Chubut: descubren yacimiento de uranio
19:04 | 
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Anuncian descubrimiento de un nuevo yacimiento de uranio en Chubut
Fecha de Publicación: 06/05/2011
Fuente: Diario La Jornada - Edición 05/05/2011
Provincia/Región: Chubut
El CEO de la canadiense Pacific Bay Minerals reportó que la compañía descubrió una amplia zona mineralizada en su propiedad Regalo, ubicada en el centro de la provincia.
El CEO de Pacific Bay Minerals, David Brett, reportó que la compañía ha descubierto una amplia zona mineralizada con valores significativos de uranio en la propiedad Regalo, totalmente de propiedad de la compañía localizada en la provincia de Chubut, en la Argentina. Los resultados de los ensayos muestran valores que varían entre 0.002 y 0.14% U (1,382 ppm o 2.8 libras por tonelada) en muestras geoquímicas de de roca provenientes de una área que mide casi 1 kilómetro cuadrado.
La empresa, ademñas, ha planificado continuar con un programa de trincheramiento, mapeo y muestreo para mayo. “Este es un descubrimiento fascinante”, mencionó el CEO de Pacific Bay a través de un comunicado difundido por la compañía. “Estas muestras fueron tomadas a partir de afloramientos sobre de una extensa área. El siguiente paso es llevar a cabo un programa de trincheramiento para más información detallada de muestreo y mapeo”, concluyó.
Fecha de Publicación: 06/05/2011
Fuente: Diario La Jornada - Edición 05/05/2011
Provincia/Región: Chubut
El CEO de la canadiense Pacific Bay Minerals reportó que la compañía descubrió una amplia zona mineralizada en su propiedad Regalo, ubicada en el centro de la provincia.
El CEO de Pacific Bay Minerals, David Brett, reportó que la compañía ha descubierto una amplia zona mineralizada con valores significativos de uranio en la propiedad Regalo, totalmente de propiedad de la compañía localizada en la provincia de Chubut, en la Argentina. Los resultados de los ensayos muestran valores que varían entre 0.002 y 0.14% U (1,382 ppm o 2.8 libras por tonelada) en muestras geoquímicas de de roca provenientes de una área que mide casi 1 kilómetro cuadrado.
La empresa, ademñas, ha planificado continuar con un programa de trincheramiento, mapeo y muestreo para mayo. “Este es un descubrimiento fascinante”, mencionó el CEO de Pacific Bay a través de un comunicado difundido por la compañía. “Estas muestras fueron tomadas a partir de afloramientos sobre de una extensa área. El siguiente paso es llevar a cabo un programa de trincheramiento para más información detallada de muestreo y mapeo”, concluyó.
¿La culpa la tiene la sojización?
¿La culpa la tiene la sojización?
Fecha de Publicación: 06/05/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Por Néstor Roulet (Presidente de Confederaciones de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona -Cartez)
Cada 12 pesos que ingresan al Estado, uno proviene de la soja. ¿Quién incentiva, entonces, la siembra? Por cada hectárea que ocupen las vacas, el trigo o el maíz, la recaudación es menor.
Días pasados se conoció esta información: “El Ministerio de Educación de la Nación distribuirá en 45 mil colegios manuales con contenidos sobre medio ambiente (...), en los que se responsabiliza a los pools de siembra y a la soja por el deterioro ecológico”.
Ante esto, no podemos dejar de hacernos algunas preguntas: ¿quiénes incentivan la sojización? ¿Por qué hay concentración productiva? ¿Puede el Gobierno desentenderse de esas imperfecciones?
Los argentinos estamos atrapados en las consecuencias de un "problema “ideológico” del Gobier-no, que piensa que las exportacio-nes compiten con el mercado interno cuando, en realidad, son complementarias. Se debe producir no "sólo para el mercado interno" –por la famosa “soberanía alimentaria”–, sino mucho más, para generar saldos exportables que, casualmente, compensen con su precio diferencial al mercado interno.
Esas intervenciones imperfectas por parte del Gobierno en los mercados agropecuarios, con la excusa de la “defensa de la mesa de los argentinos”, incentivan un desbalance productivo, por el que se alientan ciertas producciones en desmedro de otras, lo que provoca un efecto contrario al que hipotéticamente se busca. Hoy pagamos el queso igual valor que en Italia o la carne más cara que en Uruguay.
Sólo produciendo más y dejando más saldos exportables, los precios internos podrán disminuir. No hay regla económica que demuestre que un producto puede costar menos cuando menos se produce.
Lo único que importa. A las autoridades nacionales, lo único que les interesa del campo son los 500 dólares por hectárea que aporta el cultivo de la soja. El ejemplo más claro es que en el presupuesto para este año –no aprobado por el Congreso–, la gran novedad fueron los altos ingresos calculados por las retenciones a las exportaciones granarias, gracias a la posibilidad de una buena cosecha –por supuesto, de soja–, acompañada por los buenos precios internacionales.
Esa avaricia recaudatoria es para el Gobierno totalmente necesaria para el manejo del poder político, el sometimiento de gobernadores e indirectamente del Senado, de parte de la población, de empresarios, etcétera, y para el planteo de abarrotar de dinero al mercado interno –sin importar sus efectos secundarios– para alentar la ola consumista, espejismo de bienestar.
En un trabajo elaborado por Cartez, concluimos que de cada 12 pesos que ingresan al Estado, uno proviene de la soja. ¿Quién incentiva, entonces, la siembra? Por cada hectárea que ocupen las vacas, el trigo o el maíz, la recaudación es menor.
La única manera de tener un sistema sustentable –lo dirá, sin dudas, el manual con contenidos sobre medio ambiente– es haciendo rotaciones y esto se logra devolviendo rentabilidad y previsibilidad a sectores como la ganadería, la lechería y los cultivos de trigo y maíz.
Menos gramíneas, más pesos. Por más que en la actualidad el 95 por ciento de la agricultura se hace con labores conservacionistas, la rotación entre leguminosas –soja– y gramíneas –trigo y maíz– es fundamental. Aunque la proporción ideal de mitad y mitad es muy difícil de alcanzar, hace 10 años estábamos cerca de esa ecuación al participar las gramíneas del 44 por ciento de la superficie total sembrada. Hoy, a causa del castigo que sufren esos dos cultivos, sólo participan en 25,8 por ciento.
Esa necesidad monetaria del Gobierno provoca, a la vez, una acción injusta e inequitativa al momento de recaudar, ya que se aprovecha de los sectores más competitivos para aumentar la presión impositiva. Para el sector agropecuario, va desde el 40 al 52 por ciento, cuando la media del país es 33 por ciento, lo que convierte a la producción del campo en un negocio totalmente financiero. A un productor pequeño, lo que le deja de renta una hectárea de campo apenas le alcanza para vivir; en cambio, para un grupo económico es un gran negocio que la rentabilidad sea del ocho al nueve por ciento de lo invertido.
Es a causa de esa política que tenemos una gran concentración productiva, desplazando de su medio social, cultural y productivo al pequeño y mediano productor. Con la intervención imperfecta en los mercados y la alta presión tributaria, se aniquiló uno de los valores fundacionales del campo, como es el de la “pertenencia” y se dejó vacío a ese interior productivo tan necesitado de “vida”, incentivando la migración rural hacia los grandes centros urbanos. En 2006, 14 mil productores producíamos 10.160 millones de litros de leche; hoy tenemos casi la misma producción –10.200 millones de litros– con algo menos de 11 mil productores; lo mismo sucede en la ganadería y agricultura.
Ese vaciamiento demográfico es potenciado, al mismo tiempo, por la constante transferencia monetaria del interior productivo al Gobierno –de cada uno de los pueblos se van entre 200 millones y 300 millones de pesos y vuelven migajas–, que quita posibilidades de generación de mano de obra, actividad monetaria, progreso y desarrollo económico.
Indudablemente, estamos ante otro planteo engañoso del Estado, que pretende hacer creer a la población –sobre todo, a la juventud– que la culpa de la sojización y la concentración productiva la tiene “la avaricia insaciable del hombre del campo”, cuando, en realidad, la falta de una política agropecuaria clara y la manera de ejercer el poder por parte del Gobierno son las que no permiten desarrollar plenamente el sistema de vida, que consiste en “vivir produciendo en el interior”.
Fecha de Publicación: 06/05/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Por Néstor Roulet (Presidente de Confederaciones de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona -Cartez)
Cada 12 pesos que ingresan al Estado, uno proviene de la soja. ¿Quién incentiva, entonces, la siembra? Por cada hectárea que ocupen las vacas, el trigo o el maíz, la recaudación es menor.
Días pasados se conoció esta información: “El Ministerio de Educación de la Nación distribuirá en 45 mil colegios manuales con contenidos sobre medio ambiente (...), en los que se responsabiliza a los pools de siembra y a la soja por el deterioro ecológico”.
Ante esto, no podemos dejar de hacernos algunas preguntas: ¿quiénes incentivan la sojización? ¿Por qué hay concentración productiva? ¿Puede el Gobierno desentenderse de esas imperfecciones?
Los argentinos estamos atrapados en las consecuencias de un "problema “ideológico” del Gobier-no, que piensa que las exportacio-nes compiten con el mercado interno cuando, en realidad, son complementarias. Se debe producir no "sólo para el mercado interno" –por la famosa “soberanía alimentaria”–, sino mucho más, para generar saldos exportables que, casualmente, compensen con su precio diferencial al mercado interno.
Esas intervenciones imperfectas por parte del Gobierno en los mercados agropecuarios, con la excusa de la “defensa de la mesa de los argentinos”, incentivan un desbalance productivo, por el que se alientan ciertas producciones en desmedro de otras, lo que provoca un efecto contrario al que hipotéticamente se busca. Hoy pagamos el queso igual valor que en Italia o la carne más cara que en Uruguay.
Sólo produciendo más y dejando más saldos exportables, los precios internos podrán disminuir. No hay regla económica que demuestre que un producto puede costar menos cuando menos se produce.
Lo único que importa. A las autoridades nacionales, lo único que les interesa del campo son los 500 dólares por hectárea que aporta el cultivo de la soja. El ejemplo más claro es que en el presupuesto para este año –no aprobado por el Congreso–, la gran novedad fueron los altos ingresos calculados por las retenciones a las exportaciones granarias, gracias a la posibilidad de una buena cosecha –por supuesto, de soja–, acompañada por los buenos precios internacionales.
Esa avaricia recaudatoria es para el Gobierno totalmente necesaria para el manejo del poder político, el sometimiento de gobernadores e indirectamente del Senado, de parte de la población, de empresarios, etcétera, y para el planteo de abarrotar de dinero al mercado interno –sin importar sus efectos secundarios– para alentar la ola consumista, espejismo de bienestar.
En un trabajo elaborado por Cartez, concluimos que de cada 12 pesos que ingresan al Estado, uno proviene de la soja. ¿Quién incentiva, entonces, la siembra? Por cada hectárea que ocupen las vacas, el trigo o el maíz, la recaudación es menor.
La única manera de tener un sistema sustentable –lo dirá, sin dudas, el manual con contenidos sobre medio ambiente– es haciendo rotaciones y esto se logra devolviendo rentabilidad y previsibilidad a sectores como la ganadería, la lechería y los cultivos de trigo y maíz.
Menos gramíneas, más pesos. Por más que en la actualidad el 95 por ciento de la agricultura se hace con labores conservacionistas, la rotación entre leguminosas –soja– y gramíneas –trigo y maíz– es fundamental. Aunque la proporción ideal de mitad y mitad es muy difícil de alcanzar, hace 10 años estábamos cerca de esa ecuación al participar las gramíneas del 44 por ciento de la superficie total sembrada. Hoy, a causa del castigo que sufren esos dos cultivos, sólo participan en 25,8 por ciento.
Esa necesidad monetaria del Gobierno provoca, a la vez, una acción injusta e inequitativa al momento de recaudar, ya que se aprovecha de los sectores más competitivos para aumentar la presión impositiva. Para el sector agropecuario, va desde el 40 al 52 por ciento, cuando la media del país es 33 por ciento, lo que convierte a la producción del campo en un negocio totalmente financiero. A un productor pequeño, lo que le deja de renta una hectárea de campo apenas le alcanza para vivir; en cambio, para un grupo económico es un gran negocio que la rentabilidad sea del ocho al nueve por ciento de lo invertido.
Es a causa de esa política que tenemos una gran concentración productiva, desplazando de su medio social, cultural y productivo al pequeño y mediano productor. Con la intervención imperfecta en los mercados y la alta presión tributaria, se aniquiló uno de los valores fundacionales del campo, como es el de la “pertenencia” y se dejó vacío a ese interior productivo tan necesitado de “vida”, incentivando la migración rural hacia los grandes centros urbanos. En 2006, 14 mil productores producíamos 10.160 millones de litros de leche; hoy tenemos casi la misma producción –10.200 millones de litros– con algo menos de 11 mil productores; lo mismo sucede en la ganadería y agricultura.
Ese vaciamiento demográfico es potenciado, al mismo tiempo, por la constante transferencia monetaria del interior productivo al Gobierno –de cada uno de los pueblos se van entre 200 millones y 300 millones de pesos y vuelven migajas–, que quita posibilidades de generación de mano de obra, actividad monetaria, progreso y desarrollo económico.
Indudablemente, estamos ante otro planteo engañoso del Estado, que pretende hacer creer a la población –sobre todo, a la juventud– que la culpa de la sojización y la concentración productiva la tiene “la avaricia insaciable del hombre del campo”, cuando, en realidad, la falta de una política agropecuaria clara y la manera de ejercer el poder por parte del Gobierno son las que no permiten desarrollar plenamente el sistema de vida, que consiste en “vivir produciendo en el interior”.
