Piden más controles a petroleras en Neuquén
09:08 | 
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Piden que se extremen los controles para evitar los derrames petroleros
Fecha de Publicación: 04/03/2011
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
La Subsecretaría de Medio Ambiente de Neuquén lleva a cabo inspecciones en los yacimientos de la provincia.
La Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia notificó a las empresas petroleras que operan en la Neuquén que extremen sus controles para evitar derrames hidrocarburíferos.
La política del Estado Provincial es actualizar la Ley 1875 (régimen de sanciones a las empresas) y dar cumplimiento efectivo a la Ley 2600, de aptitud ambiental, y la Ley 2676 de uso obligatorio de locación seca.
"Las empresas tendrán que adoptar programas de controles de sus instalaciones con seguimiento efectivo de cada una de ellas a los efectos de disponer el recambio necesario en sus instalaciones, en el momento en que las pérdidas se hacen repetitivas", señaló el subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Esquivel.
El objetivo es el resguardo y la preservación del medio ambiente y la decisión de corregir el problema de contaminación provocada por las petroleras llega tras observar una repetida situación de pérdidas y derrames durante 2010.
"Solicitamos cambios anticipados de cañerías de conducción y que cada una de las empresas monitoreé las instalaciones, y en caso de pérdidas reiteradas en determinados sectores se provea al recambio anticipado de esas instalaciones", manifestó Esquivel.
Inspecciones
En la actualidad la Subsecretaría inspecciona las zonas más afectadas como son los yacimientos en Centenario, Plaza Huincul - Cutral Co y desde el martes en Rincón de los Sauces, en los yacimientos Lomita, Puesto Hernández y Tapiales.
El Estado desempeña su tarea a partir de la Ley 1875 que establece los marcos normativos para fiscalización y control integral de actividad hidrocarburífera y en todas sus áreas de explotación y funcionamiento de los equipos como los de perforación.
Este control exhaustivo no es sólo coyuntural, sino que surge a partir de un inventario histórico sobre las afectaciones en el medio ambiente desde el comienzo de la actividad de exploración en la segunda década del siglo pasado.
"En el marco de la Ley 2615, de prórroga de concesiones, se establecieron inventarios de espacios ambientales afectados de épocas anteriores hasta el momento de la firma de ese convenio (2009) donde se establecieron cronogramas a los efectos de dar un tiempo prudencial a las empresas para el desarrollo de esas inversiones. De esta manera se fiscaliza y controla esos trabajos", dijo el subsecretario.
En total se inventariaron 500 incidentes que afectaron el ambiente neuquino. "Primero se identifica cuál es el impacto ambiental. Se verifica si hay hidrocarburos en el suelo, se efectúan análisis correspondientes para ver qué elementos están integrados en ese producto y así establecer la metodología y el procedimiento técnico moderno con el criterio científico y tecnología necesaria para efectuar la remediación", concluyó.
Fecha de Publicación: 04/03/2011
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
La Subsecretaría de Medio Ambiente de Neuquén lleva a cabo inspecciones en los yacimientos de la provincia.
La Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia notificó a las empresas petroleras que operan en la Neuquén que extremen sus controles para evitar derrames hidrocarburíferos.
La política del Estado Provincial es actualizar la Ley 1875 (régimen de sanciones a las empresas) y dar cumplimiento efectivo a la Ley 2600, de aptitud ambiental, y la Ley 2676 de uso obligatorio de locación seca.
"Las empresas tendrán que adoptar programas de controles de sus instalaciones con seguimiento efectivo de cada una de ellas a los efectos de disponer el recambio necesario en sus instalaciones, en el momento en que las pérdidas se hacen repetitivas", señaló el subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Esquivel.
El objetivo es el resguardo y la preservación del medio ambiente y la decisión de corregir el problema de contaminación provocada por las petroleras llega tras observar una repetida situación de pérdidas y derrames durante 2010.
"Solicitamos cambios anticipados de cañerías de conducción y que cada una de las empresas monitoreé las instalaciones, y en caso de pérdidas reiteradas en determinados sectores se provea al recambio anticipado de esas instalaciones", manifestó Esquivel.
Inspecciones
En la actualidad la Subsecretaría inspecciona las zonas más afectadas como son los yacimientos en Centenario, Plaza Huincul - Cutral Co y desde el martes en Rincón de los Sauces, en los yacimientos Lomita, Puesto Hernández y Tapiales.
El Estado desempeña su tarea a partir de la Ley 1875 que establece los marcos normativos para fiscalización y control integral de actividad hidrocarburífera y en todas sus áreas de explotación y funcionamiento de los equipos como los de perforación.
Este control exhaustivo no es sólo coyuntural, sino que surge a partir de un inventario histórico sobre las afectaciones en el medio ambiente desde el comienzo de la actividad de exploración en la segunda década del siglo pasado.
"En el marco de la Ley 2615, de prórroga de concesiones, se establecieron inventarios de espacios ambientales afectados de épocas anteriores hasta el momento de la firma de ese convenio (2009) donde se establecieron cronogramas a los efectos de dar un tiempo prudencial a las empresas para el desarrollo de esas inversiones. De esta manera se fiscaliza y controla esos trabajos", dijo el subsecretario.
En total se inventariaron 500 incidentes que afectaron el ambiente neuquino. "Primero se identifica cuál es el impacto ambiental. Se verifica si hay hidrocarburos en el suelo, se efectúan análisis correspondientes para ver qué elementos están integrados en ese producto y así establecer la metodología y el procedimiento técnico moderno con el criterio científico y tecnología necesaria para efectuar la remediación", concluyó.
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Cuando la regulación es urgente y necesaria
Cuando la regulación es urgente y necesaria
Fecha de Publicación: 03/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El proyecto oficial para regular la propiedad de la tierra contempla cuestiones de soberanía, pero también las necesidades de acceso de cientos de miles de familias campesinas. Un conflicto con rasgos comunes en toda la región. Argentina “copiará” el modelo brasileño.
En Argentina hay aproximadamente 17 millones de hectáreas en manos de extranjeros en las zonas donde se concentran los principales recursos naturales, como la Patagonia y los esteros del Iberá. Por otro lado, hay aproximadamente 500.000 familias de campesinos que tienen problemas para acceder a la tierra, según las estimaciones del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Frente a este contexto, la intención del Gobierno es regular la “propiedad de la tierra” en todas sus dimensiones. En el Congreso hay más de diez iniciativas de todos los partidos políticos, incluso una del Frente para la Victoria, presentada por la diputada Diana Conti. También hay proyectos de la Federación Agraria, Proyecto Sur y Nuevo Encuentro. El espíritu de cada una de las iniciativas es defender las zonas de frontera, los recursos naturales, como el agua, y evitar la concentración de la tenencia de la tierra, fenómeno que incide en la vida cotidiana de campesinos y productores.
Según indicó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la inauguración de las sesiones ordinarias, no se “inventará nada nuevo”, sino que se copiará el modelo brasileño. El año pasado, Inácio Lula Da Silva puso límites a la compra de tierras y en 2009 sancionó una ley para proteger la zona del Amazonas, donde se concentra más del 50 por ciento de las propiedades extranjeras de aquel país. Por otro lado, José “Pepe” Mujica también instó a su Parlamento a sancionar una ley en este sentido.
Fernández de Kirchner señaló durante su discurso que la iniciativa oficial tendrá por objeto defender los recursos naturales “para que sigan en órbita y competencia nacional”. En este sentido, el proyecto presentado por la diputada Conti señala que el espíritu de una legislación nacional de estas características “debe evitar la indiscriminada compra de tierras por parte de extranjeros, proceso que puede afectar el interés nacional como consecuencia de la constitución de derechos reales sobre determinadas superficies del territorio del país”.
Cuando se habla de “interés nacional” se está pensando en las zonas fronterizas. Por ejemplo, la iniciativa de la diputada Verónica Benas (SI) establece que no podrá adquirirse “el dominio de los bienes inmuebles urbanos o rurales del Estado nacional, provincial o municipal situado dentro de los límites de Zonas de Seguridad”.
En 2008, la Auditoría General de la Nación publicó una resolución (201/08) donde denunció una serie de irregularidades en operaciones de compraventa de tierras limítrofes patagónicas. Sobre un total de 428 trámites de “previa conformidad” solicitados en la Secretaría de Seguridad Interior, se aprobaron sólo 137, mientras que el resto fueron aprobados por la “vía de la excepción”.
“No es, por ende, la propiedad extranjera lo que está en cuestión, sino la necesidad de normativizar un proceso de concentración de vastas extensiones de tierras, proceso que, de continuar como hasta el presente, comprometería objetivos estratégicos vinculados al desarrollo nacional”, sostuvo Conti en su iniciativa.
Para regular esta situación, las diferentes iniciativas proponen que los extranjeros puedan acceder a una cantidad menor de hectáreas, no como ocurre en la actualidad, donde un mismo grupo económico puede tener casi un millón de hectáreas, como la familia Benetton. El proyecto de Pablo Orsolini y Ulises Forte, ambos de la Federación Agraria y la UCR, indica que las personas físicas o jurídicas de otra nacionalidad sólo podrán tener hasta un cuarto de la superficie de una comuna o región determinada por la autoridad de aplicación.
En cambio, el proyecto de Benas habla de hasta un 10 por ciento de esa superficie, mientras que cada persona extranjera –física o jurídica– no podrá tener más de una unidad económica a su nombre. También se propone la necesidad de crear un registro de los extranjeros que adquieren tierras en el país.
En su discurso, la Presidenta sostuvo que la iniciativa “no debe tener un sesgo antiinversión”. “Dijo sin chauvinismos. Argentina no es sólo una víctima de la extranjerización, también la promueve junto a Brasil. Muchos sojeros argentinos forman pooles de siembra en Bolivia y Paraguay. La dirigencia patronal que hoy reclama un freno a la extranjerización tiene asociados que promueven la concentración en otros países”, señaló a Página/12 la investigadora Silvia Lilian Ferro.
El título del proyecto anunciado por el Gobierno habla de la “regulación de la propiedad de la tierra”. Para Ferro, esta definición implicará que no sólo se trate el tema de la extranjerización, sino también “un nuevo marco para los contratos rurales, junto a un nuevo ordenamiento territorial”.
En cuanto a la posibilidad de establecer nuevos contratos rurales, los lineamientos que se están manejando llevarían los plazos de alquiler a cuatro o cinco años, se restringirían los arriendos por cosecha, se limitaría la capacidad de unidades económicas que pueden alquilarse, sobre todo a los pooles de siembra, y se buscará proteger a los agricultores familiares.
De seguirse el modelo brasileño, que también tiene una política para ayudar a los agricultores familiares –por ejemplo, las escuelas deben comprar los alimentos para sus alumnos de manera directa a los pequeños productores– hay dos datos que resultan relevantes. En el país vecino existe un instituto estatal de colonización –al igual que en Uruguay– que tiene por objeto regular el uso de los recursos naturales. En Argentina existía un Consejo Agrario Nacional, cuyo objetivo era distribuir las tierras fiscales, pero fue abolido por José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura militar.
El otro dato es que en Brasil la tierra es considerada un “bien social” por rango constitucional, eso les otorga a los productores y campesinos un mayor margen de acción legal para luchar por la posesión de la tierra, tema que tampoco está resuelto. Según el Movimiento de los Sin Tierra, todavía hay cuatro millones de familias con dificultades para acceder a este recurso. En cambio, en Argentina los recursos naturales son regulados por cada una de las provincias.
Fecha de Publicación: 03/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El proyecto oficial para regular la propiedad de la tierra contempla cuestiones de soberanía, pero también las necesidades de acceso de cientos de miles de familias campesinas. Un conflicto con rasgos comunes en toda la región. Argentina “copiará” el modelo brasileño.
En Argentina hay aproximadamente 17 millones de hectáreas en manos de extranjeros en las zonas donde se concentran los principales recursos naturales, como la Patagonia y los esteros del Iberá. Por otro lado, hay aproximadamente 500.000 familias de campesinos que tienen problemas para acceder a la tierra, según las estimaciones del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Frente a este contexto, la intención del Gobierno es regular la “propiedad de la tierra” en todas sus dimensiones. En el Congreso hay más de diez iniciativas de todos los partidos políticos, incluso una del Frente para la Victoria, presentada por la diputada Diana Conti. También hay proyectos de la Federación Agraria, Proyecto Sur y Nuevo Encuentro. El espíritu de cada una de las iniciativas es defender las zonas de frontera, los recursos naturales, como el agua, y evitar la concentración de la tenencia de la tierra, fenómeno que incide en la vida cotidiana de campesinos y productores.
Según indicó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la inauguración de las sesiones ordinarias, no se “inventará nada nuevo”, sino que se copiará el modelo brasileño. El año pasado, Inácio Lula Da Silva puso límites a la compra de tierras y en 2009 sancionó una ley para proteger la zona del Amazonas, donde se concentra más del 50 por ciento de las propiedades extranjeras de aquel país. Por otro lado, José “Pepe” Mujica también instó a su Parlamento a sancionar una ley en este sentido.
Fernández de Kirchner señaló durante su discurso que la iniciativa oficial tendrá por objeto defender los recursos naturales “para que sigan en órbita y competencia nacional”. En este sentido, el proyecto presentado por la diputada Conti señala que el espíritu de una legislación nacional de estas características “debe evitar la indiscriminada compra de tierras por parte de extranjeros, proceso que puede afectar el interés nacional como consecuencia de la constitución de derechos reales sobre determinadas superficies del territorio del país”.
Cuando se habla de “interés nacional” se está pensando en las zonas fronterizas. Por ejemplo, la iniciativa de la diputada Verónica Benas (SI) establece que no podrá adquirirse “el dominio de los bienes inmuebles urbanos o rurales del Estado nacional, provincial o municipal situado dentro de los límites de Zonas de Seguridad”.
