Las minas no se tocan
08:28 | 
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Las minas no se tocan
Fecha de Publicación: 13/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un cable filtrado por Wikileaks revela la preocupación que causó el aumento de un impuesto del 5 al 10 por ciento sobre la minería.
Aunque el sector minero no paga retenciones del 35 por ciento como algunos productos agrícolas, ni del 45 por ciento como pagan las petroleras, y aunque en los últimos años el precio internacional de los minerales trepó a picos históricos, la Embajada de los Estados Unidos reaccionó ante el aumento de un impuesto del cinco al diez por ciento alertando sobre el fin de las inversiones en la Argentina.
Según un cable diplomático de octubre del 2007 filtrado por Wikileaks al que tuvo acceso Página/12, la embajada sondeó a distintos empresarios mineros sobre la continuidad de sus inversiones en el país y se hizo eco de sus quejas, a pesar de que las inversiones estadounidenses en la minería argentina son escasas.
La intervención de la embajada tuvo lugar después de que “contactos del sector privado” que no identifica alertaran de que el nuevo impuesto “socavaría las inversiones del sector minero y el clima de inversiones en general en la Argentina”, dice el cable firmado por el entonces embajador Earl Anthony Wayne.
Sin embargo, en los sondeos de la embajada ningún representante del sector se mostró dispuesto a retirarse del país ni a quejarse ante el Gobierno por el gravamen impuesto, quizá porque el margen de ganancia aún era amplio.
El impuesto a las exportaciones mineras que provocó la reacción de la embajada forma parte de una tendencia mundial. Según un artículo de Pablo Maas en Clarín de septiembre pasado, los gobiernos de Chile y Australia lo hicieron.
“Alrededor del mundo, está creciendo lo que los propios mineros llaman el ‘nacionalismo de los recursos’. Se trata de gobiernos, nacionales o locales, que están buscando participar con una mayor porción de la renta minera, que se ha disparado al compás del ascenso meteórico de la cotización de metales como el oro, la plata y el cobre”, dice el economista.
Mientras en Australia el nuevo gobierno impuso un gravamen del 30 por ciento a las “ganancias extraordinarias” de las mineras y en Chile Sebastián Piñera mandó un proyecto para aumentar las regalías a un mínimo de cinco por ciento, en la Argentina, hasta el impuesto que preocupó a la embajada, las mineras sólo pagaban regalías del tres por ciento a las provincias. Más aún, la ley minera de 1993, promulgada por Carlos Menem, les otorgó a los proyectos una deducción del 100 por ciento de los gastos de exploración e importaciones sin aranceles, entre otros incentivos, sin contar un compromiso de 30 años de estabilidad fiscal, que en la práctica duró catorce.
“Régimen de primer nivel”
El cable reconoce que antes de la instauración del impuesto la situación de las mineras que operan en la Argentina era prácticamente inmejorable.
“Contactos del sector privado e informes de los medios han sido más bien críticos con la manera en que el gobierno de Argentina aplicó el impuesto, argumentando que efectivamente clausura una década y media de inversión minera con un régimen impositivo de primer nivel mundial”, dice el texto.
A pesar del tono alarmista del despacho diplomático, los mismos “contactos” que se quejaron ante la embajada admitieron que el alto precio de los minerales cubría sobradamente el costo del impuesto, dice el cable: “Contactos del sector minero reconocen que la presente fortaleza del precio mundial de los minerales, particularmente del oro y del cobre, es un incentivo fuerte para permanecer en la Argentina”.
Para que no queden dudas, el autor del cable escribió que en los tres años previos a la aplicación del impuesto de 5 al 10 por ciento, el precio de los principales minerales que exporta la Argentina habían subido un 20 por ciento en el caso del oro y un 60 por ciento en el caso del cobre.
El cable también señala que la presión impositiva sobre la minería sigue siendo baja con respecto a otros productos primarios que exporta la Argentina. “El impuesto federal a las exportaciones mineras ha aumentado sustancialmente, de 0 a 5-10 por ciento, pero sigue siendo significativamente más bajo que las retenciones que se aplican a sectores agrícolas (alrededor del 28 por ciento para la soja) y a los hidrocarburos (alrededor del 45 por ciento para el crudo).”
Intereses
Sin embargo, según la embajada, la decisión de Argentina de aplicar el impuesto afectaría los intereses estadounidenses porque empresas norteamericanas son proveedoras de las mineras. “Comparados con otras firmas mineras basadas en el exterior, los intereses mineros de Estados Unidos son pequeños... Estados Unidos tiene intereses más grandes en la venta de equipos a empresas mineras operando en la Argentina, con cerca del 30 por ciento del mercado. El Servicio de Comercio Exterior estadounidense estima que en el 2006 las exportaciones de equipos mineros (a la Argentina) fueron de cerca de 125 millones de dólares. Estas exportaciones podrían verse afectadas si el nuevo impuesto minero resulta en menos inversiones.”
Según cuenta el cable, al sentirse afectada en sus intereses la embajada intentó contactarse con funcionarios argentinos para pedirles “explicaciones” sobre la decisión de aplicar el impuesto. Pero los diplomáticos fracasaron en el intento.
Así es la queja: “La Embajada ha intentado sin éxito una entrevista con el secretario de Minería Jorge Mayoral, con quien disfrutamos de una buena relación de trabajo, para que nos dé una explicación más completa. Otras embajadas cuentan lo mismo. Llamados y pedidos de reuniones por parte de la Embajada –con varios funcionarios de primer nivel del gobierno de Argentina e incluso gobernadores– han sido mayormente rechazados o no contestados”.
Fecha de Publicación: 13/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un cable filtrado por Wikileaks revela la preocupación que causó el aumento de un impuesto del 5 al 10 por ciento sobre la minería.
Aunque el sector minero no paga retenciones del 35 por ciento como algunos productos agrícolas, ni del 45 por ciento como pagan las petroleras, y aunque en los últimos años el precio internacional de los minerales trepó a picos históricos, la Embajada de los Estados Unidos reaccionó ante el aumento de un impuesto del cinco al diez por ciento alertando sobre el fin de las inversiones en la Argentina.
Según un cable diplomático de octubre del 2007 filtrado por Wikileaks al que tuvo acceso Página/12, la embajada sondeó a distintos empresarios mineros sobre la continuidad de sus inversiones en el país y se hizo eco de sus quejas, a pesar de que las inversiones estadounidenses en la minería argentina son escasas.
La intervención de la embajada tuvo lugar después de que “contactos del sector privado” que no identifica alertaran de que el nuevo impuesto “socavaría las inversiones del sector minero y el clima de inversiones en general en la Argentina”, dice el cable firmado por el entonces embajador Earl Anthony Wayne.
Sin embargo, en los sondeos de la embajada ningún representante del sector se mostró dispuesto a retirarse del país ni a quejarse ante el Gobierno por el gravamen impuesto, quizá porque el margen de ganancia aún era amplio.
El impuesto a las exportaciones mineras que provocó la reacción de la embajada forma parte de una tendencia mundial. Según un artículo de Pablo Maas en Clarín de septiembre pasado, los gobiernos de Chile y Australia lo hicieron.
“Alrededor del mundo, está creciendo lo que los propios mineros llaman el ‘nacionalismo de los recursos’. Se trata de gobiernos, nacionales o locales, que están buscando participar con una mayor porción de la renta minera, que se ha disparado al compás del ascenso meteórico de la cotización de metales como el oro, la plata y el cobre”, dice el economista.
Mientras en Australia el nuevo gobierno impuso un gravamen del 30 por ciento a las “ganancias extraordinarias” de las mineras y en Chile Sebastián Piñera mandó un proyecto para aumentar las regalías a un mínimo de cinco por ciento, en la Argentina, hasta el impuesto que preocupó a la embajada, las mineras sólo pagaban regalías del tres por ciento a las provincias. Más aún, la ley minera de 1993, promulgada por Carlos Menem, les otorgó a los proyectos una deducción del 100 por ciento de los gastos de exploración e importaciones sin aranceles, entre otros incentivos, sin contar un compromiso de 30 años de estabilidad fiscal, que en la práctica duró catorce.
“Régimen de primer nivel”
El cable reconoce que antes de la instauración del impuesto la situación de las mineras que operan en la Argentina era prácticamente inmejorable.
“Contactos del sector privado e informes de los medios han sido más bien críticos con la manera en que el gobierno de Argentina aplicó el impuesto, argumentando que efectivamente clausura una década y media de inversión minera con un régimen impositivo de primer nivel mundial”, dice el texto.
A pesar del tono alarmista del despacho diplomático, los mismos “contactos” que se quejaron ante la embajada admitieron que el alto precio de los minerales cubría sobradamente el costo del impuesto, dice el cable: “Contactos del sector minero reconocen que la presente fortaleza del precio mundial de los minerales, particularmente del oro y del cobre, es un incentivo fuerte para permanecer en la Argentina”.
Para que no queden dudas, el autor del cable escribió que en los tres años previos a la aplicación del impuesto de 5 al 10 por ciento, el precio de los principales minerales que exporta la Argentina habían subido un 20 por ciento en el caso del oro y un 60 por ciento en el caso del cobre.
El cable también señala que la presión impositiva sobre la minería sigue siendo baja con respecto a otros productos primarios que exporta la Argentina. “El impuesto federal a las exportaciones mineras ha aumentado sustancialmente, de 0 a 5-10 por ciento, pero sigue siendo significativamente más bajo que las retenciones que se aplican a sectores agrícolas (alrededor del 28 por ciento para la soja) y a los hidrocarburos (alrededor del 45 por ciento para el crudo).”
Intereses
Sin embargo, según la embajada, la decisión de Argentina de aplicar el impuesto afectaría los intereses estadounidenses porque empresas norteamericanas son proveedoras de las mineras. “Comparados con otras firmas mineras basadas en el exterior, los intereses mineros de Estados Unidos son pequeños... Estados Unidos tiene intereses más grandes en la venta de equipos a empresas mineras operando en la Argentina, con cerca del 30 por ciento del mercado. El Servicio de Comercio Exterior estadounidense estima que en el 2006 las exportaciones de equipos mineros (a la Argentina) fueron de cerca de 125 millones de dólares. Estas exportaciones podrían verse afectadas si el nuevo impuesto minero resulta en menos inversiones.”
Según cuenta el cable, al sentirse afectada en sus intereses la embajada intentó contactarse con funcionarios argentinos para pedirles “explicaciones” sobre la decisión de aplicar el impuesto. Pero los diplomáticos fracasaron en el intento.
Así es la queja: “La Embajada ha intentado sin éxito una entrevista con el secretario de Minería Jorge Mayoral, con quien disfrutamos de una buena relación de trabajo, para que nos dé una explicación más completa. Otras embajadas cuentan lo mismo. Llamados y pedidos de reuniones por parte de la Embajada –con varios funcionarios de primer nivel del gobierno de Argentina e incluso gobernadores– han sido mayormente rechazados o no contestados”.
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Argentina invirtió el equivalente a 11 Atuchas
Baratta: se invirtió el equivalente a 11 Atuchas
Fecha de Publicación: 12/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El funcionario criticó a los ex secretarios
El Gobierno volvió ayer a cuestionar el informe de los ocho ex secretarios de Energía sobre el abastecimiento de petróleo, gas, combustibles y electricidad.
Esta vez fue el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, que centró sus objeciones en el déficit que, según los especialistas, tuvo la Argentina entre 2003 y 2010, estimado en 5300 megavatios de capacidad, que este diario comparó ayer con el equivalente a ocho centrales Atucha II.
"Desde 2003 incorporamos el equivalente a 11 centrales del tamaño de Atucha II, por lo que ese grupo de ex secretarios debería informarse mejor antes de opinar", dijo Baratta a Télam, y cuestionó además a este diario: "Es llamativo que La Nacion le dé lugar a este grupo de ex funcionarios, que entre todos casi no sumaron megavatios, y omita que ayer el sistema batió nuevamente el récord absoluto de pico de consumo, alcanzando los 20.913 megavatios a las 20.31. Es bueno recordar que, cuando asumimos en 2003, el récord era de 14.359 megavatios."
El subsecretario enumeró las medidas tomadas por el Gobierno. "El plan energético presentado en mayo de 2004 ha permitido sostener una economía que creció más de un 60 por ciento en estos años. Hemos incorporado 7390 megavatios, a partir de obras como la finalización de Yacyretá, las centrales de ciclo combinado San Martín y Belgrano, Pilar, la represa Caracoles, los programas Energía Plus y Energía Distribuida; lo que equivale a 11 centrales como Atucha II."
Daniel Montamat, uno de los autores del informe, contestó: "Incorporaron el equivalente a 8 Atuchas, no a 11, y debieron incorporar 8 más para seguir el crecimiento de la demanda y mantener el nivel de las reservas del sistema".
Fecha de Publicación: 12/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El funcionario criticó a los ex secretarios
El Gobierno volvió ayer a cuestionar el informe de los ocho ex secretarios de Energía sobre el abastecimiento de petróleo, gas, combustibles y electricidad.
Esta vez fue el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, que centró sus objeciones en el déficit que, según los especialistas, tuvo la Argentina entre 2003 y 2010, estimado en 5300 megavatios de capacidad, que este diario comparó ayer con el equivalente a ocho centrales Atucha II.
"Desde 2003 incorporamos el equivalente a 11 centrales del tamaño de Atucha II, por lo que ese grupo de ex secretarios debería informarse mejor antes de opinar", dijo Baratta a Télam, y cuestionó además a este diario: "Es llamativo que La Nacion le dé lugar a este grupo de ex funcionarios, que entre todos casi no sumaron megavatios, y omita que ayer el sistema batió nuevamente el récord absoluto de pico de consumo, alcanzando los 20.913 megavatios a las 20.31. Es bueno recordar que, cuando asumimos en 2003, el récord era de 14.359 megavatios."
El subsecretario enumeró las medidas tomadas por el Gobierno. "El plan energético presentado en mayo de 2004 ha permitido sostener una economía que creció más de un 60 por ciento en estos años. Hemos incorporado 7390 megavatios, a partir de obras como la finalización de Yacyretá, las centrales de ciclo combinado San Martín y Belgrano, Pilar, la represa Caracoles, los programas Energía Plus y Energía Distribuida; lo que equivale a 11 centrales como Atucha II."
Daniel Montamat, uno de los autores del informe, contestó: "Incorporaron el equivalente a 8 Atuchas, no a 11, y debieron incorporar 8 más para seguir el crecimiento de la demanda y mantener el nivel de las reservas del sistema".
Para cubrir el déficit de energía
Hacen falta ocho Atucha para cubrir el déficit de electricidad
Fecha de Publicación: 11/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Lo afirman ex secretarios de Energía en un duro informe; faltan inversiones por US$ 8000 millones
Acompañar la explosiva demanda eléctrica que la Argentina tuvo entre 2003 y 2010 debería haber obligado al país a instalar otros 5300 megavatios de capacidad instalada, es decir, el equivalente a lo que generan ocho centrales del tamaño de Atucha. Eso habría costado 8000 millones de dólares, bastante menos que los más de 14.000 millones que el Estado argentino destinó a subsidiar la energía desde 2004 hasta hoy, según la consultora ASAP.
Es una de las conclusiones de un crítico informe que volvió a elaborar el grupo de ocho ex secretarios de Energía que desde hace tiempo viene provocando enojo en la Casa Rosada, con documentos sobre la gestión en el abastecimiento de combustibles, petróleo, gas y electricidad. Son Alieto Guadagni, Daniel Montamat, Enrique Devoto, Jorge Lapeña, Roberto Echarte, Raúl Olocco, Julio César Aráoz y Emilio Apud, los mismos a los que, por pedido del Gobierno, la Universidad de Buenos Aires (UBA) les prohibió una presentación en abril de 2009.
El documento sostiene que la Argentina sufrió un significativo desfase en generación eléctrica entre 2003 y 2010. Es, en realidad, en cifras, lo que lleva al Gobierno todos los inviernos, desde 2007, a llamar a las industrias para que dejen de consumir electricidad en los momentos de alta demanda, tarea que suelen asumir el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el subsecretario Roberto Baratta. "Puede observarse claramente -dice el informe- que el incremento de la oferta, medido por la ampliación de la capacidad instalada (21%), ha sido menos de la mitad del incremento de la demanda (44% en el caso de la carga máxima y 41% en el caso de energía) en el período. Esta circunstancia provoca aumento de costos de funcionamiento y restricciones de oferta. Si esto no se corrigiera en el futuro -y es un imperativo categórico hacerlo-, conspiraría contra el funcionamiento del sistema productivo y también el social".
También es duro en las palabras elegidas. Afirma, por ejemplo: "La gestión de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner estuvo signada por la improvisación, la visión de corto plazo, el desaliento a la inversión; el manejo de los operadores del sector mediante subsidios; amenazas y concesiones arbitrarias; las licitaciones poco claras para favorecer a empresarios afines; el desaliento a la actividad hidrocarburífera local y la discrecionalidad en la toma de decisiones".
La difusión del trabajo provocó, como era de esperar, una respuesta del secretario de Energía, Daniel Cameron. "Parecen cronistas del diario Clarín -dijo ayer, según un cable de la agencia estatal Télam-. Es sorprendente que quienes condujeron los mayores fracasos energéticos de la Argentina sean ahora los iluminados que nos dicen lo que tenemos que hacer."
Cameron aprovechó para anunciar que Atucha II será inaugurada en septiembre próximo. Precisamente, una de las obras cuestionadas por el informe de los ex secretarios, que recuerdan que lleva dos años de retraso y que ya ha costado cuatro veces más de lo previsto. "Aún no se conoce la fecha de finalización de la central nuclear de Atucha II, anunciada para 2009, con un presupuesto original de US$ 500 millones. La información disponible indica que a la fecha ya se llevan gastados más de US$ 2000 millones".
