Denuncia por contaminación a un ingenio
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Denuncia por contaminación a un ingenio
Fecha de Publicación: 06/04/2011
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La Federación de Organizaciones No gubernamentales planteó una acción de amparo en contra de la Azucarera Juan M. Terán (ingenio Santa Bárbara), ubicado a la vera del río Chico, en el sur tucumano. El objetivo del pedido judicial -según dijeron- apunta a impedir que los desechos de la planta azucarera sean volcados al cauce de agua.
La demanda fue presentada por Pedro Ottonello, presidente de la ONG ambientalista, y por Juan Manuel Prado Iratchet, secretario general ante la Justicia Federal. "La empresa demandada traslada vinaza desde la fábrica azucarera, por medio de canales de tierra a cielo abierto, sin ningún tipo de protección, a través de campos y viviendas existentes, cruzando caminos públicos, con un recorrido de casi seis mil metros hasta la laguna donde se dispone el líquido para su evaporación", dijeron en la denuncia.
"La empresa demandada -se advierte en el escrito-, ha agregado un canal suplementario, que recorre el costado más bajo de la laguna, lo que le permite recoger todo el volumen excedente de la laguna y volcarlo directamente al cauce del río Chico".
Además del escrito, los denunciantes presentaron imágenes (fotografías) como documentos de prueba. La Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán está integrada por 15 instituciones, entre las que figuran los colegios de Agrimensores, de Arquitectos, de Abogados y de Ingenieros, entre otros.
Los denunciantes insistieron en que se ocasiona una "enorme contaminación atmosférica en razón de que la vinaza se traslada a cielo abierto sin ningún tipo de tratamiento conforme surge de un relevamiento fotográfico".
"Están equivocados"
Por su parte, Julio Colombres, titular del ingenio Santa Bárbara negó la contaminación que afirman los denunciantes. "Están equivocados. Es una situación muy compleja, porque durante el verano llovió mucho y por ahí muchos pueden confundirse. Nosotros no volcamos vinaza", afirmó en diálogo con LA GACETA. "Lo único que puedo decir es que hace 20 años trabajamos con el mismo sistema, y que esta sería la primera vez que alguien hace una denuncia de este tipo en contra de nuestra empresa", resaltó.
Mientras tanto, los ambientalistas pidieron que se oficie informes a la Dirección de Medio Ambiente de la provincia a fin de que informe si el ingenio Santa Bárbara ha firmado el Programa de Reconversión Industrial, y si se utilizaron membranas impermeables en los canales y en las lagunas de tratamiento de vinaza para evitar filtraciones. "La urgencia de poner coto a una situación desgraciada y recurrente no admite demoras", señalaron Ottonello e Iratchet.
Fecha de Publicación: 06/04/2011
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La Federación de Organizaciones No gubernamentales planteó una acción de amparo en contra de la Azucarera Juan M. Terán (ingenio Santa Bárbara), ubicado a la vera del río Chico, en el sur tucumano. El objetivo del pedido judicial -según dijeron- apunta a impedir que los desechos de la planta azucarera sean volcados al cauce de agua.
La demanda fue presentada por Pedro Ottonello, presidente de la ONG ambientalista, y por Juan Manuel Prado Iratchet, secretario general ante la Justicia Federal. "La empresa demandada traslada vinaza desde la fábrica azucarera, por medio de canales de tierra a cielo abierto, sin ningún tipo de protección, a través de campos y viviendas existentes, cruzando caminos públicos, con un recorrido de casi seis mil metros hasta la laguna donde se dispone el líquido para su evaporación", dijeron en la denuncia.
"La empresa demandada -se advierte en el escrito-, ha agregado un canal suplementario, que recorre el costado más bajo de la laguna, lo que le permite recoger todo el volumen excedente de la laguna y volcarlo directamente al cauce del río Chico".
Además del escrito, los denunciantes presentaron imágenes (fotografías) como documentos de prueba. La Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán está integrada por 15 instituciones, entre las que figuran los colegios de Agrimensores, de Arquitectos, de Abogados y de Ingenieros, entre otros.
Los denunciantes insistieron en que se ocasiona una "enorme contaminación atmosférica en razón de que la vinaza se traslada a cielo abierto sin ningún tipo de tratamiento conforme surge de un relevamiento fotográfico".
"Están equivocados"
Por su parte, Julio Colombres, titular del ingenio Santa Bárbara negó la contaminación que afirman los denunciantes. "Están equivocados. Es una situación muy compleja, porque durante el verano llovió mucho y por ahí muchos pueden confundirse. Nosotros no volcamos vinaza", afirmó en diálogo con LA GACETA. "Lo único que puedo decir es que hace 20 años trabajamos con el mismo sistema, y que esta sería la primera vez que alguien hace una denuncia de este tipo en contra de nuestra empresa", resaltó.
Mientras tanto, los ambientalistas pidieron que se oficie informes a la Dirección de Medio Ambiente de la provincia a fin de que informe si el ingenio Santa Bárbara ha firmado el Programa de Reconversión Industrial, y si se utilizaron membranas impermeables en los canales y en las lagunas de tratamiento de vinaza para evitar filtraciones. "La urgencia de poner coto a una situación desgraciada y recurrente no admite demoras", señalaron Ottonello e Iratchet.
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Chaco reforestó más de 2000 hectáreas
Chaco reforestó más de 2000 hectáreas en lo que va de 2011
Fecha de Publicación: 06/04/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El desarrollo en esta ciudad del seminario del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Federal fue el espacio donde el ministro de la Producción, Enrique Orban, adelantó que en estos primeros meses del año se reforestaron dos mil hectáreas, que pretenden ser cinco mil al finalizar 2011.
“Estamos dando la buena noticia de que están prontos a concretarse los trabajos de reforestación de dos mil de las cinco mil hectáreas solicitadas por los productores de distintas zonas de la provincia”, señaló con entusiasmo el titular de la cartera chaqueña de la Producción.
En este marco cabe señalar que hasta 2011, el año en que mayor cantidad de superficie forestada fue 1998, con ochocientas hectáreas que fueron asistidas exclusivamente con fondos provinciales, ya que hasta ese momento aún no se contaba en el país con una ley de incentivo a la forestación, como lo es la 25080.
Al entusiasmo que mostró Orban por el anuncio se le sumaron los integrantes del Instituto de Investigaciones Forestales y Agrícolas, presidido por María Rosa Vargas de Farana. Todos coincidieron en remarcar que en la real concreción de los planes presentados por los productores, “mucho tiene que ver el accionar de la provincia, que realiza un adelanto del dinero que desde la Nación se aportará por los trabajos de plantación”.
Un año histórico
“Los plantines ya están disponibles en los viveros y se entregan a carpetas que los productores presentaron en 2010 para aprovechar que en abril aún se permite la realización de los trabajos de transplante en los predios”, explicó el ministro de la Producción.
Posteriormente se ingresa en un período de meses pausa para las plantaciones, “por los inconvenientes que puedan provocar las bajas temperaturas”. “Pasado el tiempo de las heladas, se retomará la entrega de plantines para que los productores continúen con la forestación, estimándose que para fin de año se alcanzarán las cinco mil hectáreas”, dijo el ministro Orban.
“Lo que estamos logrando este año en reforestación nunca había sucedido en la provincia y queremos apostar a repetirlo continuamente. Así como damos permisos de usos de suelo y autorizaciones de desmontes, queremos también trabajar fuertemente en todo lo que es la reforestación de especies nativas básicamente”, sintetizó el funcionario.
Fecha de Publicación: 06/04/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El desarrollo en esta ciudad del seminario del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Federal fue el espacio donde el ministro de la Producción, Enrique Orban, adelantó que en estos primeros meses del año se reforestaron dos mil hectáreas, que pretenden ser cinco mil al finalizar 2011.
“Estamos dando la buena noticia de que están prontos a concretarse los trabajos de reforestación de dos mil de las cinco mil hectáreas solicitadas por los productores de distintas zonas de la provincia”, señaló con entusiasmo el titular de la cartera chaqueña de la Producción.
En este marco cabe señalar que hasta 2011, el año en que mayor cantidad de superficie forestada fue 1998, con ochocientas hectáreas que fueron asistidas exclusivamente con fondos provinciales, ya que hasta ese momento aún no se contaba en el país con una ley de incentivo a la forestación, como lo es la 25080.
Al entusiasmo que mostró Orban por el anuncio se le sumaron los integrantes del Instituto de Investigaciones Forestales y Agrícolas, presidido por María Rosa Vargas de Farana. Todos coincidieron en remarcar que en la real concreción de los planes presentados por los productores, “mucho tiene que ver el accionar de la provincia, que realiza un adelanto del dinero que desde la Nación se aportará por los trabajos de plantación”.
Un año histórico
“Los plantines ya están disponibles en los viveros y se entregan a carpetas que los productores presentaron en 2010 para aprovechar que en abril aún se permite la realización de los trabajos de transplante en los predios”, explicó el ministro de la Producción.
Posteriormente se ingresa en un período de meses pausa para las plantaciones, “por los inconvenientes que puedan provocar las bajas temperaturas”. “Pasado el tiempo de las heladas, se retomará la entrega de plantines para que los productores continúen con la forestación, estimándose que para fin de año se alcanzarán las cinco mil hectáreas”, dijo el ministro Orban.
“Lo que estamos logrando este año en reforestación nunca había sucedido en la provincia y queremos apostar a repetirlo continuamente. Así como damos permisos de usos de suelo y autorizaciones de desmontes, queremos también trabajar fuertemente en todo lo que es la reforestación de especies nativas básicamente”, sintetizó el funcionario.
Santa Fe prohibe sembrar banquinas
Es oficial la prohibición de sembrar banquinas y fumigar camiones
Fecha de Publicación: 05/04/2011
Fuente: Rosario Net
Provincia/Región: Santa Fe
El Comité Provincial de Salud Ambiental de Santa Fe aprobó la veda al sembrado de cereales y oleaginosas en la vera de rutas santafesinas y la aspersión con fosfina u otros agroquímicos en camiones o vagones
El gobierno de Santa Fe prohibió el sembrado de cereales y oleaginosas en las banquinas de rutas provinciales y la fumigación con fosfina y cualquier otro tipo de agroquímico de los cargamentos con granos en camiones o vagones.
El secretario de Medio Ambiente santafesino, César Mackler, explicó que el Comité Provincial Interministerial de Salud Ambiental resolvió la prohibición de sembrar las banquinas "para avanzar en la recuperación de corredores biológicos en los costados de las banquinas" de las rutas de esa provincia.
Además, dijo que "se prohibió el tratamiento con fosfina y cualquier otro tipo de agroquímicos de los granos, productos y subproductos de cereales y oleaginosas, durante su cargamento en camiones o vagones y tránsito por la provincia de Santa Fe".
También se estableció que los titulares de la carga tendrán que presentar el formulario único para el transporte en el territorio provincial que tendrá valor de declaración jurada y deberá acompañar a la Carta de Porte.
Por otra parte, la provincia "recomienda a las autoridades comunales y municipales tener en cuenta en sus planes de urbanización la ubicación fuera de los ejidos urbanos de los locales destinados a depósitos de fitosanitarios".
La sugerencia abarca "todo lo relacionado a la elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, distribución, fraccionamiento, expendio o aplicación de tales productos en sus jurisdicciones".
Para Mackler, la prohibición de sembrar en las banquinas es "una herramienta más para poder mitigar los fenómenos no sólo de orden ecológico, sino también ambiental que impactan los subsistemas económico y social".
El Comité Provincial Interministerial de Salud Ambiental fue creado en 2010 con el objetivo de avanzar en la generación de espacios de discusión y toma de decisiones sobre políticas transversales para la protección de la salud de la población.
