Por qué Clarín y La Nación apoyan el glifosato
09:43 | 
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Por qué Clarín y La Nación apoyan el uso de glifosato en la Argentina
Fecha de Publicación: 06/03/2011
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Nacional
Los informes de médicos y científicos independientes que sostienen que el glifosato está causando un verdadero desastre a nivel sanitario y ambiental se suman año tras año: el más conocido es el del doctor Andrés Carrasco, quien demostró que ese herbicida, utilizado en dosis mucho menores a las del campo, produce diversas malformaciones. Pero también existen otros, como los del médico Alejandro Oliva, que advierten sobre el crecimiento de casos de cáncer, posiblemente relacionados al uso intensivo de agroquímicos; y los del doctor Jorge Kaczewer, que también hablan de enfermedades neurológicas y problemas reproductivos. Pese a eso, el uso de glifosato en nuestro país crece forma vertiginosa: mientras que en 1991 se utilizaron sólo 1 millón de litros, durante 2009 fueron casi 200 millones, lo que representa el 8,5% de lo usado a nivel mundial. Y va en aumento.
Consultados por Tiempo Argentino, una amplia gama de ONG, especialistas, personas perjudicadas por las fumigaciones y una porción del arco político nacional denunciaron que la razón más evidente para explicar este fenómeno es el sensacional conglomerado de intereses que se encuadran tras el llamado “modelo sojero”, donde el glifosato es una sustancia clave y en el que aparecen en escena grandes multinacionales, medios de comunicación afines a estas empresas, políticos de diferentes extractos y altos funcionarios públicos, muchos de ellos relacionados entre sí (ver “Quiénes lo defienden”). Tal vez por esa misma razón, y a pesar de estos contundentes datos, en el país no existe una legislación uniforme que regule el uso de agroquímicos. Tampoco hay mínimos controles por parte del Estado, ni estudios epidemiológicos serios.
Se trata de un modelo que mueve miles de millones de dólares por año, pero que también está dejando cientos de pueblos contaminados. Un pequeño pero delicado ejemplo es el de La Leonesa, en la provincia del Chaco, donde uno de los pocos estudios oficiales que se realizaron en el país certificó que, durante la última década, los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron un 400%. Pese a que el informe fue realizado por profesionales de organismos estatales, el gobierno de Chaco rechazó estos resultados, producto de los fuertes intereses que existen en la provincia vinculados al negocio de la soja y el glifosato.
La soja transgénica ingresó a la Argentina en el año 1996, de la mano del por entonces secretario de Agricultura de Carlos Saúl Menem, Felipe Solá. Nuestro país fue el segundo, después de los Estados Unidos, en autorizar su llegada, plagada de irregularidades. Según relata Horacio Verbitsky en un artículo de Página/12, se violaron procedimientos administrativos, se dejaron sin respuesta los cuestionamientos de instancias técnicas y no se realizaron los análisis especificados por distintos organismos. En el proceso de autorización también se vio la mano de Monsanto: el expediente administrativo estaba escrito en inglés y nunca fue traducido al castellano. Además, de los 136 folios que tenía, 108 pertenecían a informes presentados por la multinacional estadounidense. A Solá no pareció importarle mucho: firmó el documento, a las apuradas, el 25 de marzo de 1996. “Si existe un país en el que la multinacional haya podido hacer todo lo que le viniera en gana sin el menor obstáculo, ese es Argentina”, relata la francesa Marie-Monique Robin, en el capítulo dedicado a nuestro país, de su famoso libro El mundo según Monsanto.
Monsanto es la firma por excelencia en el mercado de los organismos genéticamente modificados. No sólo produce las semillas de soja transgénica, sino que además vende el glifosato (bajo el nombre comercial de Round-Up Ready), imprescindible para fumigar este cultivo. Durante el año 2006, reportó más de 7000 millones de dólares de ganancia.
Su entrada al país no sólo estuvo auspiciada por políticos, sino también por medios de comunicación: junto a Solá, otro de los impulsores de la soja transgénica y el glifosato fue el ingeniero Héctor Huergo, pariente lejano de Ernestina Herrera de Noble y actual director del suplemento y el canal Rural de Clarín. Huergo dirigió el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) entre febrero y noviembre de 1994, designado por el propio secretario de Agricultura. Por esos tiempos, su esposa, Silvia Mercado, era agente de prensa de Solá.
“Huergo arruinó el INTA. Sin ningún tipo de escrúpulos, transfirió el capital genético estratégico para el país a distintas multinacionales del agronegocio, como Monsanto y Nidera. También les permitió el acceso a los archivos secretos del organismo. Quienes estaban en desacuerdo, eran despedidos inmediatamente. Hoy, Huergo es el máximo defensor de la soja transgénica y el glifosato”, aseguró a Tiempo Argentino el ingeniero agrónomo e historiador, Alberto Lapolla, quien conoce bien al director de Clarín Rural: ambos fueron compañeros en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Los nexos entre el grupo comunicacional más poderoso del país y las corporaciones vinculadas al comercio de agroquímicos y transgénicos son explícitos y fáciles de identificar. Cada edición del suplemento Rural está plagada de publicidades de Monsanto, Syngenta, Nidera, Basf, Bayer, Don Mario, entre otras, que ponen buena parte de sus ingresos en las páginas del diario de la viuda de Noble (ver reproducciones).
Una nota de junio de 2008 es un pequeño ejemplo (de los cientos que pueden encontrarse) que muestra la fraternal relación existente entre Clarín Rural y la multinacional Monsanto. Titulado “Ambiente, semillas y calidad de vida”, el artículo anuncia el lanzamiento de un “compromiso” de la multinacional estadounidense “orientado a contribuir a aumentar la producción mundial de alimentos en vistas de su creciente demanda (…) poniendo constantemente foco en el cuidado del medioambiente”.
Tal vez por eso, así como los elogios a las grandes corporaciones del agro se repiten en todas las ediciones del suplemento dirigido por Huergo, las denuncias vinculadas a los efectos de los agroquímicos sobre la salud humana (realizadas por médicos, científicos y organizaciones ambientalistas del interior del país) no tienen lugar en Clarín. Esto es fácilmente constatable haciendo una búsqueda en el archivo web del diario. Ni siquiera aparecen los casos más conocidos, como el mencionado aumento de enfermedades en el Chaco; o las denuncias de vecinos de distintas localidades de Santa Fe, producto de intoxicaciones y enfermedades vinculadas al uso intensivo de agroquímicos. Tampoco las del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que define esta situación como un “desastre sanitario”; ni del ambientalista Jorge Rulli, que atribuye al “modelo sojero” un “genocidio encubierto”. Apenas se menciona en una nota el brote de cáncer en el Barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba, pero no se lo relaciona con el uso intensivo de glifosato, sino con otras sustancias químicas. Los artículos relacionados al herbicida reflejan la posición del multimedios frente a este grave problema. Por ejemplo, el sábado 12 de septiembre de 2009, una nota titulada “Un espaldarazo para el glifosato”, afirma que un informe realizado por expertos del CONICET concluyó en que “usado responsablemente, el producto no implica riesgos para la salud humana”. Si bien esto es cierto, es sólo una de las conclusiones: Clarín omite mencionar deliberadamente que los científicos del CONICET también advirtieron que “en la Argentina no existen suficientes datos sobre los efectos del glifosato en la salud humana, por lo cual sería importante promover la realización de los estudios pertinentes”, según puede leerse textual en el documento.
El doctor Andrés Carrasco, uno de los investigadores más importantes del país , que trabaja desde hace casi 30 años en desarrollo embrionario y presidió el CONICET, fue víctima de la difamación de estos medios de comunicación por denunciar los terribles efectos de los agroquímicos sobre la salud humana, según contó a Tiempo.
En el año 2009, Carrasco realizó una investigación en la que comprobó que el glifosato produce malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas, aun en dosis muy inferiores a las utilizadas en los campos argentinos. “El glifosato es un veneno, aunque algunos quieran sacarle ese mote y decir que es un químico. Es un veneno porque mata hierbas”, explicó el científico, quien además narró que, poco después de presentar su trabajo, dos abogados de la CASAFE (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, que agrupa a proveedores de agroquímicos) irrumpieron en su laboratorio y amenazaron a sus colaboradores. También fue víctima de presiones políticas e, incluso, se puso en duda la existencia de su investigación.
El diario La Nación, ligado históricamente a la Sociedad Rural Argentina y los sectores más conservadores del país, fue uno de los medios que encabezó la campaña de desprestigio mediático contra la investigación de Carrasco. Por ejemplo, en una nota del 24 de abril de 2009, titulada “No aparece un estudio crítico sobre el glifosato”, se refiere al trabajo del investigador como “un estudio de supuesta validez científica”. Un día después, el artículo “Ante el riesgo de volver al pasado”, advierte sobre la “preocupación en el agro por la posibilidad de que se prohíba o suspenda el uso de glifosato, uno de los pilares sobre los que se apoya la producción nacional”, algo que traería “consecuencias muy graves”. El temor del diario fundado por Bartolomé Mitre estaba justificado: por esos días, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas había presentado un amparo ambiental ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sustentado en la investigación de Carrasco, para suspender las fumigaciones de glifosato hasta que se tengan precisiones sobre la verdadera toxicidad del herbicida.
En ese mismo artículo, La Nación consulta diversas fuentes sobre la posible prohibición. Y todas arriban a una conclusión: que las denuncias “no tienen sustento”. Claro, los organismos consultados son los que mayores réditos económicos tienen gracias a la soja y el glifosato: la mencionada CASAFE, Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, que reagrupa a 1500 grandes productores) y Acsoja (Asociación de la Cadena de la Soja en Argentina, que reúne a 29 organizaciones empresariales y otras instituciones con incidencia en la cadena de la soja). El presidente de esta última institución, Rodolfo Rossi, afirma en la nota que suspender el uso de glifosato sería “como si se prohibiera la aspirina”.
Finalmente, y a pesar de la descalificación mediática que sufrió, la investigación de Carrasco fue revisada y publicada en agosto de 2010 por la prestigiosa revista internacional Chemical Research in Toxicology, lo que finalmente le otorgó –según sostienen en el ámbito académico– aval científico.
La acérrima defensa de la soja y el glifosato que Clarín y La Nación hacen tiene una simple pero millonaria explicación: ambas empresas están asociadas en la organización de la feria anual Expoagro, donde se realizan cada año jugosos negocios vinculados a los productos transgénicos y a diferentes agroquímicos. En 2007, por ejemplo, la exposición arrojó ventas por un total de 140 millones de dólares. Por estos días se está desarrollando su edición 2011, a la que asistieron Eduardo Duhalde, Gerónimo Venegas, Francisco de Narváez y José Antonio Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, denunciado por este diario a raíz de un polémico emprendimiento arrocero en la provincia de Corrientes.
Pero las responsabilidades y complicidades no recaen sólo sobre los medios de comunicación y las multinacionales, sino también sobre el Estado. Pese a que en nuestro país el uso de este agroquímico aumentó 200 veces en los últimos 18 años, su utilización todavía no cuenta con una legislación nacional uniforme que regule su aplicación, rigurosos controles estatales, ni estudios epidemiológicos serios.
Los especialistas aseguran que esta situación tendría su raíz en que el Estado recauda una importante cantidad de dinero a través de las retenciones que fija a los productores sojeros. Y coinciden en que los controles son precarios porque la ley también lo es. Consultada por este diario, Graciela Gómez, abogada y ambientalista santafesina, explicó: “La legislación, además de desarticulada, no es seria. Cada provincia legisla a su modo y lo mismo sucede en cada municipio. Así se da una fragmentación de responsabilidades y una inexistente coordinación entre todos los organismos, que no ayuda a ejercer un control adecuado. Esto hace más débil y confusa la eficacia de las normas.” Y agregó: “Es necesario sancionar con urgencia una norma sobre control y uso de agroquímicos a nivel nacional.”
Pero los pocos proyectos que se presentaron en el Congreso nunca se llegaron a tratar en recinto. La iniciativa de la diputada nacional Julia Perié, del Frente para la Victoria, que solicita “la prohibición total de la comercialización, uso, y aplicación del glifosato por su aguda toxicidad”, duerme en el Parlamento desde agosto de 2009: fue aprobado en comisión, pero jamás tratado en el recinto.
También Cecilia Merchán, diputada del interbloque Proyecto Sur, presentó un proyecto de ley en agosto de 2010 para prohibir la fumigación aérea con plaguicidas en todo el país, pero corrió la misma suerte que su colega.
“Esto no se soluciona porque hay muy fuertes intereses por parte de las multinacionales. Debería haber una posición más firme del Estado. Sobre todo cuando quienes más se enriquecen con este modelo son los grandes pooles de siembra –agazapados en la Sociedad Rural– y las multinacionales como Monsanto”, consideró Merchán.
Fecha de Publicación: 06/03/2011
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Nacional
Los informes de médicos y científicos independientes que sostienen que el glifosato está causando un verdadero desastre a nivel sanitario y ambiental se suman año tras año: el más conocido es el del doctor Andrés Carrasco, quien demostró que ese herbicida, utilizado en dosis mucho menores a las del campo, produce diversas malformaciones. Pero también existen otros, como los del médico Alejandro Oliva, que advierten sobre el crecimiento de casos de cáncer, posiblemente relacionados al uso intensivo de agroquímicos; y los del doctor Jorge Kaczewer, que también hablan de enfermedades neurológicas y problemas reproductivos. Pese a eso, el uso de glifosato en nuestro país crece forma vertiginosa: mientras que en 1991 se utilizaron sólo 1 millón de litros, durante 2009 fueron casi 200 millones, lo que representa el 8,5% de lo usado a nivel mundial. Y va en aumento.
Consultados por Tiempo Argentino, una amplia gama de ONG, especialistas, personas perjudicadas por las fumigaciones y una porción del arco político nacional denunciaron que la razón más evidente para explicar este fenómeno es el sensacional conglomerado de intereses que se encuadran tras el llamado “modelo sojero”, donde el glifosato es una sustancia clave y en el que aparecen en escena grandes multinacionales, medios de comunicación afines a estas empresas, políticos de diferentes extractos y altos funcionarios públicos, muchos de ellos relacionados entre sí (ver “Quiénes lo defienden”). Tal vez por esa misma razón, y a pesar de estos contundentes datos, en el país no existe una legislación uniforme que regule el uso de agroquímicos. Tampoco hay mínimos controles por parte del Estado, ni estudios epidemiológicos serios.
Se trata de un modelo que mueve miles de millones de dólares por año, pero que también está dejando cientos de pueblos contaminados. Un pequeño pero delicado ejemplo es el de La Leonesa, en la provincia del Chaco, donde uno de los pocos estudios oficiales que se realizaron en el país certificó que, durante la última década, los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron un 400%. Pese a que el informe fue realizado por profesionales de organismos estatales, el gobierno de Chaco rechazó estos resultados, producto de los fuertes intereses que existen en la provincia vinculados al negocio de la soja y el glifosato.
La soja transgénica ingresó a la Argentina en el año 1996, de la mano del por entonces secretario de Agricultura de Carlos Saúl Menem, Felipe Solá. Nuestro país fue el segundo, después de los Estados Unidos, en autorizar su llegada, plagada de irregularidades. Según relata Horacio Verbitsky en un artículo de Página/12, se violaron procedimientos administrativos, se dejaron sin respuesta los cuestionamientos de instancias técnicas y no se realizaron los análisis especificados por distintos organismos. En el proceso de autorización también se vio la mano de Monsanto: el expediente administrativo estaba escrito en inglés y nunca fue traducido al castellano. Además, de los 136 folios que tenía, 108 pertenecían a informes presentados por la multinacional estadounidense. A Solá no pareció importarle mucho: firmó el documento, a las apuradas, el 25 de marzo de 1996. “Si existe un país en el que la multinacional haya podido hacer todo lo que le viniera en gana sin el menor obstáculo, ese es Argentina”, relata la francesa Marie-Monique Robin, en el capítulo dedicado a nuestro país, de su famoso libro El mundo según Monsanto.
Monsanto es la firma por excelencia en el mercado de los organismos genéticamente modificados. No sólo produce las semillas de soja transgénica, sino que además vende el glifosato (bajo el nombre comercial de Round-Up Ready), imprescindible para fumigar este cultivo. Durante el año 2006, reportó más de 7000 millones de dólares de ganancia.
Su entrada al país no sólo estuvo auspiciada por políticos, sino también por medios de comunicación: junto a Solá, otro de los impulsores de la soja transgénica y el glifosato fue el ingeniero Héctor Huergo, pariente lejano de Ernestina Herrera de Noble y actual director del suplemento y el canal Rural de Clarín. Huergo dirigió el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) entre febrero y noviembre de 1994, designado por el propio secretario de Agricultura. Por esos tiempos, su esposa, Silvia Mercado, era agente de prensa de Solá.
