Cambios en proyecto Atucha III
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Crisis de Japón forzó cambios en proyecto Atucha III
Fecha de Publicación: 16/03/2011
Fuente: NOSIS
Provincia/Región: Nacional
La crisis nuclear producida en Japón tendrá consecuencias para el Plan Nuclear de la Argentina, que persigue reducir la participación del 52 por ciento que tiene el gas natural dentro de la composición de la matriz energética nacional.
En medio de un trabajo que debería madurar en junio próximo con el lanzamiento de una licitación internacional para contratar la compra de una cuarta planta nuclear (Atucha III), que podría tener dos módulos de 1.000 MW cada uno, ya tomó cuerpo la idea de comprar reactores de uranio enriquecido, que responde a una tecnología de tercera generación.
Ello implicaría abandonar la idea de una usina de segunda generación, tal como Embalse o Atucha II, que funcionan con uranio natural, informó hoy el diario BAE, explicando que la adjudicación deberá cumplir estrictos requisitos de una abierta transferencia de tecnología, la fabricación local de elementos combustibles y amplias condiciones de financiamiento para encarar un proyecto mayor a los 5.000 millones de dólares.
El financiamiento es clave, ya que no se espera el apoyo de los organismos internacionales de crédito.
Así, la experiencia de la situación en la central atómica de Fukushima tendrá incidencia en la Argentina, porque el futuro encargo de estos dos reactores de potencia no responderá a los tipos de PHWR (agua pesada presurizada).
El sismo del pasado viernes en Japón, que alcanzó un nivel de 9 en la escala abierta de Richter, no afectó los edificios que contienen las propias unidades generadoras, pero sí las instalaciones auxiliares que permiten el funcionamiento seguro de los reactores.
Atucha I y II, y la futura tercera central, están en la localidad bonaerense de Lima, zona considerada de nula sismicidad. La central de Embalse, en Río Tercero (Córdoba), está en una zona de baja sismicidad.
Fecha de Publicación: 16/03/2011
Fuente: NOSIS
Provincia/Región: Nacional
La crisis nuclear producida en Japón tendrá consecuencias para el Plan Nuclear de la Argentina, que persigue reducir la participación del 52 por ciento que tiene el gas natural dentro de la composición de la matriz energética nacional.
En medio de un trabajo que debería madurar en junio próximo con el lanzamiento de una licitación internacional para contratar la compra de una cuarta planta nuclear (Atucha III), que podría tener dos módulos de 1.000 MW cada uno, ya tomó cuerpo la idea de comprar reactores de uranio enriquecido, que responde a una tecnología de tercera generación.
Ello implicaría abandonar la idea de una usina de segunda generación, tal como Embalse o Atucha II, que funcionan con uranio natural, informó hoy el diario BAE, explicando que la adjudicación deberá cumplir estrictos requisitos de una abierta transferencia de tecnología, la fabricación local de elementos combustibles y amplias condiciones de financiamiento para encarar un proyecto mayor a los 5.000 millones de dólares.
El financiamiento es clave, ya que no se espera el apoyo de los organismos internacionales de crédito.
Así, la experiencia de la situación en la central atómica de Fukushima tendrá incidencia en la Argentina, porque el futuro encargo de estos dos reactores de potencia no responderá a los tipos de PHWR (agua pesada presurizada).
El sismo del pasado viernes en Japón, que alcanzó un nivel de 9 en la escala abierta de Richter, no afectó los edificios que contienen las propias unidades generadoras, pero sí las instalaciones auxiliares que permiten el funcionamiento seguro de los reactores.
Atucha I y II, y la futura tercera central, están en la localidad bonaerense de Lima, zona considerada de nula sismicidad. La central de Embalse, en Río Tercero (Córdoba), está en una zona de baja sismicidad.
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En pos del desarrollo sustentable.
Ambiente y Trabajo firmarán un convenio para trabajar en pos del desarrollo sustentable
Fecha de Publicación: 16/03/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
En concordancia con el Plan Integral para la Promoción del Empleo dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, mañana, en la sede de la cartera ambiental, el secretario de Ambiente de la Nación, Dr. Juan José Mussi, firmará con el secretario de Empleo, Lic. Enrique Deibe, un convenio tendiente al fortalecimiento e integración de las políticas públicas en materia de empleo y de ambiente, en el marco del desarrollo sustentable.
El acto se llevará a cabo a las 15h en la secretaría de Ambiente- sita en San Martín 451- y contará con la presencia de representantes del movimiento obrero organizado, técnicos y autoridades nacionales.
El convenio, por su parte, apunta a crear una instancia de cooperación, mutuo asesoramiento y transferencia de información científica, técnica y profesional, a la integración de grupos de trabajo de interés común y a la realización de actividades conjuntas.
En tal sentido, se busca promover el desarrollo de las competencias para la inserción de los trabajadores desocupados y la capacitación en distintas temáticas ambientales como producción limpia y residuos sólidos urbanos, entre otras, de los delegados y trabajadores.
El acuerdo se suma a las acciones que ambas dependencias de gobierno vienen llevando a cabo como la reciente incorporación de las cláusulas ambientales en los convenios colectivos de trabajo.
Fecha de Publicación: 16/03/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
En concordancia con el Plan Integral para la Promoción del Empleo dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, mañana, en la sede de la cartera ambiental, el secretario de Ambiente de la Nación, Dr. Juan José Mussi, firmará con el secretario de Empleo, Lic. Enrique Deibe, un convenio tendiente al fortalecimiento e integración de las políticas públicas en materia de empleo y de ambiente, en el marco del desarrollo sustentable.
El acto se llevará a cabo a las 15h en la secretaría de Ambiente- sita en San Martín 451- y contará con la presencia de representantes del movimiento obrero organizado, técnicos y autoridades nacionales.
El convenio, por su parte, apunta a crear una instancia de cooperación, mutuo asesoramiento y transferencia de información científica, técnica y profesional, a la integración de grupos de trabajo de interés común y a la realización de actividades conjuntas.
En tal sentido, se busca promover el desarrollo de las competencias para la inserción de los trabajadores desocupados y la capacitación en distintas temáticas ambientales como producción limpia y residuos sólidos urbanos, entre otras, de los delegados y trabajadores.
El acuerdo se suma a las acciones que ambas dependencias de gobierno vienen llevando a cabo como la reciente incorporación de las cláusulas ambientales en los convenios colectivos de trabajo.
Incertidumbre por ubicación de la planta de RSU
Crece la incertidumbre por la ubicación de la planta de residuos
Fecha de Publicación: 15/03/2011
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde que se abrieron los sobres del pliego de licitación para la construcción de la planta de residuos hasta el día de hoy, la pregunta sin respuesta sigue siendo la misma: cuál será el barrio platense que albergará tal establecimiento.
Como lo afirmó este medio en la edición de ayer, el diputado provincial y hermano del intendente, Gabriel Bruera, se reunió con la asamblea de Etcheverry y aseguró que la planta no se construirá en dicho territorio, con lo cual el debate se volvió a disparar sin certezas de cuándo concluirá. “Etcheverry nunca fue una posibilidad. Estamos estudiando el tema, para poder resolverlo. Estamos trabajando con la Provincia ayudando a responder el pedido de la Corte”, indicó a Hoy Sergio Federovisky, titular de la Agencia Ambiental. Asimismo, desde el oficialismo evitaron aventurar una fecha límite para realizar el anuncio tan esperado.
Por otra parte, vecinos movilizados no creen que se vuelvan a considerar las opciones ya descartadas. “Lo que dijo Bruera es que la planta no viene a ninguna zona del corredor de la ruta 2, o sea que se descarta Abasto, Olmos, Etcheverry, Poblet, entre otros. Nosotros seguimos atentos esperando que cumplan con las promesas de que la planta no va a venir a Abasto”, aseguró a Hoy Enrique Foresi, referente de la asamblea vecinal de Abasto.
Los rumores primaron sobre las certezas durante el lapso en el que se decidió que la planta central se construiría en la ciudad. Cabe recordar que, al principio de la discusión, circuló la zona de Poblet como el lugar elegido, pero la resistencia vecinal, que planteaba que se contaminaría el acuífero Puelche, impidió que tal iniciativa prosperara.
En el mismo sentido, empezó a resonar en los pasillos municipales la posibilidad de que Abasto fuera el barrio que albergaría a dicho establecimiento, idea que empezó a diluirse con una nueva negativa vecinal, que veía peligrar el desarrollo de la actividad florifrutihortícola de la región.
Más allá de las idas y vueltas, las próximas semanas serán cruciales para una decisión definitiva en lo que respecta una problemática que no afecta sólo a esa ciudad, sino al conjunto del Gran La Plata y la región.
Fecha de Publicación: 15/03/2011
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde que se abrieron los sobres del pliego de licitación para la construcción de la planta de residuos hasta el día de hoy, la pregunta sin respuesta sigue siendo la misma: cuál será el barrio platense que albergará tal establecimiento.
Como lo afirmó este medio en la edición de ayer, el diputado provincial y hermano del intendente, Gabriel Bruera, se reunió con la asamblea de Etcheverry y aseguró que la planta no se construirá en dicho territorio, con lo cual el debate se volvió a disparar sin certezas de cuándo concluirá. “Etcheverry nunca fue una posibilidad. Estamos estudiando el tema, para poder resolverlo. Estamos trabajando con la Provincia ayudando a responder el pedido de la Corte”, indicó a Hoy Sergio Federovisky, titular de la Agencia Ambiental. Asimismo, desde el oficialismo evitaron aventurar una fecha límite para realizar el anuncio tan esperado.
Por otra parte, vecinos movilizados no creen que se vuelvan a considerar las opciones ya descartadas. “Lo que dijo Bruera es que la planta no viene a ninguna zona del corredor de la ruta 2, o sea que se descarta Abasto, Olmos, Etcheverry, Poblet, entre otros. Nosotros seguimos atentos esperando que cumplan con las promesas de que la planta no va a venir a Abasto”, aseguró a Hoy Enrique Foresi, referente de la asamblea vecinal de Abasto.
Los rumores primaron sobre las certezas durante el lapso en el que se decidió que la planta central se construiría en la ciudad. Cabe recordar que, al principio de la discusión, circuló la zona de Poblet como el lugar elegido, pero la resistencia vecinal, que planteaba que se contaminaría el acuífero Puelche, impidió que tal iniciativa prosperara.
En el mismo sentido, empezó a resonar en los pasillos municipales la posibilidad de que Abasto fuera el barrio que albergaría a dicho establecimiento, idea que empezó a diluirse con una nueva negativa vecinal, que veía peligrar el desarrollo de la actividad florifrutihortícola de la región.
Más allá de las idas y vueltas, las próximas semanas serán cruciales para una decisión definitiva en lo que respecta una problemática que no afecta sólo a esa ciudad, sino al conjunto del Gran La Plata y la región.
Originarios Salta y Jujuy rechazan a mineras
Pueblos Originarios Salta y Jujuy rechazan a mineras
Fecha de Publicación: 15/03/2011
Fuente: NoalaMina
Provincia/Región: Salta y Jujuy
"Las comunidades aborígenes abajo firmantes habitamos desde tiempos ancestrales la cuenca de la Laguna de Guayatayoc y Salinas Grandes, todas fuimos reconocidas jurídicamente por el Estado.
Somos descendientes de los pueblos que originalmente habitaron estas tierras, y hemos aprendido de nuestros Abuelos a cuidar y proteger nuestro territorio, el cual desde el Siglo XIX forma parte del Estado argentino. Como comunidades indígenas hemos realizado permanentes reclamos para que nos titularicen las tierras que habitamos. Con alegría y esperanza hemos recibido el anuncio del reconocimiento de nuestros derechos. Imaginamos que por fin íbamos a poder concretar la plena posesión de nuestras tierras.
Sin embargo, hasta hoy no lo hemos logrado, el Gobierno Provincial no cumple con lo ordenado por la Constitución Nacional ni por la sentencia judicial que así le ordena. No obstante, seguiremos luchando, utilizando todas las herramientas jurídicas existentes hasta lograr la plena devolución y regularización de las mismas.
Durante el año pasado, con preocupación, comenzamos a ser testigos mudos de una nueva actividad en la región, nadie nos informó nada a pesar de la vigencia de derechos que exigen que nos consulten (Constitución Nacional, articulo 6 del Convenio 169 de la OIT). Nos enteramos por rumores y por los medios de prensa, que habían descubierto litio en el subsuelo de los salares de la Puna de Salta y Jujuy.
Todos los anuncios del Gobierno, daban cuenta de la importancia de este nuevo emprendimiento para la economía nacional e internacional. Sin embargo, nadie dijo nada de cómo esta nueva explotación nos puede afectar a las comunidades y a nuestro territorio: a las salinas, a las vertientes de agua, a los pastos, a nuestros ganados, a la Pacha, a nuestras costumbres y creencias,etc. En síntesis: a toda nuestra vida.
Primeramente recurrimos a las autoridades para que nos informen, pero nos dijeron que no pasaba nada. Viendo que los movimientos continuaban y el silencio también, nos reunimos todas las comunidades hermanas y comprobando que el gobierno salteño tenía igual comportamiento, en el mes de Noviembre de 2010 decidimos presentar una demanda de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Estado provincial de Jujuy, de Salta y del Estado Nacional, por: "la manifiestamente arbitraria e ilegal autorización y/o cualquier acto administrativo dictado por las autoridades respectivas de cada Provincia, que otorguen permisos de exploración y/o cateo o explotación de minerales, en el territorio habitado por las comunidades indígenas, sin haber cumplido con las normas del debido proceso y las garantías necesarias que permitan el acceso al trámite y el ejercicio cabal de sus derechos reconocidos en la Constitución Nacional e instrumentos internacionales a la consulta previa, libre e informada.
Solicitando a la Corte que disponga el cese inmediato de los trabajos y/o actividades que realicen las Empresas mineras, en la zona denunciada, hasta tanto se establezcan los mecanismos necesarias que garanticen las reglas del debido proceso".
En este momento estamos a la espera de la respuesta de la Corte. También rechazamos las citaciones que algunas comunidades compulsivamente están recibiendo de manos de las empresas mineras a una reunión en Unidad de Gestión Ambiental Minera, para tratar evaluaciones de impacto ambiental de las empresas mineras. Reiteramos, no se ha realizado la consulta previa a las comunidades a cualquier proyecto de exploración y/o prospección. También nos enteramos por medios periodísticos de la declaración de litio como recurso estratégico, sin consulta prvia a las comunidades que habitamos la zona de la cuenca Salinas Grandes".
Fecha de Publicación: 15/03/2011
Fuente: NoalaMina
Provincia/Región: Salta y Jujuy
"Las comunidades aborígenes abajo firmantes habitamos desde tiempos ancestrales la cuenca de la Laguna de Guayatayoc y Salinas Grandes, todas fuimos reconocidas jurídicamente por el Estado.
Somos descendientes de los pueblos que originalmente habitaron estas tierras, y hemos aprendido de nuestros Abuelos a cuidar y proteger nuestro territorio, el cual desde el Siglo XIX forma parte del Estado argentino. Como comunidades indígenas hemos realizado permanentes reclamos para que nos titularicen las tierras que habitamos. Con alegría y esperanza hemos recibido el anuncio del reconocimiento de nuestros derechos. Imaginamos que por fin íbamos a poder concretar la plena posesión de nuestras tierras.
