PN Sierra de las Quijadas en conflicto
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La Corte le impidió a San Luis expropiar un parque nacional
Fecha de Publicación: 13/10/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional - San Luis
El gobernador Alberto Rodríguez Saá había previsto una fecha simbólica como el 12 de octubre, para desalojar el Parque Nacional Sierra de las Quijadas –el único de San Luis– y entregárselo a integrantes del pueblo huarpe que viven en la capital puntana. Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación respondió a tiempo y le ordenó no innovar.
Situado en el noroeste de la provincia, el parque fue creado en 1991, para conservar ambientes representativos del Chaco árido y del monte, y para preservar sus yacimientos arqueológicos y paleontológicos. Fue Adolfo Rodríguez Saá, entonces gobernador y hermano del actual, quien firmó la cesión de las 73.534 hectáreas, compradas a los particulares íntegramente con fondos de la Administración de Parques Nacionales (APN), tras la sanción de una ley nacional.
Pero el 28 de julio pasado, la Cámara de Diputados de San Luis votó la expropiación del parque , manteniéndolo como área protegida, para restituirlo “a sus ancestrales y originarios pobladores, el Pueblo Nación Huarpe de San Luis”. Según la ley V-0721, el Estado nacional debía considerarse compensado con las deudas que mantendría con la provincia.
El 8 de agosto, APN solicitó una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación . Y el 7 de octubre pidió la revocación del desalojo ante la Justicia Federal de San Luis.
APN mantiene una política de creciente integración con las comunidades indígenas que viven dentro o en la periferia de los parques nacionales. En el Lanín se estableció un comanejo con las comunidades mapuche, que administran varios servicios. Emprendimientos menores se comparten con los avá guaraní en Calilegua, y con los mbyá guaraní en Iguazú. Más aún: en Sierra de las Quijadas vive una comunidad huarpe, en Guanacache, aunque sin relación con el gobierno provincial.
Ayer, la Corte resolvió que la ley V-0721 no podrá ejecutarse. Además pidió al Juzgado Federal de San Luis remitirle las actuaciones, ya que la causa es de competencia originaria del Supremo Tribunal.
Fecha de Publicación: 13/10/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional - San Luis
El gobernador Alberto Rodríguez Saá había previsto una fecha simbólica como el 12 de octubre, para desalojar el Parque Nacional Sierra de las Quijadas –el único de San Luis– y entregárselo a integrantes del pueblo huarpe que viven en la capital puntana. Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación respondió a tiempo y le ordenó no innovar.
Situado en el noroeste de la provincia, el parque fue creado en 1991, para conservar ambientes representativos del Chaco árido y del monte, y para preservar sus yacimientos arqueológicos y paleontológicos. Fue Adolfo Rodríguez Saá, entonces gobernador y hermano del actual, quien firmó la cesión de las 73.534 hectáreas, compradas a los particulares íntegramente con fondos de la Administración de Parques Nacionales (APN), tras la sanción de una ley nacional.
Pero el 28 de julio pasado, la Cámara de Diputados de San Luis votó la expropiación del parque , manteniéndolo como área protegida, para restituirlo “a sus ancestrales y originarios pobladores, el Pueblo Nación Huarpe de San Luis”. Según la ley V-0721, el Estado nacional debía considerarse compensado con las deudas que mantendría con la provincia.
El 8 de agosto, APN solicitó una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación . Y el 7 de octubre pidió la revocación del desalojo ante la Justicia Federal de San Luis.
APN mantiene una política de creciente integración con las comunidades indígenas que viven dentro o en la periferia de los parques nacionales. En el Lanín se estableció un comanejo con las comunidades mapuche, que administran varios servicios. Emprendimientos menores se comparten con los avá guaraní en Calilegua, y con los mbyá guaraní en Iguazú. Más aún: en Sierra de las Quijadas vive una comunidad huarpe, en Guanacache, aunque sin relación con el gobierno provincial.
Ayer, la Corte resolvió que la ley V-0721 no podrá ejecutarse. Además pidió al Juzgado Federal de San Luis remitirle las actuaciones, ya que la causa es de competencia originaria del Supremo Tribunal.
Otra Campaña del Desierto, ahora por la soja
Otra Campaña del Desierto, ahora por la soja
Fecha de Publicación: 12/10/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En seis provincias del Chaco argentino hay ocho millones de hectáreas en conflictos de tierras y ambientales, en gran parte por el avance de frontera agropecuaria. Están afectadas 950 mil personas, la mayoría son indígenas y campesinos.
La Campaña del Desierto fue la avanzada militar sobre los pueblos originarios del sur del país y tuvo como símbolo a Julio Argentino Roca. Menos difundida, aunque igual de cruenta, el Estado también ejecutó una campaña militar contra los pueblos indígenas del norte, llamada de dos maneras: “Conquista del Chaco” y “Campaña del Desierto Verde”. Se ejecutó entre 1884 y 1917 e implicó asesinatos masivos, trabajo esclavo, torturas y la expulsión de los pueblos indígenas de sus territorios, lo que les ocasionó perder su forma ancestral de vida y tener que vender a bajo precio su fuerza de trabajo. Un relevamiento de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) da cuenta de una nueva avanzada sobre los pueblos originarios, esta vez protagonizada por el modelo agropecuario: contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a toda la superficie de Entre Ríos o 390 veces la ciudad de Buenos Aires), y 950 mil personas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo de agropecuario, con la soja transgénica como emblema. La Redaf explica: “La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”.
“Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco argentino”, es el nombre del informe de la Redaf, integrado por un colectivo de organizaciones, académicos y técnicos de distintas disciplinas del norte del país. Identificó 259 conflictos, de los cuales procesó los datos de 164, de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, este de Salta y norte de Santa Fe y Córdoba, el grueso de las provincias que conforman la región denominada Chaco argentino. Los datos precisos: 7,8 millones de hectáreas en conflicto y 948 mil personas afectadas, mayormente pueblos originarios y campesinos. El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra. “Es sólo una muestra de la magnitud del problema en la región”, advierte el informe.
El grueso de los conflictos (89 por ciento) se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, recuerda el informe. En el mercado de agronegocios mundial, Argentina es visto como un alumno modelo. En 1997 se cosecharon en Argentina once millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja abarca 19 millones de hectáreas, la mitad de la superficie cultivable del país. Los pueblos originarios perjudicados por ese avance, sólo en las provincias relevadas, son el qom, pilagá, mocoví, wichí, chorotes, chulupies, tapietes, guaycurúes, lules, vilelas y tonocoté.
A pesar de leyes que protegen la posesión de tierras de familias ancestrales (Constitución nacional, Convenio 169 OIT, Ley 26.160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil) en el 99 por ciento de los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer. En el 56 por ciento de los casos las familias han sufrido intentos de desalojo y en el 31 por ciento padecieron alambrados u ocupación de sus lotes.
Sólo en los casos de tierras se contabilizaron 97.995 personas que padecen conflictos. El 60 por ciento son indígenas (59.506), 39 por ciento criollos (37.789) y 700 personas criollas-indígenas (uno por ciento). Hay un piso, sólo en casos de tierras, de 1,7 millón de hectáreas en disputa. Con casos emblemáticos: en Salta sobresale el caso de los lotes 55 y 14, en el noreste provincial, también conocido como el caso Lhaka Honhat (“Nuestra Tierra” en idioma wichí), por el nombre de la organización indígena conformada por 45 comunidades y 6000 personas.
Desde 1984, las comunidades aborígenes del Chaco salteño luchan para que el gobierno provincial les otorgue el título de propiedad de las tierras que habitan. Las comunidades quieren que sea un título comunitario, que les permita seguir viviendo como pueblos cazadores y recolectores. “El gobierno de Salta ha prometido mucho, pero ha hecho muy poco. Con aprobación del gobierno nacional, pero sin consultar a las familias, autorizó construcción de un puente internacional sobre el río Pilcomayo. También de rutas para facilitar el comercio entre los distintos países del Mercosur. Estas obras cruzan el territorio que habitan las comunidades, sin embargo ellas nunca fueron informadas sobre las consecuencias de estos proyectos”, detalla del informe.
El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en noviembre de 2006 intimó al Estado argentino para que demarque y entregue las tierras a las comunidades. En 2007, el gobierno de Salta firmó un acuerdo por el cual se comprometió a la redistribución de 643 mil hectáreas, 400 mil para aborígenes y 243 mil para los criollos. La Redaf advierte que la entrega de títulos se encuentra muy retrasada.
La Redaf también destaca el caso del Bañado la Estrella, en Formosa, donde el gobierno provincial decidió la reconstrucción de una ruta y erigió terraplenes que inundaron tierras campesinas. El informe recuerda que las familias debieron abandonar su zona de vida ancestral y perdieron animales (parte esencial de subsistencia).
El relevamiento demuestra que las víctimas del modelo agropecuario son pequeños productores. El 56 por ciento de los casos corresponde a familias con menos de 100 hectáreas. Y el 43 por ciento posee menos de 400 hectáreas. Además de la escasa cantidad de tierras, los ingenieros agrónomos de la Redaf recuerdan que 100 hectáreas en el Chaco argentino nunca tienen la misma productividad que en la Pampa húmeda. “La cantidad de tierras de que disponen las familias es escasa para desarrollar una vida digna y permitir que los jóvenes se puedan quedar a trabajar y vivir en el campo”, afirma.
Como contrapartes del conflicto, el 79 por ciento está constituida por empresas y personas físicas. Y el 16 por ciento identifica al Estado como el enemigo que disputa el territorio. El rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos.
El relevamiento destaca también el rol del Poder Judicial. Afirma que hay un retraso manifiesto de los jueces y fiscales para aplicar las leyes que protegen a campesinos e indígenas, y –cuando actúan– hay un retraso notable.
La Red Agroforestal realiza un informe permanente y dinámico de conflictos. En febrero pasado este diario informó que existían en la misma región cinco millones de hectáreas en disputa, casi 600 mil personas afectadas. Se trataba del conteo de 52 de casos de 120 relevados. En el transcurso del año se registraron y procesaron nuevos conflictos (164 procesados de 259 registrados), que serán difundidos en detalles y entregados el próximo 20 de octubre en Córdoba, en el marco del “Cuarto Seminario sobre tierra, agua y bosque de la región chaqueña”. La organización remarca que existen “muchos más casos” que los relevados.
Cuando se les preguntó a las familias afectadas qué querían, las respuestas fueron simples: poder trabajar y vivir en la tierra donde siempre vivieron. En la lista de exigencias figuran que se les reconozca el derecho a ser dueños de las tierras y que les devuelvan las tierras que les quitaron de manera fraudulenta.
Entre las conclusiones se destaca que los conflictos no son sólo por la tierra, sino que se trata de una disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Afirma que para los empresarios dedicados al agro y para el Estado “está en juego el aumento de ganancias y retenciones en el corto plazo, para ellos la tierra representa un bien económico necesario para producir ganancias, sin importar los costos ambientales, culturales y sociales que impliquen”.
En contraposición, destaca que para los pueblos indígenas y campesinos implica mucho más que negocios. “Se trata de una lucha por conservar una identidad, por mantener un modo de vida, de producir, de vivir y permanecer. La tierra es un bien social y no un bien económico, parte constitutiva de su cosmovisión y religiosidad”, asegura el informe: “Llama la atención el escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que, aunque en el discurso lo cuestione, en la práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra la vida indígena y campesina”.
Fecha de Publicación: 12/10/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En seis provincias del Chaco argentino hay ocho millones de hectáreas en conflictos de tierras y ambientales, en gran parte por el avance de frontera agropecuaria. Están afectadas 950 mil personas, la mayoría son indígenas y campesinos.
La Campaña del Desierto fue la avanzada militar sobre los pueblos originarios del sur del país y tuvo como símbolo a Julio Argentino Roca. Menos difundida, aunque igual de cruenta, el Estado también ejecutó una campaña militar contra los pueblos indígenas del norte, llamada de dos maneras: “Conquista del Chaco” y “Campaña del Desierto Verde”. Se ejecutó entre 1884 y 1917 e implicó asesinatos masivos, trabajo esclavo, torturas y la expulsión de los pueblos indígenas de sus territorios, lo que les ocasionó perder su forma ancestral de vida y tener que vender a bajo precio su fuerza de trabajo. Un relevamiento de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) da cuenta de una nueva avanzada sobre los pueblos originarios, esta vez protagonizada por el modelo agropecuario: contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a toda la superficie de Entre Ríos o 390 veces la ciudad de Buenos Aires), y 950 mil personas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo de agropecuario, con la soja transgénica como emblema. La Redaf explica: “La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”.
“Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco argentino”, es el nombre del informe de la Redaf, integrado por un colectivo de organizaciones, académicos y técnicos de distintas disciplinas del norte del país. Identificó 259 conflictos, de los cuales procesó los datos de 164, de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, este de Salta y norte de Santa Fe y Córdoba, el grueso de las provincias que conforman la región denominada Chaco argentino. Los datos precisos: 7,8 millones de hectáreas en conflicto y 948 mil personas afectadas, mayormente pueblos originarios y campesinos. El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra. “Es sólo una muestra de la magnitud del problema en la región”, advierte el informe.
El grueso de los conflictos (89 por ciento) se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, recuerda el informe. En el mercado de agronegocios mundial, Argentina es visto como un alumno modelo. En 1997 se cosecharon en Argentina once millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja abarca 19 millones de hectáreas, la mitad de la superficie cultivable del país. Los pueblos originarios perjudicados por ese avance, sólo en las provincias relevadas, son el qom, pilagá, mocoví, wichí, chorotes, chulupies, tapietes, guaycurúes, lules, vilelas y tonocoté.
A pesar de leyes que protegen la posesión de tierras de familias ancestrales (Constitución nacional, Convenio 169 OIT, Ley 26.160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil) en el 99 por ciento de los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer. En el 56 por ciento de los casos las familias han sufrido intentos de desalojo y en el 31 por ciento padecieron alambrados u ocupación de sus lotes.
Sólo en los casos de tierras se contabilizaron 97.995 personas que padecen conflictos. El 60 por ciento son indígenas (59.506), 39 por ciento criollos (37.789) y 700 personas criollas-indígenas (uno por ciento). Hay un piso, sólo en casos de tierras, de 1,7 millón de hectáreas en disputa. Con casos emblemáticos: en Salta sobresale el caso de los lotes 55 y 14, en el noreste provincial, también conocido como el caso Lhaka Honhat (“Nuestra Tierra” en idioma wichí), por el nombre de la organización indígena conformada por 45 comunidades y 6000 personas.
Desde 1984, las comunidades aborígenes del Chaco salteño luchan para que el gobierno provincial les otorgue el título de propiedad de las tierras que habitan. Las comunidades quieren que sea un título comunitario, que les permita seguir viviendo como pueblos cazadores y recolectores. “El gobierno de Salta ha prometido mucho, pero ha hecho muy poco. Con aprobación del gobierno nacional, pero sin consultar a las familias, autorizó construcción de un puente internacional sobre el río Pilcomayo. También de rutas para facilitar el comercio entre los distintos países del Mercosur. Estas obras cruzan el territorio que habitan las comunidades, sin embargo ellas nunca fueron informadas sobre las consecuencias de estos proyectos”, detalla del informe.
El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en noviembre de 2006 intimó al Estado argentino para que demarque y entregue las tierras a las comunidades. En 2007, el gobierno de Salta firmó un acuerdo por el cual se comprometió a la redistribución de 643 mil hectáreas, 400 mil para aborígenes y 243 mil para los criollos. La Redaf advierte que la entrega de títulos se encuentra muy retrasada.
La Redaf también destaca el caso del Bañado la Estrella, en Formosa, donde el gobierno provincial decidió la reconstrucción de una ruta y erigió terraplenes que inundaron tierras campesinas. El informe recuerda que las familias debieron abandonar su zona de vida ancestral y perdieron animales (parte esencial de subsistencia).
El relevamiento demuestra que las víctimas del modelo agropecuario son pequeños productores. El 56 por ciento de los casos corresponde a familias con menos de 100 hectáreas. Y el 43 por ciento posee menos de 400 hectáreas. Además de la escasa cantidad de tierras, los ingenieros agrónomos de la Redaf recuerdan que 100 hectáreas en el Chaco argentino nunca tienen la misma productividad que en la Pampa húmeda. “La cantidad de tierras de que disponen las familias es escasa para desarrollar una vida digna y permitir que los jóvenes se puedan quedar a trabajar y vivir en el campo”, afirma.
Como contrapartes del conflicto, el 79 por ciento está constituida por empresas y personas físicas. Y el 16 por ciento identifica al Estado como el enemigo que disputa el territorio. El rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos.
El relevamiento destaca también el rol del Poder Judicial. Afirma que hay un retraso manifiesto de los jueces y fiscales para aplicar las leyes que protegen a campesinos e indígenas, y –cuando actúan– hay un retraso notable.
La Red Agroforestal realiza un informe permanente y dinámico de conflictos. En febrero pasado este diario informó que existían en la misma región cinco millones de hectáreas en disputa, casi 600 mil personas afectadas. Se trataba del conteo de 52 de casos de 120 relevados. En el transcurso del año se registraron y procesaron nuevos conflictos (164 procesados de 259 registrados), que serán difundidos en detalles y entregados el próximo 20 de octubre en Córdoba, en el marco del “Cuarto Seminario sobre tierra, agua y bosque de la región chaqueña”. La organización remarca que existen “muchos más casos” que los relevados.
Cuando se les preguntó a las familias afectadas qué querían, las respuestas fueron simples: poder trabajar y vivir en la tierra donde siempre vivieron. En la lista de exigencias figuran que se les reconozca el derecho a ser dueños de las tierras y que les devuelvan las tierras que les quitaron de manera fraudulenta.
Entre las conclusiones se destaca que los conflictos no son sólo por la tierra, sino que se trata de una disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Afirma que para los empresarios dedicados al agro y para el Estado “está en juego el aumento de ganancias y retenciones en el corto plazo, para ellos la tierra representa un bien económico necesario para producir ganancias, sin importar los costos ambientales, culturales y sociales que impliquen”.
En contraposición, destaca que para los pueblos indígenas y campesinos implica mucho más que negocios. “Se trata de una lucha por conservar una identidad, por mantener un modo de vida, de producir, de vivir y permanecer. La tierra es un bien social y no un bien económico, parte constitutiva de su cosmovisión y religiosidad”, asegura el informe: “Llama la atención el escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que, aunque en el discurso lo cuestione, en la práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra la vida indígena y campesina”.
Temen que La Plata reciba la basura porteña
Temen que La Plata reciba la basura porteña
Fecha de Publicación: 12/10/2010
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
La planta de tratamiento de residuos, que se planea construir en La Plata, podría recibir parte de las 5.800 toneladas diarias de basura que se generan en Capital Federal
La planta de tratamiento de residuos, que se planea construir en La Plata, podr?a recibir parte de las 5.800 toneladas diarias de basura que se generan en Capital Federal
¿Qué hacer con las cientos de toneladas de basura que, a diario, se producen en la región? La situación genera cada vez más interrogantes a partir del colapso del relleno sanitario de Punta Lara, donde se deposita la basura que se genera en el Gran La Plata y que debe ser cerrado por orden de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Las autoridades provinciales y municipales esperan que, en un plazo de alrededor de diez meses, comience a funcionar una planta que servirá para el tratamiento de residuos sólidos y urbanos. También se prevé la generación de energía eléctrica, por lo que aseguran que solamente se enterrará el 30 % de los residuos que se generen en la región y que actualmente son enterrados en el predio de Ensenada.
La semana pasada se realizó la presentación de las propuestas para la construcción de la mencionada planta. Y llamó mucho la atención la presencia del titular de Medio Ambiente porteño, Diego Santilli, un hombre del riñón de Mauricio Macri. Santilli compartió la ceremonia con el intendente platense Pablo Bruera y el gobernador Daniel Scioli.
En los últimos días, distintos trascendidos empezaron a dar cuenta de la posibilidad de que el nuevo relleno y la planta de tratamiento reciba residuos provenientes de Capital Federal, los que, como es sabido, actualmente se entierran en territorio bonaerense.
Por el momento, el Municipio platense mantiene un marcado hermetismo respecto al lugar donde se construirá la planta. La Comuna encargó los estudios a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que habría determinado distintos lugares posibles, pero hasta el momento la decisión final no se dio a conocer. En un primer momento, trascendió que el lugar elegido sería la localidad de Poblet, lo que despertó una fuerte reacción de vecinos y productores rurales de esa localidad, que afirman que la disposición final de residuos podría poner en serio riesgo al acuífero Puelche. Por eso, en los últimos días, también comenzó a mencionarse con fuerza la posibilidad de que finalmente la planta se levante en cercanías de la ruta 2, más precisamente en el Parque Industrial II.
Fuentes consultadas por Hoy confirmaron que se está analizando la posibilidad de que el emprendimiento en cuestión procese la basura porteña. Incluso el gobierno bonaerense ya anunció que destinará $ 100 millones (el 50% del canon que paga el gobierno porteño a la Provincia en concepto de disposición final de los residuos) para financiar la construcción del predio.
Eso no es todo. En el pliego de licitación, al que tuvo acceso Hoy, hay un dato por demás llamativo. Concretamente, se habla de que la capacidad mínima inicial de la planta tendría que ser de 700 toneladas, número que está muy por encima de la generación diaria de residuos en el Gran La Plata, donde, por día, se producen 600 toneladas.
“El Municipio y la Provincia están garantizando que la planta no procese menos de 700 toneladas. Si se tiene que enterrar sólo el 30% de la basura generada, se va a estar muy por debajo del piso mínimo establecido. Por eso, la presencia de Santilli en el acto apunta a que Capital Federal seguramente enviará parte de sus residuos a La Plata. Nuestra ciudad puede llegar a convertirse en uno de los principales basureros del país”, le dijo a Hoy el diputado provincial Oscar Negrelli (Coalición Cívica).
Incertidumbre en Poblet
Tras la apertura de los sobres de licitación, que evaluarán las propuestas técnicas de las empresas, los vecinos de la localidad de Poblet siguen sin conocer el lugar donde se instalará el establecimiento de tratamientos de residuos urbanos. “Este miércoles (por mañana) podremos acceder a los pliegos de la licitación, pero ha circulado la versión de que no sabremos del lugar hasta la adjudicación final”, afirmó Bernardo Mendi, miembro de la Asociación Civil Protectora del Agua en La Plata, Poblet y Oliden. En principio se estipula que el Municipio esperaría que las empresas propongan el sitio para la instalación de la planta, y, de no existir planteo por parte de las mismas, el Ejecutivo municipal con la Provincia serán los que definirán el lugar donde se construirá dicho establecimiento.
Disposición final
Actualmente, la disposición final de residuos la realiza la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), que posee tres rellenos sanitarios en funcionamiento que se encuentran ubicados en Punta Lara, González Catán (La Matanza) y San Miguel. Los dos últimos reciben basura que proviene de Capital Federal y, al igual de lo que sucede con el relleno de Punta Lara, van camino al colapso. De ahí la necesidad que tienen los porteños de encontrar lugares alternativos para la disposición final de los residuos.
Pese a las iniciativas de “Basura Cero” que se sancionaron en la Capital Federal, para la separación en origen, la realidad muestra que la cantidad de basura que se genera en la capital del país va en constante aumento: de las 1.443.046 toneladas que se enterraban en 2002, se pasó a 1.847.748,4 en 2009. Y no existen indicios de que la situación vaya a mejorar en el corto plazo.
Fecha de Publicación: 12/10/2010
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
La planta de tratamiento de residuos, que se planea construir en La Plata, podría recibir parte de las 5.800 toneladas diarias de basura que se generan en Capital Federal
La planta de tratamiento de residuos, que se planea construir en La Plata, podr?a recibir parte de las 5.800 toneladas diarias de basura que se generan en Capital Federal
¿Qué hacer con las cientos de toneladas de basura que, a diario, se producen en la región? La situación genera cada vez más interrogantes a partir del colapso del relleno sanitario de Punta Lara, donde se deposita la basura que se genera en el Gran La Plata y que debe ser cerrado por orden de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Las autoridades provinciales y municipales esperan que, en un plazo de alrededor de diez meses, comience a funcionar una planta que servirá para el tratamiento de residuos sólidos y urbanos. También se prevé la generación de energía eléctrica, por lo que aseguran que solamente se enterrará el 30 % de los residuos que se generen en la región y que actualmente son enterrados en el predio de Ensenada.