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Media sanción a la Ley de Basura Electrónica
La gestión de la basura electrónica
Fecha de Publicación: 05/05/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La Cámara de Senadores aprobó ayer y giró a Diputados un proyecto de ley que establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de aparatos eléctricos y electrónicos y de sus residuos. La iniciativa, que obtuvo 54 votos a favor y uno en contra, establece la responsabilidad de los fabricantes, que deben hacerse cargo de los materiales que producen “hasta su disposición final”. La norma involucra a los equipos de computación, televisores, teléfonos móviles y otros aparatos de alto recambio que, si bien a la hora de descartarse son considerados residuos domiciliarios, tienen un alto poder contaminante.
El objetivo de la ley es promover la gestión de esos residuos para recuperar partes y materiales que pueden ser reutilizados. La norma, impulsada por el senador Daniel Filmus, fue apoyada por Greenpeace, la Fundación Vida Silvestre y el INTI, entre otras instituciones.
El proyecto establece los presupuestos mínimos que deberán cumplir tanto los productores de los aparatos, como las provincias y los municipios. El proyecto apunta a proteger el ambiente, promover la reducción de la peligrosidad de los componentes y promover la reutilización y el reciclado. Además, crea un Fondo Nacional de Gestión de los residuos con el objeto de financiar su procesamiento, así como un Ente Nacional de Gestión, que deberá funcionar coordinadamente con la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.
Filmus consideró que la aprobación de esta iniciativa es “un avance trascendental” porque “toma una de las preocupaciones más importantes que tiene hoy la humanidad”.
“Estamos contentos por la capacidad que tenemos de adquirir nuevos aparatos tecnológicos, pero no sabemos qué hacer con los que no usamos más”, enfatizó. Filmus comentó que el parque de la telefonía móvil se renueva en un 30 por ciento cada año y llamó la atención porque “nadie sabe dónde van los aparatos que nadie utiliza”. El senador habló de la “responsabilidad extendida del productor, que debe hacerse cargo del aparato hasta su disposición final”.
El proyecto fue apoyado por la mayoría de los senadores, pero el radical chubutense Mario Cimadevilla votó en contra al considerar que algunos artículos de la iniciativa “avasallan la jurisdicción de las autonomías provinciales”. El senador señaló al respecto que el proyecto “no puede establecer presupuestos mínimos que deben ser seguidos” en todo el territorio de la Nación.
Basura electrónica: más responsabilidad para los fabricantes
Fecha de Publicación: 05/05/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El Senado dio el primer paso para regular el destino final de la llamada “basura electrónica” , residuos peligrosos para el ambiente que van desde pilas y baterías hasta computadoras, celulares y lámparas de bajo consumo. Esos desechos –que hoy son descartados junto a los domiciliarios– deberán tener una recolección, reciclado, tratamiento y disposición final diferenciados cuando el proyecto aprobado ayer se convierta en ley.
La iniciativa, que se discute desde hace tres años y fue celebrada ayer por la organización ambientalista Greenpeace, recibió 54 votos a favor y sólo uno en contra . Ordena el reciclado y la disposición final diferenciada, y consagra el principio de la responsabilidad legal y financiera de los productores en el destino final de lo que fabrican.
El proyecto es la Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), que crea un ente mixto en el órbita de la Secretaría de Medio Ambiente y un fondo para que se hagan cargo de la gestión y control de los desechos . El fondo será conformado por aportes que deben hacer las empresas por cada producto que coloquen en el mercado.
Sin embargo, el proyecto exceptúa de esta obligación a las fábricas (generalmente las más poderosas) que organicen la forma de recuperar sus propios residuos electrónicos . Además, la iniciativa no impide a los fabricantes que trasladen el monto que deben abonar al precio de sus productos.
Otro punto clave del proyecto es que, desde dos años después de sancionada la ley (que ahora pasó a Diputados), quedará prohibida la comercialización de aparatos eléctrico y electrónicos que contengan plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, polibromobifenilos y polibromodifeniléteres.
“Esta es una de las preocupaciones más importantes en el mundo de hoy ”, dijo Daniel Filmus, impulsor del proyecto, para quien es “un avance histórico”.
Fecha de Publicación: 05/05/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La Cámara de Senadores aprobó ayer y giró a Diputados un proyecto de ley que establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de aparatos eléctricos y electrónicos y de sus residuos. La iniciativa, que obtuvo 54 votos a favor y uno en contra, establece la responsabilidad de los fabricantes, que deben hacerse cargo de los materiales que producen “hasta su disposición final”. La norma involucra a los equipos de computación, televisores, teléfonos móviles y otros aparatos de alto recambio que, si bien a la hora de descartarse son considerados residuos domiciliarios, tienen un alto poder contaminante.
El objetivo de la ley es promover la gestión de esos residuos para recuperar partes y materiales que pueden ser reutilizados. La norma, impulsada por el senador Daniel Filmus, fue apoyada por Greenpeace, la Fundación Vida Silvestre y el INTI, entre otras instituciones.
El proyecto establece los presupuestos mínimos que deberán cumplir tanto los productores de los aparatos, como las provincias y los municipios. El proyecto apunta a proteger el ambiente, promover la reducción de la peligrosidad de los componentes y promover la reutilización y el reciclado. Además, crea un Fondo Nacional de Gestión de los residuos con el objeto de financiar su procesamiento, así como un Ente Nacional de Gestión, que deberá funcionar coordinadamente con la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.
Filmus consideró que la aprobación de esta iniciativa es “un avance trascendental” porque “toma una de las preocupaciones más importantes que tiene hoy la humanidad”.
“Estamos contentos por la capacidad que tenemos de adquirir nuevos aparatos tecnológicos, pero no sabemos qué hacer con los que no usamos más”, enfatizó. Filmus comentó que el parque de la telefonía móvil se renueva en un 30 por ciento cada año y llamó la atención porque “nadie sabe dónde van los aparatos que nadie utiliza”. El senador habló de la “responsabilidad extendida del productor, que debe hacerse cargo del aparato hasta su disposición final”.
El proyecto fue apoyado por la mayoría de los senadores, pero el radical chubutense Mario Cimadevilla votó en contra al considerar que algunos artículos de la iniciativa “avasallan la jurisdicción de las autonomías provinciales”. El senador señaló al respecto que el proyecto “no puede establecer presupuestos mínimos que deben ser seguidos” en todo el territorio de la Nación.
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Basura electrónica: más responsabilidad para los fabricantes
Fecha de Publicación: 05/05/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El Senado dio el primer paso para regular el destino final de la llamada “basura electrónica” , residuos peligrosos para el ambiente que van desde pilas y baterías hasta computadoras, celulares y lámparas de bajo consumo. Esos desechos –que hoy son descartados junto a los domiciliarios– deberán tener una recolección, reciclado, tratamiento y disposición final diferenciados cuando el proyecto aprobado ayer se convierta en ley.
La iniciativa, que se discute desde hace tres años y fue celebrada ayer por la organización ambientalista Greenpeace, recibió 54 votos a favor y sólo uno en contra . Ordena el reciclado y la disposición final diferenciada, y consagra el principio de la responsabilidad legal y financiera de los productores en el destino final de lo que fabrican.
El proyecto es la Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), que crea un ente mixto en el órbita de la Secretaría de Medio Ambiente y un fondo para que se hagan cargo de la gestión y control de los desechos . El fondo será conformado por aportes que deben hacer las empresas por cada producto que coloquen en el mercado.
Sin embargo, el proyecto exceptúa de esta obligación a las fábricas (generalmente las más poderosas) que organicen la forma de recuperar sus propios residuos electrónicos . Además, la iniciativa no impide a los fabricantes que trasladen el monto que deben abonar al precio de sus productos.
Otro punto clave del proyecto es que, desde dos años después de sancionada la ley (que ahora pasó a Diputados), quedará prohibida la comercialización de aparatos eléctrico y electrónicos que contengan plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, polibromobifenilos y polibromodifeniléteres.
“Esta es una de las preocupaciones más importantes en el mundo de hoy ”, dijo Daniel Filmus, impulsor del proyecto, para quien es “un avance histórico”.
Salta: escándalo por los fondos de los bosques
Renunció el director de Bosques por el escándalo de los fondos
Fecha de Publicación: 05/05/2011
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El primer funcionario afectado por el caso que pone serias dudas sobre el destino de $28millones enviados por la Nación. Por su parte elministro dijo que “si seconcretaba la estafa, la culpa era del banco”, en el informe que dio ayer al Senado.
El escándalo por el manejo de los millonarios fondos de la ley de bosques se cobró ayer su primera víctima; tras el inconducente informe brindado por el ministro de Medio Ambiente, Francisco López Sastre, ante el Senado provincial, el director de la Agencia de Bosques, Juan Godoy, tuvo que presentar su renuncia al cargo.
Inmediatamente después, a través de un decreto, el Gobierno provincial habría nombrado en su reemplazo a la licenciada Mercedes Beltrame, quien también estaría vinculada a la Fundación Oikos, una de las entidades que gestionaba los proyectos para el cobro de los fondos de bosques. Horas antes y a pesar de los esfuerzos oficiales por minimizar la polémica que abrió el intento de estafa con fondos de la ley de bosques, el ministro de Ambiente, Francisco López Sastre, profundizó el malestar con las declaraciones que les hizo a los senadores. Sin vueltas, aseguró que “si se concretaba la estafa, la culpa era del banco”. A la afirmación la realizó basándose en su criterio de que los controles dentro de la cartera que conduce “fueron impecables”. A mediados del mes pasado un empleado del Banco Macro se percató de una irregularidad por parte de personas que en dos oportunidades intentaron crear cuentas para recibir fondos de la ley de bosques a nombre de personas fallecidas, por un total de $258 mil.
Sobre este punto, los senadores que más hincapié hicieron para que el funcionario brindara información sobre lo sucedido fueron Raúl García (PRS, Metán), Silvina Vargas (UCR, Cafayate) y Pablo Díaz (Cachi, PJ). En su defensa, López Sastre sostuvo -al igual que cuando estuvo en Diputados- que los controles en el otorgamiento de los fondos son responsabilidad compartida entre el Ministerio y la entidad bancaria.
“La única forma de que se haga efectivo el pago es que concurra el titular de las tierras; nosotros no podemos negar que un gestor o un apoderado haga todos los trámites en el Ministerio”, sostuvo López Sastre.
Ante la nebulosa en la que se encuentra el caso del intento de estafa, el senador García solicitó que la Cámara alta requiera a Ambiente el envío de todo el expediente en cuestión. Durante el encuentro llevado a cabo en el palacio legislativo hubo varios momentos de tensión, ya que el ministro concurrió acompañado de dos asesores -uno legal y el otro técnico-, que inclusive hablaron y explicaron las consultas de los legisladores. El informe del ministro se produjo por la mañana. Por la tarde se produjo la renuncia de Juan Godoy y el nombramiento de su reemplazante.
Mucho dinero
Salta recibió el año pasado $28 millones en concepto de la ley de bosques. De ese total, el Ministerio de Ambiente dispone de $8 millones para efectuar controles sobre aquellas personas beneficiarias de la ley de bosques. Sobre el tema, López Sastre aseguró que se adquirirán unas 10 camionetas para que los empleados de la cartera puedan recorrer la provincia y que está planeado abrir delegaciones en los departamentos San Martín, Orán, Anta y Metán.
Fecha de Publicación: 05/05/2011
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El primer funcionario afectado por el caso que pone serias dudas sobre el destino de $28millones enviados por la Nación. Por su parte elministro dijo que “si seconcretaba la estafa, la culpa era del banco”, en el informe que dio ayer al Senado.
El escándalo por el manejo de los millonarios fondos de la ley de bosques se cobró ayer su primera víctima; tras el inconducente informe brindado por el ministro de Medio Ambiente, Francisco López Sastre, ante el Senado provincial, el director de la Agencia de Bosques, Juan Godoy, tuvo que presentar su renuncia al cargo.
Inmediatamente después, a través de un decreto, el Gobierno provincial habría nombrado en su reemplazo a la licenciada Mercedes Beltrame, quien también estaría vinculada a la Fundación Oikos, una de las entidades que gestionaba los proyectos para el cobro de los fondos de bosques. Horas antes y a pesar de los esfuerzos oficiales por minimizar la polémica que abrió el intento de estafa con fondos de la ley de bosques, el ministro de Ambiente, Francisco López Sastre, profundizó el malestar con las declaraciones que les hizo a los senadores. Sin vueltas, aseguró que “si se concretaba la estafa, la culpa era del banco”. A la afirmación la realizó basándose en su criterio de que los controles dentro de la cartera que conduce “fueron impecables”. A mediados del mes pasado un empleado del Banco Macro se percató de una irregularidad por parte de personas que en dos oportunidades intentaron crear cuentas para recibir fondos de la ley de bosques a nombre de personas fallecidas, por un total de $258 mil.
Sobre este punto, los senadores que más hincapié hicieron para que el funcionario brindara información sobre lo sucedido fueron Raúl García (PRS, Metán), Silvina Vargas (UCR, Cafayate) y Pablo Díaz (Cachi, PJ). En su defensa, López Sastre sostuvo -al igual que cuando estuvo en Diputados- que los controles en el otorgamiento de los fondos son responsabilidad compartida entre el Ministerio y la entidad bancaria.
“La única forma de que se haga efectivo el pago es que concurra el titular de las tierras; nosotros no podemos negar que un gestor o un apoderado haga todos los trámites en el Ministerio”, sostuvo López Sastre.
Ante la nebulosa en la que se encuentra el caso del intento de estafa, el senador García solicitó que la Cámara alta requiera a Ambiente el envío de todo el expediente en cuestión. Durante el encuentro llevado a cabo en el palacio legislativo hubo varios momentos de tensión, ya que el ministro concurrió acompañado de dos asesores -uno legal y el otro técnico-, que inclusive hablaron y explicaron las consultas de los legisladores. El informe del ministro se produjo por la mañana. Por la tarde se produjo la renuncia de Juan Godoy y el nombramiento de su reemplazante.