En 2008, la Auditoría General de la Nación publicó una resolución (201/08) donde denunció una serie de irregularidades en operaciones de compraventa de tierras limítrofes patagónicas. Sobre un total de 428 trámites de “previa conformidad” solicitados en la Secretaría de Seguridad Interior, se aprobaron sólo 137, mientras que el resto fueron aprobados por la “vía de la excepción”.
“No es, por ende, la propiedad extranjera lo que está en cuestión, sino la necesidad de normativizar un proceso de concentración de vastas extensiones de tierras, proceso que, de continuar como hasta el presente, comprometería objetivos estratégicos vinculados al desarrollo nacional”, sostuvo Conti en su iniciativa.
Para regular esta situación, las diferentes iniciativas proponen que los extranjeros puedan acceder a una cantidad menor de hectáreas, no como ocurre en la actualidad, donde un mismo grupo económico puede tener casi un millón de hectáreas, como la familia Benetton. El proyecto de Pablo Orsolini y Ulises Forte, ambos de la Federación Agraria y la UCR, indica que las personas físicas o jurídicas de otra nacionalidad sólo podrán tener hasta un cuarto de la superficie de una comuna o región determinada por la autoridad de aplicación.
En cambio, el proyecto de Benas habla de hasta un 10 por ciento de esa superficie, mientras que cada persona extranjera –física o jurídica– no podrá tener más de una unidad económica a su nombre. También se propone la necesidad de crear un registro de los extranjeros que adquieren tierras en el país.
En su discurso, la Presidenta sostuvo que la iniciativa “no debe tener un sesgo antiinversión”. “Dijo sin chauvinismos. Argentina no es sólo una víctima de la extranjerización, también la promueve junto a Brasil. Muchos sojeros argentinos forman pooles de siembra en Bolivia y Paraguay. La dirigencia patronal que hoy reclama un freno a la extranjerización tiene asociados que promueven la concentración en otros países”, señaló a Página/12 la investigadora Silvia Lilian Ferro.
El título del proyecto anunciado por el Gobierno habla de la “regulación de la propiedad de la tierra”. Para Ferro, esta definición implicará que no sólo se trate el tema de la extranjerización, sino también “un nuevo marco para los contratos rurales, junto a un nuevo ordenamiento territorial”.
En cuanto a la posibilidad de establecer nuevos contratos rurales, los lineamientos que se están manejando llevarían los plazos de alquiler a cuatro o cinco años, se restringirían los arriendos por cosecha, se limitaría la capacidad de unidades económicas que pueden alquilarse, sobre todo a los pooles de siembra, y se buscará proteger a los agricultores familiares.
De seguirse el modelo brasileño, que también tiene una política para ayudar a los agricultores familiares –por ejemplo, las escuelas deben comprar los alimentos para sus alumnos de manera directa a los pequeños productores– hay dos datos que resultan relevantes. En el país vecino existe un instituto estatal de colonización –al igual que en Uruguay– que tiene por objeto regular el uso de los recursos naturales. En Argentina existía un Consejo Agrario Nacional, cuyo objetivo era distribuir las tierras fiscales, pero fue abolido por José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura militar.
El otro dato es que en Brasil la tierra es considerada un “bien social” por rango constitucional, eso les otorga a los productores y campesinos un mayor margen de acción legal para luchar por la posesión de la tierra, tema que tampoco está resuelto. Según el Movimiento de los Sin Tierra, todavía hay cuatro millones de familias con dificultades para acceder a este recurso. En cambio, en Argentina los recursos naturales son regulados por cada una de las provincias.
Rechazan amparo por el proyecto San Jorge
Rechazan acción de amparo por el proyecto San Jorge
Fecha de Publicación: 03/03/2011
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
La solicitud apuntaba a declarar inconstitucional el trabajo de la empresa minera
La Justicia rechazó la acción de amparo que presentó Oikos, la Organización No Gubernamental (ONG) ambientalista mendocina, contra el Gobierno provincial. La solicitud apuntaba a declarar inconstitucional el trabajo de la empresa minera San Jorge en el territorio provincial.
Oikos hizo la presentación el 21 de febrero. El objetivo era que se declarara inconstitucional la Resolución Conjunta N° 19/2011 de las direcciones de Minería y de Protección Ambiental. La ONG se basó en las irregularidades del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que terminó aprobando el proyecto minero de cobre y oro ubicado en Uspallata (Las Heras).
La acción recayó en el Juzgado de Gestión Asociada N° 2, a cargo de la jueza Rosana Alicia Moretti Rodríguez. El martes se publicó el fallo que rechazó la medida cautelar solicitada. Eduardo Sosa, titular de la ONG ambientalista, dijo: "Este fallo era una de las posibilidades".
De todos modos, Sosa manifestó que los dos juicios que Oikos ha presentado por este tema continúan. "Interpretamos, por la decisión que tomó la jueza Moretti Rodríguez, que espera la decisión de la Legislatura", enfatizó el dirigente ambientalista.
Es importante recordar que Oikos presentó, en diciembre de 2010, una denuncia penal contra los directivos de la empresa minera y la consultora que hizo el estudio de impacto ambiental por falsedad ideológica; la denuncia también incluyó a los funcionarios públicos involucrados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esta denuncia recayó en la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Santiago Garay.
"Mientras, se seguirá investigando la presentación que hicimos en febrero. También estamos a la espera de lo que suceda en la Legislatura", recalcó Sosa.
Es clave mencionar que el Gobierno de Mendoza firmó, el 7 de febrero, la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge. La autorización del gobernador Celso Jaque llegó después de que se aplicara una nómina de condicionamientos al proyecto que busca extraer cobre en Uspallata y que están relacionados con el cuidado del recurso hídrico.
Marcha en el Carrusel
La minería se ha instalado como un tópico social y distintas manifestaciones se hacen escuchar con intensidad. La próxima será antes del Carrusel de la Vendimia. También llegará a la provincia, para manifestarse sobre este tema, el cineasta y legislador nacional Fernando Solanas.
Según explicó Jennifer Ibarra, de la Fundación Cullunche, la idea es marchar en el mismo sentido del tradicional Carrusel y antes de que se inicie. "No va a ser una contramarcha como el año pasado. La idea es salir antes para comunicar a la gente y entregar información", señaló la veterinaria, que lidera una de las ONG que participará de esta convocatoria.
Esta movilización está coordinada por la Asociación Mendocina por el Agua Pura y por la Coordinadora por los Recursos Naturales y Bienes Comunes. También adhieren los sindicatos, todas las organizaciones ambientalistas y los viñateros.
Fecha de Publicación: 03/03/2011
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
La solicitud apuntaba a declarar inconstitucional el trabajo de la empresa minera
La Justicia rechazó la acción de amparo que presentó Oikos, la Organización No Gubernamental (ONG) ambientalista mendocina, contra el Gobierno provincial. La solicitud apuntaba a declarar inconstitucional el trabajo de la empresa minera San Jorge en el territorio provincial.
Oikos hizo la presentación el 21 de febrero. El objetivo era que se declarara inconstitucional la Resolución Conjunta N° 19/2011 de las direcciones de Minería y de Protección Ambiental. La ONG se basó en las irregularidades del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que terminó aprobando el proyecto minero de cobre y oro ubicado en Uspallata (Las Heras).
La acción recayó en el Juzgado de Gestión Asociada N° 2, a cargo de la jueza Rosana Alicia Moretti Rodríguez. El martes se publicó el fallo que rechazó la medida cautelar solicitada. Eduardo Sosa, titular de la ONG ambientalista, dijo: "Este fallo era una de las posibilidades".
De todos modos, Sosa manifestó que los dos juicios que Oikos ha presentado por este tema continúan. "Interpretamos, por la decisión que tomó la jueza Moretti Rodríguez, que espera la decisión de la Legislatura", enfatizó el dirigente ambientalista.
Es importante recordar que Oikos presentó, en diciembre de 2010, una denuncia penal contra los directivos de la empresa minera y la consultora que hizo el estudio de impacto ambiental por falsedad ideológica; la denuncia también incluyó a los funcionarios públicos involucrados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esta denuncia recayó en la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Santiago Garay.
"Mientras, se seguirá investigando la presentación que hicimos en febrero. También estamos a la espera de lo que suceda en la Legislatura", recalcó Sosa.
Es clave mencionar que el Gobierno de Mendoza firmó, el 7 de febrero, la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge. La autorización del gobernador Celso Jaque llegó después de que se aplicara una nómina de condicionamientos al proyecto que busca extraer cobre en Uspallata y que están relacionados con el cuidado del recurso hídrico.
Marcha en el Carrusel
La minería se ha instalado como un tópico social y distintas manifestaciones se hacen escuchar con intensidad. La próxima será antes del Carrusel de la Vendimia. También llegará a la provincia, para manifestarse sobre este tema, el cineasta y legislador nacional Fernando Solanas.
Según explicó Jennifer Ibarra, de la Fundación Cullunche, la idea es marchar en el mismo sentido del tradicional Carrusel y antes de que se inicie. "No va a ser una contramarcha como el año pasado. La idea es salir antes para comunicar a la gente y entregar información", señaló la veterinaria, que lidera una de las ONG que participará de esta convocatoria.
Esta movilización está coordinada por la Asociación Mendocina por el Agua Pura y por la Coordinadora por los Recursos Naturales y Bienes Comunes. También adhieren los sindicatos, todas las organizaciones ambientalistas y los viñateros.
Estudio actualizado frente al cambo climático
Estudio actualizado sobre la situación del país frente al cambo climático
Fecha de Publicación: 02/03/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
Nuestro país, a través de la Dirección de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente de la Nación, realizará un estudio actualizado sobre las emisiones de gases de efecto invernadero; impactos y escenario climático futuro que incluirá medidas de mitigación y adaptación a este fenómeno. Se trata de la Tercera Comunicación Nacional, una iniciativa que la Argentina lleva adelante desde 1997 y que contará con la donación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM).
Esta Tercera Comunicación Nacional “permitirá al gobierno argentino comunicar a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) el estado de situación del país respecto del cambio climático”, lo que se hará teniendo como objetivo central “el desarrollo de estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático integradas a los planes de desarrollo sectoriales y elaboradas a partir de la participación y el consenso de todos los actores de la vida social, económica y productiva del país”, explicó el Director de Cambio Climático, Dr. Nazareno Castillo.
A su vez, “buscará la integración de las políticas de cambio climático con aquellas estrategias y programas de acción que actualmente se están llevando a cabo en distintos organismos del Estado. Y servirá de base para el proceso de elaboración de la Estrategia Nacional sobre Cambio Climático, la cual ya se ha comenzado a diseñar”, adelantó el funcionario.
El estudio se financiará a través de una donación del FMAM de 2,4 millones de dólares y se realizará con la colaboración del Banco Mundial como agencia de implementación. En tal sentido, se espera que el resultado de la TCN sea “una herramienta clave que permita incorporar las cuestiones del cambio climático a la hora de diseñar e implementar políticas públicas”, argumentó Castillo.
En esa línea, el gerente del proyecto por parte del BM, Marcelo Acerbi, destacó el valor de dicho documento y aseguró que el proyecto aprobado “va a proveer nuevas herramientas para facilitar la toma de decisiones informadas sobre temas ambientales”.
Los áreas de trabajo que serán abordadas por el proyecto incluyen: 1) inventario de gases de efecto invernadero y desarrollo de herramientas para manejo de datos, 2) modelos climáticos, 3) escenarios socio-económicos, 4) evaluación de impactos y vulnerabilidad, 5) acciones para la adaptación, 6) acciones para la mitigación, 7) políticas y medidas de mitigación y adaptación, 8) fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades, 9) publicación y difusión de resultados.
Objetivos de la Tercera Comunicación Nacional
Entre sus objetivos principales, la TCN apunta a lograr un fortalecimiento del potencial nacional para la mitigación del cambio climático, que contempla la actualización del inventario nacional de gases para cada sector emisor, el diseño de herramientas y procedimientos para mejorar la recolección y el manejo de datos, y la evaluación y diseño de medidas y políticas en mitigación. Además, busca alcanzar un fortalecimiento de la agenda nacional de Adaptación, donde se evalúen los impactos del cambio climático y se estudien sectores y áreas más vulnerables en Argentina.
Finalmente, se espera revitalizar las capacidades de las instituciones a nivel nacional, provincial y municipal y difundir los resultados de modo de incrementar la conciencia pública.
Antecedentes
Al ratificar la Argentina la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), a través de la ley 24.295 en el año 1994, nuestro país asumió una serie de obligaciones, entre las que figura informar sus inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, programas nacionales que contengan medidas para mitigar y facilitar la adecuada adaptación al cambio climático, como así también cualquier otra información relevante para el logro del objetivo de la CMNUCC.
La información incluida en las comunicaciones nacionales consiste en: un inventario nacional de las emisiones de gases de efecto invernadero; una descripción general de las medidas que se haya adoptado o se prevea adoptar para implementar la Convención; y cualquier otra información que se considere adecuada para el logro del objetivo de la Convención.
La Primera Comunicación Nacional fue presentada en julio de 1997 con una posterior revisión en el año 1999. A fines del 2006, se terminó de elaborar la Segunda Comunicación Nacional.
Fecha de Publicación: 02/03/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
Nuestro país, a través de la Dirección de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente de la Nación, realizará un estudio actualizado sobre las emisiones de gases de efecto invernadero; impactos y escenario climático futuro que incluirá medidas de mitigación y adaptación a este fenómeno. Se trata de la Tercera Comunicación Nacional, una iniciativa que la Argentina lleva adelante desde 1997 y que contará con la donación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM).
Esta Tercera Comunicación Nacional “permitirá al gobierno argentino comunicar a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) el estado de situación del país respecto del cambio climático”, lo que se hará teniendo como objetivo central “el desarrollo de estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático integradas a los planes de desarrollo sectoriales y elaboradas a partir de la participación y el consenso de todos los actores de la vida social, económica y productiva del país”, explicó el Director de Cambio Climático, Dr. Nazareno Castillo.
