Glaciares en suspenso
10:09 | 
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Glaciares en suspenso
Fecha de Publicación: 08/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Nuevamente quedó postergado el tratamiento de la ley de protección de glaciares que ya tiene media sanción de Diputados. Ante la presión de los senadores cordilleranos y de las empresas mineras, los radicales de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable propusieron considerar el tema en la última sesión de septiembre. En soledad, el kirchnerista Daniel Filmus buscó que se firmara dictamen ayer, pero no fue acompañado por el resto de los legisladores, incluidos los de su propia bancada. Finalmente, en la reunión de presidentes de bloque se acordó convocar a una sesión especial para el 30 de septiembre y en cambio tratar hoy a las 10 una ley de acceso a la información pública, que todavía no tiene dictamen.
Aunque los senadores habían votado una preferencia en la última sesión para someter hoy el tema a consideración, el senador Alfredo Martínez (UCR-Santa Cruz) pidió ayer más tiempo para estudiar el proyecto y escuchar “a todas las voces”. Martínez, de todas formas, propuso comprometerse nuevamente, esta vez para firmar dictamen y aprobar el tema a fin de mes. Su compañero de bloque, el ex gobernador Oscar Castillo, recogió rápidamente el guante y pidió “abrir el debate”. El radical entrerriano Arturo Vera también se sumó. Incluso la senadora cordobesa, Norma Morandini, consintió prolongar su estudio. Los otros senadores que participaron de la reunión fueron Marina Riofrío (San Juan), Teresita Quintela y Ada Maza (La Rioja), Rodolfo Bermejo (Mendoza), Elida Vigo (Misiones), por el Frente para la Victoria, en su mayoría en contra de la sanción proveniente de la Cámara baja.
A la reunión de ayer concurrieron funcionarios del gobierno catamarqueño y del sanjuanino que argumentaron en contra de lo establecido en el proyecto sobre protección de los glaciares y zonas periglaciares, debido a su supuesto impacto en la economía local. En cambio, Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), explicó que el proyecto consensuado en Diputados tiene los mismos alcances que lo aprobado por unanimidad en el Senado el año pasado. En la Cámara baja el diputado del bloque de Proyecto Sur Miguel Bonasso había consensuado el proyecto con el senador Filmus.
Antes de la sesión especial del jueves 30 están previstas dos reuniones más de la comisión que preside el misionero Eduardo Torres, los martes 21 y 28. Allí se espera que concurran varios gobernadores a defender sus posiciones, como José Luis Gioja, de San Juan, y también otros mandatarios de provincias petroleras como Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Río Negro.
En la reunión de presidentes de bloque realizada a las 17 se consensuó convocar a la sesión especial para el 30 y además sesionar hoy a las 10 con el proyecto de acceso a la información pública como tema central. Desde la oposición, la senadora de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro salió a denunciar un supuesto acuerdo entre el PJ disidente, la UCR y el Frente para la Victoria para tratar un tema “delicado” como éste sin dictamen previo. “Hay sectores de la oposición que están siendo funcionales al kirchnerismo. Hace falta más tiempo, no podemos votar un proyecto sobre el que no sabemos su texto”, dijo la senadora.
El radicalismo y su ex compañero de bancada, Samuel Cabanchik, le replicaron que este tema ya lleva cinco meses de tratamiento en las comisiones y que existe un predictamen que hoy será considerado en el recinto del Senado. Más allá de la polémica, el acuerdo logrado entre el oficialismo y la oposición sólo alcanza al tratamiento en general del proyecto, por lo que no será sancionado hasta que no se apruebe artículo por artículo.
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Aplazan el debate por los glaciares y hubo protestas
Fecha de Publicación: 08/09/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
La organización ambientalista Greenpeace hizo ayer el montaje de un glaciar de 4 metros de altura frente al Congreso para reclamar la urgente sanción en el Senado del proyecto sobre glaciares que fue aprobado en la Cámara baja, similar al que Cristina vetó en el 2008. La acción pasó a la categoría de protesta luego del acuerdo de los bloques de senadores para postergar hasta el 30 de setiembre, en sesión especial, el debate de la ley que estaba programado para esta tarde. La decisión fue por la imposibilidad de avanzar con un dictamen en la Comisión de Ambiente, que optó por convocar a audiencias a gobernadores de zonas cordilleranas y representantes de empresas mineras y petroleras, que apoyan la ratificación del texto votado originalmente por el Senado, más laxo en la protección de zonas aledañas o periglaciares. Las posturas en favor de uno u otro proyecto atraviesan al oficialismo y a sectores de la oposición.
Hoy harán monitoreo en aguas del Sali Dulce
Hoy harán monitoreo en aguas del embalse
Fecha de Publicación: 08/09/2010
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Miembros del Comité de Cuenca Salí-Dulce realizarán hoy un nuevo monitoreo de las aguas del embalse de Río Hondo, con el fin de tomar los valores de distintos componentes del agua, en pos de ver si se ha morigerado la situación ambiental. Así lo confirmó ayer a Nuevo Diario, el director de Medio Ambiente de la Provincia, ingeniero Juan Carlos Targa, quien comentó que los controles se realizan una vez por semana, con mayor periodicidad que antes y esto les permitió observar que al menos, en este último tiempo, no hubo que lamentar más mortandad.
Los representantes santiagueños continuarán con su tarea mañana, cuando recorran los ríos tributarios y una vez acumulada toda la información, se convocará a una reunión del Grupo de Gestión en Tiempo Real, posiblemente para el jueves. La semana próxima se hará tarea similar, con la presencia de funcionarios tucumanos.
Habilitarán obra en escuela del interior
El próximo viernes y previo a celebrarse el Día del Maestro, el gobernador de la Provincia, Gerardo Zamora habilitará la obra de refacción y ampliación de la escuela Nº 650 en la localidad de Toro Human, departamento Pellegrini.
Esta localidad del norte provincial está ubicada a unos 350 kilómetros de la Capital de la provincia y el acto tendrá lugar en horas de la mañana, con presencia de autoridades locales y provinciales. La mejora edilicia es de gran significación y fue muy requerida y esperada por la comunidad educativa.
Fecha de Publicación: 08/09/2010
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
Miembros del Comité de Cuenca Salí-Dulce realizarán hoy un nuevo monitoreo de las aguas del embalse de Río Hondo, con el fin de tomar los valores de distintos componentes del agua, en pos de ver si se ha morigerado la situación ambiental. Así lo confirmó ayer a Nuevo Diario, el director de Medio Ambiente de la Provincia, ingeniero Juan Carlos Targa, quien comentó que los controles se realizan una vez por semana, con mayor periodicidad que antes y esto les permitió observar que al menos, en este último tiempo, no hubo que lamentar más mortandad.
Los representantes santiagueños continuarán con su tarea mañana, cuando recorran los ríos tributarios y una vez acumulada toda la información, se convocará a una reunión del Grupo de Gestión en Tiempo Real, posiblemente para el jueves. La semana próxima se hará tarea similar, con la presencia de funcionarios tucumanos.
Habilitarán obra en escuela del interior
El próximo viernes y previo a celebrarse el Día del Maestro, el gobernador de la Provincia, Gerardo Zamora habilitará la obra de refacción y ampliación de la escuela Nº 650 en la localidad de Toro Human, departamento Pellegrini.
Esta localidad del norte provincial está ubicada a unos 350 kilómetros de la Capital de la provincia y el acto tendrá lugar en horas de la mañana, con presencia de autoridades locales y provinciales. La mejora edilicia es de gran significación y fue muy requerida y esperada por la comunidad educativa.
La ley de glaciares, con muchas posibilidades
La ley de glaciares, con muchas posibilidades
Fecha de Publicación: 07/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Senado retomará esta semana su actividad con el tratamiento de la ley de protección de glaciares, venida en segunda revisión a la Cámara alta. Este tema fue aprobado en la última sesión de Diputados y fuentes del oficialismo y del radicalismo confirmaron a Página/12 que manifestaron su voluntad de sellar hoy un acuerdo en la reunión de presidentes de bloque para llevar al recinto la media sanción y así convertirla en ley. A diferencia de otras ocasiones, se prevé una sesión más bien corta, que arrancaría mañana a las 10 debido a los festejos del año nuevo judío.
Hoy a las 17 los senadores se reunirán en Labor Parlamentaria para definir en detalle la agenda de mañana. En la última sesión se votó, además de glaciares, el tratamiento en preferencia de otros temas controvertidos para el oficialismo. Por un lado, una ley de acceso a la información pública, la derogación de la prórroga de la Emergencia Económica, el marco regulatorio general de servicios públicos (tarifa social), la portabilidad numérica en el servicio de telefonía nacional y, por el otro, la modificación de Código Penal y Procesal Penal respecto del delito de desaparición forzada de personas.
Fuentes del Frente para la Victoria señalaron que de todos esos temas el que podría alcanzar consenso para ser tratado hoy es el de glaciares, que fue producto de las negociaciones que mantuvieron el kirchnerista Daniel Filmus y el diputado de Proyecto Sur Miguel Bonasso. Previo a su tratamiento en el recinto, el tema aún deberá conseguir dictamen en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que se reunirá hoy a las 15. Hasta hace 10 días existían dudas respecto de la posición que adoptaría el bloque kirchnerista, ya que habían anticipado su defensa de la media sanción realizada por unanimidad en el Senado. Finalmente, la bancada que conduce Miguel Pichetto acompañará las modificaciones de Diputados y sólo tendría un par de bajas: la de los sanjuaninos Marina Riofrío y César Gioja, hermano del gobernador José Luis Gioja.
Gioja sostuvo ayer que la provincia “tiene derecho a decidir cómo cuidar sus recursos naturales”, al defender una ley reciente, dictada a nivel provincial, sobre protección de glaciares, diferente de la que debate el Congreso. El senador se manifestó “a favor de la protección de los glaciares, que los recursos naturales que están en San Juan sean manejados, defendiéndolos por supuesto, la provincia”. La sanción que le dio la Legislatura local a un proyecto del gobierno sanjuanino no contempla la protección legal de las zonas periglaciales, como lo establece la norma con media sanción en el Congreso. Otra senadora que votaría en contra es la salteña Sonia Escudero, del PJ disidente. De todas maneras, con la mayoría del bloque kirchnerista, la UCR y otros monobloques, la iniciativa podría mañana convertirse en ley.
Dadas las características de los otros temas con preferencia para tratarse mañana, es posible que el oficialismo no le conceda al Grupo A la inclusión de las iniciativas resistidas por la Casa Rosada, como la aplicación de la tarifa social o la derogación de la Emergencia Económica.
Además de la reunión de Labor Parlamentaria, el Senado recibirá hoy a la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, en la Comisión de Economía, donde brindará precisiones sobre el programa monetario.
Fecha de Publicación: 07/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Senado retomará esta semana su actividad con el tratamiento de la ley de protección de glaciares, venida en segunda revisión a la Cámara alta. Este tema fue aprobado en la última sesión de Diputados y fuentes del oficialismo y del radicalismo confirmaron a Página/12 que manifestaron su voluntad de sellar hoy un acuerdo en la reunión de presidentes de bloque para llevar al recinto la media sanción y así convertirla en ley. A diferencia de otras ocasiones, se prevé una sesión más bien corta, que arrancaría mañana a las 10 debido a los festejos del año nuevo judío.
Hoy a las 17 los senadores se reunirán en Labor Parlamentaria para definir en detalle la agenda de mañana. En la última sesión se votó, además de glaciares, el tratamiento en preferencia de otros temas controvertidos para el oficialismo. Por un lado, una ley de acceso a la información pública, la derogación de la prórroga de la Emergencia Económica, el marco regulatorio general de servicios públicos (tarifa social), la portabilidad numérica en el servicio de telefonía nacional y, por el otro, la modificación de Código Penal y Procesal Penal respecto del delito de desaparición forzada de personas.
Fuentes del Frente para la Victoria señalaron que de todos esos temas el que podría alcanzar consenso para ser tratado hoy es el de glaciares, que fue producto de las negociaciones que mantuvieron el kirchnerista Daniel Filmus y el diputado de Proyecto Sur Miguel Bonasso. Previo a su tratamiento en el recinto, el tema aún deberá conseguir dictamen en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que se reunirá hoy a las 15. Hasta hace 10 días existían dudas respecto de la posición que adoptaría el bloque kirchnerista, ya que habían anticipado su defensa de la media sanción realizada por unanimidad en el Senado. Finalmente, la bancada que conduce Miguel Pichetto acompañará las modificaciones de Diputados y sólo tendría un par de bajas: la de los sanjuaninos Marina Riofrío y César Gioja, hermano del gobernador José Luis Gioja.