Fecha de Publicación: 05/04/2011
Fuente: Rosario Net
Provincia/Región: Santa Fe
El Comité Provincial de Salud Ambiental de Santa Fe aprobó la veda al sembrado de cereales y oleaginosas en la vera de rutas santafesinas y la aspersión con fosfina u otros agroquímicos en camiones o vagones
El gobierno de Santa Fe prohibió el sembrado de cereales y oleaginosas en las banquinas de rutas provinciales y la fumigación con fosfina y cualquier otro tipo de agroquímico de los cargamentos con granos en camiones o vagones.
El secretario de Medio Ambiente santafesino, César Mackler, explicó que el Comité Provincial Interministerial de Salud Ambiental resolvió la prohibición de sembrar las banquinas "para avanzar en la recuperación de corredores biológicos en los costados de las banquinas" de las rutas de esa provincia.
Además, dijo que "se prohibió el tratamiento con fosfina y cualquier otro tipo de agroquímicos de los granos, productos y subproductos de cereales y oleaginosas, durante su cargamento en camiones o vagones y tránsito por la provincia de Santa Fe".
También se estableció que los titulares de la carga tendrán que presentar el formulario único para el transporte en el territorio provincial que tendrá valor de declaración jurada y deberá acompañar a la Carta de Porte.
Por otra parte, la provincia "recomienda a las autoridades comunales y municipales tener en cuenta en sus planes de urbanización la ubicación fuera de los ejidos urbanos de los locales destinados a depósitos de fitosanitarios".
La sugerencia abarca "todo lo relacionado a la elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, distribución, fraccionamiento, expendio o aplicación de tales productos en sus jurisdicciones".
Para Mackler, la prohibición de sembrar en las banquinas es "una herramienta más para poder mitigar los fenómenos no sólo de orden ecológico, sino también ambiental que impactan los subsistemas económico y social".
El Comité Provincial Interministerial de Salud Ambiental fue creado en 2010 con el objetivo de avanzar en la generación de espacios de discusión y toma de decisiones sobre políticas transversales para la protección de la salud de la población.
Cada vez se utiliza más soja para biodiésel
Cada vez se utiliza más soja para producir biodiésel
Fecha de Publicación: 04/04/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Por el boom de los biocombustibles, en la Argentina se usa cada vez más soja para producir biodiésel. Además, el sector se perfila para que este año genere más divisas que la exportación de carne vacuna.
En 2011, alrededor del 30% de la producción de aceite de la oleaginosa tendrá como fin la elaboración de biodiésel, que representará unos 2,5 millones de toneladas. En 2010, en el país la producción de biodiésel se ubicó en 1,9 millones de toneladas, ya un 58% más que en 2009, y de ese volumen, el 70% se colocó en la Unión Europea.
"Sobre la producción de aceite, la producción de biodiésel será de alrededor del 30%", comentó Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.
Empresas agrupadas en la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), en la que están firmas como AGD, Bunge, Molinos Río de la Plata, Cargill, Explora, Vicentín, Villuco, Renova, Patagonia Bioenergía, Dreyfus, Los Balcanes y Unitec Bio ya invirtieron 700 millones de dólares en los últimos cuatro años.
De esas compañías sale la producción y la exportación de más del 95% del biocombustible, según Carbio. La Argentina es el cuarto productor mundial de biodiésel y el principal exportador.
En 2010, el sector vendió 1,3 millones de toneladas. "Las exportaciones de biodiésel durante 2010 fue de aproximadamente US$ 1300 millones. Para el presente año, estimo una exportación mínima de 1,4 millones de toneladas, con un valor de entre 1700 y 1800 millones de dólares", indicó Molina.
Para el INTA, inclusive hacia fines de 2011 las exportaciones de biocombustibles podrían acercarse a los US$ 2200 millones. Para comparar, en 2010, las exportaciones de carne vacuna y menudencias dejaron US$ 1373 millones.
Se suman más inversiones. Molina recordó que Cargill está construyendo una fábrica de 250.000 toneladas, Terminal 6 Industrial se encuentra inaugurando la ampliación de su fábrica en Puerto San Martín, lo que le permitirá duplicar su capacidad y llevarla a 480.000 toneladas, mientras que LDC Argentina (Dreyfus) está levantando una nueva planta que sumará 305.000 toneladas.
"Se estima que en 2011 se harán efectivas ampliaciones. Las inversiones previstas son del orden de los 200 millones de dólares", explicaron en Carbio, que preside Fernando Peláez.
En la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), precisaron que con los proyectos en marcha la capacidad instalada trepará este año a 3,08 millones de toneladas. "Existen en el país 23 plantas de biodiésel en operación", señalaron.
Por la ley 26.093 se implementó un corte obligatorio del gasoil con el biodiésel. Arrancó con 5% en enero de 2010, luego pasó a 7% en julio pasado y, según Carbio, para 2011 "la expectativa es crecer hasta por lo menos el 10 por ciento".
También etanol
También viene el bioetanol, usado para cortar la nafta con 5%. En este caso, es la industria azucarera la que está realizando inversiones. Según Molina, los ingenios azucareros invirtieron unos US$ 300 millones para producir etanol. Pero, además, hay planes para hacer nuevas destilerías para etanol con maíz.
Según Molina, en 2010 la producción de bioetanol anhidro fue de 100.000 metros cúbicos y para este año "debería duplicarse". Molina explicó que para obtener 200.000 metros cúbicos se requeriría la molienda de aproximadamente 2,5 millones de toneladas de caña.
A nivel interno, con el biodiésel, según Molina, "no se está cumpliendo efectivamente con la obligación de cortar el 7%; se llega a poco más del 5%. Una o dos petroleras son la excepción a la regla". No obstante, cualquiera que carga gasoil tiene el combustible cortado. En tanto, el corte de las naftas con etanol es parcial, porque la oferta no cubre toda la demanda. "El expendio de nafta cortada con etanol está generalizado en el NOA y es parcial en el NEA, parte de Córdoba, Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires y Cuyo", concluyó Molina.
Fecha de Publicación: 04/04/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Por el boom de los biocombustibles, en la Argentina se usa cada vez más soja para producir biodiésel. Además, el sector se perfila para que este año genere más divisas que la exportación de carne vacuna.
En 2011, alrededor del 30% de la producción de aceite de la oleaginosa tendrá como fin la elaboración de biodiésel, que representará unos 2,5 millones de toneladas. En 2010, en el país la producción de biodiésel se ubicó en 1,9 millones de toneladas, ya un 58% más que en 2009, y de ese volumen, el 70% se colocó en la Unión Europea.
"Sobre la producción de aceite, la producción de biodiésel será de alrededor del 30%", comentó Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.
Empresas agrupadas en la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), en la que están firmas como AGD, Bunge, Molinos Río de la Plata, Cargill, Explora, Vicentín, Villuco, Renova, Patagonia Bioenergía, Dreyfus, Los Balcanes y Unitec Bio ya invirtieron 700 millones de dólares en los últimos cuatro años.
De esas compañías sale la producción y la exportación de más del 95% del biocombustible, según Carbio. La Argentina es el cuarto productor mundial de biodiésel y el principal exportador.
En 2010, el sector vendió 1,3 millones de toneladas. "Las exportaciones de biodiésel durante 2010 fue de aproximadamente US$ 1300 millones. Para el presente año, estimo una exportación mínima de 1,4 millones de toneladas, con un valor de entre 1700 y 1800 millones de dólares", indicó Molina.
Para el INTA, inclusive hacia fines de 2011 las exportaciones de biocombustibles podrían acercarse a los US$ 2200 millones. Para comparar, en 2010, las exportaciones de carne vacuna y menudencias dejaron US$ 1373 millones.
Se suman más inversiones. Molina recordó que Cargill está construyendo una fábrica de 250.000 toneladas, Terminal 6 Industrial se encuentra inaugurando la ampliación de su fábrica en Puerto San Martín, lo que le permitirá duplicar su capacidad y llevarla a 480.000 toneladas, mientras que LDC Argentina (Dreyfus) está levantando una nueva planta que sumará 305.000 toneladas.
"Se estima que en 2011 se harán efectivas ampliaciones. Las inversiones previstas son del orden de los 200 millones de dólares", explicaron en Carbio, que preside Fernando Peláez.
En la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), precisaron que con los proyectos en marcha la capacidad instalada trepará este año a 3,08 millones de toneladas. "Existen en el país 23 plantas de biodiésel en operación", señalaron.
Por la ley 26.093 se implementó un corte obligatorio del gasoil con el biodiésel. Arrancó con 5% en enero de 2010, luego pasó a 7% en julio pasado y, según Carbio, para 2011 "la expectativa es crecer hasta por lo menos el 10 por ciento".
También etanol
También viene el bioetanol, usado para cortar la nafta con 5%. En este caso, es la industria azucarera la que está realizando inversiones. Según Molina, los ingenios azucareros invirtieron unos US$ 300 millones para producir etanol. Pero, además, hay planes para hacer nuevas destilerías para etanol con maíz.
Según Molina, en 2010 la producción de bioetanol anhidro fue de 100.000 metros cúbicos y para este año "debería duplicarse". Molina explicó que para obtener 200.000 metros cúbicos se requeriría la molienda de aproximadamente 2,5 millones de toneladas de caña.
A nivel interno, con el biodiésel, según Molina, "no se está cumpliendo efectivamente con la obligación de cortar el 7%; se llega a poco más del 5%. Una o dos petroleras son la excepción a la regla". No obstante, cualquiera que carga gasoil tiene el combustible cortado. En tanto, el corte de las naftas con etanol es parcial, porque la oferta no cubre toda la demanda. "El expendio de nafta cortada con etanol está generalizado en el NOA y es parcial en el NEA, parte de Córdoba, Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires y Cuyo", concluyó Molina.
El proyecto sobre extranjerización de la tierra
El proyecto de Verónica Benas sobre extranjerización de la tierra
Fecha de Publicación: 03/04/2011
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Nacional
Benas recordó que hoy no hay límites para vender a extranjeros.La diputada rosarina Verónica Benas es autora de una de las siete iniciativas que comenzarán a debatirse en el Congreso. A pesar del año electoral, cree que se reunirá el consenso.
La cantidad de tierras argentinas en manos extrajeras parece interesar y preocupar tanto al Ejecutivo nacional como a varios diputados. Detectaron que más del 10 por ciento del país pertenece a personas o empresas foráneas. Las leyes actuales no proporcionan límites y se han vendido grandes extensiones con riquezas incalculables y otras de importante valor estratégico. En el Congreso ya hubo una ronda de reuniones y los proyectos salen del cajón. Uno de ellos lo presentó hace dos años la rosarina Verónica Benas. Perdió estado parlamentario y decidió arremeter. Son seis o siete los proyectos presentados, sus autores estuvieron en reuniones con la Comisión de Legislación General, el Ministerio del Interior y la Secretaría de Ambiente. También hay que destacar que no pasó desapercibido el interés sobre el tema de la presidenta Cristina Fernández en la inauguración del año legislativo donde hizo una manifestación pública y mostró su compromiso para poner restricciones a la compara de tierras argentinas a los capitales extranjeros.
La diputada nacional Verónica Benas del partido PARES (Participación, Ética y Solidaridad) dice que la gran cantidad de tierras en manos extranjeras "es una amenaza a la seguridad nacional ya que muchas de esas tierras son estratégicas por los usos en la superficie y las riquezas del subsuelo como los minerales, los hidrocarburos y por supuesto: El agua dulce", y agrega sobre las que están en el margen del mar patagónico "es claramente un problema para la soberanía. Argentina tiene un conflicto con Gran Bretaña y grandes extensiones pertenecen a ingleses y están sobre el mar con puertos y aeropuertos que nadie controla", remató.
Un informe de la Auditoría General de la Nación revela que una importante cantidad de expedientes tienen una autorización dudosa de la Secretaría de Seguridad Interior. La diputada Benas relata que la mayoría de los expedientes aprobados entre 2003 y 2007 sobre la cordillera fueron autorizados vía de excepción. Hay casos emblemáticos por lo exagerado como el de la familia Benetton que compró 900 mil hectáreas y Ted Turner, Douglas Tompkins, Joseph Lewis, Huber Grosse entre otros.
