Media sanción a la ley de glaciares
19:43 | 
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La oposición impuso el proyecto de ley de glaciares que vetó Cristina
Fecha de Publicación: 15/07/2010
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Fue por 129 votos a 86. No hubo acuerdo con el oficialismo y ahora pasa al Senado.
La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de hoy, un proyecto de protección de glaciares sobre la base del texto vetado por la Presidenta en 2008, pero con algunos cambios técnicos. Pasadas las 3, tras más de 8 horas de debate, la votación tuvo 129 votos afirmativos y 86 negativos. Fue aprobado entre fuertes cruces y acusaciones de diputados opositores por el presunto “lobby” de la minera Barrick Gold para obtener beneficios de Cristina Kirchner y del gobierno sanjuanino. Ahora el proyecto pasará al Senado.
“Queremos que haya agua para todos los argentinos. No queremos ser la Bolivia de Simón Patiño, un país que apostó a la riqueza minera y se convirtió en el más pobre de América Latina”, fundamentó Miguel Bonasso el proyecto que originalmente había presentado la ex diputada Marta Maffei, y remarcó que el emprendimiento de Pascua Lama -a cargo de la Barrick- insumiría 240 millones de litros de agua por día.
A último momento, Bonasso había llegado a un acuerdo para incluir algunos puntos del proyecto del senador kirchnerista Daniel Filmus que obtuvo media sanción en la Cámara Alta, para reunir un mayor consenso en la votación. Pero ante la resistencia de integrantes oficialistas de provincias mineras, Agustín Rossi -jefe del bloque K- pidió postergar el debate 15 días. La propuesta fue rechazada con duros discursos de Bonasso y Elisa Carrió, que encabezaron una presentación judicial para investigar el presunto “tráfico de influencias” para la construcción de Pascua Lama en San Juan, en la frontera con Chile.
“Una primicia de periodista: me acaba de llamar Filmus diciendo que me apoya si yo no quiero la postergación”, arrancó Bonasso, titular de la Comisión de Recursos Naturales. “Es evidente el lobby de la Barrick, esta es una movida de los diputados del PJ de San Juan”, aseguró Carrió, lo que generó una encendida respuesta de Juan Carlos Gioja, que llamó “mesiánicos y lengua suelta” a la líder de la CC, a Bonasso y a Solanas por rechazar el proyecto.
Más allá de la resistencia del oficialismo, algunos del PJ disidente y radicales de Catamarca, más las observaciones del PRO para la discusión en particular, el arco opositor avanzó con el proyecto que establece “presupuestos mínimos para la protección de los glaciares” y prohibe en esas zonas las actividades que “puedan afectar su condición natural”. Diputados cercanos al oficialismo, como Martín Sabbatella y Silvia Vázquez, adelantaron su apoyo a la iniciativa.
“Buscamos proteger la fábrica de agua del país”, insistió Fernanda Reyes, de la CC, y cuestionó los beneficios tributarios a las mineras. “El oficialismo no puede ocultar el lobby de las empresas sobre el Gobierno”, cuestionó Roy Cortina.
Sorprendió la forma en que el sanjuanino K, Héctor Tomas rechazó la ley: “Los recursos naturales son de las provincias. Somos los dueños de los glaciares. Yo no me meto en el Riachuelo”.
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La oposición le dio media sanción a la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 15/07/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Se aprobó a las 3.05. El kirchnerismo votó en contra, pese al consenso entre Filmus y Bonasso.
Otra la ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares logró ayer media sanción en la Cámara de Diputados tras un largo y duro debate que comenzó a las 15 y terminó por votarse en general a las 3.05 de hoy. En tanto, seguía esta madrugada la discusión para la votación en particular.
El texto aprobado esta madrugada es similar al que vetó hace un año y medio la presidenta Cristina Fernández. Fue reflotado por el diputado opositor Miguel Bonasso, quien el martes acordó con el senador oficialista Daniel Filmus algunas modificaciones. Filmus había presentado y logró media sanción en la Cámara Alta de otra ley de glaciares diferente.
El proyecto fue aprobado con los votos de la oposición (129 a 86), pero diputados opositores de provincias cordilleranas se ausentaron de la Cámara (Mendoza) y otros (Salta y Catamarca) votaron en contra.
El Frente para la Victoria (FPV) votó en contra, a pesar del acuerdo Filmus-Bonasso. Justamente el bloque oficialista, encabezado por Agustín Rossi, había pedido una prórroga para tratarlo en agosto. En la votación, la oposición le denegó esa moción. En el medio hubo varios cruces verbales.
"Los diputados de San Juan necesitan tiempo para sacar leyes provinciales que estén en conflicto con la ley nacional. Por eso no les vamos a dar tiempo", argumentó Bonasso.
La diputada de Córdoba Cecilia Merchán criticó la actitud del oficialismo: "No debería haber habido más dilaciones. Sin embargo, el oficialismo salió a pedir que se prorrogue la votación. Hoy el FPV demostró su vínculo con la Barrick Gold".
No sólo San Juan sino todas las provincias andino-mineras han apurado la aprobación en sus legislaturas de leyes de protección de glaciares. Ya lo hicieron Jujuy y La Rioja. Esta situación podría generar un cortocircuito jurídico y perjudicar la implementación efectiva de una norma protectora.
A su turno, Fernando "Pino" Solanas acusó a los Gioja (dos hermanos legisladores y otro gobernador de San Juan) de "personeros de la Barrick Gold" y recordó el encuentro que tuvo hace unas semanas con el presidente de esta empresa, Peter Munk, del que también participó la Presidenta.
En tanto, el diputado oficialista Juan Gioja acusó a la oposición de actuar con "virulencia, tanta violencia, tanta grosería, tanta liviandad, irrespetuosidad y tanta soberbia" y de "hablar estupideces", a la vez que defendió la actividad minera en su provincia.
Bonasso reveló que el propio Filmus le había anticipado minutos antes que acordaba con la prórroga, pero que si se rechazaba, "mantiene los términos del acuerdo" (lo votará) cuando el proyecto tenga que debatirse en el Senado. Nadie atinaba a explicarse en el oficialismo por qué Filmus avanzó en el consenso con Bonasso, pese a la resistencia de legisladores andinos.
Uno de éstos arriesgó ante este diario una interpretación: "Filmus quiso revertir el costo electoral ante los porteños. Pero no podemos digerir que dos legisladores de la Capital decidan una ley que afecta la explotación de los recursos naturales, que son de las provincias".
Ahora la norma deberá pasar a la Cámara Alta. En octubre de 2009 los senadores aprobaron por unanimidad el proyecto de Filmus, por lo que no se sabe como recibirán el texto aprobado en Diputados.
Tres claves para evitar el naufragio de la norma
Una ley vetada y dos proyectos con media sanción. Ése es el resultado de un debate que ya lleva más de tres años.
La protección de los glaciares y zona periglaciar mete el dedo en la llaga en la megaminería acusada de contaminar y de absorber los recursos hídricos en territorios donde lo que menos abunda es el agua.
Ya el Parlamento de la Unión Europea pidió que los países miembro prohíban el uso de cianuro en la minería y destacó que esta industria no es generadora de trabajo genuino y es insegura.
Ahora, además de la media sanción del Senado, tres interrogantes definirán cuál será el destino de nuestra principal reserva hídrica:
Inventario. Por ahora no se sabe cuánto territorio se protegerá, porque se desconoce la cantidad de glaciares que hay en Argentina. El texto promueve la creación de un inventario a un instituto del Conicet (Ianigla) que deberá fijar criterios para delimitar el área protegida.
Interpretación de la autoridad. La falta de precisión que tiene la ley en su definición de área periglaciar y otros puntos puede prestarse a interpretaciones antojadizas por parte de la autoridad de aplicación, las provincias cordilleranas y las mineras. Este detalle, alertado por las organizaciones ambientalistas, puede ser el sustento para que la megaminería siga en el territorio argentino.
Leyes provinciales. Jujuy, La Rioja y San Juan ya cuentan con leyes provinciales para "proteger" sus glaciares, aprobadas a contrarreloj. Se plantearía la inconstitucionalidad de estas normas más permisivas y que no se adecuan a los presupuestos mínimos del texto nacional, como prevé la Constitución Nacional. En este revuelto legislativo, las ganancias irían a las provincias mineras y a la industria.
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Agroquímicos: La UNL dice que no sabe
Agroquímicos en Santa Fé: La Universidad Nacional del Litoral dice que no sabe
Fecha de Publicación: 15/07/2010
Fuente: Claudio Lowy - Renace
Provincia/Región: Santa Fe
La respuesta oficial de la Universidad Nacional del Litoral sobre la toxicidad de los agroquímicos al Juzgado donde se le dio lugar al recurso de amparo a favor de la población del Barrio Urquiza de la ciudad de San Jorge (prohibiendo las fumigaciones aéreas a menos de 1500 mts y las terrestres a menos de 800 con todo tipo de agroquímicos) indicaría, en el mejor de los casos, que la UNL dice que sus investigadores no saben cuáles son los plaguicidas que se aplican en los campos de Santa Fé, y que no confían en las investigaciones e informes toxicológicos disponibles.
El fallo en primera instancia a favor del amparo fue confirmado en diciembre del 2009 por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe, que ordenó tambièn los estudios que estamos comentando.
El informe de los técnicos de la UNL
La Universidad consideró que el área pertinente para hacer el informe solicitado por el Juez era el Cetri-Litoral (Centro para la transferencia de los Resultados de la Investigación) en cabeza de su director el Ing. Daniel Scacchi, que depende de la Secretaría de Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo, a cargo del Ingeniero Eduardo Matozo; ambos profesionales firmantes del informe enviado al Juzgado. Dice el informe del 12/05/10:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. …con el objeto de informarle que a los fines de poder contestar si esta Universidad se encuentra en condiciones de realizar la pericia solicitada se deberían requerir datos precisos respecto de cuales son los productos sobre los que la pericia debería expedirse acerca de su “grado de toxicidad” ya que tanto del oficio recibido como de la copia de la sentencia adjuntada al mismo no surge con precisión cuales son estos productos. Así mismo debería hacerse saber que el plazo de seis meses otorgado para realizar la pericia podría resultar exiguo para la realización de los estudios que se requieran.
¿Habrán sido tan poco claros el Juez y la Cámara en los estudios solicitados?
El fallo de la Cámara
El fallo de la Cámara dice que confirma la sentencia en lo que se refiere a la prohibición de fumigar y que: Tal prohibición lo será por un plazo de seis meses contados desde que quede firme la presente, lapso en el cual el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la Provincia deberá presentar al juez a quo un estudio conjuntamente con la Universidad Nacional del Litoral en el área que estime el mismo pertinente acerca del grado de toxicidad de los productos identificados al postular y si por los mismos es conveniente continuar con las fumigaciones o no. De igual forma el Ministerio de Salud efectuará durante igual lapso un estudio en los barrios comprometidos que permita discernir si durante ese período, las posibles afecciones que se denunciaran disminuyeron o no. Fecho lo cual y conforme el resultado obtenido, el Sr. Juez a cargo se expedirá sobre si corresponde continuar con la prohibición o bien adoptar una decisión distinta.
El fallo lo dice también con claridad en la hoja 1 punto I, cuáles son “los productos identificados al postular”
I.- Que según surge de lo documentado en autos, en fecha 16 de marzo de 2009 Viviana Peralta de Cavigliasso -ver fs. 36- y otros, … promovieron demanda de amparo contra …(la Municipalidad, los productores, la Provincia de Santa Fé)… a los fines de que se prohíba volver a fumigar en los campos de …en esa campaña agrícola y para el futuro, a menos de 800 metros, para fumigaciones terrestres y 1.500 metros, para fumigaciones aéreas ambos como mínimo, a contar del límite del ejido urbano (Barrio Urquiza) con ningún tipo de agroquímicos, teniendo en cuenta la Ley Provincial de Fitosanitarios 11.273, su decreto reglamentario 552/97, las condiciones particulares del lugar, las características tóxicas y los efectos nocivos que generan los productos utilizados para las fumigaciones (Roundup y/u otros) en perjuicio del medio ambiente, la salud de los seres humanos y los animales.
Es decir, la UNL a través del área que (según sus autoridades) estimen pertinente, debía expedirse sobre las características tóxicas y los efectos nocivos de los productos aprobados por la normativa vigente, y los que son utilizados en las fumigaciones.
Tanto aquí como en otro lugar de este informe de la UNL podría dar la impresión que los responsable no leyeron los fallos del juzgado y de la Cámara.
Interpretando la respuesta de la UNL
Tanta textualidad no tiene sentido si no la interpretamos
1. Dice la respuesta que la UNL que para responder a lo solicitado se deberían requerir datos precisos respecto de cuales son los productos sobre los que la pericia debería expedirse. Esto significaría que la UNL asume que ningún investigador o docente de su propio claustro conoce o puede acceder a un listado de cuales son los denominados fitosanitarios aprobados por las normas que cita el mismo fallo.
También es posible que los investigadores consultados consideren que además de los productos aprobados, se fumiguen con otros que no están autorizados, y que por eso quieren que se les diga con claridad cuáles son.
2. Dice que el plazo de seis meses podría resultar exiguo. Cabe remarcar aquí que el fallo de la Cámara ni la orden del Juez dicen que la UNL deba hacer las investigaciones de laboratorio. Lo que dice el fallo es que la UNL deberá presentar un estudio acerca del grado de toxicidad de los productos utilizados en las fumigaciones. Claramente, el estudio a presentar puede ser perfectamente una recopilación de los estudios ya realizados, en el caso de que estuvieran disponibles, para lo cual seis meses parecen ser un tiempo adecuado.
Es claro que los investigadores del a UNL no confían en los estudios disponibles, ya sea porque no son confiables o porque no están.
Los investigadores que la UNL consideró pertinentes para responder la requisitoria judicial, manifiestan a través de sus expresiones que no conocen cuáles son los agroquímicos que se aplican en Santa Fé, y desconfían de que haya investigaciones ya realizadas que puedan recopilarse para elaborar el estudio solicitado por la justicia.
Por supuesto, también es posible que se trate de una maniobra dilatoria. Si es así, habría que pensar en beneficio de quién es esa maniobra. ¿No tiene la UNL otros investigadores que sí estén en condiciones de responder la requisitoria judicial? Y si es así, ¿por qué las autoridades de la Universidad no los consideraron pertinentes?
El Informe CONICET sobre el Glifosato
En un segundo párrafo, el informe que la UNL envía al juzgado dice:
Así también debería hacerse saber que la presidenta Cristina Fernández creó en el mes de Enero de 2009 la Comisión Nacional de Investigación para que estudie la problemática causada por agroquímicos y que dicho organismo produjo a través del Comité de Ética del CONICET y el Consejo Científico Interdisciplinario ad hoc un análisis vinculado al estudio de los efectos del Glifosato y sus formulados sobre la salud humana y el ambiente.
Aquí también pareciera que los informantes no leyeron la documentación, ya que el fallo de Cámara cita expresamente ese informe en las páginas 29 y 30
Tanto la conformación del Comité que elaboró el informe del CONICET, como el informe en sí mismo, han sido cuestionados por integrantes de la comunidad científica; cabe citar los dos últimos párrafos de las conclusiones:
Aunque existen estudios para evaluar los impactos del glifosato en las especies no blanco, la mayoría de ellos no considera importantes aspectos ecológicos. Entre ellos, los impactos indirectos, los acumulativos, los de largo plazo, ni las reacciones sinérgicas que el agroquímico puede tener en el ecosistema y en las redes tróficas.
En Argentina no existen suficientes datos sobre los efectos del glifosato en la salud humana, por lo cual sería importante promover la realización de los estudios pertinentes.
