefectura Naval. “Todo lo que hay, habilita prima facie a formular el requerimiento a instrucción, habrá que profundizar las medidas de pruebas y ver los elementos de defensa que aporta esta gente”.
Al respecto, recalcó que “en el marco del debido proceso ellos tienen que ejercer su defensa y acompañarán, pedirán pericias, informes para demostrar en su caso, la exclusión de responsabilidad y la Fiscalía y los querellantes, la culpabilidad”.
Fecha de Publicación: 04/05/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
El requerimiento fue elevado por Pedro Simón al juez federal Guillermo Molinari, al considerar que hay pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad de los titulares de estas firmas en la contaminación de la cuenca.
Tras más de una década de la primera denuncia presentada por el Gobierno de Santiago del Estero por la contaminación de las aguas del embalse Río Hondo, tiempo en el que se acumularon las acusaciones contra industrias de Tucumán como también la mortandad de peces, la Justicia Federal local dio un paso relevante al pedir la imputación de empresarios de la vecina provincia por envenenar la cuenca Salí-Dulce.
El fiscal federal Pedro Simón, consideró que hay un importante cúmulo de pruebas aportadas por distintos organismos para solicitar el requerimiento de instrucción de una causa por infracción a la ley de Residuos Peligrosos contra titulares de 15 citrícolas entre ellas Bella Vista, Nuñorco y Marapa. La imputación fiscal también alcanza a los máximos responsables de las cuatro citrícolas de la vecina provincia, de la papelera Tucumán y de la planta de secado de Minera La Alumbrera.
“Hoy hizo el requerimiento de instrucción en base a una denuncia que había hecho el ex intendente de Las Termas, hace más de un año cuando se produjo la mortandad de peces, situación que se acumuló con un nuevo fenómeno de estas características, el año pasado, mucho más grave”, señaló Simón en diálogo con EL LIBERAL.
El titular del Ministerio Público Fiscal señaló que a la denuncia del ex jefe comunal, Luis Saleme, se sumaron como querellante la ex concejal de Las Termas, Anita Loto, y la Defensoría del Pueblo de la provincia. Relató que a partir de estas presentaciones, la Fiscalía ordenó la concreción de una serie de medidas “y en base a las presentaciones y aportes de pruebas de ellos (denunciante y querellantes), he pedido la instrucción y la imputación contra titulares de 15 ingenios de Tucumán, las cuatro citrícolas, la papelera Tucumán y la planta de secado de Minera la Alumbrera”, detalló.
Responsabilidad
Simón explicó que cuando se trata de personas jurídicas la ley habilita a imputar a los gerentes, directivos, síndicos. Apuntó que todas las fábricas involucradas vuelcan sus desechos en la Cuenca Salí-Dulce y que llegan al lago Río Hondo por los distintos canales y afluentes. “Hemos pedido la imputación por la contaminación que ha privado de oxígeno al lago y por eso producen la mortandad de peces y el daño consabido a la salud, que es el bien jurídico protegido por la ley”, manifestó.
El fiscal dijo que si bien el fin de la acción penal es aplicar la pena que establece la ley “en los casos que se comprueben los presupuestos de punibilidad respecto a quienes se sindica como responsables”, a veces sin perjuicio de estas acciones, eso promueve que las mismas entidades denunciadas se acojan a planes de saneamiento para hacer una producción limpia. “Uno no busca frenar la producción, pero sí que se haga bajo estándares que permitan la salubridad y la protección del medio ambiente. Es decir, no sólo se busca la pena, sino concientizar a los responsables y a eventuales industriales que realizan explotaciones a que se proteja el medioambiente, que el beneficio de hoy no sea un perjuicio para las generaciones de los próximos años”, recalcó el funcionario judicial.
Continuidad del proceso
“Ahora el juez tiene que resolver el avocamiento a la instrucción de esta denuncia y cómo no tenemos individualizados fehacientemente quiénes son los gerentes o las autoridades responsables de cada ingenio, he pedido que se oficie al Registro Público de Comercio de Tucumán y a la Secretaría de Miedo Ambiente de Tucumán, quiénes son las personas físicas para citarlas a las respectivas declaraciones indagatorias”, dio a conocer Simón, sobre los próximos pasos en relación con su presentación.
Un aspecto en el que puso énfasis, es que el Ministerio Público Fiscal cuenta con un amplio cúmulo de pruebas para impulsar esta denuncia. Informes y pericias solicitadas por organismos como la Secretaría del Agua, Defensoría, y que fueron aportando a lo largo de estos años. También estudios de Prefectura Naval. “Todo lo que hay, habilita prima facie a formular el requerimiento a instrucción, habrá que profundizar las medidas de pruebas y ver los elementos de defensa que aporta esta gente”.
Al respecto, recalcó que “en el marco del debido proceso ellos tienen que ejercer su defensa y acompañarán, pedirán pericias, informes para demostrar en su caso, la exclusión de responsabilidad y la Fiscalía y los querellantes, la culpabilidad”.
Estrategia Nacional en Cambio Climático
Se presentó la Estrategia Nacional en Cambio Climático
Fecha de Publicación: 03/05/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
El Director de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente, a cargo del Dr. Juan Jose Mussi, Dr. Nazareno Castillo, presentó junto a referentes de otros organismos nacionales, los lineamientos de la Estrategia Nacional en Cambio Climático para la región NEA del COFEMA.