-¿Qué sucedería con las tierras extranjerizadas?
-En primer lugar investigar cada caso. Y los que no cumplan deberán ajustarse a la Ley. Los actos jurídicos que no cumplan con ésta norma serán de nulidad absoluta. Y también plantea un plazo para adaptarse. Las personas jurídicas que son titulares de grandes extensiones de tierras tendrán un año para cumplir con la Ley y vender sus terrenos siendo que las personas físicas lo podrán hacer en dos años y así volver a los causes normales.
-¿Volverían a manos del Estado sin pagar expropiación?
-Exacto. Porque el inconveniente lo tienen los terratenientes extranjeros que no cumplen con la Ley. La mayoría adquirieron sus inmuebles en la dictadura o en los '90 con un grado de connivencia revelada por el informe de la AGN.
-¿Cuáles son los límites para evitar la figura del testaferro?
-Es un tema difícil. En primer lugar exigimos crear un registro de inmuebles de propietarios extranjeros para al menos avanzar con datos y poder cruzarlos. Además el proyecto plantea límites para las personas o empresas con domicilio o socios mayoritarios radicados en el extranjero. En el registro aparecen claramente los datos y si el comprador es un argentino los organismos correspondientes tendrán que investigar el origen de esos capitales.
En las reuniones de la Secretaria de Ambiente sugirió incorporar en la Ley la protección de las tierras de los pueblos originarios y la diputada Benas amplió sobre éste punto por entender que "hay muchos argentinos excluidos de la posesión de la tierra y que no sólo es un espacio para vivir o producir sino que tiene el peso de darle valor a la identidad de cada habitante".
Fecha de Publicación: 03/04/2011
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Nacional
Benas recordó que hoy no hay límites para vender a extranjeros.La diputada rosarina Verónica Benas es autora de una de las siete iniciativas que comenzarán a debatirse en el Congreso. A pesar del año electoral, cree que se reunirá el consenso.
La cantidad de tierras argentinas en manos extrajeras parece interesar y preocupar tanto al Ejecutivo nacional como a varios diputados. Detectaron que más del 10 por ciento del país pertenece a personas o empresas foráneas. Las leyes actuales no proporcionan límites y se han vendido grandes extensiones con riquezas incalculables y otras de importante valor estratégico. En el Congreso ya hubo una ronda de reuniones y los proyectos salen del cajón. Uno de ellos lo presentó hace dos años la rosarina Verónica Benas. Perdió estado parlamentario y decidió arremeter. Son seis o siete los proyectos presentados, sus autores estuvieron en reuniones con la Comisión de Legislación General, el Ministerio del Interior y la Secretaría de Ambiente. También hay que destacar que no pasó desapercibido el interés sobre el tema de la presidenta Cristina Fernández en la inauguración del año legislativo donde hizo una manifestación pública y mostró su compromiso para poner restricciones a la compara de tierras argentinas a los capitales extranjeros.
La diputada nacional Verónica Benas del partido PARES (Participación, Ética y Solidaridad) dice que la gran cantidad de tierras en manos extranjeras "es una amenaza a la seguridad nacional ya que muchas de esas tierras son estratégicas por los usos en la superficie y las riquezas del subsuelo como los minerales, los hidrocarburos y por supuesto: El agua dulce", y agrega sobre las que están en el margen del mar patagónico "es claramente un problema para la soberanía. Argentina tiene un conflicto con Gran Bretaña y grandes extensiones pertenecen a ingleses y están sobre el mar con puertos y aeropuertos que nadie controla", remató.
Un informe de la Auditoría General de la Nación revela que una importante cantidad de expedientes tienen una autorización dudosa de la Secretaría de Seguridad Interior. La diputada Benas relata que la mayoría de los expedientes aprobados entre 2003 y 2007 sobre la cordillera fueron autorizados vía de excepción. Hay casos emblemáticos por lo exagerado como el de la familia Benetton que compró 900 mil hectáreas y Ted Turner, Douglas Tompkins, Joseph Lewis, Huber Grosse entre otros.
-¿Qué sucedería con las tierras extranjerizadas?
-En primer lugar investigar cada caso. Y los que no cumplan deberán ajustarse a la Ley. Los actos jurídicos que no cumplan con ésta norma serán de nulidad absoluta. Y también plantea un plazo para adaptarse. Las personas jurídicas que son titulares de grandes extensiones de tierras tendrán un año para cumplir con la Ley y vender sus terrenos siendo que las personas físicas lo podrán hacer en dos años y así volver a los causes normales.
-¿Volverían a manos del Estado sin pagar expropiación?
-Exacto. Porque el inconveniente lo tienen los terratenientes extranjeros que no cumplen con la Ley. La mayoría adquirieron sus inmuebles en la dictadura o en los '90 con un grado de connivencia revelada por el informe de la AGN.
-¿Cuáles son los límites para evitar la figura del testaferro?
-Es un tema difícil. En primer lugar exigimos crear un registro de inmuebles de propietarios extranjeros para al menos avanzar con datos y poder cruzarlos. Además el proyecto plantea límites para las personas o empresas con domicilio o socios mayoritarios radicados en el extranjero. En el registro aparecen claramente los datos y si el comprador es un argentino los organismos correspondientes tendrán que investigar el origen de esos capitales.
En las reuniones de la Secretaria de Ambiente sugirió incorporar en la Ley la protección de las tierras de los pueblos originarios y la diputada Benas amplió sobre éste punto por entender que "hay muchos argentinos excluidos de la posesión de la tierra y que no sólo es un espacio para vivir o producir sino que tiene el peso de darle valor a la identidad de cada habitante".
Buenos Aires: otra vez agua marrón
Otra vez, agua marrón en la Ciudad
Fecha de Publicación: 02/04/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Lo sufrieron miles de usuarios. Absa lo atribuyó a tareas de "reparación" para "mejorar la presión"
Cuando Eva Schomfeld abrió la canilla, primero se sorprendió y luego protestó por lo que estaba viendo. En la pileta del baño, un líquido amarronado y con arena corría por el lugar en el que tendría que haber habido sólo agua, incolora. "Estuvimos así durante casi todo el día, y no es la primera vez que sucede", reclamó.
abre comillas'Ya nos acostumbramos al agua turbia. Pero aunque es habitual, nunca había salido tan oscura', destacó Cristina, de 62 y 25cierra comillas
Al igual que ella, que vive en 27 y 58, miles de vecinos se vieron afectados ayer en una amplia zona del casco urbano por la presencia de agua turbia en sus tanques y cañerías. El motivo, según la empresa proveedora, fue la reparación de un caño en la zona de 25 y 55.
Como consecuencia de esas tareas, realizadas con la idea de mejorar la presión en dicha zona, se generó "turbidez en el agua en un sector de la red comprendido por las calles 24 a 31 y de 54 a 72", según informó Aguas Bonaerenses.
Para algunos, la presencia del agua marrón motivó sensaciones desagradables, como en el caso de Susana Sosa, vecina de Plaza Brandsen.
"Volví de trabajar y quise ponerme a tomar unos mates. Llené la pava y me la tomé entera con el agua marrón, sin darme cuenta. Recién me enteré de lo que pasaba cuando fui a preparar jugo y mi marido me advirtió que el agua estaba turbia. Tuvimos que tirar el jugo y llenamos la jarra de nuevo para ver qué era lo que salía de la canilla. Enseguida cayeron todos los sedimentos al fondo", explicó Susana.
Para la gente de la zona afectada, la de ayer "no fue la primera vez". Según contaron, ya se han tenido que enfrentar al mismo problema en repetidas ocasiones durante los últimos meses.
"Lamentablemente, ya nos acostumbramos al agua turbia. Pero aunque es habitual en todo el barrio, nunca había salido tan oscura como esta vez", destacó Cristina, de 62 y 25.
"Me fui a lavar los dientes y encontré el agua sucia. La pusimos en un vaso y enseguida se acumuló más de un centímetro de sedimentos", agregó la vecina, aún sorprendida por lo ocurrido.
Durante toda la jornada, los reclamos y consultas se sucedieron sin cesar. Saber si el agua turbia era peligrosa, en caso de consumirla accidentalmente, fue una de las preguntas más repetidas.
También se registraron dudas entre los vecinos sobre lo que se debía hacer para solucionar el inconveniente. Para algunos, se debía dejar correr el agua; para otros, en cambio, se debían cerrar las llaves de paso para que la suciedad no ingresara a las cañerías.
Varios vecinos, por su parte, optaron por la protesta directa. "Esto no se puede creer. Abrí la canilla y me encontré con esta sorpresa. Ya nos está pasando cada vez más seguido esto de encontrar basura en las cañerías. No sé quien va a venir a limpiarme el tanque ahora", se lamentó Carlos, de la zona de 29 y 68.
Fecha de Publicación: 02/04/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Lo sufrieron miles de usuarios. Absa lo atribuyó a tareas de "reparación" para "mejorar la presión"
Cuando Eva Schomfeld abrió la canilla, primero se sorprendió y luego protestó por lo que estaba viendo. En la pileta del baño, un líquido amarronado y con arena corría por el lugar en el que tendría que haber habido sólo agua, incolora. "Estuvimos así durante casi todo el día, y no es la primera vez que sucede", reclamó.
abre comillas'Ya nos acostumbramos al agua turbia. Pero aunque es habitual, nunca había salido tan oscura', destacó Cristina, de 62 y 25cierra comillas
Al igual que ella, que vive en 27 y 58, miles de vecinos se vieron afectados ayer en una amplia zona del casco urbano por la presencia de agua turbia en sus tanques y cañerías. El motivo, según la empresa proveedora, fue la reparación de un caño en la zona de 25 y 55.
Como consecuencia de esas tareas, realizadas con la idea de mejorar la presión en dicha zona, se generó "turbidez en el agua en un sector de la red comprendido por las calles 24 a 31 y de 54 a 72", según informó Aguas Bonaerenses.
Para algunos, la presencia del agua marrón motivó sensaciones desagradables, como en el caso de Susana Sosa, vecina de Plaza Brandsen.
"Volví de trabajar y quise ponerme a tomar unos mates. Llené la pava y me la tomé entera con el agua marrón, sin darme cuenta. Recién me enteré de lo que pasaba cuando fui a preparar jugo y mi marido me advirtió que el agua estaba turbia. Tuvimos que tirar el jugo y llenamos la jarra de nuevo para ver qué era lo que salía de la canilla. Enseguida cayeron todos los sedimentos al fondo", explicó Susana.
Para la gente de la zona afectada, la de ayer "no fue la primera vez". Según contaron, ya se han tenido que enfrentar al mismo problema en repetidas ocasiones durante los últimos meses.
"Lamentablemente, ya nos acostumbramos al agua turbia. Pero aunque es habitual en todo el barrio, nunca había salido tan oscura como esta vez", destacó Cristina, de 62 y 25.
"Me fui a lavar los dientes y encontré el agua sucia. La pusimos en un vaso y enseguida se acumuló más de un centímetro de sedimentos", agregó la vecina, aún sorprendida por lo ocurrido.
Durante toda la jornada, los reclamos y consultas se sucedieron sin cesar. Saber si el agua turbia era peligrosa, en caso de consumirla accidentalmente, fue una de las preguntas más repetidas.
También se registraron dudas entre los vecinos sobre lo que se debía hacer para solucionar el inconveniente. Para algunos, se debía dejar correr el agua; para otros, en cambio, se debían cerrar las llaves de paso para que la suciedad no ingresara a las cañerías.
Varios vecinos, por su parte, optaron por la protesta directa. "Esto no se puede creer. Abrí la canilla y me encontré con esta sorpresa. Ya nos está pasando cada vez más seguido esto de encontrar basura en las cañerías. No sé quien va a venir a limpiarme el tanque ahora", se lamentó Carlos, de la zona de 29 y 68.