A pesar de quienes lo firman y lo envían, el informe de la UNL al Juzgado de San Jorge está en línea con estas conclusiones: significa que no sólo no se sabe qué se fumiga, sino que tampoco se conocen las consecuencias sobre la salud de la población y sobre el ambiente.
Los estudios que asocian los agroquímicos a daños a la salud, tanto los que no fueron considerados por el informe del CONICET, como los que aparecieron después, como el de la Comisión de Salud de la Provincia de Chaco, muestran que los riesgos y daños a la saludo provocados por el uso de los agroquímicos es muy grave.
Todos los agroquímicos que se aplican deben ser aprobados, y si fueron aprobados tienen que tener un estudio que informe sobre todas sus toxicidades: las letales y las subletales, ya sean agudas, crónicas o subcrónicas; así como sobre todos los impactos ambientales, tomándose las medidas preventivas que correspondan. Y si no tienen esos estudios, entonces no deben estar ni deben ser aprobados; su aplicación debe estar prohibida, acompañada con la difusión, capacitación, los controles y las sanciones que sean necesarias para que esa prohibición sea efectiva.
Fecha de Publicación: 15/07/2010
Fuente: Claudio Lowy - Renace
Provincia/Región: Santa Fe
La respuesta oficial de la Universidad Nacional del Litoral sobre la toxicidad de los agroquímicos al Juzgado donde se le dio lugar al recurso de amparo a favor de la población del Barrio Urquiza de la ciudad de San Jorge (prohibiendo las fumigaciones aéreas a menos de 1500 mts y las terrestres a menos de 800 con todo tipo de agroquímicos) indicaría, en el mejor de los casos, que la UNL dice que sus investigadores no saben cuáles son los plaguicidas que se aplican en los campos de Santa Fé, y que no confían en las investigaciones e informes toxicológicos disponibles.
El fallo en primera instancia a favor del amparo fue confirmado en diciembre del 2009 por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe, que ordenó tambièn los estudios que estamos comentando.
El informe de los técnicos de la UNL
La Universidad consideró que el área pertinente para hacer el informe solicitado por el Juez era el Cetri-Litoral (Centro para la transferencia de los Resultados de la Investigación) en cabeza de su director el Ing. Daniel Scacchi, que depende de la Secretaría de Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo, a cargo del Ingeniero Eduardo Matozo; ambos profesionales firmantes del informe enviado al Juzgado. Dice el informe del 12/05/10:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. …con el objeto de informarle que a los fines de poder contestar si esta Universidad se encuentra en condiciones de realizar la pericia solicitada se deberían requerir datos precisos respecto de cuales son los productos sobre los que la pericia debería expedirse acerca de su “grado de toxicidad” ya que tanto del oficio recibido como de la copia de la sentencia adjuntada al mismo no surge con precisión cuales son estos productos. Así mismo debería hacerse saber que el plazo de seis meses otorgado para realizar la pericia podría resultar exiguo para la realización de los estudios que se requieran.
¿Habrán sido tan poco claros el Juez y la Cámara en los estudios solicitados?
El fallo de la Cámara
El fallo de la Cámara dice que confirma la sentencia en lo que se refiere a la prohibición de fumigar y que: Tal prohibición lo será por un plazo de seis meses contados desde que quede firme la presente, lapso en el cual el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la Provincia deberá presentar al juez a quo un estudio conjuntamente con la Universidad Nacional del Litoral en el área que estime el mismo pertinente acerca del grado de toxicidad de los productos identificados al postular y si por los mismos es conveniente continuar con las fumigaciones o no. De igual forma el Ministerio de Salud efectuará durante igual lapso un estudio en los barrios comprometidos que permita discernir si durante ese período, las posibles afecciones que se denunciaran disminuyeron o no. Fecho lo cual y conforme el resultado obtenido, el Sr. Juez a cargo se expedirá sobre si corresponde continuar con la prohibición o bien adoptar una decisión distinta.
El fallo lo dice también con claridad en la hoja 1 punto I, cuáles son “los productos identificados al postular”
I.- Que según surge de lo documentado en autos, en fecha 16 de marzo de 2009 Viviana Peralta de Cavigliasso -ver fs. 36- y otros, … promovieron demanda de amparo contra …(la Municipalidad, los productores, la Provincia de Santa Fé)… a los fines de que se prohíba volver a fumigar en los campos de …en esa campaña agrícola y para el futuro, a menos de 800 metros, para fumigaciones terrestres y 1.500 metros, para fumigaciones aéreas ambos como mínimo, a contar del límite del ejido urbano (Barrio Urquiza) con ningún tipo de agroquímicos, teniendo en cuenta la Ley Provincial de Fitosanitarios 11.273, su decreto reglamentario 552/97, las condiciones particulares del lugar, las características tóxicas y los efectos nocivos que generan los productos utilizados para las fumigaciones (Roundup y/u otros) en perjuicio del medio ambiente, la salud de los seres humanos y los animales.
Es decir, la UNL a través del área que (según sus autoridades) estimen pertinente, debía expedirse sobre las características tóxicas y los efectos nocivos de los productos aprobados por la normativa vigente, y los que son utilizados en las fumigaciones.
Tanto aquí como en otro lugar de este informe de la UNL podría dar la impresión que los responsable no leyeron los fallos del juzgado y de la Cámara.
Interpretando la respuesta de la UNL
Tanta textualidad no tiene sentido si no la interpretamos
1. Dice la respuesta que la UNL que para responder a lo solicitado se deberían requerir datos precisos respecto de cuales son los productos sobre los que la pericia debería expedirse. Esto significaría que la UNL asume que ningún investigador o docente de su propio claustro conoce o puede acceder a un listado de cuales son los denominados fitosanitarios aprobados por las normas que cita el mismo fallo.
También es posible que los investigadores consultados consideren que además de los productos aprobados, se fumiguen con otros que no están autorizados, y que por eso quieren que se les diga con claridad cuáles son.
2. Dice que el plazo de seis meses podría resultar exiguo. Cabe remarcar aquí que el fallo de la Cámara ni la orden del Juez dicen que la UNL deba hacer las investigaciones de laboratorio. Lo que dice el fallo es que la UNL deberá presentar un estudio acerca del grado de toxicidad de los productos utilizados en las fumigaciones. Claramente, el estudio a presentar puede ser perfectamente una recopilación de los estudios ya realizados, en el caso de que estuvieran disponibles, para lo cual seis meses parecen ser un tiempo adecuado.
Es claro que los investigadores del a UNL no confían en los estudios disponibles, ya sea porque no son confiables o porque no están.
Los investigadores que la UNL consideró pertinentes para responder la requisitoria judicial, manifiestan a través de sus expresiones que no conocen cuáles son los agroquímicos que se aplican en Santa Fé, y desconfían de que haya investigaciones ya realizadas que puedan recopilarse para elaborar el estudio solicitado por la justicia.
Por supuesto, también es posible que se trate de una maniobra dilatoria. Si es así, habría que pensar en beneficio de quién es esa maniobra. ¿No tiene la UNL otros investigadores que sí estén en condiciones de responder la requisitoria judicial? Y si es así, ¿por qué las autoridades de la Universidad no los consideraron pertinentes?
El Informe CONICET sobre el Glifosato
En un segundo párrafo, el informe que la UNL envía al juzgado dice:
Así también debería hacerse saber que la presidenta Cristina Fernández creó en el mes de Enero de 2009 la Comisión Nacional de Investigación para que estudie la problemática causada por agroquímicos y que dicho organismo produjo a través del Comité de Ética del CONICET y el Consejo Científico Interdisciplinario ad hoc un análisis vinculado al estudio de los efectos del Glifosato y sus formulados sobre la salud humana y el ambiente.
Aquí también pareciera que los informantes no leyeron la documentación, ya que el fallo de Cámara cita expresamente ese informe en las páginas 29 y 30
Tanto la conformación del Comité que elaboró el informe del CONICET, como el informe en sí mismo, han sido cuestionados por integrantes de la comunidad científica; cabe citar los dos últimos párrafos de las conclusiones:
Aunque existen estudios para evaluar los impactos del glifosato en las especies no blanco, la mayoría de ellos no considera importantes aspectos ecológicos. Entre ellos, los impactos indirectos, los acumulativos, los de largo plazo, ni las reacciones sinérgicas que el agroquímico puede tener en el ecosistema y en las redes tróficas.
En Argentina no existen suficientes datos sobre los efectos del glifosato en la salud humana, por lo cual sería importante promover la realización de los estudios pertinentes.
A pesar de quienes lo firman y lo envían, el informe de la UNL al Juzgado de San Jorge está en línea con estas conclusiones: significa que no sólo no se sabe qué se fumiga, sino que tampoco se conocen las consecuencias sobre la salud de la población y sobre el ambiente.
Los estudios que asocian los agroquímicos a daños a la salud, tanto los que no fueron considerados por el informe del CONICET, como los que aparecieron después, como el de la Comisión de Salud de la Provincia de Chaco, muestran que los riesgos y daños a la saludo provocados por el uso de los agroquímicos es muy grave.
Todos los agroquímicos que se aplican deben ser aprobados, y si fueron aprobados tienen que tener un estudio que informe sobre todas sus toxicidades: las letales y las subletales, ya sean agudas, crónicas o subcrónicas; así como sobre todos los impactos ambientales, tomándose las medidas preventivas que correspondan. Y si no tienen esos estudios, entonces no deben estar ni deben ser aprobados; su aplicación debe estar prohibida, acompañada con la difusión, capacitación, los controles y las sanciones que sean necesarias para que esa prohibición sea efectiva.
Agua para las mineras o para los argentinos
Agua para las mineras o para los argentinos
Fecha de Publicación: 14/07/2010
Fuente: Clarín - PorMiguel Bonasso - Diputado nacional
Provincia/Región: Nacional
Los glaciares son bellos, pero ocultan mucha porquería humana bajo el hielo y expresan, una vez más, la histórica pulseada entre la dignidad nacional y la entrega de nuestras riquezas al capital extranjero. En el caso que nos ocupa, estamos hablando del agua y de esa gran fábrica de agua que es la Cordillera de los Andes, el símbolo malversado pero insustituible de la gran batalla americana librada por San Martín.
El agua de los argentinos y los Andes que la producen en los glaciares y las áreas periglaciales están en peligro de mutilación, contaminación y muerte . Sólo una gesta nacional puede rescatarlos de empresarios gangsteriles y políticos inescrupulosos que cobran de las trasnacionales.
La escena procaz del almuerzo entre la Presidenta Cristina Kirchner y el capo de la Barrick Gold, Peter Munk, parece una provocación a esos miles de productores, asambleístas y ambientalistas que aquí y en Chile protestan por la evidente contaminación de la minería a cielo abierto y el peligro que se cierne sobre ambos países con la megamina de Pascua-Lama, un nuevo país minero entre dos naciones que se suponía soberanas. El encuentro, que duró cuatro horas, es una bofetada a los que denuncian la falta de agua o los efectos cancerosos del arsénico en el río Jachal. Parece que la primera magistrada y los “gobernadores cordilleranos” que la acompañaron quisieran decirnos: “Denuncien, critiquen o incluso legislen, que si legislan en contra del oro y a favor del agua los vamos a vetar como ya lo hicimos”. Luego dieron un paso adelante, anunciando leyes provinciales de supuesta protección a los glaciares, que en realidad pretenden proteger a las inversiones mineras de una ley nacional, como la que votará Diputados en las próximas horas.
La ley es la letra pero también una historia que precede su formulación. En 2008, ambas cámaras del Congreso votaron por unanimidad la primera ley nacional que protegiera a glaciares y áreas periglaciales, que constituyen la mayor reserva de agua potable del país. En vez de promulgarla, la Presidenta la vetó, de manera total, en noviembre de ese año. Dos días después, la entonces Secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, me confesó que la Presidenta había vetado la ley por presión del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, vinculado por negocios familiares a la Barrick Gold y al gigantesco emprendimiento de Pascua-Lama. El veto lo confirmó eufemísticamente al hablar de la “preocupación de los gobernadores de las provincias cordilleranas”, a quienes se intentó complacer con un foro de discusión que pretendía subrogar al gran foro de la democracia que es el Congreso.
En Diputados intentamos resistir el veto , pero necesitábamos una mayoría imposible de alcanzar sin el oficialismo: tres cuartos de los votos. Entonces, decidí presentar un proyecto de ley que era un clon de la ley vetada, cuya autoría corresponde a la ex diputada Marta Maffei y que cuenta ya con un dictamen de mayoría de las Comisiones de Recursos Naturales y Minería.
Simultáneamente, los hermanos del gobernador de San Juan, el senador César Gioja y el diputado Juan Carlos Gioja, presentaban en cada Cámara sendas normas que excluían de la protección a esas verdaderas fábricas de agua que son las áreas periglaciales. Estos proyectos, groseramente pro mineros , fueron reemplazados después por un nuevo texto consensuado por el senador oficialista Daniel Filmus, que también dejaba sin protección a las áreas periglaciales. Esta iniciativa fue aprobada en el Senado y pasó a Diputados.
Dentro de pocas horas, la Cámara Baja deberá elegir entre estos dos textos, aparentemente muy parecidos en la letra, pero opuestos en el espíritu. Más allá de los tecnicismos y especificidades que resultaría engorroso detallar aquí, puedo arriesgar un juicio categórico: la ley vetada protege el agua pura e indispensable que nace de áreas periglaciales; la ley del Senado, no.
Cuando la gente de buena fe se pregunta “si los dos proyectos son tan parecidos, ¿por qué no llegan a un acuerdo?”, la única respuesta posible es que toda ley es perfectible, a partir de que no se vulneren los principios y necesidades que llevaron a formularla.
La foto de la Presidenta de la República con Peter Munk y tres banderas (la de Argentina, la de Canadá y la de Barrick Gold) esclarecen al lector sobre lo que está en juego: el agua será para las mineras trasnacionales o para los ciudadanos argentinos.
Fecha de Publicación: 14/07/2010
Fuente: Clarín - PorMiguel Bonasso - Diputado nacional
Provincia/Región: Nacional
Los glaciares son bellos, pero ocultan mucha porquería humana bajo el hielo y expresan, una vez más, la histórica pulseada entre la dignidad nacional y la entrega de nuestras riquezas al capital extranjero. En el caso que nos ocupa, estamos hablando del agua y de esa gran fábrica de agua que es la Cordillera de los Andes, el símbolo malversado pero insustituible de la gran batalla americana librada por San Martín.
El agua de los argentinos y los Andes que la producen en los glaciares y las áreas periglaciales están en peligro de mutilación, contaminación y muerte . Sólo una gesta nacional puede rescatarlos de empresarios gangsteriles y políticos inescrupulosos que cobran de las trasnacionales.
La escena procaz del almuerzo entre la Presidenta Cristina Kirchner y el capo de la Barrick Gold, Peter Munk, parece una provocación a esos miles de productores, asambleístas y ambientalistas que aquí y en Chile protestan por la evidente contaminación de la minería a cielo abierto y el peligro que se cierne sobre ambos países con la megamina de Pascua-Lama, un nuevo país minero entre dos naciones que se suponía soberanas. El encuentro, que duró cuatro horas, es una bofetada a los que denuncian la falta de agua o los efectos cancerosos del arsénico en el río Jachal. Parece que la primera magistrada y los “gobernadores cordilleranos” que la acompañaron quisieran decirnos: “Denuncien, critiquen o incluso legislen, que si legislan en contra del oro y a favor del agua los vamos a vetar como ya lo hicimos”. Luego dieron un paso adelante, anunciando leyes provinciales de supuesta protección a los glaciares, que en realidad pretenden proteger a las inversiones mineras de una ley nacional, como la que votará Diputados en las próximas horas.