Sin embargo, hasta hoy no lo hemos logrado, el Gobierno Provincial no cumple con lo ordenado por la Constitución Nacional ni por la sentencia judicial que así le ordena. No obstante, seguiremos luchando, utilizando todas las herramientas jurídicas existentes hasta lograr la plena devolución y regularización de las mismas.
Durante el año pasado, con preocupación, comenzamos a ser testigos mudos de una nueva actividad en la región, nadie nos informó nada a pesar de la vigencia de derechos que exigen que nos consulten (Constitución Nacional, articulo 6 del Convenio 169 de la OIT). Nos enteramos por rumores y por los medios de prensa, que habían descubierto litio en el subsuelo de los salares de la Puna de Salta y Jujuy.
Todos los anuncios del Gobierno, daban cuenta de la importancia de este nuevo emprendimiento para la economía nacional e internacional. Sin embargo, nadie dijo nada de cómo esta nueva explotación nos puede afectar a las comunidades y a nuestro territorio: a las salinas, a las vertientes de agua, a los pastos, a nuestros ganados, a la Pacha, a nuestras costumbres y creencias,etc. En síntesis: a toda nuestra vida.
Primeramente recurrimos a las autoridades para que nos informen, pero nos dijeron que no pasaba nada. Viendo que los movimientos continuaban y el silencio también, nos reunimos todas las comunidades hermanas y comprobando que el gobierno salteño tenía igual comportamiento, en el mes de Noviembre de 2010 decidimos presentar una demanda de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Estado provincial de Jujuy, de Salta y del Estado Nacional, por: "la manifiestamente arbitraria e ilegal autorización y/o cualquier acto administrativo dictado por las autoridades respectivas de cada Provincia, que otorguen permisos de exploración y/o cateo o explotación de minerales, en el territorio habitado por las comunidades indígenas, sin haber cumplido con las normas del debido proceso y las garantías necesarias que permitan el acceso al trámite y el ejercicio cabal de sus derechos reconocidos en la Constitución Nacional e instrumentos internacionales a la consulta previa, libre e informada.
Solicitando a la Corte que disponga el cese inmediato de los trabajos y/o actividades que realicen las Empresas mineras, en la zona denunciada, hasta tanto se establezcan los mecanismos necesarias que garanticen las reglas del debido proceso".
En este momento estamos a la espera de la respuesta de la Corte. También rechazamos las citaciones que algunas comunidades compulsivamente están recibiendo de manos de las empresas mineras a una reunión en Unidad de Gestión Ambiental Minera, para tratar evaluaciones de impacto ambiental de las empresas mineras. Reiteramos, no se ha realizado la consulta previa a las comunidades a cualquier proyecto de exploración y/o prospección. También nos enteramos por medios periodísticos de la declaración de litio como recurso estratégico, sin consulta prvia a las comunidades que habitamos la zona de la cuenca Salinas Grandes".
Polémica por las centrales argentinas
Polémica por las centrales argentinas
Fecha de Publicación: 15/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Los expertos destacan la seguridad de Atucha y Embalse, pero para Greenpeace hay riesgos
La emergencia nuclear que tiene en vilo a Japón y al mundo volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre el uso de la energía atómica para la generación de electricidad. La Argentina cuenta con dos centrales que están funcionando -Atucha I, en Lima, partido de Zárate, y Embalse, en Córdoba-, que proporcionan cerca del 8% de la energía distribuida por el sistema interconectado nacional. Existe una tercera central nuclear, Atucha II, en la etapa final de construcción.
Para la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), que controla y fiscaliza las aplicaciones de este tipo de energía en la Argentina, "no podría ocurrir en el país un accidente similar al que ocurrió en Japón". Sin embargo, las organizaciones ambientalistas afirman que las plantas locales no están exentas de sufrir desperfectos.
"La Argentina y sus centrales nucleares están lejos de zonas con fallas geológicas activas, como el caso de la unión de las placas tectónicas existentes en Japón. El diseño de nuestros reactores es diferente del de los reactores afectados. Por ejemplo, los nuestros poseen un circuito de moderación, lo que permite contar con un inventario de agua mucho mayor en el momento de refrigerar. Además, las centrales nucleares argentinas, por ser de uranio natural o levemente enriquecido (y no del grado de enriquecimiento como en Japón), tienen una potencia específica menor, lo que permite trabajar siempre con escenarios accidentales de evolución menor", explicó a La Nacion el ingeniero Jorge Calvo, especialista en Seguridad Nuclear de la ARN.
Y agregó: "Finalmente, hay que destacar que nuestros sistemas de contención [la protección de los reactores] son técnicamente mejores".
Críticas de ambientalistas
En Greenpeace Argentina, relativizan estos datos. "La Argentina no está exenta de los riesgos que entraña la actividad nuclear. Tanto las plantas de Embalse y Atucha I como otras instalaciones registran en su historia incidentes que han afectado a operarios y pudieron derivar en accidentes mayores. Nuestro país, como sucede en el resto del mundo, no tiene ningún plan de gestión de los residuos altamente radiactivos que, por ahora, permanecen alojados en las propias plantas. Las minas de uranio han dejado un pasivo ambiental en diferentes puntos del país que aún no ha sido resuelto, a pesar que se que ahora se quiere reactivar la minería de uranio para la exportación", sostuvo Juan Carlos Villalonga, director de campañas de Greenpeace.
Calvo indicó: "El funcionamiento de las plantas es fiscalizado de manera permanente por la ARN, mediante dos inspectores residentes en cada una de ellas. Ellos se encargan de verificar el cumplimiento de las normas relacionadas con la seguridad".
Para Rubén Darío Sbarato, físico y director de la carrera de Ciencias Ambientales de la UTN, la pregunta debe ser qué sucedió en Japón. "Al país que más investigó, que basó su sistema energético en la energía nuclear y que hasta importa desechos atómicos de otros países le está sucediendo esto. Creo que este tipo de energía, ante la crisis de combustibles fósiles, es una clara alternativa para países como los europeos, con poco territorio, donde las energías limpias no alcanzan a reemplazar al petróleo y al carbón", dijo. Sin embargo, para la Argentina, el escenario es diferente según Sbarato: "No me parece que haya que avanzar más. Tenemos un territorio extenso con buenos ríos, buenos vientos, potencial geotérmico y escasa población. Con las tres centrales que habrá es suficiente".
Villalonga fue más allá: "Lamentablemente, en estos últimos años se está reviviendo el viejo plan nuclear de la dictadura: se promete inaugurar Atucha II, un proyecto de la junta militar de 1981; se han reabierto los laboratorios de enriquecimiento de uranio en Pilcaniyeu; se pretende construir el reactor Carem, en Formosa, que deriva del proyecto de construcción de un submarino nuclear y que, modificado, se ha intentado vender desde la década del 80 como mini-central, aunque no existe mercado para él. Todos, proyectos que sólo existen mediante enormes subsidios del Estado".
Fecha de Publicación: 15/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Los expertos destacan la seguridad de Atucha y Embalse, pero para Greenpeace hay riesgos
La emergencia nuclear que tiene en vilo a Japón y al mundo volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre el uso de la energía atómica para la generación de electricidad. La Argentina cuenta con dos centrales que están funcionando -Atucha I, en Lima, partido de Zárate, y Embalse, en Córdoba-, que proporcionan cerca del 8% de la energía distribuida por el sistema interconectado nacional. Existe una tercera central nuclear, Atucha II, en la etapa final de construcción.
Para la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), que controla y fiscaliza las aplicaciones de este tipo de energía en la Argentina, "no podría ocurrir en el país un accidente similar al que ocurrió en Japón". Sin embargo, las organizaciones ambientalistas afirman que las plantas locales no están exentas de sufrir desperfectos.
"La Argentina y sus centrales nucleares están lejos de zonas con fallas geológicas activas, como el caso de la unión de las placas tectónicas existentes en Japón. El diseño de nuestros reactores es diferente del de los reactores afectados. Por ejemplo, los nuestros poseen un circuito de moderación, lo que permite contar con un inventario de agua mucho mayor en el momento de refrigerar. Además, las centrales nucleares argentinas, por ser de uranio natural o levemente enriquecido (y no del grado de enriquecimiento como en Japón), tienen una potencia específica menor, lo que permite trabajar siempre con escenarios accidentales de evolución menor", explicó a La Nacion el ingeniero Jorge Calvo, especialista en Seguridad Nuclear de la ARN.
Y agregó: "Finalmente, hay que destacar que nuestros sistemas de contención [la protección de los reactores] son técnicamente mejores".
Críticas de ambientalistas
En Greenpeace Argentina, relativizan estos datos. "La Argentina no está exenta de los riesgos que entraña la actividad nuclear. Tanto las plantas de Embalse y Atucha I como otras instalaciones registran en su historia incidentes que han afectado a operarios y pudieron derivar en accidentes mayores. Nuestro país, como sucede en el resto del mundo, no tiene ningún plan de gestión de los residuos altamente radiactivos que, por ahora, permanecen alojados en las propias plantas. Las minas de uranio han dejado un pasivo ambiental en diferentes puntos del país que aún no ha sido resuelto, a pesar que se que ahora se quiere reactivar la minería de uranio para la exportación", sostuvo Juan Carlos Villalonga, director de campañas de Greenpeace.
Calvo indicó: "El funcionamiento de las plantas es fiscalizado de manera permanente por la ARN, mediante dos inspectores residentes en cada una de ellas. Ellos se encargan de verificar el cumplimiento de las normas relacionadas con la seguridad".
Para Rubén Darío Sbarato, físico y director de la carrera de Ciencias Ambientales de la UTN, la pregunta debe ser qué sucedió en Japón. "Al país que más investigó, que basó su sistema energético en la energía nuclear y que hasta importa desechos atómicos de otros países le está sucediendo esto. Creo que este tipo de energía, ante la crisis de combustibles fósiles, es una clara alternativa para países como los europeos, con poco territorio, donde las energías limpias no alcanzan a reemplazar al petróleo y al carbón", dijo. Sin embargo, para la Argentina, el escenario es diferente según Sbarato: "No me parece que haya que avanzar más. Tenemos un territorio extenso con buenos ríos, buenos vientos, potencial geotérmico y escasa población. Con las tres centrales que habrá es suficiente".
Villalonga fue más allá: "Lamentablemente, en estos últimos años se está reviviendo el viejo plan nuclear de la dictadura: se promete inaugurar Atucha II, un proyecto de la junta militar de 1981; se han reabierto los laboratorios de enriquecimiento de uranio en Pilcaniyeu; se pretende construir el reactor Carem, en Formosa, que deriva del proyecto de construcción de un submarino nuclear y que, modificado, se ha intentado vender desde la década del 80 como mini-central, aunque no existe mercado para él. Todos, proyectos que sólo existen mediante enormes subsidios del Estado".
Centrales nucleares de Argentina más estables
En las centrales nucleares de Argentina no podrían pasar lo de Japón
Fecha de Publicación: 14/03/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La Comisión Nacional de Energía Atómica explicó que en el país se utiliza tecnología diferente y no se está en una zona sísmica.
Argentina no podría pasar por una situación similar a la que afecta a las centrales nucleares de Japón "porque se usa diferente tecnología y además no estamos en zona sísmica", afirmó el gerente de Relaciones Institucionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Gabriel Barceló.
El especialista descartó por estas razones que en las plantas argentinas de Atucha I (Zárate) y Embalse (Río Tercero) pueda darse la situación que se está registrando en la planta japonesa de Fukushima, con problemas para refrigerar los reactores tras el sismo de 9 grados Richter del viernes pasado.
"Lo que sucedió en el reactor donde se produjo la explosión el sábado es que debido al tsunami generado después del sismo se inundaron los motores de seguridad que permiten generar electricidad alternativa para refrigerar el núcleo del reactor", dijo Barceló.
El integrante de la CNEA subrayó que "ésto no implica que haya explotado el reactor sino partes de las zonas de contención, pero en principio hay que aclarar que los sistemas de seguridad funcionaron en todas las plantas japonesas".
Cada reactor de una planta nuclear "posee un núcleo que, simplificando muchísimo la explicación, contiene un conjunto de barras de uranio entre las cuales pasa el agua que refrigera y se lleva el calor", señaló.
"Lo que puede suceder si esta refrigeración no es la adecuada -dijo- es que estás barras se fundan entre sí, liberando gases radioactivos que serían nocivos siempre y cuando salgan del recipiente del reactor".
Barceló precisó que esto implicaría una "explosión química" y no una "explosión nuclear" y que, además, "nada de esto sucedió todavía en Fukushima, donde se encuentran trabajando para intentar garantizar la refrigeración por medios alternativos, como por ejemplo, llevando agua de mar porque la que tenían se evaporó por el gran calor".
"No existe ninguna posibilidad de que suceda lo que pasó en Chernobyl en 1986, por varias razones. Las centrales son que la tecnología del reactor es diferente y que en la planta ucraniana hubo un error humano que ocasionó un problema en el reactor, mientras que acá el factor fue externo", diferenció.
El especialista remarcó que el origen de la situación en Japón es una de las catástrofes naturales peores de la historia, que afectó a todos los aspectos de la vida en ese país, por lo que "no se trata de un error humano" vinculado a la producción de energía nuclear.
Según Barceló, el tercer motivo por el cual las consecuencias de la explosión en Chernobyl no pueden suceder en Fukushima es porque "los japoneses están actuando con un nivel de responsabilidad muy alto: de hecho, ya efectuaron la evacuación de la zona por prevención y están brindando información constantemente sobre lo que sucede".
Sobre el debate abierto acerca de si es conveniente instalar este tipo de plantas en zonas sísmicas, el miembro de la CNEA sostuvo que "si se toman las medidas de ingeniería adecuada no tendría que haber problemas".
La energía nuclear en el mundo. Consultado sobre si la situación en la planta Fukushima puede ocasionar un retroceso en el desarrollo mundial de energía nuclear, Barceló respondió "ojalá que no" y explicó las beneficios de este tipo de energía.
"El mayor problema ambiental de nuestros tiempos -dijo- es el calentamiento global producido por el efecto invernadero, cuya causa más importante es la emisión de gases por la quema de petróleo, carbón sus derivados para la obtención de energía".
Esto "conlleva a la necesidad de reemplazar la energía de fuentes fósiles y la única fuente que puede reemplazar en tiempo y forma es la energía nuclear, que además es completamente segura y no depende de factores naturales", sostuvo Barceló.
"Por supuesto que hay que buscar fuentes alternativas, pero la energía nuclear genera un volumen que no producen otras y los países -sobre todo los que estamos en vías de desarrollo- necesitamos de mucha energía para solventar la producción industrial, que a la larga mejora la calidad de vida", indicó el experto de la CNEA.
Fecha de Publicación: 14/03/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La Comisión Nacional de Energía Atómica explicó que en el país se utiliza tecnología diferente y no se está en una zona sísmica.
Argentina no podría pasar por una situación similar a la que afecta a las centrales nucleares de Japón "porque se usa diferente tecnología y además no estamos en zona sísmica", afirmó el gerente de Relaciones Institucionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Gabriel Barceló.
El especialista descartó por estas razones que en las plantas argentinas de Atucha I (Zárate) y Embalse (Río Tercero) pueda darse la situación que se está registrando en la planta japonesa de Fukushima, con problemas para refrigerar los reactores tras el sismo de 9 grados Richter del viernes pasado.
