Producción de arroz libre de agrotóxicos
19:24 | 
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Promueven la producción de arroz libre de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 08/10/2010
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
La Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Chaco reunió a pequeños productores de diversas provincias para analizar experiencias de producción de arroz agroecológico en el Departamento Bermejo
En el marco del fuerte debate que se está desarrollando en el país por la conflictiva relación entre el modelo agrícola hegemónico de agro negocios y el cuidado del medioambiente y la salud humana, la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Chaco comenzó a impulsar técnicas para la producción de arroz agroecológico libre de agrotóxicos.
Para ello, este miércoles el responsable de esa área del gobierno provincial, Osvaldo Lovey, organizó un encuentro para que los pequeños productores de la provincia, especialmente los del Departamento Bermejo, tomen conocimiento sobre las experiencias de producción de arroz agroecológico que se desarrollan en otras provincias argentinas como Santa Fe y Tucumán y en el vecino país de Brasil con el objetivo de que el modelo pueda replicarse en el Chaco.
“Esta es una reunión para presentar las técnicas de producción de arroz con prácticas agroecológicas, quiere decir que no se utilizan agroquímicos masivamente como en las producciones tradicionales”, explicó Lovey, en diálogo con Radio Planeta. Y precisó que “queremos presentar esto desde la subsecretaría para ofrecer una salida, una propuesta superadora en materia de sistemas de producción a la situación de conflicto que se viene planteando con los modelos productivos tradicionales que generan mucha zozobra en la población por el uso masivo de agroquímicos”.
En el encuentro se expusieron las experiencias más prolongadas y consolidadas de los pequeños productores brasileños y también de productores como Remo Venica, quién desde hace veinte años viene desarrollando el modelo de arroz agroecológico en el norte de Santa Fe
Lovey resaltó que “el componente principal es la mano de obra familiar, que los productores a través de los consorcios puedan tener las máquinas adecuadas para el pelado y el envasado para poder ponerlo en el mercado de la forma adecuada y que los productores puedan participar de esa cadena de valor”.
“Vamos a hacer las primeras prácticas”, adelantó el funcionario provincial, pero admitió que “acá en el Chaco ya hay productores que han estado experimentando”. Precisó además que “vamos a trabajar con el arroz con agua, con inundación, y con producción de secano, con menos riego, para ver lo que mejor anda”.
Lovey consideró que con la adopción de ese modelo “resolvemos o superamos el gran conflicto que nos genera la contaminación ambiental. Pero además pretendemos que sea un modelo productivo altamente rentable para los pequeños productores”.
Fecha de Publicación: 08/10/2010
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
La Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Chaco reunió a pequeños productores de diversas provincias para analizar experiencias de producción de arroz agroecológico en el Departamento Bermejo
En el marco del fuerte debate que se está desarrollando en el país por la conflictiva relación entre el modelo agrícola hegemónico de agro negocios y el cuidado del medioambiente y la salud humana, la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Chaco comenzó a impulsar técnicas para la producción de arroz agroecológico libre de agrotóxicos.
Para ello, este miércoles el responsable de esa área del gobierno provincial, Osvaldo Lovey, organizó un encuentro para que los pequeños productores de la provincia, especialmente los del Departamento Bermejo, tomen conocimiento sobre las experiencias de producción de arroz agroecológico que se desarrollan en otras provincias argentinas como Santa Fe y Tucumán y en el vecino país de Brasil con el objetivo de que el modelo pueda replicarse en el Chaco.
“Esta es una reunión para presentar las técnicas de producción de arroz con prácticas agroecológicas, quiere decir que no se utilizan agroquímicos masivamente como en las producciones tradicionales”, explicó Lovey, en diálogo con Radio Planeta. Y precisó que “queremos presentar esto desde la subsecretaría para ofrecer una salida, una propuesta superadora en materia de sistemas de producción a la situación de conflicto que se viene planteando con los modelos productivos tradicionales que generan mucha zozobra en la población por el uso masivo de agroquímicos”.
En el encuentro se expusieron las experiencias más prolongadas y consolidadas de los pequeños productores brasileños y también de productores como Remo Venica, quién desde hace veinte años viene desarrollando el modelo de arroz agroecológico en el norte de Santa Fe
Lovey resaltó que “el componente principal es la mano de obra familiar, que los productores a través de los consorcios puedan tener las máquinas adecuadas para el pelado y el envasado para poder ponerlo en el mercado de la forma adecuada y que los productores puedan participar de esa cadena de valor”.
“Vamos a hacer las primeras prácticas”, adelantó el funcionario provincial, pero admitió que “acá en el Chaco ya hay productores que han estado experimentando”. Precisó además que “vamos a trabajar con el arroz con agua, con inundación, y con producción de secano, con menos riego, para ver lo que mejor anda”.
Lovey consideró que con la adopción de ese modelo “resolvemos o superamos el gran conflicto que nos genera la contaminación ambiental. Pero además pretendemos que sea un modelo productivo altamente rentable para los pequeños productores”.
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Las sales de potasio controvertidas
Carmona refutó a un funcionario nacional por las sales de potasio
Fecha de Publicación: 07/10/2010
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El secretario de Ambiente desestimó la sugerencia del Defensor del Pueblo de la Nación para que se hagan más estudios en el proyecto minero de Malargüe. “Este es un tema cerrado”, rechazó.
“Para nosotros, este es un tema cerrado”. Con esta sentencia el secretario de Ambiente de Mendoza, Guillermo Carmona, desestimó ayer que la Provincia vaya a considerar la realización de nuevos estudios ambientales para la mina de sales de potasio sobre el Río Colorado, tal como recomendó en las últimas hora el defensor del pueblo de la Nación, Anselmo Sella, haciendo lugar al pedido de organizaciones ambientalistas de La Pampa.
El funcionario salió así al cruce de la sugerencia nacional al sostener que “se trata de una recomendación que no se ajusta a ninguna normativa ambiental y no responde al concepto constitucional de que las competencias ambientales son provinciales. No existen intervenciones ambientales nacionales”.
El martes se conoció que Sella recomendó a la Secretaría de Ambiente de la Nación la realización de estudios de impacto ambiental “integrados, acumulativos e interjurisdiccionales” en la zona y manifestó además que el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) no hizo este tipo de estudios y que esto genera que no se sepa lo que provocará el emprendimiento fuera de Mendoza.
Según publicaron medios pampeanos, la resolución fue firmada el 26 de agosto pasado y comunicada por la organización ambientalista que solicitó la medida, Alihuén, este martes. Sella sostuvo que por la trascendencia que tendrá el emprendimiento de la empresa brasileña Vale do Río Doce, que se instalará en el sur de Malargüe, “deben efectuarse estudios de impacto ambiental interjurisdiccionales”.
La respuesta oficial
Potasio Río Colorado es un proyecto de explotación minera no convencional, de cloruro de potasio, que se realizará en el paraje Pata Mora, al sur del departamento Malargüe. Vale, la empresa brasilera dueña de la mina, calcula una inversión acumulada de 4.200 millones de dólares y la generación de más de 3.000 puestos de trabajo en la primera etapa para la extracción del mineral que es utilizado como fertilizante. En la actualidad, Potasio Río Colorado es el proyecto minero de mayor envergadura de Argentina.
Carmona convocó a la prensa en horas del mediodía y comunicó allí que había mantenido un contacto telefónico con el secretario de Ambiente de la Nación, que puso al tanto de la situación al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, quien respondió que aún no estaba al tanto de la resolución del Defensor del Pueblo que, según la Constitución, funciona además como ombudsman ambiental en la República Argentina.
“Esta recomendación no se ajusta al régimen constitucional argentino y la Declaración de Impacto Ambiental que emitió la Provincia está en plena vigencia”, se explayó el funcionario. Y agregó: “En todo el proceso se le ha dado intervención al Coirco y todas las observaciones que allí se hicieron fueron incorporadas en su momento”.
Fecha de Publicación: 07/10/2010
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El secretario de Ambiente desestimó la sugerencia del Defensor del Pueblo de la Nación para que se hagan más estudios en el proyecto minero de Malargüe. “Este es un tema cerrado”, rechazó.
“Para nosotros, este es un tema cerrado”. Con esta sentencia el secretario de Ambiente de Mendoza, Guillermo Carmona, desestimó ayer que la Provincia vaya a considerar la realización de nuevos estudios ambientales para la mina de sales de potasio sobre el Río Colorado, tal como recomendó en las últimas hora el defensor del pueblo de la Nación, Anselmo Sella, haciendo lugar al pedido de organizaciones ambientalistas de La Pampa.
El funcionario salió así al cruce de la sugerencia nacional al sostener que “se trata de una recomendación que no se ajusta a ninguna normativa ambiental y no responde al concepto constitucional de que las competencias ambientales son provinciales. No existen intervenciones ambientales nacionales”.
El martes se conoció que Sella recomendó a la Secretaría de Ambiente de la Nación la realización de estudios de impacto ambiental “integrados, acumulativos e interjurisdiccionales” en la zona y manifestó además que el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) no hizo este tipo de estudios y que esto genera que no se sepa lo que provocará el emprendimiento fuera de Mendoza.
Según publicaron medios pampeanos, la resolución fue firmada el 26 de agosto pasado y comunicada por la organización ambientalista que solicitó la medida, Alihuén, este martes. Sella sostuvo que por la trascendencia que tendrá el emprendimiento de la empresa brasileña Vale do Río Doce, que se instalará en el sur de Malargüe, “deben efectuarse estudios de impacto ambiental interjurisdiccionales”.
La respuesta oficial
Potasio Río Colorado es un proyecto de explotación minera no convencional, de cloruro de potasio, que se realizará en el paraje Pata Mora, al sur del departamento Malargüe. Vale, la empresa brasilera dueña de la mina, calcula una inversión acumulada de 4.200 millones de dólares y la generación de más de 3.000 puestos de trabajo en la primera etapa para la extracción del mineral que es utilizado como fertilizante. En la actualidad, Potasio Río Colorado es el proyecto minero de mayor envergadura de Argentina.
Carmona convocó a la prensa en horas del mediodía y comunicó allí que había mantenido un contacto telefónico con el secretario de Ambiente de la Nación, que puso al tanto de la situación al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, quien respondió que aún no estaba al tanto de la resolución del Defensor del Pueblo que, según la Constitución, funciona además como ombudsman ambiental en la República Argentina.
“Esta recomendación no se ajusta al régimen constitucional argentino y la Declaración de Impacto Ambiental que emitió la Provincia está en plena vigencia”, se explayó el funcionario. Y agregó: “En todo el proceso se le ha dado intervención al Coirco y todas las observaciones que allí se hicieron fueron incorporadas en su momento”.
Pilas: 10 toneladas continúan varadas
Pilas: 10 toneladas continúan varadas
Fecha de Publicación: 07/10/2010
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Capital
El presidente de la Agencia de Protección Ambiental, Javier Corcuera, habló sobre este problema en la Jornada de Protección de Medio Ambiente que, organizada por el Ente Unico Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad.
La Ciudad de Buenos Aires guarda en un depósito diez toneladas de pilas usadas, recolectadas durante una campaña llevada a cabo el año pasado, pero no pudo resolver todavía qué hacer con ellas debido a la ausencia de una normativa que se ocupe de esta clase de residuos peligrosos. Una de las opciones es que sean los propios fabricantes, bajo el concepto de responsabilidad extendida del productor, quienes se hagan cargo de su tratamiento y disposición final.
El dato, revelado por el presidente de la Agencia de Protección Ambiental, Javier Corcuera, fue uno de los temas salientes de la 1º Jornada de Protección de Medio Ambiente que, organizada por el Ente Unico Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad, se realizó ayer en la sede de la Universidad de Ciencias Económicas y Sociales (UCES).
La apertura del encuentro, que tuvo como título “Gestión y Disposición Final de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos”, estuvo a cargo de Lisandro Ferrali y Claudia García, presidente y directora del Ente Unico Regulador respectivamente. “Los aparatos electrónicos se vuelven obsoletos con mayor rapidez que años atrás y no existe una normativa específica que regule su disposición final.
Asimismo, se impone un cambio de cultura ciudadana en lo que respecta al desecho de estos residuos peligrosos“, argumentó García en su presentación.
Según el Instituto de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA), los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires sacan a la vereda más de 573 kilos de equipos electrónicos en desuso todos los días, como computadoras, celulares, equipos de música, baterías. Pero el problema no radica solamente en la cantidad de residuos sino en la peligrosidad de los mismos, ya que estos desechos contienen plomo, cromo, cadmio, níquel y mercurio. En el país aún no hay una legislación que oriente sobre el manejo de estos residuos y aún hoy, conociendo su peligrosidad, se arrojan como cualquier otro residuo domiciliario atentando contra el medio ambiente y la salud.