Gioja sostuvo ayer que la provincia “tiene derecho a decidir cómo cuidar sus recursos naturales”, al defender una ley reciente, dictada a nivel provincial, sobre protección de glaciares, diferente de la que debate el Congreso. El senador se manifestó “a favor de la protección de los glaciares, que los recursos naturales que están en San Juan sean manejados, defendiéndolos por supuesto, la provincia”. La sanción que le dio la Legislatura local a un proyecto del gobierno sanjuanino no contempla la protección legal de las zonas periglaciales, como lo establece la norma con media sanción en el Congreso. Otra senadora que votaría en contra es la salteña Sonia Escudero, del PJ disidente. De todas maneras, con la mayoría del bloque kirchnerista, la UCR y otros monobloques, la iniciativa podría mañana convertirse en ley.
Dadas las características de los otros temas con preferencia para tratarse mañana, es posible que el oficialismo no le conceda al Grupo A la inclusión de las iniciativas resistidas por la Casa Rosada, como la aplicación de la tarifa social o la derogación de la Emergencia Económica.
Además de la reunión de Labor Parlamentaria, el Senado recibirá hoy a la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, en la Comisión de Economía, donde brindará precisiones sobre el programa monetario.
Ceamse: piden respuesta "personal" de Scioli
Ceamse: la Corte reclama una respuesta "personal" de Scioli
Fecha de Publicación: 07/09/2010
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
El alto tribunal rechazó una nota que presentó el jefe de Gabinete en nombre del Gobernador
La Suprema Corte bonaerense intimó en los últimos días al gobernador bonaerense a que informe qué acciones dispuso en relación al relleno sanitario de Punta Lara, en el marco de una causa que lleva varios años y en la que el máximo tribunal de Justicia provincial ordenó el cierre del predio. Y la Provincia contestó el pedido a través del jefe de Gabinete Alberto Pérez, pero el alto tribunal rechazó la respuesta -en rigor, la consideró no presentada- por entender que quien debió formularla es el propio Daniel Scioli.
Así lo dispuso la Corte en una resolución adoptada en las últimas horas, según pudo saber EL DIA en fuentes calificadas, al plantear que el pedido de información estuvo dirigido a Scioli y que el jefe de Gabinete no tiene atribuciones formales ni legales para representar al Gobernador. Por esa razón, demandó que sea el propio mandatario bonaerense el que suscriba y firme la contestación.
La Corte consideró que la ley de ministerios de la Provincia no le otorga al jefe de Gabinete la facultad de representar al Gobernador. Y en ese marco, le otorgó dos días de plazo a Scioli para que envíe la respuesta, o al menos para que convalide con un escrito personal el informe presentado por Pérez, de acuerdo a lo indicado por las fuentes.
Como se ha venido informando, el alto tribunal emplazó en los últimos días al gobierno provincial para que informe sobre lo actuado en relación al predio ensenadense de la Ceamse, en el marco de una causa promovida por ambientalistas de la Región y en la que se ordenó su cierre.
Ante el requerimiento de la Corte, el Ejecutivo brindó detalles de las acciones que emprendió en un escrito que, como se dijo, fue firmado por el jefe de Gabinete, Alberto Pérez. Y allí hizo referencia a los factores que postergaron el cierre de la planta y los pasos con los que se ha ido avanzando para salir del actual sistema de disposición final de residuos y encarar una nueva modalidad de tratamiento integral que involucrará a los municipios de la Región.
En el informe presentado a la Corte se dieron detalles sobre acciones vinculadas al tratamiento de los residuos del Conurbano y la capital federal y, con relación a nuestra región, se remarcó que la Provincia financiará la construcción de una planta de tratamiento integral del tipo "Basura Cero" y asistirá luego económicamente a los municipios en la misma proporción que lo hace dentro del sistema actual.
Así, tras un repaso de las acciones encaradas para ir resolviendo la problemática planteada en la región capital, el Gobierno precisó que la Provincia "se ha comprometido a solventar la financiación de la construcción de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en el Partido de La Plata, que resulte ganadora del proceso licitatorio iniciado" por la comuna local. E indicó que se asistirá económicamente "en el pago de la tasa por tonelada de residuos sólidos urbanos tratada en el futuro de manera equivalente al aporte que rige para el subsidio de dicha tasa en el marco de la Ceamse".
El trabajo presentado por el Ejecutivo también aclara que la propuesta del oferente que gane la licitación nacional e internacional abierta por el intendente Bruera, cuyas propuestas se conocerán a fines de este mes, deberá incluir "la incorporación del personal" del relleno sanitario de la Ceamse en idénticas condiciones de vigencia y ejecución en lo referido a los contratos de trabajo vigentes al momento de la suscripción del contrato.
Por cuerda separada, el jefe de Gabinete había asegurado la semana pasada que el gobierno bonaerense confía poder cerrar el año próximo el predio de la Ceamse de Ensenada y planifica construir una "planta modelo" de tratamiento de residuos, en alusión a la que se propone construir el municipio platense.
"Se está avanzando junto al Consorcio Capital y el compromiso de la Provincia y de los municipios que lo integran, para que el año que viene sea solucionado el problema de la disposición final de residuos", indicó Pérez.
El funcionario detalló que desde el gobierno bonaerense están apoyando el proyecto que fue aprobado en el Concejo Deliberante de La Plata basado en estudios realizados por la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Tecnológica Nacional.
Fecha de Publicación: 07/09/2010
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
El alto tribunal rechazó una nota que presentó el jefe de Gabinete en nombre del Gobernador
La Suprema Corte bonaerense intimó en los últimos días al gobernador bonaerense a que informe qué acciones dispuso en relación al relleno sanitario de Punta Lara, en el marco de una causa que lleva varios años y en la que el máximo tribunal de Justicia provincial ordenó el cierre del predio. Y la Provincia contestó el pedido a través del jefe de Gabinete Alberto Pérez, pero el alto tribunal rechazó la respuesta -en rigor, la consideró no presentada- por entender que quien debió formularla es el propio Daniel Scioli.
Así lo dispuso la Corte en una resolución adoptada en las últimas horas, según pudo saber EL DIA en fuentes calificadas, al plantear que el pedido de información estuvo dirigido a Scioli y que el jefe de Gabinete no tiene atribuciones formales ni legales para representar al Gobernador. Por esa razón, demandó que sea el propio mandatario bonaerense el que suscriba y firme la contestación.
La Corte consideró que la ley de ministerios de la Provincia no le otorga al jefe de Gabinete la facultad de representar al Gobernador. Y en ese marco, le otorgó dos días de plazo a Scioli para que envíe la respuesta, o al menos para que convalide con un escrito personal el informe presentado por Pérez, de acuerdo a lo indicado por las fuentes.
Como se ha venido informando, el alto tribunal emplazó en los últimos días al gobierno provincial para que informe sobre lo actuado en relación al predio ensenadense de la Ceamse, en el marco de una causa promovida por ambientalistas de la Región y en la que se ordenó su cierre.
Ante el requerimiento de la Corte, el Ejecutivo brindó detalles de las acciones que emprendió en un escrito que, como se dijo, fue firmado por el jefe de Gabinete, Alberto Pérez. Y allí hizo referencia a los factores que postergaron el cierre de la planta y los pasos con los que se ha ido avanzando para salir del actual sistema de disposición final de residuos y encarar una nueva modalidad de tratamiento integral que involucrará a los municipios de la Región.
En el informe presentado a la Corte se dieron detalles sobre acciones vinculadas al tratamiento de los residuos del Conurbano y la capital federal y, con relación a nuestra región, se remarcó que la Provincia financiará la construcción de una planta de tratamiento integral del tipo "Basura Cero" y asistirá luego económicamente a los municipios en la misma proporción que lo hace dentro del sistema actual.
Así, tras un repaso de las acciones encaradas para ir resolviendo la problemática planteada en la región capital, el Gobierno precisó que la Provincia "se ha comprometido a solventar la financiación de la construcción de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en el Partido de La Plata, que resulte ganadora del proceso licitatorio iniciado" por la comuna local. E indicó que se asistirá económicamente "en el pago de la tasa por tonelada de residuos sólidos urbanos tratada en el futuro de manera equivalente al aporte que rige para el subsidio de dicha tasa en el marco de la Ceamse".
El trabajo presentado por el Ejecutivo también aclara que la propuesta del oferente que gane la licitación nacional e internacional abierta por el intendente Bruera, cuyas propuestas se conocerán a fines de este mes, deberá incluir "la incorporación del personal" del relleno sanitario de la Ceamse en idénticas condiciones de vigencia y ejecución en lo referido a los contratos de trabajo vigentes al momento de la suscripción del contrato.
Por cuerda separada, el jefe de Gabinete había asegurado la semana pasada que el gobierno bonaerense confía poder cerrar el año próximo el predio de la Ceamse de Ensenada y planifica construir una "planta modelo" de tratamiento de residuos, en alusión a la que se propone construir el municipio platense.
"Se está avanzando junto al Consorcio Capital y el compromiso de la Provincia y de los municipios que lo integran, para que el año que viene sea solucionado el problema de la disposición final de residuos", indicó Pérez.
El funcionario detalló que desde el gobierno bonaerense están apoyando el proyecto que fue aprobado en el Concejo Deliberante de La Plata basado en estudios realizados por la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Tecnológica Nacional.
Córdoba: avance sojero sobre los bosques
Córdoba, caso testigo del avance sojero sobre los bosques
Fecha de Publicación: 06/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
Una comisión integrada por universidades, ONG y grupos campesinos consensuó un proyecto de ley de bosques. Horas antes de la votación en la Legislatura local, el gobernador envió e hizo aprobar otro texto, elaborado por las entidades rurales.
“Ley 9814” es la denominación oficial de la flamante legislación de Córdoba que regula el uso y cuidado del monte nativo. “Ley del desmonte” y “Ley de los ruralistas” fue bautizada por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos (Cotbn), ámbito oficial designado para consensuar una ley de bosques provincial. La Cotbn es el espacio científico y multisectorial que trabajó dos años y propuso una norma que establece cuatro millones de hectáreas como de alto valor de conservación y solicita rigurosos controles. A último momento, horas antes de la votación, la Legislatura provincial desechó el trabajo de la Cotbn y aprobó una ley que reduce el área de conservación a sólo 1,9 millón, permite actividades de peligro ambiental en esa misma zona que debería proteger y deja de lado la participación de la sociedad civil. Desde la propia Secretaría de Ambiente de Córdoba afirmaron que la ley aprobada “no es la mejor” para el ambiente y reconocieron que prevalecieron los intereses de la Mesa de Enlace, que impulsa la soja y la ganadería intensiva. Científicos y campesinos alertan sobre las consecuencias de la ley aprobada: desmontes, desalojos y mayores sequías e inundaciones.
La Cotbn es el espacio oficial designado por la Secretaría de Ambiente para consensuar un proyecto de ley que proteja los bosques nativos, donde participaron tres universidades (de Córdoba, Río Cuarto y Villa María), Parques Nacionales, ONG ambientales y el Movimiento Campesino de Córdoba. Luego de dos años de trabajo, el 4 de agosto pasado el proyecto debía ser aprobado en la Legislatura de Córdoba.
“Se aprobó un texto muy diferente al consensuado, que contiene artículos polémicos, que posibilitan actividades perjudiciales para el ambiente aun en zonas donde debiera prohibirse toda actividad productiva”, explicó la presidenta de la Cotbn, profesora de Ecología Agrícola en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Alicia Barchuk. Fernando Barri es biólogo, docente de la UNC, investigador del Conicet y miembro de la Cotbn: “Dejaron caer todo un rico proceso participativo, con base productiva, científica y social, por el interés económico de unos pocos, Sociedad Rural y Cartez-CRA. Es una ley que habilita el desmonte”.
El lobby de la Mesa de Enlace estuvo encabezado por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), pilar de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). También estuvieron presentes la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Federación Agraria Argentina (FAA).
Sobre la base de la ley nacional (ver aparte), las legislaciones provinciales debían realizar un mapeo que determine categorías de conservación según colores: rojo (áreas a proteger), amarillo (se permite uso sustentable) y verde (se puede desmontar). La propuesta de la Cotbn determinaba cuatro millones de hectáreas en rojo. “La ley aprobada la reduce a 1,9 millón y, sobre todo, flexibiliza todos los criterios de las áreas rojas y amarillas, por lo que están en riesgo entre seis y ocho millones de hectáreas”, explicó Mario Barcena, del Movimiento Campesino (MCC).