Proponen prohibir el insecticida endosulfán
Proponen inclusión del insecticida ENDOSULFÁN en el Convenio de Estocolmo
Fecha de Publicación: 01/04/2011
Fuente: Biodiversidad en América Latina
Provincia/Región: Nacional
"El endosulfán es un neurotóxico tanto para insectos, mamíferos y humanos. La ONU desde el organismo científico del Convenio de Estocolomo insistió a todos los países a que se considere su eliminación y se lo incluya en la próxima reunión de las partes, a celebrarse el próximo 24 de abril."
Desde Rapal el mensaje era claro: “Nos interesa la situación de este insecticida dado que es uno de los de mayor utilización en el país en diversas áreas de cultivo. También conocemos y nos preocupa su impacto a nivel ambiental incluida la salud humana”.
El endosulfán es un neurotóxico tanto para insectos, mamíferos y humanos. La clasificación de la EPA es de Categoría I de alta toxicidad, en tanto para la Organización Mundial de la Salud la clasificación es Clase II, moderadamente riesgoso.
El Compuesto Orgánico Persistente (COP) está prohibido en más de 60 países. La ONU desde el organismo científico del Convenio de Estocolomo insistió a todos los países a que se considere su eliminación y se lo incluya en la próxima reunión de las partes, a celebrarse el próximo 24 de abril.
La audiencia convocada por la diputada Cecilia Merchán de Libres del Sur y Rapal, la Red de Acción de Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina, cuyo representante es el coordinador regional Ing. Agr.Javier Souza Casadinho se realizó este martes 29 de marzo, de 9 a 13 hs en la Sala del 2do piso, Edificio Anexo del Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
La diputada Cecilia Merchán manifestó que: “Sucede que desde 2007 a esta parte hubo varios eventos que ameritan una discusión profunda sobre el uso de estas sustancias. Tenemos el fallo de la justicia favorable a los vecinos y vecinas del Barrio Ituzaingó, en Córdoba. Existe el informe de los Médicos de Pueblos Fumigados que da cuenta de casos concretos de daño en la salud. A nivel regional, Brasil, Colombia y Paraguay decidieron restringir el uso de endosulfán” y agregó: “Ante la falta de iniciativa del Ejecutivo para discutir estos temas, interpretamos junto con las organizaciones científicas y ambientalistas que era necesario debatir el tema en el Congreso, cosa que venimos haciendo desde el año pasado. Por eso elegimos la audiencia pública como un vehículo para que las voces surjan y para interpelar al Ejecutivo”.
Por su parte Javier Souza Casadinho, de la Rapal expresó: “Hemos convocado a esta audiencia pública al Ministerio de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente y la Cancillería, que son los organismos del Poder Ejecutivo que componen el comité en Argentina. Pero todos se excusaron de participar de la audiencia.Una muestra de que están eludiendo el debate”.
Entre los presentes se encontraban las Madres de Ituzaingó, de Córdoba; quienes informaron que los campos frente a sus casas que eran cultivados con soja, hoy están siendo loteados para la venta “ La gente que venga a vivir allí en unos años tendrán los mismos problemas y enfermedades que nosotros denunciamos” “Esas tierras fueron analizadas y contienen todo tipo de tóxicos, el derecho a un ambiente sano ¿dónde está? expresó Sofía Gatica.
El Dr Medardo Avila Vazquez de la red de Médicos de Pueblos Fumigados, presentó un powerpoint con estadísticas y conclusiones contundentes de las zonas analizadas por esa red. El diputado Carlos Martinez de Libres del Sur de Chaco se refirió al tema arroceras de Chaco y luego de cada ponencia se abrió el debate.
Entre los presentes estaban representantes de ATE, del SENASA y de la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA). Desde CASAFE la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes su director ejecutivo Juan Cruz Jaime y Pedro Peretti por la Federación Agraria Argentina.
Entre las ONGs la Dra Graciela Gomez por Ecos de Romang , el Taller de Ecologista de Rosario, el grupo de jóvenes de Soberanía Alimentaria y una representante de Farn, entre otros. La reunión concluyó con el compromiso de llevar la iniciativa para ser presentada el 24 de abril en Ginebra cuya versión taquigráfica será puesta a disposición a tal efecto.
La India es el mayor consumidor de endosulfán. Durante 26 años las plantaciones de la Corporación de Kerala fueron fumigadas en forma aérea, una superficie de casi 4.700 hectáreas en Kasaragod. Hoy los pobladores que vivían cerca de las plantaciones están pagando el precio. Toda la zona está sufriendo la tragedia de familias enteras luchando con malformaciones, cáncer y trastornos del sistema nervioso central.
Para la Asociación Argentina de Médicos por el Medio Ambiente (AAMMA) , la limitación del uso de estos compuestos, es una de las prioridades a nivel nacional.
Una investigación de la Universidad del Litoral y el CONICET encontró en el 2010 residuos de endosulfán en granos de soja y puso el alerta. Brasil la semana pasada informó restos del plaguicida en la leche materna de 62 mujeres y puso como plazo límite el año 2013 para su retiro. Bayer el principal fabricante anunció el retiro del producto del mercado a fines del 2009.
Desde Argentina el Senasa y ningún organismo del Estado parecen preocupados por el plaguicida, el segundo de mayor consumo después del glifosato.
La ausencia en la audiencia de los representante del ejecutivo, de la cartera de salud y de legisladores de las Comisiones de Ambiente o Salud de ambas cámaras del Congreso, es una prueba de la desidia y el desinterés por el derecho a la salud de los argentinos.
Fecha de Publicación: 01/04/2011
Fuente: Biodiversidad en América Latina
Provincia/Región: Nacional
"El endosulfán es un neurotóxico tanto para insectos, mamíferos y humanos. La ONU desde el organismo científico del Convenio de Estocolomo insistió a todos los países a que se considere su eliminación y se lo incluya en la próxima reunión de las partes, a celebrarse el próximo 24 de abril."
Desde Rapal el mensaje era claro: “Nos interesa la situación de este insecticida dado que es uno de los de mayor utilización en el país en diversas áreas de cultivo. También conocemos y nos preocupa su impacto a nivel ambiental incluida la salud humana”.
El endosulfán es un neurotóxico tanto para insectos, mamíferos y humanos. La clasificación de la EPA es de Categoría I de alta toxicidad, en tanto para la Organización Mundial de la Salud la clasificación es Clase II, moderadamente riesgoso.
El Compuesto Orgánico Persistente (COP) está prohibido en más de 60 países. La ONU desde el organismo científico del Convenio de Estocolomo insistió a todos los países a que se considere su eliminación y se lo incluya en la próxima reunión de las partes, a celebrarse el próximo 24 de abril.
La audiencia convocada por la diputada Cecilia Merchán de Libres del Sur y Rapal, la Red de Acción de Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina, cuyo representante es el coordinador regional Ing. Agr.Javier Souza Casadinho se realizó este martes 29 de marzo, de 9 a 13 hs en la Sala del 2do piso, Edificio Anexo del Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
La diputada Cecilia Merchán manifestó que: “Sucede que desde 2007 a esta parte hubo varios eventos que ameritan una discusión profunda sobre el uso de estas sustancias. Tenemos el fallo de la justicia favorable a los vecinos y vecinas del Barrio Ituzaingó, en Córdoba. Existe el informe de los Médicos de Pueblos Fumigados que da cuenta de casos concretos de daño en la salud. A nivel regional, Brasil, Colombia y Paraguay decidieron restringir el uso de endosulfán” y agregó: “Ante la falta de iniciativa del Ejecutivo para discutir estos temas, interpretamos junto con las organizaciones científicas y ambientalistas que era necesario debatir el tema en el Congreso, cosa que venimos haciendo desde el año pasado. Por eso elegimos la audiencia pública como un vehículo para que las voces surjan y para interpelar al Ejecutivo”.
Por su parte Javier Souza Casadinho, de la Rapal expresó: “Hemos convocado a esta audiencia pública al Ministerio de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente y la Cancillería, que son los organismos del Poder Ejecutivo que componen el comité en Argentina. Pero todos se excusaron de participar de la audiencia.Una muestra de que están eludiendo el debate”.
Entre los presentes se encontraban las Madres de Ituzaingó, de Córdoba; quienes informaron que los campos frente a sus casas que eran cultivados con soja, hoy están siendo loteados para la venta “ La gente que venga a vivir allí en unos años tendrán los mismos problemas y enfermedades que nosotros denunciamos” “Esas tierras fueron analizadas y contienen todo tipo de tóxicos, el derecho a un ambiente sano ¿dónde está? expresó Sofía Gatica.
El Dr Medardo Avila Vazquez de la red de Médicos de Pueblos Fumigados, presentó un powerpoint con estadísticas y conclusiones contundentes de las zonas analizadas por esa red. El diputado Carlos Martinez de Libres del Sur de Chaco se refirió al tema arroceras de Chaco y luego de cada ponencia se abrió el debate.
Entre los presentes estaban representantes de ATE, del SENASA y de la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA). Desde CASAFE la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes su director ejecutivo Juan Cruz Jaime y Pedro Peretti por la Federación Agraria Argentina.
Entre las ONGs la Dra Graciela Gomez por Ecos de Romang , el Taller de Ecologista de Rosario, el grupo de jóvenes de Soberanía Alimentaria y una representante de Farn, entre otros. La reunión concluyó con el compromiso de llevar la iniciativa para ser presentada el 24 de abril en Ginebra cuya versión taquigráfica será puesta a disposición a tal efecto.
La India es el mayor consumidor de endosulfán. Durante 26 años las plantaciones de la Corporación de Kerala fueron fumigadas en forma aérea, una superficie de casi 4.700 hectáreas en Kasaragod. Hoy los pobladores que vivían cerca de las plantaciones están pagando el precio. Toda la zona está sufriendo la tragedia de familias enteras luchando con malformaciones, cáncer y trastornos del sistema nervioso central.
Para la Asociación Argentina de Médicos por el Medio Ambiente (AAMMA) , la limitación del uso de estos compuestos, es una de las prioridades a nivel nacional.
Una investigación de la Universidad del Litoral y el CONICET encontró en el 2010 residuos de endosulfán en granos de soja y puso el alerta. Brasil la semana pasada informó restos del plaguicida en la leche materna de 62 mujeres y puso como plazo límite el año 2013 para su retiro. Bayer el principal fabricante anunció el retiro del producto del mercado a fines del 2009.
Desde Argentina el Senasa y ningún organismo del Estado parecen preocupados por el plaguicida, el segundo de mayor consumo después del glifosato.
La ausencia en la audiencia de los representante del ejecutivo, de la cartera de salud y de legisladores de las Comisiones de Ambiente o Salud de ambas cámaras del Congreso, es una prueba de la desidia y el desinterés por el derecho a la salud de los argentinos.
Piden investigar la venta de agua a buques
Piden investigar la venta de agua a buques
Fecha de Publicación: 31/03/2011
Fuente: Once Noticias
Provincia/Región: Santa Fe
En el marco del día nacional de agua, la UNR mediante su observatorio del Agua, renuevan el pedido de investigación de la venta de agua cruda a los buques cerealeros.
El agua es imprescindible para el ser humano; sin ella le es imposible mantener su existencia.
Además, le es fundamental para la producción de alimentos, para transformarla en energía, para utilizarla en múltiples investigaciones, etc.
Luego de una declaración de Edgardo Quiroga en el marco del conflicto entre las cerealeras y la CGT regional San Lorenzo, la Universidad Nacional de Rosario, mediante su Observatorio del agua, elevó a la provincia de Santa Fe, un pedido de investigación por esta supuesta venta de agua cruda.
Hoy, 31 de Marzo, se festeja según la Resolución Ministerial 1630 del año 1970 , "Día Nacional del Agua" para estimular en todos los argentinos la conciencia en el uso de los recursos públicos hídricos de nuestra nación.