"Lo que sucedió en el reactor donde se produjo la explosión el sábado es que debido al tsunami generado después del sismo se inundaron los motores de seguridad que permiten generar electricidad alternativa para refrigerar el núcleo del reactor", dijo Barceló.
El integrante de la CNEA subrayó que "ésto no implica que haya explotado el reactor sino partes de las zonas de contención, pero en principio hay que aclarar que los sistemas de seguridad funcionaron en todas las plantas japonesas".
Cada reactor de una planta nuclear "posee un núcleo que, simplificando muchísimo la explicación, contiene un conjunto de barras de uranio entre las cuales pasa el agua que refrigera y se lleva el calor", señaló.
"Lo que puede suceder si esta refrigeración no es la adecuada -dijo- es que estás barras se fundan entre sí, liberando gases radioactivos que serían nocivos siempre y cuando salgan del recipiente del reactor".
Barceló precisó que esto implicaría una "explosión química" y no una "explosión nuclear" y que, además, "nada de esto sucedió todavía en Fukushima, donde se encuentran trabajando para intentar garantizar la refrigeración por medios alternativos, como por ejemplo, llevando agua de mar porque la que tenían se evaporó por el gran calor".
"No existe ninguna posibilidad de que suceda lo que pasó en Chernobyl en 1986, por varias razones. Las centrales son que la tecnología del reactor es diferente y que en la planta ucraniana hubo un error humano que ocasionó un problema en el reactor, mientras que acá el factor fue externo", diferenció.
El especialista remarcó que el origen de la situación en Japón es una de las catástrofes naturales peores de la historia, que afectó a todos los aspectos de la vida en ese país, por lo que "no se trata de un error humano" vinculado a la producción de energía nuclear.
Según Barceló, el tercer motivo por el cual las consecuencias de la explosión en Chernobyl no pueden suceder en Fukushima es porque "los japoneses están actuando con un nivel de responsabilidad muy alto: de hecho, ya efectuaron la evacuación de la zona por prevención y están brindando información constantemente sobre lo que sucede".
Sobre el debate abierto acerca de si es conveniente instalar este tipo de plantas en zonas sísmicas, el miembro de la CNEA sostuvo que "si se toman las medidas de ingeniería adecuada no tendría que haber problemas".
La energía nuclear en el mundo. Consultado sobre si la situación en la planta Fukushima puede ocasionar un retroceso en el desarrollo mundial de energía nuclear, Barceló respondió "ojalá que no" y explicó las beneficios de este tipo de energía.
"El mayor problema ambiental de nuestros tiempos -dijo- es el calentamiento global producido por el efecto invernadero, cuya causa más importante es la emisión de gases por la quema de petróleo, carbón sus derivados para la obtención de energía".
Esto "conlleva a la necesidad de reemplazar la energía de fuentes fósiles y la única fuente que puede reemplazar en tiempo y forma es la energía nuclear, que además es completamente segura y no depende de factores naturales", sostuvo Barceló.
"Por supuesto que hay que buscar fuentes alternativas, pero la energía nuclear genera un volumen que no producen otras y los países -sobre todo los que estamos en vías de desarrollo- necesitamos de mucha energía para solventar la producción industrial, que a la larga mejora la calidad de vida", indicó el experto de la CNEA.
Las minas no se tocan
Las minas no se tocan
Fecha de Publicación: 13/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un cable filtrado por Wikileaks revela la preocupación que causó el aumento de un impuesto del 5 al 10 por ciento sobre la minería.
Aunque el sector minero no paga retenciones del 35 por ciento como algunos productos agrícolas, ni del 45 por ciento como pagan las petroleras, y aunque en los últimos años el precio internacional de los minerales trepó a picos históricos, la Embajada de los Estados Unidos reaccionó ante el aumento de un impuesto del cinco al diez por ciento alertando sobre el fin de las inversiones en la Argentina.
Según un cable diplomático de octubre del 2007 filtrado por Wikileaks al que tuvo acceso Página/12, la embajada sondeó a distintos empresarios mineros sobre la continuidad de sus inversiones en el país y se hizo eco de sus quejas, a pesar de que las inversiones estadounidenses en la minería argentina son escasas.
La intervención de la embajada tuvo lugar después de que “contactos del sector privado” que no identifica alertaran de que el nuevo impuesto “socavaría las inversiones del sector minero y el clima de inversiones en general en la Argentina”, dice el cable firmado por el entonces embajador Earl Anthony Wayne.
Sin embargo, en los sondeos de la embajada ningún representante del sector se mostró dispuesto a retirarse del país ni a quejarse ante el Gobierno por el gravamen impuesto, quizá porque el margen de ganancia aún era amplio.
El impuesto a las exportaciones mineras que provocó la reacción de la embajada forma parte de una tendencia mundial. Según un artículo de Pablo Maas en Clarín de septiembre pasado, los gobiernos de Chile y Australia lo hicieron.
“Alrededor del mundo, está creciendo lo que los propios mineros llaman el ‘nacionalismo de los recursos’. Se trata de gobiernos, nacionales o locales, que están buscando participar con una mayor porción de la renta minera, que se ha disparado al compás del ascenso meteórico de la cotización de metales como el oro, la plata y el cobre”, dice el economista.
Mientras en Australia el nuevo gobierno impuso un gravamen del 30 por ciento a las “ganancias extraordinarias” de las mineras y en Chile Sebastián Piñera mandó un proyecto para aumentar las regalías a un mínimo de cinco por ciento, en la Argentina, hasta el impuesto que preocupó a la embajada, las mineras sólo pagaban regalías del tres por ciento a las provincias. Más aún, la ley minera de 1993, promulgada por Carlos Menem, les otorgó a los proyectos una deducción del 100 por ciento de los gastos de exploración e importaciones sin aranceles, entre otros incentivos, sin contar un compromiso de 30 años de estabilidad fiscal, que en la práctica duró catorce.
“Régimen de primer nivel”
El cable reconoce que antes de la instauración del impuesto la situación de las mineras que operan en la Argentina era prácticamente inmejorable.
“Contactos del sector privado e informes de los medios han sido más bien críticos con la manera en que el gobierno de Argentina aplicó el impuesto, argumentando que efectivamente clausura una década y media de inversión minera con un régimen impositivo de primer nivel mundial”, dice el texto.
A pesar del tono alarmista del despacho diplomático, los mismos “contactos” que se quejaron ante la embajada admitieron que el alto precio de los minerales cubría sobradamente el costo del impuesto, dice el cable: “Contactos del sector minero reconocen que la presente fortaleza del precio mundial de los minerales, particularmente del oro y del cobre, es un incentivo fuerte para permanecer en la Argentina”.
Para que no queden dudas, el autor del cable escribió que en los tres años previos a la aplicación del impuesto de 5 al 10 por ciento, el precio de los principales minerales que exporta la Argentina habían subido un 20 por ciento en el caso del oro y un 60 por ciento en el caso del cobre.
El cable también señala que la presión impositiva sobre la minería sigue siendo baja con respecto a otros productos primarios que exporta la Argentina. “El impuesto federal a las exportaciones mineras ha aumentado sustancialmente, de 0 a 5-10 por ciento, pero sigue siendo significativamente más bajo que las retenciones que se aplican a sectores agrícolas (alrededor del 28 por ciento para la soja) y a los hidrocarburos (alrededor del 45 por ciento para el crudo).”
Intereses
Sin embargo, según la embajada, la decisión de Argentina de aplicar el impuesto afectaría los intereses estadounidenses porque empresas norteamericanas son proveedoras de las mineras. “Comparados con otras firmas mineras basadas en el exterior, los intereses mineros de Estados Unidos son pequeños... Estados Unidos tiene intereses más grandes en la venta de equipos a empresas mineras operando en la Argentina, con cerca del 30 por ciento del mercado. El Servicio de Comercio Exterior estadounidense estima que en el 2006 las exportaciones de equipos mineros (a la Argentina) fueron de cerca de 125 millones de dólares. Estas exportaciones podrían verse afectadas si el nuevo impuesto minero resulta en menos inversiones.”
Según cuenta el cable, al sentirse afectada en sus intereses la embajada intentó contactarse con funcionarios argentinos para pedirles “explicaciones” sobre la decisión de aplicar el impuesto. Pero los diplomáticos fracasaron en el intento.
Así es la queja: “La Embajada ha intentado sin éxito una entrevista con el secretario de Minería Jorge Mayoral, con quien disfrutamos de una buena relación de trabajo, para que nos dé una explicación más completa. Otras embajadas cuentan lo mismo. Llamados y pedidos de reuniones por parte de la Embajada –con varios funcionarios de primer nivel del gobierno de Argentina e incluso gobernadores– han sido mayormente rechazados o no contestados”.
Fecha de Publicación: 13/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un cable filtrado por Wikileaks revela la preocupación que causó el aumento de un impuesto del 5 al 10 por ciento sobre la minería.
Aunque el sector minero no paga retenciones del 35 por ciento como algunos productos agrícolas, ni del 45 por ciento como pagan las petroleras, y aunque en los últimos años el precio internacional de los minerales trepó a picos históricos, la Embajada de los Estados Unidos reaccionó ante el aumento de un impuesto del cinco al diez por ciento alertando sobre el fin de las inversiones en la Argentina.
Según un cable diplomático de octubre del 2007 filtrado por Wikileaks al que tuvo acceso Página/12, la embajada sondeó a distintos empresarios mineros sobre la continuidad de sus inversiones en el país y se hizo eco de sus quejas, a pesar de que las inversiones estadounidenses en la minería argentina son escasas.
La intervención de la embajada tuvo lugar después de que “contactos del sector privado” que no identifica alertaran de que el nuevo impuesto “socavaría las inversiones del sector minero y el clima de inversiones en general en la Argentina”, dice el cable firmado por el entonces embajador Earl Anthony Wayne.
Sin embargo, en los sondeos de la embajada ningún representante del sector se mostró dispuesto a retirarse del país ni a quejarse ante el Gobierno por el gravamen impuesto, quizá porque el margen de ganancia aún era amplio.
El impuesto a las exportaciones mineras que provocó la reacción de la embajada forma parte de una tendencia mundial. Según un artículo de Pablo Maas en Clarín de septiembre pasado, los gobiernos de Chile y Australia lo hicieron.
“Alrededor del mundo, está creciendo lo que los propios mineros llaman el ‘nacionalismo de los recursos’. Se trata de gobiernos, nacionales o locales, que están buscando participar con una mayor porción de la renta minera, que se ha disparado al compás del ascenso meteórico de la cotización de metales como el oro, la plata y el cobre”, dice el economista.
Mientras en Australia el nuevo gobierno impuso un gravamen del 30 por ciento a las “ganancias extraordinarias” de las mineras y en Chile Sebastián Piñera mandó un proyecto para aumentar las regalías a un mínimo de cinco por ciento, en la Argentina, hasta el impuesto que preocupó a la embajada, las mineras sólo pagaban regalías del tres por ciento a las provincias. Más aún, la ley minera de 1993, promulgada por Carlos Menem, les otorgó a los proyectos una deducción del 100 por ciento de los gastos de exploración e importaciones sin aranceles, entre otros incentivos, sin contar un compromiso de 30 años de estabilidad fiscal, que en la práctica duró catorce.
“Régimen de primer nivel”
El cable reconoce que antes de la instauración del impuesto la situación de las mineras que operan en la Argentina era prácticamente inmejorable.
“Contactos del sector privado e informes de los medios han sido más bien críticos con la manera en que el gobierno de Argentina aplicó el impuesto, argumentando que efectivamente clausura una década y media de inversión minera con un régimen impositivo de primer nivel mundial”, dice el texto.
A pesar del tono alarmista del despacho diplomático, los mismos “contactos” que se quejaron ante la embajada admitieron que el alto precio de los minerales cubría sobradamente el costo del impuesto, dice el cable: “Contactos del sector minero reconocen que la presente fortaleza del precio mundial de los minerales, particularmente del oro y del cobre, es un incentivo fuerte para permanecer en la Argentina”.
Para que no queden dudas, el autor del cable escribió que en los tres años previos a la aplicación del impuesto de 5 al 10 por ciento, el precio de los principales minerales que exporta la Argentina habían subido un 20 por ciento en el caso del oro y un 60 por ciento en el caso del cobre.
El cable también señala que la presión impositiva sobre la minería sigue siendo baja con respecto a otros productos primarios que exporta la Argentina. “El impuesto federal a las exportaciones mineras ha aumentado sustancialmente, de 0 a 5-10 por ciento, pero sigue siendo significativamente más bajo que las retenciones que se aplican a sectores agrícolas (alrededor del 28 por ciento para la soja) y a los hidrocarburos (alrededor del 45 por ciento para el crudo).”
Intereses
Sin embargo, según la embajada, la decisión de Argentina de aplicar el impuesto afectaría los intereses estadounidenses porque empresas norteamericanas son proveedoras de las mineras. “Comparados con otras firmas mineras basadas en el exterior, los intereses mineros de Estados Unidos son pequeños... Estados Unidos tiene intereses más grandes en la venta de equipos a empresas mineras operando en la Argentina, con cerca del 30 por ciento del mercado. El Servicio de Comercio Exterior estadounidense estima que en el 2006 las exportaciones de equipos mineros (a la Argentina) fueron de cerca de 125 millones de dólares. Estas exportaciones podrían verse afectadas si el nuevo impuesto minero resulta en menos inversiones.”
Según cuenta el cable, al sentirse afectada en sus intereses la embajada intentó contactarse con funcionarios argentinos para pedirles “explicaciones” sobre la decisión de aplicar el impuesto. Pero los diplomáticos fracasaron en el intento.
Así es la queja: “La Embajada ha intentado sin éxito una entrevista con el secretario de Minería Jorge Mayoral, con quien disfrutamos de una buena relación de trabajo, para que nos dé una explicación más completa. Otras embajadas cuentan lo mismo. Llamados y pedidos de reuniones por parte de la Embajada –con varios funcionarios de primer nivel del gobierno de Argentina e incluso gobernadores– han sido mayormente rechazados o no contestados”.
Argentina invirtió el equivalente a 11 Atuchas
Baratta: se invirtió el equivalente a 11 Atuchas
Fecha de Publicación: 12/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El funcionario criticó a los ex secretarios
El Gobierno volvió ayer a cuestionar el informe de los ocho ex secretarios de Energía sobre el abastecimiento de petróleo, gas, combustibles y electricidad.
Esta vez fue el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, que centró sus objeciones en el déficit que, según los especialistas, tuvo la Argentina entre 2003 y 2010, estimado en 5300 megavatios de capacidad, que este diario comparó ayer con el equivalente a ocho centrales Atucha II.
"Desde 2003 incorporamos el equivalente a 11 centrales del tamaño de Atucha II, por lo que ese grupo de ex secretarios debería informarse mejor antes de opinar", dijo Baratta a Télam, y cuestionó además a este diario: "Es llamativo que La Nacion le dé lugar a este grupo de ex funcionarios, que entre todos casi no sumaron megavatios, y omita que ayer el sistema batió nuevamente el récord absoluto de pico de consumo, alcanzando los 20.913 megavatios a las 20.31. Es bueno recordar que, cuando asumimos en 2003, el récord era de 14.359 megavatios."