El acto se realizó en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Misiones, y contó con la presencia de la ministra de Ecología de la Provincia de Misiones, Dra. Viviana Rovira y el Director de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad ambiental de Formosa, Dr. Hugo Bay.
Allí, el Dr. Castillo Marín realizó una presentación sobre la situación actual del proceso de la Estrategia Nacional en Cambio Climático (ENCC), la cual tiene por objeto establecer un marco de acción nacional frente a esta problemática asegurando una participación intergubernamental e intersectorial. Además alentó a los funcionarios provinciales presentes a replicar el modelo implementado a nivel nacional de contar con un grupo intersectorial, en vistas de elaborar estrategias provinciales en la temática.
Posteriormente, los funcionarios nacionales, Rodrigo Rodríguez de la Secretaría de Transporte; Luciano Scarpanti de la Secretaría de Industria, Comercio y Pymes y Pedro Rossi, de la Secretaría de Energía, dieron su visión sobre el trabajo que vienen desarrollando, en conjunto con representantes de otras quince secretarias de estado, en el marco del Comité Gubernamental en Cambio Climático y en vistas de consolidar el proceso de la Estrategia Nacional en Cambio Climático.
Finalmente, funcionarios de las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes describieron las políticas y acciones que vienen llevando adelante, muchas de ellas con efectos positivos en términos de promover la reducción de emisiones de gases efecto invernadero a partir de fuentes locales o de facilitar la adaptación a los impactos del cambio climático.
Del evento también participaron, el Dr. Mario Rujana, Administrador General del Instituto de Agua y Ambiente de Corrientes; el Ing. Miguel Brunswig, Subsecretario de Recursos Naturales de Chaco, entre otros.
Fecha de Publicación: 03/05/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
El Director de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente, a cargo del Dr. Juan Jose Mussi, Dr. Nazareno Castillo, presentó junto a referentes de otros organismos nacionales, los lineamientos de la Estrategia Nacional en Cambio Climático para la región NEA del COFEMA.
El acto se realizó en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Misiones, y contó con la presencia de la ministra de Ecología de la Provincia de Misiones, Dra. Viviana Rovira y el Director de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad ambiental de Formosa, Dr. Hugo Bay.
Allí, el Dr. Castillo Marín realizó una presentación sobre la situación actual del proceso de la Estrategia Nacional en Cambio Climático (ENCC), la cual tiene por objeto establecer un marco de acción nacional frente a esta problemática asegurando una participación intergubernamental e intersectorial. Además alentó a los funcionarios provinciales presentes a replicar el modelo implementado a nivel nacional de contar con un grupo intersectorial, en vistas de elaborar estrategias provinciales en la temática.
Posteriormente, los funcionarios nacionales, Rodrigo Rodríguez de la Secretaría de Transporte; Luciano Scarpanti de la Secretaría de Industria, Comercio y Pymes y Pedro Rossi, de la Secretaría de Energía, dieron su visión sobre el trabajo que vienen desarrollando, en conjunto con representantes de otras quince secretarias de estado, en el marco del Comité Gubernamental en Cambio Climático y en vistas de consolidar el proceso de la Estrategia Nacional en Cambio Climático.
Finalmente, funcionarios de las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes describieron las políticas y acciones que vienen llevando adelante, muchas de ellas con efectos positivos en términos de promover la reducción de emisiones de gases efecto invernadero a partir de fuentes locales o de facilitar la adaptación a los impactos del cambio climático.
Del evento también participaron, el Dr. Mario Rujana, Administrador General del Instituto de Agua y Ambiente de Corrientes; el Ing. Miguel Brunswig, Subsecretario de Recursos Naturales de Chaco, entre otros.
Barrick Gold y los negocios detrás de la pelea
Barrick Gold y los negocios detrás de la pelea de los hermanos Gioja
Fecha de Publicación: 03/05/2011
Fuente: Minuto Político
Provincia/Región: San Juan
Los hermanos Gioja pasaron de fantasear con una fórmula fraternal para gobernar San Juan por otros cuatro años a verse enfrentados como enemigos políticos históricos. Mientras José Luis, el gobernador, se prepara para que los sanjuaninos le habiliten su tercera gestión consecutiva, César, senador nacional, se erigió en su principal opositor tras ver frustrados sus deseos por sucederlo. Detrás de la pelea familiar se filtran poder, negocios y acusaciones cruzadas que encendieron una llama que hace pocos meses eran inimaginables.
Nada parece poner en riesgo la reforma constitucional que impulsó el gobernador, a partir de la cual se permitirá en San Juan la re-reelección. Luego de imponer su abrumadora mayoría en la Legislatura provincial, sólo falta la aprobación de la consulta popular pautada para el próximo domingo. Las encuestas menos favorables le auguran un triunfo con entre el 60% o el 65%. El mismo porcentaje con el que se alzó con la gobernación en 2007 (61,16%). Un relevamiento del Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (IOPPS), publicado hace días por el Diario de Cuyo, si bien muestra una inclinación de los indecisos a favor del NO, otorga al SI un 66,4% de la intención de voto. A priori, algo irreversible.
