“Un modelo productivo poco sustentable”
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“Rehenes de un modelo productivo poco sustentable”
Fecha de Publicación: 10/05/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El científico de la Universidad del Litoral se pregunta por los pocos estudios que se realizan sobre agroquímicos en comparación con la gran cantidad de ellos que se utilizan. “Los ejemplos que demuestran que los agroquímicos se utilizan en forma indebida son abrumadores –señala–, con mortalidad de fauna, casos de intoxicaciones humanas y demás.”
El nombre de Rafael Lajmanovich se vuelve recurrente para cualquiera que se introduce al mundo de los agroquímicos en Argentina. Investigador del Conicet, doctor en ciencias naturales y profesor titular de ecotoxicología en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), de perfil muy bajo, y reacio a la prensa, la consulta al especialista fue recomendada por científicos de diversas universidades, organizaciones socioambientales e incluso por entidades que nuclean a productores de soja. Comenzó a investigar los efectos de los químicos agrarios hace trece años, cuando el monocultivo comenzaba a creer geométricamente y pocos hablaban del glifosato, el endosulfán y otros productos básicos de los agronegocios. El primer contacto de este redactor con Lajmanovich fue en abril de 2009, cuando el investigador del Conicet y director del Laboratorio de Embriología de la UBA, Andrés Carrasco, alertó sobre los efectos del glifosato. En ese momento Lajmanovich declinó la propuesta de una entrevista. Entendía que era un error reducir la denuncia a un solo producto (el glifosato) y afirmaba que el debate debía incluir a todos los sectores involucrados, “en especial a los pobladores locales, en muchos casos rehenes de un modelo productivo poco sustentable”. Luego de un año de gestiones, el investigador aceptó un reportaje. Alertó sobre las consecuencias del modelo agropecuario, confirmó los efectos nocivos en los anfibios, llamó la atención sobre la falta de estudios en humanos, echó sospechas por la falta de información en la sociedad, denunció la primacía de la rentabilidad por sobre el ambiente y la salud, y aportó una mirada crítica al accionar del mundo académico y científico.
–Luego de trece años de trabajo, ¿qué producen los agroquímicos?
–Los anfibios son extremadamente vulnerables a todo tipo de sustancias químicas, especialmente a los utilizados en el agro. Los anfibios necesitan para su supervivencia de pequeños cuerpos de agua, donde los agroquímicos pueden alcanzar niveles letales. En la última década los ambientes naturales se alteraron, las relaciones que había en especies de fauna comenzaron a cambiar, algunas desaparecieron, otras que no estaban en gran cantidad comenzaron a ser especies dominantes, se perdió la relación en el funcionamiento del ecosistema.
–También confirmó casos de malformaciones.
–Así es. En el caso de anfibios es un fenómeno que está siendo reportado en distintas partes del mundo y se ha comprobado su relación con los agro-ecosistemas, fundamentalmente con el uso de algunos químicos. Nuestro grupo de trabajo ha podido observar a lo largo de años un notable incremento en la frecuencia y en los casos de malformaciones, siempre en relación con las áreas cultivadas.
–¿Cómo se debe interpretar el incremento en los casos de malformación justo en áreas donde está presente el cultivo industrial?
–Se interpreta como un indicador importante del grado de afectación de las actividades antrópicas (humanas) sobre las poblaciones de anfibios. Los resultados expuestos marcan una clara tendencia que relaciona sitios con intenso uso de agroquímicos y hábitat alterados con la mayor proporción en los tipos y casos de malformaciones.
–¿Cuál es el impacto de los agroquímicos en el medioambiente y en especial en los animales?
–Es muy difícil determinar exactamente cuál es el verdadero impacto, tampoco conviene separar ambiente por un lado, animales por otro y el hombre aparte. Los impactos suelen ser integrales y en muchos casos las derivaciones de éstos suelen verse después de varias generaciones, acuérdese de lo que paso con el DDT (insecticida utilizado desde la década del 30).
–¿Qué pasó con el DDT?
–El DDT en algún momento fue una solución para problemas con los mosquitos y la malaria. Se empezó a usar de forma masiva y luego se comenzó a ver que ocasionaba problemas reproductivos, había residuos hasta en casquetes polares, llegaba a estar en la leche de los seres humanos. Causó múltiples inconvenientes. Lo que primeramente era una solución para la humanidad luego se tornó un problema que llevó a que se prohíba. Sin embargo sus residuos siguen estando presentes en los ecosistemas de todo el mundo.
–¿Puede suceder lo mismo con las actuales agroquímicas?
–Muchas veces los químicos que estamos usando parecen ambientalmente amigables, según las pruebas o las certificaciones que tenemos en este momento, pero hay muchos ejemplos como para pensar que hay muchas cosas que están sucediendo en este momento a nivel molecular, poblacional, y podremos ver sus consecuencias dentro de cuatro o cinco generaciones.
–¿Cómo es el efecto de los agroquímicos en el agua?
–En el agua se potencian los efectos. Gran parte de los agroquímicos fueron diseñados para el medio terrestre y cuando entran en contacto con el agua potencian su toxicidad miles o cientos de miles de veces.
–¿Su experiencia afirma que se puede controlar que los agroquímicos no lleguen al agua?
–Es muy difícil que no lleguen al agua, quizás imposible. La masividad que hay de su uso hace que la posibilidad de que llegue a ambientes acuáticos sea bastante alta.
–¿Por dónde pasaría la solución?
–Los ejemplos que demuestran que los agroquímicos se utilizan en forma indebida son abrumadores, con mortalidad de fauna, casos de intoxicaciones humanas y demás. El tema podría pasar por su manejo responsable.
–El “manejo responsable” es lo mismo que sostienen las empresas y es lo mismo que se decía del endosulfán o el DDT, hasta que se reconoció su efecto letal. Decir que se trata sólo de mal uso puede ser una forma empresarial de desligar responsabilidades.
–Estoy de acuerdo. El manejo responsable es una parte importante, a corto plazo. A un mediano y largo plazo habría que buscar otras soluciones al uso de tantos agroquímicos. Hay demasiados productos químicos en el ambiente y tendría que tratar de reducirse o reemplazarse por otras alternativas. Volviendo al caso de los anfibios, la mayoría de los productos utilizados en forma masiva, por ejemplo la cipermetrina, glifosato, endosulfán, está claro que no deben ser esparcidos cerca de un cuerpo de agua. Son todas sustancias que son sumamente peligrosas y que se tiene que hacer un uso muy responsable de eso.
–Usted hace eje en el uso responsable y el control. Si se toma sólo la soja, ¿cómo se controlan 19 de millones de hectáreas?
–Es imposible de controlar.
–Dejando de lado una cuestión conservacionista, ¿por qué es importante estudiar y entender lo que sucede con la fauna y los agroquímicos?
–Lo que les suceda a los anfibios de alguna manera les puede suceder a los humanos. Por otro lado los anfibios están considerados excelentes controladores biológicos de artrópodos (principalmente insectos) que en muchos casos pueden ser perjudiciales. También sirven de alimento a otras especies de vertebrados y las pieles de anfibios han sido consideradas como fuentes naturales de numerosos compuestos bioactivos con propiedades medicinales.
–Para no caer en la disyuntiva “agroquímico sí” o “agroquímico no”, ¿cómo se debiera abordar integralmente el aspecto ambiental y sanitario de lo que implica el uso masivo de agroquímicos?
–Para empezar habría que tener mucho más manejo de la información, y bajar esa información a la sociedad. Así el ciudadano de a pie estará consciente de la cantidad de químicos que hay en los campos y en los alimentos. Eso podría provocar cierta presión social sobre el uso masivo de agroquímicos. Tendría que haber legislación más dura, y que se cumpla, y que los productos OGM estén catalogados en sus envases, como en Europa.
–La información que usted pide que la sociedad debe tener, ¿es información que no existe, y por eso no se difunde, o es información que está retenida en algún lugar?
(Sonríe) –Supongo que esa información debiera estar en algún lugar. Por ejemplo estadísticas reales de uso de agroquímicos, ya que no está declarado todo lo que se usa. No hay base de datos accesibles sobre el tema, y debieran existir.
–¿Por qué cree que no está disponible?
–No se difunde información sobre agroquímicos para no asustar a la gente. Hay que tener presente que, aun cuando se realice un buen manejo, pueden producir efectos nocivos y no tenemos que olvidar que los agroquímicos, en especial los plaguicidas, son sustancias químicas diseñadas para matar, lamentablemente no muy selectivas, que no distinguen grupos biológicos. En otro orden, pero vinculado con la misma lógica, como sucede con el tema de los combustibles fósiles, si bien existen alternativas a su uso, no se ve que en un plazo mediano esto ocurra, lo mismo pasa con los agroquímicos más peligrosos, ya que existen intereses económicos que sobrepasan todo razonamiento.
–¿Qué intereses?
–Las empresas que producen los agroquímicos, que venden la semilla, y logran un círculo vicioso que lo que más le interesa obviamente es seguir vendiendo. Es un claro interés económico que se impone sobre el cuidado del ambiente, de la fauna, de las generaciones futuras. El modelo actual está basado en esta utilización de agroquímicos para grandes cosechas. Es descabellado pensar que se puede parar de golpe, por más que creo que se debiera hacer. Pero se puede alertar y tratar de que este modelo productivo no nos trague, como nos está tragando.
–Usted habla de la importancia de la información. Es de público conocimiento que muchos agroquímicos se aprueban en Argentina en base a información aportada por las empresas, sin realizar estudios desde el Estado o ámbitos independientes. Por ejemplo en el caso de la soja y el glifosato nunca se hizo público el expediente de aprobación. ¿Qué opina?
(Sonríe largamente) –Hay mucha información que debe ser pública, sin dudas. Así como a los científicos de las universidades nos obligan a publicar nuestros investigaciones y nuestros trabajos pasan por un comité de ética, en el caso de las empresas debiera ser igual. A nosotros nos controlan muy de cerca por los microlitros de agroquímicos que utilizamos en investigación, y está muy bien que así sea, pero otros usan cientos de millones de litros de agroquímicos y nadie los controla.
–Su trabajo se centra en agroquímicos en anfibios, pero al mismo tiempo afirma que ambiente, animales y humanos no se pueden separar, que los impactos son integrales. ¿Cuáles podrían ser esos impactos en humanos?
–Hay que aclarar que a nivel humano los efectos suelen ser distintos por el nivel de exposición, ya que la fauna silvestre convive dentro de ese sistema con químicos. Aclarado eso, muchos productos agroquímicos tienen un modo de acción similar a nivel bioquímico tanto en anfibios como en humanos. Entonces el efecto podría llegar a ser el mismo. En conclusión, los anfibios se exponen antes que los humanos, sirven de alerta para los efectos que pudieran ocurrir con humanos. Por algo los anfibios son reconocidos mundialmente como “los canarios de la mina”, son considerados indicadores ambientales altamente sensibles para prevenir efectos en poblaciones humanas.
–¿Qué debiera hacerse para determinar cómo afecta a humanos?
–Debiera haber supervisión médica, profesionales de la medicina estudiando el tema. Y se podría llegar a tener avances importantes.
–¿Conoce trabajos sobre el impacto en humanos?
–Muy poco. En Argentina no hay.
–¿Por qué no hay?
–Requiere mucho tiempo, trabajo, esfuerzo y recursos. En Argentina se estudia más la fauna silvestre que a los humanos.
–Es extraño que un país con la mitad de su superficie cultivable sembrada con soja no haya estudios sobre el impacto en humanos.
–Prefiero no responder.
–La relación en cuanto a cantidad usada de agroquímicos y cantidad de estudios es muy desproporcionada. ¿Por qué no hay más estudios sobre los impactos en ambiente y salud?
–No sé por qué no hay más estudios, pero sin duda hay una desproporción grande entre cantidad de agroquímicos e investigación sobre sus consecuencias. No son temas prioritarios, de agenda científica, quizá porque están más preocupados en la mayor producción, se piensa más en producir que en conservar recursos naturales. Es claro que siempre la ciencia legitima los modelos productivos, con estudios o con el silencio. En el caso del modelo agropecuario hay mucho silencio.
–La Justicia de Santa Fe emitió un fallo contra el uso de glifosato. Entre otras cuestiones no pide a los afectados que demuestren cómo los afecta, sino que exige a la provincia de Santa Fe que demuestre que no los afecta. Y da intervención a la UNL. ¿Qué debiera hacerse para estudiar seriamente eso?
(Se muestra sorprendido) –No estoy al tanto de esa intervención de la UNL. No me han avisado.
–Usted es una de las personas más calificadas ¿y no lo han consultado aún?
–No.
–Es extraño.
–Puede ser.
–¿Desde la UNL se pueden realizar estudios sobre efectos del glifosato en humanos?
–Cualquier universidad nacional tiene el potencial humano para avanzar con esos estudios, que diluciden el costo social y sanitario del modelo productivo actual. El potencial humano le aseguro que está. Luego están los intereses que pueda tener cada institución. Las universidades tienen un compromiso con la sociedad y debieran ponerse al frente de todo este tipo de estudios.
–En el tema agroquímicos es recurrente el uso de un argumento: “No hay pruebas científicas de que hacen mal. Se puede usar”. ¿Está de acuerdo?
–Para nada. Habría que razonar de manera inversa y creo que hay que aplicar el principio precautorio. Más que probar que produce efecto nocivo, hay que probar que no produce efecto nocivo. Sobre todo con sustancias que están pensadas para matar, como los agroquímicos.
–Antes se decía que algunos químicos no eran perjudiciales. Luego se comprobó que sí. Sucedió con DDT, clordano, dieldrin, endrin, endosulfán. ¿Es descabellado pensar que podría pasar lo mismo con el glifosato?
–No es descabellado para nada. La ciencia lo puede demostrar dentro de unos años. Lo mismo sucede con los Organismos Modificados Genéticamente (OGM, transgénicos).
–El año pasado hubo una fuerte polémica con el tema del glifosato. ¿Qué opinión le mereció esa puesta en agenda del debate?
–La puesta en debate me pareció muy buena, siempre abordar críticamente un tema tabú es bueno. Que la sociedad tenga acceso a información es bueno. Y me pareció muy valiente la acción de Andrés Carrasco (investigador que dio la alerta sobre los efectos del glifosato y luego enfrentó una campaña de desprestigio).
–La Presidenta creó una comisión investigadora sobre el glifosato, y ese espacio luego elaboró un informe sobre el tema. ¿Qué le pareció?
–Tuve oportunidad de leer el informe. Ante todo, me llamó la atención que nunca fuera presentado públicamente ni esté en el sitio del Conicet, donde se difunden todos los trabajos donde interviene la institución. El informe es una recopilación de información y es cierto que había muchos estudios que fueron financiados por Monsanto, por lo cual no son trabajos independientes. Como todo trabajo que se precie de “científico”, tenía que haber sido sometido a arbitraje, como cualquier documento científico, y no se siguió ese regla básica.
–¿Por qué cree que no fue presentado oficialmente?
–Quizá porque se expone a muchísimas críticas.
–El habitante del campo o zonas periurbanas hace tiempo que alerta que ya no hay tal o cual animal del monte. También suelen denunciar efectos nocivos luego de fumigaciones y casi siempre esos dichos son subestimados. ¿Tienen asidero científico sus denuncias?
–Sin duda. Muchas veces lo observacional de la gente local es clave. Y es un grave error subestimar las alertas que dan los lugareños, ellos son rehenes de un modelo productivo poco sustentable y debieran ser el primer llamado de atención para productores, políticos y científicos.
Fecha de Publicación: 10/05/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El científico de la Universidad del Litoral se pregunta por los pocos estudios que se realizan sobre agroquímicos en comparación con la gran cantidad de ellos que se utilizan. “Los ejemplos que demuestran que los agroquímicos se utilizan en forma indebida son abrumadores –señala–, con mortalidad de fauna, casos de intoxicaciones humanas y demás.”
El nombre de Rafael Lajmanovich se vuelve recurrente para cualquiera que se introduce al mundo de los agroquímicos en Argentina. Investigador del Conicet, doctor en ciencias naturales y profesor titular de ecotoxicología en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), de perfil muy bajo, y reacio a la prensa, la consulta al especialista fue recomendada por científicos de diversas universidades, organizaciones socioambientales e incluso por entidades que nuclean a productores de soja. Comenzó a investigar los efectos de los químicos agrarios hace trece años, cuando el monocultivo comenzaba a creer geométricamente y pocos hablaban del glifosato, el endosulfán y otros productos básicos de los agronegocios. El primer contacto de este redactor con Lajmanovich fue en abril de 2009, cuando el investigador del Conicet y director del Laboratorio de Embriología de la UBA, Andrés Carrasco, alertó sobre los efectos del glifosato. En ese momento Lajmanovich declinó la propuesta de una entrevista. Entendía que era un error reducir la denuncia a un solo producto (el glifosato) y afirmaba que el debate debía incluir a todos los sectores involucrados, “en especial a los pobladores locales, en muchos casos rehenes de un modelo productivo poco sustentable”. Luego de un año de gestiones, el investigador aceptó un reportaje. Alertó sobre las consecuencias del modelo agropecuario, confirmó los efectos nocivos en los anfibios, llamó la atención sobre la falta de estudios en humanos, echó sospechas por la falta de información en la sociedad, denunció la primacía de la rentabilidad por sobre el ambiente y la salud, y aportó una mirada crítica al accionar del mundo académico y científico.