A su vez, “buscará la integración de las políticas de cambio climático con aquellas estrategias y programas de acción que actualmente se están llevando a cabo en distintos organismos del Estado. Y servirá de base para el proceso de elaboración de la Estrategia Nacional sobre Cambio Climático, la cual ya se ha comenzado a diseñar”, adelantó el funcionario.
El estudio se financiará a través de una donación del FMAM de 2,4 millones de dólares y se realizará con la colaboración del Banco Mundial como agencia de implementación. En tal sentido, se espera que el resultado de la TCN sea “una herramienta clave que permita incorporar las cuestiones del cambio climático a la hora de diseñar e implementar políticas públicas”, argumentó Castillo.
En esa línea, el gerente del proyecto por parte del BM, Marcelo Acerbi, destacó el valor de dicho documento y aseguró que el proyecto aprobado “va a proveer nuevas herramientas para facilitar la toma de decisiones informadas sobre temas ambientales”.
Los áreas de trabajo que serán abordadas por el proyecto incluyen: 1) inventario de gases de efecto invernadero y desarrollo de herramientas para manejo de datos, 2) modelos climáticos, 3) escenarios socio-económicos, 4) evaluación de impactos y vulnerabilidad, 5) acciones para la adaptación, 6) acciones para la mitigación, 7) políticas y medidas de mitigación y adaptación, 8) fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades, 9) publicación y difusión de resultados.
Objetivos de la Tercera Comunicación Nacional
Entre sus objetivos principales, la TCN apunta a lograr un fortalecimiento del potencial nacional para la mitigación del cambio climático, que contempla la actualización del inventario nacional de gases para cada sector emisor, el diseño de herramientas y procedimientos para mejorar la recolección y el manejo de datos, y la evaluación y diseño de medidas y políticas en mitigación. Además, busca alcanzar un fortalecimiento de la agenda nacional de Adaptación, donde se evalúen los impactos del cambio climático y se estudien sectores y áreas más vulnerables en Argentina.
Finalmente, se espera revitalizar las capacidades de las instituciones a nivel nacional, provincial y municipal y difundir los resultados de modo de incrementar la conciencia pública.
Antecedentes
Al ratificar la Argentina la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), a través de la ley 24.295 en el año 1994, nuestro país asumió una serie de obligaciones, entre las que figura informar sus inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, programas nacionales que contengan medidas para mitigar y facilitar la adecuada adaptación al cambio climático, como así también cualquier otra información relevante para el logro del objetivo de la CMNUCC.
La información incluida en las comunicaciones nacionales consiste en: un inventario nacional de las emisiones de gases de efecto invernadero; una descripción general de las medidas que se haya adoptado o se prevea adoptar para implementar la Convención; y cualquier otra información que se considere adecuada para el logro del objetivo de la Convención.
La Primera Comunicación Nacional fue presentada en julio de 1997 con una posterior revisión en el año 1999. A fines del 2006, se terminó de elaborar la Segunda Comunicación Nacional.
Limitarán la venta de tierra a extranjeros
El Gobierno limitará la venta de tierra a extranjeros
Fecha de Publicación: 02/03/2011
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
En la Cámara de Diputados existen nueve proyectos sobre esta materia. La Presidenta confirmó un adelanto realizado por el ministro de Agricultura de la Nación.
El Gobierno nacional elaborará un proyecto de ley destinado a “detener la venta indiscriminada a inversores extranjeros” de tierras argentinas.
Así lo informó la presidenta Cristina Fernández , confirmando un anticipo del ministro de Agricultura, Julián Domínguez. El Gobierno se hizo eco de diversas propuestas surgidas luego de que el tema adquiriera trascendencia debido al auge de los productos primarios en el mercado internacional.
En Córdoba, la Federación Agraria advirtió sobre el desplazamiento de cultivos tradicionales y de los tambos, por el avance de los cultivos intensivos a manos de capitales externos.
El año pasado ingresaron dos proyectos en el Congreso -que se sumaron a otros anteriores- y tuvieron moción de preferencia para ser discutidos, pero no llegaron a tratarse en el recinto.
Domínguez ya se había pronunciado el año anterior en este sentido y en la Cámara baja se había puesto en marcha el debate en la Comisión de Legislación General, pero no se logró sacar dictamen unificado sobre nueve proyectos de ley que se encuentran con estado parlamentario.
Anteriormente, un proyecto de Elisa Carrió (CC) y otro de Pablo Orsolini (UCR) tuvieron moción de preferencia para ser tratados en el recinto con o sin dictamen de comisión -lo que generó polémica- pero nunca fueron discutidos.
Según Parlamentario.com, el desacuerdo entre el oficialismo y la oposición se produjo porque Carrió había propuesto que se trate la pñropuesta con o sin dictamen de comisión.
Con respecto a este tema, el diputado y ex vicepresidente de Federación Agraria, Ulises Forte (UCR), reconoció que el propio Domínguez, había pedido una norma para controlar las operaciones inmobiliarias en el sector rural, que muchas veces involucran recursos fundamentales como el agua.
Ante esta problemática, el Gobierno prometió impulsar un proyecto de ley sobre que reúna las propuestas sobre el tema.
Iniciativas
En la Cámara de Diputados existen varias iniciativas sobre la materia, entre ellos:
- El de restricciones y limites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales. De Elisa Carrió.
- Restricciones y limites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales por parte de personas físicas y/ o jurídicas extranjeras; creación del registro nacional de productores agropecuarios y propietarios de inmuebles rurales de extranjeros y nativos. Rodolfo Fernández (UCR- Corrientes).
- Límites al acto de compra de tierras por personas extranjeras. Régimen. Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro).
-Restricciones a la adquisición de derechos por extranjeros. Modificación del decreto Ley 15385/44 modificado por Ley 23554 (zonas de seguridad). Verónica Benas (Proyecto Sur-Santa Fe), Nélida Belous (ARI) y Mónica Fein (PS-Santa Fe).
- Régimen de restricciones a la adquisición de bienes inmuebles por parte de extranjeros. Ricardo Cucovillo (PS-Buenos Aires).
- Restricciones y limites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales. Pablo Orsolini (UCR-Chaco).
- Derechos reales sobre tierras rurales; régimen de restricciones y limitaciones cuando se constituyan o transmitan a favor de personas extranjeras no residentes. Diana Conti (FPV-Buenos Aires).
- Régimen de prohibición y/o limitación a la cesión, transferencia y/o adquisición de inmuebles rurales con el objeto de frenar el “fenómeno de extranjerización de las tierras” y asegurar la justicia social, la equidad en la distribución de la riqueza.Rosa Chiquichano (FPV-Chubut).
Fecha de Publicación: 02/03/2011
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
En la Cámara de Diputados existen nueve proyectos sobre esta materia. La Presidenta confirmó un adelanto realizado por el ministro de Agricultura de la Nación.
El Gobierno nacional elaborará un proyecto de ley destinado a “detener la venta indiscriminada a inversores extranjeros” de tierras argentinas.
Así lo informó la presidenta Cristina Fernández , confirmando un anticipo del ministro de Agricultura, Julián Domínguez. El Gobierno se hizo eco de diversas propuestas surgidas luego de que el tema adquiriera trascendencia debido al auge de los productos primarios en el mercado internacional.
En Córdoba, la Federación Agraria advirtió sobre el desplazamiento de cultivos tradicionales y de los tambos, por el avance de los cultivos intensivos a manos de capitales externos.
El año pasado ingresaron dos proyectos en el Congreso -que se sumaron a otros anteriores- y tuvieron moción de preferencia para ser discutidos, pero no llegaron a tratarse en el recinto.
Domínguez ya se había pronunciado el año anterior en este sentido y en la Cámara baja se había puesto en marcha el debate en la Comisión de Legislación General, pero no se logró sacar dictamen unificado sobre nueve proyectos de ley que se encuentran con estado parlamentario.
Anteriormente, un proyecto de Elisa Carrió (CC) y otro de Pablo Orsolini (UCR) tuvieron moción de preferencia para ser tratados en el recinto con o sin dictamen de comisión -lo que generó polémica- pero nunca fueron discutidos.
Según Parlamentario.com, el desacuerdo entre el oficialismo y la oposición se produjo porque Carrió había propuesto que se trate la pñropuesta con o sin dictamen de comisión.
Con respecto a este tema, el diputado y ex vicepresidente de Federación Agraria, Ulises Forte (UCR), reconoció que el propio Domínguez, había pedido una norma para controlar las operaciones inmobiliarias en el sector rural, que muchas veces involucran recursos fundamentales como el agua.
Ante esta problemática, el Gobierno prometió impulsar un proyecto de ley sobre que reúna las propuestas sobre el tema.
Iniciativas
En la Cámara de Diputados existen varias iniciativas sobre la materia, entre ellos:
- El de restricciones y limites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales. De Elisa Carrió.
- Restricciones y limites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales por parte de personas físicas y/ o jurídicas extranjeras; creación del registro nacional de productores agropecuarios y propietarios de inmuebles rurales de extranjeros y nativos. Rodolfo Fernández (UCR- Corrientes).
- Límites al acto de compra de tierras por personas extranjeras. Régimen. Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro).
-Restricciones a la adquisición de derechos por extranjeros. Modificación del decreto Ley 15385/44 modificado por Ley 23554 (zonas de seguridad). Verónica Benas (Proyecto Sur-Santa Fe), Nélida Belous (ARI) y Mónica Fein (PS-Santa Fe).
- Régimen de restricciones a la adquisición de bienes inmuebles por parte de extranjeros. Ricardo Cucovillo (PS-Buenos Aires).
- Restricciones y limites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales. Pablo Orsolini (UCR-Chaco).
- Derechos reales sobre tierras rurales; régimen de restricciones y limitaciones cuando se constituyan o transmitan a favor de personas extranjeras no residentes. Diana Conti (FPV-Buenos Aires).
- Régimen de prohibición y/o limitación a la cesión, transferencia y/o adquisición de inmuebles rurales con el objeto de frenar el “fenómeno de extranjerización de las tierras” y asegurar la justicia social, la equidad en la distribución de la riqueza.Rosa Chiquichano (FPV-Chubut).
Avance para la Ley de Glaciares
Avance para la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 01/03/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno dio un paso hacia la reglamentación de la Ley de Glaciares al firmar ayer la presidenta Cristina Fernández un decreto que aprueba el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglaciar. Fuentes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable explicaron anoche que para que la ley entre plenamente en vigencia “cada provincia deberá ratificarla”. La cartera ambiental, además, firmó con el Conicet un convenio marco de trabajo conjunto y otro en el que se explicita el cronograma del inventario sobre áreas glaciares y periglaciares que exige la ley. La norma fue sancionada el 30 de septiembre por el Senado y promulgada un mes después por la Presidenta. Su reglamentación era reclamada por organizaciones ambientalistas y legisladores de la oposición.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el secretario de Ambiente, Juan José Mussi. Fernández explicó que la “tarea específica del inventario de los presupuestos mínimos de glaciares y periglaciares lo va a llevar a cabo el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales”, tal como fija la norma.
El senador nacional Daniel Filmus, impulsor de la Ley de Glaciares, consideró que el Gobierno dio “un paso importantísimo para proteger las reservas de agua dulce” del país y opinó que la realización del inventario de glaciares “es el núcleo central de la ley” porque “permitirá conocer en detalle cuáles son las reservas de agua que hay que proteger”.
Por su parte, la organización ambientalista Greenpeace expresó que, “además de la realización del inventario, la ley establece que antes de abril se deben hacer las auditorías en los actuales proyectos mineros que podrían estar afectando glaciares”.
El cronograma anunciado ayer, explicó el jefe de Gabinete, permitirá tener, en un año, “algunas definiciones estratégicas respecto del análisis que se empiece a hacer, y a los cinco años ya contar con alguna definición específica de lo que es el Inventario de Glaciares y Periglaciares”.
Fernández admitió que “cada provincia, según la Constitución Nacional, tiene potestad sobre sus recursos naturales”, por lo que la aplicación efectiva de la norma puede dilatarse por un tiempo indefinido, tal como ocurre en la actualidad a partir de presentaciones judiciales realizadas por empresas mineras y gobiernos locales contra la ley.
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Ahora las provincias deben ratificar la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 01/03/2011
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Si no lo hacen,la ley no tendrá vigencia en el país / Se comenzaráa hacer un inventario/ Ayer,la Presidenta firmó el decreto de presupuestos.
Buenos Aires. El Gobierno dio un paso hacia la reglamentación de la Ley de Glaciares al firmar ayer la presidenta Cristina Fernández un decreto que aprueba el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglaciar.
Si bien se anunció oficialmente que la norma había sido reglamentada, una situación reclamada por ambientalistas y dirigentes de la oposición, fuentes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable explicaron que “cada provincia deberá ratificar a su vez la ley para su entrada en vigencia”.
La cartera ambiental, en tanto, firmó con el Conicet un convenio marco de trabajo conjunto y otro en el que se explicita el cronograma del inventario sobre áreas glaciares y periglaciares que exige la ley, sancionada el 30 de septiembre por el Senado y promulgada un mes después por la Presidenta.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el secretario de Ambiente, Juan José Mussi, en una conferencia de prensa que ofrecieron ayer en la Casa Rosada.
Fernández explicó que la “tarea específica del inventario de los presupuestos mínimos de glaciares y periglaciares lo va a llevar a cabo el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla)”, tal como fija la norma. El cronograma, expresó el funcionario, permitirá “tener al año algunas definiciones estratégicas respecto del análisis que se empiece a hacer, y a los cincos años ya contar con alguna definición específica de lo que es el Inventario de Glaciares y Peri-Glaciares”.