La semana pasada se realizó la presentación de las propuestas para la construcción de la mencionada planta. Y llamó mucho la atención la presencia del titular de Medio Ambiente porteño, Diego Santilli, un hombre del riñón de Mauricio Macri. Santilli compartió la ceremonia con el intendente platense Pablo Bruera y el gobernador Daniel Scioli.
En los últimos días, distintos trascendidos empezaron a dar cuenta de la posibilidad de que el nuevo relleno y la planta de tratamiento reciba residuos provenientes de Capital Federal, los que, como es sabido, actualmente se entierran en territorio bonaerense.
Por el momento, el Municipio platense mantiene un marcado hermetismo respecto al lugar donde se construirá la planta. La Comuna encargó los estudios a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que habría determinado distintos lugares posibles, pero hasta el momento la decisión final no se dio a conocer. En un primer momento, trascendió que el lugar elegido sería la localidad de Poblet, lo que despertó una fuerte reacción de vecinos y productores rurales de esa localidad, que afirman que la disposición final de residuos podría poner en serio riesgo al acuífero Puelche. Por eso, en los últimos días, también comenzó a mencionarse con fuerza la posibilidad de que finalmente la planta se levante en cercanías de la ruta 2, más precisamente en el Parque Industrial II.
Fuentes consultadas por Hoy confirmaron que se está analizando la posibilidad de que el emprendimiento en cuestión procese la basura porteña. Incluso el gobierno bonaerense ya anunció que destinará $ 100 millones (el 50% del canon que paga el gobierno porteño a la Provincia en concepto de disposición final de los residuos) para financiar la construcción del predio.
Eso no es todo. En el pliego de licitación, al que tuvo acceso Hoy, hay un dato por demás llamativo. Concretamente, se habla de que la capacidad mínima inicial de la planta tendría que ser de 700 toneladas, número que está muy por encima de la generación diaria de residuos en el Gran La Plata, donde, por día, se producen 600 toneladas.
“El Municipio y la Provincia están garantizando que la planta no procese menos de 700 toneladas. Si se tiene que enterrar sólo el 30% de la basura generada, se va a estar muy por debajo del piso mínimo establecido. Por eso, la presencia de Santilli en el acto apunta a que Capital Federal seguramente enviará parte de sus residuos a La Plata. Nuestra ciudad puede llegar a convertirse en uno de los principales basureros del país”, le dijo a Hoy el diputado provincial Oscar Negrelli (Coalición Cívica).
Incertidumbre en Poblet
Tras la apertura de los sobres de licitación, que evaluarán las propuestas técnicas de las empresas, los vecinos de la localidad de Poblet siguen sin conocer el lugar donde se instalará el establecimiento de tratamientos de residuos urbanos. “Este miércoles (por mañana) podremos acceder a los pliegos de la licitación, pero ha circulado la versión de que no sabremos del lugar hasta la adjudicación final”, afirmó Bernardo Mendi, miembro de la Asociación Civil Protectora del Agua en La Plata, Poblet y Oliden. En principio se estipula que el Municipio esperaría que las empresas propongan el sitio para la instalación de la planta, y, de no existir planteo por parte de las mismas, el Ejecutivo municipal con la Provincia serán los que definirán el lugar donde se construirá dicho establecimiento.
Disposición final
Actualmente, la disposición final de residuos la realiza la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), que posee tres rellenos sanitarios en funcionamiento que se encuentran ubicados en Punta Lara, González Catán (La Matanza) y San Miguel. Los dos últimos reciben basura que proviene de Capital Federal y, al igual de lo que sucede con el relleno de Punta Lara, van camino al colapso. De ahí la necesidad que tienen los porteños de encontrar lugares alternativos para la disposición final de los residuos.
Pese a las iniciativas de “Basura Cero” que se sancionaron en la Capital Federal, para la separación en origen, la realidad muestra que la cantidad de basura que se genera en la capital del país va en constante aumento: de las 1.443.046 toneladas que se enterraban en 2002, se pasó a 1.847.748,4 en 2009. Y no existen indicios de que la situación vaya a mejorar en el corto plazo.
Informe asegura que Botnia contamina
Informe del gobierno nacional asegura que Botnia contamina
Fecha de Publicación: 11/10/2010
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
Se trata de un estudio que presentó la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación acerca del impacto de la planta de celulosa en Uruguay. Alerta sobre "numerosos eventos de contaminación atmosférica" que avanzan hasta 40 kilómetros sobre el territorio argentino
Un informe del gobierno nacional asegura que la planta de celulosa de UPM (ex Botnia), que opera en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, contamina las costas del Río Uruguay.
Se trata de un estudio técnico que elaboró y presentó a fines de septiembre la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación (ver link relacionado) y se conoce en el inicio de los controles ambientales que acordaron desarrollar las autoridades de la Argentina y de Uruguay para poner fin al diferendo por la instalación de la planta.
En sus resultados, el informe indica que "El Plan de Vigilancia" que se llevó a cabo permitió detectar "numerosos eventos de contaminación atmosférica con materia en suspensión, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre".
Advierte, además, que los elementos químicos que fueron localizados irrumpieron en el territorio argentino: "El sulfuro de hidrógeno, que era indetectable en el período preoperaciones, entró 10-40 kilómetros en el territorio argentino"
También hace referencia a la formación de espuma "sin precedentes" que se produjo sobre las aguas del Río Uruguay, entre las ciudades de Fray Bentos y Gualeguaychú, el 4 de febrero de 2009.
"La formación de espuma cianobacterias fue de tal magnitud que no tiene precedentes", indica al tiempo que asegura que existen "varias señales claras que apuntan a la planta de Botnia, incluyendo la presencia de fibras de madera de eucalipto, concentraciones de sodio y halógenos orgánicos absorbibles".
Fecha de Publicación: 11/10/2010
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
Se trata de un estudio que presentó la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación acerca del impacto de la planta de celulosa en Uruguay. Alerta sobre "numerosos eventos de contaminación atmosférica" que avanzan hasta 40 kilómetros sobre el territorio argentino
Un informe del gobierno nacional asegura que la planta de celulosa de UPM (ex Botnia), que opera en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, contamina las costas del Río Uruguay.
Se trata de un estudio técnico que elaboró y presentó a fines de septiembre la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación (ver link relacionado) y se conoce en el inicio de los controles ambientales que acordaron desarrollar las autoridades de la Argentina y de Uruguay para poner fin al diferendo por la instalación de la planta.
En sus resultados, el informe indica que "El Plan de Vigilancia" que se llevó a cabo permitió detectar "numerosos eventos de contaminación atmosférica con materia en suspensión, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre".
Advierte, además, que los elementos químicos que fueron localizados irrumpieron en el territorio argentino: "El sulfuro de hidrógeno, que era indetectable en el período preoperaciones, entró 10-40 kilómetros en el territorio argentino"
También hace referencia a la formación de espuma "sin precedentes" que se produjo sobre las aguas del Río Uruguay, entre las ciudades de Fray Bentos y Gualeguaychú, el 4 de febrero de 2009.
"La formación de espuma cianobacterias fue de tal magnitud que no tiene precedentes", indica al tiempo que asegura que existen "varias señales claras que apuntan a la planta de Botnia, incluyendo la presencia de fibras de madera de eucalipto, concentraciones de sodio y halógenos orgánicos absorbibles".
Se apura la Ley de Bosques en Tucumán
El PE apura la reglamentación de la ley de Bosques Nativos caminando la ciudad
Fecha de Publicación: 11/10/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Tenía razón el legislador Roque Tobías Alvarez (PJ) cuando a mediados de este año advirtió que el Poder Ejecutivo debía reglamentar "con pies de plomo" la Ley 8.304, de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Tucumán (Otbnt). La expresión, que alude a la cautela debida en la definición de situaciones que acarrean consecuencias graves, explica por qué el Ministerio de Desarrollo Productivo, por medio de la Dirección de Fauna, Flora Silvestre y Suelo, ha decidido plantear un proyecto de reglamento progresivo, cuyo primer objetivo es crear el marco administrativo para la formulación de los planes de conservación, manejo y aprovechamiento de los bosques nativos previstos en la Ley 8.304.
"Tucumán parte de cero en esta materia", reconoce el arquitecto Daniel Manso, director de Fauna, Flora Silvestre y Suelo, y encargado de coordinar el proceso participativo de elaboración del Otbnt. Esa inexperiencia ha obligado a definir una aplicación gradual de la norma que propone equilibrar la política medioambiental con la política productiva -y viceversa-, y que, en términos prácticos, obliga al Estado a pagar al ciudadano que recupere, cuide y enriquezca el bosque autóctono en función de un esquema de ordenamiento del territorio en tres niveles de protección: máxima (zona roja, 526.638 hectáreas), media (zona amarilla, 219.413 hectáreas) y mínima (zona verde, 164.461 hectáreas).
El borrador de la reglamentación se ajusta a una coyuntura financiera: el pago de los servicios ambientales que presta la superficie boscosa no procede aún del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (Fnecbn), como prescribe la Ley 26.331, sino de una partida de la Jefatura de Gabinete nacional. Manso, que mantiene en reserva el proyecto "para evitar tergiversaciones", explica que el Fnecbn está a su vez pendiente de reglamentación y que esto depende de que el resto de las provincias sancionen sus ordenamientos (sólo 10 lo hicieron).
Si bien aún parecen lejanos los $40 millones que Tucumán aspira a recibir del fondo de la Ley 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el Gobierno de José Alperovich no quiere perder los $6 millones que este año le corresponden a la provincia en concepto del Otbnt y cuyo plazo de asignación vence el 31 de octubre. Por ello, Fauna, Flora Silvestre y Suelo ha resuelto convocar las primeras "ideas-proyecto" de conservación y aprovechamiento de bosques nativos mientras cierra el texto reglamentario (el objetivo es que el gobernador lo decrete este mes, 60 días más tarde de lo establecido en la Ley 8.304).
"En los próximos dos años vamos a pagar la formulación de los planes, la ejecución de un año del plan aprobado y trabajos de investigación aplicada que ayuden a la conservación de los bosques", precisa Manso, que calcula que a esta convocatoria sólo podrá acceder el Estado (respecto de los planes para las áreas protegidas) y los ciudadanos que "estén en el tema". "Sin capacitación, la aplicación del Otbnt es inviable", añade. Además, anuncia la apertura de dos cursos con matrícula gratuita dirigidos a 60 profesionales del sector público y privado cuyo trabajo final consistirá en el planteo de planes reales.
Pero la "idea-proyecto" convocada hasta el 31 de octubre es una instancia previa a la formulación del más complejo plan de conservación, manejo y aprovechamiento. Manso anticipa que esta etapa consiste en un formulario con requisitos básicos, como la acreditación del título de posesión de la tierra, y de la participación de un técnico registrado en la Dirección. Si la "idea-proyecto" es aprobada, su titular recibirá fondos para financiar la formulación del plan.
"Haremos un gran esfuerzo para acompañar y asesorar a los ciudadanos. En dos años actualizaremos la reglamentación, que, por la naturaleza de la materia, debe ser muy dinámica", promete Manso, que admite que el nuevo paradigma incluido en el Otbnt supera la estructura burocrática disponible. "Ni siquiera hay indicadores que ayuden a cuantificar el servicio ambiental", agrega el funcionario. Todo debe ser creado sobre la marcha con cuidado de armonizar el derecho colectivo a un ambiente sano con el derecho de dominio de los particulares. En un terreno tan delicado y nuevo, sólo los pies de plomo que recomienda el legislador Alvarez pueden evitar un catastrófico paso en falso.
Fecha de Publicación: 11/10/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Tenía razón el legislador Roque Tobías Alvarez (PJ) cuando a mediados de este año advirtió que el Poder Ejecutivo debía reglamentar "con pies de plomo" la Ley 8.304, de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Tucumán (Otbnt). La expresión, que alude a la cautela debida en la definición de situaciones que acarrean consecuencias graves, explica por qué el Ministerio de Desarrollo Productivo, por medio de la Dirección de Fauna, Flora Silvestre y Suelo, ha decidido plantear un proyecto de reglamento progresivo, cuyo primer objetivo es crear el marco administrativo para la formulación de los planes de conservación, manejo y aprovechamiento de los bosques nativos previstos en la Ley 8.304.