La ley es la letra pero también una historia que precede su formulación. En 2008, ambas cámaras del Congreso votaron por unanimidad la primera ley nacional que protegiera a glaciares y áreas periglaciales, que constituyen la mayor reserva de agua potable del país. En vez de promulgarla, la Presidenta la vetó, de manera total, en noviembre de ese año. Dos días después, la entonces Secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, me confesó que la Presidenta había vetado la ley por presión del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, vinculado por negocios familiares a la Barrick Gold y al gigantesco emprendimiento de Pascua-Lama. El veto lo confirmó eufemísticamente al hablar de la “preocupación de los gobernadores de las provincias cordilleranas”, a quienes se intentó complacer con un foro de discusión que pretendía subrogar al gran foro de la democracia que es el Congreso.
En Diputados intentamos resistir el veto , pero necesitábamos una mayoría imposible de alcanzar sin el oficialismo: tres cuartos de los votos. Entonces, decidí presentar un proyecto de ley que era un clon de la ley vetada, cuya autoría corresponde a la ex diputada Marta Maffei y que cuenta ya con un dictamen de mayoría de las Comisiones de Recursos Naturales y Minería.
Simultáneamente, los hermanos del gobernador de San Juan, el senador César Gioja y el diputado Juan Carlos Gioja, presentaban en cada Cámara sendas normas que excluían de la protección a esas verdaderas fábricas de agua que son las áreas periglaciales. Estos proyectos, groseramente pro mineros , fueron reemplazados después por un nuevo texto consensuado por el senador oficialista Daniel Filmus, que también dejaba sin protección a las áreas periglaciales. Esta iniciativa fue aprobada en el Senado y pasó a Diputados.
Dentro de pocas horas, la Cámara Baja deberá elegir entre estos dos textos, aparentemente muy parecidos en la letra, pero opuestos en el espíritu. Más allá de los tecnicismos y especificidades que resultaría engorroso detallar aquí, puedo arriesgar un juicio categórico: la ley vetada protege el agua pura e indispensable que nace de áreas periglaciales; la ley del Senado, no.
Cuando la gente de buena fe se pregunta “si los dos proyectos son tan parecidos, ¿por qué no llegan a un acuerdo?”, la única respuesta posible es que toda ley es perfectible, a partir de que no se vulneren los principios y necesidades que llevaron a formularla.
La foto de la Presidenta de la República con Peter Munk y tres banderas (la de Argentina, la de Canadá y la de Barrick Gold) esclarecen al lector sobre lo que está en juego: el agua será para las mineras trasnacionales o para los ciudadanos argentinos.
Elevan a 7% biodiesel a mezclar
Elevan a 7% biodiesel a mezclar con combustible fósil
Fecha de Publicación: 13/07/2010
Fuente: Derf
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Energía ratificó la "Addenda al Acuerdo de Abastecimiento de Biodiesel para su Mezcla con Combustibles Fósiles en el Territorio Nacional", suscripta con las empresas elaboradoras, con el fin de incrementar su producción y elevar a 7% el corte de combustibles fósiles.
La medida, por la que se modifica la Resolución 7/10, tiene como objetivo continuar incrementando la participación de los biocombustibles en la matriz energética nacional.
La resolución 554/10 difundida hoy en el Boletín Oficial, al ratificar la Addenda (apéndice) establece que "la Autoridad de Aplicación informará a las empresas encargadas de realizar las mezclas de combustibles fósiles con biodiesel, la cantidad asignada a cada una de ellas para realizar dicha mezcla y la fecha en la cual podrá ser retirado de las empresas elaboradoras".
Para cumplir con esta disposición, se tomará como base para dicha asignación el promedio de la participación de cada empresa en el mercado interno de Gas Oil, en los 12 meses anteriores a la fecha de asignación.
Se informrá también sobre el pronóstico de demanda de gas oil "para el período, las capacidades máximas de refinación de las petroleras, la información de meses anteriores, y el resto de las variables que inciden en el mercado de hidrocarburos, tomando para las asignaciones los volúmenes de Gas Oil autorizados por la Autoridad de Aplicación para comercializarse en estado puro."
Para cumplir con el objetivo de diversar la matriz energética, el pasado 5 de julio se firmó esta "addenda" entre la Secretaría de Energía y las empresas elaboradoras de biodiesel, que permite implementar "las acciones que tengan como fin alcanzar como mínimo el 7% de mezcla con combustible fósil gas oil en volumen".
La elevación de ese porcentual surge porque las empresas elaboradoras poseen capacidad de producción y oferta de cantidades de producto necesarias, para aumentar el porcentaje actual (5%) de participación del mismo en la mezcla final con Gas Oil en el mercado interno.
Esto permite además "hacer frente a las exigencias que plantea la diversificación de la matriz energética, el promisorio crecimiento a nivel nacional del sector agropecuario y la actividad económica en general para el período de que se trata", según la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial.
También responde a que se han presentado otros elaboradores de biodiesel, que no suscribieron el Acuerdo mencionado anteriormente, encontrándose en condiciones de suministrar el producto.
Fecha de Publicación: 13/07/2010
Fuente: Derf
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Energía ratificó la "Addenda al Acuerdo de Abastecimiento de Biodiesel para su Mezcla con Combustibles Fósiles en el Territorio Nacional", suscripta con las empresas elaboradoras, con el fin de incrementar su producción y elevar a 7% el corte de combustibles fósiles.
La medida, por la que se modifica la Resolución 7/10, tiene como objetivo continuar incrementando la participación de los biocombustibles en la matriz energética nacional.
La resolución 554/10 difundida hoy en el Boletín Oficial, al ratificar la Addenda (apéndice) establece que "la Autoridad de Aplicación informará a las empresas encargadas de realizar las mezclas de combustibles fósiles con biodiesel, la cantidad asignada a cada una de ellas para realizar dicha mezcla y la fecha en la cual podrá ser retirado de las empresas elaboradoras".
Para cumplir con esta disposición, se tomará como base para dicha asignación el promedio de la participación de cada empresa en el mercado interno de Gas Oil, en los 12 meses anteriores a la fecha de asignación.
Se informrá también sobre el pronóstico de demanda de gas oil "para el período, las capacidades máximas de refinación de las petroleras, la información de meses anteriores, y el resto de las variables que inciden en el mercado de hidrocarburos, tomando para las asignaciones los volúmenes de Gas Oil autorizados por la Autoridad de Aplicación para comercializarse en estado puro."
Para cumplir con el objetivo de diversar la matriz energética, el pasado 5 de julio se firmó esta "addenda" entre la Secretaría de Energía y las empresas elaboradoras de biodiesel, que permite implementar "las acciones que tengan como fin alcanzar como mínimo el 7% de mezcla con combustible fósil gas oil en volumen".
La elevación de ese porcentual surge porque las empresas elaboradoras poseen capacidad de producción y oferta de cantidades de producto necesarias, para aumentar el porcentaje actual (5%) de participación del mismo en la mezcla final con Gas Oil en el mercado interno.
Esto permite además "hacer frente a las exigencias que plantea la diversificación de la matriz energética, el promisorio crecimiento a nivel nacional del sector agropecuario y la actividad económica en general para el período de que se trata", según la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial.
También responde a que se han presentado otros elaboradores de biodiesel, que no suscribieron el Acuerdo mencionado anteriormente, encontrándose en condiciones de suministrar el producto.
Las claves del debate por los glaciares
Minería y denuncias de corrupción, las claves del debate por los glaciares
Fecha de Publicación: 13/07/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Tras el veto presidencial de 2008, Diputados tratará mañana dos proyectos de preservación de los grandes hielos; la oposición denuncia que la iniciativa kirchnerista beneficiará a la explotación minera.
Casi dos años después del veto de Cristina Kirchner a la ley de glaciares, oficialismo y oposición volverán a tratar mañana en la Cámara de Diputados un nuevo proyecto que busca la preservación de los grandes hielos, uno de los más importantes recursos naturales del país.
En la sesión, la oposición insistirá en aprobar el texto que fuera rechazado por la Presidenta en 2008 y que había sido sancionado por unanimidad en el Congreso. El kirchnerismo, en cambio, defenderá un dictamen de minoría basado en el proyecto que fue aprobado por el Senado en octubre de 2009.
La discusión se centra en las implicancias que tendrá la nueva norma en la minería, después de que la oposición denunciara al Gobierno por supuestos beneficios a la empresa canadiense Barrick Gold.
La oposición argumenta que la nueva iniciativa le permitiría a las mineras utilizar agua de los grandes hielos en sus operaciones. También señalan que la explotación podría contaminar esos recursos naturales.
En el kirchnerismo descalifican esta posición, aseguran que el proyecto impulsado por el Ejecutivo es aún más estricto que aquel que fue vetado, y acusan a la oposición de querer sacar rédito político de la situación.
"El proyecto del oficialismo permite que los glaciares puedan ser usados para actividades industriales. Esto es peligrosísimo. Las mineras se frotan las manos porque les facilita el agua que necesitan para hacer negocios", afirmó a lanacion.com el diputado Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), que había atribuido el veto a la presión de gobernadores de provincias cordilleranas. Y resaltó que la iniciativa impulsada por el Gobierno "es peligrosísima porque no protege todo él área periglaciar, sino que se limita a defender aquellas partes que están escondidas".
Conceptos. La definición del área alrededor de los glaciares es otro de los puntos conflictivos.
Convencido de que este nuevo proyecto es más preciso y estricto, el senador oficialista Daniel Filmus (Frente para la Victoria) contrapuso su visión: "La ley que fue vetada no determinaba qué era la zona periglaciar", señaló el ex ministro de Educación, que intentó llevar la discusión a un plano extra político. "No hay un proyecto Filmus -se quejó-, ya que lo que impulsamos fue apoyado por distintas fuerzas políticas y aprobado en el Senado".
Además, aclaró que en la propuesta se establece la "prohibición" de cualquier actividad que pueda resultar nociva para los glaciares, como la minería, "e incluso añade la explotación de hidrocarburos". Por eso, "de existir alguna actividad de alguna empresa, ya sea Barrick, otra o el Estado mismo, en zona glaciar o periglaciar será prohibida por la norma", destacó.
En la misma línea, el senador oficialista César Gioja, ex presidente de la Comisión de Minería de la Cámara alta, atacó a la oposición por utilizar "una amplia vaguedad de concepto" para definir qué son los glaciares.
Desde el kirchnerismo indicaron que las definiciones agregadas de glaciares y zonas circundantes ?cuya ausencia era uno de los fundamentos del veto-, corresponden al aporte científico del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), entidad dependiente del Conicet que se encarga la confección de un inventario de esos hielos.
"La iniciativa aprobada por el Senado es técnica. En cambio, el otro proyecto es netamente político, porque buscan sancionar la misma norma que ya fue vetada por la Presidenta para aprovechar el desmérito político que esta decisión conlleva", añadió Gioja ante la consulta de lanacion.com .
Bonasso contraatacó: "Nuestro texto es deliberadamente genérico porque sino fuera así, los sinvergüenzas como Gioja y Barrick lo podrían utilizar para quedarse con los recursos naturales". Y fue tajante cuando se refirió a las consecuencias que implicaría la sanción de su iniciativa. "Con nuestro proyecto, si se comprueba que hay daño ambiental, la mina se cierra. El proyecto de Filmus, en cambio, no permite el cese de actividades mineras y deja en poder de las provincias esa decisión. Nosotros también le damos participación a la autoridad nacional", argumentó.
"La aprobación de este proyecto no implicaría el cierre de ninguna mina en San Juan, porque las minas ya han aprobado un Informe de Impacto Ambiental (IIA) que determinó que su actividad no afecta al medioambiente", aclaró Gioja.
Apuro en las provincias. Desde la oposición acusan al Gobierno de tener vínculos con la minera canadiense Barrick Gold y señalan esta relación como el principal motivo del veto presidencial (ver aparte). La empresa señaló que sus operaciones "se desarrollan en el más estricto apego a la legislación vigente", y que la gestión ambiental "está certificada bajo estándares internacionales".
A fines de junio, la Presidenta se reunió en Canadá con el CEO de Barrick, Peter Munk, para promover inversiones de esa industria en el país. Durante el almuerzo de negocios, acompañaron a Cristina Kirchner gobernadores de las provincias interesadas en el fomento de la actividad.
El pulso político se aceleró en esas provincias durante los últimos días para defender la actividad. La semana pasada, la Legislatura riojana aprobó una ley de protección de glaciares impulsada por el kirchnerismo que deja en manos del gobierno local el poder de policía sobre los recursos naturales.
Después de su aprobación, diputados nacionales de la UCR denunciaron irregularidades en la sanción de la norma y acusaron al gobernador kirchnerista Luis Beder Herrera de sancionar la ley para favorecer a Barrick. Si bien las leyes provinciales no podrían ser más permisivas que una nacional, podrían servir de amparo para sacar provecho de los recursos naturales, que pertenecen a las provincias según la reforma constitucional de 1994.
"La sanción de este tipo de leyes es una maniobra perversa que la Presidenta avala", afirmó Bonasso. Y acusó: "Es mentira que son federales. Están defendiendo negocios particulares, como en el caso de Gioja y de Jorge Mayoral (secretario de Minería), que tienen vínculos con Barrick". El diputado acusó a Filmus de ser "empleado" de la minera. "En mi vida vi a nadie de Barrick Gold", se defendió el senador. Y devolvió la acusación: "El que hace el juego a Barrick es Bonasso, porque si traba la ley ayuda a esas explotaciones".
El clima de tensión volverá a instalarse mañana en Diputados. Pero, al parecer, la ley de glaciares no se resolverá en el corto plazo: si la oposición se impone en la votación, el proyecto volverá al Senado, donde enfrentará un escenario más complejo. Aún así, si superara ese escollo, Cristina Kirchner deberá decidir si aplica o no un nuevo veto.
"Tráfico de influencias"
El miércoles pasado, los diputados Elisa Carrió, Fernanda Reyes (CC) y Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), denunciaron el "tráfico de influencias" de la Presidenta para favorecer inversiones de la minera canadiense Barrick Gold. Ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, los diputados opositores señalaron la vinculación entre el Gobierno, que vetó la ley de glaciares, y aportaron pruebas para la investigación. En la última cumbre del G-20, realizada hace semanas en Toronto, Cristina Kirchner se encontró con el CEO de la empresa, Peter Munk, quien agradeció el mantenimiento de las "reglas del juego" en el país.
En la denuncia se precisa que, además del veto, el Gobierno otorgó beneficios tributarios por más de $ 150 millones y otras ventajas a la empresa que desarrolla el emprendimiento binacional Pascua-Lama en la frontera entre San Juan y el territorio chileno. También se involucra al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, a Cesar Rioja, hermano del primero y senador, y al secretario de Minería, Jorge Mayoral.
Las provincias que rompen el hielo
Fecha de Publicación: 13/07/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En tiempo record, Jujuy y La Rioja aprobaron normas sobre glaciares y esta semana harían lo mismo San Juan y Salta. Las asambleas ambientalistas denuncian que es una maniobra para eludir la legislación que vote el Congreso nacional.
Ante la posibilidad de que el Congreso nacional apruebe una ley para proteger a los glaciares y limitar la megaminería, gobiernos provinciales impulsan –y las legislaturas aprueban a contrarreloj– leyes que regulan el mismo tema. Sin debate y en tiempo record, Jujuy y La Rioja hicieron punta en la estrategia de los gobernadores: el jueves pasado sancionaron normas de “protección de glaciares”, aunque desde las asambleas ambientales afirman que son leyes “para permitir el avance minero”. Salta y San Juan ya prepararon sus leyes y esperan sancionarlas esta semana. El cambio de escenario fue impulsado luego de que gobernadores se reunieran con la empresa Barrick Gold en Canadá. La Cámara de Diputados de la Nación debatirá el próximo miércoles entre dos proyectos de protección de glaciares.