“Huergo arruinó el INTA. Sin ningún tipo de escrúpulos, transfirió el capital genético estratégico para el país a distintas multinacionales del agronegocio, como Monsanto y Nidera. También les permitió el acceso a los archivos secretos del organismo. Quienes estaban en desacuerdo, eran despedidos inmediatamente. Hoy, Huergo es el máximo defensor de la soja transgénica y el glifosato”, aseguró a Tiempo Argentino el ingeniero agrónomo e historiador, Alberto Lapolla, quien conoce bien al director de Clarín Rural: ambos fueron compañeros en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Los nexos entre el grupo comunicacional más poderoso del país y las corporaciones vinculadas al comercio de agroquímicos y transgénicos son explícitos y fáciles de identificar. Cada edición del suplemento Rural está plagada de publicidades de Monsanto, Syngenta, Nidera, Basf, Bayer, Don Mario, entre otras, que ponen buena parte de sus ingresos en las páginas del diario de la viuda de Noble (ver reproducciones).
Una nota de junio de 2008 es un pequeño ejemplo (de los cientos que pueden encontrarse) que muestra la fraternal relación existente entre Clarín Rural y la multinacional Monsanto. Titulado “Ambiente, semillas y calidad de vida”, el artículo anuncia el lanzamiento de un “compromiso” de la multinacional estadounidense “orientado a contribuir a aumentar la producción mundial de alimentos en vistas de su creciente demanda (…) poniendo constantemente foco en el cuidado del medioambiente”.
Tal vez por eso, así como los elogios a las grandes corporaciones del agro se repiten en todas las ediciones del suplemento dirigido por Huergo, las denuncias vinculadas a los efectos de los agroquímicos sobre la salud humana (realizadas por médicos, científicos y organizaciones ambientalistas del interior del país) no tienen lugar en Clarín. Esto es fácilmente constatable haciendo una búsqueda en el archivo web del diario. Ni siquiera aparecen los casos más conocidos, como el mencionado aumento de enfermedades en el Chaco; o las denuncias de vecinos de distintas localidades de Santa Fe, producto de intoxicaciones y enfermedades vinculadas al uso intensivo de agroquímicos. Tampoco las del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que define esta situación como un “desastre sanitario”; ni del ambientalista Jorge Rulli, que atribuye al “modelo sojero” un “genocidio encubierto”. Apenas se menciona en una nota el brote de cáncer en el Barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba, pero no se lo relaciona con el uso intensivo de glifosato, sino con otras sustancias químicas. Los artículos relacionados al herbicida reflejan la posición del multimedios frente a este grave problema. Por ejemplo, el sábado 12 de septiembre de 2009, una nota titulada “Un espaldarazo para el glifosato”, afirma que un informe realizado por expertos del CONICET concluyó en que “usado responsablemente, el producto no implica riesgos para la salud humana”. Si bien esto es cierto, es sólo una de las conclusiones: Clarín omite mencionar deliberadamente que los científicos del CONICET también advirtieron que “en la Argentina no existen suficientes datos sobre los efectos del glifosato en la salud humana, por lo cual sería importante promover la realización de los estudios pertinentes”, según puede leerse textual en el documento.
El doctor Andrés Carrasco, uno de los investigadores más importantes del país , que trabaja desde hace casi 30 años en desarrollo embrionario y presidió el CONICET, fue víctima de la difamación de estos medios de comunicación por denunciar los terribles efectos de los agroquímicos sobre la salud humana, según contó a Tiempo.
En el año 2009, Carrasco realizó una investigación en la que comprobó que el glifosato produce malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas, aun en dosis muy inferiores a las utilizadas en los campos argentinos. “El glifosato es un veneno, aunque algunos quieran sacarle ese mote y decir que es un químico. Es un veneno porque mata hierbas”, explicó el científico, quien además narró que, poco después de presentar su trabajo, dos abogados de la CASAFE (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, que agrupa a proveedores de agroquímicos) irrumpieron en su laboratorio y amenazaron a sus colaboradores. También fue víctima de presiones políticas e, incluso, se puso en duda la existencia de su investigación.
El diario La Nación, ligado históricamente a la Sociedad Rural Argentina y los sectores más conservadores del país, fue uno de los medios que encabezó la campaña de desprestigio mediático contra la investigación de Carrasco. Por ejemplo, en una nota del 24 de abril de 2009, titulada “No aparece un estudio crítico sobre el glifosato”, se refiere al trabajo del investigador como “un estudio de supuesta validez científica”. Un día después, el artículo “Ante el riesgo de volver al pasado”, advierte sobre la “preocupación en el agro por la posibilidad de que se prohíba o suspenda el uso de glifosato, uno de los pilares sobre los que se apoya la producción nacional”, algo que traería “consecuencias muy graves”. El temor del diario fundado por Bartolomé Mitre estaba justificado: por esos días, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas había presentado un amparo ambiental ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sustentado en la investigación de Carrasco, para suspender las fumigaciones de glifosato hasta que se tengan precisiones sobre la verdadera toxicidad del herbicida.
En ese mismo artículo, La Nación consulta diversas fuentes sobre la posible prohibición. Y todas arriban a una conclusión: que las denuncias “no tienen sustento”. Claro, los organismos consultados son los que mayores réditos económicos tienen gracias a la soja y el glifosato: la mencionada CASAFE, Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, que reagrupa a 1500 grandes productores) y Acsoja (Asociación de la Cadena de la Soja en Argentina, que reúne a 29 organizaciones empresariales y otras instituciones con incidencia en la cadena de la soja). El presidente de esta última institución, Rodolfo Rossi, afirma en la nota que suspender el uso de glifosato sería “como si se prohibiera la aspirina”.
Finalmente, y a pesar de la descalificación mediática que sufrió, la investigación de Carrasco fue revisada y publicada en agosto de 2010 por la prestigiosa revista internacional Chemical Research in Toxicology, lo que finalmente le otorgó –según sostienen en el ámbito académico– aval científico.
La acérrima defensa de la soja y el glifosato que Clarín y La Nación hacen tiene una simple pero millonaria explicación: ambas empresas están asociadas en la organización de la feria anual Expoagro, donde se realizan cada año jugosos negocios vinculados a los productos transgénicos y a diferentes agroquímicos. En 2007, por ejemplo, la exposición arrojó ventas por un total de 140 millones de dólares. Por estos días se está desarrollando su edición 2011, a la que asistieron Eduardo Duhalde, Gerónimo Venegas, Francisco de Narváez y José Antonio Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, denunciado por este diario a raíz de un polémico emprendimiento arrocero en la provincia de Corrientes.
Pero las responsabilidades y complicidades no recaen sólo sobre los medios de comunicación y las multinacionales, sino también sobre el Estado. Pese a que en nuestro país el uso de este agroquímico aumentó 200 veces en los últimos 18 años, su utilización todavía no cuenta con una legislación nacional uniforme que regule su aplicación, rigurosos controles estatales, ni estudios epidemiológicos serios.
Los especialistas aseguran que esta situación tendría su raíz en que el Estado recauda una importante cantidad de dinero a través de las retenciones que fija a los productores sojeros. Y coinciden en que los controles son precarios porque la ley también lo es. Consultada por este diario, Graciela Gómez, abogada y ambientalista santafesina, explicó: “La legislación, además de desarticulada, no es seria. Cada provincia legisla a su modo y lo mismo sucede en cada municipio. Así se da una fragmentación de responsabilidades y una inexistente coordinación entre todos los organismos, que no ayuda a ejercer un control adecuado. Esto hace más débil y confusa la eficacia de las normas.” Y agregó: “Es necesario sancionar con urgencia una norma sobre control y uso de agroquímicos a nivel nacional.”
Pero los pocos proyectos que se presentaron en el Congreso nunca se llegaron a tratar en recinto. La iniciativa de la diputada nacional Julia Perié, del Frente para la Victoria, que solicita “la prohibición total de la comercialización, uso, y aplicación del glifosato por su aguda toxicidad”, duerme en el Parlamento desde agosto de 2009: fue aprobado en comisión, pero jamás tratado en el recinto.
También Cecilia Merchán, diputada del interbloque Proyecto Sur, presentó un proyecto de ley en agosto de 2010 para prohibir la fumigación aérea con plaguicidas en todo el país, pero corrió la misma suerte que su colega.
“Esto no se soluciona porque hay muy fuertes intereses por parte de las multinacionales. Debería haber una posición más firme del Estado. Sobre todo cuando quienes más se enriquecen con este modelo son los grandes pooles de siembra –agazapados en la Sociedad Rural– y las multinacionales como Monsanto”, consideró Merchán.
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Marcha contra la minería en la vendimia
Cinco mil personas marcharon a favor del agua
Fecha de Publicación: 05/03/2011
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Murgas, disfraces, teatralizaciones y mucho color fueron los elementos clave para hacer oír el reclamo. La Presidenta no alcanzó a ver la manifestación que tuvo el apoyo de Pino Solanas y de opositores al proyecto de la papelera en Gualeguaychú.
La convocatoria había comenzado varios días antes y ayer se vieron los resultados. Al menos cinco mil mendocinos se sumaron para caminar por las calles del Centro y expresar en una sola voz su pedido: que el proyecto minero que busca extraer cobre y oro de Uspallata no sea aprobado en la Legislatura Provincial.
Fueron 3 horas y media en las que la oposición a San Jorge sumó adhesiones y gestos de aceptación justo antes de que los carros vendimiales comenzaran su trayecto por la ciudad. Hubo murgas, bombos, disfraces, representaciones teatrales y muñecos gigantes que relacionaron a la mega minería con la muerte y al agua, con la vida. Tal como estaba previsto, la concentración largó a las nueve de la mañana desde calle Chile y Montevideo.
En ese momento, la calle quedó cubierta a lo largo de tres cuadras. Al llegar al palco oficial ubicado frente a la plaza Independencia, la mala noticia fue que la presidenta Cristina Kirchner aún no se daba cita en lugar y por lo tanto no fue testigo de la expresión popular.
Sin embargo, el movimiento continuó. Muchos, habían llegado desde el Sur y el Valle de Uco. También dijeron "presente" los que viven más cerca de la cordillera, en Uspallata y aquellos que están en pleno oasis, en los barrios del Gran Mendoza.
Estuvieron los que integran agrupaciones políticas; los que años atrás defendieron la aprobación de la ley que prohíbe la minería contaminante; los que tienen modestas porciones de tierra cultivada y los que desde pequeños aprendieron que el agua en Mendoza es el recurso más escaso y a la vez, el más necesario.
Con remeras, pancartas, globos, carteles, máscaras y disfraces acompañaron el reclamo las asambleas, los vecinos autoconvocados de distintas partes de la provincia, los artistas, los guardaparques y familias enteras.
Desde provincias como La Rioja, Catamarca y San Juan, el apoyo fue notorio. Incluso, un grupo de manifestantes había viajado desde Gualeguaychú, donde aseguran que no sólo los reclamos incesantes para evitar la instalación de la papelera fueron pasados por alto, sino que ahora el Gobierno ni siquiera efectúa los controles necesarios para evitar la contaminación.
"El agua es una causa Nacional y por eso venimos a apoyar a los mendocinos", expresó Norma (65), quien viajó junto a 16 personas desde Entre Ríos.
El candidato a presidente Fernando Solanas, de Proyecto Sur dio el tinte político a la marcha cuando cruzó un saludo con el vicegobernador Cristian Racconto al pasar por el sector de las autoridades. "Estamos al frente de este reclamo, que es de los mendocinos en defensa del agua", dijo.
Del otro lado de los vallados, el público observó cada detalle. Algunos prefirieron dejar de lado la pasividad y se unieron al reclamo. Otros acompañaron con aplausos o gestos de apoyo a la multitud que mostró un rechazo unánime al proyecto minero que hoy se encuentra en la Cámara de Diputados.
A quien se le preguntara el motivo de su presencia en el lugar respondía casi lo mismo: "No vamos a permitir que una empresa extranjera sea capaz de sacarnos lo más valioso que tenemos, que son nuestros recursos naturales", expresó Carla Ortiz (34) una vecina de Los Corralitos que había viajado al Centro junto a sus hijas para hacerse eco de esta inquietud.
"No a los vende Patria; sí a la vida"; "Patria sí, colonia minera nunca"; "Sí a la vida, sí al agua, no a la contaminación", fueron algunas de las frases que se leyeron en los carteles y banderas que se movían al ritmo de cánticos, bombos y pasos murgueros.
Fecha de Publicación: 05/03/2011
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Murgas, disfraces, teatralizaciones y mucho color fueron los elementos clave para hacer oír el reclamo. La Presidenta no alcanzó a ver la manifestación que tuvo el apoyo de Pino Solanas y de opositores al proyecto de la papelera en Gualeguaychú.
La convocatoria había comenzado varios días antes y ayer se vieron los resultados. Al menos cinco mil mendocinos se sumaron para caminar por las calles del Centro y expresar en una sola voz su pedido: que el proyecto minero que busca extraer cobre y oro de Uspallata no sea aprobado en la Legislatura Provincial.
Fueron 3 horas y media en las que la oposición a San Jorge sumó adhesiones y gestos de aceptación justo antes de que los carros vendimiales comenzaran su trayecto por la ciudad. Hubo murgas, bombos, disfraces, representaciones teatrales y muñecos gigantes que relacionaron a la mega minería con la muerte y al agua, con la vida. Tal como estaba previsto, la concentración largó a las nueve de la mañana desde calle Chile y Montevideo.
En ese momento, la calle quedó cubierta a lo largo de tres cuadras. Al llegar al palco oficial ubicado frente a la plaza Independencia, la mala noticia fue que la presidenta Cristina Kirchner aún no se daba cita en lugar y por lo tanto no fue testigo de la expresión popular.
Sin embargo, el movimiento continuó. Muchos, habían llegado desde el Sur y el Valle de Uco. También dijeron "presente" los que viven más cerca de la cordillera, en Uspallata y aquellos que están en pleno oasis, en los barrios del Gran Mendoza.
Estuvieron los que integran agrupaciones políticas; los que años atrás defendieron la aprobación de la ley que prohíbe la minería contaminante; los que tienen modestas porciones de tierra cultivada y los que desde pequeños aprendieron que el agua en Mendoza es el recurso más escaso y a la vez, el más necesario.
Con remeras, pancartas, globos, carteles, máscaras y disfraces acompañaron el reclamo las asambleas, los vecinos autoconvocados de distintas partes de la provincia, los artistas, los guardaparques y familias enteras.
Desde provincias como La Rioja, Catamarca y San Juan, el apoyo fue notorio. Incluso, un grupo de manifestantes había viajado desde Gualeguaychú, donde aseguran que no sólo los reclamos incesantes para evitar la instalación de la papelera fueron pasados por alto, sino que ahora el Gobierno ni siquiera efectúa los controles necesarios para evitar la contaminación.
"El agua es una causa Nacional y por eso venimos a apoyar a los mendocinos", expresó Norma (65), quien viajó junto a 16 personas desde Entre Ríos.
El candidato a presidente Fernando Solanas, de Proyecto Sur dio el tinte político a la marcha cuando cruzó un saludo con el vicegobernador Cristian Racconto al pasar por el sector de las autoridades. "Estamos al frente de este reclamo, que es de los mendocinos en defensa del agua", dijo.
Del otro lado de los vallados, el público observó cada detalle. Algunos prefirieron dejar de lado la pasividad y se unieron al reclamo. Otros acompañaron con aplausos o gestos de apoyo a la multitud que mostró un rechazo unánime al proyecto minero que hoy se encuentra en la Cámara de Diputados.
A quien se le preguntara el motivo de su presencia en el lugar respondía casi lo mismo: "No vamos a permitir que una empresa extranjera sea capaz de sacarnos lo más valioso que tenemos, que son nuestros recursos naturales", expresó Carla Ortiz (34) una vecina de Los Corralitos que había viajado al Centro junto a sus hijas para hacerse eco de esta inquietud.
"No a los vende Patria; sí a la vida"; "Patria sí, colonia minera nunca"; "Sí a la vida, sí al agua, no a la contaminación", fueron algunas de las frases que se leyeron en los carteles y banderas que se movían al ritmo de cánticos, bombos y pasos murgueros.