–Luego de trece años de trabajo, ¿qué producen los agroquímicos?
–Los anfibios son extremadamente vulnerables a todo tipo de sustancias químicas, especialmente a los utilizados en el agro. Los anfibios necesitan para su supervivencia de pequeños cuerpos de agua, donde los agroquímicos pueden alcanzar niveles letales. En la última década los ambientes naturales se alteraron, las relaciones que había en especies de fauna comenzaron a cambiar, algunas desaparecieron, otras que no estaban en gran cantidad comenzaron a ser especies dominantes, se perdió la relación en el funcionamiento del ecosistema.
–También confirmó casos de malformaciones.
–Así es. En el caso de anfibios es un fenómeno que está siendo reportado en distintas partes del mundo y se ha comprobado su relación con los agro-ecosistemas, fundamentalmente con el uso de algunos químicos. Nuestro grupo de trabajo ha podido observar a lo largo de años un notable incremento en la frecuencia y en los casos de malformaciones, siempre en relación con las áreas cultivadas.
–¿Cómo se debe interpretar el incremento en los casos de malformación justo en áreas donde está presente el cultivo industrial?
–Se interpreta como un indicador importante del grado de afectación de las actividades antrópicas (humanas) sobre las poblaciones de anfibios. Los resultados expuestos marcan una clara tendencia que relaciona sitios con intenso uso de agroquímicos y hábitat alterados con la mayor proporción en los tipos y casos de malformaciones.
–¿Cuál es el impacto de los agroquímicos en el medioambiente y en especial en los animales?
–Es muy difícil determinar exactamente cuál es el verdadero impacto, tampoco conviene separar ambiente por un lado, animales por otro y el hombre aparte. Los impactos suelen ser integrales y en muchos casos las derivaciones de éstos suelen verse después de varias generaciones, acuérdese de lo que paso con el DDT (insecticida utilizado desde la década del 30).
–¿Qué pasó con el DDT?
–El DDT en algún momento fue una solución para problemas con los mosquitos y la malaria. Se empezó a usar de forma masiva y luego se comenzó a ver que ocasionaba problemas reproductivos, había residuos hasta en casquetes polares, llegaba a estar en la leche de los seres humanos. Causó múltiples inconvenientes. Lo que primeramente era una solución para la humanidad luego se tornó un problema que llevó a que se prohíba. Sin embargo sus residuos siguen estando presentes en los ecosistemas de todo el mundo.
–¿Puede suceder lo mismo con las actuales agroquímicas?
–Muchas veces los químicos que estamos usando parecen ambientalmente amigables, según las pruebas o las certificaciones que tenemos en este momento, pero hay muchos ejemplos como para pensar que hay muchas cosas que están sucediendo en este momento a nivel molecular, poblacional, y podremos ver sus consecuencias dentro de cuatro o cinco generaciones.
–¿Cómo es el efecto de los agroquímicos en el agua?
–En el agua se potencian los efectos. Gran parte de los agroquímicos fueron diseñados para el medio terrestre y cuando entran en contacto con el agua potencian su toxicidad miles o cientos de miles de veces.
–¿Su experiencia afirma que se puede controlar que los agroquímicos no lleguen al agua?
–Es muy difícil que no lleguen al agua, quizás imposible. La masividad que hay de su uso hace que la posibilidad de que llegue a ambientes acuáticos sea bastante alta.
–¿Por dónde pasaría la solución?
–Los ejemplos que demuestran que los agroquímicos se utilizan en forma indebida son abrumadores, con mortalidad de fauna, casos de intoxicaciones humanas y demás. El tema podría pasar por su manejo responsable.
–El “manejo responsable” es lo mismo que sostienen las empresas y es lo mismo que se decía del endosulfán o el DDT, hasta que se reconoció su efecto letal. Decir que se trata sólo de mal uso puede ser una forma empresarial de desligar responsabilidades.
–Estoy de acuerdo. El manejo responsable es una parte importante, a corto plazo. A un mediano y largo plazo habría que buscar otras soluciones al uso de tantos agroquímicos. Hay demasiados productos químicos en el ambiente y tendría que tratar de reducirse o reemplazarse por otras alternativas. Volviendo al caso de los anfibios, la mayoría de los productos utilizados en forma masiva, por ejemplo la cipermetrina, glifosato, endosulfán, está claro que no deben ser esparcidos cerca de un cuerpo de agua. Son todas sustancias que son sumamente peligrosas y que se tiene que hacer un uso muy responsable de eso.
–Usted hace eje en el uso responsable y el control. Si se toma sólo la soja, ¿cómo se controlan 19 de millones de hectáreas?
–Es imposible de controlar.
–Dejando de lado una cuestión conservacionista, ¿por qué es importante estudiar y entender lo que sucede con la fauna y los agroquímicos?
–Lo que les suceda a los anfibios de alguna manera les puede suceder a los humanos. Por otro lado los anfibios están considerados excelentes controladores biológicos de artrópodos (principalmente insectos) que en muchos casos pueden ser perjudiciales. También sirven de alimento a otras especies de vertebrados y las pieles de anfibios han sido consideradas como fuentes naturales de numerosos compuestos bioactivos con propiedades medicinales.
–Para no caer en la disyuntiva “agroquímico sí” o “agroquímico no”, ¿cómo se debiera abordar integralmente el aspecto ambiental y sanitario de lo que implica el uso masivo de agroquímicos?
–Para empezar habría que tener mucho más manejo de la información, y bajar esa información a la sociedad. Así el ciudadano de a pie estará consciente de la cantidad de químicos que hay en los campos y en los alimentos. Eso podría provocar cierta presión social sobre el uso masivo de agroquímicos. Tendría que haber legislación más dura, y que se cumpla, y que los productos OGM estén catalogados en sus envases, como en Europa.
–La información que usted pide que la sociedad debe tener, ¿es información que no existe, y por eso no se difunde, o es información que está retenida en algún lugar?
(Sonríe) –Supongo que esa información debiera estar en algún lugar. Por ejemplo estadísticas reales de uso de agroquímicos, ya que no está declarado todo lo que se usa. No hay base de datos accesibles sobre el tema, y debieran existir.
–¿Por qué cree que no está disponible?
–No se difunde información sobre agroquímicos para no asustar a la gente. Hay que tener presente que, aun cuando se realice un buen manejo, pueden producir efectos nocivos y no tenemos que olvidar que los agroquímicos, en especial los plaguicidas, son sustancias químicas diseñadas para matar, lamentablemente no muy selectivas, que no distinguen grupos biológicos. En otro orden, pero vinculado con la misma lógica, como sucede con el tema de los combustibles fósiles, si bien existen alternativas a su uso, no se ve que en un plazo mediano esto ocurra, lo mismo pasa con los agroquímicos más peligrosos, ya que existen intereses económicos que sobrepasan todo razonamiento.
–¿Qué intereses?
–Las empresas que producen los agroquímicos, que venden la semilla, y logran un círculo vicioso que lo que más le interesa obviamente es seguir vendiendo. Es un claro interés económico que se impone sobre el cuidado del ambiente, de la fauna, de las generaciones futuras. El modelo actual está basado en esta utilización de agroquímicos para grandes cosechas. Es descabellado pensar que se puede parar de golpe, por más que creo que se debiera hacer. Pero se puede alertar y tratar de que este modelo productivo no nos trague, como nos está tragando.
–Usted habla de la importancia de la información. Es de público conocimiento que muchos agroquímicos se aprueban en Argentina en base a información aportada por las empresas, sin realizar estudios desde el Estado o ámbitos independientes. Por ejemplo en el caso de la soja y el glifosato nunca se hizo público el expediente de aprobación. ¿Qué opina?
(Sonríe largamente) –Hay mucha información que debe ser pública, sin dudas. Así como a los científicos de las universidades nos obligan a publicar nuestros investigaciones y nuestros trabajos pasan por un comité de ética, en el caso de las empresas debiera ser igual. A nosotros nos controlan muy de cerca por los microlitros de agroquímicos que utilizamos en investigación, y está muy bien que así sea, pero otros usan cientos de millones de litros de agroquímicos y nadie los controla.
–Su trabajo se centra en agroquímicos en anfibios, pero al mismo tiempo afirma que ambiente, animales y humanos no se pueden separar, que los impactos son integrales. ¿Cuáles podrían ser esos impactos en humanos?
–Hay que aclarar que a nivel humano los efectos suelen ser distintos por el nivel de exposición, ya que la fauna silvestre convive dentro de ese sistema con químicos. Aclarado eso, muchos productos agroquímicos tienen un modo de acción similar a nivel bioquímico tanto en anfibios como en humanos. Entonces el efecto podría llegar a ser el mismo. En conclusión, los anfibios se exponen antes que los humanos, sirven de alerta para los efectos que pudieran ocurrir con humanos. Por algo los anfibios son reconocidos mundialmente como “los canarios de la mina”, son considerados indicadores ambientales altamente sensibles para prevenir efectos en poblaciones humanas.
–¿Qué debiera hacerse para determinar cómo afecta a humanos?
–Debiera haber supervisión médica, profesionales de la medicina estudiando el tema. Y se podría llegar a tener avances importantes.
–¿Conoce trabajos sobre el impacto en humanos?
–Muy poco. En Argentina no hay.
–¿Por qué no hay?
–Requiere mucho tiempo, trabajo, esfuerzo y recursos. En Argentina se estudia más la fauna silvestre que a los humanos.
–Es extraño que un país con la mitad de su superficie cultivable sembrada con soja no haya estudios sobre el impacto en humanos.
–Prefiero no responder.
–La relación en cuanto a cantidad usada de agroquímicos y cantidad de estudios es muy desproporcionada. ¿Por qué no hay más estudios sobre los impactos en ambiente y salud?
–No sé por qué no hay más estudios, pero sin duda hay una desproporción grande entre cantidad de agroquímicos e investigación sobre sus consecuencias. No son temas prioritarios, de agenda científica, quizá porque están más preocupados en la mayor producción, se piensa más en producir que en conservar recursos naturales. Es claro que siempre la ciencia legitima los modelos productivos, con estudios o con el silencio. En el caso del modelo agropecuario hay mucho silencio.
–La Justicia de Santa Fe emitió un fallo contra el uso de glifosato. Entre otras cuestiones no pide a los afectados que demuestren cómo los afecta, sino que exige a la provincia de Santa Fe que demuestre que no los afecta. Y da intervención a la UNL. ¿Qué debiera hacerse para estudiar seriamente eso?
(Se muestra sorprendido) –No estoy al tanto de esa intervención de la UNL. No me han avisado.
–Usted es una de las personas más calificadas ¿y no lo han consultado aún?
–No.
–Es extraño.
–Puede ser.
–¿Desde la UNL se pueden realizar estudios sobre efectos del glifosato en humanos?
–Cualquier universidad nacional tiene el potencial humano para avanzar con esos estudios, que diluciden el costo social y sanitario del modelo productivo actual. El potencial humano le aseguro que está. Luego están los intereses que pueda tener cada institución. Las universidades tienen un compromiso con la sociedad y debieran ponerse al frente de todo este tipo de estudios.
–En el tema agroquímicos es recurrente el uso de un argumento: “No hay pruebas científicas de que hacen mal. Se puede usar”. ¿Está de acuerdo?
–Para nada. Habría que razonar de manera inversa y creo que hay que aplicar el principio precautorio. Más que probar que produce efecto nocivo, hay que probar que no produce efecto nocivo. Sobre todo con sustancias que están pensadas para matar, como los agroquímicos.
–Antes se decía que algunos químicos no eran perjudiciales. Luego se comprobó que sí. Sucedió con DDT, clordano, dieldrin, endrin, endosulfán. ¿Es descabellado pensar que podría pasar lo mismo con el glifosato?
–No es descabellado para nada. La ciencia lo puede demostrar dentro de unos años. Lo mismo sucede con los Organismos Modificados Genéticamente (OGM, transgénicos).
–El año pasado hubo una fuerte polémica con el tema del glifosato. ¿Qué opinión le mereció esa puesta en agenda del debate?
–La puesta en debate me pareció muy buena, siempre abordar críticamente un tema tabú es bueno. Que la sociedad tenga acceso a información es bueno. Y me pareció muy valiente la acción de Andrés Carrasco (investigador que dio la alerta sobre los efectos del glifosato y luego enfrentó una campaña de desprestigio).
–La Presidenta creó una comisión investigadora sobre el glifosato, y ese espacio luego elaboró un informe sobre el tema. ¿Qué le pareció?
–Tuve oportunidad de leer el informe. Ante todo, me llamó la atención que nunca fuera presentado públicamente ni esté en el sitio del Conicet, donde se difunden todos los trabajos donde interviene la institución. El informe es una recopilación de información y es cierto que había muchos estudios que fueron financiados por Monsanto, por lo cual no son trabajos independientes. Como todo trabajo que se precie de “científico”, tenía que haber sido sometido a arbitraje, como cualquier documento científico, y no se siguió ese regla básica.
–¿Por qué cree que no fue presentado oficialmente?
–Quizá porque se expone a muchísimas críticas.
–El habitante del campo o zonas periurbanas hace tiempo que alerta que ya no hay tal o cual animal del monte. También suelen denunciar efectos nocivos luego de fumigaciones y casi siempre esos dichos son subestimados. ¿Tienen asidero científico sus denuncias?
–Sin duda. Muchas veces lo observacional de la gente local es clave. Y es un grave error subestimar las alertas que dan los lugareños, ellos son rehenes de un modelo productivo poco sustentable y debieran ser el primer llamado de atención para productores, políticos y científicos.
Solicitan estudios de toxicidad de agroquímicos
Solicitan que se estudie la toxicidad de los agroquímicos
Fecha de Publicación: 10/05/2010
Fuente: Agenciafe
Provincia/Región: Santa Fe
A través de un proyecto de comunicación, presentado por la diputada provincial del justicialismo Claudia Saldaña, se exige que el Poder Ejecutivo actúe por medio del Ministerio de Salud y mediante el establecimiento de convenios especiales con las universidades nacionales de Rosario y del Litoral para realizar un estudio epidemiológico sobre las afecciones producidas o derivadas del uso de agroquímicos en los sistemas productivos agrarios, en todo el territorio santafesino.
El planteo legislativo se realizó después del fallecimiento del camionero Iván Podevils, oriundo de la localidad de Clucellas (departamento Castellano), el 30 de abril pasado en la playa de camiones San Miguel, ubicada en jurisdicción de la Municipalidad de Puerto General San Martín. Al respecto, según denunció la Federación Argentina de Transporte Automotor de Cargas (Fatac), el trabajador habría muerto intoxicado luego de que el camión y su carga fueran fumigados.
“Por unos pesos menos tenemos que sufrir otra muerte por las llamadas fumigaciones en tránsito. Es un método por el cual los acopiadores proceden a colocar en la carga una pastilla de fosfuro de aluminio cuyo fin es exterminar los insectos que contiene el cereal. De esa manera, al ingresar al puerto no ven depreciado el valor comercial de la semilla”, dijo Saldaña en su pedido.
“Desde hace años –continuó– se vienen registrando innumerables denuncias de habitantes, organizaciones sociales y profesionales de la salud de pueblos y ciudades de nuestra provincia, sobre el crecimiento enorme del número de casos de afecciones de todo tipo en las personas relacionadas, por cercanía, por trabajo o por exposición eventual a los agroquímicos utilizados en las producciones agrarias”.
Para la legisladora kirchnerista “son imposibles de soslayar las opiniones y verificaciones de los médicos que atienden a estas personas, al ver cómo los casos de enfermedades de diversos tipos y gravedades aumentan hasta límites nunca antes vistos. Más grave aún resultan los casos de malformaciones en recién nacidos, denunciados por profesionales médicos de distintas poblaciones de la provincia”.
Salud y afecciones
Frente a ese panorama descripto por la diputada justicialista, donde plantea un interrogante sobre la relación directa entre los agroquímicos y las afecciones, consideró que “es imprescindible que se comience sin más dilaciones a realizarse estudios que permitan dilucidar con métodos científicos esta angustiante y justificada preocupación”.
Al respecto, recordó que recientemente fue confirmada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, integrada por los doctores Armando Drago, Enrique Müller y María Cristina de Césaris de Dos Santos Freire, la sentencia dictada por el juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de San Jorge, Tristán Martínez, por el cual se prohíbe la aspersión o fumigación en una distancia no menor a los 800 metros, para fumigaciones terrestres, y de 1.500 metros, para fumigaciones aéreas, a contar dichas medidas desde el límite de la zona urbana, con ningún tipo de agroquímicos.