Mucho dinero
Salta recibió el año pasado $28 millones en concepto de la ley de bosques. De ese total, el Ministerio de Ambiente dispone de $8 millones para efectuar controles sobre aquellas personas beneficiarias de la ley de bosques. Sobre el tema, López Sastre aseguró que se adquirirán unas 10 camionetas para que los empleados de la cartera puedan recorrer la provincia y que está planeado abrir delegaciones en los departamentos San Martín, Orán, Anta y Metán.
Ya analizan muestras tomadas en Botnia
Ya analizan muestras tomadas en Botnia
Fecha de Publicación: 05/05/2011
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Entre Ríos
Luego de la realización del ensayo general del monitoreo del río Uruguay sobre la base del protocolo acordado entre la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y la Secretaría de Ambiente Sustentable de Entre Ríos, el presidente de la delegación argentina en la CARU, Hernán Orduna, indicó que el Comité Científico evaluará la información que surja de las muestras tomadas, labrará actas con los valores y emitirá sus conclusiones, que se darán a conocer los últimos días de mayo.
«Las muestras son de agua, pero estamos comprando los equipos para medir aire en todas las chimeneas de Botnia», adelantó Orduna, asegurando que «si hay un parámetro fuera de lo permitido se le pedirá que realice la prevención de la contaminación, que es la eliminación de la contaminación». Las declaraciones se enmarcan en medio de la tensión que se generó entre la Argentina y Uruguay luego de que el país vecino aumentara la temperatura del agua del vertido con intención de flexibilizar los estándares de control ambiental.
Las muestras de agua se tomaron en la fábrica de pasta de celulosa y en la desembocadura del río Gualeguayachú en el río Uruguay, y serán analizadas con un medidor multiparamétrico que adquirió la CARU.
Lo mismo se realizará a fines de mayo, con la diferencia de que las muestras van a ser enviadas a dos laboratorios de Canadá. Mientras tanto, se están seleccionando laboratorios de ambos países para que continúen con el análisis de las muestras, reemplazando a los laboratorios canadienses.
En la primera etapa del protocolo acordado, los científicos observaron las condiciones de la planta y el modo en que se desarrollan las actividades, como forma de afinar detalles para el comienzo formal del monitoreo en un plazo inferior a dos meses. Sin embargo, ya se detectaron ciertas irregularidades, como sensores ambientales con parámetros modificados.
Fecha de Publicación: 05/05/2011
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Entre Ríos
Luego de la realización del ensayo general del monitoreo del río Uruguay sobre la base del protocolo acordado entre la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y la Secretaría de Ambiente Sustentable de Entre Ríos, el presidente de la delegación argentina en la CARU, Hernán Orduna, indicó que el Comité Científico evaluará la información que surja de las muestras tomadas, labrará actas con los valores y emitirá sus conclusiones, que se darán a conocer los últimos días de mayo.
«Las muestras son de agua, pero estamos comprando los equipos para medir aire en todas las chimeneas de Botnia», adelantó Orduna, asegurando que «si hay un parámetro fuera de lo permitido se le pedirá que realice la prevención de la contaminación, que es la eliminación de la contaminación». Las declaraciones se enmarcan en medio de la tensión que se generó entre la Argentina y Uruguay luego de que el país vecino aumentara la temperatura del agua del vertido con intención de flexibilizar los estándares de control ambiental.
Las muestras de agua se tomaron en la fábrica de pasta de celulosa y en la desembocadura del río Gualeguayachú en el río Uruguay, y serán analizadas con un medidor multiparamétrico que adquirió la CARU.
Lo mismo se realizará a fines de mayo, con la diferencia de que las muestras van a ser enviadas a dos laboratorios de Canadá. Mientras tanto, se están seleccionando laboratorios de ambos países para que continúen con el análisis de las muestras, reemplazando a los laboratorios canadienses.
En la primera etapa del protocolo acordado, los científicos observaron las condiciones de la planta y el modo en que se desarrollan las actividades, como forma de afinar detalles para el comienzo formal del monitoreo en un plazo inferior a dos meses. Sin embargo, ya se detectaron ciertas irregularidades, como sensores ambientales con parámetros modificados.
Piden imputación por contaminar el Río Hondo
Fiscal pidió la imputación de empresarios tucumanos por envenenar al lago Río Hondo
Fecha de Publicación: 04/05/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
El requerimiento fue elevado por Pedro Simón al juez federal Guillermo Molinari, al considerar que hay pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad de los titulares de estas firmas en la contaminación de la cuenca.
Tras más de una década de la primera denuncia presentada por el Gobierno de Santiago del Estero por la contaminación de las aguas del embalse Río Hondo, tiempo en el que se acumularon las acusaciones contra industrias de Tucumán como también la mortandad de peces, la Justicia Federal local dio un paso relevante al pedir la imputación de empresarios de la vecina provincia por envenenar la cuenca Salí-Dulce.
El fiscal federal Pedro Simón, consideró que hay un importante cúmulo de pruebas aportadas por distintos organismos para solicitar el requerimiento de instrucción de una causa por infracción a la ley de Residuos Peligrosos contra titulares de 15 citrícolas entre ellas Bella Vista, Nuñorco y Marapa. La imputación fiscal también alcanza a los máximos responsables de las cuatro citrícolas de la vecina provincia, de la papelera Tucumán y de la planta de secado de Minera La Alumbrera.
“Hoy hizo el requerimiento de instrucción en base a una denuncia que había hecho el ex intendente de Las Termas, hace más de un año cuando se produjo la mortandad de peces, situación que se acumuló con un nuevo fenómeno de estas características, el año pasado, mucho más grave”, señaló Simón en diálogo con EL LIBERAL.
El titular del Ministerio Público Fiscal señaló que a la denuncia del ex jefe comunal, Luis Saleme, se sumaron como querellante la ex concejal de Las Termas, Anita Loto, y la Defensoría del Pueblo de la provincia. Relató que a partir de estas presentaciones, la Fiscalía ordenó la concreción de una serie de medidas “y en base a las presentaciones y aportes de pruebas de ellos (denunciante y querellantes), he pedido la instrucción y la imputación contra titulares de 15 ingenios de Tucumán, las cuatro citrícolas, la papelera Tucumán y la planta de secado de Minera la Alumbrera”, detalló.
Responsabilidad
Simón explicó que cuando se trata de personas jurídicas la ley habilita a imputar a los gerentes, directivos, síndicos. Apuntó que todas las fábricas involucradas vuelcan sus desechos en la Cuenca Salí-Dulce y que llegan al lago Río Hondo por los distintos canales y afluentes. “Hemos pedido la imputación por la contaminación que ha privado de oxígeno al lago y por eso producen la mortandad de peces y el daño consabido a la salud, que es el bien jurídico protegido por la ley”, manifestó.
El fiscal dijo que si bien el fin de la acción penal es aplicar la pena que establece la ley “en los casos que se comprueben los presupuestos de punibilidad respecto a quienes se sindica como responsables”, a veces sin perjuicio de estas acciones, eso promueve que las mismas entidades denunciadas se acojan a planes de saneamiento para hacer una producción limpia. “Uno no busca frenar la producción, pero sí que se haga bajo estándares que permitan la salubridad y la protección del medio ambiente. Es decir, no sólo se busca la pena, sino concientizar a los responsables y a eventuales industriales que realizan explotaciones a que se proteja el medioambiente, que el beneficio de hoy no sea un perjuicio para las generaciones de los próximos años”, recalcó el funcionario judicial.
Continuidad del proceso
“Ahora el juez tiene que resolver el avocamiento a la instrucción de esta denuncia y cómo no tenemos individualizados fehacientemente quiénes son los gerentes o las autoridades responsables de cada ingenio, he pedido que se oficie al Registro Público de Comercio de Tucumán y a la Secretaría de Miedo Ambiente de Tucumán, quiénes son las personas físicas para citarlas a las respectivas declaraciones indagatorias”, dio a conocer Simón, sobre los próximos pasos en relación con su presentación.
Un aspecto en el que puso énfasis, es que el Ministerio Público Fiscal cuenta con un amplio cúmulo de pruebas para impulsar esta denuncia. Informes y pericias solicitadas por organismos como la Secretaría del Agua, Defensoría, y que fueron aportando a lo largo de estos años. También estudios de Prefectura Naval. “Todo lo que hay, habilita prima facie a formular el requerimiento a instrucción, habrá que profundizar las medidas de pruebas y ver los elementos de defensa que aporta esta gente”.
Al respecto, recalcó que “en el marco del debido proceso ellos tienen que ejercer su defensa y acompañarán, pedirán pericias, informes para demostrar en su caso, la exclusión de responsabilidad y la Fiscalía y los querellantes, la culpabilidad”.
Fecha de Publicación: 04/05/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
El requerimiento fue elevado por Pedro Simón al juez federal Guillermo Molinari, al considerar que hay pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad de los titulares de estas firmas en la contaminación de la cuenca.
Tras más de una década de la primera denuncia presentada por el Gobierno de Santiago del Estero por la contaminación de las aguas del embalse Río Hondo, tiempo en el que se acumularon las acusaciones contra industrias de Tucumán como también la mortandad de peces, la Justicia Federal local dio un paso relevante al pedir la imputación de empresarios de la vecina provincia por envenenar la cuenca Salí-Dulce.
El fiscal federal Pedro Simón, consideró que hay un importante cúmulo de pruebas aportadas por distintos organismos para solicitar el requerimiento de instrucción de una causa por infracción a la ley de Residuos Peligrosos contra titulares de 15 citrícolas entre ellas Bella Vista, Nuñorco y Marapa. La imputación fiscal también alcanza a los máximos responsables de las cuatro citrícolas de la vecina provincia, de la papelera Tucumán y de la planta de secado de Minera La Alumbrera.
“Hoy hizo el requerimiento de instrucción en base a una denuncia que había hecho el ex intendente de Las Termas, hace más de un año cuando se produjo la mortandad de peces, situación que se acumuló con un nuevo fenómeno de estas características, el año pasado, mucho más grave”, señaló Simón en diálogo con EL LIBERAL.
El titular del Ministerio Público Fiscal señaló que a la denuncia del ex jefe comunal, Luis Saleme, se sumaron como querellante la ex concejal de Las Termas, Anita Loto, y la Defensoría del Pueblo de la provincia. Relató que a partir de estas presentaciones, la Fiscalía ordenó la concreción de una serie de medidas “y en base a las presentaciones y aportes de pruebas de ellos (denunciante y querellantes), he pedido la instrucción y la imputación contra titulares de 15 ingenios de Tucumán, las cuatro citrícolas, la papelera Tucumán y la planta de secado de Minera la Alumbrera”, detalló.
Responsabilidad
Simón explicó que cuando se trata de personas jurídicas la ley habilita a imputar a los gerentes, directivos, síndicos. Apuntó que todas las fábricas involucradas vuelcan sus desechos en la Cuenca Salí-Dulce y que llegan al lago Río Hondo por los distintos canales y afluentes. “Hemos pedido la imputación por la contaminación que ha privado de oxígeno al lago y por eso producen la mortandad de peces y el daño consabido a la salud, que es el bien jurídico protegido por la ley”, manifestó.
El fiscal dijo que si bien el fin de la acción penal es aplicar la pena que establece la ley “en los casos que se comprueben los presupuestos de punibilidad respecto a quienes se sindica como responsables”, a veces sin perjuicio de estas acciones, eso promueve que las mismas entidades denunciadas se acojan a planes de saneamiento para hacer una producción limpia. “Uno no busca frenar la producción, pero sí que se haga bajo estándares que permitan la salubridad y la protección del medio ambiente. Es decir, no sólo se busca la pena, sino concientizar a los responsables y a eventuales industriales que realizan explotaciones a que se proteja el medioambiente, que el beneficio de hoy no sea un perjuicio para las generaciones de los próximos años”, recalcó el funcionario judicial.
Continuidad del proceso
“Ahora el juez tiene que resolver el avocamiento a la instrucción de esta denuncia y cómo no tenemos individualizados fehacientemente quiénes son los gerentes o las autoridades responsables de cada ingenio, he pedido que se oficie al Registro Público de Comercio de Tucumán y a la Secretaría de Miedo Ambiente de Tucumán, quiénes son las personas físicas para citarlas a las respectivas declaraciones indagatorias”, dio a conocer Simón, sobre los próximos pasos en relación con su presentación.
Un aspecto en el que puso énfasis, es que el Ministerio Público Fiscal cuenta con un amplio cúmulo de pruebas para impulsar esta denuncia. Informes y pericias solicitadas por organismos como la Secretaría del Agua, Defensoría, y que fueron aportando a lo largo de estos años. También estudios de Prefectura Naval. “Todo lo que hay, habilita prima facie a formular el requerimiento a instrucción, habrá que profundizar las medidas de pruebas y ver los elementos de defensa que aporta esta gente”.
Al respecto, recalcó que “en el marco del debido proceso ellos tienen que ejercer su defensa y acompañarán, pedirán pericias, informes para demostrar en su caso, la exclusión de responsabilidad y la Fiscalía y los querellantes, la culpabilidad”.
Estrategia Nacional en Cambio Climático
Se presentó la Estrategia Nacional en Cambio Climático
Fecha de Publicación: 03/05/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
El Director de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente, a cargo del Dr. Juan Jose Mussi, Dr. Nazareno Castillo, presentó junto a referentes de otros organismos nacionales, los lineamientos de la Estrategia Nacional en Cambio Climático para la región NEA del COFEMA.
El acto se realizó en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Misiones, y contó con la presencia de la ministra de Ecología de la Provincia de Misiones, Dra. Viviana Rovira y el Director de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad ambiental de Formosa, Dr. Hugo Bay.
Allí, el Dr. Castillo Marín realizó una presentación sobre la situación actual del proceso de la Estrategia Nacional en Cambio Climático (ENCC), la cual tiene por objeto establecer un marco de acción nacional frente a esta problemática asegurando una participación intergubernamental e intersectorial. Además alentó a los funcionarios provinciales presentes a replicar el modelo implementado a nivel nacional de contar con un grupo intersectorial, en vistas de elaborar estrategias provinciales en la temática.