Rellenos reciben más basura de lo permitido
Los rellenos sanitarios reciben el doble de basura de lo permitido
Fecha de Publicación: 05/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Si bien la ciudad se comprometió con la ley de basura cero a mermar la generación de residuos e impulsar la separación selectiva, la recuperación y el reciclado, envía 2 millones de toneladas anuales a los rellenos bonaerenses
A cinco años de la sanción de la ley 1854 de basura cero en la ciudad de Buenos Aires, que establecía como primera meta para 2010 una reducción de un 30% de los residuos que terminan en los rellenos sanitarios, las cifras indican que lejos de cumplirse, se envió más del doble de lo establecido. Así la ciudad atravesó el techo de los 2 millones de toneladas anuales, alcanzando un récord histórico de enterramiento.
Según un informe de la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado -Ceamse-, la ciudad envió el año pasado a los rellenos ubicados en el conurbano bonaerense 2.110.122 toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU), un 14,19% más (unas 262.374 toneladas) respecto de 2009 (1.847.758). Sin embargo, hubiese correspondido que sólo desechase 1.048.359 toneladas, casi 800.000 menos de lo que enterró en 2009.
La norma, aprobada en noviembre de 2005 por unanimidad por la Legislatura porteña, establece "un cronograma de reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos que conllevará a una disminución de la cantidad de desechos a ser depositados en rellenos sanitarios. Estas metas a cumplir serán de un 30% para el 2010, de un 50% para el 2012 y un 75% para el 2017, tomando como base los niveles enviados al Ceamse durante el año 2004. Se prohíbe para el año 2020 la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables".
Sin embargo, "el incumplimiento sistemático e intencional de la ley de basura cero ha alejado a la ciudad de las metas de reducción progresiva de residuos lo que hace que hoy Buenos Aires se encuentre en una situación sumamente crítica", afirma María Eugenia Testa, directora política de Greenpeace, una de las organizaciones impulsoras de la ley.
Basura Cero
El proyecto de basura cero se comenzó a trabajar en 2004 desde la sociedad civil con la Legislatura de la ciudad porque se pronosticaba un futuro crítico para Buenos Aires en materia de generación y gestión de residuos si no se revertía la tendencia de incremento de los RSU enviados a rellenos. Por eso, se aprobó esta ley que apunta esencialmente a la revalorización de los residuos y establece pautas, principios, obligaciones y responsabilidades para su gestión integrando a gobernantes y ciudadanos.
Así se busca la reducción progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, con plazos y metas concretas, por medio de la adopción de medidas orientadas a mermar la generación de residuos, la separación selectiva, la recuperación y el reciclado.
"Para llegar a la revalorización de los residuos, que es el objetivo de la ley, los principales puntos para implementar son la separación en origen, la incorporación real de las cooperativas de recuperadores y una campaña de educación para que la gente sepa cómo tiene que separar en la casa. Y la verdad es que no se ha hecho ninguna de estas cosas, si no que han tomado medidas contrarias al cumplimiento de la ley", afirma Carina Quispe, directora de política ambiental de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN.
En ese sentido, la Campaña "Jugá limpio", lanzada por el gobierno porteño, "ignora la ley 1854. Jamás se habló de separación ni se ejecutó el 5% anual de los gastos de publicidad del gobierno que la ley dispone que deben utilizarse para la implementación de esta norma", agrega.
Lo que todos los ciudadanos tienen que saber es simple: deben tener dos tachos de basura en su casa. En uno deben poner todo lo húmedo y en otro plásticos, cartones, botellas, PET, vidrios y todo lo que sea seco y que se puede revalorizar.
Los recuperadores
Luego de la recolección, los residuos potencialmente reutilizables deben llegar a alguno de los tres centros verdes de la ciudad, donde las cooperativas de recuperadores se encargan de separar, clasificar y poner en valor todo lo que pueda reusarse para luego venderlo. Sin embargo, el circuito todavía no funciona como debería.
"La remamos como podemos porque el material que nos envían es poco", afirma María Ramis de la Cooperativa de Recuperadores del Oeste. Ellos reciben un promedio de 2000 kilos diarios de desechos cuando deberían recibir entre 7000 y 8000 para que las 25 personas que allí trabajan puedan obtener un ingreso que les permita vivir dignamente.
La Cooperativa El Ceibo también atraviesa una situación similar. Según sus registros, en diciembre de 2010 recibieron 154.950 toneladas para recuperar, contra las 236.180 que recibieron en el mismo mes de 2008.
"A pesar del estado de colapso del Ceamse vemos que día a día los volúmenes del material que ingresa para reciclar sufre una sensible baja, siendo esto incompatible con el aumento de las ventas que tienen los grandes generadores de donde retiran dicho material los camiones de la Dirección General de Reciclado", afirma Cristina Lescano de El Ceibo en un informe enviado al Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño.
"Estos volúmenes se generan con camiones que hacen ocho rutas de retiro y nos entregan cada uno un promedio de 500 a 700 kilos por ruta, cuando están preparados para cargar entre 2000 y 2500 kilos. Es decir, trabajan al 20 % de su capacidad. Pero, llamativamente el papel blanco no existe, siendo este uno de los materiales, en un conglomerado urbano de las características de nuestra ciudad, que más volumen tendríamos que recibir. Los materiales que recibimos son cartón, film y algunas pocas veces Pet y vidrio", continúa.
De esta manera, con bajos índices de recupero, todo termina en los rellenos, con el costo que le genera al gobierno porteño y por ende a los vecinos, y contribuye a seguir engrosando los basurales, incumpliendo el plan basura cero.
El gobierno
Desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en tanto, sus voceros evitaron entrar en polémica, pero sostienen que están trabajando con la provincia de Buenos Aires en una nueva planta de residuos. "Allí, compañías europeas harán una inversión de 20 millones de euros y la ciudad reciclará 1000 toneladas de basura por día. Por las características de tratamiento mecánico biológico que empleará esta planta, afirman, se podrán llegar a recuperar el 60 por ciento de los residuos tratados", afirmaron.
"A su vez, también estamos prontos a inaugurar una nueva planta de tratamiento de residuos áridos, en Zabaleta, lo que reducirá esas cantidades, debido a que ya no ingresarán volquetes con restos de obra desde la provincia", agregaron.
Por último, mencionaron la contenerización para toda la ciudad y la separación en origen, "dos acciones fundamentales que están incluidas en la nueva licitación y que revolucionarán el sistema de recolección porteño", sostuvieron. Pero en todos los casos, evitaron dar fechas de realización de todas estas acciones.
En ese sentido, y por sobre todas las críticas, las organizaciones sociales destacaron el proceso participativo que se realizó el año pasado para ver el pliego con el cual van a cambiar las concesionarias de la recolección para residuos secos y húmedos: para los primeros incorporan a las cooperativas y para los otros abren la oferta a las empresas. "Estuvo muy bien hecho, pero no se tomaron decisiones todavía. Seguimos igual", explica Quispe, quien da cuenta de las numerosas demoras que ha tenido la aplicación.
"A cinco años de la sanción de ley, todas las prórrogas generan desconfianza. No se puede estar tanto tiempo para hacer cumplir una ley que requiere acciones muy prácticas. Si hubiera voluntad para que la ciudad separe los residuos en origen, ya se estaría haciendo", sostiene.
Más allá de las quejas por la demora en la implementación, las organizaciones no pierden las esperanzas de que en este año signado por las elecciones puedan avanzar en el tema. Y también hacen una salvedad: el problema no es que falle la ley, si no que aún no se implementó correctamente.
"No se puede hablar del fracaso de ley de basura cero cuando no se han tomado las medidas para hacerla efectiva. Estos procesos llevan muchos años y la concientización es clave", finaliza Quispe.
Fecha de Publicación: 05/03/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Si bien la ciudad se comprometió con la ley de basura cero a mermar la generación de residuos e impulsar la separación selectiva, la recuperación y el reciclado, envía 2 millones de toneladas anuales a los rellenos bonaerenses
A cinco años de la sanción de la ley 1854 de basura cero en la ciudad de Buenos Aires, que establecía como primera meta para 2010 una reducción de un 30% de los residuos que terminan en los rellenos sanitarios, las cifras indican que lejos de cumplirse, se envió más del doble de lo establecido. Así la ciudad atravesó el techo de los 2 millones de toneladas anuales, alcanzando un récord histórico de enterramiento.
Según un informe de la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado -Ceamse-, la ciudad envió el año pasado a los rellenos ubicados en el conurbano bonaerense 2.110.122 toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU), un 14,19% más (unas 262.374 toneladas) respecto de 2009 (1.847.758). Sin embargo, hubiese correspondido que sólo desechase 1.048.359 toneladas, casi 800.000 menos de lo que enterró en 2009.
La norma, aprobada en noviembre de 2005 por unanimidad por la Legislatura porteña, establece "un cronograma de reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos que conllevará a una disminución de la cantidad de desechos a ser depositados en rellenos sanitarios. Estas metas a cumplir serán de un 30% para el 2010, de un 50% para el 2012 y un 75% para el 2017, tomando como base los niveles enviados al Ceamse durante el año 2004. Se prohíbe para el año 2020 la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables".
Sin embargo, "el incumplimiento sistemático e intencional de la ley de basura cero ha alejado a la ciudad de las metas de reducción progresiva de residuos lo que hace que hoy Buenos Aires se encuentre en una situación sumamente crítica", afirma María Eugenia Testa, directora política de Greenpeace, una de las organizaciones impulsoras de la ley.
Basura Cero
El proyecto de basura cero se comenzó a trabajar en 2004 desde la sociedad civil con la Legislatura de la ciudad porque se pronosticaba un futuro crítico para Buenos Aires en materia de generación y gestión de residuos si no se revertía la tendencia de incremento de los RSU enviados a rellenos. Por eso, se aprobó esta ley que apunta esencialmente a la revalorización de los residuos y establece pautas, principios, obligaciones y responsabilidades para su gestión integrando a gobernantes y ciudadanos.
Así se busca la reducción progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, con plazos y metas concretas, por medio de la adopción de medidas orientadas a mermar la generación de residuos, la separación selectiva, la recuperación y el reciclado.
"Para llegar a la revalorización de los residuos, que es el objetivo de la ley, los principales puntos para implementar son la separación en origen, la incorporación real de las cooperativas de recuperadores y una campaña de educación para que la gente sepa cómo tiene que separar en la casa. Y la verdad es que no se ha hecho ninguna de estas cosas, si no que han tomado medidas contrarias al cumplimiento de la ley", afirma Carina Quispe, directora de política ambiental de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN.
En ese sentido, la Campaña "Jugá limpio", lanzada por el gobierno porteño, "ignora la ley 1854. Jamás se habló de separación ni se ejecutó el 5% anual de los gastos de publicidad del gobierno que la ley dispone que deben utilizarse para la implementación de esta norma", agrega.
Lo que todos los ciudadanos tienen que saber es simple: deben tener dos tachos de basura en su casa. En uno deben poner todo lo húmedo y en otro plásticos, cartones, botellas, PET, vidrios y todo lo que sea seco y que se puede revalorizar.
Los recuperadores
Luego de la recolección, los residuos potencialmente reutilizables deben llegar a alguno de los tres centros verdes de la ciudad, donde las cooperativas de recuperadores se encargan de separar, clasificar y poner en valor todo lo que pueda reusarse para luego venderlo. Sin embargo, el circuito todavía no funciona como debería.
"La remamos como podemos porque el material que nos envían es poco", afirma María Ramis de la Cooperativa de Recuperadores del Oeste. Ellos reciben un promedio de 2000 kilos diarios de desechos cuando deberían recibir entre 7000 y 8000 para que las 25 personas que allí trabajan puedan obtener un ingreso que les permita vivir dignamente.
La Cooperativa El Ceibo también atraviesa una situación similar. Según sus registros, en diciembre de 2010 recibieron 154.950 toneladas para recuperar, contra las 236.180 que recibieron en el mismo mes de 2008.
"A pesar del estado de colapso del Ceamse vemos que día a día los volúmenes del material que ingresa para reciclar sufre una sensible baja, siendo esto incompatible con el aumento de las ventas que tienen los grandes generadores de donde retiran dicho material los camiones de la Dirección General de Reciclado", afirma Cristina Lescano de El Ceibo en un informe enviado al Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño.
"Estos volúmenes se generan con camiones que hacen ocho rutas de retiro y nos entregan cada uno un promedio de 500 a 700 kilos por ruta, cuando están preparados para cargar entre 2000 y 2500 kilos. Es decir, trabajan al 20 % de su capacidad. Pero, llamativamente el papel blanco no existe, siendo este uno de los materiales, en un conglomerado urbano de las características de nuestra ciudad, que más volumen tendríamos que recibir. Los materiales que recibimos son cartón, film y algunas pocas veces Pet y vidrio", continúa.
De esta manera, con bajos índices de recupero, todo termina en los rellenos, con el costo que le genera al gobierno porteño y por ende a los vecinos, y contribuye a seguir engrosando los basurales, incumpliendo el plan basura cero.
El gobierno
Desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en tanto, sus voceros evitaron entrar en polémica, pero sostienen que están trabajando con la provincia de Buenos Aires en una nueva planta de residuos. "Allí, compañías europeas harán una inversión de 20 millones de euros y la ciudad reciclará 1000 toneladas de basura por día. Por las características de tratamiento mecánico biológico que empleará esta planta, afirman, se podrán llegar a recuperar el 60 por ciento de los residuos tratados", afirmaron.
"A su vez, también estamos prontos a inaugurar una nueva planta de tratamiento de residuos áridos, en Zabaleta, lo que reducirá esas cantidades, debido a que ya no ingresarán volquetes con restos de obra desde la provincia", agregaron.
Por último, mencionaron la contenerización para toda la ciudad y la separación en origen, "dos acciones fundamentales que están incluidas en la nueva licitación y que revolucionarán el sistema de recolección porteño", sostuvieron. Pero en todos los casos, evitaron dar fechas de realización de todas estas acciones.
En ese sentido, y por sobre todas las críticas, las organizaciones sociales destacaron el proceso participativo que se realizó el año pasado para ver el pliego con el cual van a cambiar las concesionarias de la recolección para residuos secos y húmedos: para los primeros incorporan a las cooperativas y para los otros abren la oferta a las empresas. "Estuvo muy bien hecho, pero no se tomaron decisiones todavía. Seguimos igual", explica Quispe, quien da cuenta de las numerosas demoras que ha tenido la aplicación.
"A cinco años de la sanción de ley, todas las prórrogas generan desconfianza. No se puede estar tanto tiempo para hacer cumplir una ley que requiere acciones muy prácticas. Si hubiera voluntad para que la ciudad separe los residuos en origen, ya se estaría haciendo", sostiene.
Más allá de las quejas por la demora en la implementación, las organizaciones no pierden las esperanzas de que en este año signado por las elecciones puedan avanzar en el tema. Y también hacen una salvedad: el problema no es que falle la ley, si no que aún no se implementó correctamente.
"No se puede hablar del fracaso de ley de basura cero cuando no se han tomado las medidas para hacerla efectiva. Estos procesos llevan muchos años y la concientización es clave", finaliza Quispe.
Un reclamo por los glaciares
Un reclamo por los glaciares
Fecha de Publicación: 04/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En una conferencia en el Congreso, diversas organizaciones, asambleas locales y legisladores pidieron una “urgente y plena” aplicación de la Ley de Glaciares. Criticaron los amparos judiciales que tienen frenada la norma en algunas provincias.
Organizaciones sociales, de derechos humanos, en defensa del medio ambiente, legisladores y representantes de asambleas ciudadanas de provincias mineras exigieron ayer “la urgente y plena aplicación” de la Ley de Protección de Glaciares, ante la existencia de un “modelo saqueador y extractivista” de minería. En ese sentido, subrayaron la “resistencia social” que hay en las localidades adonde están los emprendimientos mineros. Los ambientalistas consideraron como “deficitaria e incompleta” la reglamentación de la ley, dado que no contempla el artículo 15 sobre el inventario de zonas prioritarias y auditorías ambientales. Desde el Congreso, pidieron la interpelación del secretario de Ambiente, Juan José Mussi, para que dé explicaciones sobre la reglamentación.
Las quejas de legisladores y ambientalistas se fundan en que la reglamentación de la ley fue parcial: aseguran que no contempla, entre otros, el artículo 15, que establece un inventario en zonas prioritarias –en actividad minera en la actualidad– y las auditorías ambientales a emprendimientos en ejecución para reconocer el impacto sobre el terreno. Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, explicó a Página/12 que ya se deberían haber determinado las áreas prioritarias y resuelto el mecanismo de auditoría”. Por eso, la diputada de la Coalición Cívica Fernanda Reyes pidió la interpelación de Mussi.