El jefe de Gabinete explicó que “cada provincia, según el artículo 124 de la Constitución Nacional, tiene potestad sobre sus recursos naturales”, por lo que la aplicación efectiva de la norma puede dilatarse por un tiempo indefinido, tal como ocurre en la actualidad a partir de sendas presentaciones judiciales realizadas por empresas mineras y gobiernos locales contra la ley.
Fernández hizo alusión al trabajo conjunto que la Nación y las provincias deberán hacer en apoyo de los estudios que realizará el Ianigla, cuya sede está en Mendoza.
Por su parte, el funcionario aseguró que “no están vencidos los plazos para comenzar el inventario, según dictamina la ley” y sostuvo que el texto de la misma “ per se posee tanta casuística que no requiere de una reglamentación específica para su aplicación”, tal como reclaman agrupaciones ambientalistas y dirigentes políticos opositores al gobierno nacional.
Convenio para el Inventario de glaciares
Se firmó el Convenio para la realización del Inventario de glaciares en nuestro país
Fecha de Publicación: 28/02/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
Encabezada por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, junto con el Jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, y el secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, se llevó a cabo esta mañana en la residencia de Olivos, la firma del Convenio Marco de Coordinación y Cooperación para la colaboración e intercambio recíproco destinado a las tareas de investigación y promoción del desarrollo sustentable.
Junto a él, se rubricó un Acta Complementaria por la que se designa al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) para realizar un Inventario de glaciares en nuestro país.
Fecha de Publicación: 28/02/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
Encabezada por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, junto con el Jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, y el secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, se llevó a cabo esta mañana en la residencia de Olivos, la firma del Convenio Marco de Coordinación y Cooperación para la colaboración e intercambio recíproco destinado a las tareas de investigación y promoción del desarrollo sustentable.
Junto a él, se rubricó un Acta Complementaria por la que se designa al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) para realizar un Inventario de glaciares en nuestro país.
La AFIP revuelve en la basura
La AFIP revuelve en la basura
Fecha de Publicación: 28/02/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó ayer que las empresas de recaudación de residuos incrementaron un 17,3 por ciento su facturación durante 2009, pero el impuesto a las Ganancias aumentó “sólo” un 11,2 por ciento. “Como observamos en otros sectores, las grandes empresas aumentaron sus gastos financieros descontados para reducir su cumplimiento en el pago del impuesto a las Ganancias”, explicó el titular del organismo tributario, Ricardo Echegaray, a través de un comunicado. El informe señala además que el 30 por ciento de las compañías del rubro que facturaron más de 100 millones de pesos no tributaron Ganancias durante el 2009.
El estudio incluye los servicios de recolección y eliminación de desperdicios, depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas y saneamiento público. El 49,1 por ciento de las firmas son microempresas, el 25 son pequeñas, el 17,6 medianas y el 8,3 por ciento grandes. Estas últimas venden el 83 por ciento del total del sector e ingresan el 84,3 por ciento del impuesto determinado, mientras que las microempresas efectúan ventas por el 0,4 por ciento del total.
El informe de la AFIP analiza el comportamiento de las ventas y del impuesto a las Ganancias durante el período 2005-2009 y verificó el crecimiento continuo de ambos conceptos, pero en 2009, a diferencia de los dos anteriores, Ganancias subió menos que las ventas. En 2007 la facturación había crecido de 1704 a 2098 millones de pesos (23,1 por ciento) y el pago de Ganancias de 35 a 50 millones (42,8). Al año siguiente, la facturación llegó a 3093 millones (47,4 por ciento más) y se pagaron 98 millones por Ganancias (96 por ciento más).
En 2009, en cambio, esa relación se invirtió por el incremento de los gastos financieros. Esa es una práctica recurrente de las empresas que la AFIP viene detectando en distintos sectores y que comenzó a investigar para confirmar que no sea una maniobra contable destinada específicamente a eludir el pago del impuesto a las Ganancias.
En cuanto al empleo, el informe señala que en 2010 la cantidad de empleados del sector pasó de 26.499 a 27.470, un 3,7 por ciento más.
Fecha de Publicación: 28/02/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó ayer que las empresas de recaudación de residuos incrementaron un 17,3 por ciento su facturación durante 2009, pero el impuesto a las Ganancias aumentó “sólo” un 11,2 por ciento. “Como observamos en otros sectores, las grandes empresas aumentaron sus gastos financieros descontados para reducir su cumplimiento en el pago del impuesto a las Ganancias”, explicó el titular del organismo tributario, Ricardo Echegaray, a través de un comunicado. El informe señala además que el 30 por ciento de las compañías del rubro que facturaron más de 100 millones de pesos no tributaron Ganancias durante el 2009.
El estudio incluye los servicios de recolección y eliminación de desperdicios, depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas y saneamiento público. El 49,1 por ciento de las firmas son microempresas, el 25 son pequeñas, el 17,6 medianas y el 8,3 por ciento grandes. Estas últimas venden el 83 por ciento del total del sector e ingresan el 84,3 por ciento del impuesto determinado, mientras que las microempresas efectúan ventas por el 0,4 por ciento del total.
El informe de la AFIP analiza el comportamiento de las ventas y del impuesto a las Ganancias durante el período 2005-2009 y verificó el crecimiento continuo de ambos conceptos, pero en 2009, a diferencia de los dos anteriores, Ganancias subió menos que las ventas. En 2007 la facturación había crecido de 1704 a 2098 millones de pesos (23,1 por ciento) y el pago de Ganancias de 35 a 50 millones (42,8). Al año siguiente, la facturación llegó a 3093 millones (47,4 por ciento más) y se pagaron 98 millones por Ganancias (96 por ciento más).
En 2009, en cambio, esa relación se invirtió por el incremento de los gastos financieros. Esa es una práctica recurrente de las empresas que la AFIP viene detectando en distintos sectores y que comenzó a investigar para confirmar que no sea una maniobra contable destinada específicamente a eludir el pago del impuesto a las Ganancias.
En cuanto al empleo, el informe señala que en 2010 la cantidad de empleados del sector pasó de 26.499 a 27.470, un 3,7 por ciento más.
Advierten sobre las consecuencias del desmonte
Comunidades indígenas advierten sobre las consecuencias del desmonte
Fecha de Publicación: 28/02/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La advertencia de comunidades wichi, líderadas por Octorina Zamora, sobre el "peligro inminente" de alud en Embarcación, en el noreste salteño, derivó en la suspensión "indeterminada" de aprovechamientos forestales, mientras el gobierno provincial, según fuentes oficiales, estudia otra respuesta al problema ambiental.
Zamora, es una reconocida dirigente wichi en Salta, que encabezó las protestas junto con el Movimiento Chico Mendes y agrupaciones de base y que, entre otras acciones, organizaron una marcha de cien mujeres desde Embarcación a la capital provincial a mediados de diciembre pasado con las consignas: "Paren el Alud, paren los desmontes".
"Pedimos que se hagan estudios de impacto ambiental porque pese a la ley de bosques, la extracción de madera siguió, los cerros quedaron desnudos y la tierra -suelta- se va con el agua. Esta es la época de lluvias y tenemos mucho miedo de otro alud", declaró Octorina.
Al problema ambiental, Zamora sumó la vulnerabilidad de las comunidades indígenas que ocupan la periferia de Embarcación, una ciudad de 28 mil habitantes, emplazada entre los ríos Bermejo y Seco, en una zona de transición entre las yungas y el chaco semiárido.
"Las 17 comunidades que estamos en Embarcación somos víctimas del despojo constante. Cuando recurrimos a las yungas porque es nuestro territorio de ocupación ancestral nos enteramos que están en manos privadas. Resulta que hay franceses, españoles, ¿y nosotros, cuándo?, ¿por qué siguen vendiendo tierras, que son de las comunidades originarias, con indios adentro?", se preguntó Octorina.
La medida del gobierno salteño, de poner fin a la tala en la zona fue adoptada tras realizar inspecciones propias a fines de diciembre último pero como consecuencia de la movilización de los pobladores, que incluyó la toma de la oficina gubernamental, y que según explicó durante un diálogo con Télam el secretario de Política Ambiental, Sebastián Varela, "es en resguardo de la población y la infraestructura de la zona".
El abogado indicó que "constatamos la existencia de una situación de riesgo, por las condiciones geológicas, antrópicas y climáticas descriptas en el informe que realizaron nuestros técnicos", y definió como "complejos, interrelacionados y de gran magnitud" a los problemas ambientales en la ciudad del noreste salteño.
Agregó que desde la oficina ambiental se puso en conocimiento del gobierno salteño de la delicada situación por lo que, se espera la formación de una comisión a la que se invitaría a Vialidad Nacional para estudiar una respuesta.
Sin embargo, Octorina dice que la emergencia demanda acciones inmediatas: "¿qué esperan? ¿qué tenemos qué hacer? Después de cada desastre hay políticos que quedan más ricos", sostuvo al recordar casos de funcionarios que se quedan con las donaciones para los afectados por los aludes en Tartagal.
Preocupada contó que el río Bermejo "está lleno" y que si hay que hacer infraestructura "gaviones por ejemplo, que comiencen ya", dijo al señalar que la naturaleza está respondiendo a la presión insaciable que hay sobre los recursos y que, con el correr de los años, cambiaron radicalmente sus características.
Tanto Octorina Zamora como Varela mencionaron los caños de hidrocarburos que estaban soterrados y que actualmente aparecen por encima del suelo erosionado, o colgando en quebradas abiertas tras cada tormenta como la muestra más dramática del proceso ambiental que se registra en la zona.
La resolución de la oficina que conduce Francisco López Sastre, de suspender por tiempo indeterminado la tala, también promueve la formación de una comisión interdisciplinaria, constituida por organismos provinciales con competencia e incumbencia en el tema, como así también Vialidad Nacional y el Municipio de Embarcación, "a fin de evaluar las medidas a adoptar".
"Queremos ver los estudios de impacto ambiental que habilitan actividades agrícolas, madereras y petroleras en la zona, y que las obras que se realicen cuenten con participación de las organizaciones sociales e indígenas que denunciamos", contestó Octorina, quien junto con los casi treinta mil embarcacionenses está pendiente de las lluvias y la creciente de los ríos Bermejo y el Seco, el mismo que en 2006 se llevó un puente y aisló durante meses a Tartagal.
Fecha de Publicación: 28/02/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
La advertencia de comunidades wichi, líderadas por Octorina Zamora, sobre el "peligro inminente" de alud en Embarcación, en el noreste salteño, derivó en la suspensión "indeterminada" de aprovechamientos forestales, mientras el gobierno provincial, según fuentes oficiales, estudia otra respuesta al problema ambiental.
Zamora, es una reconocida dirigente wichi en Salta, que encabezó las protestas junto con el Movimiento Chico Mendes y agrupaciones de base y que, entre otras acciones, organizaron una marcha de cien mujeres desde Embarcación a la capital provincial a mediados de diciembre pasado con las consignas: "Paren el Alud, paren los desmontes".
"Pedimos que se hagan estudios de impacto ambiental porque pese a la ley de bosques, la extracción de madera siguió, los cerros quedaron desnudos y la tierra -suelta- se va con el agua. Esta es la época de lluvias y tenemos mucho miedo de otro alud", declaró Octorina.
Al problema ambiental, Zamora sumó la vulnerabilidad de las comunidades indígenas que ocupan la periferia de Embarcación, una ciudad de 28 mil habitantes, emplazada entre los ríos Bermejo y Seco, en una zona de transición entre las yungas y el chaco semiárido.
"Las 17 comunidades que estamos en Embarcación somos víctimas del despojo constante. Cuando recurrimos a las yungas porque es nuestro territorio de ocupación ancestral nos enteramos que están en manos privadas. Resulta que hay franceses, españoles, ¿y nosotros, cuándo?, ¿por qué siguen vendiendo tierras, que son de las comunidades originarias, con indios adentro?", se preguntó Octorina.
La medida del gobierno salteño, de poner fin a la tala en la zona fue adoptada tras realizar inspecciones propias a fines de diciembre último pero como consecuencia de la movilización de los pobladores, que incluyó la toma de la oficina gubernamental, y que según explicó durante un diálogo con Télam el secretario de Política Ambiental, Sebastián Varela, "es en resguardo de la población y la infraestructura de la zona".
El abogado indicó que "constatamos la existencia de una situación de riesgo, por las condiciones geológicas, antrópicas y climáticas descriptas en el informe que realizaron nuestros técnicos", y definió como "complejos, interrelacionados y de gran magnitud" a los problemas ambientales en la ciudad del noreste salteño.
Agregó que desde la oficina ambiental se puso en conocimiento del gobierno salteño de la delicada situación por lo que, se espera la formación de una comisión a la que se invitaría a Vialidad Nacional para estudiar una respuesta.
Sin embargo, Octorina dice que la emergencia demanda acciones inmediatas: "¿qué esperan? ¿qué tenemos qué hacer? Después de cada desastre hay políticos que quedan más ricos", sostuvo al recordar casos de funcionarios que se quedan con las donaciones para los afectados por los aludes en Tartagal.
Preocupada contó que el río Bermejo "está lleno" y que si hay que hacer infraestructura "gaviones por ejemplo, que comiencen ya", dijo al señalar que la naturaleza está respondiendo a la presión insaciable que hay sobre los recursos y que, con el correr de los años, cambiaron radicalmente sus características.
Tanto Octorina Zamora como Varela mencionaron los caños de hidrocarburos que estaban soterrados y que actualmente aparecen por encima del suelo erosionado, o colgando en quebradas abiertas tras cada tormenta como la muestra más dramática del proceso ambiental que se registra en la zona.
La resolución de la oficina que conduce Francisco López Sastre, de suspender por tiempo indeterminado la tala, también promueve la formación de una comisión interdisciplinaria, constituida por organismos provinciales con competencia e incumbencia en el tema, como así también Vialidad Nacional y el Municipio de Embarcación, "a fin de evaluar las medidas a adoptar".