El miércoles 7 de julio las asambleas ambientales riojanas lanzaron un comunicado donde alertaban que el gobierno provincial había pactado con empresarios mineros de Canadá y China, llamaron a un plenario y movilizaciones. “Alertamos al pueblo sobre uno de los mayores negociados de la historia riojana de entrega del patrimonio minero (...) mientras se destruyen las fuentes de agua que dan vida a los pueblos y a los ecosistemas regionales”, afirmaron los asambleístas.
Al día siguiente, sin debate en comisiones parlamentarias, sin consultar a especialistas científicos y sin atender los reclamos de organizaciones de la sociedad civil, la Legislatura riojana aprobó la ley de “protección de glaciares”, donde el poder de control será ejercido de forma exclusiva por autoridades provinciales. El proyecto de ley había sido presentado el día anterior por el Ejecutivo y sólo el oficialismo sabía de su existencia. “El poder de policía lo tienen la Secretaría de Ambiente y la Cámara de Diputados. El lobo cuidando el gallinero. Son leyes a pedido de la Barrick”, denunció Jenny Luján, activista de la provincia.
También en tiempo record, presentado el 6 de julio y aprobado el 8, el gobierno de Jujuy sancionó su ley de glaciares. Al igual que en La Rioja, el control a las empresas queda en manos del gobierno provincial. También determina que realizará un inventario de glaciares, pero destaca que la opinión de los organismos técnicos especializados no será vinculante.
Alicia Chalabe es abogada patrocinante de vecinos de Tilcara que rechazan la explotación minera. “Por la Constitución Nacional reformada, los recursos naturales pertenecen a las provincias. Entonces la sanción de una ley provincial de glaciares fue una jugada muy bien pensada por los que impulsan la minería. La futura ley nacional podría ser tratada de inconstitucional”, explicó.
El 26 de junio, en el marco de la reunión del Grupo de los 20 (G-20) en Canadá, el fundador y directivo de Barrick Gold, Peter Munk, recibió a la Presidenta y a los gobernadores Walter Barrionuevo (Jujuy), Luis Beder Herrera (La Rioja), Juan Manuel Urtubey (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y José Luis Gioja (San Juan). La comitiva oficial les aseguró a los empresarios que las leyes mineras “no serán modificadas”.
El 6 de julio, en la Casa de Salta en Buenos Aires, se reunieron los gobernadores recién llegados de Canadá. Se sumaron funcionarios de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Catamarca. También estuvo el secretario de Minería, Jorge Mayoral. Allí se hizo pública la estrategia acordada en Canadá. “Declaración de las provincias cordilleranas” es el título del documento en el que se resalta “la necesidad impostergable de proteger los glaciares”. Allí mismo se presentó un modelo de ley provincial, que cada gobernador se comprometió a presentar en sus provincias y aprobar lo más rápido posible. Las recientes leyes de La Rioja y Jujuy son las primeras de una larga lista.
La Cámara de Empresarios Mineros (CAEM) festejó: “La Cámara respalda plenamente la Declaración de los Gobernadores que reafirmaron sus competencias en materia de cuidado ambiental, comprometiéndose a garantizar el desarrollo minero con criterios sustentables”.
Mirta Antonelli es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, y coeditora del libro Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Explica que, a nivel mundial, las corporaciones de la megaminería se caracterizan por “fabricar los referentes jurídicos que viabilicen el extractivismo, haciendo leyes a la medida de sus intereses”, y da como ejemplo las reformas que la Argentina realizó en los ’90. “El caso de las leyes provinciales para disponer de los glaciares, obviando que en el Congreso nacional se debate esta semana el destino del patrimonio de aguas –señaló–, lejos está de ser ‘federalismo’ y ‘autonomía’ provinciales. Es poner en manos y bajo el poder de los gobernadores pro-mineros los territorios y las aguas para que luego decidan las empresas mineras.”
Fecha de Publicación: 13/07/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Tras el veto presidencial de 2008, Diputados tratará mañana dos proyectos de preservación de los grandes hielos; la oposición denuncia que la iniciativa kirchnerista beneficiará a la explotación minera.
Casi dos años después del veto de Cristina Kirchner a la ley de glaciares, oficialismo y oposición volverán a tratar mañana en la Cámara de Diputados un nuevo proyecto que busca la preservación de los grandes hielos, uno de los más importantes recursos naturales del país.
En la sesión, la oposición insistirá en aprobar el texto que fuera rechazado por la Presidenta en 2008 y que había sido sancionado por unanimidad en el Congreso. El kirchnerismo, en cambio, defenderá un dictamen de minoría basado en el proyecto que fue aprobado por el Senado en octubre de 2009.
La discusión se centra en las implicancias que tendrá la nueva norma en la minería, después de que la oposición denunciara al Gobierno por supuestos beneficios a la empresa canadiense Barrick Gold.
La oposición argumenta que la nueva iniciativa le permitiría a las mineras utilizar agua de los grandes hielos en sus operaciones. También señalan que la explotación podría contaminar esos recursos naturales.
En el kirchnerismo descalifican esta posición, aseguran que el proyecto impulsado por el Ejecutivo es aún más estricto que aquel que fue vetado, y acusan a la oposición de querer sacar rédito político de la situación.
"El proyecto del oficialismo permite que los glaciares puedan ser usados para actividades industriales. Esto es peligrosísimo. Las mineras se frotan las manos porque les facilita el agua que necesitan para hacer negocios", afirmó a lanacion.com el diputado Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), que había atribuido el veto a la presión de gobernadores de provincias cordilleranas. Y resaltó que la iniciativa impulsada por el Gobierno "es peligrosísima porque no protege todo él área periglaciar, sino que se limita a defender aquellas partes que están escondidas".
Conceptos. La definición del área alrededor de los glaciares es otro de los puntos conflictivos.
Convencido de que este nuevo proyecto es más preciso y estricto, el senador oficialista Daniel Filmus (Frente para la Victoria) contrapuso su visión: "La ley que fue vetada no determinaba qué era la zona periglaciar", señaló el ex ministro de Educación, que intentó llevar la discusión a un plano extra político. "No hay un proyecto Filmus -se quejó-, ya que lo que impulsamos fue apoyado por distintas fuerzas políticas y aprobado en el Senado".
Además, aclaró que en la propuesta se establece la "prohibición" de cualquier actividad que pueda resultar nociva para los glaciares, como la minería, "e incluso añade la explotación de hidrocarburos". Por eso, "de existir alguna actividad de alguna empresa, ya sea Barrick, otra o el Estado mismo, en zona glaciar o periglaciar será prohibida por la norma", destacó.
En la misma línea, el senador oficialista César Gioja, ex presidente de la Comisión de Minería de la Cámara alta, atacó a la oposición por utilizar "una amplia vaguedad de concepto" para definir qué son los glaciares.
Desde el kirchnerismo indicaron que las definiciones agregadas de glaciares y zonas circundantes ?cuya ausencia era uno de los fundamentos del veto-, corresponden al aporte científico del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), entidad dependiente del Conicet que se encarga la confección de un inventario de esos hielos.
"La iniciativa aprobada por el Senado es técnica. En cambio, el otro proyecto es netamente político, porque buscan sancionar la misma norma que ya fue vetada por la Presidenta para aprovechar el desmérito político que esta decisión conlleva", añadió Gioja ante la consulta de lanacion.com .
Bonasso contraatacó: "Nuestro texto es deliberadamente genérico porque sino fuera así, los sinvergüenzas como Gioja y Barrick lo podrían utilizar para quedarse con los recursos naturales". Y fue tajante cuando se refirió a las consecuencias que implicaría la sanción de su iniciativa. "Con nuestro proyecto, si se comprueba que hay daño ambiental, la mina se cierra. El proyecto de Filmus, en cambio, no permite el cese de actividades mineras y deja en poder de las provincias esa decisión. Nosotros también le damos participación a la autoridad nacional", argumentó.
"La aprobación de este proyecto no implicaría el cierre de ninguna mina en San Juan, porque las minas ya han aprobado un Informe de Impacto Ambiental (IIA) que determinó que su actividad no afecta al medioambiente", aclaró Gioja.
Apuro en las provincias. Desde la oposición acusan al Gobierno de tener vínculos con la minera canadiense Barrick Gold y señalan esta relación como el principal motivo del veto presidencial (ver aparte). La empresa señaló que sus operaciones "se desarrollan en el más estricto apego a la legislación vigente", y que la gestión ambiental "está certificada bajo estándares internacionales".
A fines de junio, la Presidenta se reunió en Canadá con el CEO de Barrick, Peter Munk, para promover inversiones de esa industria en el país. Durante el almuerzo de negocios, acompañaron a Cristina Kirchner gobernadores de las provincias interesadas en el fomento de la actividad.
El pulso político se aceleró en esas provincias durante los últimos días para defender la actividad. La semana pasada, la Legislatura riojana aprobó una ley de protección de glaciares impulsada por el kirchnerismo que deja en manos del gobierno local el poder de policía sobre los recursos naturales.
Después de su aprobación, diputados nacionales de la UCR denunciaron irregularidades en la sanción de la norma y acusaron al gobernador kirchnerista Luis Beder Herrera de sancionar la ley para favorecer a Barrick. Si bien las leyes provinciales no podrían ser más permisivas que una nacional, podrían servir de amparo para sacar provecho de los recursos naturales, que pertenecen a las provincias según la reforma constitucional de 1994.
"La sanción de este tipo de leyes es una maniobra perversa que la Presidenta avala", afirmó Bonasso. Y acusó: "Es mentira que son federales. Están defendiendo negocios particulares, como en el caso de Gioja y de Jorge Mayoral (secretario de Minería), que tienen vínculos con Barrick". El diputado acusó a Filmus de ser "empleado" de la minera. "En mi vida vi a nadie de Barrick Gold", se defendió el senador. Y devolvió la acusación: "El que hace el juego a Barrick es Bonasso, porque si traba la ley ayuda a esas explotaciones".
El clima de tensión volverá a instalarse mañana en Diputados. Pero, al parecer, la ley de glaciares no se resolverá en el corto plazo: si la oposición se impone en la votación, el proyecto volverá al Senado, donde enfrentará un escenario más complejo. Aún así, si superara ese escollo, Cristina Kirchner deberá decidir si aplica o no un nuevo veto.
"Tráfico de influencias"
El miércoles pasado, los diputados Elisa Carrió, Fernanda Reyes (CC) y Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), denunciaron el "tráfico de influencias" de la Presidenta para favorecer inversiones de la minera canadiense Barrick Gold. Ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, los diputados opositores señalaron la vinculación entre el Gobierno, que vetó la ley de glaciares, y aportaron pruebas para la investigación. En la última cumbre del G-20, realizada hace semanas en Toronto, Cristina Kirchner se encontró con el CEO de la empresa, Peter Munk, quien agradeció el mantenimiento de las "reglas del juego" en el país.
En la denuncia se precisa que, además del veto, el Gobierno otorgó beneficios tributarios por más de $ 150 millones y otras ventajas a la empresa que desarrolla el emprendimiento binacional Pascua-Lama en la frontera entre San Juan y el territorio chileno. También se involucra al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, a Cesar Rioja, hermano del primero y senador, y al secretario de Minería, Jorge Mayoral.
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Las provincias que rompen el hielo
Fecha de Publicación: 13/07/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En tiempo record, Jujuy y La Rioja aprobaron normas sobre glaciares y esta semana harían lo mismo San Juan y Salta. Las asambleas ambientalistas denuncian que es una maniobra para eludir la legislación que vote el Congreso nacional.
Ante la posibilidad de que el Congreso nacional apruebe una ley para proteger a los glaciares y limitar la megaminería, gobiernos provinciales impulsan –y las legislaturas aprueban a contrarreloj– leyes que regulan el mismo tema. Sin debate y en tiempo record, Jujuy y La Rioja hicieron punta en la estrategia de los gobernadores: el jueves pasado sancionaron normas de “protección de glaciares”, aunque desde las asambleas ambientales afirman que son leyes “para permitir el avance minero”. Salta y San Juan ya prepararon sus leyes y esperan sancionarlas esta semana. El cambio de escenario fue impulsado luego de que gobernadores se reunieran con la empresa Barrick Gold en Canadá. La Cámara de Diputados de la Nación debatirá el próximo miércoles entre dos proyectos de protección de glaciares.
El miércoles 7 de julio las asambleas ambientales riojanas lanzaron un comunicado donde alertaban que el gobierno provincial había pactado con empresarios mineros de Canadá y China, llamaron a un plenario y movilizaciones. “Alertamos al pueblo sobre uno de los mayores negociados de la historia riojana de entrega del patrimonio minero (...) mientras se destruyen las fuentes de agua que dan vida a los pueblos y a los ecosistemas regionales”, afirmaron los asambleístas.
Al día siguiente, sin debate en comisiones parlamentarias, sin consultar a especialistas científicos y sin atender los reclamos de organizaciones de la sociedad civil, la Legislatura riojana aprobó la ley de “protección de glaciares”, donde el poder de control será ejercido de forma exclusiva por autoridades provinciales. El proyecto de ley había sido presentado el día anterior por el Ejecutivo y sólo el oficialismo sabía de su existencia. “El poder de policía lo tienen la Secretaría de Ambiente y la Cámara de Diputados. El lobo cuidando el gallinero. Son leyes a pedido de la Barrick”, denunció Jenny Luján, activista de la provincia.
También en tiempo record, presentado el 6 de julio y aprobado el 8, el gobierno de Jujuy sancionó su ley de glaciares. Al igual que en La Rioja, el control a las empresas queda en manos del gobierno provincial. También determina que realizará un inventario de glaciares, pero destaca que la opinión de los organismos técnicos especializados no será vinculante.
Alicia Chalabe es abogada patrocinante de vecinos de Tilcara que rechazan la explotación minera. “Por la Constitución Nacional reformada, los recursos naturales pertenecen a las provincias. Entonces la sanción de una ley provincial de glaciares fue una jugada muy bien pensada por los que impulsan la minería. La futura ley nacional podría ser tratada de inconstitucional”, explicó.
El 26 de junio, en el marco de la reunión del Grupo de los 20 (G-20) en Canadá, el fundador y directivo de Barrick Gold, Peter Munk, recibió a la Presidenta y a los gobernadores Walter Barrionuevo (Jujuy), Luis Beder Herrera (La Rioja), Juan Manuel Urtubey (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y José Luis Gioja (San Juan). La comitiva oficial les aseguró a los empresarios que las leyes mineras “no serán modificadas”.
El 6 de julio, en la Casa de Salta en Buenos Aires, se reunieron los gobernadores recién llegados de Canadá. Se sumaron funcionarios de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Catamarca. También estuvo el secretario de Minería, Jorge Mayoral. Allí se hizo pública la estrategia acordada en Canadá. “Declaración de las provincias cordilleranas” es el título del documento en el que se resalta “la necesidad impostergable de proteger los glaciares”. Allí mismo se presentó un modelo de ley provincial, que cada gobernador se comprometió a presentar en sus provincias y aprobar lo más rápido posible. Las recientes leyes de La Rioja y Jujuy son las primeras de una larga lista.
La Cámara de Empresarios Mineros (CAEM) festejó: “La Cámara respalda plenamente la Declaración de los Gobernadores que reafirmaron sus competencias en materia de cuidado ambiental, comprometiéndose a garantizar el desarrollo minero con criterios sustentables”.