Otra de las objeciones tiene que ver, según el texto, más con la imagen que con los hechos. "Se abusó como nunca antes de los anuncios sin fundamento técnico o económico de obras que nunca se iban a ejecutar. Fue paradigmático el antecedente que estableció el denominado «Gasoducto bolivariano» [N. de la R.: en realidad, se llamaba Gran Gasoducto del Sur], anunciado el 9/12/2005 por los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez. En otra oportunidad, también el año 2005, se anunció la construcción de una nueva refinería en la Patagonia de gran escala que ni siquiera avanzó en las etapas previas. Queda además pendiente el gasoducto GNEA, anunciado en 2004 para transportar el gas de Bolivia, cuyo inicio no se realizó".
Tema sensible: Cóndor Cliff
El texto se adentra en un tema caro a los intereses del kirchnerismo: el relato de lo que ocurre. "La estrategia comunicacional del Gobierno a lo largo de más de 7 años ha sido negar las evidencias y -sobre todo- ocultar las consecuencias de su mala gestión en el área energética. En este contexto consideramos necesario presentar a la sociedad una síntesis de los principales problemas que padece el sector y señalar los acuerdos sobre una política de Estado alternativa para superar dichos problemas."
El punto más crítico se refiere a lo que el propio informe llama "capitalismo de amigos". Cita, por ejemplo, el plan energético anunciado en 2004 por el Gobierno y su relación con una obra muy cuestionada: la usina prevista para ser construida en el río Santa Cruz, sobre la que pesan acusaciones de sobreprecios y escasa transparencia en la licitación.
"En el plan energético PEN 2004-2008 se estableció, a nuestro juicio con buen criterio, una revisión de proyectos hidroeléctricos existentes, mayores de 400 MW de potencia para «seleccionar los 3 o 4 más rentables». Sin embargo, en contra de las conclusiones de la revisión, se decidió priorizar la construcción del proyecto del río Santa Cruz, Cóndor Cliff y Barrancosa, cuando el mismo figuraba en la ponderación del inventario de la propia Secretaría de Energía en el puesto 23, postergando 22 proyectos más factibles localizados en Chubut, Neuquén, Mendoza y Río Negro."
El otro ejemplo son las áreas de explotación de hidrocarburos en Santa Cruz que se adjudicaron, por separado, Cristóbal López y Lázaro Báez. "Se ha dado de hecho un proceso no coordinado y hasta anárquico en los procesos de licitaciones de nuevas áreas provinciales, así como también de las renegociaciones de contratos vigentes antes de su vencimiento. Vaya como simple ejemplo de lo dicho que del total de las nuevas áreas petroleras licitadas en la provincia de Santa Cruz todas se adjudicaron a empresarios amigos del Gobierno luego de ser descalificadas o desalentadas empresas petroleras nacionales e internacionales con probados antecedentes en la actividad."
Fecha de Publicación: 11/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Lo afirman ex secretarios de Energía en un duro informe; faltan inversiones por US$ 8000 millones
Acompañar la explosiva demanda eléctrica que la Argentina tuvo entre 2003 y 2010 debería haber obligado al país a instalar otros 5300 megavatios de capacidad instalada, es decir, el equivalente a lo que generan ocho centrales del tamaño de Atucha. Eso habría costado 8000 millones de dólares, bastante menos que los más de 14.000 millones que el Estado argentino destinó a subsidiar la energía desde 2004 hasta hoy, según la consultora ASAP.
Es una de las conclusiones de un crítico informe que volvió a elaborar el grupo de ocho ex secretarios de Energía que desde hace tiempo viene provocando enojo en la Casa Rosada, con documentos sobre la gestión en el abastecimiento de combustibles, petróleo, gas y electricidad. Son Alieto Guadagni, Daniel Montamat, Enrique Devoto, Jorge Lapeña, Roberto Echarte, Raúl Olocco, Julio César Aráoz y Emilio Apud, los mismos a los que, por pedido del Gobierno, la Universidad de Buenos Aires (UBA) les prohibió una presentación en abril de 2009.
El documento sostiene que la Argentina sufrió un significativo desfase en generación eléctrica entre 2003 y 2010. Es, en realidad, en cifras, lo que lleva al Gobierno todos los inviernos, desde 2007, a llamar a las industrias para que dejen de consumir electricidad en los momentos de alta demanda, tarea que suelen asumir el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el subsecretario Roberto Baratta. "Puede observarse claramente -dice el informe- que el incremento de la oferta, medido por la ampliación de la capacidad instalada (21%), ha sido menos de la mitad del incremento de la demanda (44% en el caso de la carga máxima y 41% en el caso de energía) en el período. Esta circunstancia provoca aumento de costos de funcionamiento y restricciones de oferta. Si esto no se corrigiera en el futuro -y es un imperativo categórico hacerlo-, conspiraría contra el funcionamiento del sistema productivo y también el social".
También es duro en las palabras elegidas. Afirma, por ejemplo: "La gestión de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner estuvo signada por la improvisación, la visión de corto plazo, el desaliento a la inversión; el manejo de los operadores del sector mediante subsidios; amenazas y concesiones arbitrarias; las licitaciones poco claras para favorecer a empresarios afines; el desaliento a la actividad hidrocarburífera local y la discrecionalidad en la toma de decisiones".
La difusión del trabajo provocó, como era de esperar, una respuesta del secretario de Energía, Daniel Cameron. "Parecen cronistas del diario Clarín -dijo ayer, según un cable de la agencia estatal Télam-. Es sorprendente que quienes condujeron los mayores fracasos energéticos de la Argentina sean ahora los iluminados que nos dicen lo que tenemos que hacer."
Cameron aprovechó para anunciar que Atucha II será inaugurada en septiembre próximo. Precisamente, una de las obras cuestionadas por el informe de los ex secretarios, que recuerdan que lleva dos años de retraso y que ya ha costado cuatro veces más de lo previsto. "Aún no se conoce la fecha de finalización de la central nuclear de Atucha II, anunciada para 2009, con un presupuesto original de US$ 500 millones. La información disponible indica que a la fecha ya se llevan gastados más de US$ 2000 millones".
Otra de las objeciones tiene que ver, según el texto, más con la imagen que con los hechos. "Se abusó como nunca antes de los anuncios sin fundamento técnico o económico de obras que nunca se iban a ejecutar. Fue paradigmático el antecedente que estableció el denominado «Gasoducto bolivariano» [N. de la R.: en realidad, se llamaba Gran Gasoducto del Sur], anunciado el 9/12/2005 por los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez. En otra oportunidad, también el año 2005, se anunció la construcción de una nueva refinería en la Patagonia de gran escala que ni siquiera avanzó en las etapas previas. Queda además pendiente el gasoducto GNEA, anunciado en 2004 para transportar el gas de Bolivia, cuyo inicio no se realizó".
Tema sensible: Cóndor Cliff
El texto se adentra en un tema caro a los intereses del kirchnerismo: el relato de lo que ocurre. "La estrategia comunicacional del Gobierno a lo largo de más de 7 años ha sido negar las evidencias y -sobre todo- ocultar las consecuencias de su mala gestión en el área energética. En este contexto consideramos necesario presentar a la sociedad una síntesis de los principales problemas que padece el sector y señalar los acuerdos sobre una política de Estado alternativa para superar dichos problemas."
El punto más crítico se refiere a lo que el propio informe llama "capitalismo de amigos". Cita, por ejemplo, el plan energético anunciado en 2004 por el Gobierno y su relación con una obra muy cuestionada: la usina prevista para ser construida en el río Santa Cruz, sobre la que pesan acusaciones de sobreprecios y escasa transparencia en la licitación.
"En el plan energético PEN 2004-2008 se estableció, a nuestro juicio con buen criterio, una revisión de proyectos hidroeléctricos existentes, mayores de 400 MW de potencia para «seleccionar los 3 o 4 más rentables». Sin embargo, en contra de las conclusiones de la revisión, se decidió priorizar la construcción del proyecto del río Santa Cruz, Cóndor Cliff y Barrancosa, cuando el mismo figuraba en la ponderación del inventario de la propia Secretaría de Energía en el puesto 23, postergando 22 proyectos más factibles localizados en Chubut, Neuquén, Mendoza y Río Negro."
El otro ejemplo son las áreas de explotación de hidrocarburos en Santa Cruz que se adjudicaron, por separado, Cristóbal López y Lázaro Báez. "Se ha dado de hecho un proceso no coordinado y hasta anárquico en los procesos de licitaciones de nuevas áreas provinciales, así como también de las renegociaciones de contratos vigentes antes de su vencimiento. Vaya como simple ejemplo de lo dicho que del total de las nuevas áreas petroleras licitadas en la provincia de Santa Cruz todas se adjudicaron a empresarios amigos del Gobierno luego de ser descalificadas o desalentadas empresas petroleras nacionales e internacionales con probados antecedentes en la actividad."
Analizarán prohibir las fumigaciones aéreas
Diputados analizará en comisión un proyecto para prohibir las fumigaciones aéreas
Fecha de Publicación: 10/03/2011
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El diputado provincial Horacio Flores (PF-Basavilbaso) convocó a la Comisión de Tierras y Obras Públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente, para tratar el proyecto de ley del diputado Héctor de la Fuente (EED) por el que prohíbe el uso de agroquímicos en la provincia. Flores citó a sus pares para el martes a las 10 y adelantó que el texto debe ser analizado “porque es necesario tener un pronunciamiento acerca del uso de los agroquímicos”. El proyecto de De la Fuente prohíbe en todo el territorio de la provincia las pulverizaciones aéreas de plaguicidas, agrotóxicos o biocidas. Sólo quedarían exceptuadas de la restricción las fumigaciones en lugares a los que no se puede llegar por vía terrestre.
“Me preocupa el tema de las fumigaciones y el uso de los agroquímicos y más aún si tenemos en cuenta que muchas veces los que reciben su impacto son chicos que acuden a esuelas rurales”, evaluó Flores en diálogo con RecintoNet y puntualizó que “el sistema educativo no se agota en la cuestión docente o salarial, debe mirar por otros temas que hacen también a la calidad educativa”.
“Luego añadió: "Tengo especial preocupación por el tema ambiental y fundamentalmente por las consecuencias del uso indiscriminado de estos productos. Es necesario trabajar estas propuestas”, opinó Flores y recordó que las modificaciones a la Ley de Plaguicidas que aprobó Diputados nunca recibieron sanción definitiva.
La iniciativa de De la Fuente busca evitar el impacto que tiene el uso de agroquímicos sobre la salud de la población, comprobada por científicos del Conicet. Así, prohíbe la aplicación aérea de productos, químicos o biológicos, destinados al uso agropecuario en el control de insectos, ácaros, hongos o plantas silvestres, de interés agrícola y/o forestal, cualquiera sea el producto activo o formulado así como su dosis.
Además, la aplicación terrestre deberá hacerse dentro de un radio de 1.000 metros a partir del límite de las plantas urbanas y periurbanas en todo el territorio provincial.
Según su autor la idea se fundamenta en “consideraciones acerca del actual modelo productivo agrario, el que se sustenta en la producción agro-industrial de granos de generación biotecnológica o transgénicos u organismos genéticamente manipulados (OGM), lo cual conlleva la utilización de cantidades crecientes de plaguicidas que estarían afectando seriamente la salud de la población”.
Tomó como referencia los estudios realizados por el investigador del Conicet y jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA, Andrés Carrasco, quien concluyó que las “concentraciones ínfimas de glifosato” utilizadas en la agricultura “son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión” hasta interferir en los mecanismos normales del desarrollo.
Fecha de Publicación: 10/03/2011
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El diputado provincial Horacio Flores (PF-Basavilbaso) convocó a la Comisión de Tierras y Obras Públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente, para tratar el proyecto de ley del diputado Héctor de la Fuente (EED) por el que prohíbe el uso de agroquímicos en la provincia. Flores citó a sus pares para el martes a las 10 y adelantó que el texto debe ser analizado “porque es necesario tener un pronunciamiento acerca del uso de los agroquímicos”. El proyecto de De la Fuente prohíbe en todo el territorio de la provincia las pulverizaciones aéreas de plaguicidas, agrotóxicos o biocidas. Sólo quedarían exceptuadas de la restricción las fumigaciones en lugares a los que no se puede llegar por vía terrestre.
“Me preocupa el tema de las fumigaciones y el uso de los agroquímicos y más aún si tenemos en cuenta que muchas veces los que reciben su impacto son chicos que acuden a esuelas rurales”, evaluó Flores en diálogo con RecintoNet y puntualizó que “el sistema educativo no se agota en la cuestión docente o salarial, debe mirar por otros temas que hacen también a la calidad educativa”.
“Luego añadió: "Tengo especial preocupación por el tema ambiental y fundamentalmente por las consecuencias del uso indiscriminado de estos productos. Es necesario trabajar estas propuestas”, opinó Flores y recordó que las modificaciones a la Ley de Plaguicidas que aprobó Diputados nunca recibieron sanción definitiva.
La iniciativa de De la Fuente busca evitar el impacto que tiene el uso de agroquímicos sobre la salud de la población, comprobada por científicos del Conicet. Así, prohíbe la aplicación aérea de productos, químicos o biológicos, destinados al uso agropecuario en el control de insectos, ácaros, hongos o plantas silvestres, de interés agrícola y/o forestal, cualquiera sea el producto activo o formulado así como su dosis.
Además, la aplicación terrestre deberá hacerse dentro de un radio de 1.000 metros a partir del límite de las plantas urbanas y periurbanas en todo el territorio provincial.
Según su autor la idea se fundamenta en “consideraciones acerca del actual modelo productivo agrario, el que se sustenta en la producción agro-industrial de granos de generación biotecnológica o transgénicos u organismos genéticamente manipulados (OGM), lo cual conlleva la utilización de cantidades crecientes de plaguicidas que estarían afectando seriamente la salud de la población”.
Tomó como referencia los estudios realizados por el investigador del Conicet y jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA, Andrés Carrasco, quien concluyó que las “concentraciones ínfimas de glifosato” utilizadas en la agricultura “son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión” hasta interferir en los mecanismos normales del desarrollo.
Megafusión minera: Alumbrera y Agua Rica juntas
Planean megafusión minera por US$ 310 millones en Catamarca
Fecha de Publicación: 09/03/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Catamarca
Minera Alumbrera planea fusionarse con el proyecto de cobre y oro Agua Rica, un yacimiento vecino que también se encuentra en la provincia de Catamarca, en una operación que llegaría a los US$ 310 millones. Para ello sus principales accionistas, la suiza Xstrata Copper y la canadiense Goldcorp, suscribieron una carta de intención que le da a su filial la exclusividad para poder quedarse con el 100% de las acciones de ese proyecto, que están en manos de la firma Yamana (a su vez, tercera accionista de Minera Alumbrera).
Agua Rica está ubicada a 35 kilómetros al sudeste de la mina de cobre y oro Bajo de la Alumbrera, operada por la empresa Minera Alumbrera. Aunque ambas tienen casi el mismo tamaño, Agua Rica todavía no está en producción. Ni siquiera tiene aprobado el informe medioambiental. Había presentado uno en 2007 pero no había obtenido el visto bueno oficial. Ahora será necesario rehacer los estudios con un proyecto que unifique los dos yacimientos.
Consultado sobre la operación, Julian Rooney, directivo de Xstrata, hizo hincapié en que se trata de una “opción a cuatro años: primero hay que realizar un estudio de factibilidad para determinar si es posible hacer un proyecto conjunto entre Minera Alumbrera y Agua Rica. Hay que analizar técnicamente cuál es el costo y si es menor operando unidos que en forma independiente”, explicó a Clarín . Minera Alumbrera financiará el estudio de factibilidad y todos los costos del desarrollo.
La carta de intención le concede a Minera Alumbrera la opción exclusiva para adquirir la participación que Yamana posee en Agua Rica mediante el abono de pagos progresivos de opción por un monto máximo de hasta US$ 110 millones. “Una vez acordado proceder con la construcción, Yamana recibiría US$ 150 millones y, luego de la puesta en marcha, otros US$ 50 millones”. Además, Yamana mantendría el derecho a un pago diferido relativo al 65% de la producción de oro pagadera de Agua Rica con un máximo de 2 millones 300 mil onzas”, señala el comunicado.
Minera Alumbrera es gerenciada por Xstrata Copper, que es dueña de 50% del paquete accionario. Las firmas canadienses Goldcorp (37,5%) y Yamana (12,5%) poseen el resto del paquete. Alumbrera produce 150.000 toneladas de cobre y 450.000 onzas de oro. A valores actuales, representa unos US$ 1.500 millones anuales. Pero su vida útil se está acabando: comenzó a producir en 1997 y terminaría en 2017.
Por eso el presidente ejecutivo de Xstrata Copper, Charlie Sartain, señaló que “la opción en el proyecto Agua Rica ofrece a Minera Alumbrera una atractiva oportunidad de bajo riesgo de ampliar sus actuales operaciones, además de prolongar la actual vida útil de la mina en, al menos, 25 años ”.
Minera Alumbrera posee el derecho a explotar Bajo de la Alumbrera por un contrato suscrito con Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), la sociedad dueña de los derechos de propiedad del yacimiento. Con esta firma están haciendo trabajos de exploración de áreas cercanas para ver si pueden extender la vida útil.
Fecha de Publicación: 09/03/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Catamarca
Minera Alumbrera planea fusionarse con el proyecto de cobre y oro Agua Rica, un yacimiento vecino que también se encuentra en la provincia de Catamarca, en una operación que llegaría a los US$ 310 millones. Para ello sus principales accionistas, la suiza Xstrata Copper y la canadiense Goldcorp, suscribieron una carta de intención que le da a su filial la exclusividad para poder quedarse con el 100% de las acciones de ese proyecto, que están en manos de la firma Yamana (a su vez, tercera accionista de Minera Alumbrera).
Agua Rica está ubicada a 35 kilómetros al sudeste de la mina de cobre y oro Bajo de la Alumbrera, operada por la empresa Minera Alumbrera. Aunque ambas tienen casi el mismo tamaño, Agua Rica todavía no está en producción. Ni siquiera tiene aprobado el informe medioambiental. Había presentado uno en 2007 pero no había obtenido el visto bueno oficial. Ahora será necesario rehacer los estudios con un proyecto que unifique los dos yacimientos.