El subsecretario enumeró las medidas tomadas por el Gobierno. "El plan energético presentado en mayo de 2004 ha permitido sostener una economía que creció más de un 60 por ciento en estos años. Hemos incorporado 7390 megavatios, a partir de obras como la finalización de Yacyretá, las centrales de ciclo combinado San Martín y Belgrano, Pilar, la represa Caracoles, los programas Energía Plus y Energía Distribuida; lo que equivale a 11 centrales como Atucha II."
Daniel Montamat, uno de los autores del informe, contestó: "Incorporaron el equivalente a 8 Atuchas, no a 11, y debieron incorporar 8 más para seguir el crecimiento de la demanda y mantener el nivel de las reservas del sistema".
Fecha de Publicación: 12/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El funcionario criticó a los ex secretarios
El Gobierno volvió ayer a cuestionar el informe de los ocho ex secretarios de Energía sobre el abastecimiento de petróleo, gas, combustibles y electricidad.
Esta vez fue el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, que centró sus objeciones en el déficit que, según los especialistas, tuvo la Argentina entre 2003 y 2010, estimado en 5300 megavatios de capacidad, que este diario comparó ayer con el equivalente a ocho centrales Atucha II.
"Desde 2003 incorporamos el equivalente a 11 centrales del tamaño de Atucha II, por lo que ese grupo de ex secretarios debería informarse mejor antes de opinar", dijo Baratta a Télam, y cuestionó además a este diario: "Es llamativo que La Nacion le dé lugar a este grupo de ex funcionarios, que entre todos casi no sumaron megavatios, y omita que ayer el sistema batió nuevamente el récord absoluto de pico de consumo, alcanzando los 20.913 megavatios a las 20.31. Es bueno recordar que, cuando asumimos en 2003, el récord era de 14.359 megavatios."
El subsecretario enumeró las medidas tomadas por el Gobierno. "El plan energético presentado en mayo de 2004 ha permitido sostener una economía que creció más de un 60 por ciento en estos años. Hemos incorporado 7390 megavatios, a partir de obras como la finalización de Yacyretá, las centrales de ciclo combinado San Martín y Belgrano, Pilar, la represa Caracoles, los programas Energía Plus y Energía Distribuida; lo que equivale a 11 centrales como Atucha II."
Daniel Montamat, uno de los autores del informe, contestó: "Incorporaron el equivalente a 8 Atuchas, no a 11, y debieron incorporar 8 más para seguir el crecimiento de la demanda y mantener el nivel de las reservas del sistema".
Para cubrir el déficit de energía
Hacen falta ocho Atucha para cubrir el déficit de electricidad
Fecha de Publicación: 11/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Lo afirman ex secretarios de Energía en un duro informe; faltan inversiones por US$ 8000 millones
Acompañar la explosiva demanda eléctrica que la Argentina tuvo entre 2003 y 2010 debería haber obligado al país a instalar otros 5300 megavatios de capacidad instalada, es decir, el equivalente a lo que generan ocho centrales del tamaño de Atucha. Eso habría costado 8000 millones de dólares, bastante menos que los más de 14.000 millones que el Estado argentino destinó a subsidiar la energía desde 2004 hasta hoy, según la consultora ASAP.
Es una de las conclusiones de un crítico informe que volvió a elaborar el grupo de ocho ex secretarios de Energía que desde hace tiempo viene provocando enojo en la Casa Rosada, con documentos sobre la gestión en el abastecimiento de combustibles, petróleo, gas y electricidad. Son Alieto Guadagni, Daniel Montamat, Enrique Devoto, Jorge Lapeña, Roberto Echarte, Raúl Olocco, Julio César Aráoz y Emilio Apud, los mismos a los que, por pedido del Gobierno, la Universidad de Buenos Aires (UBA) les prohibió una presentación en abril de 2009.
El documento sostiene que la Argentina sufrió un significativo desfase en generación eléctrica entre 2003 y 2010. Es, en realidad, en cifras, lo que lleva al Gobierno todos los inviernos, desde 2007, a llamar a las industrias para que dejen de consumir electricidad en los momentos de alta demanda, tarea que suelen asumir el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el subsecretario Roberto Baratta. "Puede observarse claramente -dice el informe- que el incremento de la oferta, medido por la ampliación de la capacidad instalada (21%), ha sido menos de la mitad del incremento de la demanda (44% en el caso de la carga máxima y 41% en el caso de energía) en el período. Esta circunstancia provoca aumento de costos de funcionamiento y restricciones de oferta. Si esto no se corrigiera en el futuro -y es un imperativo categórico hacerlo-, conspiraría contra el funcionamiento del sistema productivo y también el social".
También es duro en las palabras elegidas. Afirma, por ejemplo: "La gestión de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner estuvo signada por la improvisación, la visión de corto plazo, el desaliento a la inversión; el manejo de los operadores del sector mediante subsidios; amenazas y concesiones arbitrarias; las licitaciones poco claras para favorecer a empresarios afines; el desaliento a la actividad hidrocarburífera local y la discrecionalidad en la toma de decisiones".
La difusión del trabajo provocó, como era de esperar, una respuesta del secretario de Energía, Daniel Cameron. "Parecen cronistas del diario Clarín -dijo ayer, según un cable de la agencia estatal Télam-. Es sorprendente que quienes condujeron los mayores fracasos energéticos de la Argentina sean ahora los iluminados que nos dicen lo que tenemos que hacer."
Cameron aprovechó para anunciar que Atucha II será inaugurada en septiembre próximo. Precisamente, una de las obras cuestionadas por el informe de los ex secretarios, que recuerdan que lleva dos años de retraso y que ya ha costado cuatro veces más de lo previsto. "Aún no se conoce la fecha de finalización de la central nuclear de Atucha II, anunciada para 2009, con un presupuesto original de US$ 500 millones. La información disponible indica que a la fecha ya se llevan gastados más de US$ 2000 millones".
Otra de las objeciones tiene que ver, según el texto, más con la imagen que con los hechos. "Se abusó como nunca antes de los anuncios sin fundamento técnico o económico de obras que nunca se iban a ejecutar. Fue paradigmático el antecedente que estableció el denominado «Gasoducto bolivariano» [N. de la R.: en realidad, se llamaba Gran Gasoducto del Sur], anunciado el 9/12/2005 por los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez. En otra oportunidad, también el año 2005, se anunció la construcción de una nueva refinería en la Patagonia de gran escala que ni siquiera avanzó en las etapas previas. Queda además pendiente el gasoducto GNEA, anunciado en 2004 para transportar el gas de Bolivia, cuyo inicio no se realizó".
Tema sensible: Cóndor Cliff
El texto se adentra en un tema caro a los intereses del kirchnerismo: el relato de lo que ocurre. "La estrategia comunicacional del Gobierno a lo largo de más de 7 años ha sido negar las evidencias y -sobre todo- ocultar las consecuencias de su mala gestión en el área energética. En este contexto consideramos necesario presentar a la sociedad una síntesis de los principales problemas que padece el sector y señalar los acuerdos sobre una política de Estado alternativa para superar dichos problemas."
El punto más crítico se refiere a lo que el propio informe llama "capitalismo de amigos". Cita, por ejemplo, el plan energético anunciado en 2004 por el Gobierno y su relación con una obra muy cuestionada: la usina prevista para ser construida en el río Santa Cruz, sobre la que pesan acusaciones de sobreprecios y escasa transparencia en la licitación.
"En el plan energético PEN 2004-2008 se estableció, a nuestro juicio con buen criterio, una revisión de proyectos hidroeléctricos existentes, mayores de 400 MW de potencia para «seleccionar los 3 o 4 más rentables». Sin embargo, en contra de las conclusiones de la revisión, se decidió priorizar la construcción del proyecto del río Santa Cruz, Cóndor Cliff y Barrancosa, cuando el mismo figuraba en la ponderación del inventario de la propia Secretaría de Energía en el puesto 23, postergando 22 proyectos más factibles localizados en Chubut, Neuquén, Mendoza y Río Negro."
El otro ejemplo son las áreas de explotación de hidrocarburos en Santa Cruz que se adjudicaron, por separado, Cristóbal López y Lázaro Báez. "Se ha dado de hecho un proceso no coordinado y hasta anárquico en los procesos de licitaciones de nuevas áreas provinciales, así como también de las renegociaciones de contratos vigentes antes de su vencimiento. Vaya como simple ejemplo de lo dicho que del total de las nuevas áreas petroleras licitadas en la provincia de Santa Cruz todas se adjudicaron a empresarios amigos del Gobierno luego de ser descalificadas o desalentadas empresas petroleras nacionales e internacionales con probados antecedentes en la actividad."
Fecha de Publicación: 11/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Lo afirman ex secretarios de Energía en un duro informe; faltan inversiones por US$ 8000 millones
Acompañar la explosiva demanda eléctrica que la Argentina tuvo entre 2003 y 2010 debería haber obligado al país a instalar otros 5300 megavatios de capacidad instalada, es decir, el equivalente a lo que generan ocho centrales del tamaño de Atucha. Eso habría costado 8000 millones de dólares, bastante menos que los más de 14.000 millones que el Estado argentino destinó a subsidiar la energía desde 2004 hasta hoy, según la consultora ASAP.
Es una de las conclusiones de un crítico informe que volvió a elaborar el grupo de ocho ex secretarios de Energía que desde hace tiempo viene provocando enojo en la Casa Rosada, con documentos sobre la gestión en el abastecimiento de combustibles, petróleo, gas y electricidad. Son Alieto Guadagni, Daniel Montamat, Enrique Devoto, Jorge Lapeña, Roberto Echarte, Raúl Olocco, Julio César Aráoz y Emilio Apud, los mismos a los que, por pedido del Gobierno, la Universidad de Buenos Aires (UBA) les prohibió una presentación en abril de 2009.
El documento sostiene que la Argentina sufrió un significativo desfase en generación eléctrica entre 2003 y 2010. Es, en realidad, en cifras, lo que lleva al Gobierno todos los inviernos, desde 2007, a llamar a las industrias para que dejen de consumir electricidad en los momentos de alta demanda, tarea que suelen asumir el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el subsecretario Roberto Baratta. "Puede observarse claramente -dice el informe- que el incremento de la oferta, medido por la ampliación de la capacidad instalada (21%), ha sido menos de la mitad del incremento de la demanda (44% en el caso de la carga máxima y 41% en el caso de energía) en el período. Esta circunstancia provoca aumento de costos de funcionamiento y restricciones de oferta. Si esto no se corrigiera en el futuro -y es un imperativo categórico hacerlo-, conspiraría contra el funcionamiento del sistema productivo y también el social".
También es duro en las palabras elegidas. Afirma, por ejemplo: "La gestión de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner estuvo signada por la improvisación, la visión de corto plazo, el desaliento a la inversión; el manejo de los operadores del sector mediante subsidios; amenazas y concesiones arbitrarias; las licitaciones poco claras para favorecer a empresarios afines; el desaliento a la actividad hidrocarburífera local y la discrecionalidad en la toma de decisiones".
La difusión del trabajo provocó, como era de esperar, una respuesta del secretario de Energía, Daniel Cameron. "Parecen cronistas del diario Clarín -dijo ayer, según un cable de la agencia estatal Télam-. Es sorprendente que quienes condujeron los mayores fracasos energéticos de la Argentina sean ahora los iluminados que nos dicen lo que tenemos que hacer."
Cameron aprovechó para anunciar que Atucha II será inaugurada en septiembre próximo. Precisamente, una de las obras cuestionadas por el informe de los ex secretarios, que recuerdan que lleva dos años de retraso y que ya ha costado cuatro veces más de lo previsto. "Aún no se conoce la fecha de finalización de la central nuclear de Atucha II, anunciada para 2009, con un presupuesto original de US$ 500 millones. La información disponible indica que a la fecha ya se llevan gastados más de US$ 2000 millones".
Otra de las objeciones tiene que ver, según el texto, más con la imagen que con los hechos. "Se abusó como nunca antes de los anuncios sin fundamento técnico o económico de obras que nunca se iban a ejecutar. Fue paradigmático el antecedente que estableció el denominado «Gasoducto bolivariano» [N. de la R.: en realidad, se llamaba Gran Gasoducto del Sur], anunciado el 9/12/2005 por los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez. En otra oportunidad, también el año 2005, se anunció la construcción de una nueva refinería en la Patagonia de gran escala que ni siquiera avanzó en las etapas previas. Queda además pendiente el gasoducto GNEA, anunciado en 2004 para transportar el gas de Bolivia, cuyo inicio no se realizó".
Tema sensible: Cóndor Cliff
El texto se adentra en un tema caro a los intereses del kirchnerismo: el relato de lo que ocurre. "La estrategia comunicacional del Gobierno a lo largo de más de 7 años ha sido negar las evidencias y -sobre todo- ocultar las consecuencias de su mala gestión en el área energética. En este contexto consideramos necesario presentar a la sociedad una síntesis de los principales problemas que padece el sector y señalar los acuerdos sobre una política de Estado alternativa para superar dichos problemas."
El punto más crítico se refiere a lo que el propio informe llama "capitalismo de amigos". Cita, por ejemplo, el plan energético anunciado en 2004 por el Gobierno y su relación con una obra muy cuestionada: la usina prevista para ser construida en el río Santa Cruz, sobre la que pesan acusaciones de sobreprecios y escasa transparencia en la licitación.
"En el plan energético PEN 2004-2008 se estableció, a nuestro juicio con buen criterio, una revisión de proyectos hidroeléctricos existentes, mayores de 400 MW de potencia para «seleccionar los 3 o 4 más rentables». Sin embargo, en contra de las conclusiones de la revisión, se decidió priorizar la construcción del proyecto del río Santa Cruz, Cóndor Cliff y Barrancosa, cuando el mismo figuraba en la ponderación del inventario de la propia Secretaría de Energía en el puesto 23, postergando 22 proyectos más factibles localizados en Chubut, Neuquén, Mendoza y Río Negro."
El otro ejemplo son las áreas de explotación de hidrocarburos en Santa Cruz que se adjudicaron, por separado, Cristóbal López y Lázaro Báez. "Se ha dado de hecho un proceso no coordinado y hasta anárquico en los procesos de licitaciones de nuevas áreas provinciales, así como también de las renegociaciones de contratos vigentes antes de su vencimiento. Vaya como simple ejemplo de lo dicho que del total de las nuevas áreas petroleras licitadas en la provincia de Santa Cruz todas se adjudicaron a empresarios amigos del Gobierno luego de ser descalificadas o desalentadas empresas petroleras nacionales e internacionales con probados antecedentes en la actividad."
Analizarán prohibir las fumigaciones aéreas
Diputados analizará en comisión un proyecto para prohibir las fumigaciones aéreas
Fecha de Publicación: 10/03/2011
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El diputado provincial Horacio Flores (PF-Basavilbaso) convocó a la Comisión de Tierras y Obras Públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente, para tratar el proyecto de ley del diputado Héctor de la Fuente (EED) por el que prohíbe el uso de agroquímicos en la provincia. Flores citó a sus pares para el martes a las 10 y adelantó que el texto debe ser analizado “porque es necesario tener un pronunciamiento acerca del uso de los agroquímicos”. El proyecto de De la Fuente prohíbe en todo el territorio de la provincia las pulverizaciones aéreas de plaguicidas, agrotóxicos o biocidas. Sólo quedarían exceptuadas de la restricción las fumigaciones en lugares a los que no se puede llegar por vía terrestre.