"Tucumán parte de cero en esta materia", reconoce el arquitecto Daniel Manso, director de Fauna, Flora Silvestre y Suelo, y encargado de coordinar el proceso participativo de elaboración del Otbnt. Esa inexperiencia ha obligado a definir una aplicación gradual de la norma que propone equilibrar la política medioambiental con la política productiva -y viceversa-, y que, en términos prácticos, obliga al Estado a pagar al ciudadano que recupere, cuide y enriquezca el bosque autóctono en función de un esquema de ordenamiento del territorio en tres niveles de protección: máxima (zona roja, 526.638 hectáreas), media (zona amarilla, 219.413 hectáreas) y mínima (zona verde, 164.461 hectáreas).
El borrador de la reglamentación se ajusta a una coyuntura financiera: el pago de los servicios ambientales que presta la superficie boscosa no procede aún del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (Fnecbn), como prescribe la Ley 26.331, sino de una partida de la Jefatura de Gabinete nacional. Manso, que mantiene en reserva el proyecto "para evitar tergiversaciones", explica que el Fnecbn está a su vez pendiente de reglamentación y que esto depende de que el resto de las provincias sancionen sus ordenamientos (sólo 10 lo hicieron).
Si bien aún parecen lejanos los $40 millones que Tucumán aspira a recibir del fondo de la Ley 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el Gobierno de José Alperovich no quiere perder los $6 millones que este año le corresponden a la provincia en concepto del Otbnt y cuyo plazo de asignación vence el 31 de octubre. Por ello, Fauna, Flora Silvestre y Suelo ha resuelto convocar las primeras "ideas-proyecto" de conservación y aprovechamiento de bosques nativos mientras cierra el texto reglamentario (el objetivo es que el gobernador lo decrete este mes, 60 días más tarde de lo establecido en la Ley 8.304).
"En los próximos dos años vamos a pagar la formulación de los planes, la ejecución de un año del plan aprobado y trabajos de investigación aplicada que ayuden a la conservación de los bosques", precisa Manso, que calcula que a esta convocatoria sólo podrá acceder el Estado (respecto de los planes para las áreas protegidas) y los ciudadanos que "estén en el tema". "Sin capacitación, la aplicación del Otbnt es inviable", añade. Además, anuncia la apertura de dos cursos con matrícula gratuita dirigidos a 60 profesionales del sector público y privado cuyo trabajo final consistirá en el planteo de planes reales.
Pero la "idea-proyecto" convocada hasta el 31 de octubre es una instancia previa a la formulación del más complejo plan de conservación, manejo y aprovechamiento. Manso anticipa que esta etapa consiste en un formulario con requisitos básicos, como la acreditación del título de posesión de la tierra, y de la participación de un técnico registrado en la Dirección. Si la "idea-proyecto" es aprobada, su titular recibirá fondos para financiar la formulación del plan.
"Haremos un gran esfuerzo para acompañar y asesorar a los ciudadanos. En dos años actualizaremos la reglamentación, que, por la naturaleza de la materia, debe ser muy dinámica", promete Manso, que admite que el nuevo paradigma incluido en el Otbnt supera la estructura burocrática disponible. "Ni siquiera hay indicadores que ayuden a cuantificar el servicio ambiental", agrega el funcionario. Todo debe ser creado sobre la marcha con cuidado de armonizar el derecho colectivo a un ambiente sano con el derecho de dominio de los particulares. En un terreno tan delicado y nuevo, sólo los pies de plomo que recomienda el legislador Alvarez pueden evitar un catastrófico paso en falso.
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bosques nativos,
Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental,
Tucumán
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Intiman por el fondo de bosques
Intiman por el fondo de bosques
Fecha de Publicación: 10/10/2010
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
La Asociación de Productores Foresto Industriales y Comerciales de Salta (Aproficsa) intimó la última semana al Gobierno de la Provincia a que constituya el fideicomiso previsto en las leyes provincial 7.543 y nacional 26.331. La presentación se hizo mediante instrumento público en el Ministerio de Ambiente, según informó el presiente de la entidad maderera, Daniel Briones.
El dirigente explicó que “hasta hoy los recursos previstos para los ejercicios 2008, 2009 y 2010 destinados al manejo y conservación de los bosques nativos, ascienden a alrededor de mil millones de pesos sólo para Salta, sin que hasta la fecha se hayan integrado y puesto a disposición de los titulares tales recursos”.
Más adelante Briones cargó contra la “omisión inexcusable del Gobierno provincial, que hace suponer desinterés del Ministerio de Hacienda de reclamar aquello que les corresponde a los salteños. Es una actitud aparentemente habitual de dicha cartera”, agregó, en clara referencia a la resignación de recursos y desistimiento de derechos firmados por Salta con la Nación hace poco.
El presidente de Aproficsa recordó, por otra parte, que “ya para el ejercicio 2010 la Provincia omitió incluir los fondos y ahora parece que la Nación dispuso suprimirlos. Está claro entonces que la despreocupación en el cuidado de nuestros bosques nativos se manifiesta con la postergación del reparto de fondos por tercer año consecutivo, dado que la ley nacional es de 2007”.
“Las instrucciones impartidas a los representantes legales de nuestra entidad están orientadas a hacer cumplir la ley tal como está, de modo que su acatamiento será una muestra indiscutible del compromiso asumido con el ambiente”, dijo.
Cabe señalar que Aproficsa, integrada originalmente sólo por industriales madereros del departamento San Martín, fue ganando asociados también del departamento Orán en los últimos tiempos.
Esto hace que la entidad se fortalezca con el paso del tiempo y pueda gestionar los beneficios previstos por las leyes en vigencia para un gran números de productores, que están siendo perjudicados tanto por la medida cautelar de la Justicia como por la inacción oficial respecto del reclamo y reparto de los fondos.
Fecha de Publicación: 10/10/2010
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
La Asociación de Productores Foresto Industriales y Comerciales de Salta (Aproficsa) intimó la última semana al Gobierno de la Provincia a que constituya el fideicomiso previsto en las leyes provincial 7.543 y nacional 26.331. La presentación se hizo mediante instrumento público en el Ministerio de Ambiente, según informó el presiente de la entidad maderera, Daniel Briones.
El dirigente explicó que “hasta hoy los recursos previstos para los ejercicios 2008, 2009 y 2010 destinados al manejo y conservación de los bosques nativos, ascienden a alrededor de mil millones de pesos sólo para Salta, sin que hasta la fecha se hayan integrado y puesto a disposición de los titulares tales recursos”.
Más adelante Briones cargó contra la “omisión inexcusable del Gobierno provincial, que hace suponer desinterés del Ministerio de Hacienda de reclamar aquello que les corresponde a los salteños. Es una actitud aparentemente habitual de dicha cartera”, agregó, en clara referencia a la resignación de recursos y desistimiento de derechos firmados por Salta con la Nación hace poco.
El presidente de Aproficsa recordó, por otra parte, que “ya para el ejercicio 2010 la Provincia omitió incluir los fondos y ahora parece que la Nación dispuso suprimirlos. Está claro entonces que la despreocupación en el cuidado de nuestros bosques nativos se manifiesta con la postergación del reparto de fondos por tercer año consecutivo, dado que la ley nacional es de 2007”.
“Las instrucciones impartidas a los representantes legales de nuestra entidad están orientadas a hacer cumplir la ley tal como está, de modo que su acatamiento será una muestra indiscutible del compromiso asumido con el ambiente”, dijo.
Cabe señalar que Aproficsa, integrada originalmente sólo por industriales madereros del departamento San Martín, fue ganando asociados también del departamento Orán en los últimos tiempos.
Esto hace que la entidad se fortalezca con el paso del tiempo y pueda gestionar los beneficios previstos por las leyes en vigencia para un gran números de productores, que están siendo perjudicados tanto por la medida cautelar de la Justicia como por la inacción oficial respecto del reclamo y reparto de los fondos.
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Salta
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Pidieron cerrar el vertedero de Tucumán
Pidieron a la Justicia que cierre el predio
Fecha de Publicación: 09/10/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
El vicepresidente de la UCR, Raúl Moreno, y el referente del PJ disidente Oscar López presentaron en los tribunales federales un recurso de amparo para que cese la actividad en la planta de tratamiento de residuos de Overa Pozo. Fundaron su pedido en el presunto incumplimiento de la Ley Nº 25.675 (Política Ambiental). Según dijeron, las actuaciones para instalar un emprendimiento que pueda afectar el medioambiente deben realizarse con la participación de la población que pueda resultar afectada por esa actividad.
"Así lo prevé el procedimiento de prevención ambiental. La parte demandada (el Consorcio Metropolitano para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos; los municipios de capital, Banda del Río Salí, Alderetes, Yerba Buena, Tafí Viejo y Las Talitas; la Provincia y la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL) no dio información ni permitió la participación de los vecinos en el proceso. Planteamos una cautelar innovativa para que el juez ordene la suspensión de las actividades", dijo López.
"Es un reclamo que los vecinos vienen haciendo desde hace dos años; se han cercenado sus derechos. Acá hay una nulidad manifiesta de lo que dispusieron el Ejecutivo y los municipios, porque no se cumplió con los pasos procesales que establece la ley. Lo único claro acá es que es un gran negociado de quienes vienen lucrando, de alguna manera, ilegalmente con este tema", agregó Moreno.
Los letrados estuvieron acompañados por la diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Fernanda Reyes (Coalición Cívica), que visitó la provincia.
Fecha de Publicación: 09/10/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
El vicepresidente de la UCR, Raúl Moreno, y el referente del PJ disidente Oscar López presentaron en los tribunales federales un recurso de amparo para que cese la actividad en la planta de tratamiento de residuos de Overa Pozo. Fundaron su pedido en el presunto incumplimiento de la Ley Nº 25.675 (Política Ambiental). Según dijeron, las actuaciones para instalar un emprendimiento que pueda afectar el medioambiente deben realizarse con la participación de la población que pueda resultar afectada por esa actividad.
"Así lo prevé el procedimiento de prevención ambiental. La parte demandada (el Consorcio Metropolitano para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos; los municipios de capital, Banda del Río Salí, Alderetes, Yerba Buena, Tafí Viejo y Las Talitas; la Provincia y la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL) no dio información ni permitió la participación de los vecinos en el proceso. Planteamos una cautelar innovativa para que el juez ordene la suspensión de las actividades", dijo López.
"Es un reclamo que los vecinos vienen haciendo desde hace dos años; se han cercenado sus derechos. Acá hay una nulidad manifiesta de lo que dispusieron el Ejecutivo y los municipios, porque no se cumplió con los pasos procesales que establece la ley. Lo único claro acá es que es un gran negociado de quienes vienen lucrando, de alguna manera, ilegalmente con este tema", agregó Moreno.
Los letrados estuvieron acompañados por la diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Fernanda Reyes (Coalición Cívica), que visitó la provincia.
Producción de arroz libre de agrotóxicos
Promueven la producción de arroz libre de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 08/10/2010
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
La Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Chaco reunió a pequeños productores de diversas provincias para analizar experiencias de producción de arroz agroecológico en el Departamento Bermejo
En el marco del fuerte debate que se está desarrollando en el país por la conflictiva relación entre el modelo agrícola hegemónico de agro negocios y el cuidado del medioambiente y la salud humana, la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Chaco comenzó a impulsar técnicas para la producción de arroz agroecológico libre de agrotóxicos.
Para ello, este miércoles el responsable de esa área del gobierno provincial, Osvaldo Lovey, organizó un encuentro para que los pequeños productores de la provincia, especialmente los del Departamento Bermejo, tomen conocimiento sobre las experiencias de producción de arroz agroecológico que se desarrollan en otras provincias argentinas como Santa Fe y Tucumán y en el vecino país de Brasil con el objetivo de que el modelo pueda replicarse en el Chaco.