Mirta Antonelli es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, y coeditora del libro Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Explica que, a nivel mundial, las corporaciones de la megaminería se caracterizan por “fabricar los referentes jurídicos que viabilicen el extractivismo, haciendo leyes a la medida de sus intereses”, y da como ejemplo las reformas que la Argentina realizó en los ’90. “El caso de las leyes provinciales para disponer de los glaciares, obviando que en el Congreso nacional se debate esta semana el destino del patrimonio de aguas –señaló–, lejos está de ser ‘federalismo’ y ‘autonomía’ provinciales. Es poner en manos y bajo el poder de los gobernadores pro-mineros los territorios y las aguas para que luego decidan las empresas mineras.”
Tucumán: Cambia el paradigma de los bosques
Cambia el paradigma de los bosques nativos
Fecha de Publicación: 12/07/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Por primera vez en la historia, el Estado pagará al ciudadano que recupere, cuide, conserve y enriquezca el bosque autóctono. La Ley 8.304 obliga a conservar a perpetuidad 526.638 hectáreas de masa boscosa. El legislador Roque Alvarez pide reglamentar la norma con "pies de plomo"
Un cambio de paradigma puede ser el comienzo de una revolución, pero una sociedad difícilmente acceda a lo segundo sin pasar antes por lo primero. Y a veces ese trámite imprescindible resulta tan complejo y arduo que termina en frustración. Felizmente no es ese el caso del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Tucumán (Otbnt), que tras 18 meses de mora y 15 de elaboración, fue finalmente convertido en ley (con el número 8.304) y publicado en el Boletín Oficial del 30 de junio, justo en la primera mitad del Año Internacional de la Biodiversidad.
Este nuevo modelo trata a la producción y a la conservación como actividades coligadas y complementarias. Por ello, el Otbnt es más que una norma de índole ecológica: al hacer suyos -y adaptar a la realidad geográfica y productiva provincial- los parámetros de conservación previstos en la Ley Nacional 26.331 (de Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos), el texto reconoce el valor económico del bosque a renglón seguido de consagrar la obligación de conservarlo en tres niveles de intensidad: máxima, media y baja. "Es inédito que el Estado pague a quienes tienen bosques por los servicios ambientales que estos brindan", observa Jorge González Morenghi, presidente de la ONG Fundefma, que gestionó el proceso de elaboración del Otbnt.
Pero como repite incansablemente Daniel Manso, titular de la Dirección de Fauna, Flora Silvestre y Suelo, la primera innovación de la Ley 26.331 consiste en entender el bosque como un ecosistema. Ese concepto amplio, que trasciende la mera superficie arbolada e incluye el suelo, subsuelo, atmósfera, clima y recursos hídricos, ha permitido que el Estado provincial determine los distintos niveles de protección a partir del criterio de la conservación de las cuencas.
La Ley 8.304 asigna 526.638 hectáreas a la categoría roja (máximo nivel de protección correspondiente a los bosques nativos perpetuos), 219.413 hectáreas a la amarilla (protección media) y 164.461 hectáreas a la verde (protección baja), y crea una categoría propia (de color marrón) no prevista en la Ley 26.331, que comprende 1.305.878 hectáreas caracterizadas como sectores adyacentes -como pastizales y altas cumbres- a los bosques, que actúan o deben actuar como áreas de amortiguación.
En concreto, esos colores establecen restricciones al derecho de dominio al prohibir ciertas actividades (por ejemplo, la transformación del suelo en los predios de las áreas roja y amarilla) y al requerir que las permitidas (como el aprovechamiento sostenible en la zona amarilla) sean aprobadas por el Poder Ejecutivo previa presentación de planes de conservación, de manejo, y de aprovechamiento, según corresponda. Elaborado a escala catastral, el Otbnt prevé que el color o los colores de los fundos -pueden atravesar varias categorías- sean incorporados a los títulos de propiedad en las inscripciones de derechos reales en el Registro Inmobiliario de la Provincia y en los instrumentos notariales.
Complejidad operativa
Como durante 2008 no hizo ningún avance en la trabajosa formulación del ordenamiento territorial -debía surgir de un proceso participativo, según la previsión de la Ley 26.331-, el Gobierno tuvo que apurarse para concluir el proyecto en el plazo límite (establecido por el Poder Ejecutivo Nacional) para participar del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que en este ejercicio consta de 300 millones de pesos. El apremio exigió celebrar la audiencia pública de presentación del proyecto del OTBNT el 14 de junio y, dos días después, someterlo a votación en el recinto.
"No recuerdo cuándo fue la última vez que la Legislatura sancionó un proyecto por unanimidad", comenta exultante a LA GACETA el parlamentario justicialista Roque Tobías Alvarez, que promovió la iniciativa en su condición de presidente del bloque alperovichista -no integra la Comisión de Medio Ambiente-. Pero el legislador advierte que la efectividad de la norma avalada por el oficialismo y la oposición depende de que el Poder Ejecutivo la reglamente "con pies de plomo".
La reglamentación debe considerar, en efecto, una infinidad de hipótesis decisivas para el funcionamiento del sistema de protección de los bosques nativos, como la situación de los derechos adquiridos con anterioridad a la sanción de la Ley 8.304 (hubo planteos de este tipo en la audiencia pública); el procedimiento para aspirar a las compensaciones económicas establecidas en la Ley 26.331 (por medio de la presentación de planes de conservación, de manejo, y de aprovechamiento) y el trámite administrativo pertinente en el caso de los estudios de impacto ambiental exigidos para el desmonte.
Superado el paso de la reglamentación -las autoridades calculan que el instrumento estará listo a finales de agosto-, el Poder Ejecutivo tiene por delante el reto de transformarse a sí mismo. "Y asumir el asunto como una política de Estado. Pero no todo es responsabilidad del Gobierno: los ciudadanos deben tomar definitivamente conciencia ambiental", postula González Morenghi.
El desafío incluye desde desarrollar actividades de monitoreo que exigen una inversión enorme en recursos humanos y tecnología hasta consolidar una autoridad de aplicación capaz de atender en tiempo y forma las consultas e inquietudes de los ciudadanos. La Ley 26.331, que advirtió esa complejidad operativa, dispone que el 30% de los recursos que la provincia reciba por su participación en el Fondo de Enriquecimiento sean destinados al fortalecimiento institucional. Es decir, las acciones de conservación rendirán frutos económicos al particular que las impulse y al Estado que las tutele, y, en términos ambientales, al conjunto de la población. Si esos incentivos legales se verifican en la práctica, el cambio de paradigma de los bosques nativos puede devenir en revolución.
Fecha de Publicación: 12/07/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Por primera vez en la historia, el Estado pagará al ciudadano que recupere, cuide, conserve y enriquezca el bosque autóctono. La Ley 8.304 obliga a conservar a perpetuidad 526.638 hectáreas de masa boscosa. El legislador Roque Alvarez pide reglamentar la norma con "pies de plomo"
Un cambio de paradigma puede ser el comienzo de una revolución, pero una sociedad difícilmente acceda a lo segundo sin pasar antes por lo primero. Y a veces ese trámite imprescindible resulta tan complejo y arduo que termina en frustración. Felizmente no es ese el caso del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Tucumán (Otbnt), que tras 18 meses de mora y 15 de elaboración, fue finalmente convertido en ley (con el número 8.304) y publicado en el Boletín Oficial del 30 de junio, justo en la primera mitad del Año Internacional de la Biodiversidad.
Este nuevo modelo trata a la producción y a la conservación como actividades coligadas y complementarias. Por ello, el Otbnt es más que una norma de índole ecológica: al hacer suyos -y adaptar a la realidad geográfica y productiva provincial- los parámetros de conservación previstos en la Ley Nacional 26.331 (de Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos), el texto reconoce el valor económico del bosque a renglón seguido de consagrar la obligación de conservarlo en tres niveles de intensidad: máxima, media y baja. "Es inédito que el Estado pague a quienes tienen bosques por los servicios ambientales que estos brindan", observa Jorge González Morenghi, presidente de la ONG Fundefma, que gestionó el proceso de elaboración del Otbnt.
Pero como repite incansablemente Daniel Manso, titular de la Dirección de Fauna, Flora Silvestre y Suelo, la primera innovación de la Ley 26.331 consiste en entender el bosque como un ecosistema. Ese concepto amplio, que trasciende la mera superficie arbolada e incluye el suelo, subsuelo, atmósfera, clima y recursos hídricos, ha permitido que el Estado provincial determine los distintos niveles de protección a partir del criterio de la conservación de las cuencas.
La Ley 8.304 asigna 526.638 hectáreas a la categoría roja (máximo nivel de protección correspondiente a los bosques nativos perpetuos), 219.413 hectáreas a la amarilla (protección media) y 164.461 hectáreas a la verde (protección baja), y crea una categoría propia (de color marrón) no prevista en la Ley 26.331, que comprende 1.305.878 hectáreas caracterizadas como sectores adyacentes -como pastizales y altas cumbres- a los bosques, que actúan o deben actuar como áreas de amortiguación.
En concreto, esos colores establecen restricciones al derecho de dominio al prohibir ciertas actividades (por ejemplo, la transformación del suelo en los predios de las áreas roja y amarilla) y al requerir que las permitidas (como el aprovechamiento sostenible en la zona amarilla) sean aprobadas por el Poder Ejecutivo previa presentación de planes de conservación, de manejo, y de aprovechamiento, según corresponda. Elaborado a escala catastral, el Otbnt prevé que el color o los colores de los fundos -pueden atravesar varias categorías- sean incorporados a los títulos de propiedad en las inscripciones de derechos reales en el Registro Inmobiliario de la Provincia y en los instrumentos notariales.
Complejidad operativa
Como durante 2008 no hizo ningún avance en la trabajosa formulación del ordenamiento territorial -debía surgir de un proceso participativo, según la previsión de la Ley 26.331-, el Gobierno tuvo que apurarse para concluir el proyecto en el plazo límite (establecido por el Poder Ejecutivo Nacional) para participar del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que en este ejercicio consta de 300 millones de pesos. El apremio exigió celebrar la audiencia pública de presentación del proyecto del OTBNT el 14 de junio y, dos días después, someterlo a votación en el recinto.
"No recuerdo cuándo fue la última vez que la Legislatura sancionó un proyecto por unanimidad", comenta exultante a LA GACETA el parlamentario justicialista Roque Tobías Alvarez, que promovió la iniciativa en su condición de presidente del bloque alperovichista -no integra la Comisión de Medio Ambiente-. Pero el legislador advierte que la efectividad de la norma avalada por el oficialismo y la oposición depende de que el Poder Ejecutivo la reglamente "con pies de plomo".
La reglamentación debe considerar, en efecto, una infinidad de hipótesis decisivas para el funcionamiento del sistema de protección de los bosques nativos, como la situación de los derechos adquiridos con anterioridad a la sanción de la Ley 8.304 (hubo planteos de este tipo en la audiencia pública); el procedimiento para aspirar a las compensaciones económicas establecidas en la Ley 26.331 (por medio de la presentación de planes de conservación, de manejo, y de aprovechamiento) y el trámite administrativo pertinente en el caso de los estudios de impacto ambiental exigidos para el desmonte.
Superado el paso de la reglamentación -las autoridades calculan que el instrumento estará listo a finales de agosto-, el Poder Ejecutivo tiene por delante el reto de transformarse a sí mismo. "Y asumir el asunto como una política de Estado. Pero no todo es responsabilidad del Gobierno: los ciudadanos deben tomar definitivamente conciencia ambiental", postula González Morenghi.
El desafío incluye desde desarrollar actividades de monitoreo que exigen una inversión enorme en recursos humanos y tecnología hasta consolidar una autoridad de aplicación capaz de atender en tiempo y forma las consultas e inquietudes de los ciudadanos. La Ley 26.331, que advirtió esa complejidad operativa, dispone que el 30% de los recursos que la provincia reciba por su participación en el Fondo de Enriquecimiento sean destinados al fortalecimiento institucional. Es decir, las acciones de conservación rendirán frutos económicos al particular que las impulse y al Estado que las tutele, y, en términos ambientales, al conjunto de la población. Si esos incentivos legales se verifican en la práctica, el cambio de paradigma de los bosques nativos puede devenir en revolución.
Mayoral e intereses comerciales con la Barrick
Denuncian que Mayoral tiene intereses comerciales con la Barrick Gold
Fecha de Publicación: 12/07/2010
Fuente: OPI Santa Cruz
Provincia/Región: Nacional
Es casi una constante: cuando un funcionario político defiende tanto a una empresa o corporación, se descubre algún vínculo personal con ese sector. Mayoral, Secretario de Minería de la Nación, que fue parte del anuncio de inversiones de la Barrick en pascua Lama por 11 millones de dólares, tiene participación accionaria en dos mineras subsidiarias de la Barrick. ¿Será excomulgado del gobierno, destituido de su cargo e irá preso por corrupción?. No, estamos en Argentina.
Fernanda Reyes (CC) Elisa Carrió y Miguel Bonasso (DpBA) denunciaron a Jorge Mayoral, Secretario de Minería de la Nación por sus vínculos con dos empresas que tienen vinculación con la Barrick Gold. Ellas son la minera Millstone cuyo domicilio en Buenos Aires es el mismo que la Canadiense Barrick y además señalaron que Mayoral tiene participación accionaria en Minvail SA, también en la misma dirección comercial en Marcelo T De Alvear 624, lo confirmó Perfil.
Mayoral, un ingeniero de 48 años, llegó a la secretaría durante la presidencia de Eduardo Duhalde y por expresa recomendación de José Luis Gioja, el gobernador de San Juan que también enfrentó denuncias por su relación con la Barrick. El año pasado se dijo que su hermano –el senador César Gioja– era proveedor de la minera. Aunque negaron las acusaciones, el legislador dejó su cargo como presidente de la Comisión de Minería.
En el caso de Mayoral, la denuncia dice que posee el 15% de las acciones de Millstone SA yse detalla que Hernán Atanasio Celorrio fue socio en la compañía del funcionario y que además “ha sido el presidente de Barrick Exploraciones Argentina SA”.
Las coincidencias continúan en el caso de Minvail SA, donde el funcionario tiene el 25% del paquete accionario. Esa sociedad, en la que también aparece Celorrio, declaró su domicilio fiscal en el mismo piso donde figura Millstone SA. Allí funcionó el estudio jurídico Brons y Salas, que trabaja para la Barrick.
Fecha de Publicación: 12/07/2010
Fuente: OPI Santa Cruz
Provincia/Región: Nacional
Es casi una constante: cuando un funcionario político defiende tanto a una empresa o corporación, se descubre algún vínculo personal con ese sector. Mayoral, Secretario de Minería de la Nación, que fue parte del anuncio de inversiones de la Barrick en pascua Lama por 11 millones de dólares, tiene participación accionaria en dos mineras subsidiarias de la Barrick. ¿Será excomulgado del gobierno, destituido de su cargo e irá preso por corrupción?. No, estamos en Argentina.
Fernanda Reyes (CC) Elisa Carrió y Miguel Bonasso (DpBA) denunciaron a Jorge Mayoral, Secretario de Minería de la Nación por sus vínculos con dos empresas que tienen vinculación con la Barrick Gold. Ellas son la minera Millstone cuyo domicilio en Buenos Aires es el mismo que la Canadiense Barrick y además señalaron que Mayoral tiene participación accionaria en Minvail SA, también en la misma dirección comercial en Marcelo T De Alvear 624, lo confirmó Perfil.
Mayoral, un ingeniero de 48 años, llegó a la secretaría durante la presidencia de Eduardo Duhalde y por expresa recomendación de José Luis Gioja, el gobernador de San Juan que también enfrentó denuncias por su relación con la Barrick. El año pasado se dijo que su hermano –el senador César Gioja– era proveedor de la minera. Aunque negaron las acusaciones, el legislador dejó su cargo como presidente de la Comisión de Minería.