Fecha de Publicación: 07/10/2010
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Capital
El presidente de la Agencia de Protección Ambiental, Javier Corcuera, habló sobre este problema en la Jornada de Protección de Medio Ambiente que, organizada por el Ente Unico Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad.
La Ciudad de Buenos Aires guarda en un depósito diez toneladas de pilas usadas, recolectadas durante una campaña llevada a cabo el año pasado, pero no pudo resolver todavía qué hacer con ellas debido a la ausencia de una normativa que se ocupe de esta clase de residuos peligrosos. Una de las opciones es que sean los propios fabricantes, bajo el concepto de responsabilidad extendida del productor, quienes se hagan cargo de su tratamiento y disposición final.
El dato, revelado por el presidente de la Agencia de Protección Ambiental, Javier Corcuera, fue uno de los temas salientes de la 1º Jornada de Protección de Medio Ambiente que, organizada por el Ente Unico Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad, se realizó ayer en la sede de la Universidad de Ciencias Económicas y Sociales (UCES).
La apertura del encuentro, que tuvo como título “Gestión y Disposición Final de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos”, estuvo a cargo de Lisandro Ferrali y Claudia García, presidente y directora del Ente Unico Regulador respectivamente. “Los aparatos electrónicos se vuelven obsoletos con mayor rapidez que años atrás y no existe una normativa específica que regule su disposición final.
Asimismo, se impone un cambio de cultura ciudadana en lo que respecta al desecho de estos residuos peligrosos“, argumentó García en su presentación.
Según el Instituto de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA), los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires sacan a la vereda más de 573 kilos de equipos electrónicos en desuso todos los días, como computadoras, celulares, equipos de música, baterías. Pero el problema no radica solamente en la cantidad de residuos sino en la peligrosidad de los mismos, ya que estos desechos contienen plomo, cromo, cadmio, níquel y mercurio. En el país aún no hay una legislación que oriente sobre el manejo de estos residuos y aún hoy, conociendo su peligrosidad, se arrojan como cualquier otro residuo domiciliario atentando contra el medio ambiente y la salud.
La construcción de Ayuí es inminente
La construcción de Ayuí es inminente
Fecha de Publicación: 06/10/2010
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Corrientes.
Este lunes iniciaron las obras de tendido eléctrico para las estaciones de bombeo en la zona donde se construiría la cuestionada represa del arroyo Ayuí Grande, en Corrientes.
A pesar de la cautelar interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia por el gobierno nacional para evitar el impacto ambiental, una de las empresas responsables del emprendimiento aseguró contar con la habilitación para iniciar los trabajos. En ese sentido, el gerente de Copra S.A., Ricardo Freyre, fundamentó que las tareas encaradas esta semana cuentan con la aprobación de los organismos respectivos, además de revelar que el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) autorizó la obra. “El conflicto judicial es entre el Estado nacional y el Estado provincial, no es una denuncia contra la firma”, dijo y completó: “Nosotros estamos habilitados legalmente”. Mientras se espera que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre los informes enviados por Corrientes en el marco del proyecto productivo de Ayuí Grande, trascendió que la Unión Transitoria de Empresas (UTE) inició este lunes los trabajos de tendido eléctrico de media tensión que llevaría energía a las estaciones de bombeo de la futura represa, una inversión que ronda los 20 millones de dólares.
En ese marco, el gerente de Copra S.A., indicó que se trata de una línea de 33 KV que servirá para abastecer a las estaciones de bombeo que ya trabajan en la zona y las que se construirán en el marco del proyecto; y acotó que las tareas fueron aprobadas por la Subsecretaría de Energía y la Dirección Provincial de Energía de Corrientes, así como el viernes pasado, el ICAA les habría dado “la concesión del agua y con ello la autorización para iniciar las obras”.
Respecto del conflicto judicial, el empresario discurrió que se trata de un inconveniente entre el Estado nacional y el Estado provincial. “No es una denuncia contra la firma”, recalcó. “Nosotros hoy estamos habilitados legalmente a hacer las obras. Hoy no hay nada que nos impida”, dijo y esperó que se cumplan los términos previstos en el proceso para el inicio de la represa. “Estimamos que entre 60 y 90 días podríamos estar en condiciones de comenzar con los trabajos. Hay que esperar 10 días para la licitación y cumplir los términos legales para adjudicar la obra, por eso se podría demorar hasta 90 días”, detalló.
El tiempo de ejecución de la obras es de 12 meses y tendrá un costo total de 60 millones de dólares, aunque por la inflación los empresarios ya prevén ciertos incrementos en el presupuesto. De ese monto, 20 millones están destinados a esta primera parte del emprendimiento, que tiene como principal objetivo trasladar energía. El resto de la inversión irá al área industrial propiamente dicha, es decir: a las plantas de acopio, molinos y compra de maquinarias, publicó El Litoral de Corrientes.
Finalmente, Freyre devolvió el favor a los sectores ambientalistas que cuestionan el proyecto, rescató que la iniciativa generará “1.500 puestos de trabajo” y sostuvo que se llevará adelante “un sistema de producción de arroz totalmente sustentable”. En esa línea, opinó sobre la necesidad de dar un impulso de desarrollo a la provincia “para sacar a la sociedad de la pobreza”. “Sin trabajo, no hay salud”, cerró.
Fecha de Publicación: 06/10/2010
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Corrientes.
Este lunes iniciaron las obras de tendido eléctrico para las estaciones de bombeo en la zona donde se construiría la cuestionada represa del arroyo Ayuí Grande, en Corrientes.
A pesar de la cautelar interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia por el gobierno nacional para evitar el impacto ambiental, una de las empresas responsables del emprendimiento aseguró contar con la habilitación para iniciar los trabajos. En ese sentido, el gerente de Copra S.A., Ricardo Freyre, fundamentó que las tareas encaradas esta semana cuentan con la aprobación de los organismos respectivos, además de revelar que el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) autorizó la obra. “El conflicto judicial es entre el Estado nacional y el Estado provincial, no es una denuncia contra la firma”, dijo y completó: “Nosotros estamos habilitados legalmente”. Mientras se espera que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre los informes enviados por Corrientes en el marco del proyecto productivo de Ayuí Grande, trascendió que la Unión Transitoria de Empresas (UTE) inició este lunes los trabajos de tendido eléctrico de media tensión que llevaría energía a las estaciones de bombeo de la futura represa, una inversión que ronda los 20 millones de dólares.
En ese marco, el gerente de Copra S.A., indicó que se trata de una línea de 33 KV que servirá para abastecer a las estaciones de bombeo que ya trabajan en la zona y las que se construirán en el marco del proyecto; y acotó que las tareas fueron aprobadas por la Subsecretaría de Energía y la Dirección Provincial de Energía de Corrientes, así como el viernes pasado, el ICAA les habría dado “la concesión del agua y con ello la autorización para iniciar las obras”.
Respecto del conflicto judicial, el empresario discurrió que se trata de un inconveniente entre el Estado nacional y el Estado provincial. “No es una denuncia contra la firma”, recalcó. “Nosotros hoy estamos habilitados legalmente a hacer las obras. Hoy no hay nada que nos impida”, dijo y esperó que se cumplan los términos previstos en el proceso para el inicio de la represa. “Estimamos que entre 60 y 90 días podríamos estar en condiciones de comenzar con los trabajos. Hay que esperar 10 días para la licitación y cumplir los términos legales para adjudicar la obra, por eso se podría demorar hasta 90 días”, detalló.
El tiempo de ejecución de la obras es de 12 meses y tendrá un costo total de 60 millones de dólares, aunque por la inflación los empresarios ya prevén ciertos incrementos en el presupuesto. De ese monto, 20 millones están destinados a esta primera parte del emprendimiento, que tiene como principal objetivo trasladar energía. El resto de la inversión irá al área industrial propiamente dicha, es decir: a las plantas de acopio, molinos y compra de maquinarias, publicó El Litoral de Corrientes.
Finalmente, Freyre devolvió el favor a los sectores ambientalistas que cuestionan el proyecto, rescató que la iniciativa generará “1.500 puestos de trabajo” y sostuvo que se llevará adelante “un sistema de producción de arroz totalmente sustentable”. En esa línea, opinó sobre la necesidad de dar un impulso de desarrollo a la provincia “para sacar a la sociedad de la pobreza”. “Sin trabajo, no hay salud”, cerró.
Controlarán agroquímicos por GPS en Chaco
Agroquímicos: Afirman que en 2011 se controlarán por GPS en Chaco
Fecha de Publicación: 06/10/2010
Fuente: Data Chaco - Infoambiente
Provincia/Región: Chaco
Además se monitoreará el comportamiento de los vehículos dependientes de la cartera productiva.
A partir de 2011 se pondrá en marcha en toda la provincia el sistema de control por GPS que detectará automáticamente el uso y aplicación de agroquímicos.
Además se monitoreará el comportamiento de los vehículos dependientes de la cartera productiva.
El Ministerio de Producción y Ambiente controlará la aplicación de agroquímicos en toda la Provincia a través del sistema de control por GPS que permitirá la detección automática a través la observación y registro en tiempo real desde una central. Además, también se monitoreará el
comportamiento de los vehículos dependientes de la cartera productiva.
Para ello, este martes el ministro de Producción Enrique Orban y el subsecretario de Medio Ambiente Raúl Fernández se reunieron con los representantes de la empresa de rastreo satelital “grupo Köner” para avanzar en la implementación del sistema que estaría en marcha a partir del primero de enero de 2011. A partir de ahora y hasta fin de año se realizará la instalación de los dispositivos y la infraestructura correspondiente.
De esta manera, el Gobierno avanza sobre el control de aplicaciones de agroquímicos terrestres o aéreos para garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley de Biocidas y el cuidado del medio ambiente.
El sistema moderno le otorga eficacia, transparencia y rapidez al Estado en el control del uso de cualquier tipo de agroquímicos. Asimismo, es una herramienta fundamental que brinda resultados precisos y certeros en caso de tener que intervenir en un litigio.
La Ley de Biocidas vigente en la Provincia, otorga al Estado la facultad de manejar la venta, distribución y aplicación de todos los productos agroquímicos como los fertilizantes, herbicidas y pesticidas, que se aplican ante la aparición de plagas. La aplicación puede ser en forma terrestre o aérea, para lo cual todas requieren los permisos necesarios.
Fecha de Publicación: 06/10/2010
Fuente: Data Chaco - Infoambiente
Provincia/Región: Chaco
Además se monitoreará el comportamiento de los vehículos dependientes de la cartera productiva.
A partir de 2011 se pondrá en marcha en toda la provincia el sistema de control por GPS que detectará automáticamente el uso y aplicación de agroquímicos.
Además se monitoreará el comportamiento de los vehículos dependientes de la cartera productiva.
El Ministerio de Producción y Ambiente controlará la aplicación de agroquímicos en toda la Provincia a través del sistema de control por GPS que permitirá la detección automática a través la observación y registro en tiempo real desde una central. Además, también se monitoreará el
comportamiento de los vehículos dependientes de la cartera productiva.
Para ello, este martes el ministro de Producción Enrique Orban y el subsecretario de Medio Ambiente Raúl Fernández se reunieron con los representantes de la empresa de rastreo satelital “grupo Köner” para avanzar en la implementación del sistema que estaría en marcha a partir del primero de enero de 2011. A partir de ahora y hasta fin de año se realizará la instalación de los dispositivos y la infraestructura correspondiente.
De esta manera, el Gobierno avanza sobre el control de aplicaciones de agroquímicos terrestres o aéreos para garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley de Biocidas y el cuidado del medio ambiente.
El sistema moderno le otorga eficacia, transparencia y rapidez al Estado en el control del uso de cualquier tipo de agroquímicos. Asimismo, es una herramienta fundamental que brinda resultados precisos y certeros en caso de tener que intervenir en un litigio.
La Ley de Biocidas vigente en la Provincia, otorga al Estado la facultad de manejar la venta, distribución y aplicación de todos los productos agroquímicos como los fertilizantes, herbicidas y pesticidas, que se aplican ante la aparición de plagas. La aplicación puede ser en forma terrestre o aérea, para lo cual todas requieren los permisos necesarios.
UNRC: Para cortar una ley de raíz
Para cortar una ley de raíz
Fecha de Publicación: 05/10/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
La Universidad Nacional de Río Cuarto presentará ante la Corte Suprema un pedido de inconstitucionalidad de la ley 9814 que, con el argumento de proteger los bosques de Córdoba, redujo las zonas protegidas. Hoy se realiza una marcha para que sea derogada.