“Esta es una reunión para presentar las técnicas de producción de arroz con prácticas agroecológicas, quiere decir que no se utilizan agroquímicos masivamente como en las producciones tradicionales”, explicó Lovey, en diálogo con Radio Planeta. Y precisó que “queremos presentar esto desde la subsecretaría para ofrecer una salida, una propuesta superadora en materia de sistemas de producción a la situación de conflicto que se viene planteando con los modelos productivos tradicionales que generan mucha zozobra en la población por el uso masivo de agroquímicos”.
En el encuentro se expusieron las experiencias más prolongadas y consolidadas de los pequeños productores brasileños y también de productores como Remo Venica, quién desde hace veinte años viene desarrollando el modelo de arroz agroecológico en el norte de Santa Fe
Lovey resaltó que “el componente principal es la mano de obra familiar, que los productores a través de los consorcios puedan tener las máquinas adecuadas para el pelado y el envasado para poder ponerlo en el mercado de la forma adecuada y que los productores puedan participar de esa cadena de valor”.
“Vamos a hacer las primeras prácticas”, adelantó el funcionario provincial, pero admitió que “acá en el Chaco ya hay productores que han estado experimentando”. Precisó además que “vamos a trabajar con el arroz con agua, con inundación, y con producción de secano, con menos riego, para ver lo que mejor anda”.
Lovey consideró que con la adopción de ese modelo “resolvemos o superamos el gran conflicto que nos genera la contaminación ambiental. Pero además pretendemos que sea un modelo productivo altamente rentable para los pequeños productores”.
Fecha de Publicación: 08/10/2010
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
La Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Chaco reunió a pequeños productores de diversas provincias para analizar experiencias de producción de arroz agroecológico en el Departamento Bermejo
En el marco del fuerte debate que se está desarrollando en el país por la conflictiva relación entre el modelo agrícola hegemónico de agro negocios y el cuidado del medioambiente y la salud humana, la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Chaco comenzó a impulsar técnicas para la producción de arroz agroecológico libre de agrotóxicos.
Para ello, este miércoles el responsable de esa área del gobierno provincial, Osvaldo Lovey, organizó un encuentro para que los pequeños productores de la provincia, especialmente los del Departamento Bermejo, tomen conocimiento sobre las experiencias de producción de arroz agroecológico que se desarrollan en otras provincias argentinas como Santa Fe y Tucumán y en el vecino país de Brasil con el objetivo de que el modelo pueda replicarse en el Chaco.
“Esta es una reunión para presentar las técnicas de producción de arroz con prácticas agroecológicas, quiere decir que no se utilizan agroquímicos masivamente como en las producciones tradicionales”, explicó Lovey, en diálogo con Radio Planeta. Y precisó que “queremos presentar esto desde la subsecretaría para ofrecer una salida, una propuesta superadora en materia de sistemas de producción a la situación de conflicto que se viene planteando con los modelos productivos tradicionales que generan mucha zozobra en la población por el uso masivo de agroquímicos”.
En el encuentro se expusieron las experiencias más prolongadas y consolidadas de los pequeños productores brasileños y también de productores como Remo Venica, quién desde hace veinte años viene desarrollando el modelo de arroz agroecológico en el norte de Santa Fe
Lovey resaltó que “el componente principal es la mano de obra familiar, que los productores a través de los consorcios puedan tener las máquinas adecuadas para el pelado y el envasado para poder ponerlo en el mercado de la forma adecuada y que los productores puedan participar de esa cadena de valor”.
“Vamos a hacer las primeras prácticas”, adelantó el funcionario provincial, pero admitió que “acá en el Chaco ya hay productores que han estado experimentando”. Precisó además que “vamos a trabajar con el arroz con agua, con inundación, y con producción de secano, con menos riego, para ver lo que mejor anda”.
Lovey consideró que con la adopción de ese modelo “resolvemos o superamos el gran conflicto que nos genera la contaminación ambiental. Pero además pretendemos que sea un modelo productivo altamente rentable para los pequeños productores”.
Las sales de potasio controvertidas
Carmona refutó a un funcionario nacional por las sales de potasio
Fecha de Publicación: 07/10/2010
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El secretario de Ambiente desestimó la sugerencia del Defensor del Pueblo de la Nación para que se hagan más estudios en el proyecto minero de Malargüe. “Este es un tema cerrado”, rechazó.
“Para nosotros, este es un tema cerrado”. Con esta sentencia el secretario de Ambiente de Mendoza, Guillermo Carmona, desestimó ayer que la Provincia vaya a considerar la realización de nuevos estudios ambientales para la mina de sales de potasio sobre el Río Colorado, tal como recomendó en las últimas hora el defensor del pueblo de la Nación, Anselmo Sella, haciendo lugar al pedido de organizaciones ambientalistas de La Pampa.
El funcionario salió así al cruce de la sugerencia nacional al sostener que “se trata de una recomendación que no se ajusta a ninguna normativa ambiental y no responde al concepto constitucional de que las competencias ambientales son provinciales. No existen intervenciones ambientales nacionales”.
El martes se conoció que Sella recomendó a la Secretaría de Ambiente de la Nación la realización de estudios de impacto ambiental “integrados, acumulativos e interjurisdiccionales” en la zona y manifestó además que el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) no hizo este tipo de estudios y que esto genera que no se sepa lo que provocará el emprendimiento fuera de Mendoza.
Según publicaron medios pampeanos, la resolución fue firmada el 26 de agosto pasado y comunicada por la organización ambientalista que solicitó la medida, Alihuén, este martes. Sella sostuvo que por la trascendencia que tendrá el emprendimiento de la empresa brasileña Vale do Río Doce, que se instalará en el sur de Malargüe, “deben efectuarse estudios de impacto ambiental interjurisdiccionales”.
La respuesta oficial
Potasio Río Colorado es un proyecto de explotación minera no convencional, de cloruro de potasio, que se realizará en el paraje Pata Mora, al sur del departamento Malargüe. Vale, la empresa brasilera dueña de la mina, calcula una inversión acumulada de 4.200 millones de dólares y la generación de más de 3.000 puestos de trabajo en la primera etapa para la extracción del mineral que es utilizado como fertilizante. En la actualidad, Potasio Río Colorado es el proyecto minero de mayor envergadura de Argentina.
Carmona convocó a la prensa en horas del mediodía y comunicó allí que había mantenido un contacto telefónico con el secretario de Ambiente de la Nación, que puso al tanto de la situación al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, quien respondió que aún no estaba al tanto de la resolución del Defensor del Pueblo que, según la Constitución, funciona además como ombudsman ambiental en la República Argentina.
“Esta recomendación no se ajusta al régimen constitucional argentino y la Declaración de Impacto Ambiental que emitió la Provincia está en plena vigencia”, se explayó el funcionario. Y agregó: “En todo el proceso se le ha dado intervención al Coirco y todas las observaciones que allí se hicieron fueron incorporadas en su momento”.
Fecha de Publicación: 07/10/2010
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El secretario de Ambiente desestimó la sugerencia del Defensor del Pueblo de la Nación para que se hagan más estudios en el proyecto minero de Malargüe. “Este es un tema cerrado”, rechazó.
“Para nosotros, este es un tema cerrado”. Con esta sentencia el secretario de Ambiente de Mendoza, Guillermo Carmona, desestimó ayer que la Provincia vaya a considerar la realización de nuevos estudios ambientales para la mina de sales de potasio sobre el Río Colorado, tal como recomendó en las últimas hora el defensor del pueblo de la Nación, Anselmo Sella, haciendo lugar al pedido de organizaciones ambientalistas de La Pampa.
El funcionario salió así al cruce de la sugerencia nacional al sostener que “se trata de una recomendación que no se ajusta a ninguna normativa ambiental y no responde al concepto constitucional de que las competencias ambientales son provinciales. No existen intervenciones ambientales nacionales”.
El martes se conoció que Sella recomendó a la Secretaría de Ambiente de la Nación la realización de estudios de impacto ambiental “integrados, acumulativos e interjurisdiccionales” en la zona y manifestó además que el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) no hizo este tipo de estudios y que esto genera que no se sepa lo que provocará el emprendimiento fuera de Mendoza.
Según publicaron medios pampeanos, la resolución fue firmada el 26 de agosto pasado y comunicada por la organización ambientalista que solicitó la medida, Alihuén, este martes. Sella sostuvo que por la trascendencia que tendrá el emprendimiento de la empresa brasileña Vale do Río Doce, que se instalará en el sur de Malargüe, “deben efectuarse estudios de impacto ambiental interjurisdiccionales”.
La respuesta oficial
Potasio Río Colorado es un proyecto de explotación minera no convencional, de cloruro de potasio, que se realizará en el paraje Pata Mora, al sur del departamento Malargüe. Vale, la empresa brasilera dueña de la mina, calcula una inversión acumulada de 4.200 millones de dólares y la generación de más de 3.000 puestos de trabajo en la primera etapa para la extracción del mineral que es utilizado como fertilizante. En la actualidad, Potasio Río Colorado es el proyecto minero de mayor envergadura de Argentina.
Carmona convocó a la prensa en horas del mediodía y comunicó allí que había mantenido un contacto telefónico con el secretario de Ambiente de la Nación, que puso al tanto de la situación al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, quien respondió que aún no estaba al tanto de la resolución del Defensor del Pueblo que, según la Constitución, funciona además como ombudsman ambiental en la República Argentina.
“Esta recomendación no se ajusta al régimen constitucional argentino y la Declaración de Impacto Ambiental que emitió la Provincia está en plena vigencia”, se explayó el funcionario. Y agregó: “En todo el proceso se le ha dado intervención al Coirco y todas las observaciones que allí se hicieron fueron incorporadas en su momento”.
Pilas: 10 toneladas continúan varadas
Pilas: 10 toneladas continúan varadas
Fecha de Publicación: 07/10/2010
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Capital
El presidente de la Agencia de Protección Ambiental, Javier Corcuera, habló sobre este problema en la Jornada de Protección de Medio Ambiente que, organizada por el Ente Unico Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad.
La Ciudad de Buenos Aires guarda en un depósito diez toneladas de pilas usadas, recolectadas durante una campaña llevada a cabo el año pasado, pero no pudo resolver todavía qué hacer con ellas debido a la ausencia de una normativa que se ocupe de esta clase de residuos peligrosos. Una de las opciones es que sean los propios fabricantes, bajo el concepto de responsabilidad extendida del productor, quienes se hagan cargo de su tratamiento y disposición final.
El dato, revelado por el presidente de la Agencia de Protección Ambiental, Javier Corcuera, fue uno de los temas salientes de la 1º Jornada de Protección de Medio Ambiente que, organizada por el Ente Unico Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad, se realizó ayer en la sede de la Universidad de Ciencias Económicas y Sociales (UCES).
La apertura del encuentro, que tuvo como título “Gestión y Disposición Final de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos”, estuvo a cargo de Lisandro Ferrali y Claudia García, presidente y directora del Ente Unico Regulador respectivamente. “Los aparatos electrónicos se vuelven obsoletos con mayor rapidez que años atrás y no existe una normativa específica que regule su disposición final.
Asimismo, se impone un cambio de cultura ciudadana en lo que respecta al desecho de estos residuos peligrosos“, argumentó García en su presentación.
Según el Instituto de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA), los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires sacan a la vereda más de 573 kilos de equipos electrónicos en desuso todos los días, como computadoras, celulares, equipos de música, baterías. Pero el problema no radica solamente en la cantidad de residuos sino en la peligrosidad de los mismos, ya que estos desechos contienen plomo, cromo, cadmio, níquel y mercurio. En el país aún no hay una legislación que oriente sobre el manejo de estos residuos y aún hoy, conociendo su peligrosidad, se arrojan como cualquier otro residuo domiciliario atentando contra el medio ambiente y la salud.
Fecha de Publicación: 07/10/2010
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Capital
El presidente de la Agencia de Protección Ambiental, Javier Corcuera, habló sobre este problema en la Jornada de Protección de Medio Ambiente que, organizada por el Ente Unico Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad.
La Ciudad de Buenos Aires guarda en un depósito diez toneladas de pilas usadas, recolectadas durante una campaña llevada a cabo el año pasado, pero no pudo resolver todavía qué hacer con ellas debido a la ausencia de una normativa que se ocupe de esta clase de residuos peligrosos. Una de las opciones es que sean los propios fabricantes, bajo el concepto de responsabilidad extendida del productor, quienes se hagan cargo de su tratamiento y disposición final.