De los 58 artículos de la ley, el número 14 es el que desató el escándalo. “En aquellos predios (de categoría roja o amarilla) en donde exista o se genere infraestructura para producción bajo riego, se los considerará incluidos en la Categoría de Conservación III (verde).” Fernando Barri tradujo a la práctica: “Habilita de manera encubierta los desmontes en zonas protegidas. Posibilita implantar cultivos sin perjuicio además de secar el acuífero y condenar esa tierra a un futuro salitral”.
La Cotbn explicó que la ley aprobada también deja abierta la posibilidad de realizar “aprovechamiento” en zonas rojas, con uso de maquinaria y siembra de especies exóticas, a pesar de que la norma nacional deja claro que allí sólo se podrá realizar conservación del ecosistema nativo.
Otra crítica es que se eliminó la obligatoriedad de proteger zonas con pendientes superiores al cinco por ciento, que –según la Cotbn– degradarán las cuencas serranas y reducirán el aporte de agua.
La presidenta de la Cotbn, Barchuk, explicó que si no se protege el monte nativo “seguirán los fenómenos ambientales extremos”, desde sequías a inundaciones. “Si no hay bosque que retenga el líquido, el agua se desliza hacia tierras bajas y habrá inundaciones”, explicó.
La ley de bosques dividió a la Federación Agraria. Un sector (filial de Río Cuarto y la juventud federada de Villa María) participó activamente de la Cotbn y acompañó la medida. Incluso emitió una carta de rechazó público a la ley aprobada. Otro sector, ligado directamente al presidente de la FAA provincial, Agustín Pizzichini, privilegió la alianza de la Mesa de Enlace, volvió a jugar para Cartez-CRA e incluso amenazó con cortar rutas si se aprobaba el proyecto de la Cotbn.
El vicepresidente de Cartez, José Manubens Calvet, agradeció el apoyo de Federación Agraria y definió como “muchachos sin mandato” a los federados que participaron de la Cotbn. “La soja pasó todos los límites, es cierto, no se puede negar”, sinceró en tono campechano. También reconoció que la ganadería necesita lugares nuevos y, según su entender, en el norte provincial “hay espacio y necesidad, nosotros ahora podemos ir y dar trabajo”.
“Seguí de cerca todo el proceso de la ley de bosques, y la verdad que el proyecto de la Cotbn era extremo, poco más que no permitía ni cortar una flor en el arco noroeste provincial”, explicó. Preguntó dos veces si de verdad hablaba con Página/12, y las dos veces hizo un silencio que parecía anunciar el fin de la comunicación. “Usted tiene que venir a Córdoba y yo en persona lo llevo a ver lo que es el campo cordobés. Cartez es el campo, no lo dude mi amigo, y Cartez sabe lo que es bueno para la provincia”, afirmó. El presidente de Cartez es Néstor Roulet, que hasta el año pasado fue vicepresidente de CRA y uno de los principales dirigentes de la Mesa de Enlace durante el conflicto por la Resolución 125.
Manubens Calvet afirmó que dejaron la Cotbn porque “había gente sin representatividad, que no sabe nada de campo”, relató con naturalidad que –por el tema ley de bosques– tuvieron reuniones con el ministro de Agricultura (Carlos Gutiérrez) y con “muchos legisladores”. Cuestionó que el proyecto original “pretendía legislar sobre la tierra privada y reconocer a los ocupantes ilegales (campesinos con posesión veinteañal)”. Pidió que los ambientalistas y el periodismo se ocuparan “de las cloacas de la ciudad, que emanan olor insoportable”, y evaluó a la ley sancionada: “No es la ideal, pero ayuda al campo”.
El presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, José Ignacio Romero Díaz, celebró la ley. “Es una respuesta madura a propuestas inmaduras (por el proyecto de la Cotbn). ¿Por qué digo eso? Porque esa Comisión está integrada por fundamentalistas de escritorio que entienden por bosque desde una arboleda hasta un yuyito”, arremetió. Se definió como “ambientalista, pero no extremo”, y evaluó que las entidades rurales jugaron “las fichas maduramente, hablando con el ministro de Agricultura, qué sí entiende de campo, y con nuestros legisladores”.
Las tres universidades que participaron en la Cotbn (de Córdoba, de Río Cuarto y Villa María) están en proceso de evaluación técnica y legal para pedir la inconstitucionalidad de la ley, por la aparente contradicción con la ley nacional. Además, la ley nacional es el piso que deben respetar todas las normas provinciales y, según la Cotbn, la ley cordobesa es más blanda, por lo cual debe ser vetada en su totalidad.
Todo el oficialismo (que responde al gobernador Juan Schiaretti) votó a favor de la cuestionada ley. Desde el área de Prensa del Ministerio de Agricultura explicaron que el ministro estaba de viaje por el interior provincial y no podía atender preguntas. El secretario de Ambiente, Raúl Costa, derivó la entrevista en el director de Fiscalización y Control Ambiental, Alejandro Girón. “No es la ley que hubiéramos querido, no es la mejor ley, hay que reconocerlo. La propuesta de la Cotbn modificada por al Comisión de Asuntos Ecológicos era más estricta, sobre todo en las áreas rojas, pero bueno, el campo tiene su peso, hay muchos legisladores que provienen de zonas netamente agrícolas, es lógico”, se sinceró Girón y no escondió las presiones: “Se cambió la ley porque el sector ruralista exigió cuestiones concretas, como poder realizar actividades en las zonas rojas”.
–¿Agricultura se impuso sobre Ambiente? –preguntó este diario.
–Cada uno defiende lo suyo. Agricultura apuesta a la producción y tiene una capacidad de presión importante. Si esto fuera Alemania y los ambientalistas tuvieran sus diputados verdes el resultado habría sido otro.
Fecha de Publicación: 06/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
Una comisión integrada por universidades, ONG y grupos campesinos consensuó un proyecto de ley de bosques. Horas antes de la votación en la Legislatura local, el gobernador envió e hizo aprobar otro texto, elaborado por las entidades rurales.
“Ley 9814” es la denominación oficial de la flamante legislación de Córdoba que regula el uso y cuidado del monte nativo. “Ley del desmonte” y “Ley de los ruralistas” fue bautizada por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos (Cotbn), ámbito oficial designado para consensuar una ley de bosques provincial. La Cotbn es el espacio científico y multisectorial que trabajó dos años y propuso una norma que establece cuatro millones de hectáreas como de alto valor de conservación y solicita rigurosos controles. A último momento, horas antes de la votación, la Legislatura provincial desechó el trabajo de la Cotbn y aprobó una ley que reduce el área de conservación a sólo 1,9 millón, permite actividades de peligro ambiental en esa misma zona que debería proteger y deja de lado la participación de la sociedad civil. Desde la propia Secretaría de Ambiente de Córdoba afirmaron que la ley aprobada “no es la mejor” para el ambiente y reconocieron que prevalecieron los intereses de la Mesa de Enlace, que impulsa la soja y la ganadería intensiva. Científicos y campesinos alertan sobre las consecuencias de la ley aprobada: desmontes, desalojos y mayores sequías e inundaciones.
La Cotbn es el espacio oficial designado por la Secretaría de Ambiente para consensuar un proyecto de ley que proteja los bosques nativos, donde participaron tres universidades (de Córdoba, Río Cuarto y Villa María), Parques Nacionales, ONG ambientales y el Movimiento Campesino de Córdoba. Luego de dos años de trabajo, el 4 de agosto pasado el proyecto debía ser aprobado en la Legislatura de Córdoba.
“Se aprobó un texto muy diferente al consensuado, que contiene artículos polémicos, que posibilitan actividades perjudiciales para el ambiente aun en zonas donde debiera prohibirse toda actividad productiva”, explicó la presidenta de la Cotbn, profesora de Ecología Agrícola en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Alicia Barchuk. Fernando Barri es biólogo, docente de la UNC, investigador del Conicet y miembro de la Cotbn: “Dejaron caer todo un rico proceso participativo, con base productiva, científica y social, por el interés económico de unos pocos, Sociedad Rural y Cartez-CRA. Es una ley que habilita el desmonte”.
El lobby de la Mesa de Enlace estuvo encabezado por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), pilar de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). También estuvieron presentes la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Federación Agraria Argentina (FAA).
Sobre la base de la ley nacional (ver aparte), las legislaciones provinciales debían realizar un mapeo que determine categorías de conservación según colores: rojo (áreas a proteger), amarillo (se permite uso sustentable) y verde (se puede desmontar). La propuesta de la Cotbn determinaba cuatro millones de hectáreas en rojo. “La ley aprobada la reduce a 1,9 millón y, sobre todo, flexibiliza todos los criterios de las áreas rojas y amarillas, por lo que están en riesgo entre seis y ocho millones de hectáreas”, explicó Mario Barcena, del Movimiento Campesino (MCC).
De los 58 artículos de la ley, el número 14 es el que desató el escándalo. “En aquellos predios (de categoría roja o amarilla) en donde exista o se genere infraestructura para producción bajo riego, se los considerará incluidos en la Categoría de Conservación III (verde).” Fernando Barri tradujo a la práctica: “Habilita de manera encubierta los desmontes en zonas protegidas. Posibilita implantar cultivos sin perjuicio además de secar el acuífero y condenar esa tierra a un futuro salitral”.
La Cotbn explicó que la ley aprobada también deja abierta la posibilidad de realizar “aprovechamiento” en zonas rojas, con uso de maquinaria y siembra de especies exóticas, a pesar de que la norma nacional deja claro que allí sólo se podrá realizar conservación del ecosistema nativo.
Otra crítica es que se eliminó la obligatoriedad de proteger zonas con pendientes superiores al cinco por ciento, que –según la Cotbn– degradarán las cuencas serranas y reducirán el aporte de agua.
La presidenta de la Cotbn, Barchuk, explicó que si no se protege el monte nativo “seguirán los fenómenos ambientales extremos”, desde sequías a inundaciones. “Si no hay bosque que retenga el líquido, el agua se desliza hacia tierras bajas y habrá inundaciones”, explicó.
La ley de bosques dividió a la Federación Agraria. Un sector (filial de Río Cuarto y la juventud federada de Villa María) participó activamente de la Cotbn y acompañó la medida. Incluso emitió una carta de rechazó público a la ley aprobada. Otro sector, ligado directamente al presidente de la FAA provincial, Agustín Pizzichini, privilegió la alianza de la Mesa de Enlace, volvió a jugar para Cartez-CRA e incluso amenazó con cortar rutas si se aprobaba el proyecto de la Cotbn.
El vicepresidente de Cartez, José Manubens Calvet, agradeció el apoyo de Federación Agraria y definió como “muchachos sin mandato” a los federados que participaron de la Cotbn. “La soja pasó todos los límites, es cierto, no se puede negar”, sinceró en tono campechano. También reconoció que la ganadería necesita lugares nuevos y, según su entender, en el norte provincial “hay espacio y necesidad, nosotros ahora podemos ir y dar trabajo”.
“Seguí de cerca todo el proceso de la ley de bosques, y la verdad que el proyecto de la Cotbn era extremo, poco más que no permitía ni cortar una flor en el arco noroeste provincial”, explicó. Preguntó dos veces si de verdad hablaba con Página/12, y las dos veces hizo un silencio que parecía anunciar el fin de la comunicación. “Usted tiene que venir a Córdoba y yo en persona lo llevo a ver lo que es el campo cordobés. Cartez es el campo, no lo dude mi amigo, y Cartez sabe lo que es bueno para la provincia”, afirmó. El presidente de Cartez es Néstor Roulet, que hasta el año pasado fue vicepresidente de CRA y uno de los principales dirigentes de la Mesa de Enlace durante el conflicto por la Resolución 125.
Manubens Calvet afirmó que dejaron la Cotbn porque “había gente sin representatividad, que no sabe nada de campo”, relató con naturalidad que –por el tema ley de bosques– tuvieron reuniones con el ministro de Agricultura (Carlos Gutiérrez) y con “muchos legisladores”. Cuestionó que el proyecto original “pretendía legislar sobre la tierra privada y reconocer a los ocupantes ilegales (campesinos con posesión veinteañal)”. Pidió que los ambientalistas y el periodismo se ocuparan “de las cloacas de la ciudad, que emanan olor insoportable”, y evaluó a la ley sancionada: “No es la ideal, pero ayuda al campo”.
El presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, José Ignacio Romero Díaz, celebró la ley. “Es una respuesta madura a propuestas inmaduras (por el proyecto de la Cotbn). ¿Por qué digo eso? Porque esa Comisión está integrada por fundamentalistas de escritorio que entienden por bosque desde una arboleda hasta un yuyito”, arremetió. Se definió como “ambientalista, pero no extremo”, y evaluó que las entidades rurales jugaron “las fichas maduramente, hablando con el ministro de Agricultura, qué sí entiende de campo, y con nuestros legisladores”.
Las tres universidades que participaron en la Cotbn (de Córdoba, de Río Cuarto y Villa María) están en proceso de evaluación técnica y legal para pedir la inconstitucionalidad de la ley, por la aparente contradicción con la ley nacional. Además, la ley nacional es el piso que deben respetar todas las normas provinciales y, según la Cotbn, la ley cordobesa es más blanda, por lo cual debe ser vetada en su totalidad.
Todo el oficialismo (que responde al gobernador Juan Schiaretti) votó a favor de la cuestionada ley. Desde el área de Prensa del Ministerio de Agricultura explicaron que el ministro estaba de viaje por el interior provincial y no podía atender preguntas. El secretario de Ambiente, Raúl Costa, derivó la entrevista en el director de Fiscalización y Control Ambiental, Alejandro Girón. “No es la ley que hubiéramos querido, no es la mejor ley, hay que reconocerlo. La propuesta de la Cotbn modificada por al Comisión de Asuntos Ecológicos era más estricta, sobre todo en las áreas rojas, pero bueno, el campo tiene su peso, hay muchos legisladores que provienen de zonas netamente agrícolas, es lógico”, se sinceró Girón y no escondió las presiones: “Se cambió la ley porque el sector ruralista exigió cuestiones concretas, como poder realizar actividades en las zonas rojas”.
–¿Agricultura se impuso sobre Ambiente? –preguntó este diario.
–Cada uno defiende lo suyo. Agricultura apuesta a la producción y tiene una capacidad de presión importante. Si esto fuera Alemania y los ambientalistas tuvieran sus diputados verdes el resultado habría sido otro.
Gualeguaychú volvió a cortar la ruta a Uruguay
Asambleístas de Gualeguaychú volvieron a cortar la ruta a Uruguay
Fecha de Publicación: 05/09/2010
Fuente: Ambito Financiero
Provincia/Región: Entre Ríos
Durante dos horas, unos 700 vecinos de la ciudad argentina de Gualeguaychú volvieron a cortar el puente internacional con Uruguay para reiterar sus protestas contra la pastera UPM-Botnia de Fray Bentos. Luego, también sobre la ruta 136, decidieron en asamblea realizar movilizaciones a la embajada de Uruguay, Plaza de Mayo y a Fray Ventos.
Allí, los ambientalistas resolvieron realizar una marcha a Plaza de Mayo, a la embajada de Uruguay en Buenos Aires y a la ciudad de Fray Bentos para "rechazar los dichos del canciller uruguayo, Luis Almagro, quien afirmó que es imposible desmantelar la pastera UPM (ex Botnia)", indicaron en una proclama.
Por otra parte, ratificaron su decisión de efectuar asambleas en la ruta 136 todos los domingos de septiembre
En la proclama también indicaron que "es necesario realizar un balance" de todo lo actuado en su lucha contra la pastera y "darlo a conocer a la sociedad".
La ruta 136 se mantuvo cortada durante más de tres años hasta que los asambleístas decidieron efectuar una tregua de 60 días liberando el paso hacia Uruguay, aunque ahora encaran otros métodos de protesta contra la pastera.
Fecha de Publicación: 05/09/2010
Fuente: Ambito Financiero
Provincia/Región: Entre Ríos
Durante dos horas, unos 700 vecinos de la ciudad argentina de Gualeguaychú volvieron a cortar el puente internacional con Uruguay para reiterar sus protestas contra la pastera UPM-Botnia de Fray Bentos. Luego, también sobre la ruta 136, decidieron en asamblea realizar movilizaciones a la embajada de Uruguay, Plaza de Mayo y a Fray Ventos.
Allí, los ambientalistas resolvieron realizar una marcha a Plaza de Mayo, a la embajada de Uruguay en Buenos Aires y a la ciudad de Fray Bentos para "rechazar los dichos del canciller uruguayo, Luis Almagro, quien afirmó que es imposible desmantelar la pastera UPM (ex Botnia)", indicaron en una proclama.
Por otra parte, ratificaron su decisión de efectuar asambleas en la ruta 136 todos los domingos de septiembre
En la proclama también indicaron que "es necesario realizar un balance" de todo lo actuado en su lucha contra la pastera y "darlo a conocer a la sociedad".
La ruta 136 se mantuvo cortada durante más de tres años hasta que los asambleístas decidieron efectuar una tregua de 60 días liberando el paso hacia Uruguay, aunque ahora encaran otros métodos de protesta contra la pastera.
Esta semana habría ley de glaciares
Esta semana habría ley de glaciares
Fecha de Publicación: 05/09/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El miércoles, el Senado podría aprobar el proyecto que elevó Diputados, con modificaciones. Lo apoyarían algunos legisladores kirchneristas.
Buenos Aires. El Senado puede convertir en ley el miércoles el proyecto de protección a los glaciares y al entorno que los rodea (el ambiente periglacial) en la versión corregida por la Cámara de Diputados, que agregó medidas adicionales para evitar “abusos” por parte de empresas mineras.
La iniciativa, que tuvo la oposición del oficialismo en la Cámara Baja, contaría con el respaldo de kirchneristas. Cabe recordar que la presidenta Cristina Fernández dijo que no vetará ninguna ley que salga del Parlamento.
En 2008, una ley sobre glaciales votada por unanimidad en ambas cámaras se convirtió en el primer veto total de una norma por parte de Cristina Fernández, ante la advertencia de gobernadores sobre la posibilidad de que afectara el desarrollo minero en la zona cordillerana, en particular en San Juan, Mendoza y Catamarca.
El senador oficialista Daniel Filmus, presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, introdujo modificaciones a esa iniciativa, con cambios en la distinción entre glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros.
La iniciativa fue aprobada, otra vez por unanimidad, el 22 de octubre de 2009 y girada a Diputados, donde a instancias del legislador de centro-izquierda Miguel Bonasso fueron impuestas nuevas garantías para preservar a los ríos de hielo como fuentes importantes de agua potable y restringir el uso que pudiera ser contaminante por parte de la minería.
Filmus y Bonasso, tras debates públicos, acordaron un texto unificado pero no fue del gusto del oficialismo que dirige Agustín Rossi, que votó en contra, lo que generó prevenciones en el bloque del Senado, que no reconoció el acuerdo y consultó al Ejecutivo sobre cómo seguir.
Finalmente la Presidenta, que había sido acusada de “complicidad” por participar de un encuentro y fotografiarse con los propietarios de la firma minera Barrick Gold, en su visita a Canadá, inversora en la gran minería de Argentina y Chile, decidió no pagar más costos políticos y afirmó que no vetará el texto que resulte al final del proceso.
Quizá suceda eso el miércoles próximo.
Ley de Glaciares: empresas y gremios mineros cuestionan el proyecto
Aseguran que obstaculiza su actividad. Esta semana lo debatirá el Senado.
Cámaras empresarias y el gremio de los trabajadores de la minería cuestionaron hoy en una solicitada conjunta el proyecto de protección de glaciares que debatirá esta semana el Senado al sostener que busca "obstaculizar y prohibir inexplicablemente" su actividad.
El Senado puede convertir en ley el miércoles el proyecto de protección a los glaciares y al entorno que los rodea (el ambiente periglacial) en la versión corregida por la Cámara de Diputados, que agregó medidas adicionales para evitar “abusos” por parte de empresas mineras (ver Esta semana habría ley de glaciares).
El proyecto causó la reacción de los trabajadores y empresas mineras, que señalaron en un comunicado, publicado en los principales diarios del país, que "la normativa nacional y provincial vigente ya regula la protección de estos y otros cuerpos de agua". Reafirmaron además su "compromiso con el respeto por el ambiente y con un desarrollo económico responsable".
De ese modo, la cámara y la asociación obrera de la minería se refirieron a las leyes aprobadas en los últimos cuarenta días por las Legislaturas de San Juan, Salta, La Rioja, Mendoza y Jujuy que generaron sus propias normas en medio del debate por una regulación nacional en defensa de los glaciares tras el veto de la presidenta Cristina Fernández al proyecto original.
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros y el gremio AOMA señalaron que la minería "representa el 4 por ciento del PBI nacional" y es "motor de desarrollo sustentable de varias provincias históricamente relegadas".
Pero, al opinar sobre el debate de la norma de protección de glaciares en el Senado advirtieron que "en realidad lo que busca el nuevo proyecto es obstaculizar y prohibir inexplicablemente el desarrollo de la minería".
"Si la iniciativa en Diputados fuera aprobada impediría a las provincias el aprovechamiento de recursos naturales que les pertenecen", estimaron los autores de la solicitada.
Asimismo, consideraron que "se verían afectadas otras actividades" como la construcción, el turismo y los proyectos hidrocarburíferos lo que "generaría una pérdida de empleos y oportunidades de crecimiento económico y social".
Fecha de Publicación: 05/09/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El miércoles, el Senado podría aprobar el proyecto que elevó Diputados, con modificaciones. Lo apoyarían algunos legisladores kirchneristas.
Buenos Aires. El Senado puede convertir en ley el miércoles el proyecto de protección a los glaciares y al entorno que los rodea (el ambiente periglacial) en la versión corregida por la Cámara de Diputados, que agregó medidas adicionales para evitar “abusos” por parte de empresas mineras.
La iniciativa, que tuvo la oposición del oficialismo en la Cámara Baja, contaría con el respaldo de kirchneristas. Cabe recordar que la presidenta Cristina Fernández dijo que no vetará ninguna ley que salga del Parlamento.
En 2008, una ley sobre glaciales votada por unanimidad en ambas cámaras se convirtió en el primer veto total de una norma por parte de Cristina Fernández, ante la advertencia de gobernadores sobre la posibilidad de que afectara el desarrollo minero en la zona cordillerana, en particular en San Juan, Mendoza y Catamarca.
El senador oficialista Daniel Filmus, presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, introdujo modificaciones a esa iniciativa, con cambios en la distinción entre glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros.
La iniciativa fue aprobada, otra vez por unanimidad, el 22 de octubre de 2009 y girada a Diputados, donde a instancias del legislador de centro-izquierda Miguel Bonasso fueron impuestas nuevas garantías para preservar a los ríos de hielo como fuentes importantes de agua potable y restringir el uso que pudiera ser contaminante por parte de la minería.
Filmus y Bonasso, tras debates públicos, acordaron un texto unificado pero no fue del gusto del oficialismo que dirige Agustín Rossi, que votó en contra, lo que generó prevenciones en el bloque del Senado, que no reconoció el acuerdo y consultó al Ejecutivo sobre cómo seguir.
Finalmente la Presidenta, que había sido acusada de “complicidad” por participar de un encuentro y fotografiarse con los propietarios de la firma minera Barrick Gold, en su visita a Canadá, inversora en la gran minería de Argentina y Chile, decidió no pagar más costos políticos y afirmó que no vetará el texto que resulte al final del proceso.
Quizá suceda eso el miércoles próximo.
Ley de Glaciares: empresas y gremios mineros cuestionan el proyecto
Aseguran que obstaculiza su actividad. Esta semana lo debatirá el Senado.
Cámaras empresarias y el gremio de los trabajadores de la minería cuestionaron hoy en una solicitada conjunta el proyecto de protección de glaciares que debatirá esta semana el Senado al sostener que busca "obstaculizar y prohibir inexplicablemente" su actividad.
El Senado puede convertir en ley el miércoles el proyecto de protección a los glaciares y al entorno que los rodea (el ambiente periglacial) en la versión corregida por la Cámara de Diputados, que agregó medidas adicionales para evitar “abusos” por parte de empresas mineras (ver Esta semana habría ley de glaciares).
El proyecto causó la reacción de los trabajadores y empresas mineras, que señalaron en un comunicado, publicado en los principales diarios del país, que "la normativa nacional y provincial vigente ya regula la protección de estos y otros cuerpos de agua". Reafirmaron además su "compromiso con el respeto por el ambiente y con un desarrollo económico responsable".
De ese modo, la cámara y la asociación obrera de la minería se refirieron a las leyes aprobadas en los últimos cuarenta días por las Legislaturas de San Juan, Salta, La Rioja, Mendoza y Jujuy que generaron sus propias normas en medio del debate por una regulación nacional en defensa de los glaciares tras el veto de la presidenta Cristina Fernández al proyecto original.