“Nosotros nos hicimos eco de esta grave denuncia, de que se está vendiendo y exportando agua desde el río Paraná, algo que técnicamente se denomina ´agua cruda´, y por eso es que hicimos este pedido de investigación ante el Ministerio del Agua de la Provincia”, dijo a Télam el abogado Aníbal Ignacio Faccendini, del Observatorio del Agua de la UNR.
“La venta de agua cruda a granel a los buques de carga por más de 4 millones de dólares al año”. Esta denuncia, se hizo pública en declaraciones del dirigente de la CGT Edgardo Quiroga mientras se mantenía una medida de fuerza delante los portones de las entidades portuarias.
“Lo que estamos pidiendo a la Provincia es que investigue y confirme o desestime esta denuncia, porque acá en todo caso se están vulnerando leyes, existe una apropiación indebida de dominio público, y se está violando un derecho humano, porque el agua no se puede vender”, agregó.
Según el Artículo 1 de la Ley Provincial Nro 13.036, prohíbe “la comercialización de agua dulce o potable a granel y sin tratamiento o proceso de ningún tipo del dominio originario de la provincia, de conformidad con el artículo 124 de la Constitución Nacional, que implique directa o indirectamente su exportación”.
Fecha de Publicación: 31/03/2011
Fuente: Once Noticias
Provincia/Región: Santa Fe
En el marco del día nacional de agua, la UNR mediante su observatorio del Agua, renuevan el pedido de investigación de la venta de agua cruda a los buques cerealeros.
El agua es imprescindible para el ser humano; sin ella le es imposible mantener su existencia.
Además, le es fundamental para la producción de alimentos, para transformarla en energía, para utilizarla en múltiples investigaciones, etc.
Luego de una declaración de Edgardo Quiroga en el marco del conflicto entre las cerealeras y la CGT regional San Lorenzo, la Universidad Nacional de Rosario, mediante su Observatorio del agua, elevó a la provincia de Santa Fe, un pedido de investigación por esta supuesta venta de agua cruda.
Hoy, 31 de Marzo, se festeja según la Resolución Ministerial 1630 del año 1970 , "Día Nacional del Agua" para estimular en todos los argentinos la conciencia en el uso de los recursos públicos hídricos de nuestra nación.
“Nosotros nos hicimos eco de esta grave denuncia, de que se está vendiendo y exportando agua desde el río Paraná, algo que técnicamente se denomina ´agua cruda´, y por eso es que hicimos este pedido de investigación ante el Ministerio del Agua de la Provincia”, dijo a Télam el abogado Aníbal Ignacio Faccendini, del Observatorio del Agua de la UNR.
“La venta de agua cruda a granel a los buques de carga por más de 4 millones de dólares al año”. Esta denuncia, se hizo pública en declaraciones del dirigente de la CGT Edgardo Quiroga mientras se mantenía una medida de fuerza delante los portones de las entidades portuarias.
“Lo que estamos pidiendo a la Provincia es que investigue y confirme o desestime esta denuncia, porque acá en todo caso se están vulnerando leyes, existe una apropiación indebida de dominio público, y se está violando un derecho humano, porque el agua no se puede vender”, agregó.
Según el Artículo 1 de la Ley Provincial Nro 13.036, prohíbe “la comercialización de agua dulce o potable a granel y sin tratamiento o proceso de ningún tipo del dominio originario de la provincia, de conformidad con el artículo 124 de la Constitución Nacional, que implique directa o indirectamente su exportación”.
Endosulfán: agrotóxico con poco futuro
Un agrotóxico con poco futuro
Fecha de Publicación: 30/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En una audiencia pública en el Congreso, diversos sectores pidieron la prohibición del endosulfán, el insecticida más usado en Argentina y prohibido ya en 74 países. El próximo mes se decide su suerte a nivel internacional.
El endosulfán es el insecticida de mayor uso en el país, reconocido por sus consecuencias sanitarias a nivel mundial y prohibido ya en 74 países. El debate sobre sus consecuencias llegó ayer al Congreso Nacional, donde organizaciones ambientales, vecinos afectados por fumigaciones, médicos e incluso productores sojeros participaron de una audiencia pública y solicitaron que se prohibiera su utilización. Elevaron el pedido al Poder Ejecutivo, que a fines de abril participará de la próxima reunión del Convenio de Estocolmo, ámbito internacional que decidirá sobre el futuro del insecticida. Las cámaras empresarias no apoyaron la prohibición, mientras que el gobierno nacional no participó de la jornada. El endosulfán se utiliza en plantaciones de soja, algodón, girasol, maíz, hortalizas y tabaco, entre otros cultivos.
El endosulfán está identificado como plaguicida extremadamente tóxico. La Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal), espacio de referencia en la temática, explicó que el insecticida afecta los sistemas nervioso e inmunológico y es disruptor endocrino (produce alteración hormonal). En cuanto a los efectos agudos, provoca mareos, dolor de cabeza, náuseas, dolor de garganta y cuadros de asma. Se degrada muy lentamente, permanece años en el medio ambiente y se traslada a grandes distancias arrastrado por las corrientes de aire y de agua.
Ayer a las 10 comenzó la audiencia en el edificio Anexo del Congreso, impulsada por la diputada de Libres del Sur Cecilia Merchán y el coordinador de Rapal y docente de la UBA, Javier Souza Casadinho. Explicaron que Argentina adhirió al Convenio de Estocolmo en 2001 y fue ratificado por el Congreso en 2004. El Convenio es un espacio e instrumento internacional, auspiciado por Naciones Unidas, que regula el tratamiento de sustancias tóxicas. Entre el 25 y el 29 de abril será la próxima reunión y allí los Estados decidirán la inclusión del endosulfán en el Convenio de Estocolmo, lo que implicaría su prohibición.
Cada Estado cuenta, en paralelo al espacio internacional, con ámbitos locales del Convenio. “Desde 2007 que no se reúne el Comité de Seguimiento argentino. Luego de cuatro años, estamos acá todos los actores”, dijo al inicio de la jornada Souza Casadinho, aunque aclaró que no concurrieron el Ministerio de Salud, Cancillería y la Secretaría de Ambiente.
La organización Madres del Barrio Ituzaingó de Córdoba se conformó en paralelo a la multiplicación de casos de cáncer y malformaciones. “Hay endosulfán en la tierra de nuestro barrio, en los tanques de agua y en la sangre de nuestros hijos, confirmado por análisis médicos del Gobierno. Mi hija tiene ese veneno en el cuerpo”, conmovió Sofía Gatica y reclamó la prohibición del insecticida.
La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) nuclea a empresas del sector. Su director ejecutivo, Juan Cruz Jaime, solicitó durante la audiencia un “cuarto intermedio” hasta mayo, luego de que los integrantes del Convenio de Estocolmo se expidieran. Ante la pregunta de qué opinaba Casafe sobre la prohibición del endosulfán, Jaime evitó la respuesta y aseguró que “se acatará la decisión” que se tome en el marco del Convenio.
La otra gran cámara del sector, Ciafa (Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos), también estuvo presente y cuestionó que, de prohibirse el insecticida, no habría otro agrotóxico para las plagas en cultivos de algodón. Le salió al cruce el coordinador del Primer Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados, Medardo Avila Vázquez: “Será menor el rinde del algodón, pero estaremos protegiendo la salud de las personas”, retrucó y recordó que existen legislaciones provinciales que no se respetan. Remarcó la existencia de la Ley General del Ambiente (25.675) y pidió la aplicación del principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras) para el endosulfán y todos los agrotóxicos en los que se basa el modelo agropecuario.
El mismo argumento fue retomado por el directivo de Federación Agraria (FAA) y productor de soja, Pedro Peretti. Pidió aplicar el principio precautorio, solicitó zonas de exclusión para fumigaciones e instó a no “demonizar a la soja”, sino el monocultivo. Acusó al Estado por la falta de controles y cuestionó “a la izquierda” por tener una mirada “equivocada” en cuanto a la industria transgénica. “Estoy a favor de la ciencia y tecnología en semillas, de mejoras de laboratorio, como también estoy a favor de los trasplantes de órganos en humanos”, comparó, y se expresó favorable a la prohibición del endosulfán.
Al cierre de la audiencia se acordó presentar un pedido formal al Poder Ejecutivo para que apoye la inclusión del endosulfán en el Convenio de Estocolmo (y así votar por su prohibición). De esta forma, Argentina seguiría los pasos de otros 74 países, entre ellos Colombia, Paraguay y Brasil.
Fecha de Publicación: 30/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En una audiencia pública en el Congreso, diversos sectores pidieron la prohibición del endosulfán, el insecticida más usado en Argentina y prohibido ya en 74 países. El próximo mes se decide su suerte a nivel internacional.
El endosulfán es el insecticida de mayor uso en el país, reconocido por sus consecuencias sanitarias a nivel mundial y prohibido ya en 74 países. El debate sobre sus consecuencias llegó ayer al Congreso Nacional, donde organizaciones ambientales, vecinos afectados por fumigaciones, médicos e incluso productores sojeros participaron de una audiencia pública y solicitaron que se prohibiera su utilización. Elevaron el pedido al Poder Ejecutivo, que a fines de abril participará de la próxima reunión del Convenio de Estocolmo, ámbito internacional que decidirá sobre el futuro del insecticida. Las cámaras empresarias no apoyaron la prohibición, mientras que el gobierno nacional no participó de la jornada. El endosulfán se utiliza en plantaciones de soja, algodón, girasol, maíz, hortalizas y tabaco, entre otros cultivos.
El endosulfán está identificado como plaguicida extremadamente tóxico. La Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal), espacio de referencia en la temática, explicó que el insecticida afecta los sistemas nervioso e inmunológico y es disruptor endocrino (produce alteración hormonal). En cuanto a los efectos agudos, provoca mareos, dolor de cabeza, náuseas, dolor de garganta y cuadros de asma. Se degrada muy lentamente, permanece años en el medio ambiente y se traslada a grandes distancias arrastrado por las corrientes de aire y de agua.
Ayer a las 10 comenzó la audiencia en el edificio Anexo del Congreso, impulsada por la diputada de Libres del Sur Cecilia Merchán y el coordinador de Rapal y docente de la UBA, Javier Souza Casadinho. Explicaron que Argentina adhirió al Convenio de Estocolmo en 2001 y fue ratificado por el Congreso en 2004. El Convenio es un espacio e instrumento internacional, auspiciado por Naciones Unidas, que regula el tratamiento de sustancias tóxicas. Entre el 25 y el 29 de abril será la próxima reunión y allí los Estados decidirán la inclusión del endosulfán en el Convenio de Estocolmo, lo que implicaría su prohibición.
Cada Estado cuenta, en paralelo al espacio internacional, con ámbitos locales del Convenio. “Desde 2007 que no se reúne el Comité de Seguimiento argentino. Luego de cuatro años, estamos acá todos los actores”, dijo al inicio de la jornada Souza Casadinho, aunque aclaró que no concurrieron el Ministerio de Salud, Cancillería y la Secretaría de Ambiente.
La organización Madres del Barrio Ituzaingó de Córdoba se conformó en paralelo a la multiplicación de casos de cáncer y malformaciones. “Hay endosulfán en la tierra de nuestro barrio, en los tanques de agua y en la sangre de nuestros hijos, confirmado por análisis médicos del Gobierno. Mi hija tiene ese veneno en el cuerpo”, conmovió Sofía Gatica y reclamó la prohibición del insecticida.
La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) nuclea a empresas del sector. Su director ejecutivo, Juan Cruz Jaime, solicitó durante la audiencia un “cuarto intermedio” hasta mayo, luego de que los integrantes del Convenio de Estocolmo se expidieran. Ante la pregunta de qué opinaba Casafe sobre la prohibición del endosulfán, Jaime evitó la respuesta y aseguró que “se acatará la decisión” que se tome en el marco del Convenio.