El dato, revelado por el presidente de la Agencia de Protección Ambiental, Javier Corcuera, fue uno de los temas salientes de la 1º Jornada de Protección de Medio Ambiente que, organizada por el Ente Unico Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad, se realizó ayer en la sede de la Universidad de Ciencias Económicas y Sociales (UCES).
La apertura del encuentro, que tuvo como título “Gestión y Disposición Final de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos”, estuvo a cargo de Lisandro Ferrali y Claudia García, presidente y directora del Ente Unico Regulador respectivamente. “Los aparatos electrónicos se vuelven obsoletos con mayor rapidez que años atrás y no existe una normativa específica que regule su disposición final.
Asimismo, se impone un cambio de cultura ciudadana en lo que respecta al desecho de estos residuos peligrosos“, argumentó García en su presentación.
Según el Instituto de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA), los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires sacan a la vereda más de 573 kilos de equipos electrónicos en desuso todos los días, como computadoras, celulares, equipos de música, baterías. Pero el problema no radica solamente en la cantidad de residuos sino en la peligrosidad de los mismos, ya que estos desechos contienen plomo, cromo, cadmio, níquel y mercurio. En el país aún no hay una legislación que oriente sobre el manejo de estos residuos y aún hoy, conociendo su peligrosidad, se arrojan como cualquier otro residuo domiciliario atentando contra el medio ambiente y la salud.
La construcción de Ayuí es inminente
La construcción de Ayuí es inminente
Fecha de Publicación: 06/10/2010
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Corrientes.
Este lunes iniciaron las obras de tendido eléctrico para las estaciones de bombeo en la zona donde se construiría la cuestionada represa del arroyo Ayuí Grande, en Corrientes.
A pesar de la cautelar interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia por el gobierno nacional para evitar el impacto ambiental, una de las empresas responsables del emprendimiento aseguró contar con la habilitación para iniciar los trabajos. En ese sentido, el gerente de Copra S.A., Ricardo Freyre, fundamentó que las tareas encaradas esta semana cuentan con la aprobación de los organismos respectivos, además de revelar que el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) autorizó la obra. “El conflicto judicial es entre el Estado nacional y el Estado provincial, no es una denuncia contra la firma”, dijo y completó: “Nosotros estamos habilitados legalmente”. Mientras se espera que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre los informes enviados por Corrientes en el marco del proyecto productivo de Ayuí Grande, trascendió que la Unión Transitoria de Empresas (UTE) inició este lunes los trabajos de tendido eléctrico de media tensión que llevaría energía a las estaciones de bombeo de la futura represa, una inversión que ronda los 20 millones de dólares.
En ese marco, el gerente de Copra S.A., indicó que se trata de una línea de 33 KV que servirá para abastecer a las estaciones de bombeo que ya trabajan en la zona y las que se construirán en el marco del proyecto; y acotó que las tareas fueron aprobadas por la Subsecretaría de Energía y la Dirección Provincial de Energía de Corrientes, así como el viernes pasado, el ICAA les habría dado “la concesión del agua y con ello la autorización para iniciar las obras”.
Respecto del conflicto judicial, el empresario discurrió que se trata de un inconveniente entre el Estado nacional y el Estado provincial. “No es una denuncia contra la firma”, recalcó. “Nosotros hoy estamos habilitados legalmente a hacer las obras. Hoy no hay nada que nos impida”, dijo y esperó que se cumplan los términos previstos en el proceso para el inicio de la represa. “Estimamos que entre 60 y 90 días podríamos estar en condiciones de comenzar con los trabajos. Hay que esperar 10 días para la licitación y cumplir los términos legales para adjudicar la obra, por eso se podría demorar hasta 90 días”, detalló.
El tiempo de ejecución de la obras es de 12 meses y tendrá un costo total de 60 millones de dólares, aunque por la inflación los empresarios ya prevén ciertos incrementos en el presupuesto. De ese monto, 20 millones están destinados a esta primera parte del emprendimiento, que tiene como principal objetivo trasladar energía. El resto de la inversión irá al área industrial propiamente dicha, es decir: a las plantas de acopio, molinos y compra de maquinarias, publicó El Litoral de Corrientes.
Finalmente, Freyre devolvió el favor a los sectores ambientalistas que cuestionan el proyecto, rescató que la iniciativa generará “1.500 puestos de trabajo” y sostuvo que se llevará adelante “un sistema de producción de arroz totalmente sustentable”. En esa línea, opinó sobre la necesidad de dar un impulso de desarrollo a la provincia “para sacar a la sociedad de la pobreza”. “Sin trabajo, no hay salud”, cerró.
Fecha de Publicación: 06/10/2010
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Corrientes.
Este lunes iniciaron las obras de tendido eléctrico para las estaciones de bombeo en la zona donde se construiría la cuestionada represa del arroyo Ayuí Grande, en Corrientes.
A pesar de la cautelar interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia por el gobierno nacional para evitar el impacto ambiental, una de las empresas responsables del emprendimiento aseguró contar con la habilitación para iniciar los trabajos. En ese sentido, el gerente de Copra S.A., Ricardo Freyre, fundamentó que las tareas encaradas esta semana cuentan con la aprobación de los organismos respectivos, además de revelar que el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) autorizó la obra. “El conflicto judicial es entre el Estado nacional y el Estado provincial, no es una denuncia contra la firma”, dijo y completó: “Nosotros estamos habilitados legalmente”. Mientras se espera que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre los informes enviados por Corrientes en el marco del proyecto productivo de Ayuí Grande, trascendió que la Unión Transitoria de Empresas (UTE) inició este lunes los trabajos de tendido eléctrico de media tensión que llevaría energía a las estaciones de bombeo de la futura represa, una inversión que ronda los 20 millones de dólares.
En ese marco, el gerente de Copra S.A., indicó que se trata de una línea de 33 KV que servirá para abastecer a las estaciones de bombeo que ya trabajan en la zona y las que se construirán en el marco del proyecto; y acotó que las tareas fueron aprobadas por la Subsecretaría de Energía y la Dirección Provincial de Energía de Corrientes, así como el viernes pasado, el ICAA les habría dado “la concesión del agua y con ello la autorización para iniciar las obras”.
Respecto del conflicto judicial, el empresario discurrió que se trata de un inconveniente entre el Estado nacional y el Estado provincial. “No es una denuncia contra la firma”, recalcó. “Nosotros hoy estamos habilitados legalmente a hacer las obras. Hoy no hay nada que nos impida”, dijo y esperó que se cumplan los términos previstos en el proceso para el inicio de la represa. “Estimamos que entre 60 y 90 días podríamos estar en condiciones de comenzar con los trabajos. Hay que esperar 10 días para la licitación y cumplir los términos legales para adjudicar la obra, por eso se podría demorar hasta 90 días”, detalló.
El tiempo de ejecución de la obras es de 12 meses y tendrá un costo total de 60 millones de dólares, aunque por la inflación los empresarios ya prevén ciertos incrementos en el presupuesto. De ese monto, 20 millones están destinados a esta primera parte del emprendimiento, que tiene como principal objetivo trasladar energía. El resto de la inversión irá al área industrial propiamente dicha, es decir: a las plantas de acopio, molinos y compra de maquinarias, publicó El Litoral de Corrientes.
Finalmente, Freyre devolvió el favor a los sectores ambientalistas que cuestionan el proyecto, rescató que la iniciativa generará “1.500 puestos de trabajo” y sostuvo que se llevará adelante “un sistema de producción de arroz totalmente sustentable”. En esa línea, opinó sobre la necesidad de dar un impulso de desarrollo a la provincia “para sacar a la sociedad de la pobreza”. “Sin trabajo, no hay salud”, cerró.
Controlarán agroquímicos por GPS en Chaco
Agroquímicos: Afirman que en 2011 se controlarán por GPS en Chaco
Fecha de Publicación: 06/10/2010
Fuente: Data Chaco - Infoambiente
Provincia/Región: Chaco
Además se monitoreará el comportamiento de los vehículos dependientes de la cartera productiva.
A partir de 2011 se pondrá en marcha en toda la provincia el sistema de control por GPS que detectará automáticamente el uso y aplicación de agroquímicos.
Además se monitoreará el comportamiento de los vehículos dependientes de la cartera productiva.
El Ministerio de Producción y Ambiente controlará la aplicación de agroquímicos en toda la Provincia a través del sistema de control por GPS que permitirá la detección automática a través la observación y registro en tiempo real desde una central. Además, también se monitoreará el
comportamiento de los vehículos dependientes de la cartera productiva.
Para ello, este martes el ministro de Producción Enrique Orban y el subsecretario de Medio Ambiente Raúl Fernández se reunieron con los representantes de la empresa de rastreo satelital “grupo Köner” para avanzar en la implementación del sistema que estaría en marcha a partir del primero de enero de 2011. A partir de ahora y hasta fin de año se realizará la instalación de los dispositivos y la infraestructura correspondiente.
De esta manera, el Gobierno avanza sobre el control de aplicaciones de agroquímicos terrestres o aéreos para garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley de Biocidas y el cuidado del medio ambiente.
El sistema moderno le otorga eficacia, transparencia y rapidez al Estado en el control del uso de cualquier tipo de agroquímicos. Asimismo, es una herramienta fundamental que brinda resultados precisos y certeros en caso de tener que intervenir en un litigio.
La Ley de Biocidas vigente en la Provincia, otorga al Estado la facultad de manejar la venta, distribución y aplicación de todos los productos agroquímicos como los fertilizantes, herbicidas y pesticidas, que se aplican ante la aparición de plagas. La aplicación puede ser en forma terrestre o aérea, para lo cual todas requieren los permisos necesarios.
Fecha de Publicación: 06/10/2010
Fuente: Data Chaco - Infoambiente
Provincia/Región: Chaco
Además se monitoreará el comportamiento de los vehículos dependientes de la cartera productiva.
A partir de 2011 se pondrá en marcha en toda la provincia el sistema de control por GPS que detectará automáticamente el uso y aplicación de agroquímicos.
Además se monitoreará el comportamiento de los vehículos dependientes de la cartera productiva.
El Ministerio de Producción y Ambiente controlará la aplicación de agroquímicos en toda la Provincia a través del sistema de control por GPS que permitirá la detección automática a través la observación y registro en tiempo real desde una central. Además, también se monitoreará el
comportamiento de los vehículos dependientes de la cartera productiva.
Para ello, este martes el ministro de Producción Enrique Orban y el subsecretario de Medio Ambiente Raúl Fernández se reunieron con los representantes de la empresa de rastreo satelital “grupo Köner” para avanzar en la implementación del sistema que estaría en marcha a partir del primero de enero de 2011. A partir de ahora y hasta fin de año se realizará la instalación de los dispositivos y la infraestructura correspondiente.
De esta manera, el Gobierno avanza sobre el control de aplicaciones de agroquímicos terrestres o aéreos para garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley de Biocidas y el cuidado del medio ambiente.
El sistema moderno le otorga eficacia, transparencia y rapidez al Estado en el control del uso de cualquier tipo de agroquímicos. Asimismo, es una herramienta fundamental que brinda resultados precisos y certeros en caso de tener que intervenir en un litigio.
La Ley de Biocidas vigente en la Provincia, otorga al Estado la facultad de manejar la venta, distribución y aplicación de todos los productos agroquímicos como los fertilizantes, herbicidas y pesticidas, que se aplican ante la aparición de plagas. La aplicación puede ser en forma terrestre o aérea, para lo cual todas requieren los permisos necesarios.
UNRC: Para cortar una ley de raíz
Para cortar una ley de raíz
Fecha de Publicación: 05/10/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
La Universidad Nacional de Río Cuarto presentará ante la Corte Suprema un pedido de inconstitucionalidad de la ley 9814 que, con el argumento de proteger los bosques de Córdoba, redujo las zonas protegidas. Hoy se realiza una marcha para que sea derogada.