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros y el gremio AOMA señalaron que la minería "representa el 4 por ciento del PBI nacional" y es "motor de desarrollo sustentable de varias provincias históricamente relegadas".
Pero, al opinar sobre el debate de la norma de protección de glaciares en el Senado advirtieron que "en realidad lo que busca el nuevo proyecto es obstaculizar y prohibir inexplicablemente el desarrollo de la minería".
"Si la iniciativa en Diputados fuera aprobada impediría a las provincias el aprovechamiento de recursos naturales que les pertenecen", estimaron los autores de la solicitada.
Asimismo, consideraron que "se verían afectadas otras actividades" como la construcción, el turismo y los proyectos hidrocarburíferos lo que "generaría una pérdida de empleos y oportunidades de crecimiento económico y social".
Siguen las polémicas por Botnia
Uruguay confirmó que no muda la pastera y reavivó la polémica
Fecha de Publicación: 04/09/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos
Aunque los gobiernos de Argentina y Uruguay se vienen dando señales de que el conflicto político por las pasteras está completamente terminado, el canciller oriental, Luis Almagro, dijo ayer que mudar la planta de UPM de Fray Bentos era para su país “impracticable” y le pidió a los asambleístas de Entre Ríos “esperar los resultados de los monitoreos” que empezarán hacer un grupo de científicos de ambos países por todos los establecimientos del binacional Río Uruguay.
“Es impracticable desmantelar esa inversión y trasladarla a otro lado, no existe en el mundo de la realidad”, dijo Almagro a Radio 10 y recordó además que la Argentina y su país se habían “comprometido” en el monitoreo y también “en el libre tránsito de personas y mercaderías”, lo que más pedían siempre los uruguayos en torno a los cortes fronterizos.
El mensaje de Almagro iba dirigido a los asambleístas, que siguen pidiendo la relocalización del gigantesco productor de pasta de celulosa. Pero también le apuntó a la Rosada, que hasta el 20 abril pasado pedía lo mismo que los entrerrianos. Pero ese día la Corte Internacional de Justicia de La Haya determinó que el país vecino había violado el estatuto del Río Uruguay al tiempo que evitó pedir el desmantelamiento de la planta.
A pesar de sus acuerdos con el presidente uruguayo José Mujica, Cristina camina sobre una cornisa ante el fantasma del irresuelto conflicto con los ambientalistas de Gualeguaychú, que mañana volverán a la ruta . Allí estarán cada domingo de setiembre. A favor, el Gobierno tiene el desgaste de la protesta ante la opinión pública. El jueves, el canciller Héctor Timerman tildó a los asambleístas de “protestadores constantes” ( sic ) y dijo que eran un grupo reducido.
A diferencia de lo que sostiene el Gobierno, el problema no parece resuelto. Martín Alazard, referente de los asambleístas, le respondió a Timerman que “la ciudadanía de Gualeguaychú hace muchos años que está movilizada ”.
Los asambleístas tampoco escatiman críticas hacia Timerman. Cuentan que aquel 4 de agosto cuando los recibió en la Cancillería para darles cientos de carpetas -que aún dicen no entender - con el caso judicial de las pasteras, les prometió una visita a Gualeguaychú. Y comprometió también la presencia allí de la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti -cabeza argentina durante el juicio contra Uruguay en La Haya- y la del ecólogo Juan Carlos Colombo, uno de los científicos argentinos que harán ahora los controles a todos los establecimientos que dan al Río Uruguay, empezando por Botnia. Colombo también integró el equipo legal argentino durante el juicio en La Haya, por lo que funcionarios uruguayos deslizaron ya sus críticas en forma anónima a través de la prensa vecina.
De todas maneras, el Gobierno parece decidido a no prestarle más la atención que en el pasado le dispensaba a los asambleístas. La estrategia es claramente la de mantener encapsulado el caso en su judicialización.
Esta semana, Timerman le respondió a una de sus seguidoras de Twitter –a Clarín ya ni siquiera devuelve el llamado– que el corte del puente en Gualeguaychú “no es un tema de Cancillería” , sino “del juez y las autoridades competentes”, posiblemente su colega de Justicia, Julio Alak.
Y en el Gobierno, sabe este diario, no hay ánimo de acompañar a los ambientalistas en otra presentación judicial como buscan ahora en un tribunal internacional distinto al de La Haya.
Idas y vueltas entre las dos orillas
1 - El 28 de julio Cristina Kirchner y José Mujica acordaron un monitoreo conjunto del Río Uruguay, empezando por Botnia y en el marco de a CARU. El comité lo integrarán dos científicos uruguayos y dos argentinos.
2 - Los asambleistas entrerrianos manifestaron su desacuerdo, argumentando desconocer los detalles. Timerman los recibió el 4 de agosto en la Cancillería y les entregó carpetas con el caso presentado en La Haya.
3 - Según los ambientalistas, Timerman les prometió ir a Gualeguaychú con el equipo legal de la Cancillería y no cumplió. El Gobierno ahora busca aislarlos a través del avance de a querella judicial que presentó en su contra.
4 - El 19 de agosto venció la tregua de 60 días que dieron los asambleistas y decidieron volver al corte de la ruta 136 en Gualeguaychú. Por ahora, será sólo unas horas, los domingos de setiembre.
Fecha de Publicación: 04/09/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos
Aunque los gobiernos de Argentina y Uruguay se vienen dando señales de que el conflicto político por las pasteras está completamente terminado, el canciller oriental, Luis Almagro, dijo ayer que mudar la planta de UPM de Fray Bentos era para su país “impracticable” y le pidió a los asambleístas de Entre Ríos “esperar los resultados de los monitoreos” que empezarán hacer un grupo de científicos de ambos países por todos los establecimientos del binacional Río Uruguay.
“Es impracticable desmantelar esa inversión y trasladarla a otro lado, no existe en el mundo de la realidad”, dijo Almagro a Radio 10 y recordó además que la Argentina y su país se habían “comprometido” en el monitoreo y también “en el libre tránsito de personas y mercaderías”, lo que más pedían siempre los uruguayos en torno a los cortes fronterizos.
El mensaje de Almagro iba dirigido a los asambleístas, que siguen pidiendo la relocalización del gigantesco productor de pasta de celulosa. Pero también le apuntó a la Rosada, que hasta el 20 abril pasado pedía lo mismo que los entrerrianos. Pero ese día la Corte Internacional de Justicia de La Haya determinó que el país vecino había violado el estatuto del Río Uruguay al tiempo que evitó pedir el desmantelamiento de la planta.
A pesar de sus acuerdos con el presidente uruguayo José Mujica, Cristina camina sobre una cornisa ante el fantasma del irresuelto conflicto con los ambientalistas de Gualeguaychú, que mañana volverán a la ruta . Allí estarán cada domingo de setiembre. A favor, el Gobierno tiene el desgaste de la protesta ante la opinión pública. El jueves, el canciller Héctor Timerman tildó a los asambleístas de “protestadores constantes” ( sic ) y dijo que eran un grupo reducido.
A diferencia de lo que sostiene el Gobierno, el problema no parece resuelto. Martín Alazard, referente de los asambleístas, le respondió a Timerman que “la ciudadanía de Gualeguaychú hace muchos años que está movilizada ”.
Los asambleístas tampoco escatiman críticas hacia Timerman. Cuentan que aquel 4 de agosto cuando los recibió en la Cancillería para darles cientos de carpetas -que aún dicen no entender - con el caso judicial de las pasteras, les prometió una visita a Gualeguaychú. Y comprometió también la presencia allí de la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti -cabeza argentina durante el juicio contra Uruguay en La Haya- y la del ecólogo Juan Carlos Colombo, uno de los científicos argentinos que harán ahora los controles a todos los establecimientos que dan al Río Uruguay, empezando por Botnia. Colombo también integró el equipo legal argentino durante el juicio en La Haya, por lo que funcionarios uruguayos deslizaron ya sus críticas en forma anónima a través de la prensa vecina.
De todas maneras, el Gobierno parece decidido a no prestarle más la atención que en el pasado le dispensaba a los asambleístas. La estrategia es claramente la de mantener encapsulado el caso en su judicialización.
Esta semana, Timerman le respondió a una de sus seguidoras de Twitter –a Clarín ya ni siquiera devuelve el llamado– que el corte del puente en Gualeguaychú “no es un tema de Cancillería” , sino “del juez y las autoridades competentes”, posiblemente su colega de Justicia, Julio Alak.
Y en el Gobierno, sabe este diario, no hay ánimo de acompañar a los ambientalistas en otra presentación judicial como buscan ahora en un tribunal internacional distinto al de La Haya.
Idas y vueltas entre las dos orillas
1 - El 28 de julio Cristina Kirchner y José Mujica acordaron un monitoreo conjunto del Río Uruguay, empezando por Botnia y en el marco de a CARU. El comité lo integrarán dos científicos uruguayos y dos argentinos.
2 - Los asambleistas entrerrianos manifestaron su desacuerdo, argumentando desconocer los detalles. Timerman los recibió el 4 de agosto en la Cancillería y les entregó carpetas con el caso presentado en La Haya.
3 - Según los ambientalistas, Timerman les prometió ir a Gualeguaychú con el equipo legal de la Cancillería y no cumplió. El Gobierno ahora busca aislarlos a través del avance de a querella judicial que presentó en su contra.
4 - El 19 de agosto venció la tregua de 60 días que dieron los asambleistas y decidieron volver al corte de la ruta 136 en Gualeguaychú. Por ahora, será sólo unas horas, los domingos de setiembre.
Dique para frenar la inundación en Ayuí Grande
Dique para frenar la inundación en Ayuí Grande
Fecha de Publicación: 03/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Corrientes
Aníbal Fernández explicó que buscan detener los trabajos hasta tener información sobre el impacto ambiental del proyecto. “No me guío por chusmeríos”, respondió al ser consultado sobre la participación de un directivo del Grupo Clarín en el emprendimiento.
El Gobierno decidió interponer ante la Corte Suprema de la Nación un recurso de amparo para que se dicte “una medida cautelar de no innovar” con respecto al proyecto de represa de Ayuí Grande, que pretende inundar unas ocho mil hectáreas en Corrientes para un emprendimiento arrocero. La presentación apunta a detener las obras hasta tanto no se hayan llevado a cabo los estudios de impacto ambiental del proyecto que afectará una superficie equivalente a la mitad de la ciudad de Buenos Aires. “Hemos tomado esta decisión para paralizar cualquier obra que se haya comenzado, hasta poder contar con la información que nos permita evaluar los alcances del emprendimiento”, explicó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, al anunciar la decisión. Consultado por la relación de uno de los directivos del Grupo Clarín con este emprendimiento, el funcionario negó tener esa información. “Aunque algunos lo afirman, no me guío por chusmeríos”, respondió.
“La decisión se fundamentó en dos puntos: el daño ambiental irreversible y el daño ecológico y la necesidad de garantizar el cumplimiento de los deberes autoimpuestos por la Argentina al firmar el acuerdo del Río Uruguay”, explicó Fernández, que también destacó que “Corrientes nunca ha presentado los estudios respectivos”, a pesar de que el gobierno nacional lo solicitó en tres ocasiones. “Esa omisión por parte de la provincia debe cesar. Así lo impone la Constitución. Debemos hacer las evaluaciones del caso. Debemos tener las garantías de que no habrá complicaciones”, insistió, ya que “el impacto ambiental de la obra puede ser muy negativo para Corrientes”.
Ayuí Grande es el nombre que lleva el proyecto de construir una represa sobre el caudaloso arroyo homónimo (los locales lo llaman río), que nace en las faldas de las sierras Cuchilla Grande, en la provincia de Entre Ríos, y desemboca en el río Uruguay, tras recorrer los departamentos correntinos de Mercedes, Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá y Monte Caseros, siempre cercano a los Esteros del Iberá. La iniciativa inundará unas ocho mil hectáreas de la provincia de Corrientes, equivalentes a la mitad de la superficie de la ciudad de Buenos Aires, con la finalidad de establecer un gigantesco campo de cultivo de arroz. La inversión correría por cuenta de, entre otras, las empresas Copra SA (vinculada con el directivo del Grupo Clarín José Aranda y dueña de uno de los arrozales más grandes del país, en el departamento de Mercedes) y Adeco Agro (propiedad del magnate húngaro George Soros).