Fue esta maniobra del gobernador la que desató la bronca de su hermano César, quien se frotaba las manos para quedarse con la sucesión. Pero quedaron vacías: José Luís forzó la re-reelección y está a menos de una semana de conseguirla. En ese contexto, el senador nacional por San Juan salió a romper filas con su hermano y se transformó en el principal opositor a la reforma constitucional.
Lo hizo apuntando a los negocios. Y arrancó por lo más escabroso: a la minera Barrick Gold, multinacional que se lleva de 2 a 3 mil millones de dólares por año en oro de las montañas sanjuaninas dejando en consecuencia un desastre ambiental de valores incalculables y, apenas, del 1% al 3% en regalías. “Parece que no le convengo a la Barrick Gold” dijo en plena campaña opositora, al tiempo que propone subir al 5% el mínimo y un plan de retenciones móviles, como establecía la resolución 125 para los granos, proyecto que nunca presentó los seis años que estuvo al frente de la Comisión de Minería del Senado.
Luego disparó contra su hermano, sin miramientos: "¿Quién es el único que garantiza las utilidades extraordinarias de la mega minería? Simple, el actual gobierno provincial que como en el siglo XVI, XVII y XVIII nos dejaron nada más que muertos y un sistema similar a la de la esclavitud con la encomienda, la mita y el yanaconazgo”. Pero esta postura pudo haberse transformado en un bumerang para el mayor de los Gioja.
La intromisión del tema Barrick Gold en la contienda electoral tomó por sorpresa al gobernador Gioja. En una entrevista dijo que el asunto de la minera en realidad afecta a “César, porque aparece como proveedor de la barrica”. Desde su entorno lo reforzaron. “Cuando (Miguel) Bonasso o (Fernando) Pino Solanas vinieron con la campaña contra la minera, lo único que tenían para atacar al gobernador era que una empresa de su hermano era proveedora de la Barrick”, contó un operador del mandatario provincial, quien destacó además lo sugestivo de ver a César Gioja almorzando con el ex intendente de Calingasta, Adolfo Ibazeta, dirigente que perdió la intendencia por su oposición a la minería en el departamento más montañoso de San Juan.
Consultado por la reacción del gobernador ante la postura adoptada por su hermano, la fuente respondió: “Al principio lo afectó bastante, nunca pensó que su hermano iba a ser su principal opositor. Lo sorprendió porque él estaba de acuerdo al principio e incluso planteó que no le desagradaría una fórmula Gioja-Gioja”. Hoy, algo inviable.
Según pudo saber este medio, César Gioja era dueño de Bentonitas Santa Gema, proveedora de bentonita para la Barrick Gold, una tierra especial que se usa para fortalecer los pozos de exploración y evitar derrumbes.
Carlos Bula, abogado, integrante de la Junta de Proyecto Sur en la provincia y uno de los principales dirigentes en la resistencia a la Barrick Gold, no esconde su indignación ante la pelea entre los Gioja en torno a este negocio. “La Barrick exige garantías de que esta situación va a continuar. Los dos han establecido una estrategia de subirse al ring y generar una pelea muy fuerte, pero para la minera, cualquiera de los dos que caiga, sigue siendo lo mismo”.
La otra pelea que dio César Gioja para evitar que su hermano acceda al derecho a una segunda reelección fue en la Justicia. Y le fue muy mal. Tanto la Justicia ordinaria como la electoral –ambas con buena sintonía con el Gobierno provincial- rechazaron, en total, 29 presentaciones judiciales que intentaron frenar en los tribunales lo que no pudo la política. A principio de abril, al menos ocho presentaciones del senador contra la intentona de su hermano fueron rechazadas por jueces civiles. El argumento del ahora opositor es que, según la Constitución de San Juan, la consulta popular debería coincidir con la próxima elección general. Es decir, debía hacerse en los próximos comicios por la gobernación, lo que hubiese anulado las posibilidades de su hermano. Pero todos respondieron que no era materia “judicializable”.
Fecha de Publicación: 03/05/2011
Fuente: Minuto Político
Provincia/Región: San Juan
Los hermanos Gioja pasaron de fantasear con una fórmula fraternal para gobernar San Juan por otros cuatro años a verse enfrentados como enemigos políticos históricos. Mientras José Luis, el gobernador, se prepara para que los sanjuaninos le habiliten su tercera gestión consecutiva, César, senador nacional, se erigió en su principal opositor tras ver frustrados sus deseos por sucederlo. Detrás de la pelea familiar se filtran poder, negocios y acusaciones cruzadas que encendieron una llama que hace pocos meses eran inimaginables.
Nada parece poner en riesgo la reforma constitucional que impulsó el gobernador, a partir de la cual se permitirá en San Juan la re-reelección. Luego de imponer su abrumadora mayoría en la Legislatura provincial, sólo falta la aprobación de la consulta popular pautada para el próximo domingo. Las encuestas menos favorables le auguran un triunfo con entre el 60% o el 65%. El mismo porcentaje con el que se alzó con la gobernación en 2007 (61,16%). Un relevamiento del Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (IOPPS), publicado hace días por el Diario de Cuyo, si bien muestra una inclinación de los indecisos a favor del NO, otorga al SI un 66,4% de la intención de voto. A priori, algo irreversible.