Campesinos, organizaciones sociales y la comunidad universitaria marchan hoy en Córdoba en repudio de la ley 9814, sancionada hace dos meses y que regula el uso del bosque provincial. La norma es muy cuestionada por la Comisión de Ordenamiento Territorial (Cotbn), espacio oficial y científico que durante dos años había trabajado y consensuado otro proyecto de ley. La última semana, la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) anunció que pedirá la inconstitucionalidad de la polémica norma ante la Corte Suprema. La ley permite el desmonte en dos millones de hectáreas, desconoce la participación de la sociedad civil y permite actividades productivas en zonas donde debieran estar prohibidas.
“Sin bosque no hay agua. Y con la ley 9814 el bosque nativo corre peligro”, remarca la convocatoria de las organizaciones sociales que se movilizarán hoy ante el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Ambiente y la Legislatura, a los que junto a la Mesa de Enlace responsabilizan por la sanción de la ley. Además de la anulación de la ley se reclama la aprobación de la norma consensuada por la Cotbn. “A Córdoba sólo le queda el cuatro por ciento del bosque que tuvo a principios del siglo XX; el resto ha sido desmontado”, resaltan.
La ley nacional 26.331 “de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos” es el piso al que debían adecuarse las provincias mediante la realización de un catastro que determine categorías según colores: rojo (que no deben tocarse), amarillo (de aprovechamiento limitado) y verde (que podrían talarse). Recién un año después de la norma nacional la Secretaría de Ambiente provincial convocó a la conformación del espacio encargado de proponer y consensuar la ley: Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (Cotbn), integrada por tres universidades nacionales, ONG, Parques Nacionales, un sector de Federación Agraria y el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).
Luego de dos años de trabajo la Cotbn consensuó un proyecto de ley, que fue elevado a la Secretaría de Ambiente. Luego de numerosas postergaciones, la Legislatura presentó otro proyecto –opuesto al original– y fue aprobado en la madrugada del 5 de agosto. Desde la Cotbn denunciaron la maniobra y, en el análisis de la ley, afirmaron que era inconstitucional por estar por debajo de los parámetros de la legislación nacional. Mientras la Cotbn establecía cuatro millones de hectáreas como de alto valor de conservación y solicitaba rigurosos controles.
La norma aprobada reduce el área de conservación a sólo 1,9 millón, permite actividades de peligro ambiental en esa misma zona que debiera proteger y deja de lado la participación de la sociedad civil.
Desde el propio gobierno provincial reconocieron públicamente que el cambio se debió a la presión de la Mesa de Enlace, que estuvo encabezada por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), pilar de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). También estuvieron presentes la Sociedad Rural Argentina (SRA) y parte de Federación Agraria (FAA).
La última semana, y en una votación por unanimidad del Consejo Superior, la Universidad Nacional de Río Cuarto decidió solicitar la inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. El rector de la UNRC, Oscar Spada, remarcó que en el estatuto de la casa de estudios se insta a “propender en todos los espacios académicos a la defensa y protección del ambiente. Por lo cual el pedido de inconstitucionalidad es una decisión correcta y un posicionamiento que la Universidad debe hacer”.
El integrante del Consejo Superior de la UNRC Pablo Wehbe acusó a la Legislatura de “aprobar entre gallos y medianoche una ley que terminará con el escaso bosque que queda en Córdoba, al punto tal de que deja abierta la posibilidad de que en zonas de alta conservación se prenda fuego, se cambie de categoría y luego se siembre soja”. Afirmó que la ley provincial “contradice” la legislación nacional, responsabilizó al gobierno provincial de ser “portavoz de los sectores ruralistas” y recordó que fue público el acuerdo entre funcionarios y la Mesa de Enlace para aprobar la cuestionada norma.
Entre los fundamentos de inconstitucionalidad destacan que no se respetó el proceso participativo que exige la legislación; que la ley provincial no protege los bosques sino que legisla sobre el aprovechamiento productivo del monte nativo; que habilita el desmonte en la categoría de máxima conservación, y no es clara en las tres categorías (roja, amarilla y verde); además, eliminó la obligatoriedad de proteger zonas con pendientes superiores al cinco por ciento (como obliga la ley nacional); no se consideran mecanismos de participación social a futuro; reduce la protección de bordes de ríos y arroyos; reduce al mínimo las multas por infracción y posibilita el desarrollo minero en zonas boscosas.
El director de Fiscalización y Control de la Secretaría de Ambiente, Alejandro Girón, consideró que “no corresponde” recurrir directamente a la Corte “obviando las instancias judiciales de la provincia” y señaló que la ley 9814 no contradice la norma nacional.
En la misma sintonía que la UNRC, la Universidad Nacional de Córdoba creó una comisión especial para estudiar la ley y que expida un informe técnico. El 27 de agosto le fue entregado a la rectora, Carolina Scotto, un análisis detallado, donde se da cuenta de las falencias de la norma y las consecuencias ambientales y sociales que conlleva. La UNC emitió la resolución 923 haciendo suyo todo lo dicho en el informe, cuestionó la ley 9814, señaló la inconstitucionalidad de la misma y elevó el documento a la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Ambiente de Nación para que accionen en la Justicia. El informe que aprobó la UNC reconoce el efecto próximo de la ley 9814: avance de la soja y la ganadería sobre el monte nativo.
Fecha de Publicación: 05/10/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
La Universidad Nacional de Río Cuarto presentará ante la Corte Suprema un pedido de inconstitucionalidad de la ley 9814 que, con el argumento de proteger los bosques de Córdoba, redujo las zonas protegidas. Hoy se realiza una marcha para que sea derogada.
Campesinos, organizaciones sociales y la comunidad universitaria marchan hoy en Córdoba en repudio de la ley 9814, sancionada hace dos meses y que regula el uso del bosque provincial. La norma es muy cuestionada por la Comisión de Ordenamiento Territorial (Cotbn), espacio oficial y científico que durante dos años había trabajado y consensuado otro proyecto de ley. La última semana, la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) anunció que pedirá la inconstitucionalidad de la polémica norma ante la Corte Suprema. La ley permite el desmonte en dos millones de hectáreas, desconoce la participación de la sociedad civil y permite actividades productivas en zonas donde debieran estar prohibidas.
“Sin bosque no hay agua. Y con la ley 9814 el bosque nativo corre peligro”, remarca la convocatoria de las organizaciones sociales que se movilizarán hoy ante el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Ambiente y la Legislatura, a los que junto a la Mesa de Enlace responsabilizan por la sanción de la ley. Además de la anulación de la ley se reclama la aprobación de la norma consensuada por la Cotbn. “A Córdoba sólo le queda el cuatro por ciento del bosque que tuvo a principios del siglo XX; el resto ha sido desmontado”, resaltan.
La ley nacional 26.331 “de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos” es el piso al que debían adecuarse las provincias mediante la realización de un catastro que determine categorías según colores: rojo (que no deben tocarse), amarillo (de aprovechamiento limitado) y verde (que podrían talarse). Recién un año después de la norma nacional la Secretaría de Ambiente provincial convocó a la conformación del espacio encargado de proponer y consensuar la ley: Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (Cotbn), integrada por tres universidades nacionales, ONG, Parques Nacionales, un sector de Federación Agraria y el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).
Luego de dos años de trabajo la Cotbn consensuó un proyecto de ley, que fue elevado a la Secretaría de Ambiente. Luego de numerosas postergaciones, la Legislatura presentó otro proyecto –opuesto al original– y fue aprobado en la madrugada del 5 de agosto. Desde la Cotbn denunciaron la maniobra y, en el análisis de la ley, afirmaron que era inconstitucional por estar por debajo de los parámetros de la legislación nacional. Mientras la Cotbn establecía cuatro millones de hectáreas como de alto valor de conservación y solicitaba rigurosos controles.
La norma aprobada reduce el área de conservación a sólo 1,9 millón, permite actividades de peligro ambiental en esa misma zona que debiera proteger y deja de lado la participación de la sociedad civil.
Desde el propio gobierno provincial reconocieron públicamente que el cambio se debió a la presión de la Mesa de Enlace, que estuvo encabezada por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), pilar de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). También estuvieron presentes la Sociedad Rural Argentina (SRA) y parte de Federación Agraria (FAA).
La última semana, y en una votación por unanimidad del Consejo Superior, la Universidad Nacional de Río Cuarto decidió solicitar la inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. El rector de la UNRC, Oscar Spada, remarcó que en el estatuto de la casa de estudios se insta a “propender en todos los espacios académicos a la defensa y protección del ambiente. Por lo cual el pedido de inconstitucionalidad es una decisión correcta y un posicionamiento que la Universidad debe hacer”.
El integrante del Consejo Superior de la UNRC Pablo Wehbe acusó a la Legislatura de “aprobar entre gallos y medianoche una ley que terminará con el escaso bosque que queda en Córdoba, al punto tal de que deja abierta la posibilidad de que en zonas de alta conservación se prenda fuego, se cambie de categoría y luego se siembre soja”. Afirmó que la ley provincial “contradice” la legislación nacional, responsabilizó al gobierno provincial de ser “portavoz de los sectores ruralistas” y recordó que fue público el acuerdo entre funcionarios y la Mesa de Enlace para aprobar la cuestionada norma.
Entre los fundamentos de inconstitucionalidad destacan que no se respetó el proceso participativo que exige la legislación; que la ley provincial no protege los bosques sino que legisla sobre el aprovechamiento productivo del monte nativo; que habilita el desmonte en la categoría de máxima conservación, y no es clara en las tres categorías (roja, amarilla y verde); además, eliminó la obligatoriedad de proteger zonas con pendientes superiores al cinco por ciento (como obliga la ley nacional); no se consideran mecanismos de participación social a futuro; reduce la protección de bordes de ríos y arroyos; reduce al mínimo las multas por infracción y posibilita el desarrollo minero en zonas boscosas.
El director de Fiscalización y Control de la Secretaría de Ambiente, Alejandro Girón, consideró que “no corresponde” recurrir directamente a la Corte “obviando las instancias judiciales de la provincia” y señaló que la ley 9814 no contradice la norma nacional.
En la misma sintonía que la UNRC, la Universidad Nacional de Córdoba creó una comisión especial para estudiar la ley y que expida un informe técnico. El 27 de agosto le fue entregado a la rectora, Carolina Scotto, un análisis detallado, donde se da cuenta de las falencias de la norma y las consecuencias ambientales y sociales que conlleva. La UNC emitió la resolución 923 haciendo suyo todo lo dicho en el informe, cuestionó la ley 9814, señaló la inconstitucionalidad de la misma y elevó el documento a la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Ambiente de Nación para que accionen en la Justicia. El informe que aprobó la UNC reconoce el efecto próximo de la ley 9814: avance de la soja y la ganadería sobre el monte nativo.
Tres ofertas para tratamiento de RSU en BsAs
Tres ofertas en carrera para el nuevo sistema "Basura Cero"
Fecha de Publicación: 05/10/2010
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Se abrieron los sobres con la propuestas tecnológicas. De las cinco ofertas, dos no tenían avales económicos suficientes
Sólo cinco de las ocho empresas que habían comprado pliegos para la licitación del sistema de Basura Cero convocada por la Municipalidad -con el que se aspira a un enterramiento mínimo de residuos domiciliarios y el aprovechamiento de la basura orgánica como electricidad o combustibles-, presentaron finalmente ofertas. Pero dos de ellas quedaron eliminadas de la compulsa por carecer de avales económicos suficientes.
De esta manera, siguen en carrera tres oferentes correspondientes a uniones transitorias de empresas, en dos de las cuales hay firmas platenses, según anticiparon funcionarios de la Comuna.
El proceso licitatorio continuará con la evaluación de las ofertas en cuanto a la tecnología que más se acerque al concepto de mínimo enterramiento de residuos y mayor aprovechamiento industrial de la basura.
El anuncio se produjo durante un acto que se desarrolló en el Bosque y fue encabezado por el gobernador Daniel Scioli, el intendente Pablo Bruera y el ministro de Medio Ambiente del gobierno porteño, Diego Santilli. Allí se abrieron los sobres con la ofertas y, tras los primeros análisis, se informó que tres UTES continúan en la compulsa.
Uno de los oferentes es la UTE integrada por la firma española Sanea SA y las platenses MGM y Esur, la empresa que tiene a cargo la concesión de la recolección de residuos en la Ciudad. El otro grupo oferente lo integran Parque Industriales Auto Sustentables SA y otras cuatro empresas nacionales en tanto la tercera oferta correspondió a la platense Málaga Construcciones SA.