La otra gran cámara del sector, Ciafa (Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos), también estuvo presente y cuestionó que, de prohibirse el insecticida, no habría otro agrotóxico para las plagas en cultivos de algodón. Le salió al cruce el coordinador del Primer Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados, Medardo Avila Vázquez: “Será menor el rinde del algodón, pero estaremos protegiendo la salud de las personas”, retrucó y recordó que existen legislaciones provinciales que no se respetan. Remarcó la existencia de la Ley General del Ambiente (25.675) y pidió la aplicación del principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras) para el endosulfán y todos los agrotóxicos en los que se basa el modelo agropecuario.
El mismo argumento fue retomado por el directivo de Federación Agraria (FAA) y productor de soja, Pedro Peretti. Pidió aplicar el principio precautorio, solicitó zonas de exclusión para fumigaciones e instó a no “demonizar a la soja”, sino el monocultivo. Acusó al Estado por la falta de controles y cuestionó “a la izquierda” por tener una mirada “equivocada” en cuanto a la industria transgénica. “Estoy a favor de la ciencia y tecnología en semillas, de mejoras de laboratorio, como también estoy a favor de los trasplantes de órganos en humanos”, comparó, y se expresó favorable a la prohibición del endosulfán.
Al cierre de la audiencia se acordó presentar un pedido formal al Poder Ejecutivo para que apoye la inclusión del endosulfán en el Convenio de Estocolmo (y así votar por su prohibición). De esta forma, Argentina seguiría los pasos de otros 74 países, entre ellos Colombia, Paraguay y Brasil.
En persona, los jueces revisarán el Riachuelo
En persona, los jueces de la Corte revisarán el Riachuelo
Fecha de Publicación: 30/03/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
Los jueces de la Corte Suprema avanzaron ayer en la idea de realizar una “inspección judicial” a diversos puntos de la cuenca Matanza–Riachuelo, en el marco del proceso de saneamiento que impulsa el tribunal.
En el plenario realizado ayer, si bien no firmaron una resolución al respecto, decidieron que los jueces van a ir personalmente a las zonas críticas para ver, en el propio terreno, la marcha del proceso de saneamiento.
Al mismo tiempo, según fuentes del tribunal, los jueces avanzaron ayer en la definición de un cuestionario específico a partir del cual van a pedir precisiones sobre lo realizado hasta el momento. El pasado 16 de marzo, la Corte convocó a una nueva audiencia pública pero no quedó conforme con los informes obtenidos.
Voceros de la Corte sostuvieron ayer que el problema del saneamiento es “un tema complejo, donde hay cinco millones de personas afectadas, y se están produciendo algunos avances, aunque muy lentamente”.
“Hay que sacar el tema del contexto político electoral de este año, y ver por qué hay problemas de coordinación en la implementación del plan de saneamiento. La función de la Corte es impulsar y controlar este proceso”, señalaron en el tribunal.
Cuando en 2006 la Corte Suprema decidió hacerse cargo de una parte del reclamo judicial de los vecinos de la cuenca, el que planteaba la existencia de daño ambiental colectivo, puso en marcha una serie de medidas que formaron parte del plan integral de saneamiento. A mediados de 2008, en un fallo inédito, la Corte no sólo ordenó a los tres Estados que comparten el conflicto (Nación, Ciudad y Provincia) la puesta en marcha del plan sino que estableció una serie de sanciones que, en caso de incumplimiento, recaerían en forma de multa sobre la entonces titular de la ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza–Riachuelo), Romina Picolotti, ex secretaria de Medio Ambiente.
Dos años después, en agosto de 2010, la Corte volvió a firmar una extensa resolución en la que ordenó apurar las tareas de limpieza y multar a los funcionarios públicos responsables que no cumplieran con las obligaciones encomendadas.
En la última audiencia pública, el defensor adjunto del Pueblo de la Nación, Anselmo Agustín Sella, reconoció que “todos los plazos están vencidos y hay muchas demoras en los programas o ítems que fijó la Corte Suprema”. En el tribunal estimaron ayer que esos plazos podrían ser prorrogados.
Fecha de Publicación: 30/03/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
Los jueces de la Corte Suprema avanzaron ayer en la idea de realizar una “inspección judicial” a diversos puntos de la cuenca Matanza–Riachuelo, en el marco del proceso de saneamiento que impulsa el tribunal.
En el plenario realizado ayer, si bien no firmaron una resolución al respecto, decidieron que los jueces van a ir personalmente a las zonas críticas para ver, en el propio terreno, la marcha del proceso de saneamiento.
Al mismo tiempo, según fuentes del tribunal, los jueces avanzaron ayer en la definición de un cuestionario específico a partir del cual van a pedir precisiones sobre lo realizado hasta el momento. El pasado 16 de marzo, la Corte convocó a una nueva audiencia pública pero no quedó conforme con los informes obtenidos.
Voceros de la Corte sostuvieron ayer que el problema del saneamiento es “un tema complejo, donde hay cinco millones de personas afectadas, y se están produciendo algunos avances, aunque muy lentamente”.
“Hay que sacar el tema del contexto político electoral de este año, y ver por qué hay problemas de coordinación en la implementación del plan de saneamiento. La función de la Corte es impulsar y controlar este proceso”, señalaron en el tribunal.
Cuando en 2006 la Corte Suprema decidió hacerse cargo de una parte del reclamo judicial de los vecinos de la cuenca, el que planteaba la existencia de daño ambiental colectivo, puso en marcha una serie de medidas que formaron parte del plan integral de saneamiento. A mediados de 2008, en un fallo inédito, la Corte no sólo ordenó a los tres Estados que comparten el conflicto (Nación, Ciudad y Provincia) la puesta en marcha del plan sino que estableció una serie de sanciones que, en caso de incumplimiento, recaerían en forma de multa sobre la entonces titular de la ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza–Riachuelo), Romina Picolotti, ex secretaria de Medio Ambiente.
Dos años después, en agosto de 2010, la Corte volvió a firmar una extensa resolución en la que ordenó apurar las tareas de limpieza y multar a los funcionarios públicos responsables que no cumplieran con las obligaciones encomendadas.
En la última audiencia pública, el defensor adjunto del Pueblo de la Nación, Anselmo Agustín Sella, reconoció que “todos los plazos están vencidos y hay muchas demoras en los programas o ítems que fijó la Corte Suprema”. En el tribunal estimaron ayer que esos plazos podrían ser prorrogados.
Riachuelo: prohíben su navegación
Riachuelo: prohíben su navegación
Fecha de Publicación: 29/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
La Justicia declaró ayer zona crítica de protección especial a la cuenca Matanza-Riachuelo y los arroyos que en ella confluyen, además de disponer el desalojo inmediato de todas las obstrucciones que invaden la traza costera, denominada "camino de sirga", donde se han establecido asentamientos precarios de viviendas.
La resolución del juez federal Luis Armella, de Quilmes, se conoció tras un pedido realizado por la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), el organismo que agrupa a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño, que tienen jurisdicción sobre el curso de agua.
En su dictamen, difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ), Armella dijo que la aplicación de la suspensión preventiva de la navegación comercial en el Riachuelo estará a cargo de la Prefectura Naval Argentina. Armella, además, requirió a los ministerios de Seguridad nacional, porteño y bonaerense que en forma inmediata realizaran recorridas periódicas sobre toda la traza costera de la cuenca y retiraran "a todo aquel que, en infracción a lo aquí ordenado, se encuentre invadiendo el área de protección apuntada".
La Acumar, en tanto, deberá identificar todos los bienes como flora y fauna autóctonas, monumentos, construcciones edilicias de interés cultural o valor histórico, que deban preservarse.
Fecha de Publicación: 29/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires - Capital
La Justicia declaró ayer zona crítica de protección especial a la cuenca Matanza-Riachuelo y los arroyos que en ella confluyen, además de disponer el desalojo inmediato de todas las obstrucciones que invaden la traza costera, denominada "camino de sirga", donde se han establecido asentamientos precarios de viviendas.
La resolución del juez federal Luis Armella, de Quilmes, se conoció tras un pedido realizado por la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), el organismo que agrupa a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño, que tienen jurisdicción sobre el curso de agua.
En su dictamen, difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ), Armella dijo que la aplicación de la suspensión preventiva de la navegación comercial en el Riachuelo estará a cargo de la Prefectura Naval Argentina. Armella, además, requirió a los ministerios de Seguridad nacional, porteño y bonaerense que en forma inmediata realizaran recorridas periódicas sobre toda la traza costera de la cuenca y retiraran "a todo aquel que, en infracción a lo aquí ordenado, se encuentre invadiendo el área de protección apuntada".
La Acumar, en tanto, deberá identificar todos los bienes como flora y fauna autóctonas, monumentos, construcciones edilicias de interés cultural o valor histórico, que deban preservarse.
Ambientalistas, críticos con la minería y la soja
Ambientalistas, críticos con la minería y la soja
Fecha de Publicación: 28/03/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional
Unas cincuenta organizaciones del país y Latinoamérica debatieron en Colón, Entre Ríos. Cuestionan a los gobiernos "la criminalización y judicialización de la protesta".
Dirigentes de asambleas ciudadanas y organizaciones no gubernamentales en defensa del ambiente analizaron en Colón, provincia de Entre Ríos, la problemática ambiental de Sudamérica y convocaron a la "unidad latinoamericana" frente a "los fuertes conflictos actuales en Argentina, como mega minería a cielo abierto, monocultivo de soja, pasteras y desertificación". Representantes de más de cincuenta grupos autónomos, de aborígenes, universitarios, investigadores y de bibliotecas populares de las provincias, Ecuador, Chile y Uruguay analizaron el mapa del ambiente en la región, con debates e informes sobre contaminación y pasivo ambiental de diversos emprendimientos. Los organizadores del encuentro dijeron que "el movimiento socio ambiental argentino propone la unidad latinoamericana para rechazar un modelo de desarrollo actualmente trágico y marginador". En ese marco, recordaron "la actualización de la alarma nuclear mundial, la matriz energética y la soberanía alimentaria". "Comenzamos a luchar en solidaridad con Gualeguaychú y a medida que nos fuimos adentrando en las problemáticas ambientales, fuimos teniendo conocimiento de los conflictos locales y nos dimos cuenta de que no somos ajenos a lo que pasa en el país y en el mundo. Hemos comprendido que todo lo que hace uno repercute en el otro", expresó Silvia Echevarria, de la Asamblea Popular Ambiental Colón Ruta 135. En el plenario de ambientalistas se cuestionó a los gobiernos por "la criminalización y judicialización de la protesta".
Fecha de Publicación: 28/03/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional
Unas cincuenta organizaciones del país y Latinoamérica debatieron en Colón, Entre Ríos. Cuestionan a los gobiernos "la criminalización y judicialización de la protesta".
Dirigentes de asambleas ciudadanas y organizaciones no gubernamentales en defensa del ambiente analizaron en Colón, provincia de Entre Ríos, la problemática ambiental de Sudamérica y convocaron a la "unidad latinoamericana" frente a "los fuertes conflictos actuales en Argentina, como mega minería a cielo abierto, monocultivo de soja, pasteras y desertificación". Representantes de más de cincuenta grupos autónomos, de aborígenes, universitarios, investigadores y de bibliotecas populares de las provincias, Ecuador, Chile y Uruguay analizaron el mapa del ambiente en la región, con debates e informes sobre contaminación y pasivo ambiental de diversos emprendimientos. Los organizadores del encuentro dijeron que "el movimiento socio ambiental argentino propone la unidad latinoamericana para rechazar un modelo de desarrollo actualmente trágico y marginador". En ese marco, recordaron "la actualización de la alarma nuclear mundial, la matriz energética y la soberanía alimentaria". "Comenzamos a luchar en solidaridad con Gualeguaychú y a medida que nos fuimos adentrando en las problemáticas ambientales, fuimos teniendo conocimiento de los conflictos locales y nos dimos cuenta de que no somos ajenos a lo que pasa en el país y en el mundo. Hemos comprendido que todo lo que hace uno repercute en el otro", expresó Silvia Echevarria, de la Asamblea Popular Ambiental Colón Ruta 135. En el plenario de ambientalistas se cuestionó a los gobiernos por "la criminalización y judicialización de la protesta".