Campesinos, organizaciones sociales y la comunidad universitaria marchan hoy en Córdoba en repudio de la ley 9814, sancionada hace dos meses y que regula el uso del bosque provincial. La norma es muy cuestionada por la Comisión de Ordenamiento Territorial (Cotbn), espacio oficial y científico que durante dos años había trabajado y consensuado otro proyecto de ley. La última semana, la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) anunció que pedirá la inconstitucionalidad de la polémica norma ante la Corte Suprema. La ley permite el desmonte en dos millones de hectáreas, desconoce la participación de la sociedad civil y permite actividades productivas en zonas donde debieran estar prohibidas.
“Sin bosque no hay agua. Y con la ley 9814 el bosque nativo corre peligro”, remarca la convocatoria de las organizaciones sociales que se movilizarán hoy ante el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Ambiente y la Legislatura, a los que junto a la Mesa de Enlace responsabilizan por la sanción de la ley. Además de la anulación de la ley se reclama la aprobación de la norma consensuada por la Cotbn. “A Córdoba sólo le queda el cuatro por ciento del bosque que tuvo a principios del siglo XX; el resto ha sido desmontado”, resaltan.
La ley nacional 26.331 “de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos” es el piso al que debían adecuarse las provincias mediante la realización de un catastro que determine categorías según colores: rojo (que no deben tocarse), amarillo (de aprovechamiento limitado) y verde (que podrían talarse). Recién un año después de la norma nacional la Secretaría de Ambiente provincial convocó a la conformación del espacio encargado de proponer y consensuar la ley: Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (Cotbn), integrada por tres universidades nacionales, ONG, Parques Nacionales, un sector de Federación Agraria y el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).
Luego de dos años de trabajo la Cotbn consensuó un proyecto de ley, que fue elevado a la Secretaría de Ambiente. Luego de numerosas postergaciones, la Legislatura presentó otro proyecto –opuesto al original– y fue aprobado en la madrugada del 5 de agosto. Desde la Cotbn denunciaron la maniobra y, en el análisis de la ley, afirmaron que era inconstitucional por estar por debajo de los parámetros de la legislación nacional. Mientras la Cotbn establecía cuatro millones de hectáreas como de alto valor de conservación y solicitaba rigurosos controles.
La norma aprobada reduce el área de conservación a sólo 1,9 millón, permite actividades de peligro ambiental en esa misma zona que debiera proteger y deja de lado la participación de la sociedad civil.
Desde el propio gobierno provincial reconocieron públicamente que el cambio se debió a la presión de la Mesa de Enlace, que estuvo encabezada por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), pilar de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). También estuvieron presentes la Sociedad Rural Argentina (SRA) y parte de Federación Agraria (FAA).
La última semana, y en una votación por unanimidad del Consejo Superior, la Universidad Nacional de Río Cuarto decidió solicitar la inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. El rector de la UNRC, Oscar Spada, remarcó que en el estatuto de la casa de estudios se insta a “propender en todos los espacios académicos a la defensa y protección del ambiente. Por lo cual el pedido de inconstitucionalidad es una decisión correcta y un posicionamiento que la Universidad debe hacer”.
El integrante del Consejo Superior de la UNRC Pablo Wehbe acusó a la Legislatura de “aprobar entre gallos y medianoche una ley que terminará con el escaso bosque que queda en Córdoba, al punto tal de que deja abierta la posibilidad de que en zonas de alta conservación se prenda fuego, se cambie de categoría y luego se siembre soja”. Afirmó que la ley provincial “contradice” la legislación nacional, responsabilizó al gobierno provincial de ser “portavoz de los sectores ruralistas” y recordó que fue público el acuerdo entre funcionarios y la Mesa de Enlace para aprobar la cuestionada norma.
Entre los fundamentos de inconstitucionalidad destacan que no se respetó el proceso participativo que exige la legislación; que la ley provincial no protege los bosques sino que legisla sobre el aprovechamiento productivo del monte nativo; que habilita el desmonte en la categoría de máxima conservación, y no es clara en las tres categorías (roja, amarilla y verde); además, eliminó la obligatoriedad de proteger zonas con pendientes superiores al cinco por ciento (como obliga la ley nacional); no se consideran mecanismos de participación social a futuro; reduce la protección de bordes de ríos y arroyos; reduce al mínimo las multas por infracción y posibilita el desarrollo minero en zonas boscosas.
El director de Fiscalización y Control de la Secretaría de Ambiente, Alejandro Girón, consideró que “no corresponde” recurrir directamente a la Corte “obviando las instancias judiciales de la provincia” y señaló que la ley 9814 no contradice la norma nacional.
En la misma sintonía que la UNRC, la Universidad Nacional de Córdoba creó una comisión especial para estudiar la ley y que expida un informe técnico. El 27 de agosto le fue entregado a la rectora, Carolina Scotto, un análisis detallado, donde se da cuenta de las falencias de la norma y las consecuencias ambientales y sociales que conlleva. La UNC emitió la resolución 923 haciendo suyo todo lo dicho en el informe, cuestionó la ley 9814, señaló la inconstitucionalidad de la misma y elevó el documento a la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Ambiente de Nación para que accionen en la Justicia. El informe que aprobó la UNC reconoce el efecto próximo de la ley 9814: avance de la soja y la ganadería sobre el monte nativo.
Fecha de Publicación: 05/10/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
La Universidad Nacional de Río Cuarto presentará ante la Corte Suprema un pedido de inconstitucionalidad de la ley 9814 que, con el argumento de proteger los bosques de Córdoba, redujo las zonas protegidas. Hoy se realiza una marcha para que sea derogada.
Campesinos, organizaciones sociales y la comunidad universitaria marchan hoy en Córdoba en repudio de la ley 9814, sancionada hace dos meses y que regula el uso del bosque provincial. La norma es muy cuestionada por la Comisión de Ordenamiento Territorial (Cotbn), espacio oficial y científico que durante dos años había trabajado y consensuado otro proyecto de ley. La última semana, la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) anunció que pedirá la inconstitucionalidad de la polémica norma ante la Corte Suprema. La ley permite el desmonte en dos millones de hectáreas, desconoce la participación de la sociedad civil y permite actividades productivas en zonas donde debieran estar prohibidas.
“Sin bosque no hay agua. Y con la ley 9814 el bosque nativo corre peligro”, remarca la convocatoria de las organizaciones sociales que se movilizarán hoy ante el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Ambiente y la Legislatura, a los que junto a la Mesa de Enlace responsabilizan por la sanción de la ley. Además de la anulación de la ley se reclama la aprobación de la norma consensuada por la Cotbn. “A Córdoba sólo le queda el cuatro por ciento del bosque que tuvo a principios del siglo XX; el resto ha sido desmontado”, resaltan.
La ley nacional 26.331 “de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos” es el piso al que debían adecuarse las provincias mediante la realización de un catastro que determine categorías según colores: rojo (que no deben tocarse), amarillo (de aprovechamiento limitado) y verde (que podrían talarse). Recién un año después de la norma nacional la Secretaría de Ambiente provincial convocó a la conformación del espacio encargado de proponer y consensuar la ley: Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (Cotbn), integrada por tres universidades nacionales, ONG, Parques Nacionales, un sector de Federación Agraria y el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).
Luego de dos años de trabajo la Cotbn consensuó un proyecto de ley, que fue elevado a la Secretaría de Ambiente. Luego de numerosas postergaciones, la Legislatura presentó otro proyecto –opuesto al original– y fue aprobado en la madrugada del 5 de agosto. Desde la Cotbn denunciaron la maniobra y, en el análisis de la ley, afirmaron que era inconstitucional por estar por debajo de los parámetros de la legislación nacional. Mientras la Cotbn establecía cuatro millones de hectáreas como de alto valor de conservación y solicitaba rigurosos controles.
La norma aprobada reduce el área de conservación a sólo 1,9 millón, permite actividades de peligro ambiental en esa misma zona que debiera proteger y deja de lado la participación de la sociedad civil.
Desde el propio gobierno provincial reconocieron públicamente que el cambio se debió a la presión de la Mesa de Enlace, que estuvo encabezada por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), pilar de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). También estuvieron presentes la Sociedad Rural Argentina (SRA) y parte de Federación Agraria (FAA).
La última semana, y en una votación por unanimidad del Consejo Superior, la Universidad Nacional de Río Cuarto decidió solicitar la inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. El rector de la UNRC, Oscar Spada, remarcó que en el estatuto de la casa de estudios se insta a “propender en todos los espacios académicos a la defensa y protección del ambiente. Por lo cual el pedido de inconstitucionalidad es una decisión correcta y un posicionamiento que la Universidad debe hacer”.
El integrante del Consejo Superior de la UNRC Pablo Wehbe acusó a la Legislatura de “aprobar entre gallos y medianoche una ley que terminará con el escaso bosque que queda en Córdoba, al punto tal de que deja abierta la posibilidad de que en zonas de alta conservación se prenda fuego, se cambie de categoría y luego se siembre soja”. Afirmó que la ley provincial “contradice” la legislación nacional, responsabilizó al gobierno provincial de ser “portavoz de los sectores ruralistas” y recordó que fue público el acuerdo entre funcionarios y la Mesa de Enlace para aprobar la cuestionada norma.
Entre los fundamentos de inconstitucionalidad destacan que no se respetó el proceso participativo que exige la legislación; que la ley provincial no protege los bosques sino que legisla sobre el aprovechamiento productivo del monte nativo; que habilita el desmonte en la categoría de máxima conservación, y no es clara en las tres categorías (roja, amarilla y verde); además, eliminó la obligatoriedad de proteger zonas con pendientes superiores al cinco por ciento (como obliga la ley nacional); no se consideran mecanismos de participación social a futuro; reduce la protección de bordes de ríos y arroyos; reduce al mínimo las multas por infracción y posibilita el desarrollo minero en zonas boscosas.
El director de Fiscalización y Control de la Secretaría de Ambiente, Alejandro Girón, consideró que “no corresponde” recurrir directamente a la Corte “obviando las instancias judiciales de la provincia” y señaló que la ley 9814 no contradice la norma nacional.
En la misma sintonía que la UNRC, la Universidad Nacional de Córdoba creó una comisión especial para estudiar la ley y que expida un informe técnico. El 27 de agosto le fue entregado a la rectora, Carolina Scotto, un análisis detallado, donde se da cuenta de las falencias de la norma y las consecuencias ambientales y sociales que conlleva. La UNC emitió la resolución 923 haciendo suyo todo lo dicho en el informe, cuestionó la ley 9814, señaló la inconstitucionalidad de la misma y elevó el documento a la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Ambiente de Nación para que accionen en la Justicia. El informe que aprobó la UNC reconoce el efecto próximo de la ley 9814: avance de la soja y la ganadería sobre el monte nativo.
Tres ofertas para tratamiento de RSU en BsAs
Tres ofertas en carrera para el nuevo sistema "Basura Cero"
Fecha de Publicación: 05/10/2010
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Se abrieron los sobres con la propuestas tecnológicas. De las cinco ofertas, dos no tenían avales económicos suficientes
Sólo cinco de las ocho empresas que habían comprado pliegos para la licitación del sistema de Basura Cero convocada por la Municipalidad -con el que se aspira a un enterramiento mínimo de residuos domiciliarios y el aprovechamiento de la basura orgánica como electricidad o combustibles-, presentaron finalmente ofertas. Pero dos de ellas quedaron eliminadas de la compulsa por carecer de avales económicos suficientes.
De esta manera, siguen en carrera tres oferentes correspondientes a uniones transitorias de empresas, en dos de las cuales hay firmas platenses, según anticiparon funcionarios de la Comuna.
El proceso licitatorio continuará con la evaluación de las ofertas en cuanto a la tecnología que más se acerque al concepto de mínimo enterramiento de residuos y mayor aprovechamiento industrial de la basura.
El anuncio se produjo durante un acto que se desarrolló en el Bosque y fue encabezado por el gobernador Daniel Scioli, el intendente Pablo Bruera y el ministro de Medio Ambiente del gobierno porteño, Diego Santilli. Allí se abrieron los sobres con la ofertas y, tras los primeros análisis, se informó que tres UTES continúan en la compulsa.
Uno de los oferentes es la UTE integrada por la firma española Sanea SA y las platenses MGM y Esur, la empresa que tiene a cargo la concesión de la recolección de residuos en la Ciudad. El otro grupo oferente lo integran Parque Industriales Auto Sustentables SA y otras cuatro empresas nacionales en tanto la tercera oferta correspondió a la platense Málaga Construcciones SA.