“Estos fallos ratifican la importancia de la aplicación del principio precautorio que debe primar ante toda otra consideración cuando se presumen posibles afectaciones a las personas. Además, por este mismo fallo se obliga a realizar un seguimiento por un plazo de seis meses al Ministerio de Producción de la provincia, el cual deberá presentar al juez un estudio conjuntamente con la Universidad Nacional del Litoral en el área que estime el mismo pertinente acerca del grado de toxicidad de los productos agroquímicos y si por ello es conveniente continuar con las fumigaciones o no”, dijo Claudia Saldaña.
“De igual forma el Ministerio de Salud efectuará durante igual lapso un estudio en los barrios de la ciudad de San Jorge comprometidos que permita discernir si durante ese período, las posibles afecciones que se denunciaran disminuyeron o no. Estos hechos demuestran la necesidad de establecer estudios no ya sólo en el lugar ordenado por los jueces en este juicio específico, sino que se hace imprescindible extenderlos a todo el territorio provincial”, finalizó.
Fecha de Publicación: 10/05/2010
Fuente: Agenciafe
Provincia/Región: Santa Fe
A través de un proyecto de comunicación, presentado por la diputada provincial del justicialismo Claudia Saldaña, se exige que el Poder Ejecutivo actúe por medio del Ministerio de Salud y mediante el establecimiento de convenios especiales con las universidades nacionales de Rosario y del Litoral para realizar un estudio epidemiológico sobre las afecciones producidas o derivadas del uso de agroquímicos en los sistemas productivos agrarios, en todo el territorio santafesino.
El planteo legislativo se realizó después del fallecimiento del camionero Iván Podevils, oriundo de la localidad de Clucellas (departamento Castellano), el 30 de abril pasado en la playa de camiones San Miguel, ubicada en jurisdicción de la Municipalidad de Puerto General San Martín. Al respecto, según denunció la Federación Argentina de Transporte Automotor de Cargas (Fatac), el trabajador habría muerto intoxicado luego de que el camión y su carga fueran fumigados.
“Por unos pesos menos tenemos que sufrir otra muerte por las llamadas fumigaciones en tránsito. Es un método por el cual los acopiadores proceden a colocar en la carga una pastilla de fosfuro de aluminio cuyo fin es exterminar los insectos que contiene el cereal. De esa manera, al ingresar al puerto no ven depreciado el valor comercial de la semilla”, dijo Saldaña en su pedido.
“Desde hace años –continuó– se vienen registrando innumerables denuncias de habitantes, organizaciones sociales y profesionales de la salud de pueblos y ciudades de nuestra provincia, sobre el crecimiento enorme del número de casos de afecciones de todo tipo en las personas relacionadas, por cercanía, por trabajo o por exposición eventual a los agroquímicos utilizados en las producciones agrarias”.
Para la legisladora kirchnerista “son imposibles de soslayar las opiniones y verificaciones de los médicos que atienden a estas personas, al ver cómo los casos de enfermedades de diversos tipos y gravedades aumentan hasta límites nunca antes vistos. Más grave aún resultan los casos de malformaciones en recién nacidos, denunciados por profesionales médicos de distintas poblaciones de la provincia”.
Salud y afecciones
Frente a ese panorama descripto por la diputada justicialista, donde plantea un interrogante sobre la relación directa entre los agroquímicos y las afecciones, consideró que “es imprescindible que se comience sin más dilaciones a realizarse estudios que permitan dilucidar con métodos científicos esta angustiante y justificada preocupación”.
Al respecto, recordó que recientemente fue confirmada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, integrada por los doctores Armando Drago, Enrique Müller y María Cristina de Césaris de Dos Santos Freire, la sentencia dictada por el juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de San Jorge, Tristán Martínez, por el cual se prohíbe la aspersión o fumigación en una distancia no menor a los 800 metros, para fumigaciones terrestres, y de 1.500 metros, para fumigaciones aéreas, a contar dichas medidas desde el límite de la zona urbana, con ningún tipo de agroquímicos.
“Estos fallos ratifican la importancia de la aplicación del principio precautorio que debe primar ante toda otra consideración cuando se presumen posibles afectaciones a las personas. Además, por este mismo fallo se obliga a realizar un seguimiento por un plazo de seis meses al Ministerio de Producción de la provincia, el cual deberá presentar al juez un estudio conjuntamente con la Universidad Nacional del Litoral en el área que estime el mismo pertinente acerca del grado de toxicidad de los productos agroquímicos y si por ello es conveniente continuar con las fumigaciones o no”, dijo Claudia Saldaña.
“De igual forma el Ministerio de Salud efectuará durante igual lapso un estudio en los barrios de la ciudad de San Jorge comprometidos que permita discernir si durante ese período, las posibles afecciones que se denunciaran disminuyeron o no. Estos hechos demuestran la necesidad de establecer estudios no ya sólo en el lugar ordenado por los jueces en este juicio específico, sino que se hace imprescindible extenderlos a todo el territorio provincial”, finalizó.
Otra movida para pedir el cierre de la Ceamse
Otra movida para pedir el cierre de la Ceamse
Fecha de Publicación: 09/05/2010
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Las ONG's de la Región se concentraron en diagonal 74 ayer a la tarde
La asamblea ambiental de vecinos y organizaciones de la Región "No+Ceamse" realizó ayer una nueva reunión frente al relleno sanitario de diagonal 74 -camino a Punta Lara- donde volvió a pedir el cierre definitivo del predio, a la vez que se analizó las últimas novedades referidas a la problemática del tratamiento de la basura.
Entre las acciones que están evaluando los ambientalistas, surgió la propuesta de organizar una manifestación el próximo 5 de junio al celebrarse el día Internacional del Medio Ambiente, y entendiendo que el relleno "es uno de los principales emblemas de contaminación de la región", indicaron los representantes de las ONG's.
Marcelo Martínez, de Nuevo Ambiente, sostuvo: "Hasta el momento no hay fecha cierta de cierre del predio, y desde la Asamblea se seguimos reclamando al gobierno de la Provincia que cumpla con los fallos y compromisos judiciales que obligan al cierre definitivo del relleno, atento la contaminación existente y los distintos incumplimientos legales por parte del mismo. Las autoridades no pueden seguir jugando con la salud de la población y deberían tomar acciones concretas para llevar adelante un tratamiento integral de los residuos".
Según la evaluación de la Ceamse, "de acuerdo a lo homologado por la Suprema Corte de Justicia, el complejo ambiental puede operar sin problemas hasta 8 meses después de que comiencen las obras de un nuevo lugar de disposición final". Lo que ocurre es que no ha sido resuelto el lugar de construcción del nuevo centro de disposición, por lo que el tiempo de "aguante" de la gran extensión de la Región se torna, en ese sentido, indefinido. La empresa estatal argumentó, por su parte, que la planta no se levanta porque "no se ha recibido un predio".
Desde la Asamblea se definió estar atentos a los movimientos que puedan producirse en las próximas jornadas, sin desatender que el predio pudiera colapsar. Según los vecinos, "en la actualidad se está elevando la montaña del denominado módulo D, que se visualiza desde la diagonal 74, a 25 metros de altura excediendo los límites recomendados, atento que el peso y volumen de los residuos podría poner en serio riesgo la delgada membrana de nylon que se encuentra en su base".
"Aunque la asamblea se estaba desarrollando con normalidad -denunciaron sus integrantes- surgió un hecho que no dejo de ser llamativo y tuvo referencia a que tres personas que se identificaron como agentes de calle de la comisaría de Punta Lara, comenzaron a anotar números de patentes de los vehículos de los vecinos que estaban estacionados en la puerta de la Ceamse y sacar fotos de los asambleístas, este hecho no sólo fue repudiado de inmediato, sino también se evalúa realizar las denuncias correspondientes", dijeron los ambientalistas.
Fecha de Publicación: 09/05/2010
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Las ONG's de la Región se concentraron en diagonal 74 ayer a la tarde
La asamblea ambiental de vecinos y organizaciones de la Región "No+Ceamse" realizó ayer una nueva reunión frente al relleno sanitario de diagonal 74 -camino a Punta Lara- donde volvió a pedir el cierre definitivo del predio, a la vez que se analizó las últimas novedades referidas a la problemática del tratamiento de la basura.
Entre las acciones que están evaluando los ambientalistas, surgió la propuesta de organizar una manifestación el próximo 5 de junio al celebrarse el día Internacional del Medio Ambiente, y entendiendo que el relleno "es uno de los principales emblemas de contaminación de la región", indicaron los representantes de las ONG's.
Marcelo Martínez, de Nuevo Ambiente, sostuvo: "Hasta el momento no hay fecha cierta de cierre del predio, y desde la Asamblea se seguimos reclamando al gobierno de la Provincia que cumpla con los fallos y compromisos judiciales que obligan al cierre definitivo del relleno, atento la contaminación existente y los distintos incumplimientos legales por parte del mismo. Las autoridades no pueden seguir jugando con la salud de la población y deberían tomar acciones concretas para llevar adelante un tratamiento integral de los residuos".
Según la evaluación de la Ceamse, "de acuerdo a lo homologado por la Suprema Corte de Justicia, el complejo ambiental puede operar sin problemas hasta 8 meses después de que comiencen las obras de un nuevo lugar de disposición final". Lo que ocurre es que no ha sido resuelto el lugar de construcción del nuevo centro de disposición, por lo que el tiempo de "aguante" de la gran extensión de la Región se torna, en ese sentido, indefinido. La empresa estatal argumentó, por su parte, que la planta no se levanta porque "no se ha recibido un predio".
Desde la Asamblea se definió estar atentos a los movimientos que puedan producirse en las próximas jornadas, sin desatender que el predio pudiera colapsar. Según los vecinos, "en la actualidad se está elevando la montaña del denominado módulo D, que se visualiza desde la diagonal 74, a 25 metros de altura excediendo los límites recomendados, atento que el peso y volumen de los residuos podría poner en serio riesgo la delgada membrana de nylon que se encuentra en su base".
"Aunque la asamblea se estaba desarrollando con normalidad -denunciaron sus integrantes- surgió un hecho que no dejo de ser llamativo y tuvo referencia a que tres personas que se identificaron como agentes de calle de la comisaría de Punta Lara, comenzaron a anotar números de patentes de los vehículos de los vecinos que estaban estacionados en la puerta de la Ceamse y sacar fotos de los asambleístas, este hecho no sólo fue repudiado de inmediato, sino también se evalúa realizar las denuncias correspondientes", dijeron los ambientalistas.
Chubut: Impulsan ley que protege los glaciares
Impulsan una ley que protege los glaciares y el ambiente periglaciar
Fecha de Publicación: 08/05/2010
Fuente: Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
El Bloque del ARI presentó un proyecto de ley referido a la protección de glaciares y del ambiente periglaciar de la provincia del Chubut. El mismo fue presentado por el legislador Fernando Urbano y elaborado por el ambientalista Humberto Kadomoto y el geólogo Lucas Ruiz.
Este proyecto de ley protege los glaciares y del ambiente periglaciar sobresaturado en hielo, de la provincia del Chubut, convirtiéndolos en inenajenables, con el objetivo de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas.
En los fundamentos del mencionado anteproyecto, Kadomoto y Ruiz expresan que los glaciares y el ambiente periglaciar son reservorios de agua para los chubutenses y la retracción y/o contaminación de sus masas por cualquier causa, implicará una disminución considerable en la reserva de agua dulce que tenemos en la cordillera. Por lo tanto es muy importante que nuestra provincia inicie este proceso de protección de los mismos.
Inventario
Otro de los aspectos contemplados en el proyecto de ley, es la creación de un inventario provincial de glaciares que individualice y registre todos los glaciares existentes en el territorio chubutense, su dimensión, avance, retroceso y su aporte al caudal de las cuencas en que se encuentran, a fin de conocerlos, monitorearlos y poder planificar la gestión y uso del agua potable. Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor a 5 años.
Los autores de esta iniciativa han resaltado que en la actualidad, no hay emprendimientos productivos que se desarrollen cerca o sobre los glaciares y/o el ambiente periglaciar en Chubut, lo que significa que éste es el momento propicio para tener una ley, que proteja a los glaciares y el ambiente periglaciar, de la situación de degradación y retroceso que puedan ser objeto debido a las intervenciones directas o indirectas, de los proyectos productivos que pudiesen generarse en sus zonas de influencia en el futuro.
El mencionado proyecto, habiendo tomado Estado Parlamentario ha sido girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Recursos Naturales y Medio Ambiente. Se espera un pronto tratamiento y su aprobación por los señores diputados para beneficio de todos los chubutenses y de sus próximas generaciones.
En la Nación
Por otra parte se anunció que el próximo martes firmarán el dictamen del proyecto de ley con el que el Congreso busca reemplazar la ley vetada por Cristina Fernández.
La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación, que preside el diputado nacional Miguel Bonasso, convocó a una reunión conjunta con la Comisión de Minería, para tratar los proyectos referidos a la Ley de Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar vigentes en Diputados y el Senado.
Durante el encuentro, se anuncia que buscarán firmar el dictamen correspondiente para la norma que viene a reemplazar aquella que fuera aprobada en octubre de 2008 y vetada por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el 10 de noviembre del mismo año.
Fecha de Publicación: 08/05/2010
Fuente: Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
El Bloque del ARI presentó un proyecto de ley referido a la protección de glaciares y del ambiente periglaciar de la provincia del Chubut. El mismo fue presentado por el legislador Fernando Urbano y elaborado por el ambientalista Humberto Kadomoto y el geólogo Lucas Ruiz.
Este proyecto de ley protege los glaciares y del ambiente periglaciar sobresaturado en hielo, de la provincia del Chubut, convirtiéndolos en inenajenables, con el objetivo de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas.
En los fundamentos del mencionado anteproyecto, Kadomoto y Ruiz expresan que los glaciares y el ambiente periglaciar son reservorios de agua para los chubutenses y la retracción y/o contaminación de sus masas por cualquier causa, implicará una disminución considerable en la reserva de agua dulce que tenemos en la cordillera. Por lo tanto es muy importante que nuestra provincia inicie este proceso de protección de los mismos.
Inventario
Otro de los aspectos contemplados en el proyecto de ley, es la creación de un inventario provincial de glaciares que individualice y registre todos los glaciares existentes en el territorio chubutense, su dimensión, avance, retroceso y su aporte al caudal de las cuencas en que se encuentran, a fin de conocerlos, monitorearlos y poder planificar la gestión y uso del agua potable. Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor a 5 años.
Los autores de esta iniciativa han resaltado que en la actualidad, no hay emprendimientos productivos que se desarrollen cerca o sobre los glaciares y/o el ambiente periglaciar en Chubut, lo que significa que éste es el momento propicio para tener una ley, que proteja a los glaciares y el ambiente periglaciar, de la situación de degradación y retroceso que puedan ser objeto debido a las intervenciones directas o indirectas, de los proyectos productivos que pudiesen generarse en sus zonas de influencia en el futuro.
El mencionado proyecto, habiendo tomado Estado Parlamentario ha sido girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Recursos Naturales y Medio Ambiente. Se espera un pronto tratamiento y su aprobación por los señores diputados para beneficio de todos los chubutenses y de sus próximas generaciones.
En la Nación
Por otra parte se anunció que el próximo martes firmarán el dictamen del proyecto de ley con el que el Congreso busca reemplazar la ley vetada por Cristina Fernández.
La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación, que preside el diputado nacional Miguel Bonasso, convocó a una reunión conjunta con la Comisión de Minería, para tratar los proyectos referidos a la Ley de Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar vigentes en Diputados y el Senado.
Durante el encuentro, se anuncia que buscarán firmar el dictamen correspondiente para la norma que viene a reemplazar aquella que fuera aprobada en octubre de 2008 y vetada por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el 10 de noviembre del mismo año.
Limitar el glifosato provocaría fuertes pérdidas ...
Advierten que limitar el glifosato provocaría fuertes pérdidas al país
Fecha de Publicación: 07/05/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Según un estudio, podrían caer la producción y el ingreso de divisas y subir los costos del agro
Una posible prohibición del uso del glifosato podría generar consecuencias graves para el sistema de producción agrícola de la Argentina, comprometer el proceso de conservación de los suelos que se inició con el uso de la siembra directa, aumentar fuertemente los costos y obligar a resucitar en algunos casos herbicidas de un elevado nivel de toxicidad que ya fueron dejados de lado hace tiempo.
Ese es el diagnóstico que trazan numerosos especialistas sobre el impacto que tendría una prohibición de este producto. El año pasado, por ejemplo, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Aadeaa) presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema para pedir la suspensión de la comercialización y aplicación del glifosato por un término de 180 días.
En esa oportunidad, los abogados habían mencionando en su presentación un trabajo del investigador Andrés Carrasco, del Laboratorio de Embriología Molecular del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Facultad de Medicina de la UBA, sobre los presuntos trastornos a la salud que provocaría el producto con pruebas sobre embriones de anfibios.
Desde el sector de la producción, los especialistas insisten en que el glifosato es un producto catalogado por la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) como que "normalmente" no ofrece peligro.