"Queremos ver los estudios de impacto ambiental que habilitan actividades agrícolas, madereras y petroleras en la zona, y que las obras que se realicen cuenten con participación de las organizaciones sociales e indígenas que denunciamos", contestó Octorina, quien junto con los casi treinta mil embarcacionenses está pendiente de las lluvias y la creciente de los ríos Bermejo y el Seco, el mismo que en 2006 se llevó un puente y aisló durante meses a Tartagal.
Zona libre de agrotóxicos en Santa Fe
Zona libre de agrotóxicos en Santa Fe
Fecha de Publicación: 26/02/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santa Fe
La Justicia de Santa Fe prohibió, con fallo firme, fumigar en cercanías de zonas urbanas. El caso marca un precedente para los jueces del resto del país y cuestiona, en base jurídica, el modelo agropecuario. Anuncian nuevas presentaciones judiciales.
Luego de dos años de disputa judicial, donde en primera y segunda instancia los jueces cuestionaron y limitaron el uso de agroquímicos, la Justicia de Santa Fe acaba de dejar firme la prohibición de fumigar en cercanías del barrio Urquiza de la localidad de San Jorge. Es el primer caso de Argentina donde, con fallo firme, la Justicia prohíbe las fumigaciones para proteger la salud. El expediente judicial, que marca jurisprudencia para centenares de denuncias en todo el país, invoca el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio irremediable es necesario que los jueces tomen medidas protectivas), cuestiona al glifosato (pilar del cultivo de soja) y apunta a un modelo agropecuario en base a agroquímicos. Anuncian nuevas presentaciones judiciales para cientos de pueblos afectados por fumigaciones.
A los cinco días de nacer, Ailén tuvo su primera intoxicación con agroquímicos. Y comenzó el calvario: médicos, internaciones, estudios, ahogos permanentes, desmayos, cócteles de medicamentos para poder respirar. Siempre, casualmente, sus malestares eran precedidos por fumigaciones en un campo de soja vecino. El sentimiento más básico, proteger a su hija, llevó a Viviana Peralta –una ama de casa de un barrio humilde de Santa Fe– a pisar por primera vez tribunales. Pidió mediante un amparo que se privilegie la salud de los niños por sobre los negocios agropecuarios. Fue el inicio de la causa.
“Me decían que estaba loca, pero desde que frenamos las fumigaciones nuestros hijos dejaron de enfermarse”, resume Viviana Peralta, remarca que son muchos los vecinos que trabajaron juntos para proteger la salud de los niños y aún no sale del asombro por los llamados de otras provincias y de Europa, donde “el caso San Jorge” (como comienza a conocerse) marca un hito en la lucha contra un modelo rentable, en manos de empresas, pero con costos sanitarios y sociales.
En marzo de 2009, Viviana Peralta –junto a otros vecinos del barrio Urquiza– y el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) presentaron el amparo. El juez Tristán Martínez, del Juzgado Civil, Comercial y Laboral 11, hizo lugar y ordenó la suspensión inmediata de las fumigaciones en adyacencias de la zona urbana de la ciudad. Los productores sojeros, la Municipalidad y el gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción, apelaron la medida.
En diciembre de 2009, ya en segunda instancia, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala 2) de Santa Fe mantuvo la prohibición y dio un paso inédito: ordenó que el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud. De esa manera, por primera vez, se invirtió el cargo de la prueba: era una regla que los vecinos y campesinos intoxicados tenían que demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serían los impulsores del modelo de agronegocios quienes tendrían que demostrar la inocuidad de los químicos.
Los jueces también marcaron jurisprudencia al invocar el principio precautorio, vigente en la Ley General del Ambiente: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. La Cámara de Apelaciones de Santa Fe lo utilizó como una de las bases de su fallo, enumeró siete casos en los que fue implementado y destacó que se justifica su utilización cuando haya “falta de certidumbre científica y amenaza de daño al ambiente o la salud humana”.
La Cámara ordenó al gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción y la cartera de Salud, que elabore informes donde pruebe que los agroquímicos no afectan la salud ni el ambiente. También solicitó la intervención de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Esas investigaciones tendrían como destino el Juzgado de Primera Instancia, para decidir si revertía o reafirmaba la medida.
Fechada el 21 de febrero pasado, pero dada a conocer el jueves, la nueva resolución judicial resume: “Resuelvo disponer con la prohibición impuesta en la causa”. Dos líneas, en lenguaje jurídico, históricas, que establecen la prohibición total de fumigar a menos de 800 metros de viviendas familiares (si el método utilizado es terrestre) y marca el límite de 1500 metros (si la aspersión es con avionetas). La medida es para el barrio Urquiza, a las afueras de San Jorge, ciudad de 25 mil habitantes ubicada a 144 kilómetros de la capital provincial. Es una zona sojera por excelencia.
En diez carillas, el juez Tristán Martínez dictaminó: “Los informes no han dirimido el interrogante de si es conveniente continuar con las fumigaciones o no. De todos modos, tras su evaluación, me permito concluir que todo parece indicar que la deducción comulga más con la segunda alternativa (la prohibición) que con la primera (permitir la fumigación)”. Deja constancia de que el Ministerio de Producción (donde funciona Agricultura) no elaboró ningún informe y lo toma como un indicio de que no pueden probar la inocuidad de las fumigaciones.
Sí cumplió el Ministerio de Salud, que reconoció la disminución de afecciones en paralelo con la prohibición de fumigar. Si bien no confirma la conexión, plantea la hipótesis como “bastante plausible”, factor de peso para que el juez sostenga la medida y dé lugar al principio precautorio.
El juez Martínez marca precedente: “(De los informes científicos) No surge con grado alguno de convicción que sea conveniente continuar con las fumigaciones, sino todo lo contrario”. Explica que luego de “leídos y releídos” los informes del Ministerio de Salud y de la Universidad del Litoral se deja atrás la “duda relevante” mencionada en segunda instancia y se dirige hacia la “certeza” de que es necesario limitar las fumigaciones: “Dado por reproducidos cada uno de los argumentos (...) el resultado no puede ser otro que continuar con la prohibición impuesta, conforme en definitivo. De lo aportado no surgen elementos que avalen otra solución”.
La ONG Cepronat, que acompaña a los vecinos en la acción judicial, integra la “Campaña Paren de Fumigar”, donde participan 70 pueblos de Santa Fe y también está presente en Córdoba, Chaco, Entre Ríos y Buenos Aires. “Luego de tantos años de denuncias, y que nos trataban como locos, la Justicia confirmó que los pueblos fumigados tienen razón. Con este antecedente, vamos a pedir la misma prohibición en los 300 pueblos afectados en la provincia”, anunció el presidente del Cepronat, Carlos Manessi.
Manessi remarcó que “no se trata sólo del glifosato, sino del modelo agropecuario con consecuencias sanitarias y sociales”. Y recuerda que “el uso de agrotóxicos en Argentina está autorizado en base a los ‘estudios’ de las propias empresas, y no con investigaciones independientes. Cuando se comienzan a revisar los estudios serios de científicos no comprados, sobrevienen fallos justos, como el de San Jorge”.
Un fallo con prueba científica
La Justicia de Santa Fe, a lo largo de la causa, revalorizó los testimonios de los afectados, resaltó la importancia de los médicos de pueblos (testigos cotidianos en la atención de intoxicados) y citó trabajos científicos independientes que alertan sobre los efectos del glifosato. La histórica resolución judicial del juez Tristán Martínez también hace hincapié en una recopilación de trabajos científicos y técnicos presentada por la Universidad Nacional del Litoral: “No existen agroquímicos inocuos (...) Se ha comprobado que existe riesgo potencial de transporte de glifosato y su metabolito AMPA a las aguas subterráneas y superficiales (...) La toxicidad de los formulados comerciales con glifosato, Roundup y otros, ha sido documentada con estudios científicos independientes, para distintos organismos que componen la biodiversidad de agua dulce”.
La resolución judicial hace eje en la consecuencia del agroquímico en el agua. “Los efectos tendrían la capacidad de provocar cambios en las estructuras tróficas de las comunidades. Las interacciones a largo plazo en el herbicida glifosato y la microbiota (...) pueden provocar alteraciones en la cadena trófica y procesos biológicos en el suelo. No se puede afirmar que el glifosato sea inocuo para las poblaciones de organismos invertebrados terrestres.”
El juez recuerda que el glifosato ha sido recientemente clasificado como perturbador endocrino (obstaculiza la acción de las hormonas humanas). “La exposición a bajas dosis, menores a las definidas como seguras, podría tener efectos adversos”, alerta la resolución judicial y remarca que “la preocupación sobre los posibles efectos adversos sigue vigente”.
Fecha de Publicación: 26/02/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santa Fe
La Justicia de Santa Fe prohibió, con fallo firme, fumigar en cercanías de zonas urbanas. El caso marca un precedente para los jueces del resto del país y cuestiona, en base jurídica, el modelo agropecuario. Anuncian nuevas presentaciones judiciales.
Luego de dos años de disputa judicial, donde en primera y segunda instancia los jueces cuestionaron y limitaron el uso de agroquímicos, la Justicia de Santa Fe acaba de dejar firme la prohibición de fumigar en cercanías del barrio Urquiza de la localidad de San Jorge. Es el primer caso de Argentina donde, con fallo firme, la Justicia prohíbe las fumigaciones para proteger la salud. El expediente judicial, que marca jurisprudencia para centenares de denuncias en todo el país, invoca el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio irremediable es necesario que los jueces tomen medidas protectivas), cuestiona al glifosato (pilar del cultivo de soja) y apunta a un modelo agropecuario en base a agroquímicos. Anuncian nuevas presentaciones judiciales para cientos de pueblos afectados por fumigaciones.
A los cinco días de nacer, Ailén tuvo su primera intoxicación con agroquímicos. Y comenzó el calvario: médicos, internaciones, estudios, ahogos permanentes, desmayos, cócteles de medicamentos para poder respirar. Siempre, casualmente, sus malestares eran precedidos por fumigaciones en un campo de soja vecino. El sentimiento más básico, proteger a su hija, llevó a Viviana Peralta –una ama de casa de un barrio humilde de Santa Fe– a pisar por primera vez tribunales. Pidió mediante un amparo que se privilegie la salud de los niños por sobre los negocios agropecuarios. Fue el inicio de la causa.
“Me decían que estaba loca, pero desde que frenamos las fumigaciones nuestros hijos dejaron de enfermarse”, resume Viviana Peralta, remarca que son muchos los vecinos que trabajaron juntos para proteger la salud de los niños y aún no sale del asombro por los llamados de otras provincias y de Europa, donde “el caso San Jorge” (como comienza a conocerse) marca un hito en la lucha contra un modelo rentable, en manos de empresas, pero con costos sanitarios y sociales.
En marzo de 2009, Viviana Peralta –junto a otros vecinos del barrio Urquiza– y el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) presentaron el amparo. El juez Tristán Martínez, del Juzgado Civil, Comercial y Laboral 11, hizo lugar y ordenó la suspensión inmediata de las fumigaciones en adyacencias de la zona urbana de la ciudad. Los productores sojeros, la Municipalidad y el gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción, apelaron la medida.
En diciembre de 2009, ya en segunda instancia, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala 2) de Santa Fe mantuvo la prohibición y dio un paso inédito: ordenó que el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud. De esa manera, por primera vez, se invirtió el cargo de la prueba: era una regla que los vecinos y campesinos intoxicados tenían que demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serían los impulsores del modelo de agronegocios quienes tendrían que demostrar la inocuidad de los químicos.
Los jueces también marcaron jurisprudencia al invocar el principio precautorio, vigente en la Ley General del Ambiente: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. La Cámara de Apelaciones de Santa Fe lo utilizó como una de las bases de su fallo, enumeró siete casos en los que fue implementado y destacó que se justifica su utilización cuando haya “falta de certidumbre científica y amenaza de daño al ambiente o la salud humana”.
La Cámara ordenó al gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción y la cartera de Salud, que elabore informes donde pruebe que los agroquímicos no afectan la salud ni el ambiente. También solicitó la intervención de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Esas investigaciones tendrían como destino el Juzgado de Primera Instancia, para decidir si revertía o reafirmaba la medida.
Fechada el 21 de febrero pasado, pero dada a conocer el jueves, la nueva resolución judicial resume: “Resuelvo disponer con la prohibición impuesta en la causa”. Dos líneas, en lenguaje jurídico, históricas, que establecen la prohibición total de fumigar a menos de 800 metros de viviendas familiares (si el método utilizado es terrestre) y marca el límite de 1500 metros (si la aspersión es con avionetas). La medida es para el barrio Urquiza, a las afueras de San Jorge, ciudad de 25 mil habitantes ubicada a 144 kilómetros de la capital provincial. Es una zona sojera por excelencia.
En diez carillas, el juez Tristán Martínez dictaminó: “Los informes no han dirimido el interrogante de si es conveniente continuar con las fumigaciones o no. De todos modos, tras su evaluación, me permito concluir que todo parece indicar que la deducción comulga más con la segunda alternativa (la prohibición) que con la primera (permitir la fumigación)”. Deja constancia de que el Ministerio de Producción (donde funciona Agricultura) no elaboró ningún informe y lo toma como un indicio de que no pueden probar la inocuidad de las fumigaciones.
Sí cumplió el Ministerio de Salud, que reconoció la disminución de afecciones en paralelo con la prohibición de fumigar. Si bien no confirma la conexión, plantea la hipótesis como “bastante plausible”, factor de peso para que el juez sostenga la medida y dé lugar al principio precautorio.
El juez Martínez marca precedente: “(De los informes científicos) No surge con grado alguno de convicción que sea conveniente continuar con las fumigaciones, sino todo lo contrario”. Explica que luego de “leídos y releídos” los informes del Ministerio de Salud y de la Universidad del Litoral se deja atrás la “duda relevante” mencionada en segunda instancia y se dirige hacia la “certeza” de que es necesario limitar las fumigaciones: “Dado por reproducidos cada uno de los argumentos (...) el resultado no puede ser otro que continuar con la prohibición impuesta, conforme en definitivo. De lo aportado no surgen elementos que avalen otra solución”.