El sistema de "Basura Cero" fue el que La Plata y los municipios de Ensenada, Berisso, Brandsen y Punta Indio resolvieron adoptar como alternativa cuando se haga efectiva la medida judicial que pondrá fin al funcionamiento del relleno sanitario de la Ceamse ubicado en Punta Lara.
Durante el acto de apertura de los sobres con las ofertas tecnológicas -una vez seleccionado el modelo a contratar se procederá a evaluar las ofertas económicas_ quedó inaugurada la denominada "Casa Ecológica", en el Bosque y que será sede de la Agencia Ambiental municipal a cargo del biólogo y ambientalista Sergio Federovisky (ver aparte).
Entre otras presencias y junto a Scioli y Bruera estuvieron el jefe de Gabinete de la Provincia, Alberto Pérez y el intendente de Ensenada, Mario Secco.
"Otros gobiernos han querido concretar esto y no pudieron y eso debe darnos una señal de la madurez política que se ha alcanzado en esta Región y en la Provincia", sostuvo Bruera al aludir a la puesta en marcha del proceso Basura Cero. El jefe comunal platense dijo que el proyecto licitado ayer forma parte del compromiso de su gestión en sostener el cuidado del Medio Ambiente como política de Estado y destacó en ese sentido "la gestión realizada por el Gobernador para llegar a un acuerdo en un tema complejo como es el de la basura".
En ese contexto y desde una mesa a la que, entre otros, se sentó el ministro de Medio Ambiente y Espacios Públicos del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diego Santilli, el gobernador Scioli hizo público su "reconocimiento al intendente Pablo Bruera por haber tenido la visión estratégica de poner en marcha la Agencia Ambiental y hoy el orgullo de poner en funcionamiento esta Casa Ecológica, un símbolo del cambio cultural y educativo, porque necesitamos ir creando conciencia para enfrentar este problema de cara al futuro".
Al referirse al proyecto Basura Cero, Scioli agradeció "a la Universidad Nacional de La Plata por su influencia positiva, por haber hecho el relevamiento en la Región y poder alcanzar una gran madurez, una responsabilidad que nos facilita ahora avanzar en una solución de fondo a este problema y cumplir con el fallo de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires".
En tanto, Federovisky se refirió al compromiso de financiación del proyecto Basura Cero suscripto por la Provincia al señalar que "todo aquel que dude respecto al compromiso del gobierno bonaerense con esta planta, le está faltando el respeto al Gobernador, quien ha recibido dos veces a los intendentes y con su presencia hoy constata que el compromiso existe y no tenemos por qué dudar en que el proyecto de la Provincia es éste".
Fecha de Publicación: 05/10/2010
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Se abrieron los sobres con la propuestas tecnológicas. De las cinco ofertas, dos no tenían avales económicos suficientes
Sólo cinco de las ocho empresas que habían comprado pliegos para la licitación del sistema de Basura Cero convocada por la Municipalidad -con el que se aspira a un enterramiento mínimo de residuos domiciliarios y el aprovechamiento de la basura orgánica como electricidad o combustibles-, presentaron finalmente ofertas. Pero dos de ellas quedaron eliminadas de la compulsa por carecer de avales económicos suficientes.
De esta manera, siguen en carrera tres oferentes correspondientes a uniones transitorias de empresas, en dos de las cuales hay firmas platenses, según anticiparon funcionarios de la Comuna.
El proceso licitatorio continuará con la evaluación de las ofertas en cuanto a la tecnología que más se acerque al concepto de mínimo enterramiento de residuos y mayor aprovechamiento industrial de la basura.
El anuncio se produjo durante un acto que se desarrolló en el Bosque y fue encabezado por el gobernador Daniel Scioli, el intendente Pablo Bruera y el ministro de Medio Ambiente del gobierno porteño, Diego Santilli. Allí se abrieron los sobres con la ofertas y, tras los primeros análisis, se informó que tres UTES continúan en la compulsa.
Uno de los oferentes es la UTE integrada por la firma española Sanea SA y las platenses MGM y Esur, la empresa que tiene a cargo la concesión de la recolección de residuos en la Ciudad. El otro grupo oferente lo integran Parque Industriales Auto Sustentables SA y otras cuatro empresas nacionales en tanto la tercera oferta correspondió a la platense Málaga Construcciones SA.
El sistema de "Basura Cero" fue el que La Plata y los municipios de Ensenada, Berisso, Brandsen y Punta Indio resolvieron adoptar como alternativa cuando se haga efectiva la medida judicial que pondrá fin al funcionamiento del relleno sanitario de la Ceamse ubicado en Punta Lara.
Durante el acto de apertura de los sobres con las ofertas tecnológicas -una vez seleccionado el modelo a contratar se procederá a evaluar las ofertas económicas_ quedó inaugurada la denominada "Casa Ecológica", en el Bosque y que será sede de la Agencia Ambiental municipal a cargo del biólogo y ambientalista Sergio Federovisky (ver aparte).
Entre otras presencias y junto a Scioli y Bruera estuvieron el jefe de Gabinete de la Provincia, Alberto Pérez y el intendente de Ensenada, Mario Secco.
"Otros gobiernos han querido concretar esto y no pudieron y eso debe darnos una señal de la madurez política que se ha alcanzado en esta Región y en la Provincia", sostuvo Bruera al aludir a la puesta en marcha del proceso Basura Cero. El jefe comunal platense dijo que el proyecto licitado ayer forma parte del compromiso de su gestión en sostener el cuidado del Medio Ambiente como política de Estado y destacó en ese sentido "la gestión realizada por el Gobernador para llegar a un acuerdo en un tema complejo como es el de la basura".
En ese contexto y desde una mesa a la que, entre otros, se sentó el ministro de Medio Ambiente y Espacios Públicos del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diego Santilli, el gobernador Scioli hizo público su "reconocimiento al intendente Pablo Bruera por haber tenido la visión estratégica de poner en marcha la Agencia Ambiental y hoy el orgullo de poner en funcionamiento esta Casa Ecológica, un símbolo del cambio cultural y educativo, porque necesitamos ir creando conciencia para enfrentar este problema de cara al futuro".
Al referirse al proyecto Basura Cero, Scioli agradeció "a la Universidad Nacional de La Plata por su influencia positiva, por haber hecho el relevamiento en la Región y poder alcanzar una gran madurez, una responsabilidad que nos facilita ahora avanzar en una solución de fondo a este problema y cumplir con el fallo de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires".
En tanto, Federovisky se refirió al compromiso de financiación del proyecto Basura Cero suscripto por la Provincia al señalar que "todo aquel que dude respecto al compromiso del gobierno bonaerense con esta planta, le está faltando el respeto al Gobernador, quien ha recibido dos veces a los intendentes y con su presencia hoy constata que el compromiso existe y no tenemos por qué dudar en que el proyecto de la Provincia es éste".
Sequía: la gente saca con las manos los peces
Sequía: la gente saca con las manos los peces en El Jumeal
Fecha de Publicación: 04/10/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: La Rioja
La respuesta oficial fue que "los peces igual van a morir". La policía también se llevó algunos.
Por la sequía los peces, en su mayoría carpas, se mueren en el embalse de El Jumeal, la gente se agolpa a orillas de la poca agua que queda, para llevarse algunos de los ejemplares que pelean por sobrevivir. Las personas que habitualmente van de paseo o a practicar, por deporte, la pesca se encontraron con esta situación. Es tan fácil apoderarse de los animales que la gente tira las líneas sólo con los anzuelos, enganchan a los peces casi moribundos en cualquier parte del cuerpo y lo llevan hacia la orilla para quedarse con ellos, los más audaces se meten en el agua que les llega hasta la cintura y con sus manos se apoderan del pez que no realiza resistencia alguna. Se puede observar que cada grupo de amigos o familiares junta decenas de peces, lo que hace presumir que muy pocos son para consumo, el resto es casi una diversión para ver quién saca más cantidad o el ejemplar más grande.
Entre los presentes se comentaba que el sábado un muchacho había logrado sacar una carpa de 8 kilos y medio, otros aseguran haber sacado algunos más grandes.
El fenómeno es resultado de la poca cantidad de agua que tiene el embalse, lo que baja el oxígeno y los peces no pueden respirar.
Algunos jóvenes ya advertidos de esta situación lamentable que atraviesa el embalse por la sequía, llegan en bicicletas desde barrios como el Eva Perón y otros puntos de la ciudad, con bolsas de arpilleras o nylon para llenarlas de peces y llevarlas hasta sus hogares, estos jóvenes aseguran que desde hace varios días vienen a pescar de esta manera.
Se calcula que desde la semana pasada hasta ayer se sacaron centenares de ejemplares, la situación preocupa por el daño ambiental que se puede producir en el embalse. Las personas aseguran que no corre riesgo su salud puesto que hace ya algunos días consumen lo pescado y nada les pasó.
En el lugar no se hizo presente ninguna autoridad de la provincia relacionada con la preservación del medio ambiente, mientras que los policías, recién ayer a la tarde intervinieron, impidiendo que la gente continúe sacando los peces. Por la mañana, como no tenían ninguna orden, hubo uniformados que pedían a los pescadores algunos ejemplares. Desde Aguas de Catamarca un empleado de seguridad aseguró a El Ancasti que la situación se conoce, pero no pueden hacer nada porque "no hay agua y los peces se van a morir igual". En el dique mismo no existe un responsable o un cuidador.
Recién ayer por la tarde, desde la Subsecretaría del Ambiente se comunicó que está vedada la pesca en este embalse.
Fecha de Publicación: 04/10/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: La Rioja
La respuesta oficial fue que "los peces igual van a morir". La policía también se llevó algunos.
Por la sequía los peces, en su mayoría carpas, se mueren en el embalse de El Jumeal, la gente se agolpa a orillas de la poca agua que queda, para llevarse algunos de los ejemplares que pelean por sobrevivir. Las personas que habitualmente van de paseo o a practicar, por deporte, la pesca se encontraron con esta situación. Es tan fácil apoderarse de los animales que la gente tira las líneas sólo con los anzuelos, enganchan a los peces casi moribundos en cualquier parte del cuerpo y lo llevan hacia la orilla para quedarse con ellos, los más audaces se meten en el agua que les llega hasta la cintura y con sus manos se apoderan del pez que no realiza resistencia alguna. Se puede observar que cada grupo de amigos o familiares junta decenas de peces, lo que hace presumir que muy pocos son para consumo, el resto es casi una diversión para ver quién saca más cantidad o el ejemplar más grande.
Entre los presentes se comentaba que el sábado un muchacho había logrado sacar una carpa de 8 kilos y medio, otros aseguran haber sacado algunos más grandes.
El fenómeno es resultado de la poca cantidad de agua que tiene el embalse, lo que baja el oxígeno y los peces no pueden respirar.
Algunos jóvenes ya advertidos de esta situación lamentable que atraviesa el embalse por la sequía, llegan en bicicletas desde barrios como el Eva Perón y otros puntos de la ciudad, con bolsas de arpilleras o nylon para llenarlas de peces y llevarlas hasta sus hogares, estos jóvenes aseguran que desde hace varios días vienen a pescar de esta manera.
Se calcula que desde la semana pasada hasta ayer se sacaron centenares de ejemplares, la situación preocupa por el daño ambiental que se puede producir en el embalse. Las personas aseguran que no corre riesgo su salud puesto que hace ya algunos días consumen lo pescado y nada les pasó.
En el lugar no se hizo presente ninguna autoridad de la provincia relacionada con la preservación del medio ambiente, mientras que los policías, recién ayer a la tarde intervinieron, impidiendo que la gente continúe sacando los peces. Por la mañana, como no tenían ninguna orden, hubo uniformados que pedían a los pescadores algunos ejemplares. Desde Aguas de Catamarca un empleado de seguridad aseguró a El Ancasti que la situación se conoce, pero no pueden hacer nada porque "no hay agua y los peces se van a morir igual". En el dique mismo no existe un responsable o un cuidador.
Recién ayer por la tarde, desde la Subsecretaría del Ambiente se comunicó que está vedada la pesca en este embalse.
Agroquímicos en banquinas también afectan
Los agrotóxicos aplicados en las banquinas afectan a automovilistas
Fecha de Publicación: 04/10/2010
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Mientras en el Senado provincial se discute un proyecto de ley (que ya cuenta con media sanción de Diputados) que limita la fumigación de cultivos linderos a zonas habitadas o de tránsito, gran parte de las banquinas santafesinas son utilizadas para sembrar soja, al igual que los terrenos adyacentes a los centros urbanos. Esto implica la aspersión de agrotóxicos mientras los vehículos circulan por las rutas. La consecuencia en muchos casos es que los viajeros son rociados con agroquímicos por unidades terrestres o aviones de pulverización.