“Me preocupa el tema de las fumigaciones y el uso de los agroquímicos y más aún si tenemos en cuenta que muchas veces los que reciben su impacto son chicos que acuden a esuelas rurales”, evaluó Flores en diálogo con RecintoNet y puntualizó que “el sistema educativo no se agota en la cuestión docente o salarial, debe mirar por otros temas que hacen también a la calidad educativa”.
“Luego añadió: "Tengo especial preocupación por el tema ambiental y fundamentalmente por las consecuencias del uso indiscriminado de estos productos. Es necesario trabajar estas propuestas”, opinó Flores y recordó que las modificaciones a la Ley de Plaguicidas que aprobó Diputados nunca recibieron sanción definitiva.
La iniciativa de De la Fuente busca evitar el impacto que tiene el uso de agroquímicos sobre la salud de la población, comprobada por científicos del Conicet. Así, prohíbe la aplicación aérea de productos, químicos o biológicos, destinados al uso agropecuario en el control de insectos, ácaros, hongos o plantas silvestres, de interés agrícola y/o forestal, cualquiera sea el producto activo o formulado así como su dosis.
Además, la aplicación terrestre deberá hacerse dentro de un radio de 1.000 metros a partir del límite de las plantas urbanas y periurbanas en todo el territorio provincial.
Según su autor la idea se fundamenta en “consideraciones acerca del actual modelo productivo agrario, el que se sustenta en la producción agro-industrial de granos de generación biotecnológica o transgénicos u organismos genéticamente manipulados (OGM), lo cual conlleva la utilización de cantidades crecientes de plaguicidas que estarían afectando seriamente la salud de la población”.
Tomó como referencia los estudios realizados por el investigador del Conicet y jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA, Andrés Carrasco, quien concluyó que las “concentraciones ínfimas de glifosato” utilizadas en la agricultura “son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión” hasta interferir en los mecanismos normales del desarrollo.
Fecha de Publicación: 10/03/2011
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El diputado provincial Horacio Flores (PF-Basavilbaso) convocó a la Comisión de Tierras y Obras Públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente, para tratar el proyecto de ley del diputado Héctor de la Fuente (EED) por el que prohíbe el uso de agroquímicos en la provincia. Flores citó a sus pares para el martes a las 10 y adelantó que el texto debe ser analizado “porque es necesario tener un pronunciamiento acerca del uso de los agroquímicos”. El proyecto de De la Fuente prohíbe en todo el territorio de la provincia las pulverizaciones aéreas de plaguicidas, agrotóxicos o biocidas. Sólo quedarían exceptuadas de la restricción las fumigaciones en lugares a los que no se puede llegar por vía terrestre.
“Me preocupa el tema de las fumigaciones y el uso de los agroquímicos y más aún si tenemos en cuenta que muchas veces los que reciben su impacto son chicos que acuden a esuelas rurales”, evaluó Flores en diálogo con RecintoNet y puntualizó que “el sistema educativo no se agota en la cuestión docente o salarial, debe mirar por otros temas que hacen también a la calidad educativa”.
“Luego añadió: "Tengo especial preocupación por el tema ambiental y fundamentalmente por las consecuencias del uso indiscriminado de estos productos. Es necesario trabajar estas propuestas”, opinó Flores y recordó que las modificaciones a la Ley de Plaguicidas que aprobó Diputados nunca recibieron sanción definitiva.
La iniciativa de De la Fuente busca evitar el impacto que tiene el uso de agroquímicos sobre la salud de la población, comprobada por científicos del Conicet. Así, prohíbe la aplicación aérea de productos, químicos o biológicos, destinados al uso agropecuario en el control de insectos, ácaros, hongos o plantas silvestres, de interés agrícola y/o forestal, cualquiera sea el producto activo o formulado así como su dosis.
Además, la aplicación terrestre deberá hacerse dentro de un radio de 1.000 metros a partir del límite de las plantas urbanas y periurbanas en todo el territorio provincial.
Según su autor la idea se fundamenta en “consideraciones acerca del actual modelo productivo agrario, el que se sustenta en la producción agro-industrial de granos de generación biotecnológica o transgénicos u organismos genéticamente manipulados (OGM), lo cual conlleva la utilización de cantidades crecientes de plaguicidas que estarían afectando seriamente la salud de la población”.
Tomó como referencia los estudios realizados por el investigador del Conicet y jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA, Andrés Carrasco, quien concluyó que las “concentraciones ínfimas de glifosato” utilizadas en la agricultura “son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión” hasta interferir en los mecanismos normales del desarrollo.
Megafusión minera: Alumbrera y Agua Rica juntas
Planean megafusión minera por US$ 310 millones en Catamarca
Fecha de Publicación: 09/03/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Catamarca
Minera Alumbrera planea fusionarse con el proyecto de cobre y oro Agua Rica, un yacimiento vecino que también se encuentra en la provincia de Catamarca, en una operación que llegaría a los US$ 310 millones. Para ello sus principales accionistas, la suiza Xstrata Copper y la canadiense Goldcorp, suscribieron una carta de intención que le da a su filial la exclusividad para poder quedarse con el 100% de las acciones de ese proyecto, que están en manos de la firma Yamana (a su vez, tercera accionista de Minera Alumbrera).
Agua Rica está ubicada a 35 kilómetros al sudeste de la mina de cobre y oro Bajo de la Alumbrera, operada por la empresa Minera Alumbrera. Aunque ambas tienen casi el mismo tamaño, Agua Rica todavía no está en producción. Ni siquiera tiene aprobado el informe medioambiental. Había presentado uno en 2007 pero no había obtenido el visto bueno oficial. Ahora será necesario rehacer los estudios con un proyecto que unifique los dos yacimientos.
Consultado sobre la operación, Julian Rooney, directivo de Xstrata, hizo hincapié en que se trata de una “opción a cuatro años: primero hay que realizar un estudio de factibilidad para determinar si es posible hacer un proyecto conjunto entre Minera Alumbrera y Agua Rica. Hay que analizar técnicamente cuál es el costo y si es menor operando unidos que en forma independiente”, explicó a Clarín . Minera Alumbrera financiará el estudio de factibilidad y todos los costos del desarrollo.
La carta de intención le concede a Minera Alumbrera la opción exclusiva para adquirir la participación que Yamana posee en Agua Rica mediante el abono de pagos progresivos de opción por un monto máximo de hasta US$ 110 millones. “Una vez acordado proceder con la construcción, Yamana recibiría US$ 150 millones y, luego de la puesta en marcha, otros US$ 50 millones”. Además, Yamana mantendría el derecho a un pago diferido relativo al 65% de la producción de oro pagadera de Agua Rica con un máximo de 2 millones 300 mil onzas”, señala el comunicado.
Minera Alumbrera es gerenciada por Xstrata Copper, que es dueña de 50% del paquete accionario. Las firmas canadienses Goldcorp (37,5%) y Yamana (12,5%) poseen el resto del paquete. Alumbrera produce 150.000 toneladas de cobre y 450.000 onzas de oro. A valores actuales, representa unos US$ 1.500 millones anuales. Pero su vida útil se está acabando: comenzó a producir en 1997 y terminaría en 2017.
Por eso el presidente ejecutivo de Xstrata Copper, Charlie Sartain, señaló que “la opción en el proyecto Agua Rica ofrece a Minera Alumbrera una atractiva oportunidad de bajo riesgo de ampliar sus actuales operaciones, además de prolongar la actual vida útil de la mina en, al menos, 25 años ”.
Minera Alumbrera posee el derecho a explotar Bajo de la Alumbrera por un contrato suscrito con Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), la sociedad dueña de los derechos de propiedad del yacimiento. Con esta firma están haciendo trabajos de exploración de áreas cercanas para ver si pueden extender la vida útil.
Fecha de Publicación: 09/03/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Catamarca
Minera Alumbrera planea fusionarse con el proyecto de cobre y oro Agua Rica, un yacimiento vecino que también se encuentra en la provincia de Catamarca, en una operación que llegaría a los US$ 310 millones. Para ello sus principales accionistas, la suiza Xstrata Copper y la canadiense Goldcorp, suscribieron una carta de intención que le da a su filial la exclusividad para poder quedarse con el 100% de las acciones de ese proyecto, que están en manos de la firma Yamana (a su vez, tercera accionista de Minera Alumbrera).
Agua Rica está ubicada a 35 kilómetros al sudeste de la mina de cobre y oro Bajo de la Alumbrera, operada por la empresa Minera Alumbrera. Aunque ambas tienen casi el mismo tamaño, Agua Rica todavía no está en producción. Ni siquiera tiene aprobado el informe medioambiental. Había presentado uno en 2007 pero no había obtenido el visto bueno oficial. Ahora será necesario rehacer los estudios con un proyecto que unifique los dos yacimientos.
Consultado sobre la operación, Julian Rooney, directivo de Xstrata, hizo hincapié en que se trata de una “opción a cuatro años: primero hay que realizar un estudio de factibilidad para determinar si es posible hacer un proyecto conjunto entre Minera Alumbrera y Agua Rica. Hay que analizar técnicamente cuál es el costo y si es menor operando unidos que en forma independiente”, explicó a Clarín . Minera Alumbrera financiará el estudio de factibilidad y todos los costos del desarrollo.
La carta de intención le concede a Minera Alumbrera la opción exclusiva para adquirir la participación que Yamana posee en Agua Rica mediante el abono de pagos progresivos de opción por un monto máximo de hasta US$ 110 millones. “Una vez acordado proceder con la construcción, Yamana recibiría US$ 150 millones y, luego de la puesta en marcha, otros US$ 50 millones”. Además, Yamana mantendría el derecho a un pago diferido relativo al 65% de la producción de oro pagadera de Agua Rica con un máximo de 2 millones 300 mil onzas”, señala el comunicado.
Minera Alumbrera es gerenciada por Xstrata Copper, que es dueña de 50% del paquete accionario. Las firmas canadienses Goldcorp (37,5%) y Yamana (12,5%) poseen el resto del paquete. Alumbrera produce 150.000 toneladas de cobre y 450.000 onzas de oro. A valores actuales, representa unos US$ 1.500 millones anuales. Pero su vida útil se está acabando: comenzó a producir en 1997 y terminaría en 2017.
Por eso el presidente ejecutivo de Xstrata Copper, Charlie Sartain, señaló que “la opción en el proyecto Agua Rica ofrece a Minera Alumbrera una atractiva oportunidad de bajo riesgo de ampliar sus actuales operaciones, además de prolongar la actual vida útil de la mina en, al menos, 25 años ”.
Minera Alumbrera posee el derecho a explotar Bajo de la Alumbrera por un contrato suscrito con Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), la sociedad dueña de los derechos de propiedad del yacimiento. Con esta firma están haciendo trabajos de exploración de áreas cercanas para ver si pueden extender la vida útil.
Recursos naturales protegidos por ley
Recursos naturales protegidos por ley
Fecha de Publicación: 08/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La AGN viene advirtiendo sobre la necesidad de que el Congreso apruebe una ley de propiedad de la tierra. Lo sustenta en investigaciones propias que detectaron irregularidades en la transferencia de grandes extensiones a inversores extranjeros.
El debate sobre la regulación de la propiedad de la tierra es un tema de relevancia geopolítica, ya que están involucradas vastas extensiones de recursos naturales, como agua potable, hidrocarburos y la biodiversidad. Entre 2008 y 2009, la Auditoria General de la Nación publicó dos informes donde detectó varias irregularidades en la compra de campos en la región patagónica, así como también en Corrientes y Misiones, no casualmente las zonas más relevantes en cuanto a recursos naturales. Página/12 dialogó con el jefe del área de gestión ambiental de la AGN, Julio Guarido, quien señaló que es necesario considerar una ley de presupuestos mínimos para garantizar el control nacional de la tierra, recurso que hoy es controlado por mandato constitucional por las provincias.
“Cuando decimos que existe una fuerte concentración de vastas extensiones de tierras en manos extranjeras hay varios temas a considerar. Por un lado, es necesario plantear una correcta regulación de la propiedad del suelo por una lógica cuestión de soberanía. Luego hay que avanzar en una planificación y seguimiento de las actividades económicas en las zonas de frontera por su relevancia geopolítica”, explicó Guarido.
En 2008, la AGN publicó un trabajo donde se denunció una serie de irregularidades en la adquisición de tierra en zonas limítrofes de la Patagonia. Un año después, el organismo publicó otro informe sobre la compraventa de tierras en Misiones y Corrientes.
En estas zonas se concentran recursos naturales relevantes como la biodiversidad regional, variedad en vegetación de especies nativas y fundamentalmente reservorios de agua dulce ubicados en lagos, acuíferos, glaciares y nacientes de los ríos que irrigan zonas áridas y semiáridas que representan casi dos tercios del territorio argentino. “Es evidente que no son fronteras estáticas ni neutras desde lo geopolítico”, señaló Guarido.
De las 17 millones de hectáreas en manos de personas físicas o jurídicas de otros países –dato aportado por la Federación Agraria y avalado por la AGN–, un porcentaje relevante se encuentra en las llamadas “zonas de seguridad”, es decir las regiones limítrofes definidas por una extensión de 150 kilómetros en área continental y 50 kilómetros en el área marítima. Para que cualquier persona de otro país pueda adquirir porciones de tierra en las zonas de seguridad debe solicitar una autorización de previa conformidad ante el Ministerio del Interior.
Según detectó la AGN, sobre un total de 428 trámites de “previa conformidad” solicitados entre 2003 y 2007 para la región patagónica, se aprobaron sólo 137, mientras que el resto fueron validados por la “vía de la excepción”.
“Si bien la normativa vigente contempla la aprobación por vía de excepción, cabe destacar que los expedientes de personas físicas que no cumplen con los requisitos particulares exigidos resulta significativo”, indica el informe de la Auditoría publicado en 2008.
Entre las irregularidades encontradas en algunos establecimientos se destaca la falta de proyectos de inversión declarados y la copia de las escrituras correspondientes, “lo que dificulta un adecuado conocimiento de la titularidad de los inmuebles ubicados en zonas de seguridad”. A partir de 2005, el Ministerio del Interior estableció un mecanismo de consulta con la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para determinar la existencia de bosques nativos en las tierras adquiridas, dato que no aparece en la mayoría de los expedientes analizados.
En el caso del informe publicado en 2009, donde se analizó la situación de Corrientes y Misiones, las irregularidades encontradas fueron similares a las que ocurren en las zonas de frontera patagónica. En esta región del país, la AGN encontró emprendimiento con 21.968 hectáreas (Establecimiento Loma Alta), 1990 hectáreas (Estancia La Nueva) y 948 hectáreas (Estancia San Antonio), entre otros.
“Más allá de que haya algunos problemas de control en las zonas de frontera, sí o sí debe iniciarse un trámite de permiso, algo que no ocurre en las regiones que no están dentro de las zonas de fronteras. Ahí la desinformación es peor, ya que los recursos son gestionados de manera exclusiva por las provincias”, indicó a este diario el funcionario de la AGN.