“Pretendemos una medida de no innovar hasta que terminen todos los estudios. El Gobierno procura que se haga entrega de todos los antecedentes, que deben ser analizados por los técnicos gubernamentales en medio ambiente”, expuso Fernández. “Se procura inundar miles de hectáreas, lo que afectaría el medio ambiente, y correríamos riesgos internacionales –agregó el jefe de Gabinete, en referencia al Estatuto Bilateral del Río Uruguay–. No se trata de ningún problema interno. La obra, de 77 mil hectáreas y ocho mil inundadas, provocará un grave impacto ambiental. No tenemos información adecuada y es lo que requerimos para realizar el respectivo estudio”, justificó la decisión.
El funcionario recordó que a pesar de que “el gobierno correntino permitió el inicio de las obras de Ayuí Grande en ambas márgenes del arroyo”, las autoridades locales “nunca han aportado la información adecuada de la obra” para que sea sometida al escrutinio que establecen las leyes federales en la materia. “Nuestra responsabilidad es velar por los presupuestos mínimos de protección ambiental pero, al mismo tiempo, debemos cumplimentar la ley de conservación y aprovechamiento de los bosques nativos”, completó.
“De ser como creemos, porque carecemos de los datos mínimos, el impacto que va a producir es muy grande, lo que estamos pretendiendo es conocer toda la información de lo que pretenden hacer, lo pedimos por todos los medios y hasta ahora no lo obtuvimos”, precisó, antes de recordar que “la información fue solicitada tres veces”, sin una respuesta satisfactoria. Aunque no es la primera represa de la zona, sí sería la primera de esta magnitud que se realizaría para beneficio de un emprendimiento privado y no por iniciativa y para provecho estatal.
El proyecto fue aprobado por el ex gobernador Arturo Colombi mediante un decreto que firmó poco antes de dejar su cargo y refrendado por su primo y sucesor, Ricardo Colombi, a través de una ley aprobada por el Parlamento correntino aunque denunciada por inconstitucional por organizaciones ecologistas y vecinos.
Fecha de Publicación: 03/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Corrientes
Aníbal Fernández explicó que buscan detener los trabajos hasta tener información sobre el impacto ambiental del proyecto. “No me guío por chusmeríos”, respondió al ser consultado sobre la participación de un directivo del Grupo Clarín en el emprendimiento.
El Gobierno decidió interponer ante la Corte Suprema de la Nación un recurso de amparo para que se dicte “una medida cautelar de no innovar” con respecto al proyecto de represa de Ayuí Grande, que pretende inundar unas ocho mil hectáreas en Corrientes para un emprendimiento arrocero. La presentación apunta a detener las obras hasta tanto no se hayan llevado a cabo los estudios de impacto ambiental del proyecto que afectará una superficie equivalente a la mitad de la ciudad de Buenos Aires. “Hemos tomado esta decisión para paralizar cualquier obra que se haya comenzado, hasta poder contar con la información que nos permita evaluar los alcances del emprendimiento”, explicó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, al anunciar la decisión. Consultado por la relación de uno de los directivos del Grupo Clarín con este emprendimiento, el funcionario negó tener esa información. “Aunque algunos lo afirman, no me guío por chusmeríos”, respondió.
“La decisión se fundamentó en dos puntos: el daño ambiental irreversible y el daño ecológico y la necesidad de garantizar el cumplimiento de los deberes autoimpuestos por la Argentina al firmar el acuerdo del Río Uruguay”, explicó Fernández, que también destacó que “Corrientes nunca ha presentado los estudios respectivos”, a pesar de que el gobierno nacional lo solicitó en tres ocasiones. “Esa omisión por parte de la provincia debe cesar. Así lo impone la Constitución. Debemos hacer las evaluaciones del caso. Debemos tener las garantías de que no habrá complicaciones”, insistió, ya que “el impacto ambiental de la obra puede ser muy negativo para Corrientes”.
Ayuí Grande es el nombre que lleva el proyecto de construir una represa sobre el caudaloso arroyo homónimo (los locales lo llaman río), que nace en las faldas de las sierras Cuchilla Grande, en la provincia de Entre Ríos, y desemboca en el río Uruguay, tras recorrer los departamentos correntinos de Mercedes, Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá y Monte Caseros, siempre cercano a los Esteros del Iberá. La iniciativa inundará unas ocho mil hectáreas de la provincia de Corrientes, equivalentes a la mitad de la superficie de la ciudad de Buenos Aires, con la finalidad de establecer un gigantesco campo de cultivo de arroz. La inversión correría por cuenta de, entre otras, las empresas Copra SA (vinculada con el directivo del Grupo Clarín José Aranda y dueña de uno de los arrozales más grandes del país, en el departamento de Mercedes) y Adeco Agro (propiedad del magnate húngaro George Soros).
“Pretendemos una medida de no innovar hasta que terminen todos los estudios. El Gobierno procura que se haga entrega de todos los antecedentes, que deben ser analizados por los técnicos gubernamentales en medio ambiente”, expuso Fernández. “Se procura inundar miles de hectáreas, lo que afectaría el medio ambiente, y correríamos riesgos internacionales –agregó el jefe de Gabinete, en referencia al Estatuto Bilateral del Río Uruguay–. No se trata de ningún problema interno. La obra, de 77 mil hectáreas y ocho mil inundadas, provocará un grave impacto ambiental. No tenemos información adecuada y es lo que requerimos para realizar el respectivo estudio”, justificó la decisión.
El funcionario recordó que a pesar de que “el gobierno correntino permitió el inicio de las obras de Ayuí Grande en ambas márgenes del arroyo”, las autoridades locales “nunca han aportado la información adecuada de la obra” para que sea sometida al escrutinio que establecen las leyes federales en la materia. “Nuestra responsabilidad es velar por los presupuestos mínimos de protección ambiental pero, al mismo tiempo, debemos cumplimentar la ley de conservación y aprovechamiento de los bosques nativos”, completó.
“De ser como creemos, porque carecemos de los datos mínimos, el impacto que va a producir es muy grande, lo que estamos pretendiendo es conocer toda la información de lo que pretenden hacer, lo pedimos por todos los medios y hasta ahora no lo obtuvimos”, precisó, antes de recordar que “la información fue solicitada tres veces”, sin una respuesta satisfactoria. Aunque no es la primera represa de la zona, sí sería la primera de esta magnitud que se realizaría para beneficio de un emprendimiento privado y no por iniciativa y para provecho estatal.
El proyecto fue aprobado por el ex gobernador Arturo Colombi mediante un decreto que firmó poco antes de dejar su cargo y refrendado por su primo y sucesor, Ricardo Colombi, a través de una ley aprobada por el Parlamento correntino aunque denunciada por inconstitucional por organizaciones ecologistas y vecinos.
Se demora la Ley de Bosques en Catamarca
Bosques: vuelve a demorarse el tratamiento en Diputados
Fecha de Publicación: 03/09/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
El tratamiento de la Ley de Bosques volvió a postergarse, luego de que la Comisión de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados decidiera mandar un cuestionario a la Subsecretaría del Ambiente, para que informe si introdujo los cambios sugeridos por distintos sectores al mapa que delimita las zonas boscosas que serán preservadas.
Así lo informó la titular de la Comisión, Amalia Buenader, quien comentó que una vez que se tenga la respuesta del organismo a cargo de la cordobesa Nora Martínez se invitará nuevamente a distintas entidades profesionales para que analicen si se hizo caso a sus aportes al Ordenamiento Territorial que prevé la norma.
Se esperaba que ayer hubiera despacho de comisión, de manera que el proyecto que ya tiene media sanción del Senado bajara al recinto para su debate en la próxima sesión ordinaria.
Ahora habrá que esperar hasta que Martínez conteste el cuestionario y se produzca el análisis posterior.
La diputada Buenader, no obstante, señaló que se está en la recta final del largo estudio en Comisión, y que se pretende depurar la normativa lo más posible para evitar posteriores rectificaciones.
La Ley de Bosques es reclamada especialmente por sectores productivos, y tuvo varias críticas, no sólo por las demoras, sino también por el trabajo que realizó el área de Ambiente.
Fecha de Publicación: 03/09/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
El tratamiento de la Ley de Bosques volvió a postergarse, luego de que la Comisión de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados decidiera mandar un cuestionario a la Subsecretaría del Ambiente, para que informe si introdujo los cambios sugeridos por distintos sectores al mapa que delimita las zonas boscosas que serán preservadas.
Así lo informó la titular de la Comisión, Amalia Buenader, quien comentó que una vez que se tenga la respuesta del organismo a cargo de la cordobesa Nora Martínez se invitará nuevamente a distintas entidades profesionales para que analicen si se hizo caso a sus aportes al Ordenamiento Territorial que prevé la norma.
Se esperaba que ayer hubiera despacho de comisión, de manera que el proyecto que ya tiene media sanción del Senado bajara al recinto para su debate en la próxima sesión ordinaria.
Ahora habrá que esperar hasta que Martínez conteste el cuestionario y se produzca el análisis posterior.
La diputada Buenader, no obstante, señaló que se está en la recta final del largo estudio en Comisión, y que se pretende depurar la normativa lo más posible para evitar posteriores rectificaciones.
La Ley de Bosques es reclamada especialmente por sectores productivos, y tuvo varias críticas, no sólo por las demoras, sino también por el trabajo que realizó el área de Ambiente.
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Acumar: se pusieron a trabajar
Scioli y Bibiloni avanzaron con 14 intendentes por trabajo en Cuenca Matanza-Riachuelo
Fecha de Publicación: 02/09/2010
Fuente: Agencia Nova
Provincia/Región: Buenos Aires - Nacional
El gobernador Daniel Scioli; el Jefe de Gabinete, Alberto Pérez; el secretario de Medio Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, y los 14 intendentes de la Cuenca Matanza Riachuelo, repasaron los avances realizados para el saneamiento y mejora ambiental de la región.
Al finalizar el encuentro, el gobernador Scioli sostuvo que “luego de décadas de desinversión e improvisación se ha puesto un punto de inflexión y un cambio de tendencias. Este es un trabajo y un compromiso en conjunto con el gobierno nacional y los gobiernos municipales para el desarrollo sustentable de la cuenca”.
Por su parte, Homero Bibiloni destacó que “estas acciones se ejecutan para mejorar no sólo la calidad ambiental si no también la calidad de vida de los vecinos que habitan en los márgenes de la cuenca”.
En la reunión se detallaron los trabajos en el ámbito de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), limpieza de márgenes y cursos de agua, ampliación de redes de agua y cloaca y la construcción de 10 mil viviendas para la relocalización de las familias que viven en la zona.
Durante el encuentro, además, se destacó la liberación del camino de sirga en las localidades de Lanús, Avellaneda y Lomas de Zamora; la remoción de 70 mil toneladas de residuos peligrosos, el control de los desechos industriales y empadronamiento de las industrias, con el objetivo de preservar las fuentes de trabajo y la calidad ambiental.
De la reunión participaron miembros del gabinete provincial y los intendentes de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón y San Vicente.
Fecha de Publicación: 02/09/2010
Fuente: Agencia Nova
Provincia/Región: Buenos Aires - Nacional
El gobernador Daniel Scioli; el Jefe de Gabinete, Alberto Pérez; el secretario de Medio Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, y los 14 intendentes de la Cuenca Matanza Riachuelo, repasaron los avances realizados para el saneamiento y mejora ambiental de la región.
Al finalizar el encuentro, el gobernador Scioli sostuvo que “luego de décadas de desinversión e improvisación se ha puesto un punto de inflexión y un cambio de tendencias. Este es un trabajo y un compromiso en conjunto con el gobierno nacional y los gobiernos municipales para el desarrollo sustentable de la cuenca”.
Por su parte, Homero Bibiloni destacó que “estas acciones se ejecutan para mejorar no sólo la calidad ambiental si no también la calidad de vida de los vecinos que habitan en los márgenes de la cuenca”.
En la reunión se detallaron los trabajos en el ámbito de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), limpieza de márgenes y cursos de agua, ampliación de redes de agua y cloaca y la construcción de 10 mil viviendas para la relocalización de las familias que viven en la zona.
Durante el encuentro, además, se destacó la liberación del camino de sirga en las localidades de Lanús, Avellaneda y Lomas de Zamora; la remoción de 70 mil toneladas de residuos peligrosos, el control de los desechos industriales y empadronamiento de las industrias, con el objetivo de preservar las fuentes de trabajo y la calidad ambiental.
De la reunión participaron miembros del gabinete provincial y los intendentes de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón y San Vicente.