Esto acarrea la exposición a los agrotóxicos de los habitantes de pueblos de la cuenca sojera y quienes transitan sus rutas, ante una nueva campaña de siembra, sin que las autoridades tomen medidas tendientes a proteger la salud humana.
La frontera agropecuaria en Santa Fe avanzó sobre los montes nativos, invadió áreas dedicadas a otras producciones —como la ganadería, el tambo, la horticultura y la apicultura— y también se extendió sobre las miles de hectáreas ubicadas a los costados de las vías de comunicación.
Además, la utilización de banquinas para la siembra implica la destrucción de un espacio reservado a contener la biodiversidad desplazada por el constante avance del monocultivo de soja.
Estas circunstancias se repiten también en terrenos aledaños a las vías de ferrocarril, ya sea por la siembra de soja o la aplicación de plaguicidas de parte de las empresas concesionarias de los ramales, que reducen costo de desmalezado a través de la utilización de agroquímicos para mantener limpio el tendido férreo.
Una modalidad que se extendió en los últimos años fue la de “beneficiar” las arcas de comunas o instituciones deportivas, educativas o sociales, que resuelven sus dificultades económicas ocupándose de sembrar esos espacios para gozar de las pingües ganancias que deja la comercialización de la oleaginosa.
Este modo de “sociabilizar” la soja a través de un fin aparentemente noble, contrasta con la posición de los vecinos que se preguntan qué derecho tiene una comuna o un particular de utilizar un espacio público para desarrollar una actividad que pone en peligro la salud humana y avasalla sus derechos, en forma directa de quienes son alcanzados por los agrotóxicos e indirecta al dañar irreparablemente al medio ambiente.
Caso testigo. Quien esto escribe tuvo la oportunidad de comprobar de forma personal la falta de responsabilidad de los que siembran en la banquina, cuando su automóvil fue totalmente bañado por el agroquímico que esparcía un pulverizador terrestre a unos cinco kilómetros al norte de Los Cardos, localidad ubicada a unos 160 kilómetros al norte de Rosario y a unos 50 de San Jorge.
El aire del habitáculo del auto se tornó irrespirable. De igual manera otros vehículos que en ese momento transitaban la ruta provincial 13 recibieron la descarga de veneno.
Historia diaria. Este cuadro se repite a diario en distintos puntos de la provincia durante todo el año. En la época de presiembra se aplican herbicidas para controlar las malezas y durante el crecimiento de los cultivos, además de los controladores de hierbas, se pulveriza con insecticidas que varían en toxicidad y cantidad de acuerdo al tipo y la resistencia de la plaga a combatir.
Si bien la ciencia, a través de numerosas investigaciones comenzó a advertir sobre la utilización de los agrotóxicos, como el caso del director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de Buenos Aires e investigador del Conicet , Andrés Carrasco, el estrato dirigencial de la sociedad argentina no actúa con espíritu preventivo para proteger la salud de las personas y el medio ambiente. Descansan en cambio en confiar en la conciencia de quienes manejan los agrotóxicos y evitan debatir sobre el tema para no oponerse a un sistema productivo que deja enormes ganancias y del que, en muchos casos, son parte.
Mientras tanto —y en la mayoría de los casos sin advertirlo—, los ciudadanos de la pampa sojera son literalmente envenenados.
Un 400% más de casos. Aún no queda claro quién se responsabilizará por los efectos de la aplicación indiscriminada de agrotóxicos sobre la salud de las personas, en tiempos en que los primeras estudios epidemiológicos serios (como el ordenado por los legisladores de Chaco) arrojan un incremento de casos de cáncer, leucemias y linfomas del orden del 400 por ciento en su población menor de 15 años, en el último lustro.
Recientemente el gobierno de Santa Fe impuso a la próxima concesionaria de la autopista Rosario-Santa Fe la prohibición de sembrar soja en las terrenos de seguridad de esa vía. Esa decisión fue bien vista por los ciudadanos nucleados en organizaciones vecinales o ambientalistas que solicitaron que la restricción se extienda a todas las rutas que surcan la bota santafesina. Sin embargo un malestar se generó entre jefes comunales y dirigentes institucionales que “bancan” sus entidades con el producido de la soja y la defensa de su posición no se hizo esperar. En ese sentido, el intendente de Oliveros hizo punta al advertir que recurriría a la Justicia para interponer un recurso de amparo que le permita sembrar, si se efectiviza la prohibición.
Fecha de Publicación: 04/10/2010
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Mientras en el Senado provincial se discute un proyecto de ley (que ya cuenta con media sanción de Diputados) que limita la fumigación de cultivos linderos a zonas habitadas o de tránsito, gran parte de las banquinas santafesinas son utilizadas para sembrar soja, al igual que los terrenos adyacentes a los centros urbanos. Esto implica la aspersión de agrotóxicos mientras los vehículos circulan por las rutas. La consecuencia en muchos casos es que los viajeros son rociados con agroquímicos por unidades terrestres o aviones de pulverización.
Esto acarrea la exposición a los agrotóxicos de los habitantes de pueblos de la cuenca sojera y quienes transitan sus rutas, ante una nueva campaña de siembra, sin que las autoridades tomen medidas tendientes a proteger la salud humana.
La frontera agropecuaria en Santa Fe avanzó sobre los montes nativos, invadió áreas dedicadas a otras producciones —como la ganadería, el tambo, la horticultura y la apicultura— y también se extendió sobre las miles de hectáreas ubicadas a los costados de las vías de comunicación.
Además, la utilización de banquinas para la siembra implica la destrucción de un espacio reservado a contener la biodiversidad desplazada por el constante avance del monocultivo de soja.
Estas circunstancias se repiten también en terrenos aledaños a las vías de ferrocarril, ya sea por la siembra de soja o la aplicación de plaguicidas de parte de las empresas concesionarias de los ramales, que reducen costo de desmalezado a través de la utilización de agroquímicos para mantener limpio el tendido férreo.
Una modalidad que se extendió en los últimos años fue la de “beneficiar” las arcas de comunas o instituciones deportivas, educativas o sociales, que resuelven sus dificultades económicas ocupándose de sembrar esos espacios para gozar de las pingües ganancias que deja la comercialización de la oleaginosa.
Este modo de “sociabilizar” la soja a través de un fin aparentemente noble, contrasta con la posición de los vecinos que se preguntan qué derecho tiene una comuna o un particular de utilizar un espacio público para desarrollar una actividad que pone en peligro la salud humana y avasalla sus derechos, en forma directa de quienes son alcanzados por los agrotóxicos e indirecta al dañar irreparablemente al medio ambiente.
Caso testigo. Quien esto escribe tuvo la oportunidad de comprobar de forma personal la falta de responsabilidad de los que siembran en la banquina, cuando su automóvil fue totalmente bañado por el agroquímico que esparcía un pulverizador terrestre a unos cinco kilómetros al norte de Los Cardos, localidad ubicada a unos 160 kilómetros al norte de Rosario y a unos 50 de San Jorge.
El aire del habitáculo del auto se tornó irrespirable. De igual manera otros vehículos que en ese momento transitaban la ruta provincial 13 recibieron la descarga de veneno.
Historia diaria. Este cuadro se repite a diario en distintos puntos de la provincia durante todo el año. En la época de presiembra se aplican herbicidas para controlar las malezas y durante el crecimiento de los cultivos, además de los controladores de hierbas, se pulveriza con insecticidas que varían en toxicidad y cantidad de acuerdo al tipo y la resistencia de la plaga a combatir.
Si bien la ciencia, a través de numerosas investigaciones comenzó a advertir sobre la utilización de los agrotóxicos, como el caso del director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de Buenos Aires e investigador del Conicet , Andrés Carrasco, el estrato dirigencial de la sociedad argentina no actúa con espíritu preventivo para proteger la salud de las personas y el medio ambiente. Descansan en cambio en confiar en la conciencia de quienes manejan los agrotóxicos y evitan debatir sobre el tema para no oponerse a un sistema productivo que deja enormes ganancias y del que, en muchos casos, son parte.
Mientras tanto —y en la mayoría de los casos sin advertirlo—, los ciudadanos de la pampa sojera son literalmente envenenados.
Un 400% más de casos. Aún no queda claro quién se responsabilizará por los efectos de la aplicación indiscriminada de agrotóxicos sobre la salud de las personas, en tiempos en que los primeras estudios epidemiológicos serios (como el ordenado por los legisladores de Chaco) arrojan un incremento de casos de cáncer, leucemias y linfomas del orden del 400 por ciento en su población menor de 15 años, en el último lustro.
Recientemente el gobierno de Santa Fe impuso a la próxima concesionaria de la autopista Rosario-Santa Fe la prohibición de sembrar soja en las terrenos de seguridad de esa vía. Esa decisión fue bien vista por los ciudadanos nucleados en organizaciones vecinales o ambientalistas que solicitaron que la restricción se extienda a todas las rutas que surcan la bota santafesina. Sin embargo un malestar se generó entre jefes comunales y dirigentes institucionales que “bancan” sus entidades con el producido de la soja y la defensa de su posición no se hizo esperar. En ese sentido, el intendente de Oliveros hizo punta al advertir que recurriría a la Justicia para interponer un recurso de amparo que le permita sembrar, si se efectiviza la prohibición.
Una encuesta demuestra el rechazo a la minería
Una encuesta dice que, en provincias mineras, la gente rechaza la actividad
Fecha de Publicación: 03/10/2010
Fuente: Mendoza On Line
Provincia/Región: Nacional
El sondeo de Julio Aurelio segura que la población de las provincias donde hay explotación de minerales se expresa a favor de privilegiar el cuidado al medio ambiente antes que los beneficios económicos. El 60 por ciento en promedio de La Rioja, San Juan, Neuquén, Santa Cruz, Chubut y Catamarca expresa esta opinión.
Cuando todavía está abierta la herida de los gobernadores “cordilleranos” y las empresas mineras tras la sanción de la Ley de Glaciares, la población de las provincias donde hay explotación de minerales rechaza este tipo de actividad en la región y se expresa a favor de privilegiar el cuidado al medio ambiente antes que los beneficios económicos.
Así lo indica una encuesta realizada en septiembre, en pleno debate parlamentario, por la consultora Aresco, dirigida por Julio Aurelio. La muestra incluyó a La Rioja, San Juan, Neuquén, Santa Cruz, Chubut y Catamarca. Las dos últimas jurisdicciones están conducidas por mandatarios opositores, a diferencia del resto, que está alineado con la Casa Rosada.
Ante la consulta de si está de acuerdo, en general, con el desarrollo de la minería en su provincia, el 31,3% respondió que “nada” y el 30,2% contestó que “poco”. Es decir, el 61,5% mostró su descontento con la actividad. En tanto, el 27,8% la respaldó. Este escenario explica, en gran medida, por qué los gobernadores –defensores de políticas pro mineras– fueron reticentes al pedido de organizaciones ambientalistas y asambleas ciudadanas de realizar plebiscitos locales. Con estos números, habrían sido derrotados en las urnas.
El único plebiscito que se realizó fue en la localidad chubutense de Esquel, en 2003. El resultado fue contundente: el 80% de la población se opuso al megaproyecto de Meridian Gold. Sin embargo, esa consulta no fue vinculante. Uno de los más fervientes opositores a este mecanismo es el gobernador sanjuanino José Luis Gioja, que luchó hasta último momento para que se aprobara la versión original de la Ley de Glaciares y no la corregida después del acuerdo entre el senador Daniel Filmus y el diputado Miguel Bonasso. Esta última iniciativa establece zonas de protección de glaciares y es más restrictiva de la expansión minera.
También de acuerdo con los resultados del estudio, hay una fuerte negativa de la población a la explotación a cielo abierto, que llega al 76,5%. El 52,7%, en tanto, calificó que esta actividad trae aparejado “un impacto importante” en referencia a la contaminación.
Según el sondeo de Aresco, la mayoría privilegia el cuidado del medio ambiente antes que la generación de empleo que producen los emprendimientos mineros. El 72,5% de los encuestados consideró que es más importante la protección del hábitat y sólo el 17,1% ponderó la creación de puestos de trabajo. La bandera de las mejoras económicas es uno de los argumentos centrales que exponen las firmas a la hora de defender sus iniciativas.