Posteriormente, los funcionarios nacionales, Rodrigo Rodríguez de la Secretaría de Transporte; Luciano Scarpanti de la Secretaría de Industria, Comercio y Pymes y Pedro Rossi, de la Secretaría de Energía, dieron su visión sobre el trabajo que vienen desarrollando, en conjunto con representantes de otras quince secretarias de estado, en el marco del Comité Gubernamental en Cambio Climático y en vistas de consolidar el proceso de la Estrategia Nacional en Cambio Climático.
Finalmente, funcionarios de las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes describieron las políticas y acciones que vienen llevando adelante, muchas de ellas con efectos positivos en términos de promover la reducción de emisiones de gases efecto invernadero a partir de fuentes locales o de facilitar la adaptación a los impactos del cambio climático.
Del evento también participaron, el Dr. Mario Rujana, Administrador General del Instituto de Agua y Ambiente de Corrientes; el Ing. Miguel Brunswig, Subsecretario de Recursos Naturales de Chaco, entre otros.
Fecha de Publicación: 03/05/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
El Director de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente, a cargo del Dr. Juan Jose Mussi, Dr. Nazareno Castillo, presentó junto a referentes de otros organismos nacionales, los lineamientos de la Estrategia Nacional en Cambio Climático para la región NEA del COFEMA.
El acto se realizó en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Misiones, y contó con la presencia de la ministra de Ecología de la Provincia de Misiones, Dra. Viviana Rovira y el Director de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad ambiental de Formosa, Dr. Hugo Bay.
Allí, el Dr. Castillo Marín realizó una presentación sobre la situación actual del proceso de la Estrategia Nacional en Cambio Climático (ENCC), la cual tiene por objeto establecer un marco de acción nacional frente a esta problemática asegurando una participación intergubernamental e intersectorial. Además alentó a los funcionarios provinciales presentes a replicar el modelo implementado a nivel nacional de contar con un grupo intersectorial, en vistas de elaborar estrategias provinciales en la temática.
Posteriormente, los funcionarios nacionales, Rodrigo Rodríguez de la Secretaría de Transporte; Luciano Scarpanti de la Secretaría de Industria, Comercio y Pymes y Pedro Rossi, de la Secretaría de Energía, dieron su visión sobre el trabajo que vienen desarrollando, en conjunto con representantes de otras quince secretarias de estado, en el marco del Comité Gubernamental en Cambio Climático y en vistas de consolidar el proceso de la Estrategia Nacional en Cambio Climático.
Finalmente, funcionarios de las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes describieron las políticas y acciones que vienen llevando adelante, muchas de ellas con efectos positivos en términos de promover la reducción de emisiones de gases efecto invernadero a partir de fuentes locales o de facilitar la adaptación a los impactos del cambio climático.
Del evento también participaron, el Dr. Mario Rujana, Administrador General del Instituto de Agua y Ambiente de Corrientes; el Ing. Miguel Brunswig, Subsecretario de Recursos Naturales de Chaco, entre otros.
Barrick Gold y los negocios detrás de la pelea
Barrick Gold y los negocios detrás de la pelea de los hermanos Gioja
Fecha de Publicación: 03/05/2011
Fuente: Minuto Político
Provincia/Región: San Juan
Los hermanos Gioja pasaron de fantasear con una fórmula fraternal para gobernar San Juan por otros cuatro años a verse enfrentados como enemigos políticos históricos. Mientras José Luis, el gobernador, se prepara para que los sanjuaninos le habiliten su tercera gestión consecutiva, César, senador nacional, se erigió en su principal opositor tras ver frustrados sus deseos por sucederlo. Detrás de la pelea familiar se filtran poder, negocios y acusaciones cruzadas que encendieron una llama que hace pocos meses eran inimaginables.
Nada parece poner en riesgo la reforma constitucional que impulsó el gobernador, a partir de la cual se permitirá en San Juan la re-reelección. Luego de imponer su abrumadora mayoría en la Legislatura provincial, sólo falta la aprobación de la consulta popular pautada para el próximo domingo. Las encuestas menos favorables le auguran un triunfo con entre el 60% o el 65%. El mismo porcentaje con el que se alzó con la gobernación en 2007 (61,16%). Un relevamiento del Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (IOPPS), publicado hace días por el Diario de Cuyo, si bien muestra una inclinación de los indecisos a favor del NO, otorga al SI un 66,4% de la intención de voto. A priori, algo irreversible.
Fue esta maniobra del gobernador la que desató la bronca de su hermano César, quien se frotaba las manos para quedarse con la sucesión. Pero quedaron vacías: José Luís forzó la re-reelección y está a menos de una semana de conseguirla. En ese contexto, el senador nacional por San Juan salió a romper filas con su hermano y se transformó en el principal opositor a la reforma constitucional.
Lo hizo apuntando a los negocios. Y arrancó por lo más escabroso: a la minera Barrick Gold, multinacional que se lleva de 2 a 3 mil millones de dólares por año en oro de las montañas sanjuaninas dejando en consecuencia un desastre ambiental de valores incalculables y, apenas, del 1% al 3% en regalías. “Parece que no le convengo a la Barrick Gold” dijo en plena campaña opositora, al tiempo que propone subir al 5% el mínimo y un plan de retenciones móviles, como establecía la resolución 125 para los granos, proyecto que nunca presentó los seis años que estuvo al frente de la Comisión de Minería del Senado.
Luego disparó contra su hermano, sin miramientos: "¿Quién es el único que garantiza las utilidades extraordinarias de la mega minería? Simple, el actual gobierno provincial que como en el siglo XVI, XVII y XVIII nos dejaron nada más que muertos y un sistema similar a la de la esclavitud con la encomienda, la mita y el yanaconazgo”. Pero esta postura pudo haberse transformado en un bumerang para el mayor de los Gioja.
La intromisión del tema Barrick Gold en la contienda electoral tomó por sorpresa al gobernador Gioja. En una entrevista dijo que el asunto de la minera en realidad afecta a “César, porque aparece como proveedor de la barrica”. Desde su entorno lo reforzaron. “Cuando (Miguel) Bonasso o (Fernando) Pino Solanas vinieron con la campaña contra la minera, lo único que tenían para atacar al gobernador era que una empresa de su hermano era proveedora de la Barrick”, contó un operador del mandatario provincial, quien destacó además lo sugestivo de ver a César Gioja almorzando con el ex intendente de Calingasta, Adolfo Ibazeta, dirigente que perdió la intendencia por su oposición a la minería en el departamento más montañoso de San Juan.
Consultado por la reacción del gobernador ante la postura adoptada por su hermano, la fuente respondió: “Al principio lo afectó bastante, nunca pensó que su hermano iba a ser su principal opositor. Lo sorprendió porque él estaba de acuerdo al principio e incluso planteó que no le desagradaría una fórmula Gioja-Gioja”. Hoy, algo inviable.
Según pudo saber este medio, César Gioja era dueño de Bentonitas Santa Gema, proveedora de bentonita para la Barrick Gold, una tierra especial que se usa para fortalecer los pozos de exploración y evitar derrumbes.
Carlos Bula, abogado, integrante de la Junta de Proyecto Sur en la provincia y uno de los principales dirigentes en la resistencia a la Barrick Gold, no esconde su indignación ante la pelea entre los Gioja en torno a este negocio. “La Barrick exige garantías de que esta situación va a continuar. Los dos han establecido una estrategia de subirse al ring y generar una pelea muy fuerte, pero para la minera, cualquiera de los dos que caiga, sigue siendo lo mismo”.
La otra pelea que dio César Gioja para evitar que su hermano acceda al derecho a una segunda reelección fue en la Justicia. Y le fue muy mal. Tanto la Justicia ordinaria como la electoral –ambas con buena sintonía con el Gobierno provincial- rechazaron, en total, 29 presentaciones judiciales que intentaron frenar en los tribunales lo que no pudo la política. A principio de abril, al menos ocho presentaciones del senador contra la intentona de su hermano fueron rechazadas por jueces civiles. El argumento del ahora opositor es que, según la Constitución de San Juan, la consulta popular debería coincidir con la próxima elección general. Es decir, debía hacerse en los próximos comicios por la gobernación, lo que hubiese anulado las posibilidades de su hermano. Pero todos respondieron que no era materia “judicializable”.
Fecha de Publicación: 03/05/2011
Fuente: Minuto Político
Provincia/Región: San Juan
Los hermanos Gioja pasaron de fantasear con una fórmula fraternal para gobernar San Juan por otros cuatro años a verse enfrentados como enemigos políticos históricos. Mientras José Luis, el gobernador, se prepara para que los sanjuaninos le habiliten su tercera gestión consecutiva, César, senador nacional, se erigió en su principal opositor tras ver frustrados sus deseos por sucederlo. Detrás de la pelea familiar se filtran poder, negocios y acusaciones cruzadas que encendieron una llama que hace pocos meses eran inimaginables.
Nada parece poner en riesgo la reforma constitucional que impulsó el gobernador, a partir de la cual se permitirá en San Juan la re-reelección. Luego de imponer su abrumadora mayoría en la Legislatura provincial, sólo falta la aprobación de la consulta popular pautada para el próximo domingo. Las encuestas menos favorables le auguran un triunfo con entre el 60% o el 65%. El mismo porcentaje con el que se alzó con la gobernación en 2007 (61,16%). Un relevamiento del Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (IOPPS), publicado hace días por el Diario de Cuyo, si bien muestra una inclinación de los indecisos a favor del NO, otorga al SI un 66,4% de la intención de voto. A priori, algo irreversible.
Fue esta maniobra del gobernador la que desató la bronca de su hermano César, quien se frotaba las manos para quedarse con la sucesión. Pero quedaron vacías: José Luís forzó la re-reelección y está a menos de una semana de conseguirla. En ese contexto, el senador nacional por San Juan salió a romper filas con su hermano y se transformó en el principal opositor a la reforma constitucional.
Lo hizo apuntando a los negocios. Y arrancó por lo más escabroso: a la minera Barrick Gold, multinacional que se lleva de 2 a 3 mil millones de dólares por año en oro de las montañas sanjuaninas dejando en consecuencia un desastre ambiental de valores incalculables y, apenas, del 1% al 3% en regalías. “Parece que no le convengo a la Barrick Gold” dijo en plena campaña opositora, al tiempo que propone subir al 5% el mínimo y un plan de retenciones móviles, como establecía la resolución 125 para los granos, proyecto que nunca presentó los seis años que estuvo al frente de la Comisión de Minería del Senado.
Luego disparó contra su hermano, sin miramientos: "¿Quién es el único que garantiza las utilidades extraordinarias de la mega minería? Simple, el actual gobierno provincial que como en el siglo XVI, XVII y XVIII nos dejaron nada más que muertos y un sistema similar a la de la esclavitud con la encomienda, la mita y el yanaconazgo”. Pero esta postura pudo haberse transformado en un bumerang para el mayor de los Gioja.
La intromisión del tema Barrick Gold en la contienda electoral tomó por sorpresa al gobernador Gioja. En una entrevista dijo que el asunto de la minera en realidad afecta a “César, porque aparece como proveedor de la barrica”. Desde su entorno lo reforzaron. “Cuando (Miguel) Bonasso o (Fernando) Pino Solanas vinieron con la campaña contra la minera, lo único que tenían para atacar al gobernador era que una empresa de su hermano era proveedora de la Barrick”, contó un operador del mandatario provincial, quien destacó además lo sugestivo de ver a César Gioja almorzando con el ex intendente de Calingasta, Adolfo Ibazeta, dirigente que perdió la intendencia por su oposición a la minería en el departamento más montañoso de San Juan.
Consultado por la reacción del gobernador ante la postura adoptada por su hermano, la fuente respondió: “Al principio lo afectó bastante, nunca pensó que su hermano iba a ser su principal opositor. Lo sorprendió porque él estaba de acuerdo al principio e incluso planteó que no le desagradaría una fórmula Gioja-Gioja”. Hoy, algo inviable.
Según pudo saber este medio, César Gioja era dueño de Bentonitas Santa Gema, proveedora de bentonita para la Barrick Gold, una tierra especial que se usa para fortalecer los pozos de exploración y evitar derrumbes.
Carlos Bula, abogado, integrante de la Junta de Proyecto Sur en la provincia y uno de los principales dirigentes en la resistencia a la Barrick Gold, no esconde su indignación ante la pelea entre los Gioja en torno a este negocio. “La Barrick exige garantías de que esta situación va a continuar. Los dos han establecido una estrategia de subirse al ring y generar una pelea muy fuerte, pero para la minera, cualquiera de los dos que caiga, sigue siendo lo mismo”.
La otra pelea que dio César Gioja para evitar que su hermano acceda al derecho a una segunda reelección fue en la Justicia. Y le fue muy mal. Tanto la Justicia ordinaria como la electoral –ambas con buena sintonía con el Gobierno provincial- rechazaron, en total, 29 presentaciones judiciales que intentaron frenar en los tribunales lo que no pudo la política. A principio de abril, al menos ocho presentaciones del senador contra la intentona de su hermano fueron rechazadas por jueces civiles. El argumento del ahora opositor es que, según la Constitución de San Juan, la consulta popular debería coincidir con la próxima elección general. Es decir, debía hacerse en los próximos comicios por la gobernación, lo que hubiese anulado las posibilidades de su hermano. Pero todos respondieron que no era materia “judicializable”.
Riachuelo: exponene a empresas contaminates
ACUMAR presentó listado de grandes empresas que contaminan el Riachuelo
Fecha de Publicación: 03/05/2011
Fuente: LaNoticia1
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo expuso los nombres de reconocidas industrias declaradas por el organismo como agentes contaminantes. Entre ellas se encuentran Coca Cola, Quilmes, Laboratorios Roemmers, Montpellier, Sidus, COTO, Loma Negra y Siderar, entre otras. Las firmas deberán iniciar un proceso de reconversión industrial (PRI).