"Una prohibición del uso del glifosato traería graves consecuencias, como una fuerte caída de la producción de agroalimentos para la Argentina y el mundo, con serias consecuencias sociales y una fuerte caída del ingreso de divisas del 30 al 40% que se destinan a planes de acción social, entre otros", dijo Pablo Grosso, director de Gestión Tecnológica de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes.
Grosso fue más allá y señaló que otra consecuencia sería la degradación de los suelos. Para tener en cuenta, el glifosato es una de las herramientas que acompañan al sistema de siembra directa, una tecnología conservacionista donde, a diferencia de las viejas labranzas con arado, se siembra sin recurrir a la remoción de la tierra.
Pablo Spelanzón es productor y tiene su propio diagnóstico sobre una agricultura sin glifosato. "Bajaríamos en forma rápida un 30% la producción de cereal; una agricultura sin glifosato llevaría a un incremento en los costos del 30 al 50%", dijo Gustavo Duarte, consultor, agregó otra mirada. Para este especialista, la agricultura sin glifosato implicaría "una mayor carga de agroquímicos menos amigables con el ambiente".
Renunciar a la producción
Rodolfo Rossi, uno de los investigadores más destacados de soja, cree que imaginarse una agricultura sin este herbicida es "renunciar a continuar aumentando la producción de manera sustentable".
"La sinergia entre siembra directa, glifosato y soja transgénica permitió incrementar la superficie de soja 2,5 veces en 10 años y la producción se cuadruplicó, convirtiendo a nuestro país en el principal exportador de harina y aceite de soja y desarrollando la agroindustria más moderna y eficiente del mundo", dijo. Rossi destacó: "Un análisis económico muestra que en los primeros ocho años desde la introducción de la tecnología trajeron una ganancia acumulada para el país de 20.000 millones de dólares y la creación de más de un millón de empleos directos e indirectos", opinó. "A su vez, el glifosato per se reemplazó a más de 20 principios activos, reduciendo sensiblemente el impacto en el ambiente", agregó.
Con la Argentina convertida en un actor clave de la producción, nadie en el sector parece querer volver a aquellas etapas.
Al respecto, Gastón Fernández Palma, presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), reflexionó: "La agricultura convencional (antes de la siembra directa), por vía de la erosión de los suelos y la aplicación de un criterio de explotación «minero» o extractivo de los recursos, en muchos casos hizo llegar a extremos de deterioro de magnitud escalofriante: perder más de 10 toneladas de suelo por tonelada de grano producido, un costo que la humanidad no puede pagar. Con la siembra directa se hace posible un nuevo paradigma. Maximizar la rentabilidad de la tierra y, a la vez, conservar su fertilidad comenzó a ser posible, rompiendo la idea de que uno era opuesto de lo otro".
* Combinación . La sinergia entre glifosato, siembra directa y soja transgénica permitió cuadruplicar la producción del cultivo en diez años, según el experto Rodolfo Rossi.
* Divisas y empleo . De acuerdo con un estudio privado, durante los primeros ocho años de la utilización de ese paquete tecnológico la Argentina acumuló una ganancia de 20.000 millones de dólares y se logró la creación de más de un millón de empleos directos e indirectos.
Negocios en riesgo
* Según los especialistas, en una agricultura sin glifosato el ingreso de divisas por exportaciones caería entre 30 y 40 por ciento
Planteos menos sustentables
* La restricción al uso del herbicida llevaría a "resucitar" productos que ya fueron abandonados por los agricultores
Fecha de Publicación: 07/05/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Según un estudio, podrían caer la producción y el ingreso de divisas y subir los costos del agro
Una posible prohibición del uso del glifosato podría generar consecuencias graves para el sistema de producción agrícola de la Argentina, comprometer el proceso de conservación de los suelos que se inició con el uso de la siembra directa, aumentar fuertemente los costos y obligar a resucitar en algunos casos herbicidas de un elevado nivel de toxicidad que ya fueron dejados de lado hace tiempo.
Ese es el diagnóstico que trazan numerosos especialistas sobre el impacto que tendría una prohibición de este producto. El año pasado, por ejemplo, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Aadeaa) presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema para pedir la suspensión de la comercialización y aplicación del glifosato por un término de 180 días.
En esa oportunidad, los abogados habían mencionando en su presentación un trabajo del investigador Andrés Carrasco, del Laboratorio de Embriología Molecular del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Facultad de Medicina de la UBA, sobre los presuntos trastornos a la salud que provocaría el producto con pruebas sobre embriones de anfibios.
Desde el sector de la producción, los especialistas insisten en que el glifosato es un producto catalogado por la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) como que "normalmente" no ofrece peligro.
"Una prohibición del uso del glifosato traería graves consecuencias, como una fuerte caída de la producción de agroalimentos para la Argentina y el mundo, con serias consecuencias sociales y una fuerte caída del ingreso de divisas del 30 al 40% que se destinan a planes de acción social, entre otros", dijo Pablo Grosso, director de Gestión Tecnológica de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes.
Grosso fue más allá y señaló que otra consecuencia sería la degradación de los suelos. Para tener en cuenta, el glifosato es una de las herramientas que acompañan al sistema de siembra directa, una tecnología conservacionista donde, a diferencia de las viejas labranzas con arado, se siembra sin recurrir a la remoción de la tierra.
Pablo Spelanzón es productor y tiene su propio diagnóstico sobre una agricultura sin glifosato. "Bajaríamos en forma rápida un 30% la producción de cereal; una agricultura sin glifosato llevaría a un incremento en los costos del 30 al 50%", dijo Gustavo Duarte, consultor, agregó otra mirada. Para este especialista, la agricultura sin glifosato implicaría "una mayor carga de agroquímicos menos amigables con el ambiente".
Renunciar a la producción
Rodolfo Rossi, uno de los investigadores más destacados de soja, cree que imaginarse una agricultura sin este herbicida es "renunciar a continuar aumentando la producción de manera sustentable".
"La sinergia entre siembra directa, glifosato y soja transgénica permitió incrementar la superficie de soja 2,5 veces en 10 años y la producción se cuadruplicó, convirtiendo a nuestro país en el principal exportador de harina y aceite de soja y desarrollando la agroindustria más moderna y eficiente del mundo", dijo. Rossi destacó: "Un análisis económico muestra que en los primeros ocho años desde la introducción de la tecnología trajeron una ganancia acumulada para el país de 20.000 millones de dólares y la creación de más de un millón de empleos directos e indirectos", opinó. "A su vez, el glifosato per se reemplazó a más de 20 principios activos, reduciendo sensiblemente el impacto en el ambiente", agregó.
Con la Argentina convertida en un actor clave de la producción, nadie en el sector parece querer volver a aquellas etapas.
Al respecto, Gastón Fernández Palma, presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), reflexionó: "La agricultura convencional (antes de la siembra directa), por vía de la erosión de los suelos y la aplicación de un criterio de explotación «minero» o extractivo de los recursos, en muchos casos hizo llegar a extremos de deterioro de magnitud escalofriante: perder más de 10 toneladas de suelo por tonelada de grano producido, un costo que la humanidad no puede pagar. Con la siembra directa se hace posible un nuevo paradigma. Maximizar la rentabilidad de la tierra y, a la vez, conservar su fertilidad comenzó a ser posible, rompiendo la idea de que uno era opuesto de lo otro".
* Combinación . La sinergia entre glifosato, siembra directa y soja transgénica permitió cuadruplicar la producción del cultivo en diez años, según el experto Rodolfo Rossi.
* Divisas y empleo . De acuerdo con un estudio privado, durante los primeros ocho años de la utilización de ese paquete tecnológico la Argentina acumuló una ganancia de 20.000 millones de dólares y se logró la creación de más de un millón de empleos directos e indirectos.
Negocios en riesgo
* Según los especialistas, en una agricultura sin glifosato el ingreso de divisas por exportaciones caería entre 30 y 40 por ciento
Planteos menos sustentables
* La restricción al uso del herbicida llevaría a "resucitar" productos que ya fueron abandonados por los agricultores
Pilas: juntaron 10 toneladas y no saben que hacer
Pilas: juntaron 10 toneladas y no saben dónde enterrarlas
Fecha de Publicación: 06/05/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital
Se recolectaron con una campaña de la Ciudad en los CGPC durante 2009, por considerarlas residuos peligrosos. Pero nadie las quiere en su territorio y hoy siguen en un galpón del Bajo Flores.
No las quiere nadie y, cuando parece que el tema está a punto de solucionarse, todo vuelve a cero. La historia de las diez toneladas de pilas y baterías que el Gobierno de la Ciudad juntó pacientemente durante ocho meses sigue sumando desencuentros. El objetivo era darle un destino final adecuado, que alejara los peligros de contaminación, pero el remedio resultó peor que la enfermedad: desde agosto del año pasado el material está almacenado en un predio estatal del Bajo Flores.
Ahora, la Agencia Ambiental porteña firmó un contrato con una empresa llamada Bafesa, por que tiene un relleno sanitario para residuos peligrosos en Campana y que estaba dispuesta por $ 76.000 a enterrar las pilas y baterías.
Pero el gobierno de la provincia de Buenos Aires advirtió que no admitirá que el acuerdo se concrete, apelando al artículo 28 de la Constitución bonaerense, que prohíbe el ingreso al territorio provincial de desechos tóxicos y radiactivos".
"Lo nuestro es categórico: de ninguna manera vamos a aceptar las pilas. No sólo porque lo prohíbe nuestra Constitución, sino también porque tenemos la decisión política de no aceptar la contaminación. ¿Qué puede hacer la Ciudad con las pilas? Que las entierre en su territorio, si diez toneladas son lo que producen de basura en un par de días", dijo a Clarín el jefe de gabinete de la administración de Daniel Scioli, Alberto Pérez.
De lado porteño, la titular de la Agencia Ambiental, Graciela Gerola, se mostró enojada y rechazó la interpretación de Pérez: "Los estudios de laboratorio dicen que las pilas no son residuos tóxicos, como serían por ejemplo el PCB o el material nuclear. Sí son residuos peligrosos y por eso la empresa los enterrará en un relleno sanitario de seguridad, con una protección tres veces superior a los comunes, para asegurar que no se filtre las sustancias hacia el subsuelo".
"Esta es una pelea lamentable, que está generando que los residuos peligrosos se entierren en cualquier lado y que en la Argentina no tengamos una gestión ambiental correcta", agregó.
En 2008, precisamente la Agencia Ambiental pidió a los porteños que llevaran las pilas y baterías usadas a los CGPC, de modo que el Gobierno de la Ciudad les diera un destino seguro.
El año pasado, con diez toneladas ya juntadas, la Agencia estaba a punto de firmar un contrato para enterrar el material en un relleno de Córdoba. Pero cuando se supo públicamente hubo fuertes protestas vecinales, que generaron que las tratativas quedaran en la nada.
Ahora, la negociación con la empresa Bafesa se realizó en secreto, para que no hubiera problemas, pero la negativa es de las autoridades provinciales.
En el medio, la presidente de la Auditoría General de la Ciudad, Sandra Bergenfeld, anunció a este diario que hoy presentará una denuncia ante el fiscal ambiental Ramiro González, "porque no sabemos si ahora las pilas tienen las medidas de seguridad adecuadas en el Bajo Flores. Es un peligro que sigan en la Ciudad. La única solución que veo es exportarlas a países que tienen la tecnología adecuada para darles tratamiento".
Actualmente, con las pilas comunes, la indicación de las autoridades de la Ciudad es que sean tiradas al tacho de basura, porque tienen una cantidad de mercurio muy reducida con respecto a las antiguas. Las baterías recargables, en cambio, son más peligrosas y deben ser llevadas a los fabricantes, para que ellos se encarguen de darles disposición final.
No todos, sin embargo, están de acuerdo con esta política. María Eugenia Testa, de Greenpeace, explicó: "Nuestra posición es que ninguna pila deber ser tirada a la basura, porque si bien las comunes tienen una cantidad reducida de mercurio, igual son contaminantes. Por ellos creemos que los fabricantes deben hacerse cargo de todas las pilas y baterías cuando éstas ya no están más en condiciones de ser usadas, como lo hacen en otros países del mundo, donde son recicladas".
Fecha de Publicación: 06/05/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital
Se recolectaron con una campaña de la Ciudad en los CGPC durante 2009, por considerarlas residuos peligrosos. Pero nadie las quiere en su territorio y hoy siguen en un galpón del Bajo Flores.
No las quiere nadie y, cuando parece que el tema está a punto de solucionarse, todo vuelve a cero. La historia de las diez toneladas de pilas y baterías que el Gobierno de la Ciudad juntó pacientemente durante ocho meses sigue sumando desencuentros. El objetivo era darle un destino final adecuado, que alejara los peligros de contaminación, pero el remedio resultó peor que la enfermedad: desde agosto del año pasado el material está almacenado en un predio estatal del Bajo Flores.
Ahora, la Agencia Ambiental porteña firmó un contrato con una empresa llamada Bafesa, por que tiene un relleno sanitario para residuos peligrosos en Campana y que estaba dispuesta por $ 76.000 a enterrar las pilas y baterías.
Pero el gobierno de la provincia de Buenos Aires advirtió que no admitirá que el acuerdo se concrete, apelando al artículo 28 de la Constitución bonaerense, que prohíbe el ingreso al territorio provincial de desechos tóxicos y radiactivos".
"Lo nuestro es categórico: de ninguna manera vamos a aceptar las pilas. No sólo porque lo prohíbe nuestra Constitución, sino también porque tenemos la decisión política de no aceptar la contaminación. ¿Qué puede hacer la Ciudad con las pilas? Que las entierre en su territorio, si diez toneladas son lo que producen de basura en un par de días", dijo a Clarín el jefe de gabinete de la administración de Daniel Scioli, Alberto Pérez.
De lado porteño, la titular de la Agencia Ambiental, Graciela Gerola, se mostró enojada y rechazó la interpretación de Pérez: "Los estudios de laboratorio dicen que las pilas no son residuos tóxicos, como serían por ejemplo el PCB o el material nuclear. Sí son residuos peligrosos y por eso la empresa los enterrará en un relleno sanitario de seguridad, con una protección tres veces superior a los comunes, para asegurar que no se filtre las sustancias hacia el subsuelo".
"Esta es una pelea lamentable, que está generando que los residuos peligrosos se entierren en cualquier lado y que en la Argentina no tengamos una gestión ambiental correcta", agregó.
En 2008, precisamente la Agencia Ambiental pidió a los porteños que llevaran las pilas y baterías usadas a los CGPC, de modo que el Gobierno de la Ciudad les diera un destino seguro.
El año pasado, con diez toneladas ya juntadas, la Agencia estaba a punto de firmar un contrato para enterrar el material en un relleno de Córdoba. Pero cuando se supo públicamente hubo fuertes protestas vecinales, que generaron que las tratativas quedaran en la nada.
Ahora, la negociación con la empresa Bafesa se realizó en secreto, para que no hubiera problemas, pero la negativa es de las autoridades provinciales.
En el medio, la presidente de la Auditoría General de la Ciudad, Sandra Bergenfeld, anunció a este diario que hoy presentará una denuncia ante el fiscal ambiental Ramiro González, "porque no sabemos si ahora las pilas tienen las medidas de seguridad adecuadas en el Bajo Flores. Es un peligro que sigan en la Ciudad. La única solución que veo es exportarlas a países que tienen la tecnología adecuada para darles tratamiento".
Actualmente, con las pilas comunes, la indicación de las autoridades de la Ciudad es que sean tiradas al tacho de basura, porque tienen una cantidad de mercurio muy reducida con respecto a las antiguas. Las baterías recargables, en cambio, son más peligrosas y deben ser llevadas a los fabricantes, para que ellos se encarguen de darles disposición final.
No todos, sin embargo, están de acuerdo con esta política. María Eugenia Testa, de Greenpeace, explicó: "Nuestra posición es que ninguna pila deber ser tirada a la basura, porque si bien las comunes tienen una cantidad reducida de mercurio, igual son contaminantes. Por ellos creemos que los fabricantes deben hacerse cargo de todas las pilas y baterías cuando éstas ya no están más en condiciones de ser usadas, como lo hacen en otros países del mundo, donde son recicladas".
Ordenan suspender fumigaciones en arroceras
Ordenan suspender las fumigaciones en las arroceras
Fecha de Publicación: 06/05/2010
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Lo determinó el titular de Juzgado Civil y Comercial Nº14, Héctor García Redondo, haciendo lugar a la medida cautelar innovativa solicitada por habitantes de La Leonesa y Las Palmas. Tendrán 90 días para realizar un estudio de impacto ambiental
El Juzgado Civil y Comercial Nº14 de Resistencia hizo lugar a la medida cautelar innovativa solicitada por vecinos de La Leonesa y ordenó suspender las fumigaciones aéreas con agrotóxicos en las arroceras San Carlos SRL y Cancha Larga S.A., ambas del Departamento Bermejo, hasta tanto se realice un estudio de impacto ambiental que deberán presentar ambos establecimientos en un plazo máximo de 90 días.