Consultado sobre la operación, Julian Rooney, directivo de Xstrata, hizo hincapié en que se trata de una “opción a cuatro años: primero hay que realizar un estudio de factibilidad para determinar si es posible hacer un proyecto conjunto entre Minera Alumbrera y Agua Rica. Hay que analizar técnicamente cuál es el costo y si es menor operando unidos que en forma independiente”, explicó a Clarín . Minera Alumbrera financiará el estudio de factibilidad y todos los costos del desarrollo.
La carta de intención le concede a Minera Alumbrera la opción exclusiva para adquirir la participación que Yamana posee en Agua Rica mediante el abono de pagos progresivos de opción por un monto máximo de hasta US$ 110 millones. “Una vez acordado proceder con la construcción, Yamana recibiría US$ 150 millones y, luego de la puesta en marcha, otros US$ 50 millones”. Además, Yamana mantendría el derecho a un pago diferido relativo al 65% de la producción de oro pagadera de Agua Rica con un máximo de 2 millones 300 mil onzas”, señala el comunicado.
Minera Alumbrera es gerenciada por Xstrata Copper, que es dueña de 50% del paquete accionario. Las firmas canadienses Goldcorp (37,5%) y Yamana (12,5%) poseen el resto del paquete. Alumbrera produce 150.000 toneladas de cobre y 450.000 onzas de oro. A valores actuales, representa unos US$ 1.500 millones anuales. Pero su vida útil se está acabando: comenzó a producir en 1997 y terminaría en 2017.
Por eso el presidente ejecutivo de Xstrata Copper, Charlie Sartain, señaló que “la opción en el proyecto Agua Rica ofrece a Minera Alumbrera una atractiva oportunidad de bajo riesgo de ampliar sus actuales operaciones, además de prolongar la actual vida útil de la mina en, al menos, 25 años ”.
Minera Alumbrera posee el derecho a explotar Bajo de la Alumbrera por un contrato suscrito con Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), la sociedad dueña de los derechos de propiedad del yacimiento. Con esta firma están haciendo trabajos de exploración de áreas cercanas para ver si pueden extender la vida útil.
Recursos naturales protegidos por ley
Recursos naturales protegidos por ley
Fecha de Publicación: 08/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La AGN viene advirtiendo sobre la necesidad de que el Congreso apruebe una ley de propiedad de la tierra. Lo sustenta en investigaciones propias que detectaron irregularidades en la transferencia de grandes extensiones a inversores extranjeros.
El debate sobre la regulación de la propiedad de la tierra es un tema de relevancia geopolítica, ya que están involucradas vastas extensiones de recursos naturales, como agua potable, hidrocarburos y la biodiversidad. Entre 2008 y 2009, la Auditoria General de la Nación publicó dos informes donde detectó varias irregularidades en la compra de campos en la región patagónica, así como también en Corrientes y Misiones, no casualmente las zonas más relevantes en cuanto a recursos naturales. Página/12 dialogó con el jefe del área de gestión ambiental de la AGN, Julio Guarido, quien señaló que es necesario considerar una ley de presupuestos mínimos para garantizar el control nacional de la tierra, recurso que hoy es controlado por mandato constitucional por las provincias.
“Cuando decimos que existe una fuerte concentración de vastas extensiones de tierras en manos extranjeras hay varios temas a considerar. Por un lado, es necesario plantear una correcta regulación de la propiedad del suelo por una lógica cuestión de soberanía. Luego hay que avanzar en una planificación y seguimiento de las actividades económicas en las zonas de frontera por su relevancia geopolítica”, explicó Guarido.
En 2008, la AGN publicó un trabajo donde se denunció una serie de irregularidades en la adquisición de tierra en zonas limítrofes de la Patagonia. Un año después, el organismo publicó otro informe sobre la compraventa de tierras en Misiones y Corrientes.
En estas zonas se concentran recursos naturales relevantes como la biodiversidad regional, variedad en vegetación de especies nativas y fundamentalmente reservorios de agua dulce ubicados en lagos, acuíferos, glaciares y nacientes de los ríos que irrigan zonas áridas y semiáridas que representan casi dos tercios del territorio argentino. “Es evidente que no son fronteras estáticas ni neutras desde lo geopolítico”, señaló Guarido.
De las 17 millones de hectáreas en manos de personas físicas o jurídicas de otros países –dato aportado por la Federación Agraria y avalado por la AGN–, un porcentaje relevante se encuentra en las llamadas “zonas de seguridad”, es decir las regiones limítrofes definidas por una extensión de 150 kilómetros en área continental y 50 kilómetros en el área marítima. Para que cualquier persona de otro país pueda adquirir porciones de tierra en las zonas de seguridad debe solicitar una autorización de previa conformidad ante el Ministerio del Interior.
Según detectó la AGN, sobre un total de 428 trámites de “previa conformidad” solicitados entre 2003 y 2007 para la región patagónica, se aprobaron sólo 137, mientras que el resto fueron validados por la “vía de la excepción”.
“Si bien la normativa vigente contempla la aprobación por vía de excepción, cabe destacar que los expedientes de personas físicas que no cumplen con los requisitos particulares exigidos resulta significativo”, indica el informe de la Auditoría publicado en 2008.
Entre las irregularidades encontradas en algunos establecimientos se destaca la falta de proyectos de inversión declarados y la copia de las escrituras correspondientes, “lo que dificulta un adecuado conocimiento de la titularidad de los inmuebles ubicados en zonas de seguridad”. A partir de 2005, el Ministerio del Interior estableció un mecanismo de consulta con la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para determinar la existencia de bosques nativos en las tierras adquiridas, dato que no aparece en la mayoría de los expedientes analizados.
En el caso del informe publicado en 2009, donde se analizó la situación de Corrientes y Misiones, las irregularidades encontradas fueron similares a las que ocurren en las zonas de frontera patagónica. En esta región del país, la AGN encontró emprendimiento con 21.968 hectáreas (Establecimiento Loma Alta), 1990 hectáreas (Estancia La Nueva) y 948 hectáreas (Estancia San Antonio), entre otros.
“Más allá de que haya algunos problemas de control en las zonas de frontera, sí o sí debe iniciarse un trámite de permiso, algo que no ocurre en las regiones que no están dentro de las zonas de fronteras. Ahí la desinformación es peor, ya que los recursos son gestionados de manera exclusiva por las provincias”, indicó a este diario el funcionario de la AGN.
Dentro de los casos más resonantes sobre la extranjerización de la tierra se encuentran las 900.000 hectáreas en poder de la familia Benetton en el sur del país, o las 18.000 hectáreas propiedad del inglés Joe Lewis en la zona de Lago Escondido –que construyó junto a un socio local una pista de aterrizaje–. También se destaca el caso del estadounidense Douglas Tompkins con 180.000 hectáreas en Corrientes. En total, el número que se calcula en manos extranjeras asciende a las 17 millones de toneladas, lo que podría ser igual a las extensiones que ocupan las provincias de Tucumán, Misiones, Jujuy y Formosa.
“Es curioso que empresarios extranjeros quieran comprar tierras en las zonas donde están ubicados los mayores recursos naturales del país. Habría que comenzar el debate sobre la naturaleza regional de los temas ambientales, para no colisionar con un federalismo no abierto a lo que debería ser el patrimonio nacional de los recursos”, concluyó Guarido.
Fecha de Publicación: 08/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La AGN viene advirtiendo sobre la necesidad de que el Congreso apruebe una ley de propiedad de la tierra. Lo sustenta en investigaciones propias que detectaron irregularidades en la transferencia de grandes extensiones a inversores extranjeros.
El debate sobre la regulación de la propiedad de la tierra es un tema de relevancia geopolítica, ya que están involucradas vastas extensiones de recursos naturales, como agua potable, hidrocarburos y la biodiversidad. Entre 2008 y 2009, la Auditoria General de la Nación publicó dos informes donde detectó varias irregularidades en la compra de campos en la región patagónica, así como también en Corrientes y Misiones, no casualmente las zonas más relevantes en cuanto a recursos naturales. Página/12 dialogó con el jefe del área de gestión ambiental de la AGN, Julio Guarido, quien señaló que es necesario considerar una ley de presupuestos mínimos para garantizar el control nacional de la tierra, recurso que hoy es controlado por mandato constitucional por las provincias.
“Cuando decimos que existe una fuerte concentración de vastas extensiones de tierras en manos extranjeras hay varios temas a considerar. Por un lado, es necesario plantear una correcta regulación de la propiedad del suelo por una lógica cuestión de soberanía. Luego hay que avanzar en una planificación y seguimiento de las actividades económicas en las zonas de frontera por su relevancia geopolítica”, explicó Guarido.
En 2008, la AGN publicó un trabajo donde se denunció una serie de irregularidades en la adquisición de tierra en zonas limítrofes de la Patagonia. Un año después, el organismo publicó otro informe sobre la compraventa de tierras en Misiones y Corrientes.
En estas zonas se concentran recursos naturales relevantes como la biodiversidad regional, variedad en vegetación de especies nativas y fundamentalmente reservorios de agua dulce ubicados en lagos, acuíferos, glaciares y nacientes de los ríos que irrigan zonas áridas y semiáridas que representan casi dos tercios del territorio argentino. “Es evidente que no son fronteras estáticas ni neutras desde lo geopolítico”, señaló Guarido.
De las 17 millones de hectáreas en manos de personas físicas o jurídicas de otros países –dato aportado por la Federación Agraria y avalado por la AGN–, un porcentaje relevante se encuentra en las llamadas “zonas de seguridad”, es decir las regiones limítrofes definidas por una extensión de 150 kilómetros en área continental y 50 kilómetros en el área marítima. Para que cualquier persona de otro país pueda adquirir porciones de tierra en las zonas de seguridad debe solicitar una autorización de previa conformidad ante el Ministerio del Interior.
Según detectó la AGN, sobre un total de 428 trámites de “previa conformidad” solicitados entre 2003 y 2007 para la región patagónica, se aprobaron sólo 137, mientras que el resto fueron validados por la “vía de la excepción”.
“Si bien la normativa vigente contempla la aprobación por vía de excepción, cabe destacar que los expedientes de personas físicas que no cumplen con los requisitos particulares exigidos resulta significativo”, indica el informe de la Auditoría publicado en 2008.
Entre las irregularidades encontradas en algunos establecimientos se destaca la falta de proyectos de inversión declarados y la copia de las escrituras correspondientes, “lo que dificulta un adecuado conocimiento de la titularidad de los inmuebles ubicados en zonas de seguridad”. A partir de 2005, el Ministerio del Interior estableció un mecanismo de consulta con la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para determinar la existencia de bosques nativos en las tierras adquiridas, dato que no aparece en la mayoría de los expedientes analizados.
En el caso del informe publicado en 2009, donde se analizó la situación de Corrientes y Misiones, las irregularidades encontradas fueron similares a las que ocurren en las zonas de frontera patagónica. En esta región del país, la AGN encontró emprendimiento con 21.968 hectáreas (Establecimiento Loma Alta), 1990 hectáreas (Estancia La Nueva) y 948 hectáreas (Estancia San Antonio), entre otros.
“Más allá de que haya algunos problemas de control en las zonas de frontera, sí o sí debe iniciarse un trámite de permiso, algo que no ocurre en las regiones que no están dentro de las zonas de fronteras. Ahí la desinformación es peor, ya que los recursos son gestionados de manera exclusiva por las provincias”, indicó a este diario el funcionario de la AGN.
Dentro de los casos más resonantes sobre la extranjerización de la tierra se encuentran las 900.000 hectáreas en poder de la familia Benetton en el sur del país, o las 18.000 hectáreas propiedad del inglés Joe Lewis en la zona de Lago Escondido –que construyó junto a un socio local una pista de aterrizaje–. También se destaca el caso del estadounidense Douglas Tompkins con 180.000 hectáreas en Corrientes. En total, el número que se calcula en manos extranjeras asciende a las 17 millones de toneladas, lo que podría ser igual a las extensiones que ocupan las provincias de Tucumán, Misiones, Jujuy y Formosa.
“Es curioso que empresarios extranjeros quieran comprar tierras en las zonas donde están ubicados los mayores recursos naturales del país. Habría que comenzar el debate sobre la naturaleza regional de los temas ambientales, para no colisionar con un federalismo no abierto a lo que debería ser el patrimonio nacional de los recursos”, concluyó Guarido.
La soja desembarca en la Patagonia
La soja desembarca en la Patagonia
Fecha de Publicación: 08/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Patagonia
Se entregarían 240 mil hectáreas para el cultivo a la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang. Antes de cosechar soja, el acuerdo ya cosecha críticas de parte de organizaciones comunitarias y ambientalistas. El gobierno provincial lo defiende.
“Proyecto sojero” denuncian las organizaciones sociales, ambientales e indígenas. “Plan agroalimentario” lo denomina el gobierno de Río Negro. Se trata de un acuerdo firmado por la provincia y China para sembrar 240 mil hectáreas, el doble de la actual superficie rionegrina dedicada a la agricultura, considerada por el oficialismo como “la iniciativa más importante de la historia provincial”. Una gran diversidad de sectores advierte que será la “sojización” de la Patagonia y alertan sobre las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que implicará. Y puntualizan los abundantes beneficios para el país asiático: la provincia cede 3000 hectáreas sin costo alguno, compromete 240 mil, otorga un sector del puerto provincial durante al menos 50 años, promete la sanción de leyes que beneficien la “inversión” y obliga al Estado provincial a cubrir los costos de oficinas, viviendas y transportes de los técnicos de la empresa china. Desde el Ministerio de Producción niegan que den la bienvenida al monocultivo, incluso cuestionan el modelo agropecuario de Argentina, pero rechazan la posibilidad de prohibir a los capitales chinos que siembren soja.
En octubre último, el gobernador de Río Negro, Miguel Saiz, viajó a China. En los medios de comunicación de la provincia sonaba desde hacía meses la posibilidad de un contrato comercial con ese país. El acuerdo fue celebrado bajo el título de “Acuerdo de cooperación para el proyecto de inversión agroalimenticio”: ése es el nombre formal del documento que vincula a la provincia y a la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang State Farms Business Trade Group, representada en Argentina por Strong Energy. Catorce carillas, en castellano y chino, donde la provincia argentina aparece como “parte A”, la empresa china como “B”, las ventajas parecieran corresponder a los asiáticos y las obligaciones a la provincia patagónica.
“La parte A (gobierno de Río Negro) realizará todos los trámites a fin de aplicar las normas que exceptúen de todos los impuestos provinciales, tasas, ingresos brutos, sellos, patentes, etc.”, grafica el punto seis del acuerdo, y el punto siete establece: “(Río Negro) gestionará ante el gobierno nacional y el Banco Nación a fin de que los fondos de inversión de B (China) no estén alcanzados por encajes bancarios”.
El ítem once obliga a la provincia a “poner a disposición (privada) todos los técnicos de aguas” que se desempeñen en el Estado y los estudios que existan sobre el tema. También compromete que la “futura explotación” se realizará en 50 mil hectáreas de Valle de Colonia Josefa, 74 mil hectáreas de Valle de Negro Muerto, 38 mil de Guardia Mitre, 31.500 de Margen Norte y 41 mil de Valle La Japonesa. Un total de 234.500 hectáreas rionegrinas. Desde el Gobierno aclaran que la superficie bajo riego podría extenderse a las 320 mil hectáreas.
A partir de la carilla once comienza el “anexo” del acuerdo. El Estado provincial se compromete a “ofrecer la mejor política de inversión, brindando garantía mediante la creación de leyes”. El párrafo siguiente es al menos llamativo: los capitales chinos se comprometen a instalarse en la provincia, pero “el Estado de Río Negro se compromete a brindar sin cargo algunos espacios para la oficina y vivienda, como también los medios de transporte y equipamiento para la oficina”. La “inversión” china ni siquiera deberá adquirir computadoras o lapiceras, todo correrá por cuenta del Estado rionegrino.
El acuerdo destaca que China enviará “especialistas” para investigar la forma de inversión, pero “todos los gastos originados durante el período de estudio serán solventados por A (gobierno de Río Negro)”.
También se obliga al propio Estado de Río Negro a “brindar sin cargo alguno 3000 hectáreas de tierra para un campo experimental”, y ceder “sin cargo alguno parte de la zona portuaria, cinco hectáreas”. Esta cesión del área estratégica de la provincia será durante 50 años y, una vez cumplido el plazo, siempre según lo firmado por el gobernador, “se renovará automáticamente”.
Los capitales chinos sólo se comprometen a realizar las “tareas correspondientes a asegurar la siembra que seleccione” y a invertir, en un plazo no estipulado, 20 millones de dólares. Los funcionarios provinciales, incluso el gobernador, difundieron que la inversión sería de 100 millones de dólares, pero en ninguna parte del acuerdo se explicita esa cifra.
El subsecretario de Producción y Recursos Naturales, Humberto Iglesias, remarcó que, como ingeniero agrónomo, posee amplia experiencia en agricultura bajo irrigación. “Sin dudas es el proyecto más importante de la provincia. Y las críticas son más ideológicas que técnicas. A todos les damos las mismas facilidades para que inviertan en la provincia”, señaló y se lanzó con críticas al modelo agropecuario argentino: “Es una amenaza que el país tenga el 60 por ciento de su superficie cultivada con monocultivo. Es un disparate la dependencia a la soja, al glifosato y también a China. No adherimos a ese modelo, es un paquete tecnológico muy peligroso, porque además suma agroquímicos como el endosulfán”.
El funcionario afirmó estar “atento a la preocupante información que comienza a conocerse sobre el glifosato” y remarcó que el gobernador tiene la misma mirada crítica sobre el modelo agropecuario.
A pesar del rechazo al monocultivo, el subsecretario de Producción rechazó enfáticamente la posibilidad de que, en el acuerdo con China, se prohíba sembrar soja. “No es un cultivo ilegal, no podemos prohibirlo”, retrucó y argumentó que la soja en Río Negro es menos rentable que el maíz. Durante la hora de entrevista desestimó una decena de veces que China siembre las 240 mil hectáreas con soja, reconoció que esa limitación no figura en ninguna parte del acuerdo firmado y su reiterado argumento antimonocultivo fue la supuesta baja rentabilidad de la oleaginosa en la zona patagónica.