En el marco del saneamiento del Riachuelo, ACUMAR dio a conocer un listado de empresas que contaminan la cuenca y que, por lo tanto, deberán comenzar un proceso de reconversión industrial (PRI) que será monitoreado.
Entre las grandes firmas se encuentran: Cervecería Quilmes, Coca Cola (FEMSA), Laboratorios Roemmers, Montpellier, Sidus, COTO, Loma Negra y Siderar, entre otras.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) declaró a estas empresas como agentes contaminantes.
Vale destacar que semanas atrás Luis Armella, Juez Federal comisionado por la Corte Suprema de Justicia para controlar el saneamiento del Riachuelo, estableció, en el marco de la llamada "Causa Mendoza", que se retiren del cauce del río, antes del 1 de julio, todos los desechos, además de iluminar y desratizar las riberas.
Fecha de Publicación: 03/05/2011
Fuente: LaNoticia1
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo expuso los nombres de reconocidas industrias declaradas por el organismo como agentes contaminantes. Entre ellas se encuentran Coca Cola, Quilmes, Laboratorios Roemmers, Montpellier, Sidus, COTO, Loma Negra y Siderar, entre otras. Las firmas deberán iniciar un proceso de reconversión industrial (PRI).
En el marco del saneamiento del Riachuelo, ACUMAR dio a conocer un listado de empresas que contaminan la cuenca y que, por lo tanto, deberán comenzar un proceso de reconversión industrial (PRI) que será monitoreado.
Entre las grandes firmas se encuentran: Cervecería Quilmes, Coca Cola (FEMSA), Laboratorios Roemmers, Montpellier, Sidus, COTO, Loma Negra y Siderar, entre otras.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) declaró a estas empresas como agentes contaminantes.
Vale destacar que semanas atrás Luis Armella, Juez Federal comisionado por la Corte Suprema de Justicia para controlar el saneamiento del Riachuelo, estableció, en el marco de la llamada "Causa Mendoza", que se retiren del cauce del río, antes del 1 de julio, todos los desechos, además de iluminar y desratizar las riberas.
San Juan lidera pobreza a pesar del boom minero
El boom minero: San Juan lidera pobreza e indigencia en Cuyo
Fecha de Publicación: 02/05/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: San Juan
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INDEC, dio a conocer la semana pasada los índices de pobreza e indigencia e Argentina. San Juan, con 15,3 por ciento de pobres y 4,1 por ciento de indigentes, lidera el ranking en la región de Cuyo. Si bien registró una baja del orden del 2 por ciento, sigue con las cifras más alta de la región. Unas 104.000 sanjuaninos estarían en esas condiciones. La misma situación se da con el desempleo y la subocupación mientras que el empleo es el más bajo de Cuyo.
Aunque el índice de pobreza en la Argentina, en el 2010, retrocedió casi un 12 por ciento con respecto al 2009debido al crecimiento de la economía que rondó el 9 por ciento, San Juan sigue liderando este índice en Cuyo con 15,3 por ciento de pobres e indigentes.
Los datos fueron brindados hace una semana atrás por el INDEC y resaltó que la pobreza retrocedió al término del primer semestre del año hasta el 12 por ciento, por debajo del 13,9 por ciento de enero-junio de 2009, mientras que la indigencia, comprendido dentro de la pobreza, también bajó al 3,1 por ciento desde el 4,0 por ciento del primer semestre del año pasado.
Entre ambas mediciones, la economía creció el 9,0 por ciento, la desocupación bajó al 7,9 por ciento, desde el 8,8 de junio del 2009, y se implementó la Asignación Universal por Hijo, una de las políticas implementadas por la actual administración que mayor incidencia han tenido al momento de medir la pobreza y la indigencia.
No obstante estos índices, San Juan sigue liderando el ranking cuyano con un 15,3 por ciento de pobreza y 4,1por ciento de indigentes. Mendoza registró 7 por ciento de pobres y 1,6 por ciento de indigentes. Por su parte San Luis tiene 9,7 por ciento de pobres y 1,2 por ciento de indigentes.
Con estas cifras brindadas por el INDEC queda cuestionada la actual política de desarrollo económico de San Juan ya que estos índices hay que sumarle los datos de empleo, que es el más bajo, y la desocupación que es la más alta de Cuyo.
La incidencia de políticas nacionales como la Asignación Universal por Hijo permitió que en San Juan el índice de pobreza bajara al 15,3 por ciento, con respecto al 2009 que registró un 17,1 por ciento. De hecho son estás políticas económicas la que evita que haya más pobres e indigentes en San Juan. La incidencia de la minería en el empleo, el desempleo y la pobreza ha sido totalmente nula ya que San Juan, pese a los publicitados beneficios de esta actividad, sigue mostrando altos índices de desempleo, subocupación, pobreza e indigencia mientras que la toma de mano de obra es muy baja, con respecto a Mendoza y San Luis.
Pero estos índices han sido cuestionados por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), quien realiza un relevamiento anual de hogares y personas mayores de 18 años en el que se monitorea la evolución de una serie de indicadores de déficit de las dimensiones del desarrollo humano y social en los principales aglomerados urbanos de nuestro país.
Para la UCA esos indicadores son entre tres y cinco veces más altos: la pobreza rondaría entre un mínimo de 25,6% y un máximo de 29,6%. Y la indigencia entre 9,3% y 10,9%. Así, los pobres serían entre 10 millones y 12 millones. Y de ellos, serían indigentes entre 3,5 millones y 4,4 millones, en el país.
Si esas cantidades se trasladan a las provincias, San Juan tendría elevados índices de pobreza e indigencia. El15,3 por ciento del INDEC representaría en San Juan unas 104.000 mil personas, de los cuales 24.000 serían indigentes. Cifras muy elevadas para lo que anuncia el gobierno sanjuanino, ya que sostiene que lidera las exportaciones en el país y se encuentra al tope de la generación de empleo en la construcción, según consultoras que recientemente fueron multadas por la Secretaria de Comercio Interior.
Fecha de Publicación: 02/05/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: San Juan
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INDEC, dio a conocer la semana pasada los índices de pobreza e indigencia e Argentina. San Juan, con 15,3 por ciento de pobres y 4,1 por ciento de indigentes, lidera el ranking en la región de Cuyo. Si bien registró una baja del orden del 2 por ciento, sigue con las cifras más alta de la región. Unas 104.000 sanjuaninos estarían en esas condiciones. La misma situación se da con el desempleo y la subocupación mientras que el empleo es el más bajo de Cuyo.
Aunque el índice de pobreza en la Argentina, en el 2010, retrocedió casi un 12 por ciento con respecto al 2009debido al crecimiento de la economía que rondó el 9 por ciento, San Juan sigue liderando este índice en Cuyo con 15,3 por ciento de pobres e indigentes.
Los datos fueron brindados hace una semana atrás por el INDEC y resaltó que la pobreza retrocedió al término del primer semestre del año hasta el 12 por ciento, por debajo del 13,9 por ciento de enero-junio de 2009, mientras que la indigencia, comprendido dentro de la pobreza, también bajó al 3,1 por ciento desde el 4,0 por ciento del primer semestre del año pasado.
Entre ambas mediciones, la economía creció el 9,0 por ciento, la desocupación bajó al 7,9 por ciento, desde el 8,8 de junio del 2009, y se implementó la Asignación Universal por Hijo, una de las políticas implementadas por la actual administración que mayor incidencia han tenido al momento de medir la pobreza y la indigencia.
No obstante estos índices, San Juan sigue liderando el ranking cuyano con un 15,3 por ciento de pobreza y 4,1por ciento de indigentes. Mendoza registró 7 por ciento de pobres y 1,6 por ciento de indigentes. Por su parte San Luis tiene 9,7 por ciento de pobres y 1,2 por ciento de indigentes.
Con estas cifras brindadas por el INDEC queda cuestionada la actual política de desarrollo económico de San Juan ya que estos índices hay que sumarle los datos de empleo, que es el más bajo, y la desocupación que es la más alta de Cuyo.
La incidencia de políticas nacionales como la Asignación Universal por Hijo permitió que en San Juan el índice de pobreza bajara al 15,3 por ciento, con respecto al 2009 que registró un 17,1 por ciento. De hecho son estás políticas económicas la que evita que haya más pobres e indigentes en San Juan. La incidencia de la minería en el empleo, el desempleo y la pobreza ha sido totalmente nula ya que San Juan, pese a los publicitados beneficios de esta actividad, sigue mostrando altos índices de desempleo, subocupación, pobreza e indigencia mientras que la toma de mano de obra es muy baja, con respecto a Mendoza y San Luis.
Pero estos índices han sido cuestionados por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), quien realiza un relevamiento anual de hogares y personas mayores de 18 años en el que se monitorea la evolución de una serie de indicadores de déficit de las dimensiones del desarrollo humano y social en los principales aglomerados urbanos de nuestro país.
Para la UCA esos indicadores son entre tres y cinco veces más altos: la pobreza rondaría entre un mínimo de 25,6% y un máximo de 29,6%. Y la indigencia entre 9,3% y 10,9%. Así, los pobres serían entre 10 millones y 12 millones. Y de ellos, serían indigentes entre 3,5 millones y 4,4 millones, en el país.
Si esas cantidades se trasladan a las provincias, San Juan tendría elevados índices de pobreza e indigencia. El15,3 por ciento del INDEC representaría en San Juan unas 104.000 mil personas, de los cuales 24.000 serían indigentes. Cifras muy elevadas para lo que anuncia el gobierno sanjuanino, ya que sostiene que lidera las exportaciones en el país y se encuentra al tope de la generación de empleo en la construcción, según consultoras que recientemente fueron multadas por la Secretaria de Comercio Interior.
Agrotóxicos: Médicos alertan de enfermedades
Alertan por enfermedades causadas por agroquímicos en varias provincias
Fecha de Publicación: 02/05/2011
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Nacional
Lo advirtieron médicos en un congreso en Rosario. Dicen que en pueblos de Santa Fe, Córdoba y otras zonas hay cada vez más casos de malformaciones y enfermos de cáncer por las fumigaciones.
Médicos que ejercen su profesión en diferentes provincias del país reportaron, durante un encuentro realizado en Rosario, los datos de "acumulación de nuevos casos de malformaciones congénitas y cáncer" en pueblos y regiones agrarias fumigadas con agroquímicos.
Los profesionales de la salud destacaron el aumento de enfermedades de este tipo en Chaco, Santa Fe, Tucumán, Córdoba y Misiones, y expresaron "mucha preocupación por la irresponsabilidad del uso continuo" de glifosato para fumigar vías férreas en lugares poblados del Gran Buenos Aires.
Las conclusiones surgieron del primer Congreso Latinoamericano de Salud Socio Ambiental y del segundo Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados, organizado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario.
"Los agrotóxicos nos están enfermando, por lo menos hay que restringir su uso aéreo y alrededor de los pueblos", explicó el pediatra Medardo Avila Vázquez, de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados de la Universidad Nacional de Córdoba.
En las disertaciones, más de 350 asistentes presentaron, a nivel científico, "evidencias y nuevos descubrimientos sobre los mecanismos" de que las sustancias químicas utilizadas en la agricultura "generan enfermedad en los humanos".
En ese ámbito, reclamaron la implementación de resguardos públicos para evitar o disminuir la contaminación. Al respecto, pidieron que sean prohibidas las fumigaciones aéreas, alejar las aspersiones terrestres de las cercanías de los pueblos y reclasificar los agrotóxicos con criterios sanitarios.
Entre las exposiciones, el médico Alejandro Oliva resaltó que en el sur de Santa Fe la exposición de los agrotóxicos disminuye las capacidades sexuales y reproductivas en los varones en edad reproductiva, datos que fueron publicados en revistas científicas internacionales.
"La situación empeora porque día a día nos enteramos de situaciones muy graves: pueblos de 5 mil habitantes con tres mielomas múltiples o seis leucemias infantiles en un año en la zona de influencia de San Francisco, en Córdoba. Desgraciadamente la realidad nos confirma que estamos ante una agresión ambiental y sanitaria tremenda", comentó Avila Vázquez.
Durante el encuentro realizado entre el jueves y el sábado en la Facultad de Medicina de Rosario, los médicos asistentes reclamaron a los candidatos a presidentes y a gobernadores de las provincias sojeras "que expresen públicamente qué medidas van a tomar para defender el derecho a la salud de los pueblos fumigados".
Días atrás, los representantes de países presentes en la Quinta Conferencia de las partes del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes aprobaron incluir al endosulfán en el Anexo A para su eliminación, y gestionar la implementación de alternativas para su uso agrícola.
El compuesto químico se utiliza en la Argentina para combatir insectos en los cultivos de cereales, alfalfa, algodón, florales, hortalizas, girasol, lino, maní tabaco y soja. Por su parte, asambleístas de la localidad bonaerense de Vicente López iniciaron la campaña nacional "Paren de fumigar las vías con agrotóxicos", una acción que tiene como objetivo desmalezar la zona férreas.
La iniciativa fue aprobada durante el decimoquinto Encuentro del la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), realizado semanas atrás en la ciudad entrerriana de Colón.
Fecha de Publicación: 02/05/2011
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Nacional
Lo advirtieron médicos en un congreso en Rosario. Dicen que en pueblos de Santa Fe, Córdoba y otras zonas hay cada vez más casos de malformaciones y enfermos de cáncer por las fumigaciones.
Médicos que ejercen su profesión en diferentes provincias del país reportaron, durante un encuentro realizado en Rosario, los datos de "acumulación de nuevos casos de malformaciones congénitas y cáncer" en pueblos y regiones agrarias fumigadas con agroquímicos.