La resolución del juez Héctor García Redondo precisa que no se podrá fumigar “en una distancia no menor a los mil metros para fumigaciones y/o pulverizaciones terrestres, y de dos mil metros para fumigaciones y/o pulverizaciones áreas, a contar dichas medidas desde el límite de la zona urbana del Barrio “La Ralera”; como de los establecimientos de educación, E.G.B. Nº 17 (José Zubiaur), y U.E.P. Nº 68, como así deberá contarse la misma distancia desde los canales o cursos de agua, que tengan derivas, y descargas en las lagunas “El Moncholo”, y “Palmar”, Riacho “Tatane”; arroyos “Quia”, “San Fernando y “Caracol”.
La decisión del magistrado en el expediente caratulado como Ferrau Marco Antonio y otros c/Municipalidad de Las Palmas y otros s/ Medida cautelar data del pasado 29 de abril y trascendió el mismo día en que CHACO DIA POR DIA publicó el primer informe de la Comisión Provincial de Investigación de Contaminantes del Agua que advierte que en los últimos diez años se triplicaron los casos de cáncer en niños menores de 15 años en la localidad de La Leonesa y que se cuadruplicaron los casos de malformaciones en recién nacidos y que esto coincidió con el auge de la explotación arrocera en la zona del departamento Bermejo.
Exigencias a los privados
Además de suspender las fumigaciones hasta tanto las arroceras presenten un estudio de impacto ambiental, la cautelar del juez García Redondo plantea una serie de exigencias a los empresarios para que en diez días presenten un informe acerca de la metodología utilizada en la disposición final de envases, restos o desechos de plaguicidas o agroquímicos, así como también el registro habilitante de expendedor o aplicador de plaguicidas o agroquímicos. También para que acrediten en autos la contratación del seguro ambiental obligatorio previsto por el art.22 de la ley 25.675.
Exigencias a los ministerios y organismos del Estado
Por otra parte, la resolución también requiere informes al Ministerio de Producción y Ambiente sobre la aplicación aérea, terrestre; transporte, almacenamiento o fraccionamiento y toda operación que implique manejo de plaguicidas y agroquímicos en general, y relacionadas con las prácticas agrícolas que se efectivizan en los Establecimientos arroceros de propiedad de San Carlos S.R.L. y Cancha Larga S.A. Asimismo, se deberá informar respecto al procedimiento utilizado en los establecimientos citados, en lo que se refiera a la disposición final de envases, restos o desechos de plaguicidas o agroquímicos.
A la Administración Provincial del Agua se le solicitan informes sobre la existencia de estudios efectuados en las arroceras en cuestión, como así también los cursos de agua existentes en las localidades de Las Palmas, La Leonesa y aledaños y de los análisis efectuados y constataciones relacionadas con la existencia de plaguicidas, agroquímicos o derivados, y la remisión de toda actuación que se hubieran realizado durante años anteriores.
También ordena a la APA que a través del laboratorio de productos químicos o dependencia que corresponda proceda a la realización de un estudio estratégico y acumulativo, consistentes en el análisis y constatación, en su caso, de la existencia de plaguicidas, agroquímicos o derivados, a efectuarse en los cursos de agua existentes en las localidades de Las Palmas, La Leonesa y aledaños, específicamente en las lagunas El Moncholo, Palmar; riacho Tatane; arroyos Caracol, San Fernando y Quia, como cualquier otro curso de agua que abastezca la región, aclarándose que dichos análisis deberán ser comprensivos del cauce y sedimentos existentes en los mismos, y durante los periodos de cultivo, siembra y post-siembra de los establecimientos arroceros pertenecientes a SAN CARLOS S.R.L. y CANCHA LARGA S.A., con informes parciales por cada etapa mencionada, y hasta tanto se resuelva en definitiva la acción de amparo.
Al Ministerio de Salud del Chaco ordena que efectúe un control médico cada sesenta días de la población vecina a los establecimientos accionados, y con el fin de constatar el estado de salud de la mismo como consecuencia de la actividad desarrollada por tales establecimientos, y hasta tanto se resuelva en definitiva la acción de amparo.
A los municipios de La Leonesa y Las Palmas
En el caso de los municipios de Las Palmas y La Leonesa la medida cautelar requiere que efectúen un informe detallado acerca de las medidas concretas adoptadas en el tratamiento de residuos contaminantes provenientes de las arroceras, que informen acerca de las medidas adoptadas respecto al control, clasificación, reutilización o quema de basuras o desechos provenientes de los referidos establecimientos, indicando en su caso, el tratamiento conferido a los respectivos ítems en particular. Asimismo, se comunicará en el mismo, si se han constatado algún tipo de infracción sobre el particular por parte de los establecimientos arroceros identificados, debiendo en tal supuesto informar las mismas, como la aplicación de multas al respecto.
Por último, el dictamen del juez García Redondo solicita a la Comisión Nacional de Investigación del Ministerio de Salud –creada por decreto nacional- la presentación de un informe respecto a la intervención que ha tenido en la investigación de las afecciones denunciadas en las localidades de La Leonesa y de Las Palmas de la Provincia del Chaco, por intoxicación o que de algún modo se haya visto afectada la salud de la población y el ambiente, con productos agroquímicos, como consecuencia de la actividad desarrollada por las arroceras.
Fecha de Publicación: 06/05/2010
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Lo determinó el titular de Juzgado Civil y Comercial Nº14, Héctor García Redondo, haciendo lugar a la medida cautelar innovativa solicitada por habitantes de La Leonesa y Las Palmas. Tendrán 90 días para realizar un estudio de impacto ambiental
El Juzgado Civil y Comercial Nº14 de Resistencia hizo lugar a la medida cautelar innovativa solicitada por vecinos de La Leonesa y ordenó suspender las fumigaciones aéreas con agrotóxicos en las arroceras San Carlos SRL y Cancha Larga S.A., ambas del Departamento Bermejo, hasta tanto se realice un estudio de impacto ambiental que deberán presentar ambos establecimientos en un plazo máximo de 90 días.
La resolución del juez Héctor García Redondo precisa que no se podrá fumigar “en una distancia no menor a los mil metros para fumigaciones y/o pulverizaciones terrestres, y de dos mil metros para fumigaciones y/o pulverizaciones áreas, a contar dichas medidas desde el límite de la zona urbana del Barrio “La Ralera”; como de los establecimientos de educación, E.G.B. Nº 17 (José Zubiaur), y U.E.P. Nº 68, como así deberá contarse la misma distancia desde los canales o cursos de agua, que tengan derivas, y descargas en las lagunas “El Moncholo”, y “Palmar”, Riacho “Tatane”; arroyos “Quia”, “San Fernando y “Caracol”.
La decisión del magistrado en el expediente caratulado como Ferrau Marco Antonio y otros c/Municipalidad de Las Palmas y otros s/ Medida cautelar data del pasado 29 de abril y trascendió el mismo día en que CHACO DIA POR DIA publicó el primer informe de la Comisión Provincial de Investigación de Contaminantes del Agua que advierte que en los últimos diez años se triplicaron los casos de cáncer en niños menores de 15 años en la localidad de La Leonesa y que se cuadruplicaron los casos de malformaciones en recién nacidos y que esto coincidió con el auge de la explotación arrocera en la zona del departamento Bermejo.
Exigencias a los privados
Además de suspender las fumigaciones hasta tanto las arroceras presenten un estudio de impacto ambiental, la cautelar del juez García Redondo plantea una serie de exigencias a los empresarios para que en diez días presenten un informe acerca de la metodología utilizada en la disposición final de envases, restos o desechos de plaguicidas o agroquímicos, así como también el registro habilitante de expendedor o aplicador de plaguicidas o agroquímicos. También para que acrediten en autos la contratación del seguro ambiental obligatorio previsto por el art.22 de la ley 25.675.
Exigencias a los ministerios y organismos del Estado
Por otra parte, la resolución también requiere informes al Ministerio de Producción y Ambiente sobre la aplicación aérea, terrestre; transporte, almacenamiento o fraccionamiento y toda operación que implique manejo de plaguicidas y agroquímicos en general, y relacionadas con las prácticas agrícolas que se efectivizan en los Establecimientos arroceros de propiedad de San Carlos S.R.L. y Cancha Larga S.A. Asimismo, se deberá informar respecto al procedimiento utilizado en los establecimientos citados, en lo que se refiera a la disposición final de envases, restos o desechos de plaguicidas o agroquímicos.
A la Administración Provincial del Agua se le solicitan informes sobre la existencia de estudios efectuados en las arroceras en cuestión, como así también los cursos de agua existentes en las localidades de Las Palmas, La Leonesa y aledaños y de los análisis efectuados y constataciones relacionadas con la existencia de plaguicidas, agroquímicos o derivados, y la remisión de toda actuación que se hubieran realizado durante años anteriores.
También ordena a la APA que a través del laboratorio de productos químicos o dependencia que corresponda proceda a la realización de un estudio estratégico y acumulativo, consistentes en el análisis y constatación, en su caso, de la existencia de plaguicidas, agroquímicos o derivados, a efectuarse en los cursos de agua existentes en las localidades de Las Palmas, La Leonesa y aledaños, específicamente en las lagunas El Moncholo, Palmar; riacho Tatane; arroyos Caracol, San Fernando y Quia, como cualquier otro curso de agua que abastezca la región, aclarándose que dichos análisis deberán ser comprensivos del cauce y sedimentos existentes en los mismos, y durante los periodos de cultivo, siembra y post-siembra de los establecimientos arroceros pertenecientes a SAN CARLOS S.R.L. y CANCHA LARGA S.A., con informes parciales por cada etapa mencionada, y hasta tanto se resuelva en definitiva la acción de amparo.
Al Ministerio de Salud del Chaco ordena que efectúe un control médico cada sesenta días de la población vecina a los establecimientos accionados, y con el fin de constatar el estado de salud de la mismo como consecuencia de la actividad desarrollada por tales establecimientos, y hasta tanto se resuelva en definitiva la acción de amparo.
A los municipios de La Leonesa y Las Palmas
En el caso de los municipios de Las Palmas y La Leonesa la medida cautelar requiere que efectúen un informe detallado acerca de las medidas concretas adoptadas en el tratamiento de residuos contaminantes provenientes de las arroceras, que informen acerca de las medidas adoptadas respecto al control, clasificación, reutilización o quema de basuras o desechos provenientes de los referidos establecimientos, indicando en su caso, el tratamiento conferido a los respectivos ítems en particular. Asimismo, se comunicará en el mismo, si se han constatado algún tipo de infracción sobre el particular por parte de los establecimientos arroceros identificados, debiendo en tal supuesto informar las mismas, como la aplicación de multas al respecto.
Por último, el dictamen del juez García Redondo solicita a la Comisión Nacional de Investigación del Ministerio de Salud –creada por decreto nacional- la presentación de un informe respecto a la intervención que ha tenido en la investigación de las afecciones denunciadas en las localidades de La Leonesa y de Las Palmas de la Provincia del Chaco, por intoxicación o que de algún modo se haya visto afectada la salud de la población y el ambiente, con productos agroquímicos, como consecuencia de la actividad desarrollada por las arroceras.
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La Corte desechó demanda contra el Invap
La Corte desechó demanda contra el Invap
Fecha de Publicación: 05/05/2010
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Nacional
La Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso extraordinario federal interpuesto por Invap SA y resolvió dejar sin efecto la sentencia de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, que había declarado la inconstitucionalidad de una cláusula referida al tratamiento de residuos radiactivos, del convenio firmado entre dicho organismo público y la empresa Australian Nuclear Sciencie & Technology Organisation (Ansto). También dispuso que los autos vuelvan al tribunal de origen para que se dicte un nuevo pronuncia- miento.
El Alto Tribunal consideró que "es legítima la declaración de nulidad de una cláusula contractual cuando se demuestra con evidencia clara y concreta que ésta se opone al ordenamiento ambiental", pero "no cabe hacerlo respecto de una intención que indica que un acto puede o no llevarse a cabo".
Los ministros de la Corte advirtieron que "en el estado actual de la causa no se verifica un supuesto en que sea aplicable el principio de precaución en tanto no existe prueba alguna sobre la existencia de un peligro de daño grave o irreversible derivado de estos combustibles". Fundamentaron, además, que "si bien es cierto que la Constitución, las leyes y los precedentes de esta Corte protegen al ambiente, esa tutela no es abstracta, ni de puro derecho, ni meramente interpretativa, sino que se hace efectiva frente a una controversia que el reclamante no ha demostrado".
Puntualiza la Corte que cuando el actor señala que el convenio firmado entre Invap SA y Ansto es violatorio de la Constitución en lo que se refiere al ingreso de residuos radiactivos y que "el combustible gastado es residuo radiactivo de alta actividad", no aporta en la causa "ninguna prueba de existencia de residuos de esa naturaleza". Cita también que la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radioactivos (ley 25279) sí "diferencia entre combustible gastado y desechos radiactivos" y que "ha quedado claro que en estos actuados no estamos en presencia de un desecho radiactivo, sino de un combustible usado".
La causa fue iniciada por Juan Schröder, quien había interpuesto un recurso de amparo para lograr la nulidad de la cláusula que prevé la posibilidad del ingreso de combustibles gastados del reactor nuclear que el Invap vendió a Australia en el marco del mencionado contrato. Contra ese pronunciamiento, los demandados interpusieron sendos recursos extraordinarios, concedidos parcialmente por la Cámara Federal.
Fecha de Publicación: 05/05/2010
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Nacional
La Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso extraordinario federal interpuesto por Invap SA y resolvió dejar sin efecto la sentencia de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, que había declarado la inconstitucionalidad de una cláusula referida al tratamiento de residuos radiactivos, del convenio firmado entre dicho organismo público y la empresa Australian Nuclear Sciencie & Technology Organisation (Ansto). También dispuso que los autos vuelvan al tribunal de origen para que se dicte un nuevo pronuncia- miento.
El Alto Tribunal consideró que "es legítima la declaración de nulidad de una cláusula contractual cuando se demuestra con evidencia clara y concreta que ésta se opone al ordenamiento ambiental", pero "no cabe hacerlo respecto de una intención que indica que un acto puede o no llevarse a cabo".
Los ministros de la Corte advirtieron que "en el estado actual de la causa no se verifica un supuesto en que sea aplicable el principio de precaución en tanto no existe prueba alguna sobre la existencia de un peligro de daño grave o irreversible derivado de estos combustibles". Fundamentaron, además, que "si bien es cierto que la Constitución, las leyes y los precedentes de esta Corte protegen al ambiente, esa tutela no es abstracta, ni de puro derecho, ni meramente interpretativa, sino que se hace efectiva frente a una controversia que el reclamante no ha demostrado".
Puntualiza la Corte que cuando el actor señala que el convenio firmado entre Invap SA y Ansto es violatorio de la Constitución en lo que se refiere al ingreso de residuos radiactivos y que "el combustible gastado es residuo radiactivo de alta actividad", no aporta en la causa "ninguna prueba de existencia de residuos de esa naturaleza". Cita también que la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radioactivos (ley 25279) sí "diferencia entre combustible gastado y desechos radiactivos" y que "ha quedado claro que en estos actuados no estamos en presencia de un desecho radiactivo, sino de un combustible usado".
La causa fue iniciada por Juan Schröder, quien había interpuesto un recurso de amparo para lograr la nulidad de la cláusula que prevé la posibilidad del ingreso de combustibles gastados del reactor nuclear que el Invap vendió a Australia en el marco del mencionado contrato. Contra ese pronunciamiento, los demandados interpusieron sendos recursos extraordinarios, concedidos parcialmente por la Cámara Federal.
Congreso sobre Desertificación
Primer Congreso provincial sobre Desertificación en la Provincia de Buenos Aires
Fecha de Publicación: 04/05/2010
Fuente: OPDS
Provincia/Región: Buenos Aires
El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires, OPDS, realizará el 1° Congreso Provincial sobre Desertificación que se realizará en la ciudad de Bahía Blanca los días 17 y 18 de junio del corriente año con la participación de expertos nacionales e internacionales.
Este Congreso estará abocado específicamente al proceso de desertificación que está afectando gravemente a la Región Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, y pretende incorporar los últimos avances científicos y tecnológicos en la materia, revisar estrategias y concertar voluntades en torno a esta problemática y sus derivaciones sociales, productivas y económicas.
Con una perspectiva ambiental y de desarrollo sustentable que atienda la heterogeneidad de su territorio, población y cultura, así como la complejidad de los fenómenos ambientales, resulten estos del Cambio Climático Global, de condiciones climatológicas locales, de la acción humana o de la interacción de diversos factores.
Durante las dos jornadas en la que se desarrollará el mismo se tocarán los temas fundamentales que atraviesan la Desertificación: Agua, Suelo, Clima, Monitoreo Ambiental, Desarrollo Sustentable, Obra Pública, Jurisdiccionalidad, Derecho Ambiental, Cambio Climático Global.
Participarán expertos de distintas partes del mundo especialistas en la temática, que dictarán conferencias magistrales como el Dr. Itzik Moshe Deputy y el Ingeniero Joseph Shreiber ambos autoridades del JNF-KKL´s ( Keren Kayemet Lesrael) Southern Region, el Ingeniero José Roberto de Lima, Coordinador PAN Brasil (Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación) y el Ingeniero Agrónomo Octavio Pérez Pardo, Director Nacional de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación.