En Viedma, el gobernador Miguel Saiz brindó una conferencia de prensa para presentar el acuerdo con el gobierno de China. “Hemos tenido la suerte y la posibilidad de subirnos al tren de China (...) Río Negro tiene un escenario histórico para formular un proyecto de desarrollo de carácter integral para los últimos valles de clima templado que quedan en Latinoamérica sin producción”.
Explicó que se estima la siembra de entre 200 mil y 250 mil hectáreas, afirmó que la producción estará a cargo de los actuales propietarios y precisó las “fortalezas” que identificaron desde la empresa China: la aptitud del suelo y clima, la disponibilidad de agua de calidad, la cercanía del puerto de aguas profundas y las vías de comunicación existentes en la provincia.
Desde 2003 la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Valle Inferior comenzó con pruebas experimentales de soja en Río Negro. En septiembre de 2006 el Ministerio de Producción firmó un convenio con la empresa Relmó SA para sembrar soja en doce hectáreas de la localidad de Choele Choel. El miércoles 18 de abril de 2007, el gobierno provincial festejó e inundó las redacciones con gacetillas de prensa: “Levantan la primera cosecha de soja en la provincia de Río Negro”.
“Esta experiencia adaptativa es un paso previo necesario para continuar observando cómo se adapta el cultivo al suelo rionegrino. Con estos datos fidedignos podremos apoyar y fomentar la incursión de los productores provinciales en la siembra a gran escala de soja en la provincia como alternativa para la rotación de cultivos hortícolas. Río Negro ve en esta iniciativa un proyecto interesante en lo que hace a la extensión de la frontera agrícola”, afirmaba el ministro de Producción, Juan Accatino, en el comunicado oficial de hace tres años.
Detrás de esa primera siembra estaba el denominado “Proyecto Soja Patagónica”, donde media decena de empresas de agronegocios impulsaba el avance de la soja sobre las provincias sureñas. Entre ellas, figuraba la alemana Basf, una de las grandes proveedoras mundiales de semillas y agroquímicos.
El Ministerio de Producción precisa que en la actualidad existen sólo 2000 hectáreas con soja. Y detalla que en toda la provincia existen 120 mil hectáreas dedicadas a la agricultura, todas bajo riego, principalmente por medio de canales y acequias. La mitad de esa superficie dedicada a la fruticultura. El acuerdo con China duplicaría la superficie sembrada y sextuplicaría el área dedicada a los principales cultivos (peras y manzanas abarcan 40 mil hectáreas).
“Corrimiento de la frontera agropecuaria” es un término técnico instalado en Argentina de la mano del actual modelo agropecuario. Implicó, e implica, el avance sobre tierras dedicadas a otras producciones y, sobre todo, provocó el desalojo de familias campesinas y pueblos indígenas con posesión reconocida por ley. En el mercado de agronegocios mundial Argentina es visto como un alumno modelo. En 1997 se cosecharon en el país once millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja abarca 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada del país. Si China decide sembrar en Río Negro, será el desembarco masivo de la soja en la Patagonia.
Fecha de Publicación: 08/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Patagonia
Se entregarían 240 mil hectáreas para el cultivo a la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang. Antes de cosechar soja, el acuerdo ya cosecha críticas de parte de organizaciones comunitarias y ambientalistas. El gobierno provincial lo defiende.
“Proyecto sojero” denuncian las organizaciones sociales, ambientales e indígenas. “Plan agroalimentario” lo denomina el gobierno de Río Negro. Se trata de un acuerdo firmado por la provincia y China para sembrar 240 mil hectáreas, el doble de la actual superficie rionegrina dedicada a la agricultura, considerada por el oficialismo como “la iniciativa más importante de la historia provincial”. Una gran diversidad de sectores advierte que será la “sojización” de la Patagonia y alertan sobre las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que implicará. Y puntualizan los abundantes beneficios para el país asiático: la provincia cede 3000 hectáreas sin costo alguno, compromete 240 mil, otorga un sector del puerto provincial durante al menos 50 años, promete la sanción de leyes que beneficien la “inversión” y obliga al Estado provincial a cubrir los costos de oficinas, viviendas y transportes de los técnicos de la empresa china. Desde el Ministerio de Producción niegan que den la bienvenida al monocultivo, incluso cuestionan el modelo agropecuario de Argentina, pero rechazan la posibilidad de prohibir a los capitales chinos que siembren soja.
En octubre último, el gobernador de Río Negro, Miguel Saiz, viajó a China. En los medios de comunicación de la provincia sonaba desde hacía meses la posibilidad de un contrato comercial con ese país. El acuerdo fue celebrado bajo el título de “Acuerdo de cooperación para el proyecto de inversión agroalimenticio”: ése es el nombre formal del documento que vincula a la provincia y a la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang State Farms Business Trade Group, representada en Argentina por Strong Energy. Catorce carillas, en castellano y chino, donde la provincia argentina aparece como “parte A”, la empresa china como “B”, las ventajas parecieran corresponder a los asiáticos y las obligaciones a la provincia patagónica.
“La parte A (gobierno de Río Negro) realizará todos los trámites a fin de aplicar las normas que exceptúen de todos los impuestos provinciales, tasas, ingresos brutos, sellos, patentes, etc.”, grafica el punto seis del acuerdo, y el punto siete establece: “(Río Negro) gestionará ante el gobierno nacional y el Banco Nación a fin de que los fondos de inversión de B (China) no estén alcanzados por encajes bancarios”.
El ítem once obliga a la provincia a “poner a disposición (privada) todos los técnicos de aguas” que se desempeñen en el Estado y los estudios que existan sobre el tema. También compromete que la “futura explotación” se realizará en 50 mil hectáreas de Valle de Colonia Josefa, 74 mil hectáreas de Valle de Negro Muerto, 38 mil de Guardia Mitre, 31.500 de Margen Norte y 41 mil de Valle La Japonesa. Un total de 234.500 hectáreas rionegrinas. Desde el Gobierno aclaran que la superficie bajo riego podría extenderse a las 320 mil hectáreas.
A partir de la carilla once comienza el “anexo” del acuerdo. El Estado provincial se compromete a “ofrecer la mejor política de inversión, brindando garantía mediante la creación de leyes”. El párrafo siguiente es al menos llamativo: los capitales chinos se comprometen a instalarse en la provincia, pero “el Estado de Río Negro se compromete a brindar sin cargo algunos espacios para la oficina y vivienda, como también los medios de transporte y equipamiento para la oficina”. La “inversión” china ni siquiera deberá adquirir computadoras o lapiceras, todo correrá por cuenta del Estado rionegrino.
El acuerdo destaca que China enviará “especialistas” para investigar la forma de inversión, pero “todos los gastos originados durante el período de estudio serán solventados por A (gobierno de Río Negro)”.
También se obliga al propio Estado de Río Negro a “brindar sin cargo alguno 3000 hectáreas de tierra para un campo experimental”, y ceder “sin cargo alguno parte de la zona portuaria, cinco hectáreas”. Esta cesión del área estratégica de la provincia será durante 50 años y, una vez cumplido el plazo, siempre según lo firmado por el gobernador, “se renovará automáticamente”.
Los capitales chinos sólo se comprometen a realizar las “tareas correspondientes a asegurar la siembra que seleccione” y a invertir, en un plazo no estipulado, 20 millones de dólares. Los funcionarios provinciales, incluso el gobernador, difundieron que la inversión sería de 100 millones de dólares, pero en ninguna parte del acuerdo se explicita esa cifra.
El subsecretario de Producción y Recursos Naturales, Humberto Iglesias, remarcó que, como ingeniero agrónomo, posee amplia experiencia en agricultura bajo irrigación. “Sin dudas es el proyecto más importante de la provincia. Y las críticas son más ideológicas que técnicas. A todos les damos las mismas facilidades para que inviertan en la provincia”, señaló y se lanzó con críticas al modelo agropecuario argentino: “Es una amenaza que el país tenga el 60 por ciento de su superficie cultivada con monocultivo. Es un disparate la dependencia a la soja, al glifosato y también a China. No adherimos a ese modelo, es un paquete tecnológico muy peligroso, porque además suma agroquímicos como el endosulfán”.
El funcionario afirmó estar “atento a la preocupante información que comienza a conocerse sobre el glifosato” y remarcó que el gobernador tiene la misma mirada crítica sobre el modelo agropecuario.
A pesar del rechazo al monocultivo, el subsecretario de Producción rechazó enfáticamente la posibilidad de que, en el acuerdo con China, se prohíba sembrar soja. “No es un cultivo ilegal, no podemos prohibirlo”, retrucó y argumentó que la soja en Río Negro es menos rentable que el maíz. Durante la hora de entrevista desestimó una decena de veces que China siembre las 240 mil hectáreas con soja, reconoció que esa limitación no figura en ninguna parte del acuerdo firmado y su reiterado argumento antimonocultivo fue la supuesta baja rentabilidad de la oleaginosa en la zona patagónica.
En Viedma, el gobernador Miguel Saiz brindó una conferencia de prensa para presentar el acuerdo con el gobierno de China. “Hemos tenido la suerte y la posibilidad de subirnos al tren de China (...) Río Negro tiene un escenario histórico para formular un proyecto de desarrollo de carácter integral para los últimos valles de clima templado que quedan en Latinoamérica sin producción”.
Explicó que se estima la siembra de entre 200 mil y 250 mil hectáreas, afirmó que la producción estará a cargo de los actuales propietarios y precisó las “fortalezas” que identificaron desde la empresa China: la aptitud del suelo y clima, la disponibilidad de agua de calidad, la cercanía del puerto de aguas profundas y las vías de comunicación existentes en la provincia.
Desde 2003 la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Valle Inferior comenzó con pruebas experimentales de soja en Río Negro. En septiembre de 2006 el Ministerio de Producción firmó un convenio con la empresa Relmó SA para sembrar soja en doce hectáreas de la localidad de Choele Choel. El miércoles 18 de abril de 2007, el gobierno provincial festejó e inundó las redacciones con gacetillas de prensa: “Levantan la primera cosecha de soja en la provincia de Río Negro”.
“Esta experiencia adaptativa es un paso previo necesario para continuar observando cómo se adapta el cultivo al suelo rionegrino. Con estos datos fidedignos podremos apoyar y fomentar la incursión de los productores provinciales en la siembra a gran escala de soja en la provincia como alternativa para la rotación de cultivos hortícolas. Río Negro ve en esta iniciativa un proyecto interesante en lo que hace a la extensión de la frontera agrícola”, afirmaba el ministro de Producción, Juan Accatino, en el comunicado oficial de hace tres años.
Detrás de esa primera siembra estaba el denominado “Proyecto Soja Patagónica”, donde media decena de empresas de agronegocios impulsaba el avance de la soja sobre las provincias sureñas. Entre ellas, figuraba la alemana Basf, una de las grandes proveedoras mundiales de semillas y agroquímicos.
El Ministerio de Producción precisa que en la actualidad existen sólo 2000 hectáreas con soja. Y detalla que en toda la provincia existen 120 mil hectáreas dedicadas a la agricultura, todas bajo riego, principalmente por medio de canales y acequias. La mitad de esa superficie dedicada a la fruticultura. El acuerdo con China duplicaría la superficie sembrada y sextuplicaría el área dedicada a los principales cultivos (peras y manzanas abarcan 40 mil hectáreas).
“Corrimiento de la frontera agropecuaria” es un término técnico instalado en Argentina de la mano del actual modelo agropecuario. Implicó, e implica, el avance sobre tierras dedicadas a otras producciones y, sobre todo, provocó el desalojo de familias campesinas y pueblos indígenas con posesión reconocida por ley. En el mercado de agronegocios mundial Argentina es visto como un alumno modelo. En 1997 se cosecharon en el país once millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja abarca 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada del país. Si China decide sembrar en Río Negro, será el desembarco masivo de la soja en la Patagonia.
Convocan al 15vo. Encuentro de la UAC
Convocan al 15vo. Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas
Fecha de Publicación: 07/03/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
Estamos orgullosos de nuestra tierra, de nuestros paisajes, de vivir entre ríos, de llevar dentro nuestro alimentándonos de identidad al Río Uruguay, río de los pájaros pintados, al decir de un poeta. "...para que en conjunto nos fortalezcamos, creciendo, desarrollándonos, evolucionando y abriéndonos a nuevos caminos diseñados entre todos, sin límites, ni fronteras, creados desde la más absoluta diversidad de miradas que se fijan en un mismo objetivo: LA VIDA."
Finalmente, aquí estamos. Nos demoramos un poco y hemos sido herméticos, pero en ningún momento hemos perdido de vista este Encuentro. Sabemos que fuimos unos atrevidos (en el mejor sentido de la palabra) al haber solicitado ser sede y que lo somos más todavía por sostener nuestra palabra y estar organizándolo, pero estamos convencidos que no habría luchas posibles ni objetivos aparentemente imposibles si no hubiera atrevidos.
Estamos orgullosos de nuestra tierra, de nuestros paisajes, de vivir entre ríos, de llevar dentro nuestro alimentándonos de identidad al Río Uruguay, río de los pájaros pintados, al decir de un poeta.
Quisiéramos que hasta la luna fuera la adecuada, para que llena se refleje en sus aguas y puedan llevarse esa imagen que nunca deja de emocionarnos. Difícilmente podamos lograrlo, pero sí, el ofrecerles todo lo que esté a nuestro alcance para que vivan junto a nosotros y al río, esta necesidad de cuidar esta magnífica naturaleza que nos rodea y aporta vida, para que en conjunto nos fortalezcamos, creciendo, desarrollándonos, evolucionando y abriéndonos a nuevos caminos diseñados entre todos, sin límites, ni fronteras, creados desde la más absoluta diversidad de miradas que se fijan en un mismo objetivo: LA VIDA.
Para ver la programación, acceder aquí
Fecha de Publicación: 07/03/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
Estamos orgullosos de nuestra tierra, de nuestros paisajes, de vivir entre ríos, de llevar dentro nuestro alimentándonos de identidad al Río Uruguay, río de los pájaros pintados, al decir de un poeta. "...para que en conjunto nos fortalezcamos, creciendo, desarrollándonos, evolucionando y abriéndonos a nuevos caminos diseñados entre todos, sin límites, ni fronteras, creados desde la más absoluta diversidad de miradas que se fijan en un mismo objetivo: LA VIDA."
Finalmente, aquí estamos. Nos demoramos un poco y hemos sido herméticos, pero en ningún momento hemos perdido de vista este Encuentro. Sabemos que fuimos unos atrevidos (en el mejor sentido de la palabra) al haber solicitado ser sede y que lo somos más todavía por sostener nuestra palabra y estar organizándolo, pero estamos convencidos que no habría luchas posibles ni objetivos aparentemente imposibles si no hubiera atrevidos.
Estamos orgullosos de nuestra tierra, de nuestros paisajes, de vivir entre ríos, de llevar dentro nuestro alimentándonos de identidad al Río Uruguay, río de los pájaros pintados, al decir de un poeta.
Quisiéramos que hasta la luna fuera la adecuada, para que llena se refleje en sus aguas y puedan llevarse esa imagen que nunca deja de emocionarnos. Difícilmente podamos lograrlo, pero sí, el ofrecerles todo lo que esté a nuestro alcance para que vivan junto a nosotros y al río, esta necesidad de cuidar esta magnífica naturaleza que nos rodea y aporta vida, para que en conjunto nos fortalezcamos, creciendo, desarrollándonos, evolucionando y abriéndonos a nuevos caminos diseñados entre todos, sin límites, ni fronteras, creados desde la más absoluta diversidad de miradas que se fijan en un mismo objetivo: LA VIDA.
Para ver la programación, acceder aquí
Cuenta regresiva para las villas del Riachuelo
Cuenta regresiva para las villas de la cuenca del Riachuelo
Fecha de Publicación: 06/03/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Contaminación y pobreza. La Justicia intimó al Estado a erradicar los barrios humildes de la ribera del río más contaminado. El primero será Puente Bosch, donde estuvo Clarín. Un drama que afecta a un millón de personas.
Junto a la cloaca a cielo abierto más grande del país y una de las más grandes del mundo, se aparecen cuatro figuras -jóvenes o adultos, quién sabe-, a los que se adivina con más pasado que futuro: descalzos, los pies inflamados por la gangrena, venas que sobresalen en los brazos, dientes que se asoman partidos o negros o que ni siquiera existen, las caras como de espanto. Su estado no es producto del Riachuelo, o no sólo del Riachuelo, pero sí de las distintas formas que encuentra la miseria para contaminar. Una es mujer, es Norma. “Yo no me quiero ir a ninguna parte”, dice, aunque luego se verá que lo dice por decir algo, que siente que ya nada cambiará.
De donde Norma dice no querer irse es del infierno, al que aquí llaman “Puente Bosch”, un pequeño asentamiento de chapas oxidadas, cartones y madera, pegado al puente que atraviesa el Riachuelo por la calle Bosch, lado Avellaneda, a cinco cuadras de los locales de Barracas para los turistas del tango, a cinco minutos de las luces de la 9 de Julio. El asentamiento es hijo de la falta de inversión directa en la limpieza del Riachuelo -a pesar de que hubo grandes sumas asignadas (ver Millones...)-, pero también de la insuficiente política de viviendas y de la pobreza más profunda, la estructural, ajena a los promocionados números del crecimiento de la economía.
Por ser de los más afectados y también por ser pequeño -en teoría manejable- el asentamiento “Puente Bosch” fue elegido por la Justicia como el barrio testigo de un mega plan establecido para erradicar del Riachuelo a los barrios pobres de sus márgenes. Y se anticipa que no será nada sencillo, en principio porque la mudanza no incluye a todos sus habitantes y porque los plazos deseados no se corresponden con la realidad.