Dentro de los casos más resonantes sobre la extranjerización de la tierra se encuentran las 900.000 hectáreas en poder de la familia Benetton en el sur del país, o las 18.000 hectáreas propiedad del inglés Joe Lewis en la zona de Lago Escondido –que construyó junto a un socio local una pista de aterrizaje–. También se destaca el caso del estadounidense Douglas Tompkins con 180.000 hectáreas en Corrientes. En total, el número que se calcula en manos extranjeras asciende a las 17 millones de toneladas, lo que podría ser igual a las extensiones que ocupan las provincias de Tucumán, Misiones, Jujuy y Formosa.
“Es curioso que empresarios extranjeros quieran comprar tierras en las zonas donde están ubicados los mayores recursos naturales del país. Habría que comenzar el debate sobre la naturaleza regional de los temas ambientales, para no colisionar con un federalismo no abierto a lo que debería ser el patrimonio nacional de los recursos”, concluyó Guarido.
Fecha de Publicación: 08/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La AGN viene advirtiendo sobre la necesidad de que el Congreso apruebe una ley de propiedad de la tierra. Lo sustenta en investigaciones propias que detectaron irregularidades en la transferencia de grandes extensiones a inversores extranjeros.
El debate sobre la regulación de la propiedad de la tierra es un tema de relevancia geopolítica, ya que están involucradas vastas extensiones de recursos naturales, como agua potable, hidrocarburos y la biodiversidad. Entre 2008 y 2009, la Auditoria General de la Nación publicó dos informes donde detectó varias irregularidades en la compra de campos en la región patagónica, así como también en Corrientes y Misiones, no casualmente las zonas más relevantes en cuanto a recursos naturales. Página/12 dialogó con el jefe del área de gestión ambiental de la AGN, Julio Guarido, quien señaló que es necesario considerar una ley de presupuestos mínimos para garantizar el control nacional de la tierra, recurso que hoy es controlado por mandato constitucional por las provincias.
“Cuando decimos que existe una fuerte concentración de vastas extensiones de tierras en manos extranjeras hay varios temas a considerar. Por un lado, es necesario plantear una correcta regulación de la propiedad del suelo por una lógica cuestión de soberanía. Luego hay que avanzar en una planificación y seguimiento de las actividades económicas en las zonas de frontera por su relevancia geopolítica”, explicó Guarido.
En 2008, la AGN publicó un trabajo donde se denunció una serie de irregularidades en la adquisición de tierra en zonas limítrofes de la Patagonia. Un año después, el organismo publicó otro informe sobre la compraventa de tierras en Misiones y Corrientes.
En estas zonas se concentran recursos naturales relevantes como la biodiversidad regional, variedad en vegetación de especies nativas y fundamentalmente reservorios de agua dulce ubicados en lagos, acuíferos, glaciares y nacientes de los ríos que irrigan zonas áridas y semiáridas que representan casi dos tercios del territorio argentino. “Es evidente que no son fronteras estáticas ni neutras desde lo geopolítico”, señaló Guarido.
De las 17 millones de hectáreas en manos de personas físicas o jurídicas de otros países –dato aportado por la Federación Agraria y avalado por la AGN–, un porcentaje relevante se encuentra en las llamadas “zonas de seguridad”, es decir las regiones limítrofes definidas por una extensión de 150 kilómetros en área continental y 50 kilómetros en el área marítima. Para que cualquier persona de otro país pueda adquirir porciones de tierra en las zonas de seguridad debe solicitar una autorización de previa conformidad ante el Ministerio del Interior.
Según detectó la AGN, sobre un total de 428 trámites de “previa conformidad” solicitados entre 2003 y 2007 para la región patagónica, se aprobaron sólo 137, mientras que el resto fueron validados por la “vía de la excepción”.
“Si bien la normativa vigente contempla la aprobación por vía de excepción, cabe destacar que los expedientes de personas físicas que no cumplen con los requisitos particulares exigidos resulta significativo”, indica el informe de la Auditoría publicado en 2008.
Entre las irregularidades encontradas en algunos establecimientos se destaca la falta de proyectos de inversión declarados y la copia de las escrituras correspondientes, “lo que dificulta un adecuado conocimiento de la titularidad de los inmuebles ubicados en zonas de seguridad”. A partir de 2005, el Ministerio del Interior estableció un mecanismo de consulta con la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para determinar la existencia de bosques nativos en las tierras adquiridas, dato que no aparece en la mayoría de los expedientes analizados.
En el caso del informe publicado en 2009, donde se analizó la situación de Corrientes y Misiones, las irregularidades encontradas fueron similares a las que ocurren en las zonas de frontera patagónica. En esta región del país, la AGN encontró emprendimiento con 21.968 hectáreas (Establecimiento Loma Alta), 1990 hectáreas (Estancia La Nueva) y 948 hectáreas (Estancia San Antonio), entre otros.
“Más allá de que haya algunos problemas de control en las zonas de frontera, sí o sí debe iniciarse un trámite de permiso, algo que no ocurre en las regiones que no están dentro de las zonas de fronteras. Ahí la desinformación es peor, ya que los recursos son gestionados de manera exclusiva por las provincias”, indicó a este diario el funcionario de la AGN.
Dentro de los casos más resonantes sobre la extranjerización de la tierra se encuentran las 900.000 hectáreas en poder de la familia Benetton en el sur del país, o las 18.000 hectáreas propiedad del inglés Joe Lewis en la zona de Lago Escondido –que construyó junto a un socio local una pista de aterrizaje–. También se destaca el caso del estadounidense Douglas Tompkins con 180.000 hectáreas en Corrientes. En total, el número que se calcula en manos extranjeras asciende a las 17 millones de toneladas, lo que podría ser igual a las extensiones que ocupan las provincias de Tucumán, Misiones, Jujuy y Formosa.
“Es curioso que empresarios extranjeros quieran comprar tierras en las zonas donde están ubicados los mayores recursos naturales del país. Habría que comenzar el debate sobre la naturaleza regional de los temas ambientales, para no colisionar con un federalismo no abierto a lo que debería ser el patrimonio nacional de los recursos”, concluyó Guarido.
La soja desembarca en la Patagonia
La soja desembarca en la Patagonia
Fecha de Publicación: 08/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Patagonia
Se entregarían 240 mil hectáreas para el cultivo a la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang. Antes de cosechar soja, el acuerdo ya cosecha críticas de parte de organizaciones comunitarias y ambientalistas. El gobierno provincial lo defiende.
“Proyecto sojero” denuncian las organizaciones sociales, ambientales e indígenas. “Plan agroalimentario” lo denomina el gobierno de Río Negro. Se trata de un acuerdo firmado por la provincia y China para sembrar 240 mil hectáreas, el doble de la actual superficie rionegrina dedicada a la agricultura, considerada por el oficialismo como “la iniciativa más importante de la historia provincial”. Una gran diversidad de sectores advierte que será la “sojización” de la Patagonia y alertan sobre las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que implicará. Y puntualizan los abundantes beneficios para el país asiático: la provincia cede 3000 hectáreas sin costo alguno, compromete 240 mil, otorga un sector del puerto provincial durante al menos 50 años, promete la sanción de leyes que beneficien la “inversión” y obliga al Estado provincial a cubrir los costos de oficinas, viviendas y transportes de los técnicos de la empresa china. Desde el Ministerio de Producción niegan que den la bienvenida al monocultivo, incluso cuestionan el modelo agropecuario de Argentina, pero rechazan la posibilidad de prohibir a los capitales chinos que siembren soja.
En octubre último, el gobernador de Río Negro, Miguel Saiz, viajó a China. En los medios de comunicación de la provincia sonaba desde hacía meses la posibilidad de un contrato comercial con ese país. El acuerdo fue celebrado bajo el título de “Acuerdo de cooperación para el proyecto de inversión agroalimenticio”: ése es el nombre formal del documento que vincula a la provincia y a la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang State Farms Business Trade Group, representada en Argentina por Strong Energy. Catorce carillas, en castellano y chino, donde la provincia argentina aparece como “parte A”, la empresa china como “B”, las ventajas parecieran corresponder a los asiáticos y las obligaciones a la provincia patagónica.
“La parte A (gobierno de Río Negro) realizará todos los trámites a fin de aplicar las normas que exceptúen de todos los impuestos provinciales, tasas, ingresos brutos, sellos, patentes, etc.”, grafica el punto seis del acuerdo, y el punto siete establece: “(Río Negro) gestionará ante el gobierno nacional y el Banco Nación a fin de que los fondos de inversión de B (China) no estén alcanzados por encajes bancarios”.
El ítem once obliga a la provincia a “poner a disposición (privada) todos los técnicos de aguas” que se desempeñen en el Estado y los estudios que existan sobre el tema. También compromete que la “futura explotación” se realizará en 50 mil hectáreas de Valle de Colonia Josefa, 74 mil hectáreas de Valle de Negro Muerto, 38 mil de Guardia Mitre, 31.500 de Margen Norte y 41 mil de Valle La Japonesa. Un total de 234.500 hectáreas rionegrinas. Desde el Gobierno aclaran que la superficie bajo riego podría extenderse a las 320 mil hectáreas.
A partir de la carilla once comienza el “anexo” del acuerdo. El Estado provincial se compromete a “ofrecer la mejor política de inversión, brindando garantía mediante la creación de leyes”. El párrafo siguiente es al menos llamativo: los capitales chinos se comprometen a instalarse en la provincia, pero “el Estado de Río Negro se compromete a brindar sin cargo algunos espacios para la oficina y vivienda, como también los medios de transporte y equipamiento para la oficina”. La “inversión” china ni siquiera deberá adquirir computadoras o lapiceras, todo correrá por cuenta del Estado rionegrino.
El acuerdo destaca que China enviará “especialistas” para investigar la forma de inversión, pero “todos los gastos originados durante el período de estudio serán solventados por A (gobierno de Río Negro)”.
También se obliga al propio Estado de Río Negro a “brindar sin cargo alguno 3000 hectáreas de tierra para un campo experimental”, y ceder “sin cargo alguno parte de la zona portuaria, cinco hectáreas”. Esta cesión del área estratégica de la provincia será durante 50 años y, una vez cumplido el plazo, siempre según lo firmado por el gobernador, “se renovará automáticamente”.
Los capitales chinos sólo se comprometen a realizar las “tareas correspondientes a asegurar la siembra que seleccione” y a invertir, en un plazo no estipulado, 20 millones de dólares. Los funcionarios provinciales, incluso el gobernador, difundieron que la inversión sería de 100 millones de dólares, pero en ninguna parte del acuerdo se explicita esa cifra.
El subsecretario de Producción y Recursos Naturales, Humberto Iglesias, remarcó que, como ingeniero agrónomo, posee amplia experiencia en agricultura bajo irrigación. “Sin dudas es el proyecto más importante de la provincia. Y las críticas son más ideológicas que técnicas. A todos les damos las mismas facilidades para que inviertan en la provincia”, señaló y se lanzó con críticas al modelo agropecuario argentino: “Es una amenaza que el país tenga el 60 por ciento de su superficie cultivada con monocultivo. Es un disparate la dependencia a la soja, al glifosato y también a China. No adherimos a ese modelo, es un paquete tecnológico muy peligroso, porque además suma agroquímicos como el endosulfán”.
El funcionario afirmó estar “atento a la preocupante información que comienza a conocerse sobre el glifosato” y remarcó que el gobernador tiene la misma mirada crítica sobre el modelo agropecuario.
A pesar del rechazo al monocultivo, el subsecretario de Producción rechazó enfáticamente la posibilidad de que, en el acuerdo con China, se prohíba sembrar soja. “No es un cultivo ilegal, no podemos prohibirlo”, retrucó y argumentó que la soja en Río Negro es menos rentable que el maíz. Durante la hora de entrevista desestimó una decena de veces que China siembre las 240 mil hectáreas con soja, reconoció que esa limitación no figura en ninguna parte del acuerdo firmado y su reiterado argumento antimonocultivo fue la supuesta baja rentabilidad de la oleaginosa en la zona patagónica.
En Viedma, el gobernador Miguel Saiz brindó una conferencia de prensa para presentar el acuerdo con el gobierno de China. “Hemos tenido la suerte y la posibilidad de subirnos al tren de China (...) Río Negro tiene un escenario histórico para formular un proyecto de desarrollo de carácter integral para los últimos valles de clima templado que quedan en Latinoamérica sin producción”.
Explicó que se estima la siembra de entre 200 mil y 250 mil hectáreas, afirmó que la producción estará a cargo de los actuales propietarios y precisó las “fortalezas” que identificaron desde la empresa China: la aptitud del suelo y clima, la disponibilidad de agua de calidad, la cercanía del puerto de aguas profundas y las vías de comunicación existentes en la provincia.
Desde 2003 la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Valle Inferior comenzó con pruebas experimentales de soja en Río Negro. En septiembre de 2006 el Ministerio de Producción firmó un convenio con la empresa Relmó SA para sembrar soja en doce hectáreas de la localidad de Choele Choel. El miércoles 18 de abril de 2007, el gobierno provincial festejó e inundó las redacciones con gacetillas de prensa: “Levantan la primera cosecha de soja en la provincia de Río Negro”.
“Esta experiencia adaptativa es un paso previo necesario para continuar observando cómo se adapta el cultivo al suelo rionegrino. Con estos datos fidedignos podremos apoyar y fomentar la incursión de los productores provinciales en la siembra a gran escala de soja en la provincia como alternativa para la rotación de cultivos hortícolas. Río Negro ve en esta iniciativa un proyecto interesante en lo que hace a la extensión de la frontera agrícola”, afirmaba el ministro de Producción, Juan Accatino, en el comunicado oficial de hace tres años.
Detrás de esa primera siembra estaba el denominado “Proyecto Soja Patagónica”, donde media decena de empresas de agronegocios impulsaba el avance de la soja sobre las provincias sureñas. Entre ellas, figuraba la alemana Basf, una de las grandes proveedoras mundiales de semillas y agroquímicos.
El Ministerio de Producción precisa que en la actualidad existen sólo 2000 hectáreas con soja. Y detalla que en toda la provincia existen 120 mil hectáreas dedicadas a la agricultura, todas bajo riego, principalmente por medio de canales y acequias. La mitad de esa superficie dedicada a la fruticultura. El acuerdo con China duplicaría la superficie sembrada y sextuplicaría el área dedicada a los principales cultivos (peras y manzanas abarcan 40 mil hectáreas).
“Corrimiento de la frontera agropecuaria” es un término técnico instalado en Argentina de la mano del actual modelo agropecuario. Implicó, e implica, el avance sobre tierras dedicadas a otras producciones y, sobre todo, provocó el desalojo de familias campesinas y pueblos indígenas con posesión reconocida por ley. En el mercado de agronegocios mundial Argentina es visto como un alumno modelo. En 1997 se cosecharon en el país once millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja abarca 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada del país. Si China decide sembrar en Río Negro, será el desembarco masivo de la soja en la Patagonia.
Fecha de Publicación: 08/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Patagonia
Se entregarían 240 mil hectáreas para el cultivo a la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang. Antes de cosechar soja, el acuerdo ya cosecha críticas de parte de organizaciones comunitarias y ambientalistas. El gobierno provincial lo defiende.