Los Paneles de Disertación estarán divididos en Cambio Climático - Agua (Gestión Sustentable) , Suelo (Mitigación y Remediación de Suelos Degradados o en proceso de Degradación por Desertificación) , Herramientas para el Desarrollo Sustentable
Compromiso Privado y Obra Pública (La Responsabilidad Social Empresaria y las Organizaciones Civiles en el Desarrollo de Soluciones de Envergadura).
Se desarrollará la Teleconferencia “Primer Curso Sudamericano sobre metodologías de evaluación de la Degradación de tierras en zonas áridas, en el contexto del Proyecto LADA/FAO” República Argentina.
También habrá presentaciones especiales sobre innovaciones en I&D, Tecnología Aplicada, Avances Metodológicos y Propuestas Comerciales.
Para más información sobre el mismo o inscripciones los interesados pueden hacerlo vía e-mail a desertificación@opds.gba.gov.ar y/o congresodesertificacion@gmail.com o vía telefónica al 0221-4229443.
Fecha de Publicación: 04/05/2010
Fuente: OPDS
Provincia/Región: Buenos Aires
El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires, OPDS, realizará el 1° Congreso Provincial sobre Desertificación que se realizará en la ciudad de Bahía Blanca los días 17 y 18 de junio del corriente año con la participación de expertos nacionales e internacionales.
Este Congreso estará abocado específicamente al proceso de desertificación que está afectando gravemente a la Región Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, y pretende incorporar los últimos avances científicos y tecnológicos en la materia, revisar estrategias y concertar voluntades en torno a esta problemática y sus derivaciones sociales, productivas y económicas.
Con una perspectiva ambiental y de desarrollo sustentable que atienda la heterogeneidad de su territorio, población y cultura, así como la complejidad de los fenómenos ambientales, resulten estos del Cambio Climático Global, de condiciones climatológicas locales, de la acción humana o de la interacción de diversos factores.
Durante las dos jornadas en la que se desarrollará el mismo se tocarán los temas fundamentales que atraviesan la Desertificación: Agua, Suelo, Clima, Monitoreo Ambiental, Desarrollo Sustentable, Obra Pública, Jurisdiccionalidad, Derecho Ambiental, Cambio Climático Global.
Participarán expertos de distintas partes del mundo especialistas en la temática, que dictarán conferencias magistrales como el Dr. Itzik Moshe Deputy y el Ingeniero Joseph Shreiber ambos autoridades del JNF-KKL´s ( Keren Kayemet Lesrael) Southern Region, el Ingeniero José Roberto de Lima, Coordinador PAN Brasil (Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación) y el Ingeniero Agrónomo Octavio Pérez Pardo, Director Nacional de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación.
Los Paneles de Disertación estarán divididos en Cambio Climático - Agua (Gestión Sustentable) , Suelo (Mitigación y Remediación de Suelos Degradados o en proceso de Degradación por Desertificación) , Herramientas para el Desarrollo Sustentable
Compromiso Privado y Obra Pública (La Responsabilidad Social Empresaria y las Organizaciones Civiles en el Desarrollo de Soluciones de Envergadura).
Se desarrollará la Teleconferencia “Primer Curso Sudamericano sobre metodologías de evaluación de la Degradación de tierras en zonas áridas, en el contexto del Proyecto LADA/FAO” República Argentina.
También habrá presentaciones especiales sobre innovaciones en I&D, Tecnología Aplicada, Avances Metodológicos y Propuestas Comerciales.
Para más información sobre el mismo o inscripciones los interesados pueden hacerlo vía e-mail a desertificación@opds.gba.gov.ar y/o congresodesertificacion@gmail.com o vía telefónica al 0221-4229443.
Mendoza: "la gran minería no contaminante"
Jaque dispuso avanzar con la actividad minera en Mendoza
Fecha de Publicación: 04/05/2010
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
En una jornada cargada de anuncios, se destacó el interés oficial por generar condiciones de inversión con énfasis en el cuidado del ambiente.
A dos días de su discurso ante la Asamblea Legislativa, el gobernador Celso Jaque resolvió apretar el acelerador y dispuso que los integrantes de su gabinete salieran a "saturar" los medios con medidas adoptadas "en línea" con los anuncios de su mensaje del Uno de Mayo, referidos a minería, petróleo, energía y agua potable.
Decidió avanzar en la resolución de situaciones pendientes -sobre designaciones y estadísticas- que le han venido generando críticas en sectores de la oposición.
En medio de la habitual reunión de gabinete de los lunes y en una multiconferencia de prensa de cinco de sus funcionarios, el ministro de Gobierno, Mario Adaro, confirmó el envío a la Legislatura del pliego del fiscal interino Joaquín de Rosas como candidato a Fiscal de Estado "titular" y -acto seguido- su par de Producción, Raúl Mercau, anunció la remisión a la casa de las leyes del proyecto de ley para la creación del Sistema Estadístico Provincial.
Por su parte el titular del EPAS, Javier Montoro, ratificó la convocatoria a la comisión técnica de Obras Sanitarias para avanzar en la definición de la composición societaria que adoptará la futura empresa estatal Obras Sanitarias Mendoza; el subsecretario Walter Vázquez subrayó que "la gran minería no contaminante ha despegado en Mendoza" con el proyecto de Sales de Potasio, en Malargüe, y el secretario Guillermo Carmona adelantó la próxima ampliación de la explotación petrolera en Llancanelo "sin afectar" las áreas protegidas por el uso de "tecnología sigilosa".
Se espera que en los próximos días el gobierno informe sobre los pliegos para la construcción de la presa Los Blancos en el Valle de Uco y ofrezca mayores detalles de las definiciones en torno al tipo de central y de presa previstas en el proyecto Portezuelo del Viento.
Impulso minero
El subsecretario de Hidrocarburos y Minería, Walter Vázquez, destacó que "la gran minería no contaminante ya llegó a Mendoza" y destacó que el proyecto de Potasio Río Colorado (en Malargüe) está llevando a cabo las tareas de construcción previas al inicio de la explotación, ya que "cuenta con las habilitaciones correspondientes".
Asimismo, subrayó que el proyecto de explotación de cobre y oro de San Jorge, en Uspallata, se encuentra "en proceso de evaluación" previo al informe de impacto ambiental, y el de uranio, en Huemul (Malargüe) transita por la etapa de la exploración, a la espera de la ratificación legislativa de la declaración del estudio de impacto ambiental.
"Creemos que la minería va a tener un rol protagónico en la situación laboral de la provincia de Mendoza", destacó Vázquez.
A su lado, la flamante directora de Minería de la provincia, Adriana Blesa, confirmó que "no tenemos previsto" impulsar modificaciones en la actual ley de minería de la provincia (que prohíbe el uso de cianuro) al tiempo que ratificó que el gobierno hará cumplir lo dispuesto por la ley.
En tanto, el secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona, adelantó que el jueves el gobernador, representantes de YPF y de los gremios petroleros, van a participar de un acto formal de entrega de la declaración de impacto ambiental y de la copia del decreto que crea la Unidad de Gestión Ambiental, Llancanelo.
"La declaración se ajustó en todos sus términos a la ley provincial 7824 que determina los límites de la reserva de Llancanelo".
Fecha de Publicación: 04/05/2010
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
En una jornada cargada de anuncios, se destacó el interés oficial por generar condiciones de inversión con énfasis en el cuidado del ambiente.
A dos días de su discurso ante la Asamblea Legislativa, el gobernador Celso Jaque resolvió apretar el acelerador y dispuso que los integrantes de su gabinete salieran a "saturar" los medios con medidas adoptadas "en línea" con los anuncios de su mensaje del Uno de Mayo, referidos a minería, petróleo, energía y agua potable.
Decidió avanzar en la resolución de situaciones pendientes -sobre designaciones y estadísticas- que le han venido generando críticas en sectores de la oposición.
En medio de la habitual reunión de gabinete de los lunes y en una multiconferencia de prensa de cinco de sus funcionarios, el ministro de Gobierno, Mario Adaro, confirmó el envío a la Legislatura del pliego del fiscal interino Joaquín de Rosas como candidato a Fiscal de Estado "titular" y -acto seguido- su par de Producción, Raúl Mercau, anunció la remisión a la casa de las leyes del proyecto de ley para la creación del Sistema Estadístico Provincial.
Por su parte el titular del EPAS, Javier Montoro, ratificó la convocatoria a la comisión técnica de Obras Sanitarias para avanzar en la definición de la composición societaria que adoptará la futura empresa estatal Obras Sanitarias Mendoza; el subsecretario Walter Vázquez subrayó que "la gran minería no contaminante ha despegado en Mendoza" con el proyecto de Sales de Potasio, en Malargüe, y el secretario Guillermo Carmona adelantó la próxima ampliación de la explotación petrolera en Llancanelo "sin afectar" las áreas protegidas por el uso de "tecnología sigilosa".
Se espera que en los próximos días el gobierno informe sobre los pliegos para la construcción de la presa Los Blancos en el Valle de Uco y ofrezca mayores detalles de las definiciones en torno al tipo de central y de presa previstas en el proyecto Portezuelo del Viento.
Impulso minero
El subsecretario de Hidrocarburos y Minería, Walter Vázquez, destacó que "la gran minería no contaminante ya llegó a Mendoza" y destacó que el proyecto de Potasio Río Colorado (en Malargüe) está llevando a cabo las tareas de construcción previas al inicio de la explotación, ya que "cuenta con las habilitaciones correspondientes".
Asimismo, subrayó que el proyecto de explotación de cobre y oro de San Jorge, en Uspallata, se encuentra "en proceso de evaluación" previo al informe de impacto ambiental, y el de uranio, en Huemul (Malargüe) transita por la etapa de la exploración, a la espera de la ratificación legislativa de la declaración del estudio de impacto ambiental.
"Creemos que la minería va a tener un rol protagónico en la situación laboral de la provincia de Mendoza", destacó Vázquez.
A su lado, la flamante directora de Minería de la provincia, Adriana Blesa, confirmó que "no tenemos previsto" impulsar modificaciones en la actual ley de minería de la provincia (que prohíbe el uso de cianuro) al tiempo que ratificó que el gobierno hará cumplir lo dispuesto por la ley.
En tanto, el secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona, adelantó que el jueves el gobernador, representantes de YPF y de los gremios petroleros, van a participar de un acto formal de entrega de la declaración de impacto ambiental y de la copia del decreto que crea la Unidad de Gestión Ambiental, Llancanelo.
"La declaración se ajustó en todos sus términos a la ley provincial 7824 que determina los límites de la reserva de Llancanelo".
Controlarán a YPF por peligros ambientales
Huincul: controlarán a YPF por peligros ambientales
Fecha de Publicación: 04/05/2010
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Provincia y Municipio firmaron un convenio para inspeccionar el trabajo de la refinería de Repsol.
Además se supervisarán los efluentes que arrojan, desde otras empresas, en el zanjón colector de crecientes de la localidad.
El subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Esquivel, y el intendente Alberto Crespo firmaron un convenio de colaboración para el control de la industria petrolera en la localidad.
Dos incidentes fueron disparadores para que se realicen los controles. Por un lado, la contaminación de las napas en el Parque de la Ciudad y, por otro, la muerte de animales en el zanjón colector de crecientes.
A partir de la firma del convenio, la Provincia y el municipio harán inspecciones sobre el trabajo que se hace en la refinería de YPF y su planta de metanol. Pero también se ejercerá un control sobre los efluentes que se tiran al zanjón desde otras empresas.
“El Gobierno tiene una gestión muy comprometida con el control ambiental, lo hacemos con integridad pero fundamentalmente con estructuras técnicas. Cuando ocurrió el incidente de la refinería de Plaza Huincul en el Parque de la Ciudad, que preocupó tanto a la comunidad, de inmediato nos integramos al trabajo”, dijo Esquivel.
En las napas subterráneas del Parque de la Ciudad se hallaron importantes cantidades de hidrocarburos, se sospecha, debido a un derrame ocurrido en septiembre de 2008 en la refinería.
Remediación
Meses después se comenzó con el proceso de remediación que todavía continúa. El Gobierno comenzó a trabajar en conjunto con la comuna en enero pasado, mucho después de que los inconvenientes se presentaran.
“Hay tiempo de ejecución y otros de planificación, no podemos determinar si esta problemática es de muchos años; lo que sí sabemos es que la solución demandará al menos dos años: 2010 y 11”, comentó el funcionario provincial.
En tanto, el intendente, Alberto Crespo, informó que se hizo un relevamiento de empresas que ahora deberán solicitar un permiso para tirar efluentes al zanjón colector.
Más controles
“Queremos saber qué tipo de sistema utilizan, qué efluentes son para que puedan contar con la autorización respectiva”, agregó Esquivel.
También se trabaja en el cambio de un mechero que funciona en la planta de metanol. Cada maniobra asusta a los vecinos que viven en las cercanías y ello podría ser modificado en el corto tiempo.
Además, según se adelantó, el trabajo implicará la realización de controles de calidad del aire y de emisiones sonoras.
Fecha de Publicación: 04/05/2010
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Provincia y Municipio firmaron un convenio para inspeccionar el trabajo de la refinería de Repsol.
Además se supervisarán los efluentes que arrojan, desde otras empresas, en el zanjón colector de crecientes de la localidad.
El subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Esquivel, y el intendente Alberto Crespo firmaron un convenio de colaboración para el control de la industria petrolera en la localidad.
Dos incidentes fueron disparadores para que se realicen los controles. Por un lado, la contaminación de las napas en el Parque de la Ciudad y, por otro, la muerte de animales en el zanjón colector de crecientes.
A partir de la firma del convenio, la Provincia y el municipio harán inspecciones sobre el trabajo que se hace en la refinería de YPF y su planta de metanol. Pero también se ejercerá un control sobre los efluentes que se tiran al zanjón desde otras empresas.
“El Gobierno tiene una gestión muy comprometida con el control ambiental, lo hacemos con integridad pero fundamentalmente con estructuras técnicas. Cuando ocurrió el incidente de la refinería de Plaza Huincul en el Parque de la Ciudad, que preocupó tanto a la comunidad, de inmediato nos integramos al trabajo”, dijo Esquivel.
En las napas subterráneas del Parque de la Ciudad se hallaron importantes cantidades de hidrocarburos, se sospecha, debido a un derrame ocurrido en septiembre de 2008 en la refinería.
Remediación
Meses después se comenzó con el proceso de remediación que todavía continúa. El Gobierno comenzó a trabajar en conjunto con la comuna en enero pasado, mucho después de que los inconvenientes se presentaran.
“Hay tiempo de ejecución y otros de planificación, no podemos determinar si esta problemática es de muchos años; lo que sí sabemos es que la solución demandará al menos dos años: 2010 y 11”, comentó el funcionario provincial.
En tanto, el intendente, Alberto Crespo, informó que se hizo un relevamiento de empresas que ahora deberán solicitar un permiso para tirar efluentes al zanjón colector.
Más controles
“Queremos saber qué tipo de sistema utilizan, qué efluentes son para que puedan contar con la autorización respectiva”, agregó Esquivel.
También se trabaja en el cambio de un mechero que funciona en la planta de metanol. Cada maniobra asusta a los vecinos que viven en las cercanías y ello podría ser modificado en el corto tiempo.
Además, según se adelantó, el trabajo implicará la realización de controles de calidad del aire y de emisiones sonoras.
Las empresas mineras dicen “su verdad”
Las empresas mineras dicen “su verdad” respecto a la actividad
Fecha de Publicación: 03/05/2010
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Nacional
El pasado jueves geólogos del Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA), realizaron una disertación en el auditorio del Museo Egidio Feruglio bajo el lema “Minería, desarrollo social y construcción de diálogos para el bienestar general”. La charla contó con al participación del presidente de la asociación el doctor Julio Ríos Gómez, el filósofo Alejandro Rozitchner y el geólogo Mario Hernández. Durante mas de tres horas y media, los especialistas disertaron exponiendo los beneficios de lo que denominaron la “nueva minería”, como una alternativa posible no solo en términos económicos, sino también ambientales. Por su parte Rozitchner brindó una particular explicación de porqué históricamente la sociedad se opone a la minería, asegurando que se debe a un “amor al fracaso”, sin pensar las situaciones de manera objetiva. El filósofo planteó como punta de partida para un nuevo análisis, el “fin del melodrama de la contaminación”, asegurando que desde el punto de vista social, la oposición a la minera proviene de una falta de compromiso para con lo que se quiere por parte de los actores sociales. “Se quiere riqueza para todos y ya, pero sin bancarse los resultados. Se quiere riqueza sin contaminar y eso no existe”, vociferó Rozitchner.
Comunicación
Ríos Gómez, aseguró que es preciso romper con “ciertos mitos ambientalistas”, enfatizando además que “nunca se ha podido comprobar” efectos de contaminación ambiental luego de un proceso de explotación mineral.