El juez federal de Quilmes, Luis Armella, dispuso hace 10 días que este barrio, con sus vecinos y su breve y profunda historia, deberá ser evacuado antes del 30 de abril, dentro de poco más de un mes. Luego se deberá hacer lo mismo con el barrio “El Amanecer”, en Lomas de Zamora, con el “Barrio Puente Alsina”, en Lanús, y la lista es larga. En total, se promete evacuar 16 asentamientos de 14 municipios -incluida la Capital Federal- y no menos de 2.400 familias, las más afectadas por la podredumbre y la contaminación directa de vivir junto al agua muerta. Los científicos ya han demostrado el daño del río, pero la simple vista vale como prueba: una grotesca pasta negra que serpentea el límite entre la Capital y el conurbano, en aparente inmovilidad, con la espesura del asfalto líquido, cargada de basura y de un olor que las tardes de calor se hace imposible. Con él conviven miles de chicos. Con él conviven los chicos de “Puente Bosch”. Como Raulito, de 13, que nos habla: “Yo me voy o no me voy. Me da lo mismo porque voy a cualquier lugar donde pueda vivir”, dice, y sonríe y parece agradecido por el simple acontecimiento de que le pregunten qué quiere
Raulito tiene diez hermanos más y su papá todavía le dice que NO al “paco”, esa droga letal que aniquila los márgenes, que es de venta habitual por aquí y que ya tiene al borde de la muerte a varios de los habitantes de “Puente Bosch”. El papá de Raulito trabaja de lo que trabajan todos aquí: es cartonero, se las rebusca como puede vendiendo cartón y vidrio, igual que las demás “25 o 26 familias” del asentamiento. A algunos ya ni se los cuenta: los primeros que nos reciben, esos cuatro cuerpos sin edad, como Norma, a la que suponen adulta porque tiene, dice, “un montón” de hijos.
El plan de erradicación está teóricamente en marcha. Y es producto de la intimación judicial. La cuenca del Riachuelo es responsabilidad de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), que dirige la Secretaría de Medio Ambiente en sociedad con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y con el de la Ciudad. A pedido de la Corte Suprema, y del juez de Quilmes, los funcionarios vienen realizando planes y obras -aunque con mucha lentitud- para intentar paliar un drama que afecta indirectamente al millón de personas que habita sus márgenes. En esta etapa, se comprometieron a erradicar a las familias más vulnerables, las 2.400 que están más expuestas a “daño ambiental”. Un ejemplo de ese daño: una de las pericias encargadas por la Corte determinó que el 50 por ciento de los chicos de “Villa Inflamable”, cercana a “Puente Bosch”, tiene niveles de plomo en sangre por encima de la media -genera trastornos en el crecimiento-, producto de la contaminación “por aire” de los residuos de combustibles que ganaron el río. Las diarreas, los problemas respiratorios y las enfermedades de la piel también son mayores que en cualquier otro sitio.
¿Cómo se sale de esto?
El secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi, aseguró el martes pasado que la mudanza de los vecinos “ya empezó” y que “se han comprometido, con fecha de licitación, 17 mil viviendas”. Aunque el proyecto es ambicioso, el primero de los ejemplos, el más próximo, es “Puente Bosch”. Y ya se adivina con demoras y conflictos, producto, justamente, de demoras anteriores.
Para poner cifras al drama, la Justicia dispuso un censo que se ejecutó en el verano de 2008. El primer problema es que el plan de erradicación es producto de ese censo, de hace más de tres años, y la realidad de los barrios ha cambiado. En “Puente Bosch”, por caso, eran 18 familias y ahora son 26, o al menos lo eran hasta el miércoles pasado, cuando funcionarios del municipio de Avellaneda se aparecieron por allí de improviso: les dieron subsidios de 2.000 pesos a cada una de las familias no censadas y consiguieron que se fueran a algún sitio. Allí estaban ellos partiendo, con sus carritos de cartoneros y los chicos a cuestas. ¿A dónde? ¿Volverán?
“Espero que no vuelvan porque si vuelven los van a sacar”. La que habla es Estela Odriozola, evangelista y manzanera, que vive en una casa de verdad a 50 metros del asentamiento. Dueña del comedor popular donde suelen alimentarse los chicos de “Barrio Bosch”, Estela es, a puro amor, la responsable de que sus vecinos villeros no sean olvidados del todo. Ella tiende puentes entre el municipio y las familias del asentamiento, ella los convenció de que no podían resistir la evacuación. A su lado, las cosas cambian un poquito, como Norma, la mujer que esconde edad y sexo, la mujer del montón de hijos, que ahora vacila: “Está bien. Si quieren nos vamos a donde nos lleven”, dice.
Los no censados se fueron el miércoles hacia casas de alquiler, donde pronto gastarán sus 2.000 pesos. Los otros, los 18 iniciales, serán trasladados o tienen la promesa de que serán alojados en otro barrio que construye el municipio de Avellaneda en otra villa, “Villa Tranquila”, que de tranquila tiene sólo el nombre pero al menos está lejos del Riachuelo y las casas son de verdad, con agua, gas, ladrillos y cemento que hoy se están convirtiendo en un posible hogar, aunque lentamente, demasiado para estar terminadas antes del plazo previsto, si todavía no tienen ni ventanas ni revoque ni cañerías. Con seguro retraso, hacia allá irá en algún momento la familia de Raulito, que vuelve a hablar: “Me voy a tener que cambiar de colegio”, dice, como si fuera sólo eso, pero porque no sabe, porque nunca tuvo una casa de verdad.
¿Se sale de esto? Antes de habitar los márgenes de la muerte -el olor del río se hace espeso de pronto-, los habitantes de “Puente Bosch” fueron vecinos de Avellaneda o de otros municipios del conurbano, caídos en desgracia en los noventa o con la implosiva crisis de 2001. Fue allí cuando Norma y la familia de Raulito fueron llegando al asentamiento, lo fueron construyendo. En todos estos años, apenas consiguieron que el municipio les hiciera llegar unas canillas con agua potable, últimamente sólo algunos alcanzaron a tramitar el subsidio de la Asignación universal por hijo, ya que la mayoría no tiene ni documentos. Sus desechos, claro, van a parar al río, junto a las toneladas de basura y veneno que arrojan fábricas clandestinas y legales.
Lo que hicieron entonces y ahora es vivir de la calle. Juntan vidrios y plásticos y cartones, y los venden. Ariel, el tucumano, uno de los “afortunados” que fue censado, es el que los organiza. Tiene frente a su casita una balanza y allí pesa lo que consiguen él y sus vecinos. De la calle a la balanza, y de la balanza a la calle. Frente a las casitas, junto al Riachuelo, se amontonan vidrios rotos, cartones, hierros. “Una vez por semana pasan unos camiones y se lo llevan. Pagan bien”, dice Ariel, y pasa números: 25 centavos el kilo de vidrio, 50 centavos el de cartón. Alcanza a juntar, según dice, “unos 500 pesos por mes”.
¿Pueden vivir con 500 pesos? Ariel dice que sí y nadie lo desmiente. Quizá porque han perdido la noción de lo que es vivir. Quizá sea otra forma de contaminación. Que no cambiará para siempre, pero tal vez, aunque tarde y no para todos, al menos le dé a Raulito una nueva oportunidad.
Fecha de Publicación: 06/03/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Contaminación y pobreza. La Justicia intimó al Estado a erradicar los barrios humildes de la ribera del río más contaminado. El primero será Puente Bosch, donde estuvo Clarín. Un drama que afecta a un millón de personas.
Junto a la cloaca a cielo abierto más grande del país y una de las más grandes del mundo, se aparecen cuatro figuras -jóvenes o adultos, quién sabe-, a los que se adivina con más pasado que futuro: descalzos, los pies inflamados por la gangrena, venas que sobresalen en los brazos, dientes que se asoman partidos o negros o que ni siquiera existen, las caras como de espanto. Su estado no es producto del Riachuelo, o no sólo del Riachuelo, pero sí de las distintas formas que encuentra la miseria para contaminar. Una es mujer, es Norma. “Yo no me quiero ir a ninguna parte”, dice, aunque luego se verá que lo dice por decir algo, que siente que ya nada cambiará.
De donde Norma dice no querer irse es del infierno, al que aquí llaman “Puente Bosch”, un pequeño asentamiento de chapas oxidadas, cartones y madera, pegado al puente que atraviesa el Riachuelo por la calle Bosch, lado Avellaneda, a cinco cuadras de los locales de Barracas para los turistas del tango, a cinco minutos de las luces de la 9 de Julio. El asentamiento es hijo de la falta de inversión directa en la limpieza del Riachuelo -a pesar de que hubo grandes sumas asignadas (ver Millones...)-, pero también de la insuficiente política de viviendas y de la pobreza más profunda, la estructural, ajena a los promocionados números del crecimiento de la economía.
Por ser de los más afectados y también por ser pequeño -en teoría manejable- el asentamiento “Puente Bosch” fue elegido por la Justicia como el barrio testigo de un mega plan establecido para erradicar del Riachuelo a los barrios pobres de sus márgenes. Y se anticipa que no será nada sencillo, en principio porque la mudanza no incluye a todos sus habitantes y porque los plazos deseados no se corresponden con la realidad.
El juez federal de Quilmes, Luis Armella, dispuso hace 10 días que este barrio, con sus vecinos y su breve y profunda historia, deberá ser evacuado antes del 30 de abril, dentro de poco más de un mes. Luego se deberá hacer lo mismo con el barrio “El Amanecer”, en Lomas de Zamora, con el “Barrio Puente Alsina”, en Lanús, y la lista es larga. En total, se promete evacuar 16 asentamientos de 14 municipios -incluida la Capital Federal- y no menos de 2.400 familias, las más afectadas por la podredumbre y la contaminación directa de vivir junto al agua muerta. Los científicos ya han demostrado el daño del río, pero la simple vista vale como prueba: una grotesca pasta negra que serpentea el límite entre la Capital y el conurbano, en aparente inmovilidad, con la espesura del asfalto líquido, cargada de basura y de un olor que las tardes de calor se hace imposible. Con él conviven miles de chicos. Con él conviven los chicos de “Puente Bosch”. Como Raulito, de 13, que nos habla: “Yo me voy o no me voy. Me da lo mismo porque voy a cualquier lugar donde pueda vivir”, dice, y sonríe y parece agradecido por el simple acontecimiento de que le pregunten qué quiere
Raulito tiene diez hermanos más y su papá todavía le dice que NO al “paco”, esa droga letal que aniquila los márgenes, que es de venta habitual por aquí y que ya tiene al borde de la muerte a varios de los habitantes de “Puente Bosch”. El papá de Raulito trabaja de lo que trabajan todos aquí: es cartonero, se las rebusca como puede vendiendo cartón y vidrio, igual que las demás “25 o 26 familias” del asentamiento. A algunos ya ni se los cuenta: los primeros que nos reciben, esos cuatro cuerpos sin edad, como Norma, a la que suponen adulta porque tiene, dice, “un montón” de hijos.
El plan de erradicación está teóricamente en marcha. Y es producto de la intimación judicial. La cuenca del Riachuelo es responsabilidad de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), que dirige la Secretaría de Medio Ambiente en sociedad con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y con el de la Ciudad. A pedido de la Corte Suprema, y del juez de Quilmes, los funcionarios vienen realizando planes y obras -aunque con mucha lentitud- para intentar paliar un drama que afecta indirectamente al millón de personas que habita sus márgenes. En esta etapa, se comprometieron a erradicar a las familias más vulnerables, las 2.400 que están más expuestas a “daño ambiental”. Un ejemplo de ese daño: una de las pericias encargadas por la Corte determinó que el 50 por ciento de los chicos de “Villa Inflamable”, cercana a “Puente Bosch”, tiene niveles de plomo en sangre por encima de la media -genera trastornos en el crecimiento-, producto de la contaminación “por aire” de los residuos de combustibles que ganaron el río. Las diarreas, los problemas respiratorios y las enfermedades de la piel también son mayores que en cualquier otro sitio.
¿Cómo se sale de esto?
El secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi, aseguró el martes pasado que la mudanza de los vecinos “ya empezó” y que “se han comprometido, con fecha de licitación, 17 mil viviendas”. Aunque el proyecto es ambicioso, el primero de los ejemplos, el más próximo, es “Puente Bosch”. Y ya se adivina con demoras y conflictos, producto, justamente, de demoras anteriores.
Para poner cifras al drama, la Justicia dispuso un censo que se ejecutó en el verano de 2008. El primer problema es que el plan de erradicación es producto de ese censo, de hace más de tres años, y la realidad de los barrios ha cambiado. En “Puente Bosch”, por caso, eran 18 familias y ahora son 26, o al menos lo eran hasta el miércoles pasado, cuando funcionarios del municipio de Avellaneda se aparecieron por allí de improviso: les dieron subsidios de 2.000 pesos a cada una de las familias no censadas y consiguieron que se fueran a algún sitio. Allí estaban ellos partiendo, con sus carritos de cartoneros y los chicos a cuestas. ¿A dónde? ¿Volverán?
“Espero que no vuelvan porque si vuelven los van a sacar”. La que habla es Estela Odriozola, evangelista y manzanera, que vive en una casa de verdad a 50 metros del asentamiento. Dueña del comedor popular donde suelen alimentarse los chicos de “Barrio Bosch”, Estela es, a puro amor, la responsable de que sus vecinos villeros no sean olvidados del todo. Ella tiende puentes entre el municipio y las familias del asentamiento, ella los convenció de que no podían resistir la evacuación. A su lado, las cosas cambian un poquito, como Norma, la mujer que esconde edad y sexo, la mujer del montón de hijos, que ahora vacila: “Está bien. Si quieren nos vamos a donde nos lleven”, dice.
Los no censados se fueron el miércoles hacia casas de alquiler, donde pronto gastarán sus 2.000 pesos. Los otros, los 18 iniciales, serán trasladados o tienen la promesa de que serán alojados en otro barrio que construye el municipio de Avellaneda en otra villa, “Villa Tranquila”, que de tranquila tiene sólo el nombre pero al menos está lejos del Riachuelo y las casas son de verdad, con agua, gas, ladrillos y cemento que hoy se están convirtiendo en un posible hogar, aunque lentamente, demasiado para estar terminadas antes del plazo previsto, si todavía no tienen ni ventanas ni revoque ni cañerías. Con seguro retraso, hacia allá irá en algún momento la familia de Raulito, que vuelve a hablar: “Me voy a tener que cambiar de colegio”, dice, como si fuera sólo eso, pero porque no sabe, porque nunca tuvo una casa de verdad.
¿Se sale de esto? Antes de habitar los márgenes de la muerte -el olor del río se hace espeso de pronto-, los habitantes de “Puente Bosch” fueron vecinos de Avellaneda o de otros municipios del conurbano, caídos en desgracia en los noventa o con la implosiva crisis de 2001. Fue allí cuando Norma y la familia de Raulito fueron llegando al asentamiento, lo fueron construyendo. En todos estos años, apenas consiguieron que el municipio les hiciera llegar unas canillas con agua potable, últimamente sólo algunos alcanzaron a tramitar el subsidio de la Asignación universal por hijo, ya que la mayoría no tiene ni documentos. Sus desechos, claro, van a parar al río, junto a las toneladas de basura y veneno que arrojan fábricas clandestinas y legales.
Lo que hicieron entonces y ahora es vivir de la calle. Juntan vidrios y plásticos y cartones, y los venden. Ariel, el tucumano, uno de los “afortunados” que fue censado, es el que los organiza. Tiene frente a su casita una balanza y allí pesa lo que consiguen él y sus vecinos. De la calle a la balanza, y de la balanza a la calle. Frente a las casitas, junto al Riachuelo, se amontonan vidrios rotos, cartones, hierros. “Una vez por semana pasan unos camiones y se lo llevan. Pagan bien”, dice Ariel, y pasa números: 25 centavos el kilo de vidrio, 50 centavos el de cartón. Alcanza a juntar, según dice, “unos 500 pesos por mes”.
¿Pueden vivir con 500 pesos? Ariel dice que sí y nadie lo desmiente. Quizá porque han perdido la noción de lo que es vivir. Quizá sea otra forma de contaminación. Que no cambiará para siempre, pero tal vez, aunque tarde y no para todos, al menos le dé a Raulito una nueva oportunidad.
Por qué Clarín y La Nación apoyan el glifosato
Por qué Clarín y La Nación apoyan el uso de glifosato en la Argentina
Fecha de Publicación: 06/03/2011
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Nacional
Los informes de médicos y científicos independientes que sostienen que el glifosato está causando un verdadero desastre a nivel sanitario y ambiental se suman año tras año: el más conocido es el del doctor Andrés Carrasco, quien demostró que ese herbicida, utilizado en dosis mucho menores a las del campo, produce diversas malformaciones. Pero también existen otros, como los del médico Alejandro Oliva, que advierten sobre el crecimiento de casos de cáncer, posiblemente relacionados al uso intensivo de agroquímicos; y los del doctor Jorge Kaczewer, que también hablan de enfermedades neurológicas y problemas reproductivos. Pese a eso, el uso de glifosato en nuestro país crece forma vertiginosa: mientras que en 1991 se utilizaron sólo 1 millón de litros, durante 2009 fueron casi 200 millones, lo que representa el 8,5% de lo usado a nivel mundial. Y va en aumento.
Consultados por Tiempo Argentino, una amplia gama de ONG, especialistas, personas perjudicadas por las fumigaciones y una porción del arco político nacional denunciaron que la razón más evidente para explicar este fenómeno es el sensacional conglomerado de intereses que se encuadran tras el llamado “modelo sojero”, donde el glifosato es una sustancia clave y en el que aparecen en escena grandes multinacionales, medios de comunicación afines a estas empresas, políticos de diferentes extractos y altos funcionarios públicos, muchos de ellos relacionados entre sí (ver “Quiénes lo defienden”). Tal vez por esa misma razón, y a pesar de estos contundentes datos, en el país no existe una legislación uniforme que regule el uso de agroquímicos. Tampoco hay mínimos controles por parte del Estado, ni estudios epidemiológicos serios.
Se trata de un modelo que mueve miles de millones de dólares por año, pero que también está dejando cientos de pueblos contaminados. Un pequeño pero delicado ejemplo es el de La Leonesa, en la provincia del Chaco, donde uno de los pocos estudios oficiales que se realizaron en el país certificó que, durante la última década, los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron un 400%. Pese a que el informe fue realizado por profesionales de organismos estatales, el gobierno de Chaco rechazó estos resultados, producto de los fuertes intereses que existen en la provincia vinculados al negocio de la soja y el glifosato.