En el caso de Mayoral, la denuncia dice que posee el 15% de las acciones de Millstone SA yse detalla que Hernán Atanasio Celorrio fue socio en la compañía del funcionario y que además “ha sido el presidente de Barrick Exploraciones Argentina SA”.
Las coincidencias continúan en el caso de Minvail SA, donde el funcionario tiene el 25% del paquete accionario. Esa sociedad, en la que también aparece Celorrio, declaró su domicilio fiscal en el mismo piso donde figura Millstone SA. Allí funcionó el estudio jurídico Brons y Salas, que trabaja para la Barrick.
"Malos Aires" en la capital argentina
La basura amenaza con convertir la capital argentina en "Malos Aires"
Fecha de Publicación: 11/07/2010
Fuente: EFE
Provincia/Región: Capital
Buenos Aires no sabe qué hacer con su basura, al menos eso se desprende de la polémica desatada sobre el destino de los residuos que genera la capital argentina, cuyos vertederos podrían colapsarse en dos años por el continuo aumento en la generación de deshechos.
La producción de residuos de la ciudad creció significativamente en los últimos cinco años, según cifras del ente oficial que gestiona el almacenamiento de la basura de la capital argentina (Ceamse).
Buenos Aires generó 1,4 millones de toneladas en 2005, una cifra que ascendió hasta los 1,8 millones en 2009 (unas 5.000 toneladas al día), lo que significa un aumento del 28,5 por ciento.
Este incremento, junto a la "falta de voluntad política", podría colapsar en "dos o tres años" el vertedero al que llegan la totalidad de los residuos de la urbe, el relleno sanitario Norte III, advirtió a Efe María Eugenia Testa, la directora política de Greenpeace Argentina.
"Es real que con su capacidad actual el vertedero Norte III va a colmar su capacidad en dos o tres años", coincidió Alfredo Vega, portavoz del Ceamse.
El 80 por ciento de los residuos que produce el área metropolitana bonaerense -de unos 400 kilómetros cuadrados con alrededor de 11 millones de habitantes- se almacenan en Norte III, mientras que el 20 por ciento restante se destina a los vertedores de González Catan y Ensenada, que afrontan una orden judicial de cierre.
Los gobiernos de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires acordaron en 2008 la creación de dos nuevos vertederos que sustituirían a los rellenos sanitarios actuales pero este proyecto aún no ha sido concretado.
Según los responsables de Greenpeace, la oposición vecinal frenó significativamente el desarrollo de este plan, en especial tras las denuncias por contaminación del agua en las casas situadas junto a varios de estos estercoleros.
El Ayuntamiento bonaerense promulgó en enero de 2006 una ambiciosa legislación, conocida como "Ley de Basura Cero", que establecía metas de reducción de residuos, como enterrar en 2010 un 30 por ciento menos que en 2004.
"No se está haciendo nada de lo que estipula la ley. Es una meta inalcanzable", denunció Testa, quien recordó que la capital argentina produjo en 2009 unas 1,8 millones de toneladas de basura, 800.000 toneladas más de lo que establece la "Ley de Basura Cero".
En cambio, el departamento de Medio Ambiente de la ciudad considera que se están cumpliendo los propósitos legislativos y que además se está elaborando una nueva licitación para lograr una "gestión integral" de los servicios de recolección de residuos.
Para la responsable de Greenpeace, Buenos Aires se encuentra en una situación "precaria", ya que los residuos, especialmente los domiciliarios, crecieron en los últimos años y los vertederos se encuentran al borde del colapso.
"Hay una clara falta de voluntad política pero también de concienciación ciudadana", lamentó.
Testa puso como ejemplo los bajos índices de reciclaje de residuos que registra la capital argentina, motivados por el "escaso fomento público" pero también por problemas burocráticos, como demuestra el polémico caso de las cerca de diez toneladas de pilas que el ayuntamiento no sabe dónde enterrar.
El escaso reciclaje de los argentinos es compensado por la labor de las numerosas cooperativas de "cartoneros" que recopilan, reciclan y venden los residuos sólidos inorgánicos (plástico, vidrio y papel) que separan y les entregan centenares de hogares de Buenos Aires.
Este colectivo representa una "avanzada de un cambio cultural necesario para superar el enterramiento dañoso de los residuos", según Marcelo Arbit, representante de la organización Central de Movimientos Populares, entidad que agrupa a sesenta cooperativas de recuperación de residuos.
Fecha de Publicación: 11/07/2010
Fuente: EFE
Provincia/Región: Capital
Buenos Aires no sabe qué hacer con su basura, al menos eso se desprende de la polémica desatada sobre el destino de los residuos que genera la capital argentina, cuyos vertederos podrían colapsarse en dos años por el continuo aumento en la generación de deshechos.
La producción de residuos de la ciudad creció significativamente en los últimos cinco años, según cifras del ente oficial que gestiona el almacenamiento de la basura de la capital argentina (Ceamse).
Buenos Aires generó 1,4 millones de toneladas en 2005, una cifra que ascendió hasta los 1,8 millones en 2009 (unas 5.000 toneladas al día), lo que significa un aumento del 28,5 por ciento.
Este incremento, junto a la "falta de voluntad política", podría colapsar en "dos o tres años" el vertedero al que llegan la totalidad de los residuos de la urbe, el relleno sanitario Norte III, advirtió a Efe María Eugenia Testa, la directora política de Greenpeace Argentina.
"Es real que con su capacidad actual el vertedero Norte III va a colmar su capacidad en dos o tres años", coincidió Alfredo Vega, portavoz del Ceamse.
El 80 por ciento de los residuos que produce el área metropolitana bonaerense -de unos 400 kilómetros cuadrados con alrededor de 11 millones de habitantes- se almacenan en Norte III, mientras que el 20 por ciento restante se destina a los vertedores de González Catan y Ensenada, que afrontan una orden judicial de cierre.
Los gobiernos de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires acordaron en 2008 la creación de dos nuevos vertederos que sustituirían a los rellenos sanitarios actuales pero este proyecto aún no ha sido concretado.
Según los responsables de Greenpeace, la oposición vecinal frenó significativamente el desarrollo de este plan, en especial tras las denuncias por contaminación del agua en las casas situadas junto a varios de estos estercoleros.
El Ayuntamiento bonaerense promulgó en enero de 2006 una ambiciosa legislación, conocida como "Ley de Basura Cero", que establecía metas de reducción de residuos, como enterrar en 2010 un 30 por ciento menos que en 2004.
"No se está haciendo nada de lo que estipula la ley. Es una meta inalcanzable", denunció Testa, quien recordó que la capital argentina produjo en 2009 unas 1,8 millones de toneladas de basura, 800.000 toneladas más de lo que establece la "Ley de Basura Cero".
En cambio, el departamento de Medio Ambiente de la ciudad considera que se están cumpliendo los propósitos legislativos y que además se está elaborando una nueva licitación para lograr una "gestión integral" de los servicios de recolección de residuos.
Para la responsable de Greenpeace, Buenos Aires se encuentra en una situación "precaria", ya que los residuos, especialmente los domiciliarios, crecieron en los últimos años y los vertederos se encuentran al borde del colapso.
"Hay una clara falta de voluntad política pero también de concienciación ciudadana", lamentó.
Testa puso como ejemplo los bajos índices de reciclaje de residuos que registra la capital argentina, motivados por el "escaso fomento público" pero también por problemas burocráticos, como demuestra el polémico caso de las cerca de diez toneladas de pilas que el ayuntamiento no sabe dónde enterrar.
El escaso reciclaje de los argentinos es compensado por la labor de las numerosas cooperativas de "cartoneros" que recopilan, reciclan y venden los residuos sólidos inorgánicos (plástico, vidrio y papel) que separan y les entregan centenares de hogares de Buenos Aires.
Este colectivo representa una "avanzada de un cambio cultural necesario para superar el enterramiento dañoso de los residuos", según Marcelo Arbit, representante de la organización Central de Movimientos Populares, entidad que agrupa a sesenta cooperativas de recuperación de residuos.
Glaciares, Diputados define otra ley polémica
Glaciares, Diputados define otra ley polémica
Fecha de Publicación: 11/07/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La Cámara Baja discutirá el miércoles una norma para proteger los glaciares. La Presidenta la había vetado en 2008.
Mientras que el Senado definirá esta semana el destino del matrimonio homosexual, la Cámara de Diputados debatirá el miércoles otra polémica iniciativa: la ley de glaciares.
En octubre de 2008 el Poder Legislativo aprobó casi por unanimidad en sus dos cámaras la ley 26.148 para proteger los glaciares y periglaciares, la principal reserva de agua dulce de Argentina.
Sin embargo, tres semanas después, la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, la vetó, una medida polémica que opositores vinculan con la presión de los hermanos Gioja (al mando de la provincia de San Juan) y sus presuntas vinculaciones con multinacionales mineras.
El miércoles los diputados debatirán sobre dos proyectos. El primero, copia fiel del vetado, está impulsado por el legislador Miguel Bonasso y tiene el despacho por la mayoría. El segundo, que ya cuenta con la media sanción de Senadores, es promovido por el oficialista Daniel Filmus y tiene un despacho de minoría.
Bonasso anticipó ayer que la sesión será "muy peleada". "Está en juego la defensa de la Patria de manera cabal. Este Gobierno que hace fiestitas, que mueve vestiditos del ?Bicentenarito?, está parcelando y entregando la patria a una empresa corsaria", en alusión a la minera canadiense Barrick Gold, dueña de las explotaciones Veladero y Pascua Lama.
La diferencia crucial entre ambas normas es la definición de periglaciar, la zona que circunda a los glaciares y que regula los recursos hídricos.
Fecha de Publicación: 11/07/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La Cámara Baja discutirá el miércoles una norma para proteger los glaciares. La Presidenta la había vetado en 2008.
Mientras que el Senado definirá esta semana el destino del matrimonio homosexual, la Cámara de Diputados debatirá el miércoles otra polémica iniciativa: la ley de glaciares.
En octubre de 2008 el Poder Legislativo aprobó casi por unanimidad en sus dos cámaras la ley 26.148 para proteger los glaciares y periglaciares, la principal reserva de agua dulce de Argentina.
Sin embargo, tres semanas después, la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, la vetó, una medida polémica que opositores vinculan con la presión de los hermanos Gioja (al mando de la provincia de San Juan) y sus presuntas vinculaciones con multinacionales mineras.
El miércoles los diputados debatirán sobre dos proyectos. El primero, copia fiel del vetado, está impulsado por el legislador Miguel Bonasso y tiene el despacho por la mayoría. El segundo, que ya cuenta con la media sanción de Senadores, es promovido por el oficialista Daniel Filmus y tiene un despacho de minoría.
Bonasso anticipó ayer que la sesión será "muy peleada". "Está en juego la defensa de la Patria de manera cabal. Este Gobierno que hace fiestitas, que mueve vestiditos del ?Bicentenarito?, está parcelando y entregando la patria a una empresa corsaria", en alusión a la minera canadiense Barrick Gold, dueña de las explotaciones Veladero y Pascua Lama.
La diferencia crucial entre ambas normas es la definición de periglaciar, la zona que circunda a los glaciares y que regula los recursos hídricos.
Rechazo en UE a minería con cianuro, y acá?
Rechazo en Europa a la minería con cianuro
Fecha de Publicación: 10/07/2010
Fuente: Página / 12
Provincia/Región: Nacional
Por amplia mayoría, los eurodiputados dictaron una resolución que cuestiona duramente la extracción de minerales con cianuro. Advirtieron sobre los riesgos para la salud y el ambiente. Y pidieron la “prohibición total” en los 27 Estados miembro.
“La posibilidad de que ocurra un accidente (en minería a gran escala con uso de cianuro) en sólo cuestión de tiempo.” La advertencia proviene del Parlamento Europeo, que por amplia mayoría solicitó a todos los países de la Comunidad Económica Europea la prohibición total del uso de cianuro en minería. La resolución legislativa de los eurodiputados también apuntó de lleno a las recurrentes promesas de las empresas y los gobiernos: aseguró que la minería no crea empleo real ni duradero, afirmó que es una industria insegura (recuerda que hubo accidentes y advierte que los seguirá habiendo), señaló que tanto la salud humana como el ambiente corren peligro y remarcó que la minería en base a cianuro pone en riesgo las fuentes de agua y la biodiversidad. La resolución fue aprobada con 488 votos a favor, 57 abstenciones y 48 votos en contra, y coincide con los reclamos que desde hace una década realizan asambleas vecinales de pueblos cordilleranos de Argentina. El cianuro es utilizado por la mayoría de los proyectos mineros por ser el método más rentable de obtener los minerales diseminados en las montañas.
El Parlamento Europeo es la única institución de la Unión Europea elegida por sufragio directo. Los 736 diputados representan a 500 millones de ciudadanos. La resolución 2010-0145 del Parlamento insta a la Comisión Europea (órgano que representa el Poder Ejecutivo dentro de la UE y que también interviene en la legislación) que impulse la “prohibición completa” del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en toda la Unión Europea antes de fines de 2011. “Es la única forma segura de proteger nuestros recursos hídricos y ecosistemas de la contaminación por cianuro procedente de las actividades mineras”, afirman los eurodiputados y desmiente el latiguillo más usado por los impulsores de la actividad: “El uso de cianuro en minería crea poco empleo y sólo por un período de entre ocho y dieciséis años, pero puede provocar enormes daños ecológicos transfronterizos que, por lo general, no son reparados por las empresas explotadoras, que suelen desaparecer o declararse en quiebra”.
En la resolución también se remarca la necesidad de que los 27 Estados miembro no presten apoyo “de forma directa o indirecta” a ningún proyecto minero que emplea cianuro, tanto dentro como fuera de Europa. Solicita que los gobiernos promuevan la reconversión industrial de las zonas mineras facilitando apoyo financiero para la implementación de industrias alternativas, ecológicas, energías renovables y el turismo. “Conseguir un buen estado químico de las aguas, proteger los recursos hídricos y la diversidad biológica sólo puede lograrse mediante una prohibición general del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro”, se advierte.
El cianuro en minería es un recurso económico y efectivo para la separación de los metales (oro y plata, entre otros) de la roca. El método técnico se llama “lixiviación” (tratar una sustancia sólida con disolventes para separar sus partes) y las empresas eluden sincerar las cantidades de cianuro utilizadas. Como referencia, la explotación que se intentó en 2003 en Esquel (que la población rechazó por plebiscito) planificaba emplear seis toneladas de cianuro por día. Además de las consecuencias ambientales, es un químico altamente tóxico. Su efecto crónico (producido por exposición a bajas dosis que se prolonga en el tiempo) provoca problemas cardiovasculares, respiratorios, neurológicos, gastrointestinales, endocrinológicos y reproductivos. La dosis letal es de 0,3 gramos. El método de lixiviación, el más usado en la minería metalífera a gran escala, también emplea enormes cantidades de agua, que es contaminada e irrecuperable.
El Parlamento Europeo destacó la validez del principio precautorio, es decir que ante la posibilidad de perjuicio ambiental se hace necesario tomar medidas protectoras. El mismo principio fue determinante para que en febrero pasado el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy fallara a favor de una asamblea de vecinos que rechaza la minería en la provincia. La figura legal comienza a ser exhibida como un derecho a hacer cumplir en las demandas socioambientales, ya sea en minería, petróleo o avance de la frontera agropecuaria.
La resolución se encuentra actualmente en la Comisión Europea, institución que representa los intereses de la Unión en su conjunto. “La resolución es una clara posición política de esta institución. Ahora depende de la Comisión decidir si sigue la recomendación de los eurodiputados. En el debate parlamentario, el representante de la Comisión se pronunció a favor de la prohibición del cianuro, por lo cual es de esperar que se avance en ese sentido”, explicó a Página/12 la delegada de Prensa del Parlamento Europeo, Natalia Dasilva.