El sistema de "Basura Cero" fue el que La Plata y los municipios de Ensenada, Berisso, Brandsen y Punta Indio resolvieron adoptar como alternativa cuando se haga efectiva la medida judicial que pondrá fin al funcionamiento del relleno sanitario de la Ceamse ubicado en Punta Lara.
Durante el acto de apertura de los sobres con las ofertas tecnológicas -una vez seleccionado el modelo a contratar se procederá a evaluar las ofertas económicas_ quedó inaugurada la denominada "Casa Ecológica", en el Bosque y que será sede de la Agencia Ambiental municipal a cargo del biólogo y ambientalista Sergio Federovisky (ver aparte).
Entre otras presencias y junto a Scioli y Bruera estuvieron el jefe de Gabinete de la Provincia, Alberto Pérez y el intendente de Ensenada, Mario Secco.
"Otros gobiernos han querido concretar esto y no pudieron y eso debe darnos una señal de la madurez política que se ha alcanzado en esta Región y en la Provincia", sostuvo Bruera al aludir a la puesta en marcha del proceso Basura Cero. El jefe comunal platense dijo que el proyecto licitado ayer forma parte del compromiso de su gestión en sostener el cuidado del Medio Ambiente como política de Estado y destacó en ese sentido "la gestión realizada por el Gobernador para llegar a un acuerdo en un tema complejo como es el de la basura".
En ese contexto y desde una mesa a la que, entre otros, se sentó el ministro de Medio Ambiente y Espacios Públicos del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diego Santilli, el gobernador Scioli hizo público su "reconocimiento al intendente Pablo Bruera por haber tenido la visión estratégica de poner en marcha la Agencia Ambiental y hoy el orgullo de poner en funcionamiento esta Casa Ecológica, un símbolo del cambio cultural y educativo, porque necesitamos ir creando conciencia para enfrentar este problema de cara al futuro".
Al referirse al proyecto Basura Cero, Scioli agradeció "a la Universidad Nacional de La Plata por su influencia positiva, por haber hecho el relevamiento en la Región y poder alcanzar una gran madurez, una responsabilidad que nos facilita ahora avanzar en una solución de fondo a este problema y cumplir con el fallo de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires".
En tanto, Federovisky se refirió al compromiso de financiación del proyecto Basura Cero suscripto por la Provincia al señalar que "todo aquel que dude respecto al compromiso del gobierno bonaerense con esta planta, le está faltando el respeto al Gobernador, quien ha recibido dos veces a los intendentes y con su presencia hoy constata que el compromiso existe y no tenemos por qué dudar en que el proyecto de la Provincia es éste".
Fecha de Publicación: 05/10/2010
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Se abrieron los sobres con la propuestas tecnológicas. De las cinco ofertas, dos no tenían avales económicos suficientes
Sólo cinco de las ocho empresas que habían comprado pliegos para la licitación del sistema de Basura Cero convocada por la Municipalidad -con el que se aspira a un enterramiento mínimo de residuos domiciliarios y el aprovechamiento de la basura orgánica como electricidad o combustibles-, presentaron finalmente ofertas. Pero dos de ellas quedaron eliminadas de la compulsa por carecer de avales económicos suficientes.
De esta manera, siguen en carrera tres oferentes correspondientes a uniones transitorias de empresas, en dos de las cuales hay firmas platenses, según anticiparon funcionarios de la Comuna.
El proceso licitatorio continuará con la evaluación de las ofertas en cuanto a la tecnología que más se acerque al concepto de mínimo enterramiento de residuos y mayor aprovechamiento industrial de la basura.
El anuncio se produjo durante un acto que se desarrolló en el Bosque y fue encabezado por el gobernador Daniel Scioli, el intendente Pablo Bruera y el ministro de Medio Ambiente del gobierno porteño, Diego Santilli. Allí se abrieron los sobres con la ofertas y, tras los primeros análisis, se informó que tres UTES continúan en la compulsa.
Uno de los oferentes es la UTE integrada por la firma española Sanea SA y las platenses MGM y Esur, la empresa que tiene a cargo la concesión de la recolección de residuos en la Ciudad. El otro grupo oferente lo integran Parque Industriales Auto Sustentables SA y otras cuatro empresas nacionales en tanto la tercera oferta correspondió a la platense Málaga Construcciones SA.
El sistema de "Basura Cero" fue el que La Plata y los municipios de Ensenada, Berisso, Brandsen y Punta Indio resolvieron adoptar como alternativa cuando se haga efectiva la medida judicial que pondrá fin al funcionamiento del relleno sanitario de la Ceamse ubicado en Punta Lara.
Durante el acto de apertura de los sobres con las ofertas tecnológicas -una vez seleccionado el modelo a contratar se procederá a evaluar las ofertas económicas_ quedó inaugurada la denominada "Casa Ecológica", en el Bosque y que será sede de la Agencia Ambiental municipal a cargo del biólogo y ambientalista Sergio Federovisky (ver aparte).
Entre otras presencias y junto a Scioli y Bruera estuvieron el jefe de Gabinete de la Provincia, Alberto Pérez y el intendente de Ensenada, Mario Secco.
"Otros gobiernos han querido concretar esto y no pudieron y eso debe darnos una señal de la madurez política que se ha alcanzado en esta Región y en la Provincia", sostuvo Bruera al aludir a la puesta en marcha del proceso Basura Cero. El jefe comunal platense dijo que el proyecto licitado ayer forma parte del compromiso de su gestión en sostener el cuidado del Medio Ambiente como política de Estado y destacó en ese sentido "la gestión realizada por el Gobernador para llegar a un acuerdo en un tema complejo como es el de la basura".
En ese contexto y desde una mesa a la que, entre otros, se sentó el ministro de Medio Ambiente y Espacios Públicos del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diego Santilli, el gobernador Scioli hizo público su "reconocimiento al intendente Pablo Bruera por haber tenido la visión estratégica de poner en marcha la Agencia Ambiental y hoy el orgullo de poner en funcionamiento esta Casa Ecológica, un símbolo del cambio cultural y educativo, porque necesitamos ir creando conciencia para enfrentar este problema de cara al futuro".
Al referirse al proyecto Basura Cero, Scioli agradeció "a la Universidad Nacional de La Plata por su influencia positiva, por haber hecho el relevamiento en la Región y poder alcanzar una gran madurez, una responsabilidad que nos facilita ahora avanzar en una solución de fondo a este problema y cumplir con el fallo de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires".
En tanto, Federovisky se refirió al compromiso de financiación del proyecto Basura Cero suscripto por la Provincia al señalar que "todo aquel que dude respecto al compromiso del gobierno bonaerense con esta planta, le está faltando el respeto al Gobernador, quien ha recibido dos veces a los intendentes y con su presencia hoy constata que el compromiso existe y no tenemos por qué dudar en que el proyecto de la Provincia es éste".
Sequía: la gente saca con las manos los peces
Sequía: la gente saca con las manos los peces en El Jumeal
Fecha de Publicación: 04/10/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: La Rioja
La respuesta oficial fue que "los peces igual van a morir". La policía también se llevó algunos.
Por la sequía los peces, en su mayoría carpas, se mueren en el embalse de El Jumeal, la gente se agolpa a orillas de la poca agua que queda, para llevarse algunos de los ejemplares que pelean por sobrevivir. Las personas que habitualmente van de paseo o a practicar, por deporte, la pesca se encontraron con esta situación. Es tan fácil apoderarse de los animales que la gente tira las líneas sólo con los anzuelos, enganchan a los peces casi moribundos en cualquier parte del cuerpo y lo llevan hacia la orilla para quedarse con ellos, los más audaces se meten en el agua que les llega hasta la cintura y con sus manos se apoderan del pez que no realiza resistencia alguna. Se puede observar que cada grupo de amigos o familiares junta decenas de peces, lo que hace presumir que muy pocos son para consumo, el resto es casi una diversión para ver quién saca más cantidad o el ejemplar más grande.
Entre los presentes se comentaba que el sábado un muchacho había logrado sacar una carpa de 8 kilos y medio, otros aseguran haber sacado algunos más grandes.
El fenómeno es resultado de la poca cantidad de agua que tiene el embalse, lo que baja el oxígeno y los peces no pueden respirar.
Algunos jóvenes ya advertidos de esta situación lamentable que atraviesa el embalse por la sequía, llegan en bicicletas desde barrios como el Eva Perón y otros puntos de la ciudad, con bolsas de arpilleras o nylon para llenarlas de peces y llevarlas hasta sus hogares, estos jóvenes aseguran que desde hace varios días vienen a pescar de esta manera.
Se calcula que desde la semana pasada hasta ayer se sacaron centenares de ejemplares, la situación preocupa por el daño ambiental que se puede producir en el embalse. Las personas aseguran que no corre riesgo su salud puesto que hace ya algunos días consumen lo pescado y nada les pasó.
En el lugar no se hizo presente ninguna autoridad de la provincia relacionada con la preservación del medio ambiente, mientras que los policías, recién ayer a la tarde intervinieron, impidiendo que la gente continúe sacando los peces. Por la mañana, como no tenían ninguna orden, hubo uniformados que pedían a los pescadores algunos ejemplares. Desde Aguas de Catamarca un empleado de seguridad aseguró a El Ancasti que la situación se conoce, pero no pueden hacer nada porque "no hay agua y los peces se van a morir igual". En el dique mismo no existe un responsable o un cuidador.
Recién ayer por la tarde, desde la Subsecretaría del Ambiente se comunicó que está vedada la pesca en este embalse.
Fecha de Publicación: 04/10/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: La Rioja
La respuesta oficial fue que "los peces igual van a morir". La policía también se llevó algunos.
Por la sequía los peces, en su mayoría carpas, se mueren en el embalse de El Jumeal, la gente se agolpa a orillas de la poca agua que queda, para llevarse algunos de los ejemplares que pelean por sobrevivir. Las personas que habitualmente van de paseo o a practicar, por deporte, la pesca se encontraron con esta situación. Es tan fácil apoderarse de los animales que la gente tira las líneas sólo con los anzuelos, enganchan a los peces casi moribundos en cualquier parte del cuerpo y lo llevan hacia la orilla para quedarse con ellos, los más audaces se meten en el agua que les llega hasta la cintura y con sus manos se apoderan del pez que no realiza resistencia alguna. Se puede observar que cada grupo de amigos o familiares junta decenas de peces, lo que hace presumir que muy pocos son para consumo, el resto es casi una diversión para ver quién saca más cantidad o el ejemplar más grande.
Entre los presentes se comentaba que el sábado un muchacho había logrado sacar una carpa de 8 kilos y medio, otros aseguran haber sacado algunos más grandes.
El fenómeno es resultado de la poca cantidad de agua que tiene el embalse, lo que baja el oxígeno y los peces no pueden respirar.
Algunos jóvenes ya advertidos de esta situación lamentable que atraviesa el embalse por la sequía, llegan en bicicletas desde barrios como el Eva Perón y otros puntos de la ciudad, con bolsas de arpilleras o nylon para llenarlas de peces y llevarlas hasta sus hogares, estos jóvenes aseguran que desde hace varios días vienen a pescar de esta manera.
Se calcula que desde la semana pasada hasta ayer se sacaron centenares de ejemplares, la situación preocupa por el daño ambiental que se puede producir en el embalse. Las personas aseguran que no corre riesgo su salud puesto que hace ya algunos días consumen lo pescado y nada les pasó.
En el lugar no se hizo presente ninguna autoridad de la provincia relacionada con la preservación del medio ambiente, mientras que los policías, recién ayer a la tarde intervinieron, impidiendo que la gente continúe sacando los peces. Por la mañana, como no tenían ninguna orden, hubo uniformados que pedían a los pescadores algunos ejemplares. Desde Aguas de Catamarca un empleado de seguridad aseguró a El Ancasti que la situación se conoce, pero no pueden hacer nada porque "no hay agua y los peces se van a morir igual". En el dique mismo no existe un responsable o un cuidador.
Recién ayer por la tarde, desde la Subsecretaría del Ambiente se comunicó que está vedada la pesca en este embalse.
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