Fue esta maniobra del gobernador la que desató la bronca de su hermano César, quien se frotaba las manos para quedarse con la sucesión. Pero quedaron vacías: José Luís forzó la re-reelección y está a menos de una semana de conseguirla. En ese contexto, el senador nacional por San Juan salió a romper filas con su hermano y se transformó en el principal opositor a la reforma constitucional.
Lo hizo apuntando a los negocios. Y arrancó por lo más escabroso: a la minera Barrick Gold, multinacional que se lleva de 2 a 3 mil millones de dólares por año en oro de las montañas sanjuaninas dejando en consecuencia un desastre ambiental de valores incalculables y, apenas, del 1% al 3% en regalías. “Parece que no le convengo a la Barrick Gold” dijo en plena campaña opositora, al tiempo que propone subir al 5% el mínimo y un plan de retenciones móviles, como establecía la resolución 125 para los granos, proyecto que nunca presentó los seis años que estuvo al frente de la Comisión de Minería del Senado.
Luego disparó contra su hermano, sin miramientos: "¿Quién es el único que garantiza las utilidades extraordinarias de la mega minería? Simple, el actual gobierno provincial que como en el siglo XVI, XVII y XVIII nos dejaron nada más que muertos y un sistema similar a la de la esclavitud con la encomienda, la mita y el yanaconazgo”. Pero esta postura pudo haberse transformado en un bumerang para el mayor de los Gioja.
La intromisión del tema Barrick Gold en la contienda electoral tomó por sorpresa al gobernador Gioja. En una entrevista dijo que el asunto de la minera en realidad afecta a “César, porque aparece como proveedor de la barrica”. Desde su entorno lo reforzaron. “Cuando (Miguel) Bonasso o (Fernando) Pino Solanas vinieron con la campaña contra la minera, lo único que tenían para atacar al gobernador era que una empresa de su hermano era proveedora de la Barrick”, contó un operador del mandatario provincial, quien destacó además lo sugestivo de ver a César Gioja almorzando con el ex intendente de Calingasta, Adolfo Ibazeta, dirigente que perdió la intendencia por su oposición a la minería en el departamento más montañoso de San Juan.
Consultado por la reacción del gobernador ante la postura adoptada por su hermano, la fuente respondió: “Al principio lo afectó bastante, nunca pensó que su hermano iba a ser su principal opositor. Lo sorprendió porque él estaba de acuerdo al principio e incluso planteó que no le desagradaría una fórmula Gioja-Gioja”. Hoy, algo inviable.
Según pudo saber este medio, César Gioja era dueño de Bentonitas Santa Gema, proveedora de bentonita para la Barrick Gold, una tierra especial que se usa para fortalecer los pozos de exploración y evitar derrumbes.
Carlos Bula, abogado, integrante de la Junta de Proyecto Sur en la provincia y uno de los principales dirigentes en la resistencia a la Barrick Gold, no esconde su indignación ante la pelea entre los Gioja en torno a este negocio. “La Barrick exige garantías de que esta situación va a continuar. Los dos han establecido una estrategia de subirse al ring y generar una pelea muy fuerte, pero para la minera, cualquiera de los dos que caiga, sigue siendo lo mismo”.
La otra pelea que dio César Gioja para evitar que su hermano acceda al derecho a una segunda reelección fue en la Justicia. Y le fue muy mal. Tanto la Justicia ordinaria como la electoral –ambas con buena sintonía con el Gobierno provincial- rechazaron, en total, 29 presentaciones judiciales que intentaron frenar en los tribunales lo que no pudo la política. A principio de abril, al menos ocho presentaciones del senador contra la intentona de su hermano fueron rechazadas por jueces civiles. El argumento del ahora opositor es que, según la Constitución de San Juan, la consulta popular debería coincidir con la próxima elección general. Es decir, debía hacerse en los próximos comicios por la gobernación, lo que hubiese anulado las posibilidades de su hermano. Pero todos respondieron que no era materia “judicializable”.
Riachuelo: exponene a empresas contaminates
ACUMAR presentó listado de grandes empresas que contaminan el Riachuelo
Fecha de Publicación: 03/05/2011
Fuente: LaNoticia1
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo expuso los nombres de reconocidas industrias declaradas por el organismo como agentes contaminantes. Entre ellas se encuentran Coca Cola, Quilmes, Laboratorios Roemmers, Montpellier, Sidus, COTO, Loma Negra y Siderar, entre otras. Las firmas deberán iniciar un proceso de reconversión industrial (PRI).
En el marco del saneamiento del Riachuelo, ACUMAR dio a conocer un listado de empresas que contaminan la cuenca y que, por lo tanto, deberán comenzar un proceso de reconversión industrial (PRI) que será monitoreado.
Entre las grandes firmas se encuentran: Cervecería Quilmes, Coca Cola (FEMSA), Laboratorios Roemmers, Montpellier, Sidus, COTO, Loma Negra y Siderar, entre otras.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) declaró a estas empresas como agentes contaminantes.
Vale destacar que semanas atrás Luis Armella, Juez Federal comisionado por la Corte Suprema de Justicia para controlar el saneamiento del Riachuelo, estableció, en el marco de la llamada "Causa Mendoza", que se retiren del cauce del río, antes del 1 de julio, todos los desechos, además de iluminar y desratizar las riberas.