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Arrocera: quejas del productor
Eduardo Meichtry: “Todo lo que nos hicieron es injusto”
Fecha de Publicación: 02/09/2010
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Así lo asegura el dueño de las explotaciones cuestionadas en las denuncias por contaminación ambiental y humana que obligaron a paralizar las fumigaciones durante 90 días, con un escándalo policial de por medio.
Diario Norte, a través de sus enviados especiales, señala que la frase corta, pero contundente, pertenece a Eduardo Meichtry, dueño de las arroceras San Carlos y Cancha Larga ubicadas en Las Palmas y La Leonesa, dos poblados tan cercanos geográficamente como unidos
Por primera vez desde la agudización del conflicto, el empresario entrerriano contó su verdad y defendió las prácticas agrícolas.
Además, habló del proyecto para construir un muelle propio sobre el río Paraguay, a fin de dar salida directa a la producción de arroz. Sin embargo advirtió que la empresa “no tiene posibilidades de subsistir” sin realizar una campaña y, por tanto, peligra la continuidad de las fuentes laborales.
Con visión estratégica, Eduardo Meichtry asegura que el futuro “gran polo arrocero” se desarrollará entre las provincias de Chaco y Formosa, sobre los ríos Paraguay y Bermejo, dos vías navegables inmejorables para sacar la producción a bajos costos.
“Este es el lugar lógico para manejar el arroz”, subraya. Sin embargo, el proyecto - por ahora - está interrumpido. Es que, a pocos días de la fecha óptima para iniciar la siembra de arroz en el país, todavía rige la veda para las fumigaciones sobre las dos principales explotaciones de la provincia, que concentran el 50 por ciento de la producción de arroz que sale del Chaco.
“Imaginarse hoy una producción sin agroquímicos sería lo mismo que imaginar la medicina sin remedios”, compara el empresario arrocero en una extensa charla. En su casa, ubicada en las afueras de La Leonesa, y acompañado por su familia, Meichtry aceptó el diálogo y cuestionó duramente las denuncias del grupo de vecinos porque aseguró que no existen pruebas contundentes del incremento de casos de cáncer y malformaciones, o de la contaminación ambiental que le imputan.
También el dueño de las arroceras habló de la medida cautelar que le impide fumigar y que podría “caer” en estos días si la justicia acepta los resultados del estudio de impacto ambiental presentado hace tiempo por las empresas. Sin embargo, fue cauto y prefirió no entusiasmarse con la posible caducidad de la prohibición. “Si se llegó a esta situación también puede seguir porque indudablemente esto no pasa por criterios científicos de investigación, sino que va por otros andariveles”, enfatiza.
La prohibición
La medida cautelar dictada el pasado 29 de abril por el Juzgado Civil y Comercial 14 de Resistencia ordenó suspender las fumigaciones aéreas con agroquímicos en las arroceras San Carlos SRL y Cancha Larga S.A., ambas del Departamento Bermejo. La disposición tendrá vigencia hasta tanto se realice un estudio de impacto ambiental que deberán presentar ambos establecimientos en un plazo máximo de 90 días. Cumplida la exigencia, la justicia deberá definir ahora si caduca o no la medida cautelar.
“No tenemos la seguridad de que la medida cautelar caiga. Pero como los tiempos corren, lo que hicimos hasta ahora fue preparar los lotes para el cultivo. Tenemos todo el sistema de riego en condiciones, pero hasta que la medida no se defina no podemos hacer absolutamente nada”, sostiene en un tono monocorde y pausado que, si bien denota tranquilidad, también deja ver preocupación e incertidumbre.
A la hora de analizar el impacto de la medida judicial, el empresario explica que no sólo impide la siembra en la zona cercana a los pueblos, sino que va hasta una distancia de 8 a 10 kilómetros de la zona urbana. “Nos anula totalmente la posibilidad de trabajar”, remarca. Y lamenta que en este panorama y con la prohibición de realizar el tratamiento necesario con agroquímicos de nada sirven las buenas perspectivas del mercado arrocero mundial.
“En estos últimos años el cultivo anduvo bien y hay problemas de producción en Asia que se están reflejando en los demás mercados, pero todo esto no sirve si nosotros no tenemos resuelto este problema”, argumenta. “Ni siquiera podemos intentar una siembra si no tenemos la seguridad de poder proteger el cultivo de plagas y malezas”, agrega.
Sin razones ni pruebas
“La incertidumbre que tenemos es porque todo esto llegó sin una razón valedera. De todo lo que se dijo no hay ninguna prueba: ni de contaminación de agua y suelos, ni de enfermedades en la población”, subraya Meichtry. Así, tras remarcar que la medida cautelar interpuesta por los vecinos fue aceptada por la justicia a pesar de no existir certezas, recuerda que sus emprendimientos tienen el apoyo de múltiples organismos públicos como Sanidad Vegetal, la Administración Provincial del Agua, la Subsecretaría de Medio Ambiente y de los cuatro intendentes de las localidades del departamento Bermejo.
Sin embargo, pese a ese respaldo político local y provincial que él propio admite y valora, Meichtry lamenta que la justicia chaqueña dio curso a la medida. “Por sentido común esto no debería estar pasando, pero es una realidad. Entonces, con el mismo criterio, si se llegó a esta situación también puede seguir porque indudablemente esto no pasa por criterios científicos de investigación, sino que va por otros andariveles que nosotros no estamos en condiciones de evaluar”, afirma.
“En los últimos años tuvimos el apoyo de los dos últimos gobiernos radicales y del actual, que lo manifestó en varias oportunidades. Tenemos además un trabajo con el INTA de investigación en arroz en nuestros campos, que tiene más de 10 años”, expone.
Y enseguida reafirma: “Demostramos a través de un trabajo de impacto ambiental serio, del que participaron varias universidades, que nuestra actividad es sustentable en términos abióticos y bióticos, y que no estamos provocando daños en el medioambiente”.
Sin presión social
Si bien los últimos tiempos no fueron fáciles, Meichtry asegura que en ninguna de las localidades del departamento Bermejo existe presión social ni resistencia a los emprendimientos arroceros.
“Hay sólo un grupo de personas que está en este tema por distintos motivos: por intereses económicos o por internas políticas. Pero nosotros no sentimos para nada un rechazo de la población hacia nuestra actividad”, afirma finalmente.
Fecha de Publicación: 02/09/2010
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Así lo asegura el dueño de las explotaciones cuestionadas en las denuncias por contaminación ambiental y humana que obligaron a paralizar las fumigaciones durante 90 días, con un escándalo policial de por medio.
Diario Norte, a través de sus enviados especiales, señala que la frase corta, pero contundente, pertenece a Eduardo Meichtry, dueño de las arroceras San Carlos y Cancha Larga ubicadas en Las Palmas y La Leonesa, dos poblados tan cercanos geográficamente como unidos
Por primera vez desde la agudización del conflicto, el empresario entrerriano contó su verdad y defendió las prácticas agrícolas.
Además, habló del proyecto para construir un muelle propio sobre el río Paraguay, a fin de dar salida directa a la producción de arroz. Sin embargo advirtió que la empresa “no tiene posibilidades de subsistir” sin realizar una campaña y, por tanto, peligra la continuidad de las fuentes laborales.
Con visión estratégica, Eduardo Meichtry asegura que el futuro “gran polo arrocero” se desarrollará entre las provincias de Chaco y Formosa, sobre los ríos Paraguay y Bermejo, dos vías navegables inmejorables para sacar la producción a bajos costos.
“Este es el lugar lógico para manejar el arroz”, subraya. Sin embargo, el proyecto - por ahora - está interrumpido. Es que, a pocos días de la fecha óptima para iniciar la siembra de arroz en el país, todavía rige la veda para las fumigaciones sobre las dos principales explotaciones de la provincia, que concentran el 50 por ciento de la producción de arroz que sale del Chaco.
“Imaginarse hoy una producción sin agroquímicos sería lo mismo que imaginar la medicina sin remedios”, compara el empresario arrocero en una extensa charla. En su casa, ubicada en las afueras de La Leonesa, y acompañado por su familia, Meichtry aceptó el diálogo y cuestionó duramente las denuncias del grupo de vecinos porque aseguró que no existen pruebas contundentes del incremento de casos de cáncer y malformaciones, o de la contaminación ambiental que le imputan.
También el dueño de las arroceras habló de la medida cautelar que le impide fumigar y que podría “caer” en estos días si la justicia acepta los resultados del estudio de impacto ambiental presentado hace tiempo por las empresas. Sin embargo, fue cauto y prefirió no entusiasmarse con la posible caducidad de la prohibición. “Si se llegó a esta situación también puede seguir porque indudablemente esto no pasa por criterios científicos de investigación, sino que va por otros andariveles”, enfatiza.
La prohibición
La medida cautelar dictada el pasado 29 de abril por el Juzgado Civil y Comercial 14 de Resistencia ordenó suspender las fumigaciones aéreas con agroquímicos en las arroceras San Carlos SRL y Cancha Larga S.A., ambas del Departamento Bermejo. La disposición tendrá vigencia hasta tanto se realice un estudio de impacto ambiental que deberán presentar ambos establecimientos en un plazo máximo de 90 días. Cumplida la exigencia, la justicia deberá definir ahora si caduca o no la medida cautelar.
“No tenemos la seguridad de que la medida cautelar caiga. Pero como los tiempos corren, lo que hicimos hasta ahora fue preparar los lotes para el cultivo. Tenemos todo el sistema de riego en condiciones, pero hasta que la medida no se defina no podemos hacer absolutamente nada”, sostiene en un tono monocorde y pausado que, si bien denota tranquilidad, también deja ver preocupación e incertidumbre.
A la hora de analizar el impacto de la medida judicial, el empresario explica que no sólo impide la siembra en la zona cercana a los pueblos, sino que va hasta una distancia de 8 a 10 kilómetros de la zona urbana. “Nos anula totalmente la posibilidad de trabajar”, remarca. Y lamenta que en este panorama y con la prohibición de realizar el tratamiento necesario con agroquímicos de nada sirven las buenas perspectivas del mercado arrocero mundial.
“En estos últimos años el cultivo anduvo bien y hay problemas de producción en Asia que se están reflejando en los demás mercados, pero todo esto no sirve si nosotros no tenemos resuelto este problema”, argumenta. “Ni siquiera podemos intentar una siembra si no tenemos la seguridad de poder proteger el cultivo de plagas y malezas”, agrega.
Sin razones ni pruebas
“La incertidumbre que tenemos es porque todo esto llegó sin una razón valedera. De todo lo que se dijo no hay ninguna prueba: ni de contaminación de agua y suelos, ni de enfermedades en la población”, subraya Meichtry. Así, tras remarcar que la medida cautelar interpuesta por los vecinos fue aceptada por la justicia a pesar de no existir certezas, recuerda que sus emprendimientos tienen el apoyo de múltiples organismos públicos como Sanidad Vegetal, la Administración Provincial del Agua, la Subsecretaría de Medio Ambiente y de los cuatro intendentes de las localidades del departamento Bermejo.
Sin embargo, pese a ese respaldo político local y provincial que él propio admite y valora, Meichtry lamenta que la justicia chaqueña dio curso a la medida. “Por sentido común esto no debería estar pasando, pero es una realidad. Entonces, con el mismo criterio, si se llegó a esta situación también puede seguir porque indudablemente esto no pasa por criterios científicos de investigación, sino que va por otros andariveles que nosotros no estamos en condiciones de evaluar”, afirma.
“En los últimos años tuvimos el apoyo de los dos últimos gobiernos radicales y del actual, que lo manifestó en varias oportunidades. Tenemos además un trabajo con el INTA de investigación en arroz en nuestros campos, que tiene más de 10 años”, expone.
Y enseguida reafirma: “Demostramos a través de un trabajo de impacto ambiental serio, del que participaron varias universidades, que nuestra actividad es sustentable en términos abióticos y bióticos, y que no estamos provocando daños en el medioambiente”.
Sin presión social
Si bien los últimos tiempos no fueron fáciles, Meichtry asegura que en ninguna de las localidades del departamento Bermejo existe presión social ni resistencia a los emprendimientos arroceros.
“Hay sólo un grupo de personas que está en este tema por distintos motivos: por intereses económicos o por internas políticas. Pero nosotros no sentimos para nada un rechazo de la población hacia nuestra actividad”, afirma finalmente.