Los profesionales de la salud destacaron el aumento de enfermedades de este tipo en Chaco, Santa Fe, Tucumán, Córdoba y Misiones, y expresaron "mucha preocupación por la irresponsabilidad del uso continuo" de glifosato para fumigar vías férreas en lugares poblados del Gran Buenos Aires.
Las conclusiones surgieron del primer Congreso Latinoamericano de Salud Socio Ambiental y del segundo Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados, organizado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario.
"Los agrotóxicos nos están enfermando, por lo menos hay que restringir su uso aéreo y alrededor de los pueblos", explicó el pediatra Medardo Avila Vázquez, de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados de la Universidad Nacional de Córdoba.
En las disertaciones, más de 350 asistentes presentaron, a nivel científico, "evidencias y nuevos descubrimientos sobre los mecanismos" de que las sustancias químicas utilizadas en la agricultura "generan enfermedad en los humanos".
En ese ámbito, reclamaron la implementación de resguardos públicos para evitar o disminuir la contaminación. Al respecto, pidieron que sean prohibidas las fumigaciones aéreas, alejar las aspersiones terrestres de las cercanías de los pueblos y reclasificar los agrotóxicos con criterios sanitarios.
Entre las exposiciones, el médico Alejandro Oliva resaltó que en el sur de Santa Fe la exposición de los agrotóxicos disminuye las capacidades sexuales y reproductivas en los varones en edad reproductiva, datos que fueron publicados en revistas científicas internacionales.
"La situación empeora porque día a día nos enteramos de situaciones muy graves: pueblos de 5 mil habitantes con tres mielomas múltiples o seis leucemias infantiles en un año en la zona de influencia de San Francisco, en Córdoba. Desgraciadamente la realidad nos confirma que estamos ante una agresión ambiental y sanitaria tremenda", comentó Avila Vázquez.
Durante el encuentro realizado entre el jueves y el sábado en la Facultad de Medicina de Rosario, los médicos asistentes reclamaron a los candidatos a presidentes y a gobernadores de las provincias sojeras "que expresen públicamente qué medidas van a tomar para defender el derecho a la salud de los pueblos fumigados".
Días atrás, los representantes de países presentes en la Quinta Conferencia de las partes del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes aprobaron incluir al endosulfán en el Anexo A para su eliminación, y gestionar la implementación de alternativas para su uso agrícola.
El compuesto químico se utiliza en la Argentina para combatir insectos en los cultivos de cereales, alfalfa, algodón, florales, hortalizas, girasol, lino, maní tabaco y soja. Por su parte, asambleístas de la localidad bonaerense de Vicente López iniciaron la campaña nacional "Paren de fumigar las vías con agrotóxicos", una acción que tiene como objetivo desmalezar la zona férreas.
La iniciativa fue aprobada durante el decimoquinto Encuentro del la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), realizado semanas atrás en la ciudad entrerriana de Colón.
Botnia: marcharon a 7 años de la 1º movilización
Papeleras: marcharon a 7 años de la primera movilización en Gualeguaychú
Fecha de Publicación: 01/05/2011
Fuente: La Voz del Interior On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
Pobladores de Gualeguaychú volvieron a marchar hacia el paraje de Arroyo Verde, en la ruta 136 que va a Fray Bentos, Uruguay, al cumplirse siete años de la primera movilización al puente internacional General San Martín y confirmaron que el domingo próximo harán otra movilización.
Un importante grupo de integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental marchó el sábado y publicó una solicitada para acusar de "faltar a la verdad" a los presidentes de Argentina y de Uruguay, Cristina Fernández y José Mujica.
Asimismo, denunciaron que las acciones de control y monitoreo de la planta de Botnia-UPM, que comenzarán mañana, "están pensadas para fracasar".
"El presidente José Mujica y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner nos dan discursos desde la humillación; y faltan a la verdad cuando dicen que el conflicto está solucionado", dijeron más de 150 vecinos que firmaron la solicitada.
Reivindicaron además el bloqueo de ruta que se prolongó hasta mediados de 2010, al calificarlo de "corte vigía en la ruta 136" y advirtieron que no habían "visto aún cumplir ni uno solo de todos los puntos que se leyeron sobre la ruta como pedido frente al gesto de corrernos".
"No alcanzan las promesas de control y monitoreo porque están pensadas para fracasar, para garantizar el funcionamiento con falsos permisos y con total impunidad de la planta", dijeron al referirse al plan de monitoreo de Botnia-UPM que llevan adelante los gobiernos de Argentina y de Uruguay, a un año del fallo arbitral de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Los vecinos publicaron la solicitada al cumplirse siete años de la primera marcha al puente internacional General San Martín, el 30 de abril de 2005.
En el paraje de Arroyo Verde de las ruta internacional 136, 28 kilómetros noreste de Gualeguaychú y a sólo 15 del puente binacional entre esta ciudad y Fray Bentos, se desarrolló el corte de protesta entre noviembre de 2006 y junio de 2010.
La Asamblea Ciudadana Ambiental convocó formalmente para el domingo 8 de mayo a la séptima marcha al puente internacional.
El obispo de Gualeguaychú, Jorge Lozano, anunció que la Iglesia Católica apoyará la movilización de la ciudadanía del domingo 8.
Lozano dijo también que como todos los años, representantes de los diferentes credos realizarán una oración para dar comienzo a la marcha en defensa del medioambiente.
"La respuesta a la convocatoria será tan multitudinaria como los años anteriores, y con diversidad de edades y gente que participa expresando su compromiso por el bien común social", expresó.
Fecha de Publicación: 01/05/2011
Fuente: La Voz del Interior On Line
Provincia/Región: Entre Ríos
Pobladores de Gualeguaychú volvieron a marchar hacia el paraje de Arroyo Verde, en la ruta 136 que va a Fray Bentos, Uruguay, al cumplirse siete años de la primera movilización al puente internacional General San Martín y confirmaron que el domingo próximo harán otra movilización.
Un importante grupo de integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental marchó el sábado y publicó una solicitada para acusar de "faltar a la verdad" a los presidentes de Argentina y de Uruguay, Cristina Fernández y José Mujica.
Asimismo, denunciaron que las acciones de control y monitoreo de la planta de Botnia-UPM, que comenzarán mañana, "están pensadas para fracasar".
"El presidente José Mujica y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner nos dan discursos desde la humillación; y faltan a la verdad cuando dicen que el conflicto está solucionado", dijeron más de 150 vecinos que firmaron la solicitada.
Reivindicaron además el bloqueo de ruta que se prolongó hasta mediados de 2010, al calificarlo de "corte vigía en la ruta 136" y advirtieron que no habían "visto aún cumplir ni uno solo de todos los puntos que se leyeron sobre la ruta como pedido frente al gesto de corrernos".
"No alcanzan las promesas de control y monitoreo porque están pensadas para fracasar, para garantizar el funcionamiento con falsos permisos y con total impunidad de la planta", dijeron al referirse al plan de monitoreo de Botnia-UPM que llevan adelante los gobiernos de Argentina y de Uruguay, a un año del fallo arbitral de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Los vecinos publicaron la solicitada al cumplirse siete años de la primera marcha al puente internacional General San Martín, el 30 de abril de 2005.
En el paraje de Arroyo Verde de las ruta internacional 136, 28 kilómetros noreste de Gualeguaychú y a sólo 15 del puente binacional entre esta ciudad y Fray Bentos, se desarrolló el corte de protesta entre noviembre de 2006 y junio de 2010.
La Asamblea Ciudadana Ambiental convocó formalmente para el domingo 8 de mayo a la séptima marcha al puente internacional.
El obispo de Gualeguaychú, Jorge Lozano, anunció que la Iglesia Católica apoyará la movilización de la ciudadanía del domingo 8.
Lozano dijo también que como todos los años, representantes de los diferentes credos realizarán una oración para dar comienzo a la marcha en defensa del medioambiente.
"La respuesta a la convocatoria será tan multitudinaria como los años anteriores, y con diversidad de edades y gente que participa expresando su compromiso por el bien común social", expresó.
Misiones: el desafío de mantenerlos vivos
El desafío de mantenerlos vivos
Fecha de Publicación: 30/04/2011
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
Misiones tiene 14 especies animales declaradas monumentos naturales para evitar su extinción. Los cambios de hábitat y el avance del hombre sobre la selva, los principales peligros
Posadas y Puerto Iguazú. La fauna misionera tiene 14 especies animales declaradas monumentos naturales provinciales, que por ley, están protegidos, debido al peligro de extinción. En el día del animal, que se celebró ayer, El Territorio, elaboró un informe sobre los animales salvajes que por distintas razones ya no se ven o van camino a desaparecer si no se los cuida.
De las 14, hay dos que desde hace más de dos décadas que no se ven en la selva misionera: El pato serrucho, que fue visto por última vez en el arroyo Urugua-í en 1990 y el lobo gargantilla, que se observó por última en 1985, también en la cuenca del arroyo donde se construyó la represa.
“La declaración tiene una razón porque esas especies están disminuyendo en número. Hay otras que también nos preocupan y que todavía no entraron en esa categoría pero están disminuyendo”, afirmó Miguel Rinas Director general del Parque Ecológico El Puma.
Por su parte, las instituciones y organizaciones ecologistas renuevan sus listas rojas de animales en la selva paranaense, algunos ya los consideran extintos y otros están clasificados en estado de vulnerabilidad debido al retroceso de su hábitat y la caza principalmente.
“Por suerte y siendo un poco positivo, todavía está toda la gama de especies que originalmente estuvieron en Misiones”, destacó Rinas.
El especialista destacó que “Misiones es la única provincia que tiene mayor cantidad de especies, cantidad de biodiversidad, tenemos más de 1000 especies de vertebrados, de los cuales hay 120 especies de mamíferos, 560 especies de aves, lo cual representa más del 50 por ciento de la biofauna argentina, hay 150 especies de reptiles y anfibios y unas 200 especies de peces”
Pero para los ecologista, el Parque Nacional Iguazú ya es considerado “chico” para albergar a los animales de gran porte, a pesar de sus 67 mil hectáreas de área protegida y existe una lista de animales que “se debe prestar atención”.
Guillermo Gil, de la delegación técnico NEA de Parques Nacionales aseguró que, “en el caso de rapaces o mamíferos grandes como tapir, yaguareté y chancho de monte, que realizan grandes movimientos, ya el parque queda chico y no es suficiente para asegurar su protección a largo plazo”.
Está relacionado el tamaño de los animales con las densidades, es por ello que para conservarlos, es importante conocer que la preservación y control del hábitat, reservas naturales protegidas, son el eje principal para evitar también la caza furtiva y la cantidad de accidentes en las rutas lindantes a las áreas protegidas. Los casos más conocidos de animales en peligro de desaparecer so el yaguareté, el dorado, chancho de monte, paca, yacutinga, y macuco, éstos últimos utilizados para consumir.
“Si se desmontara todo a su alrededor menos el parque, muchas especies pequeñas y medianas tal vez sobrevivan pero los que necesitan grandes territorios, seguramente van a desaparecer”, afirmó.
Los animales en peligro en Iguazú
Dentro de los peces, la morena pintada, bagre, moncholo, surubí atigrado, están en la lista de amenazados dentro del Parque y en la provincia. El dorado está en la lista de especies de valor especial por su rol ecológico con escasa presencia y es particularmente valorada por la sociedad.
Por parte de los reptiles, el yacaré ñato y la boa arco iris tienen escasa presencia y hacen que se les preste atención. En tanto que en el caso de las aves la situación es muy preocupante ya que la mayoría de las especies ya está caratulada como en amenaza de extinción, y casi no avistan el macuco, el águila monera y el águila copetona. La yacutinga (pava de monte) corre un peligro especial ante la caza furtiva por su requerimiento para el consumo.
Existen algunos animales que ya se los consideran extintos debido a que su avistaje no se da desde hace varios años, como el ciervo de los pantanos, el venado de las pampas, el guacamayo colorado (nutria gigante), guacamayo verde.
En el caso del lobo gargantilla, los últimos avistajes en el país habían sido en el Parque Nacional Iguazú y el parque Urugua-í, pero no se lo ve desde 1985, y ya lo consideran desaparecido. Un informe acerca de este animal, no establece las razones claras de su declinación en el país ya que no habría sido cazado como en otros países y en estas áreas le habrían dado protección.
Salvar al yaguareté
Entre los mamíferos, el yaguareté es el caso más emblemático, y para resguardarlo se realizan fuertes campañas, incluso en esta semana se reunieron técnicos del Ministerio de Ecología, Parques Nacionales e investigadores para coordinar estrategias en las áreas protegidas con jurisdicción de la Provincia y la Nación para la preservación del hábitat natural entre parques y corredores ante la importancia de la conectividad física entre ellos.
“El yaguareté, es el que mayor peligro corre en el corto plazo. A pesar de ser una especie protegida, declarada monumento natural, necesita mucho espacio para vivir, porque es un animal predador por excelencia y se necesitan unas 5000 hectáreas para que existan dos individuos”, reflexionó Rinas.
Sobre las causas de la desaparición del animal Rinas explicó: “Hay varios factores, la disminución de la superficie, la caza furtiva, que lo mata y mata el alimento natural de esa especie, caso venado, pecaríes y los conflictos que hay con la actividad ganadera, porque esta actividad se involucró en el hábitat de la especie y la especie preda sobre el ganado doméstico y ahí se genera una situación de que los dueños del ganado los ataquen y los maten”.
Entre los proyectos que maneja Ecología se encuentra determinar las zonas ganaderas y establecer una ley para cubrir el gasto que generan los ataques de los yaguaretés.
Nicolás Quintana, Jefe del departamento de Fauna de Ecología explicó:
“La situación que se está repitiendo es la de los productores que salen a cazar el animal porque atacó al ganado y genera pérdidas. Matar un yaguareté es una infracción que hasta prevé la prisión, está terminantemente prohibido la caza, la tenencia, la comercialización, todo lo referente al manejo de la especie está legislado”.