Fecha de Publicación: 03/05/2011
Fuente: LaNoticia1
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo expuso los nombres de reconocidas industrias declaradas por el organismo como agentes contaminantes. Entre ellas se encuentran Coca Cola, Quilmes, Laboratorios Roemmers, Montpellier, Sidus, COTO, Loma Negra y Siderar, entre otras. Las firmas deberán iniciar un proceso de reconversión industrial (PRI).
En el marco del saneamiento del Riachuelo, ACUMAR dio a conocer un listado de empresas que contaminan la cuenca y que, por lo tanto, deberán comenzar un proceso de reconversión industrial (PRI) que será monitoreado.
Entre las grandes firmas se encuentran: Cervecería Quilmes, Coca Cola (FEMSA), Laboratorios Roemmers, Montpellier, Sidus, COTO, Loma Negra y Siderar, entre otras.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) declaró a estas empresas como agentes contaminantes.
Vale destacar que semanas atrás Luis Armella, Juez Federal comisionado por la Corte Suprema de Justicia para controlar el saneamiento del Riachuelo, estableció, en el marco de la llamada "Causa Mendoza", que se retiren del cauce del río, antes del 1 de julio, todos los desechos, además de iluminar y desratizar las riberas.
San Juan lidera pobreza a pesar del boom minero
El boom minero: San Juan lidera pobreza e indigencia en Cuyo
Fecha de Publicación: 02/05/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: San Juan
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INDEC, dio a conocer la semana pasada los índices de pobreza e indigencia e Argentina. San Juan, con 15,3 por ciento de pobres y 4,1 por ciento de indigentes, lidera el ranking en la región de Cuyo. Si bien registró una baja del orden del 2 por ciento, sigue con las cifras más alta de la región. Unas 104.000 sanjuaninos estarían en esas condiciones. La misma situación se da con el desempleo y la subocupación mientras que el empleo es el más bajo de Cuyo.
Aunque el índice de pobreza en la Argentina, en el 2010, retrocedió casi un 12 por ciento con respecto al 2009debido al crecimiento de la economía que rondó el 9 por ciento, San Juan sigue liderando este índice en Cuyo con 15,3 por ciento de pobres e indigentes.
Los datos fueron brindados hace una semana atrás por el INDEC y resaltó que la pobreza retrocedió al término del primer semestre del año hasta el 12 por ciento, por debajo del 13,9 por ciento de enero-junio de 2009, mientras que la indigencia, comprendido dentro de la pobreza, también bajó al 3,1 por ciento desde el 4,0 por ciento del primer semestre del año pasado.
Entre ambas mediciones, la economía creció el 9,0 por ciento, la desocupación bajó al 7,9 por ciento, desde el 8,8 de junio del 2009, y se implementó la Asignación Universal por Hijo, una de las políticas implementadas por la actual administración que mayor incidencia han tenido al momento de medir la pobreza y la indigencia.
No obstante estos índices, San Juan sigue liderando el ranking cuyano con un 15,3 por ciento de pobreza y 4,1por ciento de indigentes. Mendoza registró 7 por ciento de pobres y 1,6 por ciento de indigentes. Por su parte San Luis tiene 9,7 por ciento de pobres y 1,2 por ciento de indigentes.
Con estas cifras brindadas por el INDEC queda cuestionada la actual política de desarrollo económico de San Juan ya que estos índices hay que sumarle los datos de empleo, que es el más bajo, y la desocupación que es la más alta de Cuyo.
La incidencia de políticas nacionales como la Asignación Universal por Hijo permitió que en San Juan el índice de pobreza bajara al 15,3 por ciento, con respecto al 2009 que registró un 17,1 por ciento. De hecho son estás políticas económicas la que evita que haya más pobres e indigentes en San Juan. La incidencia de la minería en el empleo, el desempleo y la pobreza ha sido totalmente nula ya que San Juan, pese a los publicitados beneficios de esta actividad, sigue mostrando altos índices de desempleo, subocupación, pobreza e indigencia mientras que la toma de mano de obra es muy baja, con respecto a Mendoza y San Luis.
Pero estos índices han sido cuestionados por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), quien realiza un relevamiento anual de hogares y personas mayores de 18 años en el que se monitorea la evolución de una serie de indicadores de déficit de las dimensiones del desarrollo humano y social en los principales aglomerados urbanos de nuestro país.
Para la UCA esos indicadores son entre tres y cinco veces más altos: la pobreza rondaría entre un mínimo de 25,6% y un máximo de 29,6%. Y la indigencia entre 9,3% y 10,9%. Así, los pobres serían entre 10 millones y 12 millones. Y de ellos, serían indigentes entre 3,5 millones y 4,4 millones, en el país.
Si esas cantidades se trasladan a las provincias, San Juan tendría elevados índices de pobreza e indigencia. El15,3 por ciento del INDEC representaría en San Juan unas 104.000 mil personas, de los cuales 24.000 serían indigentes. Cifras muy elevadas para lo que anuncia el gobierno sanjuanino, ya que sostiene que lidera las exportaciones en el país y se encuentra al tope de la generación de empleo en la construcción, según consultoras que recientemente fueron multadas por la Secretaria de Comercio Interior.