Los eurodiputados tuvieron en cuenta los antecedentes de República Checa, Hungría y Alemania, que ya habían prohibido el uso de las tecnologías mineras. “El cianuro es una sustancia química altamente tóxica utilizada en la minería del oro y, en la directiva marco sobre política de aguas, está clasificado como uno de los principales contaminantes. Puede tener un impacto catastrófico e irreversible en la salud humana y el medio ambiente”, afirma la resolución europea.
Entre los considerandos, se recuerda que en los últimos 25 años se registraron más de treinta accidentes importantes relacionados con el uso de cianuro y reconoce que –a pesar de los controles, leyes y promesas empresarias– “no existe ninguna garantía real de que no se vuelva a producir un accidente semejante”.
Alerta de que en países del continente se siguen planeando nuevos proyectos mineros. Los denomina, sin eufemismo, “nuevas amenazas potenciales para la salud humana y el medio ambiente”. Denuncia que las empresas mineras “no cuentan con seguros a largo plazo que cubran los costos en caso de accidente o funcionamiento defectuoso en el futuro” y recuerda que es necesario extraer toneladas de tierra para producir dos gramos de oro, “lo que genera una enorme cantidad de residuos mineros en las zonas de extracción”.
Fecha de Publicación: 10/07/2010
Fuente: Página / 12
Provincia/Región: Nacional
Por amplia mayoría, los eurodiputados dictaron una resolución que cuestiona duramente la extracción de minerales con cianuro. Advirtieron sobre los riesgos para la salud y el ambiente. Y pidieron la “prohibición total” en los 27 Estados miembro.
“La posibilidad de que ocurra un accidente (en minería a gran escala con uso de cianuro) en sólo cuestión de tiempo.” La advertencia proviene del Parlamento Europeo, que por amplia mayoría solicitó a todos los países de la Comunidad Económica Europea la prohibición total del uso de cianuro en minería. La resolución legislativa de los eurodiputados también apuntó de lleno a las recurrentes promesas de las empresas y los gobiernos: aseguró que la minería no crea empleo real ni duradero, afirmó que es una industria insegura (recuerda que hubo accidentes y advierte que los seguirá habiendo), señaló que tanto la salud humana como el ambiente corren peligro y remarcó que la minería en base a cianuro pone en riesgo las fuentes de agua y la biodiversidad. La resolución fue aprobada con 488 votos a favor, 57 abstenciones y 48 votos en contra, y coincide con los reclamos que desde hace una década realizan asambleas vecinales de pueblos cordilleranos de Argentina. El cianuro es utilizado por la mayoría de los proyectos mineros por ser el método más rentable de obtener los minerales diseminados en las montañas.
El Parlamento Europeo es la única institución de la Unión Europea elegida por sufragio directo. Los 736 diputados representan a 500 millones de ciudadanos. La resolución 2010-0145 del Parlamento insta a la Comisión Europea (órgano que representa el Poder Ejecutivo dentro de la UE y que también interviene en la legislación) que impulse la “prohibición completa” del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en toda la Unión Europea antes de fines de 2011. “Es la única forma segura de proteger nuestros recursos hídricos y ecosistemas de la contaminación por cianuro procedente de las actividades mineras”, afirman los eurodiputados y desmiente el latiguillo más usado por los impulsores de la actividad: “El uso de cianuro en minería crea poco empleo y sólo por un período de entre ocho y dieciséis años, pero puede provocar enormes daños ecológicos transfronterizos que, por lo general, no son reparados por las empresas explotadoras, que suelen desaparecer o declararse en quiebra”.
En la resolución también se remarca la necesidad de que los 27 Estados miembro no presten apoyo “de forma directa o indirecta” a ningún proyecto minero que emplea cianuro, tanto dentro como fuera de Europa. Solicita que los gobiernos promuevan la reconversión industrial de las zonas mineras facilitando apoyo financiero para la implementación de industrias alternativas, ecológicas, energías renovables y el turismo. “Conseguir un buen estado químico de las aguas, proteger los recursos hídricos y la diversidad biológica sólo puede lograrse mediante una prohibición general del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro”, se advierte.
El cianuro en minería es un recurso económico y efectivo para la separación de los metales (oro y plata, entre otros) de la roca. El método técnico se llama “lixiviación” (tratar una sustancia sólida con disolventes para separar sus partes) y las empresas eluden sincerar las cantidades de cianuro utilizadas. Como referencia, la explotación que se intentó en 2003 en Esquel (que la población rechazó por plebiscito) planificaba emplear seis toneladas de cianuro por día. Además de las consecuencias ambientales, es un químico altamente tóxico. Su efecto crónico (producido por exposición a bajas dosis que se prolonga en el tiempo) provoca problemas cardiovasculares, respiratorios, neurológicos, gastrointestinales, endocrinológicos y reproductivos. La dosis letal es de 0,3 gramos. El método de lixiviación, el más usado en la minería metalífera a gran escala, también emplea enormes cantidades de agua, que es contaminada e irrecuperable.
El Parlamento Europeo destacó la validez del principio precautorio, es decir que ante la posibilidad de perjuicio ambiental se hace necesario tomar medidas protectoras. El mismo principio fue determinante para que en febrero pasado el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy fallara a favor de una asamblea de vecinos que rechaza la minería en la provincia. La figura legal comienza a ser exhibida como un derecho a hacer cumplir en las demandas socioambientales, ya sea en minería, petróleo o avance de la frontera agropecuaria.
La resolución se encuentra actualmente en la Comisión Europea, institución que representa los intereses de la Unión en su conjunto. “La resolución es una clara posición política de esta institución. Ahora depende de la Comisión decidir si sigue la recomendación de los eurodiputados. En el debate parlamentario, el representante de la Comisión se pronunció a favor de la prohibición del cianuro, por lo cual es de esperar que se avance en ese sentido”, explicó a Página/12 la delegada de Prensa del Parlamento Europeo, Natalia Dasilva.
Los eurodiputados tuvieron en cuenta los antecedentes de República Checa, Hungría y Alemania, que ya habían prohibido el uso de las tecnologías mineras. “El cianuro es una sustancia química altamente tóxica utilizada en la minería del oro y, en la directiva marco sobre política de aguas, está clasificado como uno de los principales contaminantes. Puede tener un impacto catastrófico e irreversible en la salud humana y el medio ambiente”, afirma la resolución europea.
Entre los considerandos, se recuerda que en los últimos 25 años se registraron más de treinta accidentes importantes relacionados con el uso de cianuro y reconoce que –a pesar de los controles, leyes y promesas empresarias– “no existe ninguna garantía real de que no se vuelva a producir un accidente semejante”.
Alerta de que en países del continente se siguen planeando nuevos proyectos mineros. Los denomina, sin eufemismo, “nuevas amenazas potenciales para la salud humana y el medio ambiente”. Denuncia que las empresas mineras “no cuentan con seguros a largo plazo que cubran los costos en caso de accidente o funcionamiento defectuoso en el futuro” y recuerda que es necesario extraer toneladas de tierra para producir dos gramos de oro, “lo que genera una enorme cantidad de residuos mineros en las zonas de extracción”.
Poco avance del saneamiento del Riachuelo
Críticas al poco avance del saneamiento del Riachuelo
Fecha de Publicación: 09/07/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Las ONG cuestionan a Nación, Provincia y Ciudad. Dicen que sólo mejoran el paisaje. El organismo de ejecución se defiende y el juez que monitorea la causa afirma que se va menos rápido de lo deseable. Hace dos años la Corte ordenó la limpieza de la cuenca
El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema condenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad a sanear el Riachuelo. Ayer se cumplieron dos años de este fallo histórico, pero según las ONG del cuerpo colegiado que supervisa su cumplimiento, los trabajos de recuperación de la cuenca avanzaron poco . Otra visión tiene el juez federal de Quilmes Luis Armella, designado por la Corte para ejecutar la sentencia, que afirmó que, si bien no se va tan rápido como se desea, el balance es positivo porque por la presión judicial empezaron a hacerse algunas tareas. Mientras, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) presentó un informe destacando que se removieron el 50% de los barcos hundidos y 800 mil metros cúbicos de basura flotante.
La causa que llegó a la Corte fue impulsada por varios vecinos del Riachuelo, encabezados por Beatriz Mendoza, que demandaron al Estado por daños y perjuicios derivados de la contaminación del curso de agua. El máximo tribunal ordenó el saneamiento de la cuenca, que se extiende a lo largo de 70 kilómetros, cubre una superficie de 2.248 kilómetros cuadrados y tiene 7 millones de habitantes.
“El fallo en su mayoría está incumplido –afirma Andrés Nápoli, el director del Area Riachuelo de la Fundación Ambientes y Recursos Naturales (FARN), una de las ONG que integran el cuerpo colegiado–. Hasta ahora sólo inspeccionaron el 29% de las industrias de la cuenca y ni una sola inició su proceso de reconversión. Este es un tema central, porque la contaminación industrial es la que más impacta en la salud de la población. Además, no han adoptado medidas para asistir sanitariamente a los habitantes de la cuenca”.
En Greenpeace, otra de las ONG del cuerpo, coinciden en que poco se hizo para controlar a las industrias. “El plan de saneamiento está enfocado en solucionar aspectos relacionados con lo paisajístico –acusa Consuelo Bilbao, de la Unidad Política de la organización–. La normativa permite seguir tirando tóxicos como mercurio, cadmio o cromo al agua, aunque más diluidos. Además, hay sólo 20 inspectores para controlar más de 15.000 industrias. Y tampoco hicieron un diagnóstico para saber cuántas hay realmente: ACUMAR tiene registradas apenas 4.100”.
Las ONG también critican la gestión de ACUMAR con respecto a los basurales a cielo abierto. En la FARN recordaron que en su momento, la ex secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti había dicho que había 105. Más adelante, ACUMAR señaló que eran 170. “El último informe habla de 230 –revela Nápoli–. Algunos por ahí no estaban registrados. Lo cierto es que sólo iniciaron el saneamiento del 15% de esos basurales. Y no se ha concretado un Plan Integral de Residuos Sólidos para solucionar el problema”. Geenpeace sostiene que ahora hay el doble de basurales que hace dos años. “No están tomando acciones de prevención para que no instalen más, por eso se duplicaron”, asegura Bilbao.
En la FARN dicen que tampoco fue iniciada la reestructuración y relocalización del Polo Petroquímico de Dock Sud. Y aunque afirman que ACUMAR es un buen instrumento institucional, opinan que el organismo todavía es débil. “Fue creado en 2007 y desde entonces cambió de autoridades cinco veces”, recuerda Nápoli.
El juez federal de Quilmes, Luis Armella, es más optimista. “El balance de estos dos años es positivo gracias al esfuerzo del órgano judicial –evalúa–. Se está avanzando con la red de obras sanitarias, que son obras a diez años para hacer cloacas máximas, plantas de tratamiento, colectoras y emisarios al Río de la Plata”. Para estas obras y otras de reconversión industrial, el Banco Mundial ya aprobó un crédito por $ 840 millones. Hacia fin de año se llamaría a la licitación.
Armella reconoce que el control de las industrias, la otra gran fuente de contaminación además de la falta de cloacas, es lo que más está costando. “Pero está empezando a funcionar. ACUMAR ya tiene inspectores propios. Primero se trabajó en la normativa y ahora empezaron las inspecciones”, dice.
El miércoles, ACUMAR presentó un informe detallando que ya fueron removidos 50 barcos hundidos y 800 mil metros cúbicos de basura flotante y que limpiaron 33 basurales. El presidente ejecutivo del organismo, Gustavo Villa Uría, detalló que están avanzando en el monitoreo de las industrias, el ordenamiento territorial y la urbanización de las villas. Y contó que para limpiar las márgenes trabajan con cooperativas, que se ocupan de levantar la basura flotante, desratizar y desmalezar. También proyectan activar un sistema de vigilancia epidemiológica.
Aunque las ONG afirman que al ACUMAR le faltan fondos, el organismo informó que este año cuenta con su primer presupuesto propio, de $ 43,8 millones, la mitad aportados por el Gobierno nacional. Y para 2011, según Villa Uría, la Nación aportará $ 319 millones, la Provincia $ 80 millones y la Ciudad, $ 25 millones.
Las ONG destacan el rol de la Corte y el del juez Armella. “Las cosas que se logran son gracias a su insistencia”, dice Bilbao. El magistrado sostiene: “En general, falta mucho trabajo para sanear al Riachuelo y uno quisiera más ritmo. Pero lo importante es que se está haciendo algo ”.
Fecha de Publicación: 09/07/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Las ONG cuestionan a Nación, Provincia y Ciudad. Dicen que sólo mejoran el paisaje. El organismo de ejecución se defiende y el juez que monitorea la causa afirma que se va menos rápido de lo deseable. Hace dos años la Corte ordenó la limpieza de la cuenca
El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema condenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad a sanear el Riachuelo. Ayer se cumplieron dos años de este fallo histórico, pero según las ONG del cuerpo colegiado que supervisa su cumplimiento, los trabajos de recuperación de la cuenca avanzaron poco . Otra visión tiene el juez federal de Quilmes Luis Armella, designado por la Corte para ejecutar la sentencia, que afirmó que, si bien no se va tan rápido como se desea, el balance es positivo porque por la presión judicial empezaron a hacerse algunas tareas. Mientras, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) presentó un informe destacando que se removieron el 50% de los barcos hundidos y 800 mil metros cúbicos de basura flotante.
La causa que llegó a la Corte fue impulsada por varios vecinos del Riachuelo, encabezados por Beatriz Mendoza, que demandaron al Estado por daños y perjuicios derivados de la contaminación del curso de agua. El máximo tribunal ordenó el saneamiento de la cuenca, que se extiende a lo largo de 70 kilómetros, cubre una superficie de 2.248 kilómetros cuadrados y tiene 7 millones de habitantes.
“El fallo en su mayoría está incumplido –afirma Andrés Nápoli, el director del Area Riachuelo de la Fundación Ambientes y Recursos Naturales (FARN), una de las ONG que integran el cuerpo colegiado–. Hasta ahora sólo inspeccionaron el 29% de las industrias de la cuenca y ni una sola inició su proceso de reconversión. Este es un tema central, porque la contaminación industrial es la que más impacta en la salud de la población. Además, no han adoptado medidas para asistir sanitariamente a los habitantes de la cuenca”.
En Greenpeace, otra de las ONG del cuerpo, coinciden en que poco se hizo para controlar a las industrias. “El plan de saneamiento está enfocado en solucionar aspectos relacionados con lo paisajístico –acusa Consuelo Bilbao, de la Unidad Política de la organización–. La normativa permite seguir tirando tóxicos como mercurio, cadmio o cromo al agua, aunque más diluidos. Además, hay sólo 20 inspectores para controlar más de 15.000 industrias. Y tampoco hicieron un diagnóstico para saber cuántas hay realmente: ACUMAR tiene registradas apenas 4.100”.
Las ONG también critican la gestión de ACUMAR con respecto a los basurales a cielo abierto. En la FARN recordaron que en su momento, la ex secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti había dicho que había 105. Más adelante, ACUMAR señaló que eran 170. “El último informe habla de 230 –revela Nápoli–. Algunos por ahí no estaban registrados. Lo cierto es que sólo iniciaron el saneamiento del 15% de esos basurales. Y no se ha concretado un Plan Integral de Residuos Sólidos para solucionar el problema”. Geenpeace sostiene que ahora hay el doble de basurales que hace dos años. “No están tomando acciones de prevención para que no instalen más, por eso se duplicaron”, asegura Bilbao.