La ONG Cepronat, que acompaña a los vecinos en la acción judicial, integra la “Campaña Paren de Fumigar”, donde participan 70 pueblos de Santa Fe y también está presente en Córdoba, Chaco, Entre Ríos y Buenos Aires. “Luego de tantos años de denuncias, y que nos trataban como locos, la Justicia confirmó que los pueblos fumigados tienen razón. Con este antecedente, vamos a pedir la misma prohibición en los 300 pueblos afectados en la provincia”, anunció el presidente del Cepronat, Carlos Manessi.
Manessi remarcó que “no se trata sólo del glifosato, sino del modelo agropecuario con consecuencias sanitarias y sociales”. Y recuerda que “el uso de agrotóxicos en Argentina está autorizado en base a los ‘estudios’ de las propias empresas, y no con investigaciones independientes. Cuando se comienzan a revisar los estudios serios de científicos no comprados, sobrevienen fallos justos, como el de San Jorge”.
Un fallo con prueba científica
La Justicia de Santa Fe, a lo largo de la causa, revalorizó los testimonios de los afectados, resaltó la importancia de los médicos de pueblos (testigos cotidianos en la atención de intoxicados) y citó trabajos científicos independientes que alertan sobre los efectos del glifosato. La histórica resolución judicial del juez Tristán Martínez también hace hincapié en una recopilación de trabajos científicos y técnicos presentada por la Universidad Nacional del Litoral: “No existen agroquímicos inocuos (...) Se ha comprobado que existe riesgo potencial de transporte de glifosato y su metabolito AMPA a las aguas subterráneas y superficiales (...) La toxicidad de los formulados comerciales con glifosato, Roundup y otros, ha sido documentada con estudios científicos independientes, para distintos organismos que componen la biodiversidad de agua dulce”.
La resolución judicial hace eje en la consecuencia del agroquímico en el agua. “Los efectos tendrían la capacidad de provocar cambios en las estructuras tróficas de las comunidades. Las interacciones a largo plazo en el herbicida glifosato y la microbiota (...) pueden provocar alteraciones en la cadena trófica y procesos biológicos en el suelo. No se puede afirmar que el glifosato sea inocuo para las poblaciones de organismos invertebrados terrestres.”
El juez recuerda que el glifosato ha sido recientemente clasificado como perturbador endocrino (obstaculiza la acción de las hormonas humanas). “La exposición a bajas dosis, menores a las definidas como seguras, podría tener efectos adversos”, alerta la resolución judicial y remarca que “la preocupación sobre los posibles efectos adversos sigue vigente”.
Riachuelo: Ordenan reubicar a 2.000 familias
Ordenan reubicar a 2.000 familias que viven al borde del Riachuelo
Fecha de Publicación: 25/02/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
El juez federal de Quilmes que lleva adelante la causa del saneamiento del Riachuelo, Luis Armella, ordenó que 16 asentamientos precarios ubicados en el llamado “camino de sirga” (una traza de 35 metros desde el río sobre las costas de ambas márgenes) sean reubicados en otras zonas con acceso a servicios básicos de vivienda y al resguardo de la contaminación.
La Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) –que preside el secretario de Ambiente y ex intendente de Berazategui, Juan José Mussi– había presentado en los primeros días de febrero un plan de traslado . Sin embargo, el fallo que presentó el juez tres días busca ahora “dar celeridad” y asegurar su cumplimiento.
Para eso presenta un cronograma de relocalización con plazos para trasladar las viviendas, la mayoría ubicadas en Capital Federal, en las villas 21-24 –la más grande de la Ciudad–, la 26, El Pueblito y Magaldi.
Del lado de Provincia, los asentamientos más numerosos son Barrio Villa Jardín, Barrio Puente Alsina (ambos en Lanús) y Barrio Mi Esperanza, en La Matanza.
En total se trasladarían 1.966 familias a partir del mes de abril y se deberá finalizar la reubicación en 2013 .
Si ACUMAR no cumple con los plazos previstos, el juez asegura que impondrá sanciones económicas personales a los funcionarios responsables, así como ocurrió el año pasado con el ex titular del organismo, Homero Bibiloni.
Ahora desde la Justicia buscan, además, que se encare “un fuerte trabajo en materia de concientización social sobre los habitantes de la Cuenca”, según informa el fallo, para evitar conflictos entre quienes no quieran dejar sus viviendas.
El juez también exige que se revea, en un plazo de 10 días, el censo con las familias a reubicar, porque aseguran haber constatado la existencia de viviendas precarias que no figuran en el conteo. Es decir, que ACUMAR deberá presentar antes del 4 de marzo un plan con los detalles sobre su relocalización.
“Es para movilizar todas las viviendas que quedaron dispersas en el Riachuelo, por ejemplo bajo los puentes”, explicó a este diario el juez Luis Armella.
La finalidad es liberar el camino de sirga, como parte de un fallo dictado por la Corte Suprema en 2008 para sanear las aguas de la cuenca, que afectan la salud de las 7 millones de personas que viven en su zona de influencia.
Fecha de Publicación: 25/02/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
El juez federal de Quilmes que lleva adelante la causa del saneamiento del Riachuelo, Luis Armella, ordenó que 16 asentamientos precarios ubicados en el llamado “camino de sirga” (una traza de 35 metros desde el río sobre las costas de ambas márgenes) sean reubicados en otras zonas con acceso a servicios básicos de vivienda y al resguardo de la contaminación.
La Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) –que preside el secretario de Ambiente y ex intendente de Berazategui, Juan José Mussi– había presentado en los primeros días de febrero un plan de traslado . Sin embargo, el fallo que presentó el juez tres días busca ahora “dar celeridad” y asegurar su cumplimiento.
Para eso presenta un cronograma de relocalización con plazos para trasladar las viviendas, la mayoría ubicadas en Capital Federal, en las villas 21-24 –la más grande de la Ciudad–, la 26, El Pueblito y Magaldi.
Del lado de Provincia, los asentamientos más numerosos son Barrio Villa Jardín, Barrio Puente Alsina (ambos en Lanús) y Barrio Mi Esperanza, en La Matanza.
En total se trasladarían 1.966 familias a partir del mes de abril y se deberá finalizar la reubicación en 2013 .
Si ACUMAR no cumple con los plazos previstos, el juez asegura que impondrá sanciones económicas personales a los funcionarios responsables, así como ocurrió el año pasado con el ex titular del organismo, Homero Bibiloni.
Ahora desde la Justicia buscan, además, que se encare “un fuerte trabajo en materia de concientización social sobre los habitantes de la Cuenca”, según informa el fallo, para evitar conflictos entre quienes no quieran dejar sus viviendas.
El juez también exige que se revea, en un plazo de 10 días, el censo con las familias a reubicar, porque aseguran haber constatado la existencia de viviendas precarias que no figuran en el conteo. Es decir, que ACUMAR deberá presentar antes del 4 de marzo un plan con los detalles sobre su relocalización.
“Es para movilizar todas las viviendas que quedaron dispersas en el Riachuelo, por ejemplo bajo los puentes”, explicó a este diario el juez Luis Armella.
La finalidad es liberar el camino de sirga, como parte de un fallo dictado por la Corte Suprema en 2008 para sanear las aguas de la cuenca, que afectan la salud de las 7 millones de personas que viven en su zona de influencia.
San Juan: Liberaron a militantes de Greenpeace
Liberaron en San Juan a militantes de Greenpeace
Fecha de Publicación: 25/02/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: San Juan
Los ambientalistas detenidos el miércoles a la mañana por la policía de San Juan, tras haber construido un campamento en un camino de acceso a la mina de oro Veladero, en la cordillera sanjuanina, fueron liberados a la medianoche del mismo día y seguirán vinculados a la causa.
El gobernador José Luis Gioja le dijo anoche a Clarín : “ Se metieron presos solos” y aclaró que la provincia se limitó a cumplir con la orden judicial de desalojar el bloqueo del camino.
María Eugenia Testa y Flor de Cabo, integrantes de Greenpeace, junto a Ramón Gómez y Walter Gambetta, militantes ambientalistas sanjuaninos, quedaron imputados en una causa por violación a artículo 194° del Código Penal , que reprime con prisión de tres meses a dos años, a quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”. Se los acusa de haber obstruido el acceso a la mina ubicada sobre la cordillera sanjuanina, a 400 kilómetros al noroeste de la capital sanjuanina.
En cercanías de Tudcum, el último pueblo antes de iniciar el ascenso a la mina, los militantes de Greenpeace instalaron un campamento construido con un container parcialmente atravesado sobre el camino y se encadenaron entre sí para reclamar que la empresa minera Barrick, que explota la mina Veladero, “deje de obstaculizar la aplicación de la Ley de Glaciares”. La norma, sancionada por el Congreso Nacional, no está en vigencia luego que el juez federal de San Juan Miguel Gálvez hiciera lugar al amparo presentado por las empresas sanjuaninas prestadoras de servicios mineros y que fue apoyado por el gobierno provincial, lo que posibilitó que el tema pase a la Corte Suprema.
La protesta generó reacciones diversas en San Juan. Desde la capital viajaron una decena de integrantes de agrupaciones ambientalistas que se oponen a la minería a cielo abierto.
A su vez, un numeroso grupo de vecinos de Tudcum, un pueblo que vive de los servicios mineros, reclamaron a los militantes de Greenpeace que escuchen a los pobladores locales.
Fecha de Publicación: 25/02/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: San Juan
Los ambientalistas detenidos el miércoles a la mañana por la policía de San Juan, tras haber construido un campamento en un camino de acceso a la mina de oro Veladero, en la cordillera sanjuanina, fueron liberados a la medianoche del mismo día y seguirán vinculados a la causa.
El gobernador José Luis Gioja le dijo anoche a Clarín : “ Se metieron presos solos” y aclaró que la provincia se limitó a cumplir con la orden judicial de desalojar el bloqueo del camino.
María Eugenia Testa y Flor de Cabo, integrantes de Greenpeace, junto a Ramón Gómez y Walter Gambetta, militantes ambientalistas sanjuaninos, quedaron imputados en una causa por violación a artículo 194° del Código Penal , que reprime con prisión de tres meses a dos años, a quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”. Se los acusa de haber obstruido el acceso a la mina ubicada sobre la cordillera sanjuanina, a 400 kilómetros al noroeste de la capital sanjuanina.
En cercanías de Tudcum, el último pueblo antes de iniciar el ascenso a la mina, los militantes de Greenpeace instalaron un campamento construido con un container parcialmente atravesado sobre el camino y se encadenaron entre sí para reclamar que la empresa minera Barrick, que explota la mina Veladero, “deje de obstaculizar la aplicación de la Ley de Glaciares”. La norma, sancionada por el Congreso Nacional, no está en vigencia luego que el juez federal de San Juan Miguel Gálvez hiciera lugar al amparo presentado por las empresas sanjuaninas prestadoras de servicios mineros y que fue apoyado por el gobierno provincial, lo que posibilitó que el tema pase a la Corte Suprema.
La protesta generó reacciones diversas en San Juan. Desde la capital viajaron una decena de integrantes de agrupaciones ambientalistas que se oponen a la minería a cielo abierto.
A su vez, un numeroso grupo de vecinos de Tudcum, un pueblo que vive de los servicios mineros, reclamaron a los militantes de Greenpeace que escuchen a los pobladores locales.
Ratifican fallo que limita las fumigaciones
San Jorge: el juez Tristán Martínez ratificó el fallo que limita las fumigaciones
Fecha de Publicación: 25/02/2011
Fuente: Contacto Diario
Provincia/Región: Santa Fe
El titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 11 de San Jorge, Tristán Martínez, resolvió prohibir a perpetuidad la fumigación en campos adyacentes al barrio Urquiza de esta ciudad. Así definió el amparo presentado por los vecinos que en marzo de 2009 denunciaron a la justicia problemas de salud a partir de la aspersión de agroquímicos en esos terrenos.
En las consideraciones del fallo, sin precedentes en la materia, el magistrado enumeró una serie de recomendaciones tendientes a preservar la salud humana y el medio ambiente.
Martínez consideró estudios científicos y el fallo de la Cámara de Apelaciones Nº 2 de Santa Fe, que a fin de 2009 avaló la medida preventiva en los términos establecidos en el amparo y emplazó al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la provincia a que presentara un estudio conjunto con la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y se expidiera acerca del grado de toxicidad de los químicos utilizados en las explotaciones agrarias y por consiguiente, la conveniencia de continuar o suspender las aspersiones en el área en cuestión.
También pidió al Ministerio de Salud que efectuara un estudio en los barrios comprometidos para discernir si a partir de la suspensión de las fumigaciones disminuían las afecciones en los vecinos.
Según las consideraciones de Martínez, de los informes solicitados "no se advierte que se haya dirimido en concreto sobre la continuidad o suspensión de las fumigaciones, aunque sí se deduce que la segunda opción es la más indicada para el caso".
Desacato
La casa de altos estudios y el Ministerio de Salud emitieron sus respectivos informes, pero el de la Producción no acató la orden y evitó expedirse sobre el tema, más allá de que la solicitud provino de la Justicia. Esto fue determinante para el fallo final de Martínez, quien consideró que "esa omisión, sumado a que la provincia de Santa Fe no se expidió cuando se le requirió su manifestación en la medida de su interés, comienzan y terminan por dirimir la cuestión por el propio peso de su rol".
A través de los informes de Salud y de otras fuentes primarias claves logradas por el Juzgado, el magistrado determinó que hubo una notable disminución de afecciones denunciadas por los vecinos mientras se suspendieron las fumigaciones. Esto "puede asociarse a la ausencia de un factor ambiental en dicho período", sostuvo el juez en el fallo. "No se pudo concluir de modo irrefutable que la disminución de las consultas (médicas) entre ambos períodos se deba a la prohibición de fumigar. No obstante, esa hipótesis parece ser la más plausible”, enfatiza la sentencia.