Fecha de Publicación: 02/05/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: San Juan
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INDEC, dio a conocer la semana pasada los índices de pobreza e indigencia e Argentina. San Juan, con 15,3 por ciento de pobres y 4,1 por ciento de indigentes, lidera el ranking en la región de Cuyo. Si bien registró una baja del orden del 2 por ciento, sigue con las cifras más alta de la región. Unas 104.000 sanjuaninos estarían en esas condiciones. La misma situación se da con el desempleo y la subocupación mientras que el empleo es el más bajo de Cuyo.
Aunque el índice de pobreza en la Argentina, en el 2010, retrocedió casi un 12 por ciento con respecto al 2009debido al crecimiento de la economía que rondó el 9 por ciento, San Juan sigue liderando este índice en Cuyo con 15,3 por ciento de pobres e indigentes.
Los datos fueron brindados hace una semana atrás por el INDEC y resaltó que la pobreza retrocedió al término del primer semestre del año hasta el 12 por ciento, por debajo del 13,9 por ciento de enero-junio de 2009, mientras que la indigencia, comprendido dentro de la pobreza, también bajó al 3,1 por ciento desde el 4,0 por ciento del primer semestre del año pasado.
Entre ambas mediciones, la economía creció el 9,0 por ciento, la desocupación bajó al 7,9 por ciento, desde el 8,8 de junio del 2009, y se implementó la Asignación Universal por Hijo, una de las políticas implementadas por la actual administración que mayor incidencia han tenido al momento de medir la pobreza y la indigencia.
No obstante estos índices, San Juan sigue liderando el ranking cuyano con un 15,3 por ciento de pobreza y 4,1por ciento de indigentes. Mendoza registró 7 por ciento de pobres y 1,6 por ciento de indigentes. Por su parte San Luis tiene 9,7 por ciento de pobres y 1,2 por ciento de indigentes.
Con estas cifras brindadas por el INDEC queda cuestionada la actual política de desarrollo económico de San Juan ya que estos índices hay que sumarle los datos de empleo, que es el más bajo, y la desocupación que es la más alta de Cuyo.
La incidencia de políticas nacionales como la Asignación Universal por Hijo permitió que en San Juan el índice de pobreza bajara al 15,3 por ciento, con respecto al 2009 que registró un 17,1 por ciento. De hecho son estás políticas económicas la que evita que haya más pobres e indigentes en San Juan. La incidencia de la minería en el empleo, el desempleo y la pobreza ha sido totalmente nula ya que San Juan, pese a los publicitados beneficios de esta actividad, sigue mostrando altos índices de desempleo, subocupación, pobreza e indigencia mientras que la toma de mano de obra es muy baja, con respecto a Mendoza y San Luis.
Pero estos índices han sido cuestionados por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), quien realiza un relevamiento anual de hogares y personas mayores de 18 años en el que se monitorea la evolución de una serie de indicadores de déficit de las dimensiones del desarrollo humano y social en los principales aglomerados urbanos de nuestro país.
Para la UCA esos indicadores son entre tres y cinco veces más altos: la pobreza rondaría entre un mínimo de 25,6% y un máximo de 29,6%. Y la indigencia entre 9,3% y 10,9%. Así, los pobres serían entre 10 millones y 12 millones. Y de ellos, serían indigentes entre 3,5 millones y 4,4 millones, en el país.
Si esas cantidades se trasladan a las provincias, San Juan tendría elevados índices de pobreza e indigencia. El15,3 por ciento del INDEC representaría en San Juan unas 104.000 mil personas, de los cuales 24.000 serían indigentes. Cifras muy elevadas para lo que anuncia el gobierno sanjuanino, ya que sostiene que lidera las exportaciones en el país y se encuentra al tope de la generación de empleo en la construcción, según consultoras que recientemente fueron multadas por la Secretaria de Comercio Interior.
Agrotóxicos: Médicos alertan de enfermedades
Alertan por enfermedades causadas por agroquímicos en varias provincias
Fecha de Publicación: 02/05/2011
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Nacional
Lo advirtieron médicos en un congreso en Rosario. Dicen que en pueblos de Santa Fe, Córdoba y otras zonas hay cada vez más casos de malformaciones y enfermos de cáncer por las fumigaciones.
Médicos que ejercen su profesión en diferentes provincias del país reportaron, durante un encuentro realizado en Rosario, los datos de "acumulación de nuevos casos de malformaciones congénitas y cáncer" en pueblos y regiones agrarias fumigadas con agroquímicos.
Los profesionales de la salud destacaron el aumento de enfermedades de este tipo en Chaco, Santa Fe, Tucumán, Córdoba y Misiones, y expresaron "mucha preocupación por la irresponsabilidad del uso continuo" de glifosato para fumigar vías férreas en lugares poblados del Gran Buenos Aires.
Las conclusiones surgieron del primer Congreso Latinoamericano de Salud Socio Ambiental y del segundo Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados, organizado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario.
"Los agrotóxicos nos están enfermando, por lo menos hay que restringir su uso aéreo y alrededor de los pueblos", explicó el pediatra Medardo Avila Vázquez, de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados de la Universidad Nacional de Córdoba.
En las disertaciones, más de 350 asistentes presentaron, a nivel científico, "evidencias y nuevos descubrimientos sobre los mecanismos" de que las sustancias químicas utilizadas en la agricultura "generan enfermedad en los humanos".