La minería bate récords de exportaciones desde 2000. El año pasado superó otra vez la marca al alcanzar los 2.800 millones de dólares, el 11,7% más respecto del ejercicio anterior, según cifras oficiales. Considerado uno de los negocios más rentables, goza de exenciones fiscales desde 1993. En este punto, sólo el 19,1% de los encuestados estuvo de a favor de los beneficios impositivos.
Fecha de Publicación: 03/10/2010
Fuente: Mendoza On Line
Provincia/Región: Nacional
El sondeo de Julio Aurelio segura que la población de las provincias donde hay explotación de minerales se expresa a favor de privilegiar el cuidado al medio ambiente antes que los beneficios económicos. El 60 por ciento en promedio de La Rioja, San Juan, Neuquén, Santa Cruz, Chubut y Catamarca expresa esta opinión.
Cuando todavía está abierta la herida de los gobernadores “cordilleranos” y las empresas mineras tras la sanción de la Ley de Glaciares, la población de las provincias donde hay explotación de minerales rechaza este tipo de actividad en la región y se expresa a favor de privilegiar el cuidado al medio ambiente antes que los beneficios económicos.
Así lo indica una encuesta realizada en septiembre, en pleno debate parlamentario, por la consultora Aresco, dirigida por Julio Aurelio. La muestra incluyó a La Rioja, San Juan, Neuquén, Santa Cruz, Chubut y Catamarca. Las dos últimas jurisdicciones están conducidas por mandatarios opositores, a diferencia del resto, que está alineado con la Casa Rosada.
Ante la consulta de si está de acuerdo, en general, con el desarrollo de la minería en su provincia, el 31,3% respondió que “nada” y el 30,2% contestó que “poco”. Es decir, el 61,5% mostró su descontento con la actividad. En tanto, el 27,8% la respaldó. Este escenario explica, en gran medida, por qué los gobernadores –defensores de políticas pro mineras– fueron reticentes al pedido de organizaciones ambientalistas y asambleas ciudadanas de realizar plebiscitos locales. Con estos números, habrían sido derrotados en las urnas.
El único plebiscito que se realizó fue en la localidad chubutense de Esquel, en 2003. El resultado fue contundente: el 80% de la población se opuso al megaproyecto de Meridian Gold. Sin embargo, esa consulta no fue vinculante. Uno de los más fervientes opositores a este mecanismo es el gobernador sanjuanino José Luis Gioja, que luchó hasta último momento para que se aprobara la versión original de la Ley de Glaciares y no la corregida después del acuerdo entre el senador Daniel Filmus y el diputado Miguel Bonasso. Esta última iniciativa establece zonas de protección de glaciares y es más restrictiva de la expansión minera.
También de acuerdo con los resultados del estudio, hay una fuerte negativa de la población a la explotación a cielo abierto, que llega al 76,5%. El 52,7%, en tanto, calificó que esta actividad trae aparejado “un impacto importante” en referencia a la contaminación.
Según el sondeo de Aresco, la mayoría privilegia el cuidado del medio ambiente antes que la generación de empleo que producen los emprendimientos mineros. El 72,5% de los encuestados consideró que es más importante la protección del hábitat y sólo el 17,1% ponderó la creación de puestos de trabajo. La bandera de las mejoras económicas es uno de los argumentos centrales que exponen las firmas a la hora de defender sus iniciativas.
La minería bate récords de exportaciones desde 2000. El año pasado superó otra vez la marca al alcanzar los 2.800 millones de dólares, el 11,7% más respecto del ejercicio anterior, según cifras oficiales. Considerado uno de los negocios más rentables, goza de exenciones fiscales desde 1993. En este punto, sólo el 19,1% de los encuestados estuvo de a favor de los beneficios impositivos.
Dura crítica al informe sobre Minera Alumbrera
Dura crítica ambientalista al “benévolo” informe sobre Minera Alumbrera
Fecha de Publicación: 03/10/2010
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
No sólo la Justicia Federal de Tucumán y Catamarca desconfían del "benévolo" informe que adjudica "contaminación cero" a la actividad que lleva adelante Minera Alumbrera. Distintas organizaciones ambientalistas también salieron al cruce del estudio realizado por la Fundación del Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI), que arribó a la conclusión de que no hay ningún indicio de que el yacimiento minero a cielo abierto explotado por esa firma de capitales suizos genere daño al medioambiente y a la salud de las personas.
Roberto Luna, de la Asamblea Ambiental El Algarrobo, de Catamarca, tildó de "cándido" al informe realizado por FUNCEI, una entidad creada en 1987 por un equipo multidisciplinario dedicado a la investigación y la docencia, para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas, bajo la conducción del médico infectólogo Daniel Stamboulian.."Stamboulian produjo un cándido informe desde el punto de vista de las enfermedades infecciosas. El y su gente no saben de mediciones de radiación, ni de magmatismo o vulcanología, es decir cuestiones atinentes a la geología", argumentó.
A continuación, advirtió que todos los yacimientos mineros en Argentina tienen origen volcánico, con una composición mineralógica similar, y por lo tanto contaminan. "Carlos Menem, Luis Gioja y Angel Maza, junto con el Congreso Nacional abrieron en mayo de 1993 la Caja de Pandora con la Ley de Inversiones Mineras, para regodeo de la Barrick, de Peter Munk, de la Xstrata (operadora de Minera Alumbrera), de Mark Rich, de Yamana Gold y otros. La contaminación ambiental masiva está en marcha", sentenció.
A la hora de defender su postura, Luna apeló a un ejemplo gráfico: "La enorme carga explosiva estalla, sacudiendo las montañas cercanas, arrojando piedras a centenares de metros y levantando una descomunal nube de polvo. Así se afloja la roca porfírica para extraer de ella oro, cobre y molibdeno de la mina a cielo abierto La Alumbrera, ubicada a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar y a sólo 42 kilómetros de la ciudad de Andalgalá, en la provincia de Catamarca", detalló.
El ambientalista dijo que de ese modo "arranca el complejo proceso para triturar la roca, separar la escoria, mezclar con agua el mineral útil previa lixiviación con cianuro, meterlo en un caño para llevarlo a Tucumán y de allí por tren hasta el puerto de Rosario, desde donde se exporta hacia el mundo. Son 600.000 onzas de oro y 180.000 toneladas de cobre, las que se llevan de esa forma por año", precisó.
Contaminación y enfermedades
Recordó el dirigente de la Asamblea Ambiental que "hace 13 años que ocurren estas detonaciones, día y noche, sin parar" y que esa ONG puso la lupa sobre ese tema "para explicar y denunciar la contaminación y la proliferación de casos de cáncer y enfermedades infrecuentes, en toda la región, allí adonde llega el polvo de la mina".
Retomando su crítica al informe de FUNCEI, Luna sostuvo que "no explican, a la luz de lo que dice la geología, que esa mina a cielo abierto se originó en un proceso volcánico acaecido entre 8,5 y 5,5 millones de años atrás, cuando el magma, es decir la roca fundida de las profundidades del Planeta, emergió por las fisuras causadas por el choque de las placas tectónicas".
A continuación, dijo que "la colisión de las placas de Nazca y la Sudamericana produjo el levantamiento de la Cordillera de los Andes y de los sistemas montañosos adyacentes, como las Sierras Pampeanas donde está el Complejo Minero Farallón Negro con 13 yacimientos, uno de ellos La Alumbrera".
Luego, Luna detalló que "cuando el magma emergió hacia la superficie como lava y cenizas, formó el cono volcánico y dispersó sin distinción por los aires partículas de oro, el cobre, molibdeno, otros metales como los platinoides, los lantánidos, el arsénico, el plomo, y los radioactivos como el uranio, el torio y el cesio". Así -prosiguió el ambientalista- en el Centro-Oeste de Catamarca, los suelos contienen todos esos minerales, 'manejados' por la sabia naturaleza durante millones de años. Pero todo cambió. En 1997 la Minera Alumbrera inició la explotación, con voladuras de la montaña incluidas, levantando las nubes de polvo de magma o lava, que inundan los valles cercanos, pudiendo viajar las partículas a cientos de kilómetros. Súbitamente se aumentó así la concentración de los peligrosos metales radiactivos, exponiendo a un mayor riesgo de contraer enfermedades a la población de Andalgalá, Belén, Santa María, las zonas de Tucumán donde se derramó el concentrado del mineraloducto, la cuenca Salí-Dulce, etc", disparó.
Finalmente, afirmó que como la Alumbrera está por agotarse, se busca empezar a toda costa con el emprendimiento minero Agua Rica, que está a 20 kilómetros de Andalgalá, y se ubica en las nacientes del río que le provee el agua a esa localidad.
"Con Agua Rica en funcionamiento, el peligro inmediato será la liquidación de la fuente de agua de la ciudad, antes incluso que la contaminación con metales pesados", advirtió.
Fecha de Publicación: 03/10/2010
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán
No sólo la Justicia Federal de Tucumán y Catamarca desconfían del "benévolo" informe que adjudica "contaminación cero" a la actividad que lleva adelante Minera Alumbrera. Distintas organizaciones ambientalistas también salieron al cruce del estudio realizado por la Fundación del Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI), que arribó a la conclusión de que no hay ningún indicio de que el yacimiento minero a cielo abierto explotado por esa firma de capitales suizos genere daño al medioambiente y a la salud de las personas.
Roberto Luna, de la Asamblea Ambiental El Algarrobo, de Catamarca, tildó de "cándido" al informe realizado por FUNCEI, una entidad creada en 1987 por un equipo multidisciplinario dedicado a la investigación y la docencia, para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas, bajo la conducción del médico infectólogo Daniel Stamboulian.."Stamboulian produjo un cándido informe desde el punto de vista de las enfermedades infecciosas. El y su gente no saben de mediciones de radiación, ni de magmatismo o vulcanología, es decir cuestiones atinentes a la geología", argumentó.
A continuación, advirtió que todos los yacimientos mineros en Argentina tienen origen volcánico, con una composición mineralógica similar, y por lo tanto contaminan. "Carlos Menem, Luis Gioja y Angel Maza, junto con el Congreso Nacional abrieron en mayo de 1993 la Caja de Pandora con la Ley de Inversiones Mineras, para regodeo de la Barrick, de Peter Munk, de la Xstrata (operadora de Minera Alumbrera), de Mark Rich, de Yamana Gold y otros. La contaminación ambiental masiva está en marcha", sentenció.
A la hora de defender su postura, Luna apeló a un ejemplo gráfico: "La enorme carga explosiva estalla, sacudiendo las montañas cercanas, arrojando piedras a centenares de metros y levantando una descomunal nube de polvo. Así se afloja la roca porfírica para extraer de ella oro, cobre y molibdeno de la mina a cielo abierto La Alumbrera, ubicada a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar y a sólo 42 kilómetros de la ciudad de Andalgalá, en la provincia de Catamarca", detalló.
El ambientalista dijo que de ese modo "arranca el complejo proceso para triturar la roca, separar la escoria, mezclar con agua el mineral útil previa lixiviación con cianuro, meterlo en un caño para llevarlo a Tucumán y de allí por tren hasta el puerto de Rosario, desde donde se exporta hacia el mundo. Son 600.000 onzas de oro y 180.000 toneladas de cobre, las que se llevan de esa forma por año", precisó.
Contaminación y enfermedades
Recordó el dirigente de la Asamblea Ambiental que "hace 13 años que ocurren estas detonaciones, día y noche, sin parar" y que esa ONG puso la lupa sobre ese tema "para explicar y denunciar la contaminación y la proliferación de casos de cáncer y enfermedades infrecuentes, en toda la región, allí adonde llega el polvo de la mina".
Retomando su crítica al informe de FUNCEI, Luna sostuvo que "no explican, a la luz de lo que dice la geología, que esa mina a cielo abierto se originó en un proceso volcánico acaecido entre 8,5 y 5,5 millones de años atrás, cuando el magma, es decir la roca fundida de las profundidades del Planeta, emergió por las fisuras causadas por el choque de las placas tectónicas".
A continuación, dijo que "la colisión de las placas de Nazca y la Sudamericana produjo el levantamiento de la Cordillera de los Andes y de los sistemas montañosos adyacentes, como las Sierras Pampeanas donde está el Complejo Minero Farallón Negro con 13 yacimientos, uno de ellos La Alumbrera".