“Ha habido muchas denuncias mediáticas pero ninguna se ha comprobado. Hay que decir que de todas las minas que en este momento hay en explotación en la Argentina, no se ha comprobado que ninguna contamine (sic)”, indicó el geólogo.
El “NO a la Mina” de Esquel, la falta de comunicación por parte de las empresas para con al comunidad en que se comenzará a explorar, y la cuestión ambiental, fueron los temas de mayor debate en los cuales el publico marcó su postura.
Con respecto al proyecto cordillerano, los especialistas aseguraron que hubo un “mal manejo” de los empresarios mineros, puesto que nos sólo no se comunicó a la sociedad lo que se esperaba hacer, sino que además no se permitió su participación y acceso a los estudios de impacto ambiental, reconociendo que “hay lugares donde no se han hecho las cosas bien”.
Para Ríos Gómez, es fundamental que este tipo de procesos se desarrollen con el acompañamiento social, abogando para ellos una comunicación fluida, pero en manos de gente idónea. Así el geólogo desestimó las campañas de organizaciones ambientalistas que, según dijo, “ponen a opinar a gente que no sabe del tema”.
“Las empresas que forman parte de GEMERA -dentro de ella está Pan American Silver- como partícipe del proyecto Navidad, saben claramente que nosotros tenemos las puertas abiertas para que la comunidad conozca todos los proyectos. Pero para hablar de minería es necesario que se consulte a gente que sabe, no artistas, cineastas o demás personajes que pueden ser muy carismáticos, pero que no tiene idea de lo que es la nueva minería”, enfatizó.
En ese sentido, aseguró que parte de la dinámica con que se desarrolla la “nueva minería” es incluyendo a la sociedad como agente contralor de los procesos que se realizan, capacitándolos “para que ellos mismos aprendan a tomar las muestras, y puedan cerciorarse de cómo es el impacto ambiental”.
Recursos y necesidades
Otros de los temas que atravesaron la disertación fue el uso de agua para el desarrollo de los procesos y la utilización de sustancias tóxicas con alto impacto ambiental.
En este sentido los especialistas trazaron una comparación del uso de agua para la exploración y explotación minera, y para el desarrollo de otras actividades como la agricultura o ganadería, y la diferencia de rentabilidad entre una actividad y la otra.
“Nosotros comparamos con la cantidad de litros que se requieren para regar cultivos por ejemplo, en estos lugares pauperizados de la Argentina, cuando no se dispone de un caudal de río importante como en otros lados, ni una buena fertilidad del suelo”, detalló indicando que “con respecto a la agricultura industrial, ocupamos una infinitésima parte. Por ejemplo en San Juan, solo utilizamos el 0,9%, en todos los proyectos mineros que están trabajando o por trabajarse. El resto, se lo lleva la actividad agrícola y ellos no reciclan esa agua”.
En esa misma línea, Ríos Gómez aseguró que la nueva megaminería, a diferencia de otras actividades productivas, se caracteriza por el reciclado constante de vital recurso, por lo cual la utilización hídrica no debería representar una preocupación para los habitantes.
“Nosotros cuando hacemos los pedidos de agua, es lo máximo que solicitamos, pero estamos constantemente reciclando porque necesitamos reutilizar esa agua. No es que todas las veces usamos esos millones de litros como se dice por allí”, aseguró.
Con respecto a la utilización de sustancias toxicas, el geólogo aseguró que no siempre se manipula cianuro o ácido sulfúrico, y que “en su mayoría” se trata de insumos biodegradables, relativizando su potencial peligro de contaminación ambiental.
Concretamente sobre el proyecto Navidad, aseguró que es muy posible la utilización de cianuro en sistemas mixtos para el desarrollo de las diferentes etapas.
“El proyecto Navidad todavía no está definido, pero seguramente va a llevar sistemas mixtos. Va a desarrollar flotación por ejemplo en algún sector de obtención, y eso usa sustancias biodegradables. A lo mejor en algún sector que aun no conozco bien, deberá usar alguna mezcla con cianuro, pero en su mayoría son sustancias biodegradables”, explicó el catedrático, asegurando además que la megaminería que proponen, no utiliza “cianuro líquido, sino sólido que es una sustancia controlable, que además es un costo para la empresa minera, y por lo tanto de alguna manera tiene que recuperarlo y no darse el lujo de perderlo”.
Rentabilidad
Sin dudas, otros de los puntos álgidos de debate fue la rentabilidad de la producción, concepto que además fue eje de desarrollo de las disertaciones de los geólogos.
Ríos Gómez reconoció que primeramente y mas allá de cualquier análisis, hay que tener en claro que la minería es un negocio, que requiere de gran inversión, y que además genera importantes ganancias sobre todo para la empresa que explota los recursos.
Sin embargo aseguró que las empresas nucleadas en GEMERA poseen una erogación importante en conceptos de impuestos y regalías a los gobiernos provinciales de las minas en producción.
“Hay que tener muy en claro que esto es un negocio e indudablemente que se quiere tener una rentabilidad. Pero hoy hay leyes en la Argentina que imponen que más del 50% se pague en impuestos. A nosotros se nos reprochan las regalías, diciendo que es del 3%, que la minería no deja nada, pero nadie dice del 52% de los impuestos que se llevan, y de eso el 49% va a otros lados, es decir no queda en la provincia”, enfatizó.
Así mismo el presidente de GEMERA aseveró que “serán los políticos de turno, los funcionarios provinciales los que sabrán como armar eso, eso no nos corresponde a nosotros. No es que pagamos el 3%, sino que pagamos el 52% en impuestos, tributos, mas el 38% en costos que a su vez al pagar empresas proveedoras, salarios, energía, combustibles y también estamos pagando mas impuestos. Entonces es todo una cadena que se genera y la rentabilidad de un proyecto minero en Argentina está entre el 10 o 12% de lo que se produce”.
Aseguran que los campos no perderían productividad luego de la explotación minera
En diálogo con El Diario, Julio Ríos Gómez Presidente de GEMERA, aseguró que la nueva megaminería desarrolla programas de explotación que tras culminar el proceso de extracción, reestructuran el ecosistema para dejarlo lo menos alterado posible.
Por eso, según explicó el geólogo, tras la extracción de minerales, los campos pueden seguir desarrollando actividades ganaderas o agrícolas.
“Posterior al cierre de la mina, estamos obligados por ley a hacer un continuo monitoreo de todo lo que puede quedar como residuo. Hay muchos ejemplos de la minería actual que demuestran que es posible recomponer muchos sectores”, indicó, enfatizando además que parte de las funciones para la “restructuración del ecosistema natural” es buscar pasturas que se adapten a las condiciones post minería.
“Tenemos que buscar pasturas naturales o especiales, que permitan desarrollarse en esas condiciones de salinidad, de desertificación o de falta de agua. Así y bajo el control estricto logramos que se desarrollen producciones ganaderas e incluso agrícolas, luego de que extrajimos el mineral”, explicó Ríos Gómez.
Fecha de Publicación: 03/05/2010
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Nacional
El pasado jueves geólogos del Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA), realizaron una disertación en el auditorio del Museo Egidio Feruglio bajo el lema “Minería, desarrollo social y construcción de diálogos para el bienestar general”. La charla contó con al participación del presidente de la asociación el doctor Julio Ríos Gómez, el filósofo Alejandro Rozitchner y el geólogo Mario Hernández. Durante mas de tres horas y media, los especialistas disertaron exponiendo los beneficios de lo que denominaron la “nueva minería”, como una alternativa posible no solo en términos económicos, sino también ambientales. Por su parte Rozitchner brindó una particular explicación de porqué históricamente la sociedad se opone a la minería, asegurando que se debe a un “amor al fracaso”, sin pensar las situaciones de manera objetiva. El filósofo planteó como punta de partida para un nuevo análisis, el “fin del melodrama de la contaminación”, asegurando que desde el punto de vista social, la oposición a la minera proviene de una falta de compromiso para con lo que se quiere por parte de los actores sociales. “Se quiere riqueza para todos y ya, pero sin bancarse los resultados. Se quiere riqueza sin contaminar y eso no existe”, vociferó Rozitchner.
Comunicación
Ríos Gómez, aseguró que es preciso romper con “ciertos mitos ambientalistas”, enfatizando además que “nunca se ha podido comprobar” efectos de contaminación ambiental luego de un proceso de explotación mineral.
“Ha habido muchas denuncias mediáticas pero ninguna se ha comprobado. Hay que decir que de todas las minas que en este momento hay en explotación en la Argentina, no se ha comprobado que ninguna contamine (sic)”, indicó el geólogo.
El “NO a la Mina” de Esquel, la falta de comunicación por parte de las empresas para con al comunidad en que se comenzará a explorar, y la cuestión ambiental, fueron los temas de mayor debate en los cuales el publico marcó su postura.
Con respecto al proyecto cordillerano, los especialistas aseguraron que hubo un “mal manejo” de los empresarios mineros, puesto que nos sólo no se comunicó a la sociedad lo que se esperaba hacer, sino que además no se permitió su participación y acceso a los estudios de impacto ambiental, reconociendo que “hay lugares donde no se han hecho las cosas bien”.
Para Ríos Gómez, es fundamental que este tipo de procesos se desarrollen con el acompañamiento social, abogando para ellos una comunicación fluida, pero en manos de gente idónea. Así el geólogo desestimó las campañas de organizaciones ambientalistas que, según dijo, “ponen a opinar a gente que no sabe del tema”.
“Las empresas que forman parte de GEMERA -dentro de ella está Pan American Silver- como partícipe del proyecto Navidad, saben claramente que nosotros tenemos las puertas abiertas para que la comunidad conozca todos los proyectos. Pero para hablar de minería es necesario que se consulte a gente que sabe, no artistas, cineastas o demás personajes que pueden ser muy carismáticos, pero que no tiene idea de lo que es la nueva minería”, enfatizó.
En ese sentido, aseguró que parte de la dinámica con que se desarrolla la “nueva minería” es incluyendo a la sociedad como agente contralor de los procesos que se realizan, capacitándolos “para que ellos mismos aprendan a tomar las muestras, y puedan cerciorarse de cómo es el impacto ambiental”.
Recursos y necesidades
Otros de los temas que atravesaron la disertación fue el uso de agua para el desarrollo de los procesos y la utilización de sustancias tóxicas con alto impacto ambiental.
En este sentido los especialistas trazaron una comparación del uso de agua para la exploración y explotación minera, y para el desarrollo de otras actividades como la agricultura o ganadería, y la diferencia de rentabilidad entre una actividad y la otra.
“Nosotros comparamos con la cantidad de litros que se requieren para regar cultivos por ejemplo, en estos lugares pauperizados de la Argentina, cuando no se dispone de un caudal de río importante como en otros lados, ni una buena fertilidad del suelo”, detalló indicando que “con respecto a la agricultura industrial, ocupamos una infinitésima parte. Por ejemplo en San Juan, solo utilizamos el 0,9%, en todos los proyectos mineros que están trabajando o por trabajarse. El resto, se lo lleva la actividad agrícola y ellos no reciclan esa agua”.
En esa misma línea, Ríos Gómez aseguró que la nueva megaminería, a diferencia de otras actividades productivas, se caracteriza por el reciclado constante de vital recurso, por lo cual la utilización hídrica no debería representar una preocupación para los habitantes.
“Nosotros cuando hacemos los pedidos de agua, es lo máximo que solicitamos, pero estamos constantemente reciclando porque necesitamos reutilizar esa agua. No es que todas las veces usamos esos millones de litros como se dice por allí”, aseguró.
Con respecto a la utilización de sustancias toxicas, el geólogo aseguró que no siempre se manipula cianuro o ácido sulfúrico, y que “en su mayoría” se trata de insumos biodegradables, relativizando su potencial peligro de contaminación ambiental.
Concretamente sobre el proyecto Navidad, aseguró que es muy posible la utilización de cianuro en sistemas mixtos para el desarrollo de las diferentes etapas.
“El proyecto Navidad todavía no está definido, pero seguramente va a llevar sistemas mixtos. Va a desarrollar flotación por ejemplo en algún sector de obtención, y eso usa sustancias biodegradables. A lo mejor en algún sector que aun no conozco bien, deberá usar alguna mezcla con cianuro, pero en su mayoría son sustancias biodegradables”, explicó el catedrático, asegurando además que la megaminería que proponen, no utiliza “cianuro líquido, sino sólido que es una sustancia controlable, que además es un costo para la empresa minera, y por lo tanto de alguna manera tiene que recuperarlo y no darse el lujo de perderlo”.
Rentabilidad
Sin dudas, otros de los puntos álgidos de debate fue la rentabilidad de la producción, concepto que además fue eje de desarrollo de las disertaciones de los geólogos.
Ríos Gómez reconoció que primeramente y mas allá de cualquier análisis, hay que tener en claro que la minería es un negocio, que requiere de gran inversión, y que además genera importantes ganancias sobre todo para la empresa que explota los recursos.
Sin embargo aseguró que las empresas nucleadas en GEMERA poseen una erogación importante en conceptos de impuestos y regalías a los gobiernos provinciales de las minas en producción.
“Hay que tener muy en claro que esto es un negocio e indudablemente que se quiere tener una rentabilidad. Pero hoy hay leyes en la Argentina que imponen que más del 50% se pague en impuestos. A nosotros se nos reprochan las regalías, diciendo que es del 3%, que la minería no deja nada, pero nadie dice del 52% de los impuestos que se llevan, y de eso el 49% va a otros lados, es decir no queda en la provincia”, enfatizó.
Así mismo el presidente de GEMERA aseveró que “serán los políticos de turno, los funcionarios provinciales los que sabrán como armar eso, eso no nos corresponde a nosotros. No es que pagamos el 3%, sino que pagamos el 52% en impuestos, tributos, mas el 38% en costos que a su vez al pagar empresas proveedoras, salarios, energía, combustibles y también estamos pagando mas impuestos. Entonces es todo una cadena que se genera y la rentabilidad de un proyecto minero en Argentina está entre el 10 o 12% de lo que se produce”.
Aseguran que los campos no perderían productividad luego de la explotación minera
En diálogo con El Diario, Julio Ríos Gómez Presidente de GEMERA, aseguró que la nueva megaminería desarrolla programas de explotación que tras culminar el proceso de extracción, reestructuran el ecosistema para dejarlo lo menos alterado posible.
Por eso, según explicó el geólogo, tras la extracción de minerales, los campos pueden seguir desarrollando actividades ganaderas o agrícolas.
“Posterior al cierre de la mina, estamos obligados por ley a hacer un continuo monitoreo de todo lo que puede quedar como residuo. Hay muchos ejemplos de la minería actual que demuestran que es posible recomponer muchos sectores”, indicó, enfatizando además que parte de las funciones para la “restructuración del ecosistema natural” es buscar pasturas que se adapten a las condiciones post minería.
“Tenemos que buscar pasturas naturales o especiales, que permitan desarrollarse en esas condiciones de salinidad, de desertificación o de falta de agua. Así y bajo el control estricto logramos que se desarrollen producciones ganaderas e incluso agrícolas, luego de que extrajimos el mineral”, explicó Ríos Gómez.
Exigen que incorporen pruebas contra Botnia
Desde Gualeguaychú se exige que se incorporen pruebas contra Botnia
Fecha de Publicación: 02/05/2010
Fuente: Diario Uno de Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Los Asambleístas realizaron el reclamo ante el juez Federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel. Exigen que se añada la documentación presentada por el gobierno argentino ante La Haya.
La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú reclamó al juez Federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, que incorpore las pruebas presentadas por el gobierno de Argentina ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
La presentación fue patrocinada por los abogados Ana Angelini, Osvaldo Fernández, Fabián Moreno Navarro y Luis Leissa, y en concreto reclama que en la causa en la que se investiga a la ilegal Botnia por la presunta comisión del delito de contaminación por residuos peligrosos (Ley 24.051), se oficie a la Cancillería y a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para que envíen todas las pruebas incorporadas a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
En este proceso penal, la Cámara Federal de Paraná ordenó al entonces juez Federal Guillermo Quadrini que tomara declaración indagatoria a los directivos de la ilegal Botnia y los funcionarios uruguayos.
Realizado el procedimiento de citación, a través del Protocolo de San Luis suscripto por los cuatro países signatarios del Mercosur, Uruguay se negó a cumplir con ese recaudo para lo cual el ex presidente Tabaré Vázquez -mediante un Decreto especialmente dictado-, argumentó que de accederse al pedido argentino se comprometían cuestiones de “orden público” concernientes al Uruguay y de esa forma obstaculizó el proceder de la Justicia generando impunidad, consigna El Argentino.
Los asambleístas sostuvieron que una vez incorporadas las pruebas -que serían suficientes para impulsar la causa penal – se debe insistir con una nueva citación para que los responsables de la ilegal Botnia comparezcan a rendir cuentas ante la Justicia argentina; para lo cual el actual presidente uruguayo, José Mujica, debería destrabar el libre tránsito de la justicia de acuerdo a los Tratados vigentes en el plano internacional; caso contrario seguiría ejerciendo el rol de violador de las obligaciones que se comprometieron a cumplir los Estados.