La soja transgénica ingresó a la Argentina en el año 1996, de la mano del por entonces secretario de Agricultura de Carlos Saúl Menem, Felipe Solá. Nuestro país fue el segundo, después de los Estados Unidos, en autorizar su llegada, plagada de irregularidades. Según relata Horacio Verbitsky en un artículo de Página/12, se violaron procedimientos administrativos, se dejaron sin respuesta los cuestionamientos de instancias técnicas y no se realizaron los análisis especificados por distintos organismos. En el proceso de autorización también se vio la mano de Monsanto: el expediente administrativo estaba escrito en inglés y nunca fue traducido al castellano. Además, de los 136 folios que tenía, 108 pertenecían a informes presentados por la multinacional estadounidense. A Solá no pareció importarle mucho: firmó el documento, a las apuradas, el 25 de marzo de 1996. “Si existe un país en el que la multinacional haya podido hacer todo lo que le viniera en gana sin el menor obstáculo, ese es Argentina”, relata la francesa Marie-Monique Robin, en el capítulo dedicado a nuestro país, de su famoso libro El mundo según Monsanto.
Monsanto es la firma por excelencia en el mercado de los organismos genéticamente modificados. No sólo produce las semillas de soja transgénica, sino que además vende el glifosato (bajo el nombre comercial de Round-Up Ready), imprescindible para fumigar este cultivo. Durante el año 2006, reportó más de 7000 millones de dólares de ganancia.
Su entrada al país no sólo estuvo auspiciada por políticos, sino también por medios de comunicación: junto a Solá, otro de los impulsores de la soja transgénica y el glifosato fue el ingeniero Héctor Huergo, pariente lejano de Ernestina Herrera de Noble y actual director del suplemento y el canal Rural de Clarín. Huergo dirigió el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) entre febrero y noviembre de 1994, designado por el propio secretario de Agricultura. Por esos tiempos, su esposa, Silvia Mercado, era agente de prensa de Solá.
“Huergo arruinó el INTA. Sin ningún tipo de escrúpulos, transfirió el capital genético estratégico para el país a distintas multinacionales del agronegocio, como Monsanto y Nidera. También les permitió el acceso a los archivos secretos del organismo. Quienes estaban en desacuerdo, eran despedidos inmediatamente. Hoy, Huergo es el máximo defensor de la soja transgénica y el glifosato”, aseguró a Tiempo Argentino el ingeniero agrónomo e historiador, Alberto Lapolla, quien conoce bien al director de Clarín Rural: ambos fueron compañeros en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Los nexos entre el grupo comunicacional más poderoso del país y las corporaciones vinculadas al comercio de agroquímicos y transgénicos son explícitos y fáciles de identificar. Cada edición del suplemento Rural está plagada de publicidades de Monsanto, Syngenta, Nidera, Basf, Bayer, Don Mario, entre otras, que ponen buena parte de sus ingresos en las páginas del diario de la viuda de Noble (ver reproducciones).
Una nota de junio de 2008 es un pequeño ejemplo (de los cientos que pueden encontrarse) que muestra la fraternal relación existente entre Clarín Rural y la multinacional Monsanto. Titulado “Ambiente, semillas y calidad de vida”, el artículo anuncia el lanzamiento de un “compromiso” de la multinacional estadounidense “orientado a contribuir a aumentar la producción mundial de alimentos en vistas de su creciente demanda (…) poniendo constantemente foco en el cuidado del medioambiente”.
Tal vez por eso, así como los elogios a las grandes corporaciones del agro se repiten en todas las ediciones del suplemento dirigido por Huergo, las denuncias vinculadas a los efectos de los agroquímicos sobre la salud humana (realizadas por médicos, científicos y organizaciones ambientalistas del interior del país) no tienen lugar en Clarín. Esto es fácilmente constatable haciendo una búsqueda en el archivo web del diario. Ni siquiera aparecen los casos más conocidos, como el mencionado aumento de enfermedades en el Chaco; o las denuncias de vecinos de distintas localidades de Santa Fe, producto de intoxicaciones y enfermedades vinculadas al uso intensivo de agroquímicos. Tampoco las del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que define esta situación como un “desastre sanitario”; ni del ambientalista Jorge Rulli, que atribuye al “modelo sojero” un “genocidio encubierto”. Apenas se menciona en una nota el brote de cáncer en el Barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba, pero no se lo relaciona con el uso intensivo de glifosato, sino con otras sustancias químicas. Los artículos relacionados al herbicida reflejan la posición del multimedios frente a este grave problema. Por ejemplo, el sábado 12 de septiembre de 2009, una nota titulada “Un espaldarazo para el glifosato”, afirma que un informe realizado por expertos del CONICET concluyó en que “usado responsablemente, el producto no implica riesgos para la salud humana”. Si bien esto es cierto, es sólo una de las conclusiones: Clarín omite mencionar deliberadamente que los científicos del CONICET también advirtieron que “en la Argentina no existen suficientes datos sobre los efectos del glifosato en la salud humana, por lo cual sería importante promover la realización de los estudios pertinentes”, según puede leerse textual en el documento.
El doctor Andrés Carrasco, uno de los investigadores más importantes del país , que trabaja desde hace casi 30 años en desarrollo embrionario y presidió el CONICET, fue víctima de la difamación de estos medios de comunicación por denunciar los terribles efectos de los agroquímicos sobre la salud humana, según contó a Tiempo.
En el año 2009, Carrasco realizó una investigación en la que comprobó que el glifosato produce malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas, aun en dosis muy inferiores a las utilizadas en los campos argentinos. “El glifosato es un veneno, aunque algunos quieran sacarle ese mote y decir que es un químico. Es un veneno porque mata hierbas”, explicó el científico, quien además narró que, poco después de presentar su trabajo, dos abogados de la CASAFE (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, que agrupa a proveedores de agroquímicos) irrumpieron en su laboratorio y amenazaron a sus colaboradores. También fue víctima de presiones políticas e, incluso, se puso en duda la existencia de su investigación.
El diario La Nación, ligado históricamente a la Sociedad Rural Argentina y los sectores más conservadores del país, fue uno de los medios que encabezó la campaña de desprestigio mediático contra la investigación de Carrasco. Por ejemplo, en una nota del 24 de abril de 2009, titulada “No aparece un estudio crítico sobre el glifosato”, se refiere al trabajo del investigador como “un estudio de supuesta validez científica”. Un día después, el artículo “Ante el riesgo de volver al pasado”, advierte sobre la “preocupación en el agro por la posibilidad de que se prohíba o suspenda el uso de glifosato, uno de los pilares sobre los que se apoya la producción nacional”, algo que traería “consecuencias muy graves”. El temor del diario fundado por Bartolomé Mitre estaba justificado: por esos días, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas había presentado un amparo ambiental ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sustentado en la investigación de Carrasco, para suspender las fumigaciones de glifosato hasta que se tengan precisiones sobre la verdadera toxicidad del herbicida.
En ese mismo artículo, La Nación consulta diversas fuentes sobre la posible prohibición. Y todas arriban a una conclusión: que las denuncias “no tienen sustento”. Claro, los organismos consultados son los que mayores réditos económicos tienen gracias a la soja y el glifosato: la mencionada CASAFE, Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, que reagrupa a 1500 grandes productores) y Acsoja (Asociación de la Cadena de la Soja en Argentina, que reúne a 29 organizaciones empresariales y otras instituciones con incidencia en la cadena de la soja). El presidente de esta última institución, Rodolfo Rossi, afirma en la nota que suspender el uso de glifosato sería “como si se prohibiera la aspirina”.
Finalmente, y a pesar de la descalificación mediática que sufrió, la investigación de Carrasco fue revisada y publicada en agosto de 2010 por la prestigiosa revista internacional Chemical Research in Toxicology, lo que finalmente le otorgó –según sostienen en el ámbito académico– aval científico.
La acérrima defensa de la soja y el glifosato que Clarín y La Nación hacen tiene una simple pero millonaria explicación: ambas empresas están asociadas en la organización de la feria anual Expoagro, donde se realizan cada año jugosos negocios vinculados a los productos transgénicos y a diferentes agroquímicos. En 2007, por ejemplo, la exposición arrojó ventas por un total de 140 millones de dólares. Por estos días se está desarrollando su edición 2011, a la que asistieron Eduardo Duhalde, Gerónimo Venegas, Francisco de Narváez y José Antonio Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, denunciado por este diario a raíz de un polémico emprendimiento arrocero en la provincia de Corrientes.
Pero las responsabilidades y complicidades no recaen sólo sobre los medios de comunicación y las multinacionales, sino también sobre el Estado. Pese a que en nuestro país el uso de este agroquímico aumentó 200 veces en los últimos 18 años, su utilización todavía no cuenta con una legislación nacional uniforme que regule su aplicación, rigurosos controles estatales, ni estudios epidemiológicos serios.
Los especialistas aseguran que esta situación tendría su raíz en que el Estado recauda una importante cantidad de dinero a través de las retenciones que fija a los productores sojeros. Y coinciden en que los controles son precarios porque la ley también lo es. Consultada por este diario, Graciela Gómez, abogada y ambientalista santafesina, explicó: “La legislación, además de desarticulada, no es seria. Cada provincia legisla a su modo y lo mismo sucede en cada municipio. Así se da una fragmentación de responsabilidades y una inexistente coordinación entre todos los organismos, que no ayuda a ejercer un control adecuado. Esto hace más débil y confusa la eficacia de las normas.” Y agregó: “Es necesario sancionar con urgencia una norma sobre control y uso de agroquímicos a nivel nacional.”
Pero los pocos proyectos que se presentaron en el Congreso nunca se llegaron a tratar en recinto. La iniciativa de la diputada nacional Julia Perié, del Frente para la Victoria, que solicita “la prohibición total de la comercialización, uso, y aplicación del glifosato por su aguda toxicidad”, duerme en el Parlamento desde agosto de 2009: fue aprobado en comisión, pero jamás tratado en el recinto.
También Cecilia Merchán, diputada del interbloque Proyecto Sur, presentó un proyecto de ley en agosto de 2010 para prohibir la fumigación aérea con plaguicidas en todo el país, pero corrió la misma suerte que su colega.
“Esto no se soluciona porque hay muy fuertes intereses por parte de las multinacionales. Debería haber una posición más firme del Estado. Sobre todo cuando quienes más se enriquecen con este modelo son los grandes pooles de siembra –agazapados en la Sociedad Rural– y las multinacionales como Monsanto”, consideró Merchán.
Fecha de Publicación: 06/03/2011
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Nacional
Los informes de médicos y científicos independientes que sostienen que el glifosato está causando un verdadero desastre a nivel sanitario y ambiental se suman año tras año: el más conocido es el del doctor Andrés Carrasco, quien demostró que ese herbicida, utilizado en dosis mucho menores a las del campo, produce diversas malformaciones. Pero también existen otros, como los del médico Alejandro Oliva, que advierten sobre el crecimiento de casos de cáncer, posiblemente relacionados al uso intensivo de agroquímicos; y los del doctor Jorge Kaczewer, que también hablan de enfermedades neurológicas y problemas reproductivos. Pese a eso, el uso de glifosato en nuestro país crece forma vertiginosa: mientras que en 1991 se utilizaron sólo 1 millón de litros, durante 2009 fueron casi 200 millones, lo que representa el 8,5% de lo usado a nivel mundial. Y va en aumento.
Consultados por Tiempo Argentino, una amplia gama de ONG, especialistas, personas perjudicadas por las fumigaciones y una porción del arco político nacional denunciaron que la razón más evidente para explicar este fenómeno es el sensacional conglomerado de intereses que se encuadran tras el llamado “modelo sojero”, donde el glifosato es una sustancia clave y en el que aparecen en escena grandes multinacionales, medios de comunicación afines a estas empresas, políticos de diferentes extractos y altos funcionarios públicos, muchos de ellos relacionados entre sí (ver “Quiénes lo defienden”). Tal vez por esa misma razón, y a pesar de estos contundentes datos, en el país no existe una legislación uniforme que regule el uso de agroquímicos. Tampoco hay mínimos controles por parte del Estado, ni estudios epidemiológicos serios.
Se trata de un modelo que mueve miles de millones de dólares por año, pero que también está dejando cientos de pueblos contaminados. Un pequeño pero delicado ejemplo es el de La Leonesa, en la provincia del Chaco, donde uno de los pocos estudios oficiales que se realizaron en el país certificó que, durante la última década, los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron un 400%. Pese a que el informe fue realizado por profesionales de organismos estatales, el gobierno de Chaco rechazó estos resultados, producto de los fuertes intereses que existen en la provincia vinculados al negocio de la soja y el glifosato.
La soja transgénica ingresó a la Argentina en el año 1996, de la mano del por entonces secretario de Agricultura de Carlos Saúl Menem, Felipe Solá. Nuestro país fue el segundo, después de los Estados Unidos, en autorizar su llegada, plagada de irregularidades. Según relata Horacio Verbitsky en un artículo de Página/12, se violaron procedimientos administrativos, se dejaron sin respuesta los cuestionamientos de instancias técnicas y no se realizaron los análisis especificados por distintos organismos. En el proceso de autorización también se vio la mano de Monsanto: el expediente administrativo estaba escrito en inglés y nunca fue traducido al castellano. Además, de los 136 folios que tenía, 108 pertenecían a informes presentados por la multinacional estadounidense. A Solá no pareció importarle mucho: firmó el documento, a las apuradas, el 25 de marzo de 1996. “Si existe un país en el que la multinacional haya podido hacer todo lo que le viniera en gana sin el menor obstáculo, ese es Argentina”, relata la francesa Marie-Monique Robin, en el capítulo dedicado a nuestro país, de su famoso libro El mundo según Monsanto.
Monsanto es la firma por excelencia en el mercado de los organismos genéticamente modificados. No sólo produce las semillas de soja transgénica, sino que además vende el glifosato (bajo el nombre comercial de Round-Up Ready), imprescindible para fumigar este cultivo. Durante el año 2006, reportó más de 7000 millones de dólares de ganancia.
Su entrada al país no sólo estuvo auspiciada por políticos, sino también por medios de comunicación: junto a Solá, otro de los impulsores de la soja transgénica y el glifosato fue el ingeniero Héctor Huergo, pariente lejano de Ernestina Herrera de Noble y actual director del suplemento y el canal Rural de Clarín. Huergo dirigió el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) entre febrero y noviembre de 1994, designado por el propio secretario de Agricultura. Por esos tiempos, su esposa, Silvia Mercado, era agente de prensa de Solá.
“Huergo arruinó el INTA. Sin ningún tipo de escrúpulos, transfirió el capital genético estratégico para el país a distintas multinacionales del agronegocio, como Monsanto y Nidera. También les permitió el acceso a los archivos secretos del organismo. Quienes estaban en desacuerdo, eran despedidos inmediatamente. Hoy, Huergo es el máximo defensor de la soja transgénica y el glifosato”, aseguró a Tiempo Argentino el ingeniero agrónomo e historiador, Alberto Lapolla, quien conoce bien al director de Clarín Rural: ambos fueron compañeros en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Los nexos entre el grupo comunicacional más poderoso del país y las corporaciones vinculadas al comercio de agroquímicos y transgénicos son explícitos y fáciles de identificar. Cada edición del suplemento Rural está plagada de publicidades de Monsanto, Syngenta, Nidera, Basf, Bayer, Don Mario, entre otras, que ponen buena parte de sus ingresos en las páginas del diario de la viuda de Noble (ver reproducciones).
Una nota de junio de 2008 es un pequeño ejemplo (de los cientos que pueden encontrarse) que muestra la fraternal relación existente entre Clarín Rural y la multinacional Monsanto. Titulado “Ambiente, semillas y calidad de vida”, el artículo anuncia el lanzamiento de un “compromiso” de la multinacional estadounidense “orientado a contribuir a aumentar la producción mundial de alimentos en vistas de su creciente demanda (…) poniendo constantemente foco en el cuidado del medioambiente”.
Tal vez por eso, así como los elogios a las grandes corporaciones del agro se repiten en todas las ediciones del suplemento dirigido por Huergo, las denuncias vinculadas a los efectos de los agroquímicos sobre la salud humana (realizadas por médicos, científicos y organizaciones ambientalistas del interior del país) no tienen lugar en Clarín. Esto es fácilmente constatable haciendo una búsqueda en el archivo web del diario. Ni siquiera aparecen los casos más conocidos, como el mencionado aumento de enfermedades en el Chaco; o las denuncias de vecinos de distintas localidades de Santa Fe, producto de intoxicaciones y enfermedades vinculadas al uso intensivo de agroquímicos. Tampoco las del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que define esta situación como un “desastre sanitario”; ni del ambientalista Jorge Rulli, que atribuye al “modelo sojero” un “genocidio encubierto”. Apenas se menciona en una nota el brote de cáncer en el Barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba, pero no se lo relaciona con el uso intensivo de glifosato, sino con otras sustancias químicas. Los artículos relacionados al herbicida reflejan la posición del multimedios frente a este grave problema. Por ejemplo, el sábado 12 de septiembre de 2009, una nota titulada “Un espaldarazo para el glifosato”, afirma que un informe realizado por expertos del CONICET concluyó en que “usado responsablemente, el producto no implica riesgos para la salud humana”. Si bien esto es cierto, es sólo una de las conclusiones: Clarín omite mencionar deliberadamente que los científicos del CONICET también advirtieron que “en la Argentina no existen suficientes datos sobre los efectos del glifosato en la salud humana, por lo cual sería importante promover la realización de los estudios pertinentes”, según puede leerse textual en el documento.
El doctor Andrés Carrasco, uno de los investigadores más importantes del país , que trabaja desde hace casi 30 años en desarrollo embrionario y presidió el CONICET, fue víctima de la difamación de estos medios de comunicación por denunciar los terribles efectos de los agroquímicos sobre la salud humana, según contó a Tiempo.