En diálogo con este diario, Marta Maffei, autora del proyecto de ley original, consideró que “está bien que la reglamentación no sea demasiado restrictiva, porque a veces desvirtúa la propia ley. Es operativa, la mayoría no requería reglamentarse”. A su vez, explicó que “el artículo 2 dice que todo lo que no esté reglamentado debe hacerlo la autoridad de aplicación. Ahora hay que trabajar sobre eso”. Y advirtió que “la aplicación de la ley es otro paso”.
Los reclamos se enfocaron en la “resistencia” de las poblaciones a los proyectos mineros como los de San Jorge, en Uspallata, en Mendoza o Agua Rica, en Andalgalá, en Catamarca, a pesar de las leyes locales de prohibición de minerías. En ese sentido, los asambleístas criticaron las medidas cautelares en las provincias para frenar la aplicación de la legislación sobre el tema. Y uno de los ejes bajo la lupa fue el rol que tendrá la Procuración del Tesoro de la Nación para defender judicialmente la ley ante las medidas dictadas en la Justicia Federal de San Juan que suspenden la aplicación de la norma en esa provincia.
Los asambleas ciudadanas denunciaron maniobras de hostigamiento y persecución a los ambientalistas locales, tal como ocurrió hace unos días con los activistas de Greenpeace en San Juan. Eugenia Testa, de esa ONG, denunció la “resistencia” de la aplicación de la Ley de Glaciares en las provincias mineras y la “impunidad de un sector que explota los recursos y está impactando sobre el ambiente”. “El modelo minero no puede instaurarse sin la entrega, la represión y la impunidad del poder político”, dijo Elsa Quiroz, diputada nacional (CC), en la conferencia de prensa realizada en el Congreso.
También se escucharon las voces de asambleas. “El 77 por ciento de la población le dijo ‘no’ al proyecto minero San Jorge. Pero sigue avanzando, sin escuchar al pueblo. El agua de Mendoza corre riesgo de contaminación y envenenamiento por este proyecto”, contó Claudia Timoner, de la Asamblea por el Agua Pura de Mendoza. De Andalgalá, Arturo Flores contó que el lugar “ya está contaminado. Todos los días hay personas con grandes problemas de salud, como cáncer. Es intolerable”.
Por su parte, Reyes enfatizó que “la reglamentación llegó tarde y mal para darles tiempo a las mineras de seguir operando”. En el transcurso de la total puesta en marcha de la ley, Javier Rodríguez Pardo, del Movimiento Antinuclear del Chubut, alertó que con este modelo “nos quedamos sin los bienes comunes (agua)”. A modo de síntesis, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, subrayó que el modelo minero “privilegia el capital financiero sobre la vida”.
Fecha de Publicación: 04/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En una conferencia en el Congreso, diversas organizaciones, asambleas locales y legisladores pidieron una “urgente y plena” aplicación de la Ley de Glaciares. Criticaron los amparos judiciales que tienen frenada la norma en algunas provincias.
Organizaciones sociales, de derechos humanos, en defensa del medio ambiente, legisladores y representantes de asambleas ciudadanas de provincias mineras exigieron ayer “la urgente y plena aplicación” de la Ley de Protección de Glaciares, ante la existencia de un “modelo saqueador y extractivista” de minería. En ese sentido, subrayaron la “resistencia social” que hay en las localidades adonde están los emprendimientos mineros. Los ambientalistas consideraron como “deficitaria e incompleta” la reglamentación de la ley, dado que no contempla el artículo 15 sobre el inventario de zonas prioritarias y auditorías ambientales. Desde el Congreso, pidieron la interpelación del secretario de Ambiente, Juan José Mussi, para que dé explicaciones sobre la reglamentación.
Las quejas de legisladores y ambientalistas se fundan en que la reglamentación de la ley fue parcial: aseguran que no contempla, entre otros, el artículo 15, que establece un inventario en zonas prioritarias –en actividad minera en la actualidad– y las auditorías ambientales a emprendimientos en ejecución para reconocer el impacto sobre el terreno. Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, explicó a Página/12 que ya se deberían haber determinado las áreas prioritarias y resuelto el mecanismo de auditoría”. Por eso, la diputada de la Coalición Cívica Fernanda Reyes pidió la interpelación de Mussi.
En diálogo con este diario, Marta Maffei, autora del proyecto de ley original, consideró que “está bien que la reglamentación no sea demasiado restrictiva, porque a veces desvirtúa la propia ley. Es operativa, la mayoría no requería reglamentarse”. A su vez, explicó que “el artículo 2 dice que todo lo que no esté reglamentado debe hacerlo la autoridad de aplicación. Ahora hay que trabajar sobre eso”. Y advirtió que “la aplicación de la ley es otro paso”.
Los reclamos se enfocaron en la “resistencia” de las poblaciones a los proyectos mineros como los de San Jorge, en Uspallata, en Mendoza o Agua Rica, en Andalgalá, en Catamarca, a pesar de las leyes locales de prohibición de minerías. En ese sentido, los asambleístas criticaron las medidas cautelares en las provincias para frenar la aplicación de la legislación sobre el tema. Y uno de los ejes bajo la lupa fue el rol que tendrá la Procuración del Tesoro de la Nación para defender judicialmente la ley ante las medidas dictadas en la Justicia Federal de San Juan que suspenden la aplicación de la norma en esa provincia.
Los asambleas ciudadanas denunciaron maniobras de hostigamiento y persecución a los ambientalistas locales, tal como ocurrió hace unos días con los activistas de Greenpeace en San Juan. Eugenia Testa, de esa ONG, denunció la “resistencia” de la aplicación de la Ley de Glaciares en las provincias mineras y la “impunidad de un sector que explota los recursos y está impactando sobre el ambiente”. “El modelo minero no puede instaurarse sin la entrega, la represión y la impunidad del poder político”, dijo Elsa Quiroz, diputada nacional (CC), en la conferencia de prensa realizada en el Congreso.
También se escucharon las voces de asambleas. “El 77 por ciento de la población le dijo ‘no’ al proyecto minero San Jorge. Pero sigue avanzando, sin escuchar al pueblo. El agua de Mendoza corre riesgo de contaminación y envenenamiento por este proyecto”, contó Claudia Timoner, de la Asamblea por el Agua Pura de Mendoza. De Andalgalá, Arturo Flores contó que el lugar “ya está contaminado. Todos los días hay personas con grandes problemas de salud, como cáncer. Es intolerable”.
Por su parte, Reyes enfatizó que “la reglamentación llegó tarde y mal para darles tiempo a las mineras de seguir operando”. En el transcurso de la total puesta en marcha de la ley, Javier Rodríguez Pardo, del Movimiento Antinuclear del Chubut, alertó que con este modelo “nos quedamos sin los bienes comunes (agua)”. A modo de síntesis, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, subrayó que el modelo minero “privilegia el capital financiero sobre la vida”.
Piden más controles a petroleras en Neuquén
Piden que se extremen los controles para evitar los derrames petroleros
Fecha de Publicación: 04/03/2011
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
La Subsecretaría de Medio Ambiente de Neuquén lleva a cabo inspecciones en los yacimientos de la provincia.
La Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia notificó a las empresas petroleras que operan en la Neuquén que extremen sus controles para evitar derrames hidrocarburíferos.
La política del Estado Provincial es actualizar la Ley 1875 (régimen de sanciones a las empresas) y dar cumplimiento efectivo a la Ley 2600, de aptitud ambiental, y la Ley 2676 de uso obligatorio de locación seca.
"Las empresas tendrán que adoptar programas de controles de sus instalaciones con seguimiento efectivo de cada una de ellas a los efectos de disponer el recambio necesario en sus instalaciones, en el momento en que las pérdidas se hacen repetitivas", señaló el subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Esquivel.
El objetivo es el resguardo y la preservación del medio ambiente y la decisión de corregir el problema de contaminación provocada por las petroleras llega tras observar una repetida situación de pérdidas y derrames durante 2010.
"Solicitamos cambios anticipados de cañerías de conducción y que cada una de las empresas monitoreé las instalaciones, y en caso de pérdidas reiteradas en determinados sectores se provea al recambio anticipado de esas instalaciones", manifestó Esquivel.
Inspecciones
En la actualidad la Subsecretaría inspecciona las zonas más afectadas como son los yacimientos en Centenario, Plaza Huincul - Cutral Co y desde el martes en Rincón de los Sauces, en los yacimientos Lomita, Puesto Hernández y Tapiales.
El Estado desempeña su tarea a partir de la Ley 1875 que establece los marcos normativos para fiscalización y control integral de actividad hidrocarburífera y en todas sus áreas de explotación y funcionamiento de los equipos como los de perforación.
Este control exhaustivo no es sólo coyuntural, sino que surge a partir de un inventario histórico sobre las afectaciones en el medio ambiente desde el comienzo de la actividad de exploración en la segunda década del siglo pasado.
"En el marco de la Ley 2615, de prórroga de concesiones, se establecieron inventarios de espacios ambientales afectados de épocas anteriores hasta el momento de la firma de ese convenio (2009) donde se establecieron cronogramas a los efectos de dar un tiempo prudencial a las empresas para el desarrollo de esas inversiones. De esta manera se fiscaliza y controla esos trabajos", dijo el subsecretario.
En total se inventariaron 500 incidentes que afectaron el ambiente neuquino. "Primero se identifica cuál es el impacto ambiental. Se verifica si hay hidrocarburos en el suelo, se efectúan análisis correspondientes para ver qué elementos están integrados en ese producto y así establecer la metodología y el procedimiento técnico moderno con el criterio científico y tecnología necesaria para efectuar la remediación", concluyó.
Fecha de Publicación: 04/03/2011
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
La Subsecretaría de Medio Ambiente de Neuquén lleva a cabo inspecciones en los yacimientos de la provincia.
La Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia notificó a las empresas petroleras que operan en la Neuquén que extremen sus controles para evitar derrames hidrocarburíferos.
La política del Estado Provincial es actualizar la Ley 1875 (régimen de sanciones a las empresas) y dar cumplimiento efectivo a la Ley 2600, de aptitud ambiental, y la Ley 2676 de uso obligatorio de locación seca.
"Las empresas tendrán que adoptar programas de controles de sus instalaciones con seguimiento efectivo de cada una de ellas a los efectos de disponer el recambio necesario en sus instalaciones, en el momento en que las pérdidas se hacen repetitivas", señaló el subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Esquivel.
El objetivo es el resguardo y la preservación del medio ambiente y la decisión de corregir el problema de contaminación provocada por las petroleras llega tras observar una repetida situación de pérdidas y derrames durante 2010.
"Solicitamos cambios anticipados de cañerías de conducción y que cada una de las empresas monitoreé las instalaciones, y en caso de pérdidas reiteradas en determinados sectores se provea al recambio anticipado de esas instalaciones", manifestó Esquivel.
Inspecciones
En la actualidad la Subsecretaría inspecciona las zonas más afectadas como son los yacimientos en Centenario, Plaza Huincul - Cutral Co y desde el martes en Rincón de los Sauces, en los yacimientos Lomita, Puesto Hernández y Tapiales.
El Estado desempeña su tarea a partir de la Ley 1875 que establece los marcos normativos para fiscalización y control integral de actividad hidrocarburífera y en todas sus áreas de explotación y funcionamiento de los equipos como los de perforación.
Este control exhaustivo no es sólo coyuntural, sino que surge a partir de un inventario histórico sobre las afectaciones en el medio ambiente desde el comienzo de la actividad de exploración en la segunda década del siglo pasado.
"En el marco de la Ley 2615, de prórroga de concesiones, se establecieron inventarios de espacios ambientales afectados de épocas anteriores hasta el momento de la firma de ese convenio (2009) donde se establecieron cronogramas a los efectos de dar un tiempo prudencial a las empresas para el desarrollo de esas inversiones. De esta manera se fiscaliza y controla esos trabajos", dijo el subsecretario.
En total se inventariaron 500 incidentes que afectaron el ambiente neuquino. "Primero se identifica cuál es el impacto ambiental. Se verifica si hay hidrocarburos en el suelo, se efectúan análisis correspondientes para ver qué elementos están integrados en ese producto y así establecer la metodología y el procedimiento técnico moderno con el criterio científico y tecnología necesaria para efectuar la remediación", concluyó.
Cuando la regulación es urgente y necesaria
Cuando la regulación es urgente y necesaria
Fecha de Publicación: 03/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El proyecto oficial para regular la propiedad de la tierra contempla cuestiones de soberanía, pero también las necesidades de acceso de cientos de miles de familias campesinas. Un conflicto con rasgos comunes en toda la región. Argentina “copiará” el modelo brasileño.
En Argentina hay aproximadamente 17 millones de hectáreas en manos de extranjeros en las zonas donde se concentran los principales recursos naturales, como la Patagonia y los esteros del Iberá. Por otro lado, hay aproximadamente 500.000 familias de campesinos que tienen problemas para acceder a la tierra, según las estimaciones del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Frente a este contexto, la intención del Gobierno es regular la “propiedad de la tierra” en todas sus dimensiones. En el Congreso hay más de diez iniciativas de todos los partidos políticos, incluso una del Frente para la Victoria, presentada por la diputada Diana Conti. También hay proyectos de la Federación Agraria, Proyecto Sur y Nuevo Encuentro. El espíritu de cada una de las iniciativas es defender las zonas de frontera, los recursos naturales, como el agua, y evitar la concentración de la tenencia de la tierra, fenómeno que incide en la vida cotidiana de campesinos y productores.
Según indicó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la inauguración de las sesiones ordinarias, no se “inventará nada nuevo”, sino que se copiará el modelo brasileño. El año pasado, Inácio Lula Da Silva puso límites a la compra de tierras y en 2009 sancionó una ley para proteger la zona del Amazonas, donde se concentra más del 50 por ciento de las propiedades extranjeras de aquel país. Por otro lado, José “Pepe” Mujica también instó a su Parlamento a sancionar una ley en este sentido.
Fernández de Kirchner señaló durante su discurso que la iniciativa oficial tendrá por objeto defender los recursos naturales “para que sigan en órbita y competencia nacional”. En este sentido, el proyecto presentado por la diputada Conti señala que el espíritu de una legislación nacional de estas características “debe evitar la indiscriminada compra de tierras por parte de extranjeros, proceso que puede afectar el interés nacional como consecuencia de la constitución de derechos reales sobre determinadas superficies del territorio del país”.
Cuando se habla de “interés nacional” se está pensando en las zonas fronterizas. Por ejemplo, la iniciativa de la diputada Verónica Benas (SI) establece que no podrá adquirirse “el dominio de los bienes inmuebles urbanos o rurales del Estado nacional, provincial o municipal situado dentro de los límites de Zonas de Seguridad”.
En 2008, la Auditoría General de la Nación publicó una resolución (201/08) donde denunció una serie de irregularidades en operaciones de compraventa de tierras limítrofes patagónicas. Sobre un total de 428 trámites de “previa conformidad” solicitados en la Secretaría de Seguridad Interior, se aprobaron sólo 137, mientras que el resto fueron aprobados por la “vía de la excepción”.
“No es, por ende, la propiedad extranjera lo que está en cuestión, sino la necesidad de normativizar un proceso de concentración de vastas extensiones de tierras, proceso que, de continuar como hasta el presente, comprometería objetivos estratégicos vinculados al desarrollo nacional”, sostuvo Conti en su iniciativa.
Para regular esta situación, las diferentes iniciativas proponen que los extranjeros puedan acceder a una cantidad menor de hectáreas, no como ocurre en la actualidad, donde un mismo grupo económico puede tener casi un millón de hectáreas, como la familia Benetton. El proyecto de Pablo Orsolini y Ulises Forte, ambos de la Federación Agraria y la UCR, indica que las personas físicas o jurídicas de otra nacionalidad sólo podrán tener hasta un cuarto de la superficie de una comuna o región determinada por la autoridad de aplicación.
En cambio, el proyecto de Benas habla de hasta un 10 por ciento de esa superficie, mientras que cada persona extranjera –física o jurídica– no podrá tener más de una unidad económica a su nombre. También se propone la necesidad de crear un registro de los extranjeros que adquieren tierras en el país.
En su discurso, la Presidenta sostuvo que la iniciativa “no debe tener un sesgo antiinversión”. “Dijo sin chauvinismos. Argentina no es sólo una víctima de la extranjerización, también la promueve junto a Brasil. Muchos sojeros argentinos forman pooles de siembra en Bolivia y Paraguay. La dirigencia patronal que hoy reclama un freno a la extranjerización tiene asociados que promueven la concentración en otros países”, señaló a Página/12 la investigadora Silvia Lilian Ferro.
El título del proyecto anunciado por el Gobierno habla de la “regulación de la propiedad de la tierra”. Para Ferro, esta definición implicará que no sólo se trate el tema de la extranjerización, sino también “un nuevo marco para los contratos rurales, junto a un nuevo ordenamiento territorial”.