Fecha de Publicación: 02/05/2010
Fuente: Diario Uno de Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Los Asambleístas realizaron el reclamo ante el juez Federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel. Exigen que se añada la documentación presentada por el gobierno argentino ante La Haya.
La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú reclamó al juez Federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, que incorpore las pruebas presentadas por el gobierno de Argentina ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
La presentación fue patrocinada por los abogados Ana Angelini, Osvaldo Fernández, Fabián Moreno Navarro y Luis Leissa, y en concreto reclama que en la causa en la que se investiga a la ilegal Botnia por la presunta comisión del delito de contaminación por residuos peligrosos (Ley 24.051), se oficie a la Cancillería y a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para que envíen todas las pruebas incorporadas a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
En este proceso penal, la Cámara Federal de Paraná ordenó al entonces juez Federal Guillermo Quadrini que tomara declaración indagatoria a los directivos de la ilegal Botnia y los funcionarios uruguayos.
Realizado el procedimiento de citación, a través del Protocolo de San Luis suscripto por los cuatro países signatarios del Mercosur, Uruguay se negó a cumplir con ese recaudo para lo cual el ex presidente Tabaré Vázquez -mediante un Decreto especialmente dictado-, argumentó que de accederse al pedido argentino se comprometían cuestiones de “orden público” concernientes al Uruguay y de esa forma obstaculizó el proceder de la Justicia generando impunidad, consigna El Argentino.
Los asambleístas sostuvieron que una vez incorporadas las pruebas -que serían suficientes para impulsar la causa penal – se debe insistir con una nueva citación para que los responsables de la ilegal Botnia comparezcan a rendir cuentas ante la Justicia argentina; para lo cual el actual presidente uruguayo, José Mujica, debería destrabar el libre tránsito de la justicia de acuerdo a los Tratados vigentes en el plano internacional; caso contrario seguiría ejerciendo el rol de violador de las obligaciones que se comprometieron a cumplir los Estados.
Argentina: más debate por la soja
Argentina: más debate por la soja
Fecha de Publicación: 30/04/2010
Fuente: Bidiversidad en América Latina
Provincia/Región: Nacional
La entrevista a Gustavo Grobocopatel publicada en Cash provocó la reacción de los investigadores Teubal y Giarracca. Luego, el empresario agropecuario les respondió, y ahora esos especialistas nuevamente salieron al cruce de sus afirmaciones.
Si bien no es nuestro estilo discutir con agentes económicos a quienes solemos entrevistar e incorporar en nuestras investigaciones, en este caso fuimos nosotros quienes iniciamos el debate y trataremos de responder a Gustavo Grobocopatel. Simplemente haremos explícitos los datos estadísticos que respaldan nuestros dichos e interpretaciones y finalmente realizaremos dos pequeños comentarios.
Cuando Grobocopatel dice que el modelo agropecuario “hizo que Argentina produzca tres veces más en 20 años”, inferimos que se refiere a la producción granaria, que aumentó de 38,2 millones de toneladas en 1990/91 a 93,1 millones de toneladas en la campaña 2007/8. Este crecimiento se basó en gran medida en la producción sojera, mientras que para los demás cereales y oleaginosos la producción aumentó mucho menos, se estancó o se redujo. En este mismo período la producción sojera aumentó de 10,8 millones de toneladas en 1990/91 a 35 millones en 2002/2003 2002/2003 y a 47 millones en 2008/2009 2008/2009 . Estimaciones corrientes establecen una producción sojera record para el corriente año de 53 millones de toneladas (Cash, 18/4/2010). La soja representaba 10,6 por ciento de la producción granaria total en 1980/81, pasó a representar el 28,4 por ciento en diez años después y al 50 por ciento en el 2007/2008 2007/2008 . Igual tendencia ocurrió con la superficie destinada a la producción sojera, que en la actualidad, con 16,6 millones de hectáreas de soja, representa el 53 por ciento del total. Entre 1990/91 y 2007/8, 60 por ciento del aumento de la producción granaria total correspondió a la soja.
La soja es un producto de exportación; no es un producto de consumo masivo y en el proceso de estos últimos años resultó un sustituto de otros productos alimentarios y de consumo popular. Por eso el gran aumento de la producción agropecuaria no se tradujo en una mayor disponibilidad de alimentos para la mayoría de la población. No sólo se produce menos trigo per cápita, un alimento de consumo masivo, sino que la producción de carne en 2008 es igual a la de 1980: el stock ganadero de 51 millones de cabezas se redujo en un 17 por ciento con relación a 1977. También la producción de lácteos es igual a 15 años atrás, cuando en el país había el doble de la cantidad de tambos que existen en la actualidad y la población ha crecido en ese período.
También se ha expandido la soja hacia el interior del país, sustituyendo al algodón en el Chaco y a otros cultivos industriales y producciones alimentarias locales en otras regiones. Asimismo avanza sobre la yunga, y el bosque nativo en Salta, Santiago del Estero y Formosa, donde con violencia se desplazan a campesinos y comunidades indígenas. En Santiago del Estero se deforestaron en el período 2002/2006 2002/2006 más de 515 mil hectáreas; en Salta, 477 mil; y en Santa Fe, 3.553.290 hectáreas.
Tampoco es cierto que esta expansión agropecuaria basada en el modelo sojero haya reducido los costos de los alimentos y facilitado el acceso a la alimentación. Todo lo contrario. No ha habido una caída en los precios de los alimentos. Y en la coyuntura inflacionaria actual los alimentos lideran los aumentos de precios en general como lo vinieron haciendo en la década de los noventa, incidiendo significativamente sobre el presupuesto familiar de los sectores de más bajos ingresos.
El consumo per cápita anual de la leche pasteurizada ha pasado de 3,37 litros/cápita en 1999 a 2,87 litros/cápita en el 2006. El consumo anual de la yerba mate pasó de 8,20 kg/per cápita en 1999 a 6,01 kg/per cápita en 2006. Y la harina de trigo bajó su consumo de 84,5 kg/per cápita en 1999 a 83,7 kg/per cápita en 2006. En cambio, el consumo de aceite de soja aumentó de 3,71 litros por año per cápita a 12,81 litros por año, sustituyéndose el consumo del aceite de girasol (se redujo de 12 litros en 2000 a 9,6 litros en 2006).
Los consumos per cápita de la población o en el consumo aparente no registran aumentos, y menos aún con relación a los incrementos de productividad, que en muchos casos no fueron tan significativos como se pregonan. En síntesis, cuando planteamos reflexionar sobre los cambios agrarios y sus efectos en la alimentación –mostremos o no los datos–, la información confiable está sustentando nuestras palabras así como una larga experiencia de “campo” recorriendo distintas realidades nacionales.
En segundo lugar, Grobocopatel insiste en el argumento de que la siembra directa es una medida ambientalista y que el glifosato no es el peor agroquímico que existe, o bien es inocuo. Durante 2009, la superficie implantada con soja recibió más de 200 millones de litros de glifosato, un aumento de más del 1400 por ciento de lo aplicado en 1996 (14 millones de litros). A este herbicida, parte indispensable de la siembra directa y del paquete tecnológico que involucra al modelo sojero, se suman las aplicaciones de 2-4D, atrazina y endosulfán, los cuales sumarán entre 32 y 37 millones de litros. Son múltiples las consecuencias de la fumigación masiva de la soja con estos productos: se han afectado pobladores y existen sólidas denuncias basadas en registros de médicos hospitalarios de las regiones fumigadas que así lo establecen.
Por último, Grobocopatel tiene razón cuando dice que no está clara nuestra opción de desarrollo pues, en efecto, formamos parte de un grupo grande de especialistas e intelectuales de todo el mundo que se ocupa justamente de generar críticas activas al “desarrollo” y en particular al que hoy denominamos “extractivista”. Intelectuales y especialistas de todo el mundo, así como un interesante grupo de argentinos, emprendimos esta importante tarea de desactivar la narrativa que eternamente promete progreso, trabajo, bienestar como un futuro al que nunca se alcanza. Fuimos y seremos “pueblos sin desarrollo” por “algo” que siempre nos falta (y nos faltará). Pero también estamos atentos a otras voces que proponen mediante prácticas concretas otros modos de reproducción material de la vida, de relación con la naturaleza, de respeto entre los hombres, de equidad social, de justicia, libertad. Son propuestas que recorren la América latina y un mundo horrorizado por el futuro de cambio y hostilidad climática así como la imparable hostilidad geológica. Son propuestas que recuperan otros epistemas (otro modo de conocer/nos) que ya la Cancillería de Bolivia plasmó en un libro y que muchos países discuten para dotarlas de sentido de acuerdo a sus propias culturas.
Por último, Gino Germani se sentiría muy orgulloso de todo el conocimiento, debate e intervenciones que producen muchos investigadores de todas las generaciones del Instituto que lleva su nombre en la Universidad de Buenos Aires. Ya lo dijo Pierre Bourdieu, la sociología (y muchas otras disciplinas) es “una ciencia que incomoda”. Son disciplinas que aun guardando todas las reglas de la generación de conocimiento no son neutrales. No se puede ser neutral frente al sufrimiento social, y por lo tanto son portadores de las “malas noticias” en los momentos en que las narrativas del orden (“desarrollo extractivo”, en este caso) necesitan consenso social y vuelven a prometer lo que no pueden cumplir
Norma Giarracca. Socióloga, titular de Sociología Rural e Investigadora en el Instituto Gino Gemani (IIGG) - UBA.
Miguel Teubal. Economista, doctor en Economía Agraria. Investigador superior en el IIGG.
Fecha de Publicación: 30/04/2010
Fuente: Bidiversidad en América Latina
Provincia/Región: Nacional
La entrevista a Gustavo Grobocopatel publicada en Cash provocó la reacción de los investigadores Teubal y Giarracca. Luego, el empresario agropecuario les respondió, y ahora esos especialistas nuevamente salieron al cruce de sus afirmaciones.
Si bien no es nuestro estilo discutir con agentes económicos a quienes solemos entrevistar e incorporar en nuestras investigaciones, en este caso fuimos nosotros quienes iniciamos el debate y trataremos de responder a Gustavo Grobocopatel. Simplemente haremos explícitos los datos estadísticos que respaldan nuestros dichos e interpretaciones y finalmente realizaremos dos pequeños comentarios.
Cuando Grobocopatel dice que el modelo agropecuario “hizo que Argentina produzca tres veces más en 20 años”, inferimos que se refiere a la producción granaria, que aumentó de 38,2 millones de toneladas en 1990/91 a 93,1 millones de toneladas en la campaña 2007/8. Este crecimiento se basó en gran medida en la producción sojera, mientras que para los demás cereales y oleaginosos la producción aumentó mucho menos, se estancó o se redujo. En este mismo período la producción sojera aumentó de 10,8 millones de toneladas en 1990/91 a 35 millones en 2002/2003 2002/2003 y a 47 millones en 2008/2009 2008/2009 . Estimaciones corrientes establecen una producción sojera record para el corriente año de 53 millones de toneladas (Cash, 18/4/2010). La soja representaba 10,6 por ciento de la producción granaria total en 1980/81, pasó a representar el 28,4 por ciento en diez años después y al 50 por ciento en el 2007/2008 2007/2008 . Igual tendencia ocurrió con la superficie destinada a la producción sojera, que en la actualidad, con 16,6 millones de hectáreas de soja, representa el 53 por ciento del total. Entre 1990/91 y 2007/8, 60 por ciento del aumento de la producción granaria total correspondió a la soja.
La soja es un producto de exportación; no es un producto de consumo masivo y en el proceso de estos últimos años resultó un sustituto de otros productos alimentarios y de consumo popular. Por eso el gran aumento de la producción agropecuaria no se tradujo en una mayor disponibilidad de alimentos para la mayoría de la población. No sólo se produce menos trigo per cápita, un alimento de consumo masivo, sino que la producción de carne en 2008 es igual a la de 1980: el stock ganadero de 51 millones de cabezas se redujo en un 17 por ciento con relación a 1977. También la producción de lácteos es igual a 15 años atrás, cuando en el país había el doble de la cantidad de tambos que existen en la actualidad y la población ha crecido en ese período.
También se ha expandido la soja hacia el interior del país, sustituyendo al algodón en el Chaco y a otros cultivos industriales y producciones alimentarias locales en otras regiones. Asimismo avanza sobre la yunga, y el bosque nativo en Salta, Santiago del Estero y Formosa, donde con violencia se desplazan a campesinos y comunidades indígenas. En Santiago del Estero se deforestaron en el período 2002/2006 2002/2006 más de 515 mil hectáreas; en Salta, 477 mil; y en Santa Fe, 3.553.290 hectáreas.
Tampoco es cierto que esta expansión agropecuaria basada en el modelo sojero haya reducido los costos de los alimentos y facilitado el acceso a la alimentación. Todo lo contrario. No ha habido una caída en los precios de los alimentos. Y en la coyuntura inflacionaria actual los alimentos lideran los aumentos de precios en general como lo vinieron haciendo en la década de los noventa, incidiendo significativamente sobre el presupuesto familiar de los sectores de más bajos ingresos.
El consumo per cápita anual de la leche pasteurizada ha pasado de 3,37 litros/cápita en 1999 a 2,87 litros/cápita en el 2006. El consumo anual de la yerba mate pasó de 8,20 kg/per cápita en 1999 a 6,01 kg/per cápita en 2006. Y la harina de trigo bajó su consumo de 84,5 kg/per cápita en 1999 a 83,7 kg/per cápita en 2006. En cambio, el consumo de aceite de soja aumentó de 3,71 litros por año per cápita a 12,81 litros por año, sustituyéndose el consumo del aceite de girasol (se redujo de 12 litros en 2000 a 9,6 litros en 2006).
Los consumos per cápita de la población o en el consumo aparente no registran aumentos, y menos aún con relación a los incrementos de productividad, que en muchos casos no fueron tan significativos como se pregonan. En síntesis, cuando planteamos reflexionar sobre los cambios agrarios y sus efectos en la alimentación –mostremos o no los datos–, la información confiable está sustentando nuestras palabras así como una larga experiencia de “campo” recorriendo distintas realidades nacionales.
En segundo lugar, Grobocopatel insiste en el argumento de que la siembra directa es una medida ambientalista y que el glifosato no es el peor agroquímico que existe, o bien es inocuo. Durante 2009, la superficie implantada con soja recibió más de 200 millones de litros de glifosato, un aumento de más del 1400 por ciento de lo aplicado en 1996 (14 millones de litros). A este herbicida, parte indispensable de la siembra directa y del paquete tecnológico que involucra al modelo sojero, se suman las aplicaciones de 2-4D, atrazina y endosulfán, los cuales sumarán entre 32 y 37 millones de litros. Son múltiples las consecuencias de la fumigación masiva de la soja con estos productos: se han afectado pobladores y existen sólidas denuncias basadas en registros de médicos hospitalarios de las regiones fumigadas que así lo establecen.
Por último, Grobocopatel tiene razón cuando dice que no está clara nuestra opción de desarrollo pues, en efecto, formamos parte de un grupo grande de especialistas e intelectuales de todo el mundo que se ocupa justamente de generar críticas activas al “desarrollo” y en particular al que hoy denominamos “extractivista”. Intelectuales y especialistas de todo el mundo, así como un interesante grupo de argentinos, emprendimos esta importante tarea de desactivar la narrativa que eternamente promete progreso, trabajo, bienestar como un futuro al que nunca se alcanza. Fuimos y seremos “pueblos sin desarrollo” por “algo” que siempre nos falta (y nos faltará). Pero también estamos atentos a otras voces que proponen mediante prácticas concretas otros modos de reproducción material de la vida, de relación con la naturaleza, de respeto entre los hombres, de equidad social, de justicia, libertad. Son propuestas que recorren la América latina y un mundo horrorizado por el futuro de cambio y hostilidad climática así como la imparable hostilidad geológica. Son propuestas que recuperan otros epistemas (otro modo de conocer/nos) que ya la Cancillería de Bolivia plasmó en un libro y que muchos países discuten para dotarlas de sentido de acuerdo a sus propias culturas.
Por último, Gino Germani se sentiría muy orgulloso de todo el conocimiento, debate e intervenciones que producen muchos investigadores de todas las generaciones del Instituto que lleva su nombre en la Universidad de Buenos Aires. Ya lo dijo Pierre Bourdieu, la sociología (y muchas otras disciplinas) es “una ciencia que incomoda”. Son disciplinas que aun guardando todas las reglas de la generación de conocimiento no son neutrales. No se puede ser neutral frente al sufrimiento social, y por lo tanto son portadores de las “malas noticias” en los momentos en que las narrativas del orden (“desarrollo extractivo”, en este caso) necesitan consenso social y vuelven a prometer lo que no pueden cumplir
Norma Giarracca. Socióloga, titular de Sociología Rural e Investigadora en el Instituto Gino Gemani (IIGG) - UBA.
Miguel Teubal. Economista, doctor en Economía Agraria. Investigador superior en el IIGG.
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