Luego, Luna detalló que "cuando el magma emergió hacia la superficie como lava y cenizas, formó el cono volcánico y dispersó sin distinción por los aires partículas de oro, el cobre, molibdeno, otros metales como los platinoides, los lantánidos, el arsénico, el plomo, y los radioactivos como el uranio, el torio y el cesio". Así -prosiguió el ambientalista- en el Centro-Oeste de Catamarca, los suelos contienen todos esos minerales, 'manejados' por la sabia naturaleza durante millones de años. Pero todo cambió. En 1997 la Minera Alumbrera inició la explotación, con voladuras de la montaña incluidas, levantando las nubes de polvo de magma o lava, que inundan los valles cercanos, pudiendo viajar las partículas a cientos de kilómetros. Súbitamente se aumentó así la concentración de los peligrosos metales radiactivos, exponiendo a un mayor riesgo de contraer enfermedades a la población de Andalgalá, Belén, Santa María, las zonas de Tucumán donde se derramó el concentrado del mineraloducto, la cuenca Salí-Dulce, etc", disparó.
Finalmente, afirmó que como la Alumbrera está por agotarse, se busca empezar a toda costa con el emprendimiento minero Agua Rica, que está a 20 kilómetros de Andalgalá, y se ubica en las nacientes del río que le provee el agua a esa localidad.
"Con Agua Rica en funcionamiento, el peligro inmediato será la liquidación de la fuente de agua de la ciudad, antes incluso que la contaminación con metales pesados", advirtió.
Riachuelo: finalizó el empadronamiento
Riachuelo: finalizó el plazo para el empadronamiento de empresas
Fecha de Publicación: 02/10/2010
Fuente: CIJ
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Se inscribieron 20.709 compañías ubicadas en la zona. El proceso fue supervisado por el Juzgado Federal de Quilmes. Con los datos recolectados se analizará la densidad industrial de la Cuenca Matanza-Riachuelo
El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, recibió de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) un informe sobre el empadronamiento de empresas ubicadas sobre las márgenes del río.
Según los datos, se empadronaron 20.709 empresas ubicadas en 14 municipios del conurbano bonaerense y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el Juzgado se informó que las compañías que no cumplieron con la obligación de empadronarse podrán recibir sanciones. Asimismo, con los datos colectados se analizará la densidad industrial de la cuenca, para impulsar un reordenamiento territorial de las empresas.
El empadronamiento se realizó por internet, mediante un formulario remitido por el titular de cada empresa, a través del SICMar, Sistema Integral de Cuenca Matanza-Riachuelo.
Fecha de Publicación: 02/10/2010
Fuente: CIJ
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Se inscribieron 20.709 compañías ubicadas en la zona. El proceso fue supervisado por el Juzgado Federal de Quilmes. Con los datos recolectados se analizará la densidad industrial de la Cuenca Matanza-Riachuelo
El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, recibió de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) un informe sobre el empadronamiento de empresas ubicadas sobre las márgenes del río.
Según los datos, se empadronaron 20.709 empresas ubicadas en 14 municipios del conurbano bonaerense y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el Juzgado se informó que las compañías que no cumplieron con la obligación de empadronarse podrán recibir sanciones. Asimismo, con los datos colectados se analizará la densidad industrial de la cuenca, para impulsar un reordenamiento territorial de las empresas.
El empadronamiento se realizó por internet, mediante un formulario remitido por el titular de cada empresa, a través del SICMar, Sistema Integral de Cuenca Matanza-Riachuelo.
El día después de la Ley de Glaciares
Glaciares: aprobaron una ley idéntica a la que vetó Cristina
Fecha de Publicación: 01/10/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Luego de 8 horas de un fuerte debate en el que participaron 40 oradores, el Senado aprobó ayer a las 4,30 de la mañana por 35 a 33 y convirtió en ley, el proyecto que protege a los glaciares con duras exigencias a las explotaciones mineras en la alta montaña y próximas a las fuentes de agua.
La ley destaca entre sus puntos principales la definición y el alcance que tiene el glaciar y su zona adyacente o periglacial que es el “área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico”, dice el artículo 2 del proyecto que volvió a la Cámara alta en segunda revisión desde Diputados.
En cambio, los defensores de la actividad minera votaron por el proyecto menos restrictivo del Senado (aprobado el año pasado) que fue desestimado por confuso y concesivo hacia la actividad minera. El conglomerado ganador que mezcló a radicales, bloques menores y un sector kirchnerista, reservó la realización del inventario y el registro de los glaciares al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) en coordinación con “otras instituciones nacionales” y quitó la injerencia de las provincias en la confección del inventario.
La norma convertida en ley establece también que “en caso de verificarse impacto significativo, las autoridades dispondrán las medidas pertinentes para que se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan”. Y fija un plazo de 180 días para llevarlo a la práctica.
Otro tema ríspido fue la eliminación del texto del proyecto de Diputados del artículo 17 que obligaba a las empresas a esperar el pronunciamiento del Instituto Argentino de Niveología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA), para autorizar nuevos emprendimientos mineros.
Por esta supresión varios senadores (el neuquino Horacio Lores y el kirchnerista Nicolás Fernández tacharon de inconstitucional a la ley, alegando que la sanción de Diputados debía ser aprobada sin quitarle una coma . Sin embargo y a instancias de Daniel Filmus primó el criterio de respetar un acuerdo firmado en 1995 por ambas cámaras para hacer modificaciones a los textos en sintonía con los vetos parciales que hace el Ejecutivo.
El debate entregó varias sorpresas, la primera la división hacia adentro de los bloques más grandes, el oficial -sacudido por una fuerte discusión que puede traer consecuencias futuras (ver “La polémica...” ) y en menor medida en el radicalismo y el PJ disidente.
Un dato significativo fue la intervención del jefe del bloque K , Miguel Pichetto, quien aclaró que l a presidenta Cristina Fernández “en ningún momento me impuso condiciones” y ponderó como “el mejor proyecto el que viene de Diputados, porque tiene un mayor trabajo y un mayor desarrollo”.
Varios senadores (el sanjuanino César Gioja, el salteño Perez Alsina, la puntana Negre de Alonso) criticaron la ley porque “es un verdadero avance sobre el federalismo argentino en nombre de la protección del ambiente”.
Pérez Alsina, del Partido Renovador, fue más lejos. Dijo que “la ecología sin desarrollo es un suicidio comunitario” .
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La ley de glaciares dividió al oficialismo
Fecha de Publicación: 01/10/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La norma, resistida por el Gobierno y las mineras, se sancionó con una mayoría ajustada gracias al apoyo de siete senadores del FPV
El Senado sancionó ayer una ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares. La reñida votación terminó inclinando la balanza por tan sólo dos votos (35 a 33) a favor del proyecto que había aprobado la Cámara de Diputados en agosto pasado, texto que cuenta con el respaldo de las organizaciones ambientalistas.
La presidenta Cristina Kirchner se comprometió a no vetar la norma, lo que sí había ocurrido con una versión anterior sancionada por el Congreso y que ella impugnó el 10 de noviembre de 2008, en medio de fuertes críticas de los sectores ambientalistas por un supuesto pacto con la multinacional Barrick Gold, concesionaria de los yacimientos a cielo abierto Veladero (San Juan) y Pascua Lama (binacional con Chile).
La sanción de ayer es un duro golpe para las provincias cordilleranas con intereses mineros -lideradas por el gobernador de San Juan, José Luis Gioja-, y las cámaras empresariales mineras y petroleras, que impulsaban la sanción del proyecto aprobado por la Cámara alta el año pasado y que deberán someterse a estudios de impacto ambiental para determinar si sus tareas contaminan el agua que nace en zonas de alta montaña.
También es una derrota para la Casa Rosada, que ejerció una fuerte presión en favor de las provincias cordilleranas hasta minutos antes de la votación, a través de uno de sus senadores más fieles, el santacruceño Nicolás Fernández. Sin embargo, al final de las ocho horas de debate, el oficialismo terminó votando dividido y en medio de fuertes enfrentamientos internos que podrían dejar secuelas de cara al futuro (ver aparte).
Además de los oficialistas que jugaron en contra de los intereses de Gioja y los gobernadores, también fue clave que la UCR lograra reducir su dispersión de votos. Quedó reflejado en la ausencia del rionegrino Pablo Verani y el cambio de postura del santiagueño Emilio Rached. Ambos iban a votar el proyecto del Senado. Así, cuando a las 4.30 se votó el dictamen de mayoría, que reflejaba la postura de las provincias cordilleranas, fue rechazado por 35 a 33. Minutos después, en otra votación, el mismo resultado sirvió para sancionar el proyecto modificado en Diputados.
Con la sanción de anoche, el Congreso cerró un largo y polémico capítulo político que arrancó con el veto de la Presidenta, siguió con la aprobación en el Senado de un nuevo proyecto en octubre del año pasado y su modificación en la Cámara baja en agosto. Esos cambios provocaron la reacción de los gobernadores y de las compañías mineras, para quienes el proyecto viola la potestad de las provincias sobre sus recursos naturales y provocará una fuerte inseguridad jurídica para sus inversiones, más su consecuente efecto en la mano de obra.
Esos tópicos fueron los que esgrimieron ayer quienes apoyaron el proyecto del Senado, como la oficialista Marina Riofrío (San Juan), que rechazó las imputaciones sobre intereses económicos: "Acá no hay ningún proyecto que busque impunidad para ningún tipo de actividad". Estos argumentos no convencieron a Luis Juez (Frente Cívico). "No queremos esta minería contaminante", dijo el cordobés, antes de señalar que detrás "a nadie le quedan dudas de que acá hay poderosísimos intereses en juego".
El santacruceño Fernández respaldó el proyecto del Senado aduciendo que lo aprobado por la Cámara baja iba a ser impracticable porque "no existen los recursos monetarios ni humanos para realizar el inventario" de las zonas protegidas que establece el texto finalmente sancionado. La respuesta surgió de su propio jefe de bloque. "De ninguna manera esta ley prohíbe la minería, sino que establece reglas de juego claras", afirmó Miguel Pichetto (Río Negro), antes de destacar que "la esencia de este debate es la defensa del agua".
Presupuestos mínimos. La ley sancionada ayer establece los presupuestos mínimos que se deberán contemplar para la protección de los glaciares y las zonas periglacial.
- Inventario . Establece la realización de un Inventario Nacional de Glaciares, que deberá precisar las zonas de alta montaña que quedaran bajo tutela de la ley.
- Sin obras . En las zonas protegidas estará prohibida la realización de obras de infraestructura que impliquen la destrucción o traslado de los glaciares.
- Petróleo . En el caso de las actividades minera y petrolífera, la prohibición alcanza a la denominadas zona periglacial, que comprende a aquellas zonas de alta montaña con suelos congelados.
- Estudio de impacto . Todas aquellas actividades que no se encuentren específicamente vedadas tendrán que someterse, no obstante, a un estudio de impacto ambiental.
- Obligación . Este estudio será obligatorio y en un plazo de 180 días a partir de la promulgación de la ley para aquellos emprendimientos que ya se encuentren en desarrollo en las zonas de alta montaña.
- Castigos. En caso de verificarse daño o impacto ambiental, se podrá ordenar el cese o traslado inmediato de los yacimientos.
- Oposición . Los gobernadores de provincias con actividad minera ejercieron una fuerte resistencia al proyecto finalmente sancionado. Consideran que se frenarán inversiones, sin que se garantice una verdadera protección de los glaciares y las reservas de agua del país.
La protección de glaciares ya es ley
Argentina aprueba una ley que protege los glaciares pero divide las aguas en el país
Fecha de Publicación: 30/09/2010
Fuente: EFE
Provincia/Región: Nacional
El Senado argentino aprobó hoy una ley que protege los glaciares y limita la actividad minera, una medida que, además de divisiones políticas, desató ásperos enfrentamientos entre organizaciones ecologistas que celebran la iniciativa y el sector minero, que advierte sobre su impacto.
Tras un largo debate parlamentario que se prolongó durante más de ocho horas, el Senado aprobó esta madrugada por 35 votos a favor, 33 en contra y una abstención, una normativa que impone restricciones a las prácticas mineras en la zona de glaciares de la frontera de Argentina con Chile.
La ley generó divisiones en el seno de las diferentes formaciones políticas del recinto, en el que se discutieron dos proyectos y terminó imponiéndose el que más limitaciones establece en la actividad minera.
La participación de las autoridades provinciales en el control de los glaciares, las fuentes de agua dulce y la explotación de la minería centró buena parte de la polémica entre los diputados oficialistas y de la oposición.
La "Ley de Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial" considera los glaciares como bienes de carácter público, fija las bases para su protección como reservas estratégicas de recursos hídricos y crea el Inventario Nacional de Glaciares, que deberá estar listo en 240 días con información para la adecuada protección, control y supervisión.
Organizaciones ecologistas consultadas por Efe celebraron hoy la sanción de esta ley que a su juicio permite "cuidar las reservas de agua dulce frente a actividades de impacto ambiental que pudieran producir daños irreversibles".