En cuanto a la posibilidad de establecer nuevos contratos rurales, los lineamientos que se están manejando llevarían los plazos de alquiler a cuatro o cinco años, se restringirían los arriendos por cosecha, se limitaría la capacidad de unidades económicas que pueden alquilarse, sobre todo a los pooles de siembra, y se buscará proteger a los agricultores familiares.
De seguirse el modelo brasileño, que también tiene una política para ayudar a los agricultores familiares –por ejemplo, las escuelas deben comprar los alimentos para sus alumnos de manera directa a los pequeños productores– hay dos datos que resultan relevantes. En el país vecino existe un instituto estatal de colonización –al igual que en Uruguay– que tiene por objeto regular el uso de los recursos naturales. En Argentina existía un Consejo Agrario Nacional, cuyo objetivo era distribuir las tierras fiscales, pero fue abolido por José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura militar.
El otro dato es que en Brasil la tierra es considerada un “bien social” por rango constitucional, eso les otorga a los productores y campesinos un mayor margen de acción legal para luchar por la posesión de la tierra, tema que tampoco está resuelto. Según el Movimiento de los Sin Tierra, todavía hay cuatro millones de familias con dificultades para acceder a este recurso. En cambio, en Argentina los recursos naturales son regulados por cada una de las provincias.
Fecha de Publicación: 03/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El proyecto oficial para regular la propiedad de la tierra contempla cuestiones de soberanía, pero también las necesidades de acceso de cientos de miles de familias campesinas. Un conflicto con rasgos comunes en toda la región. Argentina “copiará” el modelo brasileño.
En Argentina hay aproximadamente 17 millones de hectáreas en manos de extranjeros en las zonas donde se concentran los principales recursos naturales, como la Patagonia y los esteros del Iberá. Por otro lado, hay aproximadamente 500.000 familias de campesinos que tienen problemas para acceder a la tierra, según las estimaciones del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Frente a este contexto, la intención del Gobierno es regular la “propiedad de la tierra” en todas sus dimensiones. En el Congreso hay más de diez iniciativas de todos los partidos políticos, incluso una del Frente para la Victoria, presentada por la diputada Diana Conti. También hay proyectos de la Federación Agraria, Proyecto Sur y Nuevo Encuentro. El espíritu de cada una de las iniciativas es defender las zonas de frontera, los recursos naturales, como el agua, y evitar la concentración de la tenencia de la tierra, fenómeno que incide en la vida cotidiana de campesinos y productores.
Según indicó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la inauguración de las sesiones ordinarias, no se “inventará nada nuevo”, sino que se copiará el modelo brasileño. El año pasado, Inácio Lula Da Silva puso límites a la compra de tierras y en 2009 sancionó una ley para proteger la zona del Amazonas, donde se concentra más del 50 por ciento de las propiedades extranjeras de aquel país. Por otro lado, José “Pepe” Mujica también instó a su Parlamento a sancionar una ley en este sentido.
Fernández de Kirchner señaló durante su discurso que la iniciativa oficial tendrá por objeto defender los recursos naturales “para que sigan en órbita y competencia nacional”. En este sentido, el proyecto presentado por la diputada Conti señala que el espíritu de una legislación nacional de estas características “debe evitar la indiscriminada compra de tierras por parte de extranjeros, proceso que puede afectar el interés nacional como consecuencia de la constitución de derechos reales sobre determinadas superficies del territorio del país”.
Cuando se habla de “interés nacional” se está pensando en las zonas fronterizas. Por ejemplo, la iniciativa de la diputada Verónica Benas (SI) establece que no podrá adquirirse “el dominio de los bienes inmuebles urbanos o rurales del Estado nacional, provincial o municipal situado dentro de los límites de Zonas de Seguridad”.
En 2008, la Auditoría General de la Nación publicó una resolución (201/08) donde denunció una serie de irregularidades en operaciones de compraventa de tierras limítrofes patagónicas. Sobre un total de 428 trámites de “previa conformidad” solicitados en la Secretaría de Seguridad Interior, se aprobaron sólo 137, mientras que el resto fueron aprobados por la “vía de la excepción”.
“No es, por ende, la propiedad extranjera lo que está en cuestión, sino la necesidad de normativizar un proceso de concentración de vastas extensiones de tierras, proceso que, de continuar como hasta el presente, comprometería objetivos estratégicos vinculados al desarrollo nacional”, sostuvo Conti en su iniciativa.
Para regular esta situación, las diferentes iniciativas proponen que los extranjeros puedan acceder a una cantidad menor de hectáreas, no como ocurre en la actualidad, donde un mismo grupo económico puede tener casi un millón de hectáreas, como la familia Benetton. El proyecto de Pablo Orsolini y Ulises Forte, ambos de la Federación Agraria y la UCR, indica que las personas físicas o jurídicas de otra nacionalidad sólo podrán tener hasta un cuarto de la superficie de una comuna o región determinada por la autoridad de aplicación.
En cambio, el proyecto de Benas habla de hasta un 10 por ciento de esa superficie, mientras que cada persona extranjera –física o jurídica– no podrá tener más de una unidad económica a su nombre. También se propone la necesidad de crear un registro de los extranjeros que adquieren tierras en el país.
En su discurso, la Presidenta sostuvo que la iniciativa “no debe tener un sesgo antiinversión”. “Dijo sin chauvinismos. Argentina no es sólo una víctima de la extranjerización, también la promueve junto a Brasil. Muchos sojeros argentinos forman pooles de siembra en Bolivia y Paraguay. La dirigencia patronal que hoy reclama un freno a la extranjerización tiene asociados que promueven la concentración en otros países”, señaló a Página/12 la investigadora Silvia Lilian Ferro.
El título del proyecto anunciado por el Gobierno habla de la “regulación de la propiedad de la tierra”. Para Ferro, esta definición implicará que no sólo se trate el tema de la extranjerización, sino también “un nuevo marco para los contratos rurales, junto a un nuevo ordenamiento territorial”.
En cuanto a la posibilidad de establecer nuevos contratos rurales, los lineamientos que se están manejando llevarían los plazos de alquiler a cuatro o cinco años, se restringirían los arriendos por cosecha, se limitaría la capacidad de unidades económicas que pueden alquilarse, sobre todo a los pooles de siembra, y se buscará proteger a los agricultores familiares.
De seguirse el modelo brasileño, que también tiene una política para ayudar a los agricultores familiares –por ejemplo, las escuelas deben comprar los alimentos para sus alumnos de manera directa a los pequeños productores– hay dos datos que resultan relevantes. En el país vecino existe un instituto estatal de colonización –al igual que en Uruguay– que tiene por objeto regular el uso de los recursos naturales. En Argentina existía un Consejo Agrario Nacional, cuyo objetivo era distribuir las tierras fiscales, pero fue abolido por José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura militar.
El otro dato es que en Brasil la tierra es considerada un “bien social” por rango constitucional, eso les otorga a los productores y campesinos un mayor margen de acción legal para luchar por la posesión de la tierra, tema que tampoco está resuelto. Según el Movimiento de los Sin Tierra, todavía hay cuatro millones de familias con dificultades para acceder a este recurso. En cambio, en Argentina los recursos naturales son regulados por cada una de las provincias.
Rechazan amparo por el proyecto San Jorge
Rechazan acción de amparo por el proyecto San Jorge
Fecha de Publicación: 03/03/2011
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
La solicitud apuntaba a declarar inconstitucional el trabajo de la empresa minera
La Justicia rechazó la acción de amparo que presentó Oikos, la Organización No Gubernamental (ONG) ambientalista mendocina, contra el Gobierno provincial. La solicitud apuntaba a declarar inconstitucional el trabajo de la empresa minera San Jorge en el territorio provincial.
Oikos hizo la presentación el 21 de febrero. El objetivo era que se declarara inconstitucional la Resolución Conjunta N° 19/2011 de las direcciones de Minería y de Protección Ambiental. La ONG se basó en las irregularidades del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que terminó aprobando el proyecto minero de cobre y oro ubicado en Uspallata (Las Heras).
La acción recayó en el Juzgado de Gestión Asociada N° 2, a cargo de la jueza Rosana Alicia Moretti Rodríguez. El martes se publicó el fallo que rechazó la medida cautelar solicitada. Eduardo Sosa, titular de la ONG ambientalista, dijo: "Este fallo era una de las posibilidades".
De todos modos, Sosa manifestó que los dos juicios que Oikos ha presentado por este tema continúan. "Interpretamos, por la decisión que tomó la jueza Moretti Rodríguez, que espera la decisión de la Legislatura", enfatizó el dirigente ambientalista.
Es importante recordar que Oikos presentó, en diciembre de 2010, una denuncia penal contra los directivos de la empresa minera y la consultora que hizo el estudio de impacto ambiental por falsedad ideológica; la denuncia también incluyó a los funcionarios públicos involucrados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esta denuncia recayó en la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Santiago Garay.
"Mientras, se seguirá investigando la presentación que hicimos en febrero. También estamos a la espera de lo que suceda en la Legislatura", recalcó Sosa.
Es clave mencionar que el Gobierno de Mendoza firmó, el 7 de febrero, la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge. La autorización del gobernador Celso Jaque llegó después de que se aplicara una nómina de condicionamientos al proyecto que busca extraer cobre en Uspallata y que están relacionados con el cuidado del recurso hídrico.
Marcha en el Carrusel
La minería se ha instalado como un tópico social y distintas manifestaciones se hacen escuchar con intensidad. La próxima será antes del Carrusel de la Vendimia. También llegará a la provincia, para manifestarse sobre este tema, el cineasta y legislador nacional Fernando Solanas.
Según explicó Jennifer Ibarra, de la Fundación Cullunche, la idea es marchar en el mismo sentido del tradicional Carrusel y antes de que se inicie. "No va a ser una contramarcha como el año pasado. La idea es salir antes para comunicar a la gente y entregar información", señaló la veterinaria, que lidera una de las ONG que participará de esta convocatoria.
Esta movilización está coordinada por la Asociación Mendocina por el Agua Pura y por la Coordinadora por los Recursos Naturales y Bienes Comunes. También adhieren los sindicatos, todas las organizaciones ambientalistas y los viñateros.
Fecha de Publicación: 03/03/2011
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
La solicitud apuntaba a declarar inconstitucional el trabajo de la empresa minera
La Justicia rechazó la acción de amparo que presentó Oikos, la Organización No Gubernamental (ONG) ambientalista mendocina, contra el Gobierno provincial. La solicitud apuntaba a declarar inconstitucional el trabajo de la empresa minera San Jorge en el territorio provincial.
Oikos hizo la presentación el 21 de febrero. El objetivo era que se declarara inconstitucional la Resolución Conjunta N° 19/2011 de las direcciones de Minería y de Protección Ambiental. La ONG se basó en las irregularidades del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que terminó aprobando el proyecto minero de cobre y oro ubicado en Uspallata (Las Heras).
La acción recayó en el Juzgado de Gestión Asociada N° 2, a cargo de la jueza Rosana Alicia Moretti Rodríguez. El martes se publicó el fallo que rechazó la medida cautelar solicitada. Eduardo Sosa, titular de la ONG ambientalista, dijo: "Este fallo era una de las posibilidades".
De todos modos, Sosa manifestó que los dos juicios que Oikos ha presentado por este tema continúan. "Interpretamos, por la decisión que tomó la jueza Moretti Rodríguez, que espera la decisión de la Legislatura", enfatizó el dirigente ambientalista.
Es importante recordar que Oikos presentó, en diciembre de 2010, una denuncia penal contra los directivos de la empresa minera y la consultora que hizo el estudio de impacto ambiental por falsedad ideológica; la denuncia también incluyó a los funcionarios públicos involucrados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esta denuncia recayó en la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Santiago Garay.
"Mientras, se seguirá investigando la presentación que hicimos en febrero. También estamos a la espera de lo que suceda en la Legislatura", recalcó Sosa.
Es clave mencionar que el Gobierno de Mendoza firmó, el 7 de febrero, la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge. La autorización del gobernador Celso Jaque llegó después de que se aplicara una nómina de condicionamientos al proyecto que busca extraer cobre en Uspallata y que están relacionados con el cuidado del recurso hídrico.
Marcha en el Carrusel
La minería se ha instalado como un tópico social y distintas manifestaciones se hacen escuchar con intensidad. La próxima será antes del Carrusel de la Vendimia. También llegará a la provincia, para manifestarse sobre este tema, el cineasta y legislador nacional Fernando Solanas.
Según explicó Jennifer Ibarra, de la Fundación Cullunche, la idea es marchar en el mismo sentido del tradicional Carrusel y antes de que se inicie. "No va a ser una contramarcha como el año pasado. La idea es salir antes para comunicar a la gente y entregar información", señaló la veterinaria, que lidera una de las ONG que participará de esta convocatoria.
Esta movilización está coordinada por la Asociación Mendocina por el Agua Pura y por la Coordinadora por los Recursos Naturales y Bienes Comunes. También adhieren los sindicatos, todas las organizaciones ambientalistas y los viñateros.
Estudio actualizado frente al cambo climático
Estudio actualizado sobre la situación del país frente al cambo climático
Fecha de Publicación: 02/03/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
Nuestro país, a través de la Dirección de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente de la Nación, realizará un estudio actualizado sobre las emisiones de gases de efecto invernadero; impactos y escenario climático futuro que incluirá medidas de mitigación y adaptación a este fenómeno. Se trata de la Tercera Comunicación Nacional, una iniciativa que la Argentina lleva adelante desde 1997 y que contará con la donación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM).
Esta Tercera Comunicación Nacional “permitirá al gobierno argentino comunicar a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) el estado de situación del país respecto del cambio climático”, lo que se hará teniendo como objetivo central “el desarrollo de estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático integradas a los planes de desarrollo sectoriales y elaboradas a partir de la participación y el consenso de todos los actores de la vida social, económica y productiva del país”, explicó el Director de Cambio Climático, Dr. Nazareno Castillo.
A su vez, “buscará la integración de las políticas de cambio climático con aquellas estrategias y programas de acción que actualmente se están llevando a cabo en distintos organismos del Estado. Y servirá de base para el proceso de elaboración de la Estrategia Nacional sobre Cambio Climático, la cual ya se ha comenzado a diseñar”, adelantó el funcionario.
El estudio se financiará a través de una donación del FMAM de 2,4 millones de dólares y se realizará con la colaboración del Banco Mundial como agencia de implementación. En tal sentido, se espera que el resultado de la TCN sea “una herramienta clave que permita incorporar las cuestiones del cambio climático a la hora de diseñar e implementar políticas públicas”, argumentó Castillo.
En esa línea, el gerente del proyecto por parte del BM, Marcelo Acerbi, destacó el valor de dicho documento y aseguró que el proyecto aprobado “va a proveer nuevas herramientas para facilitar la toma de decisiones informadas sobre temas ambientales”.
Los áreas de trabajo que serán abordadas por el proyecto incluyen: 1) inventario de gases de efecto invernadero y desarrollo de herramientas para manejo de datos, 2) modelos climáticos, 3) escenarios socio-económicos, 4) evaluación de impactos y vulnerabilidad, 5) acciones para la adaptación, 6) acciones para la mitigación, 7) políticas y medidas de mitigación y adaptación, 8) fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades, 9) publicación y difusión de resultados.
Objetivos de la Tercera Comunicación Nacional
Entre sus objetivos principales, la TCN apunta a lograr un fortalecimiento del potencial nacional para la mitigación del cambio climático, que contempla la actualización del inventario nacional de gases para cada sector emisor, el diseño de herramientas y procedimientos para mejorar la recolección y el manejo de datos, y la evaluación y diseño de medidas y políticas en mitigación. Además, busca alcanzar un fortalecimiento de la agenda nacional de Adaptación, donde se evalúen los impactos del cambio climático y se estudien sectores y áreas más vulnerables en Argentina.
Finalmente, se espera revitalizar las capacidades de las instituciones a nivel nacional, provincial y municipal y difundir los resultados de modo de incrementar la conciencia pública.
Antecedentes
Al ratificar la Argentina la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), a través de la ley 24.295 en el año 1994, nuestro país asumió una serie de obligaciones, entre las que figura informar sus inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, programas nacionales que contengan medidas para mitigar y facilitar la adecuada adaptación al cambio climático, como así también cualquier otra información relevante para el logro del objetivo de la CMNUCC.
La información incluida en las comunicaciones nacionales consiste en: un inventario nacional de las emisiones de gases de efecto invernadero; una descripción general de las medidas que se haya adoptado o se prevea adoptar para implementar la Convención; y cualquier otra información que se considere adecuada para el logro del objetivo de la Convención.