En ese ámbito, reclamaron la implementación de resguardos públicos para evitar o disminuir la contaminación. Al respecto, pidieron que sean prohibidas las fumigaciones aéreas, alejar las aspersiones terrestres de las cercanías de los pueblos y reclasificar los agrotóxicos con criterios sanitarios.
Entre las exposiciones, el médico Alejandro Oliva resaltó que en el sur de Santa Fe la exposición de los agrotóxicos disminuye las capacidades sexuales y reproductivas en los varones en edad reproductiva, datos que fueron publicados en revistas científicas internacionales.
"La situación empeora porque día a día nos enteramos de situaciones muy graves: pueblos de 5 mil habitantes con tres mielomas múltiples o seis leucemias infantiles en un año en la zona de influencia de San Francisco, en Córdoba. Desgraciadamente la realidad nos confirma que estamos ante una agresión ambiental y sanitaria tremenda", comentó Avila Vázquez.
Durante el encuentro realizado entre el jueves y el sábado en la Facultad de Medicina de Rosario, los médicos asistentes reclamaron a los candidatos a presidentes y a gobernadores de las provincias sojeras "que expresen públicamente qué medidas van a tomar para defender el derecho a la salud de los pueblos fumigados".
Días atrás, los representantes de países presentes en la Quinta Conferencia de las partes del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes aprobaron incluir al endosulfán en el Anexo A para su eliminación, y gestionar la implementación de alternativas para su uso agrícola.
El compuesto químico se utiliza en la Argentina para combatir insectos en los cultivos de cereales, alfalfa, algodón, florales, hortalizas, girasol, lino, maní tabaco y soja. Por su parte, asambleístas de la localidad bonaerense de Vicente López iniciaron la campaña nacional "Paren de fumigar las vías con agrotóxicos", una acción que tiene como objetivo desmalezar la zona férreas.
La iniciativa fue aprobada durante el decimoquinto Encuentro del la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), realizado semanas atrás en la ciudad entrerriana de Colón.
Fecha de Publicación: 02/05/2011
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Nacional
Lo advirtieron médicos en un congreso en Rosario. Dicen que en pueblos de Santa Fe, Córdoba y otras zonas hay cada vez más casos de malformaciones y enfermos de cáncer por las fumigaciones.
Médicos que ejercen su profesión en diferentes provincias del país reportaron, durante un encuentro realizado en Rosario, los datos de "acumulación de nuevos casos de malformaciones congénitas y cáncer" en pueblos y regiones agrarias fumigadas con agroquímicos.
Los profesionales de la salud destacaron el aumento de enfermedades de este tipo en Chaco, Santa Fe, Tucumán, Córdoba y Misiones, y expresaron "mucha preocupación por la irresponsabilidad del uso continuo" de glifosato para fumigar vías férreas en lugares poblados del Gran Buenos Aires.
Las conclusiones surgieron del primer Congreso Latinoamericano de Salud Socio Ambiental y del segundo Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados, organizado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario.
"Los agrotóxicos nos están enfermando, por lo menos hay que restringir su uso aéreo y alrededor de los pueblos", explicó el pediatra Medardo Avila Vázquez, de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados de la Universidad Nacional de Córdoba.
En las disertaciones, más de 350 asistentes presentaron, a nivel científico, "evidencias y nuevos descubrimientos sobre los mecanismos" de que las sustancias químicas utilizadas en la agricultura "generan enfermedad en los humanos".
En ese ámbito, reclamaron la implementación de resguardos públicos para evitar o disminuir la contaminación. Al respecto, pidieron que sean prohibidas las fumigaciones aéreas, alejar las aspersiones terrestres de las cercanías de los pueblos y reclasificar los agrotóxicos con criterios sanitarios.
Entre las exposiciones, el médico Alejandro Oliva resaltó que en el sur de Santa Fe la exposición de los agrotóxicos disminuye las capacidades sexuales y reproductivas en los varones en edad reproductiva, datos que fueron publicados en revistas científicas internacionales.
"La situación empeora porque día a día nos enteramos de situaciones muy graves: pueblos de 5 mil habitantes con tres mielomas múltiples o seis leucemias infantiles en un año en la zona de influencia de San Francisco, en Córdoba. Desgraciadamente la realidad nos confirma que estamos ante una agresión ambiental y sanitaria tremenda", comentó Avila Vázquez.
Durante el encuentro realizado entre el jueves y el sábado en la Facultad de Medicina de Rosario, los médicos asistentes reclamaron a los candidatos a presidentes y a gobernadores de las provincias sojeras "que expresen públicamente qué medidas van a tomar para defender el derecho a la salud de los pueblos fumigados".
Días atrás, los representantes de países presentes en la Quinta Conferencia de las partes del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes aprobaron incluir al endosulfán en el Anexo A para su eliminación, y gestionar la implementación de alternativas para su uso agrícola.
El compuesto químico se utiliza en la Argentina para combatir insectos en los cultivos de cereales, alfalfa, algodón, florales, hortalizas, girasol, lino, maní tabaco y soja. Por su parte, asambleístas de la localidad bonaerense de Vicente López iniciaron la campaña nacional "Paren de fumigar las vías con agrotóxicos", una acción que tiene como objetivo desmalezar la zona férreas.
La iniciativa fue aprobada durante el decimoquinto Encuentro del la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), realizado semanas atrás en la ciudad entrerriana de Colón.