“Proyecto sojero” denuncian las organizaciones sociales, ambientales e indígenas. “Plan agroalimentario” lo denomina el gobierno de Río Negro. Se trata de un acuerdo firmado por la provincia y China para sembrar 240 mil hectáreas, el doble de la actual superficie rionegrina dedicada a la agricultura, considerada por el oficialismo como “la iniciativa más importante de la historia provincial”. Una gran diversidad de sectores advierte que será la “sojización” de la Patagonia y alertan sobre las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que implicará. Y puntualizan los abundantes beneficios para el país asiático: la provincia cede 3000 hectáreas sin costo alguno, compromete 240 mil, otorga un sector del puerto provincial durante al menos 50 años, promete la sanción de leyes que beneficien la “inversión” y obliga al Estado provincial a cubrir los costos de oficinas, viviendas y transportes de los técnicos de la empresa china. Desde el Ministerio de Producción niegan que den la bienvenida al monocultivo, incluso cuestionan el modelo agropecuario de Argentina, pero rechazan la posibilidad de prohibir a los capitales chinos que siembren soja.
En octubre último, el gobernador de Río Negro, Miguel Saiz, viajó a China. En los medios de comunicación de la provincia sonaba desde hacía meses la posibilidad de un contrato comercial con ese país. El acuerdo fue celebrado bajo el título de “Acuerdo de cooperación para el proyecto de inversión agroalimenticio”: ése es el nombre formal del documento que vincula a la provincia y a la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang State Farms Business Trade Group, representada en Argentina por Strong Energy. Catorce carillas, en castellano y chino, donde la provincia argentina aparece como “parte A”, la empresa china como “B”, las ventajas parecieran corresponder a los asiáticos y las obligaciones a la provincia patagónica.
“La parte A (gobierno de Río Negro) realizará todos los trámites a fin de aplicar las normas que exceptúen de todos los impuestos provinciales, tasas, ingresos brutos, sellos, patentes, etc.”, grafica el punto seis del acuerdo, y el punto siete establece: “(Río Negro) gestionará ante el gobierno nacional y el Banco Nación a fin de que los fondos de inversión de B (China) no estén alcanzados por encajes bancarios”.
El ítem once obliga a la provincia a “poner a disposición (privada) todos los técnicos de aguas” que se desempeñen en el Estado y los estudios que existan sobre el tema. También compromete que la “futura explotación” se realizará en 50 mil hectáreas de Valle de Colonia Josefa, 74 mil hectáreas de Valle de Negro Muerto, 38 mil de Guardia Mitre, 31.500 de Margen Norte y 41 mil de Valle La Japonesa. Un total de 234.500 hectáreas rionegrinas. Desde el Gobierno aclaran que la superficie bajo riego podría extenderse a las 320 mil hectáreas.
A partir de la carilla once comienza el “anexo” del acuerdo. El Estado provincial se compromete a “ofrecer la mejor política de inversión, brindando garantía mediante la creación de leyes”. El párrafo siguiente es al menos llamativo: los capitales chinos se comprometen a instalarse en la provincia, pero “el Estado de Río Negro se compromete a brindar sin cargo algunos espacios para la oficina y vivienda, como también los medios de transporte y equipamiento para la oficina”. La “inversión” china ni siquiera deberá adquirir computadoras o lapiceras, todo correrá por cuenta del Estado rionegrino.
El acuerdo destaca que China enviará “especialistas” para investigar la forma de inversión, pero “todos los gastos originados durante el período de estudio serán solventados por A (gobierno de Río Negro)”.
También se obliga al propio Estado de Río Negro a “brindar sin cargo alguno 3000 hectáreas de tierra para un campo experimental”, y ceder “sin cargo alguno parte de la zona portuaria, cinco hectáreas”. Esta cesión del área estratégica de la provincia será durante 50 años y, una vez cumplido el plazo, siempre según lo firmado por el gobernador, “se renovará automáticamente”.
Los capitales chinos sólo se comprometen a realizar las “tareas correspondientes a asegurar la siembra que seleccione” y a invertir, en un plazo no estipulado, 20 millones de dólares. Los funcionarios provinciales, incluso el gobernador, difundieron que la inversión sería de 100 millones de dólares, pero en ninguna parte del acuerdo se explicita esa cifra.
El subsecretario de Producción y Recursos Naturales, Humberto Iglesias, remarcó que, como ingeniero agrónomo, posee amplia experiencia en agricultura bajo irrigación. “Sin dudas es el proyecto más importante de la provincia. Y las críticas son más ideológicas que técnicas. A todos les damos las mismas facilidades para que inviertan en la provincia”, señaló y se lanzó con críticas al modelo agropecuario argentino: “Es una amenaza que el país tenga el 60 por ciento de su superficie cultivada con monocultivo. Es un disparate la dependencia a la soja, al glifosato y también a China. No adherimos a ese modelo, es un paquete tecnológico muy peligroso, porque además suma agroquímicos como el endosulfán”.
El funcionario afirmó estar “atento a la preocupante información que comienza a conocerse sobre el glifosato” y remarcó que el gobernador tiene la misma mirada crítica sobre el modelo agropecuario.
A pesar del rechazo al monocultivo, el subsecretario de Producción rechazó enfáticamente la posibilidad de que, en el acuerdo con China, se prohíba sembrar soja. “No es un cultivo ilegal, no podemos prohibirlo”, retrucó y argumentó que la soja en Río Negro es menos rentable que el maíz. Durante la hora de entrevista desestimó una decena de veces que China siembre las 240 mil hectáreas con soja, reconoció que esa limitación no figura en ninguna parte del acuerdo firmado y su reiterado argumento antimonocultivo fue la supuesta baja rentabilidad de la oleaginosa en la zona patagónica.
En Viedma, el gobernador Miguel Saiz brindó una conferencia de prensa para presentar el acuerdo con el gobierno de China. “Hemos tenido la suerte y la posibilidad de subirnos al tren de China (...) Río Negro tiene un escenario histórico para formular un proyecto de desarrollo de carácter integral para los últimos valles de clima templado que quedan en Latinoamérica sin producción”.
Explicó que se estima la siembra de entre 200 mil y 250 mil hectáreas, afirmó que la producción estará a cargo de los actuales propietarios y precisó las “fortalezas” que identificaron desde la empresa China: la aptitud del suelo y clima, la disponibilidad de agua de calidad, la cercanía del puerto de aguas profundas y las vías de comunicación existentes en la provincia.
Desde 2003 la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Valle Inferior comenzó con pruebas experimentales de soja en Río Negro. En septiembre de 2006 el Ministerio de Producción firmó un convenio con la empresa Relmó SA para sembrar soja en doce hectáreas de la localidad de Choele Choel. El miércoles 18 de abril de 2007, el gobierno provincial festejó e inundó las redacciones con gacetillas de prensa: “Levantan la primera cosecha de soja en la provincia de Río Negro”.
“Esta experiencia adaptativa es un paso previo necesario para continuar observando cómo se adapta el cultivo al suelo rionegrino. Con estos datos fidedignos podremos apoyar y fomentar la incursión de los productores provinciales en la siembra a gran escala de soja en la provincia como alternativa para la rotación de cultivos hortícolas. Río Negro ve en esta iniciativa un proyecto interesante en lo que hace a la extensión de la frontera agrícola”, afirmaba el ministro de Producción, Juan Accatino, en el comunicado oficial de hace tres años.
Detrás de esa primera siembra estaba el denominado “Proyecto Soja Patagónica”, donde media decena de empresas de agronegocios impulsaba el avance de la soja sobre las provincias sureñas. Entre ellas, figuraba la alemana Basf, una de las grandes proveedoras mundiales de semillas y agroquímicos.
El Ministerio de Producción precisa que en la actualidad existen sólo 2000 hectáreas con soja. Y detalla que en toda la provincia existen 120 mil hectáreas dedicadas a la agricultura, todas bajo riego, principalmente por medio de canales y acequias. La mitad de esa superficie dedicada a la fruticultura. El acuerdo con China duplicaría la superficie sembrada y sextuplicaría el área dedicada a los principales cultivos (peras y manzanas abarcan 40 mil hectáreas).
“Corrimiento de la frontera agropecuaria” es un término técnico instalado en Argentina de la mano del actual modelo agropecuario. Implicó, e implica, el avance sobre tierras dedicadas a otras producciones y, sobre todo, provocó el desalojo de familias campesinas y pueblos indígenas con posesión reconocida por ley. En el mercado de agronegocios mundial Argentina es visto como un alumno modelo. En 1997 se cosecharon en el país once millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja abarca 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada del país. Si China decide sembrar en Río Negro, será el desembarco masivo de la soja en la Patagonia.
Convocan al 15vo. Encuentro de la UAC
Convocan al 15vo. Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas
Fecha de Publicación: 07/03/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
Estamos orgullosos de nuestra tierra, de nuestros paisajes, de vivir entre ríos, de llevar dentro nuestro alimentándonos de identidad al Río Uruguay, río de los pájaros pintados, al decir de un poeta. "...para que en conjunto nos fortalezcamos, creciendo, desarrollándonos, evolucionando y abriéndonos a nuevos caminos diseñados entre todos, sin límites, ni fronteras, creados desde la más absoluta diversidad de miradas que se fijan en un mismo objetivo: LA VIDA."
Finalmente, aquí estamos. Nos demoramos un poco y hemos sido herméticos, pero en ningún momento hemos perdido de vista este Encuentro. Sabemos que fuimos unos atrevidos (en el mejor sentido de la palabra) al haber solicitado ser sede y que lo somos más todavía por sostener nuestra palabra y estar organizándolo, pero estamos convencidos que no habría luchas posibles ni objetivos aparentemente imposibles si no hubiera atrevidos.
Estamos orgullosos de nuestra tierra, de nuestros paisajes, de vivir entre ríos, de llevar dentro nuestro alimentándonos de identidad al Río Uruguay, río de los pájaros pintados, al decir de un poeta.
Quisiéramos que hasta la luna fuera la adecuada, para que llena se refleje en sus aguas y puedan llevarse esa imagen que nunca deja de emocionarnos. Difícilmente podamos lograrlo, pero sí, el ofrecerles todo lo que esté a nuestro alcance para que vivan junto a nosotros y al río, esta necesidad de cuidar esta magnífica naturaleza que nos rodea y aporta vida, para que en conjunto nos fortalezcamos, creciendo, desarrollándonos, evolucionando y abriéndonos a nuevos caminos diseñados entre todos, sin límites, ni fronteras, creados desde la más absoluta diversidad de miradas que se fijan en un mismo objetivo: LA VIDA.
Para ver la programación, acceder aquí
Fecha de Publicación: 07/03/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
Estamos orgullosos de nuestra tierra, de nuestros paisajes, de vivir entre ríos, de llevar dentro nuestro alimentándonos de identidad al Río Uruguay, río de los pájaros pintados, al decir de un poeta. "...para que en conjunto nos fortalezcamos, creciendo, desarrollándonos, evolucionando y abriéndonos a nuevos caminos diseñados entre todos, sin límites, ni fronteras, creados desde la más absoluta diversidad de miradas que se fijan en un mismo objetivo: LA VIDA."
Finalmente, aquí estamos. Nos demoramos un poco y hemos sido herméticos, pero en ningún momento hemos perdido de vista este Encuentro. Sabemos que fuimos unos atrevidos (en el mejor sentido de la palabra) al haber solicitado ser sede y que lo somos más todavía por sostener nuestra palabra y estar organizándolo, pero estamos convencidos que no habría luchas posibles ni objetivos aparentemente imposibles si no hubiera atrevidos.
Estamos orgullosos de nuestra tierra, de nuestros paisajes, de vivir entre ríos, de llevar dentro nuestro alimentándonos de identidad al Río Uruguay, río de los pájaros pintados, al decir de un poeta.
Quisiéramos que hasta la luna fuera la adecuada, para que llena se refleje en sus aguas y puedan llevarse esa imagen que nunca deja de emocionarnos. Difícilmente podamos lograrlo, pero sí, el ofrecerles todo lo que esté a nuestro alcance para que vivan junto a nosotros y al río, esta necesidad de cuidar esta magnífica naturaleza que nos rodea y aporta vida, para que en conjunto nos fortalezcamos, creciendo, desarrollándonos, evolucionando y abriéndonos a nuevos caminos diseñados entre todos, sin límites, ni fronteras, creados desde la más absoluta diversidad de miradas que se fijan en un mismo objetivo: LA VIDA.
Para ver la programación, acceder aquí
Cuenta regresiva para las villas del Riachuelo
Cuenta regresiva para las villas de la cuenca del Riachuelo
Fecha de Publicación: 06/03/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Contaminación y pobreza. La Justicia intimó al Estado a erradicar los barrios humildes de la ribera del río más contaminado. El primero será Puente Bosch, donde estuvo Clarín. Un drama que afecta a un millón de personas.
Junto a la cloaca a cielo abierto más grande del país y una de las más grandes del mundo, se aparecen cuatro figuras -jóvenes o adultos, quién sabe-, a los que se adivina con más pasado que futuro: descalzos, los pies inflamados por la gangrena, venas que sobresalen en los brazos, dientes que se asoman partidos o negros o que ni siquiera existen, las caras como de espanto. Su estado no es producto del Riachuelo, o no sólo del Riachuelo, pero sí de las distintas formas que encuentra la miseria para contaminar. Una es mujer, es Norma. “Yo no me quiero ir a ninguna parte”, dice, aunque luego se verá que lo dice por decir algo, que siente que ya nada cambiará.
De donde Norma dice no querer irse es del infierno, al que aquí llaman “Puente Bosch”, un pequeño asentamiento de chapas oxidadas, cartones y madera, pegado al puente que atraviesa el Riachuelo por la calle Bosch, lado Avellaneda, a cinco cuadras de los locales de Barracas para los turistas del tango, a cinco minutos de las luces de la 9 de Julio. El asentamiento es hijo de la falta de inversión directa en la limpieza del Riachuelo -a pesar de que hubo grandes sumas asignadas (ver Millones...)-, pero también de la insuficiente política de viviendas y de la pobreza más profunda, la estructural, ajena a los promocionados números del crecimiento de la economía.
Por ser de los más afectados y también por ser pequeño -en teoría manejable- el asentamiento “Puente Bosch” fue elegido por la Justicia como el barrio testigo de un mega plan establecido para erradicar del Riachuelo a los barrios pobres de sus márgenes. Y se anticipa que no será nada sencillo, en principio porque la mudanza no incluye a todos sus habitantes y porque los plazos deseados no se corresponden con la realidad.
El juez federal de Quilmes, Luis Armella, dispuso hace 10 días que este barrio, con sus vecinos y su breve y profunda historia, deberá ser evacuado antes del 30 de abril, dentro de poco más de un mes. Luego se deberá hacer lo mismo con el barrio “El Amanecer”, en Lomas de Zamora, con el “Barrio Puente Alsina”, en Lanús, y la lista es larga. En total, se promete evacuar 16 asentamientos de 14 municipios -incluida la Capital Federal- y no menos de 2.400 familias, las más afectadas por la podredumbre y la contaminación directa de vivir junto al agua muerta. Los científicos ya han demostrado el daño del río, pero la simple vista vale como prueba: una grotesca pasta negra que serpentea el límite entre la Capital y el conurbano, en aparente inmovilidad, con la espesura del asfalto líquido, cargada de basura y de un olor que las tardes de calor se hace imposible. Con él conviven miles de chicos. Con él conviven los chicos de “Puente Bosch”. Como Raulito, de 13, que nos habla: “Yo me voy o no me voy. Me da lo mismo porque voy a cualquier lugar donde pueda vivir”, dice, y sonríe y parece agradecido por el simple acontecimiento de que le pregunten qué quiere
Raulito tiene diez hermanos más y su papá todavía le dice que NO al “paco”, esa droga letal que aniquila los márgenes, que es de venta habitual por aquí y que ya tiene al borde de la muerte a varios de los habitantes de “Puente Bosch”. El papá de Raulito trabaja de lo que trabajan todos aquí: es cartonero, se las rebusca como puede vendiendo cartón y vidrio, igual que las demás “25 o 26 familias” del asentamiento. A algunos ya ni se los cuenta: los primeros que nos reciben, esos cuatro cuerpos sin edad, como Norma, a la que suponen adulta porque tiene, dice, “un montón” de hijos.