La Primera Comunicación Nacional fue presentada en julio de 1997 con una posterior revisión en el año 1999. A fines del 2006, se terminó de elaborar la Segunda Comunicación Nacional.
Fecha de Publicación: 02/03/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
Nuestro país, a través de la Dirección de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente de la Nación, realizará un estudio actualizado sobre las emisiones de gases de efecto invernadero; impactos y escenario climático futuro que incluirá medidas de mitigación y adaptación a este fenómeno. Se trata de la Tercera Comunicación Nacional, una iniciativa que la Argentina lleva adelante desde 1997 y que contará con la donación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM).
Esta Tercera Comunicación Nacional “permitirá al gobierno argentino comunicar a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) el estado de situación del país respecto del cambio climático”, lo que se hará teniendo como objetivo central “el desarrollo de estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático integradas a los planes de desarrollo sectoriales y elaboradas a partir de la participación y el consenso de todos los actores de la vida social, económica y productiva del país”, explicó el Director de Cambio Climático, Dr. Nazareno Castillo.
A su vez, “buscará la integración de las políticas de cambio climático con aquellas estrategias y programas de acción que actualmente se están llevando a cabo en distintos organismos del Estado. Y servirá de base para el proceso de elaboración de la Estrategia Nacional sobre Cambio Climático, la cual ya se ha comenzado a diseñar”, adelantó el funcionario.
El estudio se financiará a través de una donación del FMAM de 2,4 millones de dólares y se realizará con la colaboración del Banco Mundial como agencia de implementación. En tal sentido, se espera que el resultado de la TCN sea “una herramienta clave que permita incorporar las cuestiones del cambio climático a la hora de diseñar e implementar políticas públicas”, argumentó Castillo.
En esa línea, el gerente del proyecto por parte del BM, Marcelo Acerbi, destacó el valor de dicho documento y aseguró que el proyecto aprobado “va a proveer nuevas herramientas para facilitar la toma de decisiones informadas sobre temas ambientales”.
Los áreas de trabajo que serán abordadas por el proyecto incluyen: 1) inventario de gases de efecto invernadero y desarrollo de herramientas para manejo de datos, 2) modelos climáticos, 3) escenarios socio-económicos, 4) evaluación de impactos y vulnerabilidad, 5) acciones para la adaptación, 6) acciones para la mitigación, 7) políticas y medidas de mitigación y adaptación, 8) fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades, 9) publicación y difusión de resultados.
Objetivos de la Tercera Comunicación Nacional
Entre sus objetivos principales, la TCN apunta a lograr un fortalecimiento del potencial nacional para la mitigación del cambio climático, que contempla la actualización del inventario nacional de gases para cada sector emisor, el diseño de herramientas y procedimientos para mejorar la recolección y el manejo de datos, y la evaluación y diseño de medidas y políticas en mitigación. Además, busca alcanzar un fortalecimiento de la agenda nacional de Adaptación, donde se evalúen los impactos del cambio climático y se estudien sectores y áreas más vulnerables en Argentina.
Finalmente, se espera revitalizar las capacidades de las instituciones a nivel nacional, provincial y municipal y difundir los resultados de modo de incrementar la conciencia pública.
Antecedentes
Al ratificar la Argentina la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), a través de la ley 24.295 en el año 1994, nuestro país asumió una serie de obligaciones, entre las que figura informar sus inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, programas nacionales que contengan medidas para mitigar y facilitar la adecuada adaptación al cambio climático, como así también cualquier otra información relevante para el logro del objetivo de la CMNUCC.
La información incluida en las comunicaciones nacionales consiste en: un inventario nacional de las emisiones de gases de efecto invernadero; una descripción general de las medidas que se haya adoptado o se prevea adoptar para implementar la Convención; y cualquier otra información que se considere adecuada para el logro del objetivo de la Convención.
La Primera Comunicación Nacional fue presentada en julio de 1997 con una posterior revisión en el año 1999. A fines del 2006, se terminó de elaborar la Segunda Comunicación Nacional.
Limitarán la venta de tierra a extranjeros
El Gobierno limitará la venta de tierra a extranjeros
Fecha de Publicación: 02/03/2011
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
En la Cámara de Diputados existen nueve proyectos sobre esta materia. La Presidenta confirmó un adelanto realizado por el ministro de Agricultura de la Nación.
El Gobierno nacional elaborará un proyecto de ley destinado a “detener la venta indiscriminada a inversores extranjeros” de tierras argentinas.
Así lo informó la presidenta Cristina Fernández , confirmando un anticipo del ministro de Agricultura, Julián Domínguez. El Gobierno se hizo eco de diversas propuestas surgidas luego de que el tema adquiriera trascendencia debido al auge de los productos primarios en el mercado internacional.
En Córdoba, la Federación Agraria advirtió sobre el desplazamiento de cultivos tradicionales y de los tambos, por el avance de los cultivos intensivos a manos de capitales externos.
El año pasado ingresaron dos proyectos en el Congreso -que se sumaron a otros anteriores- y tuvieron moción de preferencia para ser discutidos, pero no llegaron a tratarse en el recinto.
Domínguez ya se había pronunciado el año anterior en este sentido y en la Cámara baja se había puesto en marcha el debate en la Comisión de Legislación General, pero no se logró sacar dictamen unificado sobre nueve proyectos de ley que se encuentran con estado parlamentario.
Anteriormente, un proyecto de Elisa Carrió (CC) y otro de Pablo Orsolini (UCR) tuvieron moción de preferencia para ser tratados en el recinto con o sin dictamen de comisión -lo que generó polémica- pero nunca fueron discutidos.
Según Parlamentario.com, el desacuerdo entre el oficialismo y la oposición se produjo porque Carrió había propuesto que se trate la pñropuesta con o sin dictamen de comisión.
Con respecto a este tema, el diputado y ex vicepresidente de Federación Agraria, Ulises Forte (UCR), reconoció que el propio Domínguez, había pedido una norma para controlar las operaciones inmobiliarias en el sector rural, que muchas veces involucran recursos fundamentales como el agua.
Ante esta problemática, el Gobierno prometió impulsar un proyecto de ley sobre que reúna las propuestas sobre el tema.
Iniciativas
En la Cámara de Diputados existen varias iniciativas sobre la materia, entre ellos:
- El de restricciones y limites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales. De Elisa Carrió.
- Restricciones y limites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales por parte de personas físicas y/ o jurídicas extranjeras; creación del registro nacional de productores agropecuarios y propietarios de inmuebles rurales de extranjeros y nativos. Rodolfo Fernández (UCR- Corrientes).
- Límites al acto de compra de tierras por personas extranjeras. Régimen. Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro).
-Restricciones a la adquisición de derechos por extranjeros. Modificación del decreto Ley 15385/44 modificado por Ley 23554 (zonas de seguridad). Verónica Benas (Proyecto Sur-Santa Fe), Nélida Belous (ARI) y Mónica Fein (PS-Santa Fe).
- Régimen de restricciones a la adquisición de bienes inmuebles por parte de extranjeros. Ricardo Cucovillo (PS-Buenos Aires).
- Restricciones y limites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales. Pablo Orsolini (UCR-Chaco).
- Derechos reales sobre tierras rurales; régimen de restricciones y limitaciones cuando se constituyan o transmitan a favor de personas extranjeras no residentes. Diana Conti (FPV-Buenos Aires).
- Régimen de prohibición y/o limitación a la cesión, transferencia y/o adquisición de inmuebles rurales con el objeto de frenar el “fenómeno de extranjerización de las tierras” y asegurar la justicia social, la equidad en la distribución de la riqueza.Rosa Chiquichano (FPV-Chubut).
Fecha de Publicación: 02/03/2011
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
En la Cámara de Diputados existen nueve proyectos sobre esta materia. La Presidenta confirmó un adelanto realizado por el ministro de Agricultura de la Nación.
El Gobierno nacional elaborará un proyecto de ley destinado a “detener la venta indiscriminada a inversores extranjeros” de tierras argentinas.
Así lo informó la presidenta Cristina Fernández , confirmando un anticipo del ministro de Agricultura, Julián Domínguez. El Gobierno se hizo eco de diversas propuestas surgidas luego de que el tema adquiriera trascendencia debido al auge de los productos primarios en el mercado internacional.
En Córdoba, la Federación Agraria advirtió sobre el desplazamiento de cultivos tradicionales y de los tambos, por el avance de los cultivos intensivos a manos de capitales externos.
El año pasado ingresaron dos proyectos en el Congreso -que se sumaron a otros anteriores- y tuvieron moción de preferencia para ser discutidos, pero no llegaron a tratarse en el recinto.
Domínguez ya se había pronunciado el año anterior en este sentido y en la Cámara baja se había puesto en marcha el debate en la Comisión de Legislación General, pero no se logró sacar dictamen unificado sobre nueve proyectos de ley que se encuentran con estado parlamentario.
Anteriormente, un proyecto de Elisa Carrió (CC) y otro de Pablo Orsolini (UCR) tuvieron moción de preferencia para ser tratados en el recinto con o sin dictamen de comisión -lo que generó polémica- pero nunca fueron discutidos.
Según Parlamentario.com, el desacuerdo entre el oficialismo y la oposición se produjo porque Carrió había propuesto que se trate la pñropuesta con o sin dictamen de comisión.
Con respecto a este tema, el diputado y ex vicepresidente de Federación Agraria, Ulises Forte (UCR), reconoció que el propio Domínguez, había pedido una norma para controlar las operaciones inmobiliarias en el sector rural, que muchas veces involucran recursos fundamentales como el agua.
Ante esta problemática, el Gobierno prometió impulsar un proyecto de ley sobre que reúna las propuestas sobre el tema.
Iniciativas
En la Cámara de Diputados existen varias iniciativas sobre la materia, entre ellos:
- El de restricciones y limites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales. De Elisa Carrió.
- Restricciones y limites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales por parte de personas físicas y/ o jurídicas extranjeras; creación del registro nacional de productores agropecuarios y propietarios de inmuebles rurales de extranjeros y nativos. Rodolfo Fernández (UCR- Corrientes).
- Límites al acto de compra de tierras por personas extranjeras. Régimen. Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro).
-Restricciones a la adquisición de derechos por extranjeros. Modificación del decreto Ley 15385/44 modificado por Ley 23554 (zonas de seguridad). Verónica Benas (Proyecto Sur-Santa Fe), Nélida Belous (ARI) y Mónica Fein (PS-Santa Fe).
- Régimen de restricciones a la adquisición de bienes inmuebles por parte de extranjeros. Ricardo Cucovillo (PS-Buenos Aires).
- Restricciones y limites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales. Pablo Orsolini (UCR-Chaco).
- Derechos reales sobre tierras rurales; régimen de restricciones y limitaciones cuando se constituyan o transmitan a favor de personas extranjeras no residentes. Diana Conti (FPV-Buenos Aires).
- Régimen de prohibición y/o limitación a la cesión, transferencia y/o adquisición de inmuebles rurales con el objeto de frenar el “fenómeno de extranjerización de las tierras” y asegurar la justicia social, la equidad en la distribución de la riqueza.Rosa Chiquichano (FPV-Chubut).
Avance para la Ley de Glaciares
Avance para la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 01/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno dio un paso hacia la reglamentación de la Ley de Glaciares al firmar ayer la presidenta Cristina Fernández un decreto que aprueba el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglaciar. Fuentes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable explicaron anoche que para que la ley entre plenamente en vigencia “cada provincia deberá ratificarla”. La cartera ambiental, además, firmó con el Conicet un convenio marco de trabajo conjunto y otro en el que se explicita el cronograma del inventario sobre áreas glaciares y periglaciares que exige la ley. La norma fue sancionada el 30 de septiembre por el Senado y promulgada un mes después por la Presidenta. Su reglamentación era reclamada por organizaciones ambientalistas y legisladores de la oposición.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el secretario de Ambiente, Juan José Mussi. Fernández explicó que la “tarea específica del inventario de los presupuestos mínimos de glaciares y periglaciares lo va a llevar a cabo el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales”, tal como fija la norma.
El senador nacional Daniel Filmus, impulsor de la Ley de Glaciares, consideró que el Gobierno dio “un paso importantísimo para proteger las reservas de agua dulce” del país y opinó que la realización del inventario de glaciares “es el núcleo central de la ley” porque “permitirá conocer en detalle cuáles son las reservas de agua que hay que proteger”.
Por su parte, la organización ambientalista Greenpeace expresó que, “además de la realización del inventario, la ley establece que antes de abril se deben hacer las auditorías en los actuales proyectos mineros que podrían estar afectando glaciares”.
El cronograma anunciado ayer, explicó el jefe de Gabinete, permitirá tener, en un año, “algunas definiciones estratégicas respecto del análisis que se empiece a hacer, y a los cinco años ya contar con alguna definición específica de lo que es el Inventario de Glaciares y Periglaciares”.
Fernández admitió que “cada provincia, según la Constitución Nacional, tiene potestad sobre sus recursos naturales”, por lo que la aplicación efectiva de la norma puede dilatarse por un tiempo indefinido, tal como ocurre en la actualidad a partir de presentaciones judiciales realizadas por empresas mineras y gobiernos locales contra la ley.
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Ahora las provincias deben ratificar la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 01/03/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Si no lo hacen,la ley no tendrá vigencia en el país / Se comenzaráa hacer un inventario/ Ayer,la Presidenta firmó el decreto de presupuestos.
Buenos Aires. El Gobierno dio un paso hacia la reglamentación de la Ley de Glaciares al firmar ayer la presidenta Cristina Fernández un decreto que aprueba el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglaciar.
Si bien se anunció oficialmente que la norma había sido reglamentada, una situación reclamada por ambientalistas y dirigentes de la oposición, fuentes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable explicaron que “cada provincia deberá ratificar a su vez la ley para su entrada en vigencia”.
La cartera ambiental, en tanto, firmó con el Conicet un convenio marco de trabajo conjunto y otro en el que se explicita el cronograma del inventario sobre áreas glaciares y periglaciares que exige la ley, sancionada el 30 de septiembre por el Senado y promulgada un mes después por la Presidenta.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el secretario de Ambiente, Juan José Mussi, en una conferencia de prensa que ofrecieron ayer en la Casa Rosada.
Fernández explicó que la “tarea específica del inventario de los presupuestos mínimos de glaciares y periglaciares lo va a llevar a cabo el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla)”, tal como fija la norma. El cronograma, expresó el funcionario, permitirá “tener al año algunas definiciones estratégicas respecto del análisis que se empiece a hacer, y a los cincos años ya contar con alguna definición específica de lo que es el Inventario de Glaciares y Peri-Glaciares”.
El jefe de Gabinete explicó que “cada provincia, según el artículo 124 de la Constitución Nacional, tiene potestad sobre sus recursos naturales”, por lo que la aplicación efectiva de la norma puede dilatarse por un tiempo indefinido, tal como ocurre en la actualidad a partir de sendas presentaciones judiciales realizadas por empresas mineras y gobiernos locales contra la ley.
Fernández hizo alusión al trabajo conjunto que la Nación y las provincias deberán hacer en apoyo de los estudios que realizará el Ianigla, cuya sede está en Mendoza.
Por su parte, el funcionario aseguró que “no están vencidos los plazos para comenzar el inventario, según dictamina la ley” y sostuvo que el texto de la misma “ per se posee tanta casuística que no requiere de una reglamentación específica para su aplicación”, tal como reclaman agrupaciones ambientalistas y dirigentes políticos opositores al gobierno nacional.
Convenio para el Inventario de glaciares
Se firmó el Convenio para la realización del Inventario de glaciares en nuestro país
Fecha de Publicación: 28/02/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
Encabezada por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, junto con el Jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, y el secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, se llevó a cabo esta mañana en la residencia de Olivos, la firma del Convenio Marco de Coordinación y Cooperación para la colaboración e intercambio recíproco destinado a las tareas de investigación y promoción del desarrollo sustentable.
Junto a él, se rubricó un Acta Complementaria por la que se designa al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) para realizar un Inventario de glaciares en nuestro país.
Fecha de Publicación: 28/02/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
Encabezada por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, junto con el Jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, y el secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, se llevó a cabo esta mañana en la residencia de Olivos, la firma del Convenio Marco de Coordinación y Cooperación para la colaboración e intercambio recíproco destinado a las tareas de investigación y promoción del desarrollo sustentable.
Junto a él, se rubricó un Acta Complementaria por la que se designa al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) para realizar un Inventario de glaciares en nuestro país.