“Estamos abordando el problema con los propietarios de tierras que lindan con monte y se ven afectados por la presencia del yaguareté se les orienta para el correcto manejo de su ganado para disminuir sus ataques”, agregó el funcionario.
Sobre las zonas de mayor conflicto Quintana explicó: “Estamos teniendo problemas con campos ganaderos desde Montecarlo para el Norte, en ruta 15, ruta 18. Se está trabajando sobre un proyecto de reglamentación tendiente a que la provincia indemnice a los que perdieron un animal, se estima una población de 50 yaguaretés en la provincia”.
Sobre lo que hay que hacer para frenar la extinción de los animales Rinas afirmó: “Actualmente tenemos el corredor verde que es nuestra base y mantener el corredor verde es lo importante. De ahí hacer un buen uso de las actividades. Mantener la selva, disminuir la caza furtiva y mejorar los controles”, apuntó.
Animales atropellados
Pecaríes, venados, tapires, gatos silvestres, ocelotes, pumas y hasta tapires son víctimas de la velocidad de los vehículos en las rutas cercanas a las áreas protegidas.
Las organizaciones ecologistas manifiestan constantemente su preocupación ante el Ministerio de Ecología de la provincia y la intendencia del Parque Nacional Iguazú. Los animales no conocen de fronteras y resaltan la concientización de respetar las velocidades máximas permitidas en zonas de protección.
Casi todos los animales accidentados son llevados a rehabilitación en el centro Guira Oga, que posee un centro de rehabilitación para poder devolverlos a la selva (Leer más en página 11).
Los animales que fueron declarados monumentos naturales en misiones
• Yaguareté: La Ley provincial Nº2589 prohibió su caza. Los principales peligros a su supervivencia son la falta de espacio y de alimentos naturales.
• Tucán grande: L. P. Nº4083. Expuesto a las capturas para comercializarlo como mascota.
• Aguila harpía: L. P. Nº3320. Requiere grandes espacios y la pérdida de la selva fue su principal problema.
• Loro charao: L.P. Nº3455. Es muy buscado para comercializarlo como animal doméstico.
• Loro maracaná afeitado: L.P. Nº3455. Es muy buscado para comercializarlo como animal doméstico.
• Yetapá de collar: L. P. Nº3455. Es muy buscado para comercializarlo como animal doméstico.
• Tapir: L.P. Nº3455. Por su tamaño es fácil de cazar. Su carne se utiliza para chacinado.
• Carayá rojo: L.P. Nº3455. La fiebre amarilla hizo estragos en las manadas de San Pedro y Piñalito.
• Aguará guazú: L.P. Nº4083. La pérdida de su hábitat en la zona sur provocó la baja de la especie.
• Zorro pitoco: L.P. Nº3455. La pérdida de su hábitat hizo caer la cantidad de ejemplares. Investigadores estadounidenses empezarán a estudiarlo en los próximos meses.
• Tordo amarillo: L.P. Nº4138. Por su color y su canto es muy requerido como mascota.
• Pato Serrucho: L.P. Nº3320. La pérdida de su hábitat hizo desaparecer la especie. Los últimos ejemplares se observaron en 1990.
• Lobo gargantilla: L.P. Nº3320. La pérdida del hábitat lo llevó a la extinción en la provincia. La última vez que se lo vio fue en 1985.
Fecha de Publicación: 30/04/2011
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
Misiones tiene 14 especies animales declaradas monumentos naturales para evitar su extinción. Los cambios de hábitat y el avance del hombre sobre la selva, los principales peligros
Posadas y Puerto Iguazú. La fauna misionera tiene 14 especies animales declaradas monumentos naturales provinciales, que por ley, están protegidos, debido al peligro de extinción. En el día del animal, que se celebró ayer, El Territorio, elaboró un informe sobre los animales salvajes que por distintas razones ya no se ven o van camino a desaparecer si no se los cuida.
De las 14, hay dos que desde hace más de dos décadas que no se ven en la selva misionera: El pato serrucho, que fue visto por última vez en el arroyo Urugua-í en 1990 y el lobo gargantilla, que se observó por última en 1985, también en la cuenca del arroyo donde se construyó la represa.
“La declaración tiene una razón porque esas especies están disminuyendo en número. Hay otras que también nos preocupan y que todavía no entraron en esa categoría pero están disminuyendo”, afirmó Miguel Rinas Director general del Parque Ecológico El Puma.
Por su parte, las instituciones y organizaciones ecologistas renuevan sus listas rojas de animales en la selva paranaense, algunos ya los consideran extintos y otros están clasificados en estado de vulnerabilidad debido al retroceso de su hábitat y la caza principalmente.
“Por suerte y siendo un poco positivo, todavía está toda la gama de especies que originalmente estuvieron en Misiones”, destacó Rinas.
El especialista destacó que “Misiones es la única provincia que tiene mayor cantidad de especies, cantidad de biodiversidad, tenemos más de 1000 especies de vertebrados, de los cuales hay 120 especies de mamíferos, 560 especies de aves, lo cual representa más del 50 por ciento de la biofauna argentina, hay 150 especies de reptiles y anfibios y unas 200 especies de peces”
Pero para los ecologista, el Parque Nacional Iguazú ya es considerado “chico” para albergar a los animales de gran porte, a pesar de sus 67 mil hectáreas de área protegida y existe una lista de animales que “se debe prestar atención”.
Guillermo Gil, de la delegación técnico NEA de Parques Nacionales aseguró que, “en el caso de rapaces o mamíferos grandes como tapir, yaguareté y chancho de monte, que realizan grandes movimientos, ya el parque queda chico y no es suficiente para asegurar su protección a largo plazo”.
Está relacionado el tamaño de los animales con las densidades, es por ello que para conservarlos, es importante conocer que la preservación y control del hábitat, reservas naturales protegidas, son el eje principal para evitar también la caza furtiva y la cantidad de accidentes en las rutas lindantes a las áreas protegidas. Los casos más conocidos de animales en peligro de desaparecer so el yaguareté, el dorado, chancho de monte, paca, yacutinga, y macuco, éstos últimos utilizados para consumir.
“Si se desmontara todo a su alrededor menos el parque, muchas especies pequeñas y medianas tal vez sobrevivan pero los que necesitan grandes territorios, seguramente van a desaparecer”, afirmó.
Los animales en peligro en Iguazú
Dentro de los peces, la morena pintada, bagre, moncholo, surubí atigrado, están en la lista de amenazados dentro del Parque y en la provincia. El dorado está en la lista de especies de valor especial por su rol ecológico con escasa presencia y es particularmente valorada por la sociedad.
Por parte de los reptiles, el yacaré ñato y la boa arco iris tienen escasa presencia y hacen que se les preste atención. En tanto que en el caso de las aves la situación es muy preocupante ya que la mayoría de las especies ya está caratulada como en amenaza de extinción, y casi no avistan el macuco, el águila monera y el águila copetona. La yacutinga (pava de monte) corre un peligro especial ante la caza furtiva por su requerimiento para el consumo.
Existen algunos animales que ya se los consideran extintos debido a que su avistaje no se da desde hace varios años, como el ciervo de los pantanos, el venado de las pampas, el guacamayo colorado (nutria gigante), guacamayo verde.
En el caso del lobo gargantilla, los últimos avistajes en el país habían sido en el Parque Nacional Iguazú y el parque Urugua-í, pero no se lo ve desde 1985, y ya lo consideran desaparecido. Un informe acerca de este animal, no establece las razones claras de su declinación en el país ya que no habría sido cazado como en otros países y en estas áreas le habrían dado protección.
Salvar al yaguareté
Entre los mamíferos, el yaguareté es el caso más emblemático, y para resguardarlo se realizan fuertes campañas, incluso en esta semana se reunieron técnicos del Ministerio de Ecología, Parques Nacionales e investigadores para coordinar estrategias en las áreas protegidas con jurisdicción de la Provincia y la Nación para la preservación del hábitat natural entre parques y corredores ante la importancia de la conectividad física entre ellos.
“El yaguareté, es el que mayor peligro corre en el corto plazo. A pesar de ser una especie protegida, declarada monumento natural, necesita mucho espacio para vivir, porque es un animal predador por excelencia y se necesitan unas 5000 hectáreas para que existan dos individuos”, reflexionó Rinas.
Sobre las causas de la desaparición del animal Rinas explicó: “Hay varios factores, la disminución de la superficie, la caza furtiva, que lo mata y mata el alimento natural de esa especie, caso venado, pecaríes y los conflictos que hay con la actividad ganadera, porque esta actividad se involucró en el hábitat de la especie y la especie preda sobre el ganado doméstico y ahí se genera una situación de que los dueños del ganado los ataquen y los maten”.
Entre los proyectos que maneja Ecología se encuentra determinar las zonas ganaderas y establecer una ley para cubrir el gasto que generan los ataques de los yaguaretés.
Nicolás Quintana, Jefe del departamento de Fauna de Ecología explicó:
“La situación que se está repitiendo es la de los productores que salen a cazar el animal porque atacó al ganado y genera pérdidas. Matar un yaguareté es una infracción que hasta prevé la prisión, está terminantemente prohibido la caza, la tenencia, la comercialización, todo lo referente al manejo de la especie está legislado”.
“Estamos abordando el problema con los propietarios de tierras que lindan con monte y se ven afectados por la presencia del yaguareté se les orienta para el correcto manejo de su ganado para disminuir sus ataques”, agregó el funcionario.
Sobre las zonas de mayor conflicto Quintana explicó: “Estamos teniendo problemas con campos ganaderos desde Montecarlo para el Norte, en ruta 15, ruta 18. Se está trabajando sobre un proyecto de reglamentación tendiente a que la provincia indemnice a los que perdieron un animal, se estima una población de 50 yaguaretés en la provincia”.
Sobre lo que hay que hacer para frenar la extinción de los animales Rinas afirmó: “Actualmente tenemos el corredor verde que es nuestra base y mantener el corredor verde es lo importante. De ahí hacer un buen uso de las actividades. Mantener la selva, disminuir la caza furtiva y mejorar los controles”, apuntó.
Animales atropellados
Pecaríes, venados, tapires, gatos silvestres, ocelotes, pumas y hasta tapires son víctimas de la velocidad de los vehículos en las rutas cercanas a las áreas protegidas.
Las organizaciones ecologistas manifiestan constantemente su preocupación ante el Ministerio de Ecología de la provincia y la intendencia del Parque Nacional Iguazú. Los animales no conocen de fronteras y resaltan la concientización de respetar las velocidades máximas permitidas en zonas de protección.
Casi todos los animales accidentados son llevados a rehabilitación en el centro Guira Oga, que posee un centro de rehabilitación para poder devolverlos a la selva (Leer más en página 11).
Los animales que fueron declarados monumentos naturales en misiones
• Yaguareté: La Ley provincial Nº2589 prohibió su caza. Los principales peligros a su supervivencia son la falta de espacio y de alimentos naturales.
• Tucán grande: L. P. Nº4083. Expuesto a las capturas para comercializarlo como mascota.
• Aguila harpía: L. P. Nº3320. Requiere grandes espacios y la pérdida de la selva fue su principal problema.
• Loro charao: L.P. Nº3455. Es muy buscado para comercializarlo como animal doméstico.
• Loro maracaná afeitado: L.P. Nº3455. Es muy buscado para comercializarlo como animal doméstico.
• Yetapá de collar: L. P. Nº3455. Es muy buscado para comercializarlo como animal doméstico.
• Tapir: L.P. Nº3455. Por su tamaño es fácil de cazar. Su carne se utiliza para chacinado.
• Carayá rojo: L.P. Nº3455. La fiebre amarilla hizo estragos en las manadas de San Pedro y Piñalito.
• Aguará guazú: L.P. Nº4083. La pérdida de su hábitat en la zona sur provocó la baja de la especie.
• Zorro pitoco: L.P. Nº3455. La pérdida de su hábitat hizo caer la cantidad de ejemplares. Investigadores estadounidenses empezarán a estudiarlo en los próximos meses.
• Tordo amarillo: L.P. Nº4138. Por su color y su canto es muy requerido como mascota.
• Pato Serrucho: L.P. Nº3320. La pérdida de su hábitat hizo desaparecer la especie. Los últimos ejemplares se observaron en 1990.
• Lobo gargantilla: L.P. Nº3320. La pérdida del hábitat lo llevó a la extinción en la provincia. La última vez que se lo vio fue en 1985.
Reunión por la contaminación del río Salí
Reunión regional por la contaminación del río Salí
Fecha de Publicación: 30/04/2011
Fuente: El Siglo Web
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero - Córdoba
En la sede de la Defensoría del Pueblo de Tucumán, se realizó ayer la reunión del Consejo de Defensores del Pueblo de la Cuenca Salí - Dulce, integrado por los ombudsman de: la Nación representado por su Jefe de Gabinete, Tomas Dadic, de Santiago del Estero, Martín Díaz Achaval; de Córdoba, Patricia Calandín y de nuestra provincia, Hugo Cabral.
En la oportunidad, el representante de Santiago del Ester ratificó que esa provincia seguirá adelante con la denuncia contra las industrias tucumanas por la contaminación que generan en el Salí, el cual vuelca sus aguas en el dique de Termas de Río Hondo. "Hasta que no veamos las bolsas de cemento no tenemos confianza, no en el Gobierno ni en los sectores organismos, sino en el empresariado. Ya han asumido hace un año el compromiso de cero contaminación de vinaza. Sin embargo, la mayor mortandad de peces de la última década sucedió en agosto del año pasado", recordó. El ombudsman santiagueño acotó: "Tuvimos episodios de mortandad masivas en plena temporada de las Termas en agosto, retirando 25 toneladas de peces muertos". Por su parte, el secretario de Medio Ambiente de la provincia, Alfredo Montalbán, quien también participó de la audiencia, aclaró que se está trabajando para frenar la contaminación de esa cuenca hídrica, mediante la firma de convenios con las industrias tucumanas para que mitiguen el impacto ambiental.