"La aprobación de esta ley ha sido un gran paso dado por el Congreso nacional a pesar de la insistente y desproporcionada presión ejercida desde la corporación minera en contra de una norma que proteja los glaciares y el ambiente periglacial", sostuvo Greenpeace en un comunicado.
Para Mariela Silvestein, dirigente de la organización Conciencia Solidaria, "esta ley pudo ganarle al lobby minero gracias al trabajo arduo de los ciudadanos en diferentes asambleas y entidades del país, y a la repercusión que tuvo esta temática en los medios".
La medida, no obstante, es rechazada por el sector minero, por las provincias en las que esta actividad económica tiene un fuerte impacto, e incluso por el secretario de Ambiente argentino, Homero Bibiloni.
El gobernador de la provincia argentina de La Rioja, Beder Herrera, lamentó recientemente que el proyecto aprobado pretenda "limitar las potestades propias" y afirmó que "los recursos naturales" como los glaciares "son de las provincias".
"Lo peor que le pudo pasar a este tema es haberlo politizado" a raíz de la ley que "contiene artículos que avasallan las facultades de las provincias", dijo a su turno el gobernador de San Juan, José Luis Gioja.
El senador Juan Agustín Pérez Alsina, del Partido Renovador de Salta, otra de las provincias mineras, consideró que la norma veda todo tipo de actividad en amplias áreas y abre la puerta a múltiples presentaciones judiciales en contra de la iniciativa.
"La actividad minera en todo el país con seguridad que se va a resentir", consideró el secretario de Minería de la provincia de Catamarca, Jorge Eremchuk.
En 2008, la presidenta argentina, Cristina Fernández, vetó una ley de protección de glaciares que había sido aprobada por ambas cámaras del Parlamento alegando que su puesta en práctica podría traer consecuencias negativas para la economía de las provincias mineras.
Organizaciones ambientalistas acusaron al Gobierno de haber vetado la ley para proteger los proyectos de la minera canadiense Barrick Gold, en particular el proyecto Pascua Lama, situado en la alta montaña.
Según un informe de la consultora Investigaciones Sectoriales Económicas, las exportaciones del sector de minería alcanzaron en 2009 los 2.851 millones de dólares, un 11,7 por ciento más en valores y un 1,1 por ciento superior en cantidades en relación a 2008.
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En una extensa sesión, el Senado aprobó la ley de protección de glaciares
Fecha de Publicación: 30/09/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La sanción fue con 35 votos a favor, 33 en contra y 1 abstención; las provincias mineras rechazan la norma
En una maratónica sesión, los senadores aprobaron esta madrugada la ley de protección de glaciares con 35 votos afirmativos, 33 negativos y 1 abstención. La norma es fuertemente rechazada por las provincias mineras.
La ley tiene por objeto preservar los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas.
La norma sancionada refrenda el texto que había aprobado la Cámara de Diputados, aunque a pedido del kirchnerista Daniel Filmus (Capital) se eliminó el artículo 17 del texto, que prohíbe la iniciación de nuevos yacimientos en la zona protegida por una eventual ley de presupuestos mínimos hasta tanto no esté concluido el inventario de las áreas que quedarán bajo la tutela de la norma.
Este cambio les permitirá a las empresas mineras y petroleras avanzar con nuevos emprendimientos mientras ese trabajo no esté concluido.
No obstante, sigue en pie el artículo 15, que obliga a los yacimientos ya instalados a someterse a un estudio para mensurar el impacto ambiental de las obras.
Antes de votar el proyecto que se convirtió en ley el Senado rechazó la versión que había aprobado el año pasado y que contaba con el respaldo de las provincias mineras.
La diferencia entre ambas versiones radica en el artículo dos. El texto que se convirtió en ley amplía la zona protegida a los suelos congelados, además de los glaciares. El del Senado, en tanto, es más acotado, al definir las áreas periglaciares como aquellas con suelos congelados de manera permanente.
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La protección de glaciares ya es ley
Fecha de Publicación: 30/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Senado convirtió en ley el proyecto de protección de los glaciares y del ambiente periglaciar al aprobar las modificaciones hechas en Diputados a la iniciativa original surgida de la Cámara alta, excepto el artículo 17, que restringía las condiciones de los nuevos emprendimientos. En la primera votación, el dictamen de mayoría, que proponía la iniciativa del Senado, fue rechazado por 33 votos a favor y 35 en contra. Ese mismo resultado, pero al revés, se dio en la votación del dictamen de minoría que incorpora los cambios introducidos por la Cámara baja.
El extenso debate se prolongó por más de ocho horas y media, entre las 20 de ayer y las 4,30 de hoy, luego de que hicieron uso de la palabra 39 senadores, mucho más de la mitad de los 69 presentes a la hora de votar. El proyecto inició su camino por el parlamento en septiembre de 2009, cuando fue respaldado por unanimidad en la Cámara de Senadores. Luego de que Diputados le introdujera modificaciones en agosto de este año, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Humano de la Cámara alta lo debatió en varias audiencias, a las que asistieron el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, su par de Medio Ambiente, Homero Bibiloni, y los gobernadores de las provincias mineras.
Ayer por la tarde, los integrantes de la Comisión le dieron dictamen de mayoría al proyecto sancionado por el Senado, en tanto que el dictamen de minoría respaldó casi todos los cambios introducidos por Diputados, menos el artículo 17 de la norma, que establecía que en las áreas potencialmente protegidas no se autorizará la realización de nuevas actividades hasta tanto no esté finalizado el inventario y definidos los sistemas a proteger. Ese artículo también remarcaba que ante la solicitud de nuevos emprendimientos, el Instituto Nacional de Nivología y Glaciología priorizará la realización del inventario en el área en cuestión.
La ley aprobada establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico.
Además de considerar a los glaciares como bienes de carácter público, indica que se entiende por glaciar a toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación.
Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo.
Por otra parte, la ley crea el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.
El extenso debate giró en torno de la protección de las reservas de agua dulce y de los cuestionamientos y los respaldos a la actividad de la minería ubicada sobre la cordillera de Los Andes. El senador porteño Daniel Filmus, quien consensuó con el diputado Miguel Bonasso algunas de las modificaciones al proyecto original, dijo que "la Argentina puede estar tranquila de que vamos a tener una ley de protección de glaciares". El legislador agregó que "las Naciones Unidas definieron hace poco el derecho a tener agua como un derecho humano", y sentenció: "Tener agua es más importante que tener oro".
En tanto, el presidente de la Comisión de Ambiente, Eduardo Torres, criticó la sanción de Diputados al decir que "hubiera sido bueno que algunos soberbios de la Cámara baja, ya que iban a votar una ley de presupuestos mínimos como ésta, hubieran invitado a los gobernadores".
El jefe del bloque de senadores oficialistas, Miguel Angel Pichetto, advirtió que sus palabras no eran en representación del Frente para la Victoria, sino en nombre de algunos de sus integrantes ya que el debate atravesó de forma transversal a todas las bancadas. "El mejor proyecto es el que viene de Diputados, porque es más preciso, tiene más trabajo y desarrollo y es el que más límites le pone a la actividad minera en la zona de glaciares", expresó Pichetto, quien recordó que la ley de protección de glaciares "no es antiminera".
El titular de la bancada radical, Gerardo Morales, remarcó que "se ha generado un cambio cultural del cual deben tomar nota las mineras"; y agregó que esas empresas "son las primeras que deben respetar la Constitución, porque vienen y mienten, porque en el cerro nadie las controla".
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Ley de Glaciares: los detalles de la victoria del proyecto más restrictivo
Fecha de Publicación: 30/09/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Hubo 35 votos a favor, 33 en contra y una abstención. Las sorpresas de la madrugada.
El Senado aprobó esta madrugada la ley de protección de glaciares y la votación tuvo un desenlace apasionante. De los dos proyectos en discusión se impuso por sólo dos votos el que establece límites más estrictos a la minería en los alrededores de las grandes masas de hielo (ver Cómo votó cada senador).
De esta manera triunfó la posición impulsada por las organizaciones ecologistas por sobre el gran lobby que llevaron adelante las cámaras que nuclean a los empresarios mineros e hidrocarburíferos, quienes vieron perder la votación a último momento a pesar del apoyo explícito de muchos gobernadores cordilleranos y de los más altos funcionarios de la Casa Rosada.
Propuestas distintas. La diferencia entre los dos proyectos, el que sacó originalmente el Senado y el modificado por Diputados, es que el primero establece restricciones a las actividades productivas –básicamente la minería- en los glaciares y en los periglaciares, pero define a éstas zonas aledañas como los suelos congelados “permanentemente”. En cambio, la sanción de la Cámara baja –que no fue votada por el kirchnerismo- establece como zonas periglaciares a “los suelos saturados en hielo que regulan el recurso hídrico”, lo cual amplía las superficies en las cuales no se podrán extraer minerales o petróleo.
Así, la discusión pasó no sólo por la necesidad de cuidar el agua como un recurso estratégico sino que tuvo como eje el desarrollo de las economías de las provincias cordilleranas a través de la minería.
La votación se produjo recién a las 4.30, luego de 8 horas de intenso debate. Primero se puso en consideración el despacho de mayoría, que implicaba la ratificación de la media sanción que la Cámara alta dio el año pasado. Como este proyecto tuvo 33 firmas positivas y 35 negativas (con la abstención del sanjuanino Roberto Basualdo), se pasó entonces a votar el despacho de minoría que acepta los cambios que en agosto le introdujo la Cámara de Diputados en primera revisión. Fue allí que los números se invirtieron: 35 votos afirmativos y 33 negativos.
Vinieron de EE.UU. y votaron en contra. Hasta bien entrado el debate, los senadores que apoyaban la ley más flexible para la minería -grupo liderado por el sanjuanino César Gioja- creían tener grandes chances de ganar la votación ya que especulaban con tener al menos 36 votos. Pero con el correr de las horas muchos legisladores blanquearon su apoyo a la norma más proteccionista del agua, entre ellos el mendocino K Adolfo Bermejo, a quienes todos consideraban como un aliado de los gobernadores cordilleranos.
Además, 3 senadores que se daban como ausentes ya que participaron de la visita de la presidenta Cristina Fernández a Nueva York llegaron para votar: el bonaerense José Pampuro, la santafesina Roxana Latorre y la chaqueña Elena Corregido y los tres lo hicieron por el proyecto menos permisivo para las mineras.
Un giro inverso tuvo la santiagueña kirchnerista Ada Itúrrez, quien el martes apoyó el dictámen de Diputados en la comisión de Ambiente y esta madrugada cambió bruscamente su voto aludiendo que el artículo 17 de la ley sancionada por la Cámara baja "paralizaba" todas las actividades productivas en la cordillera hasta tanto no se haga un inventario de los glaciares.
Sin embargo, para poder hacer prosperar la media sanción de Diputados y convertirla en ley, el kirchnerista Daniel Filmus y el grueso de la UCR dispusieron que este artículo que introdujo en la Cámara baja el cobista Ricardo Mansur sea eliminado de cuajo, a fin de evitar que cundiera en todo el cuerpo la misma duda que enunció Itúrrez.
De este manera, la UCR logró abroquelar a todo su bloque y evitar fugas como las amagadas por el rionegrino Pablo Verani y el santiagueño Emilio Rached. Sólo 3 radicales votaron por la ratificación de la sanción original del Senado: la correntina Josefina Meabe -aliada- y los catamarqueños Oscar Castillo y Blanca Monllau.
Pichetto. Sin dudas fue la decisión que tomó el jefe de la bancada kirchnerista, Miguel Pichetto, otro de los datos de la noche. El rionegrino encabezó un grupo de 10 senadores K (sobre 31) que se desmarcaron de la posición de la Casa Rosada y votaron por la ley más restrictiva de la minería. "No hay que dramatizar -les dijo a los senadores que aseguraron que se judicializarían todos los proyectos mineros y se perderían inversiones y trabajo- las empresas seguirán viniendo porque la rentabilidad es alta", dijo luego de explicar que la Presidenta le ratificó que daba libertad de acción a todo el oficialismo.
Mientras los senadores Gioja y su coterránea Marina Riofrío no podían ocultar su desazón ya que San Juan fue la provincia que más se movilizó por defender la minería, el líder de Greanpeace, Juan Carlos Villalonga, le dijo a este diario desde un palco del Senado: "Creo que el Congreso dio un gran paso, porque de no haber salido esta ley habría sucumbido a la enorme presión de la corporación minera. Nunca jamás se vio tremenda oposición a una ley ambiental", afirmó.
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