La AFIP revuelve en la basura
La AFIP revuelve en la basura
Fecha de Publicación: 28/02/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó ayer que las empresas de recaudación de residuos incrementaron un 17,3 por ciento su facturación durante 2009, pero el impuesto a las Ganancias aumentó “sólo” un 11,2 por ciento. “Como observamos en otros sectores, las grandes empresas aumentaron sus gastos financieros descontados para reducir su cumplimiento en el pago del impuesto a las Ganancias”, explicó el titular del organismo tributario, Ricardo Echegaray, a través de un comunicado. El informe señala además que el 30 por ciento de las compañías del rubro que facturaron más de 100 millones de pesos no tributaron Ganancias durante el 2009.
El estudio incluye los servicios de recolección y eliminación de desperdicios, depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas y saneamiento público. El 49,1 por ciento de las firmas son microempresas, el 25 son pequeñas, el 17,6 medianas y el 8,3 por ciento grandes. Estas últimas venden el 83 por ciento del total del sector e ingresan el 84,3 por ciento del impuesto determinado, mientras que las microempresas efectúan ventas por el 0,4 por ciento del total.
El informe de la AFIP analiza el comportamiento de las ventas y del impuesto a las Ganancias durante el período 2005-2009 y verificó el crecimiento continuo de ambos conceptos, pero en 2009, a diferencia de los dos anteriores, Ganancias subió menos que las ventas. En 2007 la facturación había crecido de 1704 a 2098 millones de pesos (23,1 por ciento) y el pago de Ganancias de 35 a 50 millones (42,8). Al año siguiente, la facturación llegó a 3093 millones (47,4 por ciento más) y se pagaron 98 millones por Ganancias (96 por ciento más).
En 2009, en cambio, esa relación se invirtió por el incremento de los gastos financieros. Esa es una práctica recurrente de las empresas que la AFIP viene detectando en distintos sectores y que comenzó a investigar para confirmar que no sea una maniobra contable destinada específicamente a eludir el pago del impuesto a las Ganancias.
En cuanto al empleo, el informe señala que en 2010 la cantidad de empleados del sector pasó de 26.499 a 27.470, un 3,7 por ciento más.
Fecha de Publicación: 28/02/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó ayer que las empresas de recaudación de residuos incrementaron un 17,3 por ciento su facturación durante 2009, pero el impuesto a las Ganancias aumentó “sólo” un 11,2 por ciento. “Como observamos en otros sectores, las grandes empresas aumentaron sus gastos financieros descontados para reducir su cumplimiento en el pago del impuesto a las Ganancias”, explicó el titular del organismo tributario, Ricardo Echegaray, a través de un comunicado. El informe señala además que el 30 por ciento de las compañías del rubro que facturaron más de 100 millones de pesos no tributaron Ganancias durante el 2009.
El estudio incluye los servicios de recolección y eliminación de desperdicios, depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas y saneamiento público. El 49,1 por ciento de las firmas son microempresas, el 25 son pequeñas, el 17,6 medianas y el 8,3 por ciento grandes. Estas últimas venden el 83 por ciento del total del sector e ingresan el 84,3 por ciento del impuesto determinado, mientras que las microempresas efectúan ventas por el 0,4 por ciento del total.
El informe de la AFIP analiza el comportamiento de las ventas y del impuesto a las Ganancias durante el período 2005-2009 y verificó el crecimiento continuo de ambos conceptos, pero en 2009, a diferencia de los dos anteriores, Ganancias subió menos que las ventas. En 2007 la facturación había crecido de 1704 a 2098 millones de pesos (23,1 por ciento) y el pago de Ganancias de 35 a 50 millones (42,8). Al año siguiente, la facturación llegó a 3093 millones (47,4 por ciento más) y se pagaron 98 millones por Ganancias (96 por ciento más).
En 2009, en cambio, esa relación se invirtió por el incremento de los gastos financieros. Esa es una práctica recurrente de las empresas que la AFIP viene detectando en distintos sectores y que comenzó a investigar para confirmar que no sea una maniobra contable destinada específicamente a eludir el pago del impuesto a las Ganancias.
En cuanto al empleo, el informe señala que en 2010 la cantidad de empleados del sector pasó de 26.499 a 27.470, un 3,7 por ciento más.
Advierten sobre las consecuencias del desmonte
Comunidades indígenas advierten sobre las consecuencias del desmonte
Fecha de Publicación: 28/02/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La advertencia de comunidades wichi, líderadas por Octorina Zamora, sobre el "peligro inminente" de alud en Embarcación, en el noreste salteño, derivó en la suspensión "indeterminada" de aprovechamientos forestales, mientras el gobierno provincial, según fuentes oficiales, estudia otra respuesta al problema ambiental.
Zamora, es una reconocida dirigente wichi en Salta, que encabezó las protestas junto con el Movimiento Chico Mendes y agrupaciones de base y que, entre otras acciones, organizaron una marcha de cien mujeres desde Embarcación a la capital provincial a mediados de diciembre pasado con las consignas: "Paren el Alud, paren los desmontes".
"Pedimos que se hagan estudios de impacto ambiental porque pese a la ley de bosques, la extracción de madera siguió, los cerros quedaron desnudos y la tierra -suelta- se va con el agua. Esta es la época de lluvias y tenemos mucho miedo de otro alud", declaró Octorina.
Al problema ambiental, Zamora sumó la vulnerabilidad de las comunidades indígenas que ocupan la periferia de Embarcación, una ciudad de 28 mil habitantes, emplazada entre los ríos Bermejo y Seco, en una zona de transición entre las yungas y el chaco semiárido.
"Las 17 comunidades que estamos en Embarcación somos víctimas del despojo constante. Cuando recurrimos a las yungas porque es nuestro territorio de ocupación ancestral nos enteramos que están en manos privadas. Resulta que hay franceses, españoles, ¿y nosotros, cuándo?, ¿por qué siguen vendiendo tierras, que son de las comunidades originarias, con indios adentro?", se preguntó Octorina.
La medida del gobierno salteño, de poner fin a la tala en la zona fue adoptada tras realizar inspecciones propias a fines de diciembre último pero como consecuencia de la movilización de los pobladores, que incluyó la toma de la oficina gubernamental, y que según explicó durante un diálogo con Télam el secretario de Política Ambiental, Sebastián Varela, "es en resguardo de la población y la infraestructura de la zona".
El abogado indicó que "constatamos la existencia de una situación de riesgo, por las condiciones geológicas, antrópicas y climáticas descriptas en el informe que realizaron nuestros técnicos", y definió como "complejos, interrelacionados y de gran magnitud" a los problemas ambientales en la ciudad del noreste salteño.
Agregó que desde la oficina ambiental se puso en conocimiento del gobierno salteño de la delicada situación por lo que, se espera la formación de una comisión a la que se invitaría a Vialidad Nacional para estudiar una respuesta.
Sin embargo, Octorina dice que la emergencia demanda acciones inmediatas: "¿qué esperan? ¿qué tenemos qué hacer? Después de cada desastre hay políticos que quedan más ricos", sostuvo al recordar casos de funcionarios que se quedan con las donaciones para los afectados por los aludes en Tartagal.
Preocupada contó que el río Bermejo "está lleno" y que si hay que hacer infraestructura "gaviones por ejemplo, que comiencen ya", dijo al señalar que la naturaleza está respondiendo a la presión insaciable que hay sobre los recursos y que, con el correr de los años, cambiaron radicalmente sus características.
Tanto Octorina Zamora como Varela mencionaron los caños de hidrocarburos que estaban soterrados y que actualmente aparecen por encima del suelo erosionado, o colgando en quebradas abiertas tras cada tormenta como la muestra más dramática del proceso ambiental que se registra en la zona.
La resolución de la oficina que conduce Francisco López Sastre, de suspender por tiempo indeterminado la tala, también promueve la formación de una comisión interdisciplinaria, constituida por organismos provinciales con competencia e incumbencia en el tema, como así también Vialidad Nacional y el Municipio de Embarcación, "a fin de evaluar las medidas a adoptar".
"Queremos ver los estudios de impacto ambiental que habilitan actividades agrícolas, madereras y petroleras en la zona, y que las obras que se realicen cuenten con participación de las organizaciones sociales e indígenas que denunciamos", contestó Octorina, quien junto con los casi treinta mil embarcacionenses está pendiente de las lluvias y la creciente de los ríos Bermejo y el Seco, el mismo que en 2006 se llevó un puente y aisló durante meses a Tartagal.
Fecha de Publicación: 28/02/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La advertencia de comunidades wichi, líderadas por Octorina Zamora, sobre el "peligro inminente" de alud en Embarcación, en el noreste salteño, derivó en la suspensión "indeterminada" de aprovechamientos forestales, mientras el gobierno provincial, según fuentes oficiales, estudia otra respuesta al problema ambiental.
Zamora, es una reconocida dirigente wichi en Salta, que encabezó las protestas junto con el Movimiento Chico Mendes y agrupaciones de base y que, entre otras acciones, organizaron una marcha de cien mujeres desde Embarcación a la capital provincial a mediados de diciembre pasado con las consignas: "Paren el Alud, paren los desmontes".
"Pedimos que se hagan estudios de impacto ambiental porque pese a la ley de bosques, la extracción de madera siguió, los cerros quedaron desnudos y la tierra -suelta- se va con el agua. Esta es la época de lluvias y tenemos mucho miedo de otro alud", declaró Octorina.
Al problema ambiental, Zamora sumó la vulnerabilidad de las comunidades indígenas que ocupan la periferia de Embarcación, una ciudad de 28 mil habitantes, emplazada entre los ríos Bermejo y Seco, en una zona de transición entre las yungas y el chaco semiárido.
"Las 17 comunidades que estamos en Embarcación somos víctimas del despojo constante. Cuando recurrimos a las yungas porque es nuestro territorio de ocupación ancestral nos enteramos que están en manos privadas. Resulta que hay franceses, españoles, ¿y nosotros, cuándo?, ¿por qué siguen vendiendo tierras, que son de las comunidades originarias, con indios adentro?", se preguntó Octorina.
La medida del gobierno salteño, de poner fin a la tala en la zona fue adoptada tras realizar inspecciones propias a fines de diciembre último pero como consecuencia de la movilización de los pobladores, que incluyó la toma de la oficina gubernamental, y que según explicó durante un diálogo con Télam el secretario de Política Ambiental, Sebastián Varela, "es en resguardo de la población y la infraestructura de la zona".
El abogado indicó que "constatamos la existencia de una situación de riesgo, por las condiciones geológicas, antrópicas y climáticas descriptas en el informe que realizaron nuestros técnicos", y definió como "complejos, interrelacionados y de gran magnitud" a los problemas ambientales en la ciudad del noreste salteño.
Agregó que desde la oficina ambiental se puso en conocimiento del gobierno salteño de la delicada situación por lo que, se espera la formación de una comisión a la que se invitaría a Vialidad Nacional para estudiar una respuesta.
Sin embargo, Octorina dice que la emergencia demanda acciones inmediatas: "¿qué esperan? ¿qué tenemos qué hacer? Después de cada desastre hay políticos que quedan más ricos", sostuvo al recordar casos de funcionarios que se quedan con las donaciones para los afectados por los aludes en Tartagal.
Preocupada contó que el río Bermejo "está lleno" y que si hay que hacer infraestructura "gaviones por ejemplo, que comiencen ya", dijo al señalar que la naturaleza está respondiendo a la presión insaciable que hay sobre los recursos y que, con el correr de los años, cambiaron radicalmente sus características.
Tanto Octorina Zamora como Varela mencionaron los caños de hidrocarburos que estaban soterrados y que actualmente aparecen por encima del suelo erosionado, o colgando en quebradas abiertas tras cada tormenta como la muestra más dramática del proceso ambiental que se registra en la zona.
La resolución de la oficina que conduce Francisco López Sastre, de suspender por tiempo indeterminado la tala, también promueve la formación de una comisión interdisciplinaria, constituida por organismos provinciales con competencia e incumbencia en el tema, como así también Vialidad Nacional y el Municipio de Embarcación, "a fin de evaluar las medidas a adoptar".
"Queremos ver los estudios de impacto ambiental que habilitan actividades agrícolas, madereras y petroleras en la zona, y que las obras que se realicen cuenten con participación de las organizaciones sociales e indígenas que denunciamos", contestó Octorina, quien junto con los casi treinta mil embarcacionenses está pendiente de las lluvias y la creciente de los ríos Bermejo y el Seco, el mismo que en 2006 se llevó un puente y aisló durante meses a Tartagal.
Zona libre de agrotóxicos en Santa Fe
Zona libre de agrotóxicos en Santa Fe
Fecha de Publicación: 26/02/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santa Fe
La Justicia de Santa Fe prohibió, con fallo firme, fumigar en cercanías de zonas urbanas. El caso marca un precedente para los jueces del resto del país y cuestiona, en base jurídica, el modelo agropecuario. Anuncian nuevas presentaciones judiciales.
Luego de dos años de disputa judicial, donde en primera y segunda instancia los jueces cuestionaron y limitaron el uso de agroquímicos, la Justicia de Santa Fe acaba de dejar firme la prohibición de fumigar en cercanías del barrio Urquiza de la localidad de San Jorge. Es el primer caso de Argentina donde, con fallo firme, la Justicia prohíbe las fumigaciones para proteger la salud. El expediente judicial, que marca jurisprudencia para centenares de denuncias en todo el país, invoca el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio irremediable es necesario que los jueces tomen medidas protectivas), cuestiona al glifosato (pilar del cultivo de soja) y apunta a un modelo agropecuario en base a agroquímicos. Anuncian nuevas presentaciones judiciales para cientos de pueblos afectados por fumigaciones.
A los cinco días de nacer, Ailén tuvo su primera intoxicación con agroquímicos. Y comenzó el calvario: médicos, internaciones, estudios, ahogos permanentes, desmayos, cócteles de medicamentos para poder respirar. Siempre, casualmente, sus malestares eran precedidos por fumigaciones en un campo de soja vecino. El sentimiento más básico, proteger a su hija, llevó a Viviana Peralta –una ama de casa de un barrio humilde de Santa Fe– a pisar por primera vez tribunales. Pidió mediante un amparo que se privilegie la salud de los niños por sobre los negocios agropecuarios. Fue el inicio de la causa.
“Me decían que estaba loca, pero desde que frenamos las fumigaciones nuestros hijos dejaron de enfermarse”, resume Viviana Peralta, remarca que son muchos los vecinos que trabajaron juntos para proteger la salud de los niños y aún no sale del asombro por los llamados de otras provincias y de Europa, donde “el caso San Jorge” (como comienza a conocerse) marca un hito en la lucha contra un modelo rentable, en manos de empresas, pero con costos sanitarios y sociales.
En marzo de 2009, Viviana Peralta –junto a otros vecinos del barrio Urquiza– y el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) presentaron el amparo. El juez Tristán Martínez, del Juzgado Civil, Comercial y Laboral 11, hizo lugar y ordenó la suspensión inmediata de las fumigaciones en adyacencias de la zona urbana de la ciudad. Los productores sojeros, la Municipalidad y el gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción, apelaron la medida.
En diciembre de 2009, ya en segunda instancia, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala 2) de Santa Fe mantuvo la prohibición y dio un paso inédito: ordenó que el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud. De esa manera, por primera vez, se invirtió el cargo de la prueba: era una regla que los vecinos y campesinos intoxicados tenían que demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serían los impulsores del modelo de agronegocios quienes tendrían que demostrar la inocuidad de los químicos.
Los jueces también marcaron jurisprudencia al invocar el principio precautorio, vigente en la Ley General del Ambiente: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. La Cámara de Apelaciones de Santa Fe lo utilizó como una de las bases de su fallo, enumeró siete casos en los que fue implementado y destacó que se justifica su utilización cuando haya “falta de certidumbre científica y amenaza de daño al ambiente o la salud humana”.
La Cámara ordenó al gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción y la cartera de Salud, que elabore informes donde pruebe que los agroquímicos no afectan la salud ni el ambiente. También solicitó la intervención de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Esas investigaciones tendrían como destino el Juzgado de Primera Instancia, para decidir si revertía o reafirmaba la medida.
Fechada el 21 de febrero pasado, pero dada a conocer el jueves, la nueva resolución judicial resume: “Resuelvo disponer con la prohibición impuesta en la causa”. Dos líneas, en lenguaje jurídico, históricas, que establecen la prohibición total de fumigar a menos de 800 metros de viviendas familiares (si el método utilizado es terrestre) y marca el límite de 1500 metros (si la aspersión es con avionetas). La medida es para el barrio Urquiza, a las afueras de San Jorge, ciudad de 25 mil habitantes ubicada a 144 kilómetros de la capital provincial. Es una zona sojera por excelencia.