En este sentido, recordó la reciente firma de un convenio con cinco ingenios para que accedan a créditos del Banco Nación a los fines de realizar inversiones para el adecuado tratamiento de la vinaza, en el marco del Programa de Reconversión Industrial (PRI).
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“No tenemos certezas de que se cumplirá con las obras”
Fecha de Publicación: 30/04/2011
Fuente: Nuevo Diario Wen
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero - Córdoba
En Tucumán, se reunió ayer el Consejo de Defensores del Pueblo de la Cuenca Salí-Dulce, integrado por el defensor del Pueblo de la Nación, representado por su jefe de Gabinete, Lic. Tomás Dadic; el defensor del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero, Dr. Martín Díaz Achával; la defensora del Pueblo adjunta de la provincia de Córdoba, Dra. Patricia Calandín y el defensor del Pueblo de la provincia de Tucumán, Arq. Hugo Cabral. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente de la Provincia de Tucumán (SEMA) fue invitada a exponer sobre los resultados obtenidos de la implementación de Programa de Reconversión Industrial (PRI) y el estado actual de las gestiones para la implementación de una segunda etapa, con el objeto de profundizar en las acciones abordadas hasta ahora.
Uno de los temas más relevantes abordados por los defensores en la reunión fue el adecuado tratamiento de la vinaza por parte de los industriales alcoholeros; oportunidad en que el secretario de Medio Ambiente tucumano informó sobre la concreción de 5 acuerdos del PRI que serán implementados próximamente. Al respecto el defensor de Pueblo de Santiago, Martín Díaz Achával sostuvo que se trataron temas relacionados con la contaminación y el tema de los convenios firmados entre Nación y las empresas tucumanas. “Creemos que esto es positivo, pero si se cumple, la posición de Santiago es escéptica en cuanto a que no tenemos las certezas de que se vayan a cumplir estos planes porque ya el año pasado se comprometieron y en agosto tuvimos de nuevo la contaminación, por lo que tenemos nuestras dudas hasta que no veamos las obras no vamos a dejar el tema”.
Con respecto a la postura de los otros defensores dijo que “es similar a la de Santiago. Están preocupados por el cumplimiento de estos programas y por la contaminación”.
Es por eso que señaló que se plantearon diversas cuestiones y se elaborarán informes. “Vamos a mandar a los técnicos de cada Defensoría para que elaboren los informes para que así podamos contar con la información en la próxima reunión”. En ese sentido, dijo que la misma se hará a fines de mayo o principios de junio con ya las evaluaciones hechas.
“No tienen excusas para contaminar”
Martín Díaz Achával sostuvo, en cuanto a las declaraciones del vicegobernador de Tucumán, que “no tiene excusa la industria tucumana para seguir contaminado”.
“Días pasados unas declaraciones mías, motivaron a una respuesta rápida de la Secretaría de Ambiente de Tucumán y, seguramente, se aceleró la firma de este convenio entre la Nación y las empresas tucumanas por este motivo”, manifestó.
Asimismo, dijo que “los ingenios tucumanos están dispuestos a aceptar regímenes y parámetros de control mas estrictos, y que asuman la necesidad de hacer una inversión económica mas fuerte, aunque todavía no la hayan comenzado es algo positivo”. Sin embargo, el defensor del Pueblo santiagueño aseveró que “obviamente nosotros todavía no estamos conformes, porque tenemos que ver las obras”.
Modificarían la Ley de Agroquímicos en Chaco
Agroquímicos: Impulsan nueva ley que no fija límites a las fumigaciones
Fecha de Publicación: 30/04/2011
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
La comisión de Agricultura emitió dictamen sobre un proyecto de ley que plantea regular el uso de agroquímicos basado en la “receta agronómica”, y que deroga la de Biocidas. Pero no fija distancias para las aplicaciones aéreas ni terrestres
Pese a que el gobernador Jorge Capitanich admitió que la principal deuda de su gestión es el tema ambiental, los diputados del bloque justicialista y de la Alianza Frente de Todos impulsan un proyecto de ley para regular la aplicación de agroquímicos en la provincia del Chaco, pero a la vez proponen derogar la ley de Biocidas vigente. Hasta ahora, la iniciativa sólo se abordó en la Comisión de Agricultura de la Legislatura donde predomina un enfoque centrado en el aumento de la productividad pero carece de una mirada que ponga énfasis en la salud de la población y la protección del medioambiente y la biodiversidad.
El proyecto de ley ya cuenta con dictamen de la Comisión de Agricultura y no presenta grandes diferencias con la actual normativa, con lo cual se perdería una oportunidad importante para actualizar una norma que regule la aplicación de los agroquímicos abriendo el debate a organizaciones de la sociedad que trabajan en el cuidado del medioambiente.
Uno de los puntos que no se incluyen en el proyecto es la definición de las distancias que deben respetarse para la aplicación de las pulverizaciones aéreas y terrestres, teniendo en cuenta que existen normativas en otras provincias y recomendaciones desde distintos organismos nacionales, internacionales e inclusive fallos judiciales que las establecen expresamente. (Vale citar el caso de los países de la Unión Europea en donde se encuentran expresamente “prohibidas” las pulverizaciones aéreas con agroquímicos).
En este proyecto, así como en la actual ley de Biocidas, el límite para las distancias se deja sujeto a la reglamentación de la norma, que podría facultar al Ejecutivo a dictarla por decreto ó al organismo de aplicación –el Ministerio de Producción y Ambiente- a través de una resolución.
En cambio, la iniciativa que propone derogar la ley de Biocidas incorpora en forma detallada la temática de la “receta agronómica” que deberá estar certificada por ingenieros agrónomos antes de ser aplicada en las explotaciones agrícolas de la provincia del Chaco.
Para "educar" sobre los plaguicidas
Por otro lado, la normativa propone la creación de una Comisión Educativa para el Uso de Plaguicidas Agrícolas, pero su integración está básicamente restringida a organismos públicos e instituciones y entidades ligadas a los agronegocios como expendedores de productos químicos o biológicos de uso agrícola, de la Cámara de Aeroaplicadores, de la Cámara de Aplicadores Terrestres, del Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos, dos representantes del sector productivo y un miembro de la Administración Nacional de Aviación Civil.
En la “comisión educativa” no se incluyen representantes de la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua, del Ministerio de Educación, de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Chaco, de organizaciones ambientalistas, o del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), sí un miembro por cada una de las universades con asiento en la provincia.
Se completa la comisión con un referente por el Ministerio de Producción y Ambiente, uno por el Ministerio de Salud, uno por la Administración Provincial del Agua, uno por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y uno por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
“Más que un avance es un retroceso”
El diputado del Frente Grande, Fabricio Bolatti, alertó que tal como se está trabajando en la iniciativa “más que avance es un retroceso”. El legislador, autor de varias iniciativas para actualizar la ley de Biocidas, reveló que “partiendo de proyectos que buscaban mejorar o aportar a la protección del ambiente y la salud de la población terminamos con un despacho que pone en riesgo todo el andamiaje jurídico vigente”.
“Es una ley tan importante que está en debate y no se abrió la jugada como, no se invitó a otros sectores a opinar, ni siquiera a los autores de la iniciativa para ver si estábamos de acuerdo con el despacho que se estaba trabajando. Más que un avance es un retroceso”, aseguró Bolatti.
El diputado del Frente Grande recordó que “nosotros propusimos modificar la ley de Biocidas ampliando la distancia entre las zonas urbanas y semiurbanas rurales, o donde se encuentran escuelas o centros de salud, con la producción que ocupa biocidas o agroquímicos para proteger la salud de la población ya que había muchas denuncias en este sentido en todo el territorio provincial, además de otros legisladores que plantearon otras cuestiones con respecto a la ley de Biocidas”.
“Esta ley se comenzó a analizar en la comisión de Agricultura, se hizo una mesa de asesores para que vean el tema y compatibilizar los distintos proyectos, y finalmente sale un despacho que plantea algunas cuestiones que nos preocupan y que seguramente vamos a estar debatiéndolas en las próximas semanas”, sostuvo Bolatti.
Vale recordar que está vigente una medida cautelar dictada por el Juzgado Civil y Comercial Nº18 de Resistencia y ratificada por la Cámara de Apelaciones por la cual se fijó una distancia de 2 mil metros para las pulverizaciones aéreas y mil para las terrestres en las arroceras de La Leonesa y Las Palmas con respecto a los lugares poblados y se prohibió fumigar sobre las lagunas y riachos que se encuentran en la zona. En ese sentido, el legislador advirtió que se crearía un vacío legal entre la derogación de la actual ley de Biocidas y el proceso de reglamentación de la nueva norma por el cual podrían quedar sin efecto las disposiciones judiciales.
Fecha de Publicación: 30/04/2011
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
La comisión de Agricultura emitió dictamen sobre un proyecto de ley que plantea regular el uso de agroquímicos basado en la “receta agronómica”, y que deroga la de Biocidas. Pero no fija distancias para las aplicaciones aéreas ni terrestres
Pese a que el gobernador Jorge Capitanich admitió que la principal deuda de su gestión es el tema ambiental, los diputados del bloque justicialista y de la Alianza Frente de Todos impulsan un proyecto de ley para regular la aplicación de agroquímicos en la provincia del Chaco, pero a la vez proponen derogar la ley de Biocidas vigente. Hasta ahora, la iniciativa sólo se abordó en la Comisión de Agricultura de la Legislatura donde predomina un enfoque centrado en el aumento de la productividad pero carece de una mirada que ponga énfasis en la salud de la población y la protección del medioambiente y la biodiversidad.
El proyecto de ley ya cuenta con dictamen de la Comisión de Agricultura y no presenta grandes diferencias con la actual normativa, con lo cual se perdería una oportunidad importante para actualizar una norma que regule la aplicación de los agroquímicos abriendo el debate a organizaciones de la sociedad que trabajan en el cuidado del medioambiente.
Uno de los puntos que no se incluyen en el proyecto es la definición de las distancias que deben respetarse para la aplicación de las pulverizaciones aéreas y terrestres, teniendo en cuenta que existen normativas en otras provincias y recomendaciones desde distintos organismos nacionales, internacionales e inclusive fallos judiciales que las establecen expresamente. (Vale citar el caso de los países de la Unión Europea en donde se encuentran expresamente “prohibidas” las pulverizaciones aéreas con agroquímicos).
En este proyecto, así como en la actual ley de Biocidas, el límite para las distancias se deja sujeto a la reglamentación de la norma, que podría facultar al Ejecutivo a dictarla por decreto ó al organismo de aplicación –el Ministerio de Producción y Ambiente- a través de una resolución.
En cambio, la iniciativa que propone derogar la ley de Biocidas incorpora en forma detallada la temática de la “receta agronómica” que deberá estar certificada por ingenieros agrónomos antes de ser aplicada en las explotaciones agrícolas de la provincia del Chaco.
Para "educar" sobre los plaguicidas
Por otro lado, la normativa propone la creación de una Comisión Educativa para el Uso de Plaguicidas Agrícolas, pero su integración está básicamente restringida a organismos públicos e instituciones y entidades ligadas a los agronegocios como expendedores de productos químicos o biológicos de uso agrícola, de la Cámara de Aeroaplicadores, de la Cámara de Aplicadores Terrestres, del Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos, dos representantes del sector productivo y un miembro de la Administración Nacional de Aviación Civil.
En la “comisión educativa” no se incluyen representantes de la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua, del Ministerio de Educación, de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Chaco, de organizaciones ambientalistas, o del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), sí un miembro por cada una de las universades con asiento en la provincia.
Se completa la comisión con un referente por el Ministerio de Producción y Ambiente, uno por el Ministerio de Salud, uno por la Administración Provincial del Agua, uno por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y uno por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
“Más que un avance es un retroceso”
El diputado del Frente Grande, Fabricio Bolatti, alertó que tal como se está trabajando en la iniciativa “más que avance es un retroceso”. El legislador, autor de varias iniciativas para actualizar la ley de Biocidas, reveló que “partiendo de proyectos que buscaban mejorar o aportar a la protección del ambiente y la salud de la población terminamos con un despacho que pone en riesgo todo el andamiaje jurídico vigente”.
“Es una ley tan importante que está en debate y no se abrió la jugada como, no se invitó a otros sectores a opinar, ni siquiera a los autores de la iniciativa para ver si estábamos de acuerdo con el despacho que se estaba trabajando. Más que un avance es un retroceso”, aseguró Bolatti.
El diputado del Frente Grande recordó que “nosotros propusimos modificar la ley de Biocidas ampliando la distancia entre las zonas urbanas y semiurbanas rurales, o donde se encuentran escuelas o centros de salud, con la producción que ocupa biocidas o agroquímicos para proteger la salud de la población ya que había muchas denuncias en este sentido en todo el territorio provincial, además de otros legisladores que plantearon otras cuestiones con respecto a la ley de Biocidas”.
“Esta ley se comenzó a analizar en la comisión de Agricultura, se hizo una mesa de asesores para que vean el tema y compatibilizar los distintos proyectos, y finalmente sale un despacho que plantea algunas cuestiones que nos preocupan y que seguramente vamos a estar debatiéndolas en las próximas semanas”, sostuvo Bolatti.
Vale recordar que está vigente una medida cautelar dictada por el Juzgado Civil y Comercial Nº18 de Resistencia y ratificada por la Cámara de Apelaciones por la cual se fijó una distancia de 2 mil metros para las pulverizaciones aéreas y mil para las terrestres en las arroceras de La Leonesa y Las Palmas con respecto a los lugares poblados y se prohibió fumigar sobre las lagunas y riachos que se encuentran en la zona. En ese sentido, el legislador advirtió que se crearía un vacío legal entre la derogación de la actual ley de Biocidas y el proceso de reglamentación de la nueva norma por el cual podrían quedar sin efecto las disposiciones judiciales.
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