“No surge con grado de convicción que sea conveniente continuar con las fumigaciones sino todo lo contrario. Releídas las conclusiones, observaciones y recomendaciones, el panorama se presenta abrumador y la sensación es que se está lejos de todo”, a la hora de justificar la utilización de agroquímicos. “Para muestra sobra con la actitud asumida por la provincia de Santa Fe”, indica el fallo.
“El resultado no puede ser otro que continuar con la prohibición impuesta, ya que de lo aportado por los accionados no surgen elementos que avalen otra solución”, expresa el documento, y agrega que “más que desde el llano, hay que evaluar las distancias desde arriba, para darse cuenta de la magnitud de la superficie destinada a la producción -zona rural- en relación a lo que puede llegar a ser la de un radio urbano. Un punto en el espacio”, dijo Martínez.
Uso y manejo
“El manejo de fitosanitarios debe ser realizado teniendo en cuenta todos los factores que puedan comprometer su uso. En aquellos casos en que los posibles efectos sobre la salud humana son motivo de discusión no resuelta, el uso de los mismos debe ser tratado adoptando las medidas necesarias para preservar el desarrollo humano”.
“Es necesario que se implementen mejoras sustanciales en los sistemas de control y en la forma en que se desarrolla la gestión y aplicación de fito-
sanitarios”.
El fallo de Martínez destaca la importancia que reviste la educación a todos los niveles: “De los profesionales de competencia en cada área, de los aplicadores y de la población, que en general evidencian gran desconocimiento sobre la peligrosidad que presenta la manipulación de las sustancias químicas”.
El magistrado se apoyó en el informe de la UNL, y una parte transcribe en el fallo. “No existen agroquímicos inocuos. Todas las sustancias de uso fitosanitario, entre las que se incluye el glifosato, presentan toxicidad y por ende algún grado de peligrosidad, tanto en casos de exposición agudo como crónica”.
“La seguridad del uso de los fitosanitarios depende de la forma de aplicación y del conjunto de medidas que aseguran el uso adecuado, regulado y controlado del mismo. Las condiciones climáticas y tipos de suelo definen la movilidad del glifosato y su metabolito Ampa (ver aparte). Se comprobó que existe riesgo potencial de transporte de glifosato y de Ampa a las aguas subterráneas y superficiales, aumentado por el uso de fertilizantes fosfatados”.
Toxicidad
En este punto del fallo Martínez comenzó a delinear la afectación de los productos químicos aplicados al agro sobre el medio ambiente y enfatiza que “la toxicidad de los formulados comerciales con glifosato (Roundup y otros) fue documentada en estudios científicos independientes, para distintos organismos que componen la biodiversidad de nuestra región” y realiza una síntesis de la acción de los químicos sobre animales, plantas y el suelo.
También indica que “los productos formulados de glifosato que contienen Poea son más tóxicos que otras formulaciones. Gran parte de la ciencia internacional investiga los efectos del glifosato puro o en formulas comerciales distintas a las que se emplean en Argentina. Por lo que se hace necesario diseñar estudios locales evaluando los efectos de los productos empleados en el país. Más si se tiene en cuenta que el glifosato, recientemente clasificado como perturbador endócrino, podría tener efectos adversos incluso en exposiciones a dosis bajas, consideradas como seguras”.
El fallo también analiza los efectos de los agroquímicos en los cursos de agua dulce, hace hincapié en diversos estudios científicos y deriva en la necesidad profundizar los estudios, así como establecer sistemas de disposición de los envases descartados.
Restricción
En abril de 2009, días después de presentado el recurso de amparo por parte de los vecinos contra los propietarios y explotadores de campos linderos al vecindario, Martínez resolvió suspender en forma preventiva la fumigación con todo tipo de fitosanitario a una distancia de 800 metros para aplicaciones terrestres y 1.500 para el caso de aspersiones aéreas.
Tanto los propietarios de los campos, sembrados en su mayoría con soja y maíz transgénicos, la Municipalidad y el gobierno de la provincia -a través del Ministerio de la Producción- apelaron la medida judicial.
En diciembre de 2009 la Cámara de Apelaciones Nº 2 de la ciudad de Santa Fe ratificó el fallo de primera instancia del juez Martínez, dio lugar a la apelación de la Municipalidad local y la eximió de las costas de la demanda y rechazó el recurso interpuesto por el gobierno de la provincia de Santa Fe, al que condenó al pago de costas.
Por primera vez
Es la primera vez que la Justicia impone distancias de aspersión en forma gráfica, más allá de la ley provincial Nº 11.723 que establece una escala por toxicidad. También es la primera vez que se establece el principio de precaución ante la sospecha de la toxicidad. El fallo pide que sean los demandados quienes demuestren y no los damnificados.
Fecha de Publicación: 25/02/2011
Fuente: Contacto Diario
Provincia/Región: Santa Fe
El titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 11 de San Jorge, Tristán Martínez, resolvió prohibir a perpetuidad la fumigación en campos adyacentes al barrio Urquiza de esta ciudad. Así definió el amparo presentado por los vecinos que en marzo de 2009 denunciaron a la justicia problemas de salud a partir de la aspersión de agroquímicos en esos terrenos.
En las consideraciones del fallo, sin precedentes en la materia, el magistrado enumeró una serie de recomendaciones tendientes a preservar la salud humana y el medio ambiente.
Martínez consideró estudios científicos y el fallo de la Cámara de Apelaciones Nº 2 de Santa Fe, que a fin de 2009 avaló la medida preventiva en los términos establecidos en el amparo y emplazó al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la provincia a que presentara un estudio conjunto con la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y se expidiera acerca del grado de toxicidad de los químicos utilizados en las explotaciones agrarias y por consiguiente, la conveniencia de continuar o suspender las aspersiones en el área en cuestión.
También pidió al Ministerio de Salud que efectuara un estudio en los barrios comprometidos para discernir si a partir de la suspensión de las fumigaciones disminuían las afecciones en los vecinos.
Según las consideraciones de Martínez, de los informes solicitados "no se advierte que se haya dirimido en concreto sobre la continuidad o suspensión de las fumigaciones, aunque sí se deduce que la segunda opción es la más indicada para el caso".
Desacato
La casa de altos estudios y el Ministerio de Salud emitieron sus respectivos informes, pero el de la Producción no acató la orden y evitó expedirse sobre el tema, más allá de que la solicitud provino de la Justicia. Esto fue determinante para el fallo final de Martínez, quien consideró que "esa omisión, sumado a que la provincia de Santa Fe no se expidió cuando se le requirió su manifestación en la medida de su interés, comienzan y terminan por dirimir la cuestión por el propio peso de su rol".
A través de los informes de Salud y de otras fuentes primarias claves logradas por el Juzgado, el magistrado determinó que hubo una notable disminución de afecciones denunciadas por los vecinos mientras se suspendieron las fumigaciones. Esto "puede asociarse a la ausencia de un factor ambiental en dicho período", sostuvo el juez en el fallo. "No se pudo concluir de modo irrefutable que la disminución de las consultas (médicas) entre ambos períodos se deba a la prohibición de fumigar. No obstante, esa hipótesis parece ser la más plausible”, enfatiza la sentencia.
“No surge con grado de convicción que sea conveniente continuar con las fumigaciones sino todo lo contrario. Releídas las conclusiones, observaciones y recomendaciones, el panorama se presenta abrumador y la sensación es que se está lejos de todo”, a la hora de justificar la utilización de agroquímicos. “Para muestra sobra con la actitud asumida por la provincia de Santa Fe”, indica el fallo.
“El resultado no puede ser otro que continuar con la prohibición impuesta, ya que de lo aportado por los accionados no surgen elementos que avalen otra solución”, expresa el documento, y agrega que “más que desde el llano, hay que evaluar las distancias desde arriba, para darse cuenta de la magnitud de la superficie destinada a la producción -zona rural- en relación a lo que puede llegar a ser la de un radio urbano. Un punto en el espacio”, dijo Martínez.
Uso y manejo
“El manejo de fitosanitarios debe ser realizado teniendo en cuenta todos los factores que puedan comprometer su uso. En aquellos casos en que los posibles efectos sobre la salud humana son motivo de discusión no resuelta, el uso de los mismos debe ser tratado adoptando las medidas necesarias para preservar el desarrollo humano”.
“Es necesario que se implementen mejoras sustanciales en los sistemas de control y en la forma en que se desarrolla la gestión y aplicación de fito-
sanitarios”.
El fallo de Martínez destaca la importancia que reviste la educación a todos los niveles: “De los profesionales de competencia en cada área, de los aplicadores y de la población, que en general evidencian gran desconocimiento sobre la peligrosidad que presenta la manipulación de las sustancias químicas”.
El magistrado se apoyó en el informe de la UNL, y una parte transcribe en el fallo. “No existen agroquímicos inocuos. Todas las sustancias de uso fitosanitario, entre las que se incluye el glifosato, presentan toxicidad y por ende algún grado de peligrosidad, tanto en casos de exposición agudo como crónica”.
“La seguridad del uso de los fitosanitarios depende de la forma de aplicación y del conjunto de medidas que aseguran el uso adecuado, regulado y controlado del mismo. Las condiciones climáticas y tipos de suelo definen la movilidad del glifosato y su metabolito Ampa (ver aparte). Se comprobó que existe riesgo potencial de transporte de glifosato y de Ampa a las aguas subterráneas y superficiales, aumentado por el uso de fertilizantes fosfatados”.
Toxicidad
En este punto del fallo Martínez comenzó a delinear la afectación de los productos químicos aplicados al agro sobre el medio ambiente y enfatiza que “la toxicidad de los formulados comerciales con glifosato (Roundup y otros) fue documentada en estudios científicos independientes, para distintos organismos que componen la biodiversidad de nuestra región” y realiza una síntesis de la acción de los químicos sobre animales, plantas y el suelo.
También indica que “los productos formulados de glifosato que contienen Poea son más tóxicos que otras formulaciones. Gran parte de la ciencia internacional investiga los efectos del glifosato puro o en formulas comerciales distintas a las que se emplean en Argentina. Por lo que se hace necesario diseñar estudios locales evaluando los efectos de los productos empleados en el país. Más si se tiene en cuenta que el glifosato, recientemente clasificado como perturbador endócrino, podría tener efectos adversos incluso en exposiciones a dosis bajas, consideradas como seguras”.
El fallo también analiza los efectos de los agroquímicos en los cursos de agua dulce, hace hincapié en diversos estudios científicos y deriva en la necesidad profundizar los estudios, así como establecer sistemas de disposición de los envases descartados.
Restricción
En abril de 2009, días después de presentado el recurso de amparo por parte de los vecinos contra los propietarios y explotadores de campos linderos al vecindario, Martínez resolvió suspender en forma preventiva la fumigación con todo tipo de fitosanitario a una distancia de 800 metros para aplicaciones terrestres y 1.500 para el caso de aspersiones aéreas.
Tanto los propietarios de los campos, sembrados en su mayoría con soja y maíz transgénicos, la Municipalidad y el gobierno de la provincia -a través del Ministerio de la Producción- apelaron la medida judicial.
En diciembre de 2009 la Cámara de Apelaciones Nº 2 de la ciudad de Santa Fe ratificó el fallo de primera instancia del juez Martínez, dio lugar a la apelación de la Municipalidad local y la eximió de las costas de la demanda y rechazó el recurso interpuesto por el gobierno de la provincia de Santa Fe, al que condenó al pago de costas.
Por primera vez
Es la primera vez que la Justicia impone distancias de aspersión en forma gráfica, más allá de la ley provincial Nº 11.723 que establece una escala por toxicidad. También es la primera vez que se establece el principio de precaución ante la sospecha de la toxicidad. El fallo pide que sean los demandados quienes demuestren y no los damnificados.
Plantas que reemplazan al Ceamse
Plantas que reemplazan al Ceamse
Fecha de Publicación: 24/02/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
El municipio de La Plata y cuatro comunas vecinas tendrán a partir del año próximo cinco plantas para el tratamiento integral de los residuos generados por los vecinos de esas localidades, lo que permitirá el cierre definitivo del relleno sanitario del Ceamse en la localidad de Ensenada y la recuperación del 80 por ciento de los desperdicios que se generen en esa área. Ese es el resultado del acuerdo que arribaron el gobierno bonaerense, que financiará toda la obra, y los municipios involucrados: además de La Plata y Ensenada, la propuesta comprende a Berisso, Brandsen y Punta Indio.
Hubo una suerte de pacto salomónico, para que todos los municipios terminen haciéndose cargo de los residuos que generan: como ninguno quería ser la sede de la planta de tratamiento para los residuos, coincidieron en que habría cinco, una en cada comuna.
En definitiva, hoy se presentará el contrato con la empresa adjudicataria de la obra, la española Sanea, asociada con dos argentinas: Esur –que hace la recolección de residuos en La Plata– y la consultora MGM. El acto se hará a las 15 en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno provincial. Es la instancia final de un proceso que incluyó consultas a organizaciones ambientalistas, expertos de la Universidad Nacional de La Plata, concejos deliberantes e intendentes.
La decisión es consecuencia del fallo de la Suprema Corte bonaerense, que en una sentencia obligó al gobierno bonaerense a cerrar el relleno de Ceamse de Ensenada, por la contaminación que éste genera en el ambiente. Allí se depositan los residuos generados en la ciudad de La Plata y en los partidos vecinos. “Se buscó no repetir la experiencia del relleno sanitario, por lo que se optó por un procedimiento tecnológico diferente”, explicó a Página/12 Sergio Federovisky, titular de la Agencia Ambiental de la Municipalidad de La Plata.