En diez carillas, el juez Tristán Martínez dictaminó: “Los informes no han dirimido el interrogante de si es conveniente continuar con las fumigaciones o no. De todos modos, tras su evaluación, me permito concluir que todo parece indicar que la deducción comulga más con la segunda alternativa (la prohibición) que con la primera (permitir la fumigación)”. Deja constancia de que el Ministerio de Producción (donde funciona Agricultura) no elaboró ningún informe y lo toma como un indicio de que no pueden probar la inocuidad de las fumigaciones.
Sí cumplió el Ministerio de Salud, que reconoció la disminución de afecciones en paralelo con la prohibición de fumigar. Si bien no confirma la conexión, plantea la hipótesis como “bastante plausible”, factor de peso para que el juez sostenga la medida y dé lugar al principio precautorio.
El juez Martínez marca precedente: “(De los informes científicos) No surge con grado alguno de convicción que sea conveniente continuar con las fumigaciones, sino todo lo contrario”. Explica que luego de “leídos y releídos” los informes del Ministerio de Salud y de la Universidad del Litoral se deja atrás la “duda relevante” mencionada en segunda instancia y se dirige hacia la “certeza” de que es necesario limitar las fumigaciones: “Dado por reproducidos cada uno de los argumentos (...) el resultado no puede ser otro que continuar con la prohibición impuesta, conforme en definitivo. De lo aportado no surgen elementos que avalen otra solución”.
La ONG Cepronat, que acompaña a los vecinos en la acción judicial, integra la “Campaña Paren de Fumigar”, donde participan 70 pueblos de Santa Fe y también está presente en Córdoba, Chaco, Entre Ríos y Buenos Aires. “Luego de tantos años de denuncias, y que nos trataban como locos, la Justicia confirmó que los pueblos fumigados tienen razón. Con este antecedente, vamos a pedir la misma prohibición en los 300 pueblos afectados en la provincia”, anunció el presidente del Cepronat, Carlos Manessi.
Manessi remarcó que “no se trata sólo del glifosato, sino del modelo agropecuario con consecuencias sanitarias y sociales”. Y recuerda que “el uso de agrotóxicos en Argentina está autorizado en base a los ‘estudios’ de las propias empresas, y no con investigaciones independientes. Cuando se comienzan a revisar los estudios serios de científicos no comprados, sobrevienen fallos justos, como el de San Jorge”.
Un fallo con prueba científica
La Justicia de Santa Fe, a lo largo de la causa, revalorizó los testimonios de los afectados, resaltó la importancia de los médicos de pueblos (testigos cotidianos en la atención de intoxicados) y citó trabajos científicos independientes que alertan sobre los efectos del glifosato. La histórica resolución judicial del juez Tristán Martínez también hace hincapié en una recopilación de trabajos científicos y técnicos presentada por la Universidad Nacional del Litoral: “No existen agroquímicos inocuos (...) Se ha comprobado que existe riesgo potencial de transporte de glifosato y su metabolito AMPA a las aguas subterráneas y superficiales (...) La toxicidad de los formulados comerciales con glifosato, Roundup y otros, ha sido documentada con estudios científicos independientes, para distintos organismos que componen la biodiversidad de agua dulce”.
La resolución judicial hace eje en la consecuencia del agroquímico en el agua. “Los efectos tendrían la capacidad de provocar cambios en las estructuras tróficas de las comunidades. Las interacciones a largo plazo en el herbicida glifosato y la microbiota (...) pueden provocar alteraciones en la cadena trófica y procesos biológicos en el suelo. No se puede afirmar que el glifosato sea inocuo para las poblaciones de organismos invertebrados terrestres.”
El juez recuerda que el glifosato ha sido recientemente clasificado como perturbador endocrino (obstaculiza la acción de las hormonas humanas). “La exposición a bajas dosis, menores a las definidas como seguras, podría tener efectos adversos”, alerta la resolución judicial y remarca que “la preocupación sobre los posibles efectos adversos sigue vigente”.
Fecha de Publicación: 26/02/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santa Fe
La Justicia de Santa Fe prohibió, con fallo firme, fumigar en cercanías de zonas urbanas. El caso marca un precedente para los jueces del resto del país y cuestiona, en base jurídica, el modelo agropecuario. Anuncian nuevas presentaciones judiciales.
Luego de dos años de disputa judicial, donde en primera y segunda instancia los jueces cuestionaron y limitaron el uso de agroquímicos, la Justicia de Santa Fe acaba de dejar firme la prohibición de fumigar en cercanías del barrio Urquiza de la localidad de San Jorge. Es el primer caso de Argentina donde, con fallo firme, la Justicia prohíbe las fumigaciones para proteger la salud. El expediente judicial, que marca jurisprudencia para centenares de denuncias en todo el país, invoca el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio irremediable es necesario que los jueces tomen medidas protectivas), cuestiona al glifosato (pilar del cultivo de soja) y apunta a un modelo agropecuario en base a agroquímicos. Anuncian nuevas presentaciones judiciales para cientos de pueblos afectados por fumigaciones.
A los cinco días de nacer, Ailén tuvo su primera intoxicación con agroquímicos. Y comenzó el calvario: médicos, internaciones, estudios, ahogos permanentes, desmayos, cócteles de medicamentos para poder respirar. Siempre, casualmente, sus malestares eran precedidos por fumigaciones en un campo de soja vecino. El sentimiento más básico, proteger a su hija, llevó a Viviana Peralta –una ama de casa de un barrio humilde de Santa Fe– a pisar por primera vez tribunales. Pidió mediante un amparo que se privilegie la salud de los niños por sobre los negocios agropecuarios. Fue el inicio de la causa.
“Me decían que estaba loca, pero desde que frenamos las fumigaciones nuestros hijos dejaron de enfermarse”, resume Viviana Peralta, remarca que son muchos los vecinos que trabajaron juntos para proteger la salud de los niños y aún no sale del asombro por los llamados de otras provincias y de Europa, donde “el caso San Jorge” (como comienza a conocerse) marca un hito en la lucha contra un modelo rentable, en manos de empresas, pero con costos sanitarios y sociales.
En marzo de 2009, Viviana Peralta –junto a otros vecinos del barrio Urquiza– y el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) presentaron el amparo. El juez Tristán Martínez, del Juzgado Civil, Comercial y Laboral 11, hizo lugar y ordenó la suspensión inmediata de las fumigaciones en adyacencias de la zona urbana de la ciudad. Los productores sojeros, la Municipalidad y el gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción, apelaron la medida.
En diciembre de 2009, ya en segunda instancia, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala 2) de Santa Fe mantuvo la prohibición y dio un paso inédito: ordenó que el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud. De esa manera, por primera vez, se invirtió el cargo de la prueba: era una regla que los vecinos y campesinos intoxicados tenían que demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serían los impulsores del modelo de agronegocios quienes tendrían que demostrar la inocuidad de los químicos.
Los jueces también marcaron jurisprudencia al invocar el principio precautorio, vigente en la Ley General del Ambiente: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. La Cámara de Apelaciones de Santa Fe lo utilizó como una de las bases de su fallo, enumeró siete casos en los que fue implementado y destacó que se justifica su utilización cuando haya “falta de certidumbre científica y amenaza de daño al ambiente o la salud humana”.
La Cámara ordenó al gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción y la cartera de Salud, que elabore informes donde pruebe que los agroquímicos no afectan la salud ni el ambiente. También solicitó la intervención de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Esas investigaciones tendrían como destino el Juzgado de Primera Instancia, para decidir si revertía o reafirmaba la medida.
Fechada el 21 de febrero pasado, pero dada a conocer el jueves, la nueva resolución judicial resume: “Resuelvo disponer con la prohibición impuesta en la causa”. Dos líneas, en lenguaje jurídico, históricas, que establecen la prohibición total de fumigar a menos de 800 metros de viviendas familiares (si el método utilizado es terrestre) y marca el límite de 1500 metros (si la aspersión es con avionetas). La medida es para el barrio Urquiza, a las afueras de San Jorge, ciudad de 25 mil habitantes ubicada a 144 kilómetros de la capital provincial. Es una zona sojera por excelencia.
En diez carillas, el juez Tristán Martínez dictaminó: “Los informes no han dirimido el interrogante de si es conveniente continuar con las fumigaciones o no. De todos modos, tras su evaluación, me permito concluir que todo parece indicar que la deducción comulga más con la segunda alternativa (la prohibición) que con la primera (permitir la fumigación)”. Deja constancia de que el Ministerio de Producción (donde funciona Agricultura) no elaboró ningún informe y lo toma como un indicio de que no pueden probar la inocuidad de las fumigaciones.
Sí cumplió el Ministerio de Salud, que reconoció la disminución de afecciones en paralelo con la prohibición de fumigar. Si bien no confirma la conexión, plantea la hipótesis como “bastante plausible”, factor de peso para que el juez sostenga la medida y dé lugar al principio precautorio.
El juez Martínez marca precedente: “(De los informes científicos) No surge con grado alguno de convicción que sea conveniente continuar con las fumigaciones, sino todo lo contrario”. Explica que luego de “leídos y releídos” los informes del Ministerio de Salud y de la Universidad del Litoral se deja atrás la “duda relevante” mencionada en segunda instancia y se dirige hacia la “certeza” de que es necesario limitar las fumigaciones: “Dado por reproducidos cada uno de los argumentos (...) el resultado no puede ser otro que continuar con la prohibición impuesta, conforme en definitivo. De lo aportado no surgen elementos que avalen otra solución”.
La ONG Cepronat, que acompaña a los vecinos en la acción judicial, integra la “Campaña Paren de Fumigar”, donde participan 70 pueblos de Santa Fe y también está presente en Córdoba, Chaco, Entre Ríos y Buenos Aires. “Luego de tantos años de denuncias, y que nos trataban como locos, la Justicia confirmó que los pueblos fumigados tienen razón. Con este antecedente, vamos a pedir la misma prohibición en los 300 pueblos afectados en la provincia”, anunció el presidente del Cepronat, Carlos Manessi.
Manessi remarcó que “no se trata sólo del glifosato, sino del modelo agropecuario con consecuencias sanitarias y sociales”. Y recuerda que “el uso de agrotóxicos en Argentina está autorizado en base a los ‘estudios’ de las propias empresas, y no con investigaciones independientes. Cuando se comienzan a revisar los estudios serios de científicos no comprados, sobrevienen fallos justos, como el de San Jorge”.
Un fallo con prueba científica
La Justicia de Santa Fe, a lo largo de la causa, revalorizó los testimonios de los afectados, resaltó la importancia de los médicos de pueblos (testigos cotidianos en la atención de intoxicados) y citó trabajos científicos independientes que alertan sobre los efectos del glifosato. La histórica resolución judicial del juez Tristán Martínez también hace hincapié en una recopilación de trabajos científicos y técnicos presentada por la Universidad Nacional del Litoral: “No existen agroquímicos inocuos (...) Se ha comprobado que existe riesgo potencial de transporte de glifosato y su metabolito AMPA a las aguas subterráneas y superficiales (...) La toxicidad de los formulados comerciales con glifosato, Roundup y otros, ha sido documentada con estudios científicos independientes, para distintos organismos que componen la biodiversidad de agua dulce”.
La resolución judicial hace eje en la consecuencia del agroquímico en el agua. “Los efectos tendrían la capacidad de provocar cambios en las estructuras tróficas de las comunidades. Las interacciones a largo plazo en el herbicida glifosato y la microbiota (...) pueden provocar alteraciones en la cadena trófica y procesos biológicos en el suelo. No se puede afirmar que el glifosato sea inocuo para las poblaciones de organismos invertebrados terrestres.”
El juez recuerda que el glifosato ha sido recientemente clasificado como perturbador endocrino (obstaculiza la acción de las hormonas humanas). “La exposición a bajas dosis, menores a las definidas como seguras, podría tener efectos adversos”, alerta la resolución judicial y remarca que “la preocupación sobre los posibles efectos adversos sigue vigente”.
Riachuelo: Ordenan reubicar a 2.000 familias
Ordenan reubicar a 2.000 familias que viven al borde del Riachuelo
Fecha de Publicación: 25/02/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
El juez federal de Quilmes que lleva adelante la causa del saneamiento del Riachuelo, Luis Armella, ordenó que 16 asentamientos precarios ubicados en el llamado “camino de sirga” (una traza de 35 metros desde el río sobre las costas de ambas márgenes) sean reubicados en otras zonas con acceso a servicios básicos de vivienda y al resguardo de la contaminación.
La Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) –que preside el secretario de Ambiente y ex intendente de Berazategui, Juan José Mussi– había presentado en los primeros días de febrero un plan de traslado . Sin embargo, el fallo que presentó el juez tres días busca ahora “dar celeridad” y asegurar su cumplimiento.
Para eso presenta un cronograma de relocalización con plazos para trasladar las viviendas, la mayoría ubicadas en Capital Federal, en las villas 21-24 –la más grande de la Ciudad–, la 26, El Pueblito y Magaldi.
Del lado de Provincia, los asentamientos más numerosos son Barrio Villa Jardín, Barrio Puente Alsina (ambos en Lanús) y Barrio Mi Esperanza, en La Matanza.
En total se trasladarían 1.966 familias a partir del mes de abril y se deberá finalizar la reubicación en 2013 .
Si ACUMAR no cumple con los plazos previstos, el juez asegura que impondrá sanciones económicas personales a los funcionarios responsables, así como ocurrió el año pasado con el ex titular del organismo, Homero Bibiloni.
Ahora desde la Justicia buscan, además, que se encare “un fuerte trabajo en materia de concientización social sobre los habitantes de la Cuenca”, según informa el fallo, para evitar conflictos entre quienes no quieran dejar sus viviendas.
El juez también exige que se revea, en un plazo de 10 días, el censo con las familias a reubicar, porque aseguran haber constatado la existencia de viviendas precarias que no figuran en el conteo. Es decir, que ACUMAR deberá presentar antes del 4 de marzo un plan con los detalles sobre su relocalización.
“Es para movilizar todas las viviendas que quedaron dispersas en el Riachuelo, por ejemplo bajo los puentes”, explicó a este diario el juez Luis Armella.
La finalidad es liberar el camino de sirga, como parte de un fallo dictado por la Corte Suprema en 2008 para sanear las aguas de la cuenca, que afectan la salud de las 7 millones de personas que viven en su zona de influencia.
Fecha de Publicación: 25/02/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
El juez federal de Quilmes que lleva adelante la causa del saneamiento del Riachuelo, Luis Armella, ordenó que 16 asentamientos precarios ubicados en el llamado “camino de sirga” (una traza de 35 metros desde el río sobre las costas de ambas márgenes) sean reubicados en otras zonas con acceso a servicios básicos de vivienda y al resguardo de la contaminación.
La Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) –que preside el secretario de Ambiente y ex intendente de Berazategui, Juan José Mussi– había presentado en los primeros días de febrero un plan de traslado . Sin embargo, el fallo que presentó el juez tres días busca ahora “dar celeridad” y asegurar su cumplimiento.
Para eso presenta un cronograma de relocalización con plazos para trasladar las viviendas, la mayoría ubicadas en Capital Federal, en las villas 21-24 –la más grande de la Ciudad–, la 26, El Pueblito y Magaldi.
Del lado de Provincia, los asentamientos más numerosos son Barrio Villa Jardín, Barrio Puente Alsina (ambos en Lanús) y Barrio Mi Esperanza, en La Matanza.
En total se trasladarían 1.966 familias a partir del mes de abril y se deberá finalizar la reubicación en 2013 .
Si ACUMAR no cumple con los plazos previstos, el juez asegura que impondrá sanciones económicas personales a los funcionarios responsables, así como ocurrió el año pasado con el ex titular del organismo, Homero Bibiloni.
Ahora desde la Justicia buscan, además, que se encare “un fuerte trabajo en materia de concientización social sobre los habitantes de la Cuenca”, según informa el fallo, para evitar conflictos entre quienes no quieran dejar sus viviendas.
El juez también exige que se revea, en un plazo de 10 días, el censo con las familias a reubicar, porque aseguran haber constatado la existencia de viviendas precarias que no figuran en el conteo. Es decir, que ACUMAR deberá presentar antes del 4 de marzo un plan con los detalles sobre su relocalización.
“Es para movilizar todas las viviendas que quedaron dispersas en el Riachuelo, por ejemplo bajo los puentes”, explicó a este diario el juez Luis Armella.
La finalidad es liberar el camino de sirga, como parte de un fallo dictado por la Corte Suprema en 2008 para sanear las aguas de la cuenca, que afectan la salud de las 7 millones de personas que viven en su zona de influencia.
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