En el año 2009, Carrasco realizó una investigación en la que comprobó que el glifosato produce malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas, aun en dosis muy inferiores a las utilizadas en los campos argentinos. “El glifosato es un veneno, aunque algunos quieran sacarle ese mote y decir que es un químico. Es un veneno porque mata hierbas”, explicó el científico, quien además narró que, poco después de presentar su trabajo, dos abogados de la CASAFE (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, que agrupa a proveedores de agroquímicos) irrumpieron en su laboratorio y amenazaron a sus colaboradores. También fue víctima de presiones políticas e, incluso, se puso en duda la existencia de su investigación.
El diario La Nación, ligado históricamente a la Sociedad Rural Argentina y los sectores más conservadores del país, fue uno de los medios que encabezó la campaña de desprestigio mediático contra la investigación de Carrasco. Por ejemplo, en una nota del 24 de abril de 2009, titulada “No aparece un estudio crítico sobre el glifosato”, se refiere al trabajo del investigador como “un estudio de supuesta validez científica”. Un día después, el artículo “Ante el riesgo de volver al pasado”, advierte sobre la “preocupación en el agro por la posibilidad de que se prohíba o suspenda el uso de glifosato, uno de los pilares sobre los que se apoya la producción nacional”, algo que traería “consecuencias muy graves”. El temor del diario fundado por Bartolomé Mitre estaba justificado: por esos días, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas había presentado un amparo ambiental ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sustentado en la investigación de Carrasco, para suspender las fumigaciones de glifosato hasta que se tengan precisiones sobre la verdadera toxicidad del herbicida.
En ese mismo artículo, La Nación consulta diversas fuentes sobre la posible prohibición. Y todas arriban a una conclusión: que las denuncias “no tienen sustento”. Claro, los organismos consultados son los que mayores réditos económicos tienen gracias a la soja y el glifosato: la mencionada CASAFE, Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, que reagrupa a 1500 grandes productores) y Acsoja (Asociación de la Cadena de la Soja en Argentina, que reúne a 29 organizaciones empresariales y otras instituciones con incidencia en la cadena de la soja). El presidente de esta última institución, Rodolfo Rossi, afirma en la nota que suspender el uso de glifosato sería “como si se prohibiera la aspirina”.
Finalmente, y a pesar de la descalificación mediática que sufrió, la investigación de Carrasco fue revisada y publicada en agosto de 2010 por la prestigiosa revista internacional Chemical Research in Toxicology, lo que finalmente le otorgó –según sostienen en el ámbito académico– aval científico.
La acérrima defensa de la soja y el glifosato que Clarín y La Nación hacen tiene una simple pero millonaria explicación: ambas empresas están asociadas en la organización de la feria anual Expoagro, donde se realizan cada año jugosos negocios vinculados a los productos transgénicos y a diferentes agroquímicos. En 2007, por ejemplo, la exposición arrojó ventas por un total de 140 millones de dólares. Por estos días se está desarrollando su edición 2011, a la que asistieron Eduardo Duhalde, Gerónimo Venegas, Francisco de Narváez y José Antonio Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, denunciado por este diario a raíz de un polémico emprendimiento arrocero en la provincia de Corrientes.
Pero las responsabilidades y complicidades no recaen sólo sobre los medios de comunicación y las multinacionales, sino también sobre el Estado. Pese a que en nuestro país el uso de este agroquímico aumentó 200 veces en los últimos 18 años, su utilización todavía no cuenta con una legislación nacional uniforme que regule su aplicación, rigurosos controles estatales, ni estudios epidemiológicos serios.
Los especialistas aseguran que esta situación tendría su raíz en que el Estado recauda una importante cantidad de dinero a través de las retenciones que fija a los productores sojeros. Y coinciden en que los controles son precarios porque la ley también lo es. Consultada por este diario, Graciela Gómez, abogada y ambientalista santafesina, explicó: “La legislación, además de desarticulada, no es seria. Cada provincia legisla a su modo y lo mismo sucede en cada municipio. Así se da una fragmentación de responsabilidades y una inexistente coordinación entre todos los organismos, que no ayuda a ejercer un control adecuado. Esto hace más débil y confusa la eficacia de las normas.” Y agregó: “Es necesario sancionar con urgencia una norma sobre control y uso de agroquímicos a nivel nacional.”
Pero los pocos proyectos que se presentaron en el Congreso nunca se llegaron a tratar en recinto. La iniciativa de la diputada nacional Julia Perié, del Frente para la Victoria, que solicita “la prohibición total de la comercialización, uso, y aplicación del glifosato por su aguda toxicidad”, duerme en el Parlamento desde agosto de 2009: fue aprobado en comisión, pero jamás tratado en el recinto.
También Cecilia Merchán, diputada del interbloque Proyecto Sur, presentó un proyecto de ley en agosto de 2010 para prohibir la fumigación aérea con plaguicidas en todo el país, pero corrió la misma suerte que su colega.
“Esto no se soluciona porque hay muy fuertes intereses por parte de las multinacionales. Debería haber una posición más firme del Estado. Sobre todo cuando quienes más se enriquecen con este modelo son los grandes pooles de siembra –agazapados en la Sociedad Rural– y las multinacionales como Monsanto”, consideró Merchán.
Marcha contra la minería en la vendimia
Cinco mil personas marcharon a favor del agua
Fecha de Publicación: 05/03/2011
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Murgas, disfraces, teatralizaciones y mucho color fueron los elementos clave para hacer oír el reclamo. La Presidenta no alcanzó a ver la manifestación que tuvo el apoyo de Pino Solanas y de opositores al proyecto de la papelera en Gualeguaychú.
La convocatoria había comenzado varios días antes y ayer se vieron los resultados. Al menos cinco mil mendocinos se sumaron para caminar por las calles del Centro y expresar en una sola voz su pedido: que el proyecto minero que busca extraer cobre y oro de Uspallata no sea aprobado en la Legislatura Provincial.
Fueron 3 horas y media en las que la oposición a San Jorge sumó adhesiones y gestos de aceptación justo antes de que los carros vendimiales comenzaran su trayecto por la ciudad. Hubo murgas, bombos, disfraces, representaciones teatrales y muñecos gigantes que relacionaron a la mega minería con la muerte y al agua, con la vida. Tal como estaba previsto, la concentración largó a las nueve de la mañana desde calle Chile y Montevideo.
En ese momento, la calle quedó cubierta a lo largo de tres cuadras. Al llegar al palco oficial ubicado frente a la plaza Independencia, la mala noticia fue que la presidenta Cristina Kirchner aún no se daba cita en lugar y por lo tanto no fue testigo de la expresión popular.
Sin embargo, el movimiento continuó. Muchos, habían llegado desde el Sur y el Valle de Uco. También dijeron "presente" los que viven más cerca de la cordillera, en Uspallata y aquellos que están en pleno oasis, en los barrios del Gran Mendoza.
Estuvieron los que integran agrupaciones políticas; los que años atrás defendieron la aprobación de la ley que prohíbe la minería contaminante; los que tienen modestas porciones de tierra cultivada y los que desde pequeños aprendieron que el agua en Mendoza es el recurso más escaso y a la vez, el más necesario.
Con remeras, pancartas, globos, carteles, máscaras y disfraces acompañaron el reclamo las asambleas, los vecinos autoconvocados de distintas partes de la provincia, los artistas, los guardaparques y familias enteras.
Desde provincias como La Rioja, Catamarca y San Juan, el apoyo fue notorio. Incluso, un grupo de manifestantes había viajado desde Gualeguaychú, donde aseguran que no sólo los reclamos incesantes para evitar la instalación de la papelera fueron pasados por alto, sino que ahora el Gobierno ni siquiera efectúa los controles necesarios para evitar la contaminación.
"El agua es una causa Nacional y por eso venimos a apoyar a los mendocinos", expresó Norma (65), quien viajó junto a 16 personas desde Entre Ríos.
El candidato a presidente Fernando Solanas, de Proyecto Sur dio el tinte político a la marcha cuando cruzó un saludo con el vicegobernador Cristian Racconto al pasar por el sector de las autoridades. "Estamos al frente de este reclamo, que es de los mendocinos en defensa del agua", dijo.
Del otro lado de los vallados, el público observó cada detalle. Algunos prefirieron dejar de lado la pasividad y se unieron al reclamo. Otros acompañaron con aplausos o gestos de apoyo a la multitud que mostró un rechazo unánime al proyecto minero que hoy se encuentra en la Cámara de Diputados.
A quien se le preguntara el motivo de su presencia en el lugar respondía casi lo mismo: "No vamos a permitir que una empresa extranjera sea capaz de sacarnos lo más valioso que tenemos, que son nuestros recursos naturales", expresó Carla Ortiz (34) una vecina de Los Corralitos que había viajado al Centro junto a sus hijas para hacerse eco de esta inquietud.
"No a los vende Patria; sí a la vida"; "Patria sí, colonia minera nunca"; "Sí a la vida, sí al agua, no a la contaminación", fueron algunas de las frases que se leyeron en los carteles y banderas que se movían al ritmo de cánticos, bombos y pasos murgueros.
Fecha de Publicación: 05/03/2011
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Murgas, disfraces, teatralizaciones y mucho color fueron los elementos clave para hacer oír el reclamo. La Presidenta no alcanzó a ver la manifestación que tuvo el apoyo de Pino Solanas y de opositores al proyecto de la papelera en Gualeguaychú.
La convocatoria había comenzado varios días antes y ayer se vieron los resultados. Al menos cinco mil mendocinos se sumaron para caminar por las calles del Centro y expresar en una sola voz su pedido: que el proyecto minero que busca extraer cobre y oro de Uspallata no sea aprobado en la Legislatura Provincial.
Fueron 3 horas y media en las que la oposición a San Jorge sumó adhesiones y gestos de aceptación justo antes de que los carros vendimiales comenzaran su trayecto por la ciudad. Hubo murgas, bombos, disfraces, representaciones teatrales y muñecos gigantes que relacionaron a la mega minería con la muerte y al agua, con la vida. Tal como estaba previsto, la concentración largó a las nueve de la mañana desde calle Chile y Montevideo.
En ese momento, la calle quedó cubierta a lo largo de tres cuadras. Al llegar al palco oficial ubicado frente a la plaza Independencia, la mala noticia fue que la presidenta Cristina Kirchner aún no se daba cita en lugar y por lo tanto no fue testigo de la expresión popular.
Sin embargo, el movimiento continuó. Muchos, habían llegado desde el Sur y el Valle de Uco. También dijeron "presente" los que viven más cerca de la cordillera, en Uspallata y aquellos que están en pleno oasis, en los barrios del Gran Mendoza.
Estuvieron los que integran agrupaciones políticas; los que años atrás defendieron la aprobación de la ley que prohíbe la minería contaminante; los que tienen modestas porciones de tierra cultivada y los que desde pequeños aprendieron que el agua en Mendoza es el recurso más escaso y a la vez, el más necesario.
Con remeras, pancartas, globos, carteles, máscaras y disfraces acompañaron el reclamo las asambleas, los vecinos autoconvocados de distintas partes de la provincia, los artistas, los guardaparques y familias enteras.
Desde provincias como La Rioja, Catamarca y San Juan, el apoyo fue notorio. Incluso, un grupo de manifestantes había viajado desde Gualeguaychú, donde aseguran que no sólo los reclamos incesantes para evitar la instalación de la papelera fueron pasados por alto, sino que ahora el Gobierno ni siquiera efectúa los controles necesarios para evitar la contaminación.
"El agua es una causa Nacional y por eso venimos a apoyar a los mendocinos", expresó Norma (65), quien viajó junto a 16 personas desde Entre Ríos.
El candidato a presidente Fernando Solanas, de Proyecto Sur dio el tinte político a la marcha cuando cruzó un saludo con el vicegobernador Cristian Racconto al pasar por el sector de las autoridades. "Estamos al frente de este reclamo, que es de los mendocinos en defensa del agua", dijo.
Del otro lado de los vallados, el público observó cada detalle. Algunos prefirieron dejar de lado la pasividad y se unieron al reclamo. Otros acompañaron con aplausos o gestos de apoyo a la multitud que mostró un rechazo unánime al proyecto minero que hoy se encuentra en la Cámara de Diputados.
A quien se le preguntara el motivo de su presencia en el lugar respondía casi lo mismo: "No vamos a permitir que una empresa extranjera sea capaz de sacarnos lo más valioso que tenemos, que son nuestros recursos naturales", expresó Carla Ortiz (34) una vecina de Los Corralitos que había viajado al Centro junto a sus hijas para hacerse eco de esta inquietud.
"No a los vende Patria; sí a la vida"; "Patria sí, colonia minera nunca"; "Sí a la vida, sí al agua, no a la contaminación", fueron algunas de las frases que se leyeron en los carteles y banderas que se movían al ritmo de cánticos, bombos y pasos murgueros.
Rellenos reciben más basura de lo permitido
Los rellenos sanitarios reciben el doble de basura de lo permitido
Fecha de Publicación: 05/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Si bien la ciudad se comprometió con la ley de basura cero a mermar la generación de residuos e impulsar la separación selectiva, la recuperación y el reciclado, envía 2 millones de toneladas anuales a los rellenos bonaerenses
A cinco años de la sanción de la ley 1854 de basura cero en la ciudad de Buenos Aires, que establecía como primera meta para 2010 una reducción de un 30% de los residuos que terminan en los rellenos sanitarios, las cifras indican que lejos de cumplirse, se envió más del doble de lo establecido. Así la ciudad atravesó el techo de los 2 millones de toneladas anuales, alcanzando un récord histórico de enterramiento.
Según un informe de la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado -Ceamse-, la ciudad envió el año pasado a los rellenos ubicados en el conurbano bonaerense 2.110.122 toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU), un 14,19% más (unas 262.374 toneladas) respecto de 2009 (1.847.758). Sin embargo, hubiese correspondido que sólo desechase 1.048.359 toneladas, casi 800.000 menos de lo que enterró en 2009.
La norma, aprobada en noviembre de 2005 por unanimidad por la Legislatura porteña, establece "un cronograma de reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos que conllevará a una disminución de la cantidad de desechos a ser depositados en rellenos sanitarios. Estas metas a cumplir serán de un 30% para el 2010, de un 50% para el 2012 y un 75% para el 2017, tomando como base los niveles enviados al Ceamse durante el año 2004. Se prohíbe para el año 2020 la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables".
Sin embargo, "el incumplimiento sistemático e intencional de la ley de basura cero ha alejado a la ciudad de las metas de reducción progresiva de residuos lo que hace que hoy Buenos Aires se encuentre en una situación sumamente crítica", afirma María Eugenia Testa, directora política de Greenpeace, una de las organizaciones impulsoras de la ley.
Basura Cero
El proyecto de basura cero se comenzó a trabajar en 2004 desde la sociedad civil con la Legislatura de la ciudad porque se pronosticaba un futuro crítico para Buenos Aires en materia de generación y gestión de residuos si no se revertía la tendencia de incremento de los RSU enviados a rellenos. Por eso, se aprobó esta ley que apunta esencialmente a la revalorización de los residuos y establece pautas, principios, obligaciones y responsabilidades para su gestión integrando a gobernantes y ciudadanos.
Así se busca la reducción progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, con plazos y metas concretas, por medio de la adopción de medidas orientadas a mermar la generación de residuos, la separación selectiva, la recuperación y el reciclado.
"Para llegar a la revalorización de los residuos, que es el objetivo de la ley, los principales puntos para implementar son la separación en origen, la incorporación real de las cooperativas de recuperadores y una campaña de educación para que la gente sepa cómo tiene que separar en la casa. Y la verdad es que no se ha hecho ninguna de estas cosas, si no que han tomado medidas contrarias al cumplimiento de la ley", afirma Carina Quispe, directora de política ambiental de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN.
En ese sentido, la Campaña "Jugá limpio", lanzada por el gobierno porteño, "ignora la ley 1854. Jamás se habló de separación ni se ejecutó el 5% anual de los gastos de publicidad del gobierno que la ley dispone que deben utilizarse para la implementación de esta norma", agrega.
Lo que todos los ciudadanos tienen que saber es simple: deben tener dos tachos de basura en su casa. En uno deben poner todo lo húmedo y en otro plásticos, cartones, botellas, PET, vidrios y todo lo que sea seco y que se puede revalorizar.
Los recuperadores
Luego de la recolección, los residuos potencialmente reutilizables deben llegar a alguno de los tres centros verdes de la ciudad, donde las cooperativas de recuperadores se encargan de separar, clasificar y poner en valor todo lo que pueda reusarse para luego venderlo. Sin embargo, el circuito todavía no funciona como debería.
"La remamos como podemos porque el material que nos envían es poco", afirma María Ramis de la Cooperativa de Recuperadores del Oeste. Ellos reciben un promedio de 2000 kilos diarios de desechos cuando deberían recibir entre 7000 y 8000 para que las 25 personas que allí trabajan puedan obtener un ingreso que les permita vivir dignamente.
La Cooperativa El Ceibo también atraviesa una situación similar. Según sus registros, en diciembre de 2010 recibieron 154.950 toneladas para recuperar, contra las 236.180 que recibieron en el mismo mes de 2008.
"A pesar del estado de colapso del Ceamse vemos que día a día los volúmenes del material que ingresa para reciclar sufre una sensible baja, siendo esto incompatible con el aumento de las ventas que tienen los grandes generadores de donde retiran dicho material los camiones de la Dirección General de Reciclado", afirma Cristina Lescano de El Ceibo en un informe enviado al Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño.
"Estos volúmenes se generan con camiones que hacen ocho rutas de retiro y nos entregan cada uno un promedio de 500 a 700 kilos por ruta, cuando están preparados para cargar entre 2000 y 2500 kilos. Es decir, trabajan al 20 % de su capacidad. Pero, llamativamente el papel blanco no existe, siendo este uno de los materiales, en un conglomerado urbano de las características de nuestra ciudad, que más volumen tendríamos que recibir. Los materiales que recibimos son cartón, film y algunas pocas veces Pet y vidrio", continúa.
De esta manera, con bajos índices de recupero, todo termina en los rellenos, con el costo que le genera al gobierno porteño y por ende a los vecinos, y contribuye a seguir engrosando los basurales, incumpliendo el plan basura cero.