“Estamos ante una experiencia concreta de lo que se puede conseguir con la regionalización, en donde interactúan intendentes en pos de un objetivo que favorezca a la población”, destacó el gobernador bonaerense Daniel Scioli. Sobre la iniciativa, el intendente de Ensenada, Mario Secco, sostuvo que “hay que resaltar el coraje que ha tenido el gobernador para lograr cerrar este tema”.
El gobierno bonaerense asumió el costo de la instalación de las plantas, que demandarán una inversión total de 40 millones de dólares. En total, las cinco tendrán capacidad para procesar 700 toneladas de residuos por día. “Hoy se hará la firma del contrato y a partir de entonces, la empresa tiene 12 meses para construir las plantas. En un año, entonces, se estará en condiciones de cerrar el relleno de Ensenada”, precisó Federovisky.
Las plantas de tratamiento, en primera instancia, separarán los residuos domiciliarios en orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos se recuperarán en un ciento por ciento como compost (abono), mientras que con los inorgánicos, aproximadamente la mitad se recuperará para reciclado de materiales, un 25 por ciento se convertirá en combustible sólido para reemplazar al carbón en los hornos cementeros, y el resto se embalará e inertizará para restaurar (rellenar) canteras.
Además de Secco, se reunieron con Scioli los jefes comunales Pablo Bruera (La Plata), Enrique Slezack (Berisso), Héctor Equiza (Punta Indio) y Mirta Sargiotti (Brandsen).
Fecha de Publicación: 24/02/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
El municipio de La Plata y cuatro comunas vecinas tendrán a partir del año próximo cinco plantas para el tratamiento integral de los residuos generados por los vecinos de esas localidades, lo que permitirá el cierre definitivo del relleno sanitario del Ceamse en la localidad de Ensenada y la recuperación del 80 por ciento de los desperdicios que se generen en esa área. Ese es el resultado del acuerdo que arribaron el gobierno bonaerense, que financiará toda la obra, y los municipios involucrados: además de La Plata y Ensenada, la propuesta comprende a Berisso, Brandsen y Punta Indio.
Hubo una suerte de pacto salomónico, para que todos los municipios terminen haciéndose cargo de los residuos que generan: como ninguno quería ser la sede de la planta de tratamiento para los residuos, coincidieron en que habría cinco, una en cada comuna.
En definitiva, hoy se presentará el contrato con la empresa adjudicataria de la obra, la española Sanea, asociada con dos argentinas: Esur –que hace la recolección de residuos en La Plata– y la consultora MGM. El acto se hará a las 15 en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno provincial. Es la instancia final de un proceso que incluyó consultas a organizaciones ambientalistas, expertos de la Universidad Nacional de La Plata, concejos deliberantes e intendentes.
La decisión es consecuencia del fallo de la Suprema Corte bonaerense, que en una sentencia obligó al gobierno bonaerense a cerrar el relleno de Ceamse de Ensenada, por la contaminación que éste genera en el ambiente. Allí se depositan los residuos generados en la ciudad de La Plata y en los partidos vecinos. “Se buscó no repetir la experiencia del relleno sanitario, por lo que se optó por un procedimiento tecnológico diferente”, explicó a Página/12 Sergio Federovisky, titular de la Agencia Ambiental de la Municipalidad de La Plata.
“Estamos ante una experiencia concreta de lo que se puede conseguir con la regionalización, en donde interactúan intendentes en pos de un objetivo que favorezca a la población”, destacó el gobernador bonaerense Daniel Scioli. Sobre la iniciativa, el intendente de Ensenada, Mario Secco, sostuvo que “hay que resaltar el coraje que ha tenido el gobernador para lograr cerrar este tema”.
El gobierno bonaerense asumió el costo de la instalación de las plantas, que demandarán una inversión total de 40 millones de dólares. En total, las cinco tendrán capacidad para procesar 700 toneladas de residuos por día. “Hoy se hará la firma del contrato y a partir de entonces, la empresa tiene 12 meses para construir las plantas. En un año, entonces, se estará en condiciones de cerrar el relleno de Ensenada”, precisó Federovisky.
Las plantas de tratamiento, en primera instancia, separarán los residuos domiciliarios en orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos se recuperarán en un ciento por ciento como compost (abono), mientras que con los inorgánicos, aproximadamente la mitad se recuperará para reciclado de materiales, un 25 por ciento se convertirá en combustible sólido para reemplazar al carbón en los hornos cementeros, y el resto se embalará e inertizará para restaurar (rellenar) canteras.
Además de Secco, se reunieron con Scioli los jefes comunales Pablo Bruera (La Plata), Enrique Slezack (Berisso), Héctor Equiza (Punta Indio) y Mirta Sargiotti (Brandsen).
San Juan: detuvieron a 50 activistas
San Juan: detuvieron a la directora de Greenpeace y a 50 activistas
Fecha de Publicación: 24/02/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: San Juan
La policía y la gendarmería realizaron anoche un enorme operativo en el medio de la montaña en San Juan para detener a 50 activistas de Greenpeace , que se encontraban realizando una protesta contra la compañía canadiense Barrik Gold. Según la organización ecologista, la minera canadiense, que tiene llegada directa tanto a Cristina Kirchner como al gobernador José Luis Gioja, es la responsable de obstruir la entrada en vigencia de la ley de Glaciares , que se aprobó en octubre del año pasado, luego de que la presidenta la hubiera vetado dos años antes.
Desde la provincia y desde la empresa cargaron contra los ambientalistas . El gobierno provincial dijo que tiene una “palmaria preocupación” por los glaciares de San Juan y que mantiene su “monitoreo y cuidados irrestricto”. Para la Barrick, “Greenpeace se instaló sin permiso en el lugar, que es propiedad privada”.
Desde el martes a las 11 de la mañana, los ambientalistas habían logrado obstaculizar la entrada del camino minero que conduce a los yacimientos de oro y plata de Veladero y Pascua Lama , ubicados en el corazón de la cordillera, muy cerca del límite con Chile. Primero, sorprendieron a la seguridad, entrando por la retaguardia desde las montañas, instalando un campamento con carpas especiales para alta montaña, al que se encadenaron durante más de un día . Paralelamente, otro grupo instaló por delante de la garita de la guardia un gigante contenedor amarillo, que tenía pintado: “Barrick: basta de bloquear la ley de glaciares” . Las organizaciones sanjuanistas que se oponen a la mega minería en la provincia también dieron su apoyo a la protesta .
Al mediodía, la policía detuvo primero a la directora Política de Greenpeace, Eugenia Testa, acusándola de violar una norma provincial que impide el bloqueo de los caminos públicos, aunque la ruta minera -que hasta la entrada en operaciones de Veladero era de libre circulación- ahora es privada . Fue encerrada en una pequeña celda, con barrotes rojos, en la ciudad de Jáchal. El resto de los activistas fue detenido después de las 19, en un operativo muy grande en el que participó la policía provincial y la gendarmería. Ellos se habían encadenado entre sí con un sistema especial que usa Greenpeace, mediante el cual los manifestantes quedan unidos a través de unos tubos que son muy difíciles de cortar sin herir a los que lo llevan puesto . Así que, al final, los agentes de seguridad tuvieron que sacar a la rastra a los que protestaban.
La detención de Testa había provocado antes el repudio de varios partidos de oposición. Entre ellos, estaban los diputados Pino Solanas y Miguel Bonasso, quien ha denunciado los vínculos del poder con la compañía minera. La presidente Kirchner tiene trato personal con el CEO de la Barrick, Peter Munk , a quien recibió en su despacho en la Rosada luego de vetar por primera vez la ley de glaciares en 2008.
Desde San Juan, Juan Carlos Villalonga, director de campañas de Greenpeace, dijo a Clarín que la Barrick se “autoincrimina” cuando bloquea ante la justicia la ley de glaciares, porque así reconoce de hecho que tanto en Veladero como en Pascua Lama hay glaciares de roca y escombro. De lo contrario, no debería tener problemas para dejar entrar auditores de las universidades a sus yacimientos.
Operarios de la Barrick aplaudían mientras se llevaban a los activistas, que se resistieron pacíficamente a ser llevados por la policía. La empresa, por su lado, dijo en un comunicado que “cumple y respeta de manera cabal con todas las leyes aplicables y aprobaciones ambientales”.
En nombre de la Barrick Gold, Julio Claudeville, uno de los portavoces de la empresa, dijo a Clarín que los activistas “decidían qué subía y qué bajaba”, indicando que los ambientalistas no dejaron ingresar oxígeno, comida y combustible. Dijo además que la gente de Jáchal e Iglesias, donde la empresa realiza constantes donaciones, se opuso al piquete . Sin embargo, otras organizaciones sanjuaninas se sumaron al mismo . Entre ellos, Ernesto Lloverás, abogado ambiental, que dijo a este diario que era “una verguënza nacional” que el estado sanjuanino se opusiera a la ley de glaciares.
Antecedentes
La ley de glaciares fue aprobada en octubre pasado. Su fin es realizar un relevamiento de las áreas glaciares de la Argentina, que son las mayores reservas de agua en un mundo con temperaturas cada vez más elevadas.
La norma nunca entró en vigencia, entre otras cosas porque la Barrick logró que un tribunal sanjuanino otorgara en tiempo récord una cautelar que suspendía su aplicación.
La megaminería a cielo abierto es muy cuestionada mundialmente porque se necesita realizar grandes explosiones en la montaña para obtener el metal escondido .
Fecha de Publicación: 24/02/2011
Fuente: Clarín
Provincia/Región: San Juan
La policía y la gendarmería realizaron anoche un enorme operativo en el medio de la montaña en San Juan para detener a 50 activistas de Greenpeace , que se encontraban realizando una protesta contra la compañía canadiense Barrik Gold. Según la organización ecologista, la minera canadiense, que tiene llegada directa tanto a Cristina Kirchner como al gobernador José Luis Gioja, es la responsable de obstruir la entrada en vigencia de la ley de Glaciares , que se aprobó en octubre del año pasado, luego de que la presidenta la hubiera vetado dos años antes.
Desde la provincia y desde la empresa cargaron contra los ambientalistas . El gobierno provincial dijo que tiene una “palmaria preocupación” por los glaciares de San Juan y que mantiene su “monitoreo y cuidados irrestricto”. Para la Barrick, “Greenpeace se instaló sin permiso en el lugar, que es propiedad privada”.
Desde el martes a las 11 de la mañana, los ambientalistas habían logrado obstaculizar la entrada del camino minero que conduce a los yacimientos de oro y plata de Veladero y Pascua Lama , ubicados en el corazón de la cordillera, muy cerca del límite con Chile. Primero, sorprendieron a la seguridad, entrando por la retaguardia desde las montañas, instalando un campamento con carpas especiales para alta montaña, al que se encadenaron durante más de un día . Paralelamente, otro grupo instaló por delante de la garita de la guardia un gigante contenedor amarillo, que tenía pintado: “Barrick: basta de bloquear la ley de glaciares” . Las organizaciones sanjuanistas que se oponen a la mega minería en la provincia también dieron su apoyo a la protesta .
Al mediodía, la policía detuvo primero a la directora Política de Greenpeace, Eugenia Testa, acusándola de violar una norma provincial que impide el bloqueo de los caminos públicos, aunque la ruta minera -que hasta la entrada en operaciones de Veladero era de libre circulación- ahora es privada . Fue encerrada en una pequeña celda, con barrotes rojos, en la ciudad de Jáchal. El resto de los activistas fue detenido después de las 19, en un operativo muy grande en el que participó la policía provincial y la gendarmería. Ellos se habían encadenado entre sí con un sistema especial que usa Greenpeace, mediante el cual los manifestantes quedan unidos a través de unos tubos que son muy difíciles de cortar sin herir a los que lo llevan puesto . Así que, al final, los agentes de seguridad tuvieron que sacar a la rastra a los que protestaban.
La detención de Testa había provocado antes el repudio de varios partidos de oposición. Entre ellos, estaban los diputados Pino Solanas y Miguel Bonasso, quien ha denunciado los vínculos del poder con la compañía minera. La presidente Kirchner tiene trato personal con el CEO de la Barrick, Peter Munk , a quien recibió en su despacho en la Rosada luego de vetar por primera vez la ley de glaciares en 2008.
Desde San Juan, Juan Carlos Villalonga, director de campañas de Greenpeace, dijo a Clarín que la Barrick se “autoincrimina” cuando bloquea ante la justicia la ley de glaciares, porque así reconoce de hecho que tanto en Veladero como en Pascua Lama hay glaciares de roca y escombro. De lo contrario, no debería tener problemas para dejar entrar auditores de las universidades a sus yacimientos.
Operarios de la Barrick aplaudían mientras se llevaban a los activistas, que se resistieron pacíficamente a ser llevados por la policía. La empresa, por su lado, dijo en un comunicado que “cumple y respeta de manera cabal con todas las leyes aplicables y aprobaciones ambientales”.
En nombre de la Barrick Gold, Julio Claudeville, uno de los portavoces de la empresa, dijo a Clarín que los activistas “decidían qué subía y qué bajaba”, indicando que los ambientalistas no dejaron ingresar oxígeno, comida y combustible. Dijo además que la gente de Jáchal e Iglesias, donde la empresa realiza constantes donaciones, se opuso al piquete . Sin embargo, otras organizaciones sanjuaninas se sumaron al mismo . Entre ellos, Ernesto Lloverás, abogado ambiental, que dijo a este diario que era “una verguënza nacional” que el estado sanjuanino se opusiera a la ley de glaciares.
Antecedentes
La ley de glaciares fue aprobada en octubre pasado. Su fin es realizar un relevamiento de las áreas glaciares de la Argentina, que son las mayores reservas de agua en un mundo con temperaturas cada vez más elevadas.
La norma nunca entró en vigencia, entre otras cosas porque la Barrick logró que un tribunal sanjuanino otorgara en tiempo récord una cautelar que suspendía su aplicación.
La megaminería a cielo abierto es muy cuestionada mundialmente porque se necesita realizar grandes explosiones en la montaña para obtener el metal escondido .
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