Un acuerdo sobre la energía nuclear
Un acuerdo sobre la energía nuclear
Fecha de Publicación: 27/03/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La trágica experiencia de Japón y de otros sitios del mundo, además de los accidentes registrados en el país, torna imprescindible definir entre todos una política sobre el uso de energía nuclear.
El 30 de junio de 1983, la Central Nuclear Embalse (CNE) sufrió el peor accidente registrado en nuestro país en una planta de generación nucleoenergética. El riesgoso percance se atribuyó a una conjunción de fallas en el diseño, errores humanos y deficiencias en los manuales de operación. El accidente se mantuvo en secreto hasta 1987; cuatro años de silencio y ocultamiento, algo que no debería haber sucedido en las relaciones de la CNE y la ciudadanía de Córdoba.
Lo demuestra también la lucha interminable que libra el barrio de Alta Córdoba para que la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) relocalice Dioxitek SA, empresa que produce dióxido de uranio que utilizan las centrales atómicas de nuestro país y de la cual es accionista mayoritaria. Dioxitek acumuló en una zona densamente poblada unos 36 mil metros cúbicos de residuos de minería de uranio. Para trasladarlos a Los Gigantes (Tanti), como se había anunciado, serían necesarios unos 1.800 viajes en un camión mediano. Antes de concretar el traslado, se evalúa ahora la alternativa de “gestionar en el sitio”, lo que implica confinar de manera controlada los residuos mencionados, de acuerdo con la experiencia desarrollada en Malargüe, Mendoza.
Según denuncias de ambientalistas, Embalse tiene una historia de fugas de agua pesada contaminada, problemas de válvulas, escapes sorpresivos de vapor, daños en tubos de presión, interrupción del servicio por problemas de mantenimiento (2003, 2005, 2010), que no guardan relación con los cronogramas operativos de las centrales Candu, como la de Embalse. Además, del 29 de junio al 7 de julio de 1996 sufrió una contaminación con tritio 3 radiactivo, que se diseminó por el interior de la planta.
Todos estos elementos, además de los graves ejemplos que surgen de lo ocurrido en Japón y en otros sitios del mundo, deberían obligar a las autoridades argentinas, la oposición política y a los sectores económicos a debatir con responsabilidad el uso de la generación nuclear. En definitiva, estamos hablando de la energía que el país tendrá en sus próximos 20 ó 30 años.
Aunque este tipo de acuerdo aparece como improbable, dadas nuestras tradiciones, y que sólo restan siete meses para una crucial elección presidencial, su definición aparece como una verdadera política de Estado, de esas que no abundan en el país.
Argentina tendrá a comienzos de 2012 dos centrales nucleares en funcionamiento en Lima, provincia de Buenos Aires, además de la de Embalse, sobre la cual se decidió prorrogar su vida útil otros 25 años. Al tiempo que se necesitan programas de entrenamiento y prevención continuos para evitar desastres como los vividos en el mundo, el debate de las fuentes de energía debería ser un capítulo prioritario para un desarrollo sustentable.
Fecha de Publicación: 27/03/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La trágica experiencia de Japón y de otros sitios del mundo, además de los accidentes registrados en el país, torna imprescindible definir entre todos una política sobre el uso de energía nuclear.
El 30 de junio de 1983, la Central Nuclear Embalse (CNE) sufrió el peor accidente registrado en nuestro país en una planta de generación nucleoenergética. El riesgoso percance se atribuyó a una conjunción de fallas en el diseño, errores humanos y deficiencias en los manuales de operación. El accidente se mantuvo en secreto hasta 1987; cuatro años de silencio y ocultamiento, algo que no debería haber sucedido en las relaciones de la CNE y la ciudadanía de Córdoba.
Lo demuestra también la lucha interminable que libra el barrio de Alta Córdoba para que la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) relocalice Dioxitek SA, empresa que produce dióxido de uranio que utilizan las centrales atómicas de nuestro país y de la cual es accionista mayoritaria. Dioxitek acumuló en una zona densamente poblada unos 36 mil metros cúbicos de residuos de minería de uranio. Para trasladarlos a Los Gigantes (Tanti), como se había anunciado, serían necesarios unos 1.800 viajes en un camión mediano. Antes de concretar el traslado, se evalúa ahora la alternativa de “gestionar en el sitio”, lo que implica confinar de manera controlada los residuos mencionados, de acuerdo con la experiencia desarrollada en Malargüe, Mendoza.
Según denuncias de ambientalistas, Embalse tiene una historia de fugas de agua pesada contaminada, problemas de válvulas, escapes sorpresivos de vapor, daños en tubos de presión, interrupción del servicio por problemas de mantenimiento (2003, 2005, 2010), que no guardan relación con los cronogramas operativos de las centrales Candu, como la de Embalse. Además, del 29 de junio al 7 de julio de 1996 sufrió una contaminación con tritio 3 radiactivo, que se diseminó por el interior de la planta.
Todos estos elementos, además de los graves ejemplos que surgen de lo ocurrido en Japón y en otros sitios del mundo, deberían obligar a las autoridades argentinas, la oposición política y a los sectores económicos a debatir con responsabilidad el uso de la generación nuclear. En definitiva, estamos hablando de la energía que el país tendrá en sus próximos 20 ó 30 años.
Aunque este tipo de acuerdo aparece como improbable, dadas nuestras tradiciones, y que sólo restan siete meses para una crucial elección presidencial, su definición aparece como una verdadera política de Estado, de esas que no abundan en el país.
Argentina tendrá a comienzos de 2012 dos centrales nucleares en funcionamiento en Lima, provincia de Buenos Aires, además de la de Embalse, sobre la cual se decidió prorrogar su vida útil otros 25 años. Al tiempo que se necesitan programas de entrenamiento y prevención continuos para evitar desastres como los vividos en el mundo, el debate de las fuentes de energía debería ser un capítulo prioritario para un desarrollo sustentable.
Las tierras de los wichís
Las tierras de los wichís
Fecha de Publicación: 27/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La Cámara federal salteña reconoció los derechos de tres comunidades wichís en Tartagal sobre los territorios que ocupan. Así, puso un freno a los desmontes en la zona.
Cinco años después de acudir a la Justicia salteña para defender sus derechos sobre tierras que ocupan desde siempre, las comunidades wichís de El Traslado, El Escrito y Zopota lograron un reconocimiento parcial a partir de un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia. La resolución judicial –que revocó otra de primera instancia– le ordenó al Estado nacional que “inicie de inmediato la demarcación y delimitación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades” mencionadas “conforme a los usos y pautas culturales reconocidas” por la Constitución nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El recurso de amparo había sido presentado en 2006 por más de 60 familias que estaban siendo virtualmente expulsadas de sus dominios, a partir del desmonte compulsivo que sufrían sus tierras, a manos de los productores sojeros. La Cámara salteña estableció un plazo de 90 días hábiles –desde la notificación–, para que se ejecute la tarea de delimitación territorial.
En cambio, los jueces eludieron expedirse sobre la pretensión de las comunidades de obtener al mismo tiempo la titularidad definitiva de las tierras en las que viven. Los camaristas Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, Roberto Loutayf Ranea y Jorge Luis Villada consideraron sobre ese punto que “siendo posible que puedan existir derechos contrapuestos a los invocados” por los wichís en cuanto “a la propiedad que invocan sobre las tierras que ocupan” resulta necesario “un marco procesal que garantice un mayor debate a fin de determinar” si existen colonos que reclaman derechos de propiedad en sectores de esos territorios.
A pesar de lo parcial del fallo, los wichís, representados en esta causa por el abogado Matías Duarte, expresaron su satisfacción por el fallo de la Cámara de Apelaciones de Salta, al que calificaron de “sin precedentes en el fuero federal” del país. La causa se había iniciado, a mediados de 2006, en el Juzgado federal de Orán a cargo de Raúl Reynoso, quien rechazó la demanda de demarcación, delimitación y titularidad en todos sus términos. Como la Cámara ordenó que se realice la demarcación y delimitación de los territorios de las tres comunidades, pero se excusó de resolver el tema de los títulos de propiedad, este punto será ahora apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En su sentencia, la Cámara recordó que los artículos 75 inciso 17 de la Constitución nacional, el 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14 del Convenio 169 de la OIT “otorgan protección a las comunidades indígenas en las cuestiones atinentes a la posesión y propiedad sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. Los camaristas señalaron que está debidamente probada en la causa “la condición de las actoras como comunidades indígenas preexistentes; la ocupación tradicional y actual de las tierras en las que se hallan instaladas y la estrecha relación que tienen con ellas y los recursos naturales, vínculo que conlleva a su identidad y cultura”.
Los jueces precisaron que los derechos de las comunidades wichís quedaron demostrados a partir de los informes de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Salta y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), de las declaraciones testimoniales de Ana Laura Alvarez y Claudia Elizabeth Lungu y de las conclusiones a las que arribaron los antropólogos Buliubasich y Rodríguez, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Salta.
En el texto de la resolución, la Cámara dejó constancia, también, de las referencias que se hicieron en la presentación judicial sobre “los desmontes efectuados en la zona de residencia” de las comunidades y de “los daños graves que estas prácticas” implican. En septiembre de 2008, cuando Página/12 recorrió las tres comunidades wichís, ubicadas a unos 100 kilómetros de la ciudad salteña de Tartagal, en apenas cuatro años habían de- saparecido 807 mil hectáreas de montes en la provincia. Los desmontes, aprobados por el gobierno de Salta, provocaron al menos la pérdida de unas diez mil hectáreas de bosques en los territorios de las tres comunidades wichís y las topadoras seguían trabajando en esas zonas, junto con el avance de las plantaciones de soja.
Con la documentación reunida, los camaristas concluyeron que “puede afirmarse que en los términos de las normas legales citadas las (comunidades) accionantes resultan ser titulares de los derechos a la determinación y regularización dominial de las extensiones que ocupan”, citando en ese mismo sentido un informe del defensor del Pueblo de la Nación. Al mismo tiempo se dejó presente que el Estado nacional “ha omitido materializar esos derechos” hasta el presente “acarreando con ello un perjuicio a las comunidades” que presentaron el recurso.
Las comunidades denunciaron que los desmontes afectaron a más de 60 familias de los cuarenta mil wichís que viven en la provincia. Lo sucedido les impide el acceso a los recursos naturales y a las fuentes de agua porque se han puesto alambradas y tranqueras en lugares donde no existían. Además, “se han desencadenado conflictos locales y los líderes de las comunidades han sido objeto de múltiples denuncias penales por parte de los titulares registrales de las tierras sobre las cuales, ahora, se les ha reconocido sus derechos constitucionales. Las denuncias han buscado hacer desistir a los líderes de su lucha en la defensa de su territorio, provocando la criminalización de los líderes comunitarios”.
Luego de resaltar que el fallo de la Cámara de Salta es “un importante reconocimiento” a sus derechos “a la tierra y territorio”, los wichís recalcaron que ahora insistirán “para que se cumpla la sentencia y para que se ordene al Estado nacional a poner las tierras a nombre” de las comunidades de El Traslado, El Escrito y Zopota.
Fecha de Publicación: 27/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La Cámara federal salteña reconoció los derechos de tres comunidades wichís en Tartagal sobre los territorios que ocupan. Así, puso un freno a los desmontes en la zona.