En la FARN dicen que tampoco fue iniciada la reestructuración y relocalización del Polo Petroquímico de Dock Sud. Y aunque afirman que ACUMAR es un buen instrumento institucional, opinan que el organismo todavía es débil. “Fue creado en 2007 y desde entonces cambió de autoridades cinco veces”, recuerda Nápoli.
El juez federal de Quilmes, Luis Armella, es más optimista. “El balance de estos dos años es positivo gracias al esfuerzo del órgano judicial –evalúa–. Se está avanzando con la red de obras sanitarias, que son obras a diez años para hacer cloacas máximas, plantas de tratamiento, colectoras y emisarios al Río de la Plata”. Para estas obras y otras de reconversión industrial, el Banco Mundial ya aprobó un crédito por $ 840 millones. Hacia fin de año se llamaría a la licitación.
Armella reconoce que el control de las industrias, la otra gran fuente de contaminación además de la falta de cloacas, es lo que más está costando. “Pero está empezando a funcionar. ACUMAR ya tiene inspectores propios. Primero se trabajó en la normativa y ahora empezaron las inspecciones”, dice.
El miércoles, ACUMAR presentó un informe detallando que ya fueron removidos 50 barcos hundidos y 800 mil metros cúbicos de basura flotante y que limpiaron 33 basurales. El presidente ejecutivo del organismo, Gustavo Villa Uría, detalló que están avanzando en el monitoreo de las industrias, el ordenamiento territorial y la urbanización de las villas. Y contó que para limpiar las márgenes trabajan con cooperativas, que se ocupan de levantar la basura flotante, desratizar y desmalezar. También proyectan activar un sistema de vigilancia epidemiológica.
Aunque las ONG afirman que al ACUMAR le faltan fondos, el organismo informó que este año cuenta con su primer presupuesto propio, de $ 43,8 millones, la mitad aportados por el Gobierno nacional. Y para 2011, según Villa Uría, la Nación aportará $ 319 millones, la Provincia $ 80 millones y la Ciudad, $ 25 millones.
Las ONG destacan el rol de la Corte y el del juez Armella. “Las cosas que se logran son gracias a su insistencia”, dice Bilbao. El magistrado sostiene: “En general, falta mucho trabajo para sanear al Riachuelo y uno quisiera más ritmo. Pero lo importante es que se está haciendo algo ”.
Santa Fe: avanza ley que limita herbicidas
Avanza en Santa Fe una ley que limita el uso de herbicidas
Fecha de Publicación: 08/07/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Fe
Afirma que su aplicación es riesgosa para la salud; total rechazo de la industria agroquímica
La Cámara de Diputados de esta provincia aprobó y giró al Senado el proyecto que modifica la ley de fitosanitarios al establecer límites para la fumigación con dichos productos. También prohíbe la fumigación con fosfuro de aluminio en camiones y vagones que transporten cualquier tipo de granos, semillas o subproductos de estos dos.
Según el texto, se prohíbe la fumigación aérea con glifosato, el herbicida más cuestionado por las organizaciones ambientalistas, y de otros agroquímicos dentro de los 1000 metros del límite de los centros urbanos y la fumigación terrestre dentro de los 500 metros, así como la pulverización en lagunas, ríos, arroyos, etcétera.
El proyecto, perteneciente a los diputados justicialistas Federico Reutemann, Adrián Simil y Silvia de Césaris, vuelve a encender la polémica. En efecto, la industria agroquímica minimiza, por ejemplo, los riesgos que puede provocar el glifosato. De todas formas, la definición en el Senado habrá que esperarla para después del receso invernal de las próximas dos semanas en esta provincia.
"Es prioritario tutelar la salud pública y esta ley significa un avance importantísimo porque busca saldar una deuda histórica", sostuvo el diputado del Pares (integrante del oficialista Frente Progresista Cívico y Social), Antonio Riestra.
En tanto, los bloques de la oposición (PJ) decidieron no acompañar el proyecto por considerar que el gobierno aún debe realizar un informe sobre el impacto del glifosato en la fumigación de campos, de acuerdo con lo ordenado por un fallo judicial que favoreció a la ciudad de San Jorge, 150 kilómetros al sudoeste de esta capital.
Por su parte, para el justicialista Enrique Marín, "lo importante es resolver en forma urgente un nuevo modelo de desarrollo rural".
Defensa del glifosato
Respecto de la opinión de los productores, el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Hugo Iturraspe, se mostró inclinado a solicitar que surja una "urgente regulación para poder seguir trabajando". De todas maneras, el ruralista señaló que "de acuerdo con los estudios que nosotros tenemos, el glifosato es de baja toxicidad" y opinó que "los que seguramente perjudican más son otros que tienen otros componentes".
En tanto, en la Cámara Argentina de Agroquímicos y Fertilizantes (Casafe) se insistió en que "hay evidencias y estudios que demuestran la baja peligrosidad que tiene el glifosato".
En diálogo con LA NACION, su director ejecutivo, Guillermo Cal, una restricción en el uso de herbicidas provocaría un fuerte impacto económico negativo en las comunidades del interior y, por ende, en la industria agroquímica. El mercado local del glifosato, dijo, es un negocio de unos 550 millones de dólares por campaña.
Cal argumentó que según la clasificación establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), el glifosato está dentro de los productos conocidos como "banda verde", esto es, que normalmente "no ofrece peligro" para la salud humana.
Respecto de la prohibición de la fumigación en transportes, la aprobación del proyecto surgió horas después de que el Juzgado Federal Nº 1 de Rosario aceptó un recurso de amparo e intimó al gobierno santafecino a controlar y fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto.
Los transportistas de granos resaltaron la importancia de la prohibición del uso de fosfuro de aluminio para combatir insectos en el transporte de granos.
En el último año, esa mala práctica les costó la vida a cinco camioneros. Vicente Bouvier, titular de la Federación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Fatac), valoró la iniciativa y recordó que para desarrollar una tarea de similares características se solicita que sea a tres kilómetros de presencia humana y demanda más de 96 horas de ventilación para los lugares afectados.
La medida también prohíbe la venta libre de fosfuro de aluminio, fosfuro de magnesio, fosfina, bromuro de metilo o cualquier otro producto que lo contenga.
El propio Guillermo Cal puntualizó que el fosfuro de aluminio es un producto de extrema peligrosidad. Agregó que este compuesto se aplica para el combate de plagas, roedores, insectos, "pero en galpones, silos u otros ambientes herméticamente cerrados en donde su efecto concluye según el plazo que especifica la etiqueta en el envase del producto; nunca deben usarse, como ocurrió, en lugares abiertos, como camiones o vagones del ferrocarril, por su efecto letal".
Fecha de Publicación: 08/07/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Fe
Afirma que su aplicación es riesgosa para la salud; total rechazo de la industria agroquímica
La Cámara de Diputados de esta provincia aprobó y giró al Senado el proyecto que modifica la ley de fitosanitarios al establecer límites para la fumigación con dichos productos. También prohíbe la fumigación con fosfuro de aluminio en camiones y vagones que transporten cualquier tipo de granos, semillas o subproductos de estos dos.
Según el texto, se prohíbe la fumigación aérea con glifosato, el herbicida más cuestionado por las organizaciones ambientalistas, y de otros agroquímicos dentro de los 1000 metros del límite de los centros urbanos y la fumigación terrestre dentro de los 500 metros, así como la pulverización en lagunas, ríos, arroyos, etcétera.
El proyecto, perteneciente a los diputados justicialistas Federico Reutemann, Adrián Simil y Silvia de Césaris, vuelve a encender la polémica. En efecto, la industria agroquímica minimiza, por ejemplo, los riesgos que puede provocar el glifosato. De todas formas, la definición en el Senado habrá que esperarla para después del receso invernal de las próximas dos semanas en esta provincia.
"Es prioritario tutelar la salud pública y esta ley significa un avance importantísimo porque busca saldar una deuda histórica", sostuvo el diputado del Pares (integrante del oficialista Frente Progresista Cívico y Social), Antonio Riestra.
En tanto, los bloques de la oposición (PJ) decidieron no acompañar el proyecto por considerar que el gobierno aún debe realizar un informe sobre el impacto del glifosato en la fumigación de campos, de acuerdo con lo ordenado por un fallo judicial que favoreció a la ciudad de San Jorge, 150 kilómetros al sudoeste de esta capital.
Por su parte, para el justicialista Enrique Marín, "lo importante es resolver en forma urgente un nuevo modelo de desarrollo rural".
Defensa del glifosato
Respecto de la opinión de los productores, el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Hugo Iturraspe, se mostró inclinado a solicitar que surja una "urgente regulación para poder seguir trabajando". De todas maneras, el ruralista señaló que "de acuerdo con los estudios que nosotros tenemos, el glifosato es de baja toxicidad" y opinó que "los que seguramente perjudican más son otros que tienen otros componentes".
En tanto, en la Cámara Argentina de Agroquímicos y Fertilizantes (Casafe) se insistió en que "hay evidencias y estudios que demuestran la baja peligrosidad que tiene el glifosato".
En diálogo con LA NACION, su director ejecutivo, Guillermo Cal, una restricción en el uso de herbicidas provocaría un fuerte impacto económico negativo en las comunidades del interior y, por ende, en la industria agroquímica. El mercado local del glifosato, dijo, es un negocio de unos 550 millones de dólares por campaña.
Cal argumentó que según la clasificación establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), el glifosato está dentro de los productos conocidos como "banda verde", esto es, que normalmente "no ofrece peligro" para la salud humana.
Respecto de la prohibición de la fumigación en transportes, la aprobación del proyecto surgió horas después de que el Juzgado Federal Nº 1 de Rosario aceptó un recurso de amparo e intimó al gobierno santafecino a controlar y fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto.
Los transportistas de granos resaltaron la importancia de la prohibición del uso de fosfuro de aluminio para combatir insectos en el transporte de granos.
En el último año, esa mala práctica les costó la vida a cinco camioneros. Vicente Bouvier, titular de la Federación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Fatac), valoró la iniciativa y recordó que para desarrollar una tarea de similares características se solicita que sea a tres kilómetros de presencia humana y demanda más de 96 horas de ventilación para los lugares afectados.
La medida también prohíbe la venta libre de fosfuro de aluminio, fosfuro de magnesio, fosfina, bromuro de metilo o cualquier otro producto que lo contenga.
El propio Guillermo Cal puntualizó que el fosfuro de aluminio es un producto de extrema peligrosidad. Agregó que este compuesto se aplica para el combate de plagas, roedores, insectos, "pero en galpones, silos u otros ambientes herméticamente cerrados en donde su efecto concluye según el plazo que especifica la etiqueta en el envase del producto; nunca deben usarse, como ocurrió, en lugares abiertos, como camiones o vagones del ferrocarril, por su efecto letal".
A dos años no hay mejoras en el Riachuelo
Greenpeace: A dos años del fallo no hay mejoras en el Riachuelo
Fecha de Publicación: 07/07/2010
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
A 2 años del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual se condenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sanear el Riachuelo, Greenpeace denuncia que las obligaciones y plazos previstos en la sentencia, en su mayoría no han sido cumplidos.
Las críticas de la organización recaen sobre ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) órgano conformado por las tres jurisdicciones demandadas y responsable del Plan de Saneamiento Ambiental, que no ha logrado ejercer su rol como organismo interjurisdiccional, y no ha podido implementar políticas con metas y plazos concretos a nivel de toda la cuenca. Además, de acuerdo a los ambientalistas, la debilidad institucional evidenciada a partir del constante recambio de autoridades y funcionarios del organismo, repercute en la falta de continuidad en las tareas emprendidas.
Entre los incumplimientos, Greenpeace destacó lo sucedido con el componente de Control Industrial. La sentencia ordenó inspeccionar en 30 días todas las industrias de la Cuenca, y dos años después solo se han inspeccionado unas 3000 industrias de las más de 12.000 que estarían establecidas. “Lo que nos resulta preocupante es que no solo no se hayan inspeccionado todas las industrias, sino que todavía no sepamos el número real de establecimientos, ACUMAR tiene registradas unas 4.000 cuando de acuerdo a otros datos oficiales se estiman entre 12.000 y 15.000; recién en estos últimos 2 meses comenzaron con el reempadronamiento de industrias” manifestó Consuelo Bilbao de la Unidad Política de Greenpeace.
Los ambientalistas señalan como otra evidencia de los incumplimientos, la falta de avance en el saneamiento de basurales, que contabilizaban 105 cuando la Corte Ordenó sanearlos en el plazo de un año y que a la fecha superan los 200. Por otra parte, declararon que resulta dificultoso medir objetivamente los avances en la gestión ya que el Plan de Saneamiento Ambiental no cuenta con un sistema de indicadores como lo ordenó la sentencia, otra manda que se suma a la numerosa lista de incumplimientos.
Además resulta preocupante la debilidad de la normativa adoptada para la recuperación y protección ambiental ya que no cumplirían con el objetivo de recomposición ambiental dispuesto por la Corte. “Los parámetros establecidos por ACUMAR para la calidad de agua, que definen las condiciones futuras del Riachuelo, no contemplan restricciones a sustancias peligrosas, por lo cual si se mantienen estos parámetros no será posible una recomposición ambiental ni siquiera a largo plazo.” manifestó Martín Prieto, Director Ejecutivo de Greenpeace Argentina, quien concluyó que ”ya es tiempo de aplicar multas”.
Fecha de Publicación: 07/07/2010
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
A 2 años del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual se condenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sanear el Riachuelo, Greenpeace denuncia que las obligaciones y plazos previstos en la sentencia, en su mayoría no han sido cumplidos.
Las críticas de la organización recaen sobre ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) órgano conformado por las tres jurisdicciones demandadas y responsable del Plan de Saneamiento Ambiental, que no ha logrado ejercer su rol como organismo interjurisdiccional, y no ha podido implementar políticas con metas y plazos concretos a nivel de toda la cuenca. Además, de acuerdo a los ambientalistas, la debilidad institucional evidenciada a partir del constante recambio de autoridades y funcionarios del organismo, repercute en la falta de continuidad en las tareas emprendidas.
Entre los incumplimientos, Greenpeace destacó lo sucedido con el componente de Control Industrial. La sentencia ordenó inspeccionar en 30 días todas las industrias de la Cuenca, y dos años después solo se han inspeccionado unas 3000 industrias de las más de 12.000 que estarían establecidas. “Lo que nos resulta preocupante es que no solo no se hayan inspeccionado todas las industrias, sino que todavía no sepamos el número real de establecimientos, ACUMAR tiene registradas unas 4.000 cuando de acuerdo a otros datos oficiales se estiman entre 12.000 y 15.000; recién en estos últimos 2 meses comenzaron con el reempadronamiento de industrias” manifestó Consuelo Bilbao de la Unidad Política de Greenpeace.
Los ambientalistas señalan como otra evidencia de los incumplimientos, la falta de avance en el saneamiento de basurales, que contabilizaban 105 cuando la Corte Ordenó sanearlos en el plazo de un año y que a la fecha superan los 200. Por otra parte, declararon que resulta dificultoso medir objetivamente los avances en la gestión ya que el Plan de Saneamiento Ambiental no cuenta con un sistema de indicadores como lo ordenó la sentencia, otra manda que se suma a la numerosa lista de incumplimientos.
Además resulta preocupante la debilidad de la normativa adoptada para la recuperación y protección ambiental ya que no cumplirían con el objetivo de recomposición ambiental dispuesto por la Corte. “Los parámetros establecidos por ACUMAR para la calidad de agua, que definen las condiciones futuras del Riachuelo, no contemplan restricciones a sustancias peligrosas, por lo cual si se mantienen estos parámetros no será posible una recomposición ambiental ni siquiera a largo plazo.” manifestó Martín Prieto, Director Ejecutivo de Greenpeace Argentina, quien concluyó que ”ya es tiempo de aplicar multas”.
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