El plan de erradicación está teóricamente en marcha. Y es producto de la intimación judicial. La cuenca del Riachuelo es responsabilidad de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), que dirige la Secretaría de Medio Ambiente en sociedad con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y con el de la Ciudad. A pedido de la Corte Suprema, y del juez de Quilmes, los funcionarios vienen realizando planes y obras -aunque con mucha lentitud- para intentar paliar un drama que afecta indirectamente al millón de personas que habita sus márgenes. En esta etapa, se comprometieron a erradicar a las familias más vulnerables, las 2.400 que están más expuestas a “daño ambiental”. Un ejemplo de ese daño: una de las pericias encargadas por la Corte determinó que el 50 por ciento de los chicos de “Villa Inflamable”, cercana a “Puente Bosch”, tiene niveles de plomo en sangre por encima de la media -genera trastornos en el crecimiento-, producto de la contaminación “por aire” de los residuos de combustibles que ganaron el río. Las diarreas, los problemas respiratorios y las enfermedades de la piel también son mayores que en cualquier otro sitio.
¿Cómo se sale de esto?
El secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi, aseguró el martes pasado que la mudanza de los vecinos “ya empezó” y que “se han comprometido, con fecha de licitación, 17 mil viviendas”. Aunque el proyecto es ambicioso, el primero de los ejemplos, el más próximo, es “Puente Bosch”. Y ya se adivina con demoras y conflictos, producto, justamente, de demoras anteriores.
Para poner cifras al drama, la Justicia dispuso un censo que se ejecutó en el verano de 2008. El primer problema es que el plan de erradicación es producto de ese censo, de hace más de tres años, y la realidad de los barrios ha cambiado. En “Puente Bosch”, por caso, eran 18 familias y ahora son 26, o al menos lo eran hasta el miércoles pasado, cuando funcionarios del municipio de Avellaneda se aparecieron por allí de improviso: les dieron subsidios de 2.000 pesos a cada una de las familias no censadas y consiguieron que se fueran a algún sitio. Allí estaban ellos partiendo, con sus carritos de cartoneros y los chicos a cuestas. ¿A dónde? ¿Volverán?
“Espero que no vuelvan porque si vuelven los van a sacar”. La que habla es Estela Odriozola, evangelista y manzanera, que vive en una casa de verdad a 50 metros del asentamiento. Dueña del comedor popular donde suelen alimentarse los chicos de “Barrio Bosch”, Estela es, a puro amor, la responsable de que sus vecinos villeros no sean olvidados del todo. Ella tiende puentes entre el municipio y las familias del asentamiento, ella los convenció de que no podían resistir la evacuación. A su lado, las cosas cambian un poquito, como Norma, la mujer que esconde edad y sexo, la mujer del montón de hijos, que ahora vacila: “Está bien. Si quieren nos vamos a donde nos lleven”, dice.
Los no censados se fueron el miércoles hacia casas de alquiler, donde pronto gastarán sus 2.000 pesos. Los otros, los 18 iniciales, serán trasladados o tienen la promesa de que serán alojados en otro barrio que construye el municipio de Avellaneda en otra villa, “Villa Tranquila”, que de tranquila tiene sólo el nombre pero al menos está lejos del Riachuelo y las casas son de verdad, con agua, gas, ladrillos y cemento que hoy se están convirtiendo en un posible hogar, aunque lentamente, demasiado para estar terminadas antes del plazo previsto, si todavía no tienen ni ventanas ni revoque ni cañerías. Con seguro retraso, hacia allá irá en algún momento la familia de Raulito, que vuelve a hablar: “Me voy a tener que cambiar de colegio”, dice, como si fuera sólo eso, pero porque no sabe, porque nunca tuvo una casa de verdad.
¿Se sale de esto? Antes de habitar los márgenes de la muerte -el olor del río se hace espeso de pronto-, los habitantes de “Puente Bosch” fueron vecinos de Avellaneda o de otros municipios del conurbano, caídos en desgracia en los noventa o con la implosiva crisis de 2001. Fue allí cuando Norma y la familia de Raulito fueron llegando al asentamiento, lo fueron construyendo. En todos estos años, apenas consiguieron que el municipio les hiciera llegar unas canillas con agua potable, últimamente sólo algunos alcanzaron a tramitar el subsidio de la Asignación universal por hijo, ya que la mayoría no tiene ni documentos. Sus desechos, claro, van a parar al río, junto a las toneladas de basura y veneno que arrojan fábricas clandestinas y legales.
Lo que hicieron entonces y ahora es vivir de la calle. Juntan vidrios y plásticos y cartones, y los venden. Ariel, el tucumano, uno de los “afortunados” que fue censado, es el que los organiza. Tiene frente a su casita una balanza y allí pesa lo que consiguen él y sus vecinos. De la calle a la balanza, y de la balanza a la calle. Frente a las casitas, junto al Riachuelo, se amontonan vidrios rotos, cartones, hierros. “Una vez por semana pasan unos camiones y se lo llevan. Pagan bien”, dice Ariel, y pasa números: 25 centavos el kilo de vidrio, 50 centavos el de cartón. Alcanza a juntar, según dice, “unos 500 pesos por mes”.
¿Pueden vivir con 500 pesos? Ariel dice que sí y nadie lo desmiente. Quizá porque han perdido la noción de lo que es vivir. Quizá sea otra forma de contaminación. Que no cambiará para siempre, pero tal vez, aunque tarde y no para todos, al menos le dé a Raulito una nueva oportunidad.
Fecha de Publicación: 06/03/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Contaminación y pobreza. La Justicia intimó al Estado a erradicar los barrios humildes de la ribera del río más contaminado. El primero será Puente Bosch, donde estuvo Clarín. Un drama que afecta a un millón de personas.
Junto a la cloaca a cielo abierto más grande del país y una de las más grandes del mundo, se aparecen cuatro figuras -jóvenes o adultos, quién sabe-, a los que se adivina con más pasado que futuro: descalzos, los pies inflamados por la gangrena, venas que sobresalen en los brazos, dientes que se asoman partidos o negros o que ni siquiera existen, las caras como de espanto. Su estado no es producto del Riachuelo, o no sólo del Riachuelo, pero sí de las distintas formas que encuentra la miseria para contaminar. Una es mujer, es Norma. “Yo no me quiero ir a ninguna parte”, dice, aunque luego se verá que lo dice por decir algo, que siente que ya nada cambiará.
De donde Norma dice no querer irse es del infierno, al que aquí llaman “Puente Bosch”, un pequeño asentamiento de chapas oxidadas, cartones y madera, pegado al puente que atraviesa el Riachuelo por la calle Bosch, lado Avellaneda, a cinco cuadras de los locales de Barracas para los turistas del tango, a cinco minutos de las luces de la 9 de Julio. El asentamiento es hijo de la falta de inversión directa en la limpieza del Riachuelo -a pesar de que hubo grandes sumas asignadas (ver Millones...)-, pero también de la insuficiente política de viviendas y de la pobreza más profunda, la estructural, ajena a los promocionados números del crecimiento de la economía.
Por ser de los más afectados y también por ser pequeño -en teoría manejable- el asentamiento “Puente Bosch” fue elegido por la Justicia como el barrio testigo de un mega plan establecido para erradicar del Riachuelo a los barrios pobres de sus márgenes. Y se anticipa que no será nada sencillo, en principio porque la mudanza no incluye a todos sus habitantes y porque los plazos deseados no se corresponden con la realidad.
El juez federal de Quilmes, Luis Armella, dispuso hace 10 días que este barrio, con sus vecinos y su breve y profunda historia, deberá ser evacuado antes del 30 de abril, dentro de poco más de un mes. Luego se deberá hacer lo mismo con el barrio “El Amanecer”, en Lomas de Zamora, con el “Barrio Puente Alsina”, en Lanús, y la lista es larga. En total, se promete evacuar 16 asentamientos de 14 municipios -incluida la Capital Federal- y no menos de 2.400 familias, las más afectadas por la podredumbre y la contaminación directa de vivir junto al agua muerta. Los científicos ya han demostrado el daño del río, pero la simple vista vale como prueba: una grotesca pasta negra que serpentea el límite entre la Capital y el conurbano, en aparente inmovilidad, con la espesura del asfalto líquido, cargada de basura y de un olor que las tardes de calor se hace imposible. Con él conviven miles de chicos. Con él conviven los chicos de “Puente Bosch”. Como Raulito, de 13, que nos habla: “Yo me voy o no me voy. Me da lo mismo porque voy a cualquier lugar donde pueda vivir”, dice, y sonríe y parece agradecido por el simple acontecimiento de que le pregunten qué quiere
Raulito tiene diez hermanos más y su papá todavía le dice que NO al “paco”, esa droga letal que aniquila los márgenes, que es de venta habitual por aquí y que ya tiene al borde de la muerte a varios de los habitantes de “Puente Bosch”. El papá de Raulito trabaja de lo que trabajan todos aquí: es cartonero, se las rebusca como puede vendiendo cartón y vidrio, igual que las demás “25 o 26 familias” del asentamiento. A algunos ya ni se los cuenta: los primeros que nos reciben, esos cuatro cuerpos sin edad, como Norma, a la que suponen adulta porque tiene, dice, “un montón” de hijos.
El plan de erradicación está teóricamente en marcha. Y es producto de la intimación judicial. La cuenca del Riachuelo es responsabilidad de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), que dirige la Secretaría de Medio Ambiente en sociedad con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y con el de la Ciudad. A pedido de la Corte Suprema, y del juez de Quilmes, los funcionarios vienen realizando planes y obras -aunque con mucha lentitud- para intentar paliar un drama que afecta indirectamente al millón de personas que habita sus márgenes. En esta etapa, se comprometieron a erradicar a las familias más vulnerables, las 2.400 que están más expuestas a “daño ambiental”. Un ejemplo de ese daño: una de las pericias encargadas por la Corte determinó que el 50 por ciento de los chicos de “Villa Inflamable”, cercana a “Puente Bosch”, tiene niveles de plomo en sangre por encima de la media -genera trastornos en el crecimiento-, producto de la contaminación “por aire” de los residuos de combustibles que ganaron el río. Las diarreas, los problemas respiratorios y las enfermedades de la piel también son mayores que en cualquier otro sitio.
¿Cómo se sale de esto?
El secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi, aseguró el martes pasado que la mudanza de los vecinos “ya empezó” y que “se han comprometido, con fecha de licitación, 17 mil viviendas”. Aunque el proyecto es ambicioso, el primero de los ejemplos, el más próximo, es “Puente Bosch”. Y ya se adivina con demoras y conflictos, producto, justamente, de demoras anteriores.
Para poner cifras al drama, la Justicia dispuso un censo que se ejecutó en el verano de 2008. El primer problema es que el plan de erradicación es producto de ese censo, de hace más de tres años, y la realidad de los barrios ha cambiado. En “Puente Bosch”, por caso, eran 18 familias y ahora son 26, o al menos lo eran hasta el miércoles pasado, cuando funcionarios del municipio de Avellaneda se aparecieron por allí de improviso: les dieron subsidios de 2.000 pesos a cada una de las familias no censadas y consiguieron que se fueran a algún sitio. Allí estaban ellos partiendo, con sus carritos de cartoneros y los chicos a cuestas. ¿A dónde? ¿Volverán?
“Espero que no vuelvan porque si vuelven los van a sacar”. La que habla es Estela Odriozola, evangelista y manzanera, que vive en una casa de verdad a 50 metros del asentamiento. Dueña del comedor popular donde suelen alimentarse los chicos de “Barrio Bosch”, Estela es, a puro amor, la responsable de que sus vecinos villeros no sean olvidados del todo. Ella tiende puentes entre el municipio y las familias del asentamiento, ella los convenció de que no podían resistir la evacuación. A su lado, las cosas cambian un poquito, como Norma, la mujer que esconde edad y sexo, la mujer del montón de hijos, que ahora vacila: “Está bien. Si quieren nos vamos a donde nos lleven”, dice.
Los no censados se fueron el miércoles hacia casas de alquiler, donde pronto gastarán sus 2.000 pesos. Los otros, los 18 iniciales, serán trasladados o tienen la promesa de que serán alojados en otro barrio que construye el municipio de Avellaneda en otra villa, “Villa Tranquila”, que de tranquila tiene sólo el nombre pero al menos está lejos del Riachuelo y las casas son de verdad, con agua, gas, ladrillos y cemento que hoy se están convirtiendo en un posible hogar, aunque lentamente, demasiado para estar terminadas antes del plazo previsto, si todavía no tienen ni ventanas ni revoque ni cañerías. Con seguro retraso, hacia allá irá en algún momento la familia de Raulito, que vuelve a hablar: “Me voy a tener que cambiar de colegio”, dice, como si fuera sólo eso, pero porque no sabe, porque nunca tuvo una casa de verdad.
¿Se sale de esto? Antes de habitar los márgenes de la muerte -el olor del río se hace espeso de pronto-, los habitantes de “Puente Bosch” fueron vecinos de Avellaneda o de otros municipios del conurbano, caídos en desgracia en los noventa o con la implosiva crisis de 2001. Fue allí cuando Norma y la familia de Raulito fueron llegando al asentamiento, lo fueron construyendo. En todos estos años, apenas consiguieron que el municipio les hiciera llegar unas canillas con agua potable, últimamente sólo algunos alcanzaron a tramitar el subsidio de la Asignación universal por hijo, ya que la mayoría no tiene ni documentos. Sus desechos, claro, van a parar al río, junto a las toneladas de basura y veneno que arrojan fábricas clandestinas y legales.
Lo que hicieron entonces y ahora es vivir de la calle. Juntan vidrios y plásticos y cartones, y los venden. Ariel, el tucumano, uno de los “afortunados” que fue censado, es el que los organiza. Tiene frente a su casita una balanza y allí pesa lo que consiguen él y sus vecinos. De la calle a la balanza, y de la balanza a la calle. Frente a las casitas, junto al Riachuelo, se amontonan vidrios rotos, cartones, hierros. “Una vez por semana pasan unos camiones y se lo llevan. Pagan bien”, dice Ariel, y pasa números: 25 centavos el kilo de vidrio, 50 centavos el de cartón. Alcanza a juntar, según dice, “unos 500 pesos por mes”.
¿Pueden vivir con 500 pesos? Ariel dice que sí y nadie lo desmiente. Quizá porque han perdido la noción de lo que es vivir. Quizá sea otra forma de contaminación. Que no cambiará para siempre, pero tal vez, aunque tarde y no para todos, al menos le dé a Raulito una nueva oportunidad.
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