Cinco años después de acudir a la Justicia salteña para defender sus derechos sobre tierras que ocupan desde siempre, las comunidades wichís de El Traslado, El Escrito y Zopota lograron un reconocimiento parcial a partir de un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia. La resolución judicial –que revocó otra de primera instancia– le ordenó al Estado nacional que “inicie de inmediato la demarcación y delimitación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades” mencionadas “conforme a los usos y pautas culturales reconocidas” por la Constitución nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El recurso de amparo había sido presentado en 2006 por más de 60 familias que estaban siendo virtualmente expulsadas de sus dominios, a partir del desmonte compulsivo que sufrían sus tierras, a manos de los productores sojeros. La Cámara salteña estableció un plazo de 90 días hábiles –desde la notificación–, para que se ejecute la tarea de delimitación territorial.
En cambio, los jueces eludieron expedirse sobre la pretensión de las comunidades de obtener al mismo tiempo la titularidad definitiva de las tierras en las que viven. Los camaristas Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, Roberto Loutayf Ranea y Jorge Luis Villada consideraron sobre ese punto que “siendo posible que puedan existir derechos contrapuestos a los invocados” por los wichís en cuanto “a la propiedad que invocan sobre las tierras que ocupan” resulta necesario “un marco procesal que garantice un mayor debate a fin de determinar” si existen colonos que reclaman derechos de propiedad en sectores de esos territorios.
A pesar de lo parcial del fallo, los wichís, representados en esta causa por el abogado Matías Duarte, expresaron su satisfacción por el fallo de la Cámara de Apelaciones de Salta, al que calificaron de “sin precedentes en el fuero federal” del país. La causa se había iniciado, a mediados de 2006, en el Juzgado federal de Orán a cargo de Raúl Reynoso, quien rechazó la demanda de demarcación, delimitación y titularidad en todos sus términos. Como la Cámara ordenó que se realice la demarcación y delimitación de los territorios de las tres comunidades, pero se excusó de resolver el tema de los títulos de propiedad, este punto será ahora apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En su sentencia, la Cámara recordó que los artículos 75 inciso 17 de la Constitución nacional, el 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14 del Convenio 169 de la OIT “otorgan protección a las comunidades indígenas en las cuestiones atinentes a la posesión y propiedad sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. Los camaristas señalaron que está debidamente probada en la causa “la condición de las actoras como comunidades indígenas preexistentes; la ocupación tradicional y actual de las tierras en las que se hallan instaladas y la estrecha relación que tienen con ellas y los recursos naturales, vínculo que conlleva a su identidad y cultura”.
Los jueces precisaron que los derechos de las comunidades wichís quedaron demostrados a partir de los informes de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Salta y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), de las declaraciones testimoniales de Ana Laura Alvarez y Claudia Elizabeth Lungu y de las conclusiones a las que arribaron los antropólogos Buliubasich y Rodríguez, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Salta.
En el texto de la resolución, la Cámara dejó constancia, también, de las referencias que se hicieron en la presentación judicial sobre “los desmontes efectuados en la zona de residencia” de las comunidades y de “los daños graves que estas prácticas” implican. En septiembre de 2008, cuando Página/12 recorrió las tres comunidades wichís, ubicadas a unos 100 kilómetros de la ciudad salteña de Tartagal, en apenas cuatro años habían de- saparecido 807 mil hectáreas de montes en la provincia. Los desmontes, aprobados por el gobierno de Salta, provocaron al menos la pérdida de unas diez mil hectáreas de bosques en los territorios de las tres comunidades wichís y las topadoras seguían trabajando en esas zonas, junto con el avance de las plantaciones de soja.
Con la documentación reunida, los camaristas concluyeron que “puede afirmarse que en los términos de las normas legales citadas las (comunidades) accionantes resultan ser titulares de los derechos a la determinación y regularización dominial de las extensiones que ocupan”, citando en ese mismo sentido un informe del defensor del Pueblo de la Nación. Al mismo tiempo se dejó presente que el Estado nacional “ha omitido materializar esos derechos” hasta el presente “acarreando con ello un perjuicio a las comunidades” que presentaron el recurso.
Las comunidades denunciaron que los desmontes afectaron a más de 60 familias de los cuarenta mil wichís que viven en la provincia. Lo sucedido les impide el acceso a los recursos naturales y a las fuentes de agua porque se han puesto alambradas y tranqueras en lugares donde no existían. Además, “se han desencadenado conflictos locales y los líderes de las comunidades han sido objeto de múltiples denuncias penales por parte de los titulares registrales de las tierras sobre las cuales, ahora, se les ha reconocido sus derechos constitucionales. Las denuncias han buscado hacer desistir a los líderes de su lucha en la defensa de su territorio, provocando la criminalización de los líderes comunitarios”.
Luego de resaltar que el fallo de la Cámara de Salta es “un importante reconocimiento” a sus derechos “a la tierra y territorio”, los wichís recalcaron que ahora insistirán “para que se cumpla la sentencia y para que se ordene al Estado nacional a poner las tierras a nombre” de las comunidades de El Traslado, El Escrito y Zopota.
Bosque nativo: pilar del desarrollo sustentable
Preservar el bosque nativo, pilar del desarrollo sustentable
Fecha de Publicación: 26/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por Silvia A. Révora
Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
La celebración del Día Mundial de los Bosques Nativos, el 21 de marzo último, da lugar a reflexionar acerca de esta problemática. Los bosques están en retroceso a nivel mundial debido, fundamentalmente, al avance de la frontera agropecuaria y a las actividades extractivas e industriales. Nuestro país no es la excepción. El Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación estableció que su superficie asciende a 33.190.442 hectáreas, y que se perdieron más de dos tercios en casi un siglo, dado que en 1914 se calculaban 106 millones de hectáreas cubiertas por masas forestales nativas.
La ciudadanía en general tiene una visión romántica del bosque nativo. En el imaginario colectivo se asocia con la belleza de los bosques del sur patagónico o con la selva misionera o El Impenetrable chaqueño, habitado por una fauna que en general desconocemos.
Pero los bosques nativos cumplen en la biosfera funciones esenciales en la preservación de la vida: protegen las cuencas, retienen el agua, regulan el clima, fijan y conservan los suelos, son sistemas de alta diversidad biológica, brindan productos madereros y no madereros (como miel, frutos, flores, esencias, semillas), son fuente de materias primas de la industria farmacéutica y constituyen el hábitat de nuestros pueblos aborígenes y campesinos.
Su deforestación y degradación generan serios problemas ambientales con un fuerte impacto social. Recordemos el caso de Tartagal, Salta, donde la deforestación de la alta cuenca provocó un alud que generó muertes, arrasó con viviendas, caminos y puentes, con la consabida erosión y pérdida del suelo.
La Ley Nacional 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, votada por el Congreso de la Nación, establece por primera vez en 200 años de nuestra historia una política nacional de protección, conservación, recuperación y utilización sustentable de los bosques nativos. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, como autoridad de aplicación, ha iniciado a través de mecanismos de concertación con las provincias un proceso de fortalecimiento conjunto a fin de lograr la efectiva implementación de esta ley.
Es así que, hasta la fecha, se han desarrollado acciones impulsadas desde el gobierno nacional, que demuestran la voluntad política de profundizar y materializar el espíritu de la norma.
En 2009, la SAyDS asignó recursos para apoyar proyectos experimentales, financiando en todo el país ciento once planes trienales de manejo y conservación de bosques nativos por un monto de 101.139.619 pesos. De esta cifra, ya se han transferido a las provincias ejecutoras 42.925.138 pesos.
Asimismo, se ha asistido a las provincias con la suma de 3.403.013 pesos para la realización del Ordenamiento Territorial, pues aquellas que no lo han realizado por ley no pueden solicitar fondos para proyectos específicos de preservación y manejo. En síntesis, durante el período 2009/2010, el Estado nacional pagó o pagará a las provincias 143.895.877 pesos, debido a que los fondos transferidos deben ser rendidos para que se efectivicen nuevas transferencias.
El 30 de marzo nos reuniremos con las provincias para realizar la distribución de 300 millones de pesos del año 2011.
De esta suma, le corresponden a esta Subsecretaría 20 millones de pesos para su fortalecimiento institucional. No obstante, se ha decidido reasignar este monto a las 23 provincias para que parte de estos recursos sean destinados a proyectos dirigidos a los campesinos y aborígenes que habitan el bosque nativo.
Se ha decidido crear un Observatorio de Seguimiento del Cumplimiento de la Ley a fin que universidades, organizaciones no gubernamentales y cámaras empresariales colaboren con la Secretaría en la defensa y conservación del patrimonio forestal nativo.
Cabe señalar que esta política de Estado se inscribe en una estrategia nacional de desarrollo sustentable con equidad social.
Fecha de Publicación: 26/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por Silvia A. Révora
Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
La celebración del Día Mundial de los Bosques Nativos, el 21 de marzo último, da lugar a reflexionar acerca de esta problemática. Los bosques están en retroceso a nivel mundial debido, fundamentalmente, al avance de la frontera agropecuaria y a las actividades extractivas e industriales. Nuestro país no es la excepción. El Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación estableció que su superficie asciende a 33.190.442 hectáreas, y que se perdieron más de dos tercios en casi un siglo, dado que en 1914 se calculaban 106 millones de hectáreas cubiertas por masas forestales nativas.
La ciudadanía en general tiene una visión romántica del bosque nativo. En el imaginario colectivo se asocia con la belleza de los bosques del sur patagónico o con la selva misionera o El Impenetrable chaqueño, habitado por una fauna que en general desconocemos.
Pero los bosques nativos cumplen en la biosfera funciones esenciales en la preservación de la vida: protegen las cuencas, retienen el agua, regulan el clima, fijan y conservan los suelos, son sistemas de alta diversidad biológica, brindan productos madereros y no madereros (como miel, frutos, flores, esencias, semillas), son fuente de materias primas de la industria farmacéutica y constituyen el hábitat de nuestros pueblos aborígenes y campesinos.
Su deforestación y degradación generan serios problemas ambientales con un fuerte impacto social. Recordemos el caso de Tartagal, Salta, donde la deforestación de la alta cuenca provocó un alud que generó muertes, arrasó con viviendas, caminos y puentes, con la consabida erosión y pérdida del suelo.
La Ley Nacional 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, votada por el Congreso de la Nación, establece por primera vez en 200 años de nuestra historia una política nacional de protección, conservación, recuperación y utilización sustentable de los bosques nativos. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, como autoridad de aplicación, ha iniciado a través de mecanismos de concertación con las provincias un proceso de fortalecimiento conjunto a fin de lograr la efectiva implementación de esta ley.
Es así que, hasta la fecha, se han desarrollado acciones impulsadas desde el gobierno nacional, que demuestran la voluntad política de profundizar y materializar el espíritu de la norma.
En 2009, la SAyDS asignó recursos para apoyar proyectos experimentales, financiando en todo el país ciento once planes trienales de manejo y conservación de bosques nativos por un monto de 101.139.619 pesos. De esta cifra, ya se han transferido a las provincias ejecutoras 42.925.138 pesos.
Asimismo, se ha asistido a las provincias con la suma de 3.403.013 pesos para la realización del Ordenamiento Territorial, pues aquellas que no lo han realizado por ley no pueden solicitar fondos para proyectos específicos de preservación y manejo. En síntesis, durante el período 2009/2010, el Estado nacional pagó o pagará a las provincias 143.895.877 pesos, debido a que los fondos transferidos deben ser rendidos para que se efectivicen nuevas transferencias.
El 30 de marzo nos reuniremos con las provincias para realizar la distribución de 300 millones de pesos del año 2011.
De esta suma, le corresponden a esta Subsecretaría 20 millones de pesos para su fortalecimiento institucional. No obstante, se ha decidido reasignar este monto a las 23 provincias para que parte de estos recursos sean destinados a proyectos dirigidos a los campesinos y aborígenes que habitan el bosque nativo.
Se ha decidido crear un Observatorio de Seguimiento del Cumplimiento de la Ley a fin que universidades, organizaciones no gubernamentales y cámaras empresariales colaboren con la Secretaría en la defensa y conservación del patrimonio forestal nativo.
Cabe señalar que esta política de Estado se inscribe en una estrategia nacional de desarrollo sustentable con equidad social.
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