El gobierno
Desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en tanto, sus voceros evitaron entrar en polémica, pero sostienen que están trabajando con la provincia de Buenos Aires en una nueva planta de residuos. "Allí, compañías europeas harán una inversión de 20 millones de euros y la ciudad reciclará 1000 toneladas de basura por día. Por las características de tratamiento mecánico biológico que empleará esta planta, afirman, se podrán llegar a recuperar el 60 por ciento de los residuos tratados", afirmaron.
"A su vez, también estamos prontos a inaugurar una nueva planta de tratamiento de residuos áridos, en Zabaleta, lo que reducirá esas cantidades, debido a que ya no ingresarán volquetes con restos de obra desde la provincia", agregaron.
Por último, mencionaron la contenerización para toda la ciudad y la separación en origen, "dos acciones fundamentales que están incluidas en la nueva licitación y que revolucionarán el sistema de recolección porteño", sostuvieron. Pero en todos los casos, evitaron dar fechas de realización de todas estas acciones.
En ese sentido, y por sobre todas las críticas, las organizaciones sociales destacaron el proceso participativo que se realizó el año pasado para ver el pliego con el cual van a cambiar las concesionarias de la recolección para residuos secos y húmedos: para los primeros incorporan a las cooperativas y para los otros abren la oferta a las empresas. "Estuvo muy bien hecho, pero no se tomaron decisiones todavía. Seguimos igual", explica Quispe, quien da cuenta de las numerosas demoras que ha tenido la aplicación.
"A cinco años de la sanción de ley, todas las prórrogas generan desconfianza. No se puede estar tanto tiempo para hacer cumplir una ley que requiere acciones muy prácticas. Si hubiera voluntad para que la ciudad separe los residuos en origen, ya se estaría haciendo", sostiene.
Más allá de las quejas por la demora en la implementación, las organizaciones no pierden las esperanzas de que en este año signado por las elecciones puedan avanzar en el tema. Y también hacen una salvedad: el problema no es que falle la ley, si no que aún no se implementó correctamente.
"No se puede hablar del fracaso de ley de basura cero cuando no se han tomado las medidas para hacerla efectiva. Estos procesos llevan muchos años y la concientización es clave", finaliza Quispe.
Fecha de Publicación: 05/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Si bien la ciudad se comprometió con la ley de basura cero a mermar la generación de residuos e impulsar la separación selectiva, la recuperación y el reciclado, envía 2 millones de toneladas anuales a los rellenos bonaerenses
A cinco años de la sanción de la ley 1854 de basura cero en la ciudad de Buenos Aires, que establecía como primera meta para 2010 una reducción de un 30% de los residuos que terminan en los rellenos sanitarios, las cifras indican que lejos de cumplirse, se envió más del doble de lo establecido. Así la ciudad atravesó el techo de los 2 millones de toneladas anuales, alcanzando un récord histórico de enterramiento.
Según un informe de la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado -Ceamse-, la ciudad envió el año pasado a los rellenos ubicados en el conurbano bonaerense 2.110.122 toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU), un 14,19% más (unas 262.374 toneladas) respecto de 2009 (1.847.758). Sin embargo, hubiese correspondido que sólo desechase 1.048.359 toneladas, casi 800.000 menos de lo que enterró en 2009.
La norma, aprobada en noviembre de 2005 por unanimidad por la Legislatura porteña, establece "un cronograma de reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos que conllevará a una disminución de la cantidad de desechos a ser depositados en rellenos sanitarios. Estas metas a cumplir serán de un 30% para el 2010, de un 50% para el 2012 y un 75% para el 2017, tomando como base los niveles enviados al Ceamse durante el año 2004. Se prohíbe para el año 2020 la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables".
Sin embargo, "el incumplimiento sistemático e intencional de la ley de basura cero ha alejado a la ciudad de las metas de reducción progresiva de residuos lo que hace que hoy Buenos Aires se encuentre en una situación sumamente crítica", afirma María Eugenia Testa, directora política de Greenpeace, una de las organizaciones impulsoras de la ley.
Basura Cero
El proyecto de basura cero se comenzó a trabajar en 2004 desde la sociedad civil con la Legislatura de la ciudad porque se pronosticaba un futuro crítico para Buenos Aires en materia de generación y gestión de residuos si no se revertía la tendencia de incremento de los RSU enviados a rellenos. Por eso, se aprobó esta ley que apunta esencialmente a la revalorización de los residuos y establece pautas, principios, obligaciones y responsabilidades para su gestión integrando a gobernantes y ciudadanos.
Así se busca la reducción progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, con plazos y metas concretas, por medio de la adopción de medidas orientadas a mermar la generación de residuos, la separación selectiva, la recuperación y el reciclado.
"Para llegar a la revalorización de los residuos, que es el objetivo de la ley, los principales puntos para implementar son la separación en origen, la incorporación real de las cooperativas de recuperadores y una campaña de educación para que la gente sepa cómo tiene que separar en la casa. Y la verdad es que no se ha hecho ninguna de estas cosas, si no que han tomado medidas contrarias al cumplimiento de la ley", afirma Carina Quispe, directora de política ambiental de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN.
En ese sentido, la Campaña "Jugá limpio", lanzada por el gobierno porteño, "ignora la ley 1854. Jamás se habló de separación ni se ejecutó el 5% anual de los gastos de publicidad del gobierno que la ley dispone que deben utilizarse para la implementación de esta norma", agrega.
Lo que todos los ciudadanos tienen que saber es simple: deben tener dos tachos de basura en su casa. En uno deben poner todo lo húmedo y en otro plásticos, cartones, botellas, PET, vidrios y todo lo que sea seco y que se puede revalorizar.
Los recuperadores
Luego de la recolección, los residuos potencialmente reutilizables deben llegar a alguno de los tres centros verdes de la ciudad, donde las cooperativas de recuperadores se encargan de separar, clasificar y poner en valor todo lo que pueda reusarse para luego venderlo. Sin embargo, el circuito todavía no funciona como debería.
"La remamos como podemos porque el material que nos envían es poco", afirma María Ramis de la Cooperativa de Recuperadores del Oeste. Ellos reciben un promedio de 2000 kilos diarios de desechos cuando deberían recibir entre 7000 y 8000 para que las 25 personas que allí trabajan puedan obtener un ingreso que les permita vivir dignamente.
La Cooperativa El Ceibo también atraviesa una situación similar. Según sus registros, en diciembre de 2010 recibieron 154.950 toneladas para recuperar, contra las 236.180 que recibieron en el mismo mes de 2008.
"A pesar del estado de colapso del Ceamse vemos que día a día los volúmenes del material que ingresa para reciclar sufre una sensible baja, siendo esto incompatible con el aumento de las ventas que tienen los grandes generadores de donde retiran dicho material los camiones de la Dirección General de Reciclado", afirma Cristina Lescano de El Ceibo en un informe enviado al Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño.
"Estos volúmenes se generan con camiones que hacen ocho rutas de retiro y nos entregan cada uno un promedio de 500 a 700 kilos por ruta, cuando están preparados para cargar entre 2000 y 2500 kilos. Es decir, trabajan al 20 % de su capacidad. Pero, llamativamente el papel blanco no existe, siendo este uno de los materiales, en un conglomerado urbano de las características de nuestra ciudad, que más volumen tendríamos que recibir. Los materiales que recibimos son cartón, film y algunas pocas veces Pet y vidrio", continúa.
De esta manera, con bajos índices de recupero, todo termina en los rellenos, con el costo que le genera al gobierno porteño y por ende a los vecinos, y contribuye a seguir engrosando los basurales, incumpliendo el plan basura cero.
El gobierno
Desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en tanto, sus voceros evitaron entrar en polémica, pero sostienen que están trabajando con la provincia de Buenos Aires en una nueva planta de residuos. "Allí, compañías europeas harán una inversión de 20 millones de euros y la ciudad reciclará 1000 toneladas de basura por día. Por las características de tratamiento mecánico biológico que empleará esta planta, afirman, se podrán llegar a recuperar el 60 por ciento de los residuos tratados", afirmaron.
"A su vez, también estamos prontos a inaugurar una nueva planta de tratamiento de residuos áridos, en Zabaleta, lo que reducirá esas cantidades, debido a que ya no ingresarán volquetes con restos de obra desde la provincia", agregaron.
Por último, mencionaron la contenerización para toda la ciudad y la separación en origen, "dos acciones fundamentales que están incluidas en la nueva licitación y que revolucionarán el sistema de recolección porteño", sostuvieron. Pero en todos los casos, evitaron dar fechas de realización de todas estas acciones.
En ese sentido, y por sobre todas las críticas, las organizaciones sociales destacaron el proceso participativo que se realizó el año pasado para ver el pliego con el cual van a cambiar las concesionarias de la recolección para residuos secos y húmedos: para los primeros incorporan a las cooperativas y para los otros abren la oferta a las empresas. "Estuvo muy bien hecho, pero no se tomaron decisiones todavía. Seguimos igual", explica Quispe, quien da cuenta de las numerosas demoras que ha tenido la aplicación.
"A cinco años de la sanción de ley, todas las prórrogas generan desconfianza. No se puede estar tanto tiempo para hacer cumplir una ley que requiere acciones muy prácticas. Si hubiera voluntad para que la ciudad separe los residuos en origen, ya se estaría haciendo", sostiene.
Más allá de las quejas por la demora en la implementación, las organizaciones no pierden las esperanzas de que en este año signado por las elecciones puedan avanzar en el tema. Y también hacen una salvedad: el problema no es que falle la ley, si no que aún no se implementó correctamente.
"No se puede hablar del fracaso de ley de basura cero cuando no se han tomado las medidas para hacerla efectiva. Estos procesos llevan muchos años y la concientización es clave", finaliza Quispe.
Un reclamo por los glaciares
Un reclamo por los glaciares
Fecha de Publicación: 04/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En una conferencia en el Congreso, diversas organizaciones, asambleas locales y legisladores pidieron una “urgente y plena” aplicación de la Ley de Glaciares. Criticaron los amparos judiciales que tienen frenada la norma en algunas provincias.
Organizaciones sociales, de derechos humanos, en defensa del medio ambiente, legisladores y representantes de asambleas ciudadanas de provincias mineras exigieron ayer “la urgente y plena aplicación” de la Ley de Protección de Glaciares, ante la existencia de un “modelo saqueador y extractivista” de minería. En ese sentido, subrayaron la “resistencia social” que hay en las localidades adonde están los emprendimientos mineros. Los ambientalistas consideraron como “deficitaria e incompleta” la reglamentación de la ley, dado que no contempla el artículo 15 sobre el inventario de zonas prioritarias y auditorías ambientales. Desde el Congreso, pidieron la interpelación del secretario de Ambiente, Juan José Mussi, para que dé explicaciones sobre la reglamentación.
Las quejas de legisladores y ambientalistas se fundan en que la reglamentación de la ley fue parcial: aseguran que no contempla, entre otros, el artículo 15, que establece un inventario en zonas prioritarias –en actividad minera en la actualidad– y las auditorías ambientales a emprendimientos en ejecución para reconocer el impacto sobre el terreno. Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, explicó a Página/12 que ya se deberían haber determinado las áreas prioritarias y resuelto el mecanismo de auditoría”. Por eso, la diputada de la Coalición Cívica Fernanda Reyes pidió la interpelación de Mussi.
En diálogo con este diario, Marta Maffei, autora del proyecto de ley original, consideró que “está bien que la reglamentación no sea demasiado restrictiva, porque a veces desvirtúa la propia ley. Es operativa, la mayoría no requería reglamentarse”. A su vez, explicó que “el artículo 2 dice que todo lo que no esté reglamentado debe hacerlo la autoridad de aplicación. Ahora hay que trabajar sobre eso”. Y advirtió que “la aplicación de la ley es otro paso”.
Los reclamos se enfocaron en la “resistencia” de las poblaciones a los proyectos mineros como los de San Jorge, en Uspallata, en Mendoza o Agua Rica, en Andalgalá, en Catamarca, a pesar de las leyes locales de prohibición de minerías. En ese sentido, los asambleístas criticaron las medidas cautelares en las provincias para frenar la aplicación de la legislación sobre el tema. Y uno de los ejes bajo la lupa fue el rol que tendrá la Procuración del Tesoro de la Nación para defender judicialmente la ley ante las medidas dictadas en la Justicia Federal de San Juan que suspenden la aplicación de la norma en esa provincia.
Los asambleas ciudadanas denunciaron maniobras de hostigamiento y persecución a los ambientalistas locales, tal como ocurrió hace unos días con los activistas de Greenpeace en San Juan. Eugenia Testa, de esa ONG, denunció la “resistencia” de la aplicación de la Ley de Glaciares en las provincias mineras y la “impunidad de un sector que explota los recursos y está impactando sobre el ambiente”. “El modelo minero no puede instaurarse sin la entrega, la represión y la impunidad del poder político”, dijo Elsa Quiroz, diputada nacional (CC), en la conferencia de prensa realizada en el Congreso.
También se escucharon las voces de asambleas. “El 77 por ciento de la población le dijo ‘no’ al proyecto minero San Jorge. Pero sigue avanzando, sin escuchar al pueblo. El agua de Mendoza corre riesgo de contaminación y envenenamiento por este proyecto”, contó Claudia Timoner, de la Asamblea por el Agua Pura de Mendoza. De Andalgalá, Arturo Flores contó que el lugar “ya está contaminado. Todos los días hay personas con grandes problemas de salud, como cáncer. Es intolerable”.
Por su parte, Reyes enfatizó que “la reglamentación llegó tarde y mal para darles tiempo a las mineras de seguir operando”. En el transcurso de la total puesta en marcha de la ley, Javier Rodríguez Pardo, del Movimiento Antinuclear del Chubut, alertó que con este modelo “nos quedamos sin los bienes comunes (agua)”. A modo de síntesis, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, subrayó que el modelo minero “privilegia el capital financiero sobre la vida”.
Fecha de Publicación: 04/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En una conferencia en el Congreso, diversas organizaciones, asambleas locales y legisladores pidieron una “urgente y plena” aplicación de la Ley de Glaciares. Criticaron los amparos judiciales que tienen frenada la norma en algunas provincias.
Organizaciones sociales, de derechos humanos, en defensa del medio ambiente, legisladores y representantes de asambleas ciudadanas de provincias mineras exigieron ayer “la urgente y plena aplicación” de la Ley de Protección de Glaciares, ante la existencia de un “modelo saqueador y extractivista” de minería. En ese sentido, subrayaron la “resistencia social” que hay en las localidades adonde están los emprendimientos mineros. Los ambientalistas consideraron como “deficitaria e incompleta” la reglamentación de la ley, dado que no contempla el artículo 15 sobre el inventario de zonas prioritarias y auditorías ambientales. Desde el Congreso, pidieron la interpelación del secretario de Ambiente, Juan José Mussi, para que dé explicaciones sobre la reglamentación.
Las quejas de legisladores y ambientalistas se fundan en que la reglamentación de la ley fue parcial: aseguran que no contempla, entre otros, el artículo 15, que establece un inventario en zonas prioritarias –en actividad minera en la actualidad– y las auditorías ambientales a emprendimientos en ejecución para reconocer el impacto sobre el terreno. Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, explicó a Página/12 que ya se deberían haber determinado las áreas prioritarias y resuelto el mecanismo de auditoría”. Por eso, la diputada de la Coalición Cívica Fernanda Reyes pidió la interpelación de Mussi.
En diálogo con este diario, Marta Maffei, autora del proyecto de ley original, consideró que “está bien que la reglamentación no sea demasiado restrictiva, porque a veces desvirtúa la propia ley. Es operativa, la mayoría no requería reglamentarse”. A su vez, explicó que “el artículo 2 dice que todo lo que no esté reglamentado debe hacerlo la autoridad de aplicación. Ahora hay que trabajar sobre eso”. Y advirtió que “la aplicación de la ley es otro paso”.
Los reclamos se enfocaron en la “resistencia” de las poblaciones a los proyectos mineros como los de San Jorge, en Uspallata, en Mendoza o Agua Rica, en Andalgalá, en Catamarca, a pesar de las leyes locales de prohibición de minerías. En ese sentido, los asambleístas criticaron las medidas cautelares en las provincias para frenar la aplicación de la legislación sobre el tema. Y uno de los ejes bajo la lupa fue el rol que tendrá la Procuración del Tesoro de la Nación para defender judicialmente la ley ante las medidas dictadas en la Justicia Federal de San Juan que suspenden la aplicación de la norma en esa provincia.
Los asambleas ciudadanas denunciaron maniobras de hostigamiento y persecución a los ambientalistas locales, tal como ocurrió hace unos días con los activistas de Greenpeace en San Juan. Eugenia Testa, de esa ONG, denunció la “resistencia” de la aplicación de la Ley de Glaciares en las provincias mineras y la “impunidad de un sector que explota los recursos y está impactando sobre el ambiente”. “El modelo minero no puede instaurarse sin la entrega, la represión y la impunidad del poder político”, dijo Elsa Quiroz, diputada nacional (CC), en la conferencia de prensa realizada en el Congreso.
También se escucharon las voces de asambleas. “El 77 por ciento de la población le dijo ‘no’ al proyecto minero San Jorge. Pero sigue avanzando, sin escuchar al pueblo. El agua de Mendoza corre riesgo de contaminación y envenenamiento por este proyecto”, contó Claudia Timoner, de la Asamblea por el Agua Pura de Mendoza. De Andalgalá, Arturo Flores contó que el lugar “ya está contaminado. Todos los días hay personas con grandes problemas de salud, como cáncer. Es intolerable”.
Por su parte, Reyes enfatizó que “la reglamentación llegó tarde y mal para darles tiempo a las mineras de seguir operando”. En el transcurso de la total puesta en marcha de la ley, Javier Rodríguez Pardo, del Movimiento Antinuclear del Chubut, alertó que con este modelo “nos quedamos sin los bienes comunes (agua)”. A modo de síntesis, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, subrayó que el modelo minero “privilegia el capital financiero sobre la vida”.
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