Bibiloni multado por no cumplir órdenes judiciales
Limpieza del Riachuelo: multan a un funcionario
Fecha de Publicación: 01/09/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
El Riachuelo y su tantas veces prometido saneamiento sigue siendo ignorado o al menos incumplido por quienes deberían encargarse. Desde la polifuncionaria memenista embargada Maria Julia Alsogaray con su irrisoria promesa de los “1.000 días para limpiar el Riachuelo”, hasta la gestión del actual secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, no parece haber cambiado el estilo o interés por la solución de la contaminación.
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable y a la vez titular de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), Homero Bibiloni, deberá pagar a partir de hoy $ 4.000 diarios por no cumplir objetivos puntuales del plan de saneamiento del área, ordenado por la Corte Suprema de justicia en un fallo dictado en julio de 2008.
La medida fue dispuesta por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, luego de lo ordenado 20 días atrás por el máximo tribunal que consideró “incumplimientos injustificados” los atrasos en la limpieza de la zona.
En su fallo, Armella sostuvo que la sanción se mantendrá hasta “hasta tanto el funcionario cumpla lo ordenado” por la Justicia.
Los $ 4.000 no corresponden a una sola multa ni atañe sólo a la mera limpieza de las aguas, sino que es la suma de cuatro incumplimientos que costarán a partir de hoy $ 1.000 cada uno. El reclamo es por la implementación de un sistema internacional de medición, un mecanismo de información pública, las pautas fijadas sobre contaminación de origen industrial y saneamiento de basurales, objetivos que según la Corte aún no fueron implementados.
En cuanto al tema específico de los basurales, el magistrado intimó a los 14 intendentes de los municipios bonaerenses de la cuenca: Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón y San Vicente.
A su vez, como la ACUMAR tiene un consejo directivo integrado por Nación, Provincia y Ciudad, el juez intimó también al ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Diego Santilli; el jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, y el presidente de la CEAMSE, Raúl Felipe de Elizalde a que“cumplan con el objetivo fijado, bajo apercibimiento de ser sancionados con una multa diaria de $ 1.000”.
Fecha de Publicación: 01/09/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
El Riachuelo y su tantas veces prometido saneamiento sigue siendo ignorado o al menos incumplido por quienes deberían encargarse. Desde la polifuncionaria memenista embargada Maria Julia Alsogaray con su irrisoria promesa de los “1.000 días para limpiar el Riachuelo”, hasta la gestión del actual secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, no parece haber cambiado el estilo o interés por la solución de la contaminación.
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable y a la vez titular de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), Homero Bibiloni, deberá pagar a partir de hoy $ 4.000 diarios por no cumplir objetivos puntuales del plan de saneamiento del área, ordenado por la Corte Suprema de justicia en un fallo dictado en julio de 2008.
La medida fue dispuesta por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, luego de lo ordenado 20 días atrás por el máximo tribunal que consideró “incumplimientos injustificados” los atrasos en la limpieza de la zona.
En su fallo, Armella sostuvo que la sanción se mantendrá hasta “hasta tanto el funcionario cumpla lo ordenado” por la Justicia.
Los $ 4.000 no corresponden a una sola multa ni atañe sólo a la mera limpieza de las aguas, sino que es la suma de cuatro incumplimientos que costarán a partir de hoy $ 1.000 cada uno. El reclamo es por la implementación de un sistema internacional de medición, un mecanismo de información pública, las pautas fijadas sobre contaminación de origen industrial y saneamiento de basurales, objetivos que según la Corte aún no fueron implementados.
En cuanto al tema específico de los basurales, el magistrado intimó a los 14 intendentes de los municipios bonaerenses de la cuenca: Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón y San Vicente.
A su vez, como la ACUMAR tiene un consejo directivo integrado por Nación, Provincia y Ciudad, el juez intimó también al ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Diego Santilli; el jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, y el presidente de la CEAMSE, Raúl Felipe de Elizalde a que“cumplan con el objetivo fijado, bajo apercibimiento de ser sancionados con una multa diaria de $ 1.000”.
Arroyo Ayuí: Gendarmería hizo un relevamiento
Gendarmería Nacional hizo un relevamiento sobre el arroyo Ayuí
Fecha de Publicación: 31/08/2010
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Por pedido del fiscal federal Benito Antonio Pont, efectivos del Escuadrón 7 de Gendarmería Nacional sobrevoló el arroyo Ayuí, en el marco de la investigación iniciada en torno del proyecto que existe para represar ese espejo de agua. Así lo confirmó el comandante principal, Carlos Daniel Lezcano, del escuadrón que tiene asiento en Paso de los Libres.
"Personal de la Gendarmería sobrevoló sobre el arroyo Ayuí en cumplimiento de un requerimiento judicial del fiscal federal Benito Pont quien tiene jurisdicción en esa zona", comentó y aclaró que "ya no lo está haciendo más".
"Hay un requerimiento puntual del fiscal Benito Pont para verificar si hay algún tipo de estructura sobre el arroyo”, explicó el funcionario de la fuerza de seguridad, y agregó “nosotros cumplimos con el oficio judicial que emana de la Fiscalía Federal”.
Asimismo, admitió que existe la posibilidad de que Gendarmería tenga un asentamiento en Mercedes, con un grupo de seguridad vial dependiente del Escuadrón 7 “para tener mayor presencia en la Ruta 123”, señaló. Se trata de una iniciativa de la Comuna de Mercedes pero que aún no se ha llevado a cabo porque falta que finalicen con las obras de infraestructura.
No obstante, en declaraciones a la prensa aclaró que "la presencia de Gendarmería en la ciudad de Mercedes, responde a una intención de instalar una parte del Escuadrón 7 dependiente de Paso de los Libres en la ciudad, no en el Ayuí. Gendarmería no está asentada sobre el Ayuí y no hay helicópteros sobrevolando sobre el arroyo en este momento. Eso lo hicimos pedido pedido del Fiscal Federal", finalizó.
Fecha de Publicación: 31/08/2010
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Por pedido del fiscal federal Benito Antonio Pont, efectivos del Escuadrón 7 de Gendarmería Nacional sobrevoló el arroyo Ayuí, en el marco de la investigación iniciada en torno del proyecto que existe para represar ese espejo de agua. Así lo confirmó el comandante principal, Carlos Daniel Lezcano, del escuadrón que tiene asiento en Paso de los Libres.
"Personal de la Gendarmería sobrevoló sobre el arroyo Ayuí en cumplimiento de un requerimiento judicial del fiscal federal Benito Pont quien tiene jurisdicción en esa zona", comentó y aclaró que "ya no lo está haciendo más".
"Hay un requerimiento puntual del fiscal Benito Pont para verificar si hay algún tipo de estructura sobre el arroyo”, explicó el funcionario de la fuerza de seguridad, y agregó “nosotros cumplimos con el oficio judicial que emana de la Fiscalía Federal”.
Asimismo, admitió que existe la posibilidad de que Gendarmería tenga un asentamiento en Mercedes, con un grupo de seguridad vial dependiente del Escuadrón 7 “para tener mayor presencia en la Ruta 123”, señaló. Se trata de una iniciativa de la Comuna de Mercedes pero que aún no se ha llevado a cabo porque falta que finalicen con las obras de infraestructura.
No obstante, en declaraciones a la prensa aclaró que "la presencia de Gendarmería en la ciudad de Mercedes, responde a una intención de instalar una parte del Escuadrón 7 dependiente de Paso de los Libres en la ciudad, no en el Ayuí. Gendarmería no está asentada sobre el Ayuí y no hay helicópteros sobrevolando sobre el arroyo en este momento. Eso lo hicimos pedido pedido del Fiscal Federal", finalizó.
Duracell se hará cargo de las pilas
Duracell se hará cargo de las pilas recolectadas en la Ciudad
Fecha de Publicación: 31/08/2010
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Capital
La empresa Procter & Gamble S.A., importadora de pilas y baterías Duracell, se hará responsable de las 10 toneladas de pilas recolectadas por el Gobierno de la Ciudad. Greenpeace celebró el compromiso asumido por la empresa pero exigió que Energizer Argentina S.A., siga el ejemplo y participe de esta responsabilidad compartida.
Las 10 toneladas de pilas y baterías recolectadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a partir de la campaña iniciada en el año 2008. La empresa Procter & Gamble, importadora de pilas y baterías Duracell, anunció que se hará cargo de las pilas en desuso. Ante esta noticia, la organización ambientalista Greenpeace celebró la decisión empresarial pero solicitó que no sólo sea Duracell quien asuma la responsabilidad, sino que también lo haga la empresa Energizer SA, quien ocupa mayoritariamente el mercado argentino de pilas.
“Es muy importante el compromiso asumido por Duracell porque demuestra que algunas marcas son concientes y responsables del destino de sus productos”, señaló Yanina Rullo de la campaña de residuos electrónicos de Greenpeace. “Pero es necesario que las demás compañías, como Energizer, se hagan responsables también de estas 10 toneladas de pilas”, agregó.
En un primer momento, el Gobierno porteño intentó ubicar las pilas recolectadas en un relleno ubicado en la provincia de Córdoba, pero esta medida fue fuertemente rechazada por los vecinos cordobeses. Luego se buscó depositarlas en terrenos de la provincia de Buenos Aires pero con idénticos resultados.
“Desde Greenpeace consideramos que son las empresas importadoras las que deben encargarse de darle la mejor gestión y tratamiento a los residuos de sus propios productos. Resolver de manera correcta, es decir con las empresas involucradas, el destino de estas 10 toneladas de pilas acopiadas, es un gran primer paso dado mientras esperamos que se sancione la Ley de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos que está siendo tratada en el Senado”, comentó Rullo.
“Resolver el caso de las 10 toneladas de pilas recolectadas por la Ciudad es un paso muy importante que sienta un buen precedente. Pero debemos tener en cuenta que las pilas y baterías junto con el resto de los aparatos eléctricos y electrónicos se encuentran hoy en una zona gris con respecto a la legislación vigente en materia de residuos. Por un lado corresponden a los residuos domiciliarios porque surgen del flujo habitual de los residuos domésticos, pero por el otro cumplen con los criterios de residuos peligrosos, por sus componentes”, señaló María Eugenia Testa, directora Política de Greenpeace.
Fecha de Publicación: 31/08/2010
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Capital
La empresa Procter & Gamble S.A., importadora de pilas y baterías Duracell, se hará responsable de las 10 toneladas de pilas recolectadas por el Gobierno de la Ciudad. Greenpeace celebró el compromiso asumido por la empresa pero exigió que Energizer Argentina S.A., siga el ejemplo y participe de esta responsabilidad compartida.
Las 10 toneladas de pilas y baterías recolectadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a partir de la campaña iniciada en el año 2008. La empresa Procter & Gamble, importadora de pilas y baterías Duracell, anunció que se hará cargo de las pilas en desuso. Ante esta noticia, la organización ambientalista Greenpeace celebró la decisión empresarial pero solicitó que no sólo sea Duracell quien asuma la responsabilidad, sino que también lo haga la empresa Energizer SA, quien ocupa mayoritariamente el mercado argentino de pilas.
“Es muy importante el compromiso asumido por Duracell porque demuestra que algunas marcas son concientes y responsables del destino de sus productos”, señaló Yanina Rullo de la campaña de residuos electrónicos de Greenpeace. “Pero es necesario que las demás compañías, como Energizer, se hagan responsables también de estas 10 toneladas de pilas”, agregó.
En un primer momento, el Gobierno porteño intentó ubicar las pilas recolectadas en un relleno ubicado en la provincia de Córdoba, pero esta medida fue fuertemente rechazada por los vecinos cordobeses. Luego se buscó depositarlas en terrenos de la provincia de Buenos Aires pero con idénticos resultados.
“Desde Greenpeace consideramos que son las empresas importadoras las que deben encargarse de darle la mejor gestión y tratamiento a los residuos de sus propios productos. Resolver de manera correcta, es decir con las empresas involucradas, el destino de estas 10 toneladas de pilas acopiadas, es un gran primer paso dado mientras esperamos que se sancione la Ley de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos que está siendo tratada en el Senado”, comentó Rullo.
“Resolver el caso de las 10 toneladas de pilas recolectadas por la Ciudad es un paso muy importante que sienta un buen precedente. Pero debemos tener en cuenta que las pilas y baterías junto con el resto de los aparatos eléctricos y electrónicos se encuentran hoy en una zona gris con respecto a la legislación vigente en materia de residuos. Por un lado corresponden a los residuos domiciliarios porque surgen del flujo habitual de los residuos domésticos, pero por el otro cumplen con los criterios de residuos peligrosos, por sus componentes”, señaló María Eugenia Testa, directora Política de Greenpeace.
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