Botnia: marcharon a 7 años de la 1º movilización
Papeleras: marcharon a 7 años de la primera movilización en Gualeguaychú
Fecha de Publicación: 01/05/2011
Fuente: La Voz del Interior On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
Pobladores de Gualeguaychú volvieron a marchar hacia el paraje de Arroyo Verde, en la ruta 136 que va a Fray Bentos, Uruguay, al cumplirse siete años de la primera movilización al puente internacional General San Martín y confirmaron que el domingo próximo harán otra movilización.
Un importante grupo de integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental marchó el sábado y publicó una solicitada para acusar de "faltar a la verdad" a los presidentes de Argentina y de Uruguay, Cristina Fernández y José Mujica.
Asimismo, denunciaron que las acciones de control y monitoreo de la planta de Botnia-UPM, que comenzarán mañana, "están pensadas para fracasar".
"El presidente José Mujica y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner nos dan discursos desde la humillación; y faltan a la verdad cuando dicen que el conflicto está solucionado", dijeron más de 150 vecinos que firmaron la solicitada.
Reivindicaron además el bloqueo de ruta que se prolongó hasta mediados de 2010, al calificarlo de "corte vigía en la ruta 136" y advirtieron que no habían "visto aún cumplir ni uno solo de todos los puntos que se leyeron sobre la ruta como pedido frente al gesto de corrernos".
"No alcanzan las promesas de control y monitoreo porque están pensadas para fracasar, para garantizar el funcionamiento con falsos permisos y con total impunidad de la planta", dijeron al referirse al plan de monitoreo de Botnia-UPM que llevan adelante los gobiernos de Argentina y de Uruguay, a un año del fallo arbitral de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Los vecinos publicaron la solicitada al cumplirse siete años de la primera marcha al puente internacional General San Martín, el 30 de abril de 2005.
En el paraje de Arroyo Verde de las ruta internacional 136, 28 kilómetros noreste de Gualeguaychú y a sólo 15 del puente binacional entre esta ciudad y Fray Bentos, se desarrolló el corte de protesta entre noviembre de 2006 y junio de 2010.
La Asamblea Ciudadana Ambiental convocó formalmente para el domingo 8 de mayo a la séptima marcha al puente internacional.
El obispo de Gualeguaychú, Jorge Lozano, anunció que la Iglesia Católica apoyará la movilización de la ciudadanía del domingo 8.
Lozano dijo también que como todos los años, representantes de los diferentes credos realizarán una oración para dar comienzo a la marcha en defensa del medioambiente.
"La respuesta a la convocatoria será tan multitudinaria como los años anteriores, y con diversidad de edades y gente que participa expresando su compromiso por el bien común social", expresó.
Fecha de Publicación: 01/05/2011
Fuente: La Voz del Interior On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
Pobladores de Gualeguaychú volvieron a marchar hacia el paraje de Arroyo Verde, en la ruta 136 que va a Fray Bentos, Uruguay, al cumplirse siete años de la primera movilización al puente internacional General San Martín y confirmaron que el domingo próximo harán otra movilización.
Un importante grupo de integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental marchó el sábado y publicó una solicitada para acusar de "faltar a la verdad" a los presidentes de Argentina y de Uruguay, Cristina Fernández y José Mujica.
Asimismo, denunciaron que las acciones de control y monitoreo de la planta de Botnia-UPM, que comenzarán mañana, "están pensadas para fracasar".
"El presidente José Mujica y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner nos dan discursos desde la humillación; y faltan a la verdad cuando dicen que el conflicto está solucionado", dijeron más de 150 vecinos que firmaron la solicitada.
Reivindicaron además el bloqueo de ruta que se prolongó hasta mediados de 2010, al calificarlo de "corte vigía en la ruta 136" y advirtieron que no habían "visto aún cumplir ni uno solo de todos los puntos que se leyeron sobre la ruta como pedido frente al gesto de corrernos".
"No alcanzan las promesas de control y monitoreo porque están pensadas para fracasar, para garantizar el funcionamiento con falsos permisos y con total impunidad de la planta", dijeron al referirse al plan de monitoreo de Botnia-UPM que llevan adelante los gobiernos de Argentina y de Uruguay, a un año del fallo arbitral de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Los vecinos publicaron la solicitada al cumplirse siete años de la primera marcha al puente internacional General San Martín, el 30 de abril de 2005.
En el paraje de Arroyo Verde de las ruta internacional 136, 28 kilómetros noreste de Gualeguaychú y a sólo 15 del puente binacional entre esta ciudad y Fray Bentos, se desarrolló el corte de protesta entre noviembre de 2006 y junio de 2010.
La Asamblea Ciudadana Ambiental convocó formalmente para el domingo 8 de mayo a la séptima marcha al puente internacional.
El obispo de Gualeguaychú, Jorge Lozano, anunció que la Iglesia Católica apoyará la movilización de la ciudadanía del domingo 8.
Lozano dijo también que como todos los años, representantes de los diferentes credos realizarán una oración para dar comienzo a la marcha en defensa del medioambiente.
"La respuesta a la convocatoria será tan multitudinaria como los años anteriores, y con diversidad de edades y gente que participa expresando su compromiso por el